PLAN COLOMBIA MILITARIZACIÓN DE LA VIDA CÍVIL

Y PROCESOS DE RESISTENCIA

Asociación Para la Investigación y Acción Social NOMADESC

Plan Colombia: Militarización de la vida civil y procesos de resistencia

Investigación:

David Erazo Directora:

Berenice Celeyta A

Asociación para la Investigación y Acción Social Nomadesc http://nomadescinvestigacion.blogspot.com/

www.nomadesc.blogspot.com asociaciondhnomadesc@gmail.com

Cali, Colombia.

Con el apoyo de:

Copyleft

El contenido de esta publicación es resultado de un

proceso colectivo, convencido de la libre circulación de

conocimiento y realizado con las comunidades. Puede

ser reproducido por cualquier medio sin autorización previa de los y las autoras. Por favor, citar la fuente.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I: ¿DESDE DONDE HABLAN LAS VOCES DE LOS IMPACTOS DEL PLAN COLOMBIA?

CAPITULO II: ¿EN DONDE NOS UBICAMOS?

CAPITULO III: CENTRO DEL VALLE DEL CAUCA: Narcotráfico + militarización = paz, una ecuación engañosa.

CAPITULO IV: BUENAVENTURA Y PLAN COLOMBIA:

Una violencia que atenta contra la identidad

CAPITULO V: CALI, JUVENTUD Y PLAN COLOMBIA:

La legitimación de una voluntad colectiva neoliberal.

CONCLUSIONES – DE VUELTA AL PUNTO DE PARTIDA

Introducción

Hoy no sabemos cuál es más entretenida: si la ficción-acción del

celuloide norteamericano o nuestra realidad nacional. Ese cine

hollywodense que invierte millones de dólares en Rambos y

Schwarzeneggers, para mantener vigente a toda costa y todo costo -

incluso el de la condición humana-, el “sueño norteamericano”, ese

que predica la libertad, la democracia y el progreso; y para ello se

valen de toda suerte de acciones heroicas llenas de dolor y

sufrimiento, que los convierten en épicos héroes para la generación

de la hamburguesa, la Coca-Cola y la comunicación digital, gracias

al alucinante repertorio de industria bélica que manejan, repleta de

armas súper potentes, devastadoras formulas químicas e ingeniosas

estrategias de espionaje y contraespionaje, con los cuales resuelven

a su favor la díada buenos/malos, donde desde luego el “bien” se

impone.

Hoy nuestra realidad regional y nacional advierte un

comportamiento de película, llena de bombardeos, Rambos criollos y

acciones heroicas –la mayoría violentas- entre “los buenos”, las

fuerzas oficialistas y para-oficialistas del Estado, y “los malos”, esos

bandidos que son todos aquellos que tengan un pensamiento

divergente a la línea del poder regente o generen acciones

autónomas en la defensa de sus territorios, su cultura o su

condición humana. Solo basta con ver muchos de los noticieros –

especialmente de los canales privados-, escuchar los informes de los

comandantes de la policía, las F.F.A.A. e incluso ver los comerciales

en que los soldados, “los hijos de la patria”, están dispuestos a dar

la vida por la democracia más antigua de América Latina.

Efectivamente resulta muy entretenido este contexto nacional, no

porque cause agrado ver el escenario de guerra y confrontación, de

exclusión y marginación, de atropello y negación de los derechos

humanos de todo un pueblo, estamos seguros que no es un placer

perverso movido por alguna mórbida situación psicopatológica, sino

precisamente porque inquieta y sorprende de sobremanera la

grandilocuencia de “nuestros dirigentes oficialistas” (políticos,

militares y económicos) para disfrazar la realidad y sus actos, tan

descarada y cínicamente que ofende e indigna.

Hoy, 7 años después de la aparición del Plan Colombia, rondan

algunas preguntas básicas, algunas de vieja data y otras surgidas

desde la dinámica misma que tomo la implementación y los efectos

del Plan, que buscan desentrañar los verdaderos sentidos de estas

políticas y las acciones que conllevan, pues su injerencia en la

cotidianidad de las comunidades es inminente. ¿Qué ha pasado con

el narcotráfico?, ¿Qué se ha ganado o perdido en materia de

seguridad para la población?, ¿la gente se siente más segura hoy?,

¿Qué alternativas se avizoran en contextos de constante

transformación?, ¿y la violencia…, y los muertos…, y los

desaparecidos…, y los desplazados…., y las propiedades de los

desplazados….? etc.; preguntas que cobran una relevancia

significativa cuando, a portas del ocaso del Plan Colombia, se

empiezan a escuchar8, en “corredores”, las aspiraciones de una

segunda edición de la estrategia del gobierno o la continuidad de la

vigente, que no es de sorprenderse, pues como buena película

taquillera, es decir, que deja buenos dividendos a sus productores y

actores (los gobiernos de EEUU y Colombia, el capital transnacional

y las clases dirigentes) amerita una segunda parte, un “reload”, un

“come back”, prometiendo ser mejor que el anterior.

En esta línea, a los sectores populares y las organizaciones sociales

comprometidas con un cambio estructural de las condiciones de

inequidad, marginación y vulneración de los derechos, propuesta

por este sistema que nos imponen su modelo de vida y relación, nos

convoca a un esfuerzo permanente por mantener una posición

crítica, un constante cuestionamiento y una actitud proactiva,

coherente con las necesidades propias, con nuestras formas de ser

y pensar, unas posiciones y actitudes en concordancia con nuestra

cultura. 8 “Aunque la idea es que eventualmente sean los colombianos quienes adelanten sin mayor intervención externa su

lucha por la recuperación del control efectivo sobre todo el territorio, es indudable —y el mismo Congreso de

Estados Unidos así lo reconoce -, que mientras persistan el narcotráfico y mientras las organizaciones guerrilleras

sigan desafiando al Estado, por simple interés nacional el país del norte no podrá desenchufarse de la suerte de

Colombia de la noche a la mañana.

De hecho varios informes de la oficina de la contraloría del Congreso (GAO, por sus siglas en inglés), el brazo

investigativo, evaluador y de auditoria de los legisladores norteamericanos, así lo han indicado.

El más reciente, presentado a finales del año pasado, critica el hecho de que el Plan no tuvo nunca objetivos ni metas

precisas que permitieran establecer parámetros para evaluarlo y cronogramas de duración.

La GAO sostuvo también que EE.UU. no podrá abandonar el país en el 2006 como se pensaba, pues se cometieron

“muchos errores en el comienzo” -y durante el camino- que harán necesaria una extensión. Entre ellos, la falta de

pilotos capacitados colombianos para volar los helicópteros de protección y las avionetas de fumigación.

En el escrito, predicen que una vez finalice el Plan Colombia, Estados Unidos tendrá que hacer una inversión anual

mínima de US$230 millones, sólo para mantener lo que ya está en marcha”. Fuente: Diario El PAIS, Cali. 1 febrero

2004.

El primer paso en este transcurrir es determinante: PROHIBIDO

OLVIDAR; la memoria –individual y colectiva- es y seguirá siendo la

herramienta fundamental desde donde soportemos, justifiquemos y,

sobretodo, entendamos las acciones en nuestra vida, los efectos que

de ella deviene y las alternativas posibles, desde las experiencias.

Así pues, el esfuerzo investigativo adelantado por el Equipo

Regional de Investigación de la campaña Prohibido Olvidar, busca

recuperar las historias, vivencias y las experiencias de las

comunidades dentro del marco de la implementación del Plan

Colombia en las distintas zonas del sur occidente colombiano donde

la campaña tiene presencia (Centro del Valle, Buenaventura y

región pacifica, y Cali), procurando análisis interpretativos de los

reales sentidos e impactos del Plan Colombia en la cotidianidad de

las comunidades. Para nosotros, un esfuerzo cualitativo

complementario a la gama de opciones analíticas –

mayoritariamente cuantitativas- que han trabajado y denunciado la

impertinencia e improcedencia del Plan.

El resultado final se materializa en el presente documento, como

una alternativa en mantener viva la memoria histórica reciente de

un país que, infortunadamente, suele olvidar pronto.

“PLAN COLOMBIA: militarización de la vida civil y procesos de

resistencia”, se escribe en un compendio de la experiencia

investigativa en 6 capítulos; los dos primeros, “DESDE DONDE

HABLAN LAS VOCES DE LOS IMPACTOS DEL PLAN COLOMBIA” y

“¿EN DONDE NOS UBICAMOS?”, enfatizando en el contexto temático

y metodológico de la investigación, es decir, sobre el Plan Colombia

y la discusión respecto a los impactos en distintos niveles y

dimensiones que hasta el momento se han producido, y, dos, sobre

los objetivos, las estrategias, los referentes para el desarrollo de la

investigación -respectivamente-.

Los tres capítulos siguientes recogen los hallazgos investigativos en

cada una de las zonas; partiendo de una contextualización

necesaria de los entornos geográficos, económicos y políticos en

cada región, cada capítulo avanza en una lectura particular –

general del Plan y sus impactos. “EL CENTRO DEL VALLE DEL

CAUCA: Narcotráfico + militarización = paz, una ecuación engañosa”

propone una lectura histórica de conflicto social y militar que ha

vivido esta región, para finalmente entender el Plan Colombia como

la continuidad de una larga tradición guerrerista en procura del

control territorial donde la población civil -particularmente las

organizaciones de base- son un escollo necesario de someter o

eliminar y no como una estrategia antinarcóticos para acabar con

los problemas del país.

Por su lado, “BUENAVENTURA Y PLAN COLOMBIA: Una violencia que

atenta contra la identidad” ratifica la hipótesis anterior y avanza en

identificar esos elementos nocivos, producto de la militarización,

que atentan contra los procesos organizativos y la identidad étnica y

cultural de las comunidades Negras del Pacifico bonaverense.

Mientras, por su parte, “CALI, JUVENTUD Y PLAN COLOMBIA: La

legitimación de una voluntad colectiva neoliberal”, gira en torno a la

reflexión sobre las formas intangibles mediante las cuales se buscan

legitimar las propuestas del regente desde la formación funcional y

amañada a las necesidades del modelo para perpetuar su status, a

partir de la estrategia Jóvenes en Acción, denunciando el carácter

asistencialista y alienante de esta (de) formación.

Finalmente, el capítulo 6 ubica unas conexiones globales en torno a

las experiencias y reflexiones suscitadas en cada una de las zonas,

como una lectura amplia y conclutoria de los impactos del Plan

Colombia en las cotidianidades de las comunidades.

Este proceso, como se realizó, solo fue posible a partir del

compromiso y la participación de las organizaciones sociales y

populares que apoyan y dan vida a la campaña en cada una de las

zonas; a War on Want, por su apoyo y financiamiento; a las Ong’s

amigas de Derechos Humanos quienes aportaron con su

información y experiencia; pero sobre todo a las y los líderes de las

comunidades, quienes asumieron la propuesta como algo propio y

pusieron en juego su experiencia y prestigio como dirigentes de sus

comunidades, lo cual facilito el trabajo investigativo. A todos ellos y

ellas muchas gracias.

Capítulo I

¿DESDE DONDE HABLAN LAS VOCES DE LOS IMPACTOS DEL

PLAN COLOMBIA?

El Plan Colombia se constituyo, quizás, en uno de los temas más

trabajados de la última década en el escenario de crítica nacional,

especialmente durante los años de su formulación e inicio, es decir,

entre 1999 y el 2003. Una gran cantidad de autores, investigadores

y organizaciones sociales, de distintas tendencias, corrientes y

grupos, han dedicado numerosos esfuerzos a la lectura detallada,

analítica, algunas veces contestataria y otras favoreciendo la

iniciativa del ejecutivo. Todos los sectores han tenido que ver, de

una u otra forma, con el debate y la evaluación al Plan Colombia.

Foros universitarios, talleres con sectores populares de las

ciudades, asambleas de socialización en las zonas rurales, debates

públicos, editoriales de prensa, artículos en revistas especializadas,

artículos en revistas de opinión, libros compilatorios de debates y

seminarios, campañas televisivas, informes en los noticieros, en fin,

un cubrimiento bastante importante que, sin temor a equivocarnos,

llevó a posicionar “los silencios de Pastrana”, como titularía el

periódico Desde Abajo en un suplemento especial en noviembre de

1999, como el tema de moda.

Es por eso que un amplio repaso por la producción escrita sobre el

Plan Colombia, y en especial sobre sus impactos, reconstituye en

una tarea necesaria si la pretensión de esta o cualquier

investigación es aportar elementos innovadores en el abordaje del

tema.

Una primera idea nos lleva identificar tres énfasis temáticos básicos

en los que se han desarrollado las reflexiones durante los procesos

de formulación e implementación del Plan Colombia: uno, la

estructura, composición e historia del Plan Colombia, especialmente

trabajado durante el momento de su formulación y gestión; dos, las

reales motivaciones contrainsurgentes y la valoración costo

beneficio durante los dos primeros años de implementación; y tres,

lo geoestratégico y las consideraciones en el terreno internacional a

partir de dicha implementación.

Breve reseña histórica: Plan Colombiano como estrategia

antinarcóticos

Recordemos que en octubre de 1995 el entonces presidente de los

estados unidos Bill Clinton, afirmó en la asamblea general de la

naciones unidas que Colombia era el epicentro del narcotráfico

mundial y representaba una amenaza “inusual y extraordinaria” a

la seguridad nacional de los Estados Unidos. De dicha afirmación

reside la prioridad que adquirió nuestro país dentro de su estrategia

antinarcóticos en el curso de las década de los noventa. En efecto,

a partir de este periodo pero más específicamente durante el periodo

de Ernesto Samper (1994-1998), en el desarrollo del llamado

proceso 8.000, se incremento de manera notoria la injerencia de la

superpotencia en los asuntos internos de Colombia. Ello se dio en

medio de un deterioro de las relaciones entre los dos países.

El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), cuyo triunfo electoral

fue el resultado lógico de la crisis del cuatrienio de su antecesor y

del apoyo decidido de la Casa Blanca, trajo una inmediata

normalización de la relaciones entre los dos países. Pero, mas que

eso, lo que se produjo fue un estrechamiento sin precedentes de

dicho vínculos, en la medida en que el mandatario colombiano se

comprometió de manera irrestricta con la agencia antinarcóticos y

con la profundización de la política neoliberal, impuesta al país por

los dos presidentes norteamericanos con los que le tocó entenderse.

En ese contexto se presenta el plan Colombia, formulado por la

administración Clinton, un plan cuya apropiación despertó una

fuerte controversia nacional e internacional. Dos posiciones

opuestas se manifestaron frente a esta estrategia norteamericana: la

primera por parte de sus defensores, los gobiernos de los dos países

que lo presentaron como un plan para la paz, la prosperidad y

fortalecimiento del Estado, y como una panacea para todos los

males que afligen a la Nación; la segunda, encabezada por diversas

organizaciones políticas y sociales entre ellas los sindicatos y

numerosas ONG del país y del exterior que insistieron en que el

plan Colombia no haría mas que incentivar la guerra y la crisis

social debido a su carácter marcadamente militarista, sin embargo

poca atención se presto a algunos de los aspectos mas preocupantes

del Plan.

Este fue elaborado a partir de las apreciaciones de una comisión del

Gobierno de los Estados Unidos que estuvo dos meses en Colombia

y fue discutido y aprobado en el congreso de su país antes de que se

conociera siquiera en el nuestro. Se escribió en ingles y solo

después se presentó su versión en español ante el malestar

expresado por varios sectores políticos. Ante tal situación el

gobierno descalifico cualquier crítica con el argumento de que quien

osara cuestionar el Plan era un enemigo de la paz y de la inmersión

social; lo cierto es que este se convirtió en el documento oficial más

importante de la administración Pastrana y reemplazo al plan de

desarrollo cuando fue declarado inexequible por la corte

constitucional.

Sobre las intencionalidades del primer momento: la soberanía

y la guerra.

La producción escrita durante el inicio del Plan Colombia fue

escasa. Esto se entiende ya que la formulación inicial del Plan

procuro mantener un bajo perfil mientras desarrollaba todo el lobby

necesario para la adquisición de los recursos para su

implementación. De hecho, la propuesta inicial del presidente

Pastrana se centro en “encontrar cultivos alternativos y para el

desarrollo económico” (Hartung. W., 2003), que si bien se recuerda,

era una replica del Plan Nacional Antidrogas propuesta en el Plan

Nacional de Desarrollo. Para que la propuesta fuese atrayente a los

intereses norteamericanos, el gobierno Clinton instó a una serie de

cambios entre los que se incluían imprimirle “un fuerte sello militar”

(idem).

Dada las intencionalidades reales de la iniciativa de los ejecutivos

(colombiano y estadounidense), era necesario mantener la

propuesta de Plan Colombia en el anonimato hasta tanto hubiese

un apoyo mas o menos garantizado, especialmente por algún sector

del congreso de E.E.U.U.

En efecto, cuando la iniciativa es presentada por los senadores

Dewine, Grassley y Coverdell, como el proyecto de ley 1758, el 20 de

octubre de 1999, en la sesión 106 del comité de relaciones

exteriores del Congreso de los Estados Unidos, se prenden las

alarmas de las organizaciones sociales como mecanismos

preventivos ante una estrategia que se empieza a evidenciar como

elemento de guerra:

“llega la navidad y vendrá un año nuevo. El regalo viene

de los Estados Unidos. Pastrana nos trajo un

Transformer. El Plan Colombia parece una paloma pero

con $1.500 millones de dólares de ayuda que se

convierten en instrumentos de guerra”

(Desde Abajo, # 44. Noviembre 1999)

Para Christine Lauber, existe una incoherencia en las

intencionalidades que expresa el Plan Colombia y las acciones que

propone; según Lauber:

“el proyecto alianza9 incluye una sección que negaría

ayuda a cualquier unidad de las fuerzas de seguridad

de Colombia si la Secretaria de Estado reporta al

Congreso de los Estados Unidos a los violadores de los

derechos humanos. Sin embargo, esto debe ser

examinado más atentamente en el contexto actual. […]

Lo que encontramos es militares creando el ambiente en

el cual los paramilitares y milicianos aparentemente

“independientes” pueden cometer sus acciones atroces

en total impunidad, mientras que al mismo tiempo esos

militares mantienen sus “manos limpias” para poder

seguir recibiendo ayuda militar de países como el

nuestro sin el escándalo del público en general”.

(Lauber, Ch. 1999: 37)

En esta línea, las primeras investigaciones sobre el Plan Colombia,

son estudios exploratorios y predicciones de lo que podría llegar a

ser su comportamiento y algunos de los impactos que ello traería,

muchos de los cuales hoy son comprobados. La tendencia principal

de estas primeras investigaciones recae en un marcado interés por

9 El Plan Colombia presentado por los congresistas norteamericanos a su legislativo también se denomino como

Proyecto de “Alianza Act” o proyecto de ley S 1758.

develar la iniciativa, por establecer los elementos estructurales, los

recursos y su destinación programada, para, desde allí, generar la

discusión en torno a una pregunta básica ¿qué se pretende con una

estrategia de este tipo que en función de la “paz” propone un

incremento del potencial bélico del Estado y cuyo componente social

–para muchos el meollo de los problemas del país- solo se esgrime

como componente residual de la estrategia?

En este orden de ideas, Luís Alberto Restrepo, investigador del

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI),

planteó que el Plan Colombia tal como estaba formulado era

inaceptable y contraproducente para el país, motivo por el cual

había que trabajar en su reformulación y orientarlo hacia dos

estrategias de manera diferenciada; una de ellas es la paz

negociada con los grupos insurgentes y la otra es buscar una

solución al problema de las drogas.

Para desarrollar el Plan era indispensable contar con la “ayuda” de

la comunidad internacional, en este caso de Estados Unidos, quien

era el único que estaba dispuesto a prestarla y que además estaba

en la obligación de hacerlo en la medida de darle cumplimiento al

acuerdo bilateral establecido con Colombia, teniendo en cuenta

además que este último había destruido buena parte de sus

recursos materiales y humanos librando la guerra contra las drogas

en su territorio.

Según Restrepo, el problema en la formulación de este plan radicó

en los intereses dispares entre Colombia y Estados Unidos, donde el

objetivo de estos es querer luchar contra el narcotráfico, pero que al

mismo tiempo difiere en la estrategia a implementar para darle

solución, un ejemplo de ello es que Colombia planteaba erradicar

los cultivos ilícitos de forma manual, mientras Estados Unidos

impuso la fumigación aérea para la erradicación de estos.

Igualmente el fortalecimiento militar del ejército colombiano,

aunque no fuese un objetivo esencial para enfrentar los grupos

insurgentes armados, si es una urgencia inmediata, ya que con el

incremento de su poder de guerra se puede acompañar los procesos

de negociaciones para que exista una mesa de diálogo y así empezar

un “cambio para construir la paz”.

Desde la perspectiva de Restrepo se infiere que el propósito no es

derrotar completamente a los grupos insurgentes, puesto que no se

podría lograr ni a corto ni mediano plazo; lo importante es impedir

el aumento de sus filas y persuadirlos de la necesidad de entrar a

negociar y para lograrlo se necesitan transformaciones en el orden

social y político, las cuales pueden ser apoyadas y exigidas por la

comunidad internacional como condición de su ayuda, para

garantizar que muchos dirigentes colombianos no aprovechen la

superioridad militar del Estado para conservar sus privilegios y

prácticas ilegales.

Así, las investigaciones preliminares muestran el texto original

“Plan Colombia. Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento

del Estado”, describen las estrategias básicas del Plan (militar y

social) y los flujos de recursos y destinaciones, como elementos de

juicio desde donde se infieren algunos efectos principales como el

incremento del conflicto armado.

La escena política también hace sus pronunciamientos respectivos

frente a la estrategia de gobierno. Para varios de los más

reconocidos líderes políticos de los partidos tradicionales, el asunto

pasa por el respeto a la soberanía del país, en cuanto la propuesta

nunca fue consultada – y mucho menos construida- con los

diferentes sectores sociales y políticos.

Horacio Serpa, en entrevista ofrecida a la revista Cambio publicada

el 21 de febrero del 2000 acerca del Plan Colombia, manifiesta que

al momento de su planeación no se tuvo en cuenta los diferentes

sectores como el congreso, partidos políticos y áreas productivas de

la sociedad, por lo cual considera a este plan como exclusivo y

excluyente.

Dentro de estos aspectos contempla que hay un punto a tener en

cuenta y es que a través de este se busca luchar contra el

narcotráfico, pero difiere de él en la forma en que se está llevando a

cabo con la modernización de armas, bases combate, entre otros

que intentan lograr la reconciliación y acabar con el narcotráfico,

intentando alcanzar la paz en medio del conflicto, del cual se

derivan problemas como la pobreza, exclusión, desempleo que a su

vez se pueden relacionar con el narcotráfico y la subversión, en la

medida en que estos problemas abren el camino para que las

personas hagan parte de grupos al margen de la ley.

En el mismo sentido, el senador Amilkar Restrepo y las senadoras

Piedad Córdoba y Viviane Morales se encuentran de acuerdo con los

planteamientos de Horacio Serpa, argumentando además que se

generan problemas ambientales y de salud, violación de los

derechos humanos; motivo por el cual proponen que el Plan

Colombia realmente se convierta en la solución de los factores

generadores del conflicto, de exclusión social, de pobreza, de

ingobernabilidad y de violación de los derechos humanos.

Los primeros años de la implementación: sobre las

intencionalidades contrainsurgentes y el fracaso costo-

beneficio

El segundo momento de producción escrita se refiere a los años

iniciales de la implementación. Hacia el ultimo semestre del 2000 se

viabiliza el apoyo financiero y logístico que contempla un primer

paquete de ayudas, básicamente en el terreno militar (compra de

helicópteros, conformación y establecimiento de batallones

antinarcóticos, dotación en comunicaciones, medios de transporte

marítimos, terrestres y aéreos, apoyo al entrenamiento de las

F.F.A.A.) por lo que es apenas lógico que la atención temática se

centre en el seguimiento estadístico a los flujos de recursos

(humanos, técnicos, financieros), describiendo y estableciendo

varias comparaciones importantes con otras estrategias militares,

con recursos para la lucha antinarcóticos dispuesta en otros

momentos y en otros países10. En este momento es clave la enfática

insistencia de todos los documentos por establecer el porcentaje

altamente diferenciado que fue asignado a los componentes

generales del Plan (de US $ 1139.1 millones asignados, el 80%

corresponde a inversión para el componente militar y el 20% para

los programas sociales) y la discriminación sobre su utilización.

Los primeros años de implementación (desde mediados del 2000 a

mediados de 2002) arrojan una serie de resultados desfavorables

que se constituyen en el talón de Aquiles apropiado para que las

organizaciones políticas, sociales, académicas, etc. den pasos firmes

hacia la lucha frontal contra el Plan Colombia.

Quizás el primer documento sistemático, mayoritariamente

difundido, que condensa de mejor manera una amplia

contextualización del Plan, inscribiéndolo en el marco de una

estrategia global de dominación desde las esferas del poder

transnacional, es el producido por el Colectivo de Abogados José

10

Al respecto revisar:

_CAJAR (2003). “Plan Colmbia-No: impactos de la intervención”. Capitulos 2 y 4.

_ CASTRO, Lourdes (2003). “Lasos Visibles Senderos Posibles”. Capitulo 2; pág. 48, 54.

Alvear Restrepo (CAJAR), “Plan Colombia-No: impactos de la

intervención” (2003).

“Plan Colombia-No” hace un importante rastreo sobre los

antecedentes históricos que pueden advertirse a partir de otras

estrategias cívico – militares impuestas por los Estados Unidos para

la región de América Latina y en especial para Colombia desde la

segunda post-guerra. Estos antecedentes son necesarios para

entender la estructura y composición del Plan Colombia,

identificando los sentidos que tienen la mayor destinación de

recursos para la guerra, es decir, para la lucha contra las

narcoguerrillas.

