JORNADAS INMIGRACIÓN PARTIDO DE LA IZQUIERDA EUROPEA (PIE)

Madrid, 21 y 22 de Octubre 2006 C/ Olimpo, 35 – MADRID

1. Programa. 2. Introducción a las jornadas. 3. Conclusiones del debate sobre “Inmigración y trabajo”. Grupo Coordinado por Susana

López. 4. Conclusiones del Grupo de trabajo “Europa”, coordinado por Xavier Ron. 5. Conclusiones y propuestas surgidas del Grupo de trabajo sobre “Políticas de

integración; experiencias municipales y autonómicas”. Grupo coordinado por Aina Díaz. 6. Cuestiones sobre cuestiones políticas y normativas en el Estado Español. Grupo

coordinado por Susana Rodera.

JORNADAS INMIGRACIÓN PARTIDO DE LA IZQUIERDA EUROPEA (PIE) Madrid, 21 y 22 de Octubre 2006 C/ Olimpo, 35 – MADRID PROGRAMA SABADO 21 DE OCTUBRE 10,30 h. PRESENTACION Pedro Marset (Comité Ejecutivo del PIE), Isabel López Aulestia (Secretaria Federal de Inmigración de IU) y Susana López (Responsable del Área Federal de IU y Secretaria de Migraciones del PCE). 11,00 h a 13,00 h EUROPA Presenta y modera: Pedro Marset (miembro del Comité Ejecutivo del PIE) Ponentes: Willy Meyer (Eurodiputado por IU en el GUE); Stefano Galieni (Partido de la Rifondazione Comunista. Italia) Políticas de Inmigración y Asilo en la UE. Campaña GUE por el cierre de los Centros de Internamiento y propuesta de Directiva sobre retorno y expulsiones. 13,00 h a 15,00 h ESTADO ESPAÑOL Presenta y modera: Susana Rodera (Responsable Área IU Aragón) Ponentes: Legislación de Extranjería: Marcelo Belgrano (Vocal Subcomisión Extranjería CGA y Coordinador Aula Migración Colegio Abogados Madrid) Asilo: Enrique Santiago (Secretario General CEAR) Menores: Elena Arce (Abogada. Miembro Subcomisión Extranjería del Consejo Gral. de la Abogacía) 15,00 h a 16,00 h Comida rápida en la sede de las Jornadas 16,00 h a 18,00 h Políticas de Integración Experiencias Municipales. CORDOBA. Experiencias Autonómicas: PAIS VASCO Presenta y modera el debate: Sebastián Martín Recio (Coordinador Federal de Áreas y Alcalde de Carmona) Ponentes: Mohammed Dahiri (Coordinador Area Social Ayuntamiento de Córdoba) Roberto Marro (Dirección General de Inmigración Gobierno Vasco)

18,00 h a 20,00 h Inmigración y Trabajo Presenta y modera: Susana López (Secretaria Migraciones PCE y Área IU) Ponentes: J.A. Moreno (Abogado), Manolo García (Secretario Gral. Federación Comercio, Hostelería y Turismo CCOO Andalucía), Omar R’kiuoak (Sindicalista y Mediador Intercultural) y Olgher Santodomingo (FERINE) 21 h. CENA EN EL HOTEL CONDE DE ORGAZ DOMINGO 22 DE OCTUBRE 10,00 h a 12,00 h La Frontera Sur. AFRICA y la Inmigración Subsahariana Presenta y modera: Mauricio Valiente (Secretario Inmigración IU-Madrid) Ponentes: Luc André Diouf, responsable de Inmigración de CCOO de Canarias; Representante de SOS RACISMO Jean Pierre KAmeni. Camerún 12,00 h a 13,30 h Trabajo en Grupos Conclusiones de las Jornadas: 1) Europa, coordinado por Mauricio Valiente 2) Situación España, coordinado por Susana Rodera 3) Municipal/Autonómica, coordinado por Aina Díaz 4) Inmigración y Trabajo, coordinado por Susana López. 13,30 h a 14,30 h Plenario: Conclusiones y Clausura NOTAS: 1) Tiempos de intervención: en general, cada ponente tendrá unos 20 minutos para su exposición. El resto del tiempo asignado a cada Mesa será para el debate. 2) Puede haber alguna variación en función de la disponibilidad de los ponentes. ALOJAMIENTO HOTEL CONDE DE ORGAZ c/ Moscatelar, 24 28043 MADRID TRANSPORTES Tanto para el Hotel como para la sede donde se celebran las Jornadas (c/ Olimpo, 35), cercanos ambos a la Plaza del Liceo (donde se ubica el Liceo Francés), los medios de transporte recomendados son: AUTOBUSES 120 y 122 METRO ESPERANZA (Línea 4) En coche, por la M-40: salida a c/ Silvano

