“PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES DEL OBSERVATORIO DE … · Judicial, desde el Área Procesal Civil...

INFORME SOBRE

“ARRENDAMIENTOS URBANOS”

____________________________

EFECTOS DE LA REFORMA EN LOS

PROCESOS DE DESAHUCIO

LA LEY 19/2009, DE MEDIDAS DE

FOMENTO Y AGILIZACIÓN PROCESAL DEL

ALQUILER Y DE LA EFICIENCIA

ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS.

OBSERVATORIO DE LA

JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS –

ÁREA PROCESAL CIVIL

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS


Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 2

INFORME – ARRENDAMIENTOS URBANOS:

EFECTOS DE LA REFORMA EN LOS PROCESOS DE DESAHUCIO

(LEY 19/2009, DE MEDIDAS DE FOMENTO Y AGILIZACIÓN PROCESAL DEL

ALQUILER Y DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS).

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 4

2. METODOLOGÍA .............................................................................................................. 5

3. PROPUESTAS DE MEJORA PARA AGILIZAR LOS PROCESOS DE DESAHUCIO

ARRENDATICIO POR FALTA DE PAGO: ............................................................................. 6

4. ANEXO I. RESULTADOS GRÁFICOS DEL CUESTIONARIO REMITIDO A LOS

LETRADOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID SOBRE LA INCIDENCIA

PRÁCTICA DE LAS REFORMAS PROCESALES INTRODUCIDAS POR LA LEY 19/2009,

DE MEDIDAS DE FOMENTO PARA LA AGILIZACIÓN PROCESAL DEL ALQUILER Y DE

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS. ............................................................ 11

5. ANEXO II – INFORME SOBRE LOS PROBLEMAS DETECTADOS A TRAVÉS DEL

CUESTIONARIO REMITIDO A LOS LETRADOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE

MADRID SOBRE LA INCIDENCIA PRÁCTICA DE LAS REFORMAS PROCESALES








INTRODUCIDAS POR LA LEY 19/2009, DE MEDIDAS DE FOMENTO PARA LA

AGILIZACIÓN PROCESAL DEL ALQUILER Y DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS

EDIFICIOS .......................................................................................................................... 20

1.INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 20

2.LÍNEAS GENERALES DE LA REFORMA DE LA LEY 19/2009 ............................... 21

3.REFERENCIA AL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN PROCESAL,

EN LO QUE A LA MATERIA DE DESAHUCIOS POR FALTA DE PAGO SE REFIERE 26

4.PROBLEMÁTICA DE LA REFORMA DE LA LEY Y PROPUESTAS PLANTEADAS

POR LOS LETRADOS DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID .......... 27

5.FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO COMÚN DE NOTIFICACIONES Y EMBARGOS

Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS

ARRENDATICIOS ........................................................................................................ 29

6.PROBLEMAS SIN RESOLVER QUE DIFICULTAN LA AGILIZACIÓN PRETENDIDA

CON LA REFORMA DE LA LEY 19/2009 .................................................................. 32








1. INTRODUCCIÓN

Transcurrido un año desde la entrada en vigor de la Ley 19/2009, de medidas de fomento y

agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios , y posteriormente de la Ley

13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación procesal para la Implantación de la Nueva Oficina

Judicial, desde el Área Procesal Civil del Observatorio de la Justicia se ha realizado un estudio sobre su

funcionamiento práctico y su efectividad a fin de extraer las conclusiones que permitan identificar y analizar

las posibles disfunciones y problemas surgidos, y en su caso, proponer medidas y recomendaciones que,

desde la perspectiva de los abogados, puedan favorecer la mejora de los objetivos planteados con la Ley.

A la vista del estudio de la reforma introducida por la Ley 19/2009, y de la práctica diaria durante el

plazo de un año por los distintos agentes intervinientes en el proceso judicial, se pude llegar a la conclusión

de que, si bien la reforma es adecuada al fin pretendido desde el punto de vista de la regulación normativa, lo

cierto es que en su aplicación práctica produce ciertas disfunciones relacionadas con la falta de medios

humanos, materiales y tecnológicos, y con la ausencia de criterios homogéneos y de coordinación entre los

Juzgados y el Servicio Común de Notificaciones y Embargos.








