"Otros Territorios: información y análisis sobre derechos y justicia"
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La otraJusticia divina (y de clase). Cuando lascreencias, la moral y los intereses socialesse cruzan en el poder Judicial. El casodel juez que se persigna para fallar.Páginas 2, 3, 4, 5, 6 y 7
INFORMACIÓN Y ANÁLISISSOBRE DERECHOS Y JUSTICIA
año 1número 26
1 de octubre de 2011
Un suplemento de
mano de Dios
2 / otrosterritorios
derechos humanos hoy/ justicia y religión
FE + MORAL + DIFERENCIAS DE CLASE = ¿JUSTICIA?
La cruz en la sentencia
otros territorios
información y análisis
sobre derechos y justicia
Producción: Colectivo editorial Otrosterritorios
Colaboradores: Elena Corvalán, Florencia Lance, Eloy López, Luján González,
Lorenzo Langbhen, Daniel Tort, Pedro Marcelo Ibarra
Corrección: Marita Couto
Arte de tapa: Roly Arias
Ilustraciones: Andrea Fernández
Fotografías: Rolando Díaz
Comercialización: Norberto Barbieri (0387) 154130084
Suplemento de Nuevo Diario
/otros territorios
1 de octubre de 2011año 1 • número 26
El juez Federico Augusto
Cortes, el que acostumbra a
poner cruces en sus
resoluciones, está en un
momento de gran
exposición mediática. La
semana pasada se hizo
público un fallo suyo
fundado, en parte, en
sentencias religiosas. Esa, la
más comentada tal vez, es
una arista de la resolución
del titular del Juzgado en lo
Civil y Comercial de Quinta
Nominación. La otra parte
del fallo, no menos
sustancial, resuma
moralina y diferencias de
clase. Y desnuda la
subjetividad en el ejercicio
de la administración de
justicia salteña. Sin llegar a
exhibir cruces en sus
Una cruz es el signo distintivo en los escritos del juez Federico Cortes. El que consideróque la muerte de una nena es una lección de Dios. Y descalifó a la madre porque tenía
“ciertos entusiasmos incovenientes y desubicados”.
ELENA [email protected]
sentencias, son muchos los
jueces que ostentan
símbolos religiosos en sus
despachos, y hasta hay
alguno que tiene su
escritorio oficial lleno de
estampitas y oraciones,
una demostración de que
no consideran necesario
cumplir con los preceptos
constitucionales que
establecen la laicidad del
Estado argentino. El caso
muestra también la
utilización de la religión
como atajo para proteger
a personas pertenecientes
a determinado grupo
social.
El pleito que Cortes
resolvió acudiendo a la
justicia divina es entre dos
padres de humilde
condición económica y
una mujer de apellido
reconocido en Salta,
emparentada con otros
nombres destacados. A estas
alturas, aunque es conocida
la profesión religiosa del
juez, el nombre de Dios y las
citas bíblicas en este fallo
más parecen una excusa
para sortear una molesta
demanda por daños y
perjuicios contra Laura
Mercedes Rita Sierra de Clix
Cornejo, pariente política de
los López Arias
(representada en este
proceso por el abogado
Gustavo López Arias) y cuyo
hijo tiene una vinculación
amistosa con el hijo del
magistrado.
Del otro lado los nombres
dicen poco: Sandra Lucía
Ríos y José Manuel
Tabarcachi, madre y padre
de Melisa Tabarcachi,
muerta el 26 de mayo de
2000, a los cinco años de
edad, luego de ser
atropellada por el vehículo
que conducía Sierra de Klix
Cornejo, un Ford Falcon
(que, para abundar en
detalles poco decorosos,
era verde y perteneció –
según publicó el diario
Punto Uno- al juez Esteban
Dubois, uno de los tantos
integrantes del Poder
Judicial de Salta que ingresó
durante la dictadura cívico
militar iniciada el 24 de
marzo de 1976).
El siniestro se produjo
en la ruta nacional 28, en
San Lorenzo. La nena, que
había bajado del colectivo
en compañía de un niño de
diez años, intentó cruzar la
ruta corriendo. Para la
justicia salteña, la
otrosterritorios / 3
derechos humanos hoy/ justicia y religión
conductora no pudo evitar
el choque. En un trámite
rápido, Sierra de Klix
Cornejo fue absuelta de la
acusación de homicidio
culposo (matar sin haber
tenido la intención de
hacerlo). La fiscal apeló,
con el argumento de que la
conductora iba a una
velocidad mayor de la
permitida, pero la
absolución fue confirmada
por la Cámara de
Acusación.
El fallo de Cortes se
conoció en una demanda
por daños y perjuicios en la
que Ríos y Tabarcachi
reclaman una
indemnización de 150 mil
pesos. Antes de resolver el
magistrado ordenó a la jueza
de Paz de San Lorenzo,
Norma Antonia Villa, que
realizara una inspección
ocular en la vivienda de
Ríos.
La jueza elevó un
informe particularmente
centrado en detalles de la
vida privada de Ríos. Junto
al padre de la nena, Ríos
impugnó este informe:
sostienen que no hubo
inspección ocular, que por
eso en el acta no está la
firma de Ríos ni se hace
constar por qué no se
cumplió con este trámite, y
que al menos dos de las
testigos mencionadas por la
jueza como vecinas de Ríos
ya reconocieron no ser
vecinas y, además, que son
enemigas de ella.
El 13 de abril de 2009
Cortes dictó su sentencia.
Rechazó la demanda por
daños y perjuicios y la
impugnación del informe de
la jueza de Paz.
En el rechazo de la
demanda consideró que la
responsabilidad del choque
fue de Ríos y Tabarcachi,
que la descuidaron en ese
momento. “¿Dónde
estarían, en ese momento,
los padres de esa hija?”, se
preguntó.
La impugnación del
informe ocular le sirvió al
juez para desplegar sus
prejuicios. En su opinión, la
impugnación se debió a que
revela detalles “urticantes”
de la vida de Ríos, que está
separada de Tabarcachi.
