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CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL

TEMAS ENFASIS: GESTION DEL RECURSO HIDRICO Y PLAN DEPARTAMENTAL DEL AGUA

Ponencia presentada por:

HERNAN PORRAS GALLEGO

CONSEJERO DEPARTAMENTAL DE PLANEACIÓN DIRECTOR EJECUTIVO CORPORACIÓN CEAM

INTEGRANTE INSTITUCIONAL DE ALGUNAS DE LAS MESAS Y REDES DEL ORIENTE

PONENCIA PRESENTADA DENTRO DE LA PARTICIPACIÓN DE L A RED DE CONTROL SOCIAL DEL ORIENTE, A NOMBRE DE LAS MESAS

SUBREGIONALES DE: RIO CLARO, PARAMO, BOSQUES; ENERG ÉTICA, AGUAS Y AMBIENTE.

CON EL APOYO DE LAS REDES DE RED DE ASOCOMUNALES, A SENRED CONSEJOS MUNICIPALES DE DESARROLLO RURAL (CMDR), SI STEMA

REGIONAL DE PLANEACIÓN

RECINTO QUIRAMA, CARMEN DE VIVORAL, AGOSTO 11 DE 2 010

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INTRODUCCIÓN. El presente documento pretende dar una mirada a la gestión ambiental que se realiza en el Oriente de Antioquia, con similitudes y notas aproximativas a lo que pasa en otras regiones del departamento, abordando los temas y recursos naturales que están asociados al Recurso Hídrico, para ser presentados en la Audiencia Pública Ambiental con énfasis en Gestión del recurso hídrico y plan departamental del agua, convocada y organizada por la Contraloría General de Antioquia y a realizarse en el Recinto Quirama, el día 11 de Agosto de 2010. Para esta presentación y documentación se hicieron varias reuniones y en especial, se trabajó en detalle y a profundidad los planteamientos acá expresados, el día 4 de agosto, asistiendo integrantes y participantes de las Mesas subregionales de las mesas de Aguas y Ambiente; Rio Claro, Páramo – Bosques; Energética y las redes de Asocomunal, Consejos Municipales de Desarrollo Rural CMDR y el Sistema Regional de Planeación. La comprensión y estructura del mismo responde a la certeza que tenemos que la Constitución Nacional tiene una orientación suprema de avanzar en la construcción del Desarrollo Sostenible, avalado además por pactos internacionales suscritos por el país. Esta orientación no será posible, si no se concreta en el espacio territorial de la ruralidad y de lo urbano, estableciendo y manteniendo delicados equilibrios que sólo se garantizan por el adecuado uso y manejo de los Recursos naturales, incluido el Hídrico. Detectar y comprender integralmente el aporte de cada una de esas iniciativas económicas, su interrelación, sus impactos sociales económicos y culturales, sus efectos negativos y positivos, sus beneficios, para todo el oriente, es lo que nos permitirá concluir si nos parcelan o nos integran, si nos aportan y somos más y mejores o nos individualizan y desintegran, si existimos o subsistimos, si permanecemos y mejoramos como cultura. Por la sensibilidad y preocupaciones que ha generado una serie de intervenciones y macro proyectos en el Oriente, aprobados o en marcha, los cuáles no sólo re-definirán el desarrollo y la economía, sino que impactarán con toda su fuerza en la cultura y la perpetuación de nuestros ecosistemas, las Mesas han considerado, básico abordar los temas de Bosques, Minería y el agua, con los subtemas de derecho humano fundamental, agua y territorio, agua y servicios ambientales, agua y Empresas de servicios públicos subregionales, agua y el Plan departamental del agua, agua y Microcentrales hidroeléctricas, y todos ellos, en función y comprensión de si le aportan al Desarrollo Rural Sostenible de la subregión. Agradecemos a la Contraloría el liderazgo y el empeño por darle la oportunidad a las organizaciones sociales del oriente, de consignar sus sueños y esperanzas en forma escrita, retomada y condensada de las múltiples reuniones donde hemos participado y expresadas en esta oportunidad por este servidor.

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Las siguientes consideraciones versan principalmente sobre la sostenibilidad rural y la gestión gubernamental en el tema ambiental, las cuales están respaldadas por las organizaciones y representantes que al pie la firman.

PRESENTACIÓN

La gestión integral del Recurso Hídrico y las propuestas sus aprovechamientos en el oriente, el ejercicio de la autoridad ambiental, las relaciones entre macroproyectos, el papel que desempeñan los municipios y la operatividad de sus Planes de Ordenamiento, las competencias del departamento, las iniciativas empresariales privadas y públicas, las intervenciones sociales comunitarias y del sector solidario, el cumplimiento de las funciones de control, todas ellas definidas y precisadas, nos permitirá concluir sobre cuál es la razón del porqué es que estamos como estamos y nos permite vislumbrar el futuro que las comunidades deseamos y nos merecemos. Es necesario para comprender algunas de nuestras miradas, retomar del documento, “Los procesos ciudadanos del Oriente antioqueño y la Agenda legislativa regional” presentado en el foro regional realizado en La Ceja, con aspirantes al Congreso de la República Febrero de 2010, el siguiente párrafo que condensa buena parte de nuestras aspiraciones “La agenda territorial y el trabajo intersectorial del Oriente, se definen en la perspectiva de un modelo de desarrollo regional sustentable y un enfoque de derechos, con elementos estratégicos del ordenamiento territorial y la planeación del desarrollo; de desarrollo rural sostenible; de la minería y explotación del subsuelo; la gestión social del agua y la energía; la ordenación y protección de los bosques; los macroproyectos de infraestructura; la vigencia de los DD.HH., de las víctimas y la política integral de paz; la formación política y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática”. Esperamos que los planteamientos, las propuestas y salidas que acá se expresan sean tenidas en cuenta para su estudio y materialización, tanto desde los órganos de control como por los responsables decisores sobre el ambiente en la región, para que se modifiquen prácticas lesivas a los intereses supremos del territorio y sus habitantes y se mejore la gestión sobre el recurso hídrico. De nuestra parte, mantendremos nuestra presencia y seguiremos animando, con constancia y con iniciativas, el funcionamiento y operatividad de la Red Regional de Control Social, convencidos que si somos escuchados y valorados, entre todos, haremos un oriente amable, en la cultura del cuidado y el respeto por nosotros mismos y los recursos naturales, y mejor aún, contribuyendo a que la riqueza y los beneficios del desarrollo no sólo sea Sostenible, sino que lleguen a todos los pobladores de este hermoso centro de Colombia. Pedimos de antemano, tiempo y paciencia para la lectura, reflexión y por tanto, comprensión de nuestros argumentos, consideraciones e iniciativas. Estamos convencidos que estas ideas y propuestas pueden significar la diferencia entre el

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avance o el retroceso en la situación ambiental de nuestras subregiones y ayudar al propósito constitucional de tener un desarrollo sostenible en Antioquia. Quisiéramos entonces con esta ponencia, que se redimensione el papel de la auditoría integral en su componente ambiental, que se revisen los impactos sociales, económicos y en los recursos naturales (triángulo ambiental) tanto de las políticas como de las inversiones y gastos del erario público que se implementan y ejecutan en nuestra región. Que se investigue y evalué la gestión y se exalte o castigue públicamente tanto a quienes hacen bien las cosas como al que no. Que el detrimento patrimonial tenga castigo cierto, que la omisión en el desempeño de funciones ambientales sea sancionado, que los delitos ambientales sean ejemplarmente perseguidos, judicializados y fallados. Clamamos por justicia ambiental y esperamos ser escuchados. Igualmente, esperamos que sin vacilaciones, se disponga de lo mejor del talento humano y profesional que ustedes tienen a su interior para que permanentemente estén conceptuando, ayudando a orientar y a definir sobre cómo hacer una mejor gestión ambiental en nuestros territorios, a exigir y dar ejemplo, que la administración de lo público se hace con excelencia y que los resultados se pueden medir de manera que podamos saber si estamos avanzando o no hacia ese horizonte esquivo del desarrollo sostenible. Requerimos por tanto generar nuevos arreglos institucionales para la gestión del desarrollo, de nuevos contratos sociales y culturales entre nosotros, haciendo que entre todos podamos interactuar con mayor inteligencia y eficiencia, de manera que Orientemos a nuestras ciudadanos y el territorio con ética y transparencia, hacia la sostenibilidad.

1. EL CONTEXTO: Es conveniente hacer notar que aproximadamente el 99% del territorio del departamento de Antioquia es rural y que la vida social y económica de la mayoría de los municipios y principalmente sus cabeceras urbanas, depende directamente de los servicios, insumos, suministros, producción y comercialización de bienes del campo, todo ello derivado del esfuerzo, dedicación y trabajo de las familias campesinas. En los 125 municipios del departamento, se tienen 289 corregimientos y cerca de 4.500 veredas, territorio en el cual se desenvuelve la Vida, en una lógica rural, alrededor de centros poblados urbanos, donde habita casi una tercera parte de la población del departamento. El Oriente de Antioquia, con 827.600 hectáreas, el 13% del departamento y 0.7% de Colombia, con 569.642 pobladores, 26 municipios, 1.054 veredas y 32 corregimientos, 9 grandes cuencas, asentados en la Cordillera Central Andina, zona montañosa entre los valles del Magdalena, Aburrá y Porce-Nus donde confluyen las corrientes húmedas y cálidas de los valles y cañones de los ríos Magdalena, Arma, El Buey, Piedras, Aburrá, Porce, Nus, San Carlos, Samaná Norte y Sur, Cocorná Sur, Guatapé, Nare, Calderas, Tafetanes y Río Claro. Somos conscientes que por nuestra posición planetaria en la zona de confluencia

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inter-tropical, producimos y poseemos agua con altos rendimientos por km², aportando al país en la desembocadura de los grandes ríos un promedio de 2.138,46 metros cúbicos por segundo (m3/s), aproximadamente una tercera parte del volumen del Río Grande de la Magdalena, siendo por esto una de las grandes áreas de recarga del país y de aporte significativo de aguas limpias y oxigenadas a nuestro río tutelar de la patria, y al servicio de conglomerados humanos ubicados en el Valle de Aburrá (aprox 50%), Valles de San Nicolás, y parte central del Magdalena Medio Colombiano, para una población cercana a los 4.000.000 de habitantes. También es conveniente recordar que nuestra seguridad y soberanía alimentaria, puesta y servida en nuestros comedores diariamente, depende en un 80% de la capacidad de producir y disponer los alimentos por parte de nuestros pequeños agricultores, en los centros de venta, las Plazas Mayorista y la Minorista. De hecho el 33% de los alimentos que se consumen en el Valle de Aburrá provienen del Oriente Antioqueño, según un estudio realizado por CORANTIOQUIA y la Universidad Nacional. Es necesario mencionar datos que dan cuenta del abandono, la extrema pobreza, la ausencia de inversiones y de Estado para la creación de oportunidades, generando la inequidad existente en la ruralidad de los municipios. 34.8% de la población se encuentra en condiciones de pobreza y 17.9 en condiciones de miseria, en nuestra subregión. Pero si diferenciamos, la población urbana, tiene un 29.7% de pobreza y 41.0 de miseria; mientras en la población rural el 40.9 está en condiciones de pobreza y 66.6% en condiciones de miseria. Si se discrimina por municipios las cifras mostrarían una mayor situación de inequidad. Estos datos dan cuenta del abandono, la extrema pobreza, la ausencia de inversiones y de Estado, la creación de oportunidades para con las familias campesinas, causas de la inequidad existente en la ruralidad de los municipios del oriente, entre las zonas, sin mencionar la existente entre las subregiones del departamento, comparados con el Área Metropolitana y otras pocas centralidades urbanas. Algunas preguntas que se nos ocurren con relación a la sostenibilidad de la ruralidad antioqueña, que es necesario tratar de resolverlas y materializarlas en beneficio de toda la sociedad son: ¿Qué tierras se disponen en Antioquia a los campesinos para la producción agropecuaria? ¿Cómo beneficiar a los pobladores locales de los proyectos económicos relacionados con aprovechamiento de los recursos de sus entornos tales como el agua, los minerales, el potencial hidroeléctrico a través de las empresas de servicios públicos, las microcentrales, la minería? ¿Cómo vincular a los propietarios de la tierra en los procesos de conservación y protección de la Biodiversidad y del agua?¿Cómo generar circuitos económicos que beneficien más a los implicados en el territorio local y subregional que a los inversionistas externos? ¿Cómo hacer que efectivamente las disposiciones constitucionales y legales relacionados con la participación ciudadana y el apoyo a la asociatividad y la economía solidaria, se materialicen en nuestros territorios?¿ ¿Cómo concretar efectivamente los pilares productivos de la ruralidad como son la agricultura, la silvicultura y la acuicultura, sin perder ni

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descuadernar la base social que la constituyen, la familia campesina y garantizar el cuidado y protección de nuestros recursos naturales?

2. LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Dentro de la Constitución Nacional resaltamos los siguientes artículos que tienen que ver con la promoción y la orientación del desarrollo sostenible: la propiedad privada tiene una función ecológica, según el artículo 58; el derecho a un medio ambiente sano y a la participación ciudadana en las decisiones que puedan afectarlo, artículo 79; la obligación del Estado de garantizar el desarrollo sostenible, la conservación, restauración o sustitución de los recursos naturales, artículo 80, el deber del estado de intervenir en la economía para preservar un ambiente sano, para el logro del cual puede también limitar las libertades económicas y la obligación de formular una política ambiental del desarrollo, artículo 333 y 334; la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, artículo 87; el derecho fundamental de la libertad de investigación, artículo 27; la atención de la salud y el saneamiento ambiental como servicios públicos al cargo del Estado; El derecho al acceso al conocimiento, a la ciencia a la técnica y a los demás bienes y valores culturales, entre otros.

También recordar, el Mandato Constitucional, artículos 64, 65 y 66, que establecen los derechos de los campesinos y trabajadores agrarios y donde nos dice que “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos” y “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado”, aspectos que se profundizan y desarrollan en las leyes 101 de 1993 y 607 de 2000. La ley 99 de 1193, en el Artículo 1 de los Principios, estableció en el numeral 1 que “El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo”. La ley 101, define que se debe concertar los intereses entre los diferentes sectores que en el municipio tienen presencia, para que la gestión municipal sobre su desarrollo rural, vaya de la mano y con el debido reconocimiento de los campesinos y agricultores; quienes deben ser la mayoría. A la letra manifiesta el artículo 61 de la ley 101 que: “CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL. Los municipios crearán el CMDR, el cual servirá como instancia superior de concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales y las entidades públicas en materia de desarrollo rural , y cuya función principal será la de coordinar y racionaliz ar las acciones y el uso de los recursos destinados al desarrollo rural y priorizar los proyectos que sean objeto de cofinanciación” (Subrayado nuestro).

Por ser Colombia una democracia participativa, la mencionada ley 101, en sus artículos 61 y 62, orientó para que las administraciones municipales crearan y

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motivaran la elección democrática de representantes y se eligieran las personas para que integraran el espacio de participación ciudadana, el CMDR, con una composición mixta pero mayoritaria de productores campesinos. Asignó entre otras las funciones y competencias, de manera que se constituyera en el principal grupo asesor del desarrollo rural municipal y que fuese este espacio el que aprobara y diera el visto bueno a los proyectos de la ruralidad en sus localidades. Como se puede ver más adelante, esta instancia suprema de la concertación de los proyectos para el desarrollo rural a nivel local, además de no estar funcionando en la mayoría de los municipios, no son consultadas, son desconocidas por las autoridades ambientales, por los municipios, por el departamento, por los empresarios y por tanto, muy seguramente, estén viciadas de ilegalidad las aprobaciones de macroproyectos económicos, licencias y demás permisos, por incumplimiento de la ley 101. Igualmente mencionar que no es posible hablar y trabajar por el desarrollo sostenible del Oriente, si no se incluyen las áreas urbanas, sus habitantes en la identificación y posibles soluciones a sus problemas. La gestión, las inversiones, las actividades y el trabajo debe enfocarse en el cumplimiento de los tres principios del ordenamiento territorial que trae la ley 388 de 1997. El decreto reglamentario 1504 de 1998 sobre el espacio público, es de la mayor importancia para verificar que se avanza un componente estructurante clave para avanzar hacia nuestro desarrollo sostenible.

3. SOBRE POLÍTICAS Y METAS DEL MILENIO: Importante señalar también, de cómo el país ha suscrito convenios internacionales que le han generado compromisos expeditos para avanzar en el Desarrollo Sostenible y el logro de metas, específicamente las Metas del Milenio y que aún estamos lejos de realizarlas. De ocho metas encomendadas y asumidas por Colombia, siete de ellas, digamos que tienen que ver directamente con la situación de desesperanza y abandono en que se encuentra la ruralidad antioqueña: 1. Erradicar la pobreza y la hambruna 2.Lograr educación primaria universal. 3. Promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres 4. Reducir la mortalidad infantil, 5. Mejorar la salud materna. 6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades. 7. Asegurar la sustentabilidad medioambiental. Igualmente, obligaciones ambientales de protección tanto de la biodiversidad y el ambiente establecidas en la ley 99 de 1993 como orientaciones de política sobre seguridad alimentaria y nutricional dadas en el documento CONPES 113 de 2008, que establecieron tanto la formulación y ejecución de planes y programas departamentales, municipales, distritales o regionales de seguridad alimentaria y nutricional como el manejo sostenible de las producciones, la provisión de alimentos sanos a la población y la obligación de proteger las producciones autóctonas de alimentos, reforzando la Ley 101 del 93. En el documento CONPES social 91 de 2005, del Departamento de Planeación Nacional 'Metas y estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de

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desarrollo del milenio-2015', fija los compromisos de Colombia como aparece en el siguiente cuadro.

Variable Situación actual %

Meta para 2015 %

Pobreza 51.8 28.5 Pobreza extrema (miseria) 16.6 8.8 Población con algún tipo de desnutrición

13 7.5.

Mortalidad de menores de 5 años 28.2 17 casos por cada 1000 nacidos vivos

Mortalidad materna 99 45 casos por cada 1000 nacidos vivos

Uso de métodos modernos de anticoncepción

46.7 65

Cobertura de terapia antirretroviral

52.3 82.3

Muertes por malaria 158 34 casos al año Muertes por dengue 155 46 casos al año Hogares que viven en tugurios 16 4 Redes de alcantarillado y Acueducto

10 millones de personas atendidas

Además se propone: En primaria completa: incorporar 1.2 millones de niños que hoy están fuera del sistema escolar y bajar elevadas tasas de deserción Violencia contra la mujer: Crear un Sistema de seguimiento que haga visible la violencia contra la mujer Mantener la prevalencia del VIH/sida por debajo de 1,2 por ciento Reforestar 30 mil hectáreas al año y disminuir a cero la emisión de clorofluorocarbonados; Es necesario que se conozca con cuanto contribuye, tanto las subregiones como el departamento de Antioquia, al logro de estas metas nacionales. Los informes de gestión y de financiación, tanto de los municipios, como de las corporaciones autónomas y la gobernación de Antioquia no dan cuenta de ello, y estamos apenas a cinco años que se cumplan los plazos de los acuerdos establecidos.

4. SOBRE LA RURALIDAD, LA ASISTENCIA TÉCNICA AGROPE CUARIA Y FORESTAL

Son muchos y variados los componentes y temas a tener en cuenta así como los interrogantes que nos hacemos para evaluar la gestión departamental y municipal en la ruralidad, de los cuales requerimos y demandamos indicadores de resultados. Traemos a colación entre otras, las siguientes: a. Coordinación interinstitucional, b. Seguridad y orden público, c. Sostenibilidad ambiental. d. Inversiones en infraestructura y equipamiento comunitario. d. Acceso a crédito y a

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intereses justos. e. Acceso a la oferta de programas institucionales. f. Distribución equitativa de incentivos. g. Mercadeo justo. h. Seguros de cosecha y pos-cosecha, accesibles. i. Fortalecimiento organizacional campesino. J. Acceso a tierra de buena calidad. K. Visibilización y apoyo a la mujer campesina. La política Nacional de atención integral como lo manda la ley a los pequeños agricultores campesinos ha sido insuficiente, cuando no deficiente. Agro Ingreso Seguro, los incentivos de Asistencia Técnica, la provisión de tierras a campesinos desplazados o no, han sido paños de agua tibia ante la gigantesca necesidad de atención. El estímulo y acompañamiento institucional a los profesionales y técnicos de la ruralidad, un completo fracaso. La ausencia de políticas para el fortalecimiento y desarrollo de la prestación profesional de servicios en la ruralidad por parte de las Empresas Prestadoras de Servicios Agropecuarios (EPSAGROS) son dignos de monumento y placas si se encuentra algún peso de inversión por parte de la nación y en los Departamentos. Y no vemos las evaluaciones y análisis integrales de esta gestión por parte de los órganos de control. Hoy respetuosamente los solicitamos. ¿Estaremos trabajando para avanzar en la sostenibilidad social, económica y de recursos naturales, con la gestión institucional y los proyectos de producción y otros asociados a la ruralidad? Esperamos que nos ayuden a resolver estas preguntas, a partir de las informaciones que soliciten los órganos de control y que sus análisis arrojen luces y salidas al tema. Algunas de los componentes que creemos son básicas, para el Oriente y el Departamento frente a nuestra ruralidad productiva, pero que no se están realizando o tienen un deficiente empuje y coherencia son las importantes actividades siguientes:

1. Saneamiento y redistribución de la propiedad rural con cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad. Titulación y restitución de tierras.

2. Formulación y ejecución participativa de planes y programas departamental, municipales, o regionales de seguridad alimentaria y nutricional así como el manejo sostenible de las producciones. Diferentes a los planes estratégicos de producción para obtener divisas del departamento y de la nación. El Plan MANA es una muestra de la poca planeación participativa y pertinente que se hace desde la Gobernación de Antioquia.

3. Redefinición de la Asistencia Técnica agropecuaria y forestal, municipal y subregional, con alta participación de los productores, orientados por el Programa Agropecuario y Forestal Municipal PAM.

4. La concreción de la planificación de los usos del suelo rural en los municipios acorde con los Esquemas y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial P.O.T. que estén bien formulados. Muchos de ellos en su revisión actual, no realizaron durante su ejecución la evaluación de impacto. Se presenta un desajuste de grandes profundidades, entre las impresionantes subdivisiones prediales, sin ningún control y el desconocimiento de la normatividad que regulan los Decretos 097 de 2006 y 3.600 de 2007,

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pretendiéndose desconocer que los suelos destinados a la agricultura, pecuarios y de explotación de los recursos naturales son de PROTECCION y que debe acogerse la UAF (Unidad Agrícola Familiar), en la definición del tamaño mínimo de predios. EL CAMPO en buena parte del Oriente se está urbanizando y está al libre albedrío de la especulación de las rentas del suelo. ¿Quién controla a las lonjas? Quién controla al que no controla las lonjas?

