Número 1

Veracruz, el miedo que silencia Daniela Pastrana

Periodista independiente especializada en temas de derechos humanos y directora de

Periodistas de a Pie

El 6 de diciembre de 2012, a las 7:36 p.m. el portal de noticias plumaslibres.com publicó

en la red social Twitter unos mensajes de alerta:

“Por la falta de garantías para el ejercicio del periodismo en Veracruz y el respeto a la

integridad de sus miembros…

“Plumas libres retirará la información sobre los hechos en Antigua

“Esperamos la comprensión de la sociedad ante un escenario de descomposición

creciente para el periodismo en Ver”

Los tuits se referían a una nota sobre la localización de 8 cuerpos en el paraje de la

Ceiba, que había sido subida a la página dos horas antes. “Reportan masacre en

Cardel”, titulaba la nota. Cardel es la cabecera municipal de La Antigua, municipio que

está a unos 30 kilómetros al norte del puerto de Veracruz.

Plumas Libres era el último reducto de resistencia al silencio forzado de periodistas y

medios de comunicación de ese estado suroriental, impuesto por los grupos criminales y

avalado por autoridades de todos los niveles de gobierno. Fundado en mayo de 2009,

rápidamente se convirtió en un medio de referencia, en el que algunos periodistas se

atrevían a publicar sin firma la información que no cabía en ningún otro medio. Desde

que nació, hizo público un código de ética1

1Plumas Libres “Código de ética”, s.a, http://plumaslibres.com.mx/codigo-de-etica/

que establece un compromiso con el derecho

a la información y a la libertad de expresión, y pautas claras en las relaciones

comerciales con sus clientes. Así aguantó los dos primeros años del gobierno de Javier

Duarte, en los que Veracruz se convirtió en uno de los sitios más peligrosos para ejercer

el periodismo.

Duarte tomó posesión del cargo como gobernador del estado el 1° de diciembre de

2010, en sustitución de Fidel Herrera Beltrán. De esa fecha a diciembre de 2012 fueron

asesinados 9 periodistas, al menos otros 4 están desaparecidos, una veintena se vio

forzada a abandonar el estado y/o a dejar el periodismo por amenazas a su vida y un

diario fue incendiado.

El gobierno de Veracruz ha intentado por todos los medios mejorar su imagen. La

franquicia del Hay Festival Xalapa tuvo en 2012 a famosos periodistas como invitados

especiales. La oficina de Comunicación Social mantiene una dura política de control

sobre los medios a través de las pautas publicitarias, y en varios casos ha solicitado a

los directivos el cambio de asignatura de reporteros críticos.

En septiembre de 2011, después de que dos ciberactivistas que difundieron rumores de

ataques en escuelas fueron encarcelados por “terrorismo”, el Congreso del Estado

aprobó una controvertida reforma al artículo 373 del Código Penal, popularizada como

“Ley Duarte” que sancionaba con 2 a 4 años de prisión y multa de 500 a 1000 días de

salario a quien “por cualquier medio afirme falsamente la existencia de aparatos

explosivos y otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas

o tóxicas que puedan causar daño a la salud; ocasionando perturbación del orden

público”.2

Finalmente, en junio de 2012, el gobernador anunció la creación de la Comisión Estatal

para la Defensa de los Periodistas, que se formalizó el 18 de diciembre con un

presupuesto anual de 15 millones de pesos, de los cuales, más de la mitad serían para

salarios de 37 personas que forman la estructura operativa.

La Comisión está integrada por Rocío Ojeda Callado, directora de la facultad de Ciencias

de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, como presidenta, y la académica

Namiko Matzumoto Benítez, como secretaria ejecutiva, además de ocho comisionados:

Baltazar Pazos Gómez, dueño de uno de los medios más influyentes en la zona

conurbada; Norma Gibb Guerrero, propietaria de La Opinión de Poza Rica; Rogerio

Pano Rebolledo, director de Telever; Jorge García Morato, coordinador de MVS Radio

en Poza Rica; Benita González Morales, directora de Notisur; Gerardo Enríquez Aburto,

presidente de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos; Martín Jesús García

Pérez, presidente del Frente de Comunicadores del Norte de Veracruz y Jorge Morales 2 La presión de organizaciones de la sociedad civil forzó al gobernador a realizar una enmienda que fue aprobada por el Congreso en noviembre de 2012, que incluye un elemento de intencionalidad en el delito.

Vázquez, reportero reconocido en el gremio y uno de los socios de Plumas Libres, cuyo

nombramiento fracturó al equipo y lo obligó a separarse de su actividad en el portal.

Pero los reporteros ven al organismo “autónomo” como un instrumento más de control

estatal y la mínima confianza que le tenían se esfumó a principios de 2013, cuando

Morales fue apercibido por hacer públicos los gastos de la Comisión.

El mapa de la agresiones en Veracruz

Veracruz es la tercera entidad más poblada del país, con 7,6 millones de habitantes, y

uno de los nueve que no han conocido la alternancia política. Tiene 720 kilómetros de

costas y fronteras con otras siete entidades. En la última década se convirtió en la zona

más peligrosa para los migrantes centroamericanos en su paso hacia Estados Unidos.

Es también una de las regiones más asoladas por la violencia que ha producido la

extensión de Los Zetas -el más cruel de los grupos criminales que operan en México- en

la franja oriente del país3

El escenario político también es complejo. En las elecciones presidenciales de julio de

2012, el Partido de la Revolución Institucional (PRI) perdió todas las casillas de la zona

urbana de la capital, pero ganó en el resto del estado con el voto de las áreas rurales,

donde los grupos criminales tienen el control, y de la región petrolera, controlada por el

senador priísta Carlos Romero Deschamps.

. Una investigación del diario Milenio, publicada en octubre de

2012 y basada en registros forenses, reveló que de 24 mil cuerpos enterrados sin

nombre en el gobierno del presidente Felipe Calderón, 5 mil están en Veracruz. La

información es incompleta, pues el gobierno estatal se negó a entregarla argumentando

que "invadiría la privacidad" de los cadáveres desconocidos.

En ese contexto, Veracruz saltó en 2011 y 2012 a los primeros lugares de todas las

listas negras de libertad de expresión. Registró todas las formas graves de ataques a la

prensa: periodistas asesinados y desaparecidos, mujeres periodistas agredidas, ataques

a medios de comunicación y periodistas forzados al exilio. En el mapa de las agresiones

a periodistas destaca el puerto, con seis periodistas y una trabajadora del área de 3Los Zetas diversificaron las modalidades del crimen, del narcotráfico y la trata o el tráfico de personas, hasta el

contrabando de gasolina. El 21 de septiembre de 2011, 35 cadáveres fueron abandonados en un puente en el

puerto, donde había una reunión de todos los procuradores del país; la acción fue atribuida a un grupo contrario a

Los Zetas.

publicidad asesinados, seguido de Xalapa, con dos periodistas asesinados, entre ellos la

corresponsal del Semanario Proceso, Regina Martínez. De ahí también son la mayoría

de los periodistas desplazados.

Hay otra zona al sur, entre los municipios de Acayucan y Chinameca, donde

desaparecieron tres periodistas -uno de ellos, Noé López Olguín, fue asesinado-. En esa

región, cercana al puerto petrolero de Coatzacoalcos, se encuentra Ciudad Isla,una

comunidad que es foco rojo por desapariciones y asesinatos de mujeres.

Córdoba, donde el diario El Buen Tono fue incendiado, es una ciudad de la cordillera

montañosa colindante con la Zongolica y Río Blanco, una parada importante en la ruta

de los migrantes centroamericanos. Los reporteros de la región confirman que, desde

hace por lo menos un año, los directivos reciben llamadas de grupos criminales con

indicaciones de lo que deben o no publicar.