INTRODUCCION A LAS JORNADAS La inmigración fue uno de los temas centrales en el I Congreso del PARTIDO DE LA IZQUIERDA EUROPEA (PIE), celebrado en Atenas en Octubre de 2005, bajo la conmoción por los terribles sucesos de las vallas de Melilla y la tragedia del aeropuerto de Schiphol, en Amsterdan. Fruto de aquel debate es el compromiso del PIE como tal y de las organizaciones políticas que lo componen de intercambiar experiencias e intervenir activamente en la toma de posiciones a nivel europeo, tanto en el terreno social y político como en el ámbito institucional, potenciando, en este caso, las acciones del GUE en el Parlamento Europeo, cuyas iniciativas –especialmente en la Comisión de Libertades- o campañas, como la actualmente en marcha por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, adquieren relevancia y constituyen una valiosa aportación a nuestra lucha, en los distintos países, por los derechos de los migrantes. Estas Jornadas son, también, la materialización de aquel compromiso, y queremos agradecer la sensibilidad mostrada al elegir para ellas nuestro país, pues si bien el debate sobre las políticas migratorias atraviesa a todos los Estados de la Unión, es el Gobierno de España quien mayor empeño y esfuerzo está realizando para que el “control de los flujos” y la “lucha contra la inmigración ilegal” –que no una política común de garantía de los derechos y libertades de los residentes no comunitarios, en términos de ciudadanía europea, como exigíamos en la campaña contra el Tratado Constitucional- pase al primer punto del orden del día de la agenda europea. Nuestra situación específica, respecto a la inmigración, pasa por un momento crítico. Un país de emigrantes –con casi dos millones de ciudadanas y ciudadanos de nacionalidad española residiendo aún en el exterior- se ha convertido, en cuestión de dos décadas – con especial intensidad desde finales del siglo pasado-, en un país de recepción de inmigrantes. Y ello sin el esfuerzo equivalente en desarrollar sus “infraestructuras” sociales –ya de por si lastradas por enormes carencias y desigualdades- para hacer frente a una realidad que viene determinada por ciclos de fuerte crecimiento económico, una muy consolidada “economía sumergida” (20/25% del PIB), el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad y, señaladamente, el objetivo de una cada vez más salvaje desregulación del “mercado” laboral, para conseguir la bajada de los costes laborales en la que se pretende basar su mayor “competitividad”. Los “asaltos” a las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla y la “invasión de los cayucos” –convenientemente sobreinformados por las propias autoridades y los medios de comunicación-, pese a su espectacularidad y el impacto que produce en la población, representan una cifra irrelevante respecto a las entradas por otras vías, pero han servido de oportuna coartada para la intensificación de las medidas represivas y apremiantes demandas de endurecimiento de la normativa sobre entradas y expulsiones. En especial, respecto a la inmigración del Africa subsahariana, pero también de América latina, alegando la saturación de nuestro “mercado” laboral y de nuestra capacidad de acogida (se ha llegado a decir que estas “avalanchas masivas” podrían poner en peligro los recursos para atender las necesidades de nuestra población). La falsedad de estas aseveraciones que, sin embargo, consiguen el objetivo –irresponsable- de atemorizar a la ciudadanía, queda al descubierto cuando, paralelamente, se abren las puertas a la mano de obra de los 10 países de la ampliación e incluso de los dos que se incorporarán a la UE en Enero 2007. Por otra parte, se viene a materializar uno de los proyectos más queridos (y denostados) de Aznar, que fue rechazado, con aparente escándalo, en la Cumbre de Sevilla, como es la supeditación de la ayuda al desarrollo a los países emisores –muy especialmente

del Africa subsahariana- a la firma de Acuerdos que impidan por cualquier medio las salidas desde sus territorios y admitan las “devoluciones”. Por último, destacar el silencio ominoso que está pesando sobre la permanencia de una Ley de Extranjería (la 14/2003, pactada por PP y PSOE un año antes de la llegada de éste al gobierno), que mantiene intactas las vulneraciones de derechos que suscitaron innumerables demandas de impugnación ante el Tribunal Constitucional de la precedente (8/2000): negación de derechos fundamentales como el de asociación-sindicación, de reunión y manifestación, de huelga…, a quienes carecen de “papeles”, el control padronal, la delegación de competencias del Estado a las compañías privadas de transporte, etc. Todo ello nos da una panorámica del contexto en que se plantea, por el Gobierno del PSOE, un “Pacto de Estado” que saque a la inmigración del “debate político” (curiosa manera de enfrentarlo por parte, justamente, de organizaciones políticas), y de la dinámica izquierda-derecha, mediante el consenso (como si el tratamiento de la inmigración no fuera una de las cuestiones más definitorias y confrontadas ideológicamente). En nuestro criterio, el problema no es la “politización” del tratamiento de la inmigración (reivindicamos la política y la contraposición izquierda-derecha, en este tema como en pocos) sino la manipulación con fines ideológica y políticamente inconfesables, aunque cada vez más explícitos, por parte de quienes se tienen por demócratas e incluso por “progresistas”. Aquello de “no dejaremos las banderas de la inmigración en manos de la ultraderecha”, proclamado en la Cumbre de Sevilla por boca de Chirac, se está materializando. Son fuerzas tenidas por democráticas las que han tomado –con pudor en unos casos y con absoluta impudicia en otros- esas banderas. Paralelamente y de manera incomprensible, se ha roto el “cordón sanitario”, y estamos viendo cómo la ultraderecha avanza y participa en gobiernos de la muy democrática Europa. Para terminar, queremos reivindicar aquí, en esta materia, la coherencia de la línea política seguida con nuestro ideario y nuestros valores de justicia e igualdad a lo largo de estos años: desde la oposición del PCE (único grupo político que la rechazó en el Parlamento) a la primera Ley de Extranjería (la 7/1985), promovida por el Gobierno socialista de Felipe González, por su carácter exclusivamente policial y represivo, hasta la reiterada apuesta de IU, desde su nacimiento, con iniciativas y proyectos de ley alternativos, por unas normas legales que reconozcan los derechos y libertades de las personas inmigrantes e impidan la discriminación y los abusos (con especial atención al colectivo de mujeres), que garanticen el ejercicio del Derecho de Asilo y la protección de los Menores, y que sean inflexibles con el tráfico de seres humanos y con las conductas racistas y xenófobas. El debate de estas Jornadas y sus conclusiones deben servirnos como instrumento para concienciar a la sociedad –en lo que pueda ser nuestra modesta aportación-, pero también y fundamentalmente a nuestras propias organizaciones de que, según como enfoquemos hoy social, cultural y políticamente la llegada y el asentamiento de inmigrantes y sus familias estamos optando, por activa o por pasiva, entre la consolidación de un modelo de sociedad segregada, abocada a la confrontación y el conflicto permanentes (los ejemplos de Francia y otros países son elocuentes), o el avance hacia una sociedad más justa e igualitaria. Bienvenidos y buen trabajo. Susana López (Responsable del Area Federal de IU y de la Secretaría de Migraciones del PCE).