5. Creación, gestión y adecuado manejo de las áreas estratégicas de la biodiversidad en los municipios y su integración regional. En algunas zonas y Municipios se ha avanzado en su identificación, caso el estudio Forestal que efectuó CORNARE en la zona de Embalses, y que reglamentó mediante Acuerdo 205 de 2008, pero que requiere acompañarse de serios instrumentos de gestión y de financiación, pues el ordenamiento territorial trae consigo las afectaciones a particulares por la declaratoria de área de protección y la consiguiente responsabilidad, en este caso de los Municipios de generar o pagar las compensaciones respectivas.

6. Apoyo y consolidación de los espacios de participación social para el desarrollo rural sustentable, entre ellos los Consejos Municipales de Desarrollo Rural CMDR y los Consejos Territoriales de Planeación.

7. Apoyo y consolidación de las organizaciones y la asociatividad productiva y comercial de los pobladores rurales y campesinos del Oriente tanto a nivel municipal como regional.

8. Creación de una verdadera organización subregional o regional prestadora de servicios públicos, con participación de las organizaciones sociales, los acueductos rurales y sus asociaciones, los municipios del oriente.

9. Identificación, valoración e implementación de los servicios ambientales de la ruralidad: Seguridad alimentaria, conservación de suelos, paisaje agro y ecoturismo entre otros. Varios factores atentan contra la seguridad alimentaria: Las rentas urbanas del suelo y la consecuente subdivisión predial, el paquete tecnológico que el Estado persiste en implementar totalmente contrario a las potencialidades de los suelos, sigue generando prácticas intensivas del suelo, bajísimo o casi nulo respaldo financiero, deficientes instrumentos de planificación agrícola, total ausencia de subsidio a la producción .

10. Consolidación de las reservas productivas campesinas del oriente: Reservas agroalimentarias que han sido creadas en 16 municipios del oriente antioqueño con el nombre de Distrito Agrario y cuyo objetivo es proteger la seguridad, autonomía y soberanía alimentaria, familiar, local, regional así como salvaguardar la economía campesina y promover el desarrollo rural sustentable.

11. Educación pertinente a las necesidades rurales. 12. Gestión del Riesgo, cambio climático y adaptación al mismo 13. Mercado justo para que productores y consumidores tengan un intercambio

en condiciones de equidad 14. Acceso real al crédito del Banco Agrario por parte de los campesinos, con

acompañamiento técnico para su gestión y su ejecución

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No se puede olvidar la condición de exclusión en que se encuentra la mujer campesina, la que por cierto ha jugado un papel admirable en la conservación de sus familias y del tejido social, en medio de la crisis humanitaria generada por la confrontación armada. Por ello, estas acciones propuestas deben tener un claro y preciso enfoque de género para lograr el objetivo y la meta del Milenio de “promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres”, porque en el campo del desarrollo humano “no se puede volar con una sola ala”. Con relación a las potencialidades que se tienen de la ruralidad, en el concepto sobre el Plan Departamental de Desarrollo, en el cual se hizo una serie de propuestas interesantes y armoniosas social y ambientalmente para el departamento de Antioquia y de manera que se incluyera en el mencionado plan, se propuso que el Oriente se constituyera en “una zona piloto para la evaluación y valoración económica, tanto de los bienes y servicios ambientales que tiene y ofrece, como de los mecanismos y procedimientos que hagan posible establecer las compensaciones, tasas de retorno u otras figuras similares, que permitan hacer más justas y equitativas las participaciones locales y regionales en los beneficios y consecuencias del desarrollo. Allí se mencionaron los siguientes temas: Ecoturismo, Agroturismo, Oferta paisajística, Protección de suelos, Acuicultura, Fijación de CO2, Bosques naturales, bancos genéticos y biodiversidad. Mientras tanto, la región afronta una nueva oleada de proyectos de desarrollo exógeno, relacionados con el agua, el bosque, la minería, que abren un abanico de oportunidades y amenazas. Caben ellos en un modelo de desarrollo rural o caminamos a una erradicación de las comunidades campesinas? Con lo anterior, se estaría recortando la gran deuda social que tiene el departamento y en especial Medellín y el Área Metropolitana, para con la región y pobladores del Oriente Antioqueño. Igualmente, hace posible mitigar y aliviar los múltiples reclamos y demandas sociales que desde los movimientos cívicos del oriente se han realizado y se vincula con unas claras propuestas de hacer llegar beneficios a la periferia más pobre y abandonada del Oriente. Desconocemos propósitos integrales en la gestión departamental y nos encantaría conocer evaluaciones sobre esas conceptualizaciones por parte de la Contraloría y la Procuraduría.

5. SOBRE EL AGUA:

a. Derecho Humano Fundamental. Hoy día y muy recientemente el 28 de Julio, Naciones Unidas, a la cual Colombia pertenece como socia signataria, aprobó el derecho Humano al Agua Potable y el acceso a servicios sanitarios básicos, que innegablemente van unidos al derecho a la seguridad alimentaria y al cumplimiento del artículo 79 de la constitución del derecho a gozar de un ambiente sano. Gracias Naciones Unidas, porque según vemos, nos tienen que dar desde fuera, lo que nosotros mismos nos negamos como lo pudimos ver con el referendo por el agua en Colombia.

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Esperamos que tanto Procuraduría como la Contraloría contribuyan rápidamente a incorporar este derecho en la administración departamental y municipal, con inversiones y funciones específicas, sin quedarse esperando varios años a que se diluya en el centralismo y discusiones insulsas.

b. Agua y Territorio. Preocupa la articulación del agua en los planes de

ordenamiento territoriales, los Planes de Desarrollo y la ruralidad de los municipios de Antioquia. Articulación que la entendemos como la posibilidad que éste bien común, esté disponible para el goce, uso y gracia de las comunidades cercanas, inmediatas y rurales a los territorios donde se cuida, protege, fluye y anima la Vida. Se desconoce e importa poco, las aspiraciones y planteamientos dados por varios sectores de las comunidades para que los posibles beneficios generados de su aprovechamiento, se distribuyan entre la población y contribuya a lograr muchas más posibilidades económicas y de bienestar a los habitantes de los territorios desde donde se hace el uso y aprovechamiento. Eso es lo que se reconoce como equidad y todos concuerdan en que aporta significativamente a la justicia social como a la gobernabilidad y por tanto a profundizar nuestra democracia. Se está privilegiando el desarrollo empresarial de los capitales privados, con apropiación y aprovechamiento de los recursos sin tener en cuenta los beneficios al territorio y sus habitantes. Los planes de ordenamiento y manejo de cuencas abastecedoras de acueductos, duermen el sueño de los justos en los escasísimos casos en los que se han elaborado, porque la mayoría de las cuencas aún adolecen de este instrumento, porque sus planes de acción no cuentan con la financiación y seguimiento secuencial y permanente, siendo su mayor falencia, la baja comprensión y participación de las comunidades en ellos.

c. Agua y Servicios Ambientales . Se está presentando una equivocada intervención en el modelo de desarrollo de las regiones y particularmente del Oriente, lo que se impuso en la décadas de los 70´s y 80´s centrado en la generación de hidroenergía, hoy está salpicado de incoherentes autorizaciones para una explotación masiva de la minería, un traslado urgente de la industria de Medellín al Altiplano que ha contado con la alcahuetería de algunos concejos y administraciones de exonerar de impuestos a las recién llegadas empresas industriales. Ya no se sabe cuál es entonces el modelo de desarrollo y el modelo de ocupación imperante en el Oriente, y qué clase de comunidades queremos ser: Agropecuario?, Industrial?, Generador de Energía?, Minero? Acontece por estas tierras del oriente y en otras subregiones de Antioquia, que pacificado el territorio, aparecen con un entusiasmo desaforado y sin conocimiento oportuno y suficiente por las comunidades, una multitud de iniciativas empresariales ligadas al agua, de los cuales se toma a la

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población como objetos del desarrollo y no como sujetos del mismo. Se promueven, se proyectan, constituyen, programan, y comienzan a operar en nuestros municipios, grandes y múltiples empresas, unas como generadoras de hidroenergía, otras como entables pesqueros, otras como de servicios públicos, otras como complementarias y de apoyo o encadenadas a otros proyectos, principalmente mineros. Todas con la particularidad de ser esencialmente privadas o con el enfoque privado, constituidas por acciones y de socios anónimos, con capitales de proveniencia desconocida. Ninguna de las potencialidades de nuestros territorios ha sido promovida por el Estado Central, el Departamental o el local, con apoyos técnicos, económicos, humanos y sociales, donde sean tenidas en cuenta con prioridad, las comunidades organizadas y los entes territoriales, en el sentido de lo público, de lo comunitario, de lo solidario, de modo que se manifieste, se organice, se capacite, se capitalice y se integre a los círculos económicos que se quieren establecer. No hay una planeación colectiva que señale un futuro deseado, acordado por todos los actores del territorio, sino que cada uno llega a buscar sus intereses privados sin asumir responsabilidades por los impactos causados. Con esto se desconocen propósitos constitucionales y legales sobre la participación y la asociación, dados en los artículos artículos 365 y 366 y perdiéndose oportunidades públicas de alto beneficio social por darle privilegios y gangazos al sector empresarial privado y no al social y colectivo.

d. Agua y Empresas de Servicios Públicos Subregionales . EPSPSR. En Antioquia 20 municipios participan en cuatro empresas subregionales de servicios públicos: Aguas de Urabá, de Occidente, Bajo Cauca y Aguas de Nordeste. Participaciones accionarias diversas, pero siempre el socio mayoritario EPM. Estas se constituyen en motivo de esperanza para las comunidades, pues ven en ella la posibilidad de acceder a un servicio que les ha sido negado por años, con despilfarro y pérdidas de recursos. Para el Oriente, se creó la empresa subregional del Oriente con Envigado, El Retiro y Rionegro como socios de EPM y del Departamento. La participación accionaria, negociada bajo la mesa, acordó que EPM como mínimo tenía el 56%, el Departamento el 25% y el 19% restante para los municipios, empresas públicas, y otros sectores empresariales privados que se interesaran en el negocio. La Empresa de Servicios Públicos del Oriente, nace pues de la Asociatividad empresarial de Envigado que es EPM, El Retiro con Aguas del Oriente, cuyo socio mayoritario es EPM y Rionegro, digamos, el único municipio con empresa pública municipal del Oriente, para prestar servicio de agua en una zona donde se cuenta con el servicio. Las mayores necesidades serían de alcantarillado, pero este no es un negocio rentable.

