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11. La caída de Espejo Un episodio que no puede pasar desapercibido es la caída del secretario de la C.G.T. Durante el acto del 17 de octubre de 1952, el discurso de Espejo fue interrumpido por una impresionante silbatina, evidentemente preparada. Algunos autores suponen que el complot, que se llevaría a la totalidad del secretariado de la central obrera, había sido organizado por una “segunda línea (de dirigentes), tales como Abdala Baluch, Paulino Niembro, Augusto Vandor y Andrés Framini.” (Santiago Senen González, Breve Historia del Sindicalismo Argentino), apoyados por la Alianza Libertadora Nacionalista. Perón no intervino en la puja gremial, salvo para tratar de retener a Santín y Cabo. Estos, de todos modos, se alejaron con Espejo. La secretaría general pasó a manos del dirigente de Farmacia, Luis Vuletich, con quien se incrementaría la tendencia a la burocratización.

CAPITULO IV

LA ECONOMIA JUSTICIALISTA 1. La estructura agroexportadora dependiente La estructura agroexportadora que adopta la Argentina, el desarrollo de la pampa húmeda que adquiere notoriedad en el último tercio del siglo pasado y se prolonga en los primeros cuarenta años del siglo XX, la reducción a un mero papel apendicular al que se somete el resto del país, no traducen otra cosa que la inserción de la Argentina en la división internacional del trabajo que exige nuestra incorporación al mercado mundial como simple proveedora de materia prima, asignándole el país un predeterminado comportamiento. “El período inaugurado con la unificación de Pavón significó el definitivo ingreso de la Argentina a la división internacional del trabajo, según el papel que asignaron a este tipo de países los teóricos de la economía liberal y que fue asumido complacientemente por los principales ideólogos de la organización nacional”. (José Carlos Chiaramonte, Nacionalismo y liberalismo económico argentino 1860-1880). Es la demanda externa exclusivamente la que modelará la estructura pastoril del país. Internamente los bancos extranjeros regularán el crédito y darán valor a la moneda. Las etapas de comercialización e intermediación agropecuaria como su transporte nacional e internacional, determinados por intereses de los mercados internacionales, controlarán los precios de nuestra producción. Las empresas ferroviarias fijarán las tarifas de los fletes en sus directorios con sede en Londres. Todo esto admitido por una clase dirigente que al consentirlo se degrada a simple oligarquía obediente que capatacea la deformación de pendiente. Algunas cifras certifican esta situación: en el período inmediato anterior a la primera guerra mundial, el capital foráneo es dueño virtual de los resortes vitales de la economía argentina. El 50% de las inversiones que se efectúan están a cargo de capitales extranjeros. De ellos, el 90% son ingleses. El 66,2% del valor F.O.B. de las exportaciones debe utilizarse a remesar las utilidades e intereses de ese capital y a pagar servicios. Cada habitante de la nación debía contribuir con 84 dólares anuales para satisfacer esos egresos financieros. Debemos recordar, por otra parte, que las inversiones extranjeras en su mayoría, son aplicadas a acentuar el esquema agroexportador y aplicadas al mismo. Este perfil aventaba a la larga toda esperanza de capitalización nacional, diversificación económica y cancelaba toda posibilidad de desarrollo relativamente autónomo, aunque por aquel momento el jolgorio por las cuantías de las inversiones extranjeras, disimuló durante este período (1900- 1913) la real naturaleza de la estructura

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dependiente periférica y monoproductora de la economía nacional. Sólo la presencia de huelgas, algunas muy violentas, traducían una sintomatología cuya lectura profunda conducía inevitablemente a detectar una injusta distribución de los ingresos que se opera en la economía interna. Y eso que se trataba de una Argentina con apenas ocho millones de habitantes. Durante la primera guerra mundial y su período posterior, la Argentina pudo hechar las bases de un desarrollo económico más autónomo, fomentando la capitalización nacional y diversificando su producción por una industrialización progresiva. Pero el esporádico es fuerzo intentado durante los años que duró el conflicto bélico fue dilapidado. Cuando terminó la guerra, Europa recomenzó sus exportaciones manufacturadas y Argentina recibió ese flujo industrial sin una política económica adecuada para recibirlo, con un dato agravante: la corriente de capitales y créditos externos disminuye sensiblemente su ritmo por lo que los egresos en concepto de remesas por utilidades e intereses del capital extranjero pese a reducir su significación relativa con respecto a las exportaciones y per capita, se explicita como un poderoso, rígido y retardatario factor pasivo en la balanza de pago. Así llegamos a la década del 1930-40 donde la situación interna no cambia sustancialmente. Sí comienzan a cambiar en muchos países las metodologías monetarias que antes seguían invariablemente al patrón oro “esterlina”, que ahora en crisis dejaba de monitorear muchas economías de post guerra y post crisis de 1929. Las relaciones monetarias internacionales pasaron del sistema pretendidamente automático del patrón oro a la unilateralidad soberana de las decisiones nacionales en materia de pagos internacionales. “Nacen y se desarrollan así las políticas monetarias autárquicas a través de la acción de bancos centrales reguladores de la moneda y el crédito... el equilibrio trató de lograrse por aplicación de medidas de control directo, tales como los controles de cambio, la selección cuantitativa y cualitativa de las importaciones y otros tipos de discriminación comercial... que desde las ruinas mismas de la depresión, la posibilidad de una política nacional y popular de desarrollo económico, abría sus perspectivas trascendentes. Ahí estaba Roosevelt en los Estados Unidos con su ejemplo del New Deal. Las políticas europeas y asiáticas ofrecían ejemplo a la meditación desapasionada. Las ideas keynesianas habían comenzado a destruir los fundamentos clásicos de la economía liberal con rigor y precisión científicos. ¿Qué faltaba para que en nuestro país se irguiese una política autónoma de desarrollo económico capaz de romper definitivamente con las viejas cadenas de nuestro coloniaje? Tal vez la decisión de abandonar viejos privilegios y construir una economía de prosperidad y abundancia para todos los argentinos. La oligarquía gobernante pudo asumir entonces un rol de históricas proyecciones”. (Antonio Cafiero, Cinco años después). No lo hizo, justamente porque era una oligarquía y no una clase dirigente. El país tuvo algunas regulaciones en su economía y originó nuevas actividades industriales, pero tanto una como otra no eran más que protecciones al esquema agroexportador que seguía funcionando. El pago de los servicios y las remesas de utilidades e intereses del capital extranjero, preferentemente inglés, se mantienen inalterables y aún se incrementan. En medio de un gran cuadro de desempleo o semidesocupación y acentuadas condiciones de pobreza, el país asiste a la contradicción de enviar al exterior por aquellos rubros el 32,2% del producido de sus exportaciones y cada habitante contribuir con 42 dólares anuales a mantener inalteradas las utilidades del capital foráneo”. El tránsito de la economía liberal a un nuevo sistema de economía ‘dirigida’, como se verificaba en el con texto internacional, acá, en la década del 30 fue confiado a un grupo de técnicos, que utilizaron esos nuevos instrumentos para perfeccionar la dimensión colonial periférica y dependiente de la economía nacional. Al mismo tiempo, las medidas financieras adoptadas se encaminaron a la realización de una gran ‘operación de salvataje’ cuyos beneficiarios fueron los pocos privilegiados que estratégicamente ubicados en los diversos directorios de bancos y otras instituciones financieras nacionales y extranjeras, conducían con hilos invisibles los resortes de la política y del gobierno del país, no sólo a espaldas del pueblo de entonces sino también a espaldas del futuro progreso económico y social de la Argentina”. (Alfredo Gómez Morales, Política Eco nómica Justicialista). 2. Características económicas en el momento de acceder al poder Las características que predominan en la estructura económica en el momento de acceder el peronismo al gobierno son las siguientes:

Carlos Ibarguren y la economía La figura de Carlos Ibarguren es conocida por su labor de ensayista e historiador; no por su trayectoria como Ahogado Consultor del Banco de La Nación Argentina. En calidad de tal, el historiador de Rosas, disertó el 18 de junio de 1946, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, sobre “El Sistema Económico de la Revolución “. Lo hizo con el auspicio de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Después de caracterizar la economía argentina anterior a 1943 de aludir al “Banco Niemeyer” y a las leyes de 1935, Ibarguren se refirió a la originalidad del “sistema económico de la Revolución “, el cual, dijo, “tiene por base y punto de partida la nacionalización del Banco Central y el régimen creado para los depósitos bancarios “. Y señaló sobre el particular: “El sistema bancario anterior no estaba preparado para una acción coordinada y de conjunto, ni representaba un instrumento eficaz para satisfacer las múltiples exigencias actuales de la vida de nuestro país. El nuevo sistema llena las exigencias de un pueblo en pleno desarrollo que pugna por salir de los moldes anticuados y de la estructura semicolonial que comprimía su producción “. Y como conclusión final de la conferencia, el disertante expresó: “el nuevo sistema económico creado por la revolución, esta hora trascendental para nuestro porvenir, interpreta cabalmente la voluntad enérgica de la República Argentina de conquistar moral y materialmente la fuerza de potencia soberana entre las naciones del mundo”

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1. La fisonomía monoproductora con sustancial predominio de la unilateral influencia de las actividades vinculadas en su procedencia directa o indirectamente a la producción agrícola-ganadera. Las industrias manufaturadas crecidas al conjuro de la crisis o de la guerra de 1939-45 son observadas con aprensión y hasta consideradas artificiales. Normalizada la situación europea después de la guerra podían desaparecer o retroceder como había ocurrido al final de la guerra de 1914. 2. La excesiva y determinante incidencia de las fluctuaciones del comercio exterior y el balance de pagos exterior, que pesaba abrumadoramente sobre el nivel de la actividad económica interna, generando un esquema de desarrollo económico “hacia afuera” y por lo tanto desaprensivo e inoperante para obtener y desear un mercado interno de consumo adecuado. 3. El capital de propiedad extranjera, predominantemente de un solo país, Gran Bretaña, dominaba extensos y vitales intereses: puertos, elevadores, servicios públicos, bancos, transportes marítimos, comercio de exportación y de importación, fletes, seguros, etc. 4. Los servicios de amortización de intereses y dividendos de aquellos capitales, que el país se veía obligado a girar, anualmente, hipotecaban en grado sumo el valor de las exportaciones y aumentaba el grado de vulnerabilidad de su economía. 5. La renta nacional se distribuía inequitativamente y mal desde el punto de vista de una estrategia de desarrollo diversificado ya que era atraída por los polos insulares y minoritarios de la actividad agroexportadora. 6. Un estado de desocupación cierta y otra latente. La industria, es cierto, había comenzado a absorber buena mano de obra. Pero la precariedad de su desarrollo, alentado solamente por circunstancias externas y ocasionales, hacían presumir una debacle desocupacional apenas se normalizaran las condiciones del mercado mundial, como ocurrió al finalizar la guerra de 1914. 7. Una falta de conciencia industrial en el empresariado con ausencia de prestigio social, detentado solamente por los sectores vinculados a las actividades agropecuarias. Magna tarea le estaba encomendada a las fuerzas triunfantes en febrero de 1946. 3. La opción adoptada En 1946, el país se encontró con una fuerte reserva en oro y divisas extranjeras originadas por las constantes exportaciones a los países en guerra, sin la contrapartida de importaciones, ya que los mismos pasaban por esa circunstancia extraordinaria. La acumulación de saldos favorables en la balanza comercial en forma de oro en custodia en el exterior y de divisas depositadas en bancos de los Estados Unidos y en el Banco de Inglaterra, alcanzó a 1.697 millones de dólares. El criterio a adoptar frente a esta reserva no escapaba a estas dos opciones. O bien se utilizaban estas reservas para: 1. Capitalizar urgentemente al país de los bienes de capital y de materias primas requeridas por nuestra industria consolidando y expandiendo su desarrollo, sanear la estructura de la balanza de pagos mediante la repatriación de la deuda externa pública y privada y nacionalizar los servicios públicos de propiedad extranjera no por ser extranjera sino porque el pago de sus servicios hipotecaba el valor de nuestras exportaciones (en alguna ocasión llegó a comprometer el 38% de las exportaciones) y evitar la pérdida del poder adquisitivo o la volatilización de las reservas ya que ellas se irían a licuar por el proceso inflacionario que se había desatado en los países cuyas divisas detentábamos. 2. Por el contrario “se procuraba conservar un fuerte encaje de reservas para mantener valorizado el peso argentino, tratando de evitar que el país se contagiase de la inflación mundial de post guerra. Necesariamente ello debía acompañarse con una política de reconversión económica que retomase a la explotación agrícola ganadera (alentada por altos precios internacionales) como base fundamental de la actividad económica nacional, eliminando el proceso de desarrollo industrial...” Este segundo criterio “en aras de una ‘moneda sana’ sacrificaba las posibilidades de desarrollo económico integrado y tendía a mantener la tradicional fisonomía agropecuaria de nuestra economía. El gobierno de entonces, fiel al mandato recibido de las urnas se decidió por el primero y la Argentina comenzó a disponer intensamente de sus reservas de oro y divisas”. (Antonio Cafiero, Cinco años después). Para consolidar y expandir el proceso de industrialización con independencia y fuerte mercado interno, según el criterio elegido, fue menester crear algunos instrumentos o incursionar por determinados procedimientos que procuraran alcanzar esos objetivos: tales fueron la reestructuración del Banco Central, la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (I.A.P.I.), el rescate de la deuda externa, el impulso del Banco de Crédito Industrial y Fomento Minero, las nacionalizaciones de ciertas empresas extranjeras, la expansión — virtual creación— de la flota mercante y la creación de la aviación comercial argentina, entre las más importantes. 4. La nacionalización del Banco Central Por el ya mencionado Decreto Nº 8.503/46, el Banco Central dejó de ser mixto, devolviéndose la parte de su capital a los bancos accionistas y modificándose la constitución de su directorio y los objetivos de su carta orgánica, a la cual se agregó: “...promover, orientar y realizar, en la medida de sus facultades legales, la política económica adecuada para mantener un alto grado de actividad