Uno de los aportes principales del documento del CAJAR, son las

reflexiones en torno al tema la lucha contrainsurgente desde

programas antinarcóticos, dada la asimilación escueta planteada

desde el gobierno entre narcotráfico, guerrilla y terrorismo:

“En el punto de nexos guerrilla-narcotráfico, para efectos

de una posible extradición, el general de las Fuerzas

Militares, Fernando Tapias, anunció que había

suministrado a la Fiscalía General de la Nación, un

listado completo de los nombres de insurgentes y

paramilitares relacionados con el narcotráfico.

En esta ocasión, una vez mas, el país fue certificado

plenamente por el Departamento de Estado, organismo

que incluyó entre su informe al Congreso un análisis

sobre la relación existente entre grupos armados y los

narcotraficantes, como vía mas expedita para posicionar

la discusión de la destinación de los recursos

antinarcóticos para la lucha contrainsurgente.

Este concepto [refiriéndose a la alianza narco – política,

guerrillas y negocio de narcotráfico] tal vez explica la

propuesta lanzada por el secretario de Asistencia para el

Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, en el

sentido de negociar la política antidrogas con los grupos

armados del país. Esta propuesta demostró tres cosas:

la desestimación de los campesinos implicados en los

cultivos como negociadores legítimos en el plano de la

lucha antinarcóticos; segundo, el carácter

eminentemente político de las fumigaciones y, tercero, el

viraje discursivo que tomaría la <<ayuda>>

Norteamérica y que se concretaría bajo el gobierno de

Uribe Vélez.

(CAJAR, 2003: pág 55-58)

Los atentados del 11 de septiembre se constituyen en un

espaldarazo para la radicalización de la lucha contrainsurgente,

ahora narcoguerrillas.

“Esta acción propicio la radicalización de la política de

exterminio (incluso preventivo) del enemigo potencial o

cierto. […] El binomio narcoterrorismo de ahora en

adelante sería inseparable. Lo que Pastrana no logró en

la mesa de negociación, podría ser salvado por el apoyo

de la mesa de Bush, cuando en visita realizada a

Estados Unidos, la primera semana de noviembre, le

recordaría a su homólogo que el nexo era evidente y

entonces celebraba que <<ahora la comunidad

internacional comienza a tomar en serio esta

vinculación>>. Desde ese momento el discurso de

Pastrana cambio, y por supuesto, con él, el destino de

los dineros del Plan Colombia”

(idem: pág 65-66)

Utilizando los referentes empíricos que permitieron los dos primeros

años de intervención y tras un detallado seguimiento a la

intervención generada desde el Plan, la Contraloría General de la

Nación hace un balance de la estrategia, y para ello:

“Tiene dos líneas principales: en primer lugar, exponer

una visión general sobre los resultados del Plan

Colombia, con el propósito de advertir sobre la necesidad

de introducir cambios en su estructura y realización, y,

en segundo lugar, hacer una evaluación sobre la

organización institucional, la forma de contratación y la

ejecución parcial de los diversos proyectos contemplados

en cuatro de sus programas principales: Vías para la

Paz, Empleo en Acción, Familias en Acción, y Jóvenes en

Acción, que, en su conjunto, representan más del 70%

del total de la inversión prevista.

Visto en su conjunto, el Plan Colombia registra más

frustraciones que éxitos en el logro de sus objetivos

fundamentales. Si examina la efectividad de sus cuatro

componentes básicos, es forzoso reconocer que los logros

son escasos. El primer componente –el más importante,

claro está– era la solución política negociada del

conflicto; pero el hecho cierto es que, luego de tres años,

el proceso concluyó sin ningún resultado positivo y con

un incremento notorio de las acciones bélicas. El

segundo componente, la iniciativa contra el narcotráfico,

no ha disminuido de manera significativa el área

cultivada, ni mediante las fumigaciones, ni con los

acuerdos voluntarios, lo cual demuestra que la fórmula

no se aplicó en toda la extensión necesaria o que no es

eficaz, como tienden a pensarlo muchos analistas. El

tercero y cuarto componentes, acciones de orden

socioeconómico orientadas a paliar la situación de las

gentes afectadas por el conflicto, han mostrado algunos

avances, especialmente en materia de obras de

infraestructura y en soluciones a muy corto plazo a la

situación de familias y jóvenes, pero con grandes

falencias en su concepción, que las convierten en

acciones de muy poca incidencia en la efectiva solución

de esos problemas”

(Contraloría General de la Nación. 2005: pág 5)

Otros actores del ámbito de la política nacional se expresaron en su

momento en la misma dirección. Para Ingrid Betancourt,

refiriéndose específicamente al tema de fumigaciones, dice que estas

“son la periferia del problema y no el centro de la gravedad, el centro

son los traficantes de droga, quienes no son atacados” (Free Will

Productions). De igual manera el general en retiro Carlos Alfonso

Velásquez, plantea que “el Plan Colombia une dos factores: la

guerrilla y el narcotráfico, y esto es un error, por que la guerrilla lleva

mucho tiempo en el Putumayo, antes que se empezara a sembrar

coca […] el gobierno no tiene como prioridad proteger la población

civil, pero si el enfrentamiento con grupos armados” (idem).

De parte de la insurgencia, uno de los voceros de las FARC en el

proceso de negociación, Raúl Reyes, plantea que “el impacto sobre la

guerrilla del Plan Colombia es la presencia de asesores

norteamericanos, mas aviones, mas helicópteros, mas guerra” (idem).

Como hemos visto, a los primeros efectos de implementación del

Plan Colombia no se hicieron esperar las críticas de los distintos

sectores del país y la consecuente defensa de los promotores del

Plan. En el caso especifico de fumigaciones, en entrevista ofrecida

por el alcalde de Puerto Asis – Putumayo, Manuel Alzate Restrepo,

para el documental “Plan Colombia ¿guerra antidrogas o pro-

petróleo?” (Free Will Productions), dice que “durante mes y medio

fumigaron 30.000 hectáreas. Las fotos del satélite muestran que la

producción de coca se aumento”. En el mismo documental, la

investigadora Dra. Theo Colborn, de la Fundación Internacional

para Especies Salvajes (WWF) plantea que “se presentan mas

problemas en la piel en personas que estaban allí al momento de

fumigar con glifosato ya que este interviene en el páncreas, sistema

de encimas, en las glándulas tiroides, cerebro, hígado, problemas en

los testículos”, mientras William Brownsfield, del Departamento de

Estado de los EEUU, asegura que “no hay ninguna evidencia

científica en que se compruebe esto, que sea creíble” (idem).

Dos elementos centrales captan la atención de este momento: la

desviación del la lucha antinarcóticos hacia una lucha

contrainsurgente; y las falencias y desaciertos en la implementación

de este tipo de practicas cívico militares para dirimir el conflicto, es

decir, el fracaso rotundo tanto de la estrategia militar como de los

programas sociales.

Efectos colaterales de la implementación: la

internacionalización del conflicto y los intereses

geoestratégicos.

Aunque de los temas asociados a la internacionalización del

conflicto se había hablado a lo largo del proceso de implementación

del Plan, la atención de los estudiosos internacionales han centrado

sus discusiones enfatizando en los efectos políticos, económicos y

ambientales que se generan en las zonas de frontera.

La investigación desarrollada por varias ONG’s colombianas y

ecuatorianas, entre las que se cuentan Acción Ecológica, Acción

Creativa, Clínica de DDHH de la PUCE, CAS, CDHU, CONAIE,

FORCCOFES, INREDH, Plan País, RAPAL Ecuador, SERPAJ

Ecuador, da a conocer los efectos de las fumigaciones aéreas del

Plan Colombia, especialmente en las zonas de frontera, con los

daños en el material genético a partir del análisis de diferentes

casos.

A partir del estudio de casos en distintas zonas del país,

presentados en el “Seminario Internacional Plan Colombia – No:

impactos de la intervención. PLAN COLOMBIA HOY” y recogidos por

el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en un texto

compilatorio que lleva el mismo nombre del seminario, se ofrece

muchos elementos de juicio adicionales en torno a los impactos

desfavorables del Plan Colombia en materia de recuperación

económica y social, como lo es el papel asistencialista que ha

asumido el Estado a través de la implementación de los distintos

programas sociales, especialmente el de familias y jóvenes en

acción, puesto que dentro de estos se crearon una serie de

organizaciones no gubernamentales que actualmente están siendo

investigadas debido al inadecuado manejo y ejecución de los

recursos.

Otro componente es el fortalecimiento institucional y desarrollo

social en el que se evidencian una serie de irregularidades en

programas de infraestructura social, gestión comunitaria, campo en

acción, entre otros, los cuales presentan problemas en su

formulación y coordinación en su implementación, generando que

sus operaciones sean ineficientes, como en el caso de la

erradicación voluntaria.

De otro lado, mientras que la negociación política del conflicto

armado se da desde el diálogo para la paz en medio del

fortalecimiento desproporcionado para la guerra, se advierte la

presencia de fuerzas irregulares internacionales en las diferentes

operaciones realizadas durante la implementación del Plan.

Así mismo el combate contra el narcotráfico buscaba inicialmente

eliminar los cultivos ilícitos y los laboratorios para su

procesamiento, los que por el contrario han aumentado en algunas

zonas del país, lo cual demuestra la imposibilidad de controlar el

efecto de relocalización de estos.

Para hablar de estos aspectos en el caso colombiano, cabe citar los

impactos del Plan Colombia en las diferentes regiones del país,

dentro de ellas el Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa

Marta como referentes en los que se visibilizan de mayor y mejor

medida la implementación del Plan.

El Magdalena Medio, ubicado al nororiente del país y caracterizado

por un alto número de conflictos que giran alrededor de su

economía (como lo es la explotación de petróleo, minería, palma

africana, ganadería y narcotráfico) ha visto un agravamiento de su

situación a partir de la implementación del Plan Colombia durante

el 2003 e inicios del 2004, presentándose mayores violaciones a los

derechos humanos en razón del control político, social, económico y

militar, además de los desplazamientos y desapariciones mediante

el ejercicio de la fuerza, asesinatos selectivos, amenazas, torturas y

fumigaciones indiscriminadas en el territorio; motivo por el cual

para el año 2003 el CREDHOS registra 513 casos de violaciones a

los DDHH e infracciones al DIH (CREDHOS, 2003).

Con respecto a estas, las organizaciones campesinas plantean que:

“Las fumigaciones indiscriminadas han fortalecido la

estrategia del desplazamiento forzado, son una política

de fuerza que complementan otras estrategias de guerra

sucia como el paramilitarismo. La erradicación violenta

no obedece a ningún proceso de solución estructural al

problema de los cultivos de coca. La solución pasa por la

reforma agraria, por la inversión social en el campo, por

un modelo de desarrollo que asegure el mercado interno

a la producción campesina, tal y como lo han propuesto

las comunidades campesinas en las movilizaciones,

marchas y éxodos campesinos de 1996 y 1998”.

(Agencia Prensa Rural. 2003).

Las propuestas que generan ante estos planteamientos es la

legalización de la hoja de coca mediante uso medicinal y alternativo

y, por otra parte, asegurar el mercado interno para la producción

nacional con un modelo incluyente y redistributivo.

Según la exposición presentada por Diomedes Arias, líder indígena

del pueblo Kankuamo, en el texto compilatorio del seminario, existe

un riesgo inminente en la Sierra Nevada de Santa Marta, habitad

del pueblo Kankuamos, cultivador de la hoja de coca como planta

sagrada bajo una representación espiritual y no con fines

comerciales (es decir, no es vista como una planta ilícita, ni es

prohibida por el valor que tiene para la cultura). En la actualidad no

se han fumigado estos terrenos, pero en algún momento llegará la

fumigación a la Sierra, donde ya se estiman las consecuencias de su

implementación como las enfermedades en personas y animales,

esterilización de la tierra y por ende la desaparición de árboles

frutales y plantas medicinales y otra serie de elementos básicos

para la subsistencia como pueblo.

Lo novedoso de la cartilla compilatoria del CAJAR es el abordaje

mucho mas cualitativo que hacen de las distintas problemáticas

suscitadas por la dinámica desarrollada por el Plan Colombia en

cada contexto especifico, recuperando de esta manera las

percepciones de los distintos actores, instancias y autoridades que

están comprometidos con el tema, incluso lo correspondiente al

ámbito internacional, en el caso especifico de Ecuador.

Por otro lado, un tema central en la discusión contemporánea del

Plan Colombia lo constituye los intereses geoestratégicos. Tal como

lo plantea Noam Chomsky :

“los objetivos del Plan Colombia son las fuerzas

guerrilleras con base en el campesinado y cuyo objetivo

es un cambio social interno, que interferirían con la

integración de Colombia al sistema global en los

términos que los EE.UU. lo exigen; o sea, dominada por

las elites vinculadas a los intereses de los EE.UU. a los

que se les concede libre acceso a los valiosos recursos de

Colombia, incluyendo su petróleo.” (Chomsky, 2002:

100)

Desde luego, el factor resistencia que representa “la guerrilla mas

vieja del mundo” ante los designios de los intereses transnacionales

de un pequeño grupo de empresarios extranjeros, especialmente en

territorios del país donde se encuentran alojados gran cantidad de

recursos naturales, energéticos y de biodiversidad, seducen y

alientan a las multinacionales y al gobierno estadounidense a

buscar el control de dichos recursos, de tal forma que garanticen la

explotación indiscriminada de ellos.

Pero este sería uno de los tres aspectos que engloban la discusión

sobre los factores geoestratégicos que inmiscuye el Plan Colombia.

El mismo Chomsky y James Petras coinciden en proponer al menos

tres razones fundamentales: Entrada y fragmentación del

“Triangulo Radical”, control del recurso energético y control de la

biodiversidad –especialmente genética- de la amazonia.

Referirse al Triangulo Radical es hacer alusión a los procesos de

resistencia reales que se desarrollan en el norte de Sudamérica, es

decir, a la guerrilla colombiana (especialmente de las FARC y el

ELN) como fuerzas beligerantes con una bases sociales de apoyo

considerable y que proponen un nuevo esquema de sociedad, con

elementos centrales como una reforma agraria, la redistribución del

ingreso, las protección al mercado interno, la inclusión social y

política de los sectores históricamente excluidos, entre otros; al

fuerte movimiento de resistencia indígena – campesino del Ecuador,

particularmente a la capacidad de movilización y acción del

CONAIE; y tres, a la conciencia bolivariana promovida por el

chavismo en Venezuela y su estratégica posición económica dada

su capacidad en la producción y distribución de petróleo –

especialmente hacia EE.UU.-.

Para Petras:

“El triangulo radical puede contribuir a minar la mística

de la hegemonía invencible de los Estados Unidos y la

idea que la ideología del libre mercado es inevitable,

[…por ello…] el Plan Colombia implica primero la derrota

de la guerrilla, luego rodear y presionar a Venezuela y

Ecuador antes de moverse hacia el aumento de la

desestabilización interna. El objetivo estratégico es

lograr la re consolidación del poder del norte de

Sudamérica, asegurarse acceso irrestricto al petróleo y

aplicar la ideología de <<no existe alternativa a la

globalización>> en el resto de América Latina” (Petras,

2002: 50, 57)

Controlar el territorio colombiano es controlar los recursos que en

se encuentran en él; es dar vía libre a la búsqueda de yacimientos

de petróleo aún no explotados para el aprovechamiento

norteamericano en el mercado internacional; es permitir el estudio y

usufructo del recurso biogenético de las selvas ecuatoriales en

función de las transnacionales farmacéuticas y alimenticias

estadounidenses; es acallar las resistencias del continente evitando

que Colombia –Venezuela y Ecuador- “se convierta en un ejemplo

que demuestre que existen alternativas y que Washington se puede

vencer” (Chomsky, 2002:15).

Capitulo II

¿EN DONDE NOS UBICAMOS?

La pregunta inmediata es ¿qué elementos innovadores podría

constituir esta investigación cuando al parecer ya todo está dicho en

materia del Plan Colombia?. En efecto, lo que pensamos es que el

terreno fue ampliamente explorado durante la formulación, gestión

y primeros años de implementación, de hecho la mayor cantidad de

literatura e investigaciones se ubican en el periodo 1999 a 2003 –

salvo los informes de la contraloría quienes han continuado con el

seguimiento permanente al Plan -, lo que nos permite constituir un

primer punto de ruptura: la temporalidad, es decir, revisar el estado

actual de la situación leyéndolo en términos de fenómeno social.

La especialidad, como dimensión indivisible de la temporalidad, se

convierte en el segundo elemento innovador. Aunque las acciones

más mencionadas desarrolladas en el marco de Plan Colombia -las

militares- han sido casi que focalizadas en las zonas donde el

incremento del conflicto bélico y la “lucha antinarcóticos” gana en

cantidad y calidad (Putumayo, Nariño, Caquetá), las estrategias

complementarias -sociales- del Plan tienen asiento en otras zonas

del país, especialmente en los centros urbanos, de allí que sea

necesario hacer una lectura de los impacto militares y sociales en

contextos regionales como el Valle del Cauca, que de facto reciben

los efectos del Plan pero no han sido lo suficientemente

documentados –o como en el caso del Valle donde no se encontró

ningún documento al respecto.

Un tercer elemento innovador estaría dado por el énfasis temático.

Si bien hemos dicho que las investigaciones y análisis se han

centrado en la estructura, composición e historia del Plan Colombia,

las reales motivaciones contrainsurgentes y la valoración costo

beneficio durante los dos primeros años de implementación y lo

geoestratégico y las consideraciones en el terreno internacional a

partir de dicha implementación, estas han dejado de lado

superfluamente el tratamiento de los impactos en las subjetividades

individuales y colectivas de la vida cotidiana de las gentes.

De hecho, el enfoque de investigación ha marcado un énfasis

primordial hacia investigaciones de tipo cuantitativo - estadístico,

acertadamente tratando de evidenciar elementos estructurales y

objetivamente describibles para dar al traste con la denuncia

necesaria a los atropellos y las violaciones a los derechos humanos

en general. De allí partimos para proponer y justificar un enfoque

complementario que se mueva primordialmente en el terreno

cualitativo, como posibilidad de comprensión compleja del

fenómeno.

La conjunción de estos tres elementos nos lleva a explorar las

conexiones posibles desde los cuales se entiendan los impactos de

los aspectos estructurales con los impactos de los aspectos

subjetivos, es decir, el lugar donde se encuentran estas dos

dimensiones, que a nuestro parecer puede esbozarse en la línea

temática de los impactos ideológicos a partir de las condiciones

objetivas de la acción, o como lo proponemos como tema de

investigación: Plan Colombia, militarización de la vida civil y

procesos de resistencia.

La importancia radica en la posibilidad de seguir aportando

elementos a la discusión siempre sobre el atentado a la posibilidad

factible de ser pueblos autónomos, en contextos de globalización

económica neoliberal.

Es también menester documentar desde las experiencias cotidianas

las violaciones a los derechos humanos, que tienen su sustrato en

la cotidianidad y allí mismo, en las relaciones íntimas,

comunitarias, generan los impactos más profundos y perdurables.

Finalmente, seguir llenándonos de elementos de juicio en estos y

otros sentidos a favor de nuestros derechos y en contra de la

corrupción, la penalización de la protesta social y la violación de los

derechos humanos, producto de la brutal arremetida neoliberal,

pretenden una doble intencionalidad: sensibilizarnos frente a

nuestra realidad colectiva y desarrollar algunos niveles apropiados

de conciencia para la acción, la acción transformadora.

Con todo lo anterior nos preguntamos ¿Cómo han vivido las

comunidades del Distrito de Aguablanca en Cali, la zona norte

de Juanchaco-Ladrilleros y alto-medio Dagua en Buenaventura

y las zonas rurales de los municipios de San Pedro, Tuluá y

Bugalagrande, en el centro del Valle, el proceso de

militarización de la vida civil a partir de la implementación

del Plan Colombia y que procesos de resistencia civil se han

generado?

Nuestra apuesta gira en torno a un objetivo central:

1. Conocer las vivencias de las comunidades del Distrito de

Aguablanca en Cali, las zonas de Juanchaco-Ladrilleros y alto-

medio Dagua en Buenaventura y las zonas rurales de San

Pedro, Tuluá y Bugalagrande, en el centro del Valle del Cauca,

respecto a los procesos de la militarización de la vida civil a

partir de la implementación del Plan Colombia.

Soportamos estas pretensiones en los siguientes objetivos

específicos:

1. Caracterizar la vida cotidiana antes de la implementación del

Plan Colombia.

2. Establecer las estrategias del Plan Colombia implementadas en

las comunidades.

3. Identificar las transformaciones en la vida cotidiana de las

comunidades a partir de la implementación del Plan Colombia.

4. Caracterizar las valoraciones que hacen las comunidades sobre

las transformaciones en su vida cotidiana a partir de la

implementación de esas estrategias.

¿Cómo entender la militarización de la vida civil en el

contexto neoliberal?

Tras la caída del muro de Berlín como hito de la polarización del

mundo y referente empírico de la vertiginosa decadencia del bloque

socialista en los 80’s, como contraparte efectiva de la contradicción

economicista, el planeta asiste a la emergencia y posicionamiento de

un modelo global de dominación; el modelo capitalista se

reposiciona en el plano global como paradigma regente. Bajo una

nueva fase de acumulación a ultranza de las riquezas soportada en

la idea absoluta de Adam Smith “que la competencia privada libre de

regulaciones produce y distribuye mejor la riqueza que los mercados

controlados por los gobiernos” (Microsoft Corporation, Encarta

2005), los capitales privados traspasan las fronteras de sus Estados

y se expanden como un cáncer mundial que se ramifica en todos los

lugares de la tierra, cooptando todos los ámbitos de la vida e

imponiéndose como pensamiento único. El mundo se abre a un

frenesí descontrolado de mercados internacionales mucho más

salvaje que cualquier otra expresión capitalista de la historia y que

hoy conocemos como Neoliberalismo. Por ello es importante

considerar al capitalismo, y su fase neoliberal, como el momento

histórico donde se constituye como modelo hegemónico a nivel

global.

Una cosa es clara y común entre esta y todas las culturas de las que

se tenga conocimiento: el posicionamiento paradigmático de un

modelo como hegemonía se posibilita en cuanto actúa coordinada y

consecuentemente sobre todos los ámbitos de la vida, desde las

representaciones del cuerpo y las interacciones cotidianas con los

otros (y lo otro) hasta las supraestructuras económicas, políticas y

socioculturales, o en palabras de Pierre Bourdieu (2000):

“la concordancia entre las estructuras objetivas y las

estructuras cognitivas (subjetivas), entre la conformación

del ser y las formas de conocer, entre el curso del mundo y

las expectativas que provoca, permite la relación con el

mundo que Husserl describía con el nombre de <<actitud

natural>> o de <<experiencia dóxica>>, pero olvidando las

condiciones sociales de posibilidad. Esta experiencia

abarca el mundo social y sus divisiones arbitrarias,

comenzando por la división socialmente construida entre

los sexos, como naturales, evidentemente, y contiene por

ello una total afirmación de legitimidad” (Bourdieu,P. 2000;

21)

A decir de Gramsci respecto a la cuestión hegemónica en general

(que nos permite referirnos a la hegemonía neoliberal), esta se da

cuando un grupo fundamental (en este caso la burguesía) que

busca unos intereses corporativos logra generar alianzas con otros

grupos de poder a los que incluye, fusiona y subordina en sus

interés y objetivos (económicos, políticos, intelectuales y morales),

asumiendo la orientación y dirección de la alianza más allá de los

intereses corporativistas a través de la ideología11, es decir,

introduciendo “una nueva dimensión indisoluble a la dirección

política, que es la dirección intelectual y moral” (Mouffe Ch.; 194).

“la hegemonía no se presenta en una alianza de clase

puramente instrumental a través de la cual las

reivindicaciones clasistas de las clases aliadas se

expresan en términos de la clase fundamental, mientras

cada grupo conserva su propia individualidad y su propia

hegemonía al interior de la alianza. […] la hegemonía

involucra la creación de una síntesis mas elevada, de modo

que todos sus elementos se funden en una <<voluntad

colectiva>> que pasa a ser el nuevo protagonista de la acción

política que funcionara como sujeto político mientras dure esa

11

El concepto de ideología en Gramsci es posible entenderlo como la visión conciente del mundo que tienen cada

sujeto, construida a partir de las prácticas sociales cotidianas, es decir, como subjetividad colectiva introyectada por

cada agente social, que se constituye en repertorio de acción del sujeto, lo que implica su existencia material en

prácticas concretas y en instituciones y aparatos plenamente definidas (la familia, la escuela, la religión, el Estado,

los medios de comunicación, etc.), que a decir de Chantal Mouffe, “cuyo papel practico-social es indispensable en

todas las sociedades”. La ideología pensada en estos términos se entendería como una práctica productora de

sujetos. (Mouffe Ch. 197-203)

hegemonía. Es a través de la ideología como se forma esa

voluntad colectiva, toda vez que su existencia misma

depende de la creación de una unidad ideológica que servirá

de <<cemento>>. […] puesto que la formación de la voluntad

colectiva y el ejercicio de la dirección política depende de la

existencia misma de la dirección intelectual y moral”. (Mouffe

Ch. 194).

Además de las alianzas, la clase fundamental ejerce el control

coercitivo sobre otros grupos subordinados, neutralizando o

anulando sus pretensiones de clase incluso desde el ejercicio de la

fuerza. Esto le permite la instauración de su condición hegemónica

desde el ejercicio del poder político, moral, intelectual y físico. De

esta manera, el control hegemónico de una clase como paradigma

recorre dos caminos necesarios en su posicionamiento: por medio

de la construcción de amplios consensos con los grupos aliados y a

través de la apelación del recurso de la violencia como mecanismo

coercitivo hacia los grupos opositores, donde en ambos casos sus

intereses corporativos como grupo fundamental se mantienen,

haciendo que estos (sus intereses corporativos) se asimilen, sientan

y reconozcan como colectivos.

