MARCO ORIENTADOR

DEL

PROGRAMA DE

FORMACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANA

(Asunción, Paraguay, 12-14 de Septiembre de 2006)

PRESENTACIÓN

En septiembre de 2005 el Sector Social de la Conferencia de Provinciales de América Latina (CPAL), se reunió en la Quinta Santo Ángel en Playa Grande, Venezuela. El análisis de la situación del continente mostró una vez más la urgente necesidad de trabajar por dignificar el ejercicio de la política y la ciudadanía. Había que hacer algo. En consecuencia se decidió convocar un seminario con el fin de impulsar proyectos de educación política y ciudadana en obras del Sector Social de la Compañía de Jesús. Dicho Seminario se llevó a cabo en Asunción, Paraguay, entre el 12 y el 14 de septiembre de 2006.

El resultado del trabajo durante tres días fue el presente documento, aprobado por todos los participantes1 que recibió el nombre de “MARCO DE REFERENCIA”, base para la elaboración de proyectos de Formación Política y ciudadana.

Después de la reunión este documento fue trabajado adicionalmente, conforme a lo pedido por los participantes, para complementar la propuesta pedagógica. Agradecemos a Angélica Ocampo, Ángela María Robledo, Carolina Tejada y Camilo Borrero, el trabajo realizado.

El presente texto tiene el propósito de servir para motivar y orientar la elaboración de propuestas de Educación Política y Ciudadana en los diversos países.

El marco de esta propuesta educativa tiene varios supuestos:

a. Esta formación política no pretende tomar postura alguna frente a la política local ni frente al gobierno a nivel nacional. Deja a los grupos de posibles participantes sus decisiones políticas particulares.

b. Tiene un trasfondo de valores inspirados en la tradición cristiana, pero no pretende orientar religiosamente la práctica de la política y el ejercicio de la ciudadanía.

c. Quiere trabajar con hombres y mujeres con capacidad de liderazgo, vinculada con comunidades, movimientos y organizaciones de diverso tipo, deseosa de salir de la situación de crisis que viven en muchos países la práctica de la política y la ciudadanía.

d. El punto de partida es la opción por una sociedad incluyente en la que los pobres y marginados se consideren de manera prioritaria y como referencia en las búsquedas del mejoramiento de la calidad de vida con dignidad para todos y todas.

e. Quiere ofrecer una formación rigurosa, sistemática, comprometida con la búsqueda de una sociedad justa, equitativa, pacífica.

f. Tiene un carácter Latinoamericano, pensando lo local desde la mirada global.

g. Quiere ser el soporte para el fortalecimiento de una red Latinoamericana que está surgiendo de programas de Formación Política y Ciudadana y que brindará apoyo

1 Se anexa la lista de participantes en el Seminario

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e información y hará seguimiento a las diversas experiencias que existen y vayan siendo puestas en marcha.

La Conferencia de Provinciales, reunida en Bogotá en el mes de noviembre, dio su apoyo a la Red y aceptó que hubiera un grupo coordinador integrado por Marcia de Olivera del SARES, Octavio Figueroa del Juan Montalvo, José Virtuoso del Centro Gumilla, Walter Limache de NINA, Jorge Julio Mejía de la CPAL, que velará por el carácter del programa que se quiere impulsar. Este grupo se reunirá en Bogotá del 17 al 19 de febrero de 2007, con el fin de elaborar un proyecto de apoyo, orientación, información y acompañamiento de esta Red. El apoyo consistirá en ofrecer documentación en relación con los contenidos de los diferentes ejes temáticos, facilitar el intercambio de los diversos proyectos que se vayan poniendo en marcha, crear foros virtuales de conversación sobre enfoques y problemáticas importantes de los diversos temas y eventualmente realizar algunos encuentros regionales o continentales de quienes vayan integrando esta red.

En otros continentes diversas personas se han interesado por esta propuesta. Nos complace compartirla con ellas. Sabiendo que el Marco de Referencia es un esquema que puede servir de base para el diseño más elaborado de un proyecto que deberá ser sistemático y con suficiente consistencia académica, de tal manera que haya una formación seria.

Esperamos que esta iniciativa vaya creciendo a lo largo de esta primera etapa de puesta en marcha y que sea una forma de hacer un aporte a la necesidad de una conducción de los asuntos políticos desde el interés de la mayoría de los ciudadanos, con seria preocupación por un desarrollo con justicia, una conducción de los asuntos colectivos responsable, participativa, transparente, un impulso de participación en relaciones de comercio justo, prioridades sociales, búsqueda pacífica en la solución de los conflictos, respeto por el pluralismo.

Bogotá, 26 de noviembre de 2006

Jorge Julio Mejía M., S.J.Coordinador Sector Social de la CPAL

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INTRODUCCIÓN

El presente documento es el resultado de los acuerdos del taller realizado en la ciudad de Asunción, en Paraguay, para establecer las líneas programáticas de un Plan de Formación Política en América Latina; revisados en su parte pedagógica por un grupo de colombianos/as participantes del mismo que realizaron algunas sugerencias al respecto.

Este marco orientador debe todavía ser trabajado hasta convertirse en un Programa de Formación Política con todas las precisiones de contenidos y metodologías necesarias que permitan su desarrollo a nivel de cada país y a nivel latinoamericano y del Caribe. En cada país, de acuerdo a sus necesidades, el programa puede servir para complementar los esfuerzos de formación política que ya se están desarrollando o para implementar iniciativas de este tipo, en donde no las hay, utilizando el Programa como referente. A nivel regional, se pretende avanzar hacia la creación de una Escuela de Formación Política Latinoamericana y del Caribe, para el diseño de materiales, organización de cursos a nivel regional, especialmente para facilitadores del programa, y creación de mecanismos de articulación e intercambio de información.

Este programa está bajo la responsabilidad del sector social de la CPAL, a través del subsector de los Centros Sociales, quien deberá articularse con el sector educativo y con AUSJAL. El subsector de indígenas deberá hacer la versión de lo que sería el programa para los pueblos indígenas. Consideramos igualmente importante ofrecer el Programa en la formación de los jesuitas.

La puesta en marcha de las tareas que implica este proceso requiere que la CPAL designe un equipo coordinador integrado por los directores de programas en curso, cuyas funciones específicas sean:

Diseño del Programa de Formación Política sobre la base del Marco Orientador establecido.

Gestión de fondos y recursos para el desarrollo de proyectos específicos.

La articulación de las experiencias de formación existentes en el marco del programa propuesto.

La promoción de procesos de formación política donde no existan.

La puesta en marcha de procesos de formación a nivel regional, según lo que sea más práctico y posible, en función de las necesidades y las situaciones, con la perspectiva de llegar a una Escuela de Formación Latinoamericana.

Articulación con el sector de formación, de educación y AUSJAL

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EJES PROBLEMÁTICOS

Una visión y panorámica sobre América Latina y el Caribe nos indica que en la actualidad la realidad sociopolítica, cultural y económica de la región puede ser caracterizada a partir de los siguientes ejes problemáticos:

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1) Existe una crisis profunda de los significados de la vida social y del bien común. En el ámbito político esta crisis se manifiesta en las relaciones de poder establecidas. Frente a esto se hace necesario construir una institucionalidad que articule las necesidades de la cotidianidad y la emergencia de nuevos sujetos y prácticas sociales; bajo una conciencia de que las instituciones políticas pertenecen a la sociedad y han de ser construidas a partir de un pacto social que las legitime. Algunas manifestaciones de los problemas señalados son:

Concepción del poder como dominación y no como servicio. Crisis de un modelo patriarcal que establece unas determinadas formas de dominación y de poder. Crisis político institucional: las instituciones políticas no responden a las demandas actuales de los pueblos. Los intereses privados y/o particulares se han apropiado de la esfera pública. El surgimiento de nuevos modos de participación -expresados en nuevos movimientos sociales y otras formas de hacer política- y su no reconocimiento. Resistencia a los modelos tradicionales de representación y delegación. Falta de identidad y de definición de funciones y espacios del Estado, especialmente del poder legislativo y judicial. Ausencia de mecanismos de control social del poder institucional. Descrédito de los partidos políticos. Cooptación de líderes sociales y políticos a intereses de elites hegemónicas.

2) Se detectan diversas confusiones en la comprensión y uso de lo público, lo que está asociado a actitudes depredadoras, de lo cual se derivan graves tergiversaciones, que afectan la vida en común. Creemos que es necesario recuperar el sentido de lo público como lo que identifica lo colectivo, y al hacerlo limita y posibilita lo privado. Es necesario también recuperar la idea de bien público como bien común, que se construye social y procesualmente. El Estado está al servicio de lo público, no es su propietario. Es clave diferenciar lo público de lo estatal.

Se observa también una gran debilidad en las capacidades de apropiación de lo público por parte de la sociedad civil. El Acceso a lo público es un derecho y un deber. La gestión transparente de lo público genera valores agregados y no es solamente un deber ser. Todo esto supone establecimiento de garantías que hagan posible el control social de lo público.

3) La construcción de la democracia en América Latina y el Caribe es una tarea pendiente, en la perspectiva de proceso y desde una visión positiva, que parte de las problemáticas y necesidades, en perspectiva de futuro, desde el bien común y el servicio. Esta construcción ha ser caracterizada por los siguientes rasgos:

Participativa. Búsqueda de nuevos modos y canales de participación y representación que permitan reflejar las demandas de los pueblos, colectivos, minorías, etc.

Ciudadanos/as con derechos a definir nuevos derechos (conforme a nuevas necesidades). El Estado garantiza esos derechos

Poder real del pueblo. Democracia formal (derecho a voto...) y real (más que procedimientos formales necesarios pero no suficientes, sino en la toma de decisiones

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en los diferentes escenarios de lo público/referendum...). Todos/as tienen voz: idea de diálogo. Cultura de diálogo y paz en el marco de transacciones, coaliciones, alianzas... intercambio de poder (ganar-perder).

Soberanía que anteponga necesidades y realidades del país frente a presiones e intereses de otros países y las multinacionales.

Compromiso y respeto con unos mínimos institucionales que conllevan el control social, vigilancia, rendición de cuentas...

Respeto a mayorías y minorías, a la pluriculturalidad. Construir una ciudadanía incluyente (migrantes, otras minorías...).

No hay modelos únicos para el ejercicio de la Democracia.

Reconocimiento de sujetos y su diversidad, inclusión e integración (no asimilación).

Organización social y capacidad de decisión sobre lo colectivo y lo público

Perspectiva ética inspirada en valores y principios: justicia social, libertad, igualdad, solidaridad, pluralidad, transparencia.

Efectiva división de poderes.

Abarca de lo económico, social, cultural, político y geopolítico. Generación de condiciones dignas para el ejercicio de la ciudadanía (superación de las condiciones de pobreza).

Democracia construida con equidad de género.

Proyección regional (integración, búsqueda de caminos juntos).

4) Crisis del modelo de desarrollo, que se manifiesta en el aumento de la pobreza, dependencia, degradación de la actividad económica, disminución del empleo y migración de la población hacia el exterior o hacia formas de ingreso poco productivas (buhonería, mendicidad, ventas ambulantes, etc.). La superación de esta crisis implica poner en práctica un modelo de desarrollo humano integral, en donde la sociedad controla el mercado, desde una orientación colectiva y no individual para superar los problemas de exclusión, injusticia, inequidad, etc.

Los modelos de desarrollo de nuestros países han venido desde afuera y deben recuperarse las creaciones propias de prácticas de desarrollo para nuestra región, que generen oportunidades y mecanismos de distribución de la riqueza incluyentes, que frenen la migración.

Desde esta perspectiva, el desarrollo debe ser ético no sólo técnico, fundamentándose en valores, donde lo justo y sostenible sean puntos centrales en los diálogos internacionales.

El modelo debería tener las siguientes características: No neoliberal. Complementación entre: libertades de mercado/regulación del Estado. Tributación progresiva. Inversión productiva (más que especulativa). Integración latinoamericana.

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Reapropiación y mundialización de los recursos (no globalización)

5. Un gran desafío en América latina y el Caribe es la construcción de sociedades interculturales, de pueblos iguales, con identidades diferentes, en relaciones de pluralismo cultural. Algunas manifestaciones de este desafío son:

Reconocimiento de identidades y expresiones culturales. Movilidad en las identidades. Surgimiento de nuevas identidades (“desenraizamiento étnico”, migración, etc.). Racismo, xenofobia, intolerancia, patriarcado, desigualdad (ciudadanos/as de segunda categoría), exterminio (identidades asesinas). El diverso rol que actualmente tienen los medios masivos de comunicación social: construcción y valoración o de destrucción y desvaloración de identidades.

PROGRAMA DE FORMACIÓN POLÍTICA

JustificaciónDesde los/as pobres (la gente y los pueblos excluidos y discriminados) y con ellos/as preferentemente, deseamos presentar una propuesta latinoamericana y caribeña de formación política.

Sin deseo de competir allá donde existan iniciativas ya vigentes y tal vez mejores, sino con ánimo de colaboración.

La propuesta parte de la búsqueda de un pensamiento alternativo al neoliberalismo económico y cultural globalizado y a cualquier otra forma de pensamiento único y totalitario. Con ella se pretende ayudar a esfuerzos importantes de integración latinoamericana y caribeña que le ayuden a ser más igual y solidaria y que a la vez fortalezcan la capacidad para proponer caminos económicos, políticos y culturales propios.

Creemos que la política es una buena noticia, y que su ejercicio puede ser una forma sublime de servicio a los demás. Así, desde la utopía de “otra política posible”, enfrentaremos las crisis actuales de la política, de lo público y de los modelos vigentes de desarrollo, y contribuiremos con humildad y realismo a la construcción de una historia más justa y democrática.

A pesar de la existencia de regímenes de democracia formal en casi toda la región, hay una profunda desilusión respecto a los resultados. La manifestación de esta situación, la percibimos en:

Una crisis de las instituciones políticas y sociales que se manifiesta en el debilitamiento del estado y de las organizaciones sociales, especialmente de los partidos políticos, y la pérdida de credibilidad en los mismos;

Una crisis de lo público, que se manifiesta en la fragmentación social, la corrupción, el desprestigio de la política, la violencia, la impunidad, y el desinterés de la juventud por la política.

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Crisis del modelo de desarrollo, que se manifiesta en el aumento de la pobreza, dependencia, degradación de la actividad económica, disminución del empleo y migración de la población hacia el exterior o hacia formas de ingreso poco productivas (buhonería, mendicidad, ventas ambulantes, etc.).

Así mismo, verificamos el uso de prácticas y orientaciones políticas que obstaculizan la democracia, que se manifiesta en las amenazas a la libertad de expresión, la exclusión política de sectores de la población, el secuestro de lo público para el beneficio de particulares, etc.

También constatamos dificultades para construir sociedades pluriétnicas y pluriculturales, que se manifiesta en intolerancia, xenofobia, racismo, etc.

Sin obviar estas dificultades seguimos creyendo que el mejor camino para canalizar los conflictos sociales y buscar soluciones políticas es el ejercicio de la democracia participativa. Nosotros/as, como cristianos/as, queremos participar en la construcción de una nueva sociedad justa, solidaria, incluyente y pluricultural.

El programa que se presenta quiere proporcionar herramientas, metodología y elementos éticos para un nuevo ejercicio de la democracia y de la ciudadanía en nuestros países.

Objetivo generalContribuir al establecimiento de sociedades justas y democráticas en América Latina y el Caribe, mediante procesos de formación que fortalezcan el ejercicio responsable de la ciudadanía y propongan formas alternativas para las relaciones de poder en el marco del bien común.

Principio inspiradorContamos con un principio inspirador que impregna toda la propuesta: el amor es fundamento del ser humano que se traduce en la búsqueda del encuentro con los/as otros/as en una ciudadanía solidaria (símbolo: “Banquete del Reino”).No podemos olvidar, en tanto apuesta de las Obras Sociales de la Compañía de Jesús, que este proceso busca fortalecer un SENTIDO DE VIDA soportado en la trascendencia y en la necesidad de actuar socialmente desde un compromiso cristiano profundo.

Principios Pedagógicos Orientadores Reconociendo la complejidad de la tarea emprendida, se hace necesario diseñar una propuesta de formación integral que transforme actitudes y valores, que enriquezca conocimientos y fortalezca las capacidades para actuar en el espacio social y político, trascendiendo aquellas metodologías que se limitan a lo informativo. Se sugiere por lo tanto incluir en su estructura pedagógica las dimensiones de la persona, lo espiritual, lo trascendente, lo estético, unido al sentido de la acción colectiva tanto en lo local como en espacios más amplios referidos a lo latinoamericano e internacional.

Más que una guía de contenidos este Marco de Referencia pretende ser una sugerencia metodológica que insinúa algunos elementos generales que al ser traducidos en cada país en una propuesta de formación concreta, favorezca la construcción de nuevos sentidos para la acción política y ciudadana, constituyéndose en una experiencia significativa que vincule el aprendizaje a las posibilidades de transformación de la realidad.

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A continuación se explicitan algunos de los criterios que teniendo en cuenta lo anterior, deben sustentar la propuesta.

Reconocimiento previo de los actores, de la diversidad, de tal manera que se abran las puertas al diálogo de saberes y al aprendizaje en la acción, en el hacer.

La propuesta formativa debe ser transversal y complementaria. Los ejes y módulos que lo componen deben estar interrelacionados, aunque cada uno de ellos posee su particularidad y ofrecer un sentido de transformación.

Liga lo macro con lo micro. Se mueve en contextos distintos: persona, familia, región, país, mundo, medio ambiente. Lo que a su vez potencia la idea de redes.

Incorpora visiones de género, generación y cosmovisión, combatiendo el adulto centrismo, el patriarcalismo y el fundamentalismo en el ejercicio pedagógico mismo.

La propuesta debe basarse en metodologías que favorezcan la acción-reflexión de manera continua, haciendo de este un aprendizaje significativo por lo que puede partir de preguntas movilizadoras frente a la realidad.

Tener en cuenta usar y experimentar diversas formas de escritura. Incluir las distintas narrativas de quienes no leen y escriben. Respetar la tradición oral.

ParticipantesEl Programa busca fortalecer procesos organizativos y comunitarios de la vida social y política en A.L. y el Caribe, por lo que debe vincular una amplia diversidad de personas que hagan parte de este tipo de procesos o que tengan el interés de aportar a estas dinámicas.

Aunque se parte de la formación a personas, la propuesta no se centra en el liderazgo individual sino en las posibilidades de la proyección a lo organizativo y comunitario, lo que se traduce en un liderazgo para el bien común y el servicio.

En tanto la propuesta parte del reconocimiento a la diversidad y la diferencia se sugiere que los grupos no sean homogéneos y que incluyan diferencias de género, generación, religión, etc., superando visiones formativas que tienden a la homogenización.

Es importante tener en cuenta la posibilidad de incluir en los procesos formativos a políticos en funciones de gobierno, funcionarios públicos, miembros de centros sociales y organizaciones de control social.

Perfil de ingreso

Para ingresar al Programa de Formación el participante deberá:

Mostrar compromiso social o interés en la transformación de la sociedad.

Expresar motivaciones de cómo pretende utilizar el curso.

Mostrar capacidad para ubicarse en su contexto y en un ámbito mayor.

Mostrar capacidad básica de análisis, crítica y autocrítica.

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Mostrar experiencia de participación en grupos.

Perfil de egreso

El perfil del egresado está dado por el desarrollo de las destrezas o capacidades descritas en cada uno de los módulos.

Sin embargo:

Al finalizar el Programa de Formación el/la participante deberá haber adquirido las siguientes competencias generales:

Manejo de herramientas conceptuales para el análisis de la realidad sociopolítica y económica del contexto de América Latina y el Caribe.

Comprensión analítica, crítica y propositiva de la realidad sociopolítica y económica de América Latina y el Caribe y de su propio país.

Conocimiento de sus derechos y deberes fundamentales y de los mecanismos y sistemas de garantías para ejercerlos.

Conocimiento de los mecanismos de participación y seguimiento a las políticas públicas a nivel local, regional, nacional e internacional.

Manejo de herramientas de planificación, gestión, liderazgo, resolución de conflictos, negociación para lograr la convivencia ciudadana.

Resolución de conflictos por la vía pacífica.

Elaboración de propuestas para incidir en política públicas.

Conocer mecanismos para la toma democrática de decisiones.

Capacidad de discernimiento.

Sensibilidad, capacidad de conectarse con el sufrimiento del otro/a.

Capacidad de conectarse con la propia individualidad.

Convicciones y actitudes éticas para el ejercicio de la política. Medios y fines.

EvaluaciónTeniendo en cuenta el objetivo de esta propuesta formativa, fortalecer la capacidad para actuar en el espacio social y político como ciudadanos/as, en cada uno de los módulos, se sugieren unos logros específicos referidos al desarrollo de capacidades y destrezas.

Consideramos que en coherencia con los criterios pedagógicos, pero ante todo con los retos propuestos, la evaluación no debe ser un punto final o un elemento que marque distancias entre quienes facilitan el proceso y quienes lo viven; debe ser un motivo de diálogo permanente, un reconocimiento de lo que es posible al hacerse “actor/a” social. La evaluación no debe quedarse en sólo los contenidos y debe derivarse de un proceso de seguimiento y acompañamiento en la aplicación de estos aprendizajes en los contextos de los/as participantes.

Los instrumentos a ser utilizados en la evaluación, como pueden ser el uso de indicadores, la realización de entrevistas a personas claves con las que tienen relación los/as participantes, la observación, etc. deben ser diseñados de acuerdo a los contextos

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y las posibilidades de cada uno de los equipos que en los diferentes países estén a cargo de la propuesta.

El impacto del programa debería ser medido en término de indicadores tales como los siguientes:

Resolución efectiva de conflictos por la vía pacífica.

Elaboración de propuestas que respondan a los ejes problemáticos presentados anteriormente

Toma democrática de decisiones.

Aumento cualitativo y cuantitativo de compromisos sociales de los/as participantes.

Promoción de alianzas estratégicas entre movimientos sociales y comunitarios.

Promoción de acuerdos sociales.

Promoción de la participación e intervención en diversos espacios públicos.

Ejercicio de la contraloría social.

Ejercicio del poder ciudadano.

Liderazgo para el fortalecimiento de las organizaciones sociales y políticas.

Nuevas propuestas de desarrollo social y económico.

Mejoría de la capacidad para Gerenciar lo público.

Ejes del proyectoA continuación se presenta la propuesta formativa por ejes, en un primer cuadro se plantean los objetivos específicos y los contenidos inicialmente propuestos, para posteriormente mostrar la manera como se pueden desarrollar integralmente desde la transformación de actitudes.

Eje 1: DEMOCRACIAObjetivo general / específicos: Contenidos:

A partir de una lectura critica y experiencial de las historias sobre las formas de organización de la vida colectiva en A.L. y C., las personas:

a) Renuevan y comparten lecturas sobre su propia historia, así como las diferentes formas de concebir y vivir la democracia.

b) Asumen la democracia como una forma de relación en su cotidianidad (familia, barrio, comunidad, organización y ciudad).

c) Se esfuerzan por traducir las

1. Comprensión de la Democracia: - Análisis histórico desde una

perspectiva crítica- Análisis prospectivo- Concepciones de lo político

2. Sujetos que construyen democracia- Organización social y política- Participación- Capacidad de concertar- Movimientos sociales- Liderazgo3. Prácticas y valores4. Construcción de poder y ciudadanía5. Marco general de los Derechos

Humanos, y su sentido en la Democracia. Deberes, derechos y responsabilidades.

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prácticas democráticas en formas institucionales que permiten proyectos de ciudadanía.

d) Amplían sus conocimientos sobre la Democracia, sus distintas expresiones, formas de organización y mecanismos para su regulación en América Latina y el Caribe.

6. Rol de los Medios de comunicación7. Distintas formas de democracia

(pueblos tradicionales, distintas y nuevas formas de democracia en AL y C)

8. Perspectiva de género, generación, etnia

9. Mecanismos de control social al Estado

10. Formación en métodos de incidencia política

11. Espacios democráticos cotidiano (familia, escuela, barrio...)

Propuesta formativa Eje 1 - Democracia:Ámbitos Personal Local-Nacional Latinoamericano -

CaribePropiciar actitudes (valores) tendientes a la…

Valoración de las interacciones democráticas en los espacios cotidianos (familiares, pares, grupos).

Expresadas en:- Apertura al diálogo- Respeto a la diferencia/pluralidad- Responsabilidad y libertad para el ejercicio de derechos y deberes sociales.- Pensamiento crítico.

Valoración de las interacciones democráticas en los espacios institucionales, locales y nacionales.

Expresada en:- Corresponsabilidad. Estado-sociedad-ciudadanía en la construcción de la democracia; Fundamentada en la participación, el diálogo, la transparencia, la justicia - Apertura al diálogo- Respeto a la diferencia/pluralidad- Responsabilidad y libertad para el ejercicio de derechos y deberes sociales.-Pensamiento crítico.-Comportamientos Solidarios

Valoración de la institucionalidad democrática en AL y Caribe, en la perspectiva del Estado Social de derecho.Expresada en:Corresponsabilidad. Estados-sociedades-ciudadanías en la construcción de la democracia.

Para lo que se requiere conocimientos en:

Memoria trayectoria vital: - Derechos y deberes que orientan la vida cotidiana

Formas de lo democrático en lo institucional-gubernamental-local/nacional.

Organización

Formas de expresión de la democracia en ALyC

Concepción de lo político y las

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- Condiciones que posibilitan u obstaculizan el ejercicio de los derechos).

- Significados/ representaciones sobre la ciudadanía.

- Expresión de los poderes de las personas o sobre las personas

- Trayectorias, sentidos y significados de participación

social, política y económica: movimientos sociales, partidos políticos, grupos comunitarios, sindicatos.

Formas de ejercicio de poder y autoridad en lo local/nacional.

Concepción de lo político y las políticas como fundamento de la democracia

Mecanismos de participación y representación

Comprensión de la toma de decisiones en ámbitos locales y nacionales.

Mecanismos de monitoreo y control ciudadano.

Rol de los Medios en la construcción de la democracia (formación de la opinión pública).

políticas como fundamento de estas democracia

Mecanismos diversos de participación y representación

Comprensión de los mecanismos de poder en la toma de decisiones de los estados (Banco Mundial, ONU, OEA. FMI, etc…)

Análisis regional del rol de los Medios en la construcción de las democracias en AL y C (formación de la opinión pública).

Permitiendo consolidar capacidadespara...

Fortalecer interacciones democráticas en su cotidianidad, lo que se refleja en una mayor destreza para transformar conflictos de manera noviolenta.

Descentrarse y sentir con el otro/a, desarrollando cada vez una mayor empatía.

Comunicarse de manera asertiva.

Participar en los espacios locales establecidos para la democracia.

Concertar desde la diferencia, la pluralidad y el reconocimiento de las necesidades de otros/as.

Participar y estimular la creación de redes, alianzas y proyectos colectivos.

Fortalecer procesos locales al contar con una mayor

Animar y participar en redes y alianzas que trascienden los límites nacionales.

Generar estrategias de intercambio y comunicación que ayuden a observar el cumplimiento de los DDHH y formas democráticas de los países latinoamericanos.

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Proponer alternativas (liderar) para el logro del bien común.

capacidad comunicativa, facilitando el diálogo entre las diferentes instancias comprometidas en estos procesos, ya sean de la sociedad civil o del estado.

EJE 2: ÁMBITO DE LO PÚBLICOObjetivo General / Específicos Contenidos

A partir de una comprensión sobre las dimensiones histórica, cultural y normativa en la construcción y expresión de lo público, los participantes pueden:

a) Reconocer, recuperar y promover la valoración, el compromiso y la defensa de lo público, diferenciándolo de lo privado y entendiéndolo como el cumplimiento universal de los derechos humanos.

b) Identificar las perversiones en el uso de lo público.

c) Recuperar el sentido de la política como construcción del bien común desde la vida cotidiana e institucional.

d) Estar en capacidad de manejar mecanismos institucionales para la asunción de lo público.

1. Historia de la construcción de lo público 2. Procesos de estatización, nacionalización y

privatización.3. Expresiones culturales de lo público.4. Caracterización de lo público, lo

gubernamental, lo estatal y lo privado.5. La responsabilidad ciudadana en la

construcción de lo público.6. Grupos de presión, interés y cabildeo

(Lobby).7. Causas políticas, económicas y culturales de

la relación entre corrupción de lo público y lo privado, impunidad, clientelismo y desprestigio de la política.

8. Violencia y espacios sin ley formal.9. Participación ciudadana en la construcción

de lo público.10. Situación de los modelos de mediación y

representación, y propuestas para mejorar su funcionamiento,

11. Acceso y calidad de los bienes y servicios públicos.

12. Políticas Públicas.13. Ejercicio y control social de la gestión

pública.14. Mecanismos institucionales y sociales para el

control de las instituciones y las funciones públicas.

15. El servidor público; rol, capacitación, ética y rendición de cuentas.

Propuesta Formativa Eje 2 – Ámbito de lo Público:Ámbito Personal Local - Nacional Latinoamericano y

CaribePropiciar actitudes

Valoración de lo público desde los

Valoración de instancias y expresiones de lo público

Valoración de lo público expresada en:

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(valores) tendientes a la…

espacios cotidianos expresada en: - Aceptación y apertura a los espacios comunes.

- La cooperación y solidaridad en las relaciones cercanas.

- Respeto a la intimidad en su vida y en la vida de los/as otros/as.

en el nivel local y nacional a través del: - Reconocimiento del bien común como camino para el logro del bien propio.

- Aceptación y apertura a espacios o instancias que favorecen el encuentro de la diferencia.

- Apreciación de la cooperación y solidaridad, como bases de la sociedad.

- Reconocimiento de la necesidad de instancias públicas que velen por un desarrollo regional (AL y C) a través de la búsqueda de la equidad y la justicia social en los diferentes países de AL y el C.

Para lo que se requiere conocimientos en:

Memoria de lo público - privado en la vida personal.

Lo íntimo y lo personal en la construcción de lo público.

Conocimiento de dinámicas personales que favorecen o se contraponen a la deshonestidad (corrupción) y el favoritismo (clientelismo).

Conocimiento de las formas de violencia que obstaculizan la participación de la persona en lo público.

Construcción de lo público - privado en lo local.

Caracterización de un bien o servicio como público / meritorio /privado.

Conocimiento de diferentes formas locales de construcción y valoración cultural de lo público.

Conocimiento de las dinámicas locales de grupos de presión, de interés y cabildeo.

Conocimiento de dinámicas colectivas en lo local que favorecen la corrupción y el clientelismo.

Compresión de la relación entre lo público y las diferentes expresiones de la violencia.

Construcción de lo público - privado en lo nacional y global (estatización, nacionalización).

Caracterización de un bien o servicio como público / meritorio / privado.

Conocimiento de diferentes formas de construcción y valoración cultural de lo público.

Identificar y comprender las tensiones existentes en la construcción de lo público entre lo local-nacional- internacional.

Conocimiento de las dinámicas nacionales e internacionales (LA y Caribe) de grupos de presión, de interés y cabildeo.

Conocimiento de dinámicas en lo nacional - global que

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favorecen la corrupción y el clientelismo.

Compresión de la relación entre lo público y las diferentes expresiones de la violencia.

Y esto permitirá consolidar capacidades para…

Reconocer y actuar en los espacios públicos de participación.

Generar mecanismos de autorregulación que se contraponen a la corrupción y al clientelismo.

Agenciar con otros/as: Propuestas colectivas para incidir en lo público. Participación en políticas públicas. Ejercicio y control social de la gestión pública.

Generar mecanismos colectivos de regulación mutua frente a la corrupción y al clientelismo.

Agenciar con otros/as: Propuestas colectivas para incidir en lo público: Participación en políticas públicas. Ejercicio y control social de la gestión pública.

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EJE 3: DIMENSIÓN INSTITUCIONAL: ESTADO, PARTIDOS POLÍTICOS, ORGANIZACIONES SOCIALES2.

Objetivo General / Específicos

Contenidos

A través de una comprensión histórica y de una lectura crítica de las principales instituciones de la vida social y política en Latinoamérica y el caribe, los/as participantes podrán:

a) Comprender los elementos presentes en la conformación de los Estados, enfatizando en aquellos que configuran su situación actual.

b) Identificar las posibilidades de actuación de las instituciones que canalizan la participación política partidista.

c) Comprender la crisis profunda de los significados de la vida social y del bien común y su manifestación en las relaciones de poder impuestas.

d) Reconocer en las nuevas formas de organización y participación ciudadana emergentes un camino alternativo

1. El Estado: Definiciones clásicas y características fundamentales. Regímenes políticos.

- Lectura del proceso histórico de la conformación de los diferentes tipos de estado que se han conformado en América Latina y el Caribe.

- Funciones y espacios del Estado: poder ejecutivo, legislativo y judicial; descentralización, autonomías, poder local.

- Relaciones entre estados: factor militar, relaciones sociales en zonas fronterizas. Construcción de lo latinoamericano y caribeño.

- Relaciones entre Estado, Gobierno, Nación y Sociedad. Territorio-territorialidad.

- Apuntes para un modelo propositivo de Estado en América Latina y el Caribe.

- Relación entre sociedad civil, Estado, mercado y democracia.2. Instituciones de participación política: Lectura histórica de

los principales modelos de los partidos políticos en América Latina.

- Conceptualizaciones de la noción partido político.- Funciones de los partidos políticos.- Clasificación de los partidos políticos.- Partidos políticos y su rol en diferentes tipos de democracia: participativa y representativa.

- Descrédito de los partidos políticos Sustitución de los partidos políticos mediante el caudillismo, autoritarismo, mesianismo, dictaduras, etc.

- Construcción de nuevas institucionalidades3. Sentido de la vida en sociedad: - Comprensión del poder y la política como servicio al bien común.

- Legitimidad y dominación.- Distintas concepciones y usos del poder. - Cooptación de líderes sociales y políticos a intereses de elites hegemónicas.

4. Nuevas formas de organización y participación: - Lectura histórica de las principales expresiones de la sociedad civil en América Latina y el Caribe.

- Organizaciones de base y movimientos sociales tradicionales y emergentes, como expresión de la sociedad civil: definiciones, tipos, funciones, relación con el Estado y los partidos

- Mecanismos de control social del poder institucional.- Apuntes para la conformación de organizaciones políticas no

2 Este eje repite aspectos que ya están desarrollados en el eje 1 de democracia y en el 2 de lo público y puede quizás prescindirse de él.