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que procure el máximo empleo de los recursos humanos y materiales disponibles, con vistas a que el crecimiento de la riqueza nacional permita elevar el nivel de vida de los habitantes de la Nación”. Complementariamente, por otro decreto se transfirieron al Banco Central los saldos de las cuentas de depósitos existentes en los bancos; los cuales, a partir de ese momento, procedieron a registrarlos en sus libros por cuenta y orden del Banco Central. Esta medida no alteró las relaciones entre cada banco y sus clientes o depositantes, los mismos mantuvieron sus cuentas abiertas en sus lugares habituales y operando de la manera acostumbrada. A cambio, los bancos, para cubrir sus gastos operativos del manejo de los depósitos, recibían del Banco Central una comisión, acreditándoles además en el Banco Central los importes devengados de intereses para los depositantes. En los fundamentos de la nacionalización del Banco Central se señalaba que la política monetaria no podía hallarse divorciada de la política económica del Estado sino que, aún desechando el intervencionismo estatal —tan acentuado en ese momento en todos los países— resultarían insospechados los alcances perjudiciales de una orientación divergente entre ambas. Más adelante se agregaba que “El valor de la moneda, la utilización del oro y las divisas, la regulación de los medios de pago y del crédito y la liquidez del sistema bancario, si bien son elementos preponderantes en el campo específico de la moneda, constituyen, a la vez, factores importantes en el juego de la economía”. Por ello se puntualizaba la necesidad de que la política monetaria respondiera, sin lugar a dudas “a los intereses económicos de la colectividad.” En cuanto a la centralización de los depósitos operada por el Decreto Nº 11.554/46, se fundaba en que la recepción de ellos y las posibilidades de los bancos de acordar préstamos “es en verdad algo muy parecido a un privilegio, y que sólo puede ser admitido como una especialísima concesión de la autoridad pública, bajo severas condiciones de vigilancia y contralor ejercidas por el Estado, como intérprete del interés general de la colectividad”. El sistema que se implantó consistía en que en lo sucesivo todos los depósitos se registrarían “por cuenta y orden del BCRA”. De ese modo, los bancos privados perdieron la facultad de crear dinero, facultad que sólo poseía el Banco Central. La banca privada, para realizar préstamos, dispondría, en primer lugar, de sus capitales y reservas, y en segundo lugar, de los fondos que el Banco Central le suministrare por medio de redescuentos, no de la forma tradicional sino como autorización para prestar. Lo novedoso del sistema era dejar de lado la ecuación depósitos-préstamos, quedando el Banco Central como único creador de dinero y decidir hacia qué sectores de las actividades económicas debían servir; en consecuencia, se abrían sin duda, enormes posibilidades de una política monetaria y crediticia al servicio del desarrollo del país. Con respecto a la distribución de los depósitos por grupos de bancos, se registraron importantes cambios de estructura, los bancos oficiales que captaban alrededor de un 41% del total de los depósitos en el año 1937, elevaron ese índice a casi el 50% en el año 1956 y los préstamos de los bancos oficiales que representaba en el año 1937 el 35% del total pasaron a representar en el año 1956 el 73%. Si bien no existen estadísticas del desarrollo crediticio, pues las primeras estadísticas datan de 1953, las mismas muestran una distribución, según la rama de actividad, de acuerdo al siguiente detalle: 35% a la actividad industrial; 27% a los productores primarios; 13% al comercio; 10% a servicios y 15% a otros. El crecimiento de las casas bancarias del total del sistema fue bajo, debido a la falta de interés en la instalación de nuevas casas, dado el sentido social de la reforma y de bajo rendimiento comercial, por tal motivo no tenían mayor incentivo para encarar un plan de crecimiento, siendo, además, la política del Banco Central de carácter restrictivo en este sentido. En el período 1946/55 solamente se verificó la creación de un banco mixto y uno extranjero. A partir de la reforma de 1946, la emisión de moneda mantendría una orientación cualitativa y cuantitativa en función a la planificación, buscando constituirse en el vehículo para la producción, distribución y consumo de la riqueza. Otra de las funciones que se le otorgó al Banco Central nacionalizado, mediante el Decreto Nº 12.595 del 3 de mayo de 1946, fue el ejercicio de todas las funciones relativas al control de cambios, centralizando en este organismo las funciones de otras reparticiones estatales. En la memoria de dicho banco del año 1946 figuraba lo siguiente: “El Banco Central, como organismo nacional encargado del manejo y regulación de las reservas monetarias del país debe determinar la forma en que tendrán que utilizarse esas reservas, dándoles una aplicación preferencial al pago de aquellas importaciones de materiales y elementos indispensables para el normal desenvolvimiento de las actividades del país y para las necesidades del consumo que no puedan ser atendidas en el mercado interno por la industria argentina. Las medidas que el Banco adopta en esta materia son el resultado de las decisiones de todos los sectores oficiales y privados vinculados con la economía nacional, porque en su directorio se hallan representados todos los sectores industriales, agrícolas, ganaderos, comerciales y las fuerzas del trabajo, así como los departamentos y secretarías de estado correspondientes”.

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Por tal motivo, el control de cambios se convirtió en un instrumento de política monetaria, regulando las importaciones, protegiendo la industria nacional, dejando de lado las tarifas y derechos que tenían solamente un fin fiscal y no de protección. 5. Creación del I.A.P.I. (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) Como antecedente del l.A.P.I., justo es recordar el Decreto Nº 10.107/44 que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el uso de los elevadores de granos, cargadores, galpones, etc. y otras dependencias de los puertos suceptibles a ser utilizadas para el almacenamiento y embarque de granos, declarándose la caducidad de los arrendamientos y cesiones, disponiéndose que su explotación quedaría reservada a la Comisión Nacional de Granos y Elevadores. Con el dictado de dicho decreto, culminó el privilegio de algunas firmas exportadoras, que abonaban precios ínfimos por las locaciones de estas instalaciones y cobraban altísimos alquileres a la Junta Reguladora de Granos por el depósito que se realizaba en los mismos. Pero la propiedad y el control de las instalaciones antedichas no era suficiente para el cumplimiento de la nueva política económica argentina. Era ya conocido que los países beligerantes organizaron su abastecimiento de alimentos mediante la creación de entes de compras, eliminando la competencia de compradores y realizando la posterior distribución. Canadá creó su Canadian Wheat Board, Australia la Australian Wheat Board y los Estados Unidos operaron con la Commodity Credit Corporation. Por tal motivo, fue necesario efectivizar una política de único vendedor de los saldos exportables. Como antecedente inmediato: la solicitud del presidente de la Corporación para la Promoción del Intercambio, Miguel Miranda, en la que solicitaba la disolución del organismo y su reemplazo por otro con atribuciones más amplias; así fue como se creó el I.A.P.I. como entidad autárquica nacional. Este instituto se convirtió en el único comprador de las cosechas de cereales y oleaginosas y vendedor de los mismos en el exterior, actuando asimismo como comprador de los productos que se importaban. En su actuación como único comprador con los precios fijados por el Estado, y luego de cubrir las necesidades del consumo interno, realizaba la venta de los saldos exportables, negociando con los representantes de las entidades estatales de gobiernos compradores, coexistiendo también un sistema privado, que se manejaba comprándole al l.A.P.l. los exportadores particulares para luego exportar a los mercados de destino. La compra a los productores y su posterior venta dejaba a este organismo buenas ganancias que antes usufructuaban las firmas que canalizaban estas operaciones, entre ellas Bunge y Born Ltda.; Luis Dreyfus y Cía.; La Plata Cereal y Louis de Ridder Ltda., que entre ellas operaban más del 80% de las exportaciones de cereales. Las ventajas del sistema de comercialización descripto fueron las siguientes: a) El productor tenía asegurado un precio sin entrar en la dependencia de los grandes compradores. b) El productor tenía asegurado un ágil crédito bancario. c) El país contaba con un organismo idóneo para defender los términos del intercambio. d) El Estado obtenía ganancias por la exportación, que en las condiciones antedichas —esto es en términos generales— ingresaban a las arcas de los monopolios internacionales. En su libro Cinco años después, Antonio Cafiero cita: “Ninguna de las instituciones y sistemas creados para ejecutar el programa de independencia económica abordado por el gobierno peronista ha sufrido más ataques ni diatribas que el I.A.P.I. Desde los viejos monopolios de importación y exportación que de antiguo han actuado impunemente en el comercio exterior argentino, pasando por las enfáticas afirmaciones de los sirvientes de los monopolios, hasta llegar a las voces interesadas de los clientes exteriores del país, un coro concertado ha anatematizado las funciones y la acción desplegada por el I.A.P.I. en los tonos y con los argumentos más variados, muchos de ellos colindantes con la procacidad. Al productor de campo se le ha dicho que el I.A.P.I. se quedó con el fruto de su esfuerzo a los usuarios de materias primas importadas, que el I.A.P.l. encarecía artificialmente los precios de importación; se ha denunciado —en términos melodramáticos— el ‘despilfarro’ en la adquisición de algunos elementos; se le ha atribuido el ‘deficit’ arrojado por el organismo (en los tres últimos años