JORNADAS SOBRE INMIGRACION PIE Madrid, 21 y 22 de Octubre 2006

CONCLUSIONES DEL DEBATE SOBRE “INMIGRACION Y TRABAJO” Grupo coordinado por Susana López Preámbulo Partimos de la base de que los flujos migratorios hacia los países desarrollados son imparables mientras se den las actuales circunstancias, al menos de manera compatible con el respeto de los derechos humanos universalmente reconocidos y de las conquistas logradas a lo largo de siglos de lucha por la clase trabajadora, o simplemente con el Estado de Derecho en que se sustentan los actuales sistemas democráticos. Junto a la situación límite en zonas enteras del planeta -generada por las políticas impuestas desde instancias no democráticas (FMI, BM, G-8, OMC) y a las que se someten los gobiernos- con países cuyas poblaciones no ven otra posibilidad de supervivencia o de una vida digna que el proyecto migratorio, nadie oculta ya la necesidad de masivas inyecciones de mano de obra que demandan los países desarrollados, marcados por el envejecimiento de sus poblaciones y una significativa caída de la natalidad, que hacen imposible la reposición de la mano de obra requerida por los sistemas de producción. Ahora bien, a la libre circulación de capitales, sin cortapisas de ningún género, se contrapone el decidido propósito de limitar, “ordenar” y controlar férreamente los movimientos de población. Una aparente paradoja, que desvela el objetivo último de, por un lado, dirigir los flujos migratorios hacia donde sean necesarios (para el capital) y, por otro, reducir a las personas migrantes a la mera consideración de mano de obra de segunda categoría o simplemente “de usar y tirar”, cuyos derechos como personas y como trabajadores quedan subordinados a las necesidades del mercado y de la competencia. En oposición a este modelo de sociedad segregada, con ciudadanos y ciudadanas de primera y segunda, en función de los derechos que graciosamente se les otorgue desde la lógica del “Mercado”, DEMANDAMOS: En el ámbito internacional y europeo:

1. El reconocimiento efectivo del derecho a la libre circulación de las personas, recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ratificada por todos los Estados miembro de la UE.

2. La ratificación del Convenio Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras Migrantes y sus Familias por los Estados miembros de la UE (incluido el Estado español) y su cumplimiento.

En el Estado Español 1. Derogación de la vigente Ley de Extranjería (LO 14/2003), para el

establecimiento de una verdadera Ley de Derechos y Libertades de los

Extranjeros en España, que contemple al menos los siguientes aspectos, que afectan de manera directa a quienes emigran para trabajar:

1.1. Reconocimiento de todos los derechos inherentes a las personas,

y en particular de aquellos que corresponden a quienes tienen la condición de trabajador o trabajadora.

1.2. Un único permiso de residencia, que permita el acceso al trabajo, debiendo tener el permiso inicial una vigencia no inferior a dos años, para dar un mínimo de estabilidad.

1.3. Permiso propio (independiente del reagrupante) para las personas reagrupadas en edad de trabajar, sin perjuicio de que ejerzan o no el derecho a hacerlo.

1.4. No sectorialización ni territorialización de los permisos. 1.5. Adaptación de la legislación laboral para que contemple la

realidad y las necesidades de estos nuevos trabajadores y trabajadoras, la de los temporeros del exterior, etc.

1.6. Un sistema de regularización ordinario que impida la creación de enormes bolsas de irregulares y haga innecesarios los procesos extraordinarios, fuentes de arbitrariedad en los procedimientos (ni uno solo de los efectuados se ha regido por las mismas reglas) y de inseguridad jurídica para los afectados. Consecuentemente, regularización de las personas indocumentadas, como única manera de erradicar su sobreexplotación y el “dumping” laboral.

1.7. Fórmulas que garanticen (en el caso de los no comunitarios) la contraprestación equitativa a sus aportaciones a la Seguridad Social, con independencia de su situación administrativa en el momento de requerir la prestación, y de su permanencia o retorno al país de origen.

1.8. Documentación automática de aquellas personas a las que no se pueda expulsar por no ser readmitidas por sus países de origen, de manera que puedan acceder a un trabajo para su sustento. Anulación de los expedientes de expulsión impuestos a quienes, en tales circunstancias, ya se encuentran en nuestro territorio

1.9. Eliminación de los Centros de Internamiento, por ser una aberración jurídica la privación de libertad de personas que no han delinquido. Sustitución de la expulsión por una sanción proporcionada a la falta administrativa que supone la carencia o la no renovación del permiso u otras similares.

1.10. Documentación, para su posible acceso al trabajo, de los menores que se encuentren en nuestro territorio al cumplir la mayoría de edad.

1.11. Protección sin discriminación y permiso para facilitar su acceso al trabajo a las mujeres víctimas de malos tratos o de redes de prostitución que se desarticulen, anulando los actuales expedientes de expulsión de las que se encuentren en situación irregular.

2. Mientras tanto y con carácter de urgencia, derogación de los artículos de

la vigente Ley de Extranjería (LO 14/2003) actualmente recurridos ante

el Tribunal Constitucional, que niegan derechos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores inmigrantes en función de su situación administrativa (derechos de asociación-sindicación, de reunión y manifestación, de huelga…), que posibilitan el control policial de su inscripción padronal y que obstaculizan el ejercicio del Derecho de Asilo al dejar determinados controles (hasta entonces competencia exclusiva del Estado) en manos de las empresas privadas de transporte, entre otros.

3. Ningún “Pacto de Estado” que no contenga estas garantías mínimas o

que tenga por finalidad la consolidación o un endurecimiento aún mayor del actual modelo normativo, en materia de extranjería y Asilo, puede ser avalado.

4. Se señala la necesidad de una mejor coordinación de los Ministerios y

administraciones implicadas, de compromiso de las CC.AA. y de apoyo a los Municipios, por sus competencias y su proximidad a los problemas cotidianos de las trabajadoras y trabajadores inmigrantes, especialmente en lo que se refiere a Educación, Sanidad y Vivienda, cuyas graves insuficiencias comparten con un sector muy importante de la población autóctona. De ahí la exigencia de un mayor esfuerzo presupuestario en estas materias, que contribuya a paliar las enormes desigualdades que se dan en nuestra sociedad y provocan el rechazo, cuando no actitudes racistas y xenófobas, hacia quienes son percibidos como nuevos “competidores” de recursos básicos tan escasos.

