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Boletín informativo del Instituto de Estudios del Ministerio Público

número 28 • diciembre de 2016

En 2017, el IEMP certificado en nueva ISO 9001:2015

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A finales de diciembre de 2016, el IEMP fue auditado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec) para «determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma (…)» iso 9001:2015 y NTCGP 1000:2009 y lograr así la renovación de la certificación. La meta programada por el Instituto desde el mes de enero del año 2016 se cumplió. La unidad académica del ministerio público está en camino de obtener la certificación. Aunque el periodo de transición de la versión 2008 a la 2015 es de tres años, el IEMP tuvo como reto ser una de las primeras certificadas. Felicitaciones a todos los servidores del Instituto. En la imagen de izq. a der. (de pie) Oscar Evangelista Cubillos Camelo de gestión contable, Luis Enrique Martínez Ballén, jefe de la División Investigaciones Sociopolíticas y Asuntos Socioeconómicos; Jorge Eduardo Bonilla Pardo del proceso de Dirección, Walter Rafael Azula Trajano de Investigaciones, Fernando Antonio Castro Pineda de tesorería, Carlos Gutiérrez de Capacitación, Sandra Marcela Narváez Parada de presupuesto, César Augusto Nieto Rojas de Investigaciones, Elizabeth León Cháves de Capacitación, Christian José Mora Padilla, director del IEMP; Olga León Forero de Capacitación, Luz Karime Saaibi Solano de Dirección, Miguel Álvarez-Correa Guyader de Investigaciones, Silvio Nabor Alomía Calonge de Dirección, Guillermo Oidor Arévalo de almacén, Carlos Arturo Cabeza Tobón de publicaciones, Rolan Oswaldo Sánchez Ojeda del proceso de certificación de personas, Arturo Ronderos Salgado, jefe (e) de la División de Capacitación; Omar Augusto Vivas Cortés de Investigaciones, Alberto Enrique Bermúdez Parrado de contratación y jurídica, Jorge Luís Yarce Tamayo de comunicaciones, Luis Miguel Estrada Cadena de archivo, Luis Alberto Ujueta Cárdenas de Capacitación y Gary Didier Hernández Guerrero de publicaciones. Sentadas en el centro de izq. a der. Marleny Amaya de certificación de personas, María Margarita Pérez Moreno de planeación, Ingrit Danila Pacheco Cubillos de Dirección, Ana Lucía Cruz Salinas de Investigaciones, Jacqueline Mabel Barrios Lozano de gestión contable, Luz Adela Cristo Guerrero y Luz Mirella Mora Anzola de Capacitación, José Luis Vera Muñoz de archivo. Sentadas abajo de izq. a der. Myriam Camacho Posada de gestión contable, Wanda Delgado Rodríguez de contratación y jurídica, María Alejandra Luquetta Pallares de gestión contable, Carmenza Carreño Gómez, jefa de la División Administrativa y Financiera; Gloria Lorenza Escobar Ramírez de contratación y jurídica, Sandra Rojas Barrero de Investigaciones, Mónica Vega Solano de comunicaciones, Flor Inés Montealegre Díaz de Investigaciones, Damaris Blanco Barragan de Dirección y Débora Ibeth Velásquez Ardila de Investigaciones. No están en la foto pero hacen parte del IEMP Carlos Arturo Moreno Orduz y Mario Iván Algarra Lobo de Investigaciones, Ximena Tobar Cardona de Administrativa y Financiera y Rosa María Corsi Mera de Capacitación. ¡IEMP, patrimonio de todos!

Fernando Carrillo Flórez, nuevo procurador general de la nación 3

Innovación y compromiso, ocho años construyendo país

16Etapas en la historia de la Procuraduría

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«Al final de cuentas... ¿qué cuentas?» 21

Construcción de una cultura de derechos humanos desde las personerías municipales

43Una reflexión acerca de las personerías municipales

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El renacer de las personerías municipales 46

Cátedra Carlos Mauro Hoyos. Espacio para la difusión y socialización del conocimiento

56Programación del IEMP para el año 2017

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n.º 28 • volumen 8 • diciembre de 2016

Innova | Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

Dirección generalChristian José Mora Padilla

Coordinación editorial y corrección de textosMónica Vega Solano

Comité editorialLuis Enrique Martínez BallénArturo Ronderos SalgadoCarmenza Carreño GómezMónica Vega Solano

Diseño gráfico editorialHernán Hel Huertas OlayaDiseñador gráfico

DiagramaciónGary Hernández GuerreroDiseñador gráfico IEMP

ImpresiónImprenta Nacional de Colombia

EditorInstituto de Estudios del Ministerio PúblicoBogotá, carrera 5 15 - 80 piso 16 PBX: 587 8750 Ext. 11621 www.procuraduria.gov.co/iemp

Los contenidos del presente boletín son responsabilidad exclusiva de los autores.

innova

Martha Isabel Castañeda Curvelo Procuradora general de la nación

María Consuelo Cruz Mesa Viceprocuradora general de la nación (e)

Christian José Mora PadillaDirector Instituto de Estudios del Ministerio Público - pgn

boletín triMestr al del instituto de estudios del Ministerio PúbliCo

ISSN 2145-5430

innova , marca registrada. Resolución 00056862 de 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio

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Instituto de Estudios del Ministerio Público IEMP

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Martha Isabel Castañeda Curvelo desde el año 2009 se desempeñó como viceprocuradora general de la nación.

Primera mujer procuradora

Christian josé mora padillaDirector del iemp

Martha Isabel Castañeda Curvelo desde el pasado 23 de septiembre fue encargada por el presidente de la repú-blica, Juan Manuel Santos, como procuradora general de la nación. Es la primera mujer, en los más de 180 años de his-toria de la entidad, que llega a ocupar el cargo.

Desde el año 2009 se desempeñó como viceprocu-radora general de la nación. Es natural de Santa Marta y abogada de la Universidad Libre, sede Barranquilla, espe-cialista en derecho procesal y administrativo y doctora en ciencias políticas y sociales. Antes de llegar al ministerio público estuvo vinculada por más de 30 años con la rama judicial, donde ejerció como magistrada del Tribunal Con-tencioso Administrativo del Magdalena desde 1990.

El Instituto de Estudios, por su parte, recibió de la ac-tual procuradora el respaldo irrestricto desde el Consejo Académico, cuando fue dele-gada por el procurador, apro-bando el plan operativo anual de las actividades misionales de la unidad en materia de capacitación, investigaciones, publicaciones y certificación de personas.

De igual manera, se reco-noce a la procuradora Curve-lo su permanente preocupa-ción por la Ley de Tranparen-cia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacio-nal (1712) desde el año 2014.

Aunque transitorio el encargo, como procuradora general, la posición que hoy ocupa es merecida gracias a una vida dedicada a la bús-queda de la justicia y a la labor permanente que cumplió en la entidad con el exprocura-dor Alejandro Ordóñez Mal-donado.

Gracias procuradora Mar-tha Isabel por ocho años de labor incansable. para la gene-ración de conocimiento cien-tífico, el fortalecimiento del Estado social de derecho y el respaldo permanente a la so-ciedad colombiana que espera, de la Procuraduría General de la Nación, la guarda y promo-ción de los derechos.

Novedades editoriales

«Nosotros los olvidados» Masacre de Machuca(Segovia, Antioquia), 18 de octubre de 1998.

Costo: $35 000 .

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Más allá de las particularidades del incidente de repara-ción colectivo implementado en el marco de la Ley de Jus-ticia y Paz – como un instrumento de apoyo para quienes hayan sufrido las inclemencias de la violencia por parte de los grupos armados al margen de la Ley - ¿Cuál ha sido su papel del 2005 al 2015?

¿Han encontrado las comunidades compensaciones por el daño sufrido colectivamente? ¿Ha sido su aporte oportu-no y ajustado?

La comunidad del corregimiento de Machuca del muni-cipio de Segovia (Antioquia), impactada el 18 de octubre de 1998, a media noche por la explotación de crudo provenien-te del oleoducto Caño Limón – Coveñas, con ocasión de las acciones desplegadas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), revive cada año el “cumpleaños” de su desgracia y del abandono en que el Estado lo ha tenido.

¿Cuáles han sido los daños colectivos que sufrió esta población? ¿Hay posibilidades de que a los 18 años de la conflagración, el daño sea compensado?

¿Y las otras comunidades que se encuentran en una si-tuación paralela?

Carrera 5 No. 15-80 piso 16 Bogotá, D.C., ColombiaPBX: (1) 587 8750 Ext: 11621 htt p://procuraduria.gov.co/iemp/index.jsp

E. Miguel Álvarez-Correa G.Daniel F. Bocanegra B.

Flor Inés Montealegre D.Leonardo Valencia E.

Frank E. Pulgarín V.

Masacre de Machuca (Segovia, Antioquia), octubre de 1998.

“Nosotros, los Olvidados”Masacre de Machuca (Segovia, Antioquia),

18 de octubre de 1998.

Diagnóstico del daño colectivo ocasionado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN)

“Nosotros,

Colección Daño - Reparación n.° II

los Olvidados”

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| número 28 | diciembre de 2016

Fernando Carrillo Flórez, nuevo procurador general de la naciónCon 92 votos a favor, de los 101 posibles en la plenaria del Senado de la República, fue elegido el pasado 27 de octubre como nue-vo procurador general de la nación para el periodo 2017 – 2020 el exembajador de Colombia en España (2013- 2015), y exmi-nistro de Justicia (1991 – 1992) y del Inte-rior (2012 – 2013), Fernando Carrillo Florez, quien fue ternado por el Consejo de Estado.

La cabeza del ministerio público, que ejercerá a partir del dieciséis de enero de 2017, fue uno de los líderes del Movimien-to Estudiantil de la Séptima Papeleta que promovió la Asamblea Nacional Constitu-yente, que nació como respuesta a la crisis institucional, la desconfianza ciudadana y la situación de violencia que vivía el país, y que, finalmente, promulgó la Constitución Política de Colombia de 1991; en este esce-nario, Fernando Carrillo Flórez actuó como presidente de la Comisión de Administra-ción de Justicia y Ministerio Público.

Abogado y socioeconomista de pro-fesión, con dos maestrías en Harvard con énfasis en finanzas y políticas públicas, tam-bién fue director de la Agencia Jurídica de Defensa de la Nación (2012) y estuvo vincu-lado al Banco Interamericano de Desarrollo (bid) desde el año 1996 hasta el 2012, en donde se desempeñó como vocero ante la Organización de Estados Americanos (oea), director adjunto de la Oficina del bid en París y representante del mismo or-ganismo internacional en Brasil.

Además de la experiencia como co-lumnista en los periódicos El Tiempo y El Espectador, ha publicado más de una

decena de obras entre las que se encuen-tran Defensa jurídica del Estado. Apuntes de derecho comparado, Bogotá (2012); Constitucionalizar la democracia social de Editorial Temis, Bogotá (2011); La lucha contra la exclusión social en América La-tina. Una mirada desde Europa, editado con la Unión Europa y el Programa Eu-rosocial, París (2008); Gobernabilidad y re-forma política en América Latina y Euro-

pa, editado con Klaus Bodemer, giga, U. de Hamburgo, Plural Editores, Hamburgo (2007); e Iberoamérica y la Corte Penal In-ternacional, editado con Alejandro Vene-gas y Luis Martí Mingarro, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (2006).

A continuación Innova transcribe la intervención en el Senado de la República del electo procurador general de la nación, Fernando Carrillo.

«La corrupción hace incluso más daño que la guerra»

El motivo principal de mi vida pública ha sido la búsqueda de la justicia, en la lucha de la séptima papeleta, en la Cons-tituyente, en el Ministerio de Justicia, en el Banco Interamericano de Desarrollo como coordinador de los programas de fortalecimiento al Estado de derecho, en

los escenarios globales de la justicia, en el Ministerio del Interior, aún, en la Embajada de Colombia en España, en la cátedra, en el ejercicio de la profesión, en las columnas de prensa; esta ha sido mi única divisa.

Llegar a la Procuraduría en este mo-mento de transición hacia la paz es el

máximo honor que se me puede pro-digar (…); por todo ello, me propongo hacer una Procuraduría que, en primer lugar, resucite los valores cívicos y ciu-dadanos de un Estado social de dere-cho probo, tolerante, garantista y res-petuoso de la ley y que continúe sien-

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do, como ha sido en casi dos siglos de existencia, uno de los más importantes soportes de la democracia colombiana.

Una Procuraduría que no sea vocera de los radicalismos y que sea tribuna del derecho y de la seguridad jurídica, (…) que nunca sea un instrumento de per-secución política (…). Una Procuraduría que vele por los derechos de todos y cada uno de los colombianos y se convierta en ese estandarte de garantías para el ejerci-cio democrático de todas, absolutamen-te todas las tendencias del pensamiento, especialmente si estas son contrarias a las de la mayoría. Tengo por principio de vida construir sobre lo edificado y no acudir a espejos retrovisores para justifi-car retaliaciones, sino mirar al futuro sin pugnacidad ni apasionamientos.

Será una Procuraduría que hace, que no simplemente procura, porque no basta con las buenas intenciones, y eso todos lo sabemos. Acudiré a todas

las herramientas de la gerencia pública moderna para impulsar una institución íntegra, ágil, accesible, incluyente y efi-ciente. Una Procuraduría con vocación global, acorde con la necesidad de que Colombia esté articulada con las diver-sas instancias internacionales.

Nunca imaginé (…) que llegaría a dirigir una institución que repensamos en la Asamblea Constituyente de 1991, hace exactamente 25 años, más aún cuando de hacer parte de las marchas estudiantiles, después de los magnici-dios de los años 80, pasé a ser uno de los voceros de millones de jóvenes que reclamábamos un cambio social e ins-titucional. Esto demostró (…) que sí es posible soñar con la transformación de nuestro país a través del respeto del Es-tado de derecho y de la participación ciudadana, y que el ímpetu de la fuer-za de la democracia es el mejor motor para recuperar el sentido de lo público,

el sueño de entrar por la puerta del de-recho y transitar por las puertas de la justicia y del fortalecimiento de las ins-tituciones para producir el cambio.

Hoy, más que nunca, es necesario recuperar ese aprendizaje y devolverle a las instituciones la majestad que me-recen y que la ciudadanía reclama. Una Procuraduría para la ciudadanía que re-nueve la fe en la justicia para un país de derechos que venimos construyendo desde 1991. Vamos a recuperar la digni-dad de la justicia porque la ciudadanía necesita creer en que hay mañana.

La corrupción y la desigualdad, no nos llamemos a engaños, son fallas geo-lógicas de nuestro sistema político; com-batirlas es la principal batalla que tene-mos que liderar para ser la Colombia que podemos ser, para contar con un Estado más eficiente, más transparente, más equitativo y más cercano al ciudadano.

La corrupción hace más daño que la guerra. La ética y la cultura de la legali-dad nos sacarán de la patética historia de naufragios presupuestales que agudizan la desigualdad y arrastran a los más pobres al abismo de la exclusión. Luchar contra la corrupción no debe ser nunca más un acto de heroísmo sino una obligación de todo demócrata implementando las me-jores prácticas internacionales, y con la co-laboración de la Fiscalía, la Contraloría, las personerías, las contralorías municipales, activaremos un frente común de lucha contra este flagelo, esa epidemia que se cuela entre las fisuras institucionales cuan-do dejamos que primen en ellas el interés particular sobre el interés general. Los or-ganismos de control (…) somos aliados y no somos rivales, debemos producir res-peto y no generar miedo a los funciona-rios y a los ciudadanos, será la única forma de que a los corruptos de verdad les vaya muy mal en los próximos cuatro años.