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Lo paradójico de la propuesta es que se propone crear la Empresa para prestar servicio de agua potable y alcantarillado en la zona más exclusiva del Llanogrande y corredor desde la represa la Fe (y con estas aguas) hasta Rionegro. Zona estrato 6x6, que tiene servicio y cobertura por acueductos rurales que ofrecen agua potable de calidad, algunos de ellos con certificación en ISO. EPM es claro en que no daría cobertura en zonas rurales periféricas de estos municipios, donde se tienen dificultades de calidad y cantidad porque no le es rentable hacerlo. Esta empresa nace con nombre y pretensiones de competir en el mediano y largo plazo, en todo el Oriente con las empresas municipales y de comunidades organizadas, para lo cual definen un plan de ampliación y cobertura hacia la zona central de los valles, los cuales tienen las mayores densidades poblacionales y potencialidades comerciales, en las interconexiones viales de Marinilla, Guarne, parte de San Vicente (Autopista) y El Carmen de Viboral. Un poco más adelante, pueden cubrir las áreas hacia La Ceja, El Carmen y El Santuario. La creación y puesta en marcha de la Empresa Subregional de Servicios públicos del oriente, está en contravía de las aspiraciones regionales tanto de los municipios y sus administraciones como de los acueductos veredales: Es otro golpe a los intereses locales y sociales del Oriente y posiblemente de las demás subregiones, en tanto los margina, les pone un monstruo monopólico en competencia, no ayuda a fortalecerlos sino a competir entre ellos por algunas prebendas. Destruye el sueño de tener su propia empresa de servicios públicos subregionales y el capital social, empresarial y económico que le dinamice su desarrollo endógeno, autónomo y sostenible, al servicio de sus propios pobladores y territorio. Se avizora en el mediano y largo plazo, una hegemonía regional en la prestación del servicio en beneficio de la ciudad de Medellín y no de los municipios del oriente. Por ello, el caso de Oriente, lo denunciamos como un hecho aberrante, en el cual se le da la denominación subregional “EPSPSR Oriente” a una empresa que se crea para brindarle agua y alcantarillado a una pequeña porción de los Valles de San Nicolás, Llano Grande, cercenando las potencialidades y capacidades de un territorio naciente, definiendo su propio futuro, para lo cual no necesita competencia sino apoyo, instrucción, conocimiento, destrezas y recursos. Llano Grande es una zona con una alta presión urbanizadora y el municipio de Rionegro la tiene considerado como área de expansión Urbana. Es demasiado costoso al municipio el garantizar los equipamientos de servicios públicos y en especial el de alcantarillado, por lo que se beneficia por partida doble: Potencializa la urbanización y conurbación de este sector, brindando altas tasas de rentabilidad al sector constructivo y lonja de propiedad raíz, con ingresos no desdeñables desde las licencias y cobro de impuestos por industria y comercio. Y por el otro lado, EPM le entrega agua

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suficiente y garantizada para este proceso de metropolización. EPM gana por ofrecer un servicio para estratos exclusivos y el departamento gana acorde a su participación accionaria. Todos los estatales ganan. Acueductos rurales, comunidades organizadas, Pierden. Cornare ha considerado a Llano Grande como un área en situación de riesgo ambiental, debido a la existencia de un gigantesco acuífero muy superficial en esta zona y que puede ser contaminado irreversiblemente por materias fecales y residuos domésticos e industriales ya que no cuenta con sistema de alcantarillado y planta de tratamiento. Entre las actuales afectaciones no aclaradas están las realizadas por el sector floricultor. Este acuífero es un patrimonio del Oriente y según se prevé, la reserva hídrica de calidad, de primera mano y el recurso natural barato y disponible para proyectar ganancias empresariales con el servicio de agua potable en la región. En idéntica situación se encuentran las fuentes hídricas de El Carmen de Viboral, sus acueductos, administración municipal y Honorable Concejo, los cuales están en la mira de las proyecciones empresariales privatistas, pero no entra en la cuenta de sus fortalecimientos y propios desarrollos, lo cual los ha llevado a plantear una lucha titánica por la autonomía, la autogestión y el desarrollo local. Esperamos las comunidades del oriente que este lago subterráneo y este patrimonio hídrico no vaya a ser otro regalo en beneficio de los negociantes del agua del Valle del Aburrá y que la intervención de la Contraloría y la Procuraduría determine y marque tendencia para que se traduzca en beneficios directos y más allá de la prestación del servicio, para las comunidades organizadas de la región.

Llamamos la atención a nuestros órganos de control ante la situación que se le va dando a Llano Grande, la cual tiende a replicar el modelo de crecimiento y desarrollo urbanístico de Medellín y en particular del añorado Poblado (ver lo que es hoy día). No se tienen diseños ni propuestas participativas del pensamiento y liderazgos regionales, que constituyan para esta porción del oriente una muestra significativa y digna de construcción colectiva de hábitat, de integración y articulación subregional, de relacionamiento con la naturaleza y de prestación de servicios, que dignifiquen la vida de nuestros habitantes y de sus organizaciones. Vuelve a imperar el dios dinero y sus posibles acrecentamientos para unos cuantos, la planeación en pequeños círculos privados, definiendo para si el beneficio del ordenamiento y la planeación del territorio, desdeñando toda la periferia rural del oriente.

e. Agua y Plan Departamental del Agua. Son los municipios de la periferia del oriente tanto sus cabeceras como la ruralidad, los que más necesidades tienen de inversión en agua potable y saneamiento básico por su baja capacidad de gestión y económica como por el permanente abandono en que han estado. Requieren apoyo y recursos, tanto desde los estudios de

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prefactibilidad, factibilidad, como de inversión. Requieren asesoría y apoyo permanente para la creación de sus propias empresas municipales de servicios públicos. Requieren acompañamiento para ser capaces ellos mismos de regir y determinar tanto la administración, operación y sus tarifas, como la conservación del recurso hídrico de manera sostenible. Según el Plan departamental, no se tienen valorados ni cuantificados las necesidades para el sector rural, por lo que no hay identificadas inversiones para los acueductos veredales ni multiveredales. Señalan que hay estrategias pero se desconocen cuáles son y cuántos recursos disponen, para seguir atendiendo los déficits rurales. Se aclara que ni el departamento, ni el gobierno nacional son responsables del diseño y presentación de los proyectos, esto es competencia de los municipios, por lo que ellos deben hacer toda la preinversión, con las entidades especializadas. El Plan departamental contempla que las inversiones proyectadas están del orden de los $508.508.937 (Quinientos ocho mil quinientos ocho novecientos treinta y siete millones de pesos m.l.), de los cuales la región que más requiere recursos para inversión es la región del oriente con un total del 25% de la inversión en las diferentes regiones, seguido de la región del suroeste con el 21%, Norte y Nordeste con el 16% cada una, Occidente 9%, Urabá 7% y por último Magdalena Medio con el 6%. Por componentes de Inversión, para acueducto se requiere el 27% de ese total, en alcantarillado el 67% y en aseo el 6%, cifras que coinciden con las necesidades que el departamento tiene en el tema de alcantarillados y tratamiento de aguas residuales en los cascos urbanos de los municipios objeto del estudio. El Plan departamental del Agua, según expresiones en círculos privados, ha sido motivo de incentivos a municipios que lo acogen. Se premia con beneficios y aportes de políticas, programas y proyectos de desarrollo para quienes aprueben el proyecto de acuerdo que pignoran los recursos del Sistema General de Participaciones SGP, para saneamiento y agua potable en los porcentajes por ellos sugeridos en los próximos años. Desde nuestro conocimiento y según datos expresados en párrafos anteriores, este instrumento de gestión, (el Plan departamental de aguas) para la mayor parte de los municipios del Oriente y de Antioquia, está más destinado a la restitución, reparación o construcción de alcantarillados que a la provisión de agua potable. Es más un Plan Departamental de Alcantarillados o de saneamiento que un Plan departamental del Agua, trastocando en cierto sentido los criterios de priorización: primero agua potable, después saneamiento básico (en tanto no esté en peligro la salubridad pública, lo que no es el caso en nuestros municipios).

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Igualmente la Procuraduría General de la Nación ya había hecho público su concepto sobre la vulneración de la autonomía de los municipios y la reconcentración de funciones en el departamento, en contravía de la descentralización, con el mencionado Plan departamental de aguas. También la superintendencia de servicios públicos en su Concepto 576 de 2009, había expresado que “Por lo anterior, el giro del sistema general de participaciones será efectuado, en la medida en que los destinatarios según su clasificación cumplan los requisitos establecidos para cada uno de ellos” y que “debe tenerse en cuenta que ni la Ley 1176 de 2007, ni su decreto reglamentario 1477 de 2009, señalan la necesidad que los municipios se hagan parte de los Planes Departamentales, para efectos de ser certificados. Son inoperantes e inconsecuentes las medidas de control y seguimiento a los acueductos rurales que viene realizando la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con relación al cargue de información al Sistema Único de Información (SUI). La mayoría no cuentan con computador y menos con el empleado especializado en este sistema, para configurar cientos de cuentas para sistemas sencillos con estratos que a duras penas llegan a 3, y sin contar son la estratificaciones que el gobierno nacional debería impartir. Se debe apoyar más y brindar condiciones para la mejora del servicio a las comunidades organizadas que prestan su propio servicio de agua potable. No se trata de llevarlas a la ilegalidad y cerrar la prestación del servicio, sino el de darles el vuelo para que sean dignas, capaces de mostrar sus capacidades de administración y de prestar un servicio con calidad, economía y alto beneficio social, como tenemos muchos ejemplos en el oriente. A nuestro entender y concluyendo, las comunidades del oriente y los representantes a los concejos elegidos por nuestros ciudadanos en los diferentes municipios, tienen la razón cuando le dicen no al Plan departamental del Agua: los apoyamos y nos sentimos identificados plenamente con su rechazo. Nuestras razones son una: aún no le vemos el beneficio de la propuesta para nuestros conciudadanos, no atiende nuestras necesidades y no aporta a la construcción social del territorio. No fortalece nuestra empresa municipal de servicios públicos, no integra ni ayuda a la asociatividad y a la participación de las juntas de acueductos rurales en el municipio, no contribuye a lograr economías de escala que repercuta sobre toda la cadena de servicio en la localidad. No contribuye al aumento de capacidades locales y regionales en la conformación de empresas y economías solidarias. Promueve la privatización del servicio y estigmatiza la gestión pública del agua. Si puede haber riesgo en la inversión de los recursos, se requiere más acompañamiento institucional y vigilancia para el cuidado de los mismos en el logro de los resultados esperados por la comunidad. La ruralidad, sus habitantes, los campesinos de Antioquia, no tienen oportunidades de Acueducto ni de saneamiento en condiciones de equidad, al menos iguales a las cabeceras municipales y

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por tanto son excluidos de los beneficios del desarrollo, marcándolos como de segunda o tercera categoría y …!!!así no es!!!. Bajo las condiciones del estado de la prestación de los servicios de agua potable y el saneamiento básico en el municipio, (sea que se haya acogido o no al Plan departamental de aguas), tanto la contraloría como la procuraduría, con las administraciones y una comisión de las comunidades organizadas que prestan el servicio, deberían establecer una agenda de trabajo, priorizada, con seguimiento, para cubrir tanto las necesidades básicas no satisfechas en el área urbana como rural, como para hacerle la veeduría a la ejecución del departamento.

f. Agua y Microcentrales hidroeléctricas . Se tienen en Antioquia, 234 solicitudes de permisos de estudio para proyectos hidroeléctricos en jurisdicciones de Corantioquia y Cornare. En nuestro territorio 45 solicitudes de permisos y licencias ambientales están en trámite, de los cuales 6 para Centrales hidroeléctricas, con posibilidades de tener más de 10 megavatios de generación. Las demás, 39 son identificadas como minicentrales, la mayoría de ellas muy cercanas al tope de los 10 megavatios, según información proveniente de derechos de petición realizados a CORNARE y al Ministerio del Ambiente por la corporación CEAM a nombre de las mesas acá presentes. Se dice que podría ser posible que se duplique la capacidad productora de energía del oriente con estos proyectos. Esta producción es en parte la que tiene a tres empresas de Antioquia entre las 50 empresas más importantes y grandes de Colombia, con ganancias netas de aproximadamente 60 mil millones para ISAGEN generadora de energía, EPM con varios servicios públicos con 986 mil millones e ISA transportadora de energía, del orden de 450 mil millones a precios de 1998. De las solicitudes del oriente, 21 son para concesión de aguas, y el río más intervenido podría ser el río Cocorná, con 7 proyectos. Le sigue, el Dormilón y San Matías – Tafetanes con de a 3 cada una. El Usuario que más solicitudes tiene es HMV con 8 proyectos, EMGEA con 4, Rubén Levy Levy con 3. Es de anotar que HMV tiene en Corantioquia otros 7 proyectos registrados y Rubén Levy Levy tiene solicitadas 13 fuentes adicionales en Corantioquia. Otros inversionistas tienen lotes de tres, cuatro y hasta cinco solicitudes en jurisdicción de CORANTIOQUIA. La definición de la magnitud del proyecto generador, por debajo de los 10 Megavatios, quiere decir que para la mayoría de los proyectos, existe una intencionada forma de trabajar el tema por parte de los diseñadores e inversionistas, buscando y haciendo evasiva la contribución a los municipios y a la región de la tasa de transferencia por venta de energía. Todas las propuestas están en las zonas más pobres de la subregión, donde escasamente sobreviven campesinos agricultores y campesinos silvicultores, que posiblemente serán desarraigados de sus tierras, como ya ocurrió en la zona de Embalses. Están al borde y en el filo no de agua, sino

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de la miseria y de la extinción. La búsqueda de la riqueza de algunos, trae más pobreza para la población, y esto no sólo por este motivo sino por el componente social con el cual pretenden trabajar. Importantísimo que antes de otorgar nuevas licencias ante este mar de solicitudes, se evalúen los impactos ambientales, sociales y económicos que a hoy han generado los Embalses en el Oriente, entre otras las afectaciones que varios Municipios parece están teniendo por el cambio de regulación hídrica que se ocasionaron con los embalsamientos.