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para la institucionalidad.

partidistas y civiles que canalicen adecuadamente la participación política.

Propuesta Formativa Eje 3 – Dimensión Institucional: Ámbito Personal Local - Nacional Latinoamericano y

CaribePropiciar actitudes (valores) tendientes a la /al…

Valoración de las expresiones institucionales en la consolidación de las relaciones sociales, expresada en:Apertura al encuentro.Corresponsabilidad y compromiso en la dinámica de la institucionalidad.

Valoración de la institucionalidad para la consolidación de un país, expresada en:Aceptación y comprensión de su importancia.Corresponsabilidad y compromiso frente a las formas de funcionamiento institucional.

Cuidado de las formas y expresiones de la institucionalidad a nivel LA y del C, propiciando el intercambio de formas y alternativas.

Para lo que se requiere conocimientos en:

Formas de poder en la historia personal y familiar.

Maneras como se asume (comprende y actúa) en tanto miembro de la sociedad civil.

Formas como hace presencia el Estado en la cotidianidad.

Apropiación del territorio – territorialidad.

Expresiones / formas de poder en espacios locales.

Experiencias locales – nacionales de política al servicio del bien común.

Mecanismos en la legitimación de expresiones políticas (institucionalizadas y no).

Relación sociedad civil – Estado /mercado – democracia.

Historia de líderes sociales y políticos.

Estado: definición, funciones, espacios e historia, comprensión y diferencias con Gobierno – Nación – Sociedad.

Espacios y formas de poder en LA y el C, respecto al orden mundial.

Experiencias LA y del C de política al servicio del bien regional.

Mecanismos internacionales para la legitimación de formas de poder.

Diferentes momentos y principales hitos en la conformación de Estados en AL y el C.

Formas de relación entre los estados de AL y el C, y su relación con las grandes potencias.

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Comprensión de los partidos políticos: historia, elementos definitorios, funciones, diferentes formas y expresiones.

Organizaciones de base y movimientos sociales: historia local, definiciones, tipos, funciones.

Movimientos sociales a nivel internacional, capacidad de incidencia en lo público.

Y esto permitirá consolidar capacidades para…

Transformar las relaciones de poder en la cotidianidad.

Proponer alternativas a la institucionalidad política local, sustentadas en relaciones de poder más equilibradas y tendientes al bien común. Identificar las instancias y mecanismos del Estado para participar en la construcción del bien común.Participar y fortalecer expresiones de la sociedad civil en la vida política.

Reconocer expresiones y formas de política de diferentes países que vulneran el sentido de región.Proponer elementos para transformar los modelos de Estado en AL y el C que no son expresión plena de la democracia.

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EJE 4: MODELOS DE DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Objetivo General/ Específicos ContenidosA partir de una comprensión de los distintos modelos de desarrollo implementados en los Estados Latinoamericanos y del Caribe, y el rol de los distintos actores económicos en su formulación e implementación, los/as participantes pueden:

a) Valorar la búsqueda de la equidad y la justicia material en los distintos ámbitos de entorno social.

b) Identificar y comprender la génesis de la pobreza y las desigualdades sociales en A.L. y el Caribe.

c) Desarrollar habilidades para la incidencia sobre políticas públicas que busquen la implantación de un modelo de desarrollo alternativo y sostenible.

1. Elementos de análisis micro y macroeconómico2. Conocimiento de políticas sociales3. Modelos de desarrollo y sus consecuencias4. Globalización y sus implicaciones políticas5. Impactos de la deuda interna y externa.6. Conclusiones y declaraciones del Foro Social

Mundial, Foro Social de las Américas, Encuentro Alternativo de Viena y otros

7. Modelos y experiencias locales de desarrollo alternativo.

8. Sostenibilidad.9. Producción de la riqueza, distribución del ingreso y

el bienestar10. Condiciones de trabajo: empleo, desempleo,

migración, informalidad.11. Población vulnerable y condiciones de vida.12. Tratados y y acuerdos internacionales .13. Bloques económicos regionales: MERCOSUR, CAN,

CARICOM, UE, NAFTA tratados bilaterales y otros.14. Organismos internacionales: BID, BM, FMI, OMC15. Construcción de mecanismos de incidencia16. Herramientas de gerencia de lo público ( planeación

y presupuesto nacional, regional, local ...)

Propuesta Formativa Eje 4 – Modelos de desarrollo: Ámbito Personal Local - Nacional Latinoamericano y

CaribePropiciar actitudes (valores) tendientes a la…

Valoración de la equidad en las relaciones económicas en que se ve envuelto como agente (ámbitos familiar y local).Convicción de la importancia y trascendencia de la participación en la esfera de lo público.Responsabilidad individual frente a los bienes públicos

Valoración de la equidad en las relaciones económicas en que se ve envuelto como agente (ámbitos local y nacional).Cooperación y solidaridad para así potenciar el encuentro y trabajo en equipo tendiente a la realización de la justicia material.Responsabilidad colectiva frente a los bienes públicos y el desarrollo.

Valoración de la equidad como expresión de nuevas formas de relación entre países.Solidaridad y fraternidad, animando un sentido colectivo a nivel latinoamericano para la realización de la justicia material.Responsabilidad colectiva frente a un desarrollo regional que genera incidencias en el desarrollo global.

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y el desarrollo.Para lo que se requiere conocimientos en:

Memoria de la comprensión individual como agente económico inserto en relaciones de producción asimétricas.Memoria de las relaciones entre equidad y economía en los diferentes ámbitos: economía doméstica, organizativa, local, etc.Memoria de la comprensión y participación frente a las políticas sociales y modelos de desarrollo de orden micro y local. Génesis de la pobreza y las desigualdades sociales en el contexto local o micro.Modelos y experiencias locales o micro de desarrollo alternativo y sostenible.Rol de los diferentes actores sociales con incidencia estratégica en modelos de desarrollo en niveles micro o locales.

Comprensión de las relaciones de producción asimétricas en los niveles regional y nacional.Comprensión sobre los modelos de desarrollo aplicados a nivel regional y nacional y el rol de los actores económicos en su diseño e implementación.Comprensión sobre la génesis de la pobreza y las desigualdades en los niveles regional y nacional.Modelos y experiencias locales o regionales de desarrollo alternativo y sostenible que afecten o puedan afectar procesos de consolidación de alternativas de desarrollo a nivel regional o nacional.

Génesis de la pobreza y las desigualdades sociales en A.L. y el Caribe.Modelos y experiencias locales de desarrollo alternativo y sostenible en los niveles regional, nacional o macro que afecten o puedan afectar procesos de consolidación de alternativas de desarrollo a nivel Latinoamericano y del Caribe.Rol de los diferentes actores sociales con incidencia estratégica en modelos de desarrollo en niveles latinoamericano y del Caribe, internacional y global.

Y esto permitirá consolidar capacidades para…

Diseñar y comprender estrategias de economía doméstica y micro que permitan establecer nuevas

Compartir e implementar, en el nivel regional o nacional, estrategias de incidencia en la aplicación de modelos de desarrollo alternativo y sostenible.Generar acciones

Compartir e implementar, en el nivel Latinoamericano y del Caribe, estrategias de incidencia en la aplicación de modelos

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relaciones de producción y reproducción económica.Diseñar y comprender estrategias de incidencia en lo público, a partir de herramientas de gerencia de lo público referidas a modelos aplicados de desarrollo alternativo y sostenible (planeación, elaboración de presupuestos, etc.) en los niveles micro.Reconocer los diferentes actores sociales con incidencia estratégica en modelos de desarrollo micro.

compartidas para intervenir frente a los diferentes actores sociales con incidencia estratégica en modelos de desarrollo en los niveles regional o nacional.Diseñar y comprender estrategias de incidencia en lo público, a partir de herramientas de gerencia de lo público referidas a modelos aplicados de desarrollo alternativos y sostenibles (planeación, elaboración de presupuestos, etc.) en los niveles regional y nacional.Reconocer los diferentes actores sociales con incidencia estratégica en modelos de desarrollo regionales y nacionales.

de desarrollo alternativo y sostenible.Generar acciones compartidas para intervenir frente a los diferentes actores sociales con incidencia estratégica en modelos de desarrollo en los niveles latinoamericano y del Caribe.Diseñar y comprender estrategias de incidencia en lo público, a partir de herramientas de gerencia de lo público referidas a modelos aplicados de desarrollo alternativos y sostenibles (planeación, elaboración de presupuestos, etc.) en los niveles micro.Reconocer los diferentes actores sociales con incidencia estratégica en modelos de desarrollo Latinoamericano y del Caribe.

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EJE 5: LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD: PRÁCTICAS Y DESAFÍOS.

Objetivo General / Específicos Contenidos

A partir de una lectura crítica y experiencial de las experiencias, lecturas (relecturas, memorias), narraciones las personas:

a) Reconocen la interculturalidad como un valor social y democrático de las sociedades Latinoamericanas y del Caribe.

b) Comprenden los conceptos que articulan la noción de la interculturalidad y sus desarrollos históricos.

c) Desarrollan capacidades para que la interculturalidad permee las prácticas sociales, económicas, políticas y culturales de sus sociedades.

1. Dignidad humana - Reconocimiento de la diferencia- Procesos de inclusión, - Reconocimiento de diversas cosmovisiones 2. La interculturalidad vista desde las perspectivas

de : género, etnia,,generación, religión, clase, ideología, sexualidad, etc.

3. Perspectiva histórica: procesos sociales, historia de América Latina, de cada país o región, proceso de globalización, migraciones, etc.

4. Obstáculos de la interculturalidad y sus efectos en la convivencia: discriminación, intolerancia, racismo, xenofobia, fragmentación, desigualdades, indiferencia, violencia cotidiana, exclusión, etc.

5. Desafíos para la interculturalidad: fortalecimiento y reconocimiento de identidades y diálogo intercultural.

6. Derechos, reivindicaciones y mecanismos de exigibilidad: luchas y movimientos sociales, reconocimientos constitucionales, diversos derechos y deberes (expresión, etc.)..

7. Mecanismos de participación, resolución de conflictos, lenguajes y formas culturales de expresión política, etc.

8. Rol de los medios de comunicación social.

Propuesta Formativa Eje 5 – Interculturalidad: Ámbito Personal Local - Nacional Latinoamericano y

CaribePropiciar actitudes (valores) tendientes a la /al …

Valoración de la diferencia como un eje fundamental en las interacciones democráticas.Expresada en:

- Escucha- Diálogo- Reconocimien

to de sí mismo y de los otros.

- Apertura al pluralismo

- Respeto a la vida

Respeto a la diferencia, expresada en la valoración de la convivencia entre personas de diferentes razas / religiones / cosmovisiones / géneros, edades / territorios / ideologías.

Valoración de la diversidad cultural de ALyC. Expresada en:- Apertura al diálogo intercultural e interregional

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Para lo que se requiere conocimientos en:

Memoria trayectorias vitales:

- Prácticas de inclusión y exclusión cultural, atendiendo a las diferentes dimensiones en que ellas se expresan (política, social, económica, religiosa, ideológica, sexual, etc.)

Normatividades locales y nacionales referidas a la interculturalidad (marco constitucional, leyes y acuerdos internacionales)

Costumbres, tradiciones y expresiones de movimientos sociales interculturales.

Obstáculos construidos frente a la interculturalidad (discriminación, intolerancia, racismo, xenofobia, segmentaciónes, desigualdades, indiferencia, exclusión).

Mecanismos y Estrategias vinculadas a las políticas públicas en términos de la incorporación/promoción de la perspectiva de la interculturalidad.

Desafíos para la interculturalidad: migraciones, fortalecimiento y reconocimiento de identidades y diálogo intercultural.

Rol de los medios de comunicación en la construcción de los imaginarios de la interculturalidad.

Normatividades /acuerdos internacionales referidos a la interculturalidad

Articulación y análisis sobre las diversas expresiones culturales en la región; obstáculos y desafiíos para la intercu en ALyC.

Rol de los medios de comunicación en la construcción de los imaginarios de la interculturalidad.

Y esto permitirá consolidar capacidades para…

Dialogar y tener una comunicación asertiva con personas de diferentes

Generar, animar y participar en espacios donde se da la expresión de diferentes formas

Proponer alternativas (redes, comunicaciones, encuentros, etc.)

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culturas. Desarrollar

acciones en la cotidianidad donde se incorpore la diferencia cultural.

culturales. Participar en la

formulación e implementación de políticas públicas en perspectiva de interculturalidad.

para el intercambio y conocimiento de las diferentes expresiones culturales de la región.

Participar en la formulación e implementación de de proyectos regionales que favorezcan la de interculturalidad.

EJE 6: VISIÓN SOCIO-RELIGIOSA: RELIGIÓN Y POLÍTICA (SOCIEDAD).O “VISIÓN HUMANISTA CRISTIANA”

Objetivo específico 1: las personas participantes comprenden crítica e históricamente las complejas relaciones entre religión y política, con ayuda de las corrientes principales de la sociología de la religión.

Otra formulación: las personas participantes abordan los grandes fines de la sociedad y la convivencia humana a la luz de la reflexión transmitida por el humanismo cristiano, especialmente desde la tradición de la enseñanza social de la Iglesia Católica.

Objetivo 2: las personas participantes identifican los diversos fundamentos últimos del compromiso religioso en la política.

1. Carisma- institución- religiosa – política- 2. Celebración ritual y cohesión de la sociedad. 3. Religión como alivio del desorden establecido.4. Secularización de lo religioso en los mitos propios del estado. 5. Corporación y el mercado como moderno templo.6. Fundamentalismo religioso, pentecostalismo y política. Laicidad del estado7. Religión; violencia y pacifismo.8. Religión y género.9. Dialogo interreligioso.10. Religiosidad popular y política.

1. Utopías y construcción política.2. Fe antropológica. Fe teológica. (Juan Luis Segundo)3. Vertientes proféticas de las principales tradiciones espirituales.4. Mística y política. (Karl Rahner).5. Pensar una propuesta alternativa al neoliberalismo.

Objetivo 3: las personas participantes conocen la propuesta de una manera de

1. La herencia que recibe Jesús: el profetismo bíblico y la esperanza mesiánica

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acercarse al compromiso político fundamentada en la vida de Jesús y el horizonte del Reino de Dios.

apocalíptica, siervo de Yahvé y rescate de las victimas.2. Raíces en Jesús de la actitud cristiana frente a la política: el reinado de dios.3. Reflexión de la praxis histórica de los cristianos.4. Articulación entre fe y política.5. La doctrina social de la iglesia y la política: retomar los temas de este curso a la luz de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. Uso político de los mismos y las grandes opciones de la iglesia latinoamericana (Medellín, puebla, Sto. Domingo, Aparecida).6. Espiritualidad ignaciana y política: misión y discernimiento.

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PROGRAMA LATINOAMERICANO DE FORMACIÓN POLÍTICA CIUDADANA

MATERIALES DE APOYO

Caracas, 26 al 30 de noviembre de 2007

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TEMARIO

1. Democracia

2. Dimensión Institucional

3. Lo público

4. Desarrollo

5. Desarrollo y medio ambiente

6. Religión y política

7. Interculturalidad

8. Aspectos metodológicos

¿QUÉ ES LA DEMOCRACIA?

José Virtuoso SJ

La valoración de la democracia está en crisis en América latina. Por una parte, todos los gobiernos y partidos la reivindican para sí, aunque cada uno de ellos le colocan sus propios calificativos para evitar confusiones y contra distinguirse de los otros. Para los ciudadanos, en general, es una buena palabra. Sin embargo, aunque todos queremos democracia, hay una gran diversidad contradictoria de significados, expectativas y concepciones sobre los modos de alcanzarla y hacerla más plena, lo que se refleja en prácticas encontradas y antagónicas.

Estas contradicciones reflejan los contrasentidos y paradojas que se manifiestan en las experiencias de la vida política de nuestros pueblos. Nunca como hasta ahora el modelo político democrático había logrado extenderse sobre tantas naciones del continente latinoamericano. Hay elecciones frecuentemente de todo. Se eligen presidentes y representantes, suele haber alternabilidad. En general, la participación electoral es masiva y los sistemas electorales muestran un alto índice de tecnificación. El acceso a los cargos públicos se ha democratizado, la participación de la mujer en la vida pública es alta. Las garantías de libertad de expresión, división y autonomía de poderes públicos, respeto a los derechos humanos, son demandados constantemente en la opinión pública, lo constituye un indicador de la valoración de estos aspectos.

Sin embargo, hasta ahora el ejercicio de la libertad política entre los ciudadanos para elegir a sus gobernantes no ha demostrado ser una palanca eficaz para revertir los índices de pobreza y las condiciones de desigualdad que imperan en la región. La ciudadanía política que garantiza la democracia electoral no ha trascendido hacia una ciudadanía civil y social, según la cual la sociedad garantiza igualdad de oportunidades para que todos puedan desplegar sus capacidades. Por eso, los diversos estudios de opinión señalan que un porcentaje muy elevado de latinoamericanos estaría dispuesto a aceptar un gobierno autoritario si éste resolviera las graves situaciones de pobreza y desigualdad que atraviesan sus países. Hay sectores que están de acuerdo con el que el Presidente vaya más allá de las leyes para cumplir sus promesas electorales. Uno de cada tres latinoamericanos piensa que la democracia puede funcionar sin el parlamento. Los partidos políticos están en el nivel más bajo de la estima pública. El Estado es mirado con expectativas y recelos a la misma vez. La sociedad civil está en las calles, pero sin un objetivo que unifique sus reivindicaciones y demandas.

Todo ello ha llevado al surgimiento de ciertas formas de neoautoritarismo, que gozan de apoyo popular y respaldo electoral. El vacío que han dejado los partidos políticos lo han pretendido llenar diversas expresiones de personalismo político que han utilizado los recursos de la democracia electoral para acceder al poder. La debilidad del Estado y los problemas de gobernabilidad han puesto en crisis la legitimidad de las instituciones y los

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sistemas jurídicos. En medio de este vacío, los medios de comunicación se han convertidos en actores políticos de primer orden, adquiriendo una gran influencia en la conformación de la opinión pública según su propia agenda de intereses.

¿Qué es democracia política?

Ante la multiplicidad de significados que se esconden tras la palabra democracia, frente a la variedad de prácticas contradictorias que se califican así mismas como democráticas, ante las múltiples adjetivaciones que reivindican la verdadera democracia (liberal, representativa, directa, socialista, etc.) se impone un análisis que permita decantar los elementos sustantivos de un régimen político democrático en función de su capacidad para permitir que la sociedad pueda alcanzar mayores niveles de libertad, participación, equidad e inclusión3.

Forma de Estado y forma de gobierno

La teoría política distingue entre forma de Estado y forma de gobierno en cuanto que estructuras básicas de los sistema políticos; para proceder luego a precisar cuál es la forma de Estado y gobierno democráticos, así como para determinar algunas posibles faltas de congruencia entre ambas.

La forma de Estado se refiere a la cuestión de cuál es la autoridad última sobre quien reside el poder supremo o la soberanía. La forma de gobierno se refiere a la estructura política especializada encargada de tomar las decisiones colectivas4. Será la definición de Rousseau en “El Contrato Social” sobre la forma de Estado democrática la que se convertirá en paradigmática hasta nuestros días: en el Estado democrático el soberano es la totalidad del pueblo, cuando actúa como cuerpo social manifestando su voluntad general, mediante la aprobación de leyes y el nombramiento del gobierno. El soberano puede optar por cualquiera de las tres posibles formas de gobierno desarrolladas por el pensamiento político clásico (democracia, aristocracia o monarquía), además de una multitud de formas mixtas. Pero si bien para Rousseau, la única forma de Estado legítima es la democracia, en cambio, no es partidario de una forma de Gobierno democrático: “un gobierno tan perfecto no es propio de hombres” (El Contrato social Lib. III, Cap, IV).

3 Para la elaboración de estas características sustantivas de la democracia seguiré casi literalmente al Dr. Juan Carlos Rey, politólogo venezolano especialista en teoría política, desde una perspectiva comparada. La obra que especialmente seguimos en este trabajo es: Rey, Juan Carlos: Poder, libertad y responsabilidad política en las democracias representativas. En: Revista de Teología, Intstituto de Teología Para Religiosos. Universidad Católica Andres Bello, Caracas. Enero-Agosto 2003. No 30-31, págs: 37-97.4 Juan Carlos Rey sintetiza brevemente la historia de esta reflexión política del siguiente modo: “Quien comienza marcando nítidamente la diferencia, entre la forma de Estado y la forma de gobierno es Marsilio de Padua (Defensor Pacis-1324-). A partir de la Edad Moderna, algunos de los más ilustres autores de la teoría de la soberanía, como Hobbes, no aceptan tal distinción: la forma de Estado y de Gobierno son una misma cosa (Leviatán, Cap. 19). En cambio para otros, como Bodino, cada forma de Estado es susceptible de diferentes formas de gobierno: así la monarquía puede gobernarse popularmente, si el rey reparte las magistraturas y recompensas entre todos, sin tomar en cuenta la nobleza, la riqueza o la virtud (Les six Lyvres de la République [1576], Lib. II, Cap. II); y algo semejante ocurre con otras formas de Estado, como la aristocracia (Lib. II, Cap. VI) o con el Estado popular (Lib. II, Cap. VII). Será Jean Jacques Rousseau en “El Contrato Social” (Lib. III, Cap. I, -1762-).quien precisa la diferencia entre el soberano, constituido por la generalidad del pueblo, y el gobierno, que tiene una existencia particular, y que a diferencia de aquél puede actuar con vigor y celeridad.” Rey, Juan Carlos: Poder, libertad y responsabilidad política en las democracias representativas. Ob. Cit. Pág. 49

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Según Rousseau, el mero hecho de la existencia del gobierno como un cuerpo especializado, distinto del soberano, representa un peligro continuo para la soberanía, pues la usurpación de ésta (que se supone que pertenece a la generalidad del pueblo) por parte de unos gobernantes particulares es "el vicio inherente e inevitable” de todo cuerpo político democrático. La razón de ello es muy sencilla: en la forma de Estado democrático no hay una voluntad del soberano como cuerpo, que pueda enfrentarse y resistir permanentemente a la voluntad de los gobernantes (El Contrato Social, Lib. III, Cap. X), como sí ocurre en cambio cuando el soberano es un monarca o una aristocracia. En el Estado democrático "el soberano sólo actúa cuando el pueblo está reunido", pero aunque es necesario que existan asambleas periódicas frecuentes que se reúnan con tal fin, es imposible hacer de tales reuniones una actividad continua y permanente. (El Contrato Social, Lib. III, Caps. XII-XIII)

Resulta, por tanto, que un Estado que reconoce al pueblo como titular de la soberanía y del poder constituyente (y que en este sentido podría ser calificado como democrático) puede estar acompañado de formas de gobierno no democráticas. Existe una notoria debilidad del Estado democrático en el hecho de que el pueblo, en cuanto sujeto de la soberanía y titular último del poder público, es una entidad puramente abstracta o ideal que, al no estar permanentemente organizado, no puede hacerse presente ni manifestar su voluntad frente al gobierno sino muy ocasionalmente (en las pocas ocasiones extraordinarias en las que se le somete a consulta una nueva Constitución) o de manera intermitente (en las elecciones periódicas). En teoría el pueblo es la fuente última de toda autoridad, pero frecuentemente esto no es sino una mera imputación o ficción jurídica. El poder del pueblo es en gran parte puramente nominal, en tanto que el poder real y efectivo está en manos de estos últimos. Resulta así que, a menos que el Estado democrático esté acompañado de formas de gobierno o de instituciones también democráticas, que permitan al pueblo controlar efectivamente a los gobernantes y, en el extremo, desplazarles del poder cuando su conducta sea insatisfactoria, el poder último que se atribuye al pueblo no pasa de ser una ilusión. Eso explica el que la mera idea de un Estado democrático sin gobierno democrático, resulte insatisfactoria; y explica, también, que no pocas veces los enemigos de la democracia estén dispuestos a reconocer la soberanía nominal del pueblo, siempre que ellos conserven el control del gobierno.

Democracia representativa

La forma más común de gobierno democrático es el gobierno representativo, denominándose frecuentemente como democracia representativa. A partir de las distinciones que hemos desarrollado en la sección anterior, vamos a entender el funcionamiento del gobierno representativo en el marco de una forma de Estado democrático es decir, en uno que reconoce el principio de la soberanía del pueblo.

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Para ello hay que responderse tres preguntas fundamentales: ¿quién ejerce el poder público?, ¿cómo se ejerce el poder público? y ¿para quién (o en beneficio de quién) se ejerce el poder público?

En la medida que estemos hablado de un Estado democrático (y por tanto, que el titular de la soberanía es el pueblo), la primera pregunta (relativa al ¿quién?) se refiere a la manera en que son seleccionados los gobernantes; y la condición mínima para la existencia de tal democracia es que los gobernantes sean seleccionados por el conjunto del pueblo, mediante elecciones libres y realmente competitivas.

La segunda pregunta (relativa al ¿cómo?) se refiere al modo en que se ejerce el poder público. Desde esta perspectiva, el gobierno representativo exige que el ejercicio del poder público no sea absoluto, sino que esté limitado a través de instituciones tales como la división de poderes, el reconocimiento de un conjunto de derechos fundamentales que el gobierno en ningún caso puede violar, el imperio de la ley, el Estado de Derecho, etc. A través de estos mecanismos el gobierno representativo se vincula con la idea de gobierno constitucional e incorpora los valores de libertad política propios del pensamiento liberal.

La tercera pregunta es fundamental y nos permite ir más allá de los mecanismos procedimentales: ¿para quién se gobierna?, y se refiere a quiénes son los beneficiarios de las políticas y decisiones públicas. Se supone que a través de las formas y de los procedimientos antes definidos, las políticas públicas y las decisiones colectivas que se tomen van a responder, en cuanto a su contenido, a los intereses de la comunidad. En este sentido, la democracia representativa requiere, como condición adicional para su legitimidad, de un gobierno para el pueblo…

Con lo dicho, nos separamos de aquellas concepciones para las cuales existe una contradicción irresoluble entre la democracia formal y la democracia substantiva o material, y que están dispuestas a afirmar unilateralmente una de sus dimensiones no tomando en cuenta la otra. Partimos, en cambio, del supuesto de que para caracterizar adecuadamente a la democracia representativa deben tenerse en cuenta tanto sus procedimientos o aspectos formales (relativos a la forma de elegir los gobernantes, los procedimientos para tomar decisiones y los límites. que están deben respetar) como sus aspectos sustantivos o materiales relacionados con el contenido de tales dediciones. Ningunos de estos aspectos deben ser separados del otro, y ambos deben complementarse, pues, de no hacerlo, el resultado será alguna forma de negación de la democracia.

Liberalismo versus democracia

Una de las confusiones que permanente aparece en escena es entre la forma de Estado y gobierno democrático y los principios que estableció la filosofía política liberal en el siglo XVIII. Para unos se trata de una relación de igualdad, para otros de contradicción

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y para otros de complementariedad. Actualmente, las tendencias apuntan en esta última dirección.

Para analizar esta relación son pertinentes las reflexiones de Ortega y Gasset een 1927:

"La democracia responde a esta pregunta: ¿Quién debe ejercer el Poder público? La respuesta es: el ejercicio del Poder público corresponde a la colectividad de los ciudadanos.

Pero en esa pregunta no se habla de qué extensión debe tener el Poder público. Se trata sólo de determinar el sujeto a quien el mando compete. La democracia propone que mandemos todos; es decir: que todos intervengamos soberanamente en los hechos sociales.

E/ liberalismo, en cambio, responde a esta otra pregunta: ejerza quien quiera el Poder público, cuáles deben de ser los límites de éste? La repuesta suena así: el poder público, ejérzalo un autócrata o el pueblo, no puede ser absoluto, sino las personas tienen derechos previos u toda injerencia del Estado. Es, pues, la tendencia a limitar la intervención del Poder público".5

De tal forma que se puede ser muy liberal y nada demócrata, o viceversa. Como buen liberal, lo que más le preocupaba a Ortega, era el aumento del poder del Estado, y especialmente en su forma de Estado democrático:

"El Poder público tiende siempre y dondequiera a no reconocer límite alguno. Es indiferente que se halle en una sola mano o en las de todos. Sería, pues, el más inocente error creer que a fuerza de democracia esquivamos el absolutismo. Todo lo contrario. No hay autocracia más feroz que la difusa e irresponsable del demos. Por eso, el que es verdaderamente liberal mira con recelo y cautela sus propios fervores democráticos y, por decir así, se limita a sí mismo". 6

En este sentido, el liberalismo se posicionó de la idea de un gobierno constitucional, en donde la constitución es concebida como un instrumento jurídico-político destinado a impedir que se concentre un excesivo poder en manos de los gobernantes y a proteger una esfera de libertad personal y social libre de interferencias por parte del poder público.

Si se considera que la soberanía popular no tiene límites, la forma de Estado democrática es en el fondo incompatible con el constitucionalismo. Desde este punto de vista, la teoría democrática ha asimilado desde el liberalismo la concepción sostenida

5 Ortega y Gasset, J. El Espectador. Madrid: Biblioteca Nueva, 1950, (Ortega y Gasset 1950:PP. 572-5736 Ibíd.: 573

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hace ya casi doscientos años, por Benjamín Constant: en la que siempre "la soberanía es limitada y que hay voluntades que ni el pueblo ni sus delegados tienen derecho a tener".

"Ninguna autoridad sobre !a tierra es ilimitada, ni la de pueblo, ni la de los hombres que se dicen sus representantes, ni la de los reyes, cualquiera sea el título por el que reinen, ni la de la ley, la cual, no siendo más que !a expresión de la voluntad del pueblo o del príncipe, de acuerdo a la forma de gobierno, debe estar circunscrita a los mismos límites que !a autoridad de !a que emana. Estos límites están trazados por !a justicia y los derechos de! individuo. La voluntad de todo un pueblo no puede convertir en justo !o que es injusto. Los representantes de una nación no tienen derecho a hacer lo que ni siquiera la nación puede hacer" 7

Una concepción actual de la democracia no sólo debe ser compatible con la restricción de sus poderes, sino que exige ciertas limitaciones de los mismos. En la actualidad estos límites son los derechos humanos (los individuales clásicos y los sociales), que no sólo se comportan como un límite sino que constituyen la referencia fundamental para evaluar la justicia de una determinada decisión política.

Representación como demagogia y/o delegación

Uno de los problemas sustanciales de la forma de gobierno representativa consiste precisamente en la caracterización de lo que se va a entender como representación. Para unos la representación debe ser entendida como una autorización que dan los electores, por la cual el representante tiene la autoridad y los derechos necesarios para gobernar, pero sin obligaciones ni controles. Otros, en cambio, la conciben como una forma de responsabilidad, insistiendo en que su característica fundamental es que el representante, al terminar sus funciones, debe dar cuenta de su actuación a quienes le eligieron.

En la primera concepción corremos dos tipos de peligro: el gobierno demagógico y el gobierno delegado.

En América Latina tenemos bastante prácticas de casos de gobiernos que ganan la representación precisamente sobre la base del engaño al pueblo. En efecto, la década de los años 80 y 90 señala muchas experiencias en las que una serie de presidentes de la república, que fueron electos con programas en los que se prometían políticas de intervención social en beneficio de las clases más desfavorecidas. Lo que hicieron una vez en el poder fue ejecutar política de carácter totalmente neoliberal. Se ha tratado de utilizar, como justificación de tales cambios, la excusa de que las promesas que hicieron siendo candidatos se basaban en un desconocimiento de la real situación económica y financiera del país; pero que una vez en el poder y conocida dicha situación, la gravedad de la misma obligó a un cambio en los planes originales. Esto puede ser verdad en algún caso, pero no es la regla general para la mayoría de ellos. Resulta difícil de creer que

7 Constant, Benjamín. Liberalismo y Democracia. Presentación de Juan Carlos Rey. Cuaderno del Instituto de Estudios Políticos, No 5. Caracas, Universidad central de Venezuela, 1963. PP 13-14

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candidatos ganadores que pertenecían a un partido que estaba en el gobierno (como era el caso de Carlos Andrés Pérez en Venezuela para 1988), pudieran alegar tal desconocimiento que, en caso de efectivamente existir, mostraría una escandalosa falta de responsabilidad política. Por otra parte, algunos de los ganadores eran plenamente conscientes, durante la campaña, que la política que iban a ejecutar en el caso de triunfar, sería exactamente la contraria a la que estaban ofreciendo al electorado (el caso de Menem está particularmente bien documentado), pues sabían que esa política era altamente importante y que, en caso de ser anunciada de antemano, probablemente llevaría a derrota electoral, de modo que decidieron conscientemente engañar al pueblo en la creencia que tal engaño quedaría justificado a posteriori por el éxito que tendría la implementación de la política neoliberal no anunciada.

En general, se ha señalado que en América Latina excite una serla falla en la representación política democrática, que se expresa en la falta de correspondencia entre las ofertas electorales y las políticas que realizan lo que resultan ganadores, cumpliéndose cabalmente el modelo de Downs, según el cual los partidos y sus candidatos en vez de estar interesados en ganar las elecciones para realizar sus programas, lo que les interesa es elaborar programas para ganar las elecciones.

Otra concepción que corre paralela con la anterior es la comprensión de la representación política como delegación. Quien gana las elecciones a la presidencia está autorizado por ello a gobernar como le parezca adecuado, sólo limitado por los duros hechos de las relaciones de poder y dentro de las limitaciones que establece la constitución. Se considera que el presidente es la personificación de la nación y el principal custodio y definidor de sus intereses. Las políticas de su gobierno no necesitan asemejarse a las promesas de su campaña pues el presidente ha sido autorizado a gobernar como mejor le parezca en beneficio del pueblo.

Representación carismática y espiritual

Más recientemente se va consolidando en América latina una forma de entender la representación como un mecanismo meramente formal que sólo sirve para reconocer la relación de identidad sustancial entre el elegido y sus electores. Frente a los mecanismos electorales existentes, formales e inauténticos, se propone otra participación popular más "espontánea" en la que el pueblo pueda estar en contacto directo con su líder. La voluntad del pueblo no se manifiesta mediante "artificios" o "procedimientos formales", como la emisión del voto, sino de una manera más "substancial", como la identificación afectiva y simbólica. No obstante se hace uso de los mecanismos de los mecanismos electorales para constituir al líder carismático8 en representante “espiritual”9del pueblo.

