paulatinamente por los afrodescendientes, más allá las...

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paulatinamente por los afrodescendientes, más allá de los reales de minas asentados en la colonia (Villa, 1994). Se desarrolló un modelo de apropiación terri-torial caracterizado por el asentamiento disperso de grupos parentales a lo largo de los ríos que ha esta-do acompañado de un proceso de nucleación lenta. En las zonas medias y bajas, los libres se dedicaron a la pesca y la agricultura. Paralelo a esta colonización los indígenas se replegaron hacia las zonas altas de los ríos.

Con la colonización de zonas medias y bajas las comunidades negras del río Atrato ampliaron los espacios utilizados y se dedicaron a diversas activi-dades productivas, evidenciando un complejo sis-tema de articulación con el ecosistema (Leesberg y Valencia, 1987) La manera de acceder a los recursos así como las formas de trabajo están relacionadas con complejas redes de parentesco. La concepción del mundo sus imaginarios y prácticas han dota-do a la selva y al río de significados complejos que ponen en evidencia una concepción del territorio profunda y detallada (Velásquez, 2010).

Las prácticas cotidianas de estas poblaciones se han caracterizado por variar de acuerdo a la oferta ambiental. Así hay diferencias entre las prácticas propias de las zonas altas, medias y bajas de los ríos. La minería tradicional es una actividad sobre-saliente en las altas, la agricultura en las medias y la pesca en las bajas (Villa 1994). Dichas actividades no son exclusivas sino que se complementan con

las otras configurando sistemas que han permitido la apropiación múltiple de distintos espacios (Leal y Restrepo, 2003). La caza, la pesca y la recolección han sido actividades complementarias de los ha-bitantes del Atrato. Así mismo se complementan las prácticas productivas con redes que permiten intercambiar productos de las distintas zonas (Leesberg y Valencia, 1987).

Teniendo en cuenta que la mayoría de estas acti-vidades son estacionales, se trata de actividades complementarias en la vida cotidiana. Antes, du-rante las épocas de subienda, quienes se dedicaban a la agricultura podían aprovechar la oferta de pes-cado disponible. Así mismo, de acuerdo a los calen-darios agrícolas, la preparación de los terrenos, y los periodos de siembra y de cosecha obligan a los pobladores a recurrir a otras fuentes como la caza y la recolección (Velásquez, 1962). La minería arte-sanal está igualmente determinada por los tiempos del año. De acuerdo con las temporadas de lluvia y sequía se determinaban técnicas diferentes para el lavado, o se dedicaba tiempo a la construcción de infraestructura o para sacar arena.

El conocimiento de los ciclos lunares permite iden-tificar los tiempos adecuados para cada una de es-tas actividades. A la par con el calendario natural que regula la temporalidad de ciertas actividades productivas, está el calendario cultural que es igualmente importante en la vida de estas comu-nidades: los velorios, las celebraciones y las fiestas

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y sus tiempos de preparación establecen periodos de trabajo y de descanso particulares relacionados con actividades monetizadas, es decir que permi-ten conseguir dinero, que también tienen efectos sobre las actividades productivas de la gente (De la Torre, 1995).

Las comunidades negras del Atrato han alternado el ejercicio de la minería tradicional, con otro tipo de prácticas de sostenimiento económico, entre ellas se destacan principalmente la agricultura, la caza y la pesca, con las que aseguraban un abaste-cimiento total de sus necesidades alimenticias. No obstante, todo el modelo económico tradicional ha sido interrumpido drástica y abruptamente en los últimos años por la imposición de la minería meca-nizada expresada en dragas y retros, introducidas por actores foráneos (en el caso de las “dragonas” en su mayoría introducidas por mineros brasile-ños). Gran parte de esta minería se hace de forma ilegal, amparados en los intereses de actores arma-dos que cobran vacunas e imponen un régimen del terror a quienes intenten oponerse a sus designios (Cuevas, 2009).

La degradación ambiental producto de la mecani-zación de la explotación reduce de manera signifi-cativa la posibilidad de prácticas productivas alter-nativas para las poblaciones locales, lo que genera un círculo vicioso en el que quedan atrapados. Ade-más, la presencia de personas foráneas con mucho dinero (propietarios, operarios y empleados

de las dragas) ha fomentado el fenómeno de la prostitución de mujeres y niñas para obtener al-gún dinero que les permita suplir sus necesidades básicas insatisfechas.

La extracción maderera en el Atrato, particular-mente en el bajo Atrato, empezó a cobrar impor-tancia en la década de los 40 del siglo XX y en poco tiempo se consolidó en una de las actividades productivas más importantes de la región (Leal y Restrepo, 2003). A partir de entonces, la madera de los bosques que había sido utilizada para la cons-trucción de viviendas y la elaboración de embar-caciones por parte de las comunidades negras, fue objeto de extracción con fines comerciales durante gran parte del siglo XX. No obstante, hacia la dé-cada del noventa, la labor extractiva de la madera se ha transformado sustantivamente con la gene-ralización de las motosierras asociadas a un incre-mento en la presencia de foráneos amparados en actores armados ilegales (Mejía, 2009).

Las actividades mineras de dragas y retros, y la explotación forestal desarrolladas en los últimos años han impactado de forma contundente las condiciones ecológicas y sociales del Atrato y sus afluentes. La no intervención de las autoridades competentes supondrá en el mediano plazo el desplazamiento forzado de cientos de pobladores e incluso su exterminio físico, la destrucción de los ecosistemas que dependen del río y sus afluentes, y la desaparición definitiva de prácticas culturales


ancestrales de los pueblos negros e indígenas que han habitado este territorio por siglos.

2. La relación de las comunidades étnicas y campesinas con el agua y el territorio.

Para las comunidades étnicas el territorio no es lo mismo que la tierra. Esa distinción, entre ‘tierra’ y ‘territorio’, que en Colombia es un principio here-dado del movimiento indígena, ha sido retomada por el movimiento campesino en los últimos años. Si la tierra es una cosa que se posee y se puede comprar y vender, el territorio es inalienable. Pero no porque tenga una condición jurídica particular, sino porque se trata menos de una cosa y más de una relación. El territorio es el espacio de la vida cotidiana, y por eso en él se concentran el sentido del presente, la memoria del pasado y la intuición del futuro. Es continuo y discontinuo a la vez, y es siempre colectivo. Además, por tratarse de un decantado de relaciones sociales, trasciende a las relaciones con los congéneres, e incluye las rela-ciones con el entorno, con otros seres vivos, con seres del pasado y del futuro, y también con los se-res espirituales.

En muchas regiones la vida cotidiana se despliega en espacios diversos que no solo son terrestres. La cotidianidad de los pueblos ribereños, de mineros artesanales y de pescadores tanto de los ríos como en el mar, se construye en el agua. Las prácticas productivas ligadas a la pesca se arraigan en diver-

sas maneras de intercambio y en saberes locales sobre los distintos acuíferos (ríos, ciénagas, caños, esteros y el litoral), así como sobre las formas de vida que allí se reproducen.

En el río Magdalena, por ejemplo, los pueblos anfi-bios, que describió Orlando Fals Borda (1986) con-servan formas de relación con la naturaleza donde el río, las ciénagas o al mar son sujetos con quienes se convive e intercambia; un caso similar mues-tran investigadores como Anne-Marie Losonczy para los pobladores del río Atrato y sus afluentes en el Chocó (2006).

Hablamos así de poblaciones que han establecido históricamente relaciones sociales en el espacio que suponen una continuidad entre el mundo so-cial y el natural, y de formas de territorialidad con la tierra y el agua que han sido considerados comu-nes. La noción de acuatorios empleada por varias organizaciones afrocolombianas, indígenas y cam-pesinas para referirse a territorios ancestrales del agua, resulta particularmente sugerente.

3. Construcción histórica y manifestación socio-cultural de la relación de las comunidades étnicas del Chocó con el río Atrato.

En el caso del Chocó, la historia del poblamiento de las zonas rurales, principalmente durante el siglo XIX permite comprender el tipo de distribución dispersa sobre los ríos que caracteriza la región.

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Los asentamientos hacen del río un espacio central en todas las actividades económicas, domésticas y socio-culturales de los pobladores locales. Incluso, el río constituye en principal factor de identidad en esta región. Las casas se han construido sobre pilotes en lo largo de los ríos, todo el transporte se basa en la movilidad por los ríos, mientras la pes-ca constituye una de las prácticas productivas más importantes para la alimentación local además de ser fuente de ingresos. Las mujeres lavan la ropa y los utensilios de cocina en el río y de allí recogen el agua para consumir.