“La señora Ríos tenía
ciertos entusiasmos
inconvenientes y
desubicados”, descalificó
Cortes en su sentencia, en la
que incluyó el testimonio
de un supuesto vecino que
dice que “No sabe si vive
sola o con alguno”. Y
concluye en que: “Por
supuesto que todos estos
desvaríos alejarían a la
señora Sandra Lucía Ríos
del cuidado, la atención y el
tiempo debidos, como
madre de sus 5 (cinco)
hijos”.
La parcialidad del
magistrado se hace evidente
en su interpretación del
informe de la sicóloga
Albina Armesto, que
entrevistó a Ríos. “La niña
estaba sola al momento del
accidente… porque dada la
humilde condición de la
familia no era posible
acompañarla destinando
más dinero… Tampoco era
posible dejar sus
obligaciones laborales de
lado, para acompañarla”,
reseñó la sicóloga respecto
de la madre. Cortes
entendió esto como una
prueba del abandono de la
nena, afirmó que la madre
“se lamentaba con culpa”.
El juez llegó a la
conclusión de que Ríos y
Tabarcachi no quieren
hacerse cargo de su
responsabilidad y solo
buscan un beneficio
económico con la
demanda, para lo cual
incluso mintieron. Pero, les
advirtió, “de Dios nadie se
burla”.
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derechos humanos hoy/ justicia y religión
Las repercusiones de una sentencia polémica. Mateo, Juan y Lucas citados en losargumentos. La falta de un trato igualitario para ambas partes.
LOS OJOS DE LA JUSTICIA SIN VENDA, Y LA BALANZA INCLINADA
Justicias y castigos divinos
DANIEL TORT Cuando el juez alude a la situación
de autos se refiere precisamente a la
muerte de la menor por haber sido
atropellada por un vehículo, con
exceso de velocidad y en un lugar
donde otro vehículo similar se detuvo
a tiempo, lo que probaría que se pudo
exigir a quien matara a la niña, que
hiciera lo mismo. Este concepto no
obstante es sólo una opinión jurídica
más, que conjuntamente con la del
magistrado, resultan siempre
opinables y discutibles. Lo que no
resulta opinable y merece una
descalificación rotunda, es concluir
en que el evento mortal de la pequeña
podría ser finalmente, no un acto
dañoso donde hubo una mujer que no
tuvo el control de su vehículo, sino
una sentencia divina emanada de la
ira del dios en el cual cree el juez.
Y digo que tal razonamiento
debe ser descalificado
sin rodeos, en tanto la
aplicación de normas
del derecho positivo
no debería relacionarse
con lo que el juez piensa
o cree, sino en las
evidencias o faltas de
evidencia en el expediente.
Pero lo más grave de este
fallo surge de la lectura de las
páginas anteriores a esta
curiosa conclusión, en tanto
el magistrado en vez de juzgar
la conducta de quien
embistiera y matara a la
menor, realiza todo un análisis
sobre la vida privada de los
padres, su separación, la
posible nueva pareja de la
“Por tales razones pensamos (esta vez arriesgando el propioy personal concepto)... toda la situación de
autos ¿no podría ser una correcciónaleccionadora de la dignísima ira de Dios...?
Gran repercusión ha tenido en el
ámbito judicial, la sentencia dictada
por el juez en lo civil y comercial
Federico Augusto Cortés en una
causa de daños y perjuicios
generados en un accidente de
tránsito, donde perdiera la vida una
menor de edad, que ha sido
rechazada con argumentos de neto
contenido religioso, hasta con citas
expresas de Mateo, Juan, Lucas, y
varias epístolas de San Pablo. En
función de esos textos, literalmente
el magistrado culmina su sentencia
afirmando: “Por tales razones
pensamos (esta vez arriesgando el
propio y personal concepto)...toda la
situación de autos ¿no podría ser una
corrección aleccionadora de la
dignísima ira de Dios…? (Mt,III 7;
Rom II,5; efes. V 6-7; Col III 6; Hebr
XII 5-8)”.
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madre, descalificando actos de la vida
privada de todos ellos, en clara
condena moral según su propia
moral, acusando de abandono y no
debido cuidado de la niña a los
progenitores, quienes por tener –
hipotéticamente- una forma de vida
que no es la que el juez aprueba de
acuerdo a su parámetros, ha llevado
al castigo divino, y los hace –
textualmente- “únicos responsables
del daño”. Por lo tanto no es la
desaprensiva conductora que no
frenara y matara a la niña la culpable,
sino los padres por haberse separado
y no haberla cuidado debidamente.
Una grosera desviación de conceptos,
objetos procesales y lógica.
Tampoco debe dejar de
mencionarse el evidente carácter
prejuicioso del magistrado que en el
primer párrafo de su análisis ya le
imputa a la menor –sí, a la menor
fallecida– que ella misma se
autoprovocó la muerte, sumado al
ostensible trato discriminatorio de
mencionarla como “parvulilla,
alocada y ardillona”. En cambio
cuando se refiere a los demandados
los cita como Señora Laura Sierra de
Klix Cornejo o don José Manuel
Mainoli.
Las partes en este juicio no han
tenido un trato igualitario ni siquiera
en la forma de mencionarlos. Hay
claras connotaciones sociales y
económicas, que se reflejan en el trato
desconsiderado para con las víctimas,
familia de muy escasos recursos e
instrucción y habitantes de zona rural.
Los ojos de la Justicia sin venda, y la
balanza inclinada.
Pobreza e hijos agregados
El juez Federico Cortes fue exhaustivo para analizar la vida sentimental de la madre.
Como la nena víctima era hija de su primer matrimonio, con Tabarcachi, y luego
Ríos se había casado con otro hombre, con el que tenía otros dos hijos, al
magistrado le pareció este un elemento más indicativo de la chiquita vivía con su
abuela.
