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PROPOSITO CENTRAL DEL ENTONCES MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EN SIETE CIUDADES DEL PAÍS LOS PROYECTOS CENSO-OBSERVATORIO DEL DELITO ERA EL DE SUPERAR LA CONJETURA Y LA IMPROVISACIÓN ASI COMO LAS REACCIONES COYUNTURALES EN MATERIA DE POLÍTICA CRIMINAL.

TRASCURRIDA CASI UNA DÉCADA DESDE ENTONCES, CABE PREGUNTARNOS: ¿QUÉ HA PASADO?

UN TRABAJO PERIODISTICO RECIENTE PATROCINADO POR LA UNIÓN EUROPEA A INSTANCIAS DEL COMITÉ PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS DE RISARALDA Y DIFUNDIDO EN EL PROGRAMA CONTRAVIA, NOS PERMITE DOCUMENTAR, COMO HAREMOS A CONTINUACIÓN Y A MANERA DE ESTUDIO DE CASO NUESTRA RESPUESTA A LA ANTERIOR PREGUNTA, AFIRMANDO QUE LOS TEMORES MANIFESTADOS ENTONCES EN RELACIÓN CON “RUIDOS” EN LA DINÁMICA DEL SECTOR POLÍTICO ADMINISTRATIVO SE HAN CUMPLIDO EN BUENA PARTE Y, POR ELLO, LA TAREA DE LOS OBSERVATORIOS SIGUE EN PIE EN MUCHOS CASOS CON UNA EXPERIENCIA ACUMULADA. EL TRABAJO EN RED QUE AHORA SE PROPONE CONSTITUYE UNA OPORTUNIDAD PARA SU CUMPLIMIENTO.

Independiente de la discusión teórica, epistemológica, sobre la naturaleza del hecho criminal, del delito, la construcción del modelo de georeferenciación que estamos entregando tiene entre otros supuestos el de la existencia de una preocupación generalizada por el crecimiento de las tasas delictivas. Diversos medios de comunicación registran una creciente percepción de inseguridad entre los ciudadanos y el conjunto de instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales hacen estudios, producen declaraciones y emprenden acciones de respuesta para “restablecer” la seguridad, tranquilizar a los electores y sancionar o neutralizar a los delincuentes, estas decisiones se han tomado en nuestro país y se siguen tomando a partir de esquemas o conceptos esquemáticos de especial simplicidad: se recogen periódicamente las cifras producidas por las instituciones que registran los eventos de violencia y criminalidad, se comparan con las cifras que se registraron el año anterior, en ocasiones se hace la comparación con las de lustros anteriores, se calculan las tasas y se sacan conclusiones y toman decisiones globales, indiscriminadas para la ciudad o para la región, prohibiendo el parrillero masculino, restringiendo los horarios nocturnos para los establecimientos de diversión, realizando planes desarme.

Esas medidas convertidas en “rutinas” político-administrativas no toman en cuenta los efectos de las mismas en el campo del respeto de los derechos humanos, en las mesas de seguridad a las cuales fuimos invitados y en las cuales participamos, la pregunta acerca de ¿cuánto puede sacrificarse de libertad en aras de la seguridad? fue considerada como algo gracioso, interesante, un “chiste” , el discurso académico era escuchado pero no atendido. La comprensión del hecho criminal tal como la hemos podido apreciar en nuestra participación en foros, simposios, documentos, noticias, programas televisivos, en los medios político-administrativos en los cuales se toman decisiones en esta materia, es una comprensión inculta, elemental, no trasciende más allá de la consideración de que delito es como lo define el Código, toda conducta típica, antijurídica y culpable, y que esas conductas cuando pasan de ciertos niveles (Las tasas sustentables y las soportables del crimen) deben ser combatidas con rigor y en esa lucha contra el crimen se compromete una buena parte del presupuesto, se satisfacen clientelas, se mueven algunos sectores de la economía y se mueve además generales, coroneles, mayores de acuerdo al sube y baja de las tasas que arrojan los registros divulgados de manera escandalosa por los medios locales.