5. Asimismo, urgimos la revisión de la regulación del trabajo de Empleadas

de Hogar y del Régimen Especial de la Seguridad Social al que se acogen, contemplando la realidad del “trabajo de cuidados” que desempeñan la mayoría de las mujeres (autóctonas e inmigrantes) que así son indebidamente clasificadas, a lo que hay que sumar programas públicos de formación, específicos para el desempeño de esta importante tarea, ya sea por cuenta de empleadores en el ámbito doméstico o en los sectores público y privado.

6. Otros aspectos, como posibles contingentes o cupos laborales, los

visados para búsqueda de empleo o los programas de retorno, que en sus actuales formulaciones rechazamos, quedan abiertos a la reflexión sobre otros enfoques, a la vista de los argumentos en pro y en contra que algunos compañeros inmigrantes aportaron y que, por su indudable peso e interés, deben ser tenidos en cuenta.

7. Compromiso, desde nuestras organizaciones, de potenciar el

asociacionismo de las personas inmigrantes, como instrumento imprescindible para la defensa de sus intereses (así lo demuestra la experiencia de nuestros emigrados), si bien consideramos igualmente necesaria su interlocución e inserción en las organizaciones sindicales, que, a su vez, deberán clarificar sus posiciones y avanzar audazmente en fórmulas organizativas y de estrategia sindical que permitan una participación real de este nuevo segmento de la clase, con sus

peculiaridades (movilidad territorial y sectorial, inestabilidad, culturas políticas diversas, inseguridad jurídica, etc.).

8. Por último, como carencias de las Jornadas, aunque en todo momento

hemos sido conscientes de ello, quedan, entre otros, los temas de MUJER INMIGRANTE (no es posible obviar su invaluable aportación al trabajo de cuidados, en la más absoluta desprotección) y de SALUD (habida cuenta de la mayor tasa de siniestralidad de este colectivo, junto a otros problemas derivados de su situación), así como el de COOPERACION AL DESARROLLO, si bien, en este último caso, se informó de que IU celebrará una Jornadas específicas en Gijón el próximo mes de Noviembre, para cuyas conclusiones consideramos que hubiera sido de enorme valía lo aportado por los compañeros de la Mesa sobre AFRICA.

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GRUPO DE TRABAJO «EUROPA» (Coordinado por Xavier Ron)

JORNADAS DE INMIGRACIÓN DEL PIE (Madrid, 21-22 de octubre 2006)

Conclusiones

Los miembros de la mesa de trabajo correspondiente a la ponencia sobre

EUROPA Y LA INMIGRACIÓN, tras escuchar las intervenciones de las demás

temáticas, tras debatir y deliberar, llegan a los siguientes puntos de acuerdo.

En primer lugar, advertir que el tenor de las reflexiones propiciaron la

decisión de articular las presentes conclusiones en dos bloques: uno centrado

en la interioridad de Europa; otro centrado en la exterioridad de Europa.

1) HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE CIUDADANÍA EUROPEA

1.1. Consideramos necesario e imprescindible para la Izquierda Europea luchar

por la consecución de derechos de ciudadanía plena para todas las mujeres

y todos los hombres que v iven en Europa. Y destacamos, entre otros derechos

a conquistar y consolidar, el derecho al voto.

1.2. Reivindicamos una ciudadanía europea no ligada a la nacionalidad.

1.3. Europa tiene que articular Políticas Migratorias que garanticen la igualdad real y efectiva de derechos de todas las personas. Por ello, es

preciso un régimen de regularización ordinaria. Desde la izquierda europea

denunciamos la práctica de la expulsión, por eso proclamamos, «No expulsión, sino documentación para las personas».

1.4. Denunciamos las actuales políticas de criminalización de las personas

migrantes y exigimos, de forma rotunda, y sin vacilaciones, la inmediata

retirada de la DIRECTIVA SOBRE EL RETORNO Y CENTROS DE INTERNAMIENTO.

1.5. La Europa que quiere CONSTRUIR la Izquierda Europea es una Europa

tierra de asilo y acogida para todas las personas perseguidas y refugiadas.

2) POR UNA EUROPA SOLIDARIA, ERRADIQUEMOS EL NEOCOLONIALISMO

2.1. Reclamamos la urgente condonación de la deuda histórica, orquestada

por los organismos internacionales, con la hipócrita complicidad de las antiguas

potencias coloniales europeas. Unida a ella, es precisa la reparación de la deuda ecológica.

2.2. Exigimos la prohibición de la venta de armas e instrumentos represivos a

países oprimidos por dictaduras y/o a países que violan de manera sistemática

los Derechos Humanos.

2.3. La Izquierda Europea manifiesta su más enérgico rechazo a las políticas

europeas de externalización de fronteras, que convierten en gendarmes a los

gobiernos frente a su propia población y a la de terceros países. Igualmente

rechazamos la suscripción de acuerdos migratorios que incluyan la devolución de personas (originarias o no de los mismos) a países donde no existen garantías de respeto de los derechos humanos.

2.4. Consideramos el Derecho al Desarrollo de los Pueblos como inviolable.

Las políticas de cooperación europeas, bajo ningún concepto, pueden estar

condicionadas a los acuerdos de readmisión, ni a la imposición de acuerdos

económicos, comerciales e industriales injustos, que vulneran el modo de vida

económico y productivo, e impiden el desarrollo de los países afectados.

2.5. Reclamamos la eliminación de las políticas proteccionistas en relación a los

países del sur.

3) INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN

3.1. Para la consecución de los objetivos es fundamental que todas las fuerzas

de la Izquierda Europea, todas las fuerzas sociales transformadoras,

asociaciones y movimientos colaboren activamente y realicen juntos fuertes movilizaciones sociales y políticas.