Para los niños es el principal lugar de recreación y socialización “el río viene a ser el espacio social de las interacciones humanas cotidianas, y siguiendo a Ulrich Oslender (1999) se lo puede conceptuali-zar entonces como referencia simbólica de iden-tidad de los individuos y de los grupos que viven en sus orillas. Así mismo el río constituye la más importante de las referencias geográficas. La pro-cedencia de cada quien se señala por el río en el cual vive. Más que hacer referencia a un pueblo o una vereda, lo que se menciona es el río. Las refe-rencias a lugares también se miden en relación con el río. “existe una relación cercana e íntima entre el individuo y su río, lo que se observa en expre-siones como “no le gusta a la gente salir de su río” “cuando yo vuelva a mi río”. En esta configuración el río representa una noción de hogar, un fuerte sentimiento de pertenencia lleno de valores sim-bólicos (Oslender, 1999)

Para estas poblaciones, el río se haya dentro de la categoría de lo viviente; para el pensamiento ne-gro es la expresión paradigmática del movimiento del universo natural, así como la condición prácti-ca de desplazamiento en el orden cultural. Soporte de definición identitaria para los humanos, tam-bién es el medio privilegiado de diferenciación de los espacios, a partir del terreno habitado (Escobar 2010). Toda actividad humana se desenvuelve con referencia al río: la localización de las casas, los te-rrenos de cultivo, los espacios de la minería, etc. se escogen en relación con el río. Así mismo la re-ferencialidad de los espacios se escoge en función del río (arriba, abajo, etc.) Vehículo privilegiado del oro, funciona como eje y prolongación del espacio habitado; determina la disposición de las casas y la prolongación social de estas últimas al ser el espa-cio privilegiado de la socialización de los niños, que pasan en él la mayor parte del tiempo (Losonczy 2006).

Familias y troncos. En el Pacífico rural colombiano la familia ha sido constituida por una amplia red de parientes que configuran familias extensas o extendidas (Friedemann, 1977). Es común en de-terminada sección de un río, manglar o playa pre-domine una familia que suele ser fundadora. Los fundadores son los descendientes de los primeros pobladores de un caserío o una vereda. Además estos lazos parentales de compadrazgo han sido fundamentales en las relaciones entre poblaciones negras e indígenas (Losonczy 2006). Las redes de


parentesco son claves para comprender las formas de trabajo asociativo en la minería tradicional y en la pesca. De la misma manera, las normas de pro-piedad y de acceso a los recursos han sido pautadas por las redes de parientes, así los derechos territo-riales de un miembro de determinada comunidad pasan por su pertenencia a grupos parentales re-conocidos como parte de esa comunidad.

Las comunidades negras e indígenas reconocen plantas con multiplicidad de usos, así como una serie de relaciones entre ellas y otros seres que ha-bitan el monte (Velásquez 1962). Los pobladores de los ríos establecen sutiles diferenciaciones de co-lor, textura y movimientos de las aguas que les per-miten comprender su comportamiento para guiar sus canoas, predecir los ritmos de las crecientes y la presencia de peces y animales. Así mismo para la gente negra, el agua del río y la lluvia hacen parte del mismo tipo de clasificación del agua.

Por su parte, la tierra se diferencia entre “buena” y “mala” de acuerdo a su relación con el agua. La tie-rra buena será aquella donde las plantas viven sin enmarañarse, es seca y está elevada, lo que permi-te que el agua escurra hacia el río. Por su parte, la tierra mala o tierra de podredumbre es aquella que es fría como la de la selva, se chupa el agua y la con-vierte en “agua muerta” peligrosa para los huma-nos (Losonczy, 2006). El agua viva del río también es usada ritualmente. Durante las “ombligadas” de los recién nacidos el agua del río se usa para bauti-

zarlos y convertirlos en buenos nadadores y nave-gantes. Como señala Anne Marie Losonczy, en las comunidades negras del Chocó el agua y el río se manifiestan entonces como un principio simbólico de conjunción. Por su parte, el monte ha sido un es-pacio privilegiado en el cual se interactúa con seres pertenecientes a “otros mundos”, en este sentido, las prescripciones culturales sobre el monte hacen parte de los significados asociados a espacios en determinados periodos haciendo de estos sitios se-guros o peligrosos, restringidos o permitidos para ciertas actividades (Leal y Restrepo, 2003).Los pobladores locales se han apropiado de la re-gión a su modo. Han constituido un espacio de vida muy distinto a la imagen que describe al Pacífico principalmente como una gran despensa llena de oportunidades para acumular capital. Las pobla-ciones locales han desarrollado modalidades de conocimiento y representación de su entorno que han estado estrechamente ligados con las tecnolo-gías y las relaciones sociales. Al igual que los gru-pos indígenas, las comunidades negras han consti-tuido densos sistemas de conocimiento local de los distintos ecosistemas de la región.

4. Implicaciones socio-culturales de la degrada-ción de la cuenca del Atrato para las comunida-des étnicas que lo habitan.

La drástica degradación ambiental impide hoy el aprovechamiento que tradicionalmente las comu-nidades negras e indígenas han hecho del río, sus

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riberas y sus afluentes. El monte (bosques) es defo-restado, la destrucción de suelo y bosque natural debido a la desviación de los ríos para la construc-ción de canales para el acarreo de madera, la ope-ración de las retroexcavadoras y al dragado genera la pérdida de la capacidad productiva de la zona. Las biodiversidad está amenazada: árboles como el catival y el arracacho están desapareciendo. La erosión de las orillas provoca la pérdida de culti-vos de las comunidades asentadas en las riberas. El arrastre de sedimentos restringe el transporte. De los 18 brazos navegables que posee el Atrato hoy en día solo uno es navegable ante el tapona-miento de los brazos auxiliares. La pesca de subsis-tencia se ve amenazada por la pérdida de especies de consumo humano y por la contaminación letal de los pocos peces que quedan con residuos vene-nosos producto de la minería mecanizada; el agua requerida para actividades cotidianas y para el consumo personal está siendo contaminada. Este solo hecho atenta directamente contra la vida de los seres humanos y en general de todos los seres vivos que dependen del río. Pero además el río es una unidad y debe ser considera como tal desde su nacimiento hasta su llegada al mar. Todo lo que suceda en la parte alta tendrá inevitables repercu-siones en el curso medio y bajo. De esta manera se entiende por qué la gente del bajo Atrato, en Riosu-cio, considera que las más drásticas inundaciones de los últimos años se deben al incremento de la minería en la parte alta y media, pues ella conlleva un mayor arrastre de sedimentos.

La actividad maderera en el bajo Atrato ha afecta-do de manera particular el río haciendo de los acuí-feros (humedales y ciénagas que dependen de éste) los ecosistemas más afectados con la sedimenta-ción producto de los desechos de la explotación forestal y la desecación por el desvío de los cursos de agua. El uso de inmunizantes y de maquinaria pesada amenaza a varias especies de plantas y ani-males. Por su parte, la explotación ilegal de madera se suma a la explotación legal no controlada que se presenta, entre otras, en los territorios colectivos donde la autoridad de los consejos comunitarios sobre el territorio se ve vulnerada por la presencia de actores armados.

La falta de políticas claras sobre manejo ambien-tal en las zonas de aprovechamiento, de veeduría y control sobre la explotación forestal por parte del Estado es, sin duda, uno de los principales factores que potencian los dramáticos efectos ambientales y sociales de la actividad maderera en el bajo Atrato.

Todo se concentra en un círculo vicioso en el que el deterioro del ecosistema producto de la deforesta-ción y las excavaciones impide que las actividades tradicionales de subsistencia prosperen, y propicia que los efectos se extiendan a lo largo del río: la pesca está muy disminuida, lo mismo que la agri-cultura y la caza. Esto obliga a las comunidades a trabajar temporalmente en los yacimientos mine-ros para poder subsistir.


Esta dependencia en la minería no solo profundi-za la crisis ambiental que les llevó a involucrarse en dicha actividad, sino que los hace dependientes de las cadenas de endeude y la prostitución, para poder satisfacer necesidades básicas como la ali-mentación, en la medida en que ya no cuentan con actividades económicas alternativas.

La deficiente protección jurídica e institucional sobre los territorios tradicionales ha estimulado la presencia de actores armados que ponen a la población en riesgo de desplazamiento. Así mis-mo, los empresarios aprovechan las condiciones de desigualdad y de vulnerabilidad en las que se encuentran estas comunidades promoviendo el arrendamiento de territorios colectivos para su usufructo, lo que termina haciendo a las comuni-dades dependientes de estos contratos.

La contaminación de las aguas, la explotación des-medida de los recursos naturales y la deforesta-ción de los bosques pone en riesgo de desaparición las prácticas culturales centenarias de las comuni-dades indígenas y negras que han habitado tradi-cionalmente estos territorios. Los conocimientos tradicionales sobre los ecosistemas, su manejo, las prácticas productivas, materiales y simbólicas que estas poblaciones han elaborado por generaciones se perderán si no se logra garantizar su uso y trasmisión.

La protección de los territorios de los grupos ét-nicos deriva de la necesidad de garantizar la segu-ridad y la permanencia del uso y del control de los recursos por su parte, lo que a su vez permite la re-producción y permanencia de sus modos de vida y de sus prácticas culturales. Mientras los derechos fundamentales de estas comunidades no se defien-dan el riesgo para la vida y supervivencia se in-crementará. Así mismo, mientras las necesidades básicas de los pobladores locales no estén satisfe-chas, las desventajas producto de la desigualdad seguirán induciendo prácticas de sobrexplotación laboral, dependencia económica, endeude, despojo de las fincas y de los territorios colectivos, y el con-secuente desplazamiento.