Pero la gran zona de silencio está en el norte del estado, en la región del Pánuco que

colinda con Tamaulipas. Ahí, Twitter es el único medio para tener información de las

constantes balaceras. Miguel Morales, el último reportero desaparecido, trabajaba en el

Diario de Poza Rica, municipio ubicado entre la capital y esta zona.

Impunidad, miedo y exilio

La prensa de Veracruz captó la atención del mundo con los asesinatos de Miguel Ángel

López Velasco y Yolanda Ordaz, veteranos periodistas de Notiver, el diario de mayor

circulación del puerto, en junio y julio de 20114

4 El 20 de junio, hombres armados asesinaron en su casa a Miguel Ángel López Velasco, editor de la sección policiaca de Notiver que escribía bajo el pseudónimo de Milo Vela. Fue asesinado junto con su esposa, Agustina Solana y su hijo menor, Misael López Solana, fotorreportero en el mismo diario. Su lugar fue ocupado por Yolanda Ordaz. El 24 de julio, sus compañeros reportaron su desaparición y dos días después, fue localizado su cuerpo con señales de tortura.

. Entre finales de julio y mediados de

septiembre, al menos 13 reporteros huyeron del estado, entre ellos, Miguel Ángel López

Solana (hijo de López Velasco), Hugo Gallardo, corresponsal de Televisa, y Rafael

Pineda Rapé, corresponsal de Milenio y Chamuco.

En diciembre de ese año, la Red de Periodistas de a Pie recopiló los testimonios

anónimos de cinco reporteros5

La psicosis se ha apoderado del periodismo en Veracruz (…) Ante el éxodo masivo

de reporteros policiacos, las mesas de redacción se quedaron con el problema de

cómo llenar esa sección (…) el nuevo gobierno estableció la política de censura

‘sutil’, la cual significa que, casi inmediatamente de subir una nota que hable sobre

la violencia en el estado, los medios reciben una llamada de parte de Comunicación

Social pidiendo que la eliminen o que sólo dejen el boletín de prensa publicado.

Nadie sale a informar desde aquel 26 de julio, día en que se encontró el cuerpo

decapitado de Yolanda Ordaz. De por sí el compromiso por buscar un buen

reportaje en Veracruz se mantenía de bajo perfil. La investigación y el quehacer

periodístico han quedado en segundo plano.

–tres del puerto, uno de Xalapa y otro de Acayucan-

sobre lo que habían vivido ese año. Este es parte de uno de ellos:

La inacción de las autoridades para esclarecer los crímenes y garantizar el libre ejercicio

del periodismo provocó una escalada en las agresiones graves a periodistas. En 2012,

Veracruz concentró 6 de 8 asesinatos y trabajadores de medios y 2 de las 4

desapariciones que se documentaron en todo el país.

El asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso, quien el 28 de abril de 2012

fue estrangulada en el baño de su casa en Xalapa, elevó al máximo la alerta en el

gremio. Martínez era una periodista reconocida que trabajaba en un medio de circulación

nacional, vivía en la capital -que hasta entonces parecía intocable- y no cubría la fuente

policíaca, sino temas de política y corrupción. Su asesinato fue noticia en la prensa

mundial y en la ciudad de México hubo protestas. En Xalapa, los periodistas vivieron una

crisis de terror que se agravó con el asesinato del profesor universitario José Luis

Blanco, un académico cercano a la periodista.

En el testimonio que había escrito apenas cuatro meses antes, y que es uno de los cinco

recopilados por Periodistas de a Pie, dejó claro el terror con el que vivía:

La prensa veracruzana vive sus momentos más difíciles, de represión,

desapariciones, asesinatos, amenazas de muerte, despidos y censura. La

5 Periodistas de a Pie, "Los riesgos de informar en Veracruz", Nuestra Aparente Rendición, http://www.nuestraaparenterendicion.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=795%3Alos-riesgos-de-informar-en-veracruz%2Ftestimonios-de-5-periodistas*&Itemid=108

autocensura se ha extendido a raíz de los asesinatos, hay pánico en los reporteros

y fotógrafos que ya no salen a cubrir accidentes o las notas policiacas (…) A los

fotógrafos, la misma policía les ordena desaparecer imágenes. Otros reporteros

tienen amenazas de secuestro. Ahora vivo el peor clima de terror, cierro con llave

toda la casa, no duermo y salgo a la calle viendo a un lado y otro para ver si no hay

peligro...

Cinco días después del asesinato de Martínez, Veracruz volvió a ser nota mundial. El 3

de mayo, mientras el mundo celebraba la Libertad de Prensa, fueron localizados en un

canal de drenaje del puerto-y adentro de bolsas de plástico- los cuerpos mutilados de

tres fotógrafos: Gabriel Huge, de Notiver, Guillermo Luna, de la agencia Veracruznews y

Esteban Rodríguez, ex colaborador del diario AZ, así como de Irasema Becerra,

trabajadora del área de publicidad del diario El Dictamen. Los fotorreporteros habían

huido de Veracruz en julio de 2011, pero regresaron ante la imposibilidad de conseguir

trabajo en otro lado. Esteban Rodríguez ni siquiera regresó al periodismo; estaba

trabajando en un taller mecánico. Sus compañeros de trabajo recibieron la orden

expresa de los directivos de sus diarios de no asistir a los funerales. El diario AZ se

deslindó públicamente de cualquier relación laboral con su ex empleado y la hermana de

uno de ellos, que trabajaba en El Dictamen, fue despedida con el argumento de que su

presencia ponía en riesgo a la empresa. Las condiciones en las que encontraron los

cuerpos provocaron el segundo éxodo de reporteros del estado.

Uno de ellos, Miguel Ángel López, decidió buscar asilo en Estados Unidos y el 22 de

mayo, en el Foro de Austin del Periodismo de las Américas, presentó un conmovedor

testimonio de la soledad de los periodistas veracruzanos6

El 11 de mayo, Cecilio Rodríguez Domínguez, reportero de la revista Proyectos de

Chinameca, desapareció, de la misma forma y en la misma región que un año antes

desaparecieron Noé López y Manuel Fonseca. Pero su ausencia pasó desapercibida, en

medio del escándalo por los asesinatos de sus colegas.

. Otro reportero que tuvo que

dejar el país fue Andrés Timoteo, corresponsal de La Jornada. Un periodista veterano en

medios locales confesó en una reunión que para soportar la tensión de esos días había

aumentado su consumo de alcohol. Otro, ante la pregunta de “¿qué necesitan?”, pidió

una pistola. Pero aclaró: “no es para defenderme, sino para que no me agarren vivo”.

6 Knight Center, “Miguel Ángel López Solana”, http://vimeo.com/42842545

El 7 de junio, para conmemorar el Día de la Libertad de Expresión, el gobierno estatal

anunció la creación de la Comisión para protección de periodistas y en una fiesta rifó,

entre otros regalos, 5 automóviles último modelo y 10 becas para un curso de una

semana en España, con gastos pagados7

El 25 de julio, Miguel Morales Estrada, fotógrafo policiaco del Diario de Poza Rica fue

desaparecido. El 19 de julio avisó a los directores que necesitaba salir de la ciudad por

"problemas personales" desde entonces nadie, ni su esposa, volvió a saber de él.

. Víctor Manuel Báez Chino, editor de la

sección policiaca de Milenio Xalapa y de la página web Reporteros Policiacos, ganó uno

de los automóviles rifados. Pero no tuvo tiempo de estrenarlo. El 13 de junio fue

secuestrado al salir de su oficina y al día siguiente su cuerpo fue localizado con un

mensaje del grupo criminal. Era el segundo periodista asesinado en la capital.