Inflación1946 12,86 % 1951 36 % 1947 13.20 % 1952 40 % 1948 24,50 % 1953 4 % 1949 35 % 1954 3,70 % 1950 25 % 1955 12 %

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de su existencia 1953-55); el origen de la inflación y finalmente, se lanzó la especie de los negociados cometidos por funcionarios y allegados a la institución”. Cabe consignar que desde el l.A.P.I. se dieron nuevas modalidades a los convenios bilaterales, por ejemplo, mediante las “operaciones de compensación Los saldos provenientes del intercambio no se pagaban en divisas: se compensaban con el aumento de las exportaciones hacia el país acreedor, esto es, eran pagaderos en mercadería. En cuanto a la influencia interna, el instituto transfería a la industria beneficios derivados de la exportación agrícola. Cafiero, en su obra citada, resume una lista de operaciones de nacionalización realizadas mediante dicho instrumento: la compra de los ferrocarriles ingleses y franceses, la adquisición de la Unión Telefónica y de buques para la flota mercante y petrolera de Y.P.F. y la construcción del gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires. Por su parte, el Dr. Alfredo Gómez Morales, al referirse al drástico descenso de los precios de los productos agrícolas en el mercado mundial, en la década del 50, expresa que en los años posteriores a 1951 “el I.A.P.I. pagó

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precios que superaban considerablemente el nivel mundial de los mismos”. Señala también otro olvido de los detractores: “tampoco se recuerda que el agricultor como el resto de la población, se favorecía con carne y pan barato subsidiado por el mismo l.A.P.I. y en general adquiría los productos de primera necesidad a precios controlados oficialmente”. Además, abrió créditos y actuando como importador fue el eje de la adquisición en el exterior de materias primas y bienes de capital. Un autor no peronista redondea este juicio: “El I.A.P.I. cumplió una función económica primordial. La cumplió bien en sus grandes líneas principales”. (Arturo Palenque Carreras, La revolución que nos aguarda). 6. El rescate de la deuda externa Es necesario comentar que de acuerdo al decreto del 15 de junio de 1946, se rescatan los empréstitos contraídos con el exterior por los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Estos empréstitos estuvieron originados en la necesidad de cubrir gastos ordinarios de las administraciones anteriores. El costo aproximado invertido en el rescate de la deuda externa, tanto pública como privada entre los años 1946 y 1948 ascendió a la suma de 2.643 millones de dólares.

7. El Banco de Crédito Industrial y Fomento Minero Este banco, que empezó a operar el 2 de setiembre de 1944 había sido impulsado anteriormente por el economista Alejandro E. Bunge, fallecido en 1943, quien hasta 1940 había apoyado la creación de un ministerio de Industrias. Entre la fecha de su fundación y 1955, este banco otorgó préstamos por un monto de 31.343 millones de pesos, concedidos a 277.721 particulares. En el lapso comprendido entre 1946 y 1951 contribuyó a financiar instalaciones y ampliaciones a más de veinte mil industrias. No sólo eso, gracias a un préstamo minero de la institución y su asesoramiento técnico fueron descubiertos los yacimientos de hierro de Sierra Grande, a partir de la denuncia de un humilde vigilante bonaerense. 8. La nacionalización de los servicios Parte de las divisas acumuladas, por las razones antes apuntadas, fueron destinadas a la recuperación de la Unión Telefónica, compañía cuya transferencia al Estado se firmó el 3 de setiembre de 1946 y cuyo canje de documentos se realizó un mes después. Esta adquisición, incluyendo el rescate de sus debentures, costó 110 millones de dólares. Los teléfonos estatales verificaron un desarrollo notable. Se multiplicaron los servicios telefónicos, poniéndolos al alcance de cualquier ciudadano. El manejo que se hace de los teléfonos después de 1955 escapa a este análisis y corresponde a otro contexto histórico. En cuanto a las negociaciones por los ferrocarriles británicos, ellos recomenzaron en julio de 1946, tras el arribo de la misión inglesa en cabezada por Wilfred Eady. Decimos recomenzaron porque se habían iniciado realmente en 1940 y retomado en 1943. Como se advierte, la idea de la compra de los ferrocarriles británicos no fue patrimonio exclusivo del peronismo: alentaron la misma gobiernos de la concordancia, sin olvidar que el yrigoyenismo también acunó el mismo deseo. Después del fallido intento de hacerlo a través de una sociedad mixta, la operación de compra de los ferrocarriles —por un monto de 2.400 millones de pesos— se efectuó el 13 de febrero de 1947, si bien la toma de posesión tuvo lugar el 1º de marzo de 1948 en acto multitudinario efectuado en Plaza Retiro, al que Perón no pudo asistir por razones de salud. La operación de compra incluyó valiosas propiedades y servicios anexos independientes que también pertenecían a las ex compañías inglesas. El ingeniero Juan Maggi, ex ministro de Transportes, consigna una nómina que comprende varios puertos, empresas eléctricas, de aguas corrientes, de tranvías, de transporte automotor, empacadoras de frutas, de petróleo, una destilería, los expresos Villalonga Furlong, campos, chacras experimentales y varios hoteles. “Solamente en terrenos —dice Maggi— podríamos calcular hoy (1960) su valor en más de 5.000 millones de pesos. En rigor de verdad, el gobierno argentino no había comprado tan sólo hierro viejo. Los bienes indirectos así adquiridos costaban diez veces más de lo que se había pagado por los ferrocarriles. Por otra parte, quien maneja los ferrocarriles de un país, maneja su tránsito. La Nación recuperaba el dominio de la tarifa de carga y de pasajeros —hasta 1946 en manos exclusivas de las compañías extranjeras— que las fijaban según sus intereses y criterios excluyentemente utilitarios, amparados por el liberalismo excesivo de las concesiones. Ya Raúl Scalabrini Ortiz y otros pensadores del núcleo F.O.R.J.A. (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina), habían desnudado ese tradicional imperio que se enfrentaba con los intereses de la Nación, poniendo al descubierto los distintos mecanismos de exacción utilizados por los ferrocarriles. Desde el escamoteo contable para cobrar las garantías de inversión convenidas en los contratos con el Estado hasta los fletes diferenciales, que alentaban determinadas actividades económicas que convenían al esquema

Sobre los bienes económicos Para la doctrina peronista, todos los bienes económicos fueron creados y se crean y existen para el hombre... Ni el dinero, ni la propiedad, ni el capital, ¡ninguno de los bienes económicos! pueden constituirse en un fin de la tarea humana. Son nada más que los medios que el hombre utiliza para realizar el afán de su destino. (Juan Domingo Perón, 1º de mayo de 1952)