3.2. La Izquierda Europea sólo podrá hacer valer su mensaje diferente y

alternativo si es capaz de crear y consolidar una red social sobre la migración

cuyo canal de comunicación debe ser fluido, ágil, y fundado en la dialéctica

constante y permanente entre bases locales y nuestros representantes en

Europa con vistas a que la acción y reivindicación signifiquen una postura

unitaria.

3.3. Para la interlocución, para la creación de un necesario espacio de

confluencia con ellos, es de vital importancia que las organizaciones sindicales

definan con claridad cuál es la postura que adoptan ante el fenómeno migratorio.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS SURGIDAS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE “POLÍTICAS

DE INTEGRACIÓN; EXPERIENCIAS MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS”

(GRUPO COORDINADO POR AINA DIAZ) JORNADAS DE INMIGRACIÓN

PARTIDO DE LA IZQUIERDA EUROPEA MADRID, 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2006

A) EN RELACIÓN A NUESTRA PROPIA ORGANIZACIÓN. B) EN RELACIÓN A LAS POLÍTICAS APLICABLES A NIVEL

AUTONÓMICO Y MUNICIPAL.

A) EN RELACIÓN A NUESTRA PROPIA ORGANIZACIÓN:

A.1.- Experiencias tan importantes como las políticas institucionales en materia de inmigración que desarrolla IU en áreas locales –caso Ayuntamiento de Córdoba- o en áreas autonómicas –caso Gobierno Vasco- no son del todo conocidas por el conjunto de la organización, ya sea a nivel de direcciones o de áreas federales. Falta coordinación.

Se propone una mayor difusión de las experiencias, documentos, Planes de Actuación o políticas desarrolladas. Una mayor socialización de los trabajos que las federaciones desarrollan. La creación de listas de distribución se considera una buena herramienta de trabajo para ello.

A.2.- No siempre las actuaciones políticas de nuestros representantes

institucionales son correctas, ya sea por falta de formación, de información o por negligencia.

Se propone llevar a cabo un seguimiento y análisis de actuaciones controvertidas y, en aplicación de un Código Ético previamente elaborado, realizar desde los órganos pertinentes las actuaciones formativas o correctivas adecuadas.

A.3.- De todas las conclusiones y propuestas surgidas de las presentes jornadas

se elaborará una Propuesta de Mínimos a difundir entre las Federaciones para que se convierta en una herramienta de trabajo.

Se exigirá a nuestros responsables institucionales el cumplimiento, sine excusa, de ese Catálogo de Mínimos sobre Actuaciones a desarrollar en materia de Inmigración.

A.4.- En todas las instituciones en las que esté representada IU se velará por el

desarrollo de políticas integrales de inmigración mediante campañas de sensibilización.

B) EN RELACIÓN A LAS POLÍTICAS APLICABLES A NIVEL

AUTONÓMICO Y MUNICIPAL: Para las propuestas que siguen, partimos de la base de que el considerable déficit en políticas sociales de nuestro país (que existe desde antes que hubiera inmigración y persiste, pese al largo ciclo de crecimiento económico) supone un plus de dificultad a la hora de hablar de integración de las personas inmigrantes, ya que éstas tienen que compartir con amplios segmentos de nuestra población trabajadora o en los umbrales de la pobreza, cuando no de la marginación, carencias importantes en temas tan básicos como SALUD, EDUCACION, SERVICIOS SOCIALES y VIVIENDA. Carencias que se ven acrecentadas, en muchos casos, por las políticas regresivas en estas materias de importantes CC.AA., e imposibles de cubrir, por motivos competenciales y de financiación, por las Administraciones locales. De ahí que pongamos el énfasis en que la mejor política de integración de los inmigrantes y para evitar el rechazo, con sus secuelas de racismo y xenofobia, sea la inversión en gasto social que palie, para nuestra propia población, este déficit social, y facilite así la acogida de los nuevos ciudadanos y ciudadanas en nuestros municipios. Señalamos, en ese marco, las cuestiones más perentorias que se deberían abordar:

B.1.- Se aprecia un auge del racismo en el acceso a la vivienda. No se quiere

alquilar a extranjeros y cuando se hace los precios del alquiler son desorbitados y se tiende a alquilar en zonas periféricas de la ciudad originándose los guettos.

Se propone incentivar y desarrollar políticas para inmigrantes de acceso en igualdad a la vivienda, teniendo en cuenta que las condiciones en igualdad no son garantía de idoneidad dada la precariedad que el propio autóctono sufre en la búsqueda y acceso a la vivienda.

Se propone la creación de parques municipales de vivienda en alquiler para evitar abusos.

B.2.- Se considera necesario luchar por el Pleno Derecho al Sufragio Activo y

Pasivo de los extranjeros. Un primer paso para ello, en tanto no se consiga la Ciudadanía Plena, será la modificación del artículo 13.2 de la Constitución Española que sólo permite el voto y la elección en las elecciones municipales para los extranjeros si existe Convenio de Reciprocidad con el país de origen.

B.3.- En una buena parte de los países emisores de flujos migratorios existen

problemas de consolidación de la democracia, con tendencias golpistas, absolutistas y de conculcación de derechos humanos.

Se propone que además de la cooperación económica se apliquen medidas de cooperación política en el desarrollo y consolidación de valores y regímenes democráticos.

Sin embargo se debe luchar contra el imperialismo cultural. Si formamos en valores democráticos no debemos caer en el etnocentrismo.

B.4.- Se debe analizar y controlar qué porcentaje de dinero y recursos de las

políticas sociales transversales finalmente actúa en beneficio o revierte en los colectivos de inmigrantes ya que se aprecia un fuerte componente de población extranjera en el cálculo de la tasa de pobreza.

B.5.- En demasiadas ocasiones la labor de las ONGs y asociaciones es

puramente asistencial. Se deben desarrollar políticas que permitan que las ONGs en particular y el

asociacionismo en general no suplanten ni solapen las actuaciones de los Servicios y Entidades Públicas. El asociacionismo debe ser un apoyo a la integración, no el mecanismo.