Para el gobierno de Veracruz, todos los casos están resueltos.

Días después del asesinato de Milo Vela y su familia, el entonces Procurador de Justicia

Estatal, Reynaldo Escobar, señaló como responsable a Juan Carlos Carranza Saavedra,

un ex oficial de tránsito municipal relacionado con la mafia, y ofreció una recompensa

por su captura. Pero un mes después ligó el asesinato de Yolanda Ordaz con presuntas

“ligas” con grupos criminales y como prueba exhibió unas grabaciones y el video de un

interrogatorio extrajudicial en el que se mencionan los nombres de los periodistas de

Notiver. El diario respondió el 27 de julio con un duro editorial donde rechaza el

señalamiento “por injusto, irresponsable y majadero”, exige una disculpa pública y la

renuncia del funcionario.

Escobar dejó el cargo en octubre de ese año y su lugar fue ocupado por Amadeo Flores

Espinosa, quien repitió la fórmula de su antecesor para “aclarar” los asesinatos de 2012.

En agosto, anunció la detención de siete integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación

que, según su versión, confesaron haber participado en el homicidio de los

fotorreporteros en el puerto. "[El testigo] sostuvo que la razón de ello fue que estos

reporteros a su vez habían sido los causantes de la muerte de otros periodistas,

asesinados", dijo el funcionario, que no ofreció más detalles y no respondió a preguntas.

La Procuraduría no consideró ninguna otra línea de investigación, a pesar de que en

febrero de 2008, Huge denunció ante la fiscalía federal que fue privado de su libertad,

7 Plumas Libres, “Agasajan a prensa con vehículos, becas y comisión”, México, 2012, http://plumaslibres.com.mx/2012/06/07/agasajan-a-prensa-con-vehiculos-becas-y-comision/

amenazado y atormentado física y psicológicamente por agentes de la Policía Federal

Preventiva8

En la misma conferencia en la que dio por concluida la investigación del cuádruple

homicidio del 3 de mayo, Amadeo Flores dijo que también resolvió el asesinato de Báez

Chino. En ese caso, la PGJE culpó a dos personas muertas que, según su versión, eran

una célula de Los Zetas. Los acusados no pudieron confesar porque fueron asesinados

el 19 de junio, cinco días después que el periodista.

. El perito médico de la Procuraduría General de la República certificó las

lesiones y el fiscal Arturo Cruz, ofreció enviar la denuncia a la Fiscalía Especializada de

Atención de Agravios a Periodistas, lo que nunca hizo.

Finalmente, el 30 de octubre, la Procuraduría de Justicia Estatal presentó a los medios a

uno de los presuntos asesinos de Regina Martínez, que resultó ser un hombre de 34

años, seropositivo y analfabeto. Según las autoridades, el hombre confesó haber matado

a Martínez para robarla. Sin embargo, ante el juez declaró que había sido torturado y su

madre amenazada de muerte, si él no confesaba. Proceso no aceptó el resultado de la

investigación. “En ningún momento el estado consideró el trabajo de Regina como

posible motivo del asesinato”, dijo el periodista Jorge Carrasco, comisionado por el

medio para seguir las indagatorias.

La inconsistente acusación en contra del único detenido no es el principal motivo de

desconfianza hacia la investigación. Desde el asesinato, funcionarios estatales

comenzaron a filtrar rumores de que Martínez había sido asesinada por un amante y

presionaron a sus cercanos con interrogatorios sobre los hábitos personales de la

periodista. Sus amigos fueron hostigados por las autoridades judiciales. El caso extremo

es el de Norma Trujillo, reportera de La Jornada Veracruz, quien recibió el citatorio

judicial en plena calle, en una protesta por el asesinato de Regina9

.

Los más vulnerables

Mary Jose Gamboa era la conductora del noticiero de televisión por cable que se

transmitía a las 8:00 de la noche por el Canal 6 y que estaba posicionado en primer lugar

de auditorio. Fue despedida el 5 de junio de 2012 por negarse a cambiar la línea

8 Su declaración quedó asentada en la investigación con la Averiguación Previa AP/PGR/VER/VER/IV/105/08 9 Editorial, “Del compromiso político a los hechos”, La Jornada Veracruz, 2012, http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=120608_053847_355

editorial. Su salida de Megacable fue el último eslabón de una serie de advertencias que

Gamboa recibió durante el primer semestre de ese año y que ella atribuye a sus críticas

al gobierno. Antes, le habían roto los vidrios y las llantas de su automóvil estacionado y

había recibido amenazas vía Twitter, en las que le hacían evidente que estaba vigilada:

“Te conozco más de lo que crees. Ten cuidado. Un mundo nos vigila” (22 de abril). “Qué

lindo verte ayer en familia por plaza. Saludos a Polin” (2 de mayo). Días antes de su

despido, Gamboa encontró la puerta de su casa abierta y los juguetes de su hija regados

por su cuarto y la escalera, uno de ellos con un machete enterrado.

El 5 de junio Notiver anunció su incorporación como columnista, con una editorial titulada

“¡Ginochetazo a Marijose!”, en referencia a la coordinadora de comunicación social del

estado, Gina Domínguez, con quien la conductora había tenido varios enfrentamientos y

a quien se atribuyó la presión para despedirla.

Otro caso es el de Hugo Gallardo, quien era el corresponsal de Televisa y por órdenes

de la empresa salió del estado después del asesinato de Yolanda Ordaz. Estuvo fuera

más de seis meses y regresó sin trabajo. El 1° de mayo inauguró el portal mirevista.com

con una columna que tituló: “Así es ¡Estoy Vivo!”10

Gamboa y Gallardo ejemplifican una realidad generalizada en la entidad: las acciones

contra la prensa tienen un patrón de relación entre autoridades (estatales y municipales)

y el crimen organizado, que no permite identificar claramente al agresor. Entre mayo y

junio de 2012, con la segunda oleada de periodistas desplazados, el gobierno del estado

ofreció, al menos a tres reporteros, mantener los gastos de su estancia fuera de

Veracruz “hasta después de las elecciones”. El día de la jornada electoral, los principales

medios nacionales –Proceso, La Jornada, Reforma, Televisa— no tenían corresponsales

activos.

en la que narró detalladamente los meses en el exilio, la soledad, el encuentro en diciembre de 2011 en la ciudad de México con el director de Televisa Veracruz, Ignacio Reyna Carrera, quien le informó que la empresa no podía seguir pagando sus gastos y sería liquidado. También contó su infructuosa búsqueda de trabajo: “hay una especie de acuerdo

con dueños y directores de los medios más importantes, al parecer coordinados por una

mano oficial poderosa, que sugieren no sea yo contratado porque me han ‘etiquetado’

como un periodista de riesgo”.

10 Hugo Gallardo, “Así es ¡Estoy vivo!, Mi Revista Veracruz, México, 2012, http://mirevistaveracruz.com/?p=11

Otros actores, como las fuerzas de seguridad federales que llegaron con el operativo

Veracruz Seguro, y los dueños de las empresas, completan el cuadro de vulnerabilidad

de periodistas. El 24 de marzo de 2012, Manuel Monroy, fotógrafo del diario Imagen de

Veracruz, y Eduardo Guevara, de Notiver, fueron detenidos por la policía naval cuando

cubrían un accidente vial. Les quitaron sus equipos, pero ellos lograron conservar

imágenes de su detención ilegal. La denuncia no prosperó y meses después, Monroy se

separó de Imagen y del periodismo.

