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Derecho y Cambio Social EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y EL DERECHO PENAL Daniel Ruiz Cernades (*) INTRODUCCION El Derecho Administrativo, por su naturaleza ha contado con la potestad o facultad de sancionar a las personas sean naturales o jurídicas por actos que éstas cometen, imponiendo sanciones, sean pecuniarias o de otra índole. Por ello el Derecho Administrativo se ha desarrollado estableciendo diferentes campos, de regulación, fiscalización, protección, de garantía y de sanción. De nuestra parte, vamos a centrarnos en lo que respecta al Derecho Administrativo Sancionador, el mismo que está regulado de manera general en el Capítulo II del Título IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444. El procedimiento administrativo sancionador inserta características propias del Derecho Penal, ambas imponen sanciones
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NE BIS IN IDEM

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Derecho y Cambio Social

EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y EL DERECHO PENAL

Daniel Ruiz Cernades (*)

INTRODUCCION

El Derecho Administrativo, por su naturaleza ha contado con la potestad o facultad de sancionar a las personas sean naturales o jurdicas por actos que stas cometen, imponiendo sanciones, sean pecuniarias o de otra ndole. Por ello el Derecho Administrativo se ha desarrollado estableciendo diferentes campos, de regulacin, fiscalizacin, proteccin, de garanta y de sancin. De nuestra parte, vamos a centrarnos en lo que respecta al Derecho Administrativo Sancionador, el mismo que est regulado de manera general en el Captulo II del Ttulo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444.

El procedimiento administrativo sancionador inserta caractersticas propias del Derecho Penal, ambas imponen sanciones o penas segn sea el caso. La primera impone, generalmente, sanciones pecuniarias o no pecuniarias que, estn en funcin a las limitaciones que se imponen al ejercicio de derechos de los ciudadanos y, el Derecho Penal tiene como funcin principal, imponer sanciones limitativas o privativas de derechos.

LA SANCION DENTRO DEL AMBITO ADMINISTRATIVO Y LA APLICACIN DEL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM.

Dentro de este esquema, puede darse el caso de que un hecho sea materia de una acumulacin de sanciones, es decir, se materializa la sancin tanto en la va administrativa como jurisdiccional, al estar en ambos mbitos previstos y sancionados. Sobre el particular, compartimos la opinin expuesta por Santamara Pastor[1] que indica lo siguiente, b) El principio que examinamos supone, en primer lugar, la exclusin de la posibilidad de imponer en base a los mismos hechos dos o ms sanciones administrativas o una sancin administrativa y otra de orden penal; esta regla prohibitiva surge histricamente como reaccin a la prctica criminal del Estado absoluto y, por su evidencia, no ha sido apenas objeto de refrendo en los textos legales.

Cuando se presenta una doble sancin, tanto administrativa como penal, y si en esta ltima existe un pronunciamiento determinando respecto a la responsabilidad del inculpado, o en todo caso, se ha declarado el sobreseimiento del proceso, la administracin pblica debe aplicar los Principios establecidos en el artculo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, dentro de los cuales se encuentra el Non Bis In Idem.

El concepto fundamental de este Principio es, impedir que una persona pueda ser sancionada de manera sucesiva, simultnea o reiterada por un hecho que fue sancionado por otra autoridad administrativa o una judicial, especficamente en el mbito penal. Sobre el particular Morn Urbina[2] indica lo siguiente, La incorporacin de este principio sancionador presupone la existencia de dos ordenamientos sancionadores en el Estado que contienen una doble tipificacin de conductas: el penal y el administrativo, y, adems, admiten la posibilidad que dentro del mismo rgimen administrativo exista doble incriminacin de conductas. Precisamente este principio intenta resolver la concurrencia del ejercicio de poderes punitivos o sancionadores mediante la exclusin de la posibilidad de imponer sobre la base de los mismos hechos dos o ms sanciones administrativas o una sancin administrativa y otra de orden penal.

De acuerdo a ello, el Nom Bis In Idem, no permite la acumulacin de sanciones contra el individuo, porque de ser as, se estara vulnerado el Principio de Tipicidad que es fundamental para la aplicacin del derecho administrativo sancionador, por lo que nos encontramos en la colisin de normas de diferente normativa (la penal y la administrativa), porque ambas sancionan los mismos supuestos.

Alejandro Nieto[3] expone lo siguiente, Un mismo hecho puede ser objeto de una regulacin sancionadora administrativa y de otra penal. La conducta en este caso se tipifica en ambos ordenamientos. El problema que se plantea consiste en determinar la posibilidad de aplicar o no acumulativa o sucesivamente la sancin administrativa junto con la penal: el bis in idem o el non bis in idem significa resolver la coexistencia de diversas sanciones por un hecho nico, la compatibilidad de la sancin penal y la de otra clase. (...) Non bis in idem supone una colisin de dos Leyes sobre un mismo hecho que puede ser sancionado por ambas, cuya concurrencia de normas es posible que sea total o parcial.

Este tipo de dualidad se presenta porque existe una doble sancin establecida, en el mbito administrativo y penal, la primera como lo mencionamos anteriormente, establece la suspensin o inhabilitacin de derechos que, en muchos casos se encuentran tambin establecidos en la norma penal, especficamente en el Cdigo Penal, generando con ello, la dualidad antes mencionada activando al mismo tiempo, los procedimientos administrativos o judiciales por un mismo hecho que tienen identidad, es decir, cumplen con los requisitos previstos por el NON BIS IN IDEM, que son los siguientes:

El sujeto.- Debe ser la misma persona a la cual se le inici una instruccin penal y a ella misma, se le inicia un procedimiento administrativo sancionador.Los Hechos.- Los acontecimientos suscitados, deben ser penados o sancionados tanto por el rgano jurisdiccional como por la autoridad administrativa, es decir el supuesto consecuencia para cada caso est en funcin al hecho antijurdico materializado (incumplimiento de una norma o un deber de cuidado en materia penal o administrativa).Los Fundamentos.- Est referido a los fundamentos jurdicos, es decir que es lo que se desea: En materia penal qu bienes jurdicos se protegen, y en materia administrativa qu actos se sancionan.De tal forma que, cuando la autoridad administrativa se encuentra con esta dualidad, debera aplicar el Principio antes sealado porque se presentan dos supuestos. El primero cuando el rgano jurisdiccional impuso una pena privativa de libertad a un sujeto con la consiguiente pena accesoria o limitativa de derecho; y el segundo est referido a la declaracin de sobreseimiento en el proceso penal, es decir, cuando no exista una sancin punitiva y menos an, una limitativa de derechos. En ambos casos la autoridad administrativa deber acatar lo ordenado por el rgano jurisdiccional.

En el primer supuesto, la autoridad administrativa se limitar a hacer cumplir la sancin judicial impuesta contra el sujeto, abstenindose de imponer otra sancin administrativa que se base en los mismos hechos; en el segundo supuesto, al haber sido declarado sobresedo el proceso y al no existir sancin penal, ni limitativa de derechos, la autoridad administrativa no puede aplicar sancin alguna, porque el rgano jurisdiccional ha establecido la inexistencia de responsabilidad penal, por lo tanto al no existir la imposicin de una pena principal, la pena accesoria tampoco puede ser impuesta.

En caso, se imponga una sancin administrativa por los mismos hechos, se estar infringiendo el carcter vinculante[4] que tiene una resolucin judicial firme en un procedimiento administrativo sancionador, segn lo establecido en el artculo 234 inciso 2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, norma que se aplica supletoriamente cuando las entidades administrativas no cuentan con un procedimiento propio.

Definitivamente, toda autoridad administrativa debe acatar lo que disponga una resolucin judicial que tiene calidad de cosa juzgada, por ser sta la que declara el Derecho, estableciendo la responsabilidad penal de los sujetos, imponiendo sanciones por los hechos cometidos o declarando la inexistencia de la responsabilidad penal, no siendo pasible de alguna sancin o pena. Como se puede apreciar, la aplicacin del Principio Non Bis In Idem, es genrica para ambos supuestos.

Al existir la dualidad de la sancin, a nivel administrativo como penal, es factible que en esta ltima materia, por la existencia de mecanismos procesales no se sancione al sujeto que cometi la falta, dichos mecanismos pueden ser aplicados por el rgano jurisdiccional y que estn previstos en nuestra legislacin de manera objetiva, ello no hace ms que corroborar el objetivo del Derecho Penal, como medio jurdico para proteger bienes jurdicos relevantes, sin dejar de mencionar la finalidad despenalizadora, aspecto que siempre se menciona pero no se ejecuta.

CONCLUSIN

Finalmente, es importante sealar la flexibilidad que nos otorga el Derecho Administrativo, porque permite aligerar la carga procesal en e el mbito judicial por la existencia de ciertas conductas que la incrementan innecesariamente, en la prctica, muchas veces sucede que, la pena accesoria o limitativa de derechos que es una sancin administrativa, al final, tiene mayor relevancia que la principal, porque tiene un mayor efecto disuasivo, en vista que la sancin penal no tendra el carcter efectivo en su cumplimiento.