8 Utilizamos este término en el sentido que Max Weber atribuye a la legitimidad política carismática9 Utilizamos el término en el sentido utilizado por Carl Schmitt: la representación espiritual se manifiesta por la identificación del pueblo con su líder mediante la aclamación y el asentimiento

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Esencial para esa nueva concepción es la relación directa, sin mediaciones (por ello se entiende como una versión de democracia directa), mediante el contacto público, directo y emocional, entre una multitud que se reúne para aclamar al líder y éste. En esto consiste la verdadera representación política. Mediante este procedimiento, el líder representa al pueblo, pero en ningún caso es un delegado de la voluntad de éste. La voluntad del pueblo, antes de ser unificada por obra del líder, no existe, pues únicamente hay una pluralidad de voluntades antagónicas. El líder encarna, mediante esta representación, lo que hay de homogéneo en los representados, dando vida a la voluntad popular unitaria que sólo puede expresarse gracias a él, y que es el único capaz de identificarla.

El plebiscito y la movilización permanente es la forma típica de participación del pueblo en las decisiones estatales, en este tipo de representación Con el plebiscito desaparece toda deliberación para ser sustituida por la aclamación, pues no se discuten las razones a favor o en contra de la medida propuesta, y el voto expresa exclusivamente el apoyo o el rechazo al líder.

Representación como responsabilidad política

El problema del gobierno representativo es cómo lograr que efectivamente sea políticamente responsable ante sus electores. Para ello la reflexión sobre la experiencia indica que es necesario incidir en tres áreas directamente involucradas entre sí: el acto de elección de los representantes, el establecimiento de mecanismos de control permanente sobre los representantes y la configuración democrática de dos grandes espacios para la actuación política ciudadana: los partidos políticos y los medios de comunicación.

Entre los medios para perfeccionar el acto de elección de los gobernantes están, entre otros:

1) Todos los electores conocen cuáles son sus intereses y tienen una información aproximadamente igual y razonablemente adecuada (no necesariamente completa, ni perfecta) acerca de las alternativas electorales disponibles y acerca de lo que significa cada una de ellas y las consecuencias de su elección.

2) Existe una amplia libertad para organizar partidos y presentar candidaturas, que tienen oportunidades razonablemente iguales para ofrecer sus diversas opciones a fin de conquistar el favor del electorado.

3) Se selecciona al gobernante mediante una votación universal en la que todos los votos tienen igual peso, resultando ganador aquel candidato que obtenga mayor número de votos.

Entre los medios para garantizar un adecuado control de los gobernantes por parte de sus electores están, entre otros:

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1) Garantizar el cumplimiento efectivo de la separación e independencia de los poderes públicos.

2) El establecimiento de mecanismos permanentes de rendición de cuentas

3) El establecimiento de mecanismos constitucionales de referéndum: consultivos, abrogatorio, aprobatorio, revocatorio de mandatos

4) El establecimiento de mecanismos legales que garanticen la transparencia y publicidad en la gestión de las políticas públicas

En las sociedades modernas los medios de comunicación se han convertido en un actor fundamental en la conformación de opinión pública política. Cada vez menos, los medios no se limitan a informar con objetividad y a interpretar los acontecimientos según su línea editorial, sino que se han constituido en actores políticos, sustituyendo a los partidos y tratando de arrastrar a los ciudadanos. El problema de esta función es que por una parte nadie les ha otorgado esa representatividad que se arrogan y por otra que niegan a la ciudadanía el servicio público de la información a que tiene derecho. Dicen informar y opinar, y para eso sintonizan los ciudadanos con ellos, y en realidad crean noticias por objetivos privados. No vale decir que cada quien sintonice lo que desea, ya que no pocas veces el receptor sólo se encuentra con opciones radicalizadas y ningún medio cumple el servicio público de informar, que es indispensable en cualquier democracia.

Pero es un grave riesgo que en nombre del intervencionismo político de los medios de comunicación o de sus tendencias manipuladoras el Estado establezca políticas autoritarias y discriminatorias de censura a la libertad de expresión. Es necesario el control de los medios para que cumplan su servicio de información y garanticen el derecho de libertad de expresión de todas las corrientes de opinión legítimas en una sociedad democrática. Pero es ese control debe establecerse a través de mecanismos legales ampliamente debatidos y sometidos a consulta y aprobación popular.

Por su parte, el tema de los partidos políticos se tratará más ampliamente en la sección correspondiente. Solamente queremos insistir aquí que el problema de la representatividad comienza porque los partidos en las campañas electorales no se esfuerzan en interpretar las verdaderas necesidades y aspiraciones de los ciudadanos y el papel que le toca al Estado para crear un marco en el que puedan dedicarse a satisfacerlas. En lugar de eso prometen realizaciones que por un lado infantilizan a los ciudadanos al sustituirlos y por otro no tienen intención de cumplir ni capacidad para hacerlo. Es necesaria la construcción de partidos modernos que tengan canales para mantenerse en contacto orgánico con el electorado y más en general con la sociedad que representan; plataformas técnicas para elaborar propuestas consistentes y capacidad para llevarlas a cabo sostenida y flexiblemente. Estos tres requisitos: fundamento teórico, proyecto de país, programa de gobierno; organización no leninista sino realmente democrática y con implantación en la sociedad; y capacidad gerencial y voluntad de incluir

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en el Estado e incluso en el gobierno a los más idóneos y no a los suyos, serían a nuestro modo de ver los ejes del tipo de partido que demanda la democratización de nuestras sociedades.

Al mismo se requiere que existan varios partidos con estas características de manera que sea real la competencia de opciones electorales. Para ello una condición indispensable será la democratización, transparencia y control de recursos para el financiamiento de las campañas electorales.

Democracia participativa y poder popular

El mayor correctivo a la democracia representativa es el establecimiento de mecanismos reales de participación de la sociedad civil en general y, de manera especial, de los sectores populares, para garantizar la constitución en estos sectores de sujetos con poder real de interlocución y decisión en las relaciones de poder.

La democracia participativa existe en una democracia representativa y la necesita. En efecto, no se trata de una contraposición sino de una relación de complementariedad, ya que por una parte, asume mecanismos y dinámicas propias de la democracia directa, según sea el alcance del proceso político en juego (local, municipal, regional, nacional), y al mismo tiempo se vale de los mecanismos de representación, manteniendo una interrelación de interlocución, cooperación y control político permanente con los representantes electos.

La democracia participativa pretende centrar las posibilidades de participación en la deliberación, en la medida en que se busca que el ciudadano sea sujeto de un proceso, más que el objeto del mismo. Por eso valora la asamblea local, la discusión y el consenso como los mecanismos por excelencia. Para asegurar ese proceso deliberativo, la democracia participativa busca ser una democracia de base y por lo tanto se afirma más a nivel local y municipal, mientras que a niveles superiores usa más los mecanismos de delegación junto con mecanismos semidirectos de participación. Todo ello impone una amplia descentralización y desconcentración del Estado para ponerlo efectivamente en manos de los ciudadanos.

Creemos que en esta versión de la democracia ofrece espacios reales para la inclusión popular participativa, ya que en su marco es posible el desarrollo de organizaciones de base y movimientos sociales que representen genuina y autónomamente los intereses de los pobres, constituyéndose así en interlocutores con capacidad efectiva de incidir en las relaciones de poder establecidas.

La cultura de la democracia base efectiva de la democracia política

Para finalizar estas notas es necesario tener en cuenta que esta sustantividad democrática será imposible de lograr sino se sustenta en una cultura de la democracia que es necesario fortalecer constantemente en la cotidianidad de la convivencia. Esta cultura debe abarcar todas las áreas, desde las relaciones familiares, a las escolares, las

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del trabajo, las de amigos y compañeros, las de participantes de una misma institución, las relaciones en una misma ciudad, en un mismo país, en un mismo mundo. En cada una de estas áreas, esta cultura de la democracia toma su aspecto propio, haciendo de su sumatoria una forma de vida. A continuación se señalan algunos pasos relevantes para la caracterización de grupos democráticos, base de la convivencia cotidiana democrática10.

+ Los grupos democráticos serán aquellos en donde sus miembros se expresan, poniendo en común los propios haberes, no reservándolos como una ventaja sobre los demás. La actitud que se cultiva en este primer paso es la de la respectividad positiva, poniendo la propia alegría en el bien de cada uno mediante la donación de lo que se tiene, se sabe y se es.

+ El segundo paso es escuchar lo que dicen los demás. En la cultura postmoderna hay una cierta propensión a expresarse, como un ejercicio de narcisismo, pero, una vez dicho lo suyo, desentenderse. Cuando pasa eso, todo se reduce a una serie de monólogos. No es tan fácil escuchar, porque exige salir del propio horizonte individual y abrirse a la perspectiva de las demás personas; es decir exige que no esté juzgando automáticamente lo que digan los demás respecto de mi propia postura sino que me abra a la de ellos tratando de hacerme cargo de lo que quieren decir.

La actitud que se cultiva en este segundo paso es el descentramiento, el ponerse en el lugar del otro, el renunciar a constituirse el centro del propio mundo, la alegría de salir a otros mundos, de hacerse cargo de su modo de ver las cosas, de darle lugar en mi mundo.

+ El tercer paso consiste en manifestar lo que se considera más oportuno de lo que se ha dicho y las coincidencias más significativas; así como en preguntarse mutuamente sobre lo dicho por cada uno, intentando aclarar lo que no se ve o manifestando lo que no se comparte.

La actitud que se cultiva en este tercer paso es el diálogo en el sentido más literal y cabal de la palabra, ya que la palabra es el vehículo que va y viene entre unos y otros, la palabra razonable, portadora de sentido, inquisitiva y crítica, pero también sabedora de su limitación, la palabra abierta, incompleta, en busca de otras razones y palabras, en busca sobre todo de una verdad más cabal, la palabra que busca entender y entenderse.

+ El cuarto paso es el de buscar una postura del grupo. Si se dieron los pasos anteriores, cada uno tiene los insumos suficientes para tratar de hilar un discurso, una toma de posición o una propuesta que sean del grupo. Podrá partirse de una o varias de las formulaciones o se la construirá buscando consensos.

La actitud que se ejercita en este cuarto paso es el paso de cada yo al nosotros, un nosotros

10 Este apartado está tomado literalmente de: Trigo, Pedro: Pensar La Fe-Justicia hacia la Congregación general XXXV. Caracas, Centro Gumilla, 2007

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+ El quinto paso es que cada quien se encarga de un aspecto de lo decidido. Es muy significativo de que se han dado los pasos anteriores el que personas cuyas propuestas no fueron acogidas puedan encargarse de lo que se decidió como si lo hubieran propuesto ellas, ya que son las propuestas del cuerpo social al que pertenecen.

La actitud que se ejercita en este paso es la responsabilidad. Llevar a cabo personalmente lo decidido por el conjunto es el ejercicio de la responsabilidad asumida. Es hacer verdad esa condición de nosotros que se puso a funcionar en los pasos anteriores.

+ El sexto paso es la evaluación conjunta. Es obvio que lo que se decidió entre todos, lo evalúen todos. Pero hay una tendencia a que la evaluación deliberativa la realice sólo un cogollo. Para los demás sólo cabe la evaluación informal, la lluvia de ideas sin ningún efecto tangible. En este caso sólo los evaluadores son los verdaderos sujetos del proyecto; los demás serían sólo colaboradores suyos. Así pues, el que todos los implicados evalúen la marcha de lo que llevan entre todos es una prueba fehaciente de que se practica la cultura de la democracia.

+ El séptimo paso es el procesamiento de conflictos de manera que el grupo salga fortalecido como cuerpo social personalizado. Puesto que somos humanos, es normal que surjan conflictos y no deberían verse como una anomalía de la que se debe salir a como dé lugar. La primera actitud que debe cultivarse para que sea posible superar positivamente los conflictos es el amor indeclinable a cada persona implicada, en el sentido preciso de buscar su bien en cada paso del proceso. La segunda es comprender que la verdad libera, aunque duela. El tercero es que cuando situaciones que se presentan como dilemáticas pueden componerse, hay que hacerlo ver y caminar en esa dirección, ayudando a cada parte a superar su postura excluyente. Cuando sean dilemáticas, hay que hacer ver que, si hay que decidir, optar por una de las dos no implica descalificar a la persona que defiende la que se ha desechado y ni siquiera decir que su propuesta no vale.

+ El octavo paso es la celebración de los logros y más en general de la vida compartida. Este paso no puede faltar ya que es expresión primaria de la salud espiritual o de la calidad humana del cuerpo social. La actitud que ha de cultivarse en este punto es la de comunión conjunta con todos los implicados y con la meta que los une y vivifica. Lo que se celebra en el fondo es la presencia de la trascendencia en la historia, la presencia de lo definitivo en lo que va fluyendo.

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DOLORES DE PARTO

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

Por: René Cardozo, S.I11

América Latina vive dolores de parto en muchos de sus países y en su propia estructura global. Dolores de parto de una nueva estructura institucional y constitucional, que reconfigure no solamente las principales estructuras de gobierno, sino que exija un cambio de mentalidad y de actitud frente a lo que hasta hoy fueron las relaciones políticas y sociales.

Pueden ser útiles los indicadores de gobernanza política ofrecidos por la CEPAL12. Latinoamérica alcanza un índice de -0,22/2,5 (Asia=0,76/2,5 en lo que se refiere a la estabilidad política. Esto muestra una baja estabilidad. En este sentido desde 1.993, 14 presidentes no han podido culminar su mandato13.

Es posible que esta realidad refleje una mala articulación entre las demandas sociales y la forma en que la clase política intenta responder a esta demanda. En algunos países hay que reconocer que el actor político no es necesariamente el más fuerte, sino que los actores con más poder en muchos casos son extra-estatales. Cabe notar el enorme papel que juegan los medios de comunicación y el sector económico en muchos de los países latinoamericanos y caribeños.

1. Un tiempo de emergencias

Vivimos un tiempo de “emergencias”. Estas “emergencias” pueden ser entendidas en el sentido amplio de la palabra. De una parte, nos referimos a la “emergencia” de nuevos actores políticos y sociales. En varias elecciones, son líderes políticos contestatarios y que no integran precisamente los partidos políticos tradiciones, los que están en el Poder. En esta emergencia, muchas instituciones de la sociedad civil buscan, en el escenario político, tener un papel más protagónico.

Por otra parte, nuestros países Latinoamericanos parecen vivir también una situación de “emergencia”. Se trata de una situación de desconfianza ciudadana, de cambio, de inestabilidad y de perturbación. Esta emergencia es alimentada, sobre todo, por la acumulación de demandas insatisfechas fruto de una crisis económica, política y social, en la que nuestra sociedad parece estar inmersa.

11 Diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París.12 CEPAL, 2.005a13 Latinobarómetro, 2.005

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a) Los nuevos actores

Nos encontramos ante la emergencia de nuevas instancias de representación y de expresión de las necesidades populares. Se trata de nuevos actores que asumen un papel específico y adquieren una legitimidad que le otorga la misma acción reivindicativa.

Esta emergencia de nuevos actores surge paralelamente a la crisis por la que atraviesan organizaciones populares tradicionales.

La emergencia de la sociedad civil, y el papel protagónico que pueden tener los nuevos actores en los procesos sociales, son innegables. Por ello, es fundamental que nuestra democracia considere, dentro de su institucionalidad política, este nuevo protagonismo que va adquiriendo la sociedad civil, al mismo tiempo que la necesaria adecuación del sistema político a estos nuevos desafíos.

Por ello se hace necesario ir construyendo una institucionalidad que pueda articular de mejor manera las necesidades de la cotidianeidad con esta emergencia de nuevos actores, muchos de ellos provenientes de espacios externos a la propia política.

Cabe destacar también el inmenso rol que actualmente tienen los medios masivos de comunicación, capaces de construir o destruir valores e identidades colectivas.

Se puede decir que la gente no es indiferente a la debilidad demostrada por los partidos políticos, y que al contrario, se busca sustituirlos rápidamente con la creación de movimientos que cumplan su rol y en los que se sienten mayores grados de representación. Los casos de recambio y alternancia en la elite gobernante, como en Bolivia ejemplifica esta situación.

b) En contexto de desconfianza ciudadana

Normalmente, la elaboración de una nueva Constitución Política del Estado se la efectúa cuando se han creado condiciones necesarias para el cambio. Esta necesidad puede responder también a situaciones de profunda crisis institucional o cambio de regímenes de gobierno, síntomas que afectan a la sociedad en su conjunto y a su relación con el sistema político. Estas circunstancias marcaron varios procesos de cambio de la Constitución en los países sudamericanos.

Existen ejemplos de procesos de cambio de la Constitución que pueden ayudarnos a entender que la crisis política que obliga a estos cambios estructurales proviene también de una crisis institucional. En esta línea se pueden destacar, por ejemplo, los cambios producidos en Venezuela, fruto de la profunda deslegitimación de la clase política que había construido un sistema político excluyente en la toma de decisiones e inequitativo en la distribución del poder. Aquí estuvo una de las causas para que el levantamiento popular se manifieste por una Asamblea Constituyente en 1992.

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Un proceso similar vivió Perú, donde la crisis desatada por el terrorismo, junto con la deslegitimación de la clase política y las esperanzas colocadas –y luego frustradas– en la administración del ex presidente Fujimori, posibilitaron el denominado “autogolpe de Estado” y el posterior proceso de reforma constitucional.

Está también el caso ecuatoriano, en el que la fragilidad del sistema político, la crisis económica, la exclusión de grandes sectores de la población y la falta de credibilidad del Estado determinaron la necesidad de un cambio estructural.

En otros países, como Paraguay, los procesos de cambio constitucional respondieron a la necesidad de pasar de un sistema político autoritario a un régimen democrático más plural y participativo, si bien la reforma constitucional no alcanzó a solucionar muchos problemas de fondo.

A este proceso político se debe añadir el profundo descontento social ante la situación económica y la exclusión social, expresado con claridad en las movilizaciones sociales de los últimos años. Todo ello fue gestando la conciencia ciudadana de modificar estructuralmente el sistema político-administrativo del Estado. Muchas estructuras tanto institucionales como de convivencia política se hicieron insostenibles. Paralelamente, es cada vez más difícil canalizar las demandas sociales que protestaban por el sistema político imperante y exigen mayor fiscalización del poder político. Al no hallar canales adecuados, estas movilizaciones encontraron otros interlocutores válidos en los propios movimientos sociales, quitando representatividad e incluso legitimidad a los representantes nacionales democráticamente elegidos.

Es indudable que todo ese malestar es fruto de un sistema político plagado de irregularidades, corrupción e impunidad en el manejo de los asuntos públicos.

Podríamos decir que hay un contexto de crisis ya que uno de los problemas actuales es que la informalidad en la que se mueven muchas de las estructuras políticas no tiene un canal formal como el de los partidos políticos. Muchos de los partidos políticos actuales tienen una ideología difusa, fragmentaria, y participaciones políticas erráticas. En muchas de nuestras sociedades, la ciudadanía no encuentra una representación adecuada y se vincula a instituciones gracias al liderazgo personal o carismático, sin darle mayor importancia al factor ideológico. En otros casos, esta expectativa política se canaliza mediante órganos sociales. Se podría asumir el principio de que “el carisma construye políticamente a la informalidad, a los excluidos, y los hace socialmente visibles”.

Si pensamos que en la relación entre carisma e informalidad hay un contrato de servicios entre eficacia de la gestión y el apoyo político, entenderemos mucha de la inestabilidad política en la región. Es decir si no existe eficacia en el gobierno, necesariamente el carisma acaba resintiéndose. En este sentido la pregunta es cómo organizar a la sociedad para que exista una correlación entre la ciudadanía vertical (el voto) y la horizontal (el Estado de Derecho). Detrás puede estar la pregunta de cómo

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formalizar la informalidad política dentro de un esquema racional e institucional. En el fondo los países latinoamericanos quieren democracia con bienestar, y participación política con eficacia institucional y administrativa.

Quizá esto se expresa en el hecho de que en los últimos años, la participación convencional no está creciendo, mientras que la participación no convencional directa, en movimientos de protesta la que está en pleno desarrollo en la región. Experiencias como la Mexicana en la que se registraron varios caos de fraude electoral alienta esta actitud. Se trata de quienes creen que los procesos electorales no hacen justicia a sus demandas y no les permiten influir sobre la marcha de los acontecimientos. Se trata de un ciudadano que actualmente se caracteriza no tanto por la falta de interés en lo colectivo o en lo cívico, como en un cambio de manera de participar que se aleja de la participación en los partidos políticos y las formas convencionales, buscando formas más efectivas y rápidas de cambio con la participación en la simple protesta. Este fenómeno puede tener dos vertientes: por un lado, demuestra que el ciudadano está deseoso de participar, y que su participación pueda ser lo más efectiva posible; por otro, existe una suerte de insuficiencia institucional para satisfacer esta demanda. Se trataría de un déficit de la oferta institucional, más que un déficit de cultura cívica o ciudadana. Es posible que este fenómeno requiera reforzar la institucionalidad de los partidos políticos para adecuarlos a las nuevas demandas ciudadanas.

Algunos indicadores puedan ratificar estas tendencias. Por un lado, existe una baja de frecuencia con la que se habla de política de un 28% en 1.995, alcanzando un máximo de 31% en 1.998, a un 26% en el año 2.006. El país en el que más se habla de política es Venezuela con un 47% y el que menos se habla de política son Ecuador, Honduas y El Salvador con un 18%14.

De la misma forma, la frecuencia con la que se trata de convencer políticamente aumenta de un 12% al 16% entre 1.995 y 2.006, lo que demuestra que existe un interés en la política. El país más movilizado en este tema es Venezuela con un 32% y el menos movilizado es Chile con un 8%15.

2. Las insuficiencias del sistema institucional político-democrático

a) la crisis de representatividad y legitimidad

Normalmente dentro del sistema jurídico democrático la soberanía reside en el pueblo; es inalienable e imprescriptible; y su ejercicio está delegado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En su carácter representativo, la democracia establece que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y de las autoridades creadas por Ley. Al mismo tiempo, se establece que la representación

14 Latinobarómetro, 2.00615 Latinobarómetro 2.006

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popular se ejerce por medio de los partidos políticos o de los frentes o coaliciones formadas por éstos.

Sin embargo, ante la crisis de las mediaciones políticas, muchos analistas propugnan una mayor participación ciudadana a través de mecanismos nuevos y que lleguen a una institucionalización permanente. Mecanismos como el del referéndum, la consulta popular, o la revocatoria de mandato, pueden ayudar a lograr esta mayor y mejor participación ciudadana en los asuntos públicos, y por ende, una mejor articulación entre sociedad civil y política.

Pese a ello, la dimensión institucional constituye uno de los grandes problemas a los que hoy se enfrenta el Continente. Básicamente la dificultad radica en la existencia de Instituciones sociales, políticas y democráticas, que han perdido completamente la legitimidad delante del ciudadano por los graves problemas de corrupción, nepotismo, clientelismo, que han quitado la confianza ciudadana.

Esta corriente ciudadana refleja un proceso que en los últimos años, se ha ido expresando en la exigencia de una mayor participación y fiscalización de la sociedad en el gobierno, y en el sistema político en su conjunto. Ella reconoce explícitamente que “la opinión pública ha identificado una crisis de legitimidad y representatividad de las mediaciones entre el Estado y la Sociedad... la gente no se siente escuchada, atendida y menos representada por las formas tradicionales de mediación y expresa su descontento de muchas maneras. La mayoría de las veces con desgano y desapego al ámbito de la política pública y otras confrontándola.

Muchos analistas habían destacado la necesidad de que el sistema político incorpore a la sociedad civil en la elaboración y ejecución de las políticas públicas. Ello pretendía la construcción de un sistema político más participativo y en el que los ciudadanos puedan tener un rol dinámico en el desarrollo nacional. Ello exigía el abandono de la acción política tradicional, basada sobre todo en la participación electoral y en la utilización partidaria de los instrumentos del poder. Esta nueva forma de hacer política exigía también un programa de gobierno que proponga políticas destinadas al desarrollo integral del país. La administración del Estado debía ser despartidizada para posibilitar una acción eficaz en la elaboración y en la ejecución de las políticas públicas.

Es evidente que este escenario exige reformas estructurales. La creciente emergencia ciudadana que se expresa todos los días en las demandas de participación a todo nivel, necesita encontrar un cauce institucional adecuado. El ciudadano debe convertirse en el protagonista y centro del nuevo diseño político que debemos construir. El tiempo de revalorizar la condición ciudadana ha llegado.

Un elemento interesante es la tensión que se ha generado entre gobiernos fuertes, o deseosos de gobernanza, y ciudadanías activas que no siempre canalizan sus demandas por la vía institucional. Esto vuelve a general inestabilidad. Al mismo tiempo se presenta

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una carencia de espacios y mecanismos para resolver problemas de governanza. Es aquí donde también muchos plantean el dilema entre un sistema presidencial y uno parlamentario para que la democracia no se erosione fuertemente.

Un factor a tomar en cuenta es el tema de la construcción ciudadana en sectores jóvenes. De hecho, muchos jóvenes se sitúan entre los no demócratas. La juventud no parece recibir referencias ni parámetros políticos, ni mecanismos de participación en un contexto posmoderno como el que vivimos. En el horizonte posmoderno todo parece relativo, en la construcción de mundos individuales, muchas veces alejados de la política, y en algunos casos, en posición contestataria, en un sesgo bastante autoritario.

Parece que desde el punto de vista social, los grupos perdedores en las distintas aplicaciones de la política económica tienden a ser menos demócratas. Incluso muchos de estos sectores ven en el autoritarismo una forma de superar las privaciones causadas por ajustes estructurales.

b) Crisis de las mediaciones políticas institucionales

Existe una caída importante en el apoyo electoral a los partidos políticos grandes en la región. Esta caída fue de 19,11% en el lapso 1990-2002. De igual forma, el nivel de confianza en los partidos políticos bajo de un 20% en 1.996 a un 11% en 2.003 16. En algunos países como Perú y Venezuela se observó un desplome del sistema de partidos, mientras que en otros países como Brasil, Bolivia y Guatemala se han creado nuevas agrupaciones políticas. En Ecuador se ha atomizado el sistema de partidos y en Costa Rica se observa un cansancio en la población con el bipartidismo.

Pese a ello, se ha podido constatar que la realización de las últimas elecciones en Latinoamérica han hecho revertir la tendencia hacia los Partidos Políticos. Así, a la tendencia observada desde el año 2.000, en la que la mayoría afirmaba que no votaría por un Partido Político, se ha observado en el período 2.005-2.006 que los que sí votarían por un partido pasan de un 49% a un 53 % mientras que los que afirman que no votarían por un partido pasan de un 51% a un 47%17.

Al mismo tiempo, cabe destacar que la competencia electoral otorga validez a los partidos, en cuanto que es en este período en los que se ven partidos, se hace propaganda de ellos, se los conoce. Mientras que en los período en los que no hay elecciones lo que se ve son personas que representan a los partidos que no es lo mismo que la institucionalidad de un partido. En el nivel Latinoamericano, las cosas valen en cuanto se ven, se tocan, se viven. Se podría afirmar que las elecciones fortalecen a los partidos, y con ello, a la democracia.

c) En contexto de crisis del estado

16 PNUD, 2.004a17 Latinobarómetro 2.006

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Parece haber surgido una suerte de concentración y personalización del poder dentro de una disputa de la hegemonía entre proyectos sociales en la región. Por un lado está la “democracia revolucionaria” (Venezuela); por otro lado, están los que vuelven a pones en el tapete el “nuevo desarrollismo” como Argentina y Brasil. Los que buscan opciones de centro, como Uruguay y los países de Centroamérica. Al mismo tiempo, se observa un deseo de constituir un “bloque histórico” que pueda orientar la dirección de los países de la región dentro de la nueva dinámica de la globalización. Esta estrategia gira en torno a un mayor acercamiento a la globalización o un mayor énfasis a los nacionalismos en los diferentes Estados.

Las nociones clásicas del Estado, como son las de territorio, población, instituciones y soberanía, estarían seriamente cuestionadas no solamente por el proceso creciente de globalización, sino por su movimiento opuesto de regionalización y descentralización del Estado. Según este cuadro, el ciudadano desconfía seriamente de la capacidad del Estado y lo considera cada vez menos facultado para solucionar los problemas que afectan a las distintas regiones del país. Y si la autoridad del Estado se ve seriamente dañada, entran también en entredicho su rol y su finalidad.

La crisis institucional, a la larga se manifiesta en el debilitamiento de las propias instituciones políticas y sociales y por ende del Estado.

Resulta claro que de no funcionar eficientemente las instituciones encargadas de canalizar las demandas ciudadanas y representar al conjunto social, la deliberación política se trasladará a las calles, y la presión social será la que dirima, en última instancia, los conflictos.

Surge la pregunta de hasta dónde es posible que el reconocimiento de la diversidad cultural amenace la integración política. El riesgo es que si la inclusión no es tolerante, nuestros países pueden ser testigos de secesiones internas o formas de violencia colectiva como manera de responder a la intolerancia de los gobiernos.

Las tensiones que surgen de una dinámica delegativa u autoritaria van a disminuir en tanto la política en la región pueda representar los intereses. Ello conlleva una seria reforma a los partidos políticos. Este es un tema central de la agenda política, en efecto, un 35,2% consideró que hay que reformar los partidos políticos, la opinión más alta en la agenda política para el continente18. El desafío es hacer que la democracia pueda funcionar y canalizar las demandas de bienestar y del crecimiento económico.

Estamos en un contexto de fragmentación de los diferentes estados, cada uno con sus propias características, pero siempre con el proyecto de caminar mancomunadamente. Se trata de definir un propósito común, que respete las diversidades culturales de cada uno de los países. Se trata de normar para que las

18 PNUD, 2.004a

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instituciones respondan a la sociedad, quizá instituciones supranacionales, que puedan ser un espacio para desarrollar un bienestar más amplio y reconocido.

Se puede afirmar que estamos delante de una ciudadanía dinámica, participativa y que exige mecanismos institucionales que en la actualidad son insuficientes y no responden a esta nueva estructura participativa. Frente a esto, el ciudadano actúa de manera directa mediante la reivindicación extrainstitucional, mediante los líderes carismáticos, para conseguir sus objetivos en el marco económico, político y social. Además de ello debate cuál es la hegemonía que lo puede orientar al continente en el siglo XXI.

Por ello se propone un proceso de “normalización” de las instituciones, aludiendo con ello a la adecuación institucional, sin que por ello se ponga en riesgo a la propia democracia. Una democracia madura supone, por lo tanto ciudadanos activos, e instituciones adaptadas a esta participación.

d) Bajo perfil de las instituciones políticas

Serie de tiempo confianza en Instituciones 1.999 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Iglesia 76 74 78 77 72 71 62 71 71 71Televisión 50 46 45 42 49 45 36 38 44 64Presidente - 39 38 39 30 - 31 36 43 47Fuerzas Armadas 41 42 38 43 38 38 30 40 42 44Gobierno - - 28 - - 25 24 30 36 43Empresas Grandes - - - - 36 32 30 42 - -Empresa Privada - - - - - - - - 38 42Municipalidad - - - - 31 32 34 37 - - Bancos - - - - - 36 27 41 39 -Policía 30 36 32 29 30 33 29 37 37 37Sistema Judicial 33 36 32 34 27 25 20 32 31 36Congreso 27 36 27 28 24 23 17 24 28 27Partidos Políticos 20 28 21 20 19 14 11 18 18 22N CASOS 18.719 17.767 17.739 18.038 18.135 18.522 18.658 19.607 20.209 20.234

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Fuente: Latinobarómetro 1996-2006

Cabe destacar que en el año 2.006 la mayor parte de las instituciones presentan un aumento de confianza (con excepción de la Iglesia, la policía y el congreso), especialmente la televisión que aumenta desde 1.996 de un 50% pasando por el punto más bajo en el 2.003 con un 36% subiendo al 44% en 2.005, para aumentar 20 puntos entre el 2.005 y 2.006 llegando al 64%. Es posible que este aumento tenga que ver con los 11 procesos electorales que han tenido lugar en el continente latinoamericano.

Sin embargo, cabe destacar que la televisión es el medio más usado de información. Nuevamente surge el tema de la visibilidad y de la institucionalidad que para por los medios.

Sobre el Congreso, se constata que ha existido una consolidación de esta institución como indispensable para la democracia. Esto se observa, sobre todo en Uruguay, Costa Rica, Argentina y república dominicana (más del 70%). En Venezuela, Chile, Nicaragua y Honduras hay cerca de un 60%, mientras que en Bolivia, Ecuador, Paraguay y Panamá el porcentaje cae por debajo del 50%. Bolivia, Ecuador y Paraguay son los tres países donde el congreso goza de la menor legitimidad, y coincide en que en dos de ellos (Bolivia y Ecuador) se ha dado un proceso de alternancia de las elites no exento de dificultades e inestabilidad.

Sobre los partidos políticos, se observa una situación similar a la del congreso, de bajos niveles y baja evolución. En 1.997 era de un 62%, cae con la crisis económica de los años 2.001 a 49% para volver a 55% en el 2.00619.

La tendencia descendente de la apreciación de los partidos políticos experimenta un cambio en el 2.005-2.006 lo que confirma una tendencia ascendente desde el 2.001. Estos resultados van contra la opinión de que los partidos políticos no tenían salida. Sin duda los procesos electorales tienen un efecto positivo sobre esta institución. Los países donde menos legitimidad encontramos son: Paraguay, Panamá, Brasil, Bolivia y Ecuador (menos del 50%).

Si se realiza un cálculo por ciudadano que dicen que ambas instituciones no son necesarias para la democracia, se dan resultados similares a los anteriores: Ecuador (39%), Panamá(31%), Paraguay (27%), Colombia (27%) y Brasil (26%)20.

Costa Rica aparece como el país que mayor legitimidad otorga a ambas instituciones, solemnte un 9% considera que la democracia no requiere de ambas instituciones.

En referencia al desempeño del congreso, se observa una evaluación negativa. Solamente 4 de cada 10 latinoamericanos consideran que el desempeño del congreso es

19 Latinobarómetro, 2.00620 Latinobarómetro, 2.006

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buena (41%). Solamente en 4 países, más de la mitad de la población aprueba el desmpeño: República Dominicana (63%), Venezuela (59%), Uruguay (58%) y Colombia (56%). El país que peor evalúa el congreso es Ecuador con un 9%21.