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de exportación y desalentaban aquéllas que no concurrían a esos propósitos. Por ejemplo: el trigo transportado dentro de la zona de Buenos Aires pagaba 4,97 pesos la bolsa cada 100 kilómetros; el de la zona central —en las mismas condiciones— 6,55 pesos; la razón era simple: el capitalismo británico deseaba que sólo existieran los molinos harineros de Buenos Aires, para lo cual procuraba hacer antieconómico el mantenimiento de instalaciones similares en otras regiones del país, porque les interesaba abaratar la salida de trigo producido en zonas cercanas al lugar de embarque. La misma arbitrariedad se repetía en los fletes del cobre, mármol y otros. Cuando se descubrió petróleo en la zona de Comodoro Rivadavia, el ferrocarril inglés se negó a proyectar una línea para transportarlo, ya que le interesaba el carbón, cuya importación la Argentina estaba obligada a efectuar desde Inglaterra. El dominio de la tarifa por el Esta do restableció las condiciones mínimas de una estrategia de crecimiento lógico y equitativo, al mismo tiempo mantener un déficit controla do en su explotación sin aumentar las tarifas al nivel de los precios, lo que hubiera constituido un factor de encarecimiento de la vida. Lo que ocurrió después de 1955: ausencia de inversiones, aumento excesivo del personal, la revolución del camión y además grandes dosis de desatino, excede este análisis. Pero la nacionalización de los ferrocarriles fue, en su época, un operativo económicamente correcto y espiritualmente deseado por todos, incluyendo a los sectores de la oposición política. Este recuento de instrumentos nacionalizados termina recordando la expansión de la flota mercante, que para 1951 y en adelante, transportaría una mayor proporción del comercio exterior del país que cualquier otra nación, como así también la creación de la aviación comercial, en base a varias empresas pequeñas como Zonda, Fama, Alfa y otras, cuya unificación dio nacimiento a Aerolíneas Argentinas, de inmediata expansión y con efectos económicos multiplicantes para la época. 9. El campo en 1943 A principios de la década del 40 se acentúa un proceso de estancamiento agrario al que contribuyeron varios factores. La estructura de producción conserva los mismos caracteres que se configuraron en los inicios de la transformación agraria pampeana: ● Estancia ganadera (latifundio, grandes terratenientes). ● Chacra agrícola (de propiedad del mismo sector pero de tenencia en manos de arrendatarios). ● Quintas y granjas próximas a las grandes ciudades. Estos establecimientos funcionaron con el concurso de diversas fuerzas de trabajo: peones “fijos” en la estancia, trabajo familiar del arrendatario y braceros temporarios en la chacra y trabajo familiar en quintas y granjas. Desde 1910, la superficie ocupada en la producción rural se detiene. De ahí que en un mismo “espacio” la dinámica de expansión de determinadas actividades productivas genere contradicciones y conflictos. Para la época que consideramos, la estancia ganadera, o mejor dicho, la actividad ganadera, tiende a aumentar la producción y por consiguiente el espacio apto para ello, a partir de la expansión de la demanda de la industria frigorífica. Esto se debe no sólo a los requerimientos del mercado externo, por otra parte afectado por la guerra, sino al incremento del consumo interno. Esta mayor demanda no sólo se debió al aumento de la población, sino también al creciente proceso de urbanización provocado por el crecimiento industrial y las migraciones del ámbito rural. El siguiente cuadro evidencia este proceso:

Fuente: R. Puigrós, Libre empresa o nacionalización de la industria de la carne. La presión recae sobre el chacarero, se lo empuja para liquidar el arrendamiento y desalojarlo para transferir las parcelas de cultivo a campos de pastoreo. La situación del chacarero, por otra parte, no estimulaba ningún proyecto de crecimiento ni expansión. En efecto, los ferrocarriles lo esquilmaban con los fletes, en consonancia con los silos y elevadores, puertos, etc. vinculados todos a los monopolios exportadores, que por otra parte se quedaban con la mayor parte del excedente. Difícilmente podía articular un proyecto de acumulación y más difícilmente acceder a la propiedad de la tierra que trabaja. (J. C. Vedoya “Monopolios y estancieros” en Todo es Historia, Nº 71) demuestra que entre 1931 y 1940, el producto neto de una chacra tipo asciende a m$n 13.326, lo que equivale a 111,5 m$n por mes... (!). Con cifras del Departamento Nacional del Trabajo, Vedoya sugiere la siguiente relación, por demás elocuente, en su injusticia:

Años Producción Exportación % Consumo Interés en ton. volumen volumen % 1919 1.010.871 579.716 57,3 431.155 42,7 1924 1.921.895 981.182 51,1 940.713 48,9 1929 1.480.857 617.752 41,7 836.105 58,3 1934 2.511.676 519.271 34,4 992.405 65,6 1939 1.806.457 699.940 38,7 1.106.517 61,3 1949 1.619.386 599.063 37,0 1.020.323 63,0 1949 2.003.202 467.076 23,3 1.536.126 76,7

Años Ingreso Ingreso del Déficit de mínimo (*) agricultor subsist. (%) 1932-36 m$n 130 m$n 111,5 15 1937-40 m$n 147 m$n 111,5 24

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(*) Departamento Nacional del Trabajo: para matrimonio y tres hijos menores de 14 años. Según los mismos guarismos que aporta Vedoya, el rendimiento del propietario arrendador, en el mismo período de diez años y calculando el valor de arrendamiento en un 30% de la cosecha, se alcanza la cifra nada despreciable de m$n 41.784, sobre los m$n 13.326 del agricultor. O sea, m$n 3,48 por hectárea sobre 1,11 del chacarero. No caben dudas acerca del sistema que se basa en la tierra como bien de renta y no de trabajo... ¿Cómo sobreviviría el agricultor durante los años de malas cosechas? Puede decirse que con el “crédito” del almacén de ramos generales, que a su vez era “representante” de alguno de los consorcios exportadores, el chacarero solventaba sus necesidades e hipotecaba sus futuras cosechas con intereses altamente usurarios. En 1933 la Ley 11.684 reglamentó el crédito agrario por medio del Banco Nación, tratando de paliar la crisis, aunque en forma tardía. No sólo fue tardío sino orientado a beneficiar al sector terrateniente y ganadero (ver cuadro). Fuente: Vedoya (op. cit.). Como vemos, los arrendatarios participaron con el 39,3% del total de los créditos y el 19,6% del importe otorgado, mientras que los propietarios lo hicieron con un 60,7% y un 80,4%, respectivamente. Los agricultores trataron de mantener su nivel de subsistencia. Para ello, trataron de reducir sus costos. Primeramente maniobraron con los “conchabadores” para reducir el salario de los trabajadores temporarios en las cosechas. Luego prescindieron de los mismos recurriendo a la fuerza de trabajo de su familia sin distinción de sexos ni edad. Esto acentuó la desocupación de aquellos trabajadores temporarios, generalmente extrapampeanos, que se sumaron a la corriente migratoria hacia los centros urbanos en procura de integrarse al mercado laboral de la industria en crecimiento. Serán los “cabecitas negras”, portadores de una cultura tradicional y un folclore propio, que como veremos, influirá poderosamente en el perfil de Buenos Aires y las grandes ciudades. 10. El Estatuto del Peón (1943-1946) Una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno de la revolución del 4 de junio se orientó a distender la situación del arrendatario. En efecto, en noviembre de 1943, por Decreto-Ley Nº 14.001, se estableció una rebaja del 20% en los precios pactados para los arrendamientos; se prorrogaron los contratos, se suspendieron los juicios de desalojo y se derogaron los reajustes establecidos por la Ley Nº 12.771. El decreto-ley, dice Mario J. Lattuada (Política agraria peronista 1943-1983) “quebró el modelo productivo pampeano más generaliza do, fijando al arrendatario a la parcela que trabajaba, pero no solucionó el problema de las inversiones, dado el carácter de emergencia de las prórrogas dictadas...” Obviamente, estas medidas “protectoras” no conformaron al sector terrateniente que clamó por el retorno a la “libre contratación”. La Federación Agraria agradeció al gobierno de la revolución, lo consideró una “etapa”, había una “verdadera reforma agraria”. También bregó por la demorada ejecución de la Ley Nº 12.636 de Colonización sancionada en setiembre de 1940, que preveía la expropiación y subdivisión de los latifundios para entregarlos a los agricultores y promover el asentamiento. La Ley 12.636 creaba un Consejo Agrario Nacional que debía entender con amplias facultades en la cuestión. En noviembre de 1944, Perón declaraba: “...Sabemos que los hombres que trabajan la tierra reclaman mejoras y aspiramos a establecer definitivamente que en este país la tierra no debe ser un bien de renta sino que debe pertenecer al que la fecunda con su esfuerzo”. Pocos días después reiteraba al referirse a la Ley Nº 12.636 “... El problema argentino está en la tierra: “dad a un chacarero una roca en propiedad y os devolverá un jardín. Dad a un chacarero un jardín en arrendamiento y os devolverá una roca”. La tierra no debe ser un bien de renta, sino un instrumento de producción y de trabajo. La tierra debe ser del que la trabaja, y no del que vive consumiendo sin producir a expensas del que la labora”. El principio doctrinario que Perón formulaba, no atacaba al latifundio por la extensión, sino por su carácter improductivo (Lattuada, op. cit.). Recién a fines de 1944 se efectuaron algunas expropiaciones que alentaron las esperanzas postergadas. Los terratenientes se “cubrieron” dividiendo los latifundios en unidades de explotación menores, y las utilizaron como base para la integración de sociedades anónimas cuyos paquetes accionarios siguieron detentando los mismos propietarios.