NOTAS: [1] SANTAMARA PASTOR, Juan Alfonso. Principios del Derecho Administrativo Sancionador. Centro de Estudio Ramn Areces. Coleccin Ceura. Madrid. 2000. p. 393[2] MORON URBINA. Juan Carlos Comentarios Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurdica. Lima, 2003 p. 522[3] NIETO, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Tecnos. Madrid. 1994. p. 165-166.[4] Artculo 234.- Caracteres del procedimiento sancionadorPara el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido por:(...)2.- Considerar que los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a las entidades en sus procedimientos sancionadores.(...) (*) Abogado de Macrocorp Per S.A., asesora empresarial, egresado de la Pontificia Universidad Catlica del Per.

http://www.derechoycambiosocial.com/revista009/non%20bis%20in%20idem.htm

EL DERECHO AL NE BIS IN IDEM ACUMULACION DE SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVASDe: Rodriguez Montenegro Marco Antonio10 31 pmCategora: TEMAS PENALESDeja un comentarioAutor: CARMEN ASTRID PEAFIEL DIAZJuez de la investigacin preparatoria de Caman Publicado el: 18/10/20051. DENOMINACION: Bajo la designacin romano cannica bis de eadem res ne sit action o abreviadamente ne bis in idem o entendida como una simple derivacin de la mxima res judicata pro veritate habetur, significa literalmente dos veces por la mismas causa. Se define NE BIS IN IDEM como Nadie puede ser enjuiciado por los mismos hechos que hayan sido juzgados por resolucin firme en un tribunal penal mientras que NO BIS IN DEM Nadie puede ser juzgado doblemente por un delito. Se entiende que el NE BIS IN IDEM tendra mayor amplitud de concepto pues se habla de los mismos hechos, mientras que el segundo es mas restrictivo pues solo se refiere a delitos, cuando se analizan las ejecutorias supremas nacionales como internacionales se observa que ambos conceptos se usan indistintamente, pues sus efectos tienen la mismas trascendencia no dos veces de los mismo 2. ALCANCES GENERALES: El derecho al Ne bis in idem protege de la Potestad Punitiva del estado, dada por el IUS PUNIENDI, el derecho estatal de castigar. El estado como sujeto de la potestad penal est facultado para imponer una pena, pero tambin una sancin administrativa que es una medida penal que impone el poder ejecutivo o alguna de las autoridades de este orden, por infraccin de disposiciones imperativas o abstencin ante los deberes positivos, Por lo general se reduce a multas cuantiosas en ocasiones, en otros casos significa una inhabilitacin. La administracin ejerce una potestad sancionadora propia la cual constituye una importantsima manifestacin del poder jurdico que es necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones y la realizacin de sus fines. Se trata de una potestad que se ejercita a partir de la vulneracin o perturbacin de reglas pre establecidas pero que no obstante ese contenido represivo presenta una cierta finalidad preventiva. 2.1. FUNDAMENTO JURIDICO DEL NE BIS IN IDEM . Los Convenios Internacionales recogen de una u otra forma el concepto de NE BIS IN IDEM asi tenemos por ejemplo la clausula 8.4 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San Jos de Costa Rica que seala El inculpado absuelto, por una sentencia firme no podr ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos De igual manera la clausula 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos expresa Nadie podr ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya ha sido condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento de cada pas. La frmula utilizada por la Convencin Americana mismos Hechos es un trminos ms amplio y beneficia a la vctima.. En la legislacin Europea el artculo 103 de la ley Fundamental de la Repblica Federal Alemana seala Nadie podr ser penado mas de una vez por el mismo acto en virtud de las leyes penales generales Desarrolla un concepto ms amplio para la aplicacin del principio, va mas all de la esfera de un proceso formal jurisdiccional, pues admite la proteccin en contra de sanciones que pueden ser aplicables del derecho penal administrativo , por hechos que tambin se encuentran tipificados como delitos en el Cdigo Penal, es decir abarca todas las leyes penales generales. El artculo 4 del Protocolo / del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y el artculo 20 de la declaracin de los Derechos y Libertades Fundamentales adoptado por el parlamento Europeo el doce de abril de 1989, contempla dentro de sus garantas el llamado principio del ne bis in idem. El derecho peruano ha incorporado como parte de su legislacin administrativa el principio ne bis in idem. En efecto el numeral 10 del artculo 230 de la ley de Procedimientos Administrativos ley 27444 seala No se podr imponer sucesiva o simultneamente una pena o una sancin administrativa por el mismo hecho en los casos en que se precie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. 2.2. CONTENIDO: El principio NE BIS IN IDEM no es subsidiario de las dems garantas que protegen la libertad individual, pues no es un principio accesorio, ya que no nace del proceso, sino existe antes que l, es un regulador del proceso judicial o del procedimiento administrativo ([1]). La garanta cobijada en este principio es el derecho a la tutela judicial efectiva como el respeto a los derechos fundamentales y el valor superior de la libertad ya que si se inicia otro proceso que ha concluido con resolucin de fondo con efecto de cosa juzgada no cabe iniciar (con sus excepciones) otro proceso porque de ser as se menoscaba la tutela judicial efectiva. La garanta a no ser sometido a Bis in idem se configura como un derecho fundamental. Es parte integrante del principio de tipicidad y legalidad penal y sancionadora, tiene por finalidad evitar una reaccin punitiva desproporcionada en cuanto a dicho exceso hace quebrar la garanta del ciudadano de previsibilidad de las sanciones pues la suma de ellas es ajeno al juicio de proporcionalidad realizado por el legislador y se materializa en una imposicin de sancin no prevista legalmente. Evitar la constante inseguridad no es compatible con la libertad de un ciudadano. ([2]) De la lectura del artculo 8.4 de la Convencin se desprende que la prohibicin del doble enjuiciamiento es procedente si se cumplen con los siguientes requisitos: Se trate del mismo inculpado Que la ley haya dictado sentencia absolutoria Que la sentencia absolutoria sea firme Que el nuevo juicio tenga por objeto los mismos hechosSe trata de un elemento constitutivo o fundamental de la existencia del estado o como garanta judicial, garantiza la seguridad jurdica que el estado est obligado a cautelar, si l se caera en la incertidumbre jurdica, por lo que su efecto es erga omnes, porque las normas relativas a derechos humanos tienen ese efecto, est estrechamente ligado al principio de legalidad y de retroactividad as como de cosa juzgada cuya suspensin prohbe expresamente el pacto y la convencin, si nadie puede ser juzgado ni condenado si no de acuerdo a la norma previamente establecida y si el inculpado o procesado se beneficia de la retroactividad benigna es evidente que el nuevo juzgamiento y condena de quien absuelto en un juicio previo vulnera estos principios. (Caso Maria Elena Tamayo)[3] No se encuentra explcitamente enunciado en el ordenamiento Constitucional Peruano, constituye una garanta inmanente al contenido esencial del derecho al debido proceso y se encuentra en el inc 13 del artculo 139 de la Constitucin, as como en su articulacin por mandato del la cuarta disposicin Final y transitoria de la Constitucin , Clausula que si bien solo establece que las declaraciones y tratados de derechos humanos son fuentes de interpretacin de los derechos constitucionales, de acuerdo al tribunal Constitucional (jurisprudencia 2002/217) tal interpretacin conforme a los tratados sobre derechos Humanos, contiene, implcitamente, una adhesin a la interpretacin que, de los mismos, hayan realizado los rganos supranacionales de proteccin de los atributos inherentes al ser humano y, en particular, a la realizada por la corte Interamericana de Derechos Humanos, guardin ltimo de los derechos de la regin. Esta norma inc 13 del artculo 139 de la Constitucin no abarca todo el significado que tiene la aplicacin del principio, pues slo abarca su parte material (proteccin del derecho de toda persona a no ser sentenciada nuevamente por un hechos que ya mereci sancin) mas no el procesal (prohibicin de doble persecucin) El ncleo esencial de este derecho es impedir el exceso punitivo del estado pues su finalidad es evitar la reaccin punitiva desproporcionada del estado. Esto quiere decir que si no hay exceso punitivo del estado no habr violacin del derecho fundamental. [4] Su aplicacin como se desprende de lo anteriomente enunciado tiene dos alcances uno de tipo material No ser sancionado dos veces por los mismo hechos y otro de tipo procesal No ser procesado dos veces por el mismo hecho . De no ser as y de no existir este derecho la persona quedara expuesta a ser perseguida indefinidamente. En su parte material impide sancionar en ms de una ocasin el mismo hecho con el mismo fundamento. En la parte penal no cabe reabrirse un proceso que ha terminado con una sentencia firme condenando como falta la realizacin de un hecho, con la pretensin que la misma se recalifique como delito, porque ello vulnera la cosa juzgada y el principio del ne bis in idem, y habindose sustanciado dos procedimientos penales no hay violacin de derecho fundamental si slo existe una coincidencia parcial entre los hechos enjuiciados. No exige que se trate de un mismo delito, sin embargo en el supuesto negado que alguien fuese juzgado por los mismo hechos pero acusndolo de otro delito, se estara violentando el artculo 8.4 de la Convencin. [5] En su parte procesal impide procesar dos veces por el mismo hecho con el mismo fundamento reconocindose en los supuestos de doble proceso penal sin embargo tambin reconoce su operatividad en aras del valor libertad, del principio de seguridad jurdica duplicidad de procedimentales administrativa y penal. Siendo esto as no impide la concurrencia de procedimientos sancionatorios, sino consiste en NO PADECER una doble sancin y no ser sometido a un doble procedimiento punitivo.[6] No se infringe le principio no bis in idem por el hecho de haber sido sancionado administrativamente con anterioridad, si es que la conducta que ha determinado la condena penal es fruto de reiteracin y repeticin de conductas. [7] 2.2.1. ELEMENTOS QUE CONTIENE EL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM: IDENTIDAD DE HECHOS, IDENTIDAD DE SUJETO, IDENTIDAD DE FUNDAMENTO:Es necesario que se trate de una misma persona a la cual se le hace la imputacin, que sea incriminada exactamente por los mismos hechos y finalmente que el motivo de la iniciacin del proceso sea el mismo en ambos casos.La triple identidad de hechos, sujeto y fundamento jurdico constituye el presupuesto de aplicacin de la interdiccin constitucional de incurrir en bis in idem sea este sustantivo o procesal. Por eso cuando existe sancin por un mismo hecho tanto en la va administrativa como en la penal, la revisin de la declaracin de identidad efectuada por los rganos judiciales o el anlisis de su concurrencia en caso de no haberse efectuado por los rganos sancionadores o judiciales puede ser realizada por el tribunal Constitucional, por tanto se ha de comparar los ilcitos sancionados partiendo de la acotacin de los hechos realizada por la administracin en la resolucin sancionadora y por el rgano judicial penal en las sentencias y tomando como base la calificacin jurdica de estos hechos realizada por estos poderes dictara la correspondiente sentencia. Debe tenerse presente que por el principio ne bis in idem existe la imposibilidad que cuando el ordenamiento permite la dualidad de procedimientos (penal y administrativo) y en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una calificacin de unos mismos hechos, el enjuiciamiento y la calificacin que en el plano jurdico pueda producirse se puede hacer con independencia, pero no puede ocurrir los mismo en la apreciacin de los hechos pues estos no pueden existir o dejar de existir para los rganos del estado . De ac se desprende la subordinacin de la administracin a la actuacin de los tribunales pues la administracin no puede actuar mientras no lo hagan los tribunales y deben en todo caso respetar cuando acten a posteriori en el planteamiento fctico que estos hayan realizado. [8] Bajo estos mismos fundamentos cuando el Tribunal Constitucional se tiene que pronunciar sobre el ne bis in idem no le corresponde conocer de los hechos que dieron lugar al proceso en las que se ocasionan las vulneraciones pues compete a la potestad jurisdiccional y es su tarea la delimitacin procesal de los hechos y su calificacin jurdica. Por eso si en la va penal existe sentencia condenatoria queda prohibida la posibilidad de sancionar por el mismo hecho, mismo sujeto y mismo fundamento en la va administrativa;[9] si en la via penal se determina que el hecho no se cometi o no lo fue por la persona a la que se le atribuye, si puede existir sancin en la va administrativa a la persona que lo cometi. No se reabrir el procedimiento administrativo sancionador en los casos en que el rgano judicial ha declarado la inexistencia del hecho que motiv la actuacin jurisdiccional o quede demostrado la no participacin del sujeto incriminado tanto administrativa como judicialmente. Si en la via penal se determina que el hecho irregular existi pero no constituye delito por no haber sido cometido en forma dolosa, el asunto si podra ser examinado en la va administrativa. No se obsta reapertura del proceso en caso de que hechos nuevos o relaciones nuevas o vicio esencial en ese procedimiento pudiera afectar a la sentencia dictada. Por eso la vinculacin que para la administracin tienen los hechos declarados y probados en la sentencia penal es una derivacin natural del principio fundamental del ne bis in idem. 3. DERECHOS SANCIONADORES PENALES Y ADMINISTRATIVOS Segn Carmelo De Grazia Suarez en su artculo Derecho de los particulares en los procedimientos administrativos sancionatorios.