“Cabe la duda sobre si los hijos ajenos (apellidados Tabarcachi) pudieron ser
indulgentemente tolerados por el nuevo integrante del grupo (Olivares), máxime
ante la precariedad económica en la que se desenvolvían. (…) No debe
sorprendernos que los tres hijos de Tabarcachi vivieran con su abuelita (que es
madre de la señora Ríos), ya que no sabemos cómo tomaría Olivares a esos hijos
agregados”.
Pedido de jury
La difusión de la sentencia provocó que el lunes último el abogado Daniel Tort,
integrante del Tribunal de Ética, le pidiera al Colegio de Abogados que intervenga en
este tema por considerarlo “de gravedad institucional”.
Por su parte, la abogada María Graciela Oviedo, representante de Sandra Ríos y José
Tabarcachi, informó que pedirá la destitución del juez Federico Cortes. Dijo que la
solicitud de jury de enjuiciamiento se presentará en esta semana.
Exhaustivo e intolerante
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derechos humanos hoy/ justicia y religión
Castigoa la diferenciaEn la mirada de un sociólogo, la sentencia del juez Cortesdespliega un razonamiento cultural de la intolerancia. Enese marco, es hasta deseable el castigo divino a los padresque no obraron como una familia “bien constituida”, deacuerdo a ciertos cánones.
En su fallo del año 2009,
el juez Federico Augusto
Cortes desestima la
demanda civil de los padres
de una niña de cinco años,
Melisa Tabarcachi,
atropellada y muerta por un
automóvil en San Lorenzo
en 2000. El fallo
desentiende de la
responsabilidad primera
del accidente a la
conductora pero culpa a la
niña y sus padres, desestima
algunos elementos claves de
las pericias oficiales tanto
del accidente como de los
psicólogos del Poder
Judicial, apela a la justicia
divina y concluye con el
rechazo al planteo de la
familia demandante. Una
lectura socio-jurídica del
fallo permite observar el
extraño y arbitrario modo
de producción de este tipo
de verdad jurídica afincado
en valores extra-judiciales
tales como los prejuicios
culturales, de clase,
religiosos y generacionales
que, entiendo, terminan
reproduciendo las desi-
gualdades y perpetuando
las injusticias sociales.
Un fallo judicial, al igual
que los ritos judiciales, los
códigos o los procesos
judiciales, son modos de
producción de la verdad
jurídica porque se trata de
modos de hacer, formas de
decir y significar sobre
hechos, personas y
circunstancias. La lectura
crítica del fallo permite
observar que la niña es vista
como un ser que por su
actos, su corta edad y su
origen familiar produjo ella
misma el accidente. Esto
desplaza la responsabilidad
primera del accidente de la
conductora del auto para
culpabilizar a la niña y los
padres que incumplieron
las obligaciones de cuidado
y protección de la menor.
Aquí estamos en presencia
de un razonamiento
cultural que se despliega
cuando se atribuye la
cantidad de hijos, los años
de su concepción y la
diferencia del origen
paternal para mostrar que
PEDRO MARCELO IBARRA
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otrosterritorios / 7
derechos humanos hoy/ justicia y religión
la niña estaba al cuidado de
su abuela mientras sus
padres tenían una vida
licenciosa.
Este razonamiento
cultural funda la idea de
sospecha y castigo a la
diferencia; la primera,
basada en que los padres
han hecho algo distinto o
diferente a lo que se espera
de una familia “bien
constituida” y, la segunda,
que por haber seguido ese
camino un castigo de
naturaleza divina no
solamente sería esperable
sino deseable.
Perplejos
La lectura del fallo
produce una perplejidad
cultural pues hay allí un
tratamiento de la diferencia
social, generacional y
religiosa típica de una
sociedad colonial pre-
republicana. En esa
sociedad era común
encontrar evocaciones o
justificaciones en la justicia
divina o la minoridad de
otros sujetos subalternos
que tenían un estatus o
condición de sujetos
incompletos, imperfectos e
inacabados; por lo tanto el
tratamiento tutelar y
minoritario era una
necesidad. En ese momento,
las ansiedades morales de la
aristocracia y las burguesías
en formación concebían las
dinámicas de las uniones
conyugales y los ensambles
familiares de los sectores
subalternos como un
ejemplo de la
desmoralización de las
familias pobres o humildes,
justificando con ello la
intervención y control para
la corrección moral y
sanitaria de esas situaciones.
El fallo evoca los valores
culturales de ese tipo de
sociedad que en Salta ya no
existe o está dejando de
existir. Es por ello que
resulta inaceptable desde
una sensibilidad jurídica
afincada en el marco
general de los valores
compartidos por una
sociedad democrática. Un
marco general de valores
basado en los derechos y
que comprende la
tolerancia y el tratamiento
no discriminatorio de la
diferencia.
Al mismo tiempo, un
rasgo característico del
campo jurídico es la
producción de ausencias. Se
trata ésto, de un modo
activo de hacer por el cual
ciertos temas,
problemáticas o cuestiones
no se tratan, no se abordan
o resultan difíciles de
pensar. En este caso, este
fallo también produce
ausencias. En un sentido
estricto, no tematiza o
problematiza a la familia de
la conductora como sí lo
hace con la familia de la niña
accidentada, no elabora un
razonamiento cultural en
torno de las circunstancias
y los hechos de que la
propia actividad judicial ha
llevado casi una década en
el tratamiento de una
demanda civil. Pero tal vez,
en un sentido general y
metafórico, la ausencia
mayor es la ausencia de
justicia.
La lectura del fallo produce una
perplejidad cultural pues hay allí un tratamiento
de la diferencia social, generacional y religiosatípica de una sociedad colonial pre-republicana.