Quizás eso lo ha logrado entender las clases dominantes que

controlan hoy por hoy el gobierno estadounidense; de tal forma,

generan todo una serie de condiciones para captar aliados en los

países latinoamericanos, quienes son los mismos que ostentan el

poder económico y político, por un lado, mientras someten a la

fuerza a los grupos contrarios, entre los que se cuentan los sectores

populares y las organizaciones sociales autónomas que pelean por

un país distinto. Tal como lo plantea Ana Esther Ceceña:

“la manera capitalista de apropiarse de los saberes

colectivos, de dominar la naturaleza, de acumular riquezas y

reenfrentarse a los trabajadores es a través de su

objetivación en una serie de instrumentos y maquinas que se

presentan, en el imaginario capitalista universalizado, como

las únicas y verdaderas fuerzas del progreso y la

competencia. No obstante esa percepción naturalizada de los

instrumentos y formas capitalistas de producción, la

tecnología es el núcleo de definición o síntesis del grado de

apropiación-desposesión alcanzado, es decir, la medida de la

concentración de riquezas, conocimientos y capacidades que

hacen de las relaciones sociales relaciones de poder.

La hegemonización de esas relaciones, la facultad del

hegemón de generar el reconocimiento universal de un orden

social en el que los instrumentos de dominio

connaturalizados, requiere de una construcción simultánea

en varios planos:

Militar, creando las condiciones reales e imaginarias de

invencibilidad.

Económico, constituyéndose en paradigma de referencia y

sancionador en última instancia.

Político, colocándose como hacedor y árbitro de las

decisiones mundiales.

Cultural, haciendo de la propia concepción del mundo y

sus valores la perspectiva civilizadora reconocida

universalmente” (Ceceña, A. 2003; 31)

De facto, lo que se advierte es una intrincada y simultanea

relación de estas dimensiones en el ejercicio del posicionamiento

hegemónico, situación que es bastante obvia si consideramos los

dos componentes primordiales del Plan Colombia: su estrategia

Militar y sus componentes sociales; ambos íntimamente ligados

en la construcción de un modelo de sociedad funcional a los

preceptos del regente, es decir, a la fórmula mágica propuesta

por los dos últimos gobiernos colombianos: con seguridad hay

inversiones, con inversiones hay empleo, educación, salud, con

estos elementos hay calidad de vida. Para que haya seguridad

hay que acabar con el narcotráfico, y para ello se utilizaran los

medios que sean necesarios.

En el terreno analítico, lo que la retórica y la acción instan es a la

construcción de un sistema social donde la estabilidad societal sea

producto de la preservación a ultranza del orden y la seguridad –

desde luego el orden y la seguridad del capital y sus agentes-, que

se logra ejerciendo un control asimétrico de un recurso socialmente

escaso, a través de la imposición de reglas de conducta personal por

la fuerza física y las armas; en lo que finalmente se traduce es en la

insinuación y apología a un sistema relacional en la vida civil

caracterizado por el desarrollo de prácticas y hábitos que

promueven una sociedad estructurada bajo el régimen del terror,

aludiendo a las relaciones de poder vía el ejercicio de la fuerza, la

coerción y relaciones de subordinación, propios de la disciplina

castrense, toda vez que la disertación y el conflicto social tiene una

condición anómala y disfuncional a la estabilidad del sistema, por

lo tanto es imprescindible su eliminación a toda costa. Esto es a lo

que denominaremos Militarización de la vida civil.

Con todo lo anterior, digamos que la Militarización de la vida civil

no se reduce solamente a la elevación de la “capacidad militar del

Estado para garantizar su seguridad, recuperar la legitimidad y

fortalecer su poder” (Castro G., 2003: 51) sino que además implica

la compleja relación ideológico-política de construcción de

imaginarios castrenses como pautas relacionales de la cotidianidad

en la vida civil. Una involución en términos de las nociones

contractualistas de la fundación del Estado, desde la visión

hobbesiana, pues precisamente el Estado es el producto de un

contrato social que le permite al individuo salir del estado de

barbarie en el que vive expuesto constantemente a una “trilogía de

la discordia” (competencia - desconfianza - gloria), para instaurarse

en la vida civil como escenario colectivo donde se garantiza la paz y

la tranquilidad bajo la trilogía de la concordia (autoridad -

reconocimiento – legitimidad).

De la retórica a la práctica

Bajo estas herramientas construidas por el Equipo Regional de

Investigación como carta de navegación, asumimos en conjunto la

tarea de afrontar el reto de desarrollar un ejercicio investigativo

sobre el tema “Impactos del Plan Colombia” con elementos

innovadores. Sin embargo, el reconocimiento de las distintas

dinámicas locales fue un punto de reflexión continua que llevó a

cada equipo local a redefinir las estrategias para abordar el tema en

cada zona, siempre partiendo del principio que los procesos

investigativos desde y para las comunidades son una buena

estrategia para la calificación de los procesos organizativos, que

posibilita el autorreconocimiento y apropiación de sus propias

realidades, con sus respectivas causas y consecuencias.

En el Centro del Valle se optó por dos estrategias: el seguimiento de

prensa, con el periódico local “el Tabloide”, y las entrevistas

semiestructuradas, pues la complicada situación de orden público

impidió el trabajo de reflexión colectiva amplia en los contextos

comunitarios.

En el caso particular de Buenaventura y dentro de las comunidades

de los consejos comunitarios de ladrilleros y sus alrededores y de

Alto y Medio Dagua, con los cuales se desarrolló esta investigación,

se trabajaron dos estrategias fundamentales: los talleres

investigativos, donde participaron líderes y lideresas de las

comunidades en cada sub zona, y las entrevistas en profundidad

con algunos caso tipo, bajo el objeto de posibilitar la socialización

comunitaria, en función del establecimiento de los efectos de este

fenómeno, ya que existían las condiciones para el trabajo colectivo

por los procesos de organización que adelanta el PCN (Proceso de

Comunidades Negras) y las reflexiones en torno a la obstaculización

del disfrute de los derechos como grupo étnico, propio de su

dinámica orgánica.

En Cali, el trabajo de campo se concentró en focalizar algunos casos

tipo, dada la amplitud de experiencias (número de jóvenes que han

participado del Programa Jóvenes en Acción) que podrían dar

cuenta de la información requerida. El contexto seleccionado

dependió de tres factores: por reunir las características y alguna

población vinculada al tema de estudio, por la posibilidad real de

acceso a las fuentes de información y por el trabajo en otros niveles

adelantado por miembros del equipo en la zona. Con esta población

se trabajaron dos estrategias: entrevistas semi estructuradas y

grupo focal.

Desde la experiencia vivida insistimos en la posibilidad que brinda

la tarea investigativa con respecto al auto reconocimiento de la

realidad por parte de las comunidades y la sistematización de

información y experiencias claves que faciliten el fortalecimiento de

sus dinámicas organizativas, la denuncia, la reivindicación, la

planeación y desarrollo de acciones comunitarias, en función de sus

derechos. Un valor agregado para continuar con los proceso

investigativos, convirtiéndolos además en justificación y pertinencia

práctica, más allá del mero ejercicio de conocer.

Capitulo III

CENTRO DEL VALLE DEL CAUCA:

Narcotráfico + militarización = paz, una ecuación engañosa.

Seria reduccionista y sesgado tratar de entender una dinámica

social tan compleja como la que presenta el centro del Valle en el

contexto de implementación del Plan Colombia sin considerar las

condiciones físicas en las que tiene lugar y el proceso histórico de

violencia y narcotráfico que hoy se convierten en el enlace

perentorio para que, desde la visión del regente, se justifique una

acción de guerra contradictoria a las intenciones de paz que se

proclaman como sentido y objetivo último del Plan.

Este aparte procura escudriñar, a manera de contextualización

amplia, la historia de los recientes proceso de violencia, narco

paramilitarismo y la conexión con estrategias de Plan Colombia,

para reafirmar algunas conclusión sobre los efectos de la guerra

desatada en el panorama del Plan Colombia, desde algunas

inferencias de carácter más cualitativo logradas desde varias

estrategias investigativas que buscan reconstruir los sucesos y

recuperar las vivencias de los actores populares, personas de las

comunidades que han vivido en carne propia la situación.

Para ello, utilizamos algunos datos de fuentes oficiales como la

contraloría, el Codhes la Policía y las páginas web oficiales de la

gobernación del departamento. A su vez, el seguimiento de prensa,

en especial de la prensa local (el Tabloide) y algunos periódicos

regionales (como el País, de Cali) combinada con una suerte de

entrevistas semi estructuradas a miembros de distintas

comunidades de Tuluá, San Pedro y Bugalagrande, se constituyen

en el factor central y prioritario de donde se reconstruyen los

hechos y se infieren los análisis y las conclusiones.

Sobre el paisaje, el clima y la economía:

En el centro del departamento del Valle del Cauca se ubican los

municipios de Buga, San Pedro, Tuluá, Bugalagrande y Andalucía,

asentados mayoritariamente sobre la margen derecha del valle del

rio Cauca, allí donde las cordilleras occidental y central disminuye

la distancia que las separa, constituyen un cordón principal de

núcleos poblacionales del departamento, con un aproximado de

366.368 habitantes (Buga 114.439, Tuluá 184.732, Bugalagrande

25.084, San Pedro 14.754, Andalucía 27.377)12, en una densidad

demográfica promedio de 151 habitantes x km2.

En suma los 4 municipios logran una extensión territorial

aproximada de 2.433 km2 (Buga 832 km2, Tuluá 819 km2,

Bugalagrande 374 km2, San Pedro 240 km2, Andalucía 168 km2), es

decir, el 11% de la población departamental.

La topografía centro-vallecaucana esta determinada por dos

elementos fundamentales: las zonas planas de los municipios, que

se ubican en los costados del río Cauca, en los cuales se asientan

las 4 cabeceras municipales; y las zonas altas o montañosas,

correspondientes a la extensión rural de los municipios hacia la

cordillera central. Esto implica un amplio espectro climático que

varía de los 27º C a 20º C, dada las distintas alturas que oscilan

entre los 491 m.s.n.m. en Bugalagrande hasta los 1.350 m.s.n.m.

en la zona alta del San Pedro.

Bajo estas condiciones geográficas, la zona centro del departamento

advierte un importante ramal de afluentes hídricas que descienden

de la zona montañosa y alimentan directa o indirectamente el

cauce del río Cauca; entre otros, se cuentan con el río

Bugalagrande, el río Tulúa, el río San pedro, el río Guadalajara, el

río Morales; algunas afluentes menores como la quebrada la Luisa,

la quebrada Zabaletas, la quebrada Artieta, laguna de las mellizas,

12

Fuente: gobernación del Valle de Cauca – website: www.elvalle.com.co/elvalle/municipios

el zanjon del sastre; y una vasta red de subcuencas entre las que

contamos: los trópicos, Santa Isabel, Frazadas, Canadá, Tibi,

Chorreras, Peñas Blancas, Quebrada grande, la FE, San Miguel,

Norcasia, Los Mirlos, Chorros Blancos, etc.,

Las características anteriores, geográficas e hidrográficas, dan a la

postre con una versátil oferta de producción agroalimentaria, que

combina la economía tradicional del pan coger y la mediana

producción, especialmente entre la extensas población de las zonas

rurales de estos municipios. Básicamente los cultivos están

asociados la explotación de frutales (lulo, tomate, maracuya, mora,

tomate de árbol, naranja, aguacate, limón, zapallo, guanábana,

guayaba, mango, uvas), legumbres y tubérculos (lechuga, repollo,

pepino, pimentón, arracacha), algunos cereales y granos (maíz,

soya, sorgo) y otras especies herbáceas (tabaco, plátano, café, caña

panelera). El cultivo de estos productos se combina con la práctica

tradicional de cría de especies menores (pollos, gallinas de patio,

cerdos, patos, bimbos, ovejas, etc.) que sirven de complemento para

la dieta alimentaría o como posibilidad de comercialización en las

plazas de mercado de los centros urbanos y las cabeceras

municipales.

Sin embargo y en contrastes con el escenario anterior, en el centro

del Valle se ha asentado un buen número de empresas del sector

agropecuario, que con proceso de tecnificación realizan una

explotación industrial a gran escala del recurso vegetal y animal de

la zona. Entre otras, se resalta el monocultivo intensivo de caña de

azúcar, especialmente hacia las zonas planas de los municipios,

dada la presencia del ingenio Río Paila; la ganadería tecnificada en

la hacienda Lucerna; la explotación industrial porcina y de aves

(aves de engorde y de postura), estas últimas en centros avícolas de

gran magnitud.

De todas maneras, la economía de la región basada en el desarrollo

de la actividad agropecuaria –especialmente la industrial- dinamiza

los otros sectores de las economías locales, es decir, vincula gran

parte de la población económicamente activa al aparato productivo.

En San Pedro, por ejemplo, en el área de la industria se destacan la

fabricación de tacos para billar surtiendo diferentes ciudades del

país, igualmente existen industrias de tejas de barro y ladrillo y

cofres fúnebres, dos multinacionales: PISA (administradora de

peajes) Y PROACTIVA (recolección y disposición final de residuos

sólidos), las cuales han ocupado personal de los municipios vecinos,

utilizando solo la población sanpedreña para los puestos de

operarios o barrenderos, pese a contar en el municipio con una gran

cantidad de profesionales en las diferentes áreas. Hacia

Bugalagrande la multinacional Nestlé es una fuente mayoritaria de

empleo local.

Por otro lado, las administraciones municipales y las instituciones

del Estado (especialmente colegios y hospitales) recogen otro tanto

de la población económicamente activa. No obstante, las reformas

laborales que han golpeado fuertemente el sector público, han

conducido a una disminución ostensiblemente del personal

vinculado al sector.

Por su ubicación geográfica Tulúa juega un papel de centro

equidistante entre Cartago, Armenia y Pereira, centros urbanos

importantes del norte del Valle, Quindío y Risaralda, por una parte

y Cali, la capital del Departamento, por otra la otra. A su vez, Tuluá

está ubicada entre los municipios del centro del Valle del Cauca, a

los cuales sirve de “Puente” e intermediario comercial, industrial y

prestador de servicios, convirtiéndose en epicentro regional, con la

infraestructura vial y de transporte necesaria que le permite influir

sobre una amplia zona en su entorno geográfico.

Por su parte, el sector informal de la economía, evidenciado en

ventas estacionarias y callejeras, comercialización de frutas,

comestibles (manjarblanco, fritangas, comidas rápidas, etc.),

artesanías, juegos callejeros de azar (chancees, loterías, rifas

semanales), evidencian un aumento considerable, y hoy por hoy

dinamizan buena parte del flujo de capital al interior de los

municipio, complementando el panorama socioeconómico del centro

del Valle.

Las comunidades organizadas alrededor de las Juntas de Acción

Comunal, ligas de usuarios de algunos servicios públicos (salud,

servicios domiciliarios), madres comunitarias, asociaciones de

campesinos y pequeños productores, algunas organizaciones

ambientales, de adultos mayores, madres cabeza de hogar y ong´s

en general, componen el panorama organizativo surgido desde las

bases populares de la región; y junto a ellos las histórica lucha de

las organizaciones sindicales de los municipios y las factorías

instaladas en la zona, como posibilidad siempre viva de la

reivindicación de los derechos de los trabajadores y de los sectores

populares en general.

Una historia de conflictos y violencias

La violencia ha sido tema de profundo estudio en nuestro país desde

hace ya mucho tiempo. Las distintas guerras civiles de del siglo XIX

y principios del XX y la violencia partidista de mitad de siglo ocupan

un importante capítulo de la historia nacional, de la cual el

departamento del Valle no podría ser ajeno, en especial su zona

céntrica, donde muchos de los factores confluyeron para que las

oleadas genocidas hicieran presencia.

En el centro del Valle hubo “pájaros”13 y señaladores para aniquilar

a los contrarios. Basta recordar, por ejemplo, a los tristemente

célebres “lamparilla”, “pájaro azul”, “caballito”, “la pacha”,

“aluminio” y “mala sombra”. En esa época muchos tuvieron que

13

Durante la época de la Violencia partidista en Colombia se conocieron como “los pájaros” a los grupos de

asesinos de filiación conservadora que perpetraron múltiples asesinatos selectivos y matanzas de carácter contra los

miembros del partido opositor, los liberales. Los “pájaros” se constituyeron en una suerte de brazo armado ilegal del

partido oficialista en el gobierno, durante los años 48 al 56. sus modos operando incluían un amplio repertorio de

torturas, abusos a la población civil y asesinatos atroces como mecanismo de intimidación y fundación de terror entre

la población.

salir embarcados en vagones del ferrocarril con destino a Zarzal,

Cartago y Palmira, ciudades refugio de liberales. Tulúa y sus

alrededores llevan en su memora la historia del “Cóndor”, hombre

humilde que vendía quesos y cuyos principios lo llevaron a

perpetuar muchos asesinatos para que, según él, el país no se

derrumbara. Los mayores de Bugalagrande aún recuerdan a los

Hermanos Euclides y Marcelino Gómez, asesinados en el prostíbulo

“Luna Park”; al telegrafista Alfonso López, ultimado en su oficina; a

Baudillo, el abastecedor de legumbres de las Hermanas vicentinas;

a los “ultimados” por Lamparilla en el “Café Regina”, en la esquina

que hoy ocupa el Banco de Colombia. Y eso solo por mencionar

algunos de tantos que fueron sometidos a los vejámenes de una

violencia indolente, visceral e indómita.

Cuando se creía que se había dado vuelta a la página de violencia,

ya corriendo la década de los 80’s se anuncia una vertiginosa

presencia de los grupos insurgentes en las partes altas de la región:

sobre la cordillera occidental el Frente “Luís Carlos Cárdenas” del

Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el 30 frente de las FARC - EP

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del

Pueblo), en un radio de acción que extendía sus operaciones hasta

las estribaciones de Buenaventura; sobre la cordillera central la

presencia del sexto frente de las FARC – EP y una columna del

Jaime Bateman Cañón, del M-19.

Para este tiempo, la presencia de los grupos insurgentes ponen en

alertas a las autoridades locales y nacionales que ven amenazada la

ya deteriorada legitimidad del Estado y su cada vez mayor

incapacidad de gobernabilidad. De allí que muchos de los

pobladores de estas zonas fueran asesinados, desaparecidos,

detenidos y torturados, sindicalizándoseles de pertenecer a una u

otra organización. Un terrorismo de Estado con el que antes de

preservar las instituciones, se ha aprovechado para perpetuar los

status quo de gamonales y caciquismos de las regiones, un efectiva

estrategia de reforma agraria amañada a los intereses personales de

una elite nacional.

Hacia finales de los 80’s e inicios de los 90’ el escenario se

complejiza con el fortalecimiento y consolidación de las mafias de

narcotraficantes y el cartel del norte del Valle. Acentados en la

cordillera occidental, buscan ejercer el domino y control territorial

para el cultivo, procesamiento y comercialización de estupefacientes

(coca y marihuana) y el lavado de activos.

La presencia de los capos de la mafia se hace más fuerte en los

municipios del Norte y centro del Valle (Cartago, Roldadillo, La

Victoria, La Unión, Bolivar, Trujillo, Riofrío, Restrepo, La Cumbre,

Dagua), contando con una estructura armada cada vez mas fuerte y

consolidada, con una mayor infraestructura logística que les

permitía moverse fácilmente por las zonas y con una complicidad

informativa y operativa por parte de agentes del Estado, comprados

con los dineros del ilícito, entre los que se cuentan miembros de las

fuerzas militares y de policía (especialmente del Batallón Palace de

Buga y las estaciones de policía de todos los municipios).

La estructura de los grupos de narcotraficantes hacia el centro del

Valle estaba a cargo de Henry Loaiza, “el alacran”, y su

lugarteniente Diego Montoya, conocido en su entonces como “el

Tío”, hoy por hoy “don Diego”, quien era el responsable del brazo

armado de la organización, con la que constituyó su propia

autodefensa. Más adelante “don Diego” protagonizaría una de las

más cruentas guerras para consolidarse como jefe único de carteles

enfrentando a su más acérrimo oponente, Wilber Alirio Varela,

“Jabón”; en esta estructura también participó Jesús Herrera

Saldarriaga, alias “bananas” y más hacia el norte del departamento

los hermanos Urdinola Grajales, quienes detentaron el poder hasta

sus capturas o asesinatos.

Sin embargo, el auge del narcotráfico a nivel nacional concentró

atenciones sobre las mafias de Medellín y Cali, con Pablo Escobar y

la alianza entre las Familias Santacruz y Rodríguez Orejuela

respectivamente, mientras en el centro del Valle el negocio florecía

con el apoyo y la connivencia de la fuerza pública de la región era

evidente; así lo demuestran las investigaciones adelantadas por las

masacres de Trujillo (1986-1994) o la masacre en la vereda Alaska

del municipio de Buga (1994), por tomar tan solo dos ejemplos.

En el primer caso (Trujillo) la alianza Fuerza Pública, narcotráfico y

sicariato desató una ola de muerte contra la población habitante de

las áreas rurales y urbanas de los municipios de Trujillo, Riofrío y

Bolívar. En el transcurso de estos años fueron torturados y

asesinados alrededor de 300 pobladores de esta región, en su

mayoría campesinos.

Después de ser sacados de sus casas o sitios de trabajo las

personas eran llevadas a las fincas de los narcotraficantes de la

zona para ser brutalmente torturados, asesinados y sus cuerpos

después de ser descuartizados con motosierras eran arrojados a las

aguas del río Cauca.

Tras la conformación de una comisión de investigación se pudo

establecer que durante el periodo 86 – 94 se ejerció una práctica

sistemática de eliminación de varias vidas humanas que tuvieron

participación en primer y segundo orden de agentes directos e

indirectos del Estado, algunos de estos crímenes aún se encuentran

en estudio pues no han sido lo suficientemente esclarecidos14

Muchas de las personas víctimas de estas masacres eran líderes

campesinos y cívicos que hacían parte de los proceso organizativos

que se venían desarrollando desde el Trabajo del Padre Tiberio

(quien también fuera asesinado con un grupo de acompañantes) de

14

La identidad de las personas asesinadas en este trágico pasaje de la historia del centro del Valle puede consultarse

en la revista de Justicia y Paz “monumento a las víctimas de los hechos violentos de Trujillo”.

la Asociación nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y el

Instituto Mayor Campesino (IMCA)

En la masacre de campesinos en la vereda Alaska (1994), fueron

asesinados 4 campesinos pertenecientes a la Junta de Acción

Comunal, a manos de la policía de la región, quienes llegaron a

ultimarlos de manera encubierta acusándolos de ser guerrilleros de

las FARC – EP.

Bugalagrande también padeció su propio viacrucis. Entre los años

90 a 96 son asesinados 9 sindicalistas, 3 líderes de partidos de

izquierda y un alto asesor de la Alta comisión del congreso que

estudiaba la masacre de indígenas en Caloto (Cauca). En este

mismo periodo fueron perseguidos, capturados y torturados

alrededor de 15 líderes sociales, dentro de los cuales se halla un

sindicalista de Sintramunicipio Bugalagrande y 14 miembros de la

organización “A Luchar”, organización que había iniciado una

campaña política en la región proponiendo el abstencionismo

electoral; “a luchar” vivió un proceso de persecución y exterminio de

su base social en Cali, Yumbo, Tuluá y Trujillo, donde en

numerosos allanamientos a oficinas sindicales y residencias fueron

sindicalizados 45 de sus miembros de pertenecer a la célula urbana

“Omaira Montoya” del ELN, en la operación conocida como

“operación relámpago”. A su vez, 7 profesores pertenecientes al

Sindicato Único de Educadores del Valle (SUTEV) fueron

amenazados y desplazados por el conflicto.

Dos últimos ejemplos que nos atrevemos a retomar corresponde a:

la masacre perpetuada en Riofrío (1994). Bajo los mismos patrones

de agresión y los mismos intereses económicos de los

narcotraficantes se llevó acaba la masacre en la vereda El Bosque,

corregimiento de Portugal de Piedras. 13 campesinos de la región

fueron torturados y asesinados. Ésta masacre sería presentada por

el ejército como un enfrentamiento entre tropas del ejército y una

columna del frente Luis Carlos Cardona. Los cuerpos de los

campesinos fueron vestidos con prendas militares y les colocaron

armas, como una forma de desvirtuar los hechos.

Una serie de asesinatos y 42 desapariciones en el municipio de

Restrepo, vereda san Salvador. Estos crímenes contra la

comunidad salvadoreña han sucedido de manera selectiva y

sistemática en periodos aparentemente aislados pero corresponden

a la misma lógica de intereses del narcotráfico con la complicidad de

terratenientes, la administración municipal y las fuerzas militares.

El desarrollo de estos hechos tiene una relación directa con la

dinámica que el narcotráfico toma en la región, ya que en la

búsqueda de ampliar su poderío empiezan a eliminar a todo el que

se interponga a sus intereses: campesinos, organizaciones

campesinas y populares, sindicatos y grupos insurgentes. Los

hechos muestran que se pasan de los cuerpos de seguridad propia

(como Coproseg, formada por Don Diego) a la conformación de una

estructura fuerte y consolidada, que además de actuar de manera

conjunta con el ejército y la policía, tiene toda la infraestructura

para garantizarse la movilización por estas zonas y cometer los

crímenes que “halla que cometer”.

El negocio de la droga descarga una guerra a ultranza por el

dominio y control territorial, para cultivar y procesar la coca y la

marihuana pero también para garantizar su tránsito libre y efectivo.

Esto implica que en el centro del Valle (como en muchas otras

regiones del país) la guerra entre narcotraficantes e insurgentes se

intensifique, es decir, que se constituyan cuerpos armados propios

de los narcotraficantes, las autodefensas, como estrategia

garantizadora para la efectiva lucha y control territorial. Los narcos

y los grandes hacendados son en principio los agenciadores del

paramilitarismo, creando sus ejércitos personales y comprando las

conciencias de los militares para pelear contra su “enemigo

natural”: la insurgencia. Tras la aparente guerra política con el

movimiento insurgente que opera en la zona lo que se esconde es

una lucha frontal contra la población campesina por los intereses

que existen sobre la tierra por parte de terratenientes,

narcotraficantes y multinacionales.