Actividad Arrendatarios Propietarios N° de cred. Importe m$n N° de cred. Importe m$n Agricultura 123.045 112.548.000 162.097 446.456.000 Ganadería 30.111 91.246.000 73.964 389.143.000 Totales 153.156 203.794.000 236.061 835.599.000

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El 17 de octubre de 1944, por Decreto-Ley Nº 28.169 se establecía el Estatuto del Peón de Campo. El mismo se había elaborado sobre la base de un proyecto de la Secretaría de Trabajo y Previsión. En principio, el Estatuto fijaba salario mínimo para todo el país, pero adecuado a las características zonales y al tipo de actividad rural, lo que se especificaba en planilla anexa. Aún cuando se trataba de salario mínimo, superó holgadamente el nivel salarial existente. La secretaría de Trabajo y Previsión se reservaba la facultad de actualizar los índices de la planilla de sueldos. Se autorizaba a los empleadores a retener hasta un 10% del haber, el que debería ser depositado en la Caja Nacional de Ahorro Postal a nombre del interesado, lo cual constituye un embrionario sistema de previsión (Art. 7). El Estatuto legislaba minuciosamente acerca del alojamiento, sus condiciones de habitabilidad, higiene, amplitud. Para el caso del peón casado se disponía hasta la habilitación de una parcela para huerta familiar. Respecto de la Higiene del Trabajo se contemplaba por cuenta del empleador la provisión de elementos para el trabajo a la intemperie. En el caso del tambo, el ordeñe debía efectuarse bajo tinglados. Por cuenta del empleador debían habilitarse botiquines de primeros auxilios y en condiciones de contribuir a la lucha de las endemias zonales. También tendría a su cargo la asistencia médica y farmacéutica. El peón tendría derecho a “vacaciones anuales” pagas, con una antigüedad no menor a un año. Posteriormente los plazos fueron ampliados. Por el artículo 23 se establecían las causales de “justo despido”. Fuera de las cuales el peón gozaría de estabilidad en el empleo. En caso de rescisión del contrato, debía ser indemnizado, con el 50% del salario mensual por cada año de antigüedad. Cualquier acción legal debía forzosamente estar precedida por una instancia de conciliación, (esto constituye una innovación que es coherente con el principio doctrinario de la armonía entre el capital y el trabajo). El artículo 26 establecía que al margen de las acciones legales, el incumplimiento del Estatuto, por parte del empleador daría lugar a multas de 5 a 10.000 pesos o arresto de hasta seis meses. La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Trabajo y Previsión y sus respectivas Delegaciones Regionales con amplias faculta des para investigar el cumplimiento del Estatuto. En 1946, los términos del Estatuto se hicieron extensivos al tambero mediero. Si bien es cierto que el Estatuto ponía fin a cierta condición servil del trabajo rural, de vieja data, no resolvía la totalidad de problema. Pues faltaba legislar sobre el trabajo temporario, el que será reglamentado recién en 1947 por la Ley 13.020. No obstante ello, se promovió la sindicalización de este sector, a través del fortalecimiento de los Centros de Oficios Varios. 11. El agro y el Primer Plan Quinquenal (1947-49) La política agraria desarrollada a partir de 1946 giró en torno a tres ejes problemáticos cuyos aspectos más agudos, el gobierno de la Revolución había intentado paliar. En primer lugar se modificó estructuralmente el sistema de comercialización, como hemos visto, a través de la nacionalización de los transportes, puertos, seguros, silos y elevadores y fundamentalmente por la creación del I.A.P.I. Recordemos que este organismo compraba a precios fijos, anunciados antes de las siembra, y vendía a precios internacionales quedándose con la diferencia que servía a múltiples objetivos económicos y sociales. (vide supra). En general, hasta 1949- 50 estos saldos favorables fueron derivados a financiar las transformaciones del Primer Plan Quinquenal. A partir de la crisis, el I.A.P.I. subsidió a través de los precios a los productores. El 8 de setiembre de 1948, Perón al referirse al I.A.P.I. decía: “... ¿Qué representa este organismo? Representa la sustitución de los consorcios capitalistas que durante decenios y decenios robaron el fruto de su trabajo a nuestros agricultores. Esa es la realidad. El I.A.P.l. los ha eliminado, y ahora, después de pagar todas las subvenciones quedan en el I.A.P.I., $1.238.000.000. Si mañana viene mal la cosecha y bajan los precios, suceda lo que suceda, esa es la plata que ha de respaldar a los agricultores en la mala como fue obtenida en beneficio de la buena...” (Latuada, op. cit.). En segundo lugar se procuró desarrollar una política que completara la ya iniciada por el Estatuto del Peón. Para ello se sancionó la Ley Nº 13.020 del 6 de octubre de 1947. Para valorar sus alcances es necesario recordar la situación del trabajo rural, en especial, la mano de obra temporaria afectada a ciertas labores, en particular las de la cosecha y su traslado. El Estatuto del Peón, excluía taxativamente a estos trabajadores (artículo 2) que trataron de defender su posición a través de los sindicatos rurales, o Centros de Oficios Varios. Estos sindicatos organizaron “bolsas de trabajo” y ante la desocupación creciente establecieron rigurosos turnos para “racionar” el trabajo, amén de exigir la sindicalización de todos los aspirantes. El chacarero recurría antes a los “conchabadores” que, como hemos visto, explotaban miserablemente sobre todo al trabajador extrapampeano que no podía safar la trampa. El sindicato sustituyó al “conchabador” en cuanto a proveer mano de obra que no a lucrar con la misma. No tardaron en producirse conflictos con los empleadores, agravados por la falta de una legislación clara y cauces de negociación institucionales. En efecto, la crisis llevó al agricultor a no contratar peones y empeñar hasta extremos increíbles el trabajo familiar. Aquí es donde se planteó el problema fundamental. Los sindicatos intentaron impedir el trabajo familiar (en algunos casos por la fuerza) y obligar al chacarero a la locación forzosa de los turnos. Incluso se llegó a obligarlo a pagar salarios que hubieran correspondido cobrarse por los trabajos no realizados.