JORNADA DE FORMACIÓN EN
ESTRATEGIAS DE ABORDAJE DEL
VIH Y LA DIVERSIDAD SEXUAL
El viernes 7 de octubre se
realizarán en la Ciudad de
Salta dos talleres de
formación en
conceptos y estrategias de
abordajes del vih desde el
equipo de salud y la sociedad
civil para mejorar las
respuestas en prevención y
atención de la salud en
relación a la diversidad
sexual. Serán docentes la
doctora en salud colectiva,
Silvana Weller, jefa del área
de Prevención de la Dirección
de Sida del ministerio de
Salud de la Nación; y la
médica infectóloga Cecilia
Santamaría, integrante del
equipo técnico del área de
Prevención de la Dirección de
Sida del ministerio de Salud
de la Nación. Las actividades,
gratuitas, están organizadas
por el Consultorio Amigable,
el observatorio de promoción
de derechos de diversidad
sexual, el Programa Provincial
de ETS y Sida, la Dirección de
Sida y ETS (Ministerio de
Salud de la Nación), y la
delegación local del INADI.
Más información
8 / otrosterritorios
Contaminados
derechos humanos hoy/ ambiente
LA CONFUSIÓN ES LA ÚNICA CERTEZA EN TORNO AL RÍO BERMEJO
LAURA URBANO
Pobladores de Pichanal creen que las aguas del
Bermejo son contaminadas por el Ingenio
El Tabacal. Se tomaron muestras, pero todavía no
se informó sobre el resultado. A la vez, surgen
informaciones encontradas.
Informaciones cruzadas y sin
confirmar se transforman en aliadas
de la confusión generada en torno a
las denuncias de contaminación de las
aguas del río Bermejo. Las entidades
oficiales que podrían corroborar las
denuncias parecen no funcionar, los
controles tampoco y una población
afectada por causas que no se
entienden y se desconocen, apunta a
lo más cercano: a su experiencia.
Hace dos semanas pobladores de
Pichanal, localidad del departamento
Orán, denunciaron la mortandad de
peces de hasta 45 kilogramos en Pozo
del Dorado, a la altura de la finca El
Carmen, en las aguas del río Bermejo.
La primera percepción de los
pobladores fue que la mortandad
ocurrió a causa del posible
volcamiento de vinaza (desechos)
sobre las aguas del río. La creencia se
asentó en la presencia del olor
característico de esta sustancia que
surge del procesamiento de la caña de
azúcar. Por esto, la primera empresa
a la que apuntaron fue el Ingenio San
Martín del Tabacal.
A los dos días de realizadas las
denuncias un equipo de inspectores
del Ministerio de Ambiente
corroboró la existencia de peces
muertos. Los inspectores percibieron
el olor que “subjetivamente” los ponía
en una primera posición de decir que
se trataba de la vinaza.
Sin embargo, las muestras que
podrían corroborar de qué se trataba
no se tomaron ese día. La explicación
oficial fue que no tenían recipientes
para hacerlo porque el equipo de
inspectores estaba por la zona
realizando otras actividades. Las
muestras se tomaron una semana
después de radicadas las denuncias,
las extrajeron de las bocas de salida
del Ingenio El Tabacal, y del Bermejo.
Justificaciones intencionadas
La empresa salió inmediatamente
a hacer su defensa afirmando que las
informaciones eran “infundadas” y
“falsas”. Recordó en este sentido que
recibió un premio por el tratamiento
que hace de la vinaza como abono
orgánico para sus plantaciones. Una
acción legítima de la empresa, si se
entiende que busca deslindar
responsabilidades por las
acusaciones.
Desde el gobierno provincial, en
tanto, primero se salió a apuntar a
“empresas”, de manera
indeterminada. Luego se dijo que en
el “XI Encuentro del Comité de
Integración Fronteriza Aguas
Blancas-Bermejo” quedó
puntualizado que “la contaminación
se debe a los residuos de la Mina Santa
Victoria”, ubicada –en la
información– en Bolivia. En ese parte
se afirmó que “el río Bermejo y la
calidad de sus aguas fue uno de los
temas centrales” de ese Encuentro.
El comunicado fue publicado el
lunes pasado, antes de que estuvieran
listos los resultados de las muestras
tomadas por Ambiente que hasta ayer
no podía confirmar si había o no
contaminación y las causas de la
mortandad de peces.
Esta falta de resultados es solo una
de las aristas que comienza a hacer
dudar de la veracidad de las causas
de la contaminación indicada desde
organismos oficiales.
Por dos consultas a quienes
participaron del Encuentro
por la desiformación
otrosterritorios / 9
ambiente / derechos humanos hoy
mencionado, esta cronista pudo
establecer que, si se habló de “la
calidad de las aguas” del Bermejo, este
no fue un tema “central”. Eso al menos
dio a entender el cónsul de Bolivia en
Orán, Julio César Yapuchura Alejo,
quien sostuvo que “solo se habló de
temas migratorios y de fronteras”. Por
su parte, el delegado en Salta de la
Dirección Nacional de Migraciones,
Luis Suárez, dijo en una entrevista a
Radio Nacional que no sabía del tema,
porque estuvo en la mesa que le
compete por el sector que representa.
Al buscar en Internet no surge
información de ninguna “Mina Santa
Victoria”, mencionada en el
comunicado del Gobierno, replicado
en diversos sitios de la red. Desde la
página Región Norte Grande, en tanto,
se agrega una información más: la
mina sería de Bolivia. La información
tras inspecciones que se hicieron
aguas arriba del Bermejo en territorio
boliviano se llegó “a la zona
denominada Santa Victoria, en
territorio argentino, donde se pudo
evidenciar la existencia de minas de
estaño y de plata cuyas piscinas de
oxidación colapsaron”.
Por la experiencia
Mientras las culpas se reparten y
apuntan a todos, para que al final
nadie sea el responsable, los
pobladores siguen sin entender qué
pasa con los olores y los peces
muertos en el Bermejo. Los
integrantes de la Asociación de
Artistas Autoconvocados de Orán,
por su parte, buscan con
metodologías propias respuestas que
en un escenario creado con verdades
a medias no son más inválidas que
otras. “Hemos revisado desde el
Puente Internacional (en la frontera
entre Aguas Blancas, en Argentina, y
la ciudad de Bermejo, en Bolivia) hasta
toda la zona nuestra que es de pesca,
a unos tres kilómetros en dirección a
Orán hacia el este y hasta Bolivia. Y
no hay peces muertos”, dijo a Otros
Territorios Ricardo Zarra, integrante
de Artistas Autoconvocados.
