PABLO GONCALVEZ

Y los

“CRIMENES de carrasco”

por Gabriel Pombo

Introducción

En Uruguay el fenómeno del homicidio serial deviene singularmente

raro y escaso. Pese a ello, a comienzos de la década de mil novecientos

noventa la crónica policial registró un caso dotado de aristas espectaculares

que conmocionó hondamente a la sociedad uruguaya. La prensa motejó a

aquella secuencia de asesinatos cometidos contra jóvenes mujeres como

“Los crímenes de Carrasco”, en atención al barrio capitalino en dónde

residían las víctimas.

Las presas humanas cobradas por el matador en cadena fueron Ana

Luisa Miller, Andrea Gabriela Castro y María Victoria Williams, todas

ellas fallecidas a consecuencia de enérgicas maniobras de sofocación

inferidas por su agresor, en una variante de la clásica muerte provocada por

estrangulamiento.

El ultimador de estas muchachas constituía, sin la menor vacilación,

un asesino en serie, y durante meses mantuvo en jaque a la policía.

Cuando finalmente se lo detuvo y fue difundida su identidad el temor

imperante en la población se trocó en desconcierto y extrañeza, al saberse

que se trataba de un joven de Carrasco que contaba con sólo veintidós años,

era hijo de un diplomático y vecino de una de las chicas asesinadas (María

Victoria Williams).

Sus nombres y apellidos completos: Pablo José Goncalvez Gallareta.

Breve biografía del criminal

Pablo José Goncalvez Gallarreta, a quien se conceptúa con razón el más

moderno psicokiller de Uruguay, en realidad nació en España, en Bilbao

(Viscaya) el 6 de marzo de 1970 cuando su padre, el diplomático Hamlet

Goncalvez, cumplía funciones allí representando a su país. Buena parte de

su niñez y de su adolescencia la transcurrió fuera de Uruguay debido a la

labor diplomática de su progenitor, conociendo varios países, a saber:

Suecia, Brasil, Paraguay y Perú.

Pero se crió y educó en Uruguay y, a principios de los años noventa de

la pasada centuria, era un destacado miembro de la alta sociedad de

Montevideo, estudiante de ciencias económicas, residente en un hermoso

chalet de Carrasco, en cuyos fondos tenía instalado un taller de reparación

de ciclomotores en sociedad con otro joven. Cursó la primaria en el

colegio Christian Brothers, y culminó sus estudios en el liceo público

número 15 de Carrasco. Posteriormente ingresó a la Facultad de Ciencias

Económicas.

Hasta mediados de 1991 se le conoció una novia estable. Al año

siguiente falleció su padre (el 16 de julio de 1992), y este hecho luctuoso

habría repercutido en la eficacia de sus estudios, mermando su

normalmente elevado rendimiento curricular.

Su inicial entredicho con la ley lo tuvo al ser denunciado por una

empleada de veintiocho años de la desaparecida mutualista Cima España.

La denunciante adujo haber sido violada por el joven, tras ser amenazada

con un revólver, y luego amarrada al asiento del acompañante del vehículo

de aquél por medio de un juego de esposas. Ese día era feriado y no había

locomoción pública, por lo cual ella aceptó la invitación del conductor,

quien se ofreciera a llevarla hasta su trabajo.

Como prueba de la agresión la mujer exhibió la cédula de identidad del

acusado, pero el muchacho logró salir indemne al declarar que la relación

sexual fue consentida, y que ella le había hurtado la billetera. Fue cuestión

de palabra contra palabra. No quedó registrado antecedente penal.

Empero, las autoridades tomaron conocimiento del hecho, y ese incidente

enfocaría las sospechas hacia la persona de Pablo Goncalvez cuando, más

adelante, comenzaron las pesquisas emprendidas a raíz de una sucesión de

sórdidos homicidios.

Cronología de los asesinatos

A pesar de que terminó constituyendo el último de los crímenes en

resolverse, el primero de ellos en orden cronológico lo representó el

cometido contra Ana Luisa Miller Sichero. Ésta era una muchacha soltera

de veintiséis años, hermana de la renombrada tenista Patricia Miller,

licenciada en historia y docente en ejercicio. Residía en Carrasco junto a

sus padres y dos de sus hermanas. Estaba de novia con un ingeniero de

veintinueve años.