En algunos casos los proyectos están encadenados y en serie dentro de una misma cuenca hidrográfica, algunas veces a muy corta distancia uno de otros. La habilidad de los inversionistas está en hacer pasar cada proyecto como si fuese independiente uno del otro y cada uno de ellos, por debajo del tope (10 Megavatios) desde el cual deben pagar las transferencias del sector eléctrico. Incluye esta táctica empresarial, el buscar que la Corporación autónoma no vaya a solicitar una licencia para un macroproyecto generador de una misma empresa (que es mucho más exigente), en una misma cuenca o fuente, sino simplemente el de dar un permiso de aprovechamiento del agua, de manera simplificada y expedita. Aparece además con relación al componente social de los proyectos, que los inversionistas prefieren comprar todas las fincas a los campesinos a precios muy baratos, generando desplazamiento económico, que el tener que pagar los predios en las fracciones y partes esenciales para el proyecto (aunque manifiestan no tener problema con ello), porque la ganancia está no sólo en la compra barata de las mismas, sino en la desocupación del territorio y por tanto menos carga social para las fases subsiguiente de mitigación de impactos negativos y el asumir la responsabilidad social empresarial con ellos. Indudablemente esto repercutirá también en los cascos urbanos y en las ciudades vecinas. Es voz populi en el oriente, que se está haciendo un negocio redondo con las microcentrales en proceso de licenciamiento y en su fase de prediseño. Naciones Unidas incluyó la energía hidroeléctrica como energía más limpia y por tanto susceptible de ser beneficiaria de bonos de compensación por no contaminación de CO2 a la atmósfera y por tanto por disminuir los impactos negativos del calentamiento global. Con muy poca inversión, prácticamente se están obteniendo todas las licencias, permisos, terrenos, prediseños y diseños, de manera que la ejecución del proyecto queda en punto de inicio y es acá donde se obtienen las múltiples ganancias. Se vende la licencia y los estudios aprobados a grandes inversionistas generalmente extranjeros y al mejor postor, quienes además de tener la capacidad inversionista para su construcción, pueden hacer efectivo el cobro de los bonos de energía limpia, en las bolsas internacionales, proveniente de los países signatarios del protocolo de Kioto y Copenhague. Cientos, cuando no miles de millones de pesos que no tributan, no pagan

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impuestos, no son declarados como ganancias ocasionales. Cientos de millones de pesos invertidos que son recuperados de la inversión internacional como energías limpias. Quién sabe cuántos millones de dólares en posibles ingresos a manos privadas, provenientes de inversiones bajas, con costos bajos, sin pagos de Transferencias a la región. Piratas con patente de corso, quienes de manera fugaz recogen el maná del agua del oriente, lo capitalizan y se lo embolsillan sin ninguna retribución ni redistribución a los habitantes del territorio. Nuevamente, alguien, algunos cuantos se enriquecen, muchos siguen en las mismas o más se empobrecen. No hay que olvidar que la confrontación armada en el Oriente encontró su caldo de cultivo en el impacto económico y social de los proyectos hidroeléctricos. ¿Cuál es su contribución al desarrollo sostenible de la región? Nadie lo sabe. A CORNARE se le solicitó en el Derecho de petición, que se nos dijera numerales 2 “¿Cuál es el potencial hidroeléctrico que tiene el oriente por subregiones, para el aprovechamiento en microcentrales? Cuál el asignado por la Corporación Cornare? ¿Cuál el pendiente de autorizar para cada una de estas subregiones?” y numeral 6 “¿Cuál es la evaluación estratégica del impacto ambiental, social y económico que hace la Corporación Autónoma Regional como Autoridad Ambiental, frente a la explosión de solicitudes de permisos, posible comercialización privada de las Licencias concedidas al sector empresarial e inversionista en el tema y próxima construcción y operación de las microcentrales?. Su respuesta fue la siguiente: Numeral 2: “Actualmente no se cuenta con esa información” y numeral 6: “CORNARE se limita a actuar dentro de sus competencias atribuidas por la ley 99 de 1993 y a tramitar las solicitudes que se le presenten de Concesiones de Aguas y Licencias Ambientales para el desarrollo de proyectos Hidroeléctricos, conforme a lo dispuesto en el Decreto 2811 de 1974, Decreto 1541 de 1978 y el Decreto 1220 de 2005”. Lo anterior nos muestra que en la región con relación a nuestro potencial hidroeléctrico, nadie sabe qué tenemos, qué estamos administrando, posiblemente tampoco sabemos dónde está y por tanto, cuánto puede valer. Tampoco tenemos idea del conjunto de los impactos ambientales (Sociales, económicos y bióticos) y por tanto no es posible saber ni planificar el tipo de desarrollo que nos implica el tener en nuestro territorio estas líneas productivas hidroenergéticas. Así las cosas, es imposible hacer un balance de Costos/Beneficios o cualquier otro ejercicio económico y financiero de conjunto para el territorio. La suma de las partes desde cada proyecto, nunca podrá develar el beneficio total de la actividad productiva de la que estamos hablando. Repetimos: ¿Cuál es su contribución al desarrollo sostenible de la región? Nadie lo sabe. Además de no saberse los riesgos integrales y ambientales de la actividad de construcción y operación de múltiples microcentrales en todo el territorio, alertamos sobre el desconocimiento de algunos factores económicos claves como el de la Tasa Interna de Retorno de esos negocios, las posibles

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pérdidas económicas de CORNARE por no pago de transferencias de ley 99 y de ausencia de inversiones socio ambientales en el territorio. Ante una situación como esta, la ley 99 de 1993, establece el principio de precaución (Artículo 1. Principios. Numeral 6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente), la cual invocamos y esperamos, que en su máximo análisis y evaluación, tanto la Contraloría como la Procuraduría nos den la razón, y ordenen la suspensión de todas las solicitudes y permisos en curso, hasta tanto no se haga un estudio de evaluación estratégica ambiental que establezca claramente los beneficios o perjuicios ambientales (Económicos sociales y bióticos) de la totalidad de los proyectos actuales y potenciales en nuestro territorio. Mientras tanto, sugerimos las organizaciones del Oriente que se defina de manera concertada entre los órganos de control y quienes corresponda, a título de prevención, para que las corporaciones ambientales de Antioquia apelando al principio del rigor subsidiario, exijan que las personas naturales y jurídicas que solicitan o tramiten permisos y licencias para hidroenergía, deben demostrar previamente que tienen capacidad financiera para la ejecución del proyecto y dar a conocer el origen de los capitales a invertir. Con esto se estaría al menos impidiendo la piratería de licencias y permisos descrita anteriormente. Igualmente, invocamos el apoyo y trabajo mancomunado de instituciones y organizaciones del oriente para que se reforme la ley 99 de 1993 y se ajuste el porcentaje de transferencias del sector eléctrico, aumentándolas del 6 al 8%, como lo propusimos el año pasado, y que se destine para intervenir en las actividades productivas agropecuarias y forestales en comunidades campesinas de las regiones, en producciones limpias y amigables con el ambiente, capaces de aumentar la oferta ambiental, en la protección y conservación de la biodiversidad, los suelos y el agua. Antes que responsabilidad social empresarial, demandamos de las empresas y los empresarios que las dirigen, un compromiso empresarial con la sostenibilidad. Es desde acá donde esperamos que no sólo se establezcan y aprovechen nuestros recursos, sino que sean responsables con la biodiversidad, con la cultura y comunidades que los rodean, con las inversiones sociales requeridas para generar condiciones y calidad de vida a nuestros habitantes. No esperamos atenciones con las migajas que sobran o que puedan ser intercambiadas por impuestos. Esperamos planificación, compromisos e inversiones para que nuestras economías personales, pero ante todo, nuestros capitales sociales crezcan a la par que

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garantizamos nuestra base de recursos naturales y por tanto, nuestra sostenibilidad. Ese es el desarrollo sostenible al que le apostamos. El 20 de agosto CORNARE está convocando a una Audiencia Ambiental para analizar el estado del proyecto de microcentral El Molino, en el río Tafetanes. Requerimos el acompañamiento tanto de la Contraloría General de la República como de la General de Antioquia y la Procuraduría, como observadores y a título de prevención ante posibles decisiones que se van a tomar posteriormente en este proyecto y que tendrá amplia repercusión sobre otra cantidad de propuestas.

6. SOBRE LOS BOSQUES:

Para ilustrar el problema en Antioquia, es pertinente citar que Orrego (Orrego, Sergio. 2009. Oregon State Universite, USA. Economic modeling of tropical deforestation in

Antioquia (Colombia), 1980-2000: an analysis at a semi-fine scale with spatially explicit data) aplicó métodos econométricos para calcular el aporte de la deforestación en nuestro departamento al cambio climático global y obtuvo una tasa tres veces mayor de eliminación de bosques que la que le sigue al respecto en América Latina. En el centro del departamento, conformado por 50 municipios, sólo quedan bosques densos en el 0,57% del territorio; menos del 19% del área tiene vegetación secundaria; el 10% de municipios tienen bosques secundarios en áreas mayores a 100 ha; de 28 tipos de bosques nativos diferentes que deberían existir, 18 ya no existen, 3 están en inminente riesgo de extinción y a los 7 restantes les queda poco más de 20 años de existencia. Para la subregión Bosques de CORNARE, mediciones hechas por la Corporación dan cuenta de cambios en los bosques de 478,418.84 Has a 332,078.89 Has en siete (7) años. Algunos datos que sintetizan la situación es la siguiente:

Cambio en coberturas de Bosque Cambio entre 2000 y 2007

COBERTURA Año 2000 ( Has)

Año 20007 (Has) Diferencia en

Has Cambio

promedio anual en Has

Tasa de cambio anual en %

Bn Bosques naturales 176,008.73 105,294.99 -70,713.96 -10,101.96 -5.74 Bp Bosques plantados 10,873.14 12,970.10 2,096.96 299.57 2.76 BS Bosques Secundarios 291,536.97 213,813.81 -77,723.16 -11,103.31 -3.81

Area en bosque 478,418.84 332,078.89 -146,339.95 -20,905.71 -4.37 Fuente: presentación en Power Point de Cornare. 2007

