Pension en el Sistema de Ahorro para el Retiro ( ). La ... · semanas que demanda el sistema. ......

Reforma sustitutiva40

Gustavo Leal Fernández*

18 años después del sar, no habrá pensiones dignas

l Informe Trimestral de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar) octubre-diciembre 2014 (Consar, 2015), comunica que sólo 4 de cada diez integrantes de la Pobla-ción Económicamente Activa (pea) realizan aportaciones al sar y estima que el 60% restante carecerá de pen-sión culminando su carrera laboral. Agrega que los sistemas de reparto “son financieramente inviables y con-sumen cada vez más recursos. Entre más tarde sea su reforma, mayor será el costo para la sociedad”.

18 años después de operar, el sar descansa sobre una bomba de tiempo activada y no precisamente por los sistemas de reparto que, a falta de un adecuado diagnóstico estructural, Consar sigue insistiendo temera-riamente en dinamitar. Su reiterada defensa del sistema de capitalización individual frente al de reparto, pre-sentándolo invariablemente como “un hecho” incuestionable –comparación imposible–, confirma que, a diferencia de las experiencias uruguaya, argentina y chilena, el debate mexicano casi no permea a la gran opinión pública. En buena medida, este resultado deriva directamente del mensaje mediático-Consar, más inclinado al fraseo publi-citario que a suministrar información analítica relevante y con un sentido de comunicación universal para todo público.

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ELamentablemente, la naturaleza

del mensaje Consar apenas anticipa los desafíos de fondo del sistema pensionario. Montados en un acota-do grupo de discutibles “consensos”, los Informes Consar concentran sus análisis en una agenda parchada. No dotan al ciudadano de materiales que iluminen las tendencias, problemas y desempeño estructural de los 18 años transcurridos. Tampoco proponen otras opciones de políticas viables –ésas sí, apoyadas en robustos con-sensos sociales– frente a sus poco alentadores resultados.

En el ámbito económico, a la pérdida de competitividad que genera disponer de poblaciones creciente-mente adultas, debe agregársele que carecerá de los recursos para satis-facer sus necesidades elementales. El futuro que ya alcanzó al sar anuncia

julio-agosto, 2017

* Departamento de Atención a la Salud, uam-Xochimilco.

A 18 años de la puesta en marcha de la “reforma”, con la que dio inicio la “nueva era del imss”, nos encontramos con un Seguro de Enfermedad y Maternidad (sem) cuya cuota es menor a la de 1994 y lejana a la cuota de equilibrio. También es patente un gran déficit financiero provocado fundamentalmente por la insuficiencia de la cuota, la falta de cumplimiento de la prima gubernamental para cubrir el rubro Gastos Médicos para Pensionados, así como el crecimiento del gasto en enfermedades crónicas-degenerativas, corrupción, ineficiencia e ineficacia en el sistema de abasto.

Pensionissste en el Sistema de Ahorro para el Retiro (sar). La “reforma” Peña no va al fondo del asunto público

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un mercado nacional regularmente deprimido, con déficit crónico de consumidores.

Los agudos riesgos sociopolíticos del desempeño del sar también están a la vista. Los adultos en perspectiva jubi-latoria incapaces de alcanzarla presionarán imparablemente sobre imss-issste, instituciones responsables de atenderlos en salud, alimentación y asistencia. La anemia de recursos ya es casi una fuente normalizada de confrontación entre círculos y redes familiares. Los riegos que ya llegaron co-lapsarán un tejido social ya fracturado.

Es clara la urgencia de revisar a profundidad el actual diseño del sistema pensionario, como propone Consar. Pero no para seguir “reformando”, en el mismo sentido, aquello que Consar califica de “financieramente inviable” y que ha generado el estado de cosas que hoy debemos revisar de raíz.

Ese trabajo profundo debe corregir las fallas estructu-rales del diseño del sar y, en ésta medida, abrir para todos un “nuevo comienzo” frente al potencial de exclusión social que describen sus tendencias (Leal, Sánchez y León, 2016).

En el sentir popular palpita con fuerza la opinión de que la administración de los recursos pensionarios, lejos de constituirse en un factor de seguridad económica y bienestar social, se ha erguido, más bien, en un instrumento de especulación financiera que beneficia apenas a un puñado de empresas privadas, en su mayoría extranjeras.

Ese sentir enfatiza también que para la mayoría de los asalariados que disponen de algún sistema de ahorro para el retiro, el estado actual del asunto público representa una afectación de sus intereses, ya sea por los resultados en las inversiones que se realizan con sus ahorros en el mercado bursátil, o bien como resultado de los cobros, muy altos, que suelen hacer administradoras y bancos por concepto de comisiones.

En un entorno marcado por la ausencia de empleo formal, rezago social e insuficiencia de servicios de salud y atención a los sectores vulnerables, la pertinencia del sar es un factor de riesgo para el propio Estado (Alonso, Hoyo y Tuesta, 2014).

La Auditoría Superior de la Federación (2015) también documenta la ausencia de una política de largo plazo en la materia: “las debilidades de diseño de la política pública se traducen en limitantes para la puesta en marcha de la política de jubilaciones y pensiones”. El diseño del sar presenta debilidades de gran calado que anticipan al Estado desafíos de envergadura, muchos de ellos ya conformados en calidad de nudos cuasi irresolubles, si las autoridades

competentes –apoyadas en un vasto consenso ganado a base de información universal al alcance de todo ciudada-no– no acomete con visión social un asunto público tan complejo como el de proveer con recursos económicos a un importante sector que aportó a lo largo de sus carreras laborales beneficios sustantivos para el desarrollo nacional. Además, la elevada rotación del mercado de trabajo y la inestabilidad laboral que, en el marco de las tendencias del sar, se fortalecen con los impactos de la Nueva Ley Fede-ral del Trabajo (noviembre, 2012) no garantizan acceso a pensión de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Ello reduce la posibilidad de alcanzar el número mínimo de semanas que demanda el sistema.

Esas tendencias confirman que 81% de los trabajadores en Afore han cotizado menos de 500 semanas desde que inició el sistema. Sin algún ajuste, ellos necesitarán laborar 44 años (promedio) para acceder a una pensión mínima.

Como observa el Poder Legislativo: “en esta condición se encuentra 75% de los propietarios de 52.7 millones de cuentas individuales. El sistema no es sustentable financie-ramente y tendrá, a largo plazo, un gran costo fiscal”1. Lo que sigue es reformar esas reformas.

No a la reforma regresiva de ocde

Las reformas de las Leyes imss (1995-97)-issste (2007) son reformas financieras que cancelan la visión social en el manejo de los recursos. Con ellas inicia una nueva etapa de lucro a cargo del capital financiero.

imss. Bajo los principios de no incrementar cargas adicionales a trabajadores-empresarios, estimular el papel del instituto como promotor del empleo, la productividad y explorar mecanismos para dar viabilidad a los ramos de aseguramiento, se inició una crítica pública a su sentido social.

Según ella, todos los ramos de aseguramiento tenían problemas financieros y eran una carga para el crecimiento y productividad de las empresas, las cuales se encontraban en desventaja competitiva con los socios comerciales de México. Por ello, se requería de una “reforma” que incentivara la productividad de las empresas, que evitara la inequidad de quienes más aportaban y en porcentaje menos recibían.

También se proponía eliminar los tiempos de espera para recibir atención médica, estrechar la relación médico-paciente y elevar la calidad de los servicios; tomar en

1 La Jornada, 15 de febrero de 2015.


cuenta la carrera salarial del trabajador para el cálculo del monto de la pensión y ampliar la cobertura del Ramo de Guarderías para lograr una incorporación equitativa de la mujer al mercado laboral (imss, 1995).

A 18 años de la puesta en marcha de esa “reforma”, con la que dio inicio la “nueva era del imss”, nos encon-tramos con un Seguro de Enfermedad y Maternidad (sem) cuya cuota es menor a la de 1994 y lejana a la cuota de equilibrio. También es patente un gran déficit financiero provocado fundamentalmente por la insuficiencia de la cuota, la falta de cumplimiento de la prima gubernamental para cubrir el rubro Gastos Médicos para Pensionados, así como el crecimiento del gasto en enfermedades crónico-degenerativas, corrupción, ineficiencia e ineficacia en el sistema de abasto.

No existen estudios sobre la mayor productividad de las empresas con la entrada de la “reforma”. La insatisfac-ción de usuarios y prestadores del servicio va en aumento. Se atienden más pacientes prácticamente con la misma infraestructura. Los tiempos de espera siguen siendo un problema.

No hay certidumbre sobre el monto de la pensión para las nuevas generaciones. Hace 18 años, se responsabilizó al sistema de reparto. Hoy, la crítica no se encamina hacia sistema financiero-bancario que usa los fondos pensionarios, sino al trabajador, al individuo que debe preocuparse, sólo él, de su futuro.

En el ramo de Aseguramiento de Guarderías, crece la oferta a cambio de la calidad del servicio. Y sobre el Seguro de Riesgos de Trabajo, existe ya la propuesta de amis-gf Banorte para ser manejada por instituciones privadas. Ello representaría un golpe final al sem y al imss.

issste. En 2007, el diseño de su “reforma” pensionaria fue formulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo los siguientes supuestos: 1) el sistema de reparto es inviable y mantenerlo significaría incurrir en un mayor costo que ejercería una presión sobre las finanzas públicas. 2) El sistema de cuentas individuales, con bono de reconocimiento, es la solución porque el sistema estaría en equilibrio permanente. 3) Ofrece plena portabilidad de la pensión entre un sistema y otro (imss-issste). 4) Los recursos son heredables. 5) Los trabajadores tienen la certeza de recibir su pensión debido a que durante toda su vida laboral acumulan recursos en una cuenta individual de su propiedad. 6) Se corta la trayectoria explosiva del déficit y se logra el equilibrio permanente del sistema (salvo la pensión mínima garantizada). 7) Transparencia de contabilidad y de pasivos públicos. 8) La reforma del issste

podría servir como catalizador para los demás sistemas públicos de pensiones.

Pero, 18 años después, en el Informe al Ejecutivo y al Congreso 2013-2014, todavía respetando el deliberadamente equivocado “diagnóstico” de Fox y Calderón, el imss-Peña reconoce que “la complejidad de la situación financiera que enfrenta el Instituto ha sido ampliamente descrita desde Informes anteriores. Desde 2009 ha sido necesario utilizar los recursos acumulados en las reservas para subsanar su déficit operativo. A partir de 2013 se comenzaron a utilizar los recursos de la Reserva Financiera y Actuarial del sem. Se estima que estos recursos se agoten en 2017” (imss, 2014: 286).