El 1° de junio, después del testimonio de Miguel Ángel López en Austin, Notiver

respondió con una furibunda editorial en la que no sólo lo descalifica y desconoce su

relación laboral, sino que incluso lo pone en un riesgo mayor, al sugerir una relación del

reportero con los asesinos de su familia: “Ahora que está en Estados Unidos puede

entrevistarse con la DEA y el FBI -decirles todo lo que sabe-, que usted sabe bastante.

Estamos seguros que si alguien sabe quién asesinó a su familia, y por qué, es usted. Tal

vez hasta lo contraten como testigo protegido”.

En Veracruz, el sueldo máximo al que un reportero policiaco aspira en los dos medios

impresos de mayor circulación es de 5 mil pesos al mes. Fuera del puerto o de la capital,

los salarios pueden bajar a menos de 3 mil pesos. No tienen prestaciones y algunos ni

días de descanso. Muchos tienen un doble trabajo en áreas de comunicación de alguna

institución oficial. Los directivos de los medios han hecho oídos sordos a situaciones

bien conocidas en el gremio: llamadas telefónicas de parte de criminales para ordenar la

agenda, citas a reporteros, “castigos” –generalmente con tablazos- a los que no

cumplen, y una suerte de compensación salarial forzada. En la capital, la principal

presión para los reporteros proviene del gobierno estatal.

La mínima organización gremial, el miedo y la desconfianza, complican el escenario. Sin

embargo, las y los periodistas han mostrado gran disposición a participar en cursos de

actualización, desde redacción y fotografía hasta programas de seguridad, autocuidado

emocional y derechos humanos. Esperan de las organizaciones de libertad de expresión

una presión política sobre las autoridades locales y dueños de medios. “No nos dejen

solos”, pide uno de ellos.

Número 2

Hacer periodismo con el viento en contra Jade Ramírez

Periodista e integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de protección a Personas

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

A l@s colegas que han desaparecido, muerto, callado o declinaron.

A l@s que no conocemos sus nombres ni las claras razones por las que renunciaron al

oficio,

pero que sembraron una migaja de verdad para la cruda realidad.

Primera parte: el género en la encrucijada de la violencia

Evasión

Evasión suele ser la sensación secundaria al miedo, la duda, la fragilidad por la que

transita una víctima de ataque físico y psicológico.

Evades porque la frustración de que poco tienes por hacer te invade. Porque sabes que

no hay para dónde correr, que tus cercanos se alejan o les pides involuntariamente que

se alejen, porque no hay muchas estructuras a las cuales confiar si eres periodista y

mujer.

Evadir es lo que hace un jefe ante la noticia de que una de sus periodistas está bajo

amenaza, sobrevivió a un ataque o está siendo origen de acoso en general al medio de

comunicación para el que trabaja. Si no hay regaño, por lo menos se le neutraliza

momentáneamente y, en el peor escenario, la destituye de sus labores periodísticas.

Evasión con silencio y poca atención física, financiera, psicológica, es lo que hacen las

instituciones de seguridad, procuradoras de justicia, cuando sin distinción de género, se

da un ataque a periodistas por motivos de la labor e investigación que ha realizado o

está llevando a cabo, en la que se evidencian prácticas políticas injustas, ilegales,

impunes desde el gobierno, desde un grupo del crimen organizado o redes delictivas.

Las cifras no mienten, nos dicen cosas, pero tampoco son exactas debido a que al

evadir lo que le sucede a una reportera, se ocultan incidentes de seguridad por

desconfianza y entonces no aparece el reporte en ninguna cifra.

Desde luego es vital detenernos en el incremento que año con año, sobre la estadística

de atentados, agresiones, hostigamiento, asesinatos y desapariciones de periodistas,

personas trabajadoras de los medios de comunicación, blogueros o activos usuarios de

las redes sociales incrementa, pero que las formas, los modus operandi y el rasgo de

ataque de género es lo que sitúa en alarmante el contexto nacional: según reportes de

ONG’s en el 2008 fueron 5 casos de violencia contra mujeres periodistas, en el 2009 se

reflejan 13, en 2010 son 94 casos, en 2011 y 2012, 31 y 37 respectivamente.

Pero lejos de los números, queda otra lista de acontecimientos e incidentes de seguridad

entre reporteras, presentadoras de noticias, redactoras, fotógrafas, encargadas de

publicidad, relaciones públicas o áreas administrativas de medios de comunicación, que

difícilmente se reportarán, por lo que el sub registro de este tipo de acciones violentas

continúa; se auto asume la condición de desventaja por ser mujer y por tanto la

vulneración se vuelve rasgo cotidiano, no hay sorpresa o sobresalto por ser acosada,

hostigada, amenazada o violentada en los derechos como mujer y periodista. Y es que

se trata de que el periodismo que se hace en México brincó de un estatus alarmante a

francamente un oficio tenebroso en el que orilla a muchas de las mujeres que lo ejercen,

a caer en prácticas no éticas, no seguras, no las propicias para garantizar la equidad y la

protección de la libertad de expresión por no perder un empleo, un contrato, una

exclusividad, un espacio en la redacción, una fuente de información institucional que

facilita el trabajo.

Consternación.

Consternación y rabia es lo que brota cuando se narra la noticia que nunca se desea

dar: asesinaron a una periodista, una reportera ha desparecido, hubo un nuevo ataque

violento a la redacción de un diario, ultrajaron la casa de una colega o llegaron

amenazas electrónicas. Inexplicable se vuelven ese tipo de pésimas noticias para

algunos círculos y pequeñas redes de periodistas que autogestivamente se han

configurado para pugnar por la libertad de expresión, el derecho a la información y la

imperante garantía que debe existir en un país corrupto como México donde para los

periodistas responsables y comprometidos con el oficio, no se les de trabajo, se les

persigue, coarta, asecha, mata.

El informe más reciente de AMARC-México detalla que de 2008 a 2010, se recrudeció la

persecución gubernamental que históricamente se ha ejercido contra las radio

comunitarias que transmiten sin permiso, clasificándolas de ilegales y por tanto,

ejecutando operativos sin diplomacia, con extrema violencia y desapego a la Declaración

Universal de los Derechos Humanos, por la COFETEL, SEGOB y PGR, contra radio que

emiten señal con menos de 5 watts y cuyos realizadores radiofónicos, agentes

comunicadores, son precisamente mujeres y niños.

Pero son pocos los casos que de consternación exaltan al repudio colectivo, aunque

gradualmente se ha ido transformando la visión de que no sólo ciertos expedientes de

colegas como Lydia Cacho, Anabel Hernández o Sanjuana Martínez son los que

ameritan radicalizar la consternación.

Segunda parte: El contexto y sus actores

Indignación.

Al 31 de diciembre de 2012, el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS),

revela en su informe anual, que ocho personas fueron asesinadas a causa de su labor

periodística o por laborar dentro de un medio de comunicación. Distrito Federal, Oaxaca

y Veracruz son las entidades que arrojan la más alta cifra.

Las ocho personas asesinadas por ejercer el periodismo de manera cotidiana o laborar

dentro de un medio de comunicación, sin duda, sabían que antes de ellos, había otros

más que también habían sido asesinados, muchos otros que vivían desplazados,

hostigados, perseguidos, despedidos, "halconeados", señalados dentro de su redacción.

Un egresado de cualquier escuela de periodismo, un recién acogido en algún medio, un

longevo periodista, sabe que hoy en día, a la profesión poco se le respeta dentro y fuera

de las redacciones, se ejerce en constante acotamiento y con peligro, a menos de que

se labore dentro de las intocables franquicias de información que sostienen el duopolio

mediático en nuestro país.

