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I. La garantía de prestaciones definidas.

II. La participación de los empleadores y de los trabajadores en la

administración de los regímenes.

III. La responsabilidad general del Estado en lo que se refiere a las

prestaciones concedidas y a la buena administración de las instituciones.

IV. El financiamiento colectivo de las prestaciones por medio de

cotizaciones o de impuestos.

(49.8 millones) (52.1 millones)

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