Y, 8 años después, el Informe Financiero y Actuarial 2014 asume que el seguro de salud del issste, “de acuerdo con la proyección financiera y actuarial, en caso de no recibir transferencias, se estima que las cuotas y aportaciones son insuficientes para cubrir su gasto corriente. No obstante, si se hace uso de la Reserva Financiera y Actuarial se tiene un período estimado de suficiencia de seis años. La situación deficitaria se agudiza al analizar el balance entre ingresos y gastos de los servicios médicos para pensionados” (issste, 2014: 76).

Lo que sigue es reformar esas “reformas” y no como sugiere ocde (2015). Sin extraer el saldo del anunciado fracaso –durante 18 años– de operación del sar, ahora busca elevar las aportaciones de trabajadores (que sobre-viven con míseros salarios) y, peor aún, amputar el derecho adquirido a una pensión, forzando una combinación que limitaría los derechos ganados y acumulados por los tra-bajadores imponiéndoles, simultáneamente, la obligación de capitalizar en Afores.

ocde quiere “salvar” las pensiones –de un fracaso que defendió 18 años– obligando a que sólo pongan los que menos tienen, porque patrones y gobierno, no. Así, por supuesto, no.

Pensionissste y la “falla de mercado” del sistema Afore

Según Alejandro Turner, entonces vocal ejecutivo de Pension issste, el sistema de administración privada de los fondos de pensiones (Afores), que inauguró Ernesto Zedillo con su “reforma” 1995 a la Ley del imss, acusa una “falla” de mercado que “merma” en forma significativa los recursos que recibe un trabajador al momento del retiro2.

2 El Financiero, 10 de febrero de 2013.

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Para Turner, la “falla es la falta de información” del trabajador sobre el rendimiento que genera su ahorro y la comisión que debe pagar al administrador. Y pone un caso: tomemos dos personas que empiezan su vida laboral el mismo día, cotizan a la seguridad social durante el mismo tiempo y con el mismo salario y también se jubilan el mis-mo día. Quien eligió la Afore que cobra la mayor comisión y paga el menor rendimiento tendrá una pensión de 5 mil pesos. El que optó por la que tiene la menor comisión y paga el mayor rendimiento obtendrá 20 mil pesos. ¡Maga-zo! Turner insiste en que no hay “información suficiente al público sobre este tema y es una falla del sistema”.

¿Quiere decir que si estuviera “informado” podría saltar por encima de la “falla”? ¡De ninguna manera! Esa “merma” en absoluto resuelve los problemas de diseño de la “reforma” Zedillo: el sar, y que se traducen en pensiones apenas de 25% del último salario devengado.

Ya desde 2005 se documentó3 que un trabajador con vida laboral de 40 años y cotizando al imss cerca de 22 años, apenas aspiraría a una pensión equivalente al 25% de su último salario al momento del retiro. ¿Por qué? Sencillo: la tasa de densidad de su cotización sólo sumaría 56%.

Entre otras fallas, la Ley Zedillo soslayó la precariedad laboral, los bajos sueldos, el empleo informal y los periodos de desempleo que impiden a los trabajadores cumplimentar los aportes indispensables para alcanzar una pensión digna. El diseño de esa “reforma” no vinculó adecuadamente el sistema de ahorro con la realidad del empleo que incluye trabajadores que al ganar poco, pueden aportar poco y, por tanto, no alcanzarán esa “dignidad” en su pensión.

Por ello, el modelo Afore, al no incorporar el impacto negativo de la densidad de la cotización ni su efecto en la carrera salarial, proyecta a sus afiliados saldos inexactos que, en el mediano y largo plazos, están fuera de lo real y posible.

Ese fatídico sistema de cuentas individuales, ese sar que Calderón extendió a los trabajadores nuevo ingreso del issste (2007) (Leal, 2008; 2010) y posteriormente a los del imss y la cfe (2008) (Leal, 2011) no garantiza ni 20% del último salario devengado: cuatro salarios mínimos, in-cluso considerando las aportaciones del sar 92. ¿Por qué? Por los supuestos “irreales” del modelo: movilidad salarial, efecto de las comisiones, tasas de interés y nivel de los rendimientos.

El problema son esos “supuestos”, a lo cual hay que agregar, como el corazón del asunto, la propia naturaleza de las cuentas individuales, su estructura de comisiones y la intermediación financiera innecesaria que representan. El problema es esa modalidad mexicana de la “capitalización individual” que, a diferencia de otras –como la sueca– re-presenta un riesgo patente que no proveerá pensiones dignas.

Otros ejemplos. Por la baja aportación y la comisión promedio, una persona con 30 años de cotización que gana 44 mil 850 pesos mensuales y aumento salarial de 3.72% anual, alcanzaría solamente 13 mil 886 pesos de pensión: 15.46% de su último salario. Y un trabajador con 1 mil 794 pesos de remuneración –y mismas condiciones que el an-terior– apenas montaría una pensión de 934 pesos: 26.05% del último salario.

Así que el asunto no se resuelve con más o menos información. Es un problema estructural de la Ley Zedillo imss y el sar que urge reformar. La “falla” de mercado” de Turner –que conoce por haberse desempeñado como actuario autorizado para dictaminar planes de pensiones ante la Consar– sólo atiende el impacto de las comisiones sobre el nivel de la pensión, no el fracaso estructural de la Ley Zedillo y el sar.

Pero Turner no menciona que en Bolivia, Colombia, El Salvador, Bulgaria, Estonia, Hungría, Kazajstán, Polonia y Eslovenia se han tomado acciones para evitar que las comi-siones mermen la pensión. En ellas funcionan regulaciones que obligan a que las comisiones no sean mayores a las que cobran las sociedades de inversión o crear subastas de paquetes de afiliados para entregárselos a la que ofrezca la menor comisión. Otra vía, usada en Suecia, es que los administradores garanticen un rendimiento mínimo y, si no lo alcanzan, no cobran comisión4.

Además, Turner declara que toda vez que el nivel de la comisión del Pensionissste “es la más baja del mercado”, 0.99% “no sólo se beneficiarán sus usuarios, sino también los trabajadores que encargaron su ahorro a las Afores privadas”. Pero ¿cómo así cuando lo único que cambia es el impacto de la comisión pero, en lo absoluto, la falla estructural incrustada en el sar: en la modalidad mexicana de capitalización individual?

Lo que Turner aún no empieza a explicar es el alto costo fiscal de la igualmente fracasada “reforma” Calderón

3 Cfr. las varias intervenciones del actuario Jorge Carlos Soto en el debate sobre la situación del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del imss (véase Leal, 2009; 2013).

4 Cfr. al respecto los Informes periódicos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) disponibles en <http://www.gob.mx/>.


al issste (2007), así como la escasísima atracción que tuvo Pensionissste (noviembre de 2008) dentro del universo de los trabajadores del Apartado A, lo cual ha terminado de hundir esa “reforma” al issste (Leal, 2011). Ahí la “falla”, la de Turner, sí que parece ser por “falta de información”.

¿“Nacionalización” pensionaria en Banorte?

Durante 2012, las Afores ganaron casi 10 mil mp en tér-minos reales: la suma consolidada más grande desde que empezaron operaciones en 1997. El promedio de utilidades creció 20% real, aunque unas ganaron más que otras. Mien-tras las de XXI-Banorte crecieron 90% y las de Pension issste 34%, Banamex sólo ganó 7.2%. El negocio estable del sar reporta beneficios anuales promedio del 21% entre 1998 y 2012. Y esas ganancias seguirán subiendo: con más cotizantes, los costos han bajado5.

Sucede lo contrario con el nivel pensionario de los trabajadores dueños de los fondos que enriquecen a las Afores. Por el diseño del sar y su modalidad mexicana de capitalización individual se aguardó que los trabajadores ahorraran algo que los bajos niveles salariales imposibilitan de facto. Hasta 73% de los cotizantes devengan menos de 3 salarios mínimos y aun computando las 1 mil 250 que establece la ley, sus cuentas individuales no alcanzarán una pensión “digna”.

La reforma Zedillo al imss de 1997 operó con supues-tos que nunca se cumplieron. La imposición del sistema de cuentas individuales –en una realidad económica tan dispar como la mexicana– culminó con que hasta 60% de la población carezca de toda capacidad para ubicar recursos en Afore.

Ese sistema de cuentas individuales y el sar no garantiza que la pensión sea alta ni para quienes detentan los niveles salariales superiores. En Afore, un trabajador que devenga 47 mil pesos mensuales (25 salarios mínimos) se jubilará apenas con casi 44% de su último salario (Alonso, 2012).

Del total de 48.5 millones de cuentas individuales en el sistema “en 25 años sólo 6% podrá cubrir las mil 250 semanas por cuenta propia y hasta 60% no tendrá manera de cumplir los requisitos y sólo tendrá derecho a retirar los menguados recursos debido al escandaloso cobro

de comisiones que las Afores realizan en cada una de las cuentas” (Alonso, 2012).

Mientras tanto, los “propietarios y funcionarios de las Afore cobran 30 mil dólares mensuales de sueldo, el cual obtienen de las comisiones que arrebatan sin control ni límite alguno a las cuentas individuales” (Alonso, 2012).

Así que a Ernesto Zedillo, con la privatización del sistema de pensiones de 1995, le deben todos los trabaja-dores del Apartado A del Artículo 123 constitucional que se jubilarán en 2021 –vía Afores–, recibir apenas 2 mil 179 pesos de pensión. A Calderón (con Molinar Horcasitas en el imss-2008 y Miguel Ángel Yunes en el issste-2007) le deben todos los jóvenes mexicanos haber perdido el derecho a una garantía estatal para su retiro y su sometimiento a las comisiones e incertidumbre bursátil de su cuenta individual en las Afores y Pensionissste que, si acaso, les “garantizarán” la pensión mínima equivalente a un salario mínimo.

A la reforma laboral 2012 de Calderón –acompañado de Peña Nieto– le deben todos los jóvenes mexicanos haber perdido la posibilidad de alcanzar la antigüedad que requieren las leyes imss-issste para ganar el derecho a sus prestaciones de salud y pensiones.

Con el supuesto argumento de “nacionalizar” el sistema privado de pensiones, la compra por Banorte –propietaria de la Afore Siglo XXI– de la Afore-Bancomer, desnuda, más bien, a un poderoso grupo financiero que pretende sentar sus reales en el nicho de negocios de las pensiones con una agenda tan agresiva como ambiciosa. Banorte va con todo por todo. De concretarse la adquisición, una sola Afore concentraría hasta 30% de las ganancias del sector.