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La situación fue empeorando hasta hacerse crítica en la temporada 1946-47. La Ley 13.020 establecía en principio, y en forma absoluta, el “derecho inviolable” del productor a trabajar su propia explotación, como así también a transportar con sus propios medios si los tuviere, la producción. También se establecía fehacientemente que podía emplear en las labores a los miembros de su familia (artículos 5 y 6). También fijaba como principio la dignificación del jornal y de las condiciones del trabajo asalariado. Se creaba en el ámbito del ministerio de Trabajo y Previsión, la Comisión Nacional de Trabajo Rural, integrada por un funcionario de dicho ministerio, representantes del ministerio de Agricultura, de los obreros y de los patronos designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de las organizaciones respectivas. De esta Comisión Nacional de pendían las comisiones paritarias de zona, con una integración similar en cuanto a representaciones. Las paritarias tenían como función establecer para cada zona las “condiciones o jornadas de duración del trabajo a que deberá ajustarse toda persona que trabaja, ya sea a jornal o destajo, en la recolección, corte y trilla, transporte, manipulación y almacenamiento de las cosechas de cereales (...) la forma de integrarse los equipos o composición de las cuadrillas, asistencia sanitaria; alimentación adecuada y vivienda higiénica, que deberá proporcionársele al referido personal...” (Humberto Mascali, Desocupación y conflictos laborales en el campo argentino (1940-1965). La determinación de los jornales debía contemplar la parte proporcional de vacaciones y el mínimo para la subsistencia familiar, referido todo al valor de la cosecha a obtenerse. La intencionalidad que subyace en el texto legal, es el de evitar o encarrilar todo conflicto laboral, alcanzando el más alto nivel de armonía posible, para que no interfirieran en la creciente necesidad de producir. El decreto reglamentario establecerá que los diferendos sus citados no podrán dar lugar a la paralización del trabajo”. Tampoco la ley conformó a todos, como era de esperarse. Hubo pronunciamientos gremiales durante las discusiones, que se opusieron a la “libertad de trabajo en la chacra”. Los agricultores se quejaron porque los organismos creados por la ley la “transgredían”. De cualquier manera los conflictos podían resolverse en un marco institucional y jurídico. El tercer aspecto sobre el que se legisló, en el marco del Plan Quinquenal, fue el de los arrendamientos y aparcerías rurales. La situación se había ido agravando desde el congelamiento dispuesto en 1943, en gran medida por el lento aunque constante deterioro del canon por la inflación. A ello se sumaba la presión de los terratenientes por derivar las parcelas a la producción ganadera. Era un sector importante, se calcula —en 1948— alrededor de 200.000 arrendamientos, que exigía una solución integral. El proyecto de ley fue enviado al Congreso en el “paquete” de 1946. Recién será promulgada el 10 de setiembre de 1948. Largamente estudiada y debatida, fue aprobada por unanimidad, lo que no constituye un fenómeno frecuente en esa época. Por su articulo 58 se derogaba toda legislación en la materia anterior al 1º de junio de 1949, y como se establece en el artículo 1º: “...los preceptos de esta ley son de orden público, irrenunciables sus beneficios e insanablemente nulos y carentes de todo valor cualesquiera cláusulas o pactos en contrario...”. Este carácter permitiría al Estado intervenir en las relaciones privadas ente colonos y propietarios y de esa manera establecer los mecanismos de equilibrio y armonía, que diera base firme a la producción. (V. Cutolo, Manual de Historia Económica). Para ello se creaban por el artículo 46, en el ámbito del ministerio de Agricultura, Cámaras Regionales Paritarias de Conciliación y Arbitraje obligatoria. Estas cámaras estaban referidas a una Cámara Central, que se integraría con representantes del Estado, los propietarios y los arrendatarios, designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de las “entidades agrarias representativas”. La Ley 13.246 legislaba por separado lo atinente a arrendamientos y a las aparcerías. En el primer caso, la tierra era cedida mediante el pago de un canon en dinero. En el segundo el propietario arrendador participaba en una parte de las cosechas. Al tratar los dos tipos de contratos por separado, la ley precisaba aspectos que habían dado lugar por confusión, a conflictos y abusos. Establecía un plazo mínimo de duración de los contratos de cinco años con opción por parte del arrendatario de tres años más. En total, ocho años se consideraba un plazo razonable para desarrollar políticas que tendieran al asentamiento del colono y su acceso a la propiedad. El artículo 5 facultaba al Ejecutivo a revisar los precios con “medidas de carácter general”, cuando exista desequilibrio entre el costo de producción y los precios del producto obtenido. En caso de pérdidas de cosechas, que no fueren compensadas por cosechas anteriores, el chacarero podría abonar el precio al finalizar el contrato (artículo 6). El propietario arrendador estaba obligado a facilitar al arrendatario vivienda digna (se especifica minuciosamente) y cercado perimetral. El arrendatario podía encargarse de estas mejoras, a deducir, con prioridad, de sus obligaciones. El artículo 15 amparaba aún más al agricultor, se declaraban inembargables e inejecutables sus bienes y útiles, animales de trabajo y todos los elementos “para la subsistencia para él y su familia por el plazo de un año…”. El artículo 9 facultaba al arrendatario para disponer, aún cuando así no estuviere pactado, hasta el 30% de la superficie arrendada para la explotación ganadera. Esta facultad iniciaba el proceso de la chacra mixta, tantas veces reivindicada por los técnicos agrarios, como preservadora de los suelos. El arrendador se obligaba a disponer de local suficiente para la instalación de una unidad escolar, cuando tuviere a cargo más de 25 arrendamientos en una zona de 10 km de radio. Además debía contribuir con el 50% de los gastos para la lucha contra las plagas.