[10] Las leyes que forman el ordenamiento administrativo del estado, permiten cada vez con mayor frecuencia, que rganos de la administracin pblica apliquen a los administrados sanciones por la realizacin de alguna conducta tipificada legal y previamente. Indica el autor que el objeto de estudio y aplicacin del derecho administrativo sancionador es el ejercicio de la potestad punitiva realizada por los rganos del Poder Pblico. Ac nos encontramos en el campo de las sanciones administrativas. Indica el autor que el objeto de estudio y aplicacin del derecho administrativo sancionador es el ejercicio de la potestad punitiva realizada por los rganos del Poder Pblico actuando en funcin administrativa a fines de hacer ejecutables sus competencias de ndole administrativo, que le han sido conferidas para garantizar el objeto de utilidad general de la actividad pblica. En la actualidad la doctrina moderna considera que no existe diferencia de naturaleza entre ilcito penal e infraccin administrativa, de modo que la decisin de reprimir un ilcito va penal judicial o la sancionatoria administrativa no atiende al bien jurdico tutelado sino a polticas legislativas[11] Otra parte de la doctrina se ha sostenido la primaca del derecho penal frente al derecho administrativo sancionador y se basa no en meras consideraciones cronolgicas sobre la relacin entre el procedimiento administrativo sancionador y el proceso penal, sino en la relacin sustancial de los valores en conflicto, que exige la primacia del proceso penal est o no en curso el procedimiento administrativo. [12] En este sentido no es admisible que la administracin inicie investigacin o procedimiento sancionador en aquellas situaciones en que los hechos puedan ser constitutivos de delito segn el Cdigo Penal, incluso el funcionario pblico est obligado a poner en conocimiento la infraccin penal ante la autoridad competente, pues de lo contrario estara cometiendo delito contra la administracin de justicia (omisin de denuncia). 3.1. CASO DE PRESENTARSE IDENTIDAD DE SUJETO HECHO Y FUNDAMENTO EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PENAL. Que pasa cuando existe resolucin sancionadora dictada en la va administrativa a una persona y por los mismos hechos existe un proceso penal listo para sentenciar. Existen dos criterios para resolver este caso: Determinar si los tribunales penales, al tener constancia de la sancin administrativa por los mismos hechos que estaban enjuiciando, deben absolver al acusado para no incurrir en el ne bis in idem o Producirse el descuento en la va penal de la sancin impuesta en la va administrativa. Con respecto al primero criterio el ne bis in idem en su aspecto sustantivo es un derecho fundamental del ciudadano frente a la decisin de un poder de castigarlo por unos hechos que fueron objeto de sancin. Por ello en cuanto al derecho de defensa del ciudadano frente a una doble sancin, el ne bis in idem no puede depender del orden de preferencia que normativamente se hubiese establecido, (preferencia penal sobre la administrativa) lo que significa que la preferencia de la jurisdiccin penal sobre la potestad administrativa sancionadora ha de ser entendida como una garanta del ciudadano, complementaria de su derecho a no ser sancionado dos veces por unos mismos hechos y nunca como una circunstancia limitativa que implica aquel derecho fundamental. No slo se debe dar un enfoque procesal desatendiendo el enfoque sustantivo. Que el ne bis in idem se orienta a impedir no tan solo el doble castigo contradictorio en caso de permitirse dos procesos paralelos penal y administrativo sancionatorio-. A impedir tales resultados se encamina la atribucin prioritaria a los rganos jurisdiccionales penales el enjuiciamiento de hechos que aparezcan como delitos o faltas, atribucin prioritaria que descansa la exclusiva competencia de lo jurisdiccional y no en un abstracto criterio de prevalencia absoluta del ejercicio de su potestad punitiva sobre la potestad sancionadora de la administracin pblica. Siendo as dada una sancin de ndole penal o administrativa no cabe sin vulnerar el mencionado derecho fundamental superponer o adicionar sanciones siempre que concurran identidades de sujeto, hechos y fundamento, Que es este el ncleo esencial que ha de ser respetado en el mbito de la potestad punitiva, que no se trata de un conflicto jurisdiccional susceptible de dirimirse con arreglo de criterios de prevalencia de uno u otro poder pblico, sino ante la improcedencia de una condena penal, pronunciada en relacin a una conducta cuya sancin administrativa firme ya se haba producido. El incumplimiento de paralizar el proceso administrativo y trasladar el hecho a la jurisdiccin penal producir en su caso las consecuencias que el ordenamiento jurdico prevea, pero su inobservancia nunca podr alterar el contenido del derecho fundamental al ne bis in idem del sujeto infractor. [13] Con respecto al segundo criterio en el aspecto material el ncleo esencial de la garanta en l contenida reside en impedir el exceso punitivo de modo que ni de la infraccin de una regla procesal (la no suspensin del expediente administrativo) ni la eventual falta de reconocimiento del efecto de cosa juzgada de la resolucin sancionatoria, deriva con carcter automtico la lesin de la prohibicin de incurrir en el bis in idem. No existe exceso punitivo cuando el rgano jurisdiccional descuenta la sancin administrativa pues materialmente slo se ha impuesta una sola sancin. Sin embargo debe tenerse presente que no basta la mera declaracin de la imposicin de la sancin para considerar vulnerado el derecho fundamental a no padecer mas de una sancin por los mismos hechos y con el mismos fundamento, se ha de precisar que no se prohibe el doble reproche aflictivo sino la reiteracin sancionadora de los mismos hechos con el mismos fundamento por el sujeto. En lo tocante a su vertiente procesal se protege el ciudadano no slo frente a la ulterior sancin administrativa o penal sino frente a la nueva persecucin punitiva por los mismos hechos una vez que ha recaido resolucin firme en el primer procedimiento sancionador con independencia del resultado (absolucin o sancin). No puede negarse que en ciertos casos la substanciacin de un procedimiento administrativo sancionador y un procesal penal por los mismos hechos y con el mismo fundamento puede ocasionar la vulneracin del derecho a no ser sometido a un doble proceso, sin embargo en la regulacin actual del procedimiento administrativo sancionador, difcilmente se podr efectuar la equiparacin de ambos procedimientos en orden a determinar el alcance de dicha prohibicin constitucional. En efecto la interdiccin constitucional de apertura o reanudacin de un procedimiento sancionatorio cuando se ha dictado una resolucin sancionadora firme no se extiende al cualquier procedimiento sancionador, sino tan solo respecto de aquellos que tanto en atencin a las caractersticas del procedimiento, su grado de complejidad como a las sanciones que sea posible imponer en l su naturaleza y magnitud pueden equipararse a un proceso penal a los efectos de entender que el sometido a un procedimiento sancionador de tales caractersticas se encuentra en una situacin de sujecin al procedimiento tan gravosa como la de quien se halla sometido a un proceso penal. Dos son las razones que avalan esta limitacin. De un lado la lgica que impone el principio de proporcionalidad en cuanto criterio de ponderacin del contenido de los derechos fundamentales. De otro lado la necesaria traslacin de la garantas del proceso justo al mbito del procedimiento administrativo sancionador. Existe lmites en la potestad sancionadora de la administracin en la que se basa la necesaria subordinacin de los actos de imposicin de las san-ciones a la autoridad judicial y esto por una triple exigencia 1.-Necesario control a posterior por la autoridad judicial de los actos de los actos administrativos mediante el oportuno recurso. 2.- Imposibilidad de que los rganos de la administracin lleven a cabo actuaciones o procedimientos sancionatorios que puedan ser constitutivos de delitos o faltas segn el cdigo penal o leyes especiales, mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado sobre ellos 3.- La necesidad de respetar la cosa juzgada[14] Jaime de Lamo Rubio en su artculo del principio No bis in idem y principio de buena fe procesal[15]: comentando la sentencia Espaola 152/2001 del 2 de julio del 2001 indica que el silencio del actor en el proceso penal durante el tiempo en que la vulneracin del principio estaba teniendo lugar y poda ser remediada puede encontrar explicacin mas no justificacin en una tctica defensiva, consistente el tolerar la vulneracin actual del principio no bis in idem para utilizarla sancin administrativa cono defensa ulterior a la condena penal, indica que una explicacin tal lo que evidencia es una manipulacin de la funcionalidad del principio no bis in idem en vez de una atendible reclamacin por lo que reclama la exigencia de buena fe en el comportamiento procesal. Conforme lo manifiesta Anderson Vela Guerra[16] existe un largo camino que recorrer en cuanto a la eficiente aplicacin del principio ne bis in idem procesal que pasa por aceptar de parte de la administracin que no puede instruir un procedimiento que adems de constituir infraccin administrativa tiene relevancia penal. Asimismo debe buscarse mecanismos de coordinacin entre los operadores judiciales y administrativos a fin de que pueda afianzar ente principio en el sistema punitivo peruano. 3.2. JURISPRUDENCIA:EXP. N. 3113-2004-AA/TCPIURAVCTOR HUGOLABERRY SAAVEDRA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 19 das del mes de enero de 2005, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia ASUNTO Recurso extraordinario interpuesto por don Vctor Hugo Laberry Saavedra contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 226, su fecha 1 de julio de 2004, que declar infundada la accin de amparo de autos. ANTECEDENTES Con fecha 22 de marzo de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Municipalidad Provincial de Piura, con el objeto que se declare inaplicable la Resolucin de Alcalda N. 060-2004-A/MPP, del 30 de enero de 2004, que lo destituye de los cargos administrativos que desempeaba en dicha comuna, acto administrativo que considera lesivo de sus derechos al trabajo y al debido proceso. La emplazada contest la demanda manifestando que la resolucin cuestionada fue emitida en aplicacin de los artculos 29 y 34, inciso d), del Decreto Legislativo N. 276.El Quinto Juzgado Especializado Civil de Piura, con fecha 12 de abril de 2004, declar infundada la demanda, por estimar que la resolucin cuestionada fue expedida de conformidad con el artculo 161 del Decreto Supremo N. 005-90-PCM. La recurrida confirm la apelada, por considerar que la destitucin del actor se efectu en aplicacin del artculo 29 del Decreto Legislativo N. 276. FUNDAMENTOS 1. 1. El recurrente solicita que se declare inaplicable la Resolucin de Alcalda N. 060-2004-A/MPP, del 30 de enero de 2004que lo destituye de los cargos administrativos que desempeaba en la comuna emplazada, alegando que dicho acto administrativo vulnera sus derechos al trabajo, al debido proceso y el principio de non bis in idem. 2. 2. El artculo 29 del Decreto Legislativo N. 276 dispone que: La condena penal privativa de la libertad por delito doloso cometido por un servidor pblico lleva consigo la destitucin automtica. Asimismo, el artculo 161 del Decreto Supremo N. 005-90-PCM, establece que: La condena penal consentida y ejecutoriada privativa de la libertad, por delito doloso, acarrea destitucin automtica. En el caso de condena condicional, la Comisin de Procesos Administrativos Disciplinarios evala si el servidor puede seguir prestando servicios, siempre y cuando el delito no est relacionado con las funciones asignadas ni afecte a la Administracin Pblica. 3. 3. A fojas 36 de autos obra la resolucin del 15 de octubre de 2003, emitida por la Sala Penal Transitoria en el proceso penal seguido contra el recurrente y otros, por delito de concusin en agravio de la emplazada, que confirma la decisin de primera instancia que condena al actor a 3 aos de pena privativa de la libertad, suspendida condicionalmente en su ejecucin durante un ao de prueba, y lo inhabilitacin durante el tiempo de condena, de conformidad con el artculo 36, incisos 1), 2) y 4) del Cdigo Penal. 4. 4. En el caso, y si bien es cierto que, el actor fue sancionado administrativamente por los mismos hechos por los que fue procesado y condenado penalmente (conforme fluye a fojas 34), tambin lo es que tanto la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, Decreto Legislativo N. 276, como su reglamento, han establecido como causal automtica de destitucin la condena del servidor pblico a pena privativa de la libertad por delito doloso, circunstancia en s misma que no amerita apertura de proceso administrativo disciplinario por existir una decisin jurisdiccional fundada en derecho, que establece la responsabilidad del servidor frente a un ilcito, que en el presente caso es en perjuicio de la emplazada. 5. 5. En este sentido, el actor no puede pretender, mediante el proceso de amparo, la restitucin de su derecho al trabajo alegando la vulneracin del principio del non bis in idem, puesto que la aplicacin de los artculos 29 del Decreto Legislativo N. 276, y 161 del Decreto Supremo N. 005-90-PCM, no constituyen una segunda imposicin de sancin administrativa, sino la aplicacin inmediata de la consecuencia jurdica establecida en las citadas normas, Por consiguiente, la demanda debe desestimarse. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitucin Poltica del Per 6. HA RESUELTO7. 8. Declarar INFUNDADA la demanda. Publquese y notifquese. SS. BARDELLI LARTIRIGOYENGONZALES OJEDA9. VERGARA GOTELLI [1] VELA GUERRERO, Anderson El Ne bis in idem y ek derecho sancionador Peruano-su aplicacin a partir de la ley del procedimiento administrativo general. http://www.asesor.com.pe/teleley/artculos/art-anderson.pdf[2] sentencia del tribunal constitucional 2/2003 del 16 de enero. Espaa[3] www.oas.org. Caso Maria Elena Tamayo.[4] sentencia del Tribunal Constitucional 2/2003 de 16 de enero. Espaa[5] sentencia del Tribunal Constitucional 2/2003 de 16 de enero. Espaa[6] sentencia del Tribunal Constitucional 2/2003 de 16 de enero. Espaa[7] sentencia 52/2002 http://www.rgid.com/pages/artcnov/jurisprud.[8] Tribunal Supremo de elecciones. http://www.tse.go,cr/zonama1[9] existe sin embargo criterio deferente Tribunal supremo de elecciones de San Jos de Costa Rica WWW.TSE.go.cr/ZONAMA1 indica que si es posible imponer una sancin disciplinaria cuando el hecho si fue penalizado en la jurisdiccin comn, pues la administracin necesita de la certeza y la seguridad que otorga el proceso penal para poder imputar un determinado ilcito porque existe independencia entre lo penal y lo administrativo.[10] DE GRAZIA SUAREZ, Carmelo Derecho de los particulares en los procedimientos administrativos sancionatorios. http://www.baldellgrau.com/derechosanciones[11][12] VELA GUERRERO; Anderson El ne bis in idem y el derecho saniconador peruano su aplicacin a partir de lavley de procedimiento administrativo general. http://www.asesor.com.pe/eleley/articulos/art-anderson.pdf[13] Sentencia 177/1999 Tribunal Constitucional. Espaa[14] sentencia tribunal Constitucional 2/2003 de 16 de enero. Espaa[15] DE LAMO RUBIO, Jaime Principio No bis in idem y principio de Buena fe procesal: efectos de la invocacin tardia de la vulneracin del ne bis in idem[16] VELA GUERRA, Anderson op cit. internet Publicado en la Estafeta Jurdica Virtual, el tenor del contenido del mismo es de exclusiva responsabilidad de su autor

