En este primer capítulo se abordarán el conjunto de reformas educativas que se dieron

en la última década del siglo XX como consecuencia del despegue del modelo

socioeconómico neoliberalista, así como las implicaciones a nivel estructural dentro de

ámbito educativo después de que México se insertara como miembro a la Organización

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el fin de recuperar los

aspectos teóricos, pedagógicos y filosóficos, y así, bosquejar el tipo de ciudadano que

pretende formar el aparato educativo por medio de la educación básica en la actualidad.

El punto de partida es la contextualización política al margen del Acuerdo Nacional para la

Modernización de la Educación Básica que paulatinamente desembocó en la reforma de

1993 impulsada por Ernesto Zedillo, y por último, culminar con la reforma integral de

educación básica (RIEB) llevada a cabo en 2011 por Josefina Vázquez Mota. De forma

paralela, se revisarán los Planes Sectoriales de Educación propuestas por cada periodo

presidencial para identificar los puntos tocantes a la formación docente, así como los

objetivos planteados por la SEP para mejorar el proceso formativo dentro del aula.

1.1 Antecedentes

Al inicio de la década de los noventa, las crisis ocasionadas por el estado de bienestar

se agudizaron al compás de los procesos de modernización, cambios tecnológicos y la

globalización de los mercados que se dieron dentro del marco neoliberalista; lo que colocó

a los países subdesarrollados en nuevos y complejos desafíos. Estos consistieron por un

lado, en aumentar el capital social y por otro, en aumentar la competitividad para

incorporarse de manera exitosa a una sociedad cada vez más globalizada.

En este sentido, el neoliberalismo surge como una respuesta para contrarrestar las

políticas sociales que comenzaron a obtener popularidad a partir de los años setenta. Una

de las características principales en el ámbito político fue la necesidad de la intervención

del Estado y su principal estrategia fue:

“ganar el control del Estado, desplazar los recursos estatales hacia los grupos poderosos y empresas transnacionales; deprimir los salarios para permitir la acumulación del capital; incrementar las exportaciones para financiar la deuda externa. Como estrategia global combaten a los trabajadores por sector para privatizar a las empresas”1

En México, las crisis ocasionadas por el estado de bienestar desembocaron en dos

reformas estructurales que se dieron de manera secuencial. La primera estuvo en

relación a la reducción de competitividad por parte del Estado, lo más conocido fue la

privatización de empresas paraestatales; un ejemplo claro es la privatización de Telmex.

La segunda reforma tiene que ver con el cambio de función por parte del Estado, es decir,

de ser un Estado administrador, a ser un Estado regulador. Mientras que la privatización

supone transformaciones desde fuera del Estado; cambiar su función implica una reforma

desde a dentro2. Transitar del Estado tradicional paternalista a uno que se constituya

como un auténtico instrumento de gobierno, es decir, que se distinga por compartir el

liderazgo, su capacidad para entablar diálogos y distribuir de manera coherente la

autoridad y el poder, así como responsabilizarse de los resultados que implica una

reforma profunda de su estructura, organización y modos de proceder.

Las transformaciones educativas impulsadas por los Estados en distintas partes del

mundo son muestra de la importancia que tiene la educación para hacer frente a los

nuevos desafíos3. Fueron dos cuestiones concernientes a los cambios que se exige al

sistema educativo, por un lado, los elementos de su propuesta pedagógica: currículo,

enfoques pedagógicos, años de escolaridad obligatoria y la compensación de

desigualdades, y por otro lado, los componentes de una nueva gestión institucional del

sistema: planeación, evaluación, rendición de cuentas, financiamiento, formación docente,

modernización, investigación e innovación entre los más importantes.

Los sistemas educativos de distintos países del mundo empezaron a vivir también

procesos de reforma en la década de los ochenta en el siglo pasado. Las reformas

1 (Bazan, 2010, p. 18)2 (Bell & Miguez, 1996, p. 47)3 (Zorrilla, 2003, p. 25)

educativas se clasifican en tres niveles4; las de primer nivel, son aquellas que tiene que

ver con la descentralización y la focalización del financiamiento; las de segundo nivel,

incorporan elementos relacionados con la transformación del currículo, enfoques

pedagógicos, la formación docente y la introducción de la evaluación como instrumento

para medir la calidad educativa. Finalmente las de tercer nivel están en relación con los

esfuerzos para encausar la transformación de las escuelas.

En el caso de México, la reforma del Estado se puede ubicar desde los años setenta

cuando en el sistema educativo tiene lugar la desconcentración de la Secretaría de

Educación Pública en 1978. Este proceso puede considerarse como el antecedente más

inmediato a la descentralización que se llevó a cabo en 1992.

En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en mayo de 1992, Ernesto Zedillo al frente

del sector educativo firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación

Básica (ANMEB) con el objetivo de reorganizar el sistema educativo mediante un proceso

de descentralización que transfiere los servicios de educación básica y formación del

magisterio, del gobierno federal a los gobiernos estatales; de igual forma se apuesta por

una mayor autonomía de las escuelas, y por ello, es necesario transferir el poder de

decisión del nivel central a los niveles intermedios.

El ANMEB significó una combinación de reformas de primer y segundo nivel, y es sin

duda, la respuesta que el Estado mexicano dio al movimiento más amplio de

transformación de los sistemas educativos en distintas partes del mundo.