La Administración no debe centrar las políticas de integración, por tanto, en subvenciones para que otras entidades realicen su labor.

B.6.- Se deben desarrollar políticas de género tendentes a una mayor integración

de la mujer inmigrante que está en doble riesgo de exclusión social precisamente por ser mujer y por ser extranjera.

Además se potenciarán políticas de integración laboral que velen por la diversificación de las ocupaciones que desarrollan los extranjeros, normalmente sectorializados dentro del mercado de trabajo.

B.7.- Se exigirá el traspaso urgente de las competencias autonómicas para el

buen desarrollo de las políticas de integración que necesitan de Planes interinstitucionales para su desarrollo. El principio de colaboración entre las Administraciones es fundamental.

B.8.- No se deben desarrollar por parte de las Administraciones políticas o

actuaciones secesionistas en el ámbito de los Servicios Públicos. Se deben facilitar al extranjero los mismos recursos que al resto de la población, si bien con un Itinerario Personal.

La base es que la Infraestructura de lo Social debe mejorar para toda la población, sin discriminaciones positivas hacia el inmigrante que creen apreciaciones erróneas en el resto de la población (si bien se entiende que situaciones excepcionales requieren actuaciones urgentes y excepcionales).

Se debe velar por Servicios Públicos Universales y de Calidad, sin caer en la sectorialidad, acercando a la población a las Instituciones Públicas.

Se aplicará la transversalidad en las orientaciones a la población inmigrada. B.9.- Se debe formar a los extranjeros a través de las actuaciones formativas

adecuadas, desarrolladas desde la propia Administración en colaboración con las Asociaciones de Inmigrantes, favoreciendo el retorno de los mismos a los países de origen para que allí transmitan los conocimientos adquiridos. Hacer especial mención a la educación en el desarrollo de las Libertades Públicas.

B.10.- El buen desarrollo y ejecución de un Plan Local de Inmigración escapa a

la potestad de las arcas municipales. Para cubrir las necesidades de los inmigrantes a nivel municipal y potenciar su integración debiera existir una colaboración económica estrecha por parte de la Unión Europea con la Administración local.

Las políticas comunitarias deben tener previstas partidas económicas de desarrollo de planes locales.

B.11.- Se potenciará la creación de Forums Municipales de Interculturalidad

compuestos equitativamente por personas migradas y por población autóctona que

realicen propuestas de integración conjuntas que serán trasladadas a las Administraciones.

B.12.- No existe ni existirá la IGUALDAD ni la INTEGRACIÓN sin igualdad

de medios, de oportunidades, de reconocimiento y respeto de Derechos Sociales y Políticos. Se debe luchar por la Ciudadanía de Pleno Derecho.

Con la actual Ley de Extranjería es imposible la integración. Se pide la derogación de la misma y la creación de un nuevo marco jurídico.

B.13.- En tema de menores se analiza la necesidad de que las CCAA asuman su

responsabilidad y competencia en el tema frente a la actuación arbitraria y desproporcionada de la Administración Estatal, sobre todo en materia de devoluciones y retornos.

B.14.- La situación administrativa de los extranjeros no puede ser un obstáculo

para el pleno reconocimiento y ejercicio de derechos y disfrute de políticas sociales. B.15.- A veces será necesaria una actitud Intervencionista por parte de la

Administración, que no deberá actuar como una simple prestadora de servicios y gestora de recursos para lograr la plena integración de un colectivo desfavorecido (a colación de las políticas intervencionistas del Ayuntamiento de Córdoba en la mendicidad de menores rumanos acompañados).

B.16.- Es importante promover desde la Administración la formación y reciclaje

del funcionariado en temas migratorios y de extranjería ya que mayoritariamente no están preparados para la nueva realidad social de contextos culturales diferentes ni para los cambios constantes de la legislación en materia de extranjeros.

B.17.- Se potenciarán políticas de sensibilización de la población para lograr

cambiar la visión estereotipada de la sociedad sobre el inmigrante (beneficiario de ayudas, competente desleal en el trabajo, etc) y profundizar en valores de igualdad que destierren el racismo y la xenofobia.

CONCLUSIONES SOBRE CUESTIONES POLÍTICAS Y NORMATIVAS EN EL ESTADO ESPAÑOL

Jornadas de Inmigración del PIE, PCE e IU 21 y 22 de octubre de 2006

(Grupo coordinado por Susana Rodera)

España es un país que se encuentra en la difícil tesitura de, por un lado, converger con el ámbito comunitario en el que se enmarca -y ello en una tendencia restrictiva de derechos y de garantías- y, por otro, con la necesidad de abordar un hecho imprevisible en su magnitud en todos los aspectos -desde lo numérico hasta lo sociocultural-. La tradición europea en recepción de migrantes y en abordarlo, con mayor o menor éxito como se puede apreciar recientemente, no ha servido como experiencia al Estado español. El resultado de esta inexperiencia y esta falta de previsión han sido y son una inexistencia de política migratoria -reconocida por el propio Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales actual- y una sucesión de deficientes normas. Ante esta situación nosotros debemos no sólo denunciar las posibles ilegalidades, fraudes, lagunas jurídicas y violaciones de derechos humanos, sino también hacer propuestas que lleven al terreno de la acción política nuestro ideario. Este ideario, por razones obvias de las jornadas y de estas mismas conclusiones, no puede ser abordado con profundidad, pero aportamos brevemente unas ideas que sirvan de argumentación en nuestra labor política. Como movimiento de izquierda cuyos principios básicos esenciales son el socialismo y el internacionalismo, no podemos entender el hecho migratorio como coyuntural, sino estructural y enmarcado en la economía de mercado y la globalización neoliberal. Basándonos en nuestros principios, debemos hacer política siempre partiendo de lo complicado que es proponer en un marco y con unas reglas que no son nuestras. Por tanto nuestro análisis y labor deben traducirse en el objetivo político de determinar y extender la ciudadanía universal, esto es, la igualdad plena en derechos de todas las personas con independencia de su origen. Entendemos que la ciudadanía supone la inclusión de toda persona que reside en un territorio en los distintos ámbitos que éste tenga, desde el voto hasta la inserción sociolaboral, entre otros. Partiendo de las premisas de la ciudadanía universal y de la libertad de circulación debemos afrontar, por una parte, las necesidades especiales que el proceso migratorio de algunas personas requiere -asilo, menores, tráfico de personas, etc.- por medio de normas y medidas especiales y, por otra parte, incluir a toda persona como ciudadano-a de pleno derecho en lugar que reside, una vez superada esa fase de vulnerabilidad o especial necesidad. Partiendo de estas “pinceladas” de fondo y recordando que España está obligada por los tratados internacionales de derechos humanos, pasamos a reunir las propuestas en el ámbito interno español agrupadas en cuatro: legislación española; asilo; menores; y propuestas globales.