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El artículo 13 establecía que por intermedio del Banco de la Nación, “se acordarán créditos especiales para el fomento hasta del 100%, para mejoras. Asimismo, el artículo 56 facultaba a dicho banco para “otorgar créditos de fomento, hasta el 100%, a colonos que deseen adquirir los predios que ocupen o los sujetos a fraccionamiento, según el artículo 52 de la misma ley. Esta disposición transformaba la ley de arrendamientos en una ley de colonización. La Ley 13.246 fue recibida con el beneplácito de todos. Así, por ejemplo, los conservadores, por boca de R. Pastor, la consideraron una ley “liberal” porque era “comprensiva” y menos “teórica” que los proyectos considerados: “...esta ley será de gran beneficio y verdadero estímulo para el desarrollo y mejoramiento de la forma de trabajar y de vivir de los hombres que se dedican ...(a la agricultura y la ganadería)”. Los productores vieron en ella mayor seguridad y estabilidad y la esperanza de alcanzar la tan ansiada “propiedad”. El ministro Emery dirá que los derechos otorgados al arrendatario “lo fortifican en su condición de empresario…”. Los créditos “prometidos” en el artículo 52 se sumaron a otras líneas manejadas por el Banco Nación y el Banco Hipotecario en el marco de un programa constante de asentamiento y transformación de arrendatarios y aparceros en propietarios. Según Lattuada, entre 1946 y 1955 el número probable de beneficiados alcanzaría a 22.727 y las superficies afectadas a 2.803.859 hectáreas (op. cit.). La ley prácticamente ponía plazo a la vigencia del sistema. Sin embargo las condiciones críticas que se generaron a partir de la temporada 1950-51 obligaron a recurrir a las prórrogas, excepciones y congelamientos. Con el advenimiento de la Revolución Libertadora, esta política fue sustituída por prácticas que indicaban un indudable retomo a la época preperonista. En efecto, en diciembre de 1956, por sentencia de la Cámara Regional Paritaria, de la zona de Arteaga, provincia de Santa Fe, se produjo el desalojo de un chacarero de apellido Stura, como resolución de un juicio iniciado en 1953. Lo extraordinario del caso fue que, puestos los enseres y útiles de los agricultores en el camino, se produjo una “pueblada” que movilizó hasta las fuerzas vivas de Arteaga. La gente reinstaló a los chacareros. Democráticamente la pueblada fue reprimida y hubo unos cien detenidos... (La Nación, 3 de diciembre de 1956). 12. Tierras Fiscales y colonización (1950) No fue posible continuar con la política de afianzar al chacarero a la propiedad de la tierra mediante el crédito o el reparto de propiedades confiscadas e indemnizadas, expediente éste, que por otra parte no dejaba de producir conflictos precisamente en una etapa en que lo necesario era un “armónico” aumento de la productividad. Disponer de las enormes reservas de las tierras fiscales era una solución. Por ello, se propuso y se sancionó la Ley 13.995, promulgada el 13 de octubre de 1950, llamada Ley de Tierras fiscales. La ley disponía, previos los estudios, mensuras, divisiones, etc., correspondientes, proceder a “venderlas, arrendarlas, darlas en ocupación o reservarlas, y a determinar y fiscalizar su destino. Se promoverá la creación de cooperativas de producción y consumo, y sistemas de créditos y seguros adecuados a la economía agropecuaria.” (artículo 3). Por el artículo 4 se fijaba el concepto, inédito por otra parte, de unidad económica, la que sería inembargable e inejecutable y no se podría alterar sin intervención del Estado. “Se entiende por unidad económica de explotación todo predio que por su superficie, calidad de la tierra, ubicación, mejoras y demás condiciones de explotación, racionalmente trabajada por una familia agraria que aporte la mayor parte del trabajo necesario, permita subvenir a sus necesidades y a una evolución favorable de la empresa”. Se ha dicho que este sistema no promueve por el agricultor, el crecimiento capitalista, por cuanto se limitaría la producción a la subsistencia. El artículo 5, al excluir de las concesiones a sociedades anónimas y sociedades con fines de lucro, parece confirmarlo. Pero la ley priorizaba el beneficio social por sobre el económico, pues se hacía a “... favor de los auténticos trabajadores del campo” (Artículo 1). Respecto de la forma de enajenación, la ley establecía: “la concesión en venta (artículo 6) y en arrendamiento (artículo 8). También contemplaba el reconocimiento de la simple ocupación. Acerca del título de dominio, se lo condicionaba al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 7 y 10 (explotar el predio por cuenta propia y residir en él; introducir mejoras en los cultivos y ganados; las obligaciones que se fijen con carácter de especial; no transferir la concesión; abonar los saldos de los precios convenidos pendientes; etc.). En el caso del incumplimiento cabía la revocabilidad del mismo, tal como lo establece el artículo 11. En caso de fallecimiento del titular de la concesión, se determinaba la forma de sucesión. Fundado en el concepto de unidad económica, se modificaba el derecho sucesorio, eliminando para este caso la participación hereditaria, lo que obviamente hubiera significado la destrucción de la unidad económica. En efecto por el artículo 14 “el propietario podrá designar para el caso de fallecimiento la persona (cónyuge o heredero) a quien deberá adjudicarse el predio a fin de que continue su explotación, siempre que ella reúna las condiciones legales para ser titular de la misma. En su defecto el cónyuge y/o herederos del propietario elegirán entre ellos por mayoría de votos. De no obtenerse esta última, la elección será efectuada por el Poder Ejecutivo”. Otras dos novedades traía este instrumento legal, respecto de la legislación vigente: islas y tierras urbanas. Por el artículo 25 se permitía la enajenación de islas siempre que sea “...compatible con la seguridad del Estado y las exigencias de la navegación”. En el Título II, artículo 26 al 34, se legislaba sobre tierra urbana, la que decía como “...la fracción de tierra ubicada dentro de la planta urbana de los pueblos, que tengan por destino el asiento de la familia, o el de actividades industriales, comerciales o

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culturales.” (artículo 26). A partir de allí, el Ejecutivo podía vender los solares urbanos, a los precios fijados de conformidad con los valores reales. Sólo por excepción se podría condonar el precio o establecerlos de fomento. La venta estaba limitada a “...personas físicas (un solar en cada pueblo);, cooperativas, empresas, sociedades o entidades de bien común sin fines de lucro, tantos como fuere necesario al cumplimiento de sus fines (Artículo 29). Los solares vendidos y sus propietarios que van sujetos a las obligaciones de la Ley. Las disposiciones sobre tierras urbanas no parecen tener, salvo la recaudación fiscal, propósitos económicos. Pero son coherentes con el principio de la “propiedad en función social”, establecido en la flamante Constitución. 13. La perspectiva de conjunto El saldo de este primer período (1946-1949) contabiliza una realidad de profundas transformaciones. La Argentina, a pesar de sus posteriores volteretas, no regresaría —a pesar de que muchos lo intentaron— a su antigua estructura monoproductora agropastoril. La intensa movilización de los recursos monetarios y crediticios colocados al servicio del desarrollo económico, la utilización de las reservas monetarias, las inversiones realizadas de conformidad al Primer Plan Quinquenal, los nuevos instrumentos de política comercial exterior, industrial, agraria y financiera arrojaron estos resultados: el ingreso bruto nacional (medido a precios constantes de 1950) creció de 48.028 millones de pesos en 1945 a 65.890 millones en 1948; el ingreso per cápita de 3.147 a 4.092 pesos; el volumen físico de la producción industrial se incrementó en un 31 % y los servicios en general (comercio, transporte, comunicaciones, etc.) en un 13%. El proceso de desarrollo industrial, lejos de decaer, tal como había ocurrido después de la guerra 1914-18, había sido consolidado y expandido. La tradicional estructura agrocolonial había dado paso a la integración agroindustrial: la participación de las industrias manufactureras y de la construcción en la formación del producto bruto interno alcanzaba ya al 30%, cifra cercana a la detentada en países de elevado grado de integración como los Estados Unidos (33%) o Canadá (34%). Hacia agosto de 1949, en un informe de la CEPAL referido a la Argentina, se afirma: “las grandes reservas monetarias acumuladas en años anteriores, años de escasas importaciones y las que se siguen acumulando por extraordinarias ventas exteriores, alientan el propósito de acelerar la industrialización del país para responder a su enorme potencial de consumo y elevar su nivel de vida. Recúrrese a todos los medios posibles para hacerlo: protección decidida, abundancia de crédito, amplia participación del Estado, facilidades para realizar fuertes importaciones de bienes de capital. Estas importaciones, y muchas otras en que se manifiesta la demanda insatisfecha de los años de guerra, no son óbice para acometer la repatriación de la deuda externa, iniciada antes del conflicto armado, con el designio de eliminar otros de los elementos de vulnerabilidad que la crisis económica de los años treinta había patentizado en la economía argentina. Ahora es posible esa repatriación en mayor escala, al mismo tiempo que las libras bloqueadas en gran cuantía permiten realizar la vieja aspiración nacional de logar la propiedad del sistema ferroviario”. El organismo internacional, de insospechable actitud indulgente para analizar y observar el planteo económico del peronismo, se convierte en el principal y más indiscutido apologista de las metodologías empleadas y de los resultados obtenidos entonces. El presidente Perón, que no alcanzó a leer el informe, se había adelantado, el 9 de julio de 1947 en la ciudad de Tucumán, a proclamar la independencia económica.

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