2. METODOLOGÍA

Análisis de la reforma en términos comparativos con la regulación anterior sustituida.

Elaboración de un cuestionario sobre la incidencia en los procedimientos de desahucio de las

principales novedades procesales para su formulación a los letrados especialmente interesados en la

materia.

Detección de los principales problemas a través de las respuestas obtenidas en el cuestionario

referido.

Entrevista con la Secretaría del Servicio Común de Notificaciones y Embargos sito en Capitán Haya.

Planteamiento de las deficiencias detectadas en el funcionamiento del Servicio respecto de los actos de

comunicación y en la ejecución de los lanzamientos que, en algunos casos, hacen ilusoria la pretendida

agilización procesal de la reforma objeto de estudio.

Elaboración de un informe con los resultados obtenidos que sirve de base para la confección del

Orden del día de la Mesa de trabajo.

Reunión de la Mesa de Trabajo. Debate de las cuestiones recogidas en el Orden del día y formulación

de conclusiones y propuestas concretas de mejora.








3. PROPUESTAS DE MEJORA PARA AGILIZAR LOS PROCESOS DE DESAHUCIO

ARRENDATICIO POR FALTA DE PAGO:

3.1. Reforma del artículo 161.3 LEC sobre comunicación a terceras personas cuando el

destinatario no se encontrare presente.

Uno de los mayores retos cuando se habla de la agilización de los procesos se encuentra en las

comunicaciones con el demandado o destinatario de una resolución procesal, por lo que deberían adoptarse

nuevas medidas para su aseguramiento:

a) Introducción de la persona del “vecino” junto al resto de personas que ya contempla el

precepto (empleados, familiares o conserje de la finca) a efectos de que pueda serle entregada la copia de la

resolución o la cédula de citación. Esta previsión se contemplaba en la LEC de 1881, y fue eliminada por la

nueva LEC de 2000.

b) Obligatoriedad de las personas designadas en el artículo 161.3 LEC de recibir la

notificación y de entregarla al destinatario bajo apercibimiento, en caso de negativa, de imposición de

una sanción económica. Esto está actualmente contemplado en la Ley de Procedimiento Laboral (art. 57.3).

Texto actual Art. 161.3 LEC

“3. Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuere el lugar en el que el

destinatario tenga su domicilio según el padrón municipal, o a efectos fiscales, o según registro

oficial o publicaciones de colegios profesionales, o fuere la vivienda o local arrendado al








demandado, y no se encontrare allí dicho destinatario, podrá efectuarse la entrega a cualquier

empleado, familiar o persona con la que conviva, mayor de 14 años, que se encuentre en ese

lugar, o al conserje de la finca, si lo tuviere, advirtiendo al receptor que está obligado a

entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de ésta, o a darle aviso, si sabe su

paradero.

Si la comunicación se dirigiere al lugar de trabajo no ocasional del destinatario, en ausencia de

éste, la entrega se efectuará a persona que manifieste conocer a aquel o, si existiere

dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien estuviere a cargo de ella.

En la diligencia se hará constar el nombre de la persona destinataria de la comunicación y la

fecha y la hora en la que fue buscada y no encontrada en su domicilio, así como el nombre de la

persona que recibe la copia de la resolución o la cédula y la relación de dicha persona con el

destinatario, produciendo todos sus efectos la comunicación así realizada.”

Texto propuesto para el Art. 161.3 LEC

“3. Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuere el lugar en el que el

destinatario tenga su domicilio según el padrón municipal, o a efectos fiscales, o según registro

oficial o publicaciones de colegios profesionales, o fuere la vivienda o local arrendado al

demandado, y no se encontrare allí dicho destinatario, se efectuará la entrega a cualquier

empleado, familiar o persona con la que conviva, mayor de 14 años, que se encuentre en ese








lugar, o en su defecto al vecino más próximo o al conserje de la finca, si lo tuviere, advirtiendo

al receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de

ésta, o a darle aviso, si sabe su paradero.

Si la comunicación se dirigiere al lugar de trabajo no ocasional del destinatario, en ausencia de

éste, la entrega se efectuará a persona que manifieste conocer a aquel o, si existiere

dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien estuviere a cargo de ella.