Al analizar estos discursos
desprendidos oficialmente reclamó a
los referentes de los entes oficiales que
“muestren certificación que indique
que hay peces muertos desde el
Puente Internacional hasta antes del
Ingenio (Tabacal), porque donde se
encontraron los peces muertos, es en
Pichanal y eso está lejos del Puente”.
Sea cual fuere el origen, si existen
las causas y aún la contaminación,
resulta sospechoso el dibujo de
supuestas verdades que solo ayudan
a tener una población desinformada
y a vulnerar su derecho a una
información veraz sobre temas que
involucran nada menos que a su
ambiente.
se replica en los medios salteños,
creando una verdad virtual que
parece incuestionable. Navegando en
la red Salta un dato curioso: en el sitio
boliviano, Zapateando 2, se transcribe
una información bajo el título: “Minas
argentinas contaminan el río Bermejo
con hierro”, en la cual se sostiene que
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derechos humanos hoy/ ambiente
LA LEY DE BOSQUES, CUATRO AÑOS DESPUÉS: SALTA
Disputar la riqueza
LORENZO LANGBEHN
La ley 26.331 de Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental de
los Bosques Nativos, aprobada por el
Congreso el 28 de noviembre de
2007, exigía a las provincias que en
el plazo de un año establecieran un
ordenamiento territorial de sus
bosques nativos y lo sancionaran
mediante una ley provincial. A fines
del año siguiente la única provincia
que tenía sancionada una
norma de esa clase era la de
Salta, con su ley 7543.
Sin embargo,
tampoco aquí el
ordenamiento estaba
completo ya que faltaba la
pieza clave: el mapa de
tres colores, indicando
qué bosques debían
permanecer intactos por
El proceso de ordenamiento territorial de los bosques mostró la lucha por la apropiación de latierra y sus bienes. También expuso, expone todavía, las diferencias culturales: para unos son
recursos económicos; para otros, el entorno donde la vida es. La pelea por los fondos.
presentar un alto valor de
conservación (rojo), cuáles podían
someterse a un aprovechamiento
sustentable (amarillo), y cuáles era
lícito desmontar (verde).
Por cierto, el equipo técnico que
debía formular el proyecto de ley por
encargo del ejecutivo provincial
también había tenido la tarea de
diseñar un mapa de ordenamiento.
Pero todo el proceso de elaboración
y debate de ese
o r d e n a m i e n t o
estuvo envuelto en
una fuerte disputa
política debido,
principalmente, a
la resistencia que
oponían los
s e c t o r e s
agroempresariales
a la limitación de
los usos
de la tierra. Hay que tener en cuenta
que, paralelamente durante 2008, se
desarrolló el enfrentamiento con el
gobierno nacional por la famosa
resolución 125, de manera que el
ánimo del sector estaba caldeado.
Cuando se conocieron a través de la
prensa las versiones previas del mapa
de ordenamiento preparadas por el
equipo técnico, suscitaron reacciones
furiosas no sólo por parte de los
grandes productores agropecuarios
asociados en ProGrano y la Sociedad
Rural, que consideraban excesivas las
superficies de bosque que se pensaba
conservar, sino también por parte de
algunas organizaciones de los pueblos
originarios como Qullamarka, porque
consideraban insuficiente la
protección que recibirían los bosques
en sus territorios. Finalmente, el
Poder Ejecutivo prefirió enviar a la
Legislatura el proyecto de ley sin el
mapa, que quedaría para ser
sancionado por decreto.
En la Legislatura el proyecto del
ejecutivo sufrió algunas
modificaciones de importancia. Éstas
se refieren, en primer
término, a los criterios que se
estipulan para definir cada
categoría. En términos
generales, las modificaciones
tendieron a reducir la
proporción de bosques que
entrarían en las categorías
“roja” y “amarilla”. Por
ejemplo, el proyecto del
ejecutivo preveía para la
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otrosterritorios / 11
derechos humanos hoy/ ambiente
categoría “verde” una pendiente
máxima de 5 por ciento. Las áreas de
mayor pendiente debían clasificarse
en una de las otras dos categorías. En
cambio, la ley finalmente aprobada
eleva ese máximo a 15 por ciento.
En segundo término, se realizaron
modificaciones referidas a la validez
de los permisos de desmonte
solicitados y otorgados antes de la
aprobación de la Ley de Bosques.
Según el texto de la norma provincial,
los permisos otorgados antes de la
sanción de la ley 26331 se
prorrogaban por tres años desde su
fecha de caducidad, mientras que para
los permisos que habían sido
solicitados y que no habían llegado a
aprobarse se disponía que debían
tramitarse conforme a la legislación
vigente en aquel momento.
Para comprender el alcance de estas
disposiciones es necesario recordar
que en los meses previos a la sanción
de la Ley de Bosques por el Congreso
Nacional, que coincidieron con los
últimos meses del gobierno de Juan
Carlos Romero, la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable de
Salta otorgó permisos de desmonte por
aproximadamente medio millón de
hectáreas, que de ejecutarse habrían
duplicado la superficie agrícola con
respecto a lo explotado en la provincia
en ese entonces, y que en varios casos
entraban en conflicto con los
territorios de comunidades originarias.
El repentino incremento en la
superficie autorizada para desmontes
fue denunciado por la organización no
gubernamental Asociana, por
Greenpeace y por otras agrupaciones.