En ese sentido, la urgencia por garantizar los de-rechos fundamentales de estas poblaciones y de sus territorios está directamente relacionado con el riesgo de desaparición de prácticas socio-cul-turales, de saberes y conocimientos tradicionales considerados patrimonio inmaterial de la nación.

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ATRATO:Majestuoso y Ancho Río

Por: Sterlin Londoño Palacios. Diócesis de Quibdó y Cocomopoca

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El pensador y escritor afrocolombiano Manuel Za-pata Olivella en una conferencia sobre etnoeduca-ción realizada en el Banco de la República en Quib-dó (2003), presentó una hipótesis sobre el origen y significado de la palabra Atrato: “unos mercaderes ingleses al no poder penetrar el río por ninguna de sus 18 bocas debido a la fuerza de su corriente, lo llamaron el río Abstracto (Abstract river), los habi-tantes de este territorio, por comodidad en la pro-nunciación (corrupción idiomática) lo denomina-ron el río Atrato”. La anterior hipótesis da cuenta de dos realidades que marcan la memoria y el es-pacio del río Atrato: el comercio para los foráneos y “cierto carácter sagrado” para Afros, Indígenas y Mestizos.

El comercio de bienes materiales sin garantías para los derechos humanos y de los pueblos es una amenaza estructural para la existencia de los pue-blos étnicos y de campesinos mestizos y la relación entre la majestuosidad de la cuenca del Atrato y los habitantes ribereños-as es lo que genera armonía y vida en abundancia.

Surge una pregunta: ¿qué significa el río Atrato para sus moradores?. En algunos de los siguientes párrafos se intentará responder la pregunta. El río Atrato además de tener agua abundante, es un te-rritorio (cuenca) maravilloso que en su amplia bio-diversidad sustenta una rica diversidad cultural.

En los ritos de iniciación de Afros e Indígenas, des-de los primeros días de nacimiento de niños-as se establece una relación de reconocimiento de la majestuosidad del territorio, cuando las parteras les cortan el ombligo a niños-as y lo entierran en la raíz de un árbol, para que este nuevo ser tenga una relación estrecha con su territorio; para cicatrizar la herida que deja la cortada del ombligo, se pulve-riza cualquier elemento mineral, animal o vegetal y se coloca ahí. Así se transfiere cierta energía de la naturaleza al recién nacido para determinarle par-te de su futuro personal y comunitario, pues cada elemento tiene un significado.

Para el señor Francisco Germán Londoño Palome-que de Yuto (Atrato), por ejemplo, “a los-as niños-as se les echa hormiga arriera en el ombligo para que sean duros en el trabajo y les guste viajar” (2001); para Gildardo Rentería de San Marino (Bagadó): “a los-as niños-as se les echa oro en el ombligo, para que sean duros para trabajar la minería y siempre consigan oro abundante para sostener su familia” (1998). Según Diego Palomeque, habitante de Do-mingodó (Carmen del Darién): “a los-as niños-as se les echaba cebo en la cara para que cogieran vergüenza, criterio, carácter (conciencia)”. En este triángulo conformado por la enterrada del ombligo (sentido de pertenencia), ombligada (energía para la vida) y el cebo en la cara (carácter étnico, con-ciencia), se genera una simbología que determina


la vida de la persona, su comportamiento en comu-nidad y su relación de respeto y reconocimiento de la naturaleza.

La cuenca o territorio étnico del Atrato tiene una particularidad, en él se ha desarrollado ocho prác-ticas tradicionales de producción identificadas por los accionantes de la Sentencia T-622 entre los años 93 (COCOMACIA: Consejo Comunitario de la Organización Popular Campesina Integral del Atrato), 97 (ASCOBA: Asociación de Consejos Co-munitarios del Bajo Atrato) y 99 (COCOMOPOCA: Consejo Comunitario de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato) en el marco de cons-trucción de las propuestas de titulación colectiva determinada en el artículo 20 del decreto 1745 de 1995, reglamentario del capítulo III de la ley 70 (1993), que en su artículo 2 define los indicado-res para ser una comunidad negra, entre otros, el de las prácticas tradicionales de producción. Estas prácticas les han permitido a los accionantes vivir en armonía con su entorno, en una clara concien-cia de sus derechos bioculturales: pesca, minería ancestral, caza, la medicina ancestral, siembra y cosecha de productos agrícolas, la recolección de especies silvestres, cría de especies menores y aprovechamiento forestal.

Cada práctica tradicional de producción acorde con los tiempos y los espacios, se realiza con tanta vocación y dedicación que comienza con un secre-to ancestral y se adorna con la literatura oral y el canto popular, documentado por Caicedo (1992)¹⁰ : para las duras jornadas de siembra y manteni-miento de cultivos de arroz en Tagachí (Quibdó), se canta los alabaos corrompidos. Para la educación de los hijos se utiliza los proverbios, los mitos y las prácticas de iniciación; antes de entrar al monte se reza el secreto de San Pedro y San Pablo; a las plantas medicinales se les habla de espaldas expli-cándoles para que se van a utilizar y en beneficio de quién (consulta previa para obtener el consen-timiento de la planta). Para animar las largas no-ches de pezca en tiempos de subienda de bocachi-co, los pescadores utilizan versos que dan cuenta de la destreza en el arte o del tamaño y cantidad del pez capturado. El Atrato es un territorio en el cual al río se le pide permiso para nadar orando para que la madre de aguas y los peces grandes no acaben con la vida de las personas. Cada una de es-tas prácticas refleja la síntesis de un diálogo inter-cultural entre las tradiciones culturales europeas y africanas con sus respectivas representaciones.

Las fiestas patronales en las riberas de la cuenca del Atrato lo llenan de colores y sonidos con la

¹⁰ Caicedo, M. EL CASTELLANO EN EL CHOCÓ (500 AÑOS). Lealón: Medellín – Quibdó: PP. 151

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chirimía que armoniza la vida, las comparsas que recrean sus olas, los revulúes que recuerdan sus remolinos, los disfraces que representan la pro-testa social, el zapateo expresión de rebeldía, el bastón de mando memoria de la autoridad ances-tral, las generosas y variadas cadencias que dan cuenta del encuentro entre remansos y corrien-tes y las balsas símbolo de armonía y diversidad cultural.

Los habitantes del río Atrato han construido unos mitos propios y contextualizado otros en los cuales se puede observar más de 13 funciones prácticas, documentadas por Puertas, (2000)¹¹: entretenimiento, control social, protección de los recursos naturales, guardianes de los recur-sos naturales, sostenimiento del orden simbólico católico, escape a las normas de control social, función creadora de comunidad, rompimiento de ideología oficial, conexión entre realidades coti-dianas e intangibles, reconciliación, transmisión de valores culturales, representación de la exis-tencia, estímulo de la creatividad humana ante la fuerza descomunal de un ser de otras dimensio-nes. La mayoría de estas funciones son tomadas de Puertas, y otras han sido de creación propia, después de leer y vivenciar muchos relatos de mi-tos en el Atrato.

Aquí lo trascendental no es preguntar si el mito existe o no, ni reafirmar o negar creencias; se tra-ta de acercarse a la realidad de cada comunidad y adentrarse en sus tiempos y espacios propios, en sus métodos propios de educación, en sus mane-ras de ver el mundo y recrear sus tradiciones. Cada mito tiene utilidades bien prácticas y a manera de síntesis de los relatos escuchados, se puede pre-sentar algunas especificidades: que el mito de la madre de agua tiene la función particular de pro-teger el recurso hídrico; el de la madre de monte la protección de recursos forestales; el indio de agua, además de ser particular en cuanto a las re-laciones interétnicas, tiene la especialidad de ser el protector de los peces y los tesoros de minerales; la bruja vive actualizada de las noticias callejeras, regionales e internacionales y le da rienda suelta al amor; la mula de cuaresma tiene la misión de impedir las relaciones entre los Sacerdotes y las mujeres; el mohán de Ichó previene sobre el abuso de los secretos¹� .

En visitas pastorales realizadas entre desde 2007 hasta 2017 por los ríos Truandó (Rio Sucio), Curvaradó (Car-men del Darién) Murindó (Murindó), Bojayá (Bojayá), Arquía (Vigia del Fuerte y Urrao), Beté (Medio Atrato), Quito (Río Quito), Neguá, Cabí y Tutunendo (Quibdó), Tanando (Atrato) Andágueda (Bagadó), Capá y Tumu-

¹¹ Puertas, E. LA TUNDA. Mito y realidad. Santiago de Cali¹� Oraciones cortas que generan poder a quien las utiliza


tumbudó (Lloró) he podido constatar la desapari-ción de la práctica del Gualí por factores como el desplazamiento forzado y por la cualificación de las prácticas de las parteras y puestos de salud. En lo que aún permanece, el Gualí es una práctica de fortalecimiento del tejido social, en donde la tris-teza ocasionada por la muerte de niños-as de 1 a 11 años se asume con prácticas de la tradición oral: versos, poesías, décimas, espinelas, salves, ron-das, ensaladillas, proverbios, etc, que en concepto de Casas, (2003), “son el semillero de la tradición oral Atrateña¹�” .