La Procuraduría debe salir de su zona de confort e ir a las zonas de con-flicto, porque si hay una entidad con vocación nacional es la Procuraduría General de la Nación; sin embargo, us-tedes lo saben, su presencia es asimé-trica de región en región, así como dis-funcional en su capacidad de gestión y respuesta en los más de 1 100 munici-pios del país.

La cabeza del ministerio público, que ejercerá a partir del primero de enero de 2017, fue uno de los líderes del Movimiento Estudiantil de la Séptima Papeleta que promovió la Asamblea Nacional Constituyente, que nació como respuesta a la crisis institucional, la desconfianza ciudadana y la situación de violencia que vivía el país (...).

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El desafío en el que tene-mos que trabajar conjunta-mente es «desbogotanizar» esa Procuraduría de una vez por todas, darle dientes a los personeros municipales y res-puesta a los ciudadanos sin importar si están en Usiacu-rí, en Chachagüí, en Tame o en Orito, solo así podremos avanzar hacia una Colombia más integrada, equitativa y justa con todos sus ciudada-nos. Hay un país agotado por la centralización que reclama funcionarios con los pies en el territorio y el corazón en las leyes, estaremos donde nos necesiten con la Constitución en la mano construyendo el país que reclaman los colom-bianos, que exigen una insti-tución que mire más allá de la calle 16 de Bogotá.

Los derechos sociales y económicos de los colombia-nos pasarán a ser la premisa mayor de las acciones de esta Procuraduría. Pese a los múl-tiples esfuerzos que se han hecho es inconcebible que no hayamos sido capaces de lle-var los servicios básicos a todo el territorio nacional, para así garantizar los derechos funda-mentales de los ciudadanos. La gran paradoja es que en esos sectores sí campea con soberbia la corrupción.

Es inaceptable, por ejem-plo, que sigamos intentando fórmulas mágicas en busca de llevar acceso a los servicios de salud a los colombianos que probablemente están justo, en este momento, recorrien-do el deplorable laberinto del sistema para ver si obtienen una cita a tiempo. Para ello, pondremos esta institución al servicio de esas necesida-des, fortaleciendo el rol, entre otros, de una Procuraduría de la salud y de los servicios bá-sicos. Hoy me comprometo a

ser el garante de los derechos sociales de los colombianos y de esa Constitución verde que se concertó en 1991.

La participación ciuda-dana es la mejor herramienta para asegurar el efectivo cum-plimiento de las funciones del Estado y sus instituciones. Con-tar con mecanismos de rendi-ción de cuentas, de control de gestión, de veeduría ciudadana (…) permiten desplegar la ca-pacidad efectiva de los entes de control. La Procuraduría, a partir de 2017, se convertirá en un espacio abierto donde todos los que quieran podrán contribuir al control efectivo de la función pública y al com-bate sin tregua al cáncer de la corrupción y de la desigualdad.

Esta tarea la vamos a em-pezar hoy mismo (…). Invito a ciudadanos y ciudadanas a que envíen sus propuestas de fortalecimiento de esta insti-tución a la página procuradu-riaciudadana.com para que juntos podamos restituirle (…) el respeto y la eficacia que ne-cesita para enfrentar los desa-fíos (…), una tarea de gobierno abierto y transparente que co-menzaremos inmediatamente. Los defensores de derechos humanos, las minorías étnicas, los indígenas, afrocolombia-nos, los jóvenes, las mujeres, los niños y las niñas de Colom-bia, todos tienen en mí a un aliado en la lucha en favor de la igualdad, por eso seremos en lo misional absolutamente incluyentes, con la protección sistemática y vigilada de los derechos fundamentales de los colombianos.

Voy a convocar organiza-ciones de mujeres, de víctimas, de adultos mayores, a las per-sonas con discapacidad, indí-genas, afrocolombianos, de las inmensas minorías excluidas de este país, a que sean parte

de un Consejo Asesor de la Sociedad Civil que presidirá el procurador y que pueda llevar su voz con fuerza a las diferen-tes ramas del poder público, y así articular el interés general de la sociedad que representa con las acciones e iniciativas de gobierno y el Estado.

Y no podría terminar estas palabras de agradecimiento sin referirme a una Procuraduría para la paz y el posconflicto. Hoy más que nunca es nece-sario un ministerio público que entienda que no somos un país dividido por la políti-ca sino unido por la necesidad de que callen los fusiles. Una Procuraduría que construya puentes de diálogo para for-talecer la cohesión social tan necesaria siempre pero nunca como ahora. El mejor acuerdo será siempre cumplir con la Constitución de 1991. Tengo certeza de que la sensatez se impondrá y en el nombre de las víctimas no se va a permitir el naufragio de la paz en medio de las tempestades que deben ser pasajeras. Espero poder contribuir a ese propósito, como fiel de la balanza y ga-rante de los acuerdos a los que puedan llegarse. Unidos por la necesidad patente de dejar atrás esa Colombia dividida en zonas rojas y zonas abandona-das a su suerte, dividida entre municipios de primera y mu-nicipios de segunda categoría.

La paz es la oportunidad y a la vez el compromiso de te-ner una sola Colombia, un país donde no existan ciudadanos de segunda ni zonas entrega-das al mejor postor. Este es el compromiso que ustedes y yo hemos adquirido con las futu-ras generaciones de colombia-nos. Velar por el cumplimiento de los acuerdos a los que se llegue, por los derechos de las víctimas y de los ciudadanos

escépticos con la negociación, es parte fundamental de la ta-rea que nos espera.

Honorables senadores y senadoras, me honran con una tarea mayúscula que necesitará del concurso de todas y cada una de las ramas del poder público y particularmente de ustedes. Me gusta más el verbo prevenir que castigar, me gusta más la acción de vigilar con efi-ciencia que sancionar. Mi com-promiso hoy es con la Constitu-ción del 91, con sus postulados sociales y su vocación de ciuda-danía; (…) es ser implacable con los deshonestos e incondicional con las víctimas.

Mi compromiso hoy no es con la división ni con la po-larización que tanto daño es-tán haciendo a la democracia colombiana. Mi compromiso hoy es con el cumplimien-to de la ley y la preservación de las garantías que nos per-miten ejercer efectivamente nuestros derechos; (...) es con los jóvenes y las nuevas gene-raciones que han despertado otra vez para ser protagonis-tas de la concordia que está llamada a imponerse.

Quiero que se me recuer-de en cuatro años por mi de-fensa de la Constitución como pilar fundamental de la paz, mi vocación de servicio a la reconciliación y sobre todo a la protección de los más vul-nerables. Llegó la hora de la Procuraduría de la gente. Una Procuraduría que nos permi-ta enfrentar lo que nos trae el futuro. Seré un procurador que ofrece y garantiza inde-pendencia, ecuanimidad, im-parcialidad, equilibrio, ponde-ración y humildad, que jamás hará del poder una herramien-ta para engranar intereses par-ticulares.

Una Procuraduría que une y no que divide.

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Innovación y compromiso, ocho años construyendo paísEl IEMP promueve, facilita y desarrolla la gestión del conocimiento y el respeto de los derechos constitucionales a través de investigaciones, capacitaciones, publica-ciones y certificaciones en competencias laborales dirigidas a entidades públicas y a la sociedad en general.

El IEMP, durante los últimos ocho años, ha fortalecido el modelo de gestión en el marco de los ejes de los planes es-tratégicos «Innovación y compromiso 2009 – 2012»1 e «Innovación y virtualiza-ción 2013 – 2016»,2 lo cual ha permitido una labor sólida con orientación con-ceptual. Estas hojas de ruta estuvieron alineadas con el mapa estratégico de la Procuraduría para los dos periodos desde

1 Optimizar la capacitación e investigación, reforma inte-gral del IEMP y acreditar e internacionalizar la unidad académica del ministerio público.

2 Sostenibilidad, regionalización, virtualización e internacio-nalización.

la perspectiva «Aprendizaje, tecnología y crecimiento», específicamente en «Con-solidar la gestión del conocimiento».

La unidad académica del ministerio público, consciente de la importancia que tiene la capacitación y la investiga-ción en la formación integral de los ser-vidores públicos, y que solo a través de ellas es posible mejorar las competencias laborales y profesionales para ser más efi-cientes y eficaces, ha adoptado la estrate-gia de trabajo en red como una forma de gestionar conocimiento desde la expe-riencia construida en diferentes ámbitos laborales y que, al conjugarse entre pares, permite la construcción, socialización y validación de saberes y conocimiento.

En este sentido, durante estos años se ha gestionado el trabajo de construc-ción colectiva de conocimiento a través de la participación en la Red de Escuelas del Estado (Redes), el fortalecimiento de

la Red de Formadores de la Procuraduría General de la Nación y la creación de Red de Investigadores del IEMP.

La vinculación a Redes, en la que par-ticipan entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (dian), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Escuela de Justicia Penal Militar, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (inmlcf), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (In-pec), el Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela de Investigación Criminal de la Policía tuvo como propósitos fomentar el intercambio de programas de formación y capacitación, concertar el apoyo de do-centes, intercambiar información, desa-rrollar investigación científica, coordinar eventos conjuntos, racionalizar los recur-sos y realizar otras actividades dirigidas al mejoramiento del nivel de competencia de los servidores públicos, bajo la premisa de gestión integral del Estado. Desde el año 2011 al 8 de mayo de 2013, y del 12 de no-viembre de 2014 a junio de 2016, el IEMP se mantuvo en la presidencia de la Redes.

El IEMP certificado en normas técnicas de calidad

En el año 2010, el Instituto de Estudios implementó el Sistema de Gestión de la Calidad (sgc) basado en los requisitos mínimos establecidos en la Norma Técni-ca Colombiana ntc iso 9001:2008 con el propósito de mejorar, en forma significa-tiva, los servicios ofrecidos. En noviembre del año 2011 el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec) le otorgó el certificado n.° sc-cer155009 indicando, con este acto, que la institu-ción cumplía con requisitos mínimos exi-gidos en esa norma internacional.

El IEMP buscó fortalecer la capacidad de prestación de servicios y del sistema guiado por los requisitos establecidos en la Norma Técnica de la Calidad para la Ges-tión Pública, más conocida como ntcgp

«El IEMP promueve, facilita y desarrolla la gestión del conocimiento y el respeto de los derechos constitucionales a través de investigaciones, capacitaciones, publicaciones y certificaciones en competencias laborales dirigidas a entidades públicas y a la sociedad en general».

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«En los años 2014 y 2015 el IEMP recibió por parte del Icontec la recertificación en la Norma ISO 9001:2008 del Sistema Integrado de Gestión (SIG), la cual se ha actualizado en lo correspondiente a la norma MECI:2015. Durante el año 2016 la unidad académica está haciendo los ajustes pertinentes para ser una de las primeras entidades públicas certificadas con la norma ISO 9001:2015».

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1000, y asociado con esta se dio a la tarea de formalizar el cum-plimiento de los requisitos esta-blecidos en el Modelo Estándar de Control Interno - meci (De-creto 1599 de 2005).

Como resultado el Icontec, en la visita de seguimiento a la certificación otorgada en el año 2011, otorgó además el certi-ficado n.° gp-cer220260, en el «Diseño y prestación de servi-cios de capacitación, investiga-ción y publicaciones en las áreas preventivas, disciplinaria y de in-tervención del Ministerio Públi-co», dando reconocimiento al IEMP del cumplimiento de este estándar de alcance nacional.

En los años 2014 y 2015 el IEMP recibió por parte del Icontec la recertificación en la Norma iso 9001:2008 del Sistema Integrado de Gestión (sig), la cual se ha actualiza-do en lo correspondiente a la norma meci:2015. Durante el año 2016, la unidad académi-ca hizo los ajustes pertinentes para ser una de las primeras entidades públicas certificadas con la norma iso 9001:2015.

Objetivos estratégicos 2009 - 2012

Sobresalen por su importancia estratégica y por su efecto en el cambio de la cultura organi-zacional los siguientes:

• Reforma integral del Insti-tuto. • Fortalecimiento de la

identidad corporativa e ima-gen institucional. • Acreditación del Instituto y

sus programas académicos ante las entidades competentes. • Implementación del Siste-

ma de Gestión de la Calidad. • Internacionalización del

IEMP. • Fortalecimiento del talen-

to humano de la entidad.

• Resultados de responsabi-lidad social y pública.

• Mejora de la infraestruc-tura física.

• Implementación del mo-delo gerencial y los indicadores en el IEMP.

• Comercialización de pro-ductos y servicios del Instituto.

• Implementación del banco de programas y pro-yectos.

• Fortalecimiento de la Red de Formadores del IEMP.

Objetivos estratégicos 2013 - 2016

• Fortalecimiento de la identidad corporativa e ima-gen institucional al interior de la Procuraduría General de la Nación en un 30%, durante el cuatrienio, a través de una campaña institucional resal-tando las fortalezas del IEMP.

• Incremento de la presta-ción de todos los servicios y productos ofrecidos por la ins-titución en un 100%, a través de un plan de marketing, du-rante los cuatro años. • Implementación y conso-

lidación del servicio de certifi-cación de personas a través de la conformación del proceso de certificación y su acreditación. • Aumento del reconoci-

miento y valor percibido de los

clientes del IEMP, a través de una adecuada gestión de marca.

• Consolidación de los mé-todos del proceso de comer-cialización de los servicios, que incluyó el desarrollo de nuevos productos y servicios.

• Fortalecimiento de la presencia del IEMP en las di-ferentes regiones del país, en un 50%, a través de una ade-cuada coordinación de las de-pendencias de la Procuraduría (Res. 232 del 2010).

• Incremento de la oferta de productos y servicios a través de medios virtuales. • Fortalecimiento de la línea

de investigación de actualización jurídica, en materia de lo discipli-nario y contratación, durante los años 2013 y el 2014 mediante la asignación de personal especiali-zado y alianzas estratégicas. • Fortalecimiento de las me-

todologías propias de cada uno de los procesos mediante la ac-tualización e investigación de las mejores prácticas. • Mejora continua del desem-

peño de los procesos instituciona-les, en un 70%, mediante el logro de los objetivos misionales y es-tratégicos, durante la vigencia del direccionamiento estratégico. • Desarrollo del talento hu-

mano del IEMP a través de un programa de capacitación y entrenamiento (virtualización, comercialización, internaciona-lización, regionales, educación virtual, liderazgo y capacidad di-rectiva), de manera permanente.

• Fortalecimiento de las re-des de formadores e investiga-dores del IEMP. • Fortalecimiento de los

convenios interadministrativos (Colciencias, Sena, esap, Depar-tamento Administrativo de la Función Pública - dafp, Icon-tec, universidades nacionales y extranjeras, entre otros), de manera permanente, mediante evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras y su consolidación.

Estos objetivos trazados se al-canzaron, destacándose el me-joramiento del clima laboral gracias a los talleres de valores y cultura organizacional, y a la construcción participativa de las prioridades de trabajo del IEMP.

El comportamiento del desempeño de la unidad aca-démica del ministerio público ha sido objeto de seguimiento, basado en un mecanismo de medición y evaluación determi-nado por su sistema de gestión (ver cuadro 1).

El comportamiento del des-empeño de la gestión del IEMP desde el año 2011 a 2016 ha presentado relativa estabilidad, hecho destacable si se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

• El seguimiento a la gestión del IEMP antes del año 2011 solo se basaba en el criterio de ejecución presupuestal.

• En el año 2010, en el mar-co del plan estratégico 2009-2012, el Instituto implementa el

Año Esperado Logrado %

2011 1 ooo 837 83,72012 1 ooo 843 84,32013 1 ooo 790 79,02014 1 ooo 704 70,42015 1 ooo 765 76,52016 *936 774,8 82,7

Cuadro 1. Desempeño IEMP en el SIG

Fuente: SIG IEMP. *A noviembre de 2016.