Legislación española Dada la complejidad del tema, se recomienda la realización de una jornada específica sobre la legislación de extranjería, en la que pueda abordarse con más detenimiento y análisis cómo debiera ser una ley de extranjería -o más propiamente ley migratoria-. Aún con todo hemos intentado resumir las propuestas de más urgente consideración que pasa por derogar la vigente ley y legislar incluyendo los siguientes puntos:

- La redacción de la ley debe cumplir los criterios de claridad y seguridad jurídicas, sobre todo en cuanto a decisiones administrativas y resoluciones se refiere para evitar cualquier posibilidad de interpretación que menoscabe los derechos de los migrantes.

- La titularidad y el ejercicio de todos los derechos humanos por todas las personas. Entendemos que el criterio de la nacionalidad como exclusión de determinados derechos es una suerte de nuevo feudalismo que impide disfrutar de uno u otro derecho con base en el lugar de nacimiento. Por el contrario el criterio para ser titular y poder disfrutar de todos derechos humanos debe ser el de lugar de residencia. Para ello, y por supuesto mientras este reconocimiento no se haga efectivo, hemos de servirnos de todos tratados internacionales de derechos humanos que España ha ratificado para reclamar el respeto de estos derechos para toda persona que se encuentre en nuestro territorio. Asimismo debe devolverse a la reagrupación familiar su categoría de derecho humano, reconocido como tal en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y que sin embargo ha sido desvirtuado con las últimas reformas normativas. La libertad de circulación recogida en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos debe traducirse en un derecho de entrada. La tan nombrada “capacidad limitada de acogida” no es sino el temor de los poderes fácticos de tener que repartir o ceder en su riqueza, de no poder mantener su alto nivel de vida, en definitiva, de seguir sirviéndose de “los de abajo” para mantener cómodamente a “los de arriba”.

- En cuanto a las garantías jurídicas, debemos mantenernos firmes en la defensa de nuestro actual régimen de tutela judicial efectiva y de asistencia jurídica gratuita ante cualquier posible reforma en detrimento de las mismas.

- Si partimos de la ciudadanía inclusiva, obviamente debemos seguir reivindicando la existencia en exclusiva del permiso de residencia, siendo éste temporal en un primer período, para pasar en un período prudente y no excesivo a ser residencia permanente. Esto significa la eliminación del permiso de trabajo, ante todo somos personas.

- En cuanto a infracciones y sanciones, debemos insistir en que cuando aquellas sean administrativas éstas deben ser asimismo administrativas y, por lógica, cuando aquellas sean penales éstas deben ser penales -esto es, como para cualquier ciudadano/a ateniéndonos al Código Penal-. Esto se traduce claramente en denunciar y negarnos a que ante las infracciones de la vigente ley de extranjería se pueda, en algunos casos, sancionar con la expulsión, algo que debe ser prohibido.

- Proponemos el cierre de todos aquellos centros de internamiento de extranjeros que suponen claramente centros de detención y sustituirlos por centros de

acogida que den respuesta a las primeras necesidades tras la llegada a nuestro territorio.

- Consideramos urgente la eliminación del procedimiento preferente en los expedientes de expulsión por la falta de garantías que claramente implica -vulneración en la mayoría de los casos de la tutela judicial efectiva, caso especialmente vulnerable de las mujeres que denuncian malos tratos...-.

- Asimismo ha de eliminarse las obligaciones de los transportistas, recogidas en el artículo 66 de la ley, por la extensión del Estado policial, entre otros motivos.

- Exigimos y facilitaremos -en aquellas instituciones en las que estemos presentes- la coordinación efectiva de competencias entre las administraciones públicas. Esto supone el establecimiento claro de estas competencias y el respeto de las mismas.

- Documentación de todas personas que residen en nuestro territorio. - Y por último y con base en todo lo expuesto, hemos de proponer la redacción de

un reglamento acorde con esta nueva ley que ha de desarrollar y que, por tanto, no puede servir de instrumento de exclusión y incitación a la xenofobia.

Asilo Como en otros ámbitos de la cuestión migratoria, el derecho de asilo está siendo desvirtuado por diferentes medidas que diluyen esta protección. Entre estas medidas se encuentran la posibilidad de interpretación de los principales conceptos que suponen la definición del estatuto de refugiado o la determinación del procedimiento de solicitud como “procedimiento de inadmisión a trámite” -mayor claridad de intenciones es casi impensable-. Para evitar todo lo posible este deterioro, proponemos:

- Como principio, debemos defender el derecho de asilo como derecho fundamental.

- Para ello es fundamental que se admita a trámite toda solicitud. Si no se admite directamente la solicitud y, aún es más, se hace esto por funcionarios sin criterios de admisión homogéneos, se está facilitando la discrecionalidad. Asimismo hemos de atacar cualquier indicio de que se está abusando del estatuto de refugiado, tanto en la reforma de la ley de asilo como en cualquier propuesta política.

- Una vez admitida a trámite una solicitud de asilo, debe facilitarse la prueba de los “fundados temores” de persecución al que se refiere la Convención de 1951 del Estatuto de Refugiado. Asimismo debe facilitarse siempre el acceso al estatuto pleno de refugiado en el caso de que la persecución sea individual. Y deben reducirse los plazos de resolución.