A decir de Fernando Solís Soberón –director general de Banca de Ahorro y Previsión del Grupo y quien antes presidiera el ente regulador Consar– esta agenda con-templa: 1) cambios en materia de seguros que “ayudarían a potenciar el sector de pensiones”. Por ejemplo: “no distinguir entre trabajador asalariado y no asalariado: que ambos contribuyan a la seguridad social. Esto conduciría a 100% de cobertura”. 2) Que los seguros de invalidez y vida no sean llevados por los institutos de seguridad social. Que sean las Afore las que contraten con compañías privadas. Ello se traduciría en ahorros “muy significativos de primas”: que más recursos para los trabajadores en las cuentas in-dividuales. 3) En vivienda y pensiones –que en el país está mezclado–, si parte de los recursos del Infonavit fueran manejados por las Afore, ayudarían al financiamiento de vi-viendas y la acumulación de recursos sería mucho mayor. “Si los recursos de vivienda de los últimos diez años hubieran sido manejados por las Afore, los fondos serán superiores

5 Cfr. al respecto los Informes periódicos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) disponibles en <http://www.gob.mx/>.

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entre 22 y 24%. Con más tiempo, serían mayores”. 4) Otro pendiente es el seguro de riesgo de trabajo, para que sean las empresas las que paguen las primas, cuando en México se pagan al imss. Toda esta agenda requeriría cambios a las leyes del imss, issste e Infonavit”6.

Con todo, no se aprecia por dónde la agenda “nacio-nalizadora” de Banorte pudiera revertir las tendencias del sar que consolida jugosas ganancias para el administrador –por el nivel de las comisiones– y muy bajas pensiones para los propietarios efectivos de los fondos: los trabajadores, obligados a ahorrar forzosamente en Afores que ya suman recursos extraordinariamente cuantiosos.

El issste-Peña reconoce el fracaso de la “reforma” Calderón

Tal como se comunicó con oportunidad (Leal, 2011), hoy el issste-Peña reconoce que el “éxito” de la reforma Calderón de 2007 y su “alivio” sobre las finanzas públicas fue mera propaganda. Para ponerlo a flote, el “nuevo” pri quiere, ahora, que los trabajadores paguen más cuotas con peores servicios. El funcionario de Hacienda tras Calderón en la fallida “reforma”, dirige hoy el imss-Peña: José Antonio González Anaya.

El issste ya no carga con las pensiones en curso de pago (que, gracias al triunfante proceso de las cuatro cascadas de amparos masivos contra la “reforma” Calderón, garantiza el artículo décimo transitorio de la Ley 2007) ni con las de los trabajadores de nuevo ingreso (que, lamentablemente para el futuro de los jóvenes, están privatizadas en Pensionissste), pero su situación financiera es peor que la que prevalecía antes de la “reforma”. La Ley 2007 es más cara que la que abrogó (1983).

Este resultado fue pertinentemente advertido para Pensionissste, Fovissste, Seguro Médico, Servicios Sociales y Culturales, Estancias, Superissste y Turissste (Leal, 2011).

Y es que la “reforma” Calderón –como sus anteceden-tes: los amagos de Zedillo (Leal, 2000: 123-140) la propuesta hacendaria de Gil Díaz (2003) (shcp, 2003); la “integral” de González Roaro (2004) (issste, 2004) y la Iniciativa Ayala (2005) (issste, 2005)– nunca buscó mejorar a fondo la segu-ridad social de los trabajadores del Estado y su cuadro de prestaciones, seguros y servicios. Su propósito –además de buscarle alguna legitimidad a Calderón– fue replicar, 10 años después, la también fallida reforma Zedillo al imss

–que generó el sar– para trasladarle Pensionissste los de los trabajadores del Apartado B, lo que no logró, salvo para los de nuevo ingreso.

La Ley Calderón despertó, además, una honda corrida pensionaria que, aunada al proceso de amparos, quebró desde dentro su base financiera. Sin creación de empleo en el Apartado B, la estructura de las contribuciones para sustentar los servicios la parió muerta. El calderonismo fracasó escandalosamente a pesar de haberle destinado, vía Miguel Ángel Yunes, 8 mil mp extras al Fondo Médico: los servicios y el abasto están peor que antes de la “reforma” (Leal, 2009).

En el crepúsculo del calderonismo, con más de cinco años de retraso (2012), el ex director Sergio Hidalgo Monroy7 instaló el Consejo Asesor Científico y Médico presidido por Guillermo Soberón de Funsalud –principal impulsor del Seguro Popular junto con Julio Frenk y Merce-des Juan– que fungiría como el “cuerpo consultor superior” del issste en todas las ramas y ámbitos comprendidos por las prestaciones, seguros y servicios que brinda8. ¡De muy efímera vida!

En octubre de 2013, el entonces director Sebastián Lerdo de Tejada declaró que “podremos hacer más con menos recursos” y –derrochando malabarismos al intentar justificar la “universalidad” que promueve Peña Nieto–, ya apuntaba que “de no implementar cambios, el déficit finan-ciero llegará a ser de 8 mil 500 mp en 2020”9.

Hoy el issste-Peña, con su Informe Financiero y Actuarial 2013 –sin decir palabra sobre la corrupción endémica que heredaron de Fox (González Roaro, Moreno Cueto) y Cal-derón (Yunes, Villalobos, Hidalgo)– reconoce finalmente que tiene “numerosos desequilibrios financieros”; que diversos seguros y coberturas “son deficitarios” y que fueron sol-ventados, en 2012, con “transferencias gubernamentales por 15 mil 765 mp”, exactamente como antes de la “reforma” Calderón (issste, 2013).

Su “solución” consiste en elevar cuotas por peores servicios. Dado que el Seguro de Salud “ha operado en condiciones deficitarias desde 2008, las cuotas y aportacio-nes asignadas para su financiamiento son insuficientes para cubrir los gastos que se espera tener en 2014”10.

6 El Financiero, 22 de noviembre de 2012.

7 Hoy director general de la firma concesionaria de proyectos de infraestructura de transporte ohl.

8 La Jornada, 11 de julio de 2012.9 Senado de la República, Comunicación Social, 9 de octubre de

2013.10 Senado de la República, Comunicación Social, 9 de octubre de

2013.


Y como los ingresos actuales “sólo alcanzarán a cu-brir los gastos del Seguro de Salud por seis años”, para el mediano plazo “se considera la opción del incremento de aportaciones” que se elevarían de 11.47% a 14.02% del sueldo básico de los trabajadores, exactamente como antes de la “reforma” Calderón.

Todo ello en el marco de la propuesta de “universali-dad” de Peña Nieto –diseñada por Santiago Levy– que eleva impuestos (iva), reduce prestaciones y aspira apenas a un “piso básico” de protección social, como el contemplado en el Convenio 102 de la oit ya signado por el secretario Nava-rrete Prida y avalado por la Unión Nacional de Trabajadores (unt). Oscuro futuro para la seguridad social “universal” ofrecida por Peña, cuando para el caso del imss-Peña, su director, González Anaya, no pide más recursos federales y Sebastián Lerdo de Tejada sólo se propone elevar cuotas del issste sin proponer cómo mejorar los servicios.

¿“Autonomización” de Pensionissste?

En octubre 2013, el entonces director, Sebastián Lerdo de Tejada, ofreció fortalecer la “misión social” de Pension issste observando que, pese a registrar “uno de los mejores rendimientos”, perdía considerables afiliados: es la “única” Afore pública, pero los cotizantes cambian por “mala pro-moción”11.

Después, José María de la Torre, su vocal ejecutivo, comunicó que, en 2014, invertirían “entre 80 y 140 mp para abrir 120 centros de atención”, buscando captar más cuentas. Porque, aunque hasta 95% de los cuentahabientes “son funcionarios del gobierno”, esperaba “incrementar” con quienes laboran en iniciativa privada12.

El Paquete Económico 2016 contenía la Iniciativa Peña para “autonomizar” Pensionissste del instituto y dotarlo de “autonomía operativa, normativa y de gestión”. Alegaba que la Ley issste lo configuró como órgano de “carácter social, sin fines de lucro y con el beneficio adicional de que la utilidad no se destina a dividendos, sino a fortalecer el ahorro de los trabajadores, satisfechos sus costos de admi-nistración, inversión y constitución de reservas”13.

En 2014, la fstse declaró que de los 174 mil mp que acumulaba Pensionissste, una parte se invertiría en carre-

teras, petroquímica, turismo y la tercera riviera Pacífico: habrá “cero riesgo”. Como son proyectos “firmes, no se pondrán en peligro los ahorros de los trabajadores”. Incluso, insistía, los estudios para carreteras fueron elaborados por ica y se presentaron a Hacienda “ante el secretario Luis Videgaray”14.

Pero en diciembre de 2014 también se divulgó que siete personas cercanas a Joel Ayala, cabeza de fstse, reci-bieron, durante cinco años, 30 contratos de Pensionissste por 18.5 mdp: prestación de servicios como “vocales” de la Comisión Ejecutiva de Pensionissste y sólo obligados a sesionar una vez cada dos meses. Igualmente, desde 2009, Pensionissste habría desembolsado 13.3 mdp para pagar al menos 23 contratos a ocho personas cercanas a Elba Esther Gordillo por “servicios profesionales” como vocales de Pensionissste, sesionando una vez cada dos meses15.

En septiembre de 2014, el vocal José María de la Torre estimó que fuerte atractivo de Pensionissste es repartir utilidades anuales hasta por 3 mil pesos: entre enero de 2012 y marzo de 2014, dijo, 9 mil trabajadores del sector privado habrían “traspasado” su fondo a Pensionissste16.

Sin embargo, una encuesta de occ Mundial (abril de 2015) reveló que, al menos, ocho de cada 10 profesionistas mexicanos carecían de ingresos suficientes para ahorrar hacia el retiro, y la misma proporción no se encontraba preparada para jubilarse. Ellos “no podrán retirarse sin pre-ocupaciones”. Las razones principales son: el sueldo no es suficiente (80%); no saben cómo hacerlo (20%); no tienen cuenta bancaria (14%) o no piensan en el futuro (5%)”. El 36% que afirmó estar ahorrando tiene Afore pero sin aportaciones recientes17.

Frente a la jugosa bolsa que representan los niveles salariales de los trabajadores al servicio del Estado (hasta 5 mínimos en el Apartado B del Artículo 123 constitucional) y la clara dinámica socialmente fallida que describen las tenden-cias estructurales después de 18 años del sar (sobre todo en el Apartado A), el gran reto del debate parlamentario al que se convocó consistía en transformar esa “autonomización” en una oportunidad real para erguir a Pensionissste como auténtica Afore pública que representará, desde ahora, una cámara de compensación frente al más que cantado fracaso social de la “industria” de las Afores privadas para garantizar pensiones “dignas”, datado para 2032.

11 El Financiero, 11 de octubre de 2013.12 El Financiero, 23 de diciembre de 2013.13 Gaceta Parlamentaria, Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de sep-

tiembre de 2015, Anexo 4.

14 La Jornada, 16 de enero de 2014.15 El Universal, 23 y 24 de diciembre de 2014.16 El Financiero, 19 de septiembre de 2014. 17 El Financiero, 28 de abril de 2015.