8 »


Sistema de Gestión de Calidad adoptando un mecanismo de medición del desempeño de la gestión orientado al cum-plimiento del plan, comple-mentario al seguimiento de la ejecución presupuestal. • La realidad institucional

cambiante lleva a un Instituto enfocado en el cumplimiento de su misión basado en un fi-nanciamiento seguro y boyan-te (antes del año 2009) a un Instituto condicionado a una financiación aminorada (pos-terior al año 2009), con el afán de ser sostenible en el tiempo, generando parte de sus propios recursos. Este hecho, aunque di-fícil, lleva al IEMP a ser creativo y estratégico, situación que justifi-ca la formulación de los planes estratégicos 2009-2012 y 2013-2016, en los cuales se percibe una fuerte tendencia al crecimiento en cobertura, tipos de servicios e implementar mecanismos de comercialización. Este nuevo panorama ha sido un gran reto institucional, aunque la misión y requisitos legales aplicables al IEMP se han cumplido a cabali-dad, el nivel de desempeño aún plantea brechas a superar con el propósito de consolidar las es-trategias que aporten a la soste-nibilidad financiera del Instituto.

• Deben leerse estos resul-tados del desempeño de la gestión, principalmente, en función de la consolidación de un futuro deseado para el Instituto.

Logros 2009 – 2016

El IEMP, para desarrollar los pro-pósitos misionales, cuenta con los procesos de capacitación, investigación, publicaciones y certificación de personas de los cuales presentamos los principa-les logros a continuación.

Proceso de capacitación

La definición de los programas que se desarrollan en el Insti-tuto parte del diagnóstico de necesidades de capacitación, después de consultar a todas las dependencias de la entidad los requerimientos de actualización en las áreas jurídico-profesional, de talento humano y técnica, y de realizar los análisis respectivos para presentar ante el Consejo Académico y, una vez aproba-dos, incorporarlos al Plan Ope-rativo Anual (poa).

Los programas de capa-citación en los ocho años se desarrollaron con diferentes metodologías académicas, así:

diplomados, seminarios, talleres, seminarios taller, encuentros, jor-nadas, congresos, foros y cursos virtuales. En todos ellos se ha contado con la participación de servidores que hacen parte de la Red de Formadores del IEMP que, año tras año, se ha venido fortaleciendo a nivel nacional y cualificando con la ayuda de expertos en herramientas peda-gógicas.

El liderazgo del IEMP es un referente para muchos sectores que aprecian el producto del trabajo de investigadores y for-madores que hacen parte del talento humano de la organiza-ción, perspectiva fundamental a la hora de alcanzar objetivos.

Durante este período se han llevado a cabo, entre otros eventos, el fortalecimiento de la gerencia jurídico pública como herramienta para la protec-ción del patrimonio público, diplomados de formación de conciliadores en derecho y de competencias, seminarios taller de actualización en temas con-tractuales, especializaciones en derecho de la infancia y ado-lescencia y derecho procesal, y programas de capacitación en derechos humanos con la Con-sejería Presidencial de Derechos Humanos, en políticas públicas, en el Sistema de Información Misional (sim) y en gestión do-cumental, así como talleres de entrenamiento en meci y en-cuentros de procuradores judi-ciales en las diferentes áreas de actuación.

Adicionalmente, Cursos Vir-tuales de Inducción para los nue-vos servidores de la entidad y de derecho disciplinario mediante alianzas estratégicas con la Escue-la Superior de Administración Pública (esap) y la Universidad de Medellín. En la modalidad presencial se adelantaron cursos de control electoral, seminarios taller en derecho disciplinario y

contratación estatal con la esap, en derecho operacional y de entrenamiento en los métodos de conciliación y su funciona-miento en la práctica según los principios de la mediación y el concepto de Harvard con el apoyo de la gtz. Además, cua-tro versiones de los encuentros nacionales de personeros, diplo-mados en justicia y paz y la tra-dicional Semana de la Participa-ción que se organiza cada año.

Se destacan también el Programa Nacional de Justicia Disciplinaria, Derecho Proba-torio y Contratación Estatal; las jornadas de capacitación para el fortalecimiento de la inter-vención de la Procuraduría en materia de protección y restitu-ción de tierras y los territorios de las víctimas de la violencia; seminarios de actualización en el Sistema Penal Acusatorio; seminarios taller en lógica y ar-gumentación jurídica; encuen-tros de coordinadores adminis-trativos; talleres de Strategos;3 jornadas de reflexión en dife-rentes temas penales y discipli-narios; encuentros de la Redes y teleconferencias referentes a la gestión en la Administra-ción Pública en alianza con la esap, la Contraloría General de la República, el Departamento Nacional de Planeación (dnp) y la Auditoría General de la Re-pública, entre otras, así como transmisiones de rendición de cuentas de la Procuraduría y del IEMP.

Igualmente, se suman a la larga lista el Diplomado Seguri-dad y Defensa en convenio con la Escuela Superior de Guerra, los congresos de cooperativismo, el programa Cultura de la Legali-dad y la Integridad para Colom-

3 Sistema de información «para el segui-miento y control del modelo estratégico y del sistema de medición del Plan Operativo Anual del día a día a nivel corporativo y de cada una de las dependencias de la Procuraduría General de la Nación».

Gráfica 1. Logros 2009 – 2016

» 9


Cort

esía

Gar

y He

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uirid

as

bia (clic), y los cursos de for-talecimiento regional de la Red de Formadores, de auditores integrados meci-ntcgp 1000, el nuevo ciudadano colombiano y los congresos internacionales de contratación y disciplinario. Se resalta también el Programa Na-cional de Capacitación dirigido a personeros municipales, con un alto impacto en su ejecución, desarrollado en cuatro fases, del cual se entregará a los lectores un amplio informe en el artículo que sigue a este informe.

Los eventos del área de ca-pacitación se han realizado en todo el territorio nacional lo que ha permitido acercar el conoci-miento a las regiones. Ha sido fundamental para el éxito de los programas el apoyo de las pro-curadurías delegadas, regionales, provinciales y distritales y sus equipos de trabajo, así como de otras entidades públicas y orga-nismos internacionales que han apoyado las capacitaciones.

De otra parte, como se mencionó al inicio del informe respecto del trabajo en red, el fortalecimiento de la de forma-dores se convirtió en estrate-gia imprescindible para llevar a cabo los programas con las ca-lidades y estándares que exige el mercado.

Finalmente, como reco-nocimiento al compromiso

y trabajo de los formadores y demás colaboradores, se for-malizó la condecoración Méri-to a la Excelencia Académica, Investigativa y Especial que se concede a los mejores funcio-narios que integran las redes y personalidades que en el últi-mo año o durante su vida han aportado conocimientos y emprendido acciones trascen-dentales para Colombia.

La virtualización al alcance de todos

Con relación a la virtualización de los programas de capacita-ción, el IEMP en la implemen-tación del plan estratégico 2013 - 2016 fortaleció la modalidad educativa a distancia ejecutan-do proyectos que permiten de-sarrollar este eje con una mayor cobertura para los servidores de la Procuraduría General de la Nación a nivel nacional. Del 2012 al 2016 se logró:

• Construir y aplicar el mo-delo de incorporación de las tecnologías de información y comunicación (tic) para el IEMP.

• Capacitar y socializar el modelo a los funcionarios bus-cando un cambio en la cultu-ra organizacional frente a los procesos de capacitación en la modalidad virtual.

• Diseñar y estructurar la plataforma iempviertual.udem.edu.co

• Elaborar y ajustar los con-tenidos de los cursos de induc-ción a la Procuraduría y de de-recho disciplinario, los cuales son propiedad del IEMP. En el año 2015 el curso de inducción a funcionarios pasó de la mo-dalidad con tutor a la moda-lidad de autoaprendizaje con estándar scorm, 100% virtual, permitiendo acortar el tiempo de respuesta en el ofrecimien-to del curso a los servidores que ingresan a la entidad. • Ofrecer a cerca de 1 700

funcionarios los cursos de in-ducción, de manejo de la plata-forma y en derecho disciplinario (con corte a octubre 31 de 2016).

«(...) el IEMP en la implementación del plan estratégico 2013 - 2016 fortaleció la modalidad educativa a distancia ejecutando proyectos que permiten desarrollar este eje con una mayor cobertura para los servidores de la Procuraduría General de la Nación a nivel nacional».

Año Cursos DescripciónPersonas

capacitadas

2014

2Curso Virtual Manejo de la Plataforma

68

1Curso Virtual de Inducción para Funcionarios PGN

38

1Curso Virtual de Derecho Disciplinario, nivel básico

35

2015


430


379

2Curso Virtual de Contratación Estatal

71

2016


119

5Curso Virtual de Derecho Disciplinario

197


379

Cuadro 2. Cursos virtuales IEMP

Fuente: proceso de capacitación IEMP.

• Elaborar los contenidos del Curso Virtual de Inducción a Personeros Municipales y Distritales al que se inscribie-ron 301 servidores.

Los anteriores avances de-muestran que la combinación de las modalidades de capa-citación, a saber: a distancia, semipresencial y presencial permiten ofrecer a los servido-res públicos, en las diferentes regiones del país, una mayor oferta de capacitación. Se con-vierte en un reto importante para el IEMP liderar nuevos diseños y la construcción de cursos virtuales propios dentro de la modalidad a distancia y semipresencial, y el uso de las tic (ver cuadro 2).

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Otras actividades de capa-citación

Además de estos programas, a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (sena) se ofrecie-ron cursos virtuales para todos los servidores de la Procuradu-ría a nivel nacional en temas técnicos y de talento humano en los que participaron 748 funcionarios.

Así mismo, atendiendo la estrategia de descentralizar la capacitación, el IEMP desarro-lló los programas de tal manera que se llegara a la mayoría de los servidores a nivel territorial con el objetivo de hacer presen-cia institucional en todas las re-gionales y provinciales del país.

En cuanto a los apoyos educativos otorgados por el IEMP, se constituyeron en un incentivo para los servidores del ministerio público de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo y de las persone-rías municipales. A través de estos, el IEMP apoyó directa-mente a 287 servidores para cursar programas de posgrado y educación informal y para el trabajo y desarrollo humano, previo cumplimiento de los requisitos exigidos; en total 162 servidores fueron bene-

ficiados a través del apoyo aprobado directamente a de-pendencias de la Procuradu-ría que, por necesidades de servicio para el ejercicio de las funciones, requirieron capaci-tación especializada en algún campo específico para el co-rrecto desempeño.

Apoyo a dependencias de la entidad

Durante el mismo período, va-rias dependencias de la Procu-raduría recibieron el apoyo del IEMP para el desarrollo de di-ferentes programas de capaci-tación, entre ellas las procura-durías delegadas ante el Con-sejo de Estado, para Asuntos Ambientales y Agrarios, para el Ministerio Público en Asun-tos Penales, para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, en Conciliación, para Asuntos Civiles, para la Vigilancia Pre-ventiva de la Función Pública, Preventiva de Derechos Hu-manos y Asuntos Étnicos, Dis-ciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos y para la Descentralización y las Enti-dades Territoriales; así mismo, la Coordinación de Asuntos Internacionales, la Dirección

Nacional de Investigaciones Especiales, la Secretaría Gene-ral, las oficinas de Planeación, Prensa, Control Interno y Se-lección y Carrera; las divisio-nes de Seguridad, Registro y Control y Correspondencia; los grupos del sim, Bienestar, Almacén e Inventarios, Minas, Hidrocarburos y Regalías, y va-rias procuradurías regionales y provinciales.

Una mirada fuera de las fronteras

En el marco de la internacio-nalización año tras año, des-de el 2011, el IEMP realizó en Bogotá los congresos inter-nacionales de contratación estatal y derecho disciplinario en los que se capacitaron más de 2 000 servidores de todo el país. Así mismo, el IEMP se dio a conocer en espacios de discusión con pares de otros países al exponer investigacio-nes y logros de capacitación en eventos realizados en Portugal, Uruguay, México, Brasil, Perú, Cuba, España y Argentina.

Oferta de servicios

Con relación a la comerciali-zación, desde el año 2011 se

busca posicionar al IEMP ante el público en general como una unidad administrativa es-pecial de carácter académico de excelencia y única en el mercado, que ofrece servicios de capacitación e investiga-ción en las principales áreas de la gestión administrativa del Estado.

La demanda de servicios de capacitación por parte de las entidades de carácter esta-tal ha permitido que el IEMP amplíe y especialice su porta-folio de servicios, cumpliendo con las expectativas de estas entidades. Esto se da gracias al posicionamiento del Instituto y, en especial, por los temas que se desarrollan y porque cuenta con docentes de las más altas calidades y recono-cimiento.

Así, el IEMP celebró con-tratos interadministrativos con el liquidado Departamento Administrativo de Seguridad (das), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (igac), el Ins-tituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Institu-to Colombiano Agropecuario (ica), la Agencia Nacional del Espectro (ane), el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ecopetrol, las Gobernaciones

Año Programas Eventos Ciudades PGN Personerías DefensoríaOtras

entidadesParticulares Total

2009 40 346 65 6 925 1 223 62 2 192 1 431 11 833

2010 61 210 41 3 624 2 143 197 3 908 423 10 295

2011 74 276 56 4 609 1 438 267 3 406 1 941 11 6612012 97 178 86 3 239 1 820 102 3 516 913 9 5902013 88 158 48 1 794 1 993 156 4 010 3 086 11 0392014 85 134 51 2 466 1 449 122 4 268 393 8 6982015 82 160 67 2 921 980 95 5 391 2 245 11 632

2016* 62 139 94 3 029 1 756 147 5 796 193 10 921Totales 589 1 601 508 28 607 12 802 1 148 32 487 10 625 85 669

Cuadro 3. Capacitaciones a nivel nacional IEMP

Beneficiados


» 11


de Boyacá y Cundinamarca, la Federación Nacional de Muni-cipios, el Fondo Nacional del Ahorro (fna), el Comando General de las Fuerzas Milita-res, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (uptc), las Superintendencias de Salud y de Notariado y Re-gistro, Migración Colombia, la Contraloría Municipal de Bu-caramanga, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Uni-dad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y la Au-toridad Nacional de Licencias Ambientales (anla), entre otros.

Esta estrategia apoya, tangencialmente, el funciona-miento del IEMP, dado que la sostenibilidad del mismo será resultante del apoyo institu-cional de la Procuraduría, ya que el recaudo por el certifi-cado de antecedentes disci-plinarios, fuente primordial de financiación del IEMP hasta el año 2008, se está agotando.

Cobertura de las capacita-ciones

Durante el período 2009 y has-ta diciembre de 2016, el Insti-tuto de Estudios logró desarro-llar un total de 1 601 eventos, en todo el territorio nacional, llegando a 85 669 personas discriminadas así: 28 607 de la Procuraduría, 12 802 de las personerías, 1 148 de la De-fensoría del Pueblo, 32 487 de otras entidades y 10 625 parti-culares (ver cuadro 3).

Solo en el año 2016, con corte al 15 de diciembre, los programas desarrollados fue-ron 62, los eventos 139 y el número de capacitados 10 921 de los cuales 3 029 fueron de la Procuraduría, 1 756 de las per-sonerías, 147 de la Defensoría, 5 796 de otras entidades y 193 particulares.

Proceso de certificación de personas

El 18 de septiembre de 2013 el Organismo Nacional de Acre-ditación de Colombia (onac) acreditó al Instituto como organismo de evaluación de la conformidad que busca coadyuvar en los resultados de la gestión del sector público a nivel competencias laborales (certificado 12-ocp-004 bajo la norma internacional iso/iec 17024:2003, renovado en el año 2015 con la nueva versión de iso/iec 17024:2012).