Es común que a las personas trabajadores de la información las estadísticas y su

realidad cotidiana, transiten de la consternación, a la evasión para llegar a la indignación

y entonces se continúe investigando y trabajando, desde el filo desgastado de la

prudencia, clasificada también como autocensura, para continuar dentro del universo del

periodismo desde dos vías: con alternativas de auto protección adheridas a redes

autogestivas que en pocas ocasiones se crean dentro del mismo medio, o con

displicencia ante el escenario adverso y por lo tanto, risueño con los poderes que

oprimen la libertad de expresión.

Las agresiones registradas en 2012 por CENCOS, refieren a 182 hombres y 37mujeres,

que han sido víctimas de agresión verbal y física, una balacera o incendio, robo de

artículos personales y casa habitación, obstrucción a la circulación, ataque cibernético;

en los casos de calumnia, intimidación, presión y detención temporal, las mujeres

periodistas sufren además agresiones de género.

Los atacantes construyen un perfil y desde redes sociales virtuales, durante ruedas de

prensa, eventos públicos, llamadas telefónicas, comentarios de pasillo en recintos

públicos y círculos de convivencia operan, desprestigian y utilizan la información

personal mezclada con trabajo periodístico para asechar. Cuando de ataque físico y

asesinato se trata, ensucian la escena del crimen para desviar la cifra del ataque a una

periodista responde a un "asunto personal, pasional" o derivado de la violencia cotidiana

en que está envuelto el país y por ende desplazarlo a la zona de asuntos no relevantes

para los procuradores estatales de justicia.

¿Quién está al otro lado del espejo?

Las agresiones al gremio periodístico, según el registro de CENCOS donde se

sistematizan los casos del 2012, al conjugar las formas y los estilos, es difícil separar las

fuentes de las agresiones, porque 69 casos se clasifican como Presuntos responsables

a Particulares o No identificados, por tanto, la etiqueta de no identificados o no

asociados con alguien, no sólo no nos sirve para entender el fenómeno, sino que nos

abre la tenebrosa puerta para imaginar el escenario de cuántos en realidad responden a

intereses afines, de los 157 Funcionarios y partidos políticos que sí se han logrado

identificar como los autores intelectuales y materiales de agresiones a periodistas

durante 2012.

En el momento por el que atraviesa México y que arrastramos desde hace más de cinco

años, donde la línea es sumamente delgada entre las relaciones perversas que el poder

institucionalizado mantiene con grupos del crimen organizado, se abren tres variantes o

tres grandes fuentes desde donde se originan los atentados contra periodistas:

a) Grupos delictivos del crimen organizado.

b) Entes y funcionarios del poder institucionalizado.

c) La mezcla de los dos anteriores.

Por ello el factor desconfianza que prevalece entre periodistas respecto a las respuestas

que el gobierno mexicano ha dado ante el escenario violento en que se ejerce el oficio,

es difícil desmantelarlo, sin mencionar que las trayectorias de formación y construcción

de identidad del gremio, son débiles, a diferencia de la organización que tienen los

defensores de derechos humanos que promueven entre otras cosas, la libertad de

expresión.

En agosto de 2010 salimos a las calles de la Ciudad de México, a gritar "Los Queremos

Vivos" expresión que encerró la desesperación que envolvía a quienes sobrevivimos a

ataques y agresiones sistemáticas y a quienes sin un incidente de violencia en su haber

sabían la vulnerabilidad en la que se estaba ejerciendo desde sus ciudades. Entonces

aún con vida Miguel Ángel Granados Chapa dirigió un sencillo pensamiento sobre la

violencia dirigida a representantes de los medios y periodistas: "no requerimos inventar

nada nuevo, sino que sencillamente, las averiguaciones previas se elaboren de

conformidad con la ley y que los ministerios públicos de este país entiendan lo que atañe

a un atentado contra reporteros".

¿Ya vas a dejar de cubrir causas perdidas?

Es una pregunta cotidiana que proviene de colegas que poco entienden la sensibilidad e

indignación desarrollada a lo largo de los años, por periodistas que permanecen

abiertamente comprometidos en el seguimiento informativo de denuncia social, motivo

que fecunda la amenaza y la persecución porque finalmente todas las historias ya

trastocan la impunidad con que el crimen organizado dentro y fuera de las instituciones

se eterniza.

La única respuesta que los periodistas hemos encontramos ante el escenario de

violencia e impunidad que continúa recrudeciendo, ha sido la auto protección y la

profesionalización del oficio no necesariamente jubilándose para radicar dentro de la

academia, sino consolidando las investigaciones, trabajando en red, compartiendo los

datos y fuentes de información antes del manejo exclusivo. El periodismo de

investigación encontró un espacio privilegiado y asechado por quienes incluso dentro de

sus redacciones base no encontraron eco: coautorías de publicación impresa, creación

de sitios web producción de radio, arte o cine-documentales, han sido la respuesta que

mujeres periodistas principalmente idearon y financian para el seguimiento de la

violencia de Estado en México y la vulneración de derechos humanos, desde la

narración de historias, de identidades, de comunidades, de los oprimidos y no

privilegiados por el sistema.

(Para publicar en la semana del 24 al 28 de junio)

Número 1

En Coahuila no pasa nada Juan Noé Fernández Andrade

Columnista de Milenio Laguna y la agencia de noticias Infonor y director del mensuario

EntreTodos.

La violencia en la región lagunera de Coahuila y Durango pareciera algo inherente a este

pedazo de suelo mexicano. En la historia de la Laguna los hechos de sangre, muchas

veces producidos por verdaderas masacres, son numerosos. Una de las más

sangrientas y bestiales fue la matanza de chinos por gente de a pie que, al calor de la

barbarie desatada por y empujada por la lucha revolucionaria, en 1911 victimó a más de

300 ciudadanos de origen chino que habían llegado a Torreón a trabajar y promover un

desarrollo que, pese al hoy de violencia generalizada, aún notoria.

Los periodistas, en territorio coahuilteca, no han escapado a esta expresión ancestral.

Según datos, Salvador Guerrero Álvarez fue el primer periodista asesinado en Coahuila

(1942). Su familia sigue creyendo que su crimen lo decidió, el entonces gobernador

general Benecio López Padilla (1941-1942). Es en la Laguna, principalmente, donde las

agresiones contra los comunicadores se acentúan y diferencian respecto al resto del

estado.

Pocos lo recuerdan, pero Cuauhtémoc Ornelas Campos inició el registro de periodistas

desaparecidos. Desde el 3 de octubre de 1995 nadie volvió a saber de él. Era director de

la revista Adelante, de circulación en Sinaloa, Durango y la Laguna. Comunicadores de

Torreón y Gómez Palacio “tomaron” la subdelegación de la Procuraduría de Justicia del

Estado (gobernaba Rogelio Montemayor Seguy) para presionar y exigir su presentación.

No pasó nada. Jamás ha sido reportado nada sobre él. Se apuntaba como presunto

responsable del hecho a un hermano del entonces alcalde, Mariano López Mercado. La

impunidad se lo tragó.

La noche del 25 de mayo de 2009, Eliseo Barrón Hernández, reportero policíaco de La

Opinión Milenio, de Torreón, fue asesinado en el conurbado municipio de Gómez

Palacio. En Saltillo, el 8 de enero de 2010, el joven reportero del diario Zócalo, Valentín

Valdés Espinoza murió acribillado. Dos periodistas abatidos por las balas, por la

descomposición social y la aparición fortísima del crimen organizado en Coahuila y la

comarca.