En los casos anteriores se hará saber al receptor que ha de cumplir el deber público que

se le encomienda; que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al

destinatario de ésta, o a darle aviso si sabe su paradero, con advertencia de que puede

ser sancionado con multa de veinte a doscientos euros si se niega a la recepción o no

hace la entrega a la mayor brevedad; que ha de comunicar a la Oficina judicial la

imposibilidad de entregar la comunicación al interesado, y que tiene derecho al

resarcimiento de los gastos que se le ocasionen.

En la diligencia se hará constar el nombre de la persona destinataria de la comunicación y la

fecha y la hora en la que fue buscada y no encontrada en su domicilio, así como el nombre de la

persona que recibe la copia de la resolución o la cédula y la relación de dicha persona con el

destinatario, produciendo todos sus efectos la comunicación así realizada.”








3.2. Implantación definitiva de las Oficinas de Señalamiento Inmediato.

3.3. Creación de Juzgados (o asignación de competencias exclusivas a algunos de los

existentes) que conozcan de la materia arrendaticia y de propiedad horizontal, a modo de lo

hecho con el Juzgado nº 101 de Madrid en materia de arbitraje.

3.4. Necesidad de unificación de criterios de actuación entre los diferentes Juzgados, tanto en

cuanto a la aplicación de las previsiones de la Ley 19/2009, como en lo que se refiere a las de la Ley

13/2009, de Implantación de la Nueva Oficina Judicial, así como los criterios generales de

homogenización de las actuaciones de los Servicios Comunes Procesales.

3.5. Establecimiento de las medidas precisas para lograr una mayor coordinación entre los

Juzgados y el SCNE, a través de la citada unificación de criterios, así como la mejora en la

implantación del sistema informático común, que permitiría conocer el estado y resultado de las

diligencias de comunicación y de lanzamiento de forma rápida y eficaz.

3.6. Ampliación de horarios para las diligencias de lanzamiento, ampliación que resulta posible

para la oficina de SCNE, debiendo por tanto solicitar la implicación de otras Administraciones a estos








efectos (concretamente Ayuntamiento de Madrid para la apertura en horario de tarde del Almacén de

la Villa para depósito de muebles).

3.7. Mayor formación y cualificación del personal interino de la bolsa de trabajo para la

cobertura de plazas de bajas temporales de funcionarios.

Finalmente, debe destacarse la necesidad de que la agilización de los procesos judiciales -en este

caso en los desahucios de vivienda por falta de pago de rentas- deban resolverse poniendo a disposición de

los ciudadanos los medios humanos, materiales, y tecnológicos suficientes, no pudiendo suplirse dicha

carencia con la merma del derecho de defensa y otras garantías constitucionales, resultando imprescindible

a fin de garantizar una Justicia de calidad.








4. ANEXO I. RESULTADOS GRÁFICOS DEL CUESTIONARIO REMITIDO A LOS LETRADOS

DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID SOBRE LA INCIDENCIA PRÁCTICA DE LAS

REFORMAS PROCESALES INTRODUCIDAS POR LA LEY 19/2009, DE MEDIDAS DE

FOMENTO PARA LA AGILIZACIÓN PROCESAL DEL ALQUILER Y DE LA EFICIENCIA

ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS.

1.- PLAZOS DE ADMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA:

a) Plazo entre la presentación de la demanda y notificación del Decreto de admisión:








b) Plazo de notificación de la demanda a la parte demandada sin incidencia de entrega:

2.- ENERVACIÓN DE LA ACCIÓN:

a) ¿En qué plazo se está dictando el Decreto por el Secretario en caso de enervación?:








b) En caso de oposición a la enervación, ¿se cumple el plazo de veinte días como máximo entre la citación y la celebración de la vista del artículo 440 de la LEC?

c) Se ha reducido el plazo de requerimiento extrajudicial de pago al deudor a un mes para evitar la

enervación. ¿Ha aumentado el número de pagos extrajudiciales?








3.- ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA:

a) ¿Ha disminuido la incidencia de solicitud de asistencia jurídica gratuita como mecanismo para retrasar la celebración del juicio?

b) ¿Se suspende por los Juzgados la celebración del juicio si se solicita la Justicia gratuita después del plazo de tres días desde la notificación de la demanda atendiendo al artículo 16.2 de la LAJG?