Este proceso de acredita-ción se inició en el año 2011 cuando el IEMP evaluó la posi-bilidad de ser ente certificador de competencias. Para ello la unidad académica debía dar cumplimiento con los requisi-tos exigidos por la norma iso 1724 y los lineamientos de la onac. Así, en diciembre de 2011, se suscribe contrato con la onac para iniciar la audito-ría de acreditación, la cual se adelantó entre los meses de diciembre de 2012 y abril de 2013, concluyendo con un día adicional de auditoría el 24 de

julio de 2013. Este proceso fi-nalizó con la obtención de la acreditación el 18 de septiem-bre del mismo año.

En cumplimiento del ob-jetivo de certificar servidores de la entidad en competencias laborales a través del IEMP, como organismo evaluador de la conformidad, el total de ser-vidores certificados a julio de 2016 se observa en el cuadro 4.

Las ciudades y munici-pios en las que se ha certifica-do a servidores, año tras año, son las siguientes:

• Bogotá, Barranquilla, Cali y Bucaramanga (2013).

• Armenia, Cartagena, Me-dellín, Montería, Pasto, Santa Marta y Bogotá (2014).

• Bogotá, Tunja, Bucara-manga, Ibagué, Villavicencio, Sincelejo, Popayán, Valledupar, Riohacha y Medellín (2015).

• Neiva, Cúcuta, Ocaña, Chiquinquirá, Santa Rosa de Viterbo, Sogamoso, Guate-que, Barrancabermeja, San Gil, Vélez, Rionegro, Santafé de Antioquia, Andes, Amagá, Fu-sagasugá, Girardot, Chaparral, Honda, Buenaventura, Carta-go, Buga y Bogotá (2016).

Proceso de investigaciones

La División de Investigaciones Sociopolíticas y Asuntos Socioe-conómicos ha consolidado su gestión, en el periodo de análisis, lo cual se expresa en el distinto número de estudios por año y en la realización de eventos de presentación de resultados, lo cual ha sido respaldado por la asignación de presupuesto que se incrementó paulatinamente en esta administración, a pesar de las limitaciones presupues-tales del IEMP. Algunos hechos de este periodo que vale la pena destacar son:

Área 2013 2014 2015 2016 Total

Conciliación 33 31 27 0 91

Disciplinario 30 95 120 124 369Subotal 63 126 147 124 460

Cuadro 4. Certificación de personas IEMP

Fuente: proceso de certificación IEMP.

• Sostenibilidad del proyec-to de inversión en el dnp de-nominado Proyecto Nacional de Investigación para Apoyar el Fortalecimiento de la Misión del Ministerio Público, a través de la consolidación de las lí-neas de investigación acordes con las funciones misionales.

• Conformación de la Red de Investigadores con funcio-narios de distintas dependen-cias de la Procuraduría y del orden nacional.

• Indexación de la revista Rostros & Rastros la cual cuen-ta con 17 números al 15 de di-ciembre de 2016.

• Convenios con distin-tas organizaciones públicas y privadas para la realización de investigaciones y eventos de socialización, de los cuales se pueden resaltar el Depar-tamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innova-ción (Colciencias), la esap, el Instituto Nacional de Cance-rología, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desas-tres (ungrd) y distintas univer-sidades. Del convenio con Col-ciencias es oportuno resaltar la participación de los integran-tes de la Red de Investigadores en los procesos de evaluación de las convocatorias que se adelantaron de forma conjun-ta con esa entidad, con la esap y con el IEMP; en ese proceso se financiaron ocho proyectos de investigación en temas de interés del ministerio público.

• Se registraron en Colcien-cias dos grupos de investiga-ción, a saber: Carlos Mauro Hoyos, Ética de lo Público, Ins-tituciones y Derechos Huma-nos, y el de Justicia, Comuni-dad y Responsabilidad Social.

• Se han prestado asesorías a otras entidades como el fna y la ungrd. • Contribución al fortaleci-

miento de la función preventi-

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va de la Procuraduría, a través de investi-gaciones realizadas con las delegadas para Asuntos Civiles, para Asuntos de Trabajo y la Seguridad Social, para la Defensa de los Derechos de la Infancia la Adolescencia y la Familia y para Asuntos Ambientales y Agrarios, entre otras. Es de anotar que se busca, con la información recabada, sumi-nistrar elementos objetivos que permitan una gestión efectiva a las distintas depen-dencias de la entidad, pero también a las instituciones y organizaciones que tienen que ver con los temas. • Contribución a la construcción de he-

rramientas de control y seguimiento, como aplicativos que permiten obtener informa-ción para conocer la gestión y favorecer el monitoreo de las actividades misionales, en torno a una temática específica, por ejem-plo frente a la violencia sexual o al sistema nacional de bienestar familiar. • Realización de múltiples actividades

de socialización de resultados que inclu-yen recomendaciones de política pública, que arrojan las investigaciones académicas, a través de distintas estrategias como pre-sentación de conferencias, organización y participación en eventos de socialización y de distintos congresos, como el de Inves-tigación en Gestión Pública (igp) del cual, a la fecha, se han realizado cuatro eventos en alianza con otras instituciones como la esap. Asimismo, consolidación de la Cáte-dra Carlos Mauro Hoyos con encuentros de orden nacional e internacional.

• Los resultados de las investigaciones se han plasmado en obras publicadas por el IEMP, con lo cual se ha contri-buido a consolidar la labor editorial del Instituto de Estudios, en cada una de las temáticas.

• Se estructuró el proceso de inves-tigaciones, en el marco del Sistema In-tegrado de Gestión, en el cual se defi-nieron indicadores que han permitido evaluar y hacer seguimiento a la gestión de la División de Investigaciones.

• Desde la división se ha dado cum-plimiento al mandato legal asignado al Instituto en el artículo 182 de la Ley 1098 de 2006, en el que se ordena la realiza-ción de Cursos sobre Derechos Huma-nos y Convivencia Ciudadana dirigidos a los jóvenes infractores de la ley penal. Durante esta administración se realiza-

ron 1 449 cursos, en todo el territorio nacional, beneficiando con ello a más de 7 239 adolescentes, entre 2009 y 2016, en los distintos distritos judiciales en los que los jueces han sancionado a los adolescentes infractores con la medida de amonestación (ver cuadro 5).

• Entre 2009 y 2016 se realizaron 106 investigaciones, y finalizaron 108 (inclu-ye algunas que iniciaron en 2008), has-ta la primera quincena de diciembre, lo que muestra un promedio de 13.25 in-vestigaciones por año. La mayoría de es-tas investigaciones han concluido con li-bros que se presentan en los eventos de socialización que organiza el IEMP, con los actores involucrados en cada una de las temáticas estudiadas (ver cuadro 6).

• Hasta agosto de 2016 se han ade-lantado más de 176 actividades de pre-sentación de resultados de investigación entre los que se encuentran cuatro Con-gresos Internacionales igp.

• Articulación con distintas institu-ciones en pro de buscar soluciones a problemáticas socioeconómicas, en las temáticas que el IEMP ha estudiado, y de las cuales se resaltan las siguientes:

a. Bienes de uso público. b. Salud: control del cáncer en Colom-bia, salud mental.c. Economía solidaria en Colombia.d. Defensa y protección de los dere-chos humanos.e. Lucha contra la corrupción.

f. Sistema Penal Acusatorio.g. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.h. Gerencia pública.i. Medio ambiente.j. Minería.k. Gestión del riesgo de desastres.l. Familia.m. Violencia intrafamiliar, violencia se-xual.n. Ordenamiento territorial.o. Discapacidad.

En el boletín Innova 27 (PP. 80 a 84) se incluyeron las investigaciones

Cuadro 6. Investigaciones IEMP

AñoNúmero de

investigaciones iniciadas

Número de investigaciones

finalizadas

Talleres de socialización

2009 6 6 9

2010 15 8 11

2011 12 14 252012 8 12 392013 14 16 322014 15 16 242015 20 21 202016 16 15* 232009-2016** 106 108 183

Fuente: proceso de investigaciones IEMP. *Finalizadas al 16 de diciembre de 2016. ** La diferencia se explica porque no todas las investigaciones finalizan el mismo año en el que inician; algunas de las investigaciones finalizadas en el 2009 habían iniciado en el 2008.

Cuadro 5. Cursos de amonestación realizados por el IEMP

Año Cursos Adolescentes

2009 120 622

2010 140 816

2011 143 7282012 141 7102013 202 9582014 245 1 0922015 231 11332016 227 1 180

Total 1 449 7 239

Fuente: proceso de investigaciones IEMP.

» 13


realizadas conjuntamente con otras ins-tancias de la entidad. En el cuadro 6 se relaciona el número de investigaciones y presentación de resultados de investiga-ción por año.

Proceso de publicaciones

• Hasta el 15 de diciembre de 2016 se han realizado un total de 296 publica-ciones (ver cuadro 7). • Se creó el boletín informativo Inno-

va, el cual inició en 2009 y se ha posicio-nado como una de las revistas más rele-vantes del Instituto de Estudios, contando hasta el momento con 28 números.

• Se han publicado 17 números de la revista Rostros & Rastros.

• La publicación de la revista Bitácora Gerencial nace como iniciativa del IEMP, siendo una herramienta de la nueva ge-rencia pública en Colombia.

• Algunas áreas de las que se han pu-blicado obras son:

a. Derecho disciplinario. b. Contratación.c. Economía solidaria – Cooperativis-mo. d. Reflexiones académicas.e. Asuntos ambientales y agrarios.f. Familia. g. Sistema Penal Acusatorio y Sistema de Responsabilidad Penal para Adoles-centes.h. Bienes de uso público.i. Lucha contra la corrupción.j. Gestión pública.k. Ética, deberes y derechos.

• A continuación se resaltan algu-nas de las publicaciones editadas por el IEMP:

1. Procuraduría General de la Nación: 183 años representando a la Sociedad colombiana.

2. Itinerario ético de la personalidad his-tórica colombiana.

3. Prospectiva de la Procuraduría Gene-ral de la Nación.

4. Políticas públicas y cooperativismo.5. Cooperativismo y convivencia pacífica.6. Pescadores de ilusiones: niños y jóve-

nes infractores de la ley penal.

7. Introducción a las políticas públicas.8. El daño oculto: bienestar, salud men-

tal y política pública en trabajadores del sector justicia.

9. Anatomía de la corrupción en Colombia.10. Incidencia de las instituciones de San-

tander.11. Justicia, economía y globalización.12. Justicia Disciplinaria.13. La paz no lo justifica todo. Mínimos

penales para máximos responsables. 14. Aspectos ambientales y sociales de la

cuenca hidrográfica del río Chicamocha.15. Fractura Verde.16. Temática conceptual y doctrinal del

derecho disciplinario. 17. Reflexiones académicas vii.18. Evolución histórica de los conceptos

Estado, Justicia, Economía y Globali-zación.

19. 14 preguntas de la Procuraduría Gene-ral de la Nación.

20. La culpabilidad en el derecho discipli-nario.

21. Modelos de gobierno corporativo.22. Estudios Jurídicos sobre el Código Ge-

neral Disciplinario.

• Así mismo, el Instituto ha apoyado en la diagramación, corrección de estilo y trámite para obtener ante la Cámara Colombiana del Libro el registro isbn para la publicación de obras que se han realizado en convenios con algunas pro-

Vigencia Número

2009 45

2010 34

2011 402012 322013 322014 332015 302016 50

2009-2016 296

Fuente: proceso de publicaciones IEMP.

Cuadro 7. Publicaciones realizadas por el IEMP

curadurías delegadas, tal es el caso de las publicaciones:

1. Capacidad de adaptación de los mu-nicipios de Colombia al cambio cli-mático.

2. La minería y los hidrocarburos en Co-lombia.

3. Diagnóstico de la situación problemá-tica de los bienes de uso público en playa y zonas de bajamar.

A manera de conclusión

Toda la labor del Instituto durante estos ocho años ha sido registrada en los bo-letines informativos Innova , presen-tando además, al final de cada vigencia, la rendición de cuentas a la ciudadanía. La publicación puede ser consultada en el link http://www.procuraduria.gov.co/iemp/innova.page

De este modo se reconoce la vital importancia del IEMP para el país, pues este se constituye en un vehículo de for-mación en los temas de la agenda públi-ca nacional, involucrando a los servidores públicos y la ciudadanía en general inclu-yendo todos los sectores y grupos pobla-cionales.

La información no miente, el trabajo ha sido permanente y visible, por eso es menester decir que ¡el IEMP es patrimo-nio de todos!

Boletí n informati vo del Insti tuto de Estudios del Ministerio Público

2016, año de la sostenibilidad del IEMPChristian José Mora PadillaDirector IEMP

En enero de 2013 el procurador general, Ale-jandro Ordóñez Maldonado, formalizó la hoja de ruta del IEMP mediante la Resolución 014 que dio vida al Plan Estratégico «Innovación y virtualización 2013-2016». En el periodo anterior, el plan «Innovación y compromiso 2009-2012» de la unidad académica del mi-nisterio público focalizó la gestión en tres ejes estratégicos: optimizar la capacitación e inves-tigación, reformar de manera integral el IEMP y acreditar e internacionalizar algunos de sus programas, lo que permitió avanzar en los lo-gros obtenidos y reconocidos en la actualidad y proponer, para el siguiente cuatrienio, nue-vos enfoques.

La regionalización, internacionalización, virtualización y sostenibilidad se convirtieron, entonces, en los referentes que impactaron las

actividades del Instituto y facilitaron mantener la calidad, excelencia y mejora continua de los procesos. De 2013 a la fecha la cobertura na-cional se incrementó y se fortaleció la Red de Formadores en los territorios, se hizo presen-cia en escenarios internacionales y se invitaron a diferentes eventos académicos expertos que aportaron conocimientos y experiencias en los congresos organizados, y la virtualización no solo amplió el alcance de los contenidos en materia de inducción y reinducción sino tam-bién el autoaprendizaje como un elemento esencial de la educación a distancia.

Para el 2016 el eje estratégico de sosteni-bilidad que ha sido fundamental desde el año 2009 cuando inició esta administración —que entendió la necesidad de diseñar estrategias para que la labor del Instituto continúe a pe-sar de las difi cultades fi nancieras—, seguirá planteando alternativas que complementen acciones como la comercialización de servicios

número 25 • marzo de 2016


4Rendición de cuentas IEMP 2015

37Las personerías municipales

58Las disparidades de las políti cas públicas mineras de frontera en Colombia

77Breves notas sobre la justi cia

64II Congreso Internacional de Arbitraje con el Estado

92Aplicación principios D. I. H. en legislación penal interna

98Aspectos fundamentales del nuevo código disciplinario

109Programas del IEMP 2016

89De los ODM a los ODS

"La Paz no lo justifi ca todo"Minimos penales para máximos responsables.

PVP: $20.000.oo

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El IEMP en dos décadas ha logrado moldear, como el alfarero, una estructura técnica y operati va enfocada a la gesti ón del conocimiento, una tarea que requiere constancia y atención al igual que el frágil recipiente de barro que conti ene el alimento, que es celosamente protegido por quien comprende su valor.

especial rendición de cuentas 2015

48Industria extracti va, «pilar del desarrollo en nuestro país»

Neurociencia y Matemáti cas 105

Innova, siete años rindiendo cuentas a la ciudadanía a través del boletín informativo del Instituto de Estudios del Ministerio Público.

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Más de 210 personas asistieron al VI Congreso Internacional de Derecho Disciplinario.