Los partidos políticos han ido perdiendo poder en la región. En la evaluación de su desempeño solamente un tercio de la población la califica como buena y en todos los países logra una evaluación positiva inferior al 50%. Ni siquiera en México o Ecuador, donde son nombrados en segundo lugar como los más poderosos del país, logran una mejor calificación. Los países que mejor califican el desempeño de sus partidos son: Venezuela (44%), Uruguay (44%), República Dominicana (40%) y Colombia (40%), mientras que los que peor califican a los partidos políticos son Ecuador (9%) y Argentina (15%)22.

En cuanto al poder judicial, se puede observar también un desempeño deficitario. Un 38% lo califica de bueno y solamente en 5 países más de la mitad de la población tiene esta opinión (Uruguay, República Dominicana, Brasil, Colombia y Venezuela). En Ecuador, país con la menor aprobación solamente un 10% le otorga una calificación buena. Curiosamente Chile aprueba el poder judicial solamente en un 27% y Perú en un 21%23.

Los empresarios sacan una mejor nota en Latinoamérica con un 47% de aprobación. En seis países las evaluaciones son positivas alcanzando a más de la mitad de la población (República Dominicana, Colombia, Panamá, Brasil, Costa Rica y Venezuela). Ecuador presenta la peor evaluación con 22%, Argentina 37%, El Salvador 37% y Paraguay 41%24.

Haciendo un cuadro general, tenemos que dentro del ránking de satisfacción: la democracia 38%, el Gobierno 54%, Empresarios 47%, congreso 41%, Poder Judicial 38% y partidos políticos 29%25

3. Hacia una nueva arquitectura institucional

a) ¿Hacia un nuevo pacto social?

El nuevo Pacto Social hace a la democracia, a cómo concebimos nuestro manejo de los recursos naturales, hace al tema de la tierra, hace a esa cuestión fundamental de la República unitaria o si se pueden encontrar caminos hacia el federalismo o las autonomías o a la profundización de la descentralización o a la regionalización. Es decir, cómo nos concebimos conviviendo entre regiones, entre ciudadanos, en función de los recursos que tenemos y cuál es nuestro modelo democrático.

21 Latinobarómetro, 2.00622 Latinobarómetro, 2.00623 Latinobarómetro, 2.00624 Latinobarómetro, 2.00625 Latinobarómetro, 2.006

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A las anteriores consideraciones sobre la crisis económica, política y social, que se encuentran en las causas del proceso de cambio, habría que añadir una crisis ética en la convivencia social: muchos valores sociales son seriamente cuestionados, la autoridad de la ley no se aplica a todos ni en todas las circunstancias, y existen actitudes perversas en la actividad social, como son las de racismo, xenofobia, fanatismos, corrupción y exclusión.

Los filósofos y seguidores de la escuela del Contrato Social solían usar esta expresión para señalar una suerte de acuerdo al que llegan los individuos que componen una sociedad para salir de su estado de naturaleza –inconveniente para su desarrollo social– y así arribar a una forma de convivencia en la que el poder, sometido a la ley, se coloca al servicio de la paz, el orden y el respeto a las prerrogativas de todos. Se trata, por lo tanto de encontrar caminos para que la sociedad recupere su calidad ética de equidad y justicia, extendida no solamente al ámbito económico y político, sino también social e institucional.

La historia ha mostrado que, en muchos casos, muchas de las instituciones del Estado, sea por el manejo discrecional que se hizo de ellas o por su insuficiencia estructural, no han conseguido generar una dinámica de legalidad y justicia social.

b) Hacia una nueva forma de hacer política

El ejercicio del gobierno debe mostrar que lo político puede servir a lo social y no simplemente servirse de la sociedad para sus propios fines. La forma de hacer política debe alejarse de concepciones tradicionales en las que la participación política se circunscribe a la simple formalidad de la participación electoral y la militancia partidaria. La nueva forma de hacer política debe concebir a un ciudadano más crítico, más participativo, más exigente con sus representantes. Quizá todo ello nos lleve a pensar en la posibilidad de un “pacto democrático”26. Ello delante de la exigencia de una mayor capacidad ciudadana de participación y gestión en los asuntos públicos.

Por otro lado, el sistema político parece tender a abandonar las viejas prácticas que convirtieron a la participación política ciudadana en una acción restringida al simple voto electoral, cada período de ejercicio de gobierno. Se avecina un poder político más abierto y flexible, con un sustento en las organizaciones sociales y populares.

Finalmente, la plurinacionalidad o la multiculturalidad, comienza a estructurarse en torno a una arquitectura institucional que comienza a valorar la diversidad y considerarla una fortaleza, más que una amenaza a la unidad de la Nación. Muchos de los odios y discriminaciones sociales, representan prácticas de mucho tiempo atrás, y exigen en el momento presente un profundo cambio de actitud. Indudablemente que si esto afecta los derechos adquiridos de muchos grupos de poder, el proceso de cambio exigirá profundas renuncias y pérdida de una hegemonía política y económica.

26 Fernando Mayorga.

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c) Reformas en la función pública y en la estructura institucional del estado

Una de las ocupaciones laborales más dignas e importantes en la vida política y social de cualquier país, es la que desempeñan los que trabajan cotidianamente en la administración pública del Estado. En efecto, a través de ellos, una de las finalidades esenciales del Estado, la de cuidar y velar por el bien común, puede desarrollarse prestando una adecuada atención a las necesidades ciudadanas. Así, la administración pública responde a un Estado moderno en el que las responsabilidades y trabajos del mismo se han visto acrecentados debiendo prestar una serie de servicios necesarios para el adecuado funcionamiento del Estado y el desarrollo social.

Dada la importancia de esta administración, en muchos Estados se ha optado por otorgar la máxima exigencia a la selección y admisión de los candidatos a dicha administración. En este sentido, los nuevos funcionarios de la administración son sometidos a rigurosos exámenes de competencia, y una vez llegados a integrar el aparato administrativo del Estado, son concientes que forman parte de la marcha del Estado, y de un cuerpo de funcionarios que consolidan y permiten la misma continuidad de la Nación. Al mismo tiempo, dichos funcionarios reciben una formación sólida y exigente, que les permita el mejor ejercicio de las funciones que le toque desempeñar.

Existen procesos importantes para dar mayor estabilidad y calidad a la administración pública. Ello también busca que los funcionarios sean elegidos por sus méritos y desarrollen su actividad sin temor de ser despedidos cuando cambie el Gobierno de turno. Sin embargo, las malas prácticas con la Administración Pública continúan vigentes.

d) El desafío de la apertura y la transformación

Por ello, el sistema político está frente al desafío del cambio. Pero este cambio no solamente debe reflejarse en la arquitectura institucional, sino en las personas que sepan llevar estas instituciones a este objetivo. Al fin y al cabo, el viejo adagio dice: “la palabra conmueve; el ejemplo convence”. Por ello, a la hora de trazar reformas es necesario que se cuente con el elemento humano que pueda llevarlas a cabo. La reforma debe partir del propio ejemplo que los dirigentes democráticamente elegidos puedan dar a partir de sus propias conductas. Las reformas en el papel no serán completamente creíbles si no se dan las señales concretas que hagan ver a los ciudadanos que la clase política ha cambiado su manera de actuar y refleja, en sus acciones, esta nueva manera de hacer política.

Los planteamientos de reforma del sistema político van desde las propuestas graduales y constitucionales, hasta las más radicales que plantean una total recomposición del sistema político utilizando el mecanismo de una refundación republicana a partir de una Asamblea Constituyente. Las perspectivas futuras de cada una de estas alternativas dependerán en alto grado de la capacidad del sistema político

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de mostrar efectivamente su voluntad de transformación y adecuación a los nuevos desafíos que la sociedad le va planteando. Al fin y al cabo, muchas de las propuestas radicales de transformación y readecuación del sistema político parten de la sospecha sobre la incapacidad de la actual clase política para llevar adelante este cambio necesario.

e) Institucionalidad globalizada

El panorama internacional muestra la existencia de grandes y profundos problemas: la pobreza que afecta a millones de ciudadanos, la violencia, el terrorismo, las enfermedades, la falta del acceso a la educación, la pérdida de dignidad humana, el abuso y la prepotencia de los más fuertes, las grandes migraciones, los refugiados. Todos estos son problemas que exigen una mirada global, desde una participación efectiva de todos los Estados que formamos parte de este planeta.

En este sentido, las Naciones Unidas nacieron como un foro que garantice la paz y la asistencia humanitaria en las regiones más deprimidas del planeta. Poco a poco su labor se fue extendiendo al trabajo por el respeto a los derechos humanos, a proteger el medio ambiente, la lucha contra las enfermedades y la pobreza, en la realización de grandes campañas contra las drogas y el terrorismo. Sin olvidar el servicio que se presta a los refugiados, la remoción de minas terrestres, y la lucha contra el SIDA.

Todavía son muchos los desafíos que la ONU debe enfrentar. Entre ellos, quizá el más importante, es el de constituirse en un espacio político para la generación de una dinámica de cooperación, negociación y construcción de un mundo más justo. Son todavía muchas las asimetrías y las desigualdades que separan muchos Estados. Si no se tiene una instancia reguladora de las relaciones internaciones, la tentación en la que cayeron las grandes potencias, es la de construir un mundo a imagen y semejanza de ellas mismas.

Reflexiones finales

Para Pablo César Groux, la democracia es un régimen de gobierno que se transforma de manera permanente. Esta transformación expresa una actitud política de las sociedades y las diversas instituciones que las componen. Esta dinámica muestra también el nivel de interés de los ciudadanos en la actividad política y finalmente, mediante este proceso de transformación, se satisfacen las demandas de los actores políticos y se enmarca el sistema en un proceso de cambio necesario para su perfeccionamiento. La democracia, dentro de esta concepción, no es una estructura estática sino dinámica.

El reto político en la región es la institucionalización de las fuerzas políticas y la “formalización” de la participación ciudadana. Se trata de promover la cultura política democrática, que se arraigue profundamente para facilitar la gobernanza, respetar las

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diferencias identitarias y culturales, y canalizar efectivamente las demandas ciudadanas. Al parecer hay una especie de participación fuera de los canales institucionales crónica.

Existe una diversidad de organizaciones que hacen política, con diversos grados de adhesión a los sistemas políticos vigentes, pero que el objetivo que buscan es precisamente cambiar las estructuras en los países del continente. Allí están organizaciones como el MAS en Bolivia, que accede al poder por la vía electoral; mientras que otras como los zapatistas en México buscan “redes de resistencia y autonomía” para instaurar una vía alternativa a la electoral calificada como posracista y poscolonial. Existen otras opciones, como los piqueteros en Argentina y los Sin Tierra (MST) en Brasil, sobre los que se ha desatado un debate en torno a su actuación dentro de los marcos políticos pero con vocaciones diferenciadas para hacer el cambio.

Se puede plantear que existen dos formas de gobierno que se van institucionalizando: democracias delegativas en vías de institucionalización (Venezuela, Argentina, Colombia, Bolivia) y democracias institucionalizadas en proceso de reforma (Brasil, Uruguay, México y Chile).

La delegación supone la personalización del poder en una figura de liderazgo y de carisma o paternal. Sin embargo dentro de este marco la ideología puede jugar un papel destacado. Así puede ser más cercana a la derecha (Colombia), más hacia la izquierda (Venezuela), más étnica-indígena (Bolivia). Pero, sin duda el común son las figuras en el poder que encarnan estas corrientes: Uribe, Chávez, Morales.

La democracia institucional debe caracterizarse por la presencia menos saliente de la figura presidencial y la existencia de sólidos sistemas de partidos y mecanismos de balance institucional.

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LA INVOCACIÓN DE LO PÚBLICO Y LA RECUPERACIÓN DE LA POLÍTICA

Por Fernán E. González

Introducción

En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de compartir con ustedes mis reflexiones e inquietudes en torno a la invocación del concepto de lo público, que me ha permitido regresar a la discusión de un tema que trabajamos en el CINEP años atrás. Y presentar mis excusas porque, debido a ese alejamiento del tema, mis planteamientos talvez no recojan algunos de los más recientes sobre esta problemática. Y también porque mi perspectiva parte de nuestras reflexiones sobre el caso particular de Colombia, cuya problemática se distancia en muchos aspectos de la situación de otros países del continente. Sin embargo, espero que estas limitaciones no obsten para poderles ofrecer algunos puntos de reflexión útiles para este proceso de construcción de una metodología de formación política.

En ese sentido, mi intervención parte del uso que hicimos del concepto de lo público en investigaciones realizadas tiempo atrás en el CINEP, que asumimos como punto de partida para una reflexión sobre la historia de la construcción de este concepto, sus múltiples significados, el sentido que tiene su uso para la situación de América Latina, las diversas maneras de entender lo político que reflejan los significados que se le otorgan en diferentes coyunturas y las posibilidades que ofrece para la recuperación de la dimensión política en nuestras tareas.

Mi acercamiento inicial a “lo público” arranca del proceso de investigación interdisciplinar, realizado en el CINEP, entre los años 1989 y 1993, que hizo parte de una reflexión sobre la violencia y la paz en los países andinos, liderado por el P. Felipe Mc Gregor: este acercamiento fue recogido en varias publicaciones de esos años27. En una ponencia para el VI Congreso de Antropología28, que recogía las líneas generales de una investigación interdisciplinar realizada por el equipo Conflicto Social y Violencia del CINEP29, señalaba cómo la tendencia a la solución privada y violenta de los conflictos podía mirarse como la contrapartida de la inexistencia o precariedad de un ámbito público de solución de las tensiones sociales. Así, se decía que las diferentes violencias tenían siempre un referente político común: la no aceptación del Estado como detentador del monopolio de la fuerza, como tercero en discordia en medio de los conflictos de la sociedad. Esto implicaba que los límites entre lo privado y lo público se hacían muy difusos, pues acudir a formas de

27 Cfr. “La violencia política y las dificultades de la construcción de lo público en Colombia: una mirada de larga duración”, en Carlos Figueroa Ibarra, América Latina. Violencia y miseria en el crepúsculo del siglo, Universidad Autónoma de Puebla y Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, México, 1996.28 "Espacio público y violencias privadas", en Myriam Jimeno (Comp.), Conflicto Social y Violencia. Notas para una discusión, Memorias del VI Congreso de Antropología, ICAN-IFEA, Bogotá, 1993.29 Colombia: conflicto social y Violencia, 1980-1988. Temas para una investigación, Documentos ocasionales No.48, CINEP, Bogotá, 1988.

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justicia privada u organizar grupos de guerrilla o de paramilitares suponen asumir una función pública y desconocer el monopolio estatal de la fuerza.

Esa afirmación un tanto tautológica nos llevaba a emprender una reflexión de largo plazo sobre las relaciones entre la Sociedad y el Estado en Colombia, a partir de los procesos de poblamiento, de configuración de los distintos tipos de cohesión social y política, relacionadas siempre con los procesos de construcción de las instituciones nacionales y expresadas en los imaginarios políticos, desde los cuales se perciben, juzgan y valoran los acontecimientos de la vida política. En esa reflexión sobre las relaciones entre Estado y Sociedad se decía que la llamada precariedad del Estado expresaba cierta renuencia de la sociedad para verse y sentirse expresada en y por el Estado30 y se traducía en la debilidad de las instituciones estatales de corte moderno, como aparece en la inoperancia de la justicia y la dificultad de instaurar eficazmente una carrera administrativa. La contraparte de esta inoperancia es una sociedad abandonada a sus propias fuerzas, que solo exige la presencia del Estado como dispensador de servicios y creador de infraestructura, pero le niega el carácter regulador de la convivencia ciudadana y de la vida económica de la nación. De ahí que la afirmación de la inexistencia del ámbito público y de la precariedad del Estado nos obligaba a una reflexión sobre el funcionamiento de la sociedad donde se generaba ese Estado, que lo conforma de cierta manera y luego se niega a verse reflejada en él: Estado y régimen político no son entidades autónomas e independientes, sino que de alguna manera responden a la sociedad que lo conforma.

Para esta reflexión, intentábamos acercarnos a una mirada comparativa de nuestro proceso con relación al desarrollo político y social de Occidente, apoyándonos en autores como Norbert Elias y Charles Tilly. Para Norbert Elias, la separación entre lo público y lo privado está ligada al surgimiento del Estado en Occidente y al autocontrol de los individuos sobre sus impulsos y emociones: para este autor31, el proceso civilizatorio de Occidente y el surgimiento de la autoconciencia individual supone que las funciones de protección y control sobre los individuos pasan de grupos endógenos (clanes familiares, comunidades rurales, latifundios, gremios y grupos étnicos) pasan a ser ejecutadas por agrupaciones estatales, de carácter urbano y centralizado. En esta transición, los individuos salen de grupos locales y reducidos de protección, empiezan a depender más de sí mismos y aumentan su movilidad social y espacial. Esto afecta su seguridad básica y la cohesión interna de sus grupos e implica una creciente separación entre lo público y lo privado, lo mismo que una progresiva diferenciación del individuo frente a sus grupos de control: familia, clan, vecindario, grupo étnico, etc. A este proceso global de diferenciación e integración sociales, en el que la sociedad va perfeccionando su control

30 Una idea que Daniel Pécaut ha subrayado reiteradamente en varios de sus trabajos sobre la violencia colombiana: cfr. Daniel Pécaut, 2001, “Colombia: Violencia y Democracia”, reproducido en su libro Guerra contra la sociedad, contra Editorial Planeta Colombiana, Bogotá, p, 17, 27-34; 2001, “Pasado, presente y futuro de la violencia”, Ibídem, p. 117; 2001, “Populismo imposible y Violencia”, Ibídem, p.55.31 Norbert Elias, El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, Fondo de Cultura económico, México, 1987, y La Sociedad de los individuos, Ed. Península, Barcelona, 1990.

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sobre las condiciones necesarias para su supervivencia y organización interna, corresponde una dimensión subjetiva: ella se expresa en el surgimiento de modelos de autocontrol y autorregulación cada vez más estrictos, que cubren a un mayor número de personas y penetran en la estructura psíquica de los individuos.

Esta autorregulación se expresa, por ejemplo, en el uso generalizado del reloj, que permite sincronizar y coordinar las actividades de individuos y grupos por medio de la aceptación de una medida común de tiempo. Lo mismo ocurre con la dimensión espacial por medio de la obediencia a las señales de tráfico, semáforos y normas de regulación urbana. Y con la aceptación de la necesidad de obedecer a la ley, como norma impersonal y objetiva, que regula la interacción de los individuos. Todas estas regulaciones introyectadas simbolizan la pertenencia a una sociedad mayor, donde se articulan las actividades individuales. El contraste de estos ejemplos con las realidades concretas de nuestras sociedades evidencia lo lejos que estamos de aceptar estas autorregulaciones y el control estatal del espacio y tiempo en el que nos movemos. La impuntualidad generalizada, la no observancia de las normas de tráfico, la permisividad frente al contrabando y la evasión fiscal, la desconfianza frente a los aparatos de justicia, la manera como se urbanizaron nuestras ciudades, expresan la no aceptación de un espacio público al cual se articulen nuestros espacios privados.

Esta idea sobre la no existencia de lo público en Colombia como contexto de la violencia reciente nos condujo a la necesidad de reflexionar sobre el origen y el uso de esta categoría, en relación con los procesos de construcción de los Estados nacionales europeos, particularmente de los casos de Inglaterra y Francia de donde se abstraen la mayor parte de los conceptos que usamos para el análisis de nuestras realidades políticos, para establecer puntos de comparación con el desarrollo de los Estados nacionales de América Latina en general y con el caso colombiano en particular32. Obviamente, esta comparación nos llevó a interrogarnos sobre la manera como las conceptualizaciones e instituciones políticas abstraídas de los procesos de construcción de países como Francia e Inglaterra se insertaban en realidades históricas diferentes. En ese sentido, nos fueron útiles los análisis de Charles Tilly sobre la historia comparada de los Estados europeos y los estudios de Fernando Escalante y François- Xavier Guerra sobre el trasplante de instituciones de corte liberal a la realidad mexicana.

El origen y uso del concepto de “lo público”

Según algunos autores, como Nora Rabonikof33, el concepto de lo público recoge dos líneas de reflexión: la recuperación idealizada de la polis griega y el proceso de construcción del Estado nacional en Occidente, que han sido el objeto de la reflexión occidental sobre la política (Renacimiento, Hannah Arendt, Habermas) y en las

32 Estos análisis están recogidos en nuestro libro, Fernán González, Ingrid Bolívar y Teófilo Vásquez, Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado, CINEP, Bogotá.33 Nora Rabonikof, 1993, “Lo público y sus problemas: notas para una reconsideración”. En Revista Internacional de Filosofía Política, No. 2, noviembre de 1993., No. 2, noviembre de 1993, pp. 76-78

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normatividades modernas del espacio público. Para Hannah Arendt, la democracia griega se basaba en una clara separación entre lo privado y lo público, entre la esfera doméstica y económica del oikos y la esfera política de la polis, el espacio de la deliberación y participación de los ciudadanos libres (el zoon politikon de Aristóteles) para la resolución de problemas comunes y la defensa de la comunidad política. Siguiendo a Herodoto, Arendt considera que las ciudades- estado de Grecia tenían una organización política sin división entre gobernantes y gobernados, al margen de todo poder, lo que se expresaba en el vocablo de “isonomía”. Pero esta isonomía solo significaba la igualdad dentro del marco de la ley pero no la igualdad de condiciones, pues la esfera política estaba abierta solamente a los varones, con propiedad y esclavos34. De esa conceptualización se derivan tres sentidos básicos de lo público: lo colectivo, lo que concierne a todos; lo visible y manifiesto, que se discute a la luz del día y no en la oscuridad y privacidad del hogar doméstico; y lo de uso común, disponible para todos los miembros de la comunidad política, el demos.

A estos sentidos se fueron añadiendo otros rasgos como cierta imagen espacial, simbolizada en el ágora y la plaza pública, que suponía una reorganización del espacio social, el predominio de la argumentación racional y de la palabra para la persuasión de los otros; la constitución de una identidad común para los moradores de ese espacio público; la igualdad ciudadana ante la ley-isonomía, que lleva a la necesidad de ley escrita, de carácter racional, previamente conocida. Esto apuntaba tanto a la neutralización del arbitrio personal como el recurso a la divinidad: la norma no depende de conocimientos secretos de iniciados ni de recurso a los misterios divinos. Y la idea del control público del magistrado, que tiene responsabilidad ante el público35.

Estos rasgos ya se acercan a nuestra concepción de lo público, que aparece íntimamente ligada a los procesos de construcción del Estado en Occidente y del desarrollo de la economía del mercado, que profundiza aún más la separación público/privado. En este proceso juega un papel importante la reforma protestante, cuyo libre examen de la Biblia implica una privatización de la conciencia, lo mismo que la ruptura del régimen de cristiandad basado teóricamente en la tutela del Papa y el Emperador, con el surgimiento de los Estados nacionales: las guerras de Religión conducen a la necesidad de la secularización del poder político, por medio de la institucionalización de dos órdenes claramente separados: la autoridad política queda en manos del monarca y las creencias religiosas y opiniones morales quedan relegadas al ámbito privado de la conciencia individual. A esta secularización se añade la escisión entre los bienes del soberano y el presupuesto público del Estado, que muestran la

34 Hannah Arendt, 1965, Sobre la revolución, Madrid, Alianza editorial, 1965, pp. 30-32 y 1993, La condición humana, Barcelona, Buenos Aires, México, Ediciones Paidós, especialmente el capítulo II, “La esfera pública y la privada”, pp. 37-95. Cfr el comentario de Norbert Lechner, 1992, “¿La política debe y puede representar lo social?”, en Mario Dos Santos (coordinador), 2002, ¿Qué queda de la representación política?, Caracas, CLACSO, Editorial Nueva Sociedad, p. 135.35 Estos apartes han sido elaborados a partir de los trabajos de Nora. Rabonikof, 1993, “Lo público y sus problemas: notas para una reconsideración”, en Revista Internacional de Filosofía Política, # 2, noviembre 1993 y “El espacio público: variaciones en torno a un concepto”, en Varios, 1995, La tenacidad de la política, México, UNAM, pp, 49-67.

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separación entre la persona del monarca y el Estado nacional; además, la burocratización del poder y la profesionalización del ejército suponen la expropiación del poder político y militar, de carácter privado, de los señores feudales.

Esta separación se profundiza con el reclutamiento masivo en la Revolución francesa, que tiene como consecuencias el fortalecimiento del fisco y de la consiguiente administración pública, lo mismo que la ampliación de la ciudadanía. Por otra parte, las negociaciones de los monarcas frente a los señores feudales y las oligarquías urbanas habían ido produciendo el desarrollo de parlamentos y representaciones estamentales; esta tendencia se fortalecería con el desarrollo de la burguesía, a partir de los grupos de comerciantes y artesanos36.

Estas transformaciones van produciendo la progresiva diferenciación del Estado frente a la sociedad civil: se piensa ya en un poder público separado de los individuos que lo ejercen, una entidad abstracta y reconocible por todos que encarna “lo común”. Pero ese poder público no expresa lo manifiesto, pues las decisiones políticas se toman en secreto y en privado, sin ninguna deliberación pública: se habla así de “razón de Estado” y “secreto de Estado”. Desde el punto de vista económico, el Mercantilismo profundiza la separación entre la esfera privada del mercado, que reemplaza al oikos, y la esfera pública, que regula el intercambio y la producción, al tiempo que genera condiciones para el desarrollo del mercado.

Esta situación se va a modificar con la Ilustración en los siglos XVII y XVIII, que introduce cambios profundos en la relación entre individuos, grupos, comunidades y Estado: en la progresiva diferenciación entre Estado, comunidad e individuos, empieza a aparecer lo público como lo manifiesto y lo sujeto a la deliberación común. Así, en Inglaterra primero y Francia después, va surgiendo la voz de los de “abajo” contra los abusos del poder autocrático del monarca: lo común no se identifica ya con el Estado, que se sustrae a la publicidad apelando a la razón de Estado, sino a lo social como conjunto de individuos; se contrapone el interés público de ese conjunto al interés estatal del gobernante autócrata. Aparecen las primeras tendencias de un naciente liberalismo mezclado con tendencias republicanas y va surgiendo la idea de interés público como suma de intereses individuales: se recupera la idea del deber social, pero ahora se lo mira desde los individuos. Es una concepción individualista de la totalidad social, basada en el conjunto de individuos, lo que significa una ruptura con el corporativismo medieval.

A estos cambios se corresponde la aparición de dos formas contrapuestas de concebir el bien público: algunos lo piensan como bienestar general del Estado (razón de Estado, que adopta un programa económico racional que apela al interés de la sociedad como conjunto de intereses particulares y a la razón público-estatal, que lo representa), mientras que otros lo conciben como el bien común basado en el bienestar de los privados (interés público popular- burguesía, que busca la participación de los particulares 36 Charles Tilly, (1992): Coerción, capital y los Estados europeos, 900-1900, Madrid, Alianza editorial y (1993): “Cambio social y revolución en Europa, 1492-1992”, en Revista Historia Social, no, 15, Invierno 1993.

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en asuntos de interés público). En esta segunda acepción, se empieza a concebir lo público colectivo como ámbito orgánico independiente de los sujetos que lo componen, un colectivo de conciencias y voluntades.

Así aparece la dimensión de lo público como lo manifiesto, pero siguiendo caminos diferentes según la conformación social de países, su representación política y su grado de autoconciencia: en el caso de Inglaterra, la temprana parlamentarización, el desarrollo de prensa y el surgimiento de elementos del Estado de derecho va dando origen a la llamada “opinión pública”, que controvierte y controla al gobierno, que se expresa en reuniones públicas (public meetings) y asociaciones locales que dan base a los partidos como representantes de lo público. Obviamente, son partidos de corte oligárquico, basados en el voto censitario de los propietarios, bastante restringido, con prácticas corruptas (como el llamado “barril de puercos”). En el caso de Francia, la discusión pública permanece restringida a los círculos literarios y filosóficos y se desarrolla secretamente para evadir la censura estatal; solo en la Revolución Francesa, aparece ya la opinión pública institucionalizada a lo Saint Just y la democracia plebiscitaria de jacobinos y sans culottes, con participación en la vida colectiva. Esta concepción restringida de lo público se irá ampliando paulatinamente con la introducción del sufragio universal y la consiguiente aparición de los partidos de masas, la irrupción del proletariado en la escena política, la ampliación de la vida ciudadana. Por su parte, el marxismo introducirá la crítica a la pretensión de interés universal de la burguesía y denunciará a lo público estatal como instrumento de la dominación del capital.

A partir del siglo XVIII, se puede entonces hablar de una esfera de lo público como ejercicio colectivo del raciocinio y la argumentación en espacios abiertos a la participación: se abre la posibilidad de integración social normativa, que neutraliza o articula las perspectivas de perspectivas particulares en función del interés general. Lo común aparece construido a partir del interés global de los individuos, que buscan normas generales que les otorguen garantías públicas y constituye una esfera accesible a las personas libres de coerción económica y política, que se supone representan el interés general de la sociedad. Aparece consagrado el principio de publicidad: todo se discute a la luz del día contra el secreto de Estado y las normas generales se legitiman por el razonamiento racional del público.

Para algunos, como Reinhart Kosselek37, este significado de lo público como crítica moral de la política lleva a la crisis de la política pues actualiza el fantasma de la guerra de todos contra todos, que se había evitado al neutralizar las diferencias morales y religiosas que habían conducido a las guerras de religión. Para él, la introducción de la búsqueda de la verdad por medio de la argumentación pública inicia el camino de la disolución de la soberanía estatal. En contraste con esta posición, el principio de publicidad kantiana veía en la crítica ética de la política no el origen de una crisis sino el

37 Reinhart Kosselek, 1985, Critique and crisis. Enlightment and the Pathogenesis of modern society, MIT, Cambridge, Mass.

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intento de la Ilustración por la racionalización del poder. Esta reversión de la concepción hobbesiana del poder llevaría a varias tendencias: en la tradición liberal, conduciría a la racionalización de la política por medio de restricciones normativas basada en los derechos; en la tradición libertaria, llevaría a la extinción del poder estatal y su disolución en la sociedad civil; y en la revolucionaria, a la pretensión de crear un nuevo poder. Más modernamente, Habermas volverá a retomar el concepto de espacio público como ámbito de formación de opinión colectiva basada en la argumentación38.

Por su parte, Pierre Rossanvallon también opina que la crítica de la política anulaba la distinción clara entre lo público y lo privado, elemento clave del mundo moderno, basado en la autonomía y la laicización de la política: no se acepta ya el carácter opaco de un Estado cerrado sobre sí mismo, con una racionalidad propia y autónoma. Para este autor, la introducción del carácter público de los actos del gobierno, que acompañó la aparición de los gobiernos representativos, produjo una revolución de las formas del Estado: este desarrollo de la sociedad política establece la representación de lo público como solución y como problema39.

El supuesto básico de esta evolución conceptual se concentra en la discusión sobre la diferenciación entre sociedad civil y Estado: las constituciones de corte liberal incorporan los derechos básicos fundamentales básicos y consagran la dicotomía público/privado en el ámbito socia al reconocer las instituciones y los instrumentos del público (libertad de prensa, asociación y opinión), su expresión política (sufragio), la autonomía de la esfera privada, las libertades civiles con los derechos y garantías individuales y las libertades económicas (contratos, trabajo, herencia, propiedad). Esta separación entre lo público y lo privado ha venido siendo cuestionada por algunos movimientos sociales como algunos movimientos feministas y ecológicos: para algunos de ellos, esa distinción contribuye a ocultar los mecanismos claves de la dominación masculina en la sociedad. Además, para algunos, la transición del Estado liberal de derecho al Estado social supone una cierta dislocación de los límites entre sociedad civil y Estado, entre lo privado y lo público, que ha llevado a algunos a hablar de “publificación” de lo privado y de privatización de lo público, “socialización” del Estado y “estatalización” de la sociedad: la ampliación de las funciones interventoras del Estado en la vida económica y social, la penetración de organizaciones privadas en el ámbito estatal y la delegación neoliberal de funciones estatales a entidades privadas explicitan esas tendencias. Además, como señala Nora Rabonikof, el fortalecimiento de la administración tecnocrática, que reclama una autonomía decisoria basada en razones técnicas, junto con la complejización y profesionalización de las funciones del Estado, vuelven a plantear, de

38 Jürgen Habermas, 1981, Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la opinión pública, Gustavo Gili editores, Barcelona. Cfr, Guillermo Hoyos, 1995, “Ética discursiva, derecho y democracia”, en Cristina Motta, compiladora, Ética y conflicto. Lecturas para una transición democrática, Tercer Mundo editores y Ediciones Uniandes, Bogotá.39 Pierre Rossanvallon, 1992, “La representación difícil (Reflexiones sobre el caso francés”, en Mario Dos Santos, coordinador, 1992, ¿Qué queda de la representación política?, Caracas, CLACSO y Editorial Nueva Sociedad, pp. 93-95.

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manera más sofisticada, el regreso al secreto de Estado contra el principio kantiano de publicidad40.

La apelación a lo público en América Latina: entre la crisis del Estado y la invocación a la Sociedad civil

El recorrido histórico realizado hasta aquí hace evidente que el significado de lo público no es unívoco, sino análogo: no significa lo mismo en todas partes y va variando en diferentes épocas históricas. Por eso, Nora Rabonikof se interroga sobre el sentido que tiene la apelación a la dimensión pública en la coyuntura actual de América Latina: según ella, la invocación a la esfera pública parece estar asociada con el agotamiento del modelo estadocéntrico y la conciencia de la ingenuidad de un llamado abstracto a la "sociedad civil"41; en ese sentido, la invocación a lo público tiende a expresar cierto desconcierto frente a las categorías heredadas sobre el sistema político, el Estado, la sociedad civil, la ciudadanía: para ella, el resurgimiento y la “sobrecarga” de la época presente sobre la idea de “espacio público” expresa “las esperanzas y desconciertos en las formas de percibir y pensar la política”. La pérdida de centralidad del Estado como referente simbólico y la eclosión de reivindicaciones e identidades fragmentadas, sin referente general, producidas por el desplazamiento al concepto de “sociedad civil, condujo a reivindicar la noción de lo público como respuesta a la necesidad de afirmación de una ciudadanía que superara la tendencia a la fragmentación de las identidades y que reivindicara la pluralidad frente a las pretensiones homogenizante de caracterizaciones unitarias. Para esta autora, la reflexión sobre lo público constituye un referente para imaginar soluciones a la crisis institucional de las sociedades complejas, cuando los Estados-nación dejan de ser un referente común y se presenta una tensión entre la búsqueda de algún tipo de unidad (tradición compartida, unidad de estructura comunicativa) y la pluralidad por ausencia de un centro. Entonces lo público deja ya de identificarse con lo estatal para convertirse en un lugar de redefinición de la ciudadanía, que incorpora elementos de participación y gestión e implica una transformación de la cultura política42.

La crisis de la concepción estadocéntrica, señalada por varios autores, presenta diversas dimensiones y significados: la decadencia del llamado Estado de bienestar en países capitalistas avanzados y las tendencias mundiales hacia la desregulación económica y social, las críticas a la sobrecarga de demandas sobre el Estado por poner en peligro la gobernabilidad, y las tendencias globalizantes significan un desafío a la manera como han sido imaginadas recientemente las funciones de los Estados-Nación. En América Latina, se presentó ligada, en el mediano plazo, al agotamiento del modelo cepalino de sustitución de importaciones y del intervencionismo de Estado que lo acompañaba, la crisis del modelo redistributivo de los Estados de corte populista, los procesos inflacionarios, las recurrentes crisis fiscales y los regímenes militares que frenaban los movimientos populistas y 40 Nora Rabonikof, 1993, o. c., pp. 80-81.41 Nora Rabonikof, 1993, Ibídem....42 Nora Rabonikof, 1995, o. c, pp. 49-51.

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populares. Para Juan Carlos Portantiero, basado en los casos de Brasil y Argentina, el Estado se presentaba como una máquina “prebendalista” que otorgaba privilegios burocráticos a la gran empresa en una especie de “capitalismo asistido”: esto implicaba que parte de los intereses de la sociedad civil existían dentro del Estado, que quedaba así colonizado por intereses privados y perdía su condición de representante de los intereses colectivos. Por otra parte, los gobiernos autoritarios significaron la muerte de los Estados de corte populista y acentuaron los procesos de empobrecimiento, desindustrialización, desempleo, informalización económica y marginalidad urbana. El regreso a la democracia en Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Bolivia y Chile no logró reversar esa situación43. En esta situación, Portantiero propone superar la dicotomía estatal/privado acudiendo, precisamente, a la noción de “lo público” como un espacio que asegure la participación de la sociedad civil en las decisiones que le conciernen, contra un mercado atomizado que favorece a los más poderosos en desmedro de los más débiles. Este fortalecimiento del espacio público no elimina los roles del mercado ni subestima el papel decisorio del Estado sino que busca potenciar la reconstrucción de la sociedad amenazada tanto por el centralismo burocrático como por la mercantilización de las relaciones humanas44.

Más recientemente, la crisis del Estado se ha asociado al rechazo casi general a las políticas de desregulación económica asociadas a la tendencia a la profundización de la globalización y a las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, cuyos resultados distaron mucho de responder a sus diagnósticos; a esto se suma la decepción frente a la incapacidad de las transiciones de la dictadura a la democracia para resolver los problemas de desigualdad y de sentido, junto con la crisis de representatividad y el debilitamiento de los partidos políticos en algunos de nuestros países, representan el contexto para el surgimiento de regímenes y movimientos populistas de segunda generación, con diversidad de signo ideológico45. Curiosamente, Norbert Lechner ya profetizaba, desde el año 1991, la intensificación de movimientos populistas y fundamentalistas si las democracias latinoamericanas no asumían las demandas de comunidad de nuestras sociedades: frente a la carencia de nuevas formas de integración social e identidad colectiva, nuestras sociedades buscan sustitutos en el fundamentalismo religioso o político o en el retorno al populismo. Para este autor, el recelo frente a los partidos políticos y la tendencia hacia formas plebiscitarias, que caracterizan a buena parte del continente, no son solo problemas de diseño institucional sino que son síntomas de una carencia más profunda: la demanda de comunidad, que se nutre tanto de las tradiciones holísticas del pensamiento latinoamericano como de la reacción frente a la amenaza de fragmentación social que la modernización sin modernidad representa para las identidades colectivas. Para Lechner, los rebrotes populistas representan, más allá de la demanda por reivindicaciones redistributivas, la respuesta a la demanda de comunidad perdida: ante la

43 Juan Carlos Portantiero, “La múltiple transformación del Estado latinoamericano”, en Nueva Sociedad, # 104.44 Juan Carlos Portantiero, o. c., pp.93.45 Sobre el contexto de los nuevos populismos, cfr., mi artículo “El retorno de los caudillos en Iberoamérica”, ponencia inédita.

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destrucción de las relaciones tradicionales de solidaridad, la frustración de las expectativas de integración social por la vía del mercado o de la burocracia estatal, se traslada el deseo de comunidad a la revalorización de la democracia46.

Sin embargo, este autor opina que el fortalecimiento de los regímenes presidencialistas, con su privilegio a la capacidad interventora del ejecutivo y la creciente personalización de los gobiernos, favorece el retorno a las prácticas caudillistas y populistas: el protagonismo de la dimensión plebiscitaria de la democracia sobre la representativa transforma al presidente en “una encarnación casi metafísica de la nación”, que es considerado por este autor como causa y efecto de la precaria representatividad de los partidos, incluso en países con sistemas estables de partido como Chile y Costa Rica (la cita original de Lechner incluía entonces el caso de Venezuela). Para el autor, el uso de la categoría de “comunidad” muestra el carácter reactivo que tiene esta demanda frente a la destrucción de viejas estructuras de solidaridad: el deseo difuso de comunidad es considerado por él como un rasgo característico de la cultura política en América Latina, que considera muy problemático para la consolidación de la democracia. Según él, la idea de comunidad privilegia una visión monista de la sociedad, lo que inhibe la expresión de los intereses particulares y la confrontación de alternativas, lo que dificulta el fortalecimiento de la democracia representativa al no valorar la pluralidad pues tiende a ver los procedimientos formales de la democracia más como mecanismos de división que como instrumentos de negociación entre las partes. Además de ser una reacción contra la disgregación social, es “la otra cara de una cultura que concibe la política como una lucha a muerte entre el bien y el mal”, que es llevada al extremo por los regímenes autoritarios. Esta concepción autoritaria hace una “apología del consenso” que rechaza el enfrentamiento y la división, por miedo al conflicto: el deseo de sublimarse en un todo colectivo permite obviar la diferenciación, la oposición y la negociación de intereses distintos. De ahí que Lechner termine preguntándose sobre las posibilidades de los regímenes democráticos, con sus instituciones y procedimientos formales, para responder al anhelo de comunidad que los legitime, ya que recuerda que la democracia no supone una homogeneidad sino una heterogeneidad de la sociedad: no hay que confundir las desigualdades sociales que atentan contra la noción de comunidad con las diferencias justas que la democracia debe respetar y promover47.

Correspondientemente con la crisis del modelo estadocéntrico y la concepción monista de la política, se presenta un llamado generalizado al fortalecimiento de la sociedad civil tanto en América Latina como en la Europa oriental: en América Latina, como muestra Lechner, este llamado empieza a surgir en los años setenta como reacción frente al autoritarismo de los regímenes militares del Cono Sur: se trata no solo de un llamado a la resistencia contra los abusos del régimen sino que se busca crear identidad ciudadana al

46 Norbert Lechner, 1991, “A la búsqueda de la comunidad perdida. Los retos de la democracia en América Latina”, en Revista Internacional de Ciencias Sociales, # 129. UNESCO, septiembre de 1991, pp.576-577.47 Norbert Lechner, 1991, “A la búsqueda de la comunidad perdida, Los retos de la democracia en América Latina”, en o. c., pp.574, 576-577, 578-579.

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margen de los partidos políticos, con un lenguaje no directamente político. Se evitan así tanto las connotaciones negativas de los anteriores gobiernos democráticos y de las luchas entre los partidos como las prohibiciones de actividades políticas, para impulsar una movilización social que contrapone el poder cívico contra el poder militar. Además, se apunta también a neutralizar la desintegración del tejido social y la segmentación de la sociedad producidas por el reajuste neoliberal, la apertura del comercio, la reducción del gasto social, la privatización de las empresas públicas, la globalización de los circuitos comerciales y financieros y la mundialización de los procesos tecnológicos y de los estilos de vida48.

Por otra parte, según Lechner, la invocación a la sociedad civil apela también a la presencia de nuevos actores sociales pero en dos perspectivas contrapuestas: significa al tiempo la liberación de la iniciativa privada frente a la tutela del Estado, que hace de la empresa privada el motor del desarrollo social, y el surgimiento de nuevos movimientos sociales, como formas renovadas de acción colectiva y nuevas redes de solidaridad que contrarresten las fuerzas del mercado. Por otra parte, la invocación a la sociedad civil también significó una reorientación estratégica de la izquierda ante el fracaso de la concepción revolucionaria de los años setenta y la ambigüedad de la noción de “lo popular”: se alude ahora a la integración de las fuerzas opuestas a la sociedad mercantil y fragmentada. Esta reorientación adquiere resonancia mundial con el colapso de los estados comunistas de Europa oriental: la sociedad civil supera la opresión estatal y busca construir un nuevo orden social, una tercera vía entre capitalismo y comunista. Pero, para Lechner, el fin de la antinomia capitalismo/socialismo obliga a la democracia liberal a tener que legitimarse por sí misma, en ausencia de un enemigo externo: de ahí el énfasis en las denuncias de sus defectos como el clientelismo, la corrupción y el elitismo. La sociedad civil recuerda entonces las promesas incumplidas de la democracia como la participación ciudadana y la transparencia, en contra de una política autorreferenciada: recuerda que el orden democrático se basa en una comunidad de ciudadanos.

Sin embargo, Lechner insiste en el carácter polifacético del término, nada unívoco, que busca la superación de una concepción dicotómica público/privado: en muchos casos, su invocación adquiere nuevamente un tono defensivo, que busca preservar las antiguas identidades colectivas y las anteriores redes sociales, amenazadas por las leyes del mercado. La rápida modernización económica lleva al surgimiento de un nuevo tipo de individualismo que no tiene en cuenta las organizaciones comunitarias y los lazos sociales de reciprocidad. Este autor hace caer en la cuenta de que estas formas tradicionales de sociabilidad tienen en América Latina un carácter jerárquico y clientelista, muy distinto del igualitarismo cívico del asociacionismo que destacaba Tocqueville en la América Moderna. Por eso, sostiene que el fortalecimiento de la sociedad civil como construcción de un espacio público, basado en este tipo de asociacionismo cívico, debe tener en cuenta las

48 Norbert Lechner, 1994, “La (problemática) invocación de la sociedad civil”. Ponencia presentada en el VIII Encuentro Internacional de Ciencias Sociales, en la Feria Internacional del libro en Guadalajara, publicada en Perfiles Latinoamericanos, pp. pp. 131-144.

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nuevas modalidades, expectativas y demandas que surgen de la sociedad del mercado y que implican un movimiento de privatización de las conductas sociales, muy reacio a involucrarse en compromisos colectivos.

En otros casos, el llamado al fortalecimiento de la sociedad civil reviste un matiz antiestatista, que rompe tanto con la tradición hegeliana y marxista como con el intervencionismo estatal de corte keynesiano: el enfoque leninista suprimía la tensión entre sociedad civil y Estado al identificar las demandas sociales con la acción del partido oficial, mientras que la línea socialdemócrata separaba conflictos sociales y luchas políticas y confiaba a la intervención estatal la regulación de los procesos económicos. Ambas concepciones tienen en común la creencia en la centralidad política del Estado, que está llegando a su término. Para Lechner, la invocación a la sociedad civil no logra expresar la tensión entre Estado y sociedad en un contexto no autoritario, donde afloran las desigualdades sociales y ni siquiera se aborda el problema de la integración social: es más, tiende a impulsar un antiestatismo precisamente cuando el Estado se retrae de la intervención económica y social con una alusión muy genérica a la acción colectiva no estatal.

Para Lechner, la interpretación más fructífera de la invocación a la sociedad civil es su dimensión de autocrítica democrática, que significa el distanciamiento del ciudadano frente al clientelismo, la prepotencia burocrática, la ineficiencia estatal y la falta de participación ciudadana. En América Latina, significa la crítica a la fragilidad o simple formalidad del régimen democrático y busca asegurar el pleno ejercicio de la ciudadanía. Obviamente, esta recuperación de la democracia efectiva tiene variados significados: la escuela de la elección racional pretende extender el modelo del mercado como orden autorregulado al ámbito político: aquí la voluntad colectiva se conforma de acuerdo con la participación de los individuos, basada en su cálculo racional, que logra la transparencia de las decisiones colectivas y evita la arbitrariedad de los gobernantes. En otro sentido, Claus Offe adjudica a la sociedad civil las funciones de contrarrestar y equilibrar las tendencias expansivas del Estado y el mercado en un ejercicio de autorreflexibilidad social.

Lechner concluye su ensayo reconociendo las posibilidades de la aproximación a la sociedad civil para mejorar la calidad de la participación ciudadana y superar la concepción elitista y autorreferida de la democracia. Sin embargo, exhorta a tomar precauciones para que el remedio no sea peor que la enfermedad: no se debe confundir la sociedad civil con el ámbito político-institucional, ni presuponer la existencia de una institucionalidad democrática; no se debe buscar la solución de la democracia latinoamericana en el traslado del problema a la sociedad civil sino en la consolidación del sistema político institucional pero la invocación de la sociedad civil es útil para no dejar encerrar a la política en una lógica autorreferida49.

49 Hasta aquí el artículo de Norbert Lechner antes citado.

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Por su parte, Michael Walzer aborda la misma temática a partir de la experiencia de Europa50: para él, la disidencia en los países de Europa oriental ya preludiaba la construcción de la sociedad civil como espacio de asociación humana sin coerción en un contexto dominado por los partidos comunistas, que en Occidente se vivía sin mencionarla con ese nombre. Pero en la reciente coyuntura, la decadencia de la vida asociativa en los países capitalistas y socialdemócratas ha puesto en el tapete la importancia de la reflexión sobre el concepto. Esto lo lleva a intentar un intento de síntesis entre reflexiones desde la tradición de la izquierda marxista, el comunitarismo republicano, el capitalismo de mercado y el nacionalismo: su asociacionismo crítico intenta corregir los problemas de las cuatro visiones anteriores al tiempo que recoger sus aportes positivos. En esa concepción, la vida digna solo puede vivirse en la sociedad civil, que es caracterizado a la vez como el reino de la fragmentación y conflicto y el ámbito de solidaridades concretas y auténticas: ese asociacionismo no obedece a una formación particular como la familia, la tribu y la religión sino que se desarrolla en virtud de la sociabilidad en sí misma. La sociedad civil es el terreno donde se generan todas las versiones de lo bueno, pero ellas se demuestran siempre como parciales, incompletas y poco satisfactorias.

Su versión recoge y corrige las visiones anteriores: las versiones de la izquierda se subvaloraban todas las asociaciones distintas al demos y la clase proletaria e imaginaban conflictos entre clases y comunidades políticas pero no percibían el conflicto dentro de ellas. En cambio, la concepción de la sociedad civil muestra una visión más realista de las comunidades y de la economía, pues reconoce la existencia del conflicto y valora la oposición política y la competitividad económica. En ese sentido, la libertad asociativa legitima las relaciones de mercado que están imbricadas en una red de asociaciones donde las formas de propiedad están pluralizadas, pero no necesariamente el capitalismo como conjunto. También legitima un tipo de Estado más liberal y pluralista que republicano, pues no depende tanto de la virtud cívica de sus ciudadanos. En esa concepción, la vida política no ofrece a muchas personas una oportunidad para la autodeterminación al estilo de Rousseau: para Walzer, la ciudadanía tiene actualmente un papel predominantemente pasivo, pues los ciudadanos son espectadores que votan de vez en cuando y son atendidos, entre una elección y otra, por medio de los servicios públicos, a veces mejor o peor.

Por eso, considera este autor, los ciudadanos reales no son “aquellos héroes de la mitología republicana, los ciudadanos de la antigua Atenas”, que tomaban decisiones, a veces estúpidas, en el ágora, sino personas que toman decisiones menos importantes en las asociaciones de la sociedad civil como sindicatos, partidos y movimientos, que van configurando determinaciones más importantes del Estado y la economía. Esos activistas, de tiempo parcial, permanecen habitualmente al margen de la república de ciudadanos de los teóricos republicanos y ejercen solo de manera intermitente las virtudes cívicas, pues están demasiado ligados a sus particularidades y persiguen solo realizaciones parciales, no

50 Michael Walzer, 1994, “La idea de la sociedad civil”, en Ciencia Política, II semestre de 1994

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una realización total y absoluta. En esa realidad social, la ciudadanía se diluye en una gran diversidad de papeles para la toma de decisiones mientras que la producción se diluye en una multitud, a veces competitiva, de actividades socialmente útiles. Esto no significa la aceptación de la versión capitalista de la competitividad y la división: en la sociedad civil, el mercado estaría políticamente controlado con límites a su tendencia natural a la desigualdad. El problema no reside, para Walzer, en las desigualdades en la realización de las preferencias individuales, que pueden ser justas recompensas del éxito del sistema de mercado, sino en la traducción de esas desigualdades en dominación y privación radical.

Con respecto a la propuesta nacionalista, la propuesta de la sociedad civil permite la coexistencia de distintos grupos nacionales y diversas organizaciones religiosas por medio de la domesticación del nacionalismo y el reconocimiento de la libertad religiosa: en los estados dominados por una sola nación, la multiplicidad de los grupos pluraliza la política y cultura nacionales, mientras que en los Estados multinacionales la densidad de la trama social previene la polarización social.

Finalmente, Walzer termina previniéndonos contra las tendencias antipolíticas y antiestatistas de algunos llamados a fortalecer la sociedad civil: la sociedad civil no puede presentarse como una alternativa al Estado, ni éste puede durar mucho tiempo si se aleja de la sociedad civil. Para este autor, el Estado no puede sobrevivir a su propia maquinaria coercitiva pero tampoco puede lograr por sí solo la producción de lealtad, espíritu cívico, competencia política y confianza en la autoridad, como ha mostrado el fracaso del totalitarismo. Este fracaso explica la adhesión que despiertan las tendencias contemporáneas de la antipolítica en los disidentes de Europa central y oriental, que terminan haciendo suya las tendencias antipolíticas de la libre empresa gracias al fracaso de la economía planificada del totalitarismo. La reacción frente a estas consecuencias del no-reconocimiento del pluralismo de la vida asociativa ha llegado, según este autor, al error contrario: la creencia en el poder autosuficiente y autogenerador del pluralismo, de corte liberal.

Por eso, insiste Walzer, la trama de asociaciones no puede prescindir de las instituciones del Estado: es cierto que los nuevos movimientos sociales como el feminismo y la ecología no tienen como objetivo el acceso al poder, lo que significa un cambio importante: una valoración de lo particular sobre lo universal, pero necesitan, de alguna manera, algún tipo de injerencia en los aparatos estatales. Por otra parte, las asociaciones necesitan algún tipo de regulación estatal que proteja a sus miembros del poder de los funcionarios, empleadores, jefes de partidos, capataces, curas, padres y madres, y a los grupos débiles del abuso de los poderosos. Y la razón de esta necesidad de control y protección es clara para este autor: “la sociedad civil, por sí sola, genera relaciones de poder radicalmente desiguales, que solo puede ser combatidas por el poder del Estado”.

Por eso, afirma la complementariedad de Estado y Sociedad civil: “Solo un Estado democrático puede crear una sociedad civil democrática; solo una sociedad civil

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democrática puede mantener a un Estado democrático”. El espíritu cívico, base de la sociedad democrática, solo puede adquirirse en las tramas asociativas, pero las condiciones previas a estas tramas deben ser fomentadas por el Estado democrático, que es más que el simple marco para la sociedad civil como pretende la teoría liberal; es también un instrumento de lucha que busca dar forma a la vida común. De ahí la preeminencia de la ciudadanía sobre otras afiliaciones, lo que no significa que debamos ser ciudadanos todo el tiempo, como pretendía Rousseau, sino la disponibilidad a una implicación esporádica en ella cuando sea necesaria. Y tampoco significa una implicación permanente en las asociaciones de la Sociedad civil, que no son todas necesariamente democráticas pero su conjunto permanece abierto al control de sus miembros por medio de un gran número de procesos distintos, sin coordinación entre ellos.

Sin embargo, Walzer es muy consciente del carácter ideal de esta sociedad civil, lejana para la realidad de la mayoría de las personas, que permanecen atrapadas en relaciones de subordinación: el hecho de que el “espíritu cívico” que aprendieron sea de obediencia y no de autonomía explica el carácter liberador que pretendían la ciudadanía democrática, el sistema socialista de producción, la libre empresa y el nacionalismo, que han sido incapaces de producir la liberación esperada. La exageración de los rasgos de cada uno y el desprecio de las ventajas de los otros contribuyeron, según este autor, al desorden de la vida moderna. Por eso, todos estos proyectos deben ser relativizados para poderse complementarse unos a otros como realizaciones parciales en el marco de la sociedad civil que las engloba a todas ellas. Esas realizaciones parciales son producidas por grupos mucho más pequeños que el demos, la clase obrera, la masa de consumidores o la nación: la familia, los amigos y compañeros de trabajo, cuando se ligan entre sí y se hacen responsables los unos de los otros. Según Walzer, no hay fórmulas para producir este sentido de la responsabilidad: no es el producto de garantías históricas ni el resultado de una lucha unificada: “La sociedad civil es un proyecto de proyectos; requiere muchas estrategias de organización y acción estatal. Requiere una nueva sensibilidad para lo local, específico, contingente- y, sobre todo, un nuevo reconocimiento de que la vida digna se encuentra en pequeños detalles”51.

La diversidad de concepciones de lo público: societalismo y estatalismo

Este análisis de la crisis del Estado y de la diversidad de la invocación a la sociedad civil, junto con la consideración de la complementariedad necesaria entre Estado y Sociedad Civil, permite comprender también las diversas concepciones que se tienen sobre la dimensión de lo público. El problema de este concepto, cuyo carácter normativo expresa más un horizonte de expectativas deseables que una descripción fenomenológica, reside en que expresa expectativas diferentes según las maneras diversas como se piensa la política, el Estado y la Sociedad civil. Muchos de los análisis contrapuestos se mueven en la contraposición entre Sociedad Civil y Estado: la concepción estatalista subraya el papel del

51 Hasta aquí el artículo de Michael Walzer, “La idea de la sociedad civil”

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Estado como referente simbólico y la racionalidad de la razón de Estado; en esa concepción, lo público es un resultado de la diferenciación del sistema político, donde la opinión pública sirve para filtrar la multitud de mensajes comunicativos y problemas que provienen de la sociedad como un todo para reducirlos a lo jurídica y políticamente posible. La opinión pública regula al sistema político y administrativo a la vez que es regulada por ellos: en ese sentido, la opinión pública evita que el sistema político se convierta en un espacio autorreferenciado. En cambio, la concepción societalista de lo público se mueve en la periferia del sistema político y a veces en oposición a él: piensa el espacio público como una red de procesos comunicativos autorregulados, impulsados por organizaciones fluidas, de carácter horizontal e inclusivo, que pretende reconstituir la integración social. Esta mirada enfatiza la ruptura que introdujo el principio de publicidad para el control de lo público52.

En la concepción societalista, lo público aparece como una instancia mediadora entre Estado y sociedad, que apunta hacia el fortalecimiento de la participación ciudadana en la decisión y gestión de los asuntos colectivos: “frente a la alternativa entre mercado y Estado, entre la mercantilización de todas las relaciones sociales y el protagonismo exclusivo de una figura estatal que ha agotado sus posibilidades, el espacio público se piensa como una esfera autónoma, escenario de la participación social, y en algunos casos, como instancia de descentralización de las decisiones”53. Por otra parte, algunas versiones de lo público subrayan más las dimensiones de la integración societal y la búsqueda de sentido: se buscaría una comunidad no basada en la tradición ni en una base étnica y religiosa sino en una identidad colectiva basada en los valores públicos. Para esta autora, la búsqueda de sentido en el caso latinoamericano surge de la reacción contra una modernización traumática y excluyente, “una modernización sin modernidad”: la necesidad de identidad colectiva explicaría las tendencias fundamentalistas y los rebrotes populistas de los años recientes por la insuficiencia del mercado como mecanismo “natural” y la nación como comunidad preconstituida cuasi natural para responder a la desintegración y exclusión producidos por el proceso de modernización que vivimos. Frente a esas amenazas del fundamentalismo, el espacio público integraría las individualidades en un colectivo, que superara el aislamiento del ámbito privado por medio del reconocimiento recíproco e integraría la pluralidad y la diferencia.

En la concepción estatalista, lo público está personificado en el Estado como orden jurídico, que se expresa en la plena vigencia del Estado de derecho y se ve erosionado por la ausencia de las garantías básicas a los individuos y la fragilidad del orden legal para orientar los movimientos de la sociedad. En ese sentido, se critica la incapacidad del Estado para garantizar los derechos establecidos por las leyes impide el ejercicio pleno de la ciudadanía. Se habla entonces de “ciudadanías de baja intensidad” en regiones o situaciones, que sufren severas restricciones en la esfera política: en ellas se ha esfumado

52 Nora Rabonikof, 1993, pp. 55-.60 y 63-6753 Nora Rabonikof, 1993, o. c., p.82.

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la distinción entre lo público y lo privado por fenómenos de corrupción y relaciones clientelistas y patrimoniales, que deterioran las identidades colectivas y deslegitiman la autoridad del Estado. En esta concepción, se enfatizan la publicidad como visibilidad y control por parte de los ciudadanos y la necesidad de rendición de cuentas por parte de los gobernantes.

El refuerzo de lo público pasa aquí por el fortalecimiento de los sistemas de contrapesos y controles frente al gobierno, de la separación de poderes, el fortalecimiento del poder judicial y, en general, el funcionamiento de las instituciones del Estado de derecho. Se busca contrarrestar así la endémica debilidad institucional y el desdibujamiento de la distinción público/privado, que se presentan como anomalías frente al deber ser del Estado. (En el caso colombiano, se ha hablado de la “precariedad del Estado” como contexto de la recurrente violencia y de “territorialidades bélicas”, donde la soberanía estatal permanece en “vilo” y las instituciones estatales coexisten con fuerzas contraestatales, protoestatales y paraestatales54). Esta debilidad endémica del Estado empeora aún más con las medidas de desregulación y las prácticas antiestatistas de algunas tendencias del llamado neoliberalismo.

Para Nora Rabonikof, esta contraposición entre las miradas societalistas y estatalistas es problemática pues ninguna de las dos ha sido capaz de valorar suficientemente al espacio público como institucionalización de una crítica moral de la política: ni el uso público de la razón ilustrada desembocó en la crisis de la soberanía política ni la discusión y participación pública ha garantizado una racionalidad política. Esta oposición parece condenarnos a tener que optar entre un estatalismo que ve un desafío a la autoridad en cualquier expresión política socialmente arraigada y un societalismo ingenuo que considera el problema del orden público y las decisiones políticas como algo que no le concierne sino que corresponde a la responsabilidad del Estado. Para unos, lo público solo puede pensarse en su encarnación estatal y para otros, es lo no estatal, lo social como radicalmente autónomo frente al Estado.

Es obvio que las denuncias de los escándalos de corrupción y fraude se presentan con frecuencia como una crítica moral de la sociedad civil contra la política y el Estado, pero lo que se pone en crisis no es propiamente lo político sino “la dimensión pública del Estado” como orden legal: lo que está aquí en juego es la capacidad de las instituciones del Estado para controlar sus propias decisiones y operaciones y para ejercitar su responsabilidad política ante los ciudadanos, junto con la capacidad de estos ciudadanos para ejercer veeduría de esas decisiones del poder. Se trataría, según Nora Rabonikof, de una crítica “desde dentro” del sistema, que no implicaría la crisis de la política y la disolución del poder, sino (diría yo) de la recuperación de la política por parte de la ciudadanía.

54 Cfr, Daniel Pécaut, 1997, “De la violencia banalizada al terror”, en Controversia # 171, CINEP, Bogotá, reproducido en 2001, Guerra contra la sociedad, Bogotá, Editorial Planeta Colombiano y María Teresa Uribe, 2001, “Las soberanías en disputa: conflicto de identidades o de derechos” en María Teresa Uribe, 2001, Nación, ciudadano y soberano, Corporación Región, Medellín’.

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De ahí la necesidad de repensar, en el sentido de Walzer, las relaciones entre Estado y sociedad civil: así Ana María Bejarano55 nos invita a superar la concepción de “suma cero”, que supone que el fortalecimiento de la Sociedad civil implicaría un debilitamiento del Estado y que el fortalecimiento de éste conllevaría el debilitamiento de la primera. Su planteamiento parte de la recuperación de la discusión sobre el Estado en sus vertientes distintas desde las corrientes neomarxistas hasta los intentos de recuperación de la noción weberiana pasando por la reflexión sobre la microfísica del poder y las teorías de “Estado sin Estado”, para contrastarla con la conceptualización centrada en la Sociedad civil, en sus diferentes tradiciones, la liberal y la hegeliana-marxista, la lectura de Gramsci y los desarrollos más contemporáneos, ligados al surgimiento de los nuevos movimientos sociales. La propuesta que esta autora deduce de esta contraposición se separa tanto de las visiones que promulgan la absorción de la sociedad civil por un Estado absoluto como de las que esperan la sustitución de las funciones estatales por un orden social autorregulado. Para ella, el poder de la sociedad civil y la capacidad de las instituciones estatales pueden aumentar en forma paralela, en una interacción de suma positiva, pero pueden también declinar conjuntamente en una suma negativa cuando se estancan las capacidades estatales para la formulación y el desarrollo de políticas al tiempo que la capacidad de las organizaciones sociales para realizar actividades autodeterminadas.

Por eso, lo que conduce a la verdadera democracia no es el predominio de un Estado fuerte sobre una sociedad débil ni la hegemonía de los movimientos sociales sobre las instituciones de un Estado débil sino la existencia simultánea de una sociedad y un Estado fuertes, en una relación caracterizada por la permanente tensión pero también por el mutuo control, la negociación y el acomodamiento: no se excluye el conflicto, que puede incluso verse incrementado, sino el conflicto de suma cero donde uno de los actores predomina sobre el otro, ni tampoco la colaboración basada en la mutua complementariedad. Solo una sociedad organizada es capaz de denunciar y limitar los excesos del poder estatal y presionar por la democratización de las instituciones estatales mientras que al Estado le corresponde crear y respaldar institucionalmente las normas del juego político democrático. Sin esas reglas y esa organización de la sociedad es imposible la representación política y la estructuración de una sociedad política pluralista como arena de la comunidad política y esfera de intermediación entre la sociedad civil y el Estado: se trata de una esfera institucionalmente distinta de la sociedad civil, donde aparecen los actores encargados de la representación, la confrontación y la negociación políticas, basada en la creencia de que la vida justa se construye a partir de la diferencia y no la similitud, el disenso y no la unanimidad, el cambio y no la inmutabilidad.

Un espacio público por construir: la cultura ciudadana

Este aspecto da una mirada complementaria entre las visiones societalistas y estatalistas, permite introducir una tercera acepción de lo público, que tiene que ver con la 55 Ana María Bejarano, 1995, “Para repensar las relaciones Estado, Sociedad civil y régimen político. Una nueva mirada conceptual”, en Controversia, # 167, octubre-noviembre de 1995.

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cultura ciudadana, que permitiría articular las anteriores dimensiones en una mirada más integra, más relacionada con la historia y la antropología políticas. En este sentido, no se considera la falta de lo público como una pérdida de una situación ideal sino del estudio de prácticas e instituciones alternativas, no muy formalizadas pero con arraigo cultural: es la situación que algunos denominan “ciudadanías de baja intensidad”, que muestran un orden colectivo basado “sobre una distinción más que brumosa entre lo público y lo privado”. Este orden muestra el contraste de instituciones modernas correspondientes a un orden cívico, calcadas del modelo liberal de Occidente e inspiradas en las ideas de la Ilustración frente a una realidad social basada en la desigualdad y jerarquización heredadas de las sociedades de castas de las épocas de la colonia española. No se trata propiamente, sostiene Nora Rabonikof, de una situación de anarquía y desorden sino de un complejo sistema de intermediaciones, de autoridades discrecionales y personalizadas, de corte patrimonialista, basado en un sistema de lealtades y redes locales de poder, que parecen ir en contravía de la débil institucionalidad estatal y de la universalidad de la ley formal. Se trata de una organización jerarquizada de la vida social, basada en relaciones de reciprocidad y en lealtades personales, que contradicen de entrada la distinción entre lo público y lo privado.

En este marco se movía nuestra investigación de la violencia colombiana, en relación con el proceso de construcción del Estado y la sociedad: el recurso a la inexistencia de lo público como explicación de la violencia colombiana y su relación con el surgimiento de los Estados nacionales nos llevó a interrogarnos sobre la manera como las conceptualizaciones e instituciones políticas abstraídas de los procesos de construcción de países como Francia e Inglaterra se insertaban en realidades históricas diferentes. En ese sentido, nos fueron útiles los análisis de Charles Tilly sobre la historia comparada de los Estados europeos y los estudios de Fernando Escalante y François- Xavier Guerra sobre el transplante de instituciones de corte liberal a la realidad mexicana. Así, según Tilly56, la expansión del control burocrático e impersonal de las autoridades centrales sobre la población y el territorio depende de la capacidad estatal de someter o cooptar con los poderes locales o regionales realmente existentes.

Según esa capacidad, distingue entre estados como Francia que lograron un dominio directo del estado sobre la sociedad por medio de una burocracia administrativa y judicial y de un ejército nacional con pleno monopolio de la fuerza sobre la totalidad de un territorio claramente delimitado, en contraste con otros estados como España, Portugal y los países iberoamericanos donde el poder del estado se ejercía de modo indirecto mediante la negociación con los poderes locales y regionales existentes de hecho. Para Tilly, estos diferentes estilos y procesos de construcción del Estado responden a la diversidad de las relaciones e interacciones entre el capital y la capacidad de coerción.

En sentido similar, Ernest Gellner se acerca a la relación entre la formación de funciones e instituciones estatales y las diversas situaciones de las sociedades señalando

56 Charles Tilly, (1992): Coerción, capital y los Estados europeos, 900-1900, Madrid, Alianza editorial y (1993): “Cambio social y revolución en Europa, 1492-1992”, en Revista Historia Social, no, 15, Invierno 1993.

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cómo la construcción de aparatos que concreten la monopolización de la fuerza legítima y de la administración de justicia depende de algunos condicionamientos específicos como la fijación de la población a un territorio delimitado, el consiguiente “enjaulamiento” o encerramiento de la vida social en ese espacio, el aumento de las interacciones sociales y económicas de los pobladores de ese territorio, la monetarización de las relaciones económicas, la integración gradual de las diferentes regiones a la nación y cierta articulación de sus habitantes a la vida económica y política de la misma. (IF). Sin la existencia previa de esos condicionamientos sociales de la vida política, el esfuerzo unificador de un líder o de un grupo político sería excesivamente costoso para valer la pena. En ausencia de esas condiciones previas, se produce, sostiene este autor en otro trabajo, se produce lo que él denomina “centralización incompleta”, que puede ser territorial o cualitativa: la territorial se refiere a casos en que un Estado solo tiene un control parcial de algunas zonas distantes de su territorio y resulta antieconómico el intento de reforzar su autoridad en ellas; en esos casos, una buena solución consiste en entregar poderes “a individuos que en teoría son representantes suyos pero que de hecho poseen una base local de poder”, que los convierte en intermediarios entre las exigencias del poder central y los intereses locales. Y la cualitativa se refiere a situaciones en las que el Estado sí tiene el control del territorio, pero carece de los recursos técnicos necesarios para imponer su autoridad en algunos aspectos como la economía, la salud y educación: en esta situación, los intermediarios clientelistas pueden controlar beneficios que no pueden ser distribuidos eficazmente según las normas oficiales. También se da el caso del contraste entre el nivel alto de aspiraciones, creado por la ley o la competencia internacional, y las posibilidades concretas del Estado para satisfacerlas: por ejemplo, la creación de sistemas universales de salud y educación, sin suficientes médicos y maestros, conduce a la aparición de agentes informales que proporcionan el acceso a esos servicios escasos y teóricamente gratuitos57.

En estos casos, se presentan formas muy personalizadas de poder, basadas en el clientelismo, parentesco y patronazgo: Gellner aclara que esas formas están presente en todos los sitios y tiempos, pero no en el mismo grado: solo cuando el patronazgo y clientelismo es el estilo político predominante se puede caracterizar una sociedad como clientelista. Y este grado depende, según esta autor, de la forma predominante de poder: el patronazgo es menos común cuando el poder se halla fuertemente centralizado o, cuando, por el contrario, es muy difuso. Sociedades segmentadas con poderes muy dispersos, burocracias fuertemente centralizadas y economías de mercado controladas por Estados liberales dejan poco espacio al clientelismo; en cambio, estados escasamente centralizados, mercados defectuosos y burocracias ineficaces representan un espacio muy propicio para esas formas políticas58.

57 Ernest Gellner, 1977, “Patrones y clientes”, en Ernest Gellner y otros, Patrones y Clientes en las sociedades mediterráneas, Ediciones JUCAR, Madrid, pp. 13-1458 Ernest Gellner, 1977, o. c., pp. 14-15.

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Estas relaciones entre instituciones políticas y configuraciones sociales han sido objeto de la reflexión de autores como François-Xavier Guerra y Fernando Escalante Gonzalbo para el caso de México, pero que son aplicables a otros países de Hispanoamérica: la adopción de estructuras políticas calcadas del modelo francés en las sociedades hispanoamericanas, con diferentes tradiciones y desarrollos, ha llevado a estos autores a analizar la manera cómo son apropiadas y transplantadas en nuestro medio instituciones estatales de Estados consolidados, caracterizados por organizaciones que expresan el dominio directo del estado sobre territorios delimitados y poblaciones fijas en ellas, en contraste con nuestras sociedades, caracterizadas históricamente como de dominio indirecto del Estado, donde las instituciones estatales deben negociar constantemente con los poderes locales y regionales existentes de hecho, los territorios no están claramente delimitados y la población no está encerrada en un territorio sino que puede desplazarse continuamente a territorios periféricos. Así, Guerra llega a defender la necesidad política del gamonalismo o cacicazgo electoral como intermediario indispensable entre Estado moderno y sociedad tradicional59.

Por su parte, Fernando Escalante sostiene que el problema residía, en el caso mexicano, en la existencia de una profunda contradicción entre el proyecto explícito de las clases dominantes, centrado en la creación de una ciudadanía y una nación modernas, y su proyecto implícito, que obedecía a la necesidad de mantener su control, por medio de mecanismos clientelistas, sobre las clases populares, que eran la base de su poder real60

En un trabajo anterior sobre la violencia colombiana, habíamos realizado acercamientos similares a la combinación entre política moderna y sociedad tradicional en la historia colombiana61. Obviamente, de esos diferentes procesos se desprende la necesidad de diferenciar grados diferentes de ciudadanía y de institucionalidad estatal, lo que explica las dificultades para el desarrollo del concepto moderno de lo público en nuestros países. En el caso colombiano, esta necesidad de diferenciación nos llevó a acuñar el término de “presencia diferenciada del Estado en el espacio y el tiempo” para intentar describir la manera diversificada como las instituciones estatales se insertan en diferentes situaciones y momentos de la historia colombiana62.

Para Rabonikof, esta distancia entre el ideal y la realidad política es un tema central en los estudios sobre el desarrollo institucional de México y América Latina, que explica las tendencias a la decepción sobre nuestra vida política o la transacción pragmática, que algunos ven como transacción con “la barbarie”. Sin embargo, ella considera que el desafío para los historiadores es desentrañar el sentido y la racionalidad propia de esas

59 Francisco Xavier Guerra, (1982): Lugares, formas y ritmos de la política moderna, en Boletín de la Academia Nacional de Historia, tomo LXXXII, No.285; (1988): México. Del antiguo Régimen a la Revolución, FCE, México; (1989): “Teoría y método en el análisis de la Revolución Mexicana”, en Revista Mexicana de Sociología, año LI, No.2.60 Fernando Escalante, (1993): Ciudadanos imaginarios, El Colegio de México, México.61 Fernán E. González, (1993): ¨Modernidad y tradición en la política colombiana¨, en Violencia en la región andina. El caso Colombia, CINEP, Bogotá y APEP, Lima.62 Fernán E. González, Ingrid J. Bolívar y Teófilo Vásquez, 2002, Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado, CINEP, Bogotá, passim pero especialmente las pp. 226-236.

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formas de acción política y la moralidad pública de ese estilo: actuar como ciudadanos sin que hubiera instituciones ciudadanas constituía (y sigue constituyendo en el caso colombiano) un riesgo para la clase política (y un peligro para los pretendidos ciudadanos). Para esta autora, lo que intenta esta conceptualización de la moralidad pública es relacionar las instituciones con la vida cotidiana de las personas lo mismo que los principios universales con la trama de las relaciones interpersonales, las reglas escritas con las implícitas, yendo más allá de toda intención justificatoria o crítica, Se trata, según ella, de hábitos del corazón a lo Tocqueville, muy arraigados en la historia, que representan formas colectivas de resolución de problemas, que conservan cierto grado de legitimidad y brindan sentido de pertenencia, arraigo y comunidad. Pero no parecen bastar para fundar una ética y un espacio de carácter público: como concluye la autora, se trata de “una identidad por construir a partir de diferentes (y a veces muy inseguros) mundos privados63.

La pregunta que deja pendiente este enfoque es cómo construir esas identidades y espacios a partir de la multiplicidad de situaciones políticas de los países de América Latina, que recogen diferentes experiencias históricas de construcción del Estado, diversos modos de inclusión de las clases subordinadas y diferentes legislaciones sobre mecanismos de participación ciudadana. Frente al carácter esencialmente normativo de las concepciones dominantes sobre la dimensión de lo público, nuestra realidad política concreta parece destinada a engendrar decepciones, alimentar el discurso crítico contra el Estado democrático y la burocratización e ineficiencia de sus instituciones y fomentar el lenguaje antipolítico, que termina paradójicamente por preparar el camino a salidas autoritarias y caudillistas. La percepción de nuestra realidad como anómala con respecto de los modelos de otras latitudes termina por impedir esa construcción colectiva de orden.

De ahí la necesidad de la recuperación de la dimensión de la Política como construcción colectiva de orden, pero sin intentar deducir estrategias políticas a partir de las teorías críticas de la vida política concreta: Norbert Lechner insiste repetidamente en la imposibilidad de determinar el futuro a partir de una verdad religiosa o un criterio científico racionalista, pues el futuro permanece siempre abierto, siempre en construcción, a partir de la diversidad de intereses, opiniones y deseos. Para eso, es imprescindible la participación colectiva en las decisiones políticas: no puede ser suplantada por teoría alguna, aunque los aportes de ésta ofrecen argumentos para convencer a los otros. De ahí que Lechner se oponga a todo intento de predeterminar objetivamente el futuro de la sociedad: critica, a la vez, tanto la invocación de una verdad absoluta que justifique la guerra contra los disidentes como el llamado a un imperativo tecnocrático-administrativo que elimine la discusión pública sobre los asuntos comunes. Pero esta recuperación de la Política no se reduce a una estrategia de acomodación pragmática a la realidad existente ni tampoco una labor de buena gerencia administrativa para realizar un bien común

63 Nora Rabonikof, 1993, o. c., pp. 86-89. Esta afirmación final refleja bastante bien la situación de “free rider” de los pobladores de las zonas afectadas por el conflicto armado, donde el control de las áreas pasa fácilmente de las manos de unos actores armados a las de otros, lo que deja a la población sin un sistema claro de referencias.

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previamente conocido o determinado por una elite ilustrada de carácter tecnocrático o por un caudillo de carácter mesiánico.

Esta recuperación de la Política parte del análisis concreto y detallado pero mantiene siempre un componente utópico: una idea de “Buen Orden”: en palabras de Lechner, solo es posible descubrir la sociedad y la política posibles si tenemos como referente la “imagen de sociedad perfecta pero imposible”. Por eso, él aboga por la necesidad de secularizar la política, que no tiene como tarea la redención de la humanidad ni pretende realizar una verdad absoluta: cuando se pretende la realización de un bien absoluto, la vida política se transforma en sacrificio y entrega total a una causa, una cruzada contra el mal, un mesianismo que conduce al martirio y un acto heroico para la salvación de la humanidad64. Esta necesidad de secularización de la sociedad como condición de la actividad tiene que ver con la imagen que se tiene de la política: Lechner aplica al caso latinoamericano una alusión de Bernard Manin a la política francesa, que caracteriza como una continua oscilación entre el consenso y el enfrentamiento totales, basada en una concepción monista de la Política, de origen religioso: esa concepción cree que existe solo una solución posible para un problema determinado; cuando se rechaza esa solución, el conflicto se transforma en un combate entre el bien y el mal, que implica la imposibilidad de la consolidación de un orden democrático65.

Esta concepción significa la imposibilidad de asumir el conflicto con una concepción falsa de la democracia, concebida como una unidad armoniosa de todos que responda al anhelo de recuperar la comunidad perdida. Por eso, Lechner termina pidiendo no exigir metas imposibles a la política y aceptarla como una actividad laica y racional, distinguiendo entre la utopía como horizonte trascendental y la actividad política como el ámbito de lo posible, para poder diseñar “un proyecto realista de la sociedad deseada” a la luz de ese horizonte utópico. Solo así la política puede convertirse en una actividad ciudadana, de la gente común y corriente, que no necesita héroes ni santos.

Esta recuperación de la Política como ámbito de lo posible supone, en primer lugar, un análisis que nos haga conscientes de los “hábitos de pensamiento” y de las expectativas con las que nos aproximamos a la Política, al Estado y a lo público, que implican ciertas conceptualizaciones implícitas sobre el deber ser de estas realidades, que a veces pueden llegar a sobrepasar las posibilidades y limitaciones de las realizaciones concretas de esas categorías. Por eso, esta explicitación de nuestras preconcepciones y expectativas sobre lo público, debe ser contrastado con un análisis diferenciado de las coyunturas e historias políticas de los países de nuestra región, que son más diversos de lo que a veces creemos. Esas coyunturas e historias pasadas han venido construyendo el marco de estructura de oportunidades para la acción política de los ciudadanos: la consideración de esa estructura de oportunidades determina, en gran parte, las 64 Norbert Lechner, 1986, La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado, Madrid, Editorial Siglo XXI, pp. 2-15.65 Norbert Lechner, 1992, “¿La política debe y puede representar a lo social?”, en Mario Dos Santos, coordinador, 1992, ¿Qué queda de la representación política?, CLACSO y Editorial Nueva Sociedad, Caracas.

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posibilidades concretas de la acción de los actores y ayuda a no caer en posiciones voluntaristas, que no tienen en cuenta las limitaciones estructurales y cuya frustración conduce a posiciones antipolíticas, anarquistas o autoritarias.

Este análisis de la diversidad de las coyunturas y procesos históricos de nuestros países evidencia que nuestras categorías y expectativas acerca de la Política y lo público están fuertemente influenciadas por la manera concreta como hemos experimentado la vida política en nuestra vida cotidiana: el acercamiento antropológico a la manera como se percibe y experimenta la vida política y la relación con las instituciones estatales en el día a día de los ciudadanos constituye un importante complemento a los análisis de la política que parten de la Filosofía, Sociología, Politología e Historia Política, más centradas generalmente en los aspectos más estructurales y generales de la vida política.

Estas diferentes percepciones responden a diferentes maneras de vivir la política en nuestros países: la percepción y expectativas acerca de lo público son diferentes según el alcance, desarrollo y declive de las instituciones del Estado, que dependen tanto de las diferencias entre las finanzas estatales como de la fuerza de las movilizaciones de las clases llamadas subalternas. La fuerza del anarcosindicalismo de algunos países del continente, la presencia de migración extranjera, el desarrollo de las economías exportadoras, el surgimiento de movimientos populistas, la persistencia de relaciones clientelistas ligadas a regímenes oligárquicos, los efectos del auge y la caída de la sustitución de importaciones, la presencia de fuertes o débiles partidos políticos, el diferente grado de crisis de ellos y el surgimiento de los llamados movimientos populistas de “segunda generación” producen importantes diferencias en la experiencia política de nuestras naciones. Por ejemplo, la contraposición entre los modelos clientelista y populista de inclusión de las masas populares y la presencia de unos u otros modelos en la vida política de nuestras naciones producen importantes transformaciones en la vida política de nuestras naciones: ambos sistemas significan una cierta ruptura de los regímenes oligárquicos del siglo XIX y una cierta ampliación de la ciudadanía, pero con diferente grado de radicalidad y consecuencias diferentes para el sistema político.66. Una de sus expresiones es la presencia o ausencia de regímenes militares y los cambios representados por la transición a regímenes democráticos, la frustración frente a los resultados sociales de esa transición en algunos países del continente. Esas situaciones se reflejan en las movilizaciones sociales por fuera del sistema de los partidos y la crisis de la representatividad de éstos, que varía mucho de un país a otro, dependiendo de la evolución concreta de sus sociedades. Estos diferentes marcos explican las diferencias del carácter de los llamados “neopopulismos” o populismos de segunda generación, de diferente orientación ideológica en distintos países: diversos autores muestran las

66 Nicos Mouzelis, 1994, “Populismo y clientelismo como modos de incorporación de las masas en sistemas políticos semiperiféricos” en 1994, Carlos M. Vilas, compilador, La democratización fundamental. El populismo en América Latina, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, passim, especialmente la pp. .466-480.

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diferencias entre un populismo compatible con la ortodoxia neoliberal y un populismo más radical, de carácter nacionalista67.

Y esas diferencias se reflejan en nuestras concepciones de lo público, que expresan el sentido de la Política que queremos construir. Para superar la distancia entre instituciones estatales y realidades sociales, la invocación a lo público debe articular las diferencias y particularidades en el conjunto de la vida nacional, aprovechando y profundizando las posibilidades de participación que otorgan los marcos constitucionales de los diferentes países. Y repensar la relación entre Estado y sociedad civil como realidades complementarias y no contrapuestas. Finalmente, el sentido de lo público como cultura ciudadana en construcción señala la necesidad de una formación, organización y actividad políticas que vayan gradualmente superando la brecha entre las instituciones estatales y las realidades políticas de nuestros países. En esa construcción, hay que articular las políticas estatales con las de la Sociedad civil, combinando esfuerzos desde arriba y desde abajo, teniendo en cuenta la historia pasada con sus logros y limitaciones, con una mirada puesta en el deber ser de la ética pero considerando las posibilidades concretas de la acción política dentro de los marcos institucionales y las coyunturas concretas tanto nacionales como internacionales.

67 Ignacio Walker 2006, “Democracia en América Latina”, Foreign affairs en español, vol 6, número 2, p. 15.

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Dignidad humana, región, globalización y desarrollo

Francisco de Roux, S.J.

Este texto es una reflexión sobre desarrollo y globalización a partir del proceso del Magdalena Medio colombiano.

1. En la inmensa y creciente ínter conectividad del mundo actual la relevancia de lo local- regional reside en que a este nivel la gente importa y el significado ético de cada persona es crucial.

2. La globalización es una realidad que penetra todas las sociedades con dinámicas constructivas y destructivas. Si las dinámicas negativas prevalecen sobre las positivas la globalización puede acabarse como ocurrió con el final de la economía globalizada entre 1925 y 1938. En esa época la oposición a la internacionalización del mercado y del capital vino de los Estados nación y frenó por más de treinta años la globalización de los flujos de mercancías y finanzas. Hoy en día, si la globalización actual, mucho más pluridimensional y envolvente, no pone en primer plano a todos los seres humanos sin exclusión y en armonía con la naturaleza, la oposición vendrá de la gente, de las comunidades interconectadas en una forma que era impensable a principios del siglo pasado. Y la gente detendrá el proceso.

3. Al lado de las conexiones del mercado, la tecnología y las finanzas, de la globalización de hoy, es importante notar que el aumento de las comunicaciones y de las relaciones entre comunidades territoriales ha producido tres efectos: relevar el valor de todo ser humano; poner en evidencia las diferentes formas como seres humanos en entornos culturales y medioambientales distintos quieren vivir su propia dignidad; y mostrar la necesidad de que las comunidades y las organizaciones actúen responsablemente en instituciones a diversos niveles nacionales e internacionales en un planeta unificado. Este posicionamiento mundial de lo personal, lo local, lo cultural, lo territorial medioambiental, está lejos de ser una atomización de lo particular y nada tiene que ver con el provincialismo, el parroquialismo o la autarquía. El valor de cada persona humana y el cuidado de los seres humanos entre sí y con su territorio es el fundamento del peso específico, sociológico, moral y político, de las comunidades regionales. Hoy, las comunidades regionales, de manera cada vez más significativa, están dando a los Estados la legitimidad indispensable para los roles que juegan a nivel nacional e internacional. Al mismo tiempo, están estableciendo múltiples formas de articulación con otras comunidades regionales en el planeta. La intención de las comunidades de mantener la conexión con los derechos humanos integrales, y con la cultura, las tradiciones y el medioambiente, mantiene a la producción económica conectada con las necesidades y la sostenibilidad, y garantiza que la producción responda a los deseos reales de la gente, contra la homogenización

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artificial impuesta sobre los consumidores por las multinacionales. A este nivel, local y regional, se origina la información indispensable para librarnos de la vulnerabilidad del “casino capitalista”, y se origina el respeto entre los pueblos que nos protege a todos de la violencia y el terror internacional.

4. Usamos el término comunidades regionales en un sentido amplio: un conjunto de poblaciones en un área rural suficientemente extensa; la cuenca de un río caudaloso y sus afluentes; una ciudad grande; un conjunto de ciudades intermedias que comparten espacio, civilización y mercados. El territorio regional es el espacio donde las mujeres y los hombres deciden vivir la vida que les es propia, en armonía con la naturaleza; por esta razón hablamos de comunidades regionales. En la literatura de la Unión Europea estas regiones son llamadas “comunidades”, “comunidades autónomas”, o “regiones dentro de un país”. Hoy en día existen muchas formas de asociaciones y organizaciones, y muchas comunidades virtuales globales a través de Internet, pero normalmente, cuando se tienen una comunidad humana responsable esta se encuentra circunscrita a un territorio, comparte un paisaje y posee una cultura.

5. A contracorriente con los deseos de la comunidad regional, se da en el Magdalena Medio el plan de desarrollo impulsado por el gobierno central que busca transformar el valle en una plataforma de exportación de bienes transables, aprovechando la vía fluvial y la proximidad de Miami. Estos bienes de exportación se originan en la refinación de petróleo y sus derivados al borde del Río; y en grandes plantaciones en manos de corporaciones para la producción de biodisel, aceite de palma, caucho y maderas; y explotaciones corporativas de carbón, oro y otros minerales que viajan por el Magdalena hacia la demanda externa. Este modelo ya está en marcha. Si se consolida seguirán llegando inversiones intensivas en capital, más de la mitad de los pobladores tendrán que salir del territorio, y las tierras y los recursos naturales serán propiedad de compañías grandes de accionistas ajenos.

6. Pero podemos desarrollar otra alternativa. Podemos poner primero al pueblo. Podemos acompañar al pueblo en su lucha por el territorio, en la preservación de su herencia cultural, en su determinación de ocupar productivamente la región en armonía con la naturaleza. Podemos desarrollar la Finca Campesina con seguridad alimentaria y un producto tropical agroindustrial que garantice el futuro de las familias allí asentadas, y doblar en número de hogares que están en el campo; podemos impulsar una minería del carbón y del oro con tecnologías apropiadas, intensivas en mano de obra y cuidadosas del medioambiente. Podemos articular el proceso con la cultura y la industria apropiadas. Podemos llegar a acuerdos con los inversionistas nacionales e internacionales para que el capital y la tecnología participen en este esfuerzo, siempre y cuando garanticen que primero es la gente y su hábitat natural. Los campesinos vinculados al

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Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio PDPMM han probado que esto es posible, que son capaces de doblar la productividad de los cultivos de caucho, cacao y palma de aceite en sus fincas campesinas. Desarrollar esta alternativa es crucial para este país que vive un conflicto armado interno. Un país de comunidades territoriales diversas, que fue unificado artificialmente por la clase dirigente, y que puede consolidarse como una nación en paz, y ocupar un lugar central en la unificación del continente latinoamericano y en una globalización alternativa si logra reconstruirse desde las comunidades regionales que lo forman.

7. La base ética para esta alternativa de desarrollo ha sido ya establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El preámbulo declara que la dignidad inherente e igual de todo ser humano, y los derechos inalienables que se derivan de esa dignidad (Convenio de los derechos Civiles y Políticos), son el fundamento de la libertad, la justicia y la paz del mundo.

8. La dignidad, igual de todos los seres humanos, se da en cada persona como valor absoluto siempre. La dignidad no depende del sistema social y no se recibe del Estado, ni de ninguna institución nacional o global, religiosa o secular. La dignidad se tiene simplemente por ser humanos y no puede ser violada por ninguna institución. De esto se sigue como una norma ineludible el que toda persona, en todos los casos, debe ser reconocida como miembro por si misma, e igualmente valiosa que cualquier otro miembro, de la comunidad humana universal e histórica. De esta forma, con la Declaración de Universal de los Derechos Humanos y los Convenios consecutivos, la comunidad internacional, implícitamente estableció las bases para la constitución de la ciudadanía global de todas las personas sobre el Planeta.

9. La dignidad no puede hacerse crecer. La dignidad de las personas no aumenta por el crecimiento económico de un país, ni por los estudios que las personas hagan, ni por ser pobladores de una potencia internacional; ni es menor por ser poblador de un país pobre. La dignidad no puede ser desarrollada. Lo que se desarrolla son las condiciones para que cada persona pueda proteger y expresar libremente su propia dignidad, de la manera como quiere vivir este valor absoluto. Estas condiciones son los derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales y de género convertidos en realidad, en la forma como la personas de una comunidad decidan.

10. Vivimos un momento de la historia en el que la conciencia del valor de las personas, independientemente de las posiciones sociales, el ingreso o los títulos académicos, independientemente de si se es africano, norteamericano, latino o europeo, está creciendo más rápidamente que los movimientos del capital y del mercado. El desafío hoy es garantizar que la globalización llegue a ser la dinámica que afirme y de posibilidad a las libres de expresión a la dignidad de cada persona

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y de cada comunidad humana en el escenario del Planeta; tal es el sentido del primer parágrafo de la declaración del Milenio de las Naciones Unidas.

11. Para lograr este ideal, desde la perspectiva de las comunidades regionales, el proceso del Magdalena Medio ha puesto en evidencia los siguiente dilemas:

El primer dilema consiste en aceptar o no que todos los miembros de la comunidad humana valen lo mismo como personas. Es el dilema entre la inclusión y la exclusión. Entre aceptar que no hay vidas humanas más importantes que otras. Entre aceptar o no que ninguna persona puede ser utilizada como un medio para lograr fines militares, económicos o políticos y por tanto aceptar o no el secuestro, la intimidación, las minas antipersonales, la desaparición forzada. Es el dilema entre la guerra y la paz. En el Magdalena Medio miles de personas fueron asesinadas y desplazadas porque otros se consideraban mas importantes y las juzgaron un obstáculo para el logro de sus ambiciones.

El segundo dilema consiste en dar o no prioridad a la gente sobre las compañías, las corporaciones y los negocios. La gente son el amor y la pasión, las familias, la identidad, las tradiciones y la cultura. Las corporaciones son los negocios y los aparatos que generan utilidades para dueños extranjeros o nacionales. Los negocios incluyen la producción y el mercadeo de cocaína. La prioridad a las corporaciones significa que cualquier actividad que interfiera la plena realización de los negocios es considerada peligrosa para la sociedad. En el Magdalena Medio se han conocido las consecuencias de una seguridad concentrada en la protección de las compañías de petróleo, oro y palma africana que se convierte en amenaza para la tranquilidad humana. Se ha experimentado la imposición de la economía de la coca a costa de la destrucción de las comunidades. Igualmente la Región ha experimentado la diferencia entre empresas que son organizaciones que arrasan con las comunidades y empresas que dan toda la importancia al valor de los pobladores; y la diferencia es crucial cuando se trata de buscar alternativas.

El tercer dilema es sobre el desarrollo. Si entendemos el desarrollo como la expansión sostenible de las posibilidades de la dignidad humana en un territorio; o si entendemos el desarrollo como la utilización de un territorio para expandir las ganancias de grandes empresas nacionales e internacionales. Es el dilema entre orientar el proceso productivo a producir la vida que la gente quiere vivir a partir de sus derechos humanos, su cultura y su medioambiente; o orientar el proceso productivo a generar ganancias privadas de propietarios que no son de la Región. Es el dilema entre los empresarios interesados en hacer crecer la vida de una comunidad en un territorio, que invierten las utilidades juntamente con la expansión de la producción, en el capital social, la infraestructura de conectividad y la protección del medio ambiente; y los gerentes de corporaciones y sus

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empleados que hacen dinero explotando los recursos del territorio, para invertir las ganancias extraídas en cualquier lugar donde hayan mejores alternativas. Este es el dilema entre el desarrollo regional y el desarrollo de enclaves. Entre dar la prioridad al mercado interno conectado con la calidad de vida de los pobladores, sin perder la perspectiva de exportar excedentes; o dar la prioridad a las actividades exportadoras sin importar lo que ocurra con la vida cotidiana de toda la gente. Es el dilema entre hacer a una comunidad capaz de participar en todas las etapas de un proceso productivo que incorpora toda la tecnología necesaria para concentrarse en la producción de las condiciones de la vida querida por la gente; o mantener la asimetría tecnológica que concentra el conocimiento y los instrumentos en los países desarrollados y crea en las regiones colombianas la seguridad y los incentivos para atraer multinacionales que controlen la tecnología y la producción y establezcan las redes de distribución para la demanda de los consumidores de otros lugares del mundo.

El cuarto dilema es sobre la iniciativa del desarrollo. Dar la iniciativa del desarrollo y la paz a las comunidades regionales, o entregar la iniciativa al Estado. Es el dilema entre las decisiones de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Las comunidades del Magdalena Medio establecieron la “propuesta”: “esto es lo que nosotros nos proponemos hacer en este territorio para acabar con la exclusión y la pobreza y alcanzar la justicia y la paz; y para proteger nuestra dignidad en un contexto de conflicto local, inequidad nacional y globalización. Al formular la propuesta las comunidades saben que la paz que se obtenga depende del tipo de desarrollo que se emprenda.

El quinto dilema: es aceptar las señales provenientes de las comunidades regionales o rechazar esas señales como irrelevantes. Como ejemplo está la señal de la seguridad alimentaria que trasciende todos los hogares de la Región. Los pobladores quieren preservarla porque va pegada a ella su soberanía, su cultura, su salud y la sostenibilidad de su medio ambiente. Un ejemplo significativo de la señal no escuchada es la dada por las comunidades de pescadores del Magdalena Medio: Los pueblos de la ribera consideran sustancial, en la vida querida, el desayuno con pescado y yuca. Lo necesitan igual a como otros pueblos necesitan la arepa de maíz, o el chocolate o el café para quedar desayunados. Hace 25 años en el Magdalena Medio se sacaron 17 mil toneladas de pescado, el año 2007 solamente se pudieron pescar 700 toneladas. En consecuencia ya no hubo pescado para el desayuno. La vida querida por la gente ha sido afectada. Esta pérdida no puede resolverse solamente en la Región. Es toda Colombia la que ha destruido el Río Grande de la Magdalena. La señal de alarma de los pescadores apunta a un problema que toca con el calentamiento global, la destrucción de los bosques naturales y la polución. Como esta, hay muchas otras señales inatendidas.

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La respuesta a estos dilemas es compleja y es posible. Requiere al mismo tiempo el compromiso de las comunidades y de las instituciones. En una perspectiva de ciudadanía mundial que ejerce su papel a diversos niveles locales, nacionales e internacionales, en un entrabe institucional, cultural, político y económico, construido de abajo hacia arriba, siempre desde la perspectiva de que el desarrollo es la gente. La gente con dignidad como principio y como fin del desarrollo. La mano invisible del mercado libre no trae el desarrollo que pone a la gente como principio y como fin. El desarrollo regional muestra que se requiere la mano visible de la sociedad en sus organizaciones y del Estado, comprometidos en la comunidad regional, que orienten el mercado hacia la vida querida por la gente.

12. En el Magdalena Medio grupos crecientes de hombres y mujeres han identificado la manera como quieren proteger su propia dignidad, manifestarla y vivirla. Ellas y ellos comprenden que lo que está en juego es el sentido de cada una como persona humana. Son personas en una comunidad que es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos y costumbres íntimamente conectados con la valoración consciente que cada persona tiene de sí misma. Vulnerar la comunidad y detener su desarrollo es inevitablemente vulnerar la dignidad de sus personas. De allí el inmenso énfasis puesto por las comunidades en los derechos humanos: la protección de la vida y la integridad de cada uno, y el cuidado de los Espacios Humanitarios, territorios donde la integralidad de las personas está más amenazada y se requiere mayor organización y solidaridad para evitar muertes y desplazamientos.

13. En el Magdalena Medio la reflexión sobre la dignidad llevó a las comunidades y organizaciones a comprender la importancia del Estado y de las instituciones públicas. Al comienzo únicamente se tenían comunidades populares, muy reticentes a entrar en relación con el Estado que se consideraba fuente de corrupción, violencia e injusticia. Poco a poco los pobladores comprenden la necesidad de una institución que garantice en igualdad de derechos la dignidad de todos y todas. Entienden que esta es la razón de ser del Estado. Comprenden la responsabilidad del Estado en la protección efectiva de la dignidad humana, y en la ampliación de las condiciones para vivir la dignidad como los pobladores quieren, sin inequidad ni exclusiones; se dan cuenta de que todos y todas son ciudadanos y tienen el derecho a rendimiento de cuentas sobre los bienes públicos. Comprenden que todos y todas tienen que participar en la formación, en el control democrático, en la legitimación y en la gobernabilidad del Estado que requiere la convivencia.

14. En el Magdalena Medio se ha aprendido que el desarrollo, que hace los cambios estructurales para que la paz sea posible, se hace entre todos los actores productivos del un territorio. El principio que se sigue es: “la Región se construye entre todos y todas o no será posible”. Este es el principio más difícil de llevar a la

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práctica en las actuales circunstancias cuando todavía se está en el conflicto. Nadie puede ser excluido. Nadie puede ser amenazado ni desaparecido. Todos son importantes. Se es consciente que para lograr esto todos y todas tienen que cambiar: Los políticos y los burócratas tienen que abandonar la corrupción; los jueces tienen que rechazar el soborno y terminar la impunidad. Los paramilitares desmovilizados tienen que desmontar las estructuras de coerción y entregar las armas y las propiedades que robaron. Los guerrilleros tienen que terminar con el secuestro y las minas antipersonales y adentrarse en la solución política del conflicto. Los latifundistas tienen que compartir la tierra. Las corporaciones tienen que poner primero el desarrollo regional. Los grupos religiosos tienen que practicar la inclusión y la solidaridad con todo el mundo, empezando por los más pobres y rechazados. El ejército y la policía tienen que estar al servicio de la tranquilidad de todas las personas y comunidades y no presionar ni dar premios para convertir a los ciudadanos en informantes. Es necesario que las comunidades y organizaciones depongan los prejuicios, los odios, las venganzas, y que juntos trabajen por la verdad, la justicia y la reconciliación. Es indispensable que se conozca la verdad sobre los hechos. Hay en impulsar el diálogo, basado sobre el respeto a todos los niveles, y la búsqueda de acuerdos para producir la vida que los pobladores quieren vivir en el territorio. Las comunidades saben que esta tarea no se circunscribe a los límites del Magdalena Medio; hay que realizarla más allá, en los espacios nacionales e internacionales porque el mundo está en la región a través de las comunicaciones, la tecnología, el capital y el mercado; y la Región está en el mundo con el proyecto de vida de los pobladores, como el aporte de ellos y ellas a la comunidad internacional, de una manera propia de expresar la dignidad humana.

15. El Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio establece que el objetivo es la paz; y que el desarrollo determina la paz. Es decir, que de la forma como hagamos el desarrollo depende el tipo de paz que consigamos en la sociedad. Es necesario poner en evidencia que lo que está en juego en el PDPMM es la consecución de la paz. Cada proyecto emprendido se hizo para enfrentar un conflicto y, al enfrentarlo, para llegar a las raíces del problema estructural subyacente. Y para que a través de un grupo de proyectos pertinentes se pudiera llegar al conjunto de los conflictos estructurales de la Región y poner en marcha el proceso irreversible de su solución. Ese fue el origen de la Ciudadela Educativa cuando la comunidad decidió mediar entre la empresa privada y la guerrilla para evitar que la construcción de una termoeléctrica en Barrancabermeja terminara en una guerra urbana; de allí surgió la institución educativa de más de 4 mil estudiantes. Cuando las organizaciones paramilitares entraron creando pánico en la montaña y los guerrilleros quisieron utilizar los pueblos como parapeto para la guerra, las comunidades crearon los Espacios Humanitarios que protegen la soberanía y la autonomía de los pobladores. Cuando la confusión y el terror se

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iban extendiendo por las comunidades, los jóvenes pusieron en marcha el proyecto de la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio para difundir la confianza, la esperanza y la solidaridad y mostrar que había un futuro posible. Cuando la coca para financiar la guerra buscaba implantarse en todo el territorio y los campesinos eran expulsados por la mafia y los terratenientes, la gente creo la finca campesina de cacao, de caucho, de bosques, de frutas, de microhatos, de palma campesina; y construyó carreteras para unir las fincas con la cooperación del Japón.

16. Con estos aportes el proceso del Magdalena Medio pretende unirse a las dinámicas que en muchas regiones del mundo intentan transformar la globalización en una dinámica envolvente y sostenible de protección de la dignidad de todos los seres humanos y de ampliación de las posibilidades de expresar las diversas maneras como se manifiesta la grandeza del ser humano. Esta dinámica es a la vez ética, cultura, filosófica y política. En esta dirección escribió Bernard Lonergan cuando planteó la idea de cosmópolis en 1956. Hoy David Held, cincuenta años después, presenta la idea de una manera más acabada y rigurosa: una comunidad cosmopolita, con una ciudadanía que actúa en diversos escenarios institucionales, dentro de diversos niveles de autoridad legítima, participativa y democrática, para proteger el valor y la dignidad igual de todo ser humano. Hacia la construcción de una ciudadanía mundial de abajo hacia arriba con niveles diferentes de expresión política y de rendimiento de cuentas: en lo local regional, lo nacional, las uniones de naciones y lo global; a partir de las comunidades territoriales y culturales a las que las personas pertenecen, en la cuales viven física o emocionalmente, desde las cuales actúan, y a las cuales regresan. Con el accionar en redes que conectan formas de actuar responsablemente a niveles distintos: las regiones, las organizaciones nacionales, las supranacionales y las globales; y con participación ciudadana responsable y eficaz en los asuntos globales como el hambre mundial, la deuda, la deforestación, el calentamiento, el armamentismo, y la inestabilidad financiera. En este escenario los Estados tienen un papel propio particularmente en los derechos humanos y el capital social y la educación que vigorice la participación regional. Y hay un papel propio para las comunidades locales y para la unión de naciones latinoamericanas, africanas, asiáticas, etc.

17. A finales de 1995, cuando se puso en marcha el Programa del Magdalena Medio a partir de procesos sociales y religiosos que se habían venido gestando desde los años setenta, los participantes pensaban que sus objetivos se limitaban a la Región y buscaban simplemente desarrollo local y acuerdos de paz para los pobladores del territorio. Ahora trabajan con una perspectiva global y saben que lo que hace es relevante para asuntos tan envolventes como la volatilidad del capital financiero internacional, el respeto a los pueblos migrantes, la construcción y la

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transformación de las instituciones internacionales, la protección de los derechos humanos integrales y la participación efectiva en una ciudadanía humana cosmopolita, mundial. Hoy saben que cuando están impulsando proyectos educativos en los caseríos, o haciendo carreteras campesinas o elevando la seguridad alimentaria, o protegiendo las tierras de los pobladores, están en contacto con millones de hombres y mujeres de la Tierra que participan en la misma aventura basada en los principios de justicia, cooperación, libertad y derechos humanos.

18. Sabemos que la justicia y la paz no pueden venir de una guerra que desde hace años produce lo contrario de lo que se propusieron los actores: degradación creciente del ser humano, desesperanza, desplazamientos, polarizaciones bárbaras, cocaína y crimen para financiar la guerra. Tampoco pueden venir de los esquemas de seguridad nacional con sus énfasis autoritarios de llamada alinear la población con las fuerzas armadas y hacer que la presencia militar prevalezca sobre las dimensiones jurídicas y no militares del Estado. El desafío del Magdalena Medio es continuar construyendo, en medio del conflicto, la sociedad equitativa y participativa que basada en la dignidad humana va forjando entre todas y todos la manera como un pueblo quiere vivir su identidad.

19. Aspiramos a una globalización alternativa, formada por regiones donde las comunidades puedan expresar su grandeza humana como quieran, desde sus tradiciones espirituales y simbólicas. Donde los conflictos se manejen en el respeto y la verdad. Donde no haya excluidos. Una globalización en la diferencia, totalmente distinta de la homogenización de las multinacionales, y del materialismo consumista.

20. Una globalización de la convivencia en dignidad, donde el desarrollo no es otra cosa que la mujer y el hombre en plenitud, en armonía con todas las formas de vida sobre la tierra.

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MEDIO AMBIENTE Y MODELO DE DESAROLLO

Guillermo Cardona Grisales, sj.

La idea del desarrollo estuvo siempre unida a la idea del crecimiento económico.68 El desarrollo de la economía como “ciencia” empezó en el siglo XVIII con la publicación del libro La riqueza de las naciones por ADAM SMITH (1776). Y aunque SMITH desarrolló su teoría económica basado en ventajas comparativas relacionadas con el aprovechamiento de la oferta natural y las características ambientales de las diversas regiones, la economía se alejó de lo natural como referente de análisis para su evolución teórica.

Así, hasta entrada la segunda mitad del siglo pasado, lo ambiental y el desarrollo eran dos problemas que se entendían y miraban por separado, en términos del desarrollo teórico económico. El economista no tenia referentes ambientales para evaluar o proponer el desarrollo. Las reflexiones sobre la relación entre ambiente y desarrollo surgieron cuando, en términos económicos, se empezó a sentir el carácter limitado de la oferta natural. Como consecuencia, se cuestionó el crecimiento sin límites, uno de los postulados principales del paradigma económico dominante. Uno de los primeros documentos en llamar la atención sobre el conflicto entre calidad del medio ambiente y el crecimiento económico fue “The limits of growth” de D. MEADOWS et al. (1969) del llamado Club de Roma.

En 1972, en la Conferencia Mundial de Estocolmo (Suecia), se reconoció la interrelación y el conflicto entre medio ambiente y desarrollo y se concluyó que la restricción era de carácter técnico. Es decir, si bien ciertos recursos eran limitados y podían agotarse, para que esto no frenase el crecimiento la alternativa era tecnológica. La evolución en los arreglos tecnológicos debería aportar la solución mediante sustitución de factores productivos.

Entender la interrelación y problemática entre desarrollo y medio ambiente implica entender el concepto de desarrollo sostenible, concepto nuevo en el contexto mundial, que surge como una necesidad de enmarcar en un concepto una nueva forma de entender y mirar el desarrollo, concepto que expresa una confrontación política. En 1980, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) presenta un concepto de desarrollo sostenible fundamentado en la necesidad de la conservación de lo natural, sin proponer la revisión del estilo de desarrollo dominante.

En el inicio de los años 80 la ONU retomó el debate de las cuestiones ambientales. En 1983 crea la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, dirigida por la primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, que presentó en 1987 el informe llamado Nuestro Futuro Común o Informe Brundtland, que propone el desarrollo

68 Aquí sigo las ideas de GERMÁN SÁNCHEZ PÉREZ. Desarrollo y medio ambiente: una mirada a Colombia. En: Rev Economía e Desarrollo (Univ. Autónoma de Colombia, Bogotá), marzo 2002, vol. I, nº 1, págs. 79-98.

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sostenible como el: “que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades”.

Desde el punto de vista del desarrollo sostenible, la sostenibilidad económica se da cuando el manejo y gestión de los recursos naturales permite que sea atractivo continuar con el sistema económico vigente; hay sostenibilidad social cuando los costos y beneficios son distribuidos de manera adecuada entre la población actual (equidad intrageneracional) y futura (equidad intergeneracional); y hay sostenibilidad ecológica (especies, poblaciones y ecosistemas) cuando el ecosistema mantiene características que le son esenciales para la sobrevivencia en el largo plazo.

Este informe propone una serie de medidas que deben tomar los países para promover el desarrollo sostenible:

- limitación del crecimiento de la población,

- garantía de los recursos básicos (agua, alimentos, energía) a largo plazo,

- preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas,

- disminución de los recursos de energía y desarrollo de tecnologías con uso de fuentes de energía renovables,

- aumento de producción industrial en los países no industrializados con base en tecnologías ecológicamente adaptadas,

- control de la urbanización desordenada e integración entre campo y ciudades menores,

- atención a las necesidades básicas (salud, educación, vivienda).

Luego, en la reunión “La cumbre de la Tierra” de las Naciones Unidas en 1992, en Río de Janeiro (Brasil), se reconoció que la problemática entre medio ambiente y desarrollo rebasaba lo técnico y que, por lo tanto, el deterioro del medio ambiente tiene implicaciones sociales, políticas y necesariamente económicas. Fenómenos planetarios como el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono y el agotamiento de la diversidad biológica, motivaron acuerdos a los que se suscribieron la mayor parte de los países del planeta. En esta reunión se cuestionó el modelo de desarrollo impulsado por los países de alto ingreso per cápita, pues significa un consumo de energía que si se pretende a un nivel similar para todos los habitantes del planeta amenazaría las condiciones de vida en la Tierra. Existen claras diferencias entre países con alto consumo de energía per cápita y aquellos de bajo consumo.

A pesar de la dudosa unanimidad en torno al término “desarrollo sostenible” que parece más retórica neoliberal, según afirma Roberto Guimaraes de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, 69 aparecen grandes problemas con él relacionados: 1)

69 Véase NICOLO GLIGO V. Estilos de desarrollo y medio ambiente en América Latina, un cuarto de siglo después. ONU – CEPAL. Serie Medio ambiente y desarrollo 126. Santiago de Chile, mayo de 2006. P. 13.

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los aspectos ambientales todavía se ven externos a los procesos económicos y de desarrollo, 2) el deterioro ambiental se justifica por las ganancias sociales e económicas, 3) se cree que desarrollo es igual a crecimiento económico, 4) todavía el modelo de desarrollo se coloca al nivel de los países llamados “desarrollados”, 5) no se cuestiona de verdad el modelo de desarrollo dominante, el modelo neoliberal que hace de la súper explotación de las cosas y de las personas, de la acumulación y del crecimiento económico infinito las piezas claves de su existencia.

1) Los aspectos ambientales todavía se ven externos a los procesos económicos y de desarrollo.70

Los numerosos estudios que se han hecho sobre desarrollo tratan en forma integral de presentar estadísticas, índices e indicadores económicos, sociales, ambientales e institucionales. En casi todos estos estudios queda muy poco claro las coherencias e interrelaciones que hay entre las diferentes dimensiones analizadas.

Muchas estrategias y políticas sobre crecimiento económico, y también algunas sobre desarrollo social, tienen signo ambiental negativo. La importancia de las políticas ambientales implícitas en las políticas de desarrollo tiene que ser sopesada en su real dimensión, cuestión que hasta el día de hoy no sucede (Gligo, 1997). A continuación se exponen las principales contradicciones ambientales verificadas en estos planteamientos sobre crecimiento.

En América Latina la importancia de los recursos naturales en la economía ha sido y es crucial. Para tener más ingresos se recurre a la utilización intensiva de los recursos naturales lo que conlleva corrientemente una explotación de ellos, sin tener en cuenta la contaminación y es porque se ve el medio ambiente aún por muchos una simple externalidad. Además, el problema del nivel de ingreso se hace más complejo cuando se analiza su distribución.

Analizando el consumo se ve que el mayor consumo en la estructura económica se traduce en mayor generación de residuos y mayor presión sobre determinados recursos naturales, o sea, signo ambiental negativo.

Se pretende un buen desarrollo industrial, por el incremento del valor agregado y la creación de empleos. Sin embargo, hasta hace muy poco, las estrategias de desarrollo industrial consideraban al medio ambiente como una externalidad; los residuos no eran tratados y se arrojaban al aire, suelo y agua. No obstante haber mejorado la situación, el signo ambiental aún sigue siendo marcadamente negativo. La minimización del impacto ambiental y el reciclaje de residuos son tareas pendientes de la gestión ambiental que mientras no se aborden con eficacia el alto costo ambiental seguirá presente.

70 En este numeral 1) y en el 2) voy a seguir a NICOLO GLIGO, idibem. Pgs 14-16.

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Es obvio que la explotación de un recursos natural renovable puede tener signo ambiental negativo, neutro o positivo, dependiendo de su grado de renovación. En Chile, mucho de los productos del mar se sobre explotan, por lo tanto, su signo es negativo. Por otra parte, aunque la explotación sea sustentable y de signo positivo, es posible que haya problemas de competencia que incidan en la pobreza e insustentabilidad de determinadas comunidades. Es lo que usualmente sucede con la competencia entre la pesca artesanal y la pesa industrial. En no pocas ocasiones la intensificación de la pesca industrial se hace en desmedro de la artesanal, afectando la renovación de los recursos de este subsector y agravando los niveles de pobreza.

Con relación a las estrategias y políticas de desarrollo agrícola, éstas en muchos casos tienen impacto ambiental negativo, dado el costo ecológico derivado de la alteración de ecosistemas vivos. Sin embargo. es un tema de características muy complejas ya que el crecimiento de la agricultura se debe a múltiples factores. El crecimiento de la agricultura de secano en la mayoría de los países de la región es corriente que tenga un alto costo ambiental, derivado principalmente por la erosión de suelos con pendientes marcadas.

La agricultura intensiva de riego tiende a tener un plus positivo, tanto del punto de vista económico y social como ambiental, pero no debe dejar de mencionarse el impacto negativo derivado de la contaminación por pesticidas.

El tema del desarrollo agrícola no puede ser analizado al margen del estudio de la estructura de tenencia de la tierra. Esta es la que condiciona principalmente la racionalidad de los distintos y complejos actores productivos de la agricultura. La presencia de minifundios a lo largo de toda la región condiciona una situación muy negativa desde el punto de vista ambiental. Las inseguridades de la tenencia, derivada de las carencias de titulación propietaria, unida a variadas formas de subtenencias, inciden en formas de explotación insustentables.

La sustentabilidad de las estrategias y políticas de desarrollo forestal son difíciles de analizar cuando se produce la agregación del producto derivado de la explotación del bosque nativo con el producto que se deriva de las plantaciones forestales. Para los análisis de sustentabilidad es fundamental desagregarlos. El producto forestal derivado de la explotación del bosque nativo en América Latina tiene un signo marcadamente negativo. La tasa de explotación sobrepasa con creces la regeneración del bosque. Además, desde el punto de vista social, los ingresos de los obreros forestales son de muy bajo nivel.

El producto forestal derivado de las plantaciones forestales tienden a tener un signo ambiental positivo, pero importantes áreas de plantaciones se han implantado sobre la base del reemplazo del bosque nativo. Es obvio que este caso el signo es muy negativo.

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Dada las condiciones estructurales de la economía de los países de América Latina, la intensificación de las exportaciones crean fuertes presiones ambientales. El deterioro de los términos de intercambio de muchos productos ha incidido para incrementar la presión por producir mayor cantidad física de productos, lo que se ha traducido, en muchas ocasiones en sobre explotación de los recursos naturales renovables. En el caso de los no renovables, con frecuencia, y en particular en el sector minero, la mayor producción no ha encontrado preparado a los emprendimientos mineros para manejar adecuadamente sus residuos.

Normalmente se utiliza el consumo de energía como un indicador del desarrollo económico de un país. El esfuerzo de los últimos años en América Latina se ha centrado en posibilitar las respuestas necesarias para una demanda creciente. El análisis ambiental de esta temática indudablemente que es muy compleja. No obstante, se puede señalar que, amén de los beneficios que conlleva la energía, muchos emprendimientos hidroenergéticos han pagado un costo ambiental alto. Sólo en los últimos años las centrales termoeléctricas han incorporado tecnologías para abatir sus residuos derivados de sus producciones. Se puede señalar que en la región el más alto costo ambiental se ha provocado por la generación de energía proveniente de la explotación del bosque nativo, sea para el consumo industrial, sea para el consumo doméstico.

Existe una extrema simplificación de asociar la alta tasa de urbanización a condiciones ambientales positivas, y la ruralización a condiciones negativas. La principal tesis que se maneja actualmente es que no hay una correlación entre tasa de urbanización y mejoramiento ambiental. La mayor urbanización puede ser positiva o negativa dependiendo de las condiciones como el proceso se realice. La expansión urbana por lo general tiene un alto costo ambiental derivado de la pérdida de suelos agrícolas. El perímetro urbano de muchas ciudades latinoamericanas está sometido a un proceso creciente de deterioro.

El incremento del parque automotriz se asocia al mejoramiento de las condiciones de vida, en particular, por el aumento del parque de automóviles particulares y por el crecimiento del de la locomoción colectiva. En ambos casos, además de los beneficios sociales, el impacto ambiental tiene a ser negativo. Entre los impactos más notorios se puede señalar, la contaminación del aire, los trancones vehiculares, la contaminación de ruido.

Desde el inicio, una propuesta de la CEPAL, en el manejo del término de estilo de desarrollo, debería entenderse que la dimensión ambiental es intrínseco a su definición. Pero en la práctica, por ser esta dimensión totalmente ajena a la gran mayoría de los autores que definieron el término, la dimensión ambiental siempre fue marginal y no se le consideró en su real dimensión. Las limitaciones propias de los economistas para abordar temas referidos a las ciencias naturales le dieron ese sello. Y en los estudios sobre desarrollo la dimensión ambiental quedaba como algo externo, y por eso ha sido

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desconsiderada en la práctica, ya que por cuestiones de “marketing” las empresas si quieren tener el ISO-14000.

2) El deterioro ambiental se justifica por las ganancias sociales e económicas.

En muchas de las publicaciones que abordan la temática del “desarrollo sustentable” antes de tratar los aspectos ambientales del susodicho “desarrollo sustentable”, es frecuente leer antecedentes relativos al crecimiento económico y al mejoramiento social, sin hacer un análisis de la coherencia de estos antecedentes con el medio ambiente. Es una especie de veneración previa a la economía para legitimar el medio ambiente. Lo paradójico es que, casi sin excepción, dada la modalidad de desarrollo prevaleciente en América Latina, la gran mayoría de los avances económicos, e incluso de bienestar social, han debido pagar un peaje ambiental muy alto.

Mirado así, la búsqueda del “desarrollo sustentable o sostenible” desde la dimensión ambiental, se pone en un mismo plano con las dimensiones, económicas y sociales. El planteamiento de la búsqueda del equilibrio entre los ambiental, lo económico y lo social, es lo que predomina.

Esta definición del equilibrio, de aparente simpleza, es una problemática muy compleja ya que cada dimensión tiene distintos niveles de abstracción y además intrincadas interacciones causa-efecto. Es necesario, entonces, indagar sobre las contradicciones del “equilibrio”, problema que nace del hecho de que cualquier artificialización de la naturaleza conlleva un costo ecológico.

El equilibrio es un concepto poco definido, normalmente no cuantificado, que cada cual adapta según sus propios intereses. No se dan límites sobre la reversibilidad de los procesos ecológicos, ni se definen las magnitudes de los costos ecológicos. Cada país, región, localidad; cada proceso productivo, cada acto de desarrollo puede fijar sus propios parámetros de equilibrio. Las indefiniciones e inexactitudes predominan en este discurso.

El discurso del equilibrio se basa en la necesidad de pagar determinado costo ecológico en función del indispensable crecimiento económico y de responder a las demandas para la supervivencia y el bienestar de la sociedad. Es corriente constatar en los países de la región el planteamiento que no se pueden adoptar los parámetros ambientales de los países desarrollados, sino que se hace necesario “ser prácticos” en el sentido de sacrificar el medio ambiente para bajar los niveles de hambre y suplir las necesidades básicas de la población, amén de contribuir al despegue económico. Es la búsqueda del mentado equilibrio dentro de la modalidad de desarrollo adoptada, marcada por la inequidad, la injusticia, la desigualdad. Mirado desde este enfoque, el medio ambiente no es una dimensión que potencie y enriquezca la concepción del desarrollo, sino que constituye un reservorio de recursos a los que hay que echar mano para cumplir con las metas del crecimiento económico.

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Entonces, fijar la meta del equilibrio es el precio que habría que pagar para seguir por “este desarrollo”, bueno, deseable y deseado. La semántica de esta forma vuelve a jugar otra mala pasada, pues el término equilibrio, contribuye a una percepción de que no hay conflictos, que todo corre por un camino sin tropiezos, que todo está equilibrado. En otras palabras, para algunos, que desafortunadamente son muchos en la región, lograr este equilibrio, facilita incorporarse de lleno al desarrollo sustentable.

Por ello que es muy importante aclarar que el equilibrio tal cual se plantea, no existe. Lo que existe, normalmente son estrategias, políticas, líneas de acción, proyectos, que tienen un mayor o menor costo ecológico, y que se adoptan en función de racionalidades que tienen que ver con decisiones económicas, sociales, étnicas, antropológicas, y que en muchas ocasiones, la racionalidad ambiental es marginal o no está presente.

Una visión desde esta otra perspectiva permitiría ver mucho más claro el panorama de la gestión del desarrollo con relación al medio ambiente. Permitiría no enceguecerse con falsos planteamientos que, en la mayoría de los casos, ocultan la falta de voluntad política para incorporar la dimensión ambiental, y en otros casos, posibilitaría tener una real y concreta apreciación de determinados costos ecológicos que se toman frente a apremiantes desafíos de la supervivencia.

3) Desarrollo sostenible es igual a crecimiento económico.71

En primer lugar un crecimiento económico no puede ser sostenible, porque los recursos son finitos. En sus dimensiones físicas, la economía es un subsistema abierto del ecosistema terrestre, que tiene fin, no crece e materialmente es cerrado. A medida que el subsistema económico crece, él incorpora una proporción cada vez mayor del ecosistema total e debe alcanzar un limite en el 100%, si no antes. Por eso su crecimiento no es sostenible. El término sostenible cuando se aplica a la economía es una contradicción.

Pero si pensamos así los economistas van a protestar que el crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) es una mezcla de aumento cualitativo y cuantitativo y por eso no está sujeto a las leyes físicas. Ellos tienen razón. Los cambios cuantitativos y cualitativos son muy diferentes y por eso es mejor mantenerlos separados y llamarlos con nombres diferentes ya establecidos en los diccionarios. Crecer significa “aumentar naturalmente de tamaño por la suma de material a través de la asimilación o el aumento”. Desarrollarse significa “expandir o realizar las potencialidades de..; llevar gradualmente a un estadio más completo, mayor o mejor”. Cuando algo crece se vuelve mayor. Cuando algo se 71 En este numeral sigo un artículo de HERMAN E. DALY. Crescimento sustentável? Não, obrigado. Ambiente & Sociedad – Vol. VII Nº. 2 jul./dez. 2004. págs. 197-201. Traducido del inglés al portugués por: Vicente Rosa Alves. Este artículo fue originalmente publicado en MANDER, Jerry & GOLDSMITH, Edward (eds.). The case against the global economy (and for a turn toward the local). San Francisco: Sierra Club Books, 1996, p. 192-96, sob o título “Sustainable growth? No thank you”. Yo empleé la traducción en portugués.El autor es norteamericano, economista, profesor de la Universidad de Maryland, EUA (School of Public Affairs). En los últimos 25 años, Herman E. Daly ha sido uno de los primeros en criticar la validez de la economía convencional. Y todavía más importante es el hecho de que hizo sus más especiales críticas cuando era economista senior del Departamento Ambiental del Banco Mundial, que dejó en 1994. Fue profesor de varias universidades norteamericanas.

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desarrolla se vuelve diferente. El ecosistema terrestre se desarrolla pero no crece. Su subsistema, la economía, debe parar de crecer y continuar su desarrollo.

Sin embargo, el término desarrollo sostenible tiene sentido para la economía si se entiende como desarrollo sin crecimiento – la mejoría cuantitativa de una base económica física que se le mantiene en un estado estacionario72 por el intercambio de materia-energía que está dentro de las capacidades regeneradoras e asimiladoras del ecosistema. Actualmente el término desarrollo sostenible es usado como sinónimo del contradictorio crecimiento sostenible y se necesita salvarlo de ese peligro.

Políticamente es muy difícil de admitir que el crecimiento, con sus connotaciones casi religiosas de fin último, deba ser limitado. Pero es exactamente esa insostenibilidad del crecimiento que le da ese sentido de urgencia al concepto de desarrollo sostenible. La tierra no tolerará ni siquiera la duplicación de un grano de trigo 64 veces, así sea que en los últimos dos siglos hallamos desarrollado una cultura dependiente del crecimiento exponencial para la estabilidad económica. Desarrollo sostenible es una adaptación cultural construida por la sociedad al tomar consciencia de la necesidad emergente del crecimiento nulo. Aún el “crecimiento verde” no es sostenible. Existe un límite para la población de árboles que la tierra puede soportar, así como existe un límite para las poblaciones humanas y de automóviles. Dejarnos llevar por la creencia de que el crecimiento todavía es posible y deseable y lo marcamos de “sostenible” o lo coloreamos de “verde”, no es más que retardar una transición inevitable y la haremos más dolorosa.

¿Si la economía no puede crecer para siempre, entonces hasta cuanto ella puede crecer? ¿Puede crecer lo suficiente para dar a todos un patrón de uso de recursos per cápita igual al de la media norteamericana? Eso es imposible. Incluso crecer un poco ya es difícil. Si Vitousek y otros (1986) ya calculaban que la economía humana actualmente obtiene un cuarto ¼ del producto primario líquido global de la fotosíntesis. No podemos ir más allá del 100%. Y es improbable que aumentemos el producto primario líquido, una vez que la tendencia del crecimiento económico hasta ahora es reducir la fotosíntesis global. Una vez que los ecosistemas terrestres tienen más relevancia y nosotros tomamos el 40% del producto primario líquido de la tierra, considerar un crecimiento así sea pequeño ya seria superlativo.

Además, alcanzar 100% es irreal, ya que somos incapaces de traer para la administración humana directa todas las especies que componen los ecosistemas de que dependemos. Y además é ridículo estar hablando de la preservación de la biodiversidad sin estar dispuesto a detener el crecimiento económico que exige el control humano de todos los lugares ahora ya ocupados por otras especies.

¿Si es imposible crecer un poco, qué tal mantener la escala actual, o sea, qué tal crecimiento líquido cero? Todos los días leemos sobre las reacciones provocadas por la

72 Este teorema sostiene que el mantenimiento de los patrones actuales de consumo de recursos naturales es imposible en un planeta superpoblado. Eso levantaría, inevitablemente, una grave crisis ambiental.

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economía en los ecosistemas, tales como la intensificación del efecto estufa, la erosión de la capa de ozono, la lluvia ácida, etc., las que son prueba de que incluso la escala actual ya es insostenible.

Cómo pues, las personas pueden seguir hablando de “crecimiento sostenible” cuando: 1) la escala actual de la economía muestra señales claras de insostenibilidad, 2) multiplicando aquella escala por un factor de 5 a 10, como recomienda la Comisión Brundtland, pasaríamos de la insostenibilidad al colapso inminente, y 3) el concepto en si mismo y lógicamente contradictorio, en un ecosistema finito, que no crece? Sin embargo, crecimiento sostenible es un modismo de nuestros tiempos. Y se torna verdaderamente ridículo cuando escritores hablan seriamente de “crecimiento sostenible en la tasa de aumento de la actividad económica”. No solamente debemos crecer para siempre, debemos acelerar para siempre! Esto es “verborrea” política vacía, totalmente desvinculada de la realidad.

¿Cuáles son las políticas necesarias para alcanzar el objetivo del desarrollo sostenible? Empeñarse para detener el “paso” en los niveles actuales (o reducirlos a niveles verdaderamente sostenibles) colocando impuestos a la extracción de los recursos, especialmente a los energéticos. Buscar maximizar los rendimientos públicos de tales impuestos y compensar (llegar a la neutralidad del rendimiento) eso con la reducción de impuestos sobre la renta, especialmente en el extremo más bajo de la distribución de renta.

Y con otras orientaciones adicionales de políticas para el desarrollo sostenible: Los recursos renovables deben ser explotados de tal manera que: 1) Las tasas de cosecha no excedan las tasas de regeneración, y 2) las emisiones de residuos no excedan la capacidad de asimilación renovable del medio ambiente local. Los recursos no renovables deberían ser consumidos a una tasa igual a la tasa de creación de sustitutos renovables. Los proyectos basados en la explotación de recursos no-renovables deben ser casados con los proyectos que desarrollen sustitutos renovables. Las rentas liquidas de la extracción de recursos renovables deben separarse en un componente de renta y en un componente de liquidación de capital. El componente de capital sería invertido cada año en el desarrollo de un substituto renovable. La separación se realizará de tal manera que, cuando el recurso no renovable se agote, el recurso renovable sustituto habrá sido desarrollado por medio de la inversión y el crecimiento natural a tal punto que su producción sostenible será igual al componente de renta. El componente de renta se convertirá así en perpetuo, justificando así el nombre de rendimiento, que por definición es el máximo disponible para el consumo, al mismo tiempo que el capital se mantiene intacto.

Sin embargo, antes que estos pasos operacionales en dirección al desarrollo sostenible puedan ser oídos, precisamos primeramente tomar las medidas conceptuales y políticas en el sentido de abandonar el slogan vacío de crecimiento sostenible.

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4. Todavía el “modelo de desarrollo” se coloca al nivel de los países llamados “desarrollados”

El constatar impactos negativos en el desarrollo esconde el juicio de valor que el desarrollo es bueno, y por ende, deseable y deseado. En este contexto el término desarrollo significa un proceso necesario y abstracto, lo que se traduciría en una definición del desarrollo, no como un proceso histórico concreto, sino un proceso teórico, sin dimensión espacio–temporal.

Para pasar de la abstracción a la concreción, por lo general, prevalece la influencia del modelo y las variables de los países desarrollados. Este tránsito hacia una definición histórica con dimensión espacial, arrastra consigo la idea de que “este desarrollo” es incuestionablemente el objetivo a seguir. Como conclusión, la política de desarrollo de los países subdesarrollados, es concebida en los mismos términos, lo que presupone que estos países, para lograr el estatus de “desarrollados”, deberían transitar por los mismos caminos de los países desarrollados.

Esta fue la concepción predominante hace veinticinco años atrás, y está aún vigente en la actualidad. Los países latinoamericanos tienen como objetivo, cual más cual menos, lograr el nivel de desarrollo de los países desarrollados, aunque para conseguirlo se agoten y deterioren los recursos. La relación circular desarrollo–degradación pareciera ser la única vía transitable.

En este contexto, el discurso del medio ambiente resulta paradójico. El crecimiento económico, la industrialización, el incremento del nivel de vida; en una palabra, el “desarrollo”, figura como causa de la degradación del medio humano. Como se ha planteado reiteradamente se hace ineludible romper este círculo vicioso, a través de un planteamiento: no detener el crecimiento sino reorientarlo. Se necesita, según estos postulados, utilizar la capacidad económica, científica y tecnológica para dominar los problemas planteados por la producción.

Pero para reorientar el crecimiento es necesario un desarrollo “más cualitativo”, que debiera significar la extensión del campo del control racional técnico y la aparición del hombre en el discurso. Pero la aparición del humanismo estaría introduciendo otra contradicción: la negación de la deseabilidad de un proceso que no controla y que no sabe hacia donde va.

Estas contradicciones están vigentes en prácticamente todos los discursos ambientales de la región latinoamericana, implícita o explícitamente. Los discursos de los gobernantes, las estrategias de crecimiento económico y de incremento del bienestar social, los planteamientos de las organizaciones internacionales, no han podido superarlas, pues, significaría de entrada un cuestionamiento al sistema imperante, un rechazo a los vínculos de dependencia, sin, a su vez, una clara definición sobre alternativas y tránsitos. Estas contradicciones, vigentes ya hace un cuarto de siglo, no han

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perdido vigencia y, si no son más patentes, se debe a las confusiones conceptuales y a las trampas semánticas.

El desarrollo económico es vital para los países más pobres, pero el camino a seguir no puede ser el mismo adoptado por los países industrializados. Eso no podría ser posible. Si las sociedades del hemisferio sur copiasen los patrones de las sociedades del norte, las cantidades de combustible que es consumida actualmente aumentarían 10 veces y la de recursos minerales, 200 veces. A la vez de aumentar los niveles de consumo de los países en desarrollo, es preciso reducir los niveles observados en los países industrializados.

Los crecimientos económico y poblacional de las últimas décadas han sido marcados por disparidades. Actualmente los países del Hemisferio Norte poseen apenas un quinto de la población del planeta, detentan cuatro quintos de los rendimientos mundiales y consumen 70% de la energía, 75% de los metales y 85% de la producción de madera mundial.

5) Es necesario cuestionar el “modelo de desarrollo dominante”, el modelo neoliberal: que superexplota las cosas y las personas, acumula y va detrás del crecimiento económico infinito.73

En el estudio de la CEPAL se escoge el término “estilos de desarrollo” para tratar de entender las diferencias entre los países de América Latina, si bien era un término que no agradaba a todos. Pero no se escondió el “estilo dominante”. El estilo ascendente se entendió como la penetración a nivel mundial de un proceso de cambio en el seno de las estructuras sociales, culturales, económicas y políticas de los países periféricos. Este proceso se caracterizaba por dos tipos de penetración: el primero, denominado difusión, referido a la ampliación del conjunto de actividades incorporadas al estilo. El segundo tipo, la profundización donde cada actividad progresivamente se ciñe a la lógica del sistema y se hace cada vez más homogénea. De allí se generan diversas dinámicas que permiten desplazar, reemplazar, anular y sobreponer actividades, creándose nuevas actividades y desplazando o anulando otras que actuaban con los criterios, la lógica y la racionalidad del estilo suplantado. Hay actividades y procesos que sobreviven al estilo dominante pero muy rara vez recuperan su posición predominante.