4.- ACTOS DE COMUNICACIÓN:

a) ¿Qué plazo se tarda aproximadamente para la fijación de la cédula de citación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial?

b) ¿Qué plazo se tarda aproximadamente para la fijación de la Sentencia en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial?








c) En caso de imposibilidad de emplazamiento en el domicilio designado y caso de haberse solicitado en la demanda la citación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, ¿requiere no obstante el Juzgado para realizar manifestaciones?

d) ¿ Dificulta la rebeldía la ejecución de un lanzamiento?








e) ¿ Se ha reducido la suspensión de lanzamientos?

5.-CONDENA A FUTURO Y JUICIO VERBAL PARA RECLAMACION DE RENTAS CUALQUIERA QUE SEA LA

CUANTÍA:

a) ¿Se ha incrementado el número de procedimientos de desahucio sin reclamación de rentas?








b) ¿Supone esta opción una mayor celeridad?

6.-CONDONACIÓN:

a) Caso de no producirse el desalojo voluntario, ¿se puede realizar el lanzamiento en el día y hora fijados, o debe establecerse otro día y hora por suspenderse el término inicialmente fijado para el lanzamiento,

retrasando la ejecución?








b) ¿Qué tiempo transcurre hasta la nueva fecha de lanzamiento?

c) ¿Qué soluciones podrían implementarse para la mejora y agilización de este tipo de procesos?








5. ANEXO II – INFORME SOBRE LOS PROBLEMAS DETECTADOS A TRAVÉS DEL

CUESTIONARIO REMITIDO A LOS LETRADOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID

SOBRE LA INCIDENCIA PRÁCTICA DE LAS REFORMAS PROCESALES INTRODUCIDAS

POR LA LEY 19/2009, DE MEDIDAS DE FOMENTO PARA LA AGILIZACIÓN PROCESAL

DEL ALQUILER Y DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS

1. INTRODUCCIÓN

Con fecha 24 de diciembre de 2009 entró en vigor la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas

de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios (a excepción de las

atribuciones competenciales del Secretario Judicial, que no fueron efectivas hasta la entrada en vigor de la

Ley 13/2009 de 3 de noviembre de Reforma de la Legislación procesal para la Implantación de la Nueva

Oficina Judicial – entrada en vigor 5 de mayo de 2010).

La citada norma, modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de

Propiedad Horizontal. A los efectos del presente estudio, nos centraremos fundamentalmente en las

modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil con el propósito de mejorar y agilizar los

procesos de desahucio, en cuanto a aspectos concretos, tales como la enervación de la acción, actos de

comunicación, citaciones, plazos de solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita, condenas a futuro, acumulación

de acciones, ejecuciones y lanzamientos.








Por otra parte, el Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal, elevado al Consejo de

Ministros con fecha 4 de marzo de 2011, prevé la modificación de los artículos 22 y 440 de la LEC para la

introducción del sistema de procedimiento monitorio en la sustanciación del desahucio por falta de pago,

introduciendo nuevas medidas que permitan dicha agilización.

Transcurrido un año desde la entrada en vigor de la Ley 19/2009, y a la vista de la inminente

entrada en vigor de la Ley de Medidas de Agilización Procesal, parece conveniente analizar el funcionamiento

actual de las reformas producidas y su efectividad a fin de extraer las conclusiones que permitan identificar y

analizar las posibles disfunciones y problemas surgidos, y en su caso, proponer medidas y recomendaciones

que, desde la perspectiva de los abogados, puedan favorecer la mejora de los objetivos planteados con la Ley .

2. LÍNEAS GENERALES DE LA REFORMA DE LA LEY 19/2009

La Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de Medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la

eficiencia energética de los edificios, que entró en vigor con fecha 24 de diciembre de 2009, modificó la Ley

de Arrendamientos Urbanos (en su artículo primero), la Ley de Enjuiciamiento Civil (en el artículo segundo) y

también la Ley de Propiedad Horizontal (en el artículo tercero).