Así mismo se resalta la pervivencia de las prác-ticas del ritual mortuorio de adultos en la cual la comunidad se une en duelo colectivo para llorar, enterrar sus muertos, despedir sus almas y asumir los costos económicos; no existe otra celebración en donde haya tanta expresión de ministerios o servicios tradicionales en los cuales no se excluye ningún miembro de la comunidad: todos-as los-as vivos-as pueden prestar algún servicio, también quienes tienen limitaciones físicas o cognitivas ayudan con rezos y cantos; integrantes de la co-munidad lgtbi ayudan en las decoraciones de los altares con un alto reconocimiento comunitario; los difuntos, ausentes físicamente se encuentran presentes en todos los símbolos del altar y en los

cantos de Alabaos hablan en primera persona. Los rezanderos hacen memoria de la doctrina católi-ca y según instructivo del festival de música del Pacífico, Petronio Álvarez: “en el canto de Alabao se hace memoria del encuentro intercultural en-tre España (medida de las coplas), Africa (lamentos y repetición de coplas) y Roma (medida del canto gregoriano)” (2001).

Cientos de poetas y poetisas le han dedicado sus poemas leídos y cantados, para resaltar la majes-tuosidad del Atrato:

• Miguel Vicente Garrido lo llamó: “Majestuoso y ancho río”• Monseñor Jorge Iván Castaño Rubio, Obispo de Quibdó en la “Canción del río Atrato”: “río Atrato yo me inclino para escuchar tu plegaria”• Grupo Niche: en su canción Atrateño: “Y poder cantar, que orgullo gritar, que soy atrateño, Seño-res, yo soy atrateño”• Poeta Juancho Velasco: “Hay un río que corre por tus venas, hay un río que sabe de mis viajes. Hay un río de canoas alegres que nos regresan a la vida”.• Tanguí chirimía: Majestuoso río Atrato, “tú que has soportado tanto, bríndale a tus hijos valor pa seguir luchando”.

¹� Casas, E. Rondas. Medellín: Lealón

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Toda esta integración entre las diversidades cul-tural y ambiental de la cuenca del Atrato no puede ser completa si no hacemos mención de la cultura y espiritualidad de los Mestizos que habitan prin-cipalmente el Carmen de Atrato, en donde desde la mesa ambiental y social mantienen un celoso cui-dado por sus diversas creencias y costumbres. Para Ramón Cartagena, el Río Atrato “es vida, armonía, desarrollo”. Tampoco podemos olvidar a los herma-nos Indígenas Emberas, Chamíes, Katíos, Cunas y Dóvidas que habitan la parte alta de los ríos, los caminos y montañas. José Luís Dogirama, Embera Dóvida: “El agua es la leche materna de nuestra madre tierra, es saliva de la madre tierra y sangre la cual limpia el alma de los Embera”. El recono-cimiento de la presencia e intercambio cultural y político en el territorio llevó a los accionantes a lla-mar a la Mesa Social y Ambiental de el Carmen de Atrato, a los Pueblos Indígenas y a los Consejos del Río Quito a hacer parte de la Comisión de Guardia-nes y a partir de ahí, a participar mancomunados en los procesos tendientes a la Protección, Mante-nimiento, Conservación y Restauración del Atrato, su cuenca y sus afluentes.

No se puede pasar por alto el papel que el Estado colombiano ha jugado en las realidades de la cuen-ca del Atrato. Las constataciones de las Diócesis de Quibdó y de Apartadó, de los accionantes de la Sentencia T- 622 y de otras fuentes independientes, dan cuenta de un Estado ausente en su dimensión

social y presente en la generación de crisis huma-nitaria y social en la región del Atrato y en todo el Pacífico:

1. En la ley 21 de 1951, de abolición de la esclavitud, se indemnizó a los ricos esclavizadores y a los-as Esclavizados-as no.

2. En la ley II de 1959, se negó el acceso a la propie-dad de la tierra a nivel individual en todo el Pacífi-co Colombiano. Por eso en los 80 los Indígenas y en los 90 los Afros solicitan titulación colectiva de sus territorios al Estado colombiano.

3. En la Constitución Política de 1991 las Comuni-dades Negras fuimos excluidas sistemáticamente.

4. Después de la creación de la ley 70 de 1993, no ha habido voluntad política para reglamentar los capítulos de minería, de desarrollo integral y de biodiversidad.

5. Los procesos de titulación colectiva se exigie-ron por las Comunidades Negras como un clamor por la libre determinación de los pueblos Indígena y Afro, pero todas las organizaciones del Pacífico Colombiano constatan una lógica perversa: Terri-torio titulado, territorio desplazado. Así se confi-guró un proceso sistemático de despojo territorial y de desalojo de los habitantes del Atrato, para la implementación de proyectos extractivistas dise-ñados por el Estado.


6. Las concesiones mineras a empresas transna-cionales en el presente siglo sin consulta previa a las comunidades es una manera sistemática de configurar un distrito extractivista, quitándole paulatinamente los modos de vida a comunidades negras, por un Estado que no genera condiciones de vida y que no garantiza disfrute y goce efectivos de derechos a comunidades étnicas que están pro-tegidas por el derecho internacional de los dere-chos humanos y que el mismo Estado Colombiano se ha comprometido a proteger.

7. El extractivismo forestal, minero-energético, de recursos genéticos y los monocultivos y ganadería extensiva en la cuenca del Atrato se ha desarrolla-do por políticas públicas. En su momento inicial llamaron tanto la atención a los pobladores de la cuenca del Atrato que al ver la asimetría entre im-pulso a empresas y omisiones con los-as ciudada-nos-as, nacieron las organizaciones COCOMACIA (1986) ASCOBA y COCOMOPOCA (1994); ante el exterminio físico y cultural de la arremetida para-militar y de las guerrillas de las FARC-EP y del ELN en el Atrato, nació el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH) en 2001.

8. Ante el crecimiento de la minería a mediana es-cala sin control del Estado y ante el rompimiento del tejido social, de las prácticas tradicionales de producción y del deterioro permanente y estructu-ral de los modos de vida de todos-as los-as habitan-tes de la cuenca del Atrato, se tutela los derechos vulnerados y se obtiene la Sentencia T-622 de 10 de diciembre de 2016. El exterminio de la maquinaria de mediana minería no una medida que responda a

las necesidades de las comunidades. Son las garan-tías para el imperio del Estado Social de Derecho, las que permitirán la vida en abundancia de quie-nes habitamos la cuenca del Atrato.

9. El Departamento del Chocó cuenta con 350.000 (trescientas cincuenta mil) personas víctimas el desplazamiento forzado y otros hechos victimi-zantes; más de 1500 personas asesinadas en los últimos 20 años; Quibdó, la ciudad mayor de la cuenca del Atrato es la ciudad que en los últimos cinco años supera las más de 100 personas asesi-nadas; las organizaciones accionantes de la Tutela que se transformó en la Sentencia T-622 de 2016, tienen a varios de sus líderes amenazados.

10. Los Obispos del Continente Americano, reuni-dos en Río de Janeiro expresan con mucha preo-cupación, que “los pueblos indígenas y afros están amenazados en su existencia física, cultural y espi-ritual; en sus modos de vida; en sus identidades; en su diversidad; en sus territorios y proyectos.” (Apa-recida 90). Esta es una preocupación real que as-piramos que el Estado que ejerce acción con daño al omitir sus funciones esenciales, permitir las alianzas entre sectores empresariales, políticos e ilegales para explotar los recursos de la cuenca del Atrato sin responsabilidad empresarial y sin es-tándares de derechos humanos y derechos étnicos, contribuya a restaurar los derechos del río Atrato, relacionados estrechamente con los habitantes de este territorio biodiverso cultural y ambientalmente.


El caso de la minería mecanizada ilegal en el municipio de Río Quito, Chocó¹⁴Por: Carlos Andrés MezaAntropólogo investigador Instituto Colombiano de Antropología e Historia

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La cuenca hidrográfica del río Quito es un amplio valle aluvial localizado en la parte central del de-partamento de Chocó, asociado a la depresión del río Atrato. El río Quito nace en el cerro de Cara-manta, corre formando la banda norte del istmo de San Pablo y de allí sigue hacia el norte, para des-aguar en el Atrato, al frente de Quibdó, la capital del departamento. Desde la Colonia, el río Quito fue un área geoestratégica dentro de una órbita político-económica más amplia. Era la vía de co-municación interoceánica que unía al Caribe con el Pacífico, a través de los ríos Atrato y San Juan. Asi-mismo, permitía la articulación de las provincias auríferas de Nóvita, Citará y Baudó que correspon-den al actual territorio chocoano (Jiménez 2004).

Hacia 1759, el río Quito hacía parte de un rico real de minas de Cértegui, propiedad del maestre de campo don Francisco González Trespalacios, perteneciente a una familia blanca esclavista de Mompox (De la Rosa y Moreno 2005; Mosquera 2004). Trespalacios enfermó y murió dejando su propiedad en manos de su mayordomo Felipe Con-go, quien cumplió su última voluntad: contactó al sobrino de González, Matías Palacios, para que se hiciera cargo del real de minas¹�. Posteriormente

Palacios abandonó la región, no sin antes dejar un óleo de la virgen de la Candelaria que condujo a la institución de una fiesta en su honor en Cértegui y en Paimadó, actual cabecera municipal de Río Qui-to (White 1929).