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Ello tal vez se debe a que en el marco normativo, las Corporaciones Autónomas Regionales –CAR- siempre han adolecido de capacidad logística para implementar un buen control ambiental y reiteradamente carecen de herramientas jurídicas que les permitan ofrecer estímulos económicos y logísticos para construir y sostener procesos de conservación ambiental, particularmente los relacionados con la protección de bosques tanto en grandes masas como en relictos asociados a nacimientos y retiros de quebradas. En relación con la participación, la ciudadanía en general carece de medios económicos, logísticos y de conocimiento para hacer cumplir sus derechos constitucionales en cuanto al disfrute de un medio ambiente sano, por lo cual es necesario apoyar con formación y logística la voluntad ciudadana de exigir el cumplimiento de las normas establecidas en cuanto a la protección de los ecosistemas estratégicos, los bosques y los recursos naturales claves. Tanto en la Subregión del Oriente Antioqueño y la mayoría de los bosques de las otras subregiones están siendo presionadas, tanto por la extracción de maderas como para transformar sus coberturas en cultivos de coca y en pastos para ganadería. Así, siguen siendo agredidos y exterminados los bosques naturales del Atrato y los remanentes de la Serranía del Abibe en Urabá; los bosques del Nudo de Paramillo, en los límites con Córdoba; los bosques secos de las zonas semiáridas del cañón del río Cauca, para ser transformados en parcelaciones y sitios de recreo; los del Chocó biogeográfico en los municipios del Occidente del departamento, municipios de Frontino, Caicedo, Urrao y Andes; la biodiversidad asociada a los humedales del Magdalena medio, incluido su vegetación más representativa, los bosques de la Reserva Forestal del Bajo Cauca-Nechí; los bosques de los municipios de la media luna boscosa que va desde Nariño, Argelia, Sonsón, hasta San Francisco, San Luis y San Carlos. Para el caso del oriente, es permanente la extracción de madera, cuyo acopio y transporte se hace a bordo de la denominada Autopista Medellín Bogotá. Diariamente, pero en especial los fines de semana, a altas horas de la noche, miles de rastras de madera, la mayoría denominadas comunes, son comercializadas hacia Medellín a la vista de todos y sin ningún control, policivo, ambiental, municipal o de cualquier orden, incluido el Nacional. Un caso que debería dar vergüenza, no solo regional sino nacional, es el hecho que un grupo de personas azuzadas por gentes desconocidas, posiblemente ligadas a la cadena de intermediarios de la madera, realizaron acto de protesta ante el alcalde de San Luis por impedir el derecho al trabajo y a la subsistencia alimentaria de sus familias y cuando se acordó con ellos, que CORNARE acompañaría el proceso, para hacer el Plan de Manejo y la ordenación de sus bosques que permitiera hacerlo sosteniblemente, no se pudo identificar ni comprometer más allá de una docena de propietarios y madereros, posiblemente silvicultores campesinos de la región. El descaro está en que aún sigue desaviándose o más bien deforestándose impunemente a la vista indolente de todos, el tal vez, último de los bosques naturales del centro del País, con presencia de especies endémicas derivadas de las condiciones biofísicas y de biotemperatura y de la historia geológica de la región. La estrategia de transporte está asociada a camiones ThermoKing y de noche, incluido el soborno.

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Igualmente, es importante señalar la extracción creciente y masiva de envaradera de los bosques secundarios de la región, acabando con los renuevos y árboles jóvenes, muchos de ellos de especies valiosísimas y en extinción, quienes serían los encargados de renovar esos territorios ya empobrecidos, saqueados y en rastrojos que prontamente serán quemados para convertirlos en potreros, en áreas frágiles, no aptas para ganadería. Sucede en el Páramo de Sonsón, en la Vía hacia Argelia y hacia Nariño, sucede en la Autopista Medellín Bogotá y sus manifestaciones igualmente indolentes las vemos todos los días en los múltiples expendios de varas, teleras, vigas, macanas que se exhiben y venden a todo el público en Marinilla y el tramo desde El Santuario hasta Guarne. Sobre el tema de los bosques, hemos generado un Manifiesto en el Oriente con múltiples propuestas e iniciativas, con invitaciones y sugerencias tanto para el Estado, municipal, departamental como nacional. Se ha enviado a todas partes y de distribución masiva por internet y tampoco acontece nada. A CORNARE se le envió con especial énfasis y esperábamos algún tipo de pronunciamiento o llamado para analizarlo, depurarlo, viabilizarlo, implementarlo y NADA. Realmente, no sabemos con quien contamos ni para quienes trabajan los funcionarios y autoridades del Estado. Sea esta la oportunidad para solicitar respuestas y demandar más compromisos.

7. SOBRE TIERRAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL: El tema de Tierras, su acceso, la restitución y la reparación, su democratización, no debe desvincularse de la preocupación por hacer aportes significativos por lograr el Desarrollo rural sostenible, objetivo plenamente compatible con la armonía social, la equidad y la paz en los campos de Antioquia y Colombia. Existen tierras de alta calidad agrológica para la producción y la productividad, de propiedad o en procesos de extinción de dominio a Narcos, sobre todo en Bajo Cauca, Urabá, Sur Oeste, Occidente turístico, Oriente y Magdalena Medio. Todas ellas sin una clara intervención del Estado y sin propuestas para vincular a comunidades campesinas a procesos asociativos y de producción. Mucho peor, sin sometimiento a procesos de extinción de dominio en la mayor parte de ellos, o en extensos e imbricados laberintos jurídicos que parecen no terminar nunca. Sin campesinos y comunidades organizadas, sin respaldos institucionales ni políticos, que puedan pretender esas tierras (Disueltas, aterrorizadas o con muchos miedos), las tienen en la mira grupos y personas cercanas a círculos de poderes económicos y aún jurídicos, para quedarse con ellas. Administraciones y funcionarios que no ven allí una posibilidad para montar grandes procesos comunitarios y de afianzamiento campesinos en sus municipios, sino como tierras para comodatos, ligados a uno o varios proyectos productivos, temporales, de corto plazo, más pensados como para beneficiar a unos productores cercanos y amigos que a unas comunidades campesinas y sus familias.

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No se tienen en los municipios, en sus POT, en sus programas de gobierno y planes de desarrollo, propuestas que les permitan a los campesinos llegar y tener acceso progresivamente a la tierra productiva en sus municipios. No existen bancos de tierras, ni se tienen definidas las áreas de reserva productiva o suelos de protección como lo ordena la ley 388 y su decreto reglamentario 3.600. Se tienen propuestas de ordenamiento territorial integrales de atención a la ruralidad, caso Distrito Agrario, para salvaguardar a las comunidades campesinas, su cultura, las producciones amigables con el ambiente, con aumento de la capacidad organizativa y gerencial de administración, de comercialización y transformación de sus productos, pero no hay interés institucional y del estado, ni local, ni departamental, ni nacional, pues estos son procesos de largo aliento y no dan beneficios electorales rápidos. En Antioquia, como ustedes bien conocen, existen tierras que están definidas como reservas forestales, provenientes de ley 2 de 1959. Tierras con comunidades campesinas asentadas en ellas desde muchos años, antes de la promulgación de la misma. Tierras donde en estos momentos están siendo adjudicadas mediante licenciamientos, para proyectos mineros y de microcentrales. Comunidades campesinas y aún municipios enteros que deben ser consultadas, con mucha información y conocimiento profundo, sobre las implicaciones que sus predios estén en una reserva, que ya en ellos existan concesiones mineras o de construcción de microcentrales. Se tienen tierras en Ley 2 en el Páramo de Sonsón, Argelia y Nariño. Allí están en prospección y exploración minera con licencias, algunas multinacionales entre ellas la Ashanti Gold Mines quien viene desde el norte de Caldas; a ellos les interesa MUCHO que se sustraigan tierras porque están constreñidos y limitados por ley 2da. La situación es parecida en los Montes de María y Nechí, Reserva Forestal del Magdalena Medio y Bajo Cauca, acá en Antioquia. Existe otro éxodo campesino en el oriente (uno más), definido desde la racionalidad económica ya que les están comprando las tierras en grandes extensiones, a precios muy bajos, en áreas influidas por bosques de la subregión de páramos y Bosques. Corresponde nuevamente a toda la media luna que va desde Argelia, Sonsón, San Francisco, San Luis, corregimientos de Aquitania y El Prodigio, San Carlos. Esta mismas tierras están siendo deforestadas completamente y transformando su uso a pastos para ganadería extensiva. Se requiere pronunciamientos oficiales de las autoridades ambientales y de control sobre la factibilidad que los municipios reglamente también el tamaño máximo de los predios y lo dejen consignados en sus POT, ya que corren el riesgo de ir quedando en manos de unos cuantos propietarios y las comunidades campesinas, como mayordomos ganaderos. Igualmente, que en las áreas de producción campesina, altamente presionadas para ser parceladas, se definan los criterios de asentamientos de viviendas y las

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áreas destinadas para la producción sin que se deteriore la propiedad y la capacidad social de hacerlas producir.

8. SOBRE LA MINERÍA: No sabemos demasiado sobre el asunto, pero rumores y temores cunden entre la población. Hechos ciertos son que han estado haciendo prospección y exploración por todo el territorio. Que se han estado comprando tierras en extensiones inimaginables, con todo el desconocimiento por parte de los vendedores de cuál es el proyecto, sus alcances y repercusiones para sus veredas y el o los municipios. Sabemos que el mapa minero de Antioquia está todo parcelado y definido con pretensiones de gran minería para múltiples minerales y que algunos de ellos para ser explotados a cielo abierto. Ante tanta desinformación y promesas sin datos que será la panacea para nuestras comunidades, hemos solicitado a la Secretaría minera de Antioquia información, apelando al derecho de petición que nos consagra la Constitución Nacional. Compartimos las preguntas realizadas al departamento con ustedes en este memorable día, con la esperanza que la disposición de la información de detalle nos sirva tanto a comunidades como a quienes velan a nombre de los ciudadanos por la buena y correcta gestión pública, para que los temores y miedos de la gran minería, sus impactos sociales y ambientales profundamente disgregadores y deteriorantes de los equilibrios sociales y ambientales no se den en nuestras familias, propiedades, municipios y la subregión. Estas fueron solicitadas el 19 de Julio y 16 días hábiles después, no nos dan respuestas a las mismas: Petición de información realizada: 1. Títulos y contratos mineros con vigencia actual o que estén en trámite en el departamento de Antioquia, sea que hayan sido expedidos o deban ser expedidos por la Gobernación de Antioquia o por autoridades nacionales. Le solicito que dicha información indique al menos fecha de inicio y fecha de terminación del título o del contrato; mineral; beneficiario; municipio y vereda; área y volumen; previsiones ambientales; carácter de baldío o de propiedad privada del suelo sobre el cual se encuentra el proyecto minero; número de visitas de control y seguimiento que la Gobernación haya realizado para la verificación del proyecto. 2. La cartografía o Mapas y otras bases de datos asociados sobre minería en Antioquia, con las coordenadas geográficas de ubicación de los proyectos solicitados, que incluyan además de los datos anteriores, otra información de índole minero: áreas potenciales para minería, tipo de minería, proyectos legalizados hoy abandonados, minería ilegal, minería que no haya regularizado su situación ante autoridades ambientales, etc.