El artículo segundo modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil con el propósito de mejorar y agilizar los

procesos de desahucio, salvaguardando en todo caso los derechos y garantías que protegen al inquilino de

buena fe.

https://www.icam.es/docs/observatorio/obs_25025.pdf

https://www.icam.es/docs/observatorio/obs_25025.pdf








Se someten al mismo régimen jurídico los procesos de desahucio por falta de pago de rentas o

cantidades debidas y los procesos de desahucio por expiración legal o contractual del plazo del

arrendamiento. Se amplía también el ámbito del juicio verbal para que puedan sustanciarse por este

procedimiento las reclamaciones de rentas derivadas del arrendamiento cuando no se acumulan al desahucio,

lo que permite salvar, en su caso, la relación arrendaticia, algo que hasta ahora se dificultaba porque el

propietario acreedor de rentas o cantidades debidas se veía obligado a acumular su reclamación a la del

desahucio si quería acudir al juicio verbal, más sencillo y rápido que el juicio ordinario. Igualmente, cuando las

reclamaciones de rentas o de cantidades debidas accedan al proceso monitorio y se formule oposición por el

arrendatario, la resolución definitiva seguirá los trámites del juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía.

Además, en varios supuestos se reducen plazos y se eliminan trámites no sustanciales que hasta ahora

dilataban en exceso la conclusión del proceso.

Los aspectos de mayor importancia en la reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento

Civil en orden a agilizar los procesos de desahucio, que en definitiva es la finalidad de la reforma, son los

siguientes:

a) Ley de Arrendamientos Urbanos.

Se modifica el artículo 9.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre.

Posibilidad de denegación de la prórroga legal, siempre que se contemple expresamente en el

contrato la necesidad del arrendador de ocupar la vivienda para sí o- como novedad - para sus familiares en

primer grado de consanguinidad o por adopción, o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de

divorcio o nulidad matrimonial.








b) Ley de Enjuiciamiento Civil.

Los aspectos de mayor importancia en la reforma de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento

Civil, son los siguientes:

1.- Enervación de la acción: Modifica el apartado 4 del art. 22 para establecer que en los supuestos

de enervación de la acción por pago antes de la celebración de la vista de las cantidades reclamadas en la

demanda y de las que se adeuden en el momento de dicho pago, el proceso terminará por Decreto dictado al

efecto por el Secretario Judicial.

Si el demandante se opone a la enervación se cita a las partes a la vista prevenida en el art. 443 de la

LEC, tras la que el Juez dictará sentencia en la que declarará enervada la acción, o bien, estimará la demanda

dando lugar al desahucio.

La enervación sólo cabe en una ocasión, a excepción de que el cobro no hubiera tenido lugar por

causa imputable al arrendador o que se hubiera requerido fehacientemente el pago con un mes de antelación

a la presentación de la demanda.

Se prevé expresamente la condena en costas al arrendatario en el supuesto de enervación de la

acción, salvo que las rentas y cantidades debidas no se hubiesen cobrado por causas imputables al

arrendador.

2.- Asistencia jurídica gratuita: debe solicitarse en el plazo de los tres días siguientes al de la

notificación de la demanda. La solicitud posterior no suspende la celebración del juicio, aunque no se haya








nombrado abogado y procurador del oficio, quedando a criterio del propio juzgado la decisión de si existe o no

indefensión en el caso de que decida no suspender.

3.- Actos de comunicación: Puede designarse como domicilio el que aparezca en el padrón municipal

o el que conste oficialmente a otros efectos. Si no se señala otro domicilio específico, se considera a todos

los efectos para los actos de comunicación el de la vivienda o local arrendado. Si la demanda se dirige contra

una persona jurídica puede señalarse el domicilio del administrador, gerente, presidente, miembro o gestor

de la Junta.

Si no se puede efectuar la comunicación en ese domicilio, se procede, sin más trámites, a fijar la

cédula de citación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.

4.- Condenas a futuro: se prevé expresamente la posibilidad de que se interese en la demanda la

condena a satisfacer las rentas debidas que se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda

hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca.

5.- Reclamación de rentas: siempre por el trámite del juicio verbal, con independencia de la cuantía.

La cuantía del procedimiento es la de la cantidad reclamada, mientras que en el desahucio por falta de pago o

por expiración del plazo es una anualidad de renta; en caso de que se acumulen ambas acciones, la cuantía es

la de la acción de mayor valor.