Su cadáver apareció denotando signos de haber padecido una muerte

mediante sofocación, con hematomas en el rostro, y arrojado sobre las

dunas de la playa de Solymar a escasos metros de la prefectura naval,

próximo a la hora 8 del 1 de enero de 1992. La habían conducido hasta ese

sitio trasladándola en su propio coche, el cual horas más tarde se halló

abandonado a una cuadra del domicilio de Pablo Goncalvez.

La tétrica retahíla criminal tuvo su víspera el 31 de diciembre de 1991.

Ana Luisa Miller había salido esa noche con su novio Hugo Sapelli, joven

de similar condición social y económica. Recibieron el año nuevo cenando

en un restaurante de Carrasco y, después, próximo a la una de la madrugada

del entrante 1 de enero de 1992, la pareja concurrió a bailar al muy

conocido club Old Christian´s.

Al despuntar el alba de aquel año ambos jóvenes abandonaron la

reunión bailable y, a partir de entonces, los datos referentes a las últimas

horas de existencia de la infortunada mujer dependen de la versión aportada

por su pareja.

Sapelli le contó a las autoridades que Ana Luisa conducía su automóvil

y lo condujo hasta su vivienda a la cual arribaron cerca de las siete menos

veinte y, una vez allí, habrían mantenido breves relaciones sexuales.

Después, próximo a la hora ocho de aquella mañana, la muchacha se

despidió, y manejando su coche se encaminó rumbo a su propio domicilio.

Miller jamás lograría ingresar a su casa. Se halló su vehículo estacionado

en la calle Eduardo Couture casi Costa Rica en los aledaños del Lawn

Tenis del Parque Carrasco.

Había manchas hemáticas en el asiento delantero del acompañante, y

uno de los cinturones de seguridad estaba cortado. Horas más tarde, el

cuerpo de la occisa fue encontrado yaciendo entre las dunas de la playa del

balneario Solymar, a escasos metros de dónde se instalaba la prefectura de

la localidad de Lomas de Solymar.

Los médicos forenses que examinaron su cadáver supusieron que la

difunta viajaba en el asiento del acompañante de su vehículo cuando se le

propinó un fuerte impacto en su mentón que la habría dejado en estado de

indefensión, tras lo cual su victimario se le habría arrojado encima para

estrangularla mientras ella sangraba profusamente a causa del golpe.

El novio de la víctima fue considerado el principal sospechoso y

resultó indagado en forma intensa hasta el punto de ser sometido –

voluntariamente- a la prueba del polígrafo. No obstante, transcurrieron los

meses sin registrarse ningún avance de interés en la investigación policial.

Este homicidio recién se aclararía para la justicia uruguaya cuando ya

se encontraba en prisión Pablo Goncalvez, detenido y confeso por dos

muertes consumadas a través de igual modus operandi.

Pablo Goncálvez purgando los primeros años de su reclusión

La segunda presa humana la conformó Andrea Gabriela Castro

Pena, de quince años. Vivía con sus padres en Malvín, y cursaba cuarto

año de secundaria en el liceo número 20. La asesinaron el domingo 20 de

septiembre de 1992 luego de salir del club bailable England.

También devino victimada en el interior de un coche, y falleció a

consecuencia de la asfixia provocada por un agresor que practicó en torno a

su garganta enérgicas maniobras de sofocación. A manera de ritual, su

matador le enroscó alrededor del cuello una corbata de franjas blancas y

verdes. (Cabe mencionar que en una fotografía de niño el luego imputado

lucía una prenda semejante a aquella, y en el allanamiento de su morada

localizaron juegos de corbatas de la misma marca y estilo.)

El cuerpo sin vida de Andrea Gabriela se descubrió parcialmente

sepultado bajo la arena de una playa en el balneario de Punta del Este,

yaciendo dentro de una precaria tumba que el ejecutor cavó con sus propias

manos.

La última asesinada fue María Victoria Williams, de veintidós años.

Era oriunda del Departamento de Salto, y por entonces residía a dos

cuadras de la casa del luego imputado Goncalvez. Desapareció el 8 de

febrero de 1993. Estaba aguardando el ómnibus para ir a su trabajo.