El 29 de julio de 2010, en las cercanías del Centro de Readaptación Social de Gómez

Palacio, Durango, tres reporteros de televisión fueron capturados por un grupo armado y

posteriormente liberados, cuando cubrían un hecho noticioso: Javier Canales Fernández

(camarógrafo de Multimedios Laguna), Alejandro Hernández Pacheco (camarógrafo de

Televisa Laguna), Héctor Gordoa Márquez (reportero de Televisa México que esa

mañana había llegado a Torreón), y Oscar Solís (reportero del periódico Vespertino). El

segundo pidió asilo político en los Estados Unidos y lo obtuvo tras verse asediado.

Nacido en Francisco I. Madero (Laguna de Coahuila), también de Zócalo, pero en Monclova, desde el 8 de julio de 2006 ya no se volvió a ver ni a saber del reportero Rafael Ortiz Martínez.

Luis Emmanuel Ruiz Carrillo, joven periodista coahuilense, también fue asesinado,

aunque éste cayó en Monterrey el 25 de marzo de 2011. Trabajaba para La Prensa, de

Saltillo.

Pero la violencia continuó contra los comunicadores y los medios, las noticias de más

agresiones corren de Ciudad Acuña a Saltillo, y de Piedras Negras a Torreón. Las

amenazas a reporteros y directivos se sucedieron: advertencias telefónicas, mantas,

ataques a las instalaciones de, por ejemplo, El Siglo de Torreón, que en agosto de 2009

y hasta marzo de este 2013, sufrió cinco atentados, con daños materiales producidos por

armas de alto poder a su edificio de la avenida Matamoros entre Acuña y Rodríguez, en

pleno centro de la ciudad. Un civil que deambulaba por ahí, murió. La noche del 8 de

febrero pasado, y por varias horas, cinco trabajadores de la empresa –ninguno

reportero- se vieron privados de su libertad en las inmediaciones del periódico, y

golpeados y amenazados por los 21presuntos delincuentes que, días después acabaron

siendo detenidos en la región y en otras entidades a donde habían huido.

El 9 de febrero de 2011, un técnico operario del Grupo Milenio Laguna, perdió la vida

ante el ataque y robo que perpetró un grupo armado. La madrugada de esa fecha

Rodolfo Ochoa Moreno cayó abatido ante una intensa ráfaga de balas. Una víctima

inocente. Nada tenía que ver con cuestiones periodísticas.

Narcomantas contra Televisa Laguna y TV Azteca Laguna, que han quedado,

afortunadamente, en meras bravatas.

Sin embargo, el listado de los reporteros levantados, golpeados y amenazados es largo.

Algunos han optado por retirarse de la actividad, dejando atrás sus carreras en este

ambiente laboral de zozobra, miedo y necesidad.

En Saltillo la reportera policíaca Estephanía Rodríguez Cardoso, del periódico Zócalo,

quien estuvo en peligro junto con su hijo, desapareció del 8 de junio de 2012 al día 15 de

ese mes en que se reportó viva. Una llamada telefónica al noticiero de la periodista

Denisse Maerker, sin dar detalles, hizo saber que estaba bien, con miedo, pero de pie.

Otro periodista muerto es José Valdez, asesinado el 6 de enero de 2006 en Sabinas. Se

presumió que el narco lo victimó.

Buenas intenciones legales, pero la impunidad manda

Cabe agregar que el 19 de marzo pasado, el diputado local Samuel Acevedo Flores, del

Partido Social Demócrata (PSD), llevó al Congreso de Coahuila una iniciativa. La Ley

para la Protección y Garantía de la Libertad de Expresión de las y los Periodistas del

Estado de Coahuila, que consta de 26 artículos.

Antes, el 20 de octubre de 2010, hubo otra intentona legal: la Ley del Secreto Profesional

del Periodista en el Estado de Coahuila de Zaragoza. Constaba de 7 artículos.

Aquí, no pasa nada, en términos reales, a favor de los periodistas. Más allá de las

agresiones físicas, amenazas y atentados, el clima es de incertidumbre laboral. Los

despidos, sean o no por argumentos válidos, no cesan. Reporteros como Reginaldo

Luna y Javier Casio, ambos de Milenio Laguna, por citar dos casos ejemplares, se vieron

despedidos por la intolerancia prevaleciente. El primero, por haber criticado –al parecer

sin fundamento- a Rubén Moreira Valdez, siendo éste secretario de Gobierno con su

hermano Humberto como gobernador; el segundo, al atreverse a poner el nombre de

Ricardo Martín Bringas, de la familia lagunera fundadora y dueña de la cadena de

supermercados Soriana.

En este sentido, se podría hacer todo un libro con nombres y apellidos de reporteros de

diferentes medios en todo Coahuila, pero más en Saltillo y Torreón.

El conocido columnista Ricardo Alemán, el domingo 3 de julio de 2011, en una mesa de

debate por televisión nacional (Foro TV), a propósito de la elección de Rubén Moreira

ese día como nuevo gobernador del estado, afirmó que en Coahuila “no pasa nada.

Tienen 30 años sin periodismo”.

En el remate de toda esta caótica situación, el 11 de marzo de 2013 el periódico Zócalo

editorializó: “En virtud de que no existen garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del periodismo, el Consejo Editorial de los periódicos Zócalo decidió, a partir de esta fecha, abstenerse de publicar toda información relacionada con el crimen organizado”.

Esta empresa cuenta con ediciones diarias en Saltillo, Monclova, Piedras Negras y

Acuña. Su propietario, Francisco Juaristi, alguna vez secretario de gobierno con Rogelio

Montemayor, recientemente fue amenazado a través de medio centenar de mantas por

grupos criminales. En 2010 un artefacto explotó en el estacionamiento del periódico en

Piedras Negras.

Lo único cierto es que por la falta de una organización grupal sólida, los comunicadores

coahuilenses atraviesan una etapa de profunda vulnerabilidad.

El polémico obispo de Saltillo, Fray Raúl Vera López, pidió a la Fiscalía Especializada en

Delitos Contra Periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República

(PGR) que ya trabaje, que no finja que investiga, “porque no se han visto resultados”.

Número 2 (Texto que cierra la ronda)

Las agresiones a la libertad de expresión en el contexto de violencia Jorge Luis Sierra

Knight International Jornalism Fellow, Centro Internacional para Periodistas

El reto más grave de los periodistas en 2012 fue el simple ejercicio de su profesión en

entidades afectadas por el enfrentamiento entre grupos rivales de la delincuencia

organizada y de éstos contra las fuerzas federales, principalmente el Ejército y la

Armada de México.

Tratando de silenciar a los medios o convertirlos en su caja de resonancia durante los

enfrentamientos entre sí o con las fuerzas federales, las bandas de la delincuencia

organizada mantuvieron una presión exacerbada contra periodistas que incluía la

amenaza de muerte, el secuestro, los golpes, la desaparición forzada y el asesinato. En

algunos casos documentados en este informe, los grupos delictivos también recurrieron

al uso de explosivos y granadas contra instalaciones de medios de comunicación.

Esa violencia contra periodistas fue más intensa en los estados de Veracruz y Coahuila,

lugares donde se ha extendido una serie de enfrentamientos armados entre la Nueva

Federación, una coalición de grupos criminales que incluye al Cartel del Golfo, al Cartel

Sinaloa, La Familia Michoacana, además de otros de reciente creación como Jalisco

Nueva Generación, contra Los Zetas, un grupo que fue formado originalmente por ex

soldados del ejército mexicano.

En 2012 ocurrieron 8 asesinatos de periodistas, 6 de ellos del estado de Veracruz, y 4

casos de desaparición, 2 en Veracruz, uno en San Luis Potosí y otro en Tamaulipas.