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3. ¿Cuáles proyectos actualmente están siendo explotados o aprovechados a cielo abierto? ¿Cuáles de los proyectos solicitados lo serían a cielo abierto? 4. ¿Cuáles proyectos y por cuánto dinero, son los beneficios económicos y financieros (impuestos, regalías y otros) que le dejan a los diferentes municipios y al departamento de Antioquia, la explotación y comercialización minera? Favor detallar. 5. ¿Cuál es la Evaluación Estratégica de los impactos ambientales, sociales y económicos que hace la Gobernación de Antioquia, tanto para las subregiones como para todo el departamento, frente a las solicitudes de permisos y posibles aprovechamientos? Favor remitir copia del documento. 6. ¿En cuánto se prevé el costo económico de mitigación de sus impactos negativos? Favor remitir copia del documento de las proyecciones en el análisis costo beneficio de toda la actividad minera para los próximos años, para el Departamento y los municipios.

9. CONCLUSIONES: Realizada una evaluación del estado de creación y funcionamiento de los CMDR del departamento de Antioquia y el nivel de apoyo y tenida en cuenta por las administraciones municipales, nos encontramos con que el porcentaje de Consejos creados y funcionando para lo que fueron concebidos es mínimo. Las sesiones y actas que den cuenta del apoyo de las UMATAS o quienes hagan sus veces, como secretaría técnica, no existen. La puesta en consideración de los proyectos de la ruralidad no se hace y mucho menos el aval o respaldo del CMDR a los mismos. Las exigencias y requisitos desde los diferentes miembros institucionales en toda la cadena de proyectos, para hacer que la orientación legal de ser aprobados por el CMDR, no es tenida en cuenta ni nadie se preocupa de hacerla cumplir, casos departamento con las secretarías de Desarrollo rural, competitividad y Ambiente y casos como programas y proyectos que llegan desde dependencias ministeriales como el de Agricultura y Min Comercio. La existencia de un Programa agropecuario municipal es completamente nula y por tanto no se tiene norte en las apuestas frente al desarrollo rural sostenible en los municipios. No existe ni funciona la Comisión Municipal de Tecnología y Asistencia Técnica Agropecuaria. Todo lo anterior parece a nadie importarle, por lo que concluimos también que a nadie le importa la ruralidad, las actividades productivas y mucho menos nuestra gente productora de alimentos, las familias campesinas. El agravante para que no sólo este aspecto de la participación no se de, sino también para que la mayor parte de los municipios de todo el departamento le den la espalda a la ruralidad, proviene de una serie de circunstancias por demás injustas: la ley 617 del 2000 recortó toda posibilidad y expresión administrativa y presupuestal local de brindar asistencia técnica agropecuaria desde los municipios rurales a la mayor parte de la población local que es la responsable de darle la vida económica al municipio, sus campesinos. Se desconoce permanentemente y flagrantemente a esta porción de la población en los municipios, ya que no hay política pública frente a su ruralidad, actuación sistemática, en clave de proceso para garantizar su atención técnica, económica, empresarial, financiera y

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organizacional a las comunidades campesinas del departamento, y mucho menos una política de acceso progresivo a la tierra como lo determina la Constitución. Algunos paños de agua tibia dan cierto parte de tranquilidad o generan más zozobras desde programas nacionales, caso INCODER y el subsidio Integral de Tierras a desplazados y mujeres cabeza de hogar, Alianzas Productivas, Agro Ingreso Seguro pero a todas luces es insuficiente para atender las múltiples necesidades de la población rural y para garantizarle mejor calidad de vida a nuestros campesinos. Esto se ve reflejado casi que de manera inconsciente en las discusiones y análisis de los Planes de Ordenamiento Territoriales de los municipios, cuando no aprovechados de manera intencionados, por parte de funcionarios y concejales, quienes no tienen en cuenta a los campesinos ni sus organizaciones en los debates y definiciones del alcance de sus propuestas frente al campo. Unos y otros con muy poca comprensión sobre el tema y tomando decisiones con desconocimiento o pésima definiciones de la Unidad Agrícola Familiar, imprecisiones sobre los tamaños de los predios rurales requeridos, promoviendo la fragmentación de la propiedad hasta hacerlos inservibles económica y ecológicamente, impidiendo asegurar la producción, los ingresos y muchos menos cuidar y proteger los recursos naturales en sus predios. Todo ello en incumplimiento de los 3 grandes y Únicos principios de la ley 388 de 1997: 1. La función social y ecológica de la propiedad. 2. La prevalencia del interés general sobre el particular. 3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. . Es lamentable para la ruralidad en general y los campesinos en particular, que en la aplicación del decreto 3600 de 2007, se esté generalizando en algunas subregiones de Antioquia, la parcelación de los predios rurales, por debajo de la UAF local. En el manifiesto de los bosques se señalaba que “Por todo esto, y en el énfasis que le implica a la ruralidad su existencia, pertenencia y dependencia de los ecosistemas boscosos, esta ruralidad tendrá futuro si vinculamos ineludiblemente las características de los territorios con las culturas desarrolladas por las comunidades asentadas en ellas. La vinculación productiva, escalonada, interrelacionada de las comunidades y lo que el medio tiene y dispone, para cada una de las subregiones, puede orientar el camino del Desarrollo Rural, sostenible y endógeno, camino que requiere de aprendizajes y crecimientos paulatinos, para hacer crecer en conocimiento y en capacidades a todos, para que igualmente se convierta en capacidad económica en beneficio de todos”. Y sigue….“En resumen, se trata de abrir las posibilidades productivas a los campesinos y habitantes del territorio, a sus organizaciones, en todas las manifestaciones productivas relacionadas con la agricultura, lo pecuario y la silvicultura. Así mismo, desarrollar y construir colectivamente conocimiento en la utilización y aprovechamiento de los bosques naturales y plantados, (Ordenación sostenible y Silvicultura de Bosque Natural y de Plantaciones) y finalmente, aprovechar la abundancia y calidad de las aguas del Oriente para desarrollar múltiples posibilidades productivas de proteína animal, de cultivos de algas y plantas acuáticas que entren al circuito energético de la finca, para que la familia cubra sus necesidades básicas y su seguridad

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alimentaria, y que sus excedentes logren comercializarse a través de sus redes en beneficio de toda la población. Todo esto, hará atractivo todo el Oriente, como sitio de aprendizaje y diversión, desarrollando el ecoturismo, agro turismo, turismo acuático, turismo de aventura, ligados a la cultura agrícola, silvícola y acuícola”. Terminando este capítulo, la conclusión nuestra es que no estamos avanzando en indicadores que superen la pobreza, el desarraigo, la destrucción de nuestros recursos naturales. No estamos acordando un norte consensuado en nuestro futuro con el cual los diferentes actores y sus intereses, se plieguen y acaten la orientación. Por el contrario, se alimenta de nuevo el ciclo de los sueños y esperanzas de superación de las crisis económicas, sobre la base de nuevos hallazgos y explotaciones minerales, de la autorización o permisividad para la extracción y comercialización de la madera, para la negociación de licencias y permisos de microcentrales, por la creación de una empresa subregional de servicios públicos, por la llegada de los inversionistas extranjeros, por la posibilidad de vender las tierras. Nos estamos creando una falsa ilusión donde los destellos nos llevan a pensar que si, que superaremos nuestro fracaso económico, pero a la vez estamos cultivando el clima de las tempestades que posiblemente derivarán más profundamente en la inequidad, la injusticia, la violencia. Parece ser que no nos damos cuenta que nuestra sociedad y nuestros territorios no van hacia la sostenibilidad sino hacia la fragmentación, hacia el deterioro, hacia la destrucción de nuestros patrimonios culturales, arquitectónicos, naturales, y por tanto hacia la destrucción de nuestro hábitat y la desesperanza.

10. LAS PROPUESTAS: Estas propuestas las hacemos con el convencimiento que nuestras existencias organizacionales están en función de las comunidades y de la sociedad a la que pertenecemos. Convencidos que lo que no hagamos por nosotros mismos, nadie más las entenderá y tampoco las hará. Dispuestos, siempre con espíritu propositivo e indomables a asumir nuestro destino en la construcción de un territorio digno para que vivan los hijos de nuestros hijos. DE GESTION DEL ESTADO. 1. Que los dos órganos de control más relevantes para la intervención y vigilancia de la gestión ambiental del departamento, constituyan una comisión conjunta de trabajo, para que la procuraduría Agraria y Ambienta y la extinta Unidad de Recursos Naturales y del Medio Ambiente de la Contraloría, puedan definir mejores actuaciones en este tema de trascendencia para la Vida y el desarrollo en el departamento. Que se Integre a esta comisión, la Fiscalía Ambiental y definan un Plan de Acción conjunto sobre el tema ambiental. 2. Que la Contraloría General de Antioquia, se integre tanto a la Contraloría General de la República como a la Contraloría General de Medellín y coordinen acciones para contribuir a que la Auditoría Integral sea más efectiva y orientada

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hacia la sostenibilidad ambiental de nuestros territorios y hacia el desarrollo sostenible. 3. Que la Unidad de Reacción Inmediata Conjunta de los órganos de control y policivos de Antioquia tengan una sección destinada a atender e investigar a los infractores ambientales y a la violación del Código de los Recursos Naturales y demás disposiciones normativas existentes y contribuir tanto a su judicialización como a las sanciones fiscales del caso. 4. Se propone que de manera conjunta los órganos de control del departamento, Procuraduría y Contraloría, basados en la constitución y las leyes, orienten mediante documento público a los partidos políticos para que los próximos aspirantes a las alcaldías, Concejos, gobernación y Asamblea departamental, tengan claridad sobre la ruralidad del departamento y sus propuestas de gobierno vayan con los instrumentos financieros y de política pública, que desarrollen y logren el cumplimiento de la Constitución y la ley. 5. Es necesario también, que estos dos órganos de control revisen las actuaciones, verifiquen la documentación pertinente y estén pendientes de la aplicación de las políticas ambientales nacionales en el departamento y en los municipios. De la destinación específica de recursos del presupuesto y de la gestión mancomunada para su implementación. De la participación coherente y sistemática de las corporaciones autónomas regionales en conjunción con los municipios y el departamento. Políticas tan importantes como la de biodiversidad, aguas, humedales, bosques, fauna, seguridad alimentaria, producción limpia, residuos, etc. 6. Se requiere que los municipios hagan una revisión y ajuste de sus planes de ordenamiento con énfasis en sus territorios rurales y que se reglamente con toda claridad el uso y manejo de estas zonas, se implementen planes y programas que favorezcan la vida de sus habitantes y se proteja la economía campesina como pilar del desarrollo de nuestros pueblos. En tal sentido se propone que los municipios que han creado el Distrito Agrario lo incorporen a su plan de ordenamiento y lo reglamenten para que realmente se ejecute. 7. Las Secretarías de Planeación Municipales deben ser más fuertes institucionalmente y tener mayor control y apoyo político, para concretar y mantener los objetivos del Ordenamiento Territorial, el logro de las metas planteadas en los diferentes planes y programas municipales, especialmente los de Desarrollo Municipal, de Desarrollo Rural, y de Gestión Ambiental. 8. Que las Notarías de los municipios del Oriente y del departamento, no entreguen escrituras en predios rurales del Oriente boscoso o áreas de protección, sin haber convalidado la información con la autoridad ambiental, con los Planes de Ordenamiento Territorial y las plenas identificaciones de áreas protegidas y consignando en ellas, las respectivas restricciones de retiros a fuentes de agua, nacimientos, zonas de recarga y otras contempladas en la ley.