Según la versión que proporcionó Goncalvez a la policía y al juez de esa

causa -Dr. Rolando Vomero-, la vio desde la ventana de su finca y,

cediendo ante un abrupto impulso, salió a la calle a abordarla.

La excusa: la abuela del victimario estaba "enferma", había sufrido un

repentino "ataque", se encontraba desmayada y no reaccionaba. El nieto

necesitaba ayuda urgente, y la solidaria chica aceptó acompañarlo

presurosa.

El juez que condujo la

causa penal en primera instancia: Dr. Rolando Vomero

Una vez dentro de la casa, su vecino le habría pedido que tomara el

teléfono a fin de llamar a la emergencia, mientras él subía al segundo piso

para "reanimar" a la anciana.

Cuando la joven intentó realizar la llamada resultó agredida por la

espalda y, al cabo de un desesperado forcejeo, terminó siendo reducida a

través de una férrea maniobra de sofocación manual que le hizo perder la

consciencia.

Acto seguido, su ofensor le colocó una bolsa de nylon en la cabeza y la

ató a su cuello, asegurando de esa forma el óbito.

María Victoria Williams:

Patética víctima del homicida en serie

Las pruebas incriminatorias

Una vez enterada la opinión pública que este joven era considerado el

asesino de las chicas Andrea Gabriela Castro y María Victoria Williams, se

propaló el rumor de que el tercer homicidio que le fuera atribuido (el de

Ana Luisa Miller) no le pertenecía, sino que se lo habían endilgado a fin de

resolver de hecho un misterio que venía, desde largo tiempo, manteniendo

en vilo a los investigadores. Aún al presente estos recelos persisten. Basta

leer los blogs de Internet que tratan sobre el caso para comprobar que

muchos comentarios de usuarios (generalmente anónimos) sostienen la

inocencia de Pablo Goncalvez con respecto a este homicidio en particular.

Sin embargo: ¿con qué pruebas contó el magistrado de esa causa penal

para imputarle también la consumación de este óbito?

Una evidencia convictiva muy sólida se verificó cuando se llevó a cabo

la reconstrucción del crimen de Ana Luisa Miller. Al escenario fatal acudió

el sospechoso, junto con la policía, el juez, el fiscal y los abogados de su

defensa.

El cadáver había sido descubierto yaciendo sobre las dunas de la playa

de Solymar, a escasos metros de la prefectura naval. El asesino no intentó

ocultar a la víctima y, menos aún, sepultarla. El exánime cuerpo quedó en

una postura arrollada debido a que fue lanzado por un pequeño terraplén,

cayendo luego de ser empujado desde la abierta puerta del acompañante del

vehículo en que lo trasladaron.

Aquel coche (propiedad de la víctima) quedó estacionado de

determinada manera, y fotografías forenses tomadas a las huellas

producidas por sus neumáticos así lo denotaban. Vale decir, que el rodado

no podía quedar detenido de cualquier manera para coincidir con la forma

en que se encontró el cadáver, y desde dónde el mismo fuera arrojado.

Al iniciarse la reconstrucción forense el indagado solicitó al juez que lo

autorizara a conducir el automóvil policial que lo había transportado hasta

allí y, después de maniobrar con él, lo posicionó con precisión en el lugar,

y de la forma, en que se efectuó en el acto de desembarazarse del cuerpo

del delito, según los registros del expediente penal.

El victimario múltiple rumbo a la reconstrucción de uno de sus crímenes

(izquierda) y conducido por la policía su salida del juzgado penal (derecha)

Esta acción la realizó por iniciativa propia el encausado, ante testigos y

con las garantías legales. No parecería válido aducir que se estuviera frente

a una prueba "plantada", u obtenida mediante apremios. Se trataba, a su

vez, de una evidencia de aquellas que "sólo el culpable podía conocer".

En el dorso de las manos y sobre los puños de la joven Ana Luisa

Miller, la autopsia, a cargo del Dr. Guido Berro, constató marcas

coincidentes con las huellas que imprimieron en su piel las ataduras que le

fueron practicadas previo a trasladarla inconsciente hasta la playa de

Solymar donde se la ultimara. Pablo Goncalvez declaró haberla amarrado

con los cordones de sus zapatos náuticos. Tales cordones consisten en unas

delgadas tirillas de cuero, aptas para dejar trazas semejantes a las

detectadas sobre los puños y el dorso de las manos de la desafortunada.