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EMP

Arturo Ronderos SalgadoJefe División de Capacitación (e) IEMP

Los días 18 y 19 de octubre, en el Centro de Conveciones Cafam La Floresta, se desarro-lló la sexta versión del congreso de derecho disciplinario que año tras año convoca a operadores disciplinarios y ciudadanos in-teresados en el tema. En esta ocasión, más de 210 personas asistieron al encuentro lo que les permitió conocer la actual norma-tiva disciplinaria y las modificaciones que se introducirán una vez sea sancionado el nuevo Código General Disciplinario.

El director del IEMP, Christian José Mora Padilla, instaló el evento que con-tó con la participación del exprocurador, Alejandro Ordóñez Maldonado. El espa-cio fue propicio para realizar el lanzamien-to de la publicación La culpabilidad en el derecho disciplinario, obra del veedor de la Procuraduría General de la Nación, John Harvey Pinzón Navarrete, editada por el Instituto, y la adquisición del cd por parte de los asistentes con la publicación de las consultas en materia disciplinaria desde el año 1995 a la fecha, compilación realizada por el procurador delegado para la Policía Nacional, Jaime Mejía Ossman.

De otra parte, el IEMP ofreció a los concurrentes la obra Estudios jurídicos so-bre el Código General Disciplinario. Aspectos problemáticos que contiene ponencias de algunos de los expositores en el congreso como Juan Carlos Novoa Buendía, con los «Principios de especialidad y subsidiaredad en el derecho disciplinario»; Jaime Mejía Ossman, «El principio de la dignidad huma-na y el Código General Disciplinario»; John Harvey Pinzón Navarrete, «La culpabilidad y el principio de favorabilidad en el Códi-go General Disciplinario»; Pedro Alfonso Hernández, «La ilicitud sustancial: ética de consecuencias en el derecho disciplinario»; Héctor Enrique Ferrer Leal, «Procedimiento disciplinario unificado»; Manuel Eduardo Marín Santoyo, «El control jurisdiccional de los actos administrativos disciplinarios»; Jorge Enrique Sanjuán Galvez, «La cláusula

VI Congreso Internacional de Derecho Disciplinario

de exclusión»; Ernesto Jesús Espinosa Jimé-nez, «¿El Código General Disciplinario, una solución o un problema para la jurisdicción disciplinaria?»; Manuel Dagoberto Caro Rojas, «La revocatoria directa en materia disciplinaria. Preguntas y respuestas»; Gus-tavo Adolfo Castro Capera, «El régimen de sanciones en el nuevo Código General Dis-ciplinario», y José Omar Ortiz Peralta con el «Régimen probatorio autónomo en el nue-vo Código General Disciplinario».

El congreso se desarrolló mediante po-nencias y moderación de los procuradores delegados, a saber: María Eugenia Carreño, Carlos Augusto Mesa, Carlos Enrique Val-divieso y Vladimir Alexander Arteaga, quie-nes dirigieron las preguntas de los asistentes lo que permitió enriquecer el debate.

Se contó, además, con los exposito-res internacionales Carlos Rafael Urquilla del Salvador y Carlos Julio Velandia, re-presentante en Colombia del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos y Responsabilidad Social, quienes trataron el régimen sancionatorio frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El evento fue organizado por la aseso-ra del IEMP, Sandra Marcela Narvaéz, y por quien firma este artículo, con el liderazgo

del director de la unidad académica, Chris-tian José Mora Padilla, y el apoyo incon-dicional de la procuradora general de la nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo, y el procurador delegado de la Sala Disci-plinaria, Juan Carlos Novoa Buendía.

Siete años del Programa Nacional de Justicia Disciplinaria, Derecho probatorio y Contratación Estatal

Teniendo en cuenta las funciones consa-gradas en el título vii, artículo 56, numera-les 1 y 2, del Decreto 262 del 2000, el IEMP, como ente encargado de dirigir y coordi-nar la capacitación de los funcionarios del ministerio público, debe propender por la información y actualización permanente de estos, de manera que les permita co-nocer los enfoques conceptuales y prác-ticos de la educación moderna y, de esta manera, llevarlos a la práctica.

En este sentido, en 2016 se dio con-tinuidad al Programa Nacional de Justicia Disciplinaria, Derecho Probatorio y Con-tratación Estatal, por séptimo año conse-cutivo, dirigido a los jueces disciplinarios y comunidad en general. La modalidad de conferencias con análisis de doctrina,

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jurisprudencia y casuística ha permitido unificar criterios en la aplicación del régimen disci-plinario y contractual, dictadas por integrantes de la Red de Formadores del IEMP y ejecu-tadas en varias regiones del país.

Programa académico

En 2016 el enfoque fue la pre-sentación del que será el nuevo Código General Disciplinario y del Código General del Proceso, así como los procedimientos ordinario y verbal disciplinario, contratación estatal, derechos humanos (dd. hh.) y derecho internacional humanitario (d. i. h.). En total fueron visitadas 15 ciudades y capacitados 1 226 servidores. Durante los siete años del programa se adelanta-ron 77 eventos en 57 ciudades, y han sido beneficiados 4 614 funcionarios así: 648 de la Pro-curaduría, 32 de la Defensoría del Pueblo y 3 089 de otras enti-dades (ver cuadro).

Presupuesto

El presupuesto asignado para el programa fue de $60.000.000. Se ejecutaron $42.803.078 para un promedio por asistente de $34 913, cifra inferior a cursos que ofrecen en el mercado que ronda en promedio los $800 000, por dos días.

La Red de Escuelas del Estado (Redes)

Conscientes de la importancia que tiene la capacitación e in-vestigación en la formación in-tegral de los servidores públicos para mejorar las competencias laborales y profesionales, que permitan un desempeño más eficiente y eficaz, el IEMP lideró con otras escuelas del Estado la conformación de la red con el propósito de unir esfuerzos y

Ciudad Fecha Formadores Capacitados

1. Armenia 28 y 29 de abril

Jaime Mejía Ossman, Yamil Eduardo Álvarez Castro y Arturo Ronderos Salgado. Jairo Rafael Martínez Cubillos, Jaime Alonso Forero y Arturo Ronderos Salgado.

128

2. Quibdó 26 y 27 de mayoJairo Rafael Martínez Cubillos, Jaime Alonso Forero y Arturo Ronderos Salgado.

76

3. San José del Guaviare

16 y 17 de junioJaime Mejía Ossman, Yamil Eduardo Álvarez Castro y Arturo Ronderos Salgado.

120

4. Sincelejo30 de junio y 1 de julio

Jaime Mejía Ossman, Yamil Eduardo Álvarez Castro y Arturo Ronderos Salgado.

60

5. Puerto Carreño

14 y 15 de julioYamil Eduardo Álvarez Castro y Otto Aristizabal Triana.

147

6. Honda 4 y 5 de agostoJosé Adolfo Gónzalez y Jairo Rafael Martínez Cubillos.

75

7. Yarumal 18 y 19 de agosto Nubia Rubio y Edgar Valencia. 16

8. Popayán 24, 25 y 26 de agosto

Carlos Arturo Ramírez Vásquez, Fernando Aguirre Rueda y Didier Alexander Caicedo.

125

9. Cartago15 y 16 de septiembre

César Murcia, Carlos Arturo Ramírez Vásquez y Luz Marina Hoyos.

90

1o.Chaparral3 y 4 de noviembre

Silvio Alomía, Otto Aristizábal y María Teresa Díaz.

35

11. Buenaventura24 y 25 de noviembre

Jairo Rafael Martínez Cubillos, Fernando Aguirre y Jorge Herney Arana. Gustavo Adolfo Castro Capera, Arturo Ronderos Salgado y Ángela María Sánchez.

90

12. Fusagasugá10 y 11 de noviembre

Gustavo Adolfo Castro Capera, Arturo Ronderos Salgado y Ángela María Sánchez.

93

13. Santa Marta24 y 25 de noviembre

Yamil Álvarez, Jaime Mejía Ossman y Javier Adolfo Blanco.

51

14. Vélez10 y 11 de noviembre

Laura Espinosa, Nelson Andrés Villabona y Gustavo Castro.

120

Ciudades visitadas por el programa


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fortalezas para compartir experiencias, co-nocimientos, materiales e investigaciones.

En este orden de ideas, los represen-tantes de las Escuelas de la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (dian), la Defen-soría del Pueblo, la Justicia Penal Militar, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (inmlcf), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (In-pec), el Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela de Investigación Criminal de la Policía y la Procuraduría General de la Na-ción, a través del IEMP, suscribieron una carta de intención en el año 2010 para fo-mentar el intercambio de programas de formación y capacitación, concertar apo-yo de docentes, intercambiar informa-ción, desarrollar investigación científica, coordinar eventos conjuntos, racionalizar los recursos y realizar otras actividades di-rigidas al mejoramiento del nivel de com-petencia de los servidores públicos bajo la premisa de gestión integral del Estado.

Presidencia de Redes

El director del IEMP, Christian José Mora Padilla, asumió la presidencia de la red en dos ocasiones. La primera en el año 2011 hasta el 8 de mayo de 2013 y la segunda desde el 12 de noviembre de 2014 hasta septiembre de 2016.

Algunas de las acciones relevantes realizadas en estos periodos fueron la rea-lización del Congreso de Redes, en el pri-mer semestre del año 2015, la socialización de los planes de acción de cada una de las

escuelas y las mejores prácticas, la creación de una página web o link de Redes para mantener información sobre el desarro-llo de las escuelas, la creación del boletín virtual, tomando como experiencia el que se hizo en noviembre de 2012 con oca-sión del evento de Redes realizado en el Auditorio de la Defensoría del Pueblo, y los conversatorios de directores de Redes aprovechando el canal del Instituto.

Programas realizados

Primer encuentro de la red. «El control social como herramienta de lucha contra la corrupción», los días 21 y 22 de octubre de 2010, en donde se desarrollaron, entre otros temas, los derechos de las víctimas en la estructura penal acusatoria, a partir de casos que surgen de la práctica judicial; ejecuciones extrajudiciales, desde el pun-to de vista disciplinario y penal; patología forense; libertad provisional por venci-miento términos y transición de la Justicia Penal Militar al Sistema Penal Acusatorio.

Segundo encuentro. «Reflexiones en torno al Estatuto Anticorrupción», en noviembre 29 de 2011, donde se analiza-ron temas como el estatuto y sus implica-ciones en materia disciplinaria; la contra-tación estatal, a la luz del estatuto; la ley anticorrupción frente a la justicia consen-sual; el estatuto frente al nuevo Código Penal Militar, y el dictamen pericial en los delitos contra la Administración Pública.

Tercer encuentro. «Derechos huma-nos y derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado interno»,

ejecutado el 15 de diciembre de 2012 en el auditorio de la Defensoría del Pueblo, en el que participaron docentes de la Fuerza Pública, el Inpec, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Los temas fueron el abordaje fo-rense en los casos de presunta violación de derechos, los delitos contra el derecho internacional humanitario (d. i. h.) y críme-nes de guerra, la situación de los derechos humanos (dd. hh.) en las personas privadas de la libertad por los delitos relacionados con la subversión, la aplicación del d. i. h. en el conflicto armado interno, y los dd. hh. y el d. i. h. frente al conflicto armado interno.

Cuarto encuentro. «Cultura de los dd. hh. y d. i. h.: un compromiso de todos», que se efectuó en el Auditorio Teresa Cuer-vo del Museo Nacional. En esta oportuni-dad el evento académico tuvo el apoyo de la Vicepresidencia de la República.

Quinto encuentro. «Redes para la convivencia pacífica, un compromiso de todos», que se llevó a cabo en el Audi-torio Antonio Nariño de la Procuraduría General de la Nación. Los temas fueron el proceso de paz, contexto y avances; el papel del perito forense en el marco del posconflicto; las víctimas, su reparación y el posconflicto; los fundamentos teóricos de la justicia transicional; el Sistema Penal Acusatorio en la Justicia Penal Militar: vi-sión hacia el posconflicto; los mínimos penales para máximos responsables, y el cooperativismo y la convivencia pacífica.

Otros eventos

Año 2012 - Elaboración de estatutos. Lue-go de los dos primeros encuentros, se desig-naron algunos representantes de las institu-ciones para redactar un proyecto de estatu-tos para ser aprobados por los representan-tes legales de las escuelas. El grupo estuvo conformado por Clara Inés Alzate y Carmen Esther Orjuela del inmlcf, Dayana Marcela Torres de la Policía Nacional, William Ace-ro y Oscar Pérez de la Fiscalía General de la Nación, Rubén Dario Támara Murcia de la Defensoría Pública, mayor Carlos Eduardo Aragón Rodríguez y Yeimy Acenth Salda-ña Guzmán de la Escuela de Justicia Penal Militar, Jorge Alirio Ortega Cerón de la Con-traloría Distrital, William Ribero de la dian y Arturo Ronderos Salgado del IEMP.

Desde el año 2010 a la fecha Redes realizó cinco encuentros.

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El proyecto de estatuto contenía la na-turaleza jurídica de Redes, como asociación civil de derecho privado, sin ánimo de lucro, cuya misión es fomentar la cooperación in-terinstitucional entre los asociados, buscan-do el mejoramiento continuo en los proce-sos de docencia y educación, proyección social, investigación académica, científica, forense y criminal, en beneficio de cada una de las entidades intervinientes.

En este año, también se publicó el bo-letín que se entregó en el tercer encuentro realizado en la Defensoría del Pueblo.

Año 2013 - Participación y apoyo en eventos realizados por las escuelas. En esta vigencia hubo participación de inte-grantes de Redes en el Congreso Interna-cional de Medicina Legal, en el Seminario Internacional de Criminalística de la Policía Nacional, en una capacitación realizada por la Fiscalía sobre violencia sexual y en los Congresos Internacionales de Derecho Disciplinario y Contratación organizados por el IEMP. Así mismo, servidores de las entidades participaron en las jornadas procesales sobre el Sistema Penal Acusato-rio en Ibagué, Barranquilla, Cali y Medellín.

El día 6 de noviembre, en el Aula Múl-tiple del IEMP, se realizó una reunión de Redes con la participación de represen-tantes de las escuelas de capacitación del

IEMP, la Rodrigo Lara Bonilla, la del Inpec, de la Fiscalía General de la Nación, la Poli-cía Nacional y Justicia Penal Militar, y estu-vieron invitados funcionarios de la Organi-zación de Estados Iberoamericanos (oei) y de la Vicepresidencia de la República.

El objeto de la reunión fue hacer un aná-lisis de los talleres sobre pedagogía de los dd. hh. realizado por la oei y la Vicepresidencia en las diferentes escuelas, la presentación del Programa Presidencial de Lucha contra la Impunidad, componente dd. hh., y el ofreci-miento hecho por la oei de realizar cursos so-

bre temáticas de interés para las instituciones. Año 2015. La Redes realizó la primera

Jornada de Reflexión sobre Mejores Prácti-cas, espacio que permitió socializar las expe-riencias exitosas de las escuelas. En esta oca-sión participaron integrantes de la Escuela de Reparación de la Unidad de Víctimas, del IEMP, de la dian, de la Dirección de Escuelas de la Policía Nacional, de Justicia Penal Mili-tar, del Departamento de Formación y De-sarrollo de la Fiscalía General de la Nación, del Inpec y representantes de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y la oei.

«La Redes realizó la primera Jornada de Reflexión sobre Mejores Prácticas, espacio que permitió socializar las experiencias exitosas de las escuelas. En esta ocasión participaron integrantes de la Escuela de Reparación de la Unidad de Víctimas, del IEMP, de la DIAN, de la Dirección de Escuelas de la Policía Nacional, de Justicia Penal Militar, del Departamento de Formación y Desarrollo de la Fiscalía General de la Nación, del Inpec y representantes de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y la OEI».

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Christian José Mora PadillaDirector del IEMPAlejandro Núñez Ochoa1

Asistente de investigación

En los dos anteriores números de Innova se presentaron las principales fases de la his-toria de la Procuraduría Gene-ral de la Nación hasta la etapa denominada «Nueva Consti-tución Política de Colombia: 1991 a 2009». Las breves re-señas fueron extraídas del do-cumento que recoge la nueva visión historiográfica del órga-no de control que da cuenta de factores culturales, sociales, políticos y económicos que interactuaron en las etapas de análisis.

En el ejemplar número 26 se incluyeron las primeras seis épocas, a saber: Bolivaria-na, preámbulo 1819 a 1829: La Gran Colombia; institucio-nalización, nacimiento 1830 a 1831; desinstitucionalización, oscuridad, confusión y desa-parición 1832 a 1852; la restau-ración, consolidación 1853 a 1863; formalización, finales del siglo xix y comienzos del siglo xx, y república liberal, 1930 a 1946. En el número 27 de In-nova se incluyeron las etapas de gobiernos conservadores

1 Sociólogo y politólogo.

1946 a 1953; la dictadura y el Frente Nacional 1953 a 1974; el pos-Frente Nacional 1975 a 1991, y nueva Constitución Política de Colombia 1991 a 2009.

En este número veremos la situación actual y los posi-bles escenarios a futuro.

La administración de Alejandro Ordóñez Maldonado

Como en las etapas anterio-res, el periodo de Ordóñez se desarrolló en un contexto na-cional e internacional en el que se destacan el auge y la guerra contra el Estado Islámico, la Cumbre del Cambio Climático, la nueva era del modelo ener-gético, la baja en los precios del petróleo debido a la disminu-ción de la demanda por parte de China y el incremento de la producción de los Estados Unidos, la invasión rusa de Crimea y la desestabilización de Ucrania, la epidemia del Ébola, el tsunami de Japón y la sentencia de Leopoldo López en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), por mencionar solo algunos eventos fuera de las fronteras del país.

La administración Ordó-ñez logró en gran parte con-cretar la visión definida en el plan estratégico institucional 2013 - 2016, haciendo de la Procuraduría una institución cercana al ciudadano, que pro-tegió sus derechos, combatió la corrupción y la impunidad y controló la función de los ser-vidores públicos.

Al interior, han sido re-levantes situaciones y deci-siones que han logrado tener

Etapas en la historia de la Procuraduríaincidencia en el quehacer de la Procuraduría General de la Nación como la sentencia de la Corte de la Haya sobre el li-tigio limítrofe entre Colombia y Nicaragua, los movimientos sociales campesinos, los trata-dos de libre comercio, el auge de la minería, el escándalo de la parapolítica y los falsos positivos, así como la corrup-ción en la salud, Agro Ingreso Seguro y carruseles de la con-tratación; reformas fiscales, ju-diciales y de contratación, y el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc), entre otros.

El conflicto armado y las víctimas

En la actualidad, la Procuradu-ría se encuentra en un proceso lento pero determinante de cambios que están configu-rando una nueva etapa. Varios elementos indican que nos en-contramos ante un momento histórico de la institución en el que, muy seguramente, las funciones de la entidad serán modificadas.

Todo este escenario se configura por diversos com-ponentes: el primero, la nego-ciación del acuerdo de paz en La Habana, Cuba, entre el Go-bierno nacional y las farc, que ha demandado un esfuerzo institucional amplio por parte del Estado para llevar al cum-plimiento de lo planteado por ambas partes. Por ende, se requerirá por parte del mi-nisterio público y demás ins-tituciones estatales acciones concretas con el fin de evitar la impunidad, garantizar el ejercicio de la justicia, exigir la verdad y la reparación a toda

la población, así como la aten-ción integral a las víctimas que permita un posconflicto en el que la reconciliación de-venga en una paz duradera y estable para las siguientes ge-neraciones.

Por esta razón, la Procu-raduría General de la Nación creó la Procuraduría Delegada para el Apoyo a las Víctimas del Conflicto Armado con el fin de promover, a través de actuaciones preventivas e in-tervenciones administrativas, la debida atención, asistencia y reparación integral a los afec-tados.

Así mismo, en 2013 realizó unas modificaciones en la es-tructura organizacional con el objetivo de ajustar y adicionar competencias y funciones a la Procuraduría Delegada para la Restitución de Tierras y a la de víctimas del conflicto armado, para la defensa de los afecta-dos en el marco de la normati-va expedida para la reparación y restitución de predios a lo largo de todo el país, especial-mente los que fueron titulados de manera fraudulenta por parte de los grupos armados ilegales.

En los informes presenta-dos por dicha dependencia, correspondientes a los años 2012 y 2013, se asegura que de las 6.142.000 hectáreas que fueron despojadas o abando-nadas por el conflicto armado, solo 17 000 han sido restitui-das en el marco de la Ley 1448 de 2011. El informe asegura también que, a ese ritmo, la total restitución se cumpliría en 390 años y no en diez como lo estableció la norma.

Por otro lado, se han reali-zado varios pronunciamientos

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en diversos escenarios públicos por parte del exprocurador, Alejandro Ordóñez Maldo-nado, en donde resaltó la ne-cesidad de buscar la paz pero sin incurrir en compromisos que afecten la justicia colom-biana. Además, ha llamado la atención sobre los riesgos que implicaría una posible cons-tituyente como mecanismo que permita legitimar las ac-ciones violentas de los grupos armados ilegales permitiendo que, quienes han realizado constantes ataques y acciones criminales, tengan efectos po-líticos directos sobre el diseño del Estado.

Como representante de la sociedad civil, el entonces procurador Ordóñez resaltó la imperiosa necesidad de de-fender a las víctimas

Otros logros de la administración

Existen algunos aspectos im-portantes para resaltar, entre los cuales figura la lucha de-nodada de Ordóñez contra la corrupción y el tratamiento de casos ejemplarizantes que tuvieron una oportuna y efec-tiva acción de la Procuraduría como el carrusel de la contra-tación en Bogotá.

Adicional a ello, su cons-tante preocupación por los de-rechos de la infancia, la adoles-cencia y la familia; el seguimien-to y evaluación de políticas pú-blicas; la promoción activa de la ciudadanía; la defensa del inte-rés colectivo, y el fortalecimien-to de la justicia disciplinaria con énfasis en el proceso verbal.

También, la implementa-ción del sistema de Índice de Gobierno Abierto (iga), ins-trumento anticorrupción di-señado por la administración Ordóñez, para todo el terri-torio nacional. Así mismo, la

divulgación de material peda-gógico para el fortalecimiento de los valores éticos como los programas del nuevo ciudada-no y de la cultura de la lega-lidad, y el Sistema Integral de Prevención (SIP).

Otro de los logros rela-cionados con el IEMP es la transformación de este Ins-tituto a través de entrategias de regionalización, virtuali-zación, internacionalización y gestión de la calidad en los procesos de capacitación, in-vestigaciones y publicaciones. Igualmente, el apoyo a la uni-dad académica para lograr la certificación iso 9001: 2015, siendo esta una de las prime-ras entidades en conseguirla a nivel nacional.

Otros aspectos destacados fueron la conmemoración de los 180 años de la Procuraduría General de la Nación, el lideraz-go del procurador en la promul-gación del nuevo Código Ge-neral Disciplinario, y actividades relacionadas con el bienestar de los servidores de la entidad y ciu-dadanos que la visitan como la remodelación del auditorio An-tonio Nariño y obras de moder-nización de la infraestructura de la entidad en todo el país.

Conciliación administrativa

La persistente congestión del sistema judicial se ha configu-

rado como una problemática constante a lo largo de las últi-mas décadas y ha llevado a los distintos actores del orden ins-titucional a idear mecanismos expeditos para la agilización de la justicia.

Uno de ellos es la conci-liación extrajudicial en asun-tos contenciosos administra-tivos, mecanismo alternativo de solución de conflictos para evitar acudir a la jurisdicción judicial ordinaria, en la cual la Procuraduría actúa como un tercero que dirime las diferen-cias entre las partes y cuya re-solución tiene la misma fuerza jurídica del nivel de un proce-so judicial.

Por mandato legal se ha constituido como un requisito de procedibilidad en accio-nes consagradas en el Código Contencioso Administrativo, y entre los múltiples beneficios logrados por este medio se encuentran la descongestión de los estrados judiciales, los ahorros al erario público, una administración más eficaz y la agilización de toma de decisio-nes y acciones.

Ellos, se materializan en los siguientes resultados: mientras que un proceso tradicional tarda entre tres a cuatro años, la conciliación administrativa solo toma al-rededor de tres meses en re-solverse. Asimismo, este me-

canismo le ha permitido al Estado ahorrar alrededor de 241 000 millones en el 2013, siendo cada vez más utilizado por la ciudadanía como lo de-muestra el aumento de 17 223 solicitudes entre el 2012 y el 2013, siendo recibidas 55 665 en 2012 y 72 888 en 2013. En materia de gestión, la Procu-raduría logró tramitar 40 821 solicitudes en 2012 y 54 349 en el 2013.

Esta área se presenta a futuro como una de las fun-ciones con mayor relevancia para la Procuraduría General de la Nación, en cuanto este mecanismo se encuentra en expansión con miras a alcanzar todos los rincones del país, cui-dando el patrimonio estatal. Dicho esfuerzo y trabajo con-junto de la Procuraduría con el IEMP para la instrucción, capacitación, acompañamien-to y certificación de los funcio-narios que se desempeñan en la materia, será vital para que dichos propósitos se hagan realidad.

Facultades de la Procuraduría

Otro elemento para destacar en el periodo Ordóñez fue la coyuntura jurídica, pro-ducto de la decisión de la Procuraduría de destituir e inhabilitar al entonces alcalde Gustavo Petro Urrego por la implementación de un nue-vo esquema de basuras que significó un riesgo ecológico, ambiental y sanitario para la ciudad, violando el derecho a la libre competencia.

Producto de esta decisión fue el cuestionamiento de dis-tintos actores sobre el papel de la entidad en el sistema institucional vigente, algunos sugiriendo la disolución de la entidad y otros solicitando un

«(…) el rol de la Procuraduría frente al acuerdo de paz será determinante en cuanto se ha constituido en ese actor preventivo frente a las posibles nocivas consecuencias de un acuerdo que no permita justicia, verdad y reparación para las víctimas».

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cambio en sus funciones, a pesar de que, desde 2004 hasta el 2013, la Procuraduría ha destituido a 791 funcionarios públicos, elegidos por voto popular (congresistas, alcaldes y gobernadores).

Entre el periodo 2004 - 2008, corres-pondiente al procurador general Edgardo Maya Villazón, se destituyeron 460 fun-cionarios elegidos por voto popular, entre ellos un senador, dos representantes a la cámara, 428 alcaldes y 29 gobernadores. Por su parte, para el periodo 2009 - 2012, a cargo del procurador Alejandro Ordó-ñez Maldonado, hubo 331 funcionarios destituidos, entre ellos nueve senadores, tres representantes a la cámara, 288 alcal-des y 31 gobernadores.

Retomando, la destitución del bur-gomaestre generó toda un debate nacio-nal.. Una de las principales divergencias, con respecto al tema, es la capacidad que tiene la Procuraduría como órgano de control para la destitución de funcio-narios elegidos popularmente, aunque existe una extensa jurisprudencia de par-te de la Corte Constitucional otorgando dicha facultad.

Asimismo, toda una tradición histó-rica proveniente desde 1819 en la que Si-món Bolívar ideó una institución dedicada a combatir la corrupción moral y adminis-trativa, y que se ha mantenido vigente por cerca de 200 años, siendo parte de la esen-cia institucional colombiana. La defensa de la sociedad se encarna en esta institución que ha continuado vigilante ante los va-rios casos de corrupción, como han sido los más recientes en salud, en el programa Agro Ingreso Seguro y en el carrusel de la contratación en Bogotá. Más aún, en la defensa de los derechos humanos como el escándalo de los falsos positivos y los fallos de la farcpolítica y parapolítica.

No obstante, varios argumentos se han argüido en contra de estas tesis, se-ñalando que esta facultad se encuentra en rivalidad con el artículo 232 consa-grado en la Convención Interamerica-na sobre Derechos Humanos y que han sido aplicados en el caso Leopoldo López Mendoza versus Venezuela, sentencia del primero de septiembre de 2011. En esta jurisprudencia se estipula que es necesaria una sentencia de tipo penal emitida por un juez competente para la destitución

de un funcionario elegido popularmente, restando la capacidad que tiene una auto-ridad administrativa para que por medio de una sanción disciplinaria se permita la separación del cargo.

En este entorno de incertidumbre, se ha sugerido en distintos escenarios la modificación de las funciones de la Pro-curaduría. Sumado a ello se encuentra el posible rol que desempeñaría esta insti-tución frente al acuerdo de paz. En con-secuencia, el actual gobierno ha hecho pública la intención de promover refor-mas a las funciones de la institución, sin revelar muchos detalles sobre este asun-to. En consonancia, la Procuraduría ha ve-nido adelantando una serie de jornadas de reflexión y debate con diversos secto-res de la sociedad para plantear una serie de posibles reformas, entre las cuales se contempla la reforma del Decreto 262 de 2000, por medio del cual se modificó la estructura y la organización de la Procu-raduría General de la Nación y el Instituto de Estudios del Ministerio Público

Por todo lo anterior, nos encontra-mos ante un proceso de cambio en el que una nueva fase histórica en la ins-titución se está configurando, y muy seguramente se concrete una vez se materialicen la reformas planteadas. El tiempo lo dirá.

Reforma Defensoría del Pueblo

De otra parte, a través de los Decretos 025, 026, 027 y 028 emitidos en enero del 2014, se modificó la organización y fun-cionamiento de la Defensoría del Pueblo con miras a fortalecer la acción de la entidad encargada de la promoción, el ejercicio y divulgación de los derechos humanos.

Asimismo, esta reforma se consti-tuye en un esfuerzo por reestructurar la entidad frente a una posible solución del conflicto armado, en la que la aten-ción integral a las víctimas, así como la acción eficaz frente a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras será un elemen-to fundamental para la consecución de la paz.

Dentro de las modificaciones más importantes se encuentra la creación de una Defensoría Delegada para Asuntos Agrarios encargada de acompañar los procesos en la materia y en la represen-tación jurídica de las víctimas. Los cam-bios también se dirigieron al aumento de la presencia institucional en las distintas regiones del país para fortalecer la acción territorial de la Defensoría, en aquellas zonas que presentan una mayor viola-ción y debilitamiento de los derechos fundamentales.

«(…) nos encontramos ante un proceso de cambio en el que una nueva fase histórica en la institución se está configurando, y muy seguramente se concrete una vez se materialicen la reformas planteadas. El tiempo lo dirá».

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«Al final de cuentas… ¿qué cuentas?»Luis Alberto Ujueta CárdenasCoordinador académico IEMPPrograma Nacional de Capacitación dirigidoa personeros municipales

Esta frase muy diciente se ha utilizado en dos oportunida-des para significar la gestión de las personerías municipales en la realización de las audiencias públicas de rendición de cuen-tas. Me parece de vital impor-tancia retomarla con el fin de intentar un ejercicio, primero, de reflexión a partir de algunas cifras y datos de la importante labor que cumple esta figura ad portas de cumplir 500 años, y en segundo lugar, como refe-rente de su actuar.

Las personerías distribui-das en los 1 102 municipios del país son una figura indispensa-ble para las diferentes dinámi-cas sociales, culturales, políti-cas, religiosas y demás de los entornos locales, municipios y regiones en las que se divide el país, a saber: Caribe, Central, Orinoquia, Pacífico, Oriental y las antiguamente denomina-das intendencias y comisarías.

Promotores y difusores de derechos humanos (dd. hh.), vigilantes de la conducta oficial y veedores del tesoro, estos funcionarios han hecho propios los sentires de la co-munidad a través de estos casi quinientos años, representan-do el primer eslabón en la ca-dena sociedad-Estado.

En el año 2016, específi-camente en el mes de marzo, asumieron los nuevos perso-neros municipales que acce-dieron a este cargo a través del concurso de méritos, con una

prospectiva desafiante ante los eventuales cambios del país, especialmente los relaciona-dos con el conflicto armado.

Estos deben cumplir, en-tre otras, con 19 funciones disciplinarias, 17 con relación a la justicia, 46 asignadas por di-ferentes leyes, 38 funciones en materia de dd. hh. y atención a víctimas, 26 como agente del ministerio público, 25 fun-ciones administrativas como jefe de entidad pública, 26 re-lacionadas con participación ciudadana y 21 con veedurías ciudadanas.

Los desafíos ante un eventual posconflicto aluden responsabilidades históricas a estos servidores, pues serán protagonistas de primera y testigos de excepción de los diferentes pactos y acuerdos que desde lo local incidirán en una política nacional de trans-formación.

Teniendo en cuenta estas líneas como antecedente quie-ro, en primer lugar, resaltar la labor de los personeros y per-soneras municipales en todo el territorio nacional, en los municipios con alta inciden-cia y presencia de grupos ar-

mados al margen de la ley, los de capital (que cuentan con presupuesto, infraestructura y talento humano preferencial) y los casi novecientos (892) ca-talogados en categoría quinta y sexta.

Estos últimos —con un funcionario a su cargo (secre-tario o secretaria) y con un presupuesto promedio de 100 millones de pesos—, deben adelantar una titánica labor como representantes de la so-ciedad brindando orientación, atención y respuesta a una ciu-dadanía que cifra sus esperan-zas en esta figura local.

Finalmente, los persone-ros y personeras de todo el te-rritorio nacional cumplirán un papel preponderante en la ve-rificación de los puntos acor-dados en La Habana (Cuba), participando activamente en el sistema de alertas tempranas como testigos de excepción en el cese al fuego.

Experiencia desde el programa

Desde hace más de diez años asumí la coordinación del Programa Nacional de Capa-

citación dirigido a personeros municipales, labor que a lo lar-go y ancho del país me ha per-mitido conocer la realidad de nuestro hermoso territorio, su historia, su presente y mirada al futuro.

Durante este tiempo, igualmente he escuchado el clamor y la queja de los perso-neros y personeras solicitando unas mejores condiciones de trabajo desde el punto de vista presupuestal, de autonomía y de funcionalidad; clamor que siempre referencia la necesi-dad de que se legisle a su favor.

En este tiempo, vi pasar por lo menos cinco iniciativas legislativas que propendían, de una u otra forma, mejorar las condiciones de estos servido-res; sin embargo, al llegar a la línea presupuestal se volvían inviables.

Así mismo pude compro-bar, de primera mano, todos los sistemas, comités y demás conformaciones de grupos, para llamarlo de alguna mane-ra, que direccionan su actuar y soportan sus actividades en el personero.

Diez años que me permi-ten acudir a ustedes, lectores, con el ánimo de generar con-ciencia y reflexión sobre la im-periosa necesidad de establecer un frente común para que des-de las instituciones, el Gobierno central, el poder legislativo y el judicial, y el más importante por los antecedentes de refor-ma de esta figura, el Ministerio de Hacienda, para que escuche, atienda y cristalice reformas que permitan dignificar la labor de este integrante fundamental del ministerio público.

Con ese objetivo primor-dial atendí el llamado del di-

«Desde hace más de diez años asumí la coordinación del Programa Nacional de Capacitación dirigido a personeros municipales (…). Durante este tiempo, (...) he escuchado el clamor y la queja de los personeros y personeras solicitando unas mejores condiciones de trabajo desde el punto de vista presupuestal, de autonomía y de funcionalidad; clamor que siempre referencia la necesidad de que se legisle a su favor». En la imagen el coordinador del programa, Luis Alberto Ujueta (der.), y el director del IEMP, Christian José Mora Padilla.

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rector del IEMP, Christian José Mora Padilla, para hacer, más que un artículo, un pequeño recuento de lo que ha repre-sentado este programa en los últimos diez años para los per-soneros, para esta unidad aca-démica del ministerio público y para la sociedad en general.

Por lo tanto, no puedo dejar pasar el espacio para agradecer la labor de todos los integrantes de la Red de Formadores del IEMP, que han participado en las más de tres-cientas actividades de capaci-tación programadas, quisiera referenciarlos a todos, pero creo que al citar «Red de For-madores» cada uno de ellos se sentirá incluido cuando lea este artículo.

Así mismo, a las goberna-ciones, alcaldías, a Colombia Humanitaria, a la Dirección Nacional para la Gestión del Riesgo, a Naciones Unidas y al Programa de Naciones Uni-das para el Desarrollo (pnud), a la Unidad para la Atención de Víctimas, a la Unidad de Restitución de Tierras, a las diferentes agencias de coope-ración internacional y, lo más importante, a mis compañeros del Instituto de Estudios en las diferentes áreas, sin ellos, no

sería tan reconocida la labor del IEMP en todo el territorio nacional.

Igualmente, mención es-pecial merecen los procurado-res regionales y provinciales por la labor de acompañamiento a los personeros que ha sido fun-damental en la construcción de una nueva mirada desde lo local con incidencia y repercu-sión en el ámbito nacional.

Después de esta introduc-ción, quiero dejarlos con algu-nos datos y cifras del Programa Nacional de Capacitación diri-gido a personeros municipales, que presentaré a través de la siguiente estructura:

Deca-logo sostenible del Programa Nacional de Capacitación

• Contexto del inicio del pro-grama. • Sostenibilidad del progra-

ma al asumirlo el IEMP. • Modelo pedagógico. • Red de Formadores. • Necesidad de los encuen-

tros. • Publicaciones. • Talleres con cubrimiento

nacional. • Recursos y gestión (alianzas

estratégicas).

• Rendición de cuentas (es-trategia e impacto). • El papel del personero en el

posconflicto.

Contexto del programa

El Programa Nacional de Capa-citación dirigido a personeros municipales —durante estos diez años— es un proyecto que, gracias a la gestión de los últimos directores, se ha soste-nido en el tiempo.

El programa es concebido desde el año 2001 a través de un proyecto de cooperación interinstitucional y de asistencia técnica entre la Oficina en Co-lombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (acnudh), la Procuraduría General de la Nación, el IEMP, la Defensoría del Pueblo y la Federación Na-cional de Personeros de Co-lombia (Fenalper).

Este programa es cofinan-ciado y apoyado por la Unión Europea, con más de 900 euros, que permitió el traslado, alo-jamiento y demás gastos para la asistencia de los personeros (52%) a las actividades desarro-lladas en esta etapa del proceso.

Proyecto sostenible por más de diez años

A partir del año 2004, el IEMP asume el proyecto con recursos propios con el fin de darle sos-tenibilidad, inicialmente con un presupuesto cercano a los 120 millones de pesos por vigencia fiscal. En esta fase, y a través de la convocatoria de los procura-dores regionales y provinciales, el programa logra una asisten-cia del 82 por ciento.

Luego de una proyección presupuestal, y teniendo en cuenta los recursos asignados desde cada una de las institu-ciones, esto es, Procuraduría

General de la Nación, IEMP y la Defensoría del Pueblo, el programa establece un crono-grama de cubrimiento nacional con un promedio de 15 talleres por anualidad.

Modelo pedagógico

En los primeros años el proyec-to mantiene un modelo pe-dagógico a través del Comité Técnico de Seguimiento al Pro-grama, con enfoque de dd. hh., creado mediante Resolución 154 de 2011. A partir de abril del año 2014 la Resolución 124 determina la necesidad de ade-lantar una formación integral a los personeros y personeras municipales, teniendo en cuen-ta las nuevas dinámicas misio-nales de estos servidores.

Con recursos del IEMP y la Defensoría del Pueblo, se programa la nueva estrategia de capacitación ponderando la pedagogía de los dd. hh., la vigilancia de la conducta oficial y las funciones como veedores del tesoro.

Se establece un cronogra-ma de talleres con cubrimiento del territorio nacional fortale-ciendo la Red de Formadores de las dos instituciones, de acuerdo con los presupuestos asignados, con un grupo inicial de diez for-madores expertos en temáticas relacionados con el derecho disciplinario, los mecanismos de protección de dd. hh. y el con-trol social, entre otros.

El cronograma de los se-minarios taller establece como pauta la realización de un pro-medio de 15 eventos por cada año, denominados fases, tenien-do en cuenta los cuatro años de período de los personeros.

Es así como en el primer año el programa busca brin-dar herramientas prácticas a los personeros respecto de la estructura del Estado, el papel

«El programa es concebido desde el año 2001 a través de un proyecto de cooperación interinstitucional y de asistencia técnica entre la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Procuraduría General de la Nación, el IEMP, la Defensoría del Pueblo y la Federación Nacional de Personeros de Colombia (Fenalper)». En la imagen el coordinador del programa Luis Alberto Ujueta Cárdenas.

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que desempeña en esta estruc-tura, sus competencias y res-ponsabilidades.

Una segunda fase foca-lizada en potenciar su actuar en pro de la ciudadanía con mecanismos de protección de dd. hh., recursos y acciones ju-diciales, libertades individuales y fuerza pública, lo mismo que mecanismos de participación ciudadana y control social.

La tercera fase incluyó dinámicas propias de las co-yunturas del país como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la In-formación Pública Nacional, los sistemas de protección de dd. hh., la familia y los menores, el Sistema Electrónico de Contra-tación Pública (Secop), la ley disciplinaria y las funciones del ministerio público dentro del marco preventivo.

La fase final, denominada estrategia de rendición de cuen-tas y estrategia de empalme, se adelantó con el fin de dimensio-nar, a partir de la realización de audiencias púbicas, la gestión de las personerías municipales de cara a la comunidad.

En este sentido, se esta-blecen algunas pautas a partir del documento Las persone-rías municipales: una mirada al presente y propuestas para el futuro, publicación fruto del convenio con Naciones Unidas elaborado por el equipo del proyecto de cooperación y asis-tencia técnica mencionado, del cual destacamos algunas de las hipótesis frente a las dinámicas de las personerías que, actual-mente, siguen vigentes:

Primera hipótesis. Sólo modificando la forma actual de vinculación del personero, las personerías podrán gozar de la independencia necesa-ria para conducir autónoma-

mente la misión de ser defen-soras institucionales de los derechos humanos.

Esta apreciación tiene tres vertientes: La primera, deviene del desgaste que para muchos personeros ha significado la re-lación con quienes los eligieron, los concejos municipales, en la mayoría de los casos mediante coaliciones dirigidas por los al-caldes. Las frustraciones y obs-táculos vivenciados por los per-soneros recogen la certeza de lo que significan las consecuen-cias del funcionamiento de los poderes locales, muchas veces emparentados con el clientelis-mo, la corrupción, las presiones políticas y el abuso del poder, que se manifiestan en forma de letra de cobro por el favor de la elección, o en la mayoría de los casos, por los obstáculos para hacer vigente el escaso presu-puesto como represalia por cualquier acto de vigilancia del tesoro municipal por parte de los personeros.

La segunda vertiente que alimenta esta hipótesis es la comprensión fundamental de lo que significa la función pú-blica guiada por una concep-ción holística de los derechos humanos. Se trata de una toma de conciencia que produce una convicción sólida de que la defensa de los derechos hu-manos requiere de una postu-ra innegociable frente al abuso del poder en cualquiera de sus formas. El microcosmos de la política local es el espacio por excelencia para reconocer el funcionamiento de una lógica perversa del poder contra la cual, muchas veces, se levanta la bandera de la función ética de los personeros que tantas veces incomoda a los poderes locales.

La tercera vertiente, que engloba las dos anteriores, está motivada por el convencimien-

to de que las personerías re-quieren con urgencia cambios inaplazables. Se trata de la nece-sidad de una reforma que desde el Congreso ventile una transfor-mación estructural cuyo punto de partida es la remoción de lo que en términos generales se ha denominado el origen político de los personeros.

Segunda hipótesis. El cumplimiento de las fun-ciones que atañen a la pro-blemática de la promoción, defensa y protección de los derechos humanos, por par-te de las personerías, amerita igualmente una reforma legal que le otorgue a estas una verdadera autonomía admi-nistrativa y presupuestal.

Los argumentos que ins-piran esta hipótesis se concre-tan en las siguientes aprecia-ciones:

- La intención de proponer la reforma sobre la autonomía

presupuestal es la de garantizar que las personerías cuenten con un respaldo económico para que no sólo sean las de-fensoras institucionales de los derechos humanos, sino que también contribuyan de ma-nera indirecta al desarrollo hu-mano local y, en ese sentido, no sólo puedan invertir un presu-puesto sino también racionali-zar los frutos de dicha inversión mediante el resultado de la ecuación que establece la rela-ción entre derechos humanos y desarrollo municipal.- Es innegable la vinculación del campo de los derechos humanos con el desarrollo. En ese sentido, la interdependen-cia que tienen las libertades, las oportunidades sociales para el libre desarrollo de la personali-dad, las garantías de seguridad y los derechos económicos, sociales y culturales que debe brindar el Estado, influyen de manera funcional en los pro-cesos de desarrollo.

El modelo pedagógico del programa, para el periodo de los personeros 2012 - 2015, desarrolló en el último año la fase final «(...) denominada estrategia de rendición de cuentas y estrategia de empalme, (...) con el fin de dimensionar, a partir de la realización de audiencias púbicas, la gestión de las personerías municipales de cara a la comunidad».

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2009 - Primera fase 2010 - Segunda fase 2011 - Tercera fase 2012 - Cuarta fase

Derecho Internacional Humanitario (D. I. H.)

Recursos y acciones judicialesResponsabilidades del ministerio público y la Ley de Víctimas

Modelo Estándar de Control Interno (MECI)

Minas antipersonalLibertad individual, fuerza pública y DD. HH.

Rol del personeroSistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD)

Fuerza pública y derechos humanos (DD. HH.)

Pedagogía de los DD. HH.El personero y el nuevo ciudadano colombiano

Colombia Humanitaria y la ola invernal

El personero, los menores y sus familias

Antecedentes de la Ley de Víctimas

Personeros estudiantilesSistema General de Participación (SGP)

Mecanismos constitucionales de protección de derechos humanos

Justicia transicional Contratación estatalMesas regionales de trabajo de articulación del ministerio público

Estrategia de empalme y rendición de cuentas

2012 - Primera fase 2013 - Segunda fase 2014 - Tercera fase 2015 - Cuarta fase

El personero municipal en la estructura del Estado

Marco normativo de la justicia transicional en Colombia

Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional

Realidades regionales y la responsabilidad del ministerio público

Las personerías municipales y su articulación con el ministerio público

Enfoque de derechos en la política pública

El ministerio público y la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional

Audiencias públicas de rendición de cuentas con balance social y estrategia de empalme (tres días con audiencias públicas de rendición de cuentas).