Esas agresiones extremas han contribuido a crear un clima de angustia y zozobra

permanente que ha llegado a provocar el abandono de la profesión o el éxodo masivo de

periodistas que abandonan sus empleos y se desplazan a localidades de menor riesgo.

Algunas organizaciones periodísticas han preferido no publicar más información de

violencia relacionada con la delincuencia organizada, aunque eso no les ha protegido de

las agresiones provenientes de grupos criminales y funcionarios públicos corruptos.

Los grupos criminales han impuesto distintos niveles de agresión a periodistas y medios

que no siguen sus instrucciones al pie de la letra. En el caso de Coahuila, los grupos

criminales empezaron a realizar secuestros al azar de empleados de los medios locales

para presionar a éstos a cubrir incidentes a su conveniencia y satisfacción. Esto puso en

evidencia que no sólo reporteros y editores estaban en riesgo, sino que también

personal administrativo y de producción. Las amenazas provenientes de la delincuencia

organizada se extendieron a todos los medios de comunicación de ciudades como

Torreón.

Los periodistas, particularmente los que cubren la fuente policiaca, han tenido que

aprender el modo y ejercicio particular de las agresiones de cada organización delictiva

hacia los medios de comunicación.

Periodistas de Tamaulipas, por ejemplo, reportan que el Cartel del Golfo no permite la

publicación del nombre de sus integrantes que mueren asesinados o en

enfrentamientos, ni tampoco el nombre de las personas que sus miembros asesinan.

Para este grupo lo importante es mantener la noción pública de que en sus zonas de

control hay paz relativa.

La colusión de este cartel con funcionarios públicos se hace evidente cuando sus

integrantes prohíben a los medios la difusión de noticias sobre la corrupción de ciertos

funcionarios. Según reporteros de la zona, las prácticas de este grupo hacia los medios

son siempre agresivas, con amenazas, y sus miembros suelen citar y golpear a los

reporteros que no obedecieron las órdenes para cubrir eventos de su interés.

El contacto directo y amenazante entre grupos criminales y periodistas se ha

multiplicado en el país. Los grupos criminales mantienen presión sistemática a

periodistas locales a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y mensajes

electrónicos.

En algunos estados del país, los grupos delictivos obligan a los periodistas a asistir a

reuniones de control. Periodistas de Tamaulipas reportan que, en otro ejemplo de esa

tendencia, Los Zetas llamaron a reuniones a periodistas de Nuevo Laredo que cubren la

fuente policiaca para convocarlos a la colaboración a cambio de prebendas. Aquellos

colegas que rehúsan colaborar con el grupo criminal se ven obligados a dejar la fuente

policiaca, cambiar de medio y en ocasiones, salir de la ciudad.

La intimidación a periodistas se ha vuelto una práctica extendida a todo el país. Según

testimonios de reporteros de Michoacán, el grupo Los Caballeros Templarios,

presentándose como un grupo de empresarios del aguacate, convocaron a una reunión

a reporteros, editores y productores de los medios de comunicación del estado para

informarles sobre sus planes de inversión. En la reunión, los integrantes de esa

organización criminal amenazaron de muerte a todos los periodistas reunidos y les

exigieron que no perjudicaran la imagen de Michoacán y sólo publicaran notas

aprobadas previamente por el grupo criminal.

El secuestro intimidatorio de periodistas se ha vuelto otra tendencia en el país, junto con

el silencio de las víctimas y de sus propios medios de comunicación. Ese parece ser el

caso de los medios de comunicación de Torreón, Coahuila, donde las amenazas de la

delincuencia organizada se han concretado en el secuestro de periodistas o de

empleados que salen o entran de las instalaciones de los medios. Los grupos criminales

secuestran periodistas con el fin de que sus medios publiquen noticias a modo del grupo

de interés. Los grupos rivales responden con el secuestro y golpes contra los periodistas

que firmaron las notas y publicaron la información conveniente al grupo rival.

No todas las entidades con presencia de los cárteles del narcotráfico presentan las

mismas tendencias de agresión hacia periodistas. Algunos estados como Nayarit, Baja

California Norte y Jalisco no han presentado los mismos niveles de agresión, aunque

persiste ahí la práctica de los grupos criminales de dejar mensajes o mantas con el

objeto de que su contenido sea divulgado en los medios de comunicación.

Las agresiones extremas ocurrieron en el contexto de varios factores como: las

elecciones federales, estatales y locales; el uso predominante de la fuerza militar en la

ofensiva gubernamental en contra de la delincuencia organizada; el reacomodo de las

organizaciones criminales en algunas regiones del país y los niveles de impunidad en la

investigación de los crímenes contra periodistas; que contribuyeron a incrementar el

nivel de riesgo general y tuvieron como resultado un número muy elevado de ataques

contra periodistas en el país.

Análisis de las estadísticas disponibles

Por lo general, no existen en el país estadísticas completas sobre ataques contra

periodistas debido entre otras cosas a la dificultad de obtener información sobre esos

crímenes y al silencio de las víctimas de la agresión. A eso se agregan las diferencias de

criterios entre las organizaciones que se dedican a la protección de periodistas para

reconocer casos de agresión originados por motivos profesionales.

Algunas organizaciones como el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos),

Reporteros sin Fronteras, el Comité de Protección a Periodistas de Nueva York y la

organización Article19, están trabajando de manera permanente para registrar y

documentar casos de agresión contra periodistas.

Éstas son algunas aproximaciones al análisis de los datos presentados por Cencos en el

registro de casos ocurridos en 2012, el último año del sexenio de Felipe Calderón, y uno

de los peores que haya registrado la historia reciente del periodismo en México:

Durante 2012, los reporteros que trabajan para medios estatales y locales son los de

mayor riesgo y sufren las agresiones más graves. Todos los casos de agresión grave

que resultaron en muerte, desaparición o atentados contra periodistas ocurrieron en

poblaciones del país donde existe una presencia importante de la delincuencia

organizada y donde ocurren enfrentamientos frecuentes con las fuerzas federales.

Ninguno de ellos ocurrió en el Distrito Federal o en alguna de las grandes zonas

metropolitanas. Esa situación podría implicar que la mayoría de las agresiones graves

ocurrieron en poblaciones relativamente pequeñas con uno o dos medios locales donde

el periodista está muy reconocido o identificado. Las condiciones de vulnerabilidad en

estas poblaciones se agravan cuando los medios locales están sujetos a la presión de

funcionarios públicos o de grupos criminales.

Veracruz fue la entidad donde ocurrió el mayor número de agresiones graves a

periodistas (seis de ocho asesinatos y dos de cuatro desapariciones). Sin lugar a dudas,

esas agresiones tuvieron lugar en medio de una lucha armada entre grupos criminales

que se disputan el control de la ruta del tráfico de drogas por el Golfo de México, así

como de las ciudades donde existen facilidades relativas para las industrias del

secuestro, la extorsión y la trata de personas. Durante 2011 y 2012, la entidad estuvo

afectada por manifestaciones de violencia inusitada que incluyeron la matanza masiva

de presuntos narcotraficantes a manos de grupos delictivos de otras partes del país en

una aparente disputa territorial con organizaciones criminales antagónicas.

A esa situación podemos agregar dos factores más: la aplicación de la fuerza naval y/o

militar para controlar la situación de violencia, así como la posible existencia de fuerzas

criminales interesadas en provocar desestabilización política a través de agresiones a

periodistas. Esos crímenes ocurrieron antes de las elecciones federales y estatales del

1° de julio, lo que lleva a pensar en la posible existencia de elementos de política local o

federal en la decisión de asesinar a los periodistas.