6.- Condonación: el demandante puede anunciar el compromiso de condonar todo o parte de la deuda

y de las costas al arrendatario que desaloje la finca en el plazo que se indique; también puede interesarse en

la demanda que se tenga por solicitada la ejecución del lanzamiento en la fecha y hora que fije el Juzgado.

La aceptación del compromiso por el demandado equivale a un allanamiento. En la sentencia se fija en

este caso, de forma subsidiaria, día y hora en que tendrá lugar en su caso el lanzamiento directo del

demandado sin ulteriores trámites si no se ha verificado el desalojo voluntario en un plazo no superior a 15

días desde el fin del plazo concedido.

7.- Acumulación de acciones: cabe contra el fiador o avalista solidario previo requerimiento de pago

no satisfecho.

8.- Citación para la notificación de la sentencia y ejecución: En los casos de desahucio la propia

citación a la vista contiene la citación para notificación de la sentencia en el supuesto de que el demandado no

comparezca a esa vista, y se producirá el lanzamiento en la fecha fijada en la resolución sin necesidad de

notificación posterior.

La sentencia condenatoria de desahucio por falta de pago o por expiración del plazo se notificará por

edictos fijando copia de la misma en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial si el demandado citado en

forma no comparece para la notificación personal.








9.- Recurso de queja: no procede en los procesos de desahucio de finca urbana y rústica cuando la

sentencia no tenga efectos de cosa juzgada.

10.- Ejecución de la sentencia condenatoria de desahucio por falta de pago o por expiración del

plazo: la solicitud de ejecución en la demanda es suficiente para la ejecución directa, sin más trámites. No es

precisa la espera legal de 20 días desde la firmeza de la sentencia para que se proceda al lanzamiento.

3. REFERENCIA AL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN PROCESAL, EN LO QUE A

LA MATERIA DE DESAHUCIOS POR FALTA DE PAGO SE REFIERE

Por su parte, el Proyecto de Ley de Medidas de Agilización procesal, elevado al Consejo de

Ministros con fecha 4 de marzo de 2011, prevé, nuevas modificaciones en los procesos arrendaticios,

buscando una mayor celeridad en los mismos. En concreto, se pretende la modificación de los artículos 22 y

440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prevé la extensión del sistema de juicio monitorio a los juicios de

desahucio por falta de pago, introduciendo en el proceso las siguientes modificaciones:

a) Limitación del plazo del pago enervador del desahucio a diez días.

b) Oposición escrita del arrendatario.

c) Expresión en el requerimiento del día y hora de la eventual vista y de la fecha del lanzamiento.

d) Inmediato lanzamiento del arrendatario que no desaloje el inmueble, ni pague, ni se oponga








e) Previsión de que el lanzamiento se verifique antes de un mes desde la fecha señalada para la

vista.

4. PROBLEMÁTICA DE LA REFORMA DE LA LEY Y PROPUESTAS PLANTEADAS POR LOS

LETRADOS DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID

Desde la perspectiva de los Letrados del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en el ejercicio diario

de su profesión, y a través de la encuesta formulada a tal efecto, y cuyos resultados constan en el ANEXO I al

presente documento, se han obtenido las conclusiones siguientes:

Transcurre un plazo excesivo entre la presentación de la demanda y su admisión a

trámite, igual que para la notificación al demandado.

Eficacia de la disminución del plazo a un mes para evitar la posibilidad de enervación de la

acción en los procedimientos de desahucio por falta de pago. Parece haber aumentado el

número de pagos extrajudiciales, lo que incide directamente en la disminución de

procesos.

El Secretario está dictando el Decreto en caso de enervación en un plazo prudente y que

no transcurren más de 20 días (Art. 440 LEC) entre la citación para la vista y su

celebración en caso de oposición a la enervación por parte del arrendador.

La previsión expresa de la necesidad de solicitar la justicia gratuita dentro de los tres

días siguientes a la notificación de la demanda al arrendatario para que se suspenda la

celebración del juicio hasta la resolución del expediente, evita el uso dilatorio de esa

solicitud. A pesar de la previsión del art. 16.2 de la LAJG, según el que esa suspensión








sigue siendo potestativa para el juez, no se acuerda la misma con carácter general.