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9. Que las oficinas de registros de instrumentos públicos, consignen en las respectivas tarjetas de propiedad las restricciones ambientales y de deforestación a la que se deben los dueños de los predios en la región del Oriente y hagan sus respectivos reportes a la autoridad ambiental y control a la modificación de los usos del suelo. 10. Solicitar a la Contraloría General de Antioquia la información sobre las inversiones realizadas y el impacto producido en cada uno de los municipios que reciben regalías del sector eléctrico para el Cuidado de cuencas y saneamiento básico en los últimos 10 años. De igual forma a la Procuraduría General de la nación el reporte de los funcionarios públicos sancionados en los últimos 10 años por el indebido manejo de las transferencias en la región. A la Fiscalía, las condenas y sanciones dadas a los casos de irregularidad encontradas y fallados en la jurisdicción. DE TIERRAS 11. Si se quiere una Agricultura sostenible, se Necesita: Mucha claridad y disposición política e institucional en cuanto se entreguen tierras ociosas y en ganadería extensiva de la mejor calidad, a los campesinos y campesinas en los valles altamente productivos de Antioquia: Algunas de ellas, por ejemplo: Suroeste con los sistemas colinados y de pendientes largas del cañón del Cauca, de las laderas templadas para frutales y cafeteras del Suroeste, incluidos el Valle del Penderisco y rio Frio en Támesis. Oriente con las tierras de Llano Grande en jurisdicción de Rionegro, La Ceja, Retiro, El Carmen de Vivoral, El Santuario, Guarne, Marinilla, altiplano de La Unión, colinas bajas de los Valles de San Nicolás y áreas onduladas y suaves de Sonsón y zona de Páramos. Toda la llanura del bajo cauca, Rio Nechí y Rio Magdalena. Occidente las pendientes suaves del cañón del cauca y vertientes aptas para la caficultura. Norte con los Llanos de Cuivá y Nordeste con los valles del rio Nus. 12. Que se incluyan en los planes de ordenamiento territoriales de los municipios del oriente las áreas de reserva Forestal definidas por ley 2 de 1959 y que se realicen los estudios, procedimientos y la participación ciudadana con alta información para que se definan cuáles áreas deben ser sustraídas de las mismas y el impacto de las decisiones sobre la minería y otro tipo de proyectos. 13. Que estas tierras se entreguen en Proindiviso y en colectivo o sea que no se pueda vender a pedazos pero si vender la posesión a otros campesinos que vivan y trabajen en ella, que vaya con proyecto Productivo y su respectiva financiación y cofinanciación, que sean integrales en la atención y provisión de los servicios esenciales a las familias, que se puedan constituir fondos rotatorios, administrados democráticamente por ellos. Que tengan acompañamiento de Asistencia Técnica contratada y profesional, con indicadores y resultados.

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14. Se requiere señores, que los órganos de control y autoridades agrarias y ambientales puedan contribuir significativamente a que la ruralidad de Antioquia, mejore, perdure, sea sostenible a partir del reconocimiento de los campesinos y el reconocimiento cultural de su quehacer, la agricultura. Ellos son una manera de ser y de ver el mundo, son una minoría social en Antioquia en vías de extinción y hay necesidad de apoyarlos para mejorar y adaptarse mucho más a las condiciones biofísicas de los territorios donde están trabajando. Se requiere que se identifique en qué veredas, en cuáles municipios existen comunidades de tradición de más de 100 años y hacerles el reconocimiento de Patrimonio Cultural de Antioquia. Se necesita que bajo esa denominación tengan cuidados y apoyos especiales, mucho más allá de los ya establecidos y definidos en este documento, para hacer que las inversiones y los proyectos que se dimensionen para ellos, esté en la vía de la conservación y permanencia de sus manifestaciones culturales. 15. Se requiere que los municipios hagan una revisión y ajuste de sus planes de ordenamiento con énfasis en sus territorios rurales y que se reglamente con toda claridad el uso y manejo de estas zonas, se implementen planes y programas que favorezcan la vida de sus habitantes y se proteja la economía campesina como pilar del desarrollo de nuestros pueblos. En tal sentido se propone que los municipios que han creado el Distrito Agrario lo incorporen a su plan de ordenamiento y lo reglamenten para que realmente se ejecute. 16. Se requiere que el Estado nacional regule y le ponga restricciones y controles a las lonjas de propiedad raíz y los respectivos sistemas de respaldo, las notarías y las oficinas de registro de instrumentos públicos, para hacer cumplir las disposiciones sobre el tamaño de los predios, el logro de la UAF y otras restricciones en el uso del suelo acordados por los municipios. DEL AGUA. (Ver la Proclama por el Agua) PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS 17. Que se genere una dinámica distinta desde el Estado departamental, la superintendencia de servicios públicos y ministerio del Ambiente, con las organizaciones del agua (acueductos rurales) para que no se les apliquen los controles y seguimientos que se hacen con los grandes prestadores del servicio público del agua y que los saca del cumplimiento de su función social en la gestión del agua.

18. Para la definición de las inversiones en el Plan de Alcantarillados según nuestro parecer, del Plan departamental de aguas existente y aprobado por la gobernación de Antioquia, se requiere un concepto conjunto de Contraloría y Procuraduría que nos muestre la armonía y complementariedad del Estado por parte de los órganos de control fiscal y de la función pública, para que se determine si está correcto o no la priorización y el modo en que se va a atender la financiación de los recursos del fondo departamental del agua y lo asociado a ello.

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DE LA EMPRESA SUBREGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS. 19. Se propone que los órganos de control indaguen y profundicen sobre la naturaleza jurídica y de cobertura que tiene la autodenominada Empresa de Servicios Públicos del Oriente y que en un acto de respeto y justicia territorial, se le solicite a estos empresarios, el cambio hacia Empresa de Servicios Públicos Llano Grande u otra denominación menos artificiosa o engañosa. Que se le reconozca a las comunidades campesinas organizadas y en especial a los acueductos veredales de la zona que provee agua al embalse de la Fe o a cualquiera otra fuente utilizada, el valor del cuidado y conservación del agua, el valor de la materia prima para operar y prestar el servicio de acueducto a la mencionada empresa y que esto se constituya en capital social y de interés público para los habitantes de la subregión. Que en mérito a la igualdad, si los criterios y circunstancias han sido similares en las otras empresas de servicios públicos subregionales del departamento, se extienda la aplicación de idéntica forma. 20. Frente al tema de las empresas subregionales del agua y el Plan departamental del agua, requerimos un concepto claro y una investigación que dilucide qué le sale menos oneroso al Estado local y departamental: la conformación de empresas con participación local de municipios y comunidades o empresas externas ajenas a sus condiciones locales y a sus más caros intereses. Que se compare el costo que se va a pagar por la administración por parte de la fiducia de los recursos requeridos para financiar la ejecución de los recursos del fondo departamental del agua o los costos de ejecución e interventorías para garantizar el cuidado y buen manejo de los recursos desde los municipios en todas las contrataciones requeridas. 21. Que se estudie y determine cuáles son los costos y beneficios económicos y sociales, asociados a la entrega de los sistemas de acueductos urbanos en algunos municipios a operadores privados y se establezca por comparación las principales diferencias y similitudes entre la asociación del EPM – departamento de Antioquia, la de municipios operadores y la que prestan las comunidades organizadas. Es probable que ello nos de información para tomar unas muy acertadas decisiones. DE LAS MICROCENTRALES HIDROELECTRICAS 22. Es necesario que los órganos de control y la autoridad ambiental impidan y no autoricen que las fuentes de agua en proyectos hidroeléctricos con capacidad para mayores producciones de energía, se certifiquen o licencien por menores cantidades de vatios, de manera que tributen con el pago de las regalías del sector eléctrico, tanto a municipios como a la Corporación CORNARE. 23. Es conveniente y prudente, para la búsqueda de la equidad social y regional, que en el área de influencia de las centrales hidroeléctricas, la empresa

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productora y las comunidades aledañas, puedan negociar y lleguen a acuerdos, acompañados y asistidos por el Estado local y departamental, para que ellos tengan subsidiado hasta un 100% del consumo de energía doméstica y en unos porcentajes significativos para otros usos agroindustriales. En esto deben incluirse las grandes centrales del oriente en manos de Isagen y EPM. 24 Es importante que se lleguen a acuerdos que se incluyan en los planes de manejo ambiental sobre los alcances y beneficios de la política de responsabilidad social empresarial que asumirían los concesionarios o empresarios dueños de las microcentrales hidroeléctricas, con relación al mejoramiento de vías, infraestructura y equipamiento comunitario, que les permita mejorar tanto las condiciones, como la calidad de vida de la población aledaña. En esto también deben entrar Isagen, ISA y EPM. 25. Es necesario que se acuerden y pacten entre empresas y comunidades la creación de fondos de promoción y aprovechamiento múltiple del recurso agua, de manera que conlleve a la formación de comunidades acuicultoras, con alto aprovechamiento del agua, generadora de ingresos y por tanto, comunidades comprometidas con su cuidado y conservación. 26. Es necesario plantear al Congreso de la República el ajuste al artículo 111 de la Ley 99 de 1993, para que se prorrogue por otros 50 años, la obligación de los municipios de comprar y proteger las áreas de nacimientos que surten acueductos urbanos y rurales del país. DE LOS BOSQUES. (Ver Manifiesto de los Bosques) 27. Según se consignó en el manifiesto de los Bosques: Constituir una gran Alianza Asociativa Regional, con representación legal y personería jurídica, entre las organizaciones sociales, el sector privado, las instituciones públicas del orden local, departamental y nacional, que tenga la Propiedad Pública de los Ecosistemas Boscosos del Oriente, que los administre, que los investigue, haga de ellos aulas abiertas de aprendizaje y educación, que aproveche todos los servicios ambientales en beneficio de las comunidades y su perpetuación funcional, por siempre. (Ver el manifiesto en Detalle). DE LA MINERIA. 28. Revisión de la Ley minera recientemente aprobada, para hacer adecuada valoración de los recursos, su retribución real al Estado y las regalías acordes a los impactos generados por no poder ejercer el derecho a la propiedad, su explotación adecuada que no destruya el suelo de forma que garantice la seguridad alimentaria, la conservación de los recursos naturales y la manera de restituir los daños e impactos de dichas explotaciones. No se está de acuerdo con la minería a cielo abierto por los múltiples daños que causa y su imposibilidad de restaurar los ecosistemas destruidos.

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RELACIONADO CON LO ANTERIOR HEMOS REALIZADO LOS SIG UIENTES LLAMADOS CONDENSADOS EN :

PROCLAMA Y PACTO DE VOLUNTADES POR EL AGUA EN EL ORIENTE DE ANTIOQUIA, en el marco de las celebraciones del día mundial del medio ambiente, semana del 03 al 08 de junio de 2008.

• MANIFIESTO SOBRE LOS BOSQUES DE ANTIOQUIA Y COLOMBIA. Declaración de las organizaciones sociales con respecto a los bosques y sus Servicios ambientales, y ante propuestas de aprovechamiento y utilización de los Recursos Naturales del territorio de Oriente de Antioquia, Noviembre de 2009 , Sonsón, Sur Oriente de Antioquia.

• PERFIL Y NECESIDADES PARA UNA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE y de avanzada en el oriente antioqueño, Carta sobre el perfil del nuevo director de Cornare, junio de 2010

• DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN sobre las microcentrales en el Oriente Antioqueño, Mayo 6 de 2010, dirigida al Doctor OSCAR ALVAREZ GÓMEZ Director General CORNARE, y su respuesta del 11 de junio de 2010.

• DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN sobre la Minería en Antioquia, dirigida al Secretario de Minas, Doctor Nicolás López Correa el 19 de Julio de 2010. (Sin respuesta).

Cordialmente, Mesa Subregional Eléctrica Mesa Subregional Rio Claro, Páramo, Bosques Mesa Subregional Aguas y Ambiente Encargado Ponente, HERNÁN PORRAS GALLEGO, Consejero Departamental de Planeación. Organizaciones que suscriben la Ponencia: