PROBLEMAS DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS ......los partidos políticos resulta de par-ticular...

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PROBLEMAS DE LA FISCALIZACIÓNPROBLEMAS DE LA FISCALIZACIÓNDE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOSDE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOSPOLÍTICOS EN MÉXICOPOLÍTICOS EN MÉXICO

LIC. ALEJANDROLIC. ALEJANDRODADAVID AVVID AVANTEANTE

JUÁREZJUÁREZ **

SUMARIO: I. Consideraciones preliminares.II. Una breve retrospectiva. III. El estadioactual. IV. Algunas Propuestas.

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

La fiscalización de los recursos financieros delos partidos políticos, tomó particular relevan-cia en el escenario de la política, cuando elejercicio de los medios económicos, más que losideológicos pareciera ser el modo más efectivode hacerse presente en el ámbito de influenciasobre el electorado.

En efecto, la constante presencia de anuncioscomerciales en televisión, radio y prensa, se hanconvertido en el método más efectivo para ha-cerse notar en la vida del pueblo mexicano, elmanejar la política y lo político como un libremercado en el que aquel que realiza la mejorcampaña publicitaria es quien obtiene los diver-sos beneficios de la preferencia popular, tal ycomo si la inclinación del sufragio fuera un ob-jeto dentro del comercio.

Ello es un fenómeno de marketing político ytristemente de la carente cultura política ennuestro país, sin embargo, adquiere impor-tancia cuando se convierte en una de las prin-cipales herramientas para ganar elecciones, lo

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TEMAS ELECTORALESTEMAS ELECTORALES196

que ha convertido a la fiscaliza-ción de los medios económicosempleados por los partidos polí-ticos para la consecución de susfines en un aspecto de carácterprioritario.

La respuesta que busca la fiscaliza-ción de los recursos de los parti-dos y agrupaciones es saber dedonde surge el dinero que em-plean, cómo lo emplean, en que loemplean y que tan bien empleadose encuentra. A fin de cuentas, paralos partidos políticos resulta de par-ticular importancia, si la inversiónrealizada de los montos definanciamiento, les retribuye unamejor posición entre los electores.

Sin embargo, la fiscalización de losrecursos se ha enfrentado a muchosproblemas, la reciente incorpora-ción de los partidos políticos a unrégimen de financiamiento, pare-ciera ser que ha hecho modificarlas situaciones relativas a la revi-sión de sus finanzas más a base dela experiencia que de la planeación.

Los escándalos de corrupción y laconstante y creciente cultura de ladesconfianza que impera en nuestravida en México, ha obligado al legis-lador a paulatinamente crear dife-rentes medios para dar certeza alfinanciamiento empleado por lospartidos políticos, en lo que hasta

ahora se ha avanzado en muchosaspectos, sin embargo, es necesa-rio destacar algunos problemas delfinanciamiento de la política.

II. UNA BREVE RETROSPECTIVA

El primer antecedente que podemosreferir respecto del financiamientopúblico de los partidos políticos esel Código Federal Electoral de 1987,que fue el primero en incorporar talaspecto a la normatividad electoralmexicana, señalando conceptoscomo el costo mínimo de campaña.

En 1990 surge la primera versióndel Código Federal de Institucionesy Procedimientos Electorales, elcual ya aprobado con una fuertepresencia de la oposición en el Con-greso, señaló la distribución delfinanciamiento público por dife-rentes tipos de actividad, en primertérmino la electoral, por activida-des generales como entidades deinterés público, por subrogacióndel Estado de las contribucionesque los legisladores aportaban parael sostenimiento de sus partidospolíticos y finalmente por activida-des específicas.

Hasta aquí, el tema central habíasido como dar dinero a los parti-dos, sin que se hubiera estableci-do alguna regulación respecto definanciamiento privado, o topes de





gastos de campaña o bien respec-to de la revisión de los gastos delos recursos públicos otorgados.

En 1993, la reforma electoral propu-so la obligación legal de que en losestatutos se instituyera un órganoresponsable de la administración desu patrimonio y recursos financie-ros además de introducir la presen-tación de los informes de ingresos yegresos anuales y de campaña, es-tableciendo cinco modalidades delrégimen de financiamiento de lospartidos: a) Financiamiento público;b) Financiamiento por la militancia;c) Financiamiento de simpatizan-tes; d) Autofinanciamiento y; e)Financiamiento por rendimientosfinancieros, fondos y fideicomisos.

Igualmente, se prohibió expresa-mente las aportaciones o donativosde la Federación, de los estados olos ayuntamientos y sus dependen-cias, entidades y organismosparaestatales; de cualquier personafísica o moral extranjera u organis-mos internacionales; de ministros deculto, asociaciones, iglesias o aso-ciaciones de cualquier religión o sec-tas y; finalmente, de personas quevivan o trabajen en el extranjero.

Para completar el esquema delcontrol del financiamiento y gas-tos de los partidos políticos, sur-ge el primer antecedente de la

Comisión de Fiscalización: unaComisión del Consejo Generalintegrada por Consejeros, quepuede auxiliarse con profesiona-les en materia contable y deauditoría, como órgano encarga-do de la revisión de los informessobre el origen y destino de losrecursos de los partidos políticos.

La elección presidencial de 1994,volvió a despertar la inquietud deque se convertía en una necesidadimperiosa, el establecer condicio-nes de equidad en una contiendaelectoral, las voces de la reformaelectoral comenzaron a sonar unavez más, el sistema electoral aúnno satisfacía a los principales acto-res políticos del país, y cuestiona-ban la situación política del país, loque llevó al entonces presidente Er-nesto Zedillo a iniciar la reformaelectoral definitiva en enero de1995, lo que nos llevaría finalmen-te a la reforma constitucional elec-toral de 1996, la reforma integraldel Código Federal de Institucio-nes y Procedimientos Electorales.

III. EL ESTADO ACTUAL

José Woldenberg, Ricardo Bece-rra y Pedro Salazar en su artículo“El Modelo de Financiación de losPartidos Políticos en México”1 se-ñalan que las sucesivas reformaselectorales en materia de finanzas





de los partidos políticos han obe-decido a cuatro temas centrales:

a) La debilidad de los partidospolíticos.

b) El evitar el traslado ilegal derecursos públicos a los partidospolíticos.

c) El propiciar una mayor compe-titividad al lograr que las estruc-turas financieras de los partidosfueran menos desiguales y que elfinanciamiento público genere uncontexto equitativo; y

d) Evitar la dependencia de lasorganizaciones políticas a gru-pos corporativos.

Tristemente, hemos de reconocerque ninguno de los anteriores te-mas ha encontrado una respues-ta efectiva.

Primeramente, porque la prolife-ración de partidos políticos peque-ños, surgidos de clases políticasdescontentas con el partido al quepertenecían ha proliferado, lo quenecesariamente se traduce en ladebilitación de un sistema de par-tidos al atomizarse la preferenciadel elector.

Igualmente, hemos sido testigos demuy diversos sucesos en los que

se han visto involucrados candida-tos y partidos políticos, en los quese aduce la intervención de fondospúblicos de manera ilegal en lascontiendas electorales, el gastoerogado por los partidos políticoscada vez es más desproporciona-do, apoyándose en organismos queno se encuentran sujetos a fiscali-zación y que, sin embargo, gene-ran un claro estado de desventajaelectoral, y finalmente, resulta cla-ro que los grupos que han finan-ciado privadamente las campañaspolíticas, entienden tal participa-ción como una clara inversión parapoder tener un cierto control so-bre el ejercicio del poder público. A pesar de todo ello, no debe te-nerse una visión pesimista y llegara la idea de que no se ha avanzadoen nada al respecto, sin embargo,pareciera ser que la actualidad exi-ge nuevos y mejores métodos paragarantizar que la contienda electo-ral se desarrolle dentro de un cli-ma de mayor certeza en cuanto alas finanzas empleadas. Sin embargo, en el presente estu-dio, es menester revisar algunascifras respecto del financiamientoque es entregado a los partidospolíticos en México.

En este ejercicio, se emplean lascifras correspondientes al año





2002, en razón a que el ejerciciofiscal aludido ya ha concluido, ylos partidos políticos han presen-tado el informe correspondiente,y han sido sancionados por las in-fracciones a la reglamentación definanciamiento respectiva.

Conforme a lo reportado por lospartidos políticos en sus infor-mes anuales de ingresos y gas-tos de 2002, el financiamientopúblico recibido por actividadesordinarias, arrojó las siguientescifras:2

PARTIDO POLÍTICO FINANCIAMIENTO PÚBLICO EJERCIDO EN 2002

Partido Acción Nacional $646,497,591.56

Partido Revolucionario Institucional $720,145,034.16

Partido de la Revolución Democrática $284,325,638.85

Partido del Trabajo $144,064,325.88

Partido Verde Ecologista de México $183,493,207.87

Convergencia $118,638,429.48

Partido de la Sociedad Nacionalista $102,512,817.72

Partido Alianza Social $100,671,684.87

Partido México Posible $19,197,156.85

Partido Liberal Mexicano $19,197,156.85

Fuerza Ciudadana $19,197,156.85

TOTAL $2,357,940,200.94





Las anteriores cifras, podrían sor-prender a cualquiera. Para ser másilustrativo, realizaremos el si-guiente ejercicio comparativo: Porejemplo, el total del financiamientorecibido por los partidos políticos,representa en ese año, aproxima-damente el noventa por ciento delpresupuesto destinado a la Cáma-ra de Diputados, el doble de lodestinado a la Cámara de Senado-res y cerca del 140% de lo desti-nado para la Suprema Corte deJusticia de la Nación, en el Presu-puesto de Egresos de la Nacióncorrespondiente a 2001.

El financiamiento percibido porel Partido Revolucionario Institu-cional o el Partido Acción Nacionalconsiderado individualmente, supe-ró al financiamiento destinado alTribunal Electoral del Poder Judi-cial de la Federación, la ComisiónNacional de Derechos Humanos,y representa aproximadamenteunas quince veces lo destinadopara la Consejería Jurídica de laPresidencia.

Asimismo, superó a cualquieraportación realizada por el Go-bierno Federal al Programa deApoyo para el Fortalecimiento delas Entidades Federativas, con ex-cepción de las realizadas al Dis-trito Federal, Jalisco, México yVeracruz. A su vez, debe decirse

que cualquiera de los partidos po-líticos nacionales recibió unfinanciamiento público mayor queBaja California Sur en dicho pro-grama.3

Este financiamiento, correspondea un año, en el cual los partidospolíticos no ejercieron ninguna ac-tividad electoral federal, y única-mente involucra el financiamientoconcedido a tal nivel, pues ade-más de esto, cada uno de los par-tidos políticos recibe del erariopúblico aportaciones en el ámbitolocal para actividades ordinariasy financiamiento de campañas, delo que debemos señalar sólo comoejemplo el caso del Distrito Fe-deral, en el que para el mismoaño de 2002, el Instituto Electo-ral del Distrito Federal destinóun monto de aproximadamente$193’000,000.00 para el sostenimien-to de actividades ordinarias paralos partidos políticos nacionalesacreditados.

Surge de todo esto la necesaria in-quietud de preguntarnos si seránecesario gastar tantos recursos enfinanciar a los partidos políticosque cada vez sufren más de unacrisis de legitimidad ante la socie-dad, que constantemente conde-na su actuar en el escenariopolítico, si en verdad la distribu-ción de estos montos, a razón de





poco menos de $6’500,000.00 dia-rios, ha contribuido a fortalecer lacultura democrática del país, en miparticular punto de vista debodecir que no.

Volvamos al tema de la debilidadde los partidos pequeños. Prime-ramente, la reflexión a realizar seráque tal cantidad de financiamien-to entregado a los partidos políti-cos, en función del grado deadaptación a la vida política delpaís, lejos de contribuir al sistemade partidos, y fortalecer a aque-llos institutos políticos de recien-te creación, pareciera ser que haceun abismo cada vez más grandeentre unos y otros, que sólo podíaser salvado mediante la vía de lacoalición.

Por ejemplo, bajo la regulación ac-tual del financiamiento público,los partidos Acción Nacional yRevolucionario Institucional, ac-tualmente siguen conservando lamayor parte de los cargos de elec-ción popular, y cuentan con unabase y estructuras lo suficiente-mente sólidas como para tener porcierta la efectiva penetración enla sociedad, tuvieron una dife-rencia de financiamiento con lospartidos de muy reciente creación(los que por cierto perdieron suregistro tras el proceso federal de2003) de aproximadamente un

3600% únicamente a nivel fede-ral. Hagamos una pregunta queatiende más a la lógica que a cual-quier otra cuestión y en un ejem-plo ciertamente no del todoortodoxo. ¿Qué posibilidades tie-ne una empresa con la trigésimasexta parte del financiamientode otra, para ganarle el merca-do? La respuesta es contunden-te: ninguna.

Luego entonces, la distribucióndel financiamiento en los térmi-nos que actualmente se realiza nofavorece a los partidos pequeños,incluso haciendo una afirmaciónllevada al extremo, es dinerogastado estérilmente en la luchapor alcanzar a los partidos polí-ticos con un poderío económicomayor.

Ello se vio reflejado en el procesoelectoral de 2003 en el que se reno-vó la integración de la cámara dediputados, y en consecuencia, lospartidos políticos que en ese enton-ces contaban con registro recibie-ron aproximadamente el doble dela cifra antes señalada y los parti-dos de reciente creación obtuvie-ron por primera vez un monto definanciamiento para actividadeselectorales, lo que dio como resul-tado los siguientes montos definanciamiento para actividades or-dinarias y de campaña:





Ahora bien, en sesión de veintio-cho de enero de ese año de 2003,el Consejo General del InstitutoFederal Electoral, fijó como costomínimo para campaña de diputa-do, la cantidad de $339,699.42 pe-sos por distrito, por lo que entérminos de lo dispuesto por lafracción I del inciso b) del párrafo

4 del artículo 182-A del CódigoFederal de Instituciones y Proce-dimientos Electorales, el tope degastos de campaña para diputa-do por distrito, resultó en$849,248.55, lo que multiplicadopor trescientos distritos, consti-tuye una cifra de $254’774,565.00esto es, aproximadamente el

PARTIDO POLÍTICO FINANCIAMIENTO PÚBLICO EJERCIDO EN 2003

Partido Acción Nacional $1,282,264,039.80

Partido Revolucionario Institucional $1,428,336,536.56

Partido de la Revolución Democrática $565,704,284.06

Partido del Trabajo $285,737,177.64

Partido Verde Ecologista de México $365,081,479.36

Convergencia $235,307,575.50

Partido de la Sociedad Nacionalista $203,324,021.54

Partido Alianza Social $203,324,021.54

Partido México Posible $91,381,582.72

Partido Liberal Mexicano $91,381,582.72

Fuerza Ciudadana $91,381,582.72

TOTAL $4,843,223,884.16





17.85% del financiamiento desti-nado al Partido RevolucionarioInstitucional, mientras que res-pecto de Convergencia por la De-mocracia resulta un poco más dela totalidad del financiamientoconcedido ¿Será esto una mues-tra irrefutable de equidad?

Olvidemos los topes de gastos decampaña, en el supuesto de quese minimizara el costo de la cam-paña a diputado, y se emplearael señalado por el Instituto Fede-ral como mínimo, cada partidopolítico hubiera tenido que gas-tar $339,699.42 pesos por distri-to, lo que da como resultado unacantidad de $101’909,826.00 porlos trescientos distritos, lo que im-plicaría un ahorro sustancial res-pecto de los topes, sin embargo,el Partido del Trabajo que poseeapenas $285,737,177.64 de recursos,invierte poco más de una terceraparte en sus candidaturas, mientrasque el Partido Acción Nacionalquien alcanza $1,282’264,039.80utiliza apenas menos de la déci-ma parte.

En suma, tomando en considera-ción que en ese proceso electoralcontaban con registro once parti-dos políticos nacionales, la cifrade candidatos que debieron con-tender por distrito, en el supues-to de que no hubiera existido

ninguna coalición eran veintidós,lo que suma 6,600 candidatos paradiputados por el principio de ma-yoría relativa entre propietarios ysuplentes, donde cada fórmula in-tegrada por propietario y suplen-te estuvo en aptitud de erogar unmonto de financiamiento conside-rable para hacerse presente en elelectorado, lo que a razón de$339,699.42 como costo mínimoestimado de cada uno de los dis-tritos por partido, multiplicadopor las 3,300 fórmulas de candi-datos, da como suma total de re-cursos que pudieron haber sidogastados por los partidos políti-cos en las campañas de ese año lacantidad de $1,121’008,086.00 loque no representa ni siquiera elfinanciamiento entregado al Par-tido Revolucionario Institucionalo Acción Nacional consideradosindividualmente.

Sin embargo, si dividimos el mon-to mínimo a erogar por campañasde los partidos en distritos elec-torales, entre el tiempo que duranlas mismas, aproximadamente 75días, se obtiene que los partidospolíticos en ese supuesto hubierangastado casi quince millones depesos diarios.

Sin embargo, tal escenario no sepresentó. El Partido Revoluciona-rio Institucional participó coaligado





en 100 distritos electorales con elPartido Verde Ecologista de Méxi-co, por lo que en esas demarcacio-nes el tope de gastos de campañafue uno sólo para ambos institutospolíticos.

Hagamos ahora otro ejercicio. Lamitad de las cifras anteriores fue-ron usadas por los partidos polí-ticos para obtener el voto popularsólo en la elección de diputadosde mayoría relativa y represen-tación proporcional, es decir, enuna campaña para 500 cargos deelección popular, se distribuye unfinanciamiento de aproximada-mente $2,421’000,000.00 esto escada diputado cuesta elegirlo 4.8millones de pesos.

Pero si esto se traslada a los par-tidos políticos, debe decirse queAcción Nacional, RevolucionarioInstitucional, de la RevoluciónDemocrática, Verde Ecologista deMéxico, del Trabajo y Conver-gencia fueron los únicos que lo-graron presencia en el congresoy conservaron su registro, losotros cinco partidos no consiguie-ron el objetivo.

Por fortuna, el texto actual del Có-digo Federal de Instituciones y Pro-cedimientos Electorales prevé laimposibilidad de coaligarse en laprimera elección en que se partici-

pe. El resultado de tal medida de-berá evaluarse en el futuro.

Por ahora, sólo hemos tratado elgasto en las campañas políticas,sin embargo, hay que considerarel fenómeno de las precampañasno reguladas en el ámbito fede-ral. Recordemos el escenario en1999, en el que tres precandidatosa la presidencia de la república,invadieron el tiempo en radio ytelevisión para hacerse de publi-cidad y una ventaja cierta e indu-dable respecto de sus oponentes.Tal aspecto escapa a la legislaciónactual, y exige un compromiso enel futuro.

En ese sentido, por tales irregu-laridades la sociedad se ha vistoinmersa en terribles escándalosde desviación de recursos a cam-pañas o institutos políticos porvías diferentes a las legales, lo queha llevado a la Sala Superior delTribunal Electoral del Poder Ju-dicial de la Federación, a pronun-ciarse en dos asuntos sancionandoa los dos principales partidos delpaís por encontrarse involucradoscon financiamiento irregular, loque llena de indignación a cual-quier ciudadano.

El Partido Revolucionario Institu-cional, fue sancionado por haberrecibido quinientos millones de





pesos sin haberlos reportado a laautoridad administrativa electo-ral, motivo por el que se le aplicóuna sanción del doble del montoinvolucrado.

Por su parte a los partidos AcciónNacional y Verde Ecologista deMéxico que integraron la coaliciónAlianza para el Cambio, se deter-minó suprimirles financiamientopor la utilización y aprovechamien-to de un esquema de financiamien-to paralelo que aportó poco más denoventa millones a la campaña dedicha alianza.

La cantidad de recursos públicosen juego, necesariamente requierede un mejor esquema de fiscaliza-ción, que no permita el que unacantidad considerable de los mon-tos financieros de los partidos po-líticos se vea desviada o empleadaen cuestiones que pudieran ser es-timadas como dispendio.

En efecto, actualmente, la fiscaliza-ción de los recursos de los partidospolíticos, se limita a comprobar quelos gastos hayan sido erogados,comprobar que hayan sido recibi-dos, más no es motivo de análisis aconciencia el monto erogado en fun-ción de la actividad desarrollada olos materiales adquiridos. Por ejem-plo, el hecho de que se cubra un tra-bajo de investigación con un importe

de más de $600,000 pesos, en con-cepto del autor de estas líneas, re-presenta, sin duda alguna un excesoque debiera ser fiscalizado hastala última de sus consecuencias,para descubrir que si tal laborinvestigativa no amerita tal cos-to, sancionar al partido políticoque pretenda con un castigo ejem-plar para disuadir en lo futurocualquier falta de este tipo.