Si el inicio de la década de se proclamó como la apertura hacia un

cambio que pretendía lograr la tan anhelada democracia, con la

desmovilización de algunos grupos insurgentes, el proceso de la

constituyente, la apertura económica etc., sin lugar a dudas el

imaginario de optimismo, reconciliación y paz fue desdibujado una

vez más ante el acontecer político extramuros contra quienes

miraron con escepticismo este tiempo.

La década inicia con una doble manera de construir y destruir el

país: la ficción de la vida pública de los medios de comunicación (los

lobbies, las entrevistas) y el mundo subterráneo de las dediciones

políticas fuertes y los órdenes de facto15 en las micro regiones. Un

periodo difícil en todos los niveles, donde la profundización de la

brecha social (ricos – pobres) polarizo las relaciones sociales y

profundizó conflictos de vieja data, llevando a desenlaces

lamentables, crímenes que a pesar de toda la información existente

sobre los autores materiales e intelectuales, han quedado en la más

completa impunidad.

La década de los 80’s y mitad de los 90’s nos muestra la

agudización de los procesos de intolerancia social expresado en la

persecución, asesinato, criminalización y genocidio de amplios

sectores sociales considerados indeseables por su condición social

económica y política. Lo más grave es que para todos los fenómenos

mencionados existen velos que se superponen para justificar y

15

El término es acuñado por la Investigadora de la universidad de Caldas Maria Cristina Palacios (2004), en los

estudios acerca del desplazamiento forzado. Para ella los órdenes de facto son la estrategia agenciada por los

distintos actores que participan del conflicto (insurgencia, paramilitares, miembros de la fuerza pública), que se

mueven al margen de la ley y en cuyo modo operando juega prioritariamente la utilización de la fuerza y la apelación

al recurso de la violencia, muchas veces atroz y cruel, para establecer el sistema de control y dominación propio a los

intereses de cada cual.

legitimar la muerte como parte del devenir histórico del país. Los

medios de comunicación a afectado la opinión pública fortaleciendo

imaginarios de venganza y justificando la comisión de estos

crímenes, sean quienes sean los autores, no han escudriñado en las

causas y las graves consecuencias que esto ha generado en la vida

política y social del Valle del Cauca.

Como vemos, el tema de la violencia no es nuevo para el Valle del

Cauca, la vinculación a las dinámicas del narcotráfico es evidente e

innegable, sin embargo la importancia radica en reconocer los

elementos particulares, contextuales, en los que las coyunturas se

sobredimensionan ante los problemas estructurales y a la postre se

establecen mecanismos de contingencia coyunturales, que nunca

han logrado dar respuesta efectiva a las necesidades y problemas

estructurales del país, además con un agravante: las respuestas

coyunturales son los velos que permiten agenciar mecanismos más

elaborados de dominación de las elites mientras calman la opinión

pública o acallan las voces divergentes.

De esta forma podríamos entender como en definitiva el Plan

Colombia no ha sido otra cosa que la continuidad de un proceso

inacabado de guerra, o si se quiere, la legitimación y legalización de

una estrategia que ya agoto su recurso “clandestino”, subterfugio, y

que hoy busca recomponerse en los imaginarios colectivos para

perpetuar el estatus que otrora le ha sido esquivo.

Para ello es necesario identificar a continuación el precedente

inmediato del narcotráfico en la zona centro - vallecaucana

Un binomio perverso: narcotráfico + AUC.

“ayer la soledad se había apoderado del caserío y sus 40 casas permanecían vacías. Todos los pobladores abandonaron el lugar. Las paredes y puertas de algunas viviendas fueron pintadas con consignas de las AUC. Los equipos de la sede de Telecom destruidos, al parecer por el grupo que incursiono en el pueblo”

(Diario el País, agosto 1 – 1999)

Hacia 1999 la expansión paramilitar de las Autodefensas Unidas de

Colombia (AUC) llega con mucha fuerza a los territorios del centro

del Valle. Las incursiones continuas en las zonas altas de los

municipios de Tuluá, San pedro, Bugalagrande y Buga, evidencian

el elevado interés de este grupo por controlar el territorio. El patrón

de acción se repite una y otra vez como muestra fehaciente de su

poder de intimidación y aniquilamiento.

Incursión paramilitar en zona montañosa de San Pedro

Incursión paramilitar en zona montañosa de Bugalagrande

“Ese noche llegaron tocando todas las puertas, invitaban a las personas a

una reunión en el parque y solo dejaron los niños en las casas. llegaron vestidos de camuflado y con

las letras en el brazo AUC, ese día que llegaron los paramilitares a Buenos

Aires empezaron a subir desde bien temprano.

Hicieron dos filas y separaron a Héctor y a Luís Fernando, les dijeron que se podía ir pero Luís Fernando

seguía allí viendo lo que pasaba, entonces ellos se devolvieron y la

asesinaron, en cambio a la esposa de Héctor le habían advertido en horas de la tarde que los paramilitares llegarían

que ella debía cargara un niño cualquiera y no diera su verdadero

nombre, para que no la mataran. cuando la muerte lo llama a uno es una cosa muy critica

A los niños los dejaron en su gran mayoría encerrados

En la reunión no sé qué les dijeron al

pueblo, solo sé que mataron a Héctor y Luís Fernando, después de asesinarlos se fueron, esa noche nadie

durmió solo nos preocupaba que hacer con los cadáveres fue esta acción la que inició el desplazamiento.

Allí es donde dicen que vinieron a

quedarse y que volverían, pero cuales!... a los tres días estaban otra vez aquí, llegaron enojados por la

gente que se había desplazado. Dijeron que los que se habían ido era

por miedo porque eran colaboradores; entonces empiezan a saquear las

“A mediados del 2.000, cuando aparecen los paramilitares, llegaron

matando a unos campesino; el decir de ellos era que tenían alguna relación con la guerrilla, en los primeros años

que he estado en Galicia siempre le escuche a la gente que decía que la

guerrilla se iba entrar, pero no fue así, a 8 kilómetros de Galicia entre la iba la Uribe Sevilla hay un pueblito que se

llama Paila Arriba, allí se han metido la guerrilla como dos veces, llegaron a finales del 2.000 porque decían tenían

que ver con la guerrilla.

Después de haber matado a tres o cinco personas convocan a la población a una reunión y le explican

por qué estaban allí. Convocaron a los hombres a que los acompañaran y le

pagaban $350.000 y que si tenían fusiles se los compraban a $25.000.000, que estuvieran

tranquilos que solo la geste que estaban ajusticiando era los que tenían vínculo con la guerrilla,

algunos los desterraron de allí, ellos tenían sus lista negras ,

A la gente la ajusticiaron.

Directamente Iban a las casas y se los decían: les doy tantos días para que se vallan alguno se resistieron o no

creyeron y los mataron.

En una oportunidad yo iba en diferentes veredas, notaba que ellos interrumpían mucho los eventos

familiares, se ubicaban en las salas de las casas dos o tres de ellos se

estaban allí varios días, se dice que

tiendas y destruyen las cabinas de tele-Tuluá y saquean el puesto de

salud y las remesas de los campesinos, lo que no se comieron lo tiraban al patio.

Se estuvieron varios días y se

dedicaban a realizar los retenes donde dejaban a las personas y les investigaban sobre todo los por

menores de la región y sus vecinos”.

Testimonio poblador de la zona

ellos eran respetuosos, nunca escuche de violaciones, pero si estos jóvenes se

involucraron con las muchachas y formaron familias algunas quedaron hasta con hijos”.

Testimonio poblador de la zona

“La cosa empezó hace unos seis años porque para esa época llegaron los

paracos. Nos dimos cuenta primero por esa cantidad de hombres y se

empezó a rumorar que se llevaban a las personas o que mataron a fulano, para ese tiempo ya vivíamos en el

pueblo y la gente bajaba y comentaba que se encontraban los muertos en las fincas y la gentes comenzaban a

investigar si las personas eran de Galicia para ver si eran de alguna

vereda cercan, algunos de ellos era desconocidos”.

Testimonio poblador de la zona

Simultáneamente, la lucha entre los “patrones de la droga” en el

centro del Valle toma una viraje escalofriante: una guerra sin

cuartel que cobra un elevado número de victimas (ver anexo 1:

actividades delincuenciales de los grupos narcoparmilitares). La

explicación es sencilla y perversa: después de la muerte de los altos

capos que conformaron el cartel del norte del Valle durante los 80’s,

comenzaron a sonar sus lugartenientes como protagonistas de las

nuevas mafias. La policía señala a Wilber Alirio Varela (alias

“jabón”), Diego Montoya Henao (alias “don Diego”) y Hernando

Gómez Bustamante (alias “rasguño”), como los nuevos jefes del

cartel.

La historia popular, recogida entre testimonios de gente cercana a

esta situación, narra que estos tres hombres se aliaron para

exportar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Se adueñaron de

rutas, conformaron ejércitos privados y al poco tiempo ya estaban

en la mira del D.E.A. y los organismos de inteligencia

internacionales.

La presión de estos organismos logra la ruptura de esta

organización y es “Rasguño” quien decide buscar la justicia

norteamericana con el propósito de arreglar su situación; trato de

convencer a sus socios pero esto generó desconfianzas y alimento el

temor de posibles delaciones entre ellos. Es así como cada capo

toma su propio rumbo.

Al respecto existen dos versiones sobre el detónate de la guerra

entre los narcotraficantes:

1. durante algún tiempo estuvieron distanciados y sin hacerse

daño, pero en diciembre de 2002 los sicarios de Varela asesinan a

Miguel Solano en Cartagena, hombre de confianza de “don Diego” y

de amplio reconocimiento en Bugalagrande por su esposa que era

habitante de la zona.

2. Al parecer una rencilla por 500 kilos de coca fu la mecha para

detonar el poder delincuencial de estas organizaciones. Dos

narcotraficantes, “la iguana” y “don H”, sobrinos de Iván Urdinola

Grajales, se apoderan de un cargamento de coca perteneciente a

“Rastrojo”, hombre de confianza de Varela. Desde ese momento la

familia Urdinola, asentada en los municipios del Dovio, Roldadillo,

Zarzal se convierten en los enemigos acérrimos de los “Rastrojos”

Destinados al exilio y expulsados de sus propiedades, es entonces

cuando “don H” y “la iguana” recurrieron a la ayuda de “don Diego”,

pacto que incluyó la ayuda económica y logística para combatir a

“los rastrojos”, quienes a su vez consiguieron el respaldo de “jabón”,

convirtiéndose esta rencilla subalterna en el cóctel perfecto para

mantener vivo el tufo de una guerra por diferencias de vieja data; el

propósito de la utilización de la fuerza vuelve a tener vigencia:

recobrar el dominio territorial con el fin de preservar intactas las

rutas y los laboratorios para la producción de coca existente en la

zona.

Si esta última es la versión más sonada, lo que no descarta que la

primera de facto se halla dado y sume como agravante a la ya

complicada situación, finalmente el objetivo logra cumplirse, hoy los

centros poblados de estos municipios cuentan con una mayoría de

integrantes de “los Machos”, grupo paramilitar conformado por la

coalición “don Diego” – Urdinolas.

Pero ¿dónde está la conexión entre narcotraficantes y AUC? En

primera medida hay que recalcar que los bandos de narcotraficantes

constituyeron sus propios ejércitos privados, brazos armados o

autodefensas, como quiera que se les valga denominar (ver anexo 2:

características de grupos narcoparamilitares del centro del Valle).

Los pormenores de las relaciones directas entre grupos de

narcotraficantes y las AUC siguen siendo un misterio. Las

investigaciones de la policía y la fiscalía llevadas a cabo en la

“operación Titán” recogen algunas pesquisas al respecto. Según

estas fuentes, las oficinas de cobros de los narcos de “los machos” y

“los rastrojos” también trabajaban con diferentes bloques de las

AUC, principalmente con el Bloque libertadores del Sur (BLS),

estructura que pertenece al Bloque central Bolívar (BCB). Estas

oficinas cumplen la función de recolectar el dinero producto del

tráfico de drogas y “lavarlo” a través de diferentes inversiones y

empresas fachadas.

Para la policía y la fiscalía, las estructuras financieras de las AUC,

con el beneplácito de los narcos, utilizaban esa red que ya estaba

funcionando e incluso ampliaron “los servicios” al cobro de

extorsiones a quienes señalaran los paramilitares de las AUC.

En contrapartida, las nuevas alianzas paramilitares del narcotráfico

reciben apoyo y concesión de la “franquicia” paramilitar de las AUC.

Hacia mediados del 2004 el grupo de “los machos”, a través de

volantes intimidatorios, se autodenominan públicamente

“Autodefensas Campesinas del Valle” (ACV) y aseguran que

defenderán el territorio vallecaucano del ELN y las FARC – EP. Por

su parte, los rastrojos dejan su marca con grafitis intimidatorios

para hacer notar su presencia en cada acción que realizan,

autodenominándose “Rondas Campesinas Populares” (RCP).

La paz del Plan Colombia en contextos de guerra:

Cuestionamientos apropósito de la situación en el centro del

Valle

Lo planteamos anteriormente: si revisamos la fundamentación del

Plan Colombia, ésta arguye que “superar el problema de las drogas

es una de la tareas urgentes para la solución del conflicto armado”16,

es decir, acabar con las mafias que dinamizan el negocio sería una

solución directa al conflicto histórico. Si tal hipótesis fuese cierta,

habrían varias preguntas que responder en relación al contexto del

centro del Valle donde está demostrado que en la actualidad (desde

antes que se formulara el Plan Colombia) se mueve buena parte del

negocio en el país.

Primera provocación analítica: ¿por qué una estrategia que se

supone integral y nacional desde su inicio no considera acciones

sobre el centro del Valle si es un lugar estratégico donde se mueven

dos de las grandes mafias actuales del país?, o lo que sería lo

mismo: ¿por qué solo hasta el año final de ejecución del plan se

16

Discurso del presidente Andrés Pastrana en la Mesa de trabajo Permanente por la Paz, Barrancabermeja –

Santander, 4 de octubre de 1998. Citado en “Plan Colombia-No. impactos de la intervención” Corporación Colectivo

de Abogados José Albear Restrepo (2003). Bogotá – Colombia; Pág. 26.

advierte la presencia de la fuerza pública en tareas antinarcóticos

concretas17?

Digamos que una respuesta aproxima seria la argumentada por

varios de los entes Estatales durante el periodo de ejecución del

Plan Colombia – y posteriormente con el Plan Patriota- : las zonas

del Putumayo, el Caquetá y Cauca (oriental) son los lugares donde

se concentran la mayor cantidad de hectáreas cultivadas de hoja de

coca y marihuana, por eso los esfuerzos de la lucha antinarcóticos

se focalizan en estas zonas.

Sabemos que los cultivos son la parte inicial de proceso, pero

también es cierto que los actores que participan de esta instancia

suelen ser campesinos o gentes extraídas de los cordones de

pobreza y miseria de los sectores marginales en los centros urbanos,

seducidos por la posibilidad de una renta fija que les permita

mejorar sus condiciones de vida. Las mafias del narcotráfico no

están compuestas por los sectores más artesanales de la

producción, las mafias son los grupos que controlan y “administran”

el negocio, en el sentido de la teoría marxista, las mafias son

quienes poseen y controlan los medios de producción, mientras los

17

En el trascurso del último periodo del Plan Colombia, entre los meses de enero de 2004 y julio de 2005, se han

registrado en el centro del Valle 4 grandes operaciones antinarcóticos y 5 grandes acciones de captura de insumos,

para el procesamiento de alcaloides por parte de los distintos entes del estado (Batallón Palace de Buga, policía

antinarcóticos Valle, DAS). Entre las operaciones destacadas y más nombradas están: Operación Esmeralda,

Operación DIAM, Operación Apache 1, Operación Conquista. Fuente: “El Tabloide” (ver anexo 3: acciones y

operaciones antinarcóticos por parte de las F.F.M.M.. y de policía en el centro del Valle).

campesinos solo son “obreros” que lo único que ofrecen es su fuerza

de trabajo.

En este orden de ideas planteamos la segunda provocación. Dentro

del proceso de producción del alcaloide todas las fases son

importantes e interdependientes, pero ¿Cuál es mas estratégica de

ser atacada con acciones militares: la infraestructura de los

cristalizaderos, que en muchas ocasiones cuentan incluso con un

pie de seguridad para salvaguardarlo, o las zonas de cultivo, cuyo

desmantelamiento había sido pensado en, por lo menos otras dos

estrategias del mismo Plan18?

La pregunta es planteada a partir de los testimonios de la gente de

las comunidades del centro del Valle que ha vivido el proceso de la

guerra del narcotráfico –relatado anteriormente-, la campaña

paramilitar y por ultimo las operaciones militares en torno a los

cristalizaderos.

“En la zona no existen cultivos ilícitos, los

laboratorios se empezaron a ver des hace más de

dos años, en los Corregimientos de Guaqueros, LA

18

Hay que recordar que entre los componentes del Plan existen, desde el componente social, la tercera herramienta,

lucha contra el narcotráfico, contiene al menos dos estrategias directas para contrarrestar las instancias de cultivo:

uno, la erradicación de los grandes cultivos sin compensación y, dos, el desarrollo alternativo para los pequeños

cultivadores. Estas estrategias al pertenecer al componente social supondrían una solución no violenta (de

confrontación bélica) para su resolución, por tanto su orientación igualmente supondría estar orientada a los sectores

poblacionales vinculados al negocio del narcotráfico en los niveles más elementales de la cadena, es decir,

cultivadores o raspachines. Por su parte, el componente militar establece en tres de sus seis estrategias, acciones

directas de fuerza contra la infraestructura (material, logística y humana) para la producción de la droga: uno,

aumento de apoyo operacional de las fuerzas armadas para la policía antinarcóticos; dos, operaciones contra

laboratorios y centros de acopio; y tres, erradicación de cultivos. De hecho estas tres estrategias se proponen

directamente contra los grupos de narcotraficantes (entiéndase carteles o mafias) y sus grupos de protección armada.

Esmeralda, Positos, entre otros. El primero que se

incauto fue el laboratorio de Positos y luego el de

Edén, en Guaqueros”

- Testimonio de poblador de la zona –

A la postre, lo que se evidencia es un efecto contrario, las zonas de

amplio cultivo de coca y marihuana fueron abordadas por las

distintas estrategias del componente militar del Plan, mientras las

zonas de procesamiento y comercialización (incluida las rutas de

interdicción hacia el pacifico por el Valle) se desatendieron

inicialmente.

Tercera provocación. Casualmente –por lo menos para el sur

occidente del país, incluido desde luego el Valle del Cauca- las

zonas donde se supone amplios cultivos de coca y amapola

coinciden con los lugares donde los grupos insurgentes han tenido

presencia histórica (el macizo colombiano, el sur del Cauca y

Nariño), mientras las zonas de procesamiento y comercialización

coinciden con los lugares donde lograron tener presencia y un

dominio considerable las mafias de narcotráfico, que como ya se

mostró para el centro del Valle, han estado asociadas con grupos de

paramilitares, en especial las AUC, y serios indicios de la

vinculación de estas últimas con miembros del ejército y la policía.

“El problema es cuando viene el ejército”

“En la zona no existen cultivos ilícitos. Los laboratorios se empezaron

a ver desde casi hace más de dos años en los Corregimientos de

Guaqueros, la Esmeralda Positos, entre otros. Al comienzo se

prometió mucho trabajo a la gente de la zona y los campesinos se

ilusionaron, pero no fue cierto; por el contrario, se ha sacrificado

gente inocente, solo por el hecho de pasar cerca y con la mala fortuna

que si desgraciadamente llegaba el ejército y lo quemaba (el

laboratorio), uno lleva del bulto. Por eso la gran mayoría de la gente

es esquiva pasar cerca de donde hay una cocina, inmediatamente

van por allí se desvían.

Por ejemplo, en la región vivió un vecino que le decíamos el Indio.

Coincidencialmente cuando el salía al pueblo la policía incautaba un

laboratorio; esto se repitió por espacio de cuatro veces hasta que las

FARC le aplico el destierro, porque dicen que era el quien sapiaba,

claro que eso pudo ser coincidencia con las salidas del pobre indio y

la quema de las cocinas por parte del ejército.

Los paracos ya se habían ido cuando llegó lo de las cocinas, después

de la masacre de Alaska el 10 de Octubre del 2.001 donde mataron

a 24.

Las AUC después que realizan la masacre se atraviesa hasta buenos

aires, a la pradera, a salir a la carretera de la Esmeralda, por el sitio

conocido como la Bocana, desde ese filo las FARC los encendió a

plomo; se dice que tres de ellos habían guardado los equipos y a los

días vinieron y los recogieron y se despidieron de la zona. Se dice

que en esa época las FARC hizo leña con este grupo. Se comenta que

los que no mato las FARC se despeñaron por las rocas muriendo

desnucados, solo unos tres quedaron sobrevivientes y recogieron sus

mochilas y se fueron, nunca más regresaron hasta la fecha. Desde

esa época no se volvió a saber de las AUC. en la zona; Con la Pela

que les dio las FARC, se puede decir que los aniquilo. Una vez se van

las AUC los campesinos empiezan a regresar”

- Testimonio poblador de la zona -

La débil presencia Estatal en las zonas montañosas de muchos

municipios del centro del Valle, ha conducido una historia de

marginación social, política y económica, como ha sido una

desafortunada costumbre a lo largo y ancho del territorio nacional.

La desatención del sector rural incrementa los niveles y la

profundidad de una serie de conflictos sociales que van en

desmedro de las condiciones de vida de los campesinos. Ellos se la

tienen que ver solos en el día a día, lidiando con su azadón y

machete buscando obtener algunas cosas para la manutención

familiar, con lo que les ofrece las pocas tierras que les permiten

trabajar los grandes dueños de Colombia.

Esta realidad avasallante subsume al campesino en el inmediatismo

para resolver sus necesidades básicas (alimentación, vivienda,

salud) de carácter individual y familiar, dejando poco tiempo y lugar

para el fortalecimiento de vínculos sociales más amplios, es decir,

de redes sociales de apoyo tales como los grupos vecinales para el

desarrollo de trabajos, asociaciones de productores o grupos

organizados en torno a la defensa de sus derechos.

Este ha sido el escenario propicio para que otros actores se

instauren en las esferas del poder a través de dos lógicas perversas

y desde allí soporten los mecanismos de control necesarios que les

permiten mantener y reproducir su status:

- Por un lado, la representatividad electorera, como

maniqueísmo perverso de intereses particulares, que les

permite acceder al manejo y control de los recursos públicos

(que solo mencionaremos en este documento a manera de

información).

- por otro, apelando al recurso de la violencia, principalmente al

uso de las armas y el rol simbólico que puede representar los

actos de barbarie y sevicia que han tenido lugar en las

distintas poblaciones, sobre el cual nos detendremos a

reflexionar un poco, en cuanto el contexto narcoparamilitar,

insurgente y ahora guerrerista, a partir de la tendencia

marcada por implementación del Plan Colombia en la zona

céntrica del Valle del Cauca.

Sectores rurales de Bugalagrande, Tuluá y San Pedro han vivido

episodios de violencia y disputa territorial en su pasado remoto,

cercano y en su presente. Cada nuevo episodio posiciona a un actor

distinto al que ya, por la fuerza de la costumbre, habían aprendido

a manejar, conviviendo con él, con sus dinámicas y demandas y

adaptándose de la mejor manera posible para sobrellevar sus vidas.

Para ejemplificar el tema vale la pena retomar uno de los relatos-

tipo logrados en el ejercicio de investigación. Aunque este

corresponde a una vereda particular, da buena cuenta de

percepciones más o menos compartidas entre los distintos

miembros de las diferentes comunidades

“Todo andaba bien en la vereda, había fuentes de empleo y la gente

se dedicaba a la agricultura. Uno encontraba cultivos de repollo,

hortalizas, fríjol, plátano, plantas medicinales, mora ganadería,

tomate de árbol, lulo, en fin…nos iba muy bien; además teníamos los

programas en la casa taller donde muchas personas se capacitaron

en el arte de la ebanistería, claro que esa gente ya no está...

Todo lo producido se comercializaba aquí mismo, porque un tendero

compraba los productos como semillas y los comercializaban en el

mercado campesino de Buga

Existían una muy buena relación entre vecinos, había unidad

comunitaria y productiva; se conformaban grupos de trabajo

comunitario, incluso en varias ocasiones adelantaron un proyecto de

pollas ponedoras. En este proyecto hubo desanimo en el grupo y con

el tiempo dejaron correr la responsabilidad en una sola persona

quien cuidaba las gallinas. Ya la otra gente no querían ayudarle al

final

Además, nos agrupábamos pa’ trabajar. Se puede decir que se

practicaba la solidaridad: quien llegara de afuera se le brindaba

inicialmente los alimentos, igualmente en el caso de presentarse

algún enfermo, se recogía el dinero y se le conseguía la droga o el

transporte para mandarlo al hospital.

Otro motivo de unidad era el acueducto, se recogía una cuota para el

pago del fontanero quien estaba pendiente del buen funcionamiento,

limpiar la bocatoma y que el servicio fuera constante, la gente era

muy unida pero en el momento ya no están…

Las cosas han cambiado. Eso se comenzó a notar cuando la gente se

desplazó por lo de los paracos, ahora recién están regresando.

Algunas personas dicen que somos muy valientes los que estamos

aquí, se pueden ver cambios en la misma gente, nos veíamos en la

tardes en la cancha o jugando fútbol, ya no se observa este

comportamiento.

Cuando llegan los paramilitares de las AUC la comunidad cambia.

Mucha de la gente sale y se va. Yo también me fui como un año pero

no me amañe y me devolví. Por allá uno pasa mucho trabajo y los

que más sufren son los hijos….