Cuando el 16 de diciembre de 2008
se aprobó la ley 7543 con aquellas
modificaciones, varias comunidades
de pueblos originarios y asociaciones
de pequeños productores criollos
iniciaron una acción de amparo ante
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. En pocos días la Corte otorgó
la medida cautelar, que ratificó en
marzo siguiente, después de una
audiencia pública realizada en Buenos
Aires en febrero de 2009. Este
amparo sigue vigente y prohíbe toda
actividad de desmonte en los
departamentos Rivadavia, San
Martín, Orán y Santa Victoria. La
Corte exigió que se realizara un
estudio de impacto ambiental
acumulativo, considerando el efecto
combinado de todos los desmontes
autorizados. El estudio presentado
por el gobierno de Salta en junio de
2009 mereció algunas observaciones
del alto tribunal, con las
correspondientes respuestas de la
provincia, pero al día de hoy la Corte
no ha fallado en forma definitiva.
Entre tanto, el 30 de junio de 2009
el gobierno salteño presentó el mapa
tricolor del ordenamiento (decreto
2785/09), que clasifica 1,3 millones
de hectáreas en la categoría I (rojo),
5,4 millones en la categoría II
(amarillo) y 1,6 millones en la
categoría verde, estas últimas
ubicadas principalmente en los
departamentos Anta y Metán. La
ejecución de las autorizaciones de
desmonte previas se limitó a un 25
por ciento del predio para
propiedades mayores a quinientas
hectáreas. En un segundo decreto
(2789/09), el Gobierno suspendió
todas las autorizaciones de desmonte
pendientes de ejecución que entraran
en conflicto con reclamos
territoriales de comunidades
indígenas.
En respuesta, las asociaciones
sectoriales del agro publicaron una
solicitada en El Tribuno en la que
afirmaban que el ordenamiento era
un “golpe bajo”, que “condena sin
atenuantes al atraso perpetuo del
territorio de media provincia” (sic).
Sin embargo, el Gobierno no dio
marcha atrás y a partir de allí fue
avanzando en un proceso de diálogo
con el sector que adoptó una tesitura
más moderada. Se creó un Consejo
Asesor para futuras revisiones del
ordenamiento territorial, una
Agencia Foresto Industrial, una
Agencia de Bosques Nativos que
administra los dineros provenientes
del Fondo de Conservación de
Bosques Nativos y en mayo de 2010
se establecieron los procedimientos
para instrumentar el ordenamiento a
escala predial mediante planes de
conservación, de manejo sustentable
o de cambio de uso del suelo (decreto
2211/10). En el próximo número
echaremos un vistazo al contenido de
la normativa y al uso de los fondos.
12 / otrosterritorios
derechos humanos hoy/ ambiente
El paradigma agroecológicoCÓMO VIVIR Y COMER SIN DEVORARNOS EL PLANETA
Los participantes de un encuentro de agroecología en México se pronunciaron por una producciónagraria que asegure “suficientes alimentos sanos y accesibles” con menor daño ambiental.
El III Congreso de Agroecología se
celebró en agosto en Oaxtepec, México.
Presentamos nuestro trabajo desde el
Programa Pro-huerta, el Proyecto INTA
de Acceso a los recursos básicos y la OIT
(Oficina de Información Técnica de
Morillo). Y expusimos sobre las acciones
que se vienen desarrollando en la zona
de Rivadavia Banda Norte junto a las
organizaciones locales en defensa de los
sistemas agroecológicos en la lucha por
la tierra, el agua y la supervivencia de
los campesinos en sus territorios.
La presencia masiva de jóvenes
permite pensar en un futuro más que
alentador del desarrollo de la
agroecología en el continente. Se produjo
entre los participantes una declaración,
la Carta Agroecológica de Oaxtepec, que
aquí presentamos:
Los más de 750 participantes en el III
Congreso Latinoamericano de Agroecología
organizado por la Sociedad Científica
Latinoamericana de Agroecología (SOCLA)
y la Universidad Autónoma Chapingo
realizado en Oaxtepec, Morelos, México del
17 al 19 de agosto de 2011, y reunidos bajo
el lema “La agroecología; para alcanzar la
soberanía alimentaria en un planeta en
crisis ambiental, energética y climática”
declaramos:
1. La urgente necesidad de impulsar el
paradigma agroecológico que asegure
suficientes alimentos sanos y accesibles
para la creciente población mundial,
sobre la misma base de tierra arable,
pero haciendo un mejor uso de los
recursos como el petróleo, el agua y
otros, dentro de un escenario de cambio
climático e incertidumbre económica.
2. El modelo agrícola industrial-
convencional y sus cuestionables
derivaciones biotecnológicas y
producción de agrocombustibles está
agotado y no podrá dar respuestas a los
desafíos del futuro agrícola en la región
y el mundo. De hecho, la amenaza a la
seguridad alimentaria es el resultado
directo del modelo agroindustrial,
caracterizado por monocultivos a gran
escala y cultivos transgénicos, mientras
las grandes compañías transnacionales
se apoderan de semillas y tierras
agrícolas, socavando con ello aún más
la capacidad de suministro de alimentos,
fibra y energía a las poblaciones locales.
3. Los umbrales de la naturaleza han
sido sobrepasados por el crecimiento
económico desenfrenado y los paisajes
modificados hasta puntos extremos por
el monocultivo y otras prácticas nocivas
a los agroecosistemas, la salud humana
y el ambiente natural. La agroecología
provee las bases para revertir este
proceso y restaurar los procesos
ecosistémicos, como la producción de
alimentos sanos, la mitigación del
cambio climático y la conservación de
la biodiversidad, tan necesarios hoy en
día para la supervivencia del planeta.
4. Considerando que el congreso se realiza
en México, ubicado en Mesoamérica,
centro de origen, diversificación y
domesticación del maíz, manifestamos
nuestro apoyo a las iniciativas de rechazo
a la introducción de cultivos transgénicos
en éste o cualquier otro país. Hacemos un
llamado a crear esfuerzos para desterrar
los transgénicos del continente y
transformar América Latina en una zona
libre de transgénicos. Defender la
agricultura campesina y exigir el
derecho al libre uso de la biodiversidad
por los campesinos e indígenas y rechazar
el patentamiento y la restricción a la
circulación de sus semillas nativas.