Un caso de financiamiento no deltodo fiscalizado, es el de los re-conocimientos por actividadespolíticas que se consignan en los yacélebres recibos “REPAPS”, de ellosse extrae que un partido políticoconcedió una determinada canti-dad por actividad política, pero di-cha actividad no queda del todoaclarada, debiendo decirse queexisten recibos desde cantidadesmuy pequeñas como por montosque superan en mucho el salariomensual de un trabajador prome-dio de la República.

En mi concepto, la cantidad demonto percibido por los partidospolíticos, hace más que complica-da su fiscalización, pues a pesarde que el Instituto Federal Elec-toral ha realizado todo lo que estáa su alcance para revisar las cuen-tas presentadas por los partidospolíticos, lo cierto es que parecie-ra estar superado por las circuns-





tancias, máxime si se toma en con-sideración que la actual integra-ción del Consejo General comienzaa adentrarse en tales aspectos.

En efecto, los plazos para la revi-sión de los informes, su temporali-dad y la concentración de montostan grandes, hacen que el InstitutoFederal Electoral en una labormaratónica, pretenda identificartodos los gastos erogados por lospartidos, enviar comunicacionespara recibir aclaraciones respectode los ingresos y destinos, y ade-más debe verificar a los proveedo-res, que ya en algunos casos hanmanifestado la falsificación de al-gunas facturas y el desconocimien-to de las operaciones reportadas.

Ello, aunado a que las sancionesimpuestas no son del todo signifi-cativas para los partidos políticos,se traduce en una fiscalización delos recursos de los partidos políti-cos que no llega a cubrir todas lasexpectativas, a pesar de que debereconocerse se ha avanzado muchoen ese tema por parte de los órga-nos revisores a través de las dife-rentes legislaciones.

Hasta aquí nos hemos ocupado delfinanciamiento público, sin embar-go, no debemos perder de vista elsurgimiento de nuevas modalida-des de financiamiento privado, que

sin duda alguna dificultan las la-bores de verificación de ingresos acampañas políticas, esto es la cons-titución de organizaciones estruc-turales que no forman parte delpartido político, sin embargo, lo-gran recaudar grandes montos dedinero que son invertidos en la pro-moción o publicidad de determi-nada opción política. Ello complicaaún más la función fiscalizadora delInstituto Federal Electoral, pues alno ser partidos políticos en si mis-mos, tales organizaciones definanciamiento paralelo proveende recursos a una campaña sin quesea susceptible el exigir cuentas cla-ras de donde proviene o en quese gasta.

IV. ALGUNAS PROPUESTAS

Ha llegado el momento de propo-ner soluciones a los problemasplanteados, de intentar contribuiraunque sea con un poco de imagi-nación a sembrar nuevos frutos enmateria de fiscalización de los par-tidos políticos y buscar que ésta seamás efectiva para saber de maneracierta y definitiva que es lo que sehace con el dinero que todo mexi-cano que paga impuestos leentrega a los partidos políticospara la consecución de sus fines.

Primeramente, es mi firme con-vicción que es necesario reducir





sensiblemente el monto de fi-nanciamiento que es entregadoa los partidos políticos, pues al pa-recer se ha desvirtuado la finali-dad de la entrega de éste, ya quese han convertido paulatinamen-te en una finalidad de los parti-dos y no en un medio de ejercersus fines constitucionalmente en-comendados.

La disminución en la entrega deministraciones de financiamiento,generará la posibilidad de que losórganos encargados de su revisiónpuedan analizar más a conciencialos montos y destinos, a efecto dedetectar cualquier posible actitudfraudulenta o tendiente a evadir lacompleta verificación de los datosproporcionados.

Como ha quedado puntualizado, elhecho de distribuir cada vez másfinanciamiento genera una mayorinequidad, por ello, primeramentedebe revisarse seriamente la posi-bilidad de establecer requisitospara constituirse como institutopolítico nacional que representende una manera clara y precisa elhecho de que puedan contenderpara obtener el poder público enuna competencia directa con lospartidos ya consolidados y entodo caso los recursos que son en-tregados a éstos, deben ser limi-tados a su mínima expresión, para

dar oportunidad a aquellos par-tidos políticos de reciente crea-ción para que hagan patente sucapacidad de penetración en lasociedad.

En mi concepto, las modificacio-nes legales que fueron realizadasrecientemente a la ley electoralpara sólo permitir a las agrupacio-nes políticas nacionales el solicitarsu registro como partidos políti-cos nacionales y el endurecimien-to del porcentaje mínimo deciudadanos y de presencia en en-tidades federativas y distritoselectorales, es sólo el primer pasoque atinadamente ha dado el le-gislador para evitar la prolifera-ción de partidos que sólo subsistenpor tres años.

Por su parte, debe analizarse la po-sibilidad de que la ley exija de ma-nera contundente a los órganosencargados de la administración delos recursos de los partidos al inte-rior, algún tipo de fianza para ga-rantizar el uso adecuado de losmismos, y que en dado caso sedetectare un desvío de los recursos,fuera susceptible de ejecutarse talgarantía con la finalidad de resti-tuir al Estado, y en caso de que nosea suficiente, respondan de ma-nera solidaria aun en caso de que-branto.





De igual forma, necesariamentedebe preverse el procedimientode liquidación de los partidos po-líticos que perdiendo su registrodesaparecen del mundo jurídicopara evadir que todos los bienesque fueron adquiridos durante suexistencia sean reutilizados en be-neficio del sistema democrático.

Debe establecerse en la ley, una re-gulación clara y precisa respecto delas organizaciones que sin ser par-tidos ni agrupaciones políticas, seinvolucran en el desenvolvimientode una campaña electoral al extre-mo tal que llevan al candidato o alpartido a la obtención de cargos deelección popular mediante el usode financiamiento de imposible ve-rificación, y para ello legalmentedebe romperse el secreto bancarioque impide la verificación acabalidad de los recursos y que hagenerado asuntos polémicos quehan beneficiado la dilación y el des-vanecimiento de datos que llevena encontrar el origen de los mon-tos erogados en las campañas elec-torales. Las sanciones impuestas, debenser más severas que las actual-mente aplicadas, y en caso decomprobarse que un partido po-lítico actuó con ánimo fraudulen-to y pretendió engañar a laautoridad fiscalizadora desvian-

do recursos o empleándolos demanera dispendiosa y reportán-dolos con informes falsos o cual-quier documentación alteradadebe sancionarse incluso con lapérdida del registro, a efecto deevitar la comisión de ese tipo defaltas entre los partidos políticos. Igualmente, debiera preverse enla legislación algún medio de vi-sitas domiciliarias realizadas porla autoridad fiscalizadora a fin deverificar los estados contables delos partidos políticos, sin que es-tos tuvieran oportunidad de pre-parar información, a fin de queno pudiera verse falseada la in-formación presentada en los in-formes anuales de ingresos ygastos. Del mismo modo debe retomarse laidea de impedir la proliferación demensajes en medios electrónicosque distraen la verdadera trascen-dencia de una elección. Para ello,debe regularse la contratación detiempos en radio y televisión paraque sea el propio Instituto FederalElectoral el que asigne los tiemposy no el propio partido político. Pero más importante que nada, alestar conscientes de lo que repre-senta la verdadera política en eldesenvolvimiento de la vida de-mocrática del país, los partidos po-





líticos deben contribuir con argu-mentos ideológicos que permitandejar a un lado la suma de dineroerogado. En resumen, dejar lapolítica de libre mercado y asu-mir la posición de convencer y nocomprar la decisión en las urnas.





NOTAS

* Secretario de Estudio y Cuentade la Sala Superior del TribunalElectoral del Poder Judicial de laFederación.

1. Woldenberg, José ... [et al.]. “Elmodelo de financiación de lospartidos políticos en México”.- En:La financiación de la política enIberoamérica.- San José, Costa Rica :IIDH-CAPEL, 1998.

2. Instituto Federal Electoral(www.ife.org.mx) [agosto de 2004].

3. Las cifras mencionadascorresponden al Presupuesto deEgresos de la Federación aprobadopara el ejercicio fiscal correspondientea 2001.




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