En los primeros meses de este año (enero) llego el ejército y los

soldados campesinos pero la FARC los hostigó, el ejército se

retrocedió pero volvieron a la zona con los soldados profesionales y

entre ellos cuatro de los soldados campesinos. Lo que se decía era

que entre ellos habían algunos jóvenes de por acá mismo de la región

ellos se regresaron y hace dos meses llegaron un grupo de soldados a

mando de un teniente del Palace y dejaron cinco soldados de civil en

la región. Claro, estos dijeron que ellos no iban andar por carretera ni

visitar casa: solo por el monte, y que ellos no iban a pelearse con

nadie, que venían para cuidar y saber quién era cada quien.

Se regaron por el pueblo, con ellos venia un teniente y ubicó unos

cinco civiles, supuestamente soldados campesinos.

Hace aproximadamente 45 días se llevaron un joven de nombre

Nelson residente en media canoa, quien en compañía de una tía se

encargaba de cuidar una de las cocinas, al oír los perros la señora

manda a los niños a mirar y estos solo ven cuatro personas de civil y

una persona de camuflados, el del camuflado era Nelson, quien se

encargaba de cuidar la cocina. Desde esa fecha está desaparecido.

Algunos dicen que él se encuentra en la tercera brigada, pero su tía

dice que el llamo diciendo estar bien.

Los del ejército, por lo general llega y no pregunta nada, habla solo lo

necesario. La primera vez en este año que llegaron los soldados

campesino, eran muy jóvenes, como de 18 o 20 años más o menos.

En enero no pudieron hacer mayor cosa, se acamparon el plan cerca

al colegio, más o menos eran 130, ese día a eso de las 6:30 de la

tarde, desde el alto, las FARC los hostigo, ellos se defendieron pero

se fueron. A los 20 días llegaron los profesionales, todos armados

hasta los dientes.

Cada que llega el ejército lo primero que nos preocupa es que haya

enfrentamiento, cuando quemaron la primer cocina, ese día yo tenía

que ir a la ir a la Siria a coger una mora; como el ejército entro, yo

camine fue por el atajo y no me topé con ellos. Ya de tarde mi esposo

tuvo que ir por mí, de regreso quise devolverme por mi hijo, pero mi

esposo me dijo que el ejército ya estaba en la zona y me dijo que

echara pa’ abajo que si el chino está de buenas pasaba, con el dolor

y la zozobra me toco hacer caso y a eso de las 8.30 de la noche llego

el niño, el ejército lo había dejado pasar detrás de los cinco camiones.

Ese día fueron los profesionales, le metieron candela a todo y se

fueron cargados con droga y todo el mercado qué tenían en la cocina,

que eran por bultos arroz, aceite y otros víveres.

El problema es que cuando viene el ejército los otros los torean. Otro

día, cuando vi llegar los soldados profesionales decidí traer unas

vaquitas que tenemos y estaban pasteando más abajo, no quisimos

mandar los niños para evitar que los cojan a preguntarles cosas.

Encontramos los animales y cuando nos regresábamos veníamos

subiendo despacio por el embarazo de mi hermana, en plena vuelta

de la escuela sentimos el primer tiroteo, era la FARC que los estaba

encendiendo, yo dije “virgen bendita nos encendieron a bala” y del

susto yo empecé a correr carretera abajo y los soldados me gritaban

que no corriera que me metiera en un barranco. Ellos nos cubrieron

mientras los otros disparaban con esos cañones (M.G.L.), y a si

pudimos pasa.

Ese día mi hermana y yo llorábamos, no sabíamos que hacer, solo

pensaba en mis hijos y el mayorcito, que se habían quedado arriba,

al ver que no llegábamos salieron a buscarnos, pero solo alcanzo a

llegar hasta la escuela, allí tuvo que tirarse al piso. También los

profesores se encontraban dictando clases y no hicieron más que

tirarse al suelo con los alumnos. Cuando el ejército empezó a

responderles los “Muchachos” (guerrilleros) echaron acorrer y estos

otros (ejercito) a corretearlos. Fue allí cuando nosotras pudimos

regresar. Ese día se tirotearon bastante.

Creo que la tropa eran unos 200 hombres pues estaban divididos en

cuatro grupos. En este grupo venían varios campesinos, los cuales

volvieron el 16 de mayo del día de elecciones de Alcalde

El proceder del ejercito esta vez es diferente a como procedían en

otras años, pues antes preguntaban mucho y eran muy insultantes,

esta vez comentan cosas muy normales y comunes ya no entran con

tanta preguntadera.

Por un lado uno se siente más tranquilo pero por el otro, qué tal que

llegue la FARC y nosotros somos los que llevamos del bulto. Claro

que la guerrilla también pasa, unos 4 o 6, y no molestan a nadie.

Cuando llega el ejército pues en el fondo se siente tranquilidad que no

lleguen los otros (AUC) pero nos preocupa que lleguen los

“Muchachos” a hostigarlo, porque de lo contrario ellos no se asientan

en la zona. Últimamente vemos que el ejército no molesta, tampoco

nos ha quitado nada, ellos compran y pagan todo, en mi caso me

compraron 30 pollos que tenia de engorde.

De todas maneras, ya no es como antes. La gente se fue, claro,

porque tiene miedo ¿y quién no? La mayoría de la gente no está y se

ha intentado crear un grupo productos medicinales, pero no fue

aceptado la gente no creyó, otra cosa puede ser la desconfianza pues

en otras ocasión se llevaron las cosas sin tener en cuenta que eso era

de la comunidad; además por el temor de que al estar en grupos les

puede suceder algo, o la desconfianza en experiencias vividas donde

el más vivo se llevaba todo, mire no más la casa taller”.

- Testimonio poblador de la zona –

Colombia ha forjado generaciones enteras que han visto en la

violencia la posibilidad más cercana para mediar las relaciones

sociales y acceder a las demandas propias o las inducidas por el

sistema dominante.

Vivir en el miedo, la zozobra y la incertidumbre genera climas en

tensión constante, donde la posibilidad de las solidaridades y la

reciprocidad relacional en aras de un crecimiento colectivo, un

desarrollo individual y grupal y un fortalecimiento de los vínculos

interpersonales, se ven truncadas ante las desconfianzas que

genera la incertidumbre de no saber quién es el vecino, a qué bando

le juega y qué efectos colaterales pueda sobrellevar esa relación.

Esta es la situación que se puede inferir de los modos de relación

que se han impuesto en las poblaciones del centro del Valle –

especialmente en su zonas rurales-, cuya historia ha visto pasar

distintos actores que se imponen por sobre cualquiera, utilizando el

terror como mecanismo de implosión de los tejidos comunitarios,

rompiendo desde adentro las bases que los cimientan, para facilitar

el control individual de las ahora aisladas partes de un todo social.

Lo más grave es que sea el mismo Estado quien reproduzca estas

lógicas a partir de la implementación de estrategias guerreristas

como el Plan Colombia, en especial cuando la alternativa a la

guerra es el incremento del pie de fuerza y la confrontación bélica

directa, como si se tratara de “la supervivencia del más fuerte” por

encima “del más apto”, desde luego si entendemos el más apto

como aquel que es capaz de articular los distintos elementos que el

entorno (humano y no humano) le ofrece sin que ello implique la

aniquilación o el deterioro de los mismos, es decir, reconocer en la

diversidad un potencial creativo y no una amenaza subyugante.

Así entendemos hoy las estrategias de soldados campesinos,

incremento del pie de fuerza, apoyo militar a las operaciones

antinarcóticos y cuanta cosa se inventaros los temerosos gurús de

la (in)seguridad nacional que propusieron el Plan Colombia, en un

escenario que por demás les es propicio, puesto que las

comunidades buscan y hasta claman por un estadio relacional que

les permita mantener una estabilidad emocional interna, una

tranquilidad real, que pasaría por la posibilidad certera de

garantizase las condiciones óptimas para la producción y

reproducción social, es decir, para la satisfacción de sus

necesidades básicas, para el desarrollo de sus potencialidades, en

general para el desarrollo de su cultura.

En esta línea, la ecuación [fuerza + violencia = orden = paz ] no es la

acertada; para nosotros este resultado dista mucho del real. Los

efectos reales del binomio fuerza - violencia dan a la postre un

resultado de miedo, angustia e intolerancia, que termina

constituyendo en un ciclo de terror de nunca acabar.

La gente tiene miedo. Y ante las alternativas de un dominador

cruel, sanguinario y tirano, la opción de un opresor menos visceral

aunque igualmente autócrata, opresor y arbitrario, resulta una

opción considerable.

Esto ha provocado que se acepte paulatinamente la presencia

militar, sus modos de relación y el orden que proponen, no como la

mejor alternativa sino, por el contrario, como la menos mala de las

tres posibles. El riesgo que se corre es que esta aceptación tácita se

traduzca en la pauta cotidiana de actuación en la vida social de las

comunidades y se ratifique como sistema relacional que,

fundamentado en el principio de orden a ultranza, niega la

divergencia como posibilidad creativa y subsuma al conflicto a un

elemento perverso del sistema, que a la postre es lo que el sistema

dominante requiere para perpetuar su estatus y su poder.

La presencia militar continua en los territorios donde habitan las

comunidades no solo se restringe a una imagen de autoridad

permanente, es decir, al referente material empírico al que se le

atribuyen características de orden y una autoridad, su impacto va

mucho más allá y tanto en la presencia militar y como en sus

formas de interacción entre si y con la población se construyen

imaginarios inconscientes sobre las formas de ser, estar hacer y

pensar el mundo. La militarización de los territorios es también la

militarización de las relaciones y de las ideas.

Capitulo IV

BUENAVENTURA Y PLAN COLOMBIA:

Una violencia que atenta contra la identidad

El contexto social y político en que se desenvuelve Colombia y que

afecta a la mayoría de la población ha generado y mantiene

diferentes fenómenos como el denominado conflicto armado, guerra

interna para otros, haciendo presencia en los territorios de la zona

pacífica –particularmente Buenaventura - no como algo coyuntural

sino como un fenómeno estructural, al reconocer el valor estratégico

de la región (Buenaventura es el principal puerto comercial de

Colombia).

El afán estatal y del gran capital de dominar las reales y potenciales

fuentes de riqueza ha llevado a la presencia militar en esta zona,

con énfasis en la zona costera con la base naval en Juanchaco-

Ladrilleros y en la carretera Alejandro Cabal Pombo, popularmente

conocida como la carretera Cali - Buenaventura o carretera al mar.

En búsqueda de mayor competitividad para el Terminal Marítimo de

Buenaventura, se construyó la carretera Alejandro Cabal Pombo

entre 1951- 1963. Por otro lado, la definición como zona estratégica

para la economía nacional e internacional de Buenaventura y el

pacífico en general llevo a que el Estado colombiano construyera la

Base naval de Bahía Málaga en 1984, como estrategia para el

dominio militar de toda la zona. Estas dos obras afectaron de forma

importante el entorno ambiental, social y cultural de las

comunidades asentadas en la región; trajeron consigo la ubicación

permanente de un gran número de militares en las zona, para

garantizar la seguridad de la carga en el caso de la carretera y de

los proyectos portuarios y turísticos proyectados para la costa o

cualquier otra, menos la de las comunidades que habitan

ancestralmente estos territorios.

Esta presencia militar toma más fuerza en los últimos 10 años

(aproximadamente) con la presencia permanente de los grupos

subversivos y paramilitares, generándose reiteradas expresiones de

la guerra colombiana como lo son: las masacres, los

desplazamientos, muertes selectivas, señalamientos a la

comunidad, entre otras.

Estos hechos graves de por sí, por atentar directamente contra la

población civil, por afectar su cotidianidad y vulnerar sus derechos

en varios niveles, toman peores tonalidades cuando se presentan en

territorios ancestrales de los grupos étnicos, como es el caso de las

comunidades Negras de Buenaventura, las cuales vienen avanzando

en proceso de revaloración, reivindicación, organización y

movilización en función de sus derechos colectivos; proceso que ha

sido afectado notoriamente por la presencia en sus territorios de los

grupos armados, que con su fuerza y cosmovisión diferente conlleva

a la imposición de dinámicas de vida descontextualizadas a la

realidad de las comunidades Negras con el señalamiento,

persecución y hasta asesinato de líderes y otros miembros de la

comunidad, generando una transformación o pérdida de valores

culturales, rectores de la vida comunitaria.

La presencia militar en estas zonas se ha convertido en permanente

amenaza, para la reivindicación y disfrute de los derechos

individuales y colectivos de las comunidades, al atentar contra la

movilidad en sus territorios, las prácticas tradicionales de

producción y manutención, la convivencia comunitaria, la

destrucción del medio ambiente, la vinculación de la juventud a las

filas, entre otras.

En tal sentido el ejercicio de investigación posibilitó, a partir de una

dinámica de encuentro, reflexión, y construcción colectiva, develar

los impactos en la vida comunitaria del proceso de militarización a

partir de la implementación del Plan Colombia en los territorios de

las comunidades Negras de Buenaventura, particularmente de

Juanchaco-Ladrilleros y la carretera al mar.

Panóptico del territorio y las fuerzas en Buenaventura:

¿para la seguridad o el control?

El territorio constituido por selva húmeda y habitada

mayoritariamente por población negra y en menor proporción por

indígenas, es uno de los sitios con mayor biodiversidad del planeta.

Sin embrago, históricamente ha sido una región con una dinámica

marginal en relación con la dinámica nacional, que tristemente se

viene integrando a la misma desde la violencia, a la cual se suman

tensiones, violencias y conflictos históricos alrededor del control y

uso de los recursos naturales de la región.

En Buenaventura viven cerca de 276.517 habitantes, lo que lo

constituye como segundo municipio más poblado del Valle del

Cauca. De este total, 240.055 se ubican en la zona urbana,

equivalente al 86,80 % y 36.462 (13,29 %) en la zona rural, según

cifras del DANE. Así, casi el 70 % de la población urbana reside en

la zona continental y se distribuye socioeconómicamente, según

planeación Municipal, en un 37.58 % perteneciente al estrato 1, el

24.75 % al estrato 2, el 32,53 % al estrato 3, el 4.74 % al estrato 4 y

escasamente el 0.33% hacen parte del estrato 5. Vale mencionar

que para sus residentes la población hoy fluctúa entre 350 y 400

mil habitantes.

La zona de Juanchaco-Ladrilleros cuenta con una población

aproximada de 5.500 habitantes, de los cuales 2.800 viven en

Juanchaco y 2.700 en Ladrilleros, el 49% de esta población es

menor de edad, el 64% son mujeres y el 36% hombres.

Por ser zona turística en tiempos de temporadas altas es visitada

por gran número de personas (en promedio 15.000), de lo cual

proceden gran parte de los ingresos de los nativos que se

complementan con actividades más tradicionales como la pesca de

mar y la artesanía. Los habitantes de la zona costera mantienen

permanente contacto con el área urbana del Municipio por motivos

de comercio, trabajo, parentesco, entre otros.

La zona de carretera, Alto y medio Dagua (Buenaventura), ubicada

alrededor de un gran tramo de la vía al mar, cuenta con una

población aproximada de 2.553 personas de los cuales 1.535 son

mujeres y del total de la población 1.102 son menores de 15 años;

esta zona cuenta con 510 familias distribuidas en las ocho veredas

que constituyen el consejo comunitario.

Por su facilidad de transporte vía carretera, esta población mantiene

contacto permanente con el casco urbano de Buenaventura. Alguna

de sus veredas son destino del turismo local.

Al tener dentro de su territorio la vía por la cual se transporta más

del 60% de la mercancía de exportación e importación del país, a

través del terminal marítimo de Buenaventura, les toca soportar

todas las consecuencias del permanente tráfico pesado y la

presencia de grupos armados legales e ilegales.

A comienzo de los 90’s, cuando se fortalecen los intereses foráneos

hacia la región, surge una nueva concepción del territorio desde los

grupos étnicos locales, recogida en la constitución de 1991. Los

territorios de las comunidades negras e indígenas empiezan a ser

delimitados al adquirir nuevas formas de territorialidad.

Político - administrativamente Buenaventura, como uno de los

municipios más extensos de Colombia, sobre todo por su gran zona

rural constituida por nueve cuencas y el área costera, contaba con

corregimientos como estructura político - administrativa, estos

pierden vigencia con el surgimiento de la legislación que reconoce el

derecho colectivo para comunidades negras y los consejos

comunitarios como entes administrativos de estos territorios. Hoy

Buenaventura se compone de su casco urbano y los distintos

consejos comunitarios en las zonas rurales.

En tal sentido las dos zonas donde se desarrollará la investigación,

están constituidos como consejos comunitarios. La costera tiene dos

consejos, el de ladrilleros y el de Juanchaco, mientras la zona de

carretera cuenta con el consejo de Alto y medio Dagua, constituido

por las veredas de Cisneros, La delfina, Triana, El salto,

Bendiciones, El 40, Zaragoza.

Desde el punto de la autoridad en estos territorios hay una

presunta permanente sobreposición de autoridades: la de la

administración municipal, la autoridad ambiental ejercida por la

CVC, la de los consejos comunitarios, pero también la ejercida por

las fuerzas armadas del Estado y desde luego las de facto,

agenciada desde vías de hecho por los otros actores armados, que

en tal sentido entran a contradecir las expectativas, planteamientos

y derechos de las comunidades.

Los consejos como autoridad en sus territorios vienen avanzando en

su fortalecimiento organizativo y legitimación dentro y fuera de sus

territorios, en función de la reivindicación de derechos colectivos.

Sin embargo, la autoridad y autonomía de las comunidades a través

de sus organizaciones autónomas y la libre movilidad en sus

territorios se ven amenazados de forma permanente debido a la

presencia e influencia de fuerzas armadas legales e ilegales, en los

últimos tiempos con mayor énfasis en las legales tanto en la zona de

carretera como para la base naval para Juanchaco y Ladrilleros.

Las transformaciones recientes en materia territorial, demográfica,

social y económica, han sido más notorias en esta región en

comparación con otras zonas del país, prueba de ello son las

organizaciones y los procesos organizativos que en función de la

reivindicación de derechos como grupo étnico que surgen y se

mantienen en la región. Sin embargo, la contrapartida a este

escenario lo constituye la injerencia en la vida política de la zona de

Buenaventura por parte de los grupos al margen de la ley y la

misma acción militar del Estado y las fuerzas ilegales. Su accionar

también se esgrime como reconfigurador de condiciones

socioeconómicas, demográficas y culturales para la población y los

territorios.

Un indicador muy diciente es la problemática del desplazamiento

forzado. Según los datos del Sistema de Información sobre

Desplazamiento (SISDHES), la población Afrocolombiana junto con

la indígena, constituyen el sector más

afectado con el llamado conflicto armado y

la migración forzada durante el último año.

Cuatro de cada diez personas desplazadas

en Colombia pertenecen a estos grupos

étnicos, procedente en su mayoría de zonas

sometidas a estrategias de confinamiento aplicadas por los actores

armados. El 33% de las personas desplazadas internamente

pertenecen a comunidad Negra.

En particular en esta zona del país, poblada mayoritariamente por

afrocolombianos, se vienen presentando diferentes expresiones de la

guerra interna: masacres, muertes selectivas, detenciones masivas,

incursiones militares, presiones sobre población civil, lo cual ha

generado en diferentes localidades desplazamiento hacia las zonas

urbanas de Buenaventura y Cali entre otras, pero también se

registran muchos casos de desplazamiento interno bien sea al

interior de los territorios ancestrales o entre los diferentes barrios,

los cuales no son recogidos en las estadísticas. Dagua, Anchicayá;

Naya, Calima, Raposo, se encuentran entre los casos más sonados

en lo rural, Pampa Linda, Punta del este, Juan 23 en el caso de los

barrios urbanos de Buenaventura, dan cuenta de la presencia de

este fenómeno en la subregión.

Año Desplazados

2000 7.500

2001 14.700

2002 17.300

2003 23.000

2004

(Hasta Agosto) 24.600

Los desplazamientos suceden por enfrentamientos entre los

paramilitares de las AUC y la guerrilla, al igual que por masacres,

amenazas y bombardeos a zonas rurales de la región.

Los últimos desplazamientos sucedieron en el mes de Agosto de

2004 en el corregimiento de Calima, 900 personas se vieron

obligadas a salir del lugar por enfrentamientos entre las FARC y los

paramilitares de las AUC, y del río Raposo por bombardeos de la

Infantería de Marina, con un total de 25 familias.

Hay que señalar que el 90% de estas violaciones se quedan en la

impunidad y no hay políticas serias por parte de la Administración

Municipal y de las Fuerza Pública y Armada para frenar esta

situación, a lo que se le agrega la grave situación de los desplazados

colombianos.

Otros indicadores de las

alteraciones socioeconómicas,

demográficas y culturales para la

población y los territorios, producto

de la acción militar de los distintos

actores se recoge en el siguiente

ejercicio de registro cronológico de acontecimientos violentos,

realizado por el Palenque el Congal / PCN; en él se describe la

situación de orden público que ha venido sucediendo en los últimos

años en el municipio de Buenaventura.

Año Asesinatos

2000 559

2001 534

2002 455

2003 567

2004 (nov-10) 409

2005(julio-12) 213

A partir del año 2000 el conflicto empieza a recrudecerse debido a

la presencia de los paramilitares de las AUC, quienes aparecen para

enfrentar al 30 frente de las FARC, que hacen presencia en algunas

zonas del municipio. Las masacres, asesinatos, desapariciones,

amenazas y desplazamientos se convierten en común denominador

de nuestra realidad.

Las anteriores cifras corresponden a datos de medicina legal, y

organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos,

pero es común encontrar cadáveres sin identificar, con señales de

tortura y en estado de descomposición. De otro lado, se sabe que

muchas de las víctimas son lanzadas al fondo de los esteros o son

dejadas en la isla calavera, donde no se puede llegar por temor a ser

asesinado. En los últimos 3 meses se han encontrado 15 cadáveres

sin identificar.

Estos asesinatos se dan por intolerancia social, por supuestos

vínculos con la guerrilla, con los paramilitares o por tener algún tipo

de filiación con los actores armados.

Junto a estos asesinatos, las masacres son una estrategia

recurrente de intimidación. En los últimos 5 años (entre febrero de

2000 y julio de 2005) se han presentado alrededor de 32 masacres,

de las cuales el 25 % han sido perpetuadas en los barrios de la zona

urbana y el 75 % restante en la zona rural. Se estima un número

aproximado de 267 víctimas. (Ver anexo 4: Masacres en

Buenaventura)

Finalmente las

desapariciones. En los

últimos meses han

aumentado los casos de

desaparecidos en la ciudad.

Las estadísticas no

corresponden a la realidad

debido al temor que tienen los habitantes de denunciar, pues estas

van acompañadas de amenazas de los actores armados ilegales.

Testimonios de la violencia y el terror recientes

En Buenaventura después de la desmovilización de los

paramilitares se ha agudizado el problema interno en el que vive la

ciudad. Los grupos armados legales e ilegales que están en la

ciudad han incrementado su accionar deteniendo a personas

decentes y respetables de la comunidad.

En lo que llevamos del año 2005, han sucedido 8 masacres, que son

importantes de reseñar como una prueba fehaciente que incremento

el pie de fuerza de los actores armados, siendo una evidencia

ineludible y un factor determinante para disparar los niveles de

Año Desapariciones

2000 41

2001 48

2002 44

2003 100

2004 (hasta Marzo) 79

2005 (hasta julio) 16

Total 328

violencia. Si el Estado opta por la vía armada y la militarización, tal

como lo ha hecho con los recursos provenientes del Plan Colombia,

está facilitando el juego de la violencia y aportando en la “bola de

nieve” desatada en la región –y en el país en general.

Por razones obvias de seguridad de las comunidades, guardamos la

confidencialidad de las fuentes de donde logramos la información

que a continuación se reseñan brevemente, a propósito de las

masacres y las detenciones arbitrarias perpetuadas en lo corrido del

año:

1: En el mes de Febrero fueron masacrados 5 personas en la

autopista Simón Bolívar, en la entrada al barrio el cristal, estas

personas fueron acribilladas a tiro por sujetos que se movilizaban

en motocicletas, lo raro es que a una cuadra está el comando de la

policía municipal.

2. En Febrero 13 del 2005 fueron asesinadas 4 personas en el

barrio el Lleras (Comuna 4).

3. En Marzo 18 de 2005 asesinaron a 1 persona e hirieron a 4, los

asesinos se movilizaron en lancha y con armas de largo alcance.

4. En el mes de Marzo a pocos días de la pasada masacre en la

playita asesinaron a 2 personas, abalearon uno quien murió en el

hospital.

5. La masacre reciente donde acabaron con la vida de 12 jóvenes

entre los 15 y 22 años del barrio punta del este y Santa Cruz. Estos

jóvenes fueron asesinados en la comuna 12, barrio el Triunfo,

Vereda las vegas, la cual está en la vía que de Buenaventura

conduce al aeropuerto, vigilado al mismo tiempo por la infantería de

marina.

Según cuenta la población varios de los jóvenes asesinados

participaron en la marcha del 5 de abril organizada por la

comunidad de Punta del Este y santa cruz, donde pedían la

construcción de un puente peatonal. No hay que olvidar que estos

manifestantes fueron golpeados, además a un manifestante le

lesionaron un ojo y tiene peligro de perderlo; este hecho fue

realizado por los antimotines de la policía, y al parecer los

antimotines tomaron fotos y filmaron a la comunidad.

Según testimonios de algunos pobladores: “Muchos moradores de

Buenaventura estamos preocupados porque se han visto reuniones

de las fuerza armadas legales con paramilitares en algunas zonas de

la ciudad”.

6. En el mes de mayo fueron masacrados 3 personas en el cuerpo

de bomberos del centro de la ciudad, a eso de la una de la tarde. De

los muertos 1 era bombero voluntario de esta institución.

7. En el mes de junio en horas de la tarde fueron masacrados tres

personas de los cuales uno era el guarda espalda del concejal del

municipio Wilson Cándelo.