https://asesorialegalrmontenegro.wordpress.com/2008/10/31/el-derecho-al-ne-bis-in-idem-acumulacion-de-sanciones-penales-y-administrativas/Concurrencia de sanciones administrativas y penales a la luz del non bis in idem.Por Lucia Laporte

En el caso de concurrencia de dos causas penales, de una causa iniciada en el fuero penal econmico y otra en el ordinario, por ejemplo, y ambas versan sobre los mismos hechos y contra la misma persona, nadie dudara es levantar la bandera del principio del ne bis in idem. En cambio, una causa podra tramitar por un hecho en el fuero penal tributario y al mismo tiempo recibir una sancin fiscal y nadie dudara en descartar la aplicacin de dicho principio.

Pero cuando nos enfrentamos a las contravenciones y a las faltas, sobre todo en determinadas figuras donde su configuracin parecera referirse a la misma conducta, nos resulta complicado determinar si nos encontramos frente a una violacin o no del principio aludido.

Pensemos en dos ejemplos: por ejemplo, una persona que posee un bar y all se llevan a cabo recitales de msica, con ruidos muy superiores a los niveles permitidos, que dicho accionar se repite cada noche molestando a todos los vecinos cercanos. Dicho accionar resulta ser una contravencin en funcin del artculo 82 [1] -ruidos molestos- de la ley 1472 o una falta en funcin del artculo 1.3.3 [2] de la ley 1217?

Pinsese en el vecino de la planta baja quien, dado que le resulta ms cmodo sacar la basura por la ventana, la saca cada maana porque refiere que tiene miedo de hacerlo de noche dada la inseguridad. Su accionar resulta tpico de la contravencin prevista en el artculo 80 [3] ensuciar bienes- de la ley 1472 o de la falta prevista en el artculo 1.3.9 [4]residuos domiciliarios fuera de horario- o de la prevista en el artculo 1.3.13 [5] arrojar residuos- ley 1217?

El principio ne bis in idem

Uno de los principios que protegen al imputado a los largo del proceso penal es el denominado ne bis in idem o non bis in idem (proveniente del latn, literalmente significa no dos veces por lo mismo), segn el cual nadie puede ser sometido por el Estado a un proceso penal por el mismo hecho, ya sea en forma sucesiva o simultnea. Este principio protege el riesgo de poder recibir una condena reiterada por el mismo hecho histrico, porque si un mismo hecho, y por igual fundamento, pudiese ser objeto de una nueva sancin, ello comportara una punicin desproporcionada de la conducta ilcita. Este principio configura como un derecho fundamental de defensa del ciudadano frente a la decisin de un poder pblico de castigarlo por hechos que ya fueron objeto de sancin.

Su origen se remonta al Derecho Romano clsico, rgimen procesal donde la sentencia revesta carcter de cosa juzgada - iudicium legitimum-. Su origen fue civilista pero pas a la rbita penal rpidamente.

El mismo se encuentra contenido en el artculo 1 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin: ni perseguido penalmente ms de una vez por el mismo hecho. Si bien nuestra Constitucin Nacional no prevea la garanta denominada non bis in idem, era fcilmente interpretable del la frmula abierta del art. 28. Es ampliamente conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin Mattei [6] donde estableci que volver a soportar un juicio criminal afecta pilares bsicos del ordenamiento penal como el non bis in idem, el in dubio pro reo y ....

Luego de la reforma constitucional del ao 1994 el principio qued definitivamente incorporado a nuestra norma suprema a travs de la incorporacin de los pactos internacionales (art. 75, inc 22, CN). Por un lado, el art. 8.4 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos dispone que el inculpado absuelto por una sentencia firme no podr ser sometido nuevamente a un juicio por esos hechos. Por otro lado, el art. 14.7 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Polticos sostiene que nadie podr ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya haya sido condenado o absuelto sentencia firme-.

El fundamento de esta garanta procesal constitucional es que la libertad individual no se protegera adecuadamente si existiera la posibilidad de que el Estado efectuara una serie indefinida de procesos contra una persona y por un mismo hecho, sometindolo a molestias, sufrimientos y obligndolo a vivir en un continuo estado de inseguridad y ansiedad.