Estos relatos sobre amos bondadosos que deja-ron posesiones y apellidos a los esclavos que tanto les habían servido, fueron recuperados por Enri-que White para la Comisión Minera del Chocó, en 1929¹�. Constituían la única evidencia que tenían los descendientes de esos libertos por Trespalacios y su sobrino, frente al reclamo de derechos de usu-fructo territorial en medio del conflicto generado por los estragos ocasionados por una draga de la Quito River & Dredging Co. En 1929 esta empre-sa minera era arrendataria de la familia Mayolo de Cali, que se había enfrascado en un agudo pleito por derechos de posesión y usufructo minero con otras familias de Cértegui (White 1929).

Las familias negras mantuvieron el lavado de oro en los placeres de los ríos y en los canalones en don-de empleaban las bateas, cachos y almocafres here-dados desde los tiempos del real de minas. Como familias campesinas agro-mineras, los rioquiteños

¹� Parte de este reporte de caso se construyó a partir de dos estancias: una en junio de 2008 y otra en mayo de 2015, Esta última contó con la partici-paron estudiantes de sexto semestre de la Universidad Externado. ¹� Instituciones coloniales cedidas a mineros particulares por la Corona para su explotación aurífera; como emplazamientos concentraban a la población esclava (Jiménez, 2004).¹� En su reporte de 1929 para la Comisión Minera del Chocó, Enrique White recuperó el informe de la visita que hizo el funcionario colonial Luis Maraver Ponze de León al río Quito en 1763.


complementaron la minería con la agricultura, la pesca y la cacería en una alternancia producti-va que les ha permitido explotar y agotar todas las estrategias de sobrevivencia, especialmente, en situaciones difíciles asociadas a los regímenes de auge y caída de la economía regional (Whitten y Friedemann 1974). También se articularon a las redes comerciales de metales preciosos a través

de formas de organización familiar mediante las que regularon el acceso y el usufructo de terrenos aluviales. Una de las estrategias fue la de mantener indivisos los terrenos agro-mineros grandes que delimitaron los troncos (ancestros focales de una parentela) y que por generaciones han usufructua-do quienes se reclaman como sus descendientes (Varela 2013, 155-156).

Mapa del Río Quito

Quibdó

Río Atrato

Río

Qui

to

San Isidro

Puerto Nuevo

Paimadó

VillaConto

Cordillera O

ccidetal

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En la década de los años 50, la Compañía Minera Chocó Pacífico, cuya presencia en la cuenca del río Condoto se prolongó desde 1919 hasta 1975, explo-ró las vegas aluviales de los ríos Quito y Cértegui. Sin embargo, estas áreas nunca fueron explotadas por las dificultades de acceso de la unidad de dra-gado y por el alto riesgo técnico. Cuando la empre-sa salió del Chocó y se nacionalizó la compañía en 1974, la explotación aurífera del oro en los ríos San Pablo y Quito había tomado auge. Para finales de los años setenta, las empresas mineras decayeron. El ciclo de las compañías mineras transnacionales había acabado. Tanto en Chocó como en Antioquia, los mineros independientes con acceso a moto-bombas, draguetas y retroexcavadoras, se perfila-ron como los nuevos protagonistas de la minería en el país (Castillo 2013, 12).

El proyecto de la carretera Panamericana, conocido también como “vía al mar”, ha sido la intervención histórica del desarrollo más importante en el suro-riente chocoano. Se inscribe en la geografía imagi-nada del Chocó como plataforma de interconexión fluvial, interoceánica y vial a nivel continental. Pese a haberse llevado a cabo de manera discontinua e inconclusa, este proyecto ha influido en la trans-formación de espacios rurales, en la urbanización de centros poblados, en la colonización interiora-na y en auges y declives económicos madereros y mineros en los actuales municipios de Unión Pa-

namericana, Cértegui, Río Quito, Cantón de San Pablo y Managrú. El paso de la carretera al mar Las Ánimas-Nuquí que bajaba desde Risaralda, facilitó la entrada de mineros independientes paisas que trajeron consigo motobombas al epicentro minero de Puerto Nuevo en el año de 1978 (Meza 2010). La apertura de diversas minas mediante contratos de arrendamiento entre dueños de terrenos (nativos negros) y dueños de maquinaria (paisas foráneos) hizo posible que la minería de oro corrido, que se hacía de forma artesanal siguiendo el curso de los ríos, incorporara las motobombas provenientes de las zonas mineras de Nechí, Zaragoza, El Bagre y Machuca, que operaron al lado de almocafres, ca-chos, bateas y canalones (Meza 2010, 266).

Para el año 1999 el municipio de Río Quito fue se-gregado de Quibdó mediante la ordenanza depar-tamental número 005, hecho que coincidió con la aparición de las primeras dragas de succión en el río Quito, las cuales fueron mucho más efectivas que las motobombas en cuanto a la extracción de volúmenes de oro, y al mismo tiempo más desas-trosas en términos de impactos ambientales. Tam-bién coincidió con la agudización del conflicto ar-mado entre la guerrilla de las Farc, el ELN y grupos paramilitares, por el control de la ruta estratégica entre las provincias del Atrato y el San Juan. Ello incidió en el desplazamiento forzado de la pobla-ción hacia la segunda mitad de la década de los


noventa (Arocha 2002), cuando los consejos comu-nitarios de Paimadó y Villaconto, estaban por obte-ner sus respectivos títulos colectivos¹�. Entre 1999 y 2009, las dragas aumentaron progresivamente. Estas eran ensambladas en el barrio Los Álamos de Quibdó y desde allí se llevaban por agua, des-de la desembocadura del río Quito en el río Atra-to, frente a la oficina de Codechocó, la autoridad ambiental del departamento. Otras llegaron por la mencionada vía al mar que conecta al Chocó con Pereira, en el sitio de Puerto Nuevo (ver mapa).

Varios limitantes en el usufructo de los terrenos agro-mineros de posesión familiar condujeron a su arrendamiento y de este modo, a la devastación que se aprecia hoy en zonas como el río Condoto (provincia del San Juan) en donde la invasión de las retroexcavadoras o auge retrero avanzó y se con-solidó en la década del 2000 (Castillo 2013, 13, 98-100). El caso de Río Quito también sugiere que la valorización rentista de los terrenos familiares para el uso minero se intensificó tras el declive del ciclo agrícola en los montes o trabajaderos

familiares y tras el agotamiento del metal en los suelos superficiales de las vegas. Aunque la pre-sencia de dragas y retroexcavadoras en el depar-tamento se remonta a las décadas de los ochenta y noventa, la minería mecanizada cobró un impulso inusitado a partir del alza de los precios del oro en el mercado internacional entre el 2002 y el 2003.

En 2005 el Ministerio de Minas y Energía decla-ró varios asentamientos de los municipios de Río Quito, Cantón de San Pablo, Condoto, Unión Pana-mericana, Istmina y Tadó como “áreas de minería especial”. Esta es una denominación legal mediante la cual el Estado reconoce a las comunidades como titulares de los derechos de aprovechamiento mi-nero. En ese entonces el precio del oro en el mer-cado internacional se había disparado, lo cual no se reflejaba en los indicadores sociales chocoanos. En el censo de 2005, Río Quito fue calificado como el municipio con el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas más alto, 98,81%, y el más más pobre del país (DANE)¹⁸. Aunque la actividad minera es-taba en pleno furor con el arribo de las dragas, el

¹� La Ley 70 de 1993 reconoce a las comunidades negras el derecho a la propiedad colectiva sobre los territorios que han ocupado en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción. La autoridad en estos territorios colectivos es el consejo comunitario. Así mismo, tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.¹⁸ Véase: Río Quito, la vida fragmentada por la Minería. Especial Revista Semana. “El oro es la maldición de Paimadó (Chocó) afirman sus habitantes”. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4436270. Consulta: 17 de noviembre de 2015.

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municipio no recibía ningún beneficio. En los mu-nicipios del llamado auge retrero como Condoto, la situación era igual.

Los administradores de las primeras dragas que llegaron a Río Quito, residían en Medellín y otros municipios antioqueños como Caucasia, Cáceres, Zaragoza y El Bagre. Junto con los antioqueños arribaron también mineros y dragueros brasile-ños que estuvieron vinculados a explotaciones ilegales en el río Madeira de la región amazónica de ese país. En 2008, las cuencas de los ríos San Pablo y Quito en el Chocó soportaban más de 30 dragas, entre ellas las de los mineros brasileros con sus dragones de succión del material aluvial que se movilizaban aguas arriba desde Quibdó y aguas abajo desde Puerto Nuevo, sobre la intersec-ción del río San Pablo con la carretera. Inicialmen-te habían entrado a explotar el lecho y las vegas de estos ríos y conforme iban buscando el metal, se internaban en terrenos donde las familias tenían sus sembrados y árboles. El avance de las dragas hacia el monte supuso conflictos entre dragueros, consejos comunitarios y familias dueñas de fincas destruidas por alteraciones del caudal, rotura de meandros e inundaciones, y contaminación por mercurio (empleado en la extracción del oro) en agua, suelos, plantas, animales y personas.