El “caballo de batalla” parece que sigue estando en los actos de comunicación. Se tarda

un tiempo excesivo en fijar la cédula de citación en el tablón de anuncios de la Oficina

Judicial en el caso de imposibilidad de emplazamiento en el domicilio del contrato; parece

que la fijación de la sentencia no tarda tanto. Además, los juzgados siguen requiriendo al

demandante para que haga manifestaciones en cuanto al emplazamiento negativo, cuando

la ley establece que debería fijarse la cédula de citación directamente en el Tablón.

La rebeldía puede seguir dificultando el lanzamiento en los casos de terceros ocupantes

de la vivienda (Art. 704 LEC), pero aparentemente se ha reducido la suspensión de

lanzamientos al ser suficiente la notificación de la sentencia en el Tablón.

Al poder reclamar las rentas a través del juicio verbal con independencia de la cuantía, y

sin necesidad de tener que acumular con la acción de desahucio para tener acceso a este

procedimiento más sencillo, se ha incrementado el número de desahucios sin

reclamación de rentas, lo que agiliza la recuperación de la posesión.

La mayor parte de los encuestados considera que la solución para la real agilización de

estos procedimientos podría estar en el establecimiento de mayores medios y

especialización por materias del SCNE. Parece que el principal problema no está en la ley

en sí misma, que revela su efectividad, sino en los retrasos en las notificaciones y en el

excesivo tiempo entre el señalamiento para la vista y la fecha de lanzamiento.

Así, la mayor parte de las propuestas de mejora se refieren a la necesidad de establecer criterios

específicos de funcionamiento del SCNE para los procesos de desahucio, adoptando medidas de agilización








concretas en los actos de notificación. Se señala por los Letrados que la mayor parte de las dilaciones se

ocasionan por actos de comunicación defectuosos o por retrasos en el SCNE.

Se propone igualmente la necesidad de fijar un tiempo máximo entre el señalamiento y celebración de

la vista y la fecha de lanzamiento. De nada sirve la ley si la fecha de lanzamiento fijada no es prácticamente

inmediata a la fecha de la sentencia.

Muchas de las propuestas pasan por crear juzgados especializados en materia de arrendamientos, o

en la definitiva creación de las oficinas de señalamiento inmediato como solución a la dilación en la

recuperación del inmueble.

5. FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO COMÚN DE NOTIFICACIONES Y EMBARGOS Y MEDIDAS

ADOPTADAS PARA LA AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS ARRENDATICIOS

De las respuestas a la encuesta formulada acerca del funcionamiento en la práctica de las reformas

introducidas por la Ley 19/2009, en cuanto a la agilización de los procesos arrendaticios, se observó que la

mayoría de las incidencias se concentran en los actos de comunicación y en el excesivo tiempo que

transcurre hasta el efectivo lanzamiento.

Así pues desde el Observatorio de la Justicia y de los Abogados del Colegio de Abogados de Madrid, se

contactó con el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Madrid – Capital, a fin de tratar el

funcionamiento del mismo y los problemas y posibles soluciones que pudieran plantearse para la mejora en la

agilización de los procesos arrendaticios, en cuanto a los actos de comunicación y lanzamientos.








Desde dicho Servicio, nos informan de los problemas que se encuentran, y que pueden resumirse en

los siguientes:

Ausencia de un criterio homogéneo en la actuación de los diferentes juzgados . Se ha cambiado

la aplicación informática en los Juzgados, implantándose el sistema denominado SCAC, de modo que

cada uno de ellos registre directamente las actuaciones y los mandamientos en cada procedimiento,

pero el funcionamiento es muy deficiente.

La ley 19/2009 prevé que se fije la cédula de citación en el tablón de anuncios si no se puede

realizar el emplazamiento en el domicilio del arrendatario, o en cualquiera de los que la ley

contempla. Pero esto sólo acorta el trámite en el caso de que el demandado se niegue a recibir la

notificación o se manifieste que ya no vive allí. En el caso de que no esté en ese momento, debe

intentarse una segunda notificación en horas hábiles, y si tampoco se encuentra, han de habilitarse

horas inhábiles para un tercer intento antes de que se proceda a fijar la cédula de emplazamiento en

el tablón de anuncios del Juzgado.

El tiempo que tardan en hacerse las notificaciones varía según los distintos sectores encargados de

ello, y según la carga de trabajo.