El estilo ascendente, fue a la postre derivado de la expansión del capitalismo en la región, y el estilo dominante, sin excepción, provino de las formas que tomó esta dominación en cada uno de los países de la región. No cabe la menor duda que el estilo referido en el decenio de los setenta y de los ochenta se definió en función de las

73 Aquí se sigue el capítulo I: El concepto de estilo de desarrollo: una mirada desde el siglo XXI, del libro NICOLO GLIGO V. Estilos de desarrollo y medio ambiente en América Latina, un cuarto de silgo después. ONU- CEPAL Santiago de Chile, mayo de 2006.

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características de la expansión capitalista. En este sentido, José Joaquín Villamil destacaba la inversión externa, su proceso de internalización de la producción industrial, la tecnología importada predeterminada por el patrón de consumo, el incremento de los costos sociales, el proceso de homogeneización cultural como reflejo de las necesidades de que las corporaciones transnacionales reorientaran la cultura local de acuerdo a su expansión industrial, y las contradicciones importantes de índole económica, social y ambiental.

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RELIGIÓN Y POLÍTICA

Pedro Trigo

1) Horizonte genérico estructural

La política tiene que ver con la administración del estado de cosas que prevalece en una sociedad, entendido como un orden, de algún modo como algo que conviene al bien del conjunto de la colectividad. Poner las condiciones para que la sociedad funcione expeditamente y de este modo preservar ese orden más o menos dinámico, supone una capacidad para administrar y gerenciar, y un poder para tomar decisiones y hacer que se respeten. Se entiende que el que se hace cargo de la cosa pública ha llegado a ese puesto y se mantiene en él por algún tipo de acuerdo o consentimiento de los ciudadanos.

La religión organizada tiene que ver con el cumplimiento de los deberes para con Dios, aceptado como Creador y Señor, fundamento último de la realidad, y con su designio sobre ella. Incluye, pues, la preservación del orden querido por Dios, aceptado como bien para todos. Se entiende que los representantes de la religión son representantes elegidos por Dios y que por tanto tienen capacidad y poder para cumplir sus funciones, y que este estatuto es aceptado por los que profesan esa fe religiosa.

Hasta ahora ningún orden conocido, desde que se inició la división de trabajo, ha sido completamente simétrico. Más aún, la mayoría de las veces ha sido fuertemente asimétrico, y hoy lo es tanto como el más asimétrico que registra la historia. Esto significa que objetivamente orden social no equivale a bien común o, dicho de otro modo, que no todos los ciudadanos pueden percibir en el mismo grado que es orden y bien sino que muchos o bastantes lo experimentarán como desorden, es decir como imposición que les acarrea males. En esas ocasiones el poder tiene que ser ejercido despóticamente. Pero es normal que la imposición por la fuerza tienda a perfeccionarse, para que sea más estable, con algún tipo de hegemonía, de manera que los súbditos sientan que en alguna medida sus intereses están salvaguardaos y así representados en la conducción de los gobernantes. Cuanto menos transparente sea el uso del poder, es decir cuanto más distantes estén los intereses de las capas dirigentes respecto de las subalternas, más necesita revestirse de elaboraciones que hagan ver el sentido de lo que en sí no lo tiene. Es el papel de las ideologías.

Desde que conocemos a las religiones organizadas, que es la época del neolítico en la que se inicia en gran escala la división de trabajo, éstas nunca han sido únicamente expresión del hecho de la religación potenciadora con el fundamento de la realidad, tanto la personal como la natural y social. En una medida mayor o menor, siempre han sido además adoración, vasallaje y aprovechamiento de la proyección al infinito de los poderes percibidos como indisponibles, sean de la naturaleza, del ser humano o de la historia. Cuando este aspecto ha tenido peso importante, las religiones han sacralizado los poderes sociales fácticos y por tanto la organización social que prevalece. Como esto no

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puede ser sentido como bueno por las clases subalternas, este poder divinizado o esta imagen de Dios tiende a caracterizarse como algo que no está al alcance de nuestras apreciaciones y que tenemos que acatar sin juzgarla. En este caso los preceptos religiosos se mantienen por temor al castigo inapelable y por la esperanza de los premios. Los personeros de una religión así, como no son los mediadores de la religación que nos hace reales y nos humaniza (o por lo menos como no lo son en una medida suficiente) no son vistos como beneficiosos para las clases subalternas, y por eso necesitan revestirse de la misma numinosidad inalcanzable que su divinidad.

Como se echa de ver por estas caracterizaciones sumarias, hay una homología estructural entre la manera como se presentan y ejercen históricamente la política y la religión. Ésta es la razón de que para perfeccionar su dominio, los jefes de los pueblos hayan reclamando el carácter sagrado de su investidura y aun de sus personas, llevando esta tendencia a veces al grado de divinizarse. Por su parte los dirigentes religiosos han pretendido también a veces la conducción política de su sociedad como enviados plenipotenciarios de Dios. Pero lo más frecuente ha sido un pacto entre ambos poderes por el que se reconocen mutuamente: los políticos aceptan que el horizonte último que pauta a la sociedad es el constituido por Dios y representado por la religión y sus personeros, que gozan así de un estatuto privilegiado. Los representantes de la religión establecida, por su parte, consagran a los políticos, reconociéndolos como nombrados en último término por Dios y representantes suyos. El efecto de esta alianza en el mejor de los casos ha sido sacralizar los usos y luchar contra los abusos, para que pudiera perdurar legítimamente el orden social. Pero en cualquier caso, como el pacto se hacía entre los representantes de la religión y la política, los ciudadanos y los fieles se mantenían en definitiva en la condición de súbditos.

Sin embargo, en los momentos más dinámicos de la historia, cuando el poder político se apoyaba en el pueblo e iba en la dirección de las mejores posibilidades de la realidad histórica con las transformaciones necesarias y posibles, para las que también conseguía la anuencia de parte del estamento privilegiado, y cuando el poder religioso se esforzaba por hacer más transparente la religación que nos fundamenta y potencia, el resultado, era, tanto una simpatía entre ambos poderes, como una libertad mutua que permitía el reconocimiento, pero no menos el señalamiento de lo que no se veía bien encaminado, y de todos modos una relativa independencia en su funcionamiento. Por lo que toca a los ciudadanos y fieles, la relación de los mandatarios con ellos era mucho más fluida, basada ante todo en el reconocimiento de sus derechos y de su condición de miembros vivos, adultos y activos (sede radical de la soberanía y pueblo de Dios, respectivamente) y en una actuación más transparente, abierta a la crítica y a la disidencia, y generadora así de una auténtica hegemonía. En esos momentos la sacralidad se ponía más en Dios y en las personas, y los personeros quedaban relativizados, y, precisamente por eso, sinceramente reconocidos y sólidamente apoyados.

2.1 Qué dicen las fuentes cristianas sobre religión

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Jesús es presentado en los evangelios y el resto del Nuevo Testamento como el enviado definitivo de Dios, condenado por las legítimas autoridades de la religión revelada. Si en Jesús acontece la culminación de las relaciones entre Dios y la humanidad, puesto que Dios no envía a alguien externo a él sino a su Hijo único, y lo envía como un ser humano que vive su existencia a favor de los seres humanos, y si desde otra perspectiva Jesús es el ser humano, que, llevando a todos en su corazón, vive con absoluta confianza en Dios y con una disponibilidad absoluta a su designio, en Jesús se da la realización absoluta de la religión.

Pero, tanto la entrega que Dios nos hace de su Hijo como la entrega de Jesús, como hermano de todos los seres humanos, a Dios, se realizan en la vida histórica, y no en los ritos y prácticas de la institución religiosa. O sea que la consumación de la religión que lleva a cabo Jesús no acontece “religiosamente” sino en la existencia histórica.

Se entiende que Jesús cumplió con las prácticas religiosas, como todo buen israelita. Además él en su actividad presupuso la existencia de la institución eclesiástica. Pero, tanto su relación con Dios como el cumplimiento de su designio, acontecieron en la vida y no en el templo. En los evangelios nunca aparece Jesús haciendo un rito religioso y nunca habla sobre ellos como mediaciones de la relación con Dios. Más aún, el motivo por el que las autoridades religiosas buscaron afanosamente la condena de Jesús, fue su liderazgo con las masas, una conducción que no iba contra la religión establecida, pero que la ladeaba.

Eso mismo causó tremenda extrañeza en el imperio: que personas tan religiosas no tuvieran religión, ya que para sus contemporáneos la religión giraba alrededor del sistema de templos-sacerdotes-sacrificios, y nada de esto tenían las comunidades cristianas convertidas del paganismo.

Por su parte Pablo teoriza todo esto afirmando que en Jesús no existe la división entre judíos y gentiles, que es una división religiosa, ya que él derribó el muro que separaba al pueblo escogido de los demás: Jesús en efecto se hizo hermano de todos, dio su vida por todos y sobre todos derramó su Espíritu, con lo que a todos nos hizo hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Pablo distingue entre las instituciones religiosas, fundamentalmente la Ley y el templo, que para él han perdido su razón de ser, y el sentido del judaísmo, que es la realización de la alianza, que consiste en que ellos sean su pueblo y Dios sea su Dios. Ésta es la sustancia de toda auténtica religión y ésta se cumple cabalmente en el cristianismo ya que él proclama que en Jesús todos somos verdaderos hijos de Dios y templos del Espíritu. Si Dios es inmediato a todos, no se necesitan ya templos ni sacerdotes, ni tampoco sacrificios, ya que lo único que podemos dar a Dios es a nosotros mismos, en respuesta a la entrega que él hace de sí.

Ahora bien, una dimensión constitutiva de la vida humana es la dimensión simbólica. Por eso los cristianos ponemos símbolos, fundamentalmente, el bautismo y la Cena del

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Señor, que en sustancia se remontan a Jesús. Estos símbolos, al expresar esa relación de la comunidad divina con nosotros y nuestra correspondencia a ella, la incrementan.

Si Jesús, al hacerse nuestro hermano, nos hace hijos de Dios, está expresando que una manifestación ineludible de la relación con Dios es la fraternidad. Esta fraternidad universal tiene tres expresiones primordiales: la fraternidad de los que hemos recibido a Jesús y en él a su Padre como nuestro Padre y nuestro Dios, que es la comunidad cristiana; la fraternidad con los pobres, predilectos de Dios y Jesús; y con los pecadores y enemigos, a los que él no deja nunca por imposibles y no podemos dejar nosotros. En el seno de la comunidad cristiana los presbíteros y obispos son los que conservan y trasmiten la memoria viva de Jesús y lo representan en la comunidad.

¿Hemos repuesto la religión? No, en el sentido de que todos tenemos acceso inmediato a Dios por la presencia de su Espíritu, trascendente por inmanencia y consagramos a él toda nuestra existencia. Por eso no hay templos, sacerdotes ni sacrificios.

Sí, en cuanto nos reunimos los que provenimos de la comunidad de Jesús y expresamos nuestra consagración a él y nuestra entrada en la comunidad en el rito del bautismo y celebramos su memoria viva en la Cena del Señor, y en cuanto que existen personas consagradas a cultivar la Tradición de Jesús y trasmitirla a la comunidad, y a coordinar la participación de cada uno, tanto en la misión de Jesús como en la vida de la comunidad.

Y sí, sobre todo, en cuanto que estamos absolutamente convencidos de que una humanidad que reconozca que está religada a la fuente de su vida que la fundamenta y la potencia, y que ese misterio puede ser invocado como Padre materno que nos otorga una confianza fundamental y la misión de vivir como hermanos y expresar esta fraternidad en estructuras e instituciones, es una humanidad que sabe su origen y su destino y puede buscar su vida con una confianza de fondo y con un reconocimiento mutuo y emulación constructiva. En cambio una humanidad que no reconoce esa dimensión, vive en el desamparo, la incertidumbre, la ignorancia de sí y de su destino, y es proclive a que cada uno de su miembros y ella como colectivo trate de constituirse en centro absoluto que procura poner a los demás en función de sí, con lo que se entabla un horizonte de lucha de todos contra todos para que prevalezcan los más fuertes y mejor posicionados, los más sagaces y con menos escrúpulos.

2.2 Qué dicen las fuentes cristianas sobre política

Jesús vino efectivamente como Mesías, es decir como ungido por el Espíritu para liberar al pueblo. Pero no entendió por pueblo a la nación, con sus instituciones y estructuras, sino a los de abajo, y por eso no vino a liberar del yugo romano y sus colaboradores judíos. No vino, pues, como Mesías davídico, es decir como un rey con su aparato militar y su organización estatal. Fue visto como un profeta, como un sabio, como un maestro, como un taumaturgo, y algo tuvo de todo eso. Pero fue fundamentalmente el

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que anunció el reinado de Dios y lo hizo presente: en la fecunda fraternidad de Jesús, Dios se entregaba incondicionalmente al pueblo como Padre materno y pedía al pueblo corresponderle viviendo con la confianza de hijos y expresándola en la constitución de una existencia fraterna.

En efecto, se encontró a una masa desperdigada, sobrecargada y desesperanzada, y la levantó de su postración, la convocó como pueblo y la movilizó alrededor de sí. Fue un verdadero dirigente porque no se levantó sobre el pedestal del pueblo masificado sino que lo ayudó a crecer como personas responsables y corresponsables. Su movimiento tuvo una tremenda dimensión política. Pero ese peso fue incomponible precisamente porque no aspiró a sustituir a las autoridades. No fue ni quiso ser un político. A diferencia del Moisés bíblico o el Mahoma de la historia, no elaboró un corpus legal ni organizó un Estado.

Él supuso que debían existir estructuras societarias, pero también que en ellas no se jugaba lo decisivo. No eran sagradas. Su objetivo era lo útil, y no salvar, en el sentido más denso de la palabra, a las personas. Hay que hacer notar, sin embargo, que un título imperial era Soter, Salvador, un título divino. Si las autoridades se mantenían en su campo propio, eran imprescindibles. Pero, si pretendían una trascendencia que no poseían, eran muy dañinas. Terminaban, como denunció Jesús, oprimiendo a la gente y haciéndose llamar bienhechoras. Por eso no debían sacralizarse sino someterse, así insiste Pablo, al imperio de la ley, una ley concebida para proteger al que obra bien y castigar al que obra mal, y sobre todo para disuadirle de que lo haga. La situación se torna mucho más grave cuando las autoridades respaldan y sacralizan un sistema económico inicuo. En esa situación mantener la libertad responsable tiene un precio tan alto que puede costar la vida. Es la situación que contempla el Apocalipsis, que denuncia que nadie podía comprar ni vender, si no tenía la marca de la Bestia, si no se hipotecaba a esas reglas de juego, si no vendía el alma.

Es muy revelador que las autoridades religiosas acusaron a Jesús ante las autoridades políticas de que agitaba al pueblo contra ellas, sabiendo que era mentira, y las autoridades políticas lo ejecutaron como Mesías político, a sabiendas de que no constituía ningún peligro militar. Según el cuarto evangelio, al ponerse de espaldas a la verdad, no se basaban en la justicia y al fin prevalecieron las componendas entre poderes, para no verse puestos en evidencia por el que se presentaba como testigo de la verdad y hablaba abiertamente donde se reunían todos. Los que sólo admitían súbditos, quitaron del medio al que venía a hacer un mundo de hermanos.

2.3 Instituciones ministeriales y por tanto responsables

En las fuentes cristianas aparece la ambivalencia tanto de la religión como de la política. Son dimensiones humanas insoslayables y por eso sus instituciones son imprescindibles. Pero, en vez de mantenerse en su condición de medios para ayudar a las personas y las colectividades a cultivar la humanidad cualitativa, sus personeros tienden a

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sacralizarse, y, en cuanto de hecho actúan así, profanan a las personas considerándolas piezas subordinadas de los engranajes de poder, y no seres sagrados, es decir que no pueden entrar como un ingrediente más en ningún conjunto ni sacrificarse como costo social de ningún proyecto.

El cristianismo no propone ningún sistema alternativo sino que, al considerar a las personas como entidades sagradas, a los vínculos entre ellas como obligantes, y consiguientemente a las relaciones en libertad, horizontales y mutuas como las que nos constituyen en personas, pone tanto la religión como la política, como, habría que añadir, la economía, al servicio de estas relaciones; lo que implica que deben organizarse de tal modo que las expresen, en vez de mediatizarlas u obstaculizarlas74.

Así pues, la dedicación, tanto a la religión como a la política como a la economía son vocaciones genuinamente cristianas porque son vocaciones de servicio necesarias. Pero deben ser ejercidas responsablemente, lo que significa no sólo con actitud de servicio sino con cauces específicos que contengan la exigibilidad de la rendición de cuentas.

3. Algunas cuestiones actuales75

3.1 Desacralización de ambas e independencia mutua

Lo primero que hay que asentar es que el político, en cuanto político, nada sabe de religión, ni el sacerdote, en cuanto sacerdote, de política76.

Si nada sabe de religión, el político no puede declararla ilícita (como hicieron con el cristianismo los emperadores hasta Constantino y como hizo después Teodosio con las religiones paganas, y como se ha dictaminado con frecuencia en la historia) ni tampoco lícita (como hizo Constantino con el cristianismo), ni menos aún la religión del Estado (Como hizo Teodosio con el cristianismo y después los nacientes Estados medievales y modernos hasta la revolución francesa).

Como el sacerdote nada sabe de política no puede dictaminar que un jefe de Estado lo es por la gracia de Dios, ni puede auspiciar ni aceptar que un Estado sea católico o de cualquier otra confesión cristiana. Tampoco puede declarar ilegítimo a un Estado o a un gobernante por motivos religiosos.

Pero el gobernante sí puede y debe exigir que toda institución religiosa esté encuadrada en los cauces del ordenamiento legal del país. Y correspondientemente la institución eclesiástica sí puede reclamar al Estado que se comporte dentro de los

74 Cortina, Alianza y contrato. Trotta, Madrid 200175 Mardones, Recuperar la justicia/ Religión y política en una sociedad laica. ST, Santander 2005. Pérez, Del bienestar a la justicia/ Aportes para una ciudadanía intercultural. Trotta, Madrid 2007. Margallo, Compromiso político en el Vaticano II. San Pablo, Madrid 2003. Bueno, La dignidad de creer. BAC, Madrid 2005, 243-251,257-273: González de Cardedal, La entraña del cristianismo. Secretariado Trinitario, Salamanca 1998, 779-812. Setién, Laicicidad del Estado e Iglesia. PPC, Madrid 2007. La Iglesia en una socieda laica y plural. Crhristus 760 (ma-jun 2007) 10-45

76 Gutiérrez, En busca de los pobres de Jesucristo. Instituto Bartolomé de Las Casas-CEP, Lima 1992, 177-217

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lineamientos éticos. Aunque cada uno desde la índole propia de la institución: el Estado exigiéndolo legalmente; la Iglesia proclamándolo proféticamente, es decir de manera pública y libre, basada en argumentos que tienen fuerza únicamente o nada menos que moral, sin ejercer presiones políticas indebidas.

Parece razonable, y así lo ha comprobado la historia, que en cuanto cada institución se atiene a su cometido dentro de sus lineamientos y de su espíritu, no desea en absoluto invadir las competencias de la otra, y está dispuesta a acatar sus normas en cuanto le incumben (la Iglesia respecto del Estado) o a escuchar sus reclamos tomándolos en consideración (el Estado respecto de la Iglesia).

Ahora bien, cuando no está a la altura de su cometido y no está dispuesta a reconocerlo y a tratar de hacerse solvente, se da la propensión a invadir las competencias de la otra, y así el Estado intentará, bien ganarse el apoyo de la institución eclesiástica, bien hostilizarla, pensando distraer la atención y ganar popularidad. Por su parte la institución eclesiástica, buscará ventajas en el Estado o se dedicará a hostilizarlo como si la Iglesia fuera otro partido político. El déficit en la dedicación a sus propios menesteres, gerencia eficiente y justa (el Estado) o pastoral estimuladora y liberadora (la Iglesia), intenta paliarse y compensarse asumiendo cada una el papel de fiscal de la otra o conchabándose con ella.

Por eso la independencia mutua será la consecuencia de la transparencia en el desempeño de sus respectivas funciones.

3.2 El mínimo común exigible legalmente y los máximos que deben estimularse

Desde este horizonte habría que insistir en que la religión no puede ser el horizonte común de una política, sea estatal o de un bloque de naciones o planetaria, y por tanto no puede tener cabida en una constitución. No puede, por dos motivos: el primero es el pluralismo religioso de los habitantes de todos los países; el segundo, porque, aun en el caso de que todos fueran practicantes de la misma religión, ésta no puede imponerse desde el Estado, so pena de desnaturalizarse, porque el correlato de la religión es la conciencia libre de cada persona, y no puede imponerse, como sí debe hacerlo el Estado, por la fuerza de la ley.

Pero cada religión debe dar su aporte específico en ese país o región o en el mundo, haciendo ver que esa especificidad es fecunda y en ese sentido, es decir en cuanto a su aporte societario humanizador y no en sus doctrinas, debe ser reconocida y estimulada77.

En este punto se presenta el dilema de si una sociedad debe basar sus decisiones políticas únicamente en mínimos comunes y dejar lo demás a la iniciativa ciudadana, o si, además de esos mínimos exigibles legalmente, la sociedad como tal representada en el 77 El n° 76 de la Gaudium et Spes, insiste complementariamente en que “la comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas”, como insistimos en el apartado anterior, y, complementariamente en que “ambas, aunque por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre”, y por tanto deben cooperar entre ellas, aunque insistiendo en que cada una tiene sus métodos, y que los del evangelio “se diferencian en muchas cosas de los que utiliza la ciudad terrena”, ya que “muchas veces el Evangelio manifiesta su fuerza en la debilidad de los testigos”.

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Estado, y no sólo asociaciones libres dentro de ella, debe estimular y proponer valores humanizadores y horizontes de vida cualitativa e incluso proyectos específicos78.

Admitimos de entrada que esos valores, horizontes y propuestas no pueden exigirse legalmente. El problema es si bastan los mínimos. Parece que la banalización, el vaciamiento y la insensibilización79 de las sociedades de bienestar hacen ver que no basta el cultivo de esos bienes en asociaciones intermedias sino que en alguna medida deberían ser estimulados, ya que no prescritos, por el Estado. En este punto el aporte de las religiones y muy concretamente del cristianismo podría ser bastante relevante80, con tal de que ese estímulo estuviera por otra parte fiscalizado, para que no se desvíe a actividades internas de la organización. Ahora bien, complementariamente habría que decir que actualmente la influencia benéfica de las religiones y concretamente de la cristiana es mucho menor que sus posibilidades porque la institución eclesiástica dedica muchas energías a su relación, en gran medida polémica, con el Estado, en vez de gastarlas en su relación libre con las personas y la sociedad en propuestas de vida buena desde la autoridad moral de personas y comunidades que irradian.

3.3 El secularismo como subproducto de la idolatría

Un aporte muy específico de la teología latinoamericana, tanto a las Iglesias como a los políticos, es que la preocupación de las Iglesias por la secularización del Occidente desarrollado, y el empeño por parte de los políticos en la secularización integral, acabando con todo rastro de cristiandad, les lleva a no comprender que el problema más radical que deben enfrentar unos y otros es la idolatría, tanto bajo formas religiosas como, más aún, no religiosas.

Ya el primer tratado teológico de la segunda mitad del siglo XX escrito con perspectiva latinoamericana, dedicado significativamente al laico adulto, titula el volumen sobre Dios Nuestra idea de Dios81, y lo hace así porque está persuadido de que es más importante precisar qué idea tiene cada uno de Dios, que demostrar la realidad de ese ser; más aún, piensa que la mayoría de los que niegan a Dios, niegan ideas o representaciones que nada tienen que ver con el Dios de Jesús y que ni existen ni merecen existir. Y consiguientemente sostiene que el problema radical no es si Dios

78 Cortina, Ética civil y religión. PPC, Madrid 1995. Id, Alianza y contrato... 135-144. Fantova, Tercer sector e intervención social. PPC, Madrid 2005 79 Metz, Por una cultura de la memoria. Anthropos 1999; Id, Esperar a pesar de todo. Trotta 1996. Id, Dios y tiempo. Trotta, Madrid 2003, 235-240. Id, Memoria passionis. ST, Santander 2007. Trigo, Espíritu de Jesús y entrañas de misericordia. ITER 39 (en-ab 2006) 105-16280 Trigo, Imaginario alternativo al imaginario vigente y al revolucionario. ITER 5 (1992) 61-99.Ellacuría, Utopía y profetismo. Mysterium Liberationis,I, 393-442. Sobrino, La utopía de los pobres y el reino de Dios. RLT 56 (2002)145-170. Ya en su Teología de la Liberación dedicaba Gustavo Gutiérrez un denso apartado al tema: Fe, utopía y acción política (CEP, Lima 1971,296-307).Scannone, El comunitarismo como alternativa viable. En El futuro de la reflexión teológica en América Latina.195-241. Gónzález Faus, Utopía del reino y realismo del dolor. En Fe en Dios y construcción de la historia. Trotta, Madrid, 1998, 159-178. Ricoeur, Ideología y utopía. Gedisa, Barcelona 1994, 45-59,324-328. Pérez, Cambio de paradigma en el pensar utópico. En Del bienestar a la justicia. Trotta, Madrid 2007, 339-371.Riera et al., De la fe a la utopía social. Sal Terrae, Santander 1996. Díaz-Salazar, Redes de solidaridad internacional. Ediciones HOAC, Madrid 1996. Gesualdi, Por una vida sobria. PPC, Madrid 200581 Segundo, Carlos Lohlé, Buenos Aires 1970

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existe o no sino si somos idólatras o adoramos al Dios verdadero, y añade que idólatras o adoradores, se encuentran por igual entre los cristianos y los que se profesan agnósticos o ateos. Así pues, el problema de la idolatría es también un problema interno al cristianismo. En suma, el primer mandamiento sigue siendo no adorar las obras de nuestras manos o a nosotros mismos como personas o grupo social.

¿Por qué esto es un problema universal? Porque así como los seres humanos estamos abiertos a la trascendencia, del mismo modo propendemos a adorar a lo que sale de nosotros o a dioses que no son más que proyecciones al infinito de las jerarquías económicas y sociales, del dinero y el poder, que siempre han ido juntos.

Para los cristianos es claro que éste es el planteamiento de Jesús. Él afirma taxativamente que no se puede servir a Dios y al dinero, pero no porque sean dos concurrentes en el mismo plano sino porque el Dios de Jesús es un Dios creador y liberador, y el dinero esclaviza y no es la fuente de la vida.

Respecto del poder político hay dos textos significativos, uno del nacimiento y otro de la pasión. El del nacimiento contrapone la pax romana por la que es divinizado, es decir nombrado Augusto, el emperador Octavio, y la paz de Dios. La primera la llevan a cabo las legiones romanas y por eso es la paz de los vencedores, que reduce a todos a la condición de sometidos; la segunda la proclama una legión del ejército celestial que, obviamente, está desarmado, porque es la paz que trae un niñito tan pobre que al nacer fue reclinado en un pesebre: el Mesías pobre de los pobres. Frente al poder divinizado que somete a todos, el Hijo de Dios que nace entre los sometidos como uno de ellos, que levanta a los abatidos para construir desde ellos el mundo fraterno de las hijas e hijos de Dios, en el que todos tienen cabida como humanidad reconciliada.

En el texto de la pasión se contrapone la percepción del poder del representante del imperio, un poder absolutizado, divinizado, capaz de dar la vida y la muerte, y por eso un poder que se coloca de espaldas a la verdad, ya que la verdad es siempre la versión oficial, al poder desarmado del testigo de la Verdad, que no tiene ejército, ya que sólo admite seguidores voluntarios, que se sabe ante el Dios de la vida, el Dios que hace libres de ese poder divinizado y que tiene la última palabra ya que es capaz de resucitar a los muertos, a los asesinados por el poder divinizado.

En la dirección dominante de esta figura histórica las corporaciones mundializadas mancomunadas dominan despóticamente excluyendo a millones de seres humanos, sobreexplotando a otros y sometiendo a sus reglas de juego a los que están dentro, a los que también se elementariza para que la adicción al consumo los lleve a plegarse a las condiciones establecidas por ellos. Unos bendicen al mercado totalitario, otros lo maldicen, pero la inmensa mayoría se someten a él. Él es el fetiche que vive de víctimas82. Desde esta consideración es claro que muchos que se llaman agnósticos y 82 Hinkelammert, Teología del mercado total. Hisbol, la Paz 1989; La fe de Abrahán y el Edipo occidental. DEI, San José 1990; Sacrificios humanos y sociedad occidental. Id 1991. Jung Mo Sung, Deseo, mercado y religión. Sal Terrae, Santander 1999

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muchos otros que se llaman cristianos se consagran por igual a este fetiche del marcado totalitario. Algunos se tienen por muy religiosos, la mayoría, cristinos o no, se sienten muy secularizados; pero en realidad todos son idólatras. Y toda idolatría deshumaniza y el fetichismo produce, además víctimas. ¿No es verdad que éste es el problema capital?

Problema fundamental: constitución de la iglesia como Pueblo de Dios y de un estado de ciudadanos

Desde este horizonte de fondo creo que el problema fundamental, tanto de la institución eclesiástica como del modo concreto de ejercer la política, ya sea de los partidos viejos o renovados como de los que pretenden ejercer una democracia directa, consiste en la falta de representatividad y responsabilidad, es decir que ambos impiden ejercer la condición de sujetos a los fieles83 y a los ciudadanos, y de hecho los sustituyen en vez de mediarlos. En ambas instituciones es el mismo problema de fondo. Este modo de organizar, tanto la religión como la política, no es dinámico ni fecundo, y debe ser radicalmente trasformado.

El problema de la institución eclesiástica es que desde la segunda mitad de la década de los sesenta lo intentó seriamente y con un éxito enorme: promovió una pastoral orgánica desde las organizaciones de base, llevó la Biblia al pueblo, una parte minoritaria de la institución eclesiástica, sobre todo de obispos84, se alió con el pueblo y cambió de lugar social, el cristianismo se hizo realmente significativo para las masas populares y los que aspiraban a un desarrollo humano desde un cambio estructural. Esta revitalización provocó una reacción tan brutal que mataron a cinco obispos, a decenas de sacerdotes y religiosos y religiosas y a bastantes miles de católicos activos. La campaña mediática de descrédito fue orquestada por las agencias de noticias y los medios masivos de más amplia difusión y logró que no poca gente sospechara que la Iglesia se había salido fuera de su horizonte y su cometido. Sobre todo el Vaticano se alarmó y comenzó a nombrar obispos contrarios a esta dinámica y a poner bajo sospecha a la corriente teológica que teorizó este movimiento85.

Hoy esta Iglesia sigue viva y con un precioso aprendizaje, cercana a las bases populares, en las que se encuentran muchos cristianos adultos, que son fuente de vida en sus ambientes. Pero el tono institucional lo da una institución eclesiástica que se siente portadora de bienes y servicios religiosos y sociales para quienes los demandan; es decir

83 Baum, en La Iglesia: a favor y en contra de la democracia (Concilium 322, set 2007,61-71) explica con admirable claridad y penetración cómo la Iglesia ha ido avanzando progresivamente en su análisis y valoración de la democracia hasta llegar a constituir en tiempo de Juan Pablo II una instancia profética; pero se ha negado a aplicar ese análisis a su estructura y funcionamiento. El efecto de esta contradicción es la escasísima difusión de esta enseñanza en su interior y por tanto el poco uso que hacen de ella las Iglesias particulares en sus situaciones concretas, y la falta de autoridad cuando lo intentan.84 Comblin ha escrito dos artículos sobre el tema: el primero, más conceptual, en La Iglesia en América Latina. Estella, Editorial Verbo Divino, 2003,41-77, y el segundo, más vivencial, es su contribución al homenaje que se le tributó con motivo de sus ochenta años de edad, titulado significativamente Saudades da América Latina. El libro homenaje lleva por título A esperanca dos pobres vive. Sao Paulo, Paulus 2003,721-732

85 Trigo, ¿Ha muerto la Teología de la Liberación? Mensajero, Bilbao 2006, 9-21,59-63

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que repone el esquema dicotómico entre los que dan el servicio y los que lo reciben. Además están muchos movimientos que fomentan la participación, pero con un libreto establecido y bajo la égida de los líderes. Desde altas esferas se patrocina el pietismo: la relación afectuosa con Jesucristo, como si estuviera presente, con lo que se pierde la tensión escatológica y el seguimiento de su misión, es decir del Reino. La Vida Consagrada, que patrocinó organizadamente el proyecto de liberación, atraviesa una etapa institucionalista, pendiente cada congregación de fomentar su propio mercado. La línea dominante de la institución eclesiástica critica a los políticos sus fallas evidentes, pero sin un proyecto alternativo superador y sin percatarse de que no pocos fallos también los tienen ellos. A pesar de eso, todavía sigue siendo una esperanza para no pocos. Estamos, pues, en una encrucijada.

Respecto de los políticos es destacable la normalización de la democracia, que desgraciadamente lleva aparejada en buena medida su formalización, vaciamiento y espectacularización. Hay algún intento serio, pero con muy poco margen de maniobra, de lograr algo de justicia y de inclusión social.

Lo más interesante a mi modo de ver es el paso del tercer período de la segunda época, dominada por los occidentales, que consiste en que éstos dan participación en el poder a los de cualquier etnia, con tal de que dejen su cultura y se occidentalicen, a la tercer época, que consiste en que un número creciente de etnias no occidentales busca pertrecharse de los bienes civilizatorios del occidente desarrollado, pero no ya para dejar sus culturas sino para que sean viables con prestancia. Este movimiento social de proporciones cada vez más vastas ha encontrado cauces políticos y está llegando al poder en cada vez más Estados. El objetivo es que América Latina deje de ser sólo latina y exprese su condición multiétnica y pluricultural en las instituciones estatales, los símbolos patrios y el horizonte compartido.

En este camino, aún inconcluso, estos sujetos nuevos se han apoyado no pocas veces en gente de Iglesia, pero también han sentido la desconfianza de una parte considerable de la institución eclesiástica. El problema de fondo no resuelto para que la Iglesia acompañe este proceso, como lo requeriría la fuente evangélica, es que falta mucho para que el evangelio se inculture en las culturas populares latinoamericanas, y no es claro que haya una voluntad decidida de propiciarlo. Más aún, la mayor piedra de tranca consiste en que esta inculturación necesita coronarse con la ordenación de curas y obispos indígenas, afrolatinoamericanos, campesinos y suburbanos, es decir que practiquen esas culturas y no meramente que provengan de ellas. Si esto no llega a darse, la Iglesia católica perderá toda relevancia, cosa que será una gran pérdida para la región.

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