En 2008 los consejos comunitarios de Villa Conto y Paimadó habían encauzado múltiples denuncias entabladas por familias dueñas de terrenos donde

las dragas habían entrado sin su consentimiento. Las denuncias se habían acumulado desde 2005 en la Corporación Autónoma Regional del Chocó, Co-dechocó, y en la sede de la Procuraduría en Quibdó. En septiembre de 2008 los títulos colectivos de los consejos de Paimadó y Villaconto fueron declara-dos áreas de minería especial por la autoridad mi-nera. Sin embargo, la declaratoria no solo no fue obstáculo para los dragueros que explotaban las orillas del río Quito, sino que amparó la minería ilegal mediante contratos de arrendamiento con los mineros.

Las familias que han tolerado la minería mecaniza-da lo han hecho con la idea de que esta era la mejor alternativa económica frente al declive del trabajo agrícola en el monte. Mediante contratos de arren-damiento y a cambio de dinero, estas familias en-tregaron lo que en la región se conoce como mon-tes biches y alzados: terrenos que habían dejado de ser empleados para cultivos transitorios como el arroz, que en otras épocas había sido central en la economía de los ríoquiteños. En ese momento, esos montes se habían subido. La vegetación se ha-bía recuperado tras varios años de haberse dado la última faena agrícola. Las personas mayores ar-gumentaban que eso se debió a la falta de brazos que los trabajaran, hecho que se acrecentó con el desplazamiento forzado de finales de los años no-venta y con el auge de la vida fuera de la localidad que volvió a los lugareños más dependientes de las remesas enviadas por los familiares. A lo anterior


se aunó el desconocimiento y desvalorización de la actividad agraria por parte de las generaciones más jóvenes.

Durante el periodo 2005–2013 los problemas de la minería en el Chocó fueron difundidos ampliamen-te por medio de reportajes, investigaciones acadé-micas, foros interinstitucionales, documentales y programas de radio (Castillo 2013, 11). En 2009, la Fiscalía General de la Nación decomisó 24 dragas sin títulos mineros ni licencias ambientales para ejercer la explotación en el municipio de Río Quito. En 2013 las dragas confiscadas en Quibdó pasaron a manos de la Gobernación del Chocó que las en-tregó a varios municipios en comodato para la rea-lización de obras públicas, como rellenos de vías o de taludes. Dos de ellas regresaron al municipio de Río Quito y con el aval de la alcaldía, continuaron siendo utilizadas para actividades mineras. Por otra parte, los consejos comunitarios de Paimadó y Villa Conto suscribieron contratos de operación con mineros ilegales, lo que significó el retorno de las dragas y la llegada de las retroexcavadoras. En los últimos tres años los ríos Quito y San Pablo

volvieron a llenarse con cerca de 42 dragas que avanzan vorazmente desde las vegas hacia los te-rrenos, ayudadas con retroexcavadoras¹⁹. Estas llegaron por un ramal de siete kilómetros que co-necta con la carretera con la inconclusa carretera al mar.

La crisis actual

El problema actual del río Quito se inscribe en una crisis socio-ambiental sin precedentes en toda la cuenca alta y media del río Atrato, la principal ar-teria fluvial del departamento del Chocó, receptora más de 15 ríos y 300 quebradas. La carga contami-nante de desechos tóxicos por los efectos acumu-lados en aguas de los ríos en donde se concentró la minería mecanizada como el Andágueda, el Beba-rá, Bebaramá y el Quito, se extiende por el río Atra-to hasta su desembocadura en el golfo de Urabá. Río Quito es un caso dramático de la contamina-ción mercurial del Atrato y de sus afluentes�⁰. Este río ha sufrido tantas roturas en los meandros que su cauce parece haberse perdido casi por comple-to. El desbancamiento de las orillas que resultó de

¹⁹ De acuerdo con Castillo (2013), en la provincia del San Juan las retroexcavadoras avanzaron desde los cauces y las vegas de los ríos hacia los inter-fluvios en donde aún quedaban ricos depósitos auríferos no explotados. Estas herramientas de extracción minera rápida y de mayor producción, gracias al mecanismo de tracción en forma de oruga, coparon todos los terrenos de los municipios de Tadó, Istmina, Condoto y Nóvita, causando conflictos de distribución económica, ecológica y cultural que se han mantenido y agudizado.�⁰ El 19 de noviembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló una acción popular a favor de las comunidades del municipio de Río Quito por la violación de sus derechos colectivos al medio ambiente sano, al equilibrio ecológico y a la salubridad y seguridad públicas. En la Sentencia, el juez reconoció que las actividades de explotación minera ilegal sobre la cuenca del río Quito han degradado el medio ambiente, afec-tado negativamente la pesca y la agricultura que realizan las comunidades negras y han puesto en alto riesgo la salud de quienes habitan en sus orillas. Tal situación ocurre a raíz de la inacción de las instituciones del Estado del orden local y nacional. Véase: https://justiciaambientalcolombia.org/2015/12/10/sentencia-quito-choco/ Consulta: marzo 20 de 2016.

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la devastación progresiva de vegas y meandros, se ha extendido a diferentes puntos de la cuenca, gra-cias a que un número cada vez mayor de dragas, acompañadas de retroexcavadoras, penetran más fácilmente. En cuestión de meses, dragas y retros convirtieron grandes extensiones de tierra fértil, boscosa y cultivable, en playones desoladores. La alteración del caudal y del cauce por las roturas co-adyuvó en la alteración del régimen de inundacio-nes con crecientes cada vez más frecuentes y con la dramática disminución del nivel del río Quito y sus afluentes en tiempos de verano. Las inundacio-nes, los veranos intensos y las reubicaciones han hecho mella en la pérdida progresiva de prácticas y sentidos espaciales en torno al río, la casa, el patio y el monte. La caberera municipal de Paimadó se bha ido deteriorando no solo física sino también moralmente. Varias viviendas permanecen sella-das y la vida parece aletargada, sin el bullir de otras épocas, salvo por la alegría inocente de los niños que aun juegan.

Todo escasea en Paimadó y en el municipio del Río Quito. Poblaciones cuya vocación agrícola, mi-nera y pesquera les permitía autoabastecerse sin problemas y satisfacer, inclusive, la demanda de centros poblados como Cértegui, Tadó, Las Ánimas y Quibdó, hoy dependen de esos y otros lugares

más lejanos para abastecerse de alimentos. Desde hace unos diez años, comerciantes de Paimadó re-venden el plátano traído en botes desde el bajo Atrato �¹. El plátano del municipio de Río Quito es escaso y de mala calidad desde que en 2008 comen-zara a padecer la sigatoka, enfermedad producida por un hongo que se desarrolla fácilmente en los cultivos después de una inundación y del aumento de la humedad ambiente. Pero en los últimos años Paimadó se ha abastecido menos del plátano del bajo Atrato y del Urabá antioqueño, por la vía flu-vial, y mucho más del plátano proveniente de Ri-saralda, por la carretera. Las restricciones y costes del transporte por el río debido a la destrucción del cauce, tuvieron mucho que ver con la integración a la Panamericana.

Natalia Palacios, la propietaria del único restau-rante que hay en Paimadó y que funciona en la sala de su casa, recuerda que hace seis años el mercado todavía se hacía en el desembarcadero y los pro-ductos venían de Jeguedó y Aguanegra, las dos quebradas afluentes del río Quito que aún produ-cían plátano, ñame, yuca, maíz y chontaduro. Siete años atrás todavía se conseguía banano, primitivo, plátano y yuca, pero cuando las dragas se apoya-ron en las retros para devorar las orillas, todo eso

�¹ En Paimadó, una ración de plátano hartón que corresponde a 64 unidades, está en $44.000 y la cuarta (16 unidades) está en $11.000. En Quibdó, una cuarta está en $7.000 y la ración se consigue en $36.000, por lo que para muchos revendedores es mejor comprar directamente en Quibdó que negociar con otros intermediarios en el pueblo.


desapareció. Hoy compra plátano cada cinco días a los camiones que llegan por el ramal de la Pana-mericana desde Dos Quebradas (Risaralda). El arroz también viene en camiones porque ya no hay donde sembrarlo. El pescado se lo compra a los revendedores de Quibdó que lo llevan a vender a Paimadó y hasta hace poco se abastecía de cachama y tilapia que le vendía un señor que tenía criaderos en la quebrada Candelaria. Sin embargo, compra cada vez menos porque la gente de Paimadó ha de-jado de comerlo por la contaminación mercurial y porque los intentos de adecuar y mantener criade-ros fracasan debido a las crecientes de los ríos��.