8. El día 9 de julio del presente mes fueron masacrados 6 personas

en el barrio Lleras en horas de la tarde.

En estos últimos meses se han presentado varias masacres en la

zona urbana y dos incursiones en el río Calima, Yurumanguí y un

bombardeo en Mallorquín. En calima, vereda San Isidro, el 15 de

abril detuvieron a dos menores de edad, Camilo murillo Caicedo y

Juan Elías Murillo Caicedo de 15 y 16 años, respectivamente. Ellos

se encontraban pescando en el rió después de terminar el corte de

madera que es su actividad laboral. Estos jóvenes fueron liberados 5

días después; durante su detención les amarraron las manos por el

tiempo que duro el recorrido del operativo; como si fuera poco, les

dieron 20.000 pesos a cada uno para que firmaran un documento

del que no tienen claridad sobre su contenido.

El día 16 de abril en las horas de la tarde retuvieron a los señores

Murillo Moreno de 36 años sordomudo y José Leonardo Angulo

Polo; salieron a recoger limones en las plantaciones de cultivo, al

terminar las labores fueron detenidos, llevándoselos en los

camiones y dejando incertidumbre en los moradores de la

comunidad, ya que en otras zonas, cuando ha sucedido esto, los

hechos son lamentables para la comunidad. Al señor Ramón Murillo

lo vistieron con un chaleco y sus respectivas municiones más

escopeta. Lo dejaron en libertad a los 4 días, entregándole 30.000

pesos, con el fin de reconocerle el tiempo que había estado con ellos.

El 16 de abril en la vereda de San Isidro incursionaron las fuerzas

militares y de policía, infantería de marina, DAS y fiscalía, estas

autoridades estaban acompañadas de tres encapuchados que

hacían las veces de guías de la comitiva.

Llegaron a pie. Hicieron que los habitantes de la comunidad se

reunieran en el polideportivo. Cuando la comunidad ya estaba en el

polideportivo llego un helicóptero con más hombres del ejército.

Estos amenazaron a los niños diciéndoles que si no daban

información les cortaban las manos. Luego detuvieron

arbitrariamente a los hombres del pueblo de los cuales se llevaron

a:

1. Eliécer Moreno de 17 años

2. Diógenes Gonzáles de 24 años

3. Berlín Gonzáles de 28 años

4. Jesús Lizalda de 48 años

5. Harold Rivas de 21 años

6. Patricio Ballesteros de 17 años

7. Benigno Velasco de 45 años (maderero y tendero).

El 19 de Abril a las 2 de la tarde en el barrio punta del este y Santa

Cruz de la comuna 5 del municipio de Buenaventura, un hombre en

una motocicleta y un colectivo reunió a algunos jóvenes de estos

barrios supuestamente para ir a jugar un partido de fútbol en

Puerta Dagua, zona rural del municipio vecino de Dagua, con el

pretexto de pagarles 200.000 pesos al equipo que ganara. Los

jóvenes coteros y deportistas de estos barrios acudieron al llamado

para con este dinero ayudar a su familia sin saber que allí

encontraría la muerte.

Hay comentarios que los jóvenes reclutados para jugar fueron 25 de

los barrios Punta del Este, Santa Cruz y Palo Seco, hasta hoy solo

se han encontrado 12, los cuales fueron hallados muertos con

muestras de torturas, amordazados, rociados con ácido, le sacaron

los ojos y le dieron un tiro de gracia.

El día sábado 23 de abril a las 11:p.m. ingresaron a un

establecimiento público miembros de la fuerza pública – soldados -

quienes detuvieron a 16 personas que departían en el

establecimiento sin mostrar ninguna orden de captura. En el

momento de la detención se presentaron algunas amenazas por

parte de los uniformados con la población. Los militares les decían:

“agradezcan que los llevamos vivos, después de nosotros vienen los

paramilitares y esos si van a dejar muertos.”

Algunos de los agentes fueron reconocidos por la comunidad como

el cabo Quinteros, cabo Echeverri y Vicente Fernández Rodríguez.

Este último fue el encargado de hacer apagar la música.

Los siguientes son nombres de las personas detenidas masivamente

el 23 de abril del 2005:

1. Ángel Murillo García

2. Luís Eduardo Murillo García

3. Luís Enrique Domínguez Domínguez

4. Darío Benítez Vergara

5. Julio Cesar Asprilla Longa

6. Diego Luís Murillo Caicedo

7. José Esneider Martínez Murillo

8. José Reynel Martínez Murillo

9. Juan Guillermo Caicedo Murillo

10. Jefferson Andrés Mosquera Valencia

11. Álvaro Valencia

12. Francisco Emilio Gonzáles

13. Andrés Hurtado

14. Rubén Ospina Roldan

15. Jonathan Arley Narváez

16. Luis Fernando

17. Yeison Ibargüen Mosquera.

El 23 de abril en el barrio Viento Libre, en la calle Piedras Cantan,

unos hombres que se movilizaban en un taxi lanzaron una granada.

Como saldo queda 1 niño de 4 años de edad muerto y 8 heridos,

entre los cuales había 5 niños entre los 4 y 8 años y 3 mujeres.

El 24 de abril en el centro de la ciudad, en el barrio más conocido

como san Andresito, se encontró una bomba la cual fue desactivada

por las fuerzas antiexplosivos.

Existen además otras formas de violencia que se atribuyen

directamente a los actores ilegales, en especial paramilitares. Aquí

presentamos un caso - tipo:

Edad: 29 años

Lugar de nacimiento: Buenaventura, Valle

Lugar de los hechos: Barrio Juan 23

“Los paramilitares amenazaron a los jóvenes del barrio, de los cuales

ya han matado a varios ellos. Uno de mis mejores amigos, Henry

Hurtado, está desaparecido; también asesinaron Ester Julia Reyes.

Parece que todos los que éramos amigos ellos seremos asesinados.

Hace unos días me corretearon para matarme pero me metí por un

lodazal y no pudieron atraparme, pero me están buscando por todas

partes no he denunciado por miedo, porque las autoridades realizan

reuniones con ellos en el barrio.

Estoy viviendo en barrio, no he podido irme porque no tengo para

donde ir ni recursos para hacerlo”

Por su parte, las fuerzas del Estado tienen su grado de

responsabilidad y participación en la situación de inseguridad y

violencia en el Puerto, sea por omisión en la garantía de una efectiva

y apropiada estrategia de seguridad o por la acción directa

(operaciones armadas, detenciones masivas y arbitrarias)

efectuadas por sus agentes. En esta línea se mueve el caso que a

continuación se registra: la incursión de las fuerzas aéreas y la

infantería de marina en el rió Yurumanguí, que además incluye la

detención de dos jóvenes por parte de la tropas de la Fuerza Aérea

Colombiana y la infantería de marina.

Caso

El día 4 de mayo del 2005, en las horas de la mañana, en la

comunidad de San José del Yurumanguí se presentó un bombardeo,

directamente en las veredas el Águila, San José, San jerónimo y el

Queso, por parte de la Fuerza Aérea Colombiana y la infantería de

marina.

A partir de las 8:00 a.m. del 4 de mayo, las tropas militares

desembarcaron en las veredas antes mencionadas e incursionaron

violentamente en cada una de las casas, saqueándolas. Entre los

elementos hurtados estaban los documentos de identidad, radios

trasmisores, dinero, ropa, joyas, entre otros enseres.

La población se desplazó internamente entre el río de una

comunidad a otra. Algunos que estaban en las quebradas realizando

trabajos de agricultura se refugiaron debajo de los árboles para

esconderse de los ametrallamientos. Posteriormente las tropas los

obligaron a transportar víveres y enseres por casi tres horas.

Dos jóvenes miembros de la comunidad de las veredas San José y

San Jerónimo: Antonio Panchano y Hernando Rentería,

respectivamente, fueron detenidos. Antonio fue detenido luego de

que lo obligaran a limpiar el rastrojo que tenía el terreno en el cual

los helicópteros aterrizaron. A Hernando lo detienen cuando se

dirigía en medio de la angustia en búsqueda de su señora madre y

sus cuatro hermanos menores de edad.

Posteriormente, el día 5 de mayo estos jóvenes fueron mostrados

por la fuerza pública ante los medios de comunicación como

miembros del grupo insurgente FARC. Antonio Panchano fue dejado

en libertad, mientras Hernando Rentería esta todavía detenido por

que le encontraron un antecedente de un omitido, pero ninguno de

los dos se le encontró vínculo con la insurgencia.

Así mismo, los bombardeos y ametrallamientos afectaron la salud

física de algunos pobladores al caer esquirlas de las granadas y

morteros lanzados por las fuerzas militares en sus cuerpos. Varias

viviendas se encuentran también averiadas producto de las ondas

expansivas. En este evento murió el señor Emilio Mina, por un paro

cardiaco agudizado por los bombardeos.

El día sábado 7 del presente mes, una comisión humanitaria

compuesta por funcionarios de la alcaldía de Buenaventura,

Personería, Defensoría, Comité Andino de servicio y del Proceso de

Comunidades Negras visitó la zona, la cual pudo corroborar la

información que la comunidad ya había suministrado, es decir, los

saqueos de las casas en San Jerónimo, heridos con esquirlas,

maltrato a las cementera con el aterrizaje de los helicópteros,

familias atemorizadas, entre otras cosas que afectaron a la

comunidad.

La ciudad de Buenaventura está cansada de tantas muertes,

detenciones y abusos sin que capturen a los directos responsables,

en esta ciudad se asesinan sin discriminación personas de la zona

urbana y la zona rural; si el Estado es el responsable de garantizar

los derechos humanos, la gente hoy se pregunta ¿Qué pasa con la

ciudad de Buenaventura? ¿Será que en Buenaventura van a acabar

toda la juventud sin que las autoridades y la nación condenen

estos asesinatos?

¡Esto no es lo que queremos!

“Los muertos en Buenaventura no hablan, quedan en la impunidad por eso queremos que hablen por ellos los que todavía pueden hablar, los que todavía sobreviven a una vida injusta”

Los resultados del ejercicio de investigación se miden de diferentes

formas y van más allá de lo que de forma concreta se puede citar en

este momento, porque la posibilidad que genero el encuentro

comunitario frente a la toma de conciencia de su propia realidad, la

solidaridad expresada hacia estas comunidades, la reafirmación de

los hechos escandalosos de la guerra como la masacres,

desplazamientos, señalamientos, muertes selectivas, detenciones

masivas e individuales ilegales, entre otros aspectos,

definitivamente es sentida como una intromisión desestabilizadora

de la vida cotidiana de las comunidades negras, como una irrupción

trasgresora y violenta de la cultura ancestral y, por tanto, una

acción ilegítima e ilegal que atenta contra las comunidades y su

territorio.

En este orden de ideas, las reflexiones logradas con las

comunidades en torno a los impactos de la militarización de su vida

cotidiana, se mueven en la línea de los derechos a partir de 5

componentes básicos para la comunidad negra de estos territorios:

la convivencia, la autonomía, movilización, prácticas productivas e

identidad cultural.

CONVIVENCIA

En un amplio consenso, la convivencia es concebida como la

posibilidad de compartir buenas relaciones desde lo individual, lo

colectivo, como personas y de estas con su entorno, basándose en

valores claves como la solidaridad, el respeto por el otro, la justicia,

los afectos, la tolerancia, resolución pacífica de los conflictos entre

otros, factores que han caracterizado a las comunidades del

pacífico.

El impacto de la militarización sobre la convivencia comunitaria se

advierte entonces en dos sentidos:

Los grupos al margen traen problemas cuando hay militares.

Desde luego la lógica de los actores en conflicto –más aún militares-

es la confrontación, y la población civil queda física y políticamente

entre ellos. Los sentimientos de temor a los enfrentamientos y los

zafarranchos que se realizan en las noches son una constante que

desestabiliza el equilibro sicológico de las comunidades.

Se incrementan problemas sociales como la drogadicción,

prostitución, hurto, ante el clima de incertidumbre y desasosiego

que vive la población. Esto relacionado desde luego con la

restricción a algunas fuentes de ingreso o las prácticas tradicionales

para la adquisición de la manutención familiar.

AUTONOMIA

Para los miembros de las comunidades ancestrales la autonomía es

la capacidad y posibilidad que deben tener las comunidades para

decidir el rumbo de sus vidas y la de sus territorios, pasando por la

movilización, la administración de los recursos naturales, las

formas de organizarse para el trabajo y la reivindicación de sus

derechos, para participar dentro y fuera de los territorios en todo lo

que les afecte.

Aunque, para el caso de Juanchaco, en su momento la

comunidad se resistió a la construcción en su territorio del

aeropuerto esta no se pudo parar, porque entre otras cosas

manejaron el discurso de que se trataba de un aeropuerto civil y

traería más turistas, un argumento atrayente si consideramos la

economía turística del sector.

La titulación colectiva de los territorios ancestrales, base de la

autonomía comunitaria, se han visto impedida entre otros por la

presencia y proyección de los militares a través de la base naval y el

aeropuerto militar.

Sobre todo en el caso de la carretera, los soldados se ubican en

espacios netamente comunitarios, como las casas y las escuelas,

generando muchos riesgos, ante un eventual ataque de sus

enemigos y además lo señalamientos para la población civil por

parte de estos últimos.

Las reglas de juego impuestas por los militares cohíben a las

comunidades para seguir siendo lo que culturalmente han sido,

manifestada en las formas de producción, el cierre (restricciones) de

lugares dentro de sus territorios, la prohibición del uso de

herramientas tradicionalmente utilizadas para la practicas

productivas como la cacería.

La administración del territorio reconocido por ley como derecho

de las comunidades se ve afectado por la presencia militar en los

mismos, ya que esta responde a las demandas y expectativas de las

comunidades, priorizando por encima de todos los derechos y la

“seguridad” para lograrla, el camino que escogen los militares es la

represión.

Se viene presentando con mucha recurrencia una violación

directa al derecho de asociación y de intimidad. Cuando la

comunidad se reúne en la caseta comunal a debatir sus ideas

relacionadas con el bienestar colectivo, los militares están

pendientes de lo que ocurre en la reunión, bajo la excusa de la

seguridad y contra la conspiración.

MOVILZACIÒN

Las comunidades del pacifico ancestralmente se han movilizado por

todo su territorio en función de la satisfacción de necesidades

materiales y espirituales, por eso existen sitios y tiempos para todo,

desde lo productivo como la cacería, la pesca, minería, agricultura,

para la recreación y encuentro con los vivos y los muertos, con lo

terrenal y lo extra terrenal. Lo cual reafirma la identidad.

La gente argumenta “antes de la presencia militar se podía uno

mover a cualquier hora desde y hacia cualquier lugar dentro del

territorio, con la presencia de los militares, estos restringen los

horarios y sitios de tránsito permanencia por cuestiones de seguridad

(para ellos)”. Un fehaciente testimonio del fenómeno de

confinamiento como violación al derecho de la locomoción.

Las actividades productivas como la cacería, minería, agricultura

entre otras, que son básicas para la satisfacción de necesidades

fundamentales por parte de las comunidades se ven impedidas con

las restricciones para movilizarse por el territorio, la prohibición de

uso de escopetas de casería y los operativos militares, establecidas

por los militares de forma directa o indirecta con sus acciones.

Tanto en la zona costera como en la carretera, los militares han

establecidos zonas restringidas para las comunidades dentro de sus

propios territorios sin tener en cuenta la importancia de estos

lugares para la vida comunitaria.

El temor a los enfrentamientos y las prácticas militares que se

realizan o pueden llevar a cabo a cualquier hora en los territorios

ancestrales, provocan que la gente misma opte por evitar transitar

ciertos sitios, en gran medida por el riesgo a su integridad física y a

la vida misma; de cualquier manera es un efecto que impiden la

libre movilización de las comunidades.

Las comunidades son persuadidas o forzadas a colaborar con los

militares. Se utiliza a la comunidad para que transporte a los

soldados en sus embarcaciones de un sitio a otro, dentro del

territorio, lo cual pone en eminente peligro a los nativos con

respecto a los otros grupos armados en disputa y vincula la

población al conflicto, constituyéndose en un acto violatorio al DIH.

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

La satisfacción de las necesidades fundamentales de las

comunidades, está basado en sus sistemas productivos: la cacería

de animales silvestres, la pesca de río y mar, la extracción de

conchas y otros productos del manglar, la agricultura, las

artesanías, entre otras prácticas, constituyen el sistema productivo

de las comunidades negras del pacifico, en general. En el caso

particular de las comunidades de la carretera y de la zona costera,

en los últimos años, han venido aprovechando algunos lugares de

su territorio para atender turistas de Buenaventura, el Valle del

Cauca y Colombia. Sin embargo, estas situaciones son ampliamente

afectadas por la presencia de los efectivos del ejército, la infantería

de marina y la policía.

El turismo se ve afectado por lo incómodo de las medidas de

“seguridad” establecidas por el ejército, por ejemplo las requisas

constantes a nativos y visitantes.

Cuando hay presencia militar se dañan los cultivos, las siembras

por la acción de la tropa en las zonas de trabajo nos impide, a veces,

poder estar en los sembrados, cuidarlos y mantenerlos, es decir, las

labores cotidianas para la siembra y cultivo logran ser afectadas, al

igual que la pesca y la caza. “a veces no podemos salir al campo

libremente a sembrar o recoger nuestros cultivos, tampoco podemos

realizar la pesca, ni nocturna ni diurna, ya que se corre mucho riesgo

por la presencia de militares que en muchas veces tildan a la

comunidad. (En la zona de carretera) las atarrayas están guardadas

sin uso porque es muy riesgoso salir de madrugada ya que se puede

ser señalado e incluso hasta agredido”.

Lo mismo pasa con las actividades mineras: “También nos ha

afectado en la extracción de material del río porque los comandantes

del ejército creen que las personas que viven de este oficio tienen que

ver con las milicias”.

El costo de vida se ha incrementado porque la producción

autónoma se ve impedida por las condiciones y actitudes de los

militares que directamente impiden el desplazamiento en el

territorio, el uso o porte de escopeta, significa el señalamiento de

guerrillero. Ahora las comunidades pasan de producir su propio

sustento a depender de una economía terciaria, de dependencia

comercial a intermediaros en productos foráneos.

IDENTIDAD ETNICA CULTURA

Como pilar de los derechos colectivos, la identidad cultural juega un

papel clave en la construcción simbólica y material de los territorios.

En las comunidades se entiende la Identidad Étnica y Cultural

como la conciencia de lo que se es, del origen y del proceso histórico

de construcción social, a partir de la singularidad como pueblo,

regido por patrones y valores, construidos, adaptados y

transformadas por la dinámica comunitaria. Es el conjunto de

prácticas productivas, de relacionamiento entre las personas y con

el entorno natural, con lo visible y lo invisible, todo a partir de la

cosmovisión particular del mundo. Los efectos de la militarización

en este aspecto son muy claros para los pobladores de los territorios

ancestrales:

“No tenemos paz: la cultura nuestra, nuestra identidad no es ver

armas en todo momento, menos disparos permanentemente en

nuestros territorios, ocasionados por los enfrentamientos o las

prácticas de los militares, lo cual mantiene tensionada a la

comunidad, nosotros no estamos acostumbrados a ni ver ni escuchar

armas”.

Las fiestas tradicionales de la comunidad también se ven

afectadas por las restricciones militares, las tensiones o la

imposibilidad de circulación libre por el territorio, cohibiendo la

expresión propia de un pueblo cuya cultura tienen una alta

fundamentación histriónica.

El no poder transitar en paz de noche o de día, pues ésta en gran

medida coarta la posibilidad de fundar o fortalecer las relaciones de

amistad entre la población, en cuanto que la intensidad, calidad y

continuidad de tiempos para la interacción se ven disminuidos ante

las restricciones de tiempos y espacios, lo cual es fundamental en la

cultura del pacífico.

En el plano de las comidas y los manjares la dificultad para

realizar las labores productivas en fincas, quebradas y ríos, hace

difícil acceder a los productos alimentarios tradicionales, limitan las

prácticas tradicionales de consumo y producción.

Los horarios establecidos por las fuerzas militares, limitan las

expresiones artísticas culturales de las comunidades, lo cual afecta

la cultura e identidad.

El bunker construido en Cisneros en uno de los extremos de la

cancha de fútbol, o sea dentro de la comunidad condiciona la

práctica del deporte y otras actividades a campo abierto que tenían

como escenario esta cancha, debido a que genera mucho riesgo,

pues los disparos que allí se originan en las prácticas de

entrenamiento de las policía (polígonos), han tenido lugar en

momentos en que los jóvenes utilizaban la cancha sin que hubiera

ningún enfrentamiento o alteración del orden que explicase este

comportamiento. Además, al ser tomada la cancha como escenario

de entrenamientos y base de la policía, se rompe rotundamente con

la significación social que este mismo lugar a tenido históricamente,

es decir, como espacio de encuentro e interacción cotidiana, fuente

principal de la cultura y la identidad de las comunidades.

Unas conclusiones necesarias

Los efectos de la militarización en la vida de las comunidades de

Buenaventura, gracias a la información obtenida, son concluyentes.

Lo que se observa de entrada es que este proceso belicista,

fortalecido por las acciones del Plan Colombia, produce una falsa

seguridad, lo cual es ratificado por las comunidades cuando afloran

sus temores frente a potenciales y reales enfrentamientos en sus

territorios, denuncian los abusos contra la libre circulación, la

tranquilidad y el intento por dominar la vida cotidiana de las

comunidades.

El asunto se agrava tratándose de las comunidades Negras en sus

territorios ancestrales, las cuales han desarrollado una cultura que

la diferencia en muchos aspectos del resto de los colombianos.

Para este ejercicio se tuvo en cuenta cinco componentes básicos

para la vida de estas comunidades como son: la autonomía, la

convivencia, la identidad cultural, las actividades productivas y la

movilización dentro de sus territorios. Como se puede observar, a lo

largo del capítulo de los resultados y testimonios de los cinco

componentes se ven afectados, por la presencia militar.

En el caso de la autonomía, los militares, a través de sus medidas

inconsultas de “seguridad”, impiden la libre decisión por parte de

las comunidades en sus territorios, la convivencia se afecta por la

influencia en las formas propias de relacionamiento y atención de

los conflictos comunitarios, las actividades productivas bases de la

autonomía alimentaría se estrella contra las restricciones para

movilizarse libremente por los territorios con las condiciones para

producir, a riesgo de ser señalados, detenidos y hasta agredidos

físicamente, todo lo anterior es un directo atentado contra la

posibilidad de mantener y fortalecer la identidad étnica cultural,

que no es solo intangible, sino que se materializa con las prácticas

de vida comunitaria.

Lo ratificamos: Estrategias que, como el Plan Colombia, intensifican

el poder bélico de cualquiera de los actores armados en conflicto –en

especial las fuerzas del Estado- se fundamentan en la seguridad

como un sofisma de distracción para la consecución de la paz y la

tranquilidad, de hecho lo que si generan es una escalada de abusos

con argumentos abyectos que justifican la acción militarista.

Este panorama nos plantea un gran reto, el de continuar en la

lucha desde nuestras organizaciones y principios políticos, en

función de la reivindicación de nuestros derechos como población

civil en general, pero como comunidad Negra en particular,

amenazados por la política belicista, impulsados por los dueños el

poder económico, militar y administrativo.

¿Existen alternativas al conflicto? Desde las comunidades negras la

respuesta es sí. Lo primero a resaltar es que existen tres formas de

resolver la situación que desde hace años vive Colombia en materia

de conflicto armado: derrotando al adversario, negociado o

derrotando la guerra desde las iniciativas que se vienen adelantado

en distintas regiones en resistencia a la guerra. Esta resistencia es

complementaria a la propuesta de una salida negociada al conflicto,

que por su naturaleza es contraria a la creencia de que es posible

una solución por la vía militar.

La mayoría de las iniciativas de resistencia en el país tienen algo en

común, provienen de mujeres, indígenas, negros, jóvenes,

campesinos. En conclusión detrás de las mismas están los sectores

distintos que además de la vida física buscan defender sus

proyectos de vida y de sociedad sustentados en formas alternativas

de relacionamiento. Desde esta perspectiva de un ejercicio de

resistir en la diferencia, no tiene cabida la idea de vencer al otro por

la vía militar, no tiene cabida en la lógica de las comunidades y las

organizaciones que están en resistencia.

Se resiste para defender y ejercer el derecho a ser distinto y

autónomo, frente a los que se enfrentan y han hecho de los

territorios, los recursos y de las relaciones comunitarias parte del

escenario y motivo de disputa.

En tal sentido los procesos de resistencia buscan la salida a la gran

crisis que vive el país planteando la búsqueda de entendimiento

intercultural y social como único camino hacia la convivencia.

Independientemente del nivel de conciencia las diferentes

experiencias de resistencia que se adelantan en Colombia tienen

relación con el campo local y lo global. La resistencia a la guerra,

nuestra actual resistencia, está relacionada con las luchas invisibles

adelantada por diferentes organizaciones alrededor de temas tan

disímiles como la participación.

Las luchas invisibles son una posibilidad de construir tanto

relaciones de vida y de sociedad entre las personas como de las

comunidades con la naturaleza, distintas a las que desde el

proyecto hegemónico se nos está imponiendo en todos los campos.

Las resistencias complementarias que se adelantan en el país, nos

dicen también, en la medida en que se afirman en el derecho a la

autonomía, de la profunda necesidad que tiene este país de

ordenamiento territorial y ambiental que responda a las diferencias

regionales, históricas y culturales que existen en Colombia y que

son imposibles si las comunidades no tienen dominio sobre sus

territorios y recursos naturales.

La resistencia está relacionada también al derecho de las

comunidades a su propia cultura y forma de identidad, sus

nociones propias de bienestar en el marco del cual formulan y

desarrollan sus proyectos de vida, su derecho a auto determinarse,

y ser autores de su propio destino, participando y fortaleciendo sus

propias formas de organización, de autoridad, de ejercer justicia y

de enfrentar sus conflictos.