- Consideramos que el establecimiento de una lista exhaustiva de grupos, que pueden verse favorecidos por la interpretación de la acepción “pertenencia a un determinado grupo social”, puede suponer el perjuicio de limitarse únicamente a esos grupos y no a otros. La interpretación de tal acepción debe ser extensiva y amplia para seguir reconociendo la persecución por orientación sexual, por razón de género, entre otras.

- Nos oponemos a la transposición de aquellas Directivas europeas que supongan un retroceso en los logros ya alcanzados -tanto en el estatuto de refugiado como en cuestión de derechos-, sobre todo la Directiva de retorno que supondría la ampliación del periodo de internamiento en centros.

- Cualquier propuesta de la llamada “externalización” de las fronteras de la Unión Europea y/o España por medio de los centros y, con ellos, de los lugares de solicitud de asilo debe ser rechazada totalmente. Ese filtro de solicitudes fuera de nuestro territorio supone una falta de garantías completa y una irresponsabilidad al respecto.

- Por estos mismos motivos, seguimos oponiéndonos al concepto indeterminado de “tercer país seguro”.

- Apostamos por el establecimiento de medidas de atención social al refugiado por los servicios públicos -lejos todavía de las de otros países europeos-.

Menores La cuestión de los menores es una de las más graves por la importancia de tener siempre en cuenta el interés superior del menor, como la Convención de los Derechos del Niño nos obliga, y por la responsabilidad de toda la sociedad y los poderes en que ello sea así. La violación de esta obligación y de cualquier derecho humano de los menores es insostenible y para ello debemos seguir defendiendo que nuestro sistema garantista no se vea perjudicado por las tendencias contrarias. Para ello proponemos:

- Ser firmes en la defensa de nuestro sistema de garantías, incrementándolo todo lo posible, sobre todo frente a la prevista próxima reforma de la Ley de protección del menor.

- Nos oponemos rotundamente a cualquier atisbo de diferenciación en el tratamiento entre menores nacionales y menores extranjeros.

- Exigimos el establecimiento claro de las competencias de cada administración, concretamente de las Comunidades Autónomas, y la dotación a éstas de los suficientes recursos para prestaciones y tutela con el objetivo primordial de la protección del menor.

- Denunciamos y exigimos el cierre de todos aquellos denominados centros de acogida, fuera de nuestras fronteras y auspiciados por nuestro país, que en realidad son centros de internamiento.

- Defenderemos la ilegalidad de cualquier norma que permita la irregularidad de menores. Ningún menor puede ser considerado irregular.

- Solicitamos la facilidad sin restricciones de la reagrupación familiar de todo menor en España, así como la prohibición de la llamada “reagrupación familiar” en tercer país con la que se disfraza algunas expulsiones de menores.

- También solicitamos que se corrija el limbo jurídico en el que se encuentran los menores que tienen entre 16 y 18 años, asegurando además su educación, formación e inserción laboral.

- Rechazamos las últimas medidas de la Unión Europea que supondrán en su caso la posibilidad de negar la reagrupación de los menores que tienen más de 12 años bajo el criterio de integración y la posibilidad de negar la reagrupación de los menores que tienen más de 15 años en términos absolutos. No debemos retroceder en el derecho de reagrupación familiar, ya suficientemente desvirtuado.

Propuestas globales En cuanto a este último grupo de propuestas, queremos transmitir ideas que pueden afectar a los bloques anteriores y a otros ámbitos, como el de las mujeres o el Derecho

Internacional que debe ser cumplido por nuestro país, entre otros temas que lamentablemente no hemos tenido tiempo de abordar.

- En primer lugar, decimos no a un Pacto de Estado en el que se establezcan medidas restrictivas de derechos, policiales, xenófobas, racistas, discriminatorias, etc. en definitiva contrarias a nuestros principios.

- Exigimos la reforma de la LO 1/2004 de Violencia de Género para que no discrimine en ningún aspecto, directamente y con claridad a la mujer migrante y en especial a la mujer en situación de irregularidad. Estando en contra de la expulsión, nos oponemos con rotundidad a que ésta se produzca contra mujeres que denuncian violencia. Desde el mismo momento de denuncia, debe darse el mismo trato que a toda mujer -rechazamos la medida provisional en espera de la resolución positiva-.

- Exigimos que, en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus dos Protocolos y del Código Penal, las autoridades competentes persigan y eliminen con más vehemencia las mafias y las redes del tráfico ilícito y de la trata de personas, pero no penalicen a sus víctimas.

- Insistiremos en la ratificación por España de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

- Proponemos que el debate sobre el derecho al voto se separe, en la discusión parlamentaria, etc., del debate de la ley de extranjería -para que no sirva de “moneda de cambio” o para imponer que aceptemos en esta última retrocesos o vagos cambios-.

- A un año de los dramáticos sucesos de Melilla y Ceuta, no se conoce ninguna investigación veraz sobre los mismos, ni en España ni en Marruecos, quedando aquellos crímenes en la impunidad. Exigimos que se abra dicha investigación, independiente de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que no pueden ser juez y parte, y la depuración de responsabilidades a que hubiera lugar. Asimismo, que se pidan responsabilidades a Marruecos, suspendiendo cualquier acuerdo con este país que implique la devolución de nacionales de países terceros, ya que el trato a los mismos sigue siendo inhumano y degradante, como denuncia el reciente informe de SOS RACISMO, Amnistía Internacional y otras organizaciones. En general, rechazamos la firma de acuerdos de repatriación con países en los que no se respetan los derechos humanos.

- Reivindicamos la defensa de nuestros principios y objetivos, sin dejarnos amedrentar por populismos electorales oportunistas. Debemos transmitir un discurso firme, convencido, nunca populista y acorde con nuestro ideario.

- Como colofón, creemos conveniente transmitir al Consejo Político Federal, al resto de federaciones y militancia las conclusiones de estas jornadas.