Si bien lo más conocido de la reforma educativa mexicana impulsada a inicios de la

década de los noventa fue la descentralización, incluye también una profunda reforma

curricular y pedagógica: cambios en el esquema de financiamientos; presencia de la

evaluación como mecanismo de mejoramiento de la calidad; programas compensatorios

para contrarrestar las desigualdades; recuperación del papel de centralidad que

4 (Ornelas, 1995, p. 37)

desempeña la escuela al ser el lugar donde se da el proceso de aprendizaje; políticas y

programas de mejoramiento del profesorado a través del Programa Nacional de

Actualización de los Maestros entre los más importantes5.

Este proceso de cambio del Sistema Educativo Mexicano (SEM) es acompañado por

una transformación de su marco jurídico con la reforma del artículo Tercero Constitucional

en 1993, en la cual se define la educación básica a aquella integrada por los niveles de

preescolar, primaria y secundaria, estableciendo al último como obligatorio,

incrementando así a 9 años la escolaridad básica obligatoria para el Estado y para los

individuos.

Por lo anterior se afirma que el SEM, en la última década del siglo XX, ingresa a una

nueva etapa de su desarrollo. El ANNEB es el acontecimiento detonador de un amplio

proceso de reforma de la educación básica y de la formación docente para atenderla. Este

hecho no es aislado, se inserta, como se ha mencionado, en un contexto más amplio de

la reforma del Estado mexicano, y significa uno de los pactos más radicales del siglo al

plantear decisiones sobre tres aspectos fundamentales para el desarrollo futuro del

sistema: la descentralización de sistema educativo, la reforma curricular y pedagógica, y

la formación docente.6

La descentralización de la educación básica y la formación de maestros es una

decisión política y ha provocado que los estados asuman sus nuevas responsabilidades

de muy diversa manera. El proceso de descentralización y la reforma educativa han

desplegado un nuevo mosaico de problemáticas, escenarios inéditos y heterogéneos,

incertidumbres y reproducción de viejas prácticas. Al ingresar nuevos actores en el

escenario de la política educativa se hacen evidentes obstáculos para la conducción del

sistema educativo y para su desarrollo futuro en el contexto de la sociedad globalizada.

5 (Zorrilla, 2003, p. 29)6 (Ornelas, 1995, p. 41)

Asimismo, en el marco de la globalización surgen propuestas realizadas por

organismos internacionales que condicionan el acceso a los créditos otorgados por los

mismos, de tal manera que existen tendencias en la orientación política y modelos

educativos impulsadas por diversos países para ser incluidos a dichas organizaciones7.

Entre estos organismos destacan el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y el

que nos interesa para este apartado de la investigación, la Organización para la

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

1.2 México y su inserción a la OCDE

La OCDE se fundó en 1960 y es una organización internacional de carácter

gubernamental con la finalidad de promover políticas que mejoren el bienestar económico

y social de las personas alrededor del mundo. Tiene como antecedente histórico la

Organización Europea de Cooperación Económica en 1948, que tenía como función,

administrar el plan Marshall en aquel continente para su reconstrucción después de los

efectos de la segunda guerra mundial. Posteriormente, en 1960, el propósito de

restauración se había cumplido e invitaron a Canadá y Estados Unidos a formar parte de

la organización para coordinar las políticas de los países occidentales8; a partir de esa

invitación nace la OCDE, teniendo como sede París, Francia.

En la actualidad, la OCDE agrupa a más de 34 países miembros, en el caso de la

región latinoamericana los países miembros son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y

México que se insertó el 18 de mayo de 1994 aceptando sus obligaciones y compromisos

como miembro.

Así, la OCDE tiene inferencia en promover políticas encaminadas a mejorar las

condiciones económicas de los países que agrupa, así como en aspectos relacionados

7 (Zorrilla, 2003, p. 77)8 (OCDE, p. recuperado el 16 de setiembre de 2015)

con la calidad de vida, entre ellos: empleo, salud, vivienda, educación y estabilidad

financiera. Esto queda plasmado en su misión como organización:

-Realizar la mayor expansión posible de la economía y el empleo y un progreso en el nivel de vida dentro de los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así al desarrollo económico.-Contribuir a una sana expansión económica en los países miembros, así como no miembros, en vías de desarrollo económico.-Contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales9

Asimismo, la OCDE plantea a sus miembros una serie de compromisos con la

obligación de cumplirlos para merecer los beneficios comerciales, económicos, y políticos

que brinda el pertenecer a este grupo de naciones, entre tales compromisos destacan los

siguientes

a. Promover la utilización eficiente de los recursos económicos.b. En el terreno científico y técnico, promover el desarrollo de sus recursos, fomentar la

investigación y favorecer la formación profesional.c. Diseñar políticas para lograr el crecimiento económico, la estabilidad financiera interna y

externa, para evitar situaciones que pudieran poner en peligro su economía o la de otros países.

d. Continuar los esfuerzos por reducir los obstáculos a los intercambios de bienes y servicios, a los pagos corrientes, mantener y extender la liberación de movimientos de capital10.

Es evidente por sí mismo que esta organización pretende tener control sobre las

políticas concernientes a los ámbitos políticos, económicos y educativos de los países que

lo integran

9 Ibídem.10 Ibídem

Referencias:

Bazan, M. (2010). Neoliberalismo ¿alternativa viable? México: UNAM.Bell, D., & Miguez, N. A. (1996). Las contradicciones culturales del capitalismo. Madrid:

Alianza.OCDE. from http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/Ornelas, C. (1995). El sistemas educativo mexicano: la transición de fin de siglo. México:

FCE.Zorrilla, F., M; Villa, Lever, L (2003). Políticas Educativas (Vol. 9). México: COMIE.