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En ese año pasarán a retiro las primeras víctimas de la “reforma” Zedillo al imss de 1997 con pensiones, en el mejor de los casos, de 30% del último salario devengado. Entonces el gobierno en turno deberá rescatar el sistema privatizado de pensiones como, en su momento, rescató a la banca vía el Fobaproa. Pensionissste podrá, entonces, constituir la opción para rescatar desde lo público mismo (Ulloa, 2016).

Todo ello siempre y cuando el debate parlamentario diseñara un Pensionissste “autónomo” que –evitando el uso de los recursos propiedad de los trabajadores– lo convirtiera en otra desafortunada combinación público-privada (Afore XX1). Otorgándole, pues, el estatuto de verdadera “empresa de participación estatal mayoritaria”: una Afore diseñada como contrapeso público a las privadas, constituida con capi-tal social 100% público y capaz de abatir el nivel de comisiones para ubicarlas en no más del 0.5%, aún así onerosas.

Así, la membrecía cubierta por Pensionissste enfren-taría la volatilidad, minusvalías y riesgos financieros que conlleva la operación del sistema de cuentas individuales del sar, bajo un marco de mayor autonomía en la gestión de sus haberes pensionarios: “mejorando el servicio en la administración del ahorro para el retiro de los trabajado-res”, como asumía la iniciativa presidencial.

Pero aun disponiendo de un Pensionissste “autónomo”, de una Afore pública-pública, las cuentas individuales del sar serán incapaces de garantizar pensiones “dignas”.

La Iniciativa Peña sólo aplazaba, peligrosamente, una solución efectiva y de fondo a la dinámica del sar y expondrá los recursos y pensiones de los trabajadores al servicio del Estado (Apartado B) como los de Afore XX1.

La singular capitalización “pública” de Pensionissste

Gracias al exitoso proceso de amparos, todos los traba-jadores del Apartado B del Artículo 123 constitucional cubiertos por el 10 Transitorio de la Nueva Ley del issste, que, venturosamente, no optaron por el bono de la Afore-Pensionissste (casi todo el Apartado B), tienen absolu-tamente garantizada su pensión –en responsabilidad del gobierno federal– con tope máximo de 10 salarios mínimos (Leal, 2009).

En contraste, en el Artículo Segundo Transitorio (V) de la Iniciativa Peña para “autonomizar” Pensionissste del Instituto y dotarlo de “autonomía operativa, normativa y de gestión”18, se asienta –a la letra– que: el Gobierno Federal

“no responderá” por las obligaciones a cargo de la sociedad que se creará en términos del presente transitorio, “ni por cualquier minusvalía” en el valor de las sociedades de inver-sión especializadas en fondos del retiro (Siefores) que dicha sociedad administre y opere. Ello “deberá especificarse en los documentos corporativos correspondientes”.

Como si no fuera suficiente, el mismo Artículo Segundo Transitorio (XI) agrega –a la letra– que “las comisiones” que cobre la sociedad que se creará en términos del pre-sente transitorio “se determinarán” por un consejo de administración conforme a la establecido en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Si hay un gran tema pendiente en la dinámica de los 18 años transcurridos del sar ése es, justamente, el del nivel de las comisiones que se han cobrado durante esos mis-mos 18 años y que se cobran hoy día. Coincidentemente, el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, en una declaración en defensa de la Iniciativa Peña señaló que Pen-sionissste ha logrado establecerse como una institución del Estado mexicano que ofrece rendimientos competitivos y que “cobra la comisión más baja del mercado”19.

Pero el texto de la Iniciativa Peña sigue afirmando –a la letra– que la asamblea general ordinaria de accionistas, a propuesta del Consejo de Administración, “podrá orde-nar que se reinvierta, en la proporción que dicho consejo establezca”, el remanente de operación en las cuentas individuales que la sociedad administre, “una vez satisfechos sus costos de administración, necesidades de inversión y constitución de reservas”20.

Apenas en septiembre 2014, José María de la Torre, vo-cal ejecutivo de Pensionissste, observó que éste “regresará” 25% de la comisión que cobra a sus trabajadores porque la metodología para la entrega del remanente de operaciones cambió, y la Afore decidió entregar este beneficio a sus trabajadores “en una sola exhibición” y depositarlo “como ahorro voluntario” en sus cuentas individuales. Y agregó que Pensionissste “tiene” todo para ser la mejor opción: la comisión “más baja”, además de que es la única que “distri-buye su remanente” entre sus trabajadores21.

Poco después, también señaló que la “reconversión” de los sistemas de pensiones de reparto de las entidades federativas a esquemas de cuentas individuales no costaría a los estados o municipios si lo realizaban con Pensionissste: “la idea es ayudarles y competir” con el resto de las Afores

19 El Universal, 23 de septiembre de 2015.20 Gaceta Parlamentaria, op. cit.21 El Financiero, 19 de septiembre de 2014.18 Gaceta Parlamentaria, op. cit.


con un producto comparativamente más barato y en donde se tenga “más control” de la inversión de los recursos. Pen-sionissste, agregó, como organismo del Gobierno Federal, por transparencia, “tenemos que revelar en dónde y cómo se operan esos recursos”. Pensionissste ya administra fondos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios (issemym) y “está por firmar” conve-nios con otros estados para transformar sus esquemas de pensiones de reparto a cuentas individuales y administrar sus recursos22.

Como ya ocurre con la Afore XX1 (Apartado A), ¿qué ganan los trabajadores cubiertos por Pensionissste con esa singular capitalización “pública”? Aun disponiendo de un Pensionissste “autónomo”, de una Afore pública-pública, con capitalización “pública”, las cuentas individuales del sar serán incapaces de garantizar pensiones “dignas”.

El estudioso Nicholas Barr lo establece bien: “el éxito de cualquier sistema jubilatorio depende de la firmeza y eficacia del gobierno. Es fundamental que administre efi-cientemente la economía para fomentar un crecimiento adecuado, a la vez que crea un claro entorno normativo” (2002). Lo que no ha ocurrido con Zedillo-Fox-Calderón y, ahora, Peña Nieto. Ni en términos del lento crecimiento económico –con alta desigualdad– que caracteriza a la estrategia mexicana de las últimas tres décadas y, conse-cuentemente, incapaz de generar empleo decente (Ros, 2013), ni tampoco en el plano regulatorio, donde la Consar sigue anclada a una agenda “normativa” armada con parches, incapaz también de asumir las tendencias estructurales que exhiben los 18 años transcurridos del sar. De mantenerse esas tendencias, muy pocos trabajadores en Afores tendrán la posibilidad de acceder a una pensión si laboran menos de 38 años. La gran mayoría sencillamente no la tendrá. Esa agenda “normativa” parchada de Consar esquiva el asunto de fondo (Leal, Padilla y Nava, 2015).

Sin duda, lo que sigue es debatir parlamentariamente esa singular capitalización “pública” de Pensionissste que, como la capitalización privada de las restantes Afores del sar, apenas reservará a los trabajadores pensiones de 30% del último salario devengado. Apenas una “curita”.

Del Pensionissste de De la Torre al de Videgaray

José María de la Torre –vocal ejecutivo de Pensionissste– acudió a la Semana de la Seguridad Social del Senado de la

República, donde confirmó que –después de 18 años– el Sistema de Ahorro para el Retiro es un sistema de ahorro más que uno de pensiones (Mayans y Padilla, 2015), y señaló que el sistema financiero “continúa funcionando con dina-mismo: las modificaciones en curso tienen como objetivos aumentar la inclusión financiera, incrementar financiamien-tos y mejorar la calidad de vida de los mexicanos” (De la Torre, 2015).

Agregó que esos cambios “son resultado directo de la entrada de los esquemas de capitalización individual hace diecisiete años. El rol de Afores en mercados domésticos y en estabilidad macroeconómica es innegable”. Claro que aún falta establecer qué mejora pensionaria ha reportado a quienes –con sus fondos usados por Afores para financiar al gobierno y privados– buscan retiros dignos.

Además, frente a las dificultades estructurales del sar para garantizar pensiones superiores a la cuarta parte del último salario devengado –que ya hasta la ocde reconoce–, como también lo hace la agenda parchada de la Consar, De la Torre cree que el problema del sar es sólo de “madura-ción” y que, por tanto, sólo hay que “actuar rápidamente” en “tareas específicas”. ¿Como cuáles?

Con más ahorro, dice, “el país se beneficiará” y generará más empleo formal bien remunerado: “los trabajadores de la nueva generación, al obtener las tasas de remplazo que merecen, lo agradecerán”. Pero, ¿y cómo ahorramos más? Sencillo: con más educación financiera.

En su opinión, “la baja respuesta de los trabajadores a los llamados para incrementar saldos en su cuenta indivi-dual o mantenerla en administradoras que proporcionarán los mayores beneficios económicos, es el resultado de la falta de información y orientación especializada: del bajo conocimiento del trabajador para tomar buenas decisiones financieras” (De la Torre, 2015: 11). ¿Baja “respuesta” y bajo “conocimiento” de los trabajadores? Fácil: todos inscritos en los cursos de educación financiera del Museo Interacti-vo de Economía (Banxico) y ¡asunto resuelto! Como si el “problema” no obligara a vincular el nivel salarial efectivo de los trabajadores con su capacidad real de ahorro para, así, poder tonificar su nivel pensionario.

Pero De la Torre brindó más “pistas”. Para él también es “primordial” que las Afores aumenten el rendimiento que ofrecen a los trabajadores: “hay que imponer candados que frenen la posibilidad de que un trabajador se cambie a una Afore que ofrece un menor rendimiento” (De la Torre, 2015: 4). Pero, nuevamente, ¿se trata sólo de los cambios entre Afores? O, más bien, para que “aumenten” los ren-dimientos habría que establecer con toda precisión que, 22 El Financiero, 24 de septiembre de 2014.

El Cotidiano 204 49

después de 18 años de operación, el diseño de la reforma Zedillo al imss (1997) –que impuso el sar– no puede, con su relación estructural entre inversiones-rendimientos-comisiones, más que generar ahorro obligatorio, pero nunca pensiones “dignas” obligatorias.

Aunque, por supuesto, las Afores todavía pueden hacer mucho más para elevar el rendimiento neto de sus “clientes”, como confirman los actuales resultados de Afore-Inbursa.

Algo similar ocurre con su curiosa interpretación sobre el impacto de la baja en comisiones que cobran las Afores. De la Torre sostiene que deben seguir bajando:

Hay que continuar con la disminución. Es algo en lo que Consar ha puesto mucho énfasis. Sin embargo, si se mantienen los esquemas comerciales como están en la actualidad, será muy difícil que puedan bajar de manera sustantiva. La mayoría de las administradoras gastan una porción importante de sus ingresos en sus áreas comer-ciales y la rentabilidad de esa inversión es baja tanto para la administradora como para el trabajador, quien se podría beneficiar de una disminución de comisiones en el futuro (De la Torre, 2015: 12).

Pero, si así fuera, ¿cómo podría justificar que la Ini-ciativa Peña para “autonomizar” Pensionissste contemple que sea el Consejo de Administración “reformado” quien las establezca?, como dice a la letra su Artículo Segundo Transitorio (XI)23, cuando, hasta la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Retiro (Amafore), observa que el máximo órgano de Pensionissste se “integra” por miembros de la shcp, los cuales tienen “conflicto de interés en materia de inversión porque prefieren que los activos de las Afores se inviertan en fondos del gobierno”24.

¿Amafore querrá acusar al nuevo Pensionissste de competencia desleal frente a los mejores rendimientos

netos que, con menos recursos, alcanzó De la Torre con un esquema público?

¿Y sobre las minusvalías que azotan al sar? Sobre ellas, De la Torre no dice una sola palabra. Para él, como para la ocde y la Consar, la muy pobre “salida” se localiza en el ahorro “adicional” que De la Torre quiere –además–volver “obligatorio”: hay que establecer “programas obligatorios” y ofrecer incentivos para aumentar la promoción del “ahorro adicional. La mayor promoción al ahorro voluntario, aunada a la mayor educación financiera, podría aumentar la tasa de reemplazo alrededor de 3 y 5 por ciento” (De la Torre, 2015: 12), afectando severamente, sobre todo, el futuro pensionario de los jóvenes. Y mientras Joel Ayala (fstse) reparte las sillas del Consejo de Administración25, la “auto-nomización” de Pensionissste sólo aplazaba, peligrosamente, una solución efectiva a la dinámica estructural de un sar incapaz de garantizar pensiones “dignas”. Pero fue justo De la Torre quien insistió reiteradamente en la pertinencia de “autonomizarlo”, eludiendo olímpicamente, como Videgaray, esa dinámica estructural del sar.

La minuta hacia el Senado de la República

El sar tiene efectos positivos sobre los mercados de capita-les, pero como ha observado la Organización Internacional del Trabajo (Ortiz, 2015), los sistemas de pensiones no tienen “como objetivo” desarrollar esos mercados, sino brindar “seguridad económica en la vejez: un derecho humano reconocido”.

Curiosamente, la campaña gubernamental para “auto-nomizar” a Pensionissste inició señalando que se trataba de garantizarle “mayor autonomía operativa, normativa y de gestión” para “utilizar sus recursos de manera estratégica en actividades fundamentales, que beneficien a sus cuenta-habientes y al crecimiento del país”, según el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela26.

La Iniciativa de Peña pretende “fortalecerlo” como institución “cien por ciento del Estado mexicano” –entidad paraestatal financiera con personalidad jurídica propia–, contratando fuerza de ventas que ofrezca mejores condi-ciones de atención al cliente, redes de oficinas nacionales, así como desarrollo de infraestructura tecnológica, sostuvo Aportela.

23 Gaceta Parlamentaria, op. cit.24 “Carlos Noriega, presidente de la Asociación Mexicana de Adminis-

tradoras de Fondos de Retiro (Amafore), sostuvo que nada de Pensionissste irá a manos privadas. Hay que quitarle las cadenas para que pueda operar de una manera más moderna y eficiente. Nadie del Ejecutivo ni del sec-tor de las Afores ha pensado por ningún momento en que sea privada. Es una empresa que va a ser 100 por ciento del Estado. La propuesta pide que en su órgano superior haya consejeros independientes. Actualmente todos los funcionarios de Pensionissste se norman con los colofones del gobierno y hay cadenas que impiden a la Afore moverse como cualquier otra. El máximo órgano de Pensionissste se integra por miembros de Hacienda, los cuales tienen conflicto de interés en materia de inversión porque prefieren que los activos de las Afores se inviertan en bonos del Gobierno”. Reforma, 14 de noviembre de 2015.

25 La Jornada, 3 de noviembre de 2015. Véase también en el Anexo 2 de este mismo trabajo, el Pronunciamiento de la fstse del 18 de noviembre del 2015 y del 1º de diciembre de 2015.

26 El Universal, 23 de septiembre de 2015.


Después, Joel Ayala, desde la fstse, agregó que no se busca “privatizarlo” porque “seguirá siendo del Estado”27, y de inmediato la Junta Directiva del issste –presidida por el director José Reyes Baeza– avaló la Iniciativa porque “coincidimos” en la parte fundamental: no privatizarlo, sino fortalecerlo28.

Una vez que Jesús Zambrano –diputado perredista y presidente de la Mesa Directiva– turnara primero la Iniciativa a la Comisión de Hacienda, reservando sólo una “opinión” posterior de la competente Comisión de Seguri-dad Social, ésta pretendió votarla en fast track enfrentando la oposición de Morena29.

A pesar de que la Iniciativa aclara que el Gobierno Federal “no responderá” por las obligaciones a cargo de la sociedad que se creará ni por cualquier minusvalía en el valor de las Siefores que dicha sociedad administre y opere”, la Comisión de Seguridad Social avaló la Iniciativa Peña con 10 votos a favor del pri-Verde-Panal y 5 del prd y Morena en contra30.

Ante las extendidísimas críticas, cuestionamientos, presiones sindicales sobre los legisladores31 y honda

movilización social32, la Comisión de Hacienda detuvo la discusión de la Iniciativa33 porque, según el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, ella está

[…] obligada a demostrar que con la reforma los emplea-dos obtendrán más rendimientos y que no existe riesgo alguno de pérdida de sus ahorros. No es un esquema privatizador. Dejamos a salvo los derechos de los tra-bajadores. Es simplemente una manera para que ganen más, tengan un mejor futuro. Es totalmente legal y deja garantizadas sus pensiones34.

27 La Jornada, 3 de noviembre de 2015.28 “José Reyes Baeza aseguró que esta administradora no tendrá ni

un peso de inversión privada. Seguirá siendo un organismo público. Se trata de modernizarlo y liberarlo para que pueda competir con el resto de las Afores. Puso como ejemplo que a causa de trabas administrativas, Pensionissste tiene sólo 40 sucursales y 700 promotores, mientras que Afores privadas cuentan con 150 sucursales y hasta con 4 mil promotores. Está en desventaja, aunque tiene la mejor propuesta para los trabajadores por la menor comisión, y excelentes rendimientos, indicó. La reforma preservará el carácter público de Pensionissste. Será bajo la figura de organismo descentralizado o empresa de participación estatal. Además, se mantendrá la representación paritaria en su órgano directivo, con nueve representantes del sector público y nueve de los sindicatos, con lo que las decisiones se tomarán con el equilibrio y el acuerdo de todas las partes”. La Jornada, 30 de octubre de 2015.

29 La Jornada, 24 de octubre de 2015.30 La Jornada, 5 de noviembre de 2015.31 “Ahora se comprueba que fue un atraco en despoblado a los

trabajadores la reforma de 2007 a la Ley del issste, sostuvo el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese robo no le fue suficiente al gobierno; quiere otros más, como transfor-mar el Pensionissste para desvincularlo del Instituto, quitarle su esencia obrera y mandar el fondo a la competencia financiera con las demás Afores, lo que significa desprenderlo de todo el aspecto social, y a la par de ello, realizar otra reforma a dicha ley, lo que es inaudito. Las modificaciones a la Ley del issste cancelaron el carácter solidario de los fondos de pensiones y jubilaciones de los servidores públicos, pero se quiere incluso usufructuar más los ahorros de los trabajadores. La lucha contra la reforma anterior no fue sencilla. Tras miles de deman-das se logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucionales cinco artículos, y que la mayoría de los trabajadores se acogieran al 10 transitorio, es decir, que pudieran obtener jubilaciones por edad y tiempo de servicio. Sin embargo, ahora el gobierno pretende

privatizar el Pensionissste, aunque lo niegue el director del Instituto y afirme que seguirá siendo una Afore pública. Si eso fuera verdad, ¿para qué se quiere reformar la Ley del issste. Como se quiere dar mayor autonomía y fortalecer el Pensionissste, no se necesita reformar la ley de nueva cuenta; en un decreto se puede definir el cambio en su carácter administrativo. Lo que no se vale es mentir a los trabajadores; la iniciativa enviada por el Presidente al Congreso para cambiar el esquema de dicho fondo señala claramente que no habrá responsabilidad del gobierno en el destino de los recursos, que se cambia su naturaleza jurídica y que el organismo entrará en competencia directa en el mercado financiero”. Lo importante es salvaguardar lo poco positivo que tiene la Ley del issste, pues quieren quitar lo poco que queda en ella del tema social. Los recursos que tenían ahorrados los trabajadores antes de dicha ley los desaparecieron de un plumazo. Por su parte, el Sindicato de Telefonistas presentó un documento en el que se pronuncia porque la seguridad social mantenga sus principios de solidaridad y carácter público; plantea que si el gobierno promueve el “empleo digno” debería empezar por mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud, es decir, médicos, enfermeras, laboratoristas, etcétera, a quienes es urgente mejorar sus condiciones laborales. También expone que los institutos de seguridad social deben mantenerse como pilares de la solidaridad intergeneracional y mecanismos de equidad y redistribución de la riqueza. La Jornada, 26 de noviembre de 2015.

32 La Jornada, 12 de noviembre de 2015: “La reforma a la Ley del issste, mediante la cual el Pensionissste desaparecerá, para dar paso a una paraestatal, es un grave golpe más a los derechos de los trabajadores, en este caso del Apartado B, aseguró el abogado laboral Héctor Barba García. Llamó a los diputados a no dejar pasar esa contrarreforma, la cual –consideró– en los hechos, además de violentar los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, da continuación a la privatización del issste. Se ha dicho que este hecho significaría el inicio de la privatización del issste, pero en realidad el inicio de la privatización del Instituto se dio desde las reformas de la década pasada a la ley. Esta iniciativa sobre el Pensionissste no es más que la continuación de ese proceso. El también asesor jurídico de la Unión Nacional de Trabajadores consideró que este cambio que se prevé sea avalado en la Cámara de Diputados, es negativo, en la medida en que afectaría de manera radical la posibilidad de que los trabajadores pudiesen tener una seguridad social plena. Remarcó que uno de los mayores impactos que tendrá la nueva reforma a la ley es que el ahorro de los trabajadores se verá menguado no en sus aportaciones, pero sí en los beneficios derivados de cualquier inversión; la mayor parte de éstos irán al sector bancario”. La Jornada, 5 de diciembre de 2015.

33 La Jornada, 6 de noviembre de 2015.34 Idem.

El Cotidiano 204 51

Y es que el voto aprobatorio de la Comisión de Segu-ridad Social que impulsaron el pri-Verde-Panal contemplaba ubicar a Pensionissste bajo la titularidad de la shcp, quien no sólo designaría al director general y dispondría de la facultad para nombrar a uno de los tres vocales, sino que contaría con un voto de calidad en las decisiones que asuma el Consejo de Administración.

Un documento que apoyaba la “autonomización”-Peña, signado por legisladores priistas de la Comisión de Seguri-dad Social –entre ellos Manuel Vallejo Barragán, secretario general del sntss y cuyos agremiados se “benefician” de la Afore XXI-Banorte–, argumentaba que los cambios en la estructura directiva pretendían “fortalecer” la represen-tación de los trabajadores proponiendo la “participación” de nueve vocales designados por sindicatos35.

Por su parte, la diputada por Morena, Araceli Damián, a cargo de la presidencia de la comisión, observó que “no es necesario pasar a una empresa público-privada cuando hemos tenido experiencias lamentables en la transfor-mación de empresas estatales a privadas”36, como es el caso de la Afore XXI-Banorte37, mientras que Joel Ayala reiteró que sería “blindado” con “representantes” de los

trabajadores38. ¿Cómo él? Por su parte, José Reyes Baeza –director del issste– declaró machaconamente que “no se privatiza”39.

Finalmente, el 24 de noviembre, después de parlamen-tar con el subsecretario Aportela, los diputados pospusieron la Iniciativa-Peña para el próximo periodo de sesiones (2016)40.

35 La Jornada, 5 de noviembre de 2015.36 La Jornada, 10 de noviembre de 2015. Véase también en el Anexo

2 de este mismo trabajo el Pronunciamiento de Morena del 2 de di-ciembre de 2015.

37 El 29 de noviembre de 2015, Andrés Manuel López Obrador de Morena comunicó vía tuit: “apoyo la postura de los diputados de Morena de no convertir el Pensionissste en Afore. Basta de privatizar ganancias y socializar pérdidas”.

38 “El senador priista Joel Ayala sostuvo que Pensionissste no se priva-tizará, sino que se convertirá en una Afore pública que invertirá, sostuvo, los recursos de retiro de los servidores públicos en proyectos rentables y seguros, y reveló que logró modificaciones a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que se discute en la Cámara de Diputados. Las nego-ciaciones se llevaron a cabo entre la dirigencia de la fstse y la Secretaría de Hacienda y se logró que Pensionissste no pierda su carácter social, que continúe siendo un organismo público, sin injerencia de la iniciativa privada. Otro de los cambios a la iniciativa fue lograr que la representación de los trabajadores tenga el mismo número de lugares que el gobierno en el Consejo de Administración, y de esa forma le sea posible defender mejor los intereses de los servidores públicos. Cuatro serán representantes de la fstse, cuatro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte) y uno de gremios universitarios. Otra de las modificaciones a la propuesta fue que los excedentes sigan repartiéndose entre los servidores públicos que cotizan en el issste. –¿El nuevo organismo funcionará como una Afore? –Prácticamente es una Afore, nada más que con autonomía de gestoría, que es lo que nos falta para inyectar inversiones en proyectos productivos que jamás pongan en riesgo los recursos de los trabajado-res. Pensionissste se convertirá en una paraestatal con participación de

la banca de desarrollo. Lo que se requiere son financiamientos fuertes para invertir en infinidad de áreas que están esperando, ávidas de que les lleguen recursos. Se planea financiar un gran proyecto turístico, la Tercera Rivera, en el litoral de Guerrero, donde hay 144 kilómetros de playa virgen. Ahorita el dinero está en papeles de gobierno que no sirven para nada. –¿No hay riesgo de que el gobierno quiera disponer de los recursos de las pensiones de los servidores públicos y se pierdan –No. Los ha tomado como papeles de gobierno y hoy estamos vigilantes de que los invierta en áreas productivas. Ese es el cambio real. Se invertirá en áreas seguras y rentables. No nos apartamos de ese principio. Está difícil que nos quieran meter en un área de riesgo, de ahí la importancia de que estemos presentes en paridad en el órgano de gobierno. Por eso nuestra inquietud y nuestro rechazo a la composición totalmente desigual del Consejo de Administración y en un acuerdo superior quedó de nueve y nueve”. La Jornada, 15 de noviembre de 2015. Reforma, 13 de noviembre de 2015.

39 “José Reyes Baeza, director del issste, afirmó que El Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste) garantiza los recursos mínimos para el retiro. La iniciativa de reforma legal plantea dar autonomía de gestión a la administradora de dichos recursos, pero no afectará ni reducirá los rendimientos, además de que se mantendrá la reinversión de los remanentes de operación, como se hace hasta ahora, dijo. Las comisiones también seguirán siendo las más bajas del mercado e incluso continuarán disminuyendo. El órgano direc-tivo de Pensionissste determinó que para 2016 pasarán de 0.93 a 0.89 por ciento. Eso ya es un acuerdo y se mantendrá con la nueva estructura administrativa que propone el proyecto del Ejecutivo federal. La reforma a la ley del Instituto no significa la desaparición ni la privatización de Pensionissste. Seguirá siendo un organismo público, pero con personalidad jurídica y, sobre todo, capacidad de gestión. Actualmente, como órgano desconcentrado, depende incluso de la Junta Directiva del issste, por lo que la ejecución y puesta en práctica de decisiones tarda mucho tiempo, lo que lo limita en su crecimiento y funcionalidad. Se trata de darle mayor capacidad de operación, que sea más ágil y pueda fortalecer su estructura. De esa manera, podría hacer una amplia convocatoria a los trabajadores para que mantengan sus ahorros para el retiro bajo la administración de Pensionissste, e incluso que los empleados del sector privado se incorporen. La reinversión de remanentes de operación se mantendrá y quedará garantizada su continuidad en la reforma a la ley. La mejor forma de acreditar que el objetivo es mantener el Pensionissste como entidad pública es que también se conserva la representación paritaria de los trabajadores sindicalizados con las autoridades en el órgano de gobierno”. La Jornada, 13 de noviembre de 2015.

40 El coordinador del prd en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, confirmó: “hemos coincidido con las fracciones parla-mentarias bajar el tema de Pensionissste”, después de una reunión con el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela. La Jornada y Reforma, 25 de noviembre de 2015. Véase también en el Anexo 2 de este mismo trabajo, el Pronunciamiento del prd del 30 de noviembre de 2015 y del 9 de diciembre de 2015.


Aunque el 2 de diciembre la Comisión de Hacienda aprobó –con 22 votos a favor y 7 en contra de prd-Morena y Movimiento Ciudadano– la reforma que desaparece a Pensionissste y crea una empresa paraestatal –cuyo Consejo de Administración será presidido por Hacienda– que, por cierto, puede venderla o extinguirla41.

Finalmente, el pleno de la Cámara votó la Iniciativa para desincorporar Pensionissste del issste el 8 de diciembre, con 343 votos a favor del pri-pan- pvem-Panal y con los 116 del prd-Morena-Movimiento Ciudadano en contra42. La minuta fue remitida de inmediato a la Cámara de Senadores (Poder Legislativo-Cámara de Diputados, 2015).

2016: desenlace en el Senado: ¿ocuparse a fondo del asunto público?

Está claro que la “autonomización” de Pensionissste con-firma que, por las tendencias estructurales del sar, sólo se pospuso la intervención social de fondo frente a una catástrofe pensionaria anunciada.

La “calidad” de la deliberación parlamentaria en curso –en especial con las intervenciones del pri-pan-pvem-Panal– también confirma que sólo un gran debate nacional, primero ampliamente persuasivo y después obligadamente resoluti-vo, sobre ese fracaso pensionario del sar es inaplazable.

Lo que sigue es, en efecto, reformar las reformas con nuevas alternativas y opciones para el sar, afortunadamente disponibles para, efectivamente, “fortalecer” el futuro pensio-nario, sobre todo de los jóvenes, superando el hecho de que el Senado de la República evitó entrar a ocuparse del fondo del asunto43, frente a la previa votación de los diputados que sólo lo habían esquivado.

Anexo 1

¿Qué conclusiones de una Comisión mexicana para las pensiones agradarían

a Peña Nieto?

Como todos los años, en abril de 2015, la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República organizó su ya tradicional Semana de la Seguridad Social. En esta oportuni-dad se optó por un tema-eje para México no sólo relevante sino extraordinariamente urgente: Experiencias de evaluación de las reformas de pensiones.

A pesar de que Ernesto Zedillo privatizó las pensio-nes del imss en el remoto 1997 –hace ya 18 años– y que Calderón aplicó –sin consulta alguna– la misma controver-sial receta al issste en 2007, es un hecho que mientras las reformas pensionarias emprendidas en Chile, Argentina y Uruguay decantaron en sendos espacios nacionales dedi-cados exclusivamente a la tarea de evaluar el desempeño presente y futuro de esas reformas, México sigue sin acabar de tomar cartas en el espinoso asunto.

43 “El presidente de la Comisión de Seguridad Social, Fernando Mayans, consideró necesario que se garantice la creación de una Afore estatal público-pública, sin participación de particulares en su capital social”. Reforma, 19 de noviembre de 2015.

41 “Con el respaldo del pri, pan, pvem e incluso del prd, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados difundió el proyecto de dic-tamen con el que pretende avalar sin cambios la iniciativa presidencial que desaparece el Pensionissste, para dar paso a una ‘nueva empresa’ que administrará un millón 465 mil 717 cuentas con el modelo privado de las Afores. Cuatro días después de que anunció el retiro de la iniciativa de la agenda de la Cámara, el coordinador del prd, Francisco Martínez Neri, reculó y aceptó que su bancada discutirá la iniciativa presidencial para la ‘transformación de Pensionissste’ en lo que llamó una ‘Afore pública’. La postura cambiante de Martínez Neri fue cuestionada por la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Araceli Damián Gonzá-lez (Morena), quien consideró lamentable el respaldo del perredista a la iniciativa del Ejecutivo. ‘Se afectará el patrimonio de los trabajadores inscritos en el Pensionissste. El voto favorable del prd contrasta con la postura que tuvieron sus diputados María Élida Castelán y Erik Juárez en la Comisión de Seguridad Social, al votar en contra de la iniciativa junto con Movimiento Ciudadano y Morena’, dijo. El respaldo de Martínez Neri fue decisivo para que la Comisión de Hacienda recuperara la discusión del proyecto, pasarlo sin cambios y dejar a un lado la propuesta que habían hecho diputados perredistas con el propósito de constituir a Pensionissste en una Afore pública. En sus consideraciones, la comisión que preside la panista Gina Cruz Blackledge expone que ‘es necesario un ajuste, con la finalidad de que la nueva empresa pueda afrontar con más autonomía y oportunidad las condiciones del mercado’, mediante su funcionamiento con ‘una naturaleza jurídica muy semejante al resto de las administradoras que componen el Sistema de Ahorro para el Retiro. La Comisión coincide con la propuesta del Ejecutivo respecto de la necesidad de establecer una empresa de participación estatal mayoritaria que administre recursos para el retiro bajo condiciones similares a las otras administradoras de fondos para el retiro, misma que funcionará bajo las directrices que le permitirán una operación autónoma, al separar al Pensionissste del issste’. Se trata, según la comisión, de que Pensionissste ‘se convierta en una entidad paraestatal’ y que compita ‘en igualdad de circunstancias frente al resto de las administradoras’ al dar paso a una administración con ‘principios de gobierno corporativo’. A pesar de que se busca que sea una entidad aparte, uno de los argumen-tos para separarlo es que la Comisión considera necesario que como presidente de la Comisión Ejecutiva del fondo de pensiones continúe el director del Instituto, con la representación de tres vocales nombrados por la Secretaría de Hacienda, dos por el Banco de México, uno por la Secretaría del Trabajo y nueve por los sindicatos, sin la participación de consejeros independientes, como propuso el Ejecutivo. Además aceptó que el director del fondo sea designado a propuesta de Hacienda”. La Jornada y Reforma, 3 de diciembre de 2015.

42 Reforma, 9 de diciembre de 2015.

El Cotidiano 204 53

En la edición 2015 de la Semana de la Seguridad Social destacó la ponencia de Marcos Barraza, entonces subse-cretario de Previsión Social de la República de Chile, quien, entre otros temas, se ocupó de la así llamada Comisión Bravo. Guardando las debidas proporciones, resulta de in-terés propagar las conclusiones de los estudiosos chilenos frente al desafío del sar mexicano y sus grandes retos en el muy corto plazo.

Para Barraza (2015), dada la naturaleza de “procesos largos” que caracterizan a todo cambio pensionario, el debate nacional chileno es importante por cuanto se enmarca “en la creación de un Estado democrático y social de derechos”. Ello significa que, para su gobierno, se trata de “dejar de hablar de industria de pensiones y hablar de seguridad social”. Sin embargo, siguiendo los estudios de opinión, Barraza aclara que “hay consenso” respecto a que “volver a un sistema de reparto”, como el que existía en Chile hasta el año 80, “no es viable: los cambios demográficos y los del mercado laboral así lo indican”.

Pero como de crear un Estado de derechos se trata, Barraza propone que “sí es posible” conversar sobre fórmulas que integren la responsabilidad individual con la responsabilidad solidaria. Y agrega que “todos” los sistemas –solidarios y de capitalización individual– están expuestos. Sin embargo, es posible “construir” acuerdos civilizatorios que permitan que las políticas públicas den cuenta de la calidad de vida de las personas, “especialmente” en materia de seguridad social.

¿Cómo cuáles? Barraza cree que los sistemas de pen-siones estarán “permanentemente tensionados”, pero “eso es distinto a decir que todos están en crisis”. Y aunque se tendrán que hacer ajustes paramétricos: en la edad de la jubilación y los montos de la cotización, no se abandonan los “principios de responsabilidad individual cohabitando con responsabilidad solidaria”.

Por tanto, para el gobierno chileno “el componente ciudadano” es clave para la discusión de seguridad social y pensiones. Y es que los cotizantes que tienen sus fondos en administradoras (Afores en México) son “propietarios sin poder”: no tienen ninguna injerencia respecto de ellos. De ahí que, como demuestra la reforma Bachelet de 2008, para Barraza sea posible construir “nuevos” acuerdos políticos democráticos y “modificar” el pacto civilizatorio en materia de seguridad social, buscando fórmulas que

“equilibren” las responsabilidades individuales con las colectivas. Porque, finalmente enfatiza Barraza, es impor-tante asumir que todos los modelos de pensiones “están sujetos” a presiones: regulación de mercado, incremento de la esperanza de vida, inserción laboral intermitente de las mujeres en el mercado de trabajo, pero ellas no pueden ser consideradas “factores exógenos” al sistema de pensiones. Tienen que ser consideradas “dentro” de la naturaleza de la seguridad social. En caso contrario se asumiría que por un lado transitan los cambios en las sociedades y por el otro los de los sistemas de pensiones. Frente a ello, las soluciones deben ser “consistentes” con los principios de la seguridad social para “no caer” en la lógica del darwinismo social”.

Entonces, todo culmina, concluye Barraza, en que los cambios en las pensiones tienen que ver con la legitimidad del sistema pensionario, y, a su vez, ella tiene que ver con la calidad de la respuesta que se brinde a la siguiente pregunta: ¿cómo el cotizante, el trabajador, el usuario, “percibe” que sus recursos de jubilación están “bien aprovisionados” y que, además, van a redituar correctamente?

Después de 18 años del sar-México, ¿qué conclusio-nes y recomendaciones de una comisión mexicana darían satisfacción al eje Presidencia-shcp-Banxico-Consar: Peña-Videgaray-Carstens, a la industria de Afores (Amafore), así como a ocde, bid, cce –integrado por Concamin, Concanaco, Coparmex, amis, Consejo Mexicano de Hom-bre de Negocios, cna y la abm–, al Centro de Estudios Espinosa Yglesias, a estudiosos de diferentes instituciones –como Coneval, el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (ciess), Bancomer, cide, itam– y a varios consultores actuariales? Todos ellos, por cierto, compartiendo la creencia de que “son innumerables” los logros de ese sar.

¿Unas –tan suavemente aquiescentes y a modo del estado de cosas que favorece a la industria de las Afores– como las que propaló el entonces subsecretario chileno Barraza en alusión a la Comisión Bravo?

Como oportunamente señalara el estudioso britá-nico Nicholas Barr: “hay una falta de lógica en la idea de que si el sistema público de pensiones tiene problemas, la respuesta es el sistema privado. Si hoy hay una crisis, es porque los gobiernos no tomaron medidas a tiempo” (Barr, 2002). El debate prospectivo está, pues, maduro y abierto.


Anexo 2

Pronunciamientos sobre la “autonomización” de Pensionissste

Cámara de Diputados

1) federación de sindicatos de trabajadores al servicio

del estado (fstse)44

A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.A LOS TRABAJADORES DEL ESTADO MEXICANO.A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL.

La demanda de los sectores sociales que integran nuestro país ha sido que el Estado mexicano recobre a la brevedad su papel de rector en la economía. De ahí que se ha insistido desde el inicio del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto que se cumpla con lo medular en lo que representa la Reforma de la Ley del issste en su Artículo 109 para que los recursos del Pensionissste fuesen invertidos en proyectos prioritarios: I.- La actividad productiva nacional, II.- La construcción de vivienda, III.- La generación de energía, IV.- La producción de gas y petroquímicos y V.- La construcción de carreteras.

Las limitantes del Pensionissste, de ser desconcentra-do del issste, habrá que superarlas a través del análisis y discusión que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados, a fin de conformar una nueva institución paraestatal que permita fortalecer la economía de gestión.

Dentro de esta consideración manifestamos las accio-nes de la central fstse: 1.- El caso concreto de la reforma del Pensionissste para convertirlo en una entidad de esquema paraestatal, de ninguna manera era de aceptarse por la repre-sentación sindical, ya que vulneraba en todos los sentidos el equilibrio de fuerzas de representación de los trabajadores y a su vez se abrirían espacios para su posible privatización. 2.- La central fstse, dentro de su quehacer laboral sindical, presentó de inmediato su inconformidad y a través del establecimiento de una mesa de trabajo con el titular de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videgaray Casso –don-

de predominó el diálogo, análisis y concertación–, logra a través de la sensibilidad del secretario de Hacienda modifi-car radicalmente a fondo la iniciativa del Ejecutivo Federal: transformar a Pensionissste en una entidad paraestatal.

3.- El contenido de las modificaciones consiste en establecer equidad en las representaciones de las partes, obteniéndose así paridad de 9 consejeros en el Consejo de Administración, máximo órgano de gobierno. Lo fun-damental es que los trabajadores con su propia repre-sentación sean responsables de que la dirección en las inversiones no cause desvíos ni riesgos en los recursos que se invertirán. En este sentido, deberán proponer al órgano de gobierno participar en áreas, insistimos, seguras y rentables que generen empleos y garanticen seguridad social integral, haciendo énfasis en particular en la fórmula que nos permita alcanzar crecimiento econó-mico. 4.- Se logra revertir cualquier acción privatizadora al declarar como resultante del acuerdo formal con el Gobierno Federal, a través de la shcp, que la entidad pa-raestatal propuesta sea pública, del Estado mexicano, sin injerencia alguna de externos. 5.- La banca de desarrollo del Estado mexicano se incorpora a la nueva entidad pa-raestatal para darle un mayor fortalecimiento financiero y lograr concretar rentabilidad a través de la inversión en sendos proyectos productivos elaborados, exigidos por los propios sectores sociales. 6.- Todos los acuerdos arriba expresados serán posibles de materializarse por el trabajo de análisis y discusión que diputadas y dipu-tados, integrantes de la LXIII Legislatura, implementen, analicen con su misión de cambio, de responsabilidad que ostentan para llegar a considerarlo como un despegue dentro de la actual limitación económica que enfrenta nuestro país.

Valoramos y confiamos que nuestros compañeros le-gisladores puedan con su aprobación de la citada iniciativa alcanzar el ajuste de referencia: obtener su aprobación en la modificación de transformación del Pensionissste a la respectiva entidad paraestatal, salvaguardados los derechos de los trabajadores en materia de jubilaciones y pensiones.

A T E N T A M E N T ESEN. JOEL AYALA ALMEIDA

P R E S I D E N T E44 Reforma, 18 de noviembre de 2015.

El Cotidiano 204 55

2) palacio legislativo de san lázaro. el grupo parlamentario del prd en la

cámara de diputados se pronuncia por la creación de una afore pública,

sin participación privada, con fines sociales y que dé certeza al ahorro

de los trabajadores45

En el proceso de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (issste) en relación con la Afore Pensionissste, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del prd en la Cámara de Diputados reitera su posición en el sentido de que una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) de carácter público debe tener autonomía financiera y de ges-tión; de propiedad pública sin participación de particulares, nacionales o extranjeros; no tener fines de lucro y brindar certeza y seguridad al manejo del ahorro obligatorio de los trabajadores.

El prd no avalará la creación de una Afore que pueda ser eliminada por decreto o que sea vendida, total o en parte, al capital financiero, y que sólo beneficie a particulares que lucren con el ahorro obligatorio de los trabajadores.

La Afore pública que resulte de la transformación de Pensionissste debe ser producto de una ley expedida por el Congreso, con al menos las siguientes características:

• Tener autonomía financiera y de gestión, y no depender de los dictados del Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda;

• Que el Estado mexicano posea el 100% del capital social de la nueva Afore;

• Que administre de manera exclusiva los recursos de la subcuenta de retiro del sar 92 y las cuentas de los trabajadores del sector público de nuevo ingreso, hasta en tanto no elijan Afore;

• Que por ley cobre las comisiones más bajas del mercado y reinvierta la totalidad de su remanente de operación a las cuentas individuales que administre, favoreciendo a los trabajadores de menores ingresos;

• Que respete íntegramente los derechos laborales de los trabajadores que hoy laboran en la Afore Pensionissste y que pasen a formar parte de la nueva Afore pública.

Con una Afore pública sólida, sin injerencia de intereses privados, con fines sociales y autonomía financiera y de gestión, el ahorro de los trabajadores tendría certidumbre y mejores rendimientos. El grupo Parlamentario del prd se manifiesta dispuesto a debatir públicamente la conforma-ción de esta Afore pública por el bienestar y la protección del futuro del pueblo trabajador.

3) comentario sobre las modificaciones al dictamen

de hacienda sobre pensionissste. presidencia de la comisión de seguridad social (morena)46

La Comisión de Hacienda efectuó cambios muy menores y cosméticos al dictamen que reforma el Pensionissste:

• Toda referencia a la nueva sociedad y su estructura dejan de ser parte de un transitorio y pasan al Artículo Segundo del Decreto. Esto con la finalidad de dar mayor certeza sobre la estructura de la empresa.

• Establece una fracción IX en el Artículo Segundo del Decreto que dice “El Gobierno Federal mantendrá en todo tiempo la propiedad de la sociedad”.

º Sin embargo, esto no garantiza su eventual venta, en tanto que al quedar la sociedad sujeta a la Ley de Empresas Paraestatales (Art. 32), puede ser enajenada, finiquitada o desaparecida en cualquier momento, quedando como garantía de no hacerlo la fracción X, del artículo segundo que establece que “El Gobierno Federal mantendrá en todo tiempo la propiedad de la sociedad”. Esta salvaguarda no pare-ce dar total certeza si consideramos las constantes privatizaciones de empresas públicas.

º Por otra parte, al ser la nueva sociedad una empresa de participación estatal mayoritaria, el Estado podría tener al menos 51% de la propiedad accionaria y, por lo tanto, continúa quedando la puerta abierta para que 49% pertenezca a una empresa privada.

• Se quita la facultad a la Secretaría del Trabajo para nombrar a los nueve representantes de organizaciones sindicales en el Consejo de Administración, otorgándose esta facultad directamente al Ejecutivo.

º Se reafirma que no habrá miembros independientes en el Consejo y se sigue dejando el espacio para

45 La Jornada, 30 de noviembre de 2015. 46 La Jornada, 2 de diciembre de 2015.


la negociación cupular entre líderes sindicales y gobierno.

• El decreto entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en contraste con la fecha original planeada para el 1º de julio de 2016.

º No se define qué carácter tendrá el Pensionissste durante el tiempo que tarde en constituirse la nueva sociedad; a pesar de que el Ejecutivo se compromete a dar continuidad en su operación, no aclara cuál será el carácter jurídico de la nueva sociedad.

• Se introduce en la fracción VII del nuevo artículo segun-do que

º “En todo caso, las comisiones no podrán exceder del promedio de comisiones que cobren las admi-nistradoras de fondos para el retiro”.

º Sin embargo, en la fracción VIII se dice que “La so-ciedad elaborará su presupuesto asegurando que los costos de administración sean cubiertos única-mente con el producto de las comisiones cobradas por la administración de las Cuentas Individuales”. Cabe resaltar que el Pensionissste dejará de recibir recursos públicos, que en el presupuesto 2016 son mayores a 723 millones de pesos.

El dictamen también deja sin modificar:

• El artículo que establece que el Estado no se hace cargo de las minusvalías o pérdidas en las cuentas individuales.

• Se ratifica la derogación del Décimo Primero Transitorio, creando un vacío legal en lo que respecta a las aporta-ciones al Seguro de Cesantía, Vejez y Edad Avanzada.

4) federación de sindicatos de trabajadores al servicio

del estado (fstse)47

A LAS FRACCIONES PARLAMENTARIAS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.

A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. A LA OPINIÓN PÚBLICA.

La iniciativa de reforma de la Ley del issste en su Artículo 109, enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara de Diputados (Cámara de Origen), propuesta para transformar a Pensionissste en una entidad paraestatal del Estado mexicano, avanza en su análisis superando dudas, descalificaciones y señalamientos equivocados.

En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se profundiza el análisis del proyecto enviado por el Eje-cutivo Federal para crear la referida entidad de fondos de retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Así como se estableció desde un principio al realizar la reforma a la Ley del issste en 2007, la central fstse se ha mantenido en su actitud de siempre: defender los intereses de los trabajadores del Estado mexicano; por eso fuimos reiterativos al optar por apoyar el establecimiento de una Afore pública-pública, términos éstos que hubo quienes en su momento trataron de descalificarlos.

Hoy mantenemos la misma determinación, insistimos en que la nueva institución tenga un órgano de dirección bipartida con la representación de los Trabajadores al Ser-vicio del Estado y en igual número la del gobierno.

Estamos convencidos de que el Pensionissste o el nuevo organismo debe invertir el dinero de los trabajadores en áreas seguras y rentables que garanticen el fortalecimiento del ahorro de los trabajadores.

La dirigencia de la central fstse, coadyuvando y respetuo-sos de las atribuciones que corresponden a los integrantes de la LXIII Legislatura (Cámara de Diputados), estableció una mesa de trabajo con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videgaray Casso, al haber sido enterados en la fecha del depósito del ingreso de la iniciativa de reforma de Pensionissste a un organismo paraestatal.

En la mesa de diálogo se estableció una primera de-terminante que de ninguna manera podría aceptarse: la privatización en la creación de la nueva difusión.

El resultado de estos trabajos de análisis profundo ha permitido dar plena claridad a la iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo Federal, eliminando así cualquier forma de descalificación o rechazo a la misma por grupos que se oponen sin razón alguna al crecimiento seguro y rentable del país.

Consideramos que con estas acciones se mantendrán salvaguardados los derechos de los trabajadores en materia de jubilaciones y pensiones.

En razón de lo expresado, hacemos el conocimiento de los ajustes alcanzados en materia de la iniciativa original con cambios específicos que a continuación reiteramos:

A. El nuevo organismo debe mantener su carácter de ser una entidad pública-pública. Con ello, se elimina cual-quier intento de privatización.

B. Paridad en el órgano de gobierno. Al igual que la ac-tual conformación del Pensionissste, la nueva entidad contará con nueve representantes del Estado y nueve representantes de los trabajadores.

C. Reparto de remanentes a los integrantes del nuevo organismo paraestatal en beneficio de los derechoha-bientes. 47 La Jornada, 1 de diciembre de 2015.

El Cotidiano 204 57

D. Se asume con entera responsabilidad de las partes que la entidad en referencia continuará siendo más baja en el cobro de comisiones de las once afores registradas.

TRASCENDENCIA DE LA TRANSFORMACIÓN- PARAESTATAL

1. Se inyecta a través de inversiones en proyectos pro-ductivos, ejecutivos de todos los sectores sociales del país que conlleva a lo principal: Inversiones en áreas seguras, rentables, destacándose en primer término la generación de empleos para avanzar fundamentalmente en lograr el dinamismo económico, exigencia de los sectores sociales del país. Reiteramos nuestro recono-cimiento a las y los diputados federales en su empeño para fortalecer a las instituciones de la República.

A T E N T A M E N T ESEN. JOEL AYALA ALMEIDA

PRESIDENTE

5.- sindicato nacional de trabajadores

de la educación (snte)48

A las y los trabajadores de la educaciónA la opinión públicaPensionissste

Nos pronunciamos por su preservación como entidad pública, porque ofrezca las condiciones más bajas del mer-cado de Afores y los mejores rendimientos, garantizando certidumbre para un retiro digno y asegurando, además, la canalización de las inversiones hacia proyectos productivos seguros y rentables que generen empleos e incentiven el crecimiento económico.

Pensionissste debe seguir siendo una administradora:

• Que reivindique lo público, de carácter social, sin fines de lucro y al servicio de los trabajadores.

• Que brinde los máximos rendimientos y cobre la menor comisión.

• Que continúe beneficiando a los trabajadores con la distribución del remanente de operación al depositarlo en las cuentas individuales de los trabajadores.

• Que en la nueva administradora se respete la partici-pación paritaria de los trabajadores en su Consejo de Administración, con lo cual se garantiza que los repre-sentantes sindicales continúen velando por los intereses de los trabajadores.

El snte, a través de legisladores de todos los partidos que tienen un origen docente y sindicalista, ha impulsado la defensa y fortalecimiento de esta Institución que es patrimonio de los trabajadores, al mismo tiempo que rea-liza reuniones constantes con la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico para plantear formalmente la preservación de Pensionissste con base en estos posicionamientos.

6) a la opinión pública. todo méxico tiene que saber que el pri, el pan, el partido verde, el panal y el pes votaron a favor de una reforma

nociva al fondo de pensiones del instituto de seguridad social al servicio de los trabajadores del

estado (pensionissste). prd49

Eso quiere decir que:

1. Se privatizarán los recursos del Fondo de Pensiones del issste (Pensionissste), disfrazándolos con la creación de una nueva empresa paraestatal.

2. Se abre la posibilidad de una eventual extinción del Pension issste mediante un simple decreto del Ejecutivo, como sucedió con la empresa Luz y Fuerza del Centro (lyfc).

3. El Ejecutivo puede excluir al Congreso de la Unión para poder expedir una ley que regule las Afores públicas.

4. El Gobierno Federal se deslinda de la responsabilidad de cubrir las minusvalías (pérdidas) que se puedan dar en las cuentas individuales de los trabajadores, dejándolos en estado de indefensión.

5. El pri y el pan cancelaron un debate público con los dis-tintos sindicatos para analizar una Reforma más amplia al Pensionissste que le diera autonomía y protegiera a los trabajadores.

48 Reforma, 7 de diciembre de 2015. En la reunión que sostuvo el snte con José Reyes Baeza Terrazas, director del issste, Juan Díaz, presidente del snte, “mostró especial interés en el tema de la reforma al Pensionissste y destacó que el snte llevará propuestas a la Cámara de Diputados para el proceso de transformación. ‘Tenemos la intención de que este proceso sea para mejorar, que mantenga el espíritu con que nació el Pensionissste, que la representación de los trabajadores siga estando vigente en el Consejo o la figura que vaya a dirigir el Pensionissste de manera paritaria, con las organizaciones de trabajadores representadas; que siga siendo una Afore pública y que le sirva de mejor manera a los trabajadores’”. La Jornada, 24 de octubre de 2015. 49 La Jornada, 9 de diciembre de 2015.


Por todo eso, las diputadas y diputados federales del prd nos opusimos, dimos la pelea y votamos en contra de ese tipo de políticas privatizadoras del actual Gobierno Federal, que atentan contra el patrimonio de miles de trabajadores mexicanos y sus familias.

Grupo Parlamentario del prd, Cámara de Diputados, LXIII Legislatura.

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