Comienza a regir el mismo desde el acto jurisdiccional que le impute a una determinada persona una participacin en un delito o contravencin, ya sea cuando se ha dictado un auto de procesamiento, cuando se la ha citado, detenido o indicado como partcipe. [7]

Distintos es el alcance que debe darse a este principio, el cual siempre ha sido problemtico, dado que por un lado podra tratarse de que una persona no puede ser condenada dos veces por el mismo hecho o podra tratarse de que no puedan existir dos procesos seguidos a la misma persona que versen sobre los mismos hechos. Si se parte del rol del sistema penal como lmite al poder punitivo del Estado, la eleccin de la versin ms amplia del principio aparece como natural.

De esta manera, asentado el alcance del principio corresponde establecer su contenido. La doctrina ha establecido que deben presentarse tres identidades: debe tratarse de dos procesos 1) contra la misma persona, 2) por el mismo hecho histrico y 3) contener el mismo motivo de persecucin.

Respecto a la primera y segunda identidad los problemas que puedan suscitarse son menores. Dado que es una garanta personal juega en favor de una determinada persona y respecto a una hiptesis fctica sin importar la calificacin jurdica que le haya sido atribuda- sobre un mismo acontecimiento histrico subsumible en uno o varios tipos penales no puede existir para el justiciable ms de una consecuencia penal.

La tercera identidad la que interesa al presente estudio- se refiere a una misma razn jurdica y poltica de persecucin, es decir, eadem causa petendi. En el caso de una persecucin iniciada en busca de una sancin y otra en busca de una reparacin, por ejemplo, en el caso de un delito cometido por un empleado [8], por un lado se buscara su sancin penal y por otro su remocin del puesto, lo que sera una consecuencia del hecho delictuoso pero no una sancin en si misma. De esta manera, estaramos claramente frente a dos motivos de persecucin distintos, pero no siempre resulta sencillo establecer el alcance de esta correspondencia.

Justicia de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires

En el mbito de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, contamos con dos clases de normas; las contravencionales y las de faltas.

De esta manera, el poder punitivo del Estado se ramifica en dos direcciones: el derecho penal comn, por un lado, y el derecho administrativo sancionador, por el otro. Este ltimo ha estado desarrollndose como disciplina autnoma en las ltimas dcadas precisando y delimitando su carcter autnomo y bien diferenciado tanto del derecho administrativo como del derecho penal.

El rgimen legal de las denominadas faltas, modificado en el ao 2001, se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo. Ello obedece a su naturaleza estrictamente administrativa. Ya ha sostenido la ms elevada doctrina que si el acto eman de un rgano administrativo, se trata de un acto de la misma especie. En efecto, el art. 108 de la Constitucin de la Ciudad de Buenos Aires (en concordancia con lo establecido por el artculo 109 de la Constitucin Nacional) expresamente dispone que en ningn caso el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo pueden ejercer funciones judiciales., por ello, cualquier acto jurisdiccional por parte de la administracin importara la vulneracin de una norma de rango constitucional.

Este derecho administrativo sancionador se caracteriza por contar con un rgano administrativo que es el encargado de sancionar, ungido por la potestad punitiva, la reglamentaria y la fiscalizadora. Sin duda, una de las caractersticas principales de esta rama del derecho es que no exige un dao concreto a producido por el acto llevado a cabo, sino por la simple desobediencia a las normas de la Administracin, por ello, se trata de un derecho primordialmente preventivo.

Por el otro lado, el rgimen de contravenciones que rige en la Ciudad es de naturaleza penal. La mayora de nuestros autores niega que el delito y la contravencin tengan distinta naturaleza jurdica, y slo admiten que entre ambos media una diferencia de cantidad. Se ha intentado por va doctrinaria distinguir los delitos de las contravenciones utilizando distintos criterios y tratando de establecer una diferencia ontolgica entre ellos, aunque dicha diferencia est marcada, ms que nada, por el distinto origen legislativo, el mbito de su aplicacin y los diferentes bienes jurdicos que ambos protegen. Los delitos son configurados por el Cdigo Penal y su legislacin corresponde al Congreso Nacional, para ser aplicada en todo el territorio de la Nacin. Por el contrario, las contravenciones reconocen su origen en la Legislatura Local y su aplicacin se reduce, exclusivamente al mbito local donde fueron dictadas.

Sea como fuere, las diferencias entre las contravenciones y los delitos no resultan ser suficientes para distinguirlos en su naturaleza jurdica. De esta manera, cualquier parte del sistema punitivo del Estado, incluso el mnimo como sera el caso de las contravenciones, como parte de un Estado de derecho es necesaria la aplicabilidad de los principios propios del derecho penal sustantivo, que en su mayor parte provienen del Cdigo Penal.

Aplicacin de los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionador

Los principios del derecho penal deben aplicarse al derecho administrativo sancionador como una manera de juridizar la potestad sancionadora. Sera absurdo que este mbito del derecho dejase de lado la necesidad de proteger a los ciudadanos de la accin represiva del Estado. Si el derecho administrativo falla en su contencin del poder de polica la tendencia punitiva del Estado avanza el poder de la administracin y con ella el poder de polica, pero para ello es necesario que cuente con principios para aplicar. [9]

EL carcter retributivo y de prevencin general de las sanciones disciplinarias tienen notas comunes con el derecho penal sustantivo. Si bien entre ambos existen diferencias (el juez y el rgano administrativo, la especie de penas, etc.) dichas diferencias no resultan suficientes como para descechar la aplicacin de un principio fundamental como es el ne bis in idem. Evidentemente no ser aplicado con la misma severidad y seguramente estar en manos de los jueces establecer jurisprudencialmente el alcance de cada principio pero ello no significa descartarlos de plano.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza ha sostenido que las mismas garantas constitucionales que existen en materia penal deben aplicarse en materia de faltas o contravenciones [10]

Si bien no desconozco que a nivel nacional esta postura ha sido fuertemente criticada e inclusive la Corte Suprema no suscribe la misma, considero que es la nica interpretacin armnica entre la Constitucin de la Nacin, el derecho penal, el administativo y el administrativo sancionador.

[11]

Ahora bien, establecidas la diferencia entre materia contravencional y faltas administrativas (TSJ, (cf. "Transportes Veintids de Septiembre SAC s/ recurso de queja, expte. n 61/99, resolucin del 18/10/99) corresponde analizar la profundidad de dichas diferencias y si tales puede interponerse ante el principio fundamental de la prohibicin de doble persecucin penal, es decir, si la acumulacin de sanciones penales y administrativas afecta, o no, la garanta del non bis in idem.

La solucin a este problema resulta ser mucho ms simple y sencilla de lo que parece, toda vez que la doctrina suele inmiscuirse en discusiones acerca de la naturaleza jurdica de las faltas o de las contravenciones. Aunque uno adoptara la postura que sostiene que las contravenciones son penales y las faltas, sanciones administrativas, lo que interesa para el presente estudio es que AMBOS sistemas se rigen por principios similares.

En el campo de la bsqueda de una reaccin estatal, se han establecido diferencias: se ha distinguido, por ejemplo, la bsqueda de una sancin disciplinaria de la bsqueda de una sancin penal. Tal interpretacin restrictiva del principio eadem causa petendi no se conforma con el espritu de nuestra Constitucin ni con el de los Pactos internacionales a los cuales ha adherido nuestra nacin. Si el objeto del proceso es la aplicacin de una sancin, como respuesta del Estado a algo que ha calificado como infraccin a la ley, no debe distinguirse si tal respuesta reviste el carcter de una sancin contravencional, de una sancin por un delito o de una sancin disciplinaria.

Al ser de esta manera, el principio de non bis in idem debe ser vlido tanto a nivel contravencional como a nivel administrativo.

En definitiva, el non bis in idem prescribe la prohibicin de un ejercicio reiterado del ius puniendi del Estado, y, en el caso de anlisis, prohbe la compatibilidad entre penas y sanciones administrativas en aquellos casos en los que adecuadamente se constatare que concurre la identidad de sujeto, hecho y motivo que exige el principio mencionado.

Notas:

[1] Artculo 82 - Ruidos molestos. Quien perturba el descanso o la tranquilidad pblica mediante ruidos que por su volumen, reiteracin o persistencia excedan la normal tolerancia, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) das de trabajo de utilidad pblica o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos.Cuando la conducta se realiza en nombre, al amparo, en beneficio o con autorizacin de una persona de existencia ideal o del titular de una explotacin o actividad, se sanciona a stos con multa de seiscientos ($ 600) a diez mil ($ 10.000) pesos.No constituye contravencin el ensayo o prctica de msica fuera de los horarios de descanso siempre que se utilicen dispositivos de amortiguacin del sonido de los instrumentos o equipos, cuando ello fuera necesario.

[2] RUIDOS. El/la titular o responsable del establecimiento o inmueble desde el que se produzcan ruidos por encima de los niveles permitidos, es sancionado/a con multa de $ 200 a $ 5.000, y/o clausura del establecimiento, y/o inhabilitacin de hasta diez das. Cuando se trate de un edificio afectado al rgimen de propiedad horizontal, y no pueda identificarse al responsable de la falta, la multa se aplica contra el consorcio de propietarios, o en forma solidaria contra todos los propietarios de los departamentos que conforman el edificio. Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial el titular o responsable es sancionado con multa de $ 500 a $ 30.000 y/o clausura del establecimiento y/o inhabilitacin de hasta diez das.

[3] Artculo 80 - Ensuciar bienes. Quien mancha o ensucia por cualquier medio bienes de propiedad pblica o privada, es sancionado/a con uno (1) a quince (15) das de trabajos de utilidad pblica o multa de doscientos ($ 200) a tres mil ($ 3.000) pesos. La sancin se eleva al doble cuando la accin se realiza desde un vehculo motorizado o cuando se efecta sobre estatuas, monumentos, templos religiosos, establecimientos educativos y hospitalarios. En caso de que se trate de bienes de propiedad privada, la accin es dependiente de instancia privada, excepto en el caso de templos religiosos.

[4] 1.3.9 RESIDUOS DOMICILIARIOS FUERA DE HORARIO. El/la que deje en la va pblica residuos fuera de los horarios permitidos o en recipientes antirreglamentarios, es sancionado/a con multa de $ 50 a $ 500. Cuando la falta sea cometida por una empresa o los residuos provengan de un local o establecimientos en el que se desarrollen actividades comerciales o industriales el titular o responsable es sancionado/a con multa de $ 200 a $ 5.000 y/o inhabilitacin y/o clausura.

[5] 1.3.13 ARROJAR RESIDUOS. El/la que arroje desde balcones, terrazas o ventanas, residuos, desperdicios, deshechos u otros objetos a la va pblica, a partes comunes de edificios de propiedad horizontal o a predios linderos, es sancionado/a con multa de $ 100 a $ 5.000.

Cuando los residuos, desperdicios, deshechos u otros objetos arrojados provengan de un establecimiento industrial o comercial el titular o responsable es sancionado/a con multa de $ 200 a $ 30.000 y/o clausura del establecimiento y/o inhabilitacin de hasta diez das.

[6] Fallos Corte Suprema de Justicia de la Nacin, ao 1968, 272:188.

[7] Nuez, Ricardo La garanta del non bis in idem en el Cdigo de Procedimiento Penal de Crdoba, Revista de Derecho Procesal, ao IV, 4 trimestre 1946, pgina 317.

[8] Ejemplo ofrecido por Alberto M. Binder en Introduccin al Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, Ed. Ad Hoc, ao 1993.

[9] Zaffaroni, Eugenio Raul y otros, Manual de Derecho Penal Parte General, Ed. Ediar, ao 2000.

[10] SCJ, Campanello, Jos y jimnez, Carlos s/ inf. Arts. 67 y 66 del Cdigo de Faltas inconstitucionalidad del 21 de octubre de 1974 citada por Daniel MALJAR, El Derecho administrativo sancionador, Ed. Ad. Hoc, ao 2004.

[11] Es dable remarcar que la jurisprudencia de la Cmara de Apelaciones del fuero ha sostenido que la decisin de remitir las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas es una forma de ordenar el proceso, con lo cual no se estaran afectando los derechos del justiciable. (conf. TSJ, causa n 2571 Ministerio Pblico -Defensor Oficial en lo Contravencional n 7 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Cruz Martnez, Eugenia s/ art. 41 CC, rta. 5/11/2003.) No estaramos frente a una verdadera concurrencia de sanciones por lo que considero exagerado el planteo de afectacin al non bis in idem en dichas circunstancias. La decisin de un magistrado de encausar una investigacin no afecta el principio de non bis in idem dado que se trata de la MISMA causa que ahora pasar a tramitar bajo una rbita diferente y no de dos procesos distintos

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01/01/2011 08:00:00|DERECHO SANCIONADOREl principio non bis in idem y la subordinacin de la potestad sancionadora administrativa al orden jurisdiccional penalJos Antonio Martnez Rodrguez261411. IntroduccinEn trmino generales, el principionon bis in idem,consiste en la prohibicin de que un mismo hecho resulte sancionado ms de una vez, es decir, supone que no se imponga duplicidad de sanciones en los casos en que se desprenda identidad de sujeto, hecho y fundamento sin que haya una supremaca especial, como por ejemplo que se sancione a una persona dos veces por los mismo hechos en la jurisdiccin administrativa y la penal.Nuestra Carta Magna de 19781no recogi el principionon bis in idem,pero la doctrina ha defendido su vigencia por entender que la formulacin de la doble sancin est implcita en el propio principio de legalidad del artculo 25 de laConstitucinvigente que vetara una tipificacin simultnea de iguales conductas con los diferentes efectos sancionadores (Garca de Enterria), o tambin implcito en el principio de exigencia de racionalidad e interdiccin de la arbitrariedad de los poderes pblicos contenido en la norma del artculo 9.3 nuestra Constitucin.Hay casos de concurrencia de sanciones administrativas y penales, es decir existen situaciones que son constitutivas de delito y que a la misma vez pueden ser definidas como infracciones administrativas o disciplinarias , como por ejemplo , el artculo 468 deCdigo Penaltipifica el delito de quebrantamiento de condena que comete en grado de tentativa el condenado que intenta evadirse de la crcel, siendo esa misma conducta una falta muy grave establecida en el reglamento penitenciario, por la que su autor puede ser sancionado con la imposicin de aislamiento en celda.22. El principio?non bis in idem?:significado y efectosSegn Trayter Jimnez3la expresin ?non bis idem? encierra un tradicional principio general del Derecho con un doble significado: de una parte, su aplicacin impide que una persona sea sancionada o castigada dos veces por la misma infraccin cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. Por otra parte, es un principio procesal en virtud del cual un mismo hecho no puede ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, no pueden darse dos procedimientos con el mismo objeto. Esta vertiente procesal impide no slo la dualidad de procedimientos ?administrativo y penal- sino tambin el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos rdenes jurdicos como consecuencia de los efectos de la litispendencia y de la cosa juzgada.La Sentencia del Tribunal Constitucional 77/19834, recoge la doble vertiente, material y procesal, del principio, al manifestarse que?el principio non bis in idem determina una interdiccin de la duplicidad de sanciones administrativas y penales respecto de unos mismos hechos, pero conduce tambin a la imposibilidad de que cuando el ordenamiento permite una dualidad de procedimiento, y en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una calificacin de unos mismos hechos, el enjuiciamiento y la calificacin que en el plano jurdico puedan producirse, se hagan con independencia, si resultan de la aplicacin de normativa diferente, pero que no puede ocurrir lo mismo en lo que se refiere a la apreciacin de los hechos, pues es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los rganos del Estado?.Segn la STC 77/1983, de 3 de octubre, las consecuencias prcticas del principio que estamos analizando son:0. Cuando la Administracin tiene conocimiento de un acto ilcito antes que los rganos judiciales.En estos casos, el Tribunal Constitucional o declara la imposibilidad de que los rganos e la Administracin lleven a cabo actuaciones o procedimientos sancionadores si los hechos pueden ser tambin constitutivo de delito o falta segn las normas penales.Tanto en el mbito administrativo general (art. 133 de laLey 30/1992, de 30 de noviembrey el art. 7 delReal Decreto de 4 de agosto de 1993, sobre el ejercicio de la potestad sancionadora), como en diversas normas generales protectoras del medioambiente (entre ella, el art. 112 de laLey de Aguas 29/1985), se prev, en caso de que unos mismos hechos puedan constituir delito adems de infraccin administrativa, la obligacin por parte de la Administracin de comunicarlos al Ministerio Fiscal o a la Autoridad judicial , acordando la suspensin del procedimiento hasta que recaiga resolucin judicial sobre el mismo. Sin embargo, ello se subordina a la existencia de identidad de sujetos, hecho y fundamento entre la infraccin administrativa y la penal.En caso de que, sin embargo, exista identidad, la Administracin deber abstenerse de continuar el procedimiento administrativo y sancionar la conducta. En este caso tendr la obligacin de suspender el procedimiento y pasarle el tanto de culpa al Ministerio Fiscal o ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial.1. Cuando la Autoridad Judicial conoce, enjuicia y decide sobre un asunto antes de que lo haga la Administracin.En estos supuestos, existe la obligacin por parte de la Administracin de respetar el planteamiento fctico del rgano jurisdiccional as como la cosa juzgada establecida por la resolucin judicial.Para mayor compresin de lo dicho, sirva como ejemplo lo siguiente:Si recayese una resolucin absolutoria como por ejemplo en un delito ecolgico, y en la sentencia se declarase probado que el acusado no contravino la normativa administrativa ni particip en los hechos que se le imputan, la Administracin no podra iniciar un procedimiento sancionador contra dicho acusado, ni imponerle una sancin administrativa. En cambio, si el Tribunal absuelve al acusado estimando que no ha puesto en grave peligro ni la salud humana ni el equilibrio ecolgico aunque, considere, en cambio, que ha participado en los hechos enjuiciados y ha vulnerado las normas administrativas, la Administracin s estara facultado, en este caso, para imponerle una sancin.3. El principio general de non bis in idem en la jurisprudencia del Tribunal ConstitucionalSobre este principio se ha pronunciado nuestro Tribunal Constitucional al manifestar, ?que no recaiga duplicidad de sanciones ?administrativa y penal- en los casos en que se aprecie la identidad de sujeto, hecho y fundamento sin existencia de una relacin de supremaca especial de la administracin ?relacin de funcionario, servicio pblico, concesionaria, etc.- que justifique el ejercicio del ius puniendi por los Tribunales y, a su vez, de la potestad sancionadora de la Administracin?.Tambin este Tribunal tiene declarado que el principionon bis in idemdetermina una interdiccin de la duplicidad de sanciones administrativas y penales respecto a unos mismos hechos, pero conduce tambin al resultado de que cuando el ordenamiento permite una dualidad de procedimiento, y en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una calificacin ?unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los rganos del Estado?.Dndose aqu una aplicacin de la institucin jurdica de cosa juzgada, que segn este Tribunal, ?despliega un efecto positivo, de manera que lo declarado por sentencia firme constituye una verdad jurdica y un efecto negativo que determine la imposibilidad de que se produzca un nuevo pronunciamiento sobre el tema?.5El propio Tribunal Constitucional en abundantes sentencia ha admitido algunos supuestos de concurrencia entre la jurisdiccin penal y el derecho administrativo sancionador, como por ejemplo, cuando declaraque puede acumularse una pena y una sancin administrativa por un mismo hecho, si el sujeto se encuentra en relacin de sujecin especial con la Administracin.Estas declaraciones han sido utilizada por el varias sentencias del Tribunal Constitucional como pueden ser la de 13 de junio de 1990 y de 10 de diciembre de 1991, para admitir la duplicidad de sanciones penales y disciplinarias, aadiendo tambinque no basta con la relacin de sujecin especial sino que adems, las sanciones deben tener distinto fundamentos.Para el profesor Muoz Conde6la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no se cierra definitivamente el paso a la acumulacin de la sancin penal y administrativa, dado que el principios que estamos analizando parecen establecidos para permitirla en muchos casos: as, cuando sobre un mismo hecho concurre una pena y una sancin administrativa, con relativa frecuencia estaremos ante una relacin de sujecin especial entre el sancionado y la Administracin, con lo que s podr admitirse la acumulacin.El Tribunal Constitucional en su sentencia 94/1986, de 8 de julio declar que no infringe el ?non bis in idem?la aplicacin de una pena por quebrantamiento de condena y, al mismo tiempo, la privacin del beneficio penitenciario de la redencin de penas por el trabajo (artculo 100.1 de Cdigo Penal anterior), puesto que este segundo supuesto no tiene su fundamento en el castigo del delito cometido sino en el ?incumplimiento de una condicin?a que se encuentra sometida la redencin de penas por el trabajo.A continuacin tratare de hacer un comentario de la sentencia 2/2003 del Tribunal Constitucional donde apriorise puede ver vulnerado el principio general que estamos analizando en este trabajo, es el caso de una persona que es detenida por los agentes de la autoridad como consecuencia de ser autor de un delito contra la seguridad del trfico tipificado en el artculo 379 del Cdigo Penal, y al mismo tiempo o simultneamente es sancionado por la Administracin por infraccin del artculo 20.1 del Reglamento general de circulacin.7En este caso el demandante interpuso demanda de amparo contra la Sentencia de la Seccin Primera de la Audiencia Provincial de A Corua , que confirmo en apelacin la Sentencia del Juzgado de lo Penal de El Ferrol, que conden al recurrente como autor de un delito contra la seguridad del trfico del artculo 379 del Cdigo Penal, siendo al mismo tiempo registrada denuncia de la Guardia Civil de Trfico ante la Jefatura Provincial de Trfico de la Corua, sancionndose al infractor con una multa de 50.000 ptas. Presentando el sancionado recurso ordinario ante la Direccin General de Trfico alegando , adems de la falta de notificacin de la denuncia y de la propuesta de resolucin del instructor, la prescripcin de la sancin y la caducidad del expediente, y finalmente, que por los mismo hechos, se estaban siguiendo diligencias previas transformadas en procedimiento abreviado, dado que al existir identidad de sujeto, hecho y fundamento ente la infraccin administrativa y la infraccin penal se solicitaba la suspensin del procedimiento sancionador hasta tanto recayera resolucin judicial en dichas diligencias. La Direccin General de Trfico desestim el recurso interpuesto por el sancionado, y posteriormente se interpuso recurso contencioso-administrativo, desistindose con posterioridad, de modo que la sancin devino firme al drsele por desistido mediante Auto.La defensa del acusado aleg como cuestin previa al comienzo del juicio oral en el procedimiento penal, la excepcin de cosa juzgada al haber recado firme el expediente administrativo por los mismos hechos y habrsele impuesto las sanciones de multa y suspensin del permiso de conducir. El Ministerio Fiscal se opuso a la cuestin sealando el carcter preferente de la jurisdiccin penal y que con la Sentencia condenatoria penal se poda acudir a la anulacin del acto administrativo. El Juzgado de lo Penal desestim la cuestin con base en la preferencia de la jurisdiccin penal, y posteriormente el condenado recurri la sentencia en apelacin, siendo desestimado por la Audiencia Provincial de A Corua, con el argumento de que el principio non bis in idem no impide que un mismo hecho pueda recibir diferente tratamiento en los diferentes mbitos y que existi un error en el procedimiento sancionador que no puede impedir la sancin penal , sino que tiene que dar lugar a su subsanacin; de otra parte, ordena que en ejecucin de sentencia se descuente la multa satisfecha y la duracin de la privacin del carn de conducir, as como que no se puede plantear la cuestin como un conflicto de jurisdicciones dada la preferencia del orden penal.La propia Audiencia Provincial en sus fundamentos jurdicos razona:?El principio non bis in idem no impide que un mismo hecho pueda recibir diferente tratamiento en dos diferentes mbito debiendo en este caso sencillamente atenernos a un cierto orden de preferencia, que en esta materia viene resolvindose a favor de la jurisdiccin penal (artculo 10LOPJ), a la que con carcter general se le viene atribuyendo siempre preferencia. En consonancia a lo cual en esta materia la Ley de Seguridad Vial (artculo 65.1RD leg. 339/1990 de 2 de marzo) ordena a la Administracin que cuando estas infracciones puedan constituir una vulneracin del ordenamiento penal, pasar tanto de culpa a los Tribunales y suspender el procedimiento sancionador en tanto no recaiga sentencia firme?.El recurrente en amparo alego en su demanda ante el Tribunal Constitucional que la lesin se ocasion aun cuando la Administracin tena pleno conocimiento de que sobre los mismos hechos exista un procedimiento penal en curso, pues no procedi a suspender el procedimiento sino que impuso la sancin; de modo que el sancionado nada pudo hacer para evitar el cumplimiento de la sancin dada la ejecutividad de la misma. Los Tribunales penales, una vez que los hechos estaban sancionados ya no podran sancionar los mismos hechos, por lo que la conducta tena que quedar penalmente impune.El Ministerio Fiscal interes la desestimacin de la demanda de amparo, alegando que el supuesto de hecho guarda notable paralelismo con el que fue objeto de laSTC 152/2001, pues al igual que en aquel caso, el demandante centra su queja en la duplicidad de procedimiento y en la imposicin de dos correctivos. La nica diferencia entre ambos casos residira en que, si bien en el caso que dio lugar a la STC 152/2001 el demandante silenci ante la Administracin la dualidad de procedimiento, y slo puso en conocimiento de la jurisdiccin penal la sancin administrativa una vez que sta era firme, en este caso el demandante de amparo s puso en conocimiento de la Administracin la existencia del procedimiento penal al recurrir la sancin aportando el escrito de calificacin del Ministerio Fiscal.En este caso considera del Fiscal que el demandante de amparo conoca desde sus inicios la dualidad de procedimientos y lo silenci en el procedimiento administrativo hasta que se impuso la sancin administrativa, de modo que slo con la interposicin del recurso ordinario decidi poner en conocimiento de las autoridades administrativas la existencia del procedimiento penal.El Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo al considerar que en el caso examinado, las resoluciones penales no han ocasionado la vulneracin del derecho a no ser sancionado en ms de una ocasin por los mismos hechos con el mismo fundamento (artculo 25.1 CE), pues no ha habido reiteracin sancionadora, ni tampoco la lesin del derecho a no ser sometido a un nuevo procedimiento punitivo por los mismos hechos (art. 24.2 en relacin con el art. 25.1 CE),ya que el procedimiento administrativo sustanciado no es equiparable a un proceso penal a los efectos de este derecho fundamental.Siguiendo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional8comentare a continuacin la sentencia 177/1999, que estima otorgar el amparo en sentido de reconocer el derecho fundamental del demandante a la legalidad penal y sancionadora, en su vertiente del derecho a no ser doblemente sancionado por unos mismos hechos (art. 25.1 C.E.).Entre los antecedentes de esta sentencia que otorga el amparo al recurrente cabe destacar lo siguiente:La Junta de Aguas de la Generalitat de Catalunya con fecha 28 de marzo de 1990, incoa expediente sancionador contra la mercantil IRM LLOREDA S.A., tras haber observado irregularidades en una inspeccin realizada en el mes de febrero anterior, acusndose a esa empresa de una falta grave por los vertidos efectuados al ro Congost.Posteriormente con fecha 23 de octubre de 1990 la Junta de Aguas pone en conocimiento de la Polica Judicial los hechos por si los mismos pudieran constituir un delito de los establecidos en el artculo 347 bis del Cdigo Penal de 1973. A pesar de todo la misma Administracin con fecha 12 de noviembre de 1990 dicta resolucin sancionando a la empresa con 1.000.000 ptas. como consecuencia de una infraccin menos grave.Pero con fecha 15 de febrero de 1991 la Fiscala presenta querella criminal contra los directivos de la empresa, siendo ellos condenados el 1 de marzo de 1994 por un Juzgado de lo Penal de Barcelona, condenando a Jos Mara Lloreda como autor del delito contra el medioambiente del artculo 347 bis del Cdigo Penal de 1973 con pena de dos meses de arresto mayor y el pago de una multa de 1.000.000 Ptas.En mi opinin el problema se plantea al deducir lo expuesto es que no existe un mecanismo que corrija la actuacin administrativa cuando esta ha obviado la preferencia del procedimiento penal.La cuestin que se debe analizar es si se ha vulnerado el principionon bis in idem,dado como se ha manifestado anteriormente es un principio general del derecho que aunque no esta reconocido expresamente en nuestra carga magna es susceptible de recurso de amparo constitucional dado su carcter fundamental y su vinculacin con el principio de legalidad.Para analizar el presente caso, primero se debe de diferenciar las dos vertientes delne bis in idemy concretar a continuacin qu tipo se ha infringido con los elementos ligados al presente caso.El principio que se est analizando en este trabajo se caracteriza por ser la prohibicin de que por procedimiento distintos, autoridades del mismo orden jurisdiccional sancione la misma conducta antijurdica o que, como parece en este caso, se sancione tanto por va administrativa como penal los mismos sujetos por la comisin de los mismos hechos y cuya sanciones tengan el mismo fundamento.El principione bis in idemprocesal es la vertiente del mismo principio por lo que en casos de colisin entre la actuacin administrativa y la judicial se seguir el principio de subordinacin de la primera a la segunda. De lo que se deriva que las Administraciones no pueden proceder en actuaciones sancionadoras cuando los hechos puedan constituir delitos o faltas tipificada en la materia penal, si no que deberan suspender el proceso hasta cerciorarse de que estn legitimado a proceder mediante la sentencia dictada por el rgano judicial.Por ello entiendo que en este caso se ha vulnerado elnon bis in idemprocesal y la gravedad de la actuacin administrativa queda latente desde el momento en que demostr reconocer la posibilidad de que los hechos pudieran constituir delito al remitir la actuacin a la autoridad penal y, sin embargo, no espera el pronunciamiento judicial para continuar el expediente sancionador administrativo en caso de que procediera.Por otro lado debemos averiguar si se da la identidad de sujeto, hecho y fundamento para contemplar la posible lesin alnon bis in idemmaterial.En materia administrativa se admite como sujeto infractor a una persona jurdica como lo es en este caso la empresa IRM LLOREA S.A., sin embargo en derecho penal la conducta antijurdica slo puede imputarse a la persona fsica autora del delito, en este caso Jos Mara Lloreda.En cuanto a la identidad de fundamento jurdico la normativa administrativa slo incluye en la tipificacin de las sanciones el mero hecho de haber vertido una determinada cantidad de vertido, por lo defiende intereses regulativos, mientras que en el tipo que constituya delito penal se requiere que se de un resultado de afectacin del equilibrio del ecosistema.En conclusin, segn lo expuesto anteriormente no se puede afirmar la existencia de los requisitos para la infraccin delnon bis in idemmaterial puesto que no coincide sujeto, objeto y fundamento jurdicos, con el entendimiento que en la condena penal va incluida la sancin administrativa, sin que se pueda admitir la coexistencia de ambas por lo que s aparece la lesin al principione bis in idemprocesal.4. El principio general de non bis in idem en la jurisprudencia del Tribunal SupremoA continuacin tratar de hacer algunos comentarios de varias sentencias que desestima la vulneracin del principio general non bis in idem por diversos motivos:El Tribunal Supremo9en su sentencia de 25 de marzo de 2004, desestima el caso donde el recurrente ante la mera denuncia procede voluntariamente a realizar el pago de la multa administrativa sabiendo que existe un proceso pean por los mismos hechos, considerando el Alto Tribunalque una aplicacin a ultranza del principio non bis in idem llevara, en estos supuestos, a dejar en manos de la voluntad del infractor eludir la va penal con slo admitir y someterse a la sancin administrativa, lo cual cree ?TS- no debe de ser admisible pues, utilizar la sancin administrativa como defensa ulterior frente a la condena penal es una alteracin de la funcionalidad del principio nom bis idem que no puede ser atendible, y, en definitiva, entraa un fraude de aquellos preceptos constitucionales y legales que establecen la prevalencia de la jurisdiccin penal sobre la Administracin sancionadora.Sigue declarando el Alto Tribunal que para conjugar estos intereses se debe de seguir la pauta apuntada en la sentencia del Tribunal Constitucional 2/2003 de 16 de enero segn la cual procede subsanarlo, dando as satisfaccin a dicho principio non bis in idem, aplicando en ejecucin de sentencia el descuento sobre la pena, que con toda correccin le impone la sentencia , de aquellas cantidades que acredite haber satisfecho por este motivo a la administracin , y ordenando se libre testimonio de la resolucin a la administracin al objeto de que deje sin efecto cualquier anotacin o consecuencia posterior que puede tener el expediente. As se impide e exceso punitivo y no puede afirmarse que se hayan impuesto dos sanciones al recurrente, una en va administrativa y otra en va penal.En otro caso como el comentado anteriormente el Tribunal Supremo en su sentencia de 19 de abril de 2005, estima parciamente las pretensiones del actor, en este supuesto se condena en primera instancia a un delito contra la seguridad del trfico, interponiendo el acusado recurso de apelacin aduciendo que la sentencia de instancia infringe el principio non bis dem al condenarle por un delito contra la seguridad del trfico , cuando ya haba sido condenado por estos mismos hechos, en va administrativa por conducir con una tasa de alcoholemia superior a la permitida. En los fundamentos jurdicos se alude a algunas sentencia del Tribunal Constitucional que aclara el principio general que estamos analizando en este trabajo, concretamente a sentencia 177/1999, que seala que el principio ne bis in idem prohbe la doble condena por un mismo hecho, pero sealan que este principio tambin tiene un alcance procesal en el sentido que nadie puede ser objeto de ms de un procedimiento por una misma causa.Para resolver este caso sigue aludiendo nuestro Alto Tribunal a la doctrina cientfica respecto al contenido penal y procesal del principione bis in idemque tambin precisa el alcance desde la perspectiva constitucional del principio o regla de prevalencia de la Jurisdiccin Penal sobre la potestad sancionadora de la Administracin Pblica, pero haciendo una salvedad de que, irrogada una sancin, sea sta de ndole penal o administrativa, no cabe sin vulnerar el mencionado derecho fundamental , superponer o adicionar otra distinta, siempre que concurran las tan repetidas identidades de sujeto, hechos y fundamentos. Continua en el presente caso haciendo el Tribunal Supremo referencia a la doctrina del Constitucionaleste principio, que, deriva no solo de las previsiones del artculo 25 de laConstitucin Espaola, sino igualmente del artculo 10.2 , art. 9.3, del principio de seguridad jurdica y, por ltimo, del principio de proporcionalidad, como expresamente recogi la sentencia del TC de 15 de octubre de 1990 tiene, por una parte, una vertiente material que prohbe la duplicidad de sanciones, administrativa y penal, en los casos en que exista identidad del sujeto, del hecho y de fundamento, y por la otra, una vertiente procesal que prohbe que un mismo hecho pueda dar lugar a dos procedimiento simultneos concurriendo citada triple identidad.Y as, la preferencia que se impone de la jurisdiccin penal sobre la administrativa, obliga a la administracin a abstenerse de actuar en los supuestos en que los hechos pueden ser constitutivos de infraccin penal, mientras la Autoridad Judicial no se haya pronunciado sobre ellos; y cuando tal deber de abstencin era infringido, procede o bien declarar nulo el acto administrativo sancionador o computar la sancin administrativo sancionador o computar la sancin administrativa en la ejecucin penal?.5. La Supremaca del Orden Penal a la Potestad SancionadoraLa doctrina de nuestro Tribunal Constitucional de manifiesta en abundantes sentencia que las autoridades administrativas no pueden, sancionar unos hechos que el Tribunal de lo penal ha declarado inexistentes o simplemente no probado. Sin embargo no procede lo contrario, es decir que unos hechos sancionable por un acto administrativo , aunque est a posteriori confirmado por sentencia firme de la Jurisdiccin Administrativa, vincule al Orden Penal, toda vez que segn el Constitucional ?la imposibilidad de que los rganos de la Administracin lleven a cabo actuaciones o procedimientos sancionadores en aquellos casos en que los hechos puedan ser constitutivos de delitos o falta segn el Cdigo Penal o las leyes especiales, mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado sobre ello?.Segn el profesor Ramn Parada10la contundencia con el Tribunal Constitucional formula esta regla ?regla que se halla ya recogida para las infracciones monetarias en el artculo 9 de laLey 40/1979, sobre rgimen jurdico de Control de Cambios, o el artculo 10 del Real Decreto 263/1985, 94.3 de la Ley de Costa de 1988- puede suponer un indudable freno al ejercicio de los poderes represivos de la Administracin cuando sobre una misma materia, como ocurren en materia de contrabando, fiscal o delitos monetarios , inciden tipificaciones penales y administrativas deslindada nicamente por la cuanta de la infraccin. Sigue diciendo del profesor Parada,que en estos casos, el traspaso evidente de los lmites cuantitativos por los rganos de investigacin o sancionadores de la Administracin puede da lugar, adems de la nulidad de las actuaciones y actos administrativos por vicios de incompetencia, a la consiguiente responsabilidad de los funcionarios y autoridades por usurpacin de funciones judiciales?.Por el contrario la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 1986, no se ajusta a la doctrina del Tribunal Constitucional, dado que aplica el principionon bis in idemmanifestando que se pueda cegar una actuacin penal por la previa sancin administrativa. En esta sentencia de nuestro Alto Tribunal se niega la posibilidad de condena por delito fiscal cuando los mismos hechos han sido castigados con sancin administrativa, prosiguiendo el juzgador a manifestar que ?la posibilidad de sancionar administrativamente y ms tarde penalmente, o viceversa , se halla proscrita por la STC de 30-01-1981, cuando declara que la Constitucin Espaola , suprema rectora del ordenamiento jurdico, no sanciona favorablemente el principio de derecho non bis in idem, sino que, antes al contrario , el respaldo por el ordenamiento constitucional es el principio de Derecho non bis in idem, el cualno permite, por unos mismos hechos, duplicar o multiplicar la sancin sea cualquiera la autoridad que primeramente la haya impuesto, caso que es el autos, puesto que la Hacienda pblica ya impuso al presunto infractor una sancin pecuniaria?.Para el profesor Parada Vzquez11la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn en su artculo 137.2, recoge s esta preferencia procesal de la Jurisdiccin penal en la averiguacin de los hechos, en su determinacin o fijacin definitiva, al prescribir que ?los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales vincularn a las administraciones pblicas respecto de los procedimientos sancionadores que sustancie?;pero, de otra parte no es tan contundente en la prohibicin de la sancin administrativa despus de la penal por los mismos hechos, puesto que a la necesidad de esa identidad fctica agrega otro dos requisitos propios del ms exigente concepto de cosa juzgada: ?no podrn sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hechos y fundamentos?.Sobre el principio que estamos analizando en este trabajo se pronuncia tambin el Tribunal Constitucional12en su sentencia de 25 de marzo de 2004, cuando en materia de disciplina funcionarial se juzga la criminalidad de los hechos imputados a un polica, aceptndose como jurdicamente correcta la imposicin de una sancin disciplinaria por una falta de prohibida sin denuncia de aquellos hechos a la autoridad judicial.Fdo. Jos Antonio Martnez RodrguezAbogadoBibliografaEl Delito Ecolgico, Prat Garca Josep y Soler Matutes Pedro, editorial CEDECS EDITORIAL S.L.Derecho penal parte general, Muoz Conde, editorial tirant lo Blanch.Derecho Administrativo, parte general , Ramn Parada, Editorial Marcial Pons.De nuevo sobre la potestad sancionadora, Rubio de las Casas.El principio non bis in dem, Cuaderno Lus Jimnez de Asua, de Lpez Barja de Quiroga, Jacobo. Editorial Dykinson.Revista constitucional sobre el principio non bis in idem, libro homenaje al profesor Dr. Don Gonzalo Rodrguez Mourullo.El principio non bis in idem en el procedimiento sancionador, Joaqun Meseguer Yebra, Editorial Bosch S.A.Consideraciones jurdicos-administrativas sobre las jurisdicciones punitivas especiales, Madrid, 1971Efectos de la invocacin tarda de la vulneracin del ne bis in idem. , Jaime de Lamo Rubio, Noticias Jurdicas, Septiembre de 2001.Notas1Constitucin Espaola de 1978.2Muoz Conde, derecho penal parte general, editorial tirant lo Blanch.3Trayter Jimnez, Juan Manuel, ?Sancin penal-sancin administrativa: el principio non bis in idem en la Jurisprudencia?, Poder Judicial, nm. 22,1991,pg. 113.)4Sentencia del Tribunal Constitucional 77/1983.5Sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de enero de 1981.6Profesor Muoz Conde, Derecho Penal parte general.7Sentencia del Tribunal Constitucional 2/2003, de 16 de enero.8Sentencia del Tribunal Constitucional 177/19999Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2004.10Ramn Parada Vzquez, Catedrtico de Derecho Administrativo, Parte General , quinta edicin, editorial Marcial Pons.11Profesor Parada Vzquez, Derecho Administrativo, parte general, editorial Marcial Pons.12Sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de marzo de 2004

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