Los juzgados piden al SCNE que se fije la fecha de lanzamiento con un intervalo de un mes

desde la fecha del juicio. Si por cualquier motivo no puede realizarse el lanzamiento en esa fecha

(se suspende el juicio por cualquier motivo, no bajan los mandamientos del juzgado cuando ya hay

sentencia, se pide prórroga del plazo para desalojar la vivienda habitual, etc.), la nueva fecha de

lanzamiento no puede fijarse hasta aproximadamente 4 meses después por cuestiones de agenda. Lo

que se hace es que se adelantan esos lanzamientos suspendidos en la medida de lo posible cuando








quedan fechas libres por suspensiones de otros lanzamientos ya fijados y que no son necesarios

(porque se marche el arrendatario voluntariamente).

Incremento del número de procedimientos: en el último trimestre del año 2009 se practicaron

aproximadamente 700 lanzamientos. En el mismo período del año 2010, fueron 2.300 lanzamientos, es

decir, más del triple.

Dificultades en la coordinación de los distintos agentes que intervienen en el lanzamiento: debe

oficiarse a la policía municipal, a los servicios sociales, etc. También es necesario que el Almacén de

bienes de la Villa de Madrid esté abierto para poder llevar las cosas que pueda haber dentro del

inmueble en el momento del lanzamiento, y dicho almacén sólo abre por la mañana. Esto puede

determinar que un lanzamiento dure más de un día.

Las medidas que se han adoptando en el último trimestre en el SCNE para agilizar los

lanzamientos son:

Se han incrementado de 8 a 13 el número de comisiones de lanzamiento para Madrid. Esto ha

sido posible porque desde la entrada en vigor de la reforma de la LEC para la implantación de la

oficina judicial, el Servicio Común de Notificaciones y Embargos ya no tiene que practicar todos los

embargos, sino que únicamente realiza los de bienes muebles que requieren la presencialidad; el

resto deben practicarse directamente por cada uno de los Secretarios de los Juzgados que lo

ordenan. Cada una de las comisiones realiza una media de cuatro desahucios por día.

Se han separado los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias de los lanzamientos

derivados de los desahucios arrendaticios, dado sus distintas características, asignándose a








comisiones diferentes.

6. PROBLEMAS SIN RESOLVER QUE DIFICULTAN LA AGILIZACIÓN PRETENDIDA CON LA

REFORMA DE LA LEY 19/2009

A la vista de los datos obtenidos, se pueden resumir los problemas sin resolver en la Ley 19/2009 que

dificultan la agilización de los procesos arrendaticios en los siguientes:

a) Inexistencia de un plazo entre la presentación de la demanda y la admisión de la misma y citación

del demandado. Sería precisa, bien la regulación legal de este plazo, bien un criterio homogéneo entre los

distintos juzgados.

b) Dilaciones en los actos de comunicación. La previsión legal de realizar la notificación y emplazamiento

en el tablón de anuncios del Juzgado en caso de no poder ser citado el demandado por no encontrarse en la

vivienda en el momento de la citación, no siempre se realiza de forma automática por el Juzgado, por lo que

en determinados casos resulta ineficaz, produciendo dilaciones y gastos.

c) Lanzamientos: Transcurre un plazo excesivo entre la citación para la vista y la fecha prevista para el

lanzamiento, fundamentalmente en los casos de suspensión. Existe la necesidad de realizar comprobaciones

previas a la fecha del lanzamiento sobre el estado de ocupación de la vivienda para coordinar de forma

efectiva la actuación de todos los agentes que deben intervenir, así como la ampliación del horario del

Depósito Municipal de Muebles.








d) Ausencia de medios materiales, humanos y tecnológicos, necesidad de creación y puesta en

funcionamiento de las Oficinas de Señalamiento Inmediato, o de la creación de juzgados especializados en

materias inmobiliarias

e) Inexistencia de criterios uniformes y ausencia de coordinación entre los Juzgados y SNCE.

En Madrid, a 7 de julio de 2011.

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA ÁREA PROCESAL CIVIL Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. C/ Serrano 9, 1ª planta Tlf: 91.788.93.80. Ext.217/218/219 [email protected]

mailto:[email protected]

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