En la guerra se busca controlar territorios, recursos y población.

Las comunidades que resisten han hecho expreso su decisión a que

sus territorios, recursos y la comunidad misma, sean mantenidas al

margen de la confrontación. Este hecho explica la recurrente mirada

de sospecha que estas experiencias reciben de todos los actores de

la guerra. Los señalamientos han estado acompañados por intentos

por colocarlos a su favor y en muchos casos agredirlas.

Capítulo V

CALI, JUVENTUD Y PLAN COLOMBIA:

La legitimación de una voluntad colectiva neoliberal.

Un centro de Desarrollo problemático

El municipio de Cali ocupa un área de 56.025.13 hectáreas, de las

cuales 12.125.46 corresponden a la zona urbana y 43.899.66 a la

zona rural, que están ubicadas entre los 955 y 4200 metros sobre el

nivel del mar (m.s.n.m.). Es la capital del departamento del Valle del

Cauca y tercera ciudad más importante de Colombia.

Esta gran urbe, núcleo articulador del suroeste del país, está

situada en el valle del río Cauca, que aquí discurre encajonado

entre las cordilleras Oriental y Central, ubicación que le permite

disfrutar de una excelente climatología y el desarrollo de

abundantes y variados cultivos comerciales. A todo ello une su

carácter de centro financiero y comercial. En el 2000 la población

era de 4.175.515 habitantes19.

En una perspectiva macro, Cali es el epicentro del suroccidente

colombiano de cara a la cuenca del Pacífico y como región que

abarca varios departamentos. En términos microregionales, Cali

tiene un área subregional muy definida, conformada por los

19

Fuente Plan de Ordenamiento Territorial Presentación Municipio de Santiago de Cali Departamento

Administrativo de Planeación. Documento soporte (2004)

municipios de Yumbo, La Cumbre, Dagua, Buenaventura, Jamundí,

Palmira, Candelaria y Puerto Tejada, con los cuales ha establecido

interdependencias mutuas, asumiendo que el contexto

microregional constituye un determinante de la estructura

territorial municipal.

Los niveles de exclusión económica, social y política han crecido

dramáticamente en Cali en virtud de factores histórico-estructurales

que se han visto agravados por la coyuntura de crisis regional desde

hace aproximadamente tres años.

La base productiva existente en Cali y los municipios vecinos

conforman un espacio microregional articulado por las relaciones

complementarias de generación del mercado de trabajo

metropolitano y la circulación de bienes y servicios. En la región

predomina el sector de la industria y los servicios, con un alto grado

de concentración en las actividades de comercio, servicios, finanzas,

telecomunicaciones y transporte.

Socio económicamente, particularmente en lo referido al empleo, la

mayor proporción de este es provisto, en su orden, por los sectores

de servicios personales y del gobierno, el comercio y la industria

manufacturera; ellos agrupan el 77% del empleo en la zona Cali-

Yumbo. Mientras que la construcción sólo provee el 6% del empleo.

La coyuntura por la que atraviesa la ciudad actualmente ha

significado un incremento sustancial del desempleo y del

subempleo. En efecto, la población en edad de trabajar de Cali y

Yumbo creció entre 1993 y 1998 a una tasa anual promedio de

2.2%. Sin embargo, la oferta laboral (Población Económicamente

Activa, PEA) aumentó a una tasa de crecimiento anual promedio

igual a 3.2%, un punto porcentual por encima del crecimiento de la

Población en Edad de Trabajar (PET). La clave de este

comportamiento se encuentra en la transferencia de una porción

considerable de la población inactiva al mercado laboral entre marzo

de 1997 y marzo de 1998: ante el deterioro de la actividad

económica y de los ingresos familiares, una franja importante de los

agentes tradicionalmente inactivos - niños, ancianos y amas de

casa- se lanzaron al mercado laboral para complementar el ingreso

familiar.

Dado el gran aumento de la PEA en el período 93-98 y la lenta

expansión del empleo (1.1% anual), la variable de ajuste fue el

desempleo que aumentó de una tasa anual del 6.9% en 1993 a una

tasa anual del 19.2% en 1998. Los desempleados en Cali - Yumbo

pasaron de 75.796 en marzo de 1993 a 182.746 en marzo de 1998.

En septiembre de 1998 la tasa de desempleo de Cali llegó a 20.6% y

en marzo de 1999 sobrepasó el 21%, la más alta tasa en la historia

de la ciudad desde que se realizan encuestas de hogares y una de

las más altas entre las siete principales áreas metropolitanas del

país. En ese momento, 226.339 trabajadores vivían el drama del

desempleo.

El desempleo femenino es superior al masculino en el área

metropolitana de Cali y Yumbo (13.7% para hombres y 22.8% para

mujeres en marzo de 1998). Comparando entre 1995 y 1998, se

encuentra que prácticamente las tasas de desempleo se duplican,

tanto para hombres como para mujeres. Particularmente lo grave es

la situación de los jóvenes entre 15 y 20 años, cuya tasa de

desempleo era del 44.9% en marzo de 1998, de nuevo mayor para

las mujeres que para los hombres (51.5% y 38.1%,

respectivamente). El subempleo también ha aumentado

dramáticamente, del 10.7% en 1996 se pasó al 24.2% en 1998. La

mayor parte de los desempleados en Cali y Yumbo son trabajadores

con estudios de secundaria. Estos representaban el 57.4% del total

de desempleados en el área, en marzo de 1998. La situación no ha

cambiado significativamente en los últimos cinco años, lo cual

denota un problema estructural. La probabilidad de desempleo es

menor si no se tiene educación o si se tienen estudios superiores

completos, parecería que el sistema productivo requiere en mayor

proporción el trabajo menos calificado y profesionales certificados -

un mundo de "peones" y "doctores".

La distribución del desempleo por comunas se relaciona con el nivel

socioeconómico de estas últimas: las comunas caracterizadas por

altos ingresos (2, 3, 17 y 19) mantienen las tasas más bajas de

desempleo, mientras en las restantes esas tasas presentan niveles

medios y altos. Especialmente crítica es la situación de las comunas

de menores ingresos, pues experimentan las tasas más altas de

desempleo de la ciudad: 19.5% en la Comuna 18, 21.5% en la 14,

24.6% en la 16, 25.2% en la 1 y en la 13 26.8% (datos

correspondientes a marzo de 1998).

Lo anterior apuesta a una hipótesis en el sentido que existe un

proceso de filtración espacial hacia abajo que tiende a localizar en

las comunas antes mencionadas la población con menores

posibilidades laborales.

Cali muestra hoy grandes niveles de exclusión social. El mejor

indicador global de esa situación es la inequitativa distribución del

ingreso; éste no sólo ha descendido en el tiempo, sino que muestra

una creciente concentración: en efecto, se observa en Cali una

tendencia preocupante a la caída de los ingresos.

Prácticamente se duplicaron los niveles de pobreza e indigencia en

tres años. Las diferencias por comunas son apreciables: son

preocupantes los casos de las comunas 1, 14 y 20, con rangos de

indigencia que rebasan el 20% de los hogares. Las comunas 4, 5, 9

y 15 superan el promedio de la ciudad. Las comunas 2, 17 y 19

tienen niveles menores, por debajo del promedio. En materia de

pobreza, las comunas 1, 13, 14, 15 y 20 presentan cifras superiores

al 60% y, salvo el corredor conformado por las comunas 2, 17 y 19,

en las restantes hubo un importante desplome de los ingresos de los

hogares.

Según el Plan Educativo Municipal 1998- 2000, en Cali 540.532

habitantes (el 25.48% de la población total) “corresponde a niños,

niñas y jóvenes en edad escolar, es decir entre 3 y 17 años. De ellos,

379.099 (70.1%) se encuentran vinculados al sistema escolar,

quedando por fuera de él 161.433 menores que representan el

29.9% de la población infanto-juvenil”. El déficit no afecta por igual

a todas las familias caleñas: la educación preescolar presenta un

índice alto de sub-oferta en todas las comunas, excepto en la 14 y

en la zona rural.

Como consecuencia de estas tendencias de asentamiento

poblacional, Cali aparece como una ciudad altamente segregada

socioespacialmente, compuesta por cinco segmentos o corredores

muy desiguales desde el punto de vista social y territorial:

· Corredor Norte-Sur: Lo conforman las comunas 2, 19 y 17.

Presenta alta homogeneidad social, económica y de calidad en la

dotación de su equipamiento urbano; en él se localizan las viviendas

de los estratos medios y altos.

Es en la actualidad la principal zona de actividad comercial y de

servicios de la ciudad.

· Corredor Centro Nororiente: Está conformado por las comunas 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Abarca los terrenos del centro histórico-

institucional y la zona industrial de la ciudad.

· Corredor de Ladera: Se ubica en el corredor que conforman los

cerros tutelares y cobija a las comunas 1, 18 y 20.

En un alto porcentaje la ocupación de estos terrenos ha sido en su

origen ilegal (asentamientos subnormales).

· Corredor Oriental: Corresponde al sector del Distrito de

Aguablanca y su área de influencia. Comprende las comunas 13,

14, 15, 16 y 18. Su desarrollo es más reciente y predomina la

población de estratos bajos.

· Área Rural: Lo conforman los 15 corregimientos del municipio, de

los cuales 13 se encuentran en zona de ladera y dos en zona plana.

Representa el 1.8% del total de la población del municipio, según

datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -

DANE. Es la zona donde se generan los recursos de aire y agua,

estratégicos para la vida de la ciudad.

A pesar de que Cali ha sido conocida en Colombia y en el exterior

como modelo de civismo y solidaridad, todo parece indicar que ese

atributo se ha ido perdiendo a pasos agigantados y que ha sido

sustituido por conductas basadas en la desconfianza, el

individualismo y el facilismo. Así lo indica el comportamiento de los

índices de violencia en el municipio y la tendencia de debilitamiento

que muestra la participación ciudadana en la gestión local. En

efecto, aunque el delito general ha disminuido en los últimos años,

han aumentado los delitos que presentan rasgos de organización

y/o de violencia. En la década del 90, el 58% de los delitos

ocurridos en el área de influencia de Cali fueron contra la vida y la

integridad personal, porcentaje superior al del Valle del Cauca y al

del conjunto del país.

El indicador más preciso y extremo de violencia es la tasa de

homicidios. Esta tuvo un notable aumento en el área de influencia

micro regional de Cali entre 1990 y 1994 y una sensible

disminución entre este año y 1998 (119 por 100.000 habitantes en

1994; 84 por 100.000 en 1998). La tasa de homicidios en accidentes

de tránsito tuvo un comportamiento similar: crecieron hasta 1995

(30 x mil) y se redujeron hasta 1998 (24 x mil), aunque sigue siendo

más alta que en Bogotá y Medellín. Las comunas más afectadas por

el delito en 1997 y 1998 fueron la 1, la 3, la 9 y la 10. Los

homicidios representaron en 1996 el 70% de las muertes violentas

en el área metropolitana de Cali.

Estas cifras muestran que en Cali, más allá de las coyunturas de

violencia, aparece un rasgo de estructuración de la vida urbana a

partir de "redes de delincuencia ubicuas" que permean el conjunto

de la sociedad y del Estado. La violencia y la delincuencia tienen un

impacto muy grande en la calidad de vida ciudadana, especialmente

de los sectores más desprotegidos que son los jóvenes y los sectores

pobres de la sociedad.

La comuna 14 microespacio de la experiencia

La comuna está construida sobre terrenos que pertenecían a varias

haciendas entre ellas (LA CASONA) dedicadas a la agricultura y la

ganadería, en el año 1979 algunos líderes toman iniciativa de

construir lugares de asentamiento poblacional. El 90% de los

barrios fueron urbanizaciones ilegales y sin dotación de servicios

públicos por lo cual los primeros habitantes satisfacían sus

necesidades de agua potable transportada en vasijas al hombro

desde el control de la empresa de buses azul plateada.

Posteriormente la comunidad se unió y trajo el agua con mangueras

haciendo así las pilas comunitarias, la energía era suplida por velas,

se organizaban e improvisaban un alumbrado público.

La seguridad del barrio era asumida por la comunidad y al que

sorprendían robando lo amarraban y le daban garrote. Los primeros

pobladores eran originarios de la Costa Pacífica, nariñense y

campesinos del norte del valle.

La urbanización “Puertas del Sol” fue excepción, pues se desarrolló

a través del programa de vivienda, el cual fue construido contando

con todos los requerimientos legales y físicos, en relación con vías,

zonas verdes y dotación de servicios públicos.

Los servicios públicos fueron obtenidos gracias a la inversión de

diferentes líderes políticos y el concejo municipal a través de varios

acuerdos, por medio de los cuales se crean legalmente varios barrios

y con la asesoría de la secretaria de bienestar social se organizan

las primeras juntas de acción comunal.

La comuna 14 ha contado hasta la fecha con el apoyo del gobierno

municipal departamental y de ONG’s, los cuales han impulsados el

desarrollo de estas zonas.

Demográficamente y de acuerdo a las proyecciones del censo

nacional de 1993 (DANE), se estima una proyección poblacional

para la comuna 14 de 27.684 habitantes en el año 2003, 28.289

para el 2004 y en el 2005 una tasa promedio de 28.899.

En lo económico, esta es una de las comunas con menor actividad

económica de la ciudad. De acuerdo con los cálculos realizados

basados en los listados de empresas inscritas ante la cámara de

comercio de Cali, el índice de desarrollo económico en 1994,

(proporción del número de empresas de cada comuna en total de

Cali) era de 1,36 en la comuna 14, el tercero más bajo después de la

comuna 1 con 0,47 y la comuna 20 con 0,80. En contraste las

comunas de mayor actividad económica son la comuna 2 con un

índice de desarrollo económico de 15.67 y la comuna 3 con 14.74.

Ahora bien, dentro de la comuna 14 la actividad económica tiene la

siguiente distribución20:

Socioeconómicamente, de acuerdo a los datos del plan de desarrollo

2001 – 2003, el 78% de la familias son de estratos 1 y el 22% son de

estratos 2, así, de acuerdo a su estrato se puede clasificar a los

barrios de la comuna 14 en 2 grupos.

Barrios de estrato 2 (bajo): Alirio Mora Beltrán, José Manuel

Marroquín I–II.

Barrios de estrato 1 (bajo bajo): Alfonso Bonilla Aragón,

Manuela Beltrán, las orquídeas, puertas del sol, los naranjos I,

promociones populares B, los naranjos II.

En infraestructura social la comuna 14 cuenta con 117 colegios, de

los cuales 10 son públicos, agrupados en 3 instituciones educativas

y 107 privados. Estos atienden una población escolar de 27.767

estudiantes 8729 (31.5%) en colegios públicos y 19.038 (68.5%) en

privados.

20

Fuente: DAP, actualización de la base demográfica de Cali por comuna y barrio ajustado al censo de 1993.

COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS

65.05 26.16 11.79

La población escolar en las instituciones del sector oficial se

discrimina así:

Nivel básico 13.415 estudiantes 60.6 %

Nivel secundario 5.868 estudiantes 26.5 %

Los niños entre 3 y 4 años y los jóvenes entre 11 y 17 años

enfrentan grandes dificultades para insertarse en el sistema

educativo. El déficit tiende a aumentar con la edad y muestra sus

características más preocupantes en la secundaria, ya que afecta

directamente a una población frágil que debería tener la mayor

cantidad de garantías educativas para su inserción en el mercado

laboral. Según la secretaría de educación a junio de 2000, 199.369

niños no tenían acceso al sistema educativo. De ellos: el 49.13 % se

ubica en el nivel preescolar, el 15.06 % en básica primaria y el

35.81 % en secundaria.

La infraestructura educativa es deficiente21 y presenta precariedad

en sus instalaciones, estos carecen de espacios aptos para las

labores educativas al igual que los espacios recreativos necesarios,

el mobiliario y dotación de material también es deficiente. La mayor

parte de las instituciones educativas son de carácter privado y la

contratación de docentes es bajísima, prestando una baja calidad

educativa.

21

8 escuelas públicas, 1 colegio público y 7 bibliotecas

En cuanto a cobertura educativa, esta área presenta graves

deficiencias principalmente en la educación media vocacional y en

estudios técnicos y profesionales, haciéndose insuficiente los cupos

existen en el caso de la educación media vocacional y la falta de

posibilidad de acceso a programas de educación superior, lo cual

limita y excluye al joven de la comuna de las posibilidades de

desarrollo a nivel profesional.

Para contrarrestar esta situación el presidente Andrés Pastrana

contempló dentro de la implementación del Plan Colombia un

“componente social” en el que se inscribe el Programa Jóvenes en

Acción (PJA) atendiendo una población de 12.000 jóvenes entre Cali

y Yumbo, y graduando 3 promociones en esta ciudad, este

Programa está dirigido a los y las jóvenes (entre 18 y 25 años) de

escasos recursos económicos que pertenezcan al estrato 1 y 2 y

tengan Sisben, para capacitarlos en diferentes áreas como auxiliar

contable, auxiliar de archivo, auxiliar de refrigeración, manejo de

máquina plana, mantenimiento de computadores, secretariados con

énfasis en sistemas, atención al cliente; este programa está basado

en dos ejes principales: el teórico, concerniente al área de

capacitación que hayan solicitado22. Este mismo eje cuenta con una

materia llamada proyecto de vida en el que incluye orientación

22

en el inicio de la puesta en marcha del PJA cada joven estudiaba el curso al que fuera asignado posteriormente ya

en otras convocatorias, los jóvenes pudieron elegir el curso que deseaban estudiar, sin embargo en algunos casos por

la alta demanda de cupos en determinadas áreas de formación hicieron que al final los y las jóvenes estudiaran lo que

se les asignara.

psicológica, formas de conducta y de expresión apropiadas para

integrarlos al mercado laboral.

El segundo eje corresponde a la práctica del curso al que los y las

jóvenes han asistido, realizadas en empresas públicas y privadas,

así como en medianas y pequeñas empresas que brindan el espacio

físico para que estos pongan en práctica lo aprendido, aunque a

cambio no reciben ningún tipo de remuneración, tan solo se les da

el mismo subsidio de transporte que reciben al momento de estar en

la capacitación y a muy pocos les pagan la mitad de un salario

mínimo legal vigente ($192.750 pesos).

Una situación que desdice mucho de la realidad del programa, pues

muchos de ellos y ellas son “empleados” por este periodo de tiempo

para desempeñar otro tipo de funciones ajenas a la formación que

han recibido en el PJA:

“no, pues supuestamente a uno le aseguran el trabajo pero

al menos deberían asegurarle a uno un lugar donde uno

tenga la oportunidad de trabajar o desempeñarse en lo que

estudia; a mí me mandaron a hacer otra cosa que no fue la

que estudie, me mandaron a hacer de secretaria de archivo

y lo que estudié fue auxiliar contable“

- testimonio de joven participante del PJA -

Con esto se evidencia como las expectativas que tenían al iniciar el

curso de ubicarse laboralmente se ve impedido por las condiciones

en las que desarrollan su proceso de práctica y las demandas que el

mercado real les ofrece.

Al momento de hablar de las pocas empresas que contratan

formalmente a los y las jóvenes después de la práctica,

paradójicamente son las pequeñas empresas y no las grandes

empresas, que es a donde apunta este tipo de Programa, ya que

estas requieren personal capacitado y altamente calificado para

desenvolverse dentro de la competitividad laboral, asegurando la

calidad de su producto o servicio.

Cada uno de estos ejes consta de tres meses, el primer trimestre es

para capacitarlos en las áreas de “su preferencia” y los otros tres

meses de práctica en las áreas respectivas, lo cual hace que estos

jóvenes de escasos recursos tengan además de capacitación una

falsa experiencia laboral, pues en la cotidianidad de sus vidas no

han logrado articularse a ninguna experiencia laboral o esta ha

sido en la economía informal.

La comuna 14 alberga diferentes problemáticas de nuestra

sociedad, dentro de las cuales cabe nombrar la miseria disfrazada

de pobreza, desencadenando al mismo tiempo de altos índices de

violencia, falta de oportunidad académica y laboral; problemáticas

que directa e indirectamente afectan la realidad de los jóvenes de

esta comuna, los estigmatiza y los encasilla en una serie de

estereotipos asociados causalmente a las problemáticas:

“definida socialmente como una cultura violenta agudizada

en la década de los 80 con el auge del narcotráfico, empieza

entonces a surgir un nuevo actor social en la violencia ‘la

juventud’; los jóvenes comenzaron a ser protagonistas de

los marcados episodios de violencia especialmente en el

sicariato y muchas otras formas de violencia criminal en la

cual resultaron involucrados menores entre 16 y 18 años de

origen popular, desertores del sistema escolar.

La falta de oportunidades tanto a nivel laboral como

educativo, sumado a la crisis económica que viven los

hogares colombianos, han contribuido a que cada vez

aumente el fenómeno de la delincuencia juvenil, pues en

algunos casos los menores al no tener los medios

económicos para satisfacer sus necesidades básicas

recurren al hurto, narcotráfico, sicariato, entre otras formas,

como medios para acceder a una ocupación que les genere

recursos económicos”; (Espinoza, E. y Montoya, P. 2005)

De alguna manera esta es una situación cotidiana de los jóvenes de

la comuna 14, que dan respuesta al estereotipo manejado por la

sociedad, en el que para llegar a hacer parte de él hay que crear un

patrón de conducta que les permita incluirse paulatinamente,

cambiando desde un estilo de vida hasta la forma de pensar, lo que

en realidad obedece a los modos de dominación que históricamente

han impuesto las élites para perpetuar su hegemonía en las demás

capas poblacionales, principalmente en la base del sistema social.

Jóvenes en Acción ¿una respuesta equivocada?

En nuestro esfuerzo por desentrañar los impactos no cuantitativos

del Plan Colombia, dentro del componente social cobra gran

importancia la revisión del PJA, pues precisamente sus resonancia

cuantitativa, en términos de cobertura, inversión, infraestructura,

etc., lo constituyen en tema clave al momento de identificar otros

sentidos no evidentes.

Retomando. En el marco de la integralidad de Plan Colombia, la

iniciativa de formación para el trabajo “Jóvenes en Acción” busca,

en un sentido amplio, desarrollar habilidades y adquirir

conocimientos para insertar a los jóvenes –población vulnerable- al

sistema económico, en aras de tener mayores garantías para el

mejoramiento de su calidad de vida, pues se ven a estos (los

jóvenes) como un sector sensible a las transformaciones sociales y

como receptores directos de los efectos del narcotráfico y por lo

tanto, también de las acciones que en contra de este “flagelo” se

desarrollen.

Siguiendo un modelo de capacitación práctica (técnica e

instrumental), pasantía (evaluación operativa de la apropiación de

la técnica) e inserción laboral (aplicabilidad mecánica del

conocimiento práctico adquirido), el PJA minimiza la compleja

realidad socioeconómica a una mera dimensión laboral, que se

resuelve en la triada: conocer - comprobar – aplicar.

Desde luego no desconocemos la importancia que representa la

dimensión laboral en la vida de una persona, pero sí consideramos

que este escenario es mucho más amplio que un escueto ejercicio de

generar plusvalías para resolver, financieramente las demás

necesidades de la existencia.

De tal forma, el reduccionismo mecanicista en que podemos leer el

PJA termina por convertirse en respuestas inmediatistas, en

placebos para demandas y necesidades reales, que se promulgan

como tablas redentoras de la pauperización estructural y

marginalidad histórica (social, política y económica) a la que hemos

sido conminados –especialmente los jóvenes de sectores populares-

desde las esferas del poder.

Si la intención es que los jóvenes actúen en la dinámica de la

sociedad como agentes activos ¿cómo pueden hacerlo en una

realidad que se desconoce o se conoce solo parcialmente? o ¿las

herramientas brindadas corresponden en definitiva a ese objetivo, y

de qué forma? Permitiéndonos el beneficio de la duda nos

acercamos a la vivencia de varios jóvenes del programa para

escudriñar algunos indicios al respecto.

En los y las jóvenes entrevistados de la comuna 14, encontramos un

alto grado de inconciencia sobre su realidad social y el rol como

sujeto social, justificado a partir de las siguientes tres razones:

1. la falta de claridad en la información que se brinda sobre la

propuesta del Plan Colombia en diversos aspectos como su origen,

componentes, finalidad, límites, entre otros.

2. la forma como los y las jóvenes que participaron del PJA

interpretan esta propuesta del Estado colombiano.

3. el carácter asistencialista de la propuesta, evidenciada como una

reivindicación del gobierno frente a las clases marginales,

especialmente del sector juvenil, generando falsas expectativas de

inclusión en el sector laboral y educativo.

Estos puntos nos conducen a unas reflexiones iniciales respecto a

la acción formativa del PJA: la forma en que la clase hegemónica (el

hegemón) obtiene la voluntad del hombre masa.

La formación de los Jóvenes en Acción: ¿Información o

desinformación?

Existe una evidente falta de información y claridad sobre Plan

Colombia (PC) para los jóvenes (y en general para muchos

colombianos). Aunque el PJA se inscribe en el marco de actuación

del PC, la dimensión general de la propuesta –los componentes

militar y social y las acciones paralelas- no son de relevancia en los

proceso de formación para entender y justificar la globalidad y

supuesta integralidad del programa.

Por su parte, los jóvenes no muestran interés a nivel general por

conocer que es el PC, a que sectores va dirigido, puesto que en

algunos casos solo habían escuchado nombrarlo en las noticias,

pero sin prestarle atención realmente a que era eso tan nombrado y

“tan bueno” llamado PC; sin embargo, el único programa que

conocen y que hace parte del PC es el PJA, del cual dieron cuenta

por el vecino, por el aviso de la iglesia, del colegio que se encuentra

ubicado en el barrio, pero que asociaron al PC solo cuando hicieron

parte del Programa y les dijeron que este hacia parte de él.