En otra época, el restaurante de Natalia se llenaba al medio día. Los mineros llegaban al pueblo a co-mer y a embriagarse en la cantina. Hoy estos mi-neros foráneos ni siquiera se asoman por el pueblo. Aislados en sus barcazas, se surten de todo lo nece-sario: productos de aseo, comida, licor e inclusive mujeres. En Paimadó el dinero no circula y quie-nes pueden, se van. Una de las ocupaciones de los niños es vender marañones de casa en casa, lo cual era impensable hasta hace unos años atrás, ya que estos frutales jamás habían tenido precio ni se mercadeaban por su abundancia en patios y

montes. Hoy son tan escasos como muchos otros frutos que sirven para calmar la sed y el calor inso-portables de Paimadó al medio día. Natalia ha pen-sado en cerrar su negocio e irse a vivir a Cali con una sus hijas, quien en los últimos meses le ha en-viado dinero para sostenerse. Siempre se resistió a dejar el río Quito, pese a los relatos de los retornan-tes que la motivaban a “coger camino”, ofreciéndo-le puentes y contactos. Natalia se metió a trabajar por la comunidad pero ya no hay por quién hacerlo. Tal vez por el estado en que están las cosas es que no quiere verse “vencida” en Paimadó.

Es bastante probable que en el río Quito, los nive-les de concentración del mercurio en agua, suelos y aire – y su bioacumulación en plantas y anima-les – hayan dado lugar a una toxicidad que se ha expandido a través del ciclo hídrico y la cadena alimentaria (Prieto et al., 2009). La irrigación na-tural, frecuente por las altas precipitaciones y las inundaciones de las riberas, incide en la polución de los suelos de terrenos que aún son cultivables y no han sido destinados para la minería mecani-zada. La contaminación ha inhibido el normal cre-cimiento y desarrollo de los cultivos de plátano, ñame, arroz y de árboles frutales que aún se pro-ducen en el río Quito. Por la intensidad y extensión

�� La disminución dramática del consumo de pescado en toda la cuenca atrateña obedece en buena medida, al problema de salud pública derivado de su contaminación. Un estudio físico-químico de la calidad del agua del río Quito, elaborado por el Instituto de Investigaciones del Pacífico IIAP, concluye que debido a los altos niveles de mercurio se recomienda a la población de Quibdó y Río Quito no consumir el pescado de este río (IIAP 2014). Por esta razón, en Villaconto almacenan el pescado proveniente de Quibdó en frigoríficos, debido a que los revendedores compran al por mayor. Pero la estrategia de almacenamiento del pescado fracasa con los cortes frecuentes de energía que hacen que el alimento se pudra.

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de este impacto, poblados de las partes bajas como San Isidro, sufren la contaminación del agua por la explotación que ocurre aguas arriba. El proble-ma generalizado de la salud pública en Paimadó, Villaconto y San Isidro se agrava con la expansión de la acumulación de mercurio a través del ciclo hídrico que reduce la cantidad y calidad del agua disponible, y agudiza la inseguridad alimentaria que se ha descrito.

Las enfermedades derivadas o conexas con el im-pacto de la minería son múltiples. Las más fre-cuentes son los hongos, los problemas oculares y respiratorios, la gastroenteritis y diarrea por el consumo del agua de río, la caída de las uñas de manos y pies, la malaria y el chicunguña por la generación de pocetas de grava en donde se crían mosquitos. Los hongos son el mal más común y atacan principalmente a las mujeres y a los niños. Las mujeres dedicadas al bareque y al lavado de la ropa en el río han presentado hongos vaginales que antes no sufrían. Para obtener tratamiento, deben ir a Quibdó a conseguir medicamentos que no cubren las empresas prestadoras de servicios del régimen subsidiado de salud como Unisanar, Caprecom y Barrios Unidos. Pero las mujeres no siempre son constantes con los tratamientos de-bido al alto costo de los medicamentos, la hume-dad y la exposición constante al agua, que genera resistencias a las medicinas. La contaminación mercurial se expande de múltiples formas y afecta de muchas maneras a toda la población,

principalmente, a quienes se dedican al bareque. La quema de tapetes desgastados con mezclas de sal y blanqueador, con el fin de extraer oro del saco, produce vapores que son inhalados y esto aumenta la concentración de mercurio en el cuerpo. Los síntomas crónicos, probablemente derivados de inhalar pequeñas cantidades, son los problemas respiratorios, también frecuentes en Paimadó.

De otra parte, la provisión de agua para uso do-méstico diario es cada vez más restringida por la contaminación del río Quito y sus afluentes a tra-vés del ciclo hídrico. El desabastecimiento se acen-túa por la deficiencia del sistema de acueducto y porque los dueños de los terrenos siguen entre-gando el monte a los mineros que “ensucian” los caños y que dificultan el acceso a fuentes limpias. En San Isidro no funciona el acueducto y aparte del agua lluvia, se surten del líquido en la quebrada “El Chontaduro”. Esta comunidad está asentada en la parte baja del río Quito y a través del agua, ha recibido todo el impacto que se ha extendido des-de la parte alta. El área de terrenos cultivables está mucho menos devastada, pues las dragas no se con-centran allí. Tal vez por esto la población y el conse-jo comunitario hoy son activos denunciantes de la minería y principalmente, de la contaminación. En Paimadó, un grupo de mujeres que requieren agua para bañar a sus hijos y preparar alimentos, ha bus-cado las quebradas menos contaminadas y ha tra-tado de ejercer control colectivo sobre los terrenos


que están en el área de influencia de estas fuentes para impedir que los co-dueños negocien con dra-gueros y retreros, y que las dragas contaminen es-tas fuentes de uso común.

En el centro de salud de Paimadó, Yanila Valdéz confiesa que ante la insistencia de la gente, ha re-cetado medicamentos sin tener certeza acerca de la enfermedad. Unisanar es la empresa de servi-cios médicos domiciliarios y ambulatorios a la que pertenece buena parte la población rioquiteña. Sin embargo, esta entidad no hace brigadas de salud, ni mantiene personal especializado en el municipio. Yanila se refirió también a dos casos de malforma-ciones que se han presentado entre los recién naci-dos de Paimadó. Desde la etapa prenatal, el mercu-rio atraviesa la barrera placentaria cuando el bebé está en formación. También ingresa al organismo del niño a través de la ingesta de leche materna. Yanila ve con preocupación el que no hayan briga-das ni charlas que tomen en cuenta el problema de la ingesta de alimentos como el pescado y el pro-blema de la salud reproductiva y sexual, por la ten-dencia creciente de casos de VIH entre las jóvenes que se van a trabajar en el bareque y que tienen relaciones sexuales con los mineros.

Una de las mujeres que esperaba a ser atendida por Yanila lleva cuatro años en un tratamiento con-tra los hongos que se han dispersado por todo su cuerpo. La desesperación de muchos les ha llevado a probar medicinas homeopáticas, a pagar medi-

camentos costosos con resultados infructuosos e inclusive, han viajado a Medellín a buscar la ayu-da que no se consigue en Quibdó. Cada vez des-confían más del sistema de salud pública, como de otras instituciones, porque el sentimiento colecti-vo es el que todo este círculo vicioso de la enfer-medad y la medicalización indefinida parecieran corresponder a un envenenamiento sistemático. El sentimiento de resolver el día a día sin pensar en el mañana, es generalizado. Todo futuro o proyec-to de vida se visualiza fuera de Río Quito, un lugar que se ha tornado yermo y sin vida. Esto mantie-ne el éxodo de los rioquiteños, que comenzó con el desplazamiento forzado hace casi veinte años. La condena de la dispersión equivale a la reconcen-tración marginal en centros urbanos en donde la pobreza y la criminalidad urbana parece ser el des-tino de muchos.

La mala vida de las barequeras

Natalia Palacios es una lideresa de 52 años de edad que ha hecho parte de la junta del consejo comunitario de Paimadó. En los últimos años, las disputas con otro sector de la comunidad que apoyaba la minería mecanizada la llevaron a apar-tarse del trabajo político y social y dedicarse ex-clusivamente a atender el restaurante casero que tiene desde hace 10 años. Natalia se ha resentido por la indolencia y la demagogia de funcionarios, políticos y hasta de los propios líderes comunita-rios, luego una década de despojo minero. No se

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explica por qué ha pasado tanto tiempo sin que se resuelva el problema de las dragas, aunque tam-bién es consciente de que en Villaconto y Paimadó hay quienes están a favor y en contra de la mine-ría. De muy niña aprendió la minería con batea y almocafre. Su madre le enseñó a trabajar en mina corrida y a zambullirse en el centro del río Quito en épocas de intenso veranos para recoger arena y lavarla en la orilla. Pero desde hace diez año el río quedó negado, nulo o inservible, y esa forma de minería se acabó. Hoy su madre tiene 71 años y es incapaz de irse a trabajar en el bareque, en medio del despojo que dejan dragueros y retreros. Las mujeres más maduras minean por su cuenta con bateas, no se relacionan con los dragueros y no saben lo que es ir a suplicarles a los mineros por un tapete o tamiz gastado de draga que sir-ve para lavar oro. Las más jóvenes, en cambio, se enferman y prostituyen en el bareque. Antes de que los representantes legales de los consejos de Paimadó y Villaconto denunciaran a los mineros y de que el Estado incautara y enajenara las dragas, los mineros solían regalarles costales o tapetes desgastados para que lavaran mejor. En el nuevo auge, los dragueros se han hecho más hostiles, ya no obsequian tapetes y se rumora que fuerzan a las mujeres más jóvenes de tener relaciones sexuales con ellos a cambio de estos implementos.