En los otros dos casos las pruebas se mostrarían también concluyentes.

El sepultado cuerpo de la adolescente Andrea Gabriela Castro lucía

una corbata a franjas blancas y verdes anudada en su cuello. No resultó

estrangulada por medio de dicha prenda, sino que fue sofocada

manualmente hasta serle quitada la vida. La colocación de la corbata

entrañaba una ritualidad inherente a un crimen ejecutado por un homicida

secuencial. Implicaba una suerte de "marca personal" o "sello" impreso por

el victimario sobre su presa humana.

Pues bien, durante el allanamiento de la vivienda del sospechoso

(legitimado por orden judicial y con garantías procesales) se incautó una

fotografía de niño de Pablo Goncalvez portando una corbata análoga. Más

aún: se ubicaron otras prendas de igual corte y similares colores. Todas

componían una colección expedida por una fábrica inglesa cerrada treinta

años atrás y pertenecían al diplomático Hamlet Goncalvez, padre del

indagado. Estas prendas se vendían en conjuntos de tres, y faltaba una de

ellas dentro del juego. Este dato apunta, con un grado de probabilidad casi

absoluta, a que la corbata restante no podría ser otra sino la encontrada en

torno al cuello de esta desdichada adolescente.

En cuanto al crimen a María Victoria Williams fue determinante la

proximidad entre la finca del indagado y la casa dónde residía la chica. La

víctima desapareció en el corto tramo que discurría de su domicilio a la

parada del ómnibus, cuando esa lluviosa mañana del 8 de febrero de 1993

se dirigía a su trabajo. No se detectaron signos de lucha ni se la vio subir al

automóvil de algún extraño, lo cual hubiera sido contrario a los recatados

hábitos de esta muchacha. María Victoria no se iría con un extraño, pero sí

(en gesto samaritano acorde a su noble personalidad) aceptaría ingresar a la

vivienda de su vecino, quien le urgiera a ayudarlo pretextando que su

anciana abuela había sufrido un ataque.

Otra fotografía de la jóven

María Victoria Williams

Asimismo, en declaraciones a la policía, el indagado expresó haber

arrojado pertenencias de sus víctimas en un baldío sito en el barrio de

Maroñas: una libreta de notas de Andrea Gabriela Castro, así como una

agenda parcialmente quemada y un monedero de María Victoria Williams.

En presencia del juez y de integrantes de la Policía Técnica, tales recaudos

se recogieron del lugar previamente indicado.

Epílogo

El preso confesó la comisión de los asesinatos en sede policial, y

luego ratificó, aportando profusos detalles, sus relatos frente al juez, el

fiscal y el actuario del Juzgado; y en presencia de sus dos iniciales

abogadas defensoras. No obstante, tras haber cambiado de patrocinio

letrado, rectificó su postura y se declaró inocente.

Según adujo en su reclamo, las confesiones le fueron arrancadas bajo

tortura. Interpuso su queja ante la Convención Latinoamericana de

Derechos Humanos pero no tuvo éxito. Dicho organismo internacional le

dio la razón al Estado uruguayo el cual sostuvo, al contestar la demanda,

que los procedimientos policiales y judiciales fueron totalmente regulares.

Conforme allí se manifestó, las evidencias de la culpabilidad del acusado

resultaron tan abrumadoras que su confesión en nada incidió a la hora de

pronunciar la sentencia condenatoria en su contra.

Desde junio de 2012 (cumplidos efectivamente dieicinueve de los

treinta años a los que fuera condenado) su defensa letrada solicitó que se le

concediera la excarcelación, amparándose en el instituto penal de la

“libertad anticipada”.

A pesar de que el penado reunía algunos de los requisitos que

habilitaban gestionar este beneficio (buena conducta carcelaria, realización

de estudios y trabajos comunitarios) falló en un punto clave: la pericia

psiquiátrica que le efectuaron los médicos y peritos forenses.

La Suprema Corte de Justicia denegó su petición de libertad anticipada,

pues el informe técnico le fue desfavorable a Pablo Goncalvez. Se estimó

que el periciado sigue siendo potencialmente peligroso para la vida social y

que no dio muestras genuinas de arrepentimiento.