Además la única respuesta que encontramos al preguntar que era

PC y que manejan los y las jóvenes es la impartida en las aulas de

clase por los mediadores el día de la inducción:

“cuando entre al curso nos explicaron parte del Plan Colombia

o sea que había una parte que era para la ayuda para los

cursos, pero que en últimas no era ninguna ayuda porque

nosotros estábamos en eso, o sea que eso era un préstamo que

le había hecho EEUU al país, pero que nosotros se lo teníamos

que devolver de alguna manera en recibos, en los impuestos

en todo ya estamos pagando”

-Testimonio de joven graduado del PJA –

Con esta información a los jóvenes se les genera la idea de que la

capacitación que están recibiendo es una ayuda, pero que también

es un préstamo que se está pagando con dineros de toda la gente

que cuenta con servicios públicos en sus hogares, es decir, que el

hecho de que ellos y ellas estén estudiando no le va a generar

ningún tipo de costo de más a sus familias o demás colombianos,

sino que es un dinero que ya se está pagando y que se va a invertir

en la juventud para que logre acceder al sistema educativo. En esto

términos se crea una imagen sobre quienes acceden a esta

formación que son privilegiados al ser tenidos en cuenta e

incorporados a una formación que el resto de la sociedad está

pagando, dada su condición de vulnerabilidad.

Igualmente podemos observar la poca claridad sobre el Programa,

en la medida en que en algunos casos los jóvenes creen que esta es

una propuesta del gobierno de EEUU y otros que es una propuesta

del gobierno colombiano, lo cual demuestra una vez más la poca

importancia del gobierno en que ellos den cuenta de quienes son

realmente los responsables del adecuado funcionamiento de las

capacitaciones que se brindan.

Además los jóvenes tampoco tienen claro que es el gobierno y

mucho menos sus funciones, lo que implica que al no conocer estos

aspectos no tendrían las herramientas para reclamarle por el

cumplimiento de sus obligaciones:

“pues del gobierno no, nunca he pensado nada, porque a mí no

me gusta hablar nada de eso, soy más bien como apático a

eso”

-Testimonio de joven graduado del

PJA –

Una imagen difusa del Estado.

En el segundo punto encontramos elementos claves que nos indican

como el Estado y las clases dominantes son consecuentes con el

modelo neoliberal, en el cual el Estado cada vez más va delegando

sus funciones al sector privado u otras instituciones dejando de

cumplir con sus obligaciones. Tal es el caso de las entidades

privadas23 que fueron contratadas para ofrecer la capacitación

23

Para el caso de Cali entre ellas se encuentra la Ecap Centro docente Santiago de Cali, Cecep, Colegio Antonio

José Camacho, entre otros, Todos son centros docentes privados que son subcontratados por el PJA vía SENA para

que desarrollen las funciones de formación (incluida la planta física, la legista, los profesionales, etc.),

académica - laboral del PJA, donde el Estado se vale de estas para

generar soluciones inmediatas, que en realidad no responden a

solucionar el problema educativo como la ampliación de cobertura,

creación y mejoramiento de dichos planteles que mantengan el alto

nivel académico que imparten las instituciones de educación técnica

y profesional, como lo era el Sena antes de su ampliación de

cobertura que conllevo a que las carreras técnicas pasaran a ser

remplazadas por cursos de corta duración, con lo que el hegemón

intenta homogenizar los diferentes estilos de vida, conformándose

así en el modelo a seguir y reproducir.

En tal sentido, busca impactar una población de los estratos 1 y 2

que han sido tradicionalmente excluidas, y que ven por medio de

estos modelos –el sofisma de pequeños empresarios- la forma de

obtener un empleo, que a su vez les ha de asegurar alimentación y

educación. Además, de la manera como este impacto se da a partir

de la implementación de este tipo de programas y las diferentes

“capacitaciones” que ofrece, no están direccionados a transformar la

realidad, sino a mantener un bajo perfil, es decir, a darle

continuidad a estudios que sólo brindarán la oportunidad de ser

asistentes del asistente, es decir, vincularse a los niveles más bajos

y elementales de la pirámide ocupacional, en otros termino: empleos

de baja cualificación, pragmáticos y con consecuente nivel de

remuneración baja.

desentendiéndose de esta manera de la obligación laboral (especialmente lo correspondiente a seguridad social) y

reduciendo costos, en desmedro de las condiciones laborales de los vinculados al PJA.

La formación en el PJA corresponde a una capacitación académica

por tres meses y unas prácticas correspondiente a este mismo

periodo de tiempo, generando la impresión en dicho sector de que

todo este proceso contribuirá a una formación ocupacional que los

incluye más fácilmente dentro del sistema laboral vigente, pues

nuestros jóvenes en general carecen de formación política (no miden

si dichos programas son realmente efectivos y eficaces, ni mucho

menos las intencionalidades subyacentes de los mismos), creando

así un imaginario en el cual el Estado se verá cumpliendo un papel

heroico ante el problema laboral y educativo que aqueja a la

juventud colombiana, pues se constituye en un “benefactor” que

atendiendo las necesidades de su población; valga entonces repetir

la pregunta ¿de qué forma?:

“…cuando pase a ser recepcionista, hay una inducción que a

uno le dan 15 días y de ahí defiéndase como pueda, pero ya

con el Programa te dan bases más fundamentales, te enseñan

otras cosas, yo aprendí bastante, muchas cosas que yo hacía

pero no sabía lo que implicaban. Por ejemplo: a uno siempre le

recalcaban la atención al cliente, servicio al cliente, como

contestar el teléfono, como dar respuesta a diferentes tipos de

clientes…”

Esta situación que ha sido creada desde los intereses de las élites

dirigentes puede ser entonces manejada hábilmente para generar

una “alianza inducida”, en la cual el Estado aprovecha la ausencia

de formación educativa de los jóvenes para su reivindicación frente

a ellos, en donde estos son cooptados y orientados a hacer parte de

esa voluntad colectiva, que es la neoliberal; una convicción que

atrapa a la juventud en tanto que sintiéndose aceptados por los

sectores dominantes son limitados aún más en sus derechos

sociales, políticos y económicos, pues aunque se sentirán

representados en las decisiones que se toman desde la élite, esta es

una falsa representación ya que se les niega la posibilidad real de

orientar su devenir histórico individual y colectivo, es decir, asumir

su condición como “sujeto social”.

Nos arriesgamos a una conclusión preliminar. Los imaginarios

construidos mediante la práctica discursiva en los contextos

institucionales del PJA regula la conducta de los jóvenes de este

sector de la ciudad, adhiriéndolos a un modelo de pensamiento

‘sustentado en los principios de bienestar individual, propiedad

privada, desarrollo capitalista y autorregulación económica’ –

neoliberal-; modelo que sin embargo es visto por los y las jóvenes

como un medio adecuado para capacitarse y obtener acceso al

sistema laboral, en donde además de la instrucción para un oficio,

también se dictan patrones comportamentales que caben en el

ambiente laboral de los posibles puestos para los que se están

capacitando, para lo cual dictan un curso a todas las “carreras”

llamado Proyecto de vida en el que se les enseña cómo deben

hablar, actuar y hasta vestirse:

“…pues a mí me pareció muy bueno por que aprendí cosas que

no sabía como por ejemplo contestar el teléfono, cómo vestirme,

como dirigirme a mis jefes…”

- Testimonio de joven graduado del PJA –

-

De esta forma, se establecen así, paulatinamente, un sistema de

ideas donde su único referente es el de las clases y sectores

dominantes, generando condiciones sociales y una concepción de la

realidad bajo un sistema de valores e intereses que se ven

racionalizados en la lógica de la propuesta neoliberal de un ideal

civilizador altamente economicista, que desconoce la dignidad

humana, modelándolo y cosificándolo dentro de su sistema laboral,

negando las subjetividades y desconociendo la participación política

de los sujetos y su compromiso en la construcción de un modelo

social equitativo, incluyente, que provea espacios para otras

opciones u alternativas.

Desde el punto de vista laboral se observa claramente como los

intereses corporativos de la élite se hacen “universales”, pues siendo

ellos (la élite) quienes históricamente han creado las condiciones de

explotación desde la parte legal (legislación laboral), generan

propuestas adversas para gran cantidad de personas y una realidad

altamente inconveniente para mejorar nuestra sociedad, siendo

paradójicamente ellos mismos quienes aportan “las soluciones” a

dicha problemática y dan las “claves” para insertarse en el modelo

laboral, generando así el imaginario en el sector juvenil de que son

realmente importantes e incluidos en la sociedad, aunque se

observa que se hace de forma meramente instrumental.

Entonces de lo que se trata es de cooptar la cultura cotidiana para

insertarla en la lógica del hegemón, siendo el discurso un aspecto

fundamental, pues la razón de escoger este sector nos convoca a

pensar la posición estratégica que se juega a futuro, por ser esta la

nueva generación que consciente o inconscientemente reforzará y

legitimará o no el modelo que los oprime.

De otro lado el ser uno de los sectores más inestables y vulnerados,

es conveniente controlarlo por medio del espejismo capitalista por

un lado, en el que el Estado no tiene mayores responsabilidades con

la población; y por otro lado, con un trabajo de culpabilización de la

situación social a los mismos afectados, mientras a la par no se les

garantizan derechos básicos para la formación personal y el

mejoramiento social como son la educación y el trabajo digno.

Alesandro Barata manifiesta que uno de los instrumentos más

utilizados para lograr su objetivo son los medios de comunicación,

en el cual la sociedad consumista apunta a este para sostener los

valores que quieren imponer, en este caso con los jóvenes de bajos

recursos económicos, quienes pasan más tiempo frente al televisor,

en el que muestran anuncios publicitarios o noticias en las que se

muestra al Programa Jóvenes en Acción como una alternativa de

progreso que brinda el Estado, intentando evadir la realidad por un

lado y por otro crear la falacia de que el espectador forma parte de

este sistema, aunque sea solo por unos minutos, volviendo a la

realidad al momento de salir nuevamente a la calle o volver la

mirada a su propio hogar. Así mismo, muestra el número de jóvenes

que se graduaron, pero no los que realmente logran emplearse en el

sector formal gracias a su participación en el programa, mientras

que las voces de los y las jóvenes manifiestan que de estos

graduados, muy pocos logran vincularse, pero los que lo logran lo

hacen por un breve periodo de tiempo.

“De los ciento y pico que hubimos en esa promoción, máximo

diez quedaron trabajando… el programa no resuelve nada o sea,

nos dio una capacitación, nos brindó una ayuda, pero no nos

ayudó sinceramente como desde a fondo”

- Testimonio de joven graduado del PJA –

Una asistencialismo funcional

El obtener una experiencia de formación académica-laboral y a la

misma vez contar con un aporte económico por parte del gobierno,

representa para ellos el interés que el Estado tiene por reivindicar

sus derechos, lo cual les lleva a pensar que ahora si se los escucha

y atiende.

Los y las estudiantes al ver una “acción efectiva” desde la

educación, visionan el espejismo de un cambio en su realidad en el

que la clase dominante a través del aparato estatal se constituye

como el paradigma social y económico que ha de responder a su

precariedad económica y educativa, forjando así la “voluntad

colectiva” dirigida enteramente desde la élite; este paradigma se

constituye en la superestructura ideológica en la que se insertarán

los beneficiarios del Programa a través del aparato ideológico

(Althusser) o hegemónico de la escuela informal.

Entonces ¿cómo funciona este proceso?, aprovechando necesidades

históricas (educación-empleo), la frustración de una realidad social

adversa y la inconciencia política utilizadas para afianzar mediante

una alianza inducida la base que da legitimidad política y

fortalecimiento económico a la clase hegemónica que es en últimas

quien recibe las regalías del proceso.

Se puede observar en este sentido como el Estado es un estamento

utilizado por la élite para proyectar y articular sus intereses con los

de la base social y los del hegemón. Este discurso hegemónico, que

se produce en las esferas de poder, se reproduce en el sistema

social a partir de la objetivación de la realidad24 y su consecuente

24

Desde la perspectiva de Thomas Berger y Jhon Luckman, el proceso de objetivación implica un acto constante y

frecuente vivido en tres momentos: la habituación, como acto de repetición frecuente, donde el sujeto logra una

economía de esfuerzos, un alivio psicológico de sus instintos no dirigidos los cuales son aprendidos como pautas,

que permiten la restricción de opciones en actividades cotidianas, dándole direccionalidad y especialización a la

actividad humana; la tipificación, cuando la habituación adquiere significado para el ejecutante a través de rutinas en

el deposito de conocimientos donde este abre espacio a la deliberación y la innovación.

reificación (Berger y Luckman), esta última entendida como la

reproducción inconsciente y naturalizada de la realidad social y los

comportamientos sociales, es decir, como condiciones dadas y

esencias inmodificables de las cosas (hechos, fenómenos, acciones,

etc.).

“Después de estar en el PJA, ahí ya uno tiene que salir a

buscar las oportunidades para seguir estudiando, para

seguir superándose en lo que quiere. “Oportunidades si las

hay, pero la verdad hay muy pocas… hay gente que de

pronto se dedica un día a buscar trabajo y hay gente que

tiene una hoja de vida intachable, que salen y buscan y

buscan y llegan a la casa cansados y no, entonces yo digo

que la gente que no se ha superado lo achantan más”.

A partir de estas acepciones se puede concluir que la percepción que

tiene la juventud de la educación y el empleo es que son escasos, y

la razón se fundamente, según ellos mismos, en que “son los jóvenes

un grupo perezoso y oportunista que espera que le lleguen las

oportunidades a la casa”, es decir, se están autoculpando de la

situación adversa de su sociedad, en palabras más sencillas, “la

realidad es así” porque los jóvenes no participan activamente de

actividades económicas formales o informales, situaciones que

determinan las condiciones de marginalidad del sector juvenil. Esto

nos pone frente a un gran logro de la ideología hegemónica

neoliberal sobre las generaciones más jóvenes que legitiman sus

métodos y propuestas de solución a la problemática a nivel social y

laboral.

Pero la situación es más trascendente. El efecto simultáneo se

advierte sobre el imaginario que los jóvenes construyen sobre su

condición humana y su posibilidad de “ser” en un medio social como

el nuestro, es decir, el sentido que debe tener para los colombiano

que el Estado se promulgue como “un Estado social de derecho”;

situación que conjugada con otras presiones ideológicas

provenientes de otros aparatos hegemónicos que hacen parte de un

proceso sistemático de cooptación de las clases marginadas y que,

para el caso del Plan Colombia, actúa sobre otros frentes como son

la familia, la sociedad y lo normativo, incorporando así las distintas

dimensiones en que toda persona vive su existencia, lo que a su vez

genera condiciones propicias para el posicionamiento de una élite en

el control de la población.

Ya lo hemos dicho: la cotidianidad en la que se desenvuelven los

jóvenes entrevistados es permeada por diversas problemáticas como

lo es el acceso restringido a la educación media y superior, la

violencia, la pobreza, el desempleo, la marginalidad, que se ve muy

marcada por las clases sociales opresoras donde los jóvenes de

sectores populares y que nutren mayoritariamente las capas

inferiores de la pirámide social, son manipulados por la élite, en la

que, como lo plantea Alesandro Barata:

“El argumento de la inseguridad instiga a la producción de

indignación moral favoreciendo así la instauración de nuevos

y más sofisticados mecanismos de control y represión, ahora

sí, ampliamente consensuados y eufóricamente solicitados”.

Como lo afirma una joven

“los profesores dicen que esta es la última promoción del

Programa Jóvenes en Acción, pero que si nosotros queremos que

este continúe y llegue a otros jóvenes para que los capaciten y

tengan posibilidades de trabajo debemos hacer algo para eso,

como por ejemplo hablar bien del Programa…”.

En general el imaginario colectivo sobre el PJA es de gran

aceptación, por cuanto se considera que es el aporte que le

corresponde al Estado, entonces se deja ver cómo actúa el hegemón

sobre el imaginario del sector juvenil, quien “universalizando” sus

intereses sumerge en un espejismo a la juventud de las clases

populares; este espejismo aborda varias facetas de la vida, lo que

permite incondicionalidad o por lo menos sumisión al modelo

económico-social impuesto desde la élite.

El carácter asistencialista del Programa Jóvenes en Acción juega

entonces como la herramienta metodológica clave en contextos de

privación económica y marginalidad social. Inicialmente desde el

factor meramente económico los entrevistados manifiestan que los

aportes monetarios entregados son indispensables para llevar a

cabo su proceso formativo, debido a las condiciones precarias que

limitan su ingreso a otro tipo de educación por la falta de dinero,

igualmente este factor es otra de las principales motivaciones para

darle continuidad al curso al que se inscriben en este programa.

Con esto lo que logran es resolverles una necesidad inmediata que

es tener medianamente algún tipo de formación que ellos por sus

propios medios no lograrían alcanzar en las condiciones en que el

contexto económico y social vigente –la educación como mercancía:

los altos costos que implica una educación superior y la poca oferta

de instituciones públicas que subsidien tal educación-, sin importar

si esta tenga o no el acceso a un mercado laboral que cada vez exige

más profesionales cualificados que realicen diferentes funciones.

A manera de conclusión

Finalmente, la forma en que el hegemón obtiene a su favor las

voluntades del ser humano es mediante el ejercicio del poder que

influye en el moldeamiento de su conducta para adherirlo al

sistema, situación ante la cual el sujeto responde de manera

sumisa, sometiéndose y aceptando sin objeciones las influencias

que este imparte. Esta conducta no es un cambio genuino de

opinión, por lo que las elites se valen de la ideología antes

mencionada para obtener su voluntad por medio de dos tipos de

respuesta por las que el ser humano puede optar ante este tipo de

presión social:

Por un lado está la internalización, en la cual las personas son

determinadas por una experiencia tanto a nivel individual, familiar,

social, que llevan a aprender y desaprender los elementos

“recogidos” a través de su historia personal, en el que aparecen

aspectos tanto positivos como negativos que influyen para que el ser

humano asuma una posición frente a determinada situación, a

partir de los esquemas mentales creados de acuerdo a esa

experiencia, en el caso de los jóvenes del PJA podemos hablar de

cómo responden a esta influencia dada luego de asistir a los cursos

del PJA con un cambio genuino de opinión, al menos por un tiempo,

mientras logra hacer congruente la nueva información (por ejemplo,

el cambio de vestir o de hablar) con su sistema de valores (lo que le

dice qué está bien y qué está mal), lo cual si se corrobora en el

contexto al que pertenezca y acepta en su sistema de valores pasara

a ser una opinión ya no de terceros sino que se tomara como una

opinión propia.

Si el sujeto logra articular esas opiniones de otros como suyas, se

llega a la Identificación, que se da mediante un proceso en el que el

individuo adopta normas y estilos de vida propios de una persona o

grupo que percibe como agradable y cree conveniente para su

formación, con lo que busca establecer una relación permanente a

lo largo del tiempo. De este elemento se vale el hegemón para que la

base social se sienta identificada con él, por medio de una moral

expresada en la conducta de quienes la manejan: la buena

voluntad, mano dura, la seguridad, que lo hacen evidenciar como

un deber ser.

Con estos elementos podemos decir que el hegemón se vale de las

características que poseen quienes personifican las instituciones

encargadas de moldear la voluntad del sujeto masa25, haciendo que

olviden o no piensen en que su conducta es asunto de sus propias

decisiones, sino que se convierta simplemente en un modelo a

seguir, sin pensar en que este sea impuesto desde las élites para

adherirlos a su sistema.

Los logros que alcanzarían al lograr esta identificación es crearles

unos estilos de vida que no pueden mantener en el contexto en el

que habitan, debido a la ausencia de recursos económicos, pero

ante todo de sentirse reconocidos como sujetos con derechos y que

les brindan la posibilidad de hacer algo diferente que permanecer la

mayor parte del tiempo en sus casas o deambulando en las calles

sin ninguna alternativa de educación y empleo.

25

Una de las características del sujeto masa, las cuales se pueden observar en las entrevistas es que el sujeto del

sistema capitalista actúa en su medio creyendo obrar como tiene que hacerlo y se siente satisfecho con ello ya que ha

sido educado para pensar en la lógica del sistema capitalista.

DE VUELTA AL PUNTO DE PARTIDA - Conclusiones -

Las experiencias frente a la implementación de las distintas

estrategias del Plan Colombia en cada zona son contundentes. A lo

largo de cada capítulo se han procurado una serie de conclusiones

parciales que corresponden a la particularidad en cada una de las

zonas donde ha sido estudiado el Plan en esta investigación; en este

acápite presentaremos conclusiones que, a nuestro modo de ver,

corresponde a una lectura global de los impactos de la

implementación de las estrategias del Plan Colombia en la vida

cotidiana.

1. El primer punto necesario es la reiteración del incremento de la

violencia generada por acción o por omisión. Por acción en casos

como el de Buenaventura, con detenciones masivas, abuso de

autoridad, amenazas, enfrentamientos, estigmatización de la

población como guerrilleros, etc.; por omisión, al no generar las

condiciones reales y, sobretodo, apropiadas para garantizar la

seguridad de las comunidades, como se evidencia en las situaciones

vividas por las comunidades del Centro del Valle, quienes por varios

años convivieron con la presencia y acciones de los grupos al

margen de la ley sin que las autoridades hicieran nada con la

connivencia de ellos mismos.

Si bien las autoridades argumentan la disminución de la violencia

desde indicadores como la disminución de los desplazamientos (y

los desplazados), la disminución de robos, atracos o crímenes

menores, habría que mirar con detenimiento los efectos que la

militarización ha traído consigo y entre los cuales podemos

enunciar:

- El confinamiento de la población, a riesgo de que sus

desplazamientos sean asumidos como algún grado de

compromiso con los grupos al margen de la ley –

especialmente insurgentes-, cuando en la mayoría de los

casos corresponde a reacciones de temor por la amenaza a

su integridad física y la vida misma que representa tener

algún actor armado, que hostiga y señala bajo el argumento

de la sospecha.

- Los crímenes menores (como atracos) en efecto se reducen

porque existe un proceso de eliminación sistemática de los

perpetuadores de dichas acciones por un lado; por otro, las

detenciones masivas se convierten en una estrategia

ensayo-error, donde indiscriminadamente cae la población

civil, entre los que va incluidos algunos de los delincuentes.

Lo que se da es una sustracción de la población, culpable o

no, lo que a la postre se convierte en juego de intimidación

para evitar los delitos.

2. El miedo y el terror como pautas relacionales en la cotidianidad.

La presencia de efectivos militares y de policía no garantiza una

seguridad real en los entornos comunitarios, por el contrario

siempre existe el riesgo potencial y real que los adversarios

confronten militarmente a las fuerzas del Estado, lo que deja a la

población civil en medio del conflicto, como actores pasivos y

receptivos de las demandas de cada uno de los actores en conflicto.

Esto implica que la población viva una tensa calma permanente,

agravada por la incertidumbre que genera la desconfianza de no

saber ¿quién es el vecino? Ya que cualquier comentario puede ser el

punto de enlace para ser vinculados como benefactores o aliados de

un bando contrario.

La “aceptación” de la presencia de las fuerzas militares y de policía

por parte de la comunidad es más un conformismo obligado que

una legitimación de la función social del Estado (cohesión social y

monopolio de las armas) en cada zona, donde busca hacer

presencia, es decir, la presencia de los militares y la policía sería la

opción menos mala de las tres posibles, paramilitares e insurgencia,

ya que las acciones de estos últimos pueden llegar a ser bárbaras y

crueles –especialmente en el caso de paramilitares-.

Es el fundamento del miedo el que, de alguna manera permite

medianamente la aceptación, la presencia de un actor armado

frente a situaciones que podrían empeorar con otros, sin que ello

implique la disipación del miedo, la angustia y la incertidumbre.

3. Ruptura de los lazos comunitarios. Tanto el confinamiento como

las estrategias del miedo y el terror provocan el efecto desastroso de

romper los tejidos sociales comunitarios, desvirtuar las lógicas de

solidaridad e individualizar las relaciones colectivas. A la postre, el

efecto más nocivo en los sectores rurales campesinos del centro del

Valle y las comunidades Negras de Buenaventura que

históricamente han basado sus pautas de relación en estos pilares y

que constituyen ejes fundamentales de su identidad colectiva.

Para el caso de los jóvenes de Cali, el efecto adyacente es similar. La

formación y la capacitación es una estrategia individual de solución

cortoplacista y superflua a los problemas socialmente relevantes

que detenta el grueso de la población juvenil. Es la forma como

individualmente cada sujeto se puede insertar a la lógica de

producción y reproducción de capital en sus escaños más mínimos,

sin que ello garantice el mejoramiento de la calidad de vida de sus

congéneres, es decir, sin atender el problema estructural como

solución colectiva.

4. Un fracaso estratégico. Vuelve a quedar demostrado: las acciones

militares y sociales (o cívico - militares) del Plan Colombia

propuestas para unos objetivos no son consecuentes con las

acciones desarrolladas para el logro de estos. Y esto se debe a que el

sentido de estas acciones no se recoge en los objetivos sino en los

efectos reales y contundentes que si están dando de facto, por un

lado, el confinamiento, el terror y el miedo como estrategias de

control de la población hacia un ideal de orden formulado desde

esferas trasnacionales para sus intereses y no bajo las necesidades

y demandas propias de la población colombiana.

Esto quiere decir que si se falla en la disminución de laboratorios

para el procesamiento de alcaloides, erradicación de cultivos, golpes

a la insurgencia, etc. –lo que sería el fracaso- se gana ampliamente

en la desarticulación de las redes sociales de apoyo internas de las

comunidades, en el desmembramiento de los tejidos sociales y en la

individualización del ser, condiciones necesarias para fortalecer el

sistema hegemónico imperante, cuya resistencia al modelo sea la

mínima posible.

Esto nos lleva de vuelta al punto de partida, ratificando el directo

atentado contra la organización social y popular que está

convencida que otro mundo es posible, que existen alternativas al

monstruo neoliberal y que esas alternativas nacen en la cercanía y

la posibilidad de ser en colectivo, desde las lógicas diferentes y

complementarias de las comunidades campesinas, Negras y la

creatividad de los jóvenes.