En las calles de Paimadó son frecuentes los corri-llos de personas que se congregan en las esquinas o bajo el alero de alguna casa. Se trata de mujeres,

madres de familia entre los veinticinco y los cua-renta años principalmente, quienes se reúnen con el propósito de “echar finanzas”. Esto es, de resolver, mientras conversan, el ineludible problema del sus-tento diario. Las más maduras conocen muy bien la importancia de mantenerse juntas en medio de tanta adversidad y desesperanza. La dispersión de-mográfica que significó el desplazamiento forzado en los años noventa ya había puesto a prueba la so-lidaridad entre ellas, como le sucedió a un grupo de cuatro amigas que se fueron a Bogotá a trabajar en servicios domésticos pero no se amañaron en la ca-pital y se devolvieron juntas a barequear, justo antes de la llegada de las dragas. Hoy se han retirado del oficio. Critican a las barequeras jóvenes que traba-jan en los terrenos degradados y admiran la digni-dad de las mayores que prefieren irse a miniar en las orillas, aunque ya no consigan nada.

Entre las tres y las cinco de la tarde se ve llegar, una a una, a las mineras tradicionales con sus ba-teas, cansadas y sin haber conseguido nada en las orillas. Sorprende que algunas, pese a su avanzada edad, sigan en este trabajo. Dicen que lo hacen más por la fuerza de la costumbre, porque aún tienen alientos y no saben quedarse sentadas a esperar. Otras mujeres mayores se han salvado de correr con tal suerte, porque los hijos que residen fuera del municipio les envían dinero suficiente para que sobrevivan sin pasar trabajo. Ninguna de estas mujeres piensa en irse de Paimadó pues sus raíces están allí, sin embargo, las que siguen pasando tra-


bajo, esperan que sus hijos y nietos se pongan de acuerdo para sacarlas del bareque.

En contraste, las jóvenes entre 15 y 20 años andan siempre con plata. El rumor es que este dinero no proviene exclusivamente de la venta de oro, sino de favores sexuales. “Nosotras no tenemos las tetas tan paradas y no sabemos lo que es vender el cuer-po”, nos dijo una mujer que “echaba finanzas” con sus amigas. Estas mujeres esperan que no le suce-da lo mismo a sus propias hijas y prefieren que se vayan de Paimadó antes que dedicarse a tapetiar. Es el caso de Yurledis, una niña de 16 años que tra-baja tapetiando con un grupo de chicas de su edad. Ellas se van a trabajar en la tarde-noche y regresan al día siguiente con plata. Ese día, Yurledis encar-gaba a su hermano Jeffrey un celular smartphone con el dinero ganado en noches anteriores. Con 25 hermanos por parte de padre y tres por parte de madre, Yurledis no solo “no depende de nadie”, sino que también ayuda con el sostenimiento de algu-nos de sus hermanos. Afirma que en un solo día puede ganarse cuatrocientos mil pesos, pero no da muchos de talles acerca de cómo los obtiene.

Comentarios finales

Diversas formas de privación caracterizan las transformaciones socioespaciales en varias áreas en donde se encuentran asentadas poblaciones ne-gras en Colombia. En los municipios de Río Quito, Chocó, esas transformaciones se explican en buena

medida por la devaluación de las formas tradicio-nales de usufructo agrícola, por las transformacio-nes sociodemográficas a causa del desplazamiento forzado y por las expectativas de titularidad de mi-nas para el aprovechamiento minero por parte de las comunidades locales en medio del auge incon-trolable del oro que tuvo lugar a finales de la déca-da pasada. La devaluación agrícola del monte que hace parte de la propiedad colectiva de las comu-nidades negras de los ríos Quito y San Pablo, y la subsecuente revalorización del mismo como bien rentable para ser destruido por mineros, es el úl-timo episodio de una historia de sujeción espacial en donde las intersecciones de raza, género y clase desempeñan un papel central en la configuración de desigualdades que se hacen manifiestas en los conflictos jurídicos de tierras, la justicia ambiental, los reclamos locales sobre los bienes comunes y la denuncia de las condiciones de vida.

Los escenarios contenciosos de la justicia ambiental y la desigualdad racial van de la mano, como lo re-vela la correlación entre la distribución espacial de riesgos, la demografía racial y las dinámicas de los movimientos sociales que denuncian el problema de la brecha ambiental del racismo (Sun Hee-Park & Pellow 2004). Las correlaciones estadísticas bas-tarían para probar que muchas de las injusticias so-ciales y ambientales recaen de forma implacable so-bre las poblaciones más vulnerables, marcadas por el color de la piel; sin embargo, en Colombia como en otros países, las entidades estatales esquivan de

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muchas formas la tarea de introducir la variable étnico-racial a la hora de recoger cifras, diseñar políticas o prestar servicios, precisamente, por la tradicional posición del Estado colombiano de ne-gar la discriminación racial (Rodríguez, Alfonso y Cavelier 2009). Por lo tanto, hay una negativa a lidiar con el racismo estructural y de reducir el fe-nómeno a los prejuicios personales y la hostilidad racial (Bonilla Silva 2010; Pulido 2015).

Pese al agotamiento y la contaminación del lugar y a la relevancia que ha tenido este desastre en la opinión pública y los estrados judiciales, el aparato minero ilegal ha seguido enquistado en Río Quito ahondando la privación del agua, la tierra y otros recursos naturales, y la falta de respeto por la dig-nidad humana de los pobladores. Algunos sectores de la opinión pública reiteran que el problema está en la falta de gobernabilidad y la insuficiencia del marco legal en áreas de comunidades indígenas y negras. Por su parte, las organizaciones locales in-sisten que el Estado debe reconocer en tales áreas el derecho de prelación que las comunidades tienen para extraer minerales que se encuentren en sus territorios. La violencia, la coerción y la ausencia de permisos y controles ambientales y fiscales son lugares comunes en la interpretación que hasta ahora han ofrecido las instituciones estatales y los medios de comunicación con respecto a la ilegali-dad y al comportamiento criminal de esta forma de minería. Sin embargo, esto no aclara del todo cómo se sostienen y extienden estos pequeños y media-

nos mineros mecanizados, pese a ser considera-dos criminales. Lejos de una actividad caótica y de apropiación salvaje mediante el uso de la fuerza, la minería mecanizada ilegal en el oriente chocoano combina efectivamente estrategias coercitivas, ju-rídicas y consuetudinarias que sostienen y amplían el mecanismo de saqueo del entorno vivo e inerte y de destrucción de las relaciones entre sujetos y objetos, y de los mundos vitales.

El enquistamiento de la minería también desen-cadena procesos de reestructuración espacial que conllevan un nuevo orden de control territorial (Co-ronado y Dietz 2013, 95). Las disputas por el área minera y los terrenos devastados sugieren un en-tramado que legitima la permanencia y expansión de la minería mecanizada ilegal mediante pactos fundamentados en el respeto a la potestad de las familias sobre el usufructo de su propiedad; sobre su derecho a la supervivencia y al respaldo de cada quien. Autoridades locales y las propias poblaciones despojadas, representadas en el oficio del barequeo, le confieren un aval social parcial dada la vulnera-bilidad económica y social de las poblaciones y ello justifica la actividad. Río Quito es un caso de saqueo en el que la devaluación del cuerpo y del entorno, la mala vida, han sido acentuados por la predación, la destrucción y el aniquilamiento continuos, sin em-bargo, es legítimo que este saqueo siga sucediendo porque el monte es de cada familia, porque los con-sejos comunitarios poseen un título minero y por-que el imperio de la necesidad así lo señala.


El proceso posterior a la constitución del área de minería especial por parte del Ministerio de Minas y a petición de las comunidades, no redujo sino que por el contrario amplió las posibilidades de saqueo, precisamente, porque los desajustes agrarios pre-vios reconfiguraron el valor del monte en términos de explotación o aprovechamiento, lo cual, conlleva la expansión del uso rentista fomentado por una disposición legal estatal como es la denominación de “áreas de minería especial”. El conflicto social y armado a partir de los años noventa hasta la dé-cada del 2000 introdujo la visión del monte como improductivo, insostenible y poco rentable, una geografía imaginada, espacialmente enraizada y propia del racismo decimonónico, que ha legitima-do las intervenciones civilizatorias y desarrollistas de domesticación de selvas tropicales en la región.

Este último ciclo de agotamiento de minerales en el Chocó ha provocado desmantelamiento, com-presión y cercamiento del entorno y de las formas de sustento por la contaminación. Todo lo anterior ha hecho mella en la vida cotidiana, que ahora se desarrolla en un medio más hostil y en donde hay una mayor separación de las nuevas poblaciones respecto de la producción y la subsistencia. La de-valuación agrícola del monte que hace parte de la propiedad colectiva de las comunidades negras, y la subsecuente revalorización del mismo como bien rentable para ser destruido por mineros, es el último episodio de una historia de sujeción espacial en donde las intersecciones de raza, género y clase

desempeñan un papel central en la configuración de desigualdades que se hacen manifiestas en los conflictos jurídicos de tierras, la justicia ambiental, los reclamos locales sobre los bienes comunes y la denuncia de las condiciones de vida.

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