5. De igual manera, considerando que
la Quinta Conferencia de las Partes del
Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes
adoptó el 29 de abril del 2011, la decisión
de eliminar la producción y el uso
mundial del insecticida endosulfán, el
III Congreso de la SOCLA hace un
llamado a todos los gobiernos de América
Latina y el Caribe para prohibir la
importación, producción y uso del
endosulfán. Además, trabajar para la
eliminación de todos los agrotóxicos e
implementar programas nacionales de
apoyo a las alternativas agroecológicas
para el manejo de plagas, para ir más
allá de la mera sustitución por otro
plaguicida químico. Para la aplicación
de este compromiso internacional, los
planes nacionales deberán estar abiertos
a la participación de las organizaciones
de productores y de académicos.
6. La agroecología está aportando las
bases científicas, metodológicas y
técnicas para una nueva “revolución
agraria” a escala mundial. Los sistemas
de producción fundados en principios
agroecológicos son biodiversos,
resilientes, eficientes energéticamente y
socialmente justos. Informes
internacionales como el de la IAASTD y
del Relator Especial para el Derecho a la
Alimentación de las Naciones Unidas,
han concluido que el modelo
ALCIRA FIGUEROA
otrosterritorios / 13
derechos humanos hoy/ ambiente
agroecológico es la opción mas viable ya
que permite la generación de sistemas
agrícolas capaces de producir
conservando la biodiversidad y la base
de recursos naturales, sin depender de
petróleo, ni insumos caros.
7. Miles de agricultores en especial
campesinos e indígenas en América
Latina ya practican este tipo de
agricultura que ofrece múltiples
beneficios ambientales, sociales,
culturales y económicos a varios sectores
de la sociedad rural y urbana de la
región. Estos producen más del 50% de
los alimentos que se consumen y las
experiencias agroecológicas exitosas
constituyen una guía para ser
socializadas mediante procesos
horizontales de intercambio
participativo de experiencias.
8. Los movimientos sociales son
claves para el escalonamiento de
la propuesta agroecológica y para
lograr políticas públicas favorables
a ella y a la soberanía alimentaria.
La soberanía alimentaria se centra
en la autonomía, el consumo
responsable, los mercados locales,
los ciclos cortos de producción y
consumo y las redes que
promueven innovaciones e ideas
agroecológicas. La agroecología no solo
proporciona los principios para alcanzar
la soberanía alimentaria, sino también
la soberanía tecnológica, territorial,
económica y energética dentro de un
contexto de resiliencia.
9. Los científicos, académicos,
profesionales y técnicos ligados a
SOCLA apoyan desde su quehacer a
estos movimientos sociales y juegan
un rol fundamental en la sistematización
de las experiencias agroecológicas
surgidas de la investigación formal y de
las tradiciones de los agricultores.
También tienen la responsabilidad social
de informar y presionar a los decisores
para que se generen y rediseñen políticas
públicas agrarias que potencien la
agricultura sostenible tal como el acceso
de los agricultores a la información,
educación, investigación, tierra, agua,
semillas locales, mercados, etc.
10. Hacemos un llamado a la sociedad
en general a apoyar las propuestas
agroecológicas que permitan consolidar
la soberanía alimentaria, la
conservación de los recursos naturales
y el empoderamiento local, regional y
nacional de organizaciones y
movimientos campesinos.
Apremiados por la urgencia de los
tiempos, convocamos a convertir esta
declaración en plan de acción de la
agroecología en América Latina y El
Caribe.
¡No más desalojo,
criminalización y violencia
en el campo!
¡Rechazamos la
marginación del saber
campesino e indígena y apoyamos el
diálogo entre estos saberes y el
conocimiento científico!
Apoyamos las iniciativas de
educación en agroecología a todos los
niveles, en el contexto urbano y rural,
que fortalezcan las capacidades para
alcanzar la soberanía alimentaria en un
planeta en crisis ambiental, energética
y climática.
¡Hacemos un fuerte llamado a los
estados a establecer políticas favorables
a la agroecología!
Rechazamos todo intento de parte de
las corporaciones multinacionales, los
gobiernos y los organismos financieros
internacionales de secuestrar y cooptar
la agroecología. ¡Defendemos la
agrobiodiversidad como patrimonio de
los pueblos al servicio de la humanidad
y la Madre Tierra!
AN
DR
EA
FE
RN
ÁN
DE
Z
14 / otrosterritorios
derechos humanos hoy/ pueblos originarios
No queremos la muerteLA LUCHA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN COLOMBIA
De Colombia se conocen la violencia, los grupos paramilitares y la persecusión a campesinose indígenas. Poco se sabe, en cambio, de la intensa resistencia de su pueblo. Dos luchadores
sociales lo cuentan.
VILMA ALMENDRA
MANUEL ROZENTAL
La resistencia ancestral,
la memoria colectiva y
práctica, los valores y
principios espirituales que
constituyen el corazón de la
lucha y del trabajo creativo
del pueblo Nasa que habita
el sur occidente de
Colombia, cerca de la
frontera con el Ecuador, es
hoy, y lo ha sido desde hace
décadas, inspiración y
camino de la resistencia
pacífica, que es además y
simultáneamente, un
proceso de transformación
concreto, desde un
territorio sometido sin
descanso a la agresión por
más de 500 años. La última
fase del capitalismo global
en crisis, ha generado un
agresivo proceso de
ocupación y explotación
territorial global, como
intento desesperado, para
salvar el hambre insaciable
de lucro de quienes ocupan
los cargos directivos de
corporaciones trans-
nacionales. Su interés es
acceder a bienes comunes,
fuentes de energía,
minerales preciosos y
recursos naturales, cuyo
precio aumenta en la
medida en que escasean
como consecuencia de un
extractivismo destructivo.