Los periodistas de la Fuente policiaca siguen siendo los que están en mayor riesgo y

sufren los ataques más graves. Según el recuento de Cencos, los periodistas de la

fuente Policiaca experimentaron el 42% del total de agresiones graves en 2012. Lo que

se eleva a 67% si incluimos en la misma categoría a periodistas de la fuente de

Seguridad. Esa condición de vulnerabilidad expresa la encrucijada que viven muchos

periodistas del país que reciben órdenes, a menudo encontradas, para publicar

información de policía que beneficia a un grupo criminal y perjudica a otro. Algunos

reporteros de Torreón, Coahuila, por ejemplo, se quejan de que un cártel les da

instrucciones para guardar silencio sobre un incidente, mientras que el grupo rival fuerza

a los editores a publicar información sobre el mismo incidente.

La agresión Física/Material fue la categoría más numerosa en el registro de casos (poco

más de 51% del total de 258 agresiones registradas en el país durante 2012), seguida

por la Amenaza(15.9%) y la Detención (12.8%). Es posible que en estos casos exista

una cifra negra de periodistas que no denuncian la agresión sufrida con tal de conservar

su seguridad. De acuerdo con la investigación de Cencos, los cinco municipios con más

agresiones físicas registradas son Ensenada, Baja California; Saltillo, Coahuila; Morelia,

Michoacán; Totolapan, Morelos; San Pablo Huixtepec y Oaxaca de Juárez, en el estado

de Oaxaca.

El mayor número de agresiones Físicas/Materiales con armas de fuego o explosivos

contra instalaciones y oficinas de medios de comunicación ocurrió en Tamaulipas y

Nuevo León, ambos estados donde ocurre una confrontación aún no resuelta entre el

Cartel del Golfo, Los Zetas y células de otras organizaciones de narcotraficantes

provenientes de otras partes del país, y en donde el gobierno federal ha ocupado

principalmente la fuerza militar y naval en contra del narcotráfico y otras expresiones de

la delincuencia organizada.

En 2012, las instalaciones de Televisa Matamoros y El Mañana de Nuevo Laredo

sufrieron dos ataques cada uno. Las instalaciones del Expreso de Matamoros y Hora

Cero también fueron víctimas de ataques semejantes. El Norte de Monterrey

experimentó tres agresiones y la distribuidora Dipsa sufrió un incendio provocado. Un

total de 37 medios de comunicación del país sufrieron ataques en 2012.

La Amenaza de daño a la integridad física o psicológica fue el segundo tipo de agresión

contra periodistas con 41 casos registrados en el país. Aunque la mayor parte de las

amenazas de daño ocurren de manera verbal, los grupos criminales lanzaron una

amenaza contra periodistas a través de un mensaje abandonado cerca del cadáver de

personas asesinadas. También ocurrieron cuatro amenazas vía electrónica, dos por

Twitter y otras dos por correo electrónico. En el caso de Coahuila, Durango y Michoacán,

las amenazas son lanzadas contra el gremio periodístico en general con el objeto de

silenciarlo o forzar su anuencia para publicar datos que beneficien los intereses del

grupo criminal.

Los funcionarios públicos son los supuestos responsables de la mayor parte de los 258

casos de agresión registrados. Es posible que esa cifra esté determinada por el hecho

de que los periodistas estén más inclinados a reportar agresiones provenientes de

funcionarios públicos que a reportar agresiones cometidas por grupos de la delincuencia

organizada. Sin embargo, el hecho de que el 55.04% de las agresiones registradas sean

atribuidas a funcionarios públicos es una evidencia de la necesidad de monitorear a las

autoridades que muestran rechazo al escrutinio público a través de los medios de

comunicación y están inclinadas a reprimirlo.

Algunas aproximaciones generales

Los periodistas están siendo sujetos de agresión principalmente en contextos locales

donde podríamos presumir que existe contubernio entre autoridades civiles y policiales

con organizaciones criminales, o bien existe negligencia y desinterés de las autoridades

para investigar los casos de agresión y propiciar su impunidad.

Los asesinatos de periodistas en Veracruz nos permiten establecer la hipótesis de que

grupos criminales y grupos políticos han estado interesados en la muerte de periodistas

como una forma de ejercer presión ante la proximidad de las elecciones estatales y

federales en la entidad. Esto cambiaría por completo los parámetros futuros de cobertura

electoral en el país, pues los procesos políticos podrían estar contaminados de una

mezcla de intereses políticos, económicos y criminales que actúan con relativa

impunidad y constituyen un factor de riesgo para los periodistas.

Es necesario resaltar que los periodistas que trabajan para medios del Distrito Federal

no están exentos de riesgo. Aunque ninguno ha experimentado un ataque grave como

los ocurridos en otras entidades del país, algunas experiencias recientes nos indican que

esos periodistas aumentan su nivel de riesgo cuando salen a los estados a cubrir

incidentes sin conocimiento del terreno, del contexto, y sin fuentes confiables que

puedan facilitar su labor. Por otra parte, en la ciudad de México y su zona metropolitana

está ocurriendo un proceso de control criminal por parte de grupos delictivos que tienen

su sede en otras entidades del país, pero mantienen operaciones importantes en la

capital. Esa condición es indudablemente una situación de riesgo para periodistas que

debe tomarse en su magnitud adecuada.

A pesar de que tienen la intención de recuperar territorio controlado por la delincuencia

organizada, las operaciones militares han resultado irrelevantes para evitar o prevenir los

atentados contra periodistas. Esto es particularmente grave, porque a pesar de los

esfuerzos federales, los indicios de contaminación criminal en las filas policiales a nivel

municipal o estatal siguen constituyendo un factor de alto riesgo para el gremio.

Los grupos responsables de ataques contra periodistas están utilizando explosivos o

secuestros aleatorios en operaciones de intimidación y control de medios de

comunicación. Este uso de explosivos, aunque no ha resultado en la muerte o daño

masivo de empleados de los medios atacados, podría ser el preámbulo de ataques

terroristas de una magnitud mucho mayor, si no se define una política gubernamental

diseñada específicamente para prevenirlos a través de sus sistemas de inteligencia o la

coordinación con los medios de comunicación.

El predominio de agresiones hacia reporteros y editores que trabajan para medios

locales en poblaciones relativamente pequeñas, donde está registrada una alta actividad

de grupos criminales, hace pensar en la necesidad de que autoridades federales,

estatales, municipales trabajen con una intensidad y niveles de cooperación no

observados hasta el momento para proteger a comunicadores, prevenir futuros ataques

en su contra y sancionar a los responsables.

Es importante también observar que un número significativo de reporteros de la fuente

política o de la fuente general sufrió ataques en el ejercicio de su labor. Los asesinatos y

ataques contra candidatos en procesos electorales hacen visible que la política y el

crimen pueden coincidir en momentos determinados, lo que podría ser un elemento

desfavorable para la seguridad de los reporteros de dichas fuentes que no están

capacitados para cubrir crímenes y carecen de información del contexto de criminalidad.

Sigue siendo una prioridad la inversión de recursos para capacitación de los periodistas

que cubren la fuente policiaca y de seguridad. En la medida en que las organizaciones

criminales buscan de manera activa y planificada controlar mediante el terror a los

equipos de reporteros y editores de esa fuente, las organizaciones periodísticas deben

reforzar sus esfuerzos de entrenamiento, cuidado y prevención hacia estos periodistas.

Dado que en 2012 hubieron varios casos registrados de agresión contra reporteros

ciudadanos que carecen del mínimo de infraestructura empresarial o de redes de apoyo

profesional a su labor, la protección gubernamental debe extenderse a ellos.