Es en este contexto que
Colombia, al igual que
México, Guatemala, Hon-
duras, Haití (pero también
Irak, Afganistán y Libia), es
transformada en “teatro de
operaciones militares” con
pretextos como la guerra
contra el narcotráfico o
contra el terrorismo. En
realidad, se trata de generar
estas guerras como medio
para transferir por la vía del
terror, la propaganda y las
políticas económicas del
“libre comercio”, las
riquezas al capital
especulativo, financiero y
extractivo transnacional.
Pero no se trata de
problemas aislados de
algunos países. Esta misma
guerra contra los pueblos,
por la apropiación privada
de riquezas, aunque por
otras vías, se viene
imponiendo en los demás
países del continente y del
mundo, de manera que la
resistencia en Jujuy,
Formosa o Santiago del
Estero, Grecia o el
levantamiento de
indignadas e indignados, se
teje a procesos de
resistencia ante una
agresión total.
No es fortuito entonces,
que en el norte del Cauca,
territorio Nasa y ejemplo de
transformación social
desde la resistencia, en
defensa de armonía y
equilibrio entre pueblos y
naturaleza, se presenten
constantes violaciones de
derechos humanos y actos
de violencia prota-
gonizados por todos los
actores armados contra la
población civil. Es decir
que en el territorio Nasa
hay un choque de dos
lógicas, de dos
humanidades incompa-
tibles: la tierra convertida
en negocio para la codicia
de unos pocos o la libertad
de la Madre Tierra como
principio para defender la
vida y el territorio. Está en
curso una operación
integral de ocupación del
territorio y desmante-
lamiento del proceso
AN
DR
EA
FE
RN
ÁN
DE
Z
otrosterritorios / 15
derechos humanos hoy/ pueblos originarios
indígena del norte del
Cauca. Las acciones de
guerra y terror se combinan
con propaganda, acciones
cívico-militares, falsos
positivos (asesinato de
civiles que se presentan
como caídos en combate),
imposiciones legales,
proyectos económicos y
megaproyectos de
transnacionales. El proceso
indígena representado por
la Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del
Cauca (ACIN) se encuentra
en riesgo inminente de ser
destruido. La evidencia
apunta a que toda la
capacidad destructiva del
poder transnacional y del
régimen colombiano se ha
puesto en marcha en contra
de la autonomía y de la vida
de nuestros pueblos.
Corresponde a esta agresión
una respuesta que sume
todas nuestras capacidades
y conciencias, a la vez que
requiere del respaldo
solidario externo dada la
magnitud y capacidad de los
agresores.
El texto que
compartimos a conti-
nuación, es la reacción del
Tejido de Comunicación de
la ACIN ante el asesinato
reciente de una niña Nasa en
combates que libran los
actores armados al servicio
del despojo, en medio de la
población inerme:
Cauca: ¡No queremos
a los grupos armados en
nuestro territorio, no
queremos la muerte!
Hace algunas semanas los
gobiernos de Colombia y
Japón celebraron con gran
euforia un acuerdo de
inversión extranjera en
nuestro país. Colombia
asumió sin ningún reparo el
compromiso de proteger y
garantizar la rentabilidad de
esta inversión. La garantía
que promete el gobierno de
Colombia a todos los
inversionistas externos y
locales es la seguridad que
dan las armas. Esa seguridad
que mientras protege los
intereses económicos de
unos asesina la vida de
muchos.
Los gobiernos realizan
incansables esfuerzos por
firmar cada vez más tratados
comerciales, acuerdos de
cooperación e inversión
económica. Ello conduce a
que en los caminos de
nuestros territorios se siga
derramando sangre de los
más humildes, de los más
frágiles y de los más dignos.
Aún viven en el corazón y la
memoria los niños y jóvenes
bombardeados por la
fuerza pública hace ya
varios meses en la vereda
Gargantillas del Resguardo
de Tacueyó. También
recordamos a Zuleima
Coicué, una joven y
humilde mujer a quien
milicianos de las FARC le
segaron brutalmente la
vida arrebatándole el
derecho de criar a su
pequeño hijo. Y cómo
borrar de la memoria lo
que aún nos duele, el
inhumano ataque a la
población de Toribío
donde nuevamente quedó
en evidencia la crueldad de
los comerciantes de la
vida. En esta dolorosa lista,
donde muchos quedan al
margen, también se nos
viene a la memoria la
sonrisa humilde y sincera
de Luis Carlos Mestizo,
asesinado en Santander de
Quilichao hace algunos
días, en uno de los
municipios del Cauca más
militarizados.
Ahora con gran tristeza
e inmenso dolor, lloramos
a Maryi Vanesa Coicué, una
niña de once años, que
soñaba con ser líder de su
comunidad, a quien la
irracionalidad de los
asesinos truncó su ideal. Al
escuchar los desgarradores
gritos de dolor de Maryi, su
mamá, y al ver las
silenciosas lágrimas de
Abel, su papá, reiteramos
sus palabras: “Estamos
cansados de la muerte, hoy
nuevamente desde la
profunda tristeza y el dolor
que siento, hago un llamado
urgente a toda la
comunidad, a todo el Cauca,
a toda Colombia y a nivel
internacional, a valorar y a
defender la vida”.
El sábado, 17 de
septiembre, la comunidad
educativa se movilizó desde
Caloto hasta Santander de
Quilichao –Cauca–,
denunciando todas las
muertes que han sucedido
en el territorio, en especial
denunciando la muerte de
Maryi. La comunidad ya se
cansó de tanta injusticia, de
que en nuestros territorios
se siga derramando tanta
sangre y de que lo único que
importe a los grupos
armados sea la muerte, por
esto queremos que se salgan
de nuestras comunidades,
no los queremos, no
queremos las armas, no
queremos la muerte.
Tejido de Comunicación ACIN.
http://www.nasaacin.org/
La comunidad ya se cansó de tanta injusticia, de que en nuestrosterritorios se diga derramando tanta sangre y de que lo único que
importe a los grupos armados sea la muerte, por esto queremos que
salgan de nuestras comunidades, no los queremos, noqueremos las armas, no queremos la muerte.
16 / otrosterritorios