Pedagogía de los derechos humanos

Atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado con enfoque diferencial

Funciones del ministerio público dentro del marco preventivo

Marco jurídico de la justicia transicional

Implementación territorial de la Ley de Víctimas

Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop)

Antecedentes de la Ley de Víctimas

Coordinación del ministerio público en la implementación y seguimiento a la Ley de Víctimas

Marco mormativo de la contratación estatal

Responsabilidad del ministerio público en la Ley de Víctimas

Conceptos básicos sobre la restitución de tierras

Oficinas de control interno disciplinario

Rutas de atención a la población desplazada

Proceso disciplinario

El personero municipal como paradigma del nuevo ciudadano colombiano

SNPAD

Guía Municipal para la Gestión del Riesgo

SGP

Mesas regionales de trabajo

Cuadro 1. Ejes temáticos Programa Nacional de Capacitación dirigido a personeros municipales. Años 2009 a 2016 - Cuatro fases por periodo de los personeros

Fuente: Programa Nacional de Capacitación dirigido a personeros municipales.

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- Desde el punto de vista pre-supuestal este logro vinculante entre derechos humanos y de-sarrollo tiene un costo, necesi-ta un apoyo económico, ame-rita una planeación y requiere ante todo de una voluntad política a toda costa.

En el caso colombiano la mencionada interdependencia no se refleja en los planes muni-cipales de desarrollo, demostran-do con ello, una concepción es-trecha en la destinación del gasto público que evidencia la percep-ción con que históricamente se ha mirado dicha relación.

Esta apreciación se puede constatar en las leyes 136/94, 617/00 y 715/00, que regu-lan el presupuesto municipal y que no han posibilitado la asignación de un rubro para gastos de inversión de las per-sonerías. De tal suerte que la difusión, la educación, y aún la protección y otras actividades relacionadas con los derechos humanos no cuentan con una partida destinada a estos asun-tos; los personeros sólo tienen asignado un rubro para el fun-cionamiento administrativo.

Recordar al legislador y a quienes se interesan por el futuro de las personerías, que la construcción de una cultu-ra de los derechos humanos requiere entre otras muchas cosas de una asignación presu-puestal, es la intención de esta hipótesis que clama para que se tomen las medidas necesa-rias que modifiquen la asigna-ción en materia presupuestal y brinde a las personerías los re-cursos suficientes para el cum-plimiento de su misión y a los ciudadanos la esperanza.

Tercera hipótesis. Las personerías municipales es-tán urgidas de un estatuto orgánico que contenga, entre

otros aspectos, un manual de funciones y de competencias.

Apoyados en sus expe-riencias locales la mayoría de los personeros concuerdan en una conclusión tajante: las persone-rías no han logrado recoger toda la normatividad que señala sus funciones y competencias. Se trata de un marco jurídico dis-perso que puede ser entendido de diversas maneras por quie-nes desempeñen dicho cargo. En términos jurídicos se trata de orientar al funcionario que desempeña a nivel local el papel más promiscuo desde el punto de vista del ejercicio de sus fun-ciones. Al dotar a los personeros con dicho estatuto se promove-ría entre otras cosas:

- Una mayor visualización de las funciones que permita al personero entender su papel como un todo que representa los intereses de la comunidad.- Una mayor comprensión del origen legal de dichas funcio-nes y de la obligatoriedad de su cumplimiento.- Una fuente de inducción y de capacitación al personero.- Una fuente de información confiable para las autoridades locales y la comunidad.- Una guía para la elaboración de un manual de funciones y sus respectivas competencias.

- Un referente para racionali-zar, evaluar y juzgar la labor del personero en caso de que sea necesario, así como también una fuente insuperable de au-torreflexión sobre su quehacer.

Recurso humano como plus del programa

La Resolución 187 de 2012 for-taleció la Red de Formadores del IEMP incluyendo a funcio-narios tanto de la Procuraduría General de la Nación como de la Defensoría del Pueblo. Los funcionarios de las dos institu-ciones capacitan a los persone-ros y personeras municipales.

Los encuentros nacionales del ministerio público

Luego del posicionamiento del programa en todo el territorio nacional a través de las procu-radurías regionales y provin-ciales, mediante una efectiva participación en la convoca-toria para la presencia de los personeros en las actividades de capacitación programadas, se pensó en una estrategia para la divulgación de los ejes misionales de los personeros que consiste en la organización de eventos, foros, encuentros, congresos, campañas informa-

tivas, entre otros. El IEMP, como ente encar-

gado de adelantar las activida-des de carácter académico que interesan a la Procuraduría Ge-neral de la Nación, a la Defenso-ría del Pueblo y a los personeros municipales, a través de la Divi-sión de Capacitación, socializó con los integrantes del Consejo Académico del Instituto la ne-cesidad de propiciar un espacio de encuentro con los funciona-rios del ministerio público.

Adicional a este sentir, y te-niendo en cuenta las dinámicas coyunturales y las circunstan-cias relacionadas con las viola-ciones a los dd. hh., las infrac-ciones al d. i. h., el desarrollo de la Ley de Veedurías Ciudadanas para ejercer el control social, las políticas ambientales y la ren-dición de cuentas con balance social, este escenario ha sido ideal para difundir las políticas institucionales necesarias como respuesta a la comunidad.

Historia de los encuentros nacionales del ministerio público

Hasta la fecha, el Programa Na-cional de Capacitación dirigido a personeros municipales ha organizado, en alianza con otros intituciones y organizaciones, cuatro encuentros, a saber:

«La Resolución 187 de 2012 fortaleció la Red de Formadores del IEMP incluyendo a funcionarios tanto de la Procuraduría General de la Nación como de la Defensoría del Pueblo. Los funcionarios de las dos instituciones capacitan a los personeros y personeras municipales».

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• Primer Encuentro Nacional del Ministerio Público, «Una mirada a las personerías», Buca-ramanga, Santander, 26 y 27 de agosto de 2010 (755 asistentes). • Segundo Encuentro Nacio-

nal del Ministerio Público, «La personería municipal y su res-ponsabilidad social», Medellín, Antioquia, 8 y 9 de noviembre de 2012 (600 participantes). • Tercer Encuentro Nacional

del Ministerio Público, «Sobera-nía de colores, por un desarrollo sostenible», Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Ca-talina, 18 y 19 de septiembre de 2014 (350 participantes). • Cuarto Encuentro Nacional

del Ministerio Público, «Cons-tructores de paz 2016», Florida-blanca, Santander, 5 y 6 de mayo de 2016 (697 participantes).

Estos eventos han tenido un presupuesto, asignado desde el IEMP, de 100 millones en pro-medio anuales, pero la inversión total, según las cifras de los reali-zados hasta la fecha, ha sido cer-cana a los 500 millones de pesos por encuentro; es decir, que a través de la gestión y las alianzas

estratégicas con organizaciones como cámaras de comercio, la fuerza pública, las gobernacio-nes y alcaldías, así como em-presas privadas, hemos logrado cumplir con el propósito.

Alianzas estratégicas

Además de los recursos del IEMP, ejecutados a través del Programa Nacional de Capacitación dirigi-do a personeros municipales, la unidad académica del ministerio público ha contado con recur-sos provenientes de fuentes de cofinanciación nacionales e in-ternacionales como Colombia Humanitaria (500 millones de pesos reflejados en auditorios, hoteles, refrigerios y almuerzos); la Dirección Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres (300 millones de pesos para los mismos componentes); la Uni-dad para la Atención y Repara-ción Integral a las Víctimas (un promedio 60 millones por año); el Fondo de Justicia Transicional del pnud (150 000 dólares; las Naciones Unidas (100 millones de pesos) y la Unidad de Resti-tución de Tierras (20 millones).

Publicaciones del programa

El Programa Nacional de Capa-citación dirigido a personeros municipales, desde el año 2002 hasta la fecha, entregó las si-guientes publicaciones.

• Compilación de jurispruden-cia y doctrina nacional e interna-cional. • Manual de calificación de

conductas violatorias. • Declaración universal para

niños. • Informe sobre Colombia

2003. • Recomendaciones para Co-

lombia 2004. • Conceptos básicos dd. hh.

y d. i. h. (Alejandro Valencia), copias.

• Contrucción de subjetivi-dades y pedagogía en derechos humanos (M. Restrepo), co-pias. • Estatuto del personero. • Memorias del Programa

Nacional de Capacitación dirigi-do a personeros municipales. • La historia de las personerías

en Colombia.

• Documentos del Curso Vir-tual de Inducción para Persone-ros. • Diagnóstico sobre capacida-

des territoriales de las personerías para la implementación de la paz. • Cartillas rendición de cuen-

tas. • Criterios de selección objeti-

va. • Kit Colombia Compra Efi-

ciente. • Código Disciplinario Único.

En 2016, teniendo en cuenta la firma del acuerdo de paz y posterior implemen-tación, el IEMP y Fenalper fir-maron un convenio con el fin de establecer algunas pautas para este escenario que fueron recogidas en la publicación Las personerías municipales: retos y recomendaciones para el pos-conflicto, documento elabo-rado por el consultor Alfredo Manrique Reyes.

Evaluación de impacto del programa

Durante el año 2015, ante la necesidad de establecer la in-cidencia del programa en los personeros, se efectuó una evaluación de entrada y una de salida con algunas preguntas re-lacionadas con su actuar frente a la rendición de cuentas. Las preguntas fueron:

Con relación a la transparencia

1. El concepto que más se aproxima a la transparencia relacionado con la rendición de cuentas es el siguiente:

a. Es una obligación cons-titucional por cuanto su des-conocimiento puede generar responsabilidad disciplinaria

«El IEMP, como ente encargado de adelantar las actividades de carácter académico que interesan a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a los personeros municipales, a través de la División de Capacitación, socializó con los integrantes del Consejo Académico del Instituto la necesidad de propiciar un espacio de encuentro con los funcionarios del ministerio público». En la imagen identidad visual del Tercer Encuentro Nacional del Ministerio Público realizado en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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b. Es una aspecto de la fun-ción administrativa, pues la trasparencia es un principio de la función pública como lo establece el artículo 209 de la Contitución Política de Co-lombia.c. Es una cultura de la publi-cidad para posibilitar que los ciudadanos participen activa-mente en el ejercicio de sus derechos y para posibilitar el ejercicio de otros.d. Es un principio conte-nido en la convención de la lucha contra la corrupción el cual, por el bloque de cons-titucionalidad, tiene plena aplicación en el ordenamien-to jurídico.

2. Una de las razones prin-cipales por la que se debe rendir cuentas es la siguiente:

a. Porque de no hacerlo se incurre en una falta discipli-naria.b. Porque esta es una obliga-ción que se debe cumplir con el concejo municipal confor-me a lo establecido en el nu-meral 9.° del artículo 178 de la Ley 136 de 1994.c. Porque si no se hace se incumple la obligación de em-palme y entrega del cargo al

término del periodo en aten-ción a lo preceptuado en la Ley 951 de 2005.d. Porque la comunidad debe conocer si se ha cumpli-do con los objetivos institucio-nales y, ante todo, los resulta-dos de gestión realizada.

3. Para analizar la informa-ción con el fin de efectuar el informe de rendición de cuentas se debe tener muy en cuenta la fase de planea-ción. Esta fase, respecto de la información, comprende los siguientes pasos:

a. Concentración, inclusión y participación.b. Concentración, evalua-ción y emisión.c. Concentración, pondera-ción y ejecución.d. Evaluación, participación y publicación.

4. La última etapa de la rendición de cuentas corre-ponde a un informe final. El siguiente concepto NO es un aspecto esencial en este in-forme:

a. Resumen de lo sucedido.b. Percepción.c. Impacto.

d. Concepto de la Procura-duría.e. Evaluación y retroalimen-tación.

Con relación al enfoque de derechos humanos desde la Defensoría del Pueblo y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

1. El plan de desarrollo mu-nicipal cuenta con el enfoque de derechos humanos.

Si __________No __________

2. El enfoque de derechos humanos se refleja en:

a. El plan de desarrollo.b. Las políticas públicas.c. El plan de ordenamiento territorial.d. El observatorio municipal de dd. hh.e. Todas las anteriores.

3. La rendición de cuentas con enfoque de derechos hu-manos le corresponde:

a. Al alcalde municipal.

Publicaciones IEMP

Publicaciones editadas por el IEMP en el marco del Programa Nacional de Capacitación dirigido a personeros municipales.

b. Al director de la casa de la cultura.c. Al concejo municipal.d. Al personero municipal.e. Todos los anteriores.

Los resultados arrojaron las cifras registradas en el cua-dro 2 (p. 28):

Análisis de resultados

• El nivel de conocimiento que muestran los personeros y personeras al inicio de la acti-vidad es medio – alto (76,8%). • La pregunta dos no tiene

una única respuesta cierta. Es una herramienta para medir la ten-dencia sobre la percepción que tienen los funcionarios de su rela-ción con el Concejo y la sociedad. Inicialmente todos y todas asu-men que la obligación de rendir cuentas está basada en la presen-tación del informe al Concejo, lo que es cierto. En la respuesta final el 22,5% modifica su respuesta asumiendo que la rendición de cuentas es una obligación con la sociedad, lo cual muestra que la jornada de capacitación permitió incluir en su imaginario la impor-tante relación que el personero tiene con la comunidad.

• En el tema del enfoque el conocimiento inicial es

PERSONERÍAS CON LEGITIMIDADY TRANSPARENCIA

RENDICIÓN DE CUENTAS

“Al fi nal de cuentas… ¿qué cuentas?”

28 »


bueno. Al compararlo con la prueba de salida podemos observar que mejora la iden-tificación del enfoque como algo que debe estar presente en todas las políticas públicas. • La primera pregunta de

este tema estaba dirigida a identificar qué tanto cono-cen el plan de desarrollo. Las respuestas de entrada y salida dan cuenta que todos y todas han revisado el plan y han po-dido analizar si incluye un en-foque basado en los derechos humanos. • La tabulación de las eva-

luaciones de salida muestran un avance en el conocimien-to, llegando a casi el 80% de respuestas correctas, incluso si asumimos que el 22,5% que en la pregunta 2 contestó que la sociedad es «Una de las ra-zones principales para rendir cuentas», respuesta que es correcta, estaríamos hablando que la encuesta de salida mues-tra un porcentaje de preguntas correctas por encima del 80%.

Encuesta sobre rendición de cuentas

De otra parte, teniendo en cuenta que el año 2015 fue el último año de período de los personeros municipales, el Instituto generó un espa-cio para hacer difusión de la tercera cartilla Rendición de cuentas, personerías con legiti-midad y transparencia, con el fin de interiorizar en los per-soneros municipales la impor-tancia de presentar informes con balance social. Igualmen-te, fue elaborada una batería de 27 preguntas, incluidas en la página web del IEMP, para ser diligenciadas por los per-soneros.

A manera de ejemplo, in-cluyo una de las encuestas dili-genciadas:

% preguntas correctas antes % preguntas correctas después

PreguntaRespuestas correctas

% PreguntaRespuestas correctas

% % variación

Tran

spar

enci

a 1 3 37,5

Tran

spar

enci

a 1 4 50,0 12,5

2 8 100,0 2 7 87,5 -12,5

3 7 87,5 3 7 87,5 0,0

4 8 100,0 4 8 100,0 0,0En

foqu

e 1 8 100,0

Enfo

que 1 8 100,0 0,0

2 4 50,0 2 5 62,5 12,5

3 5 62,5 3 5 62,5 0,0

Total 76,8 Total 78,6 1,8

Cuadro 2. Encuesta actuación del personero frente a la Ley de Víctimas


La tabulación corresponde a 8 evaluaciones. N.° hombres 5; N.° mujeres 3

Departamento: AntioquiaMunicipio: AbriaquiNúmero identificación: XXXXXXXXNombres: Carlos AndrésApellidos: Pérez LópezCorreo electrónico: [email protected]

Datos personales

Identificación del diagnóstico1. ¿Qué elementos del enfoque basado en derechos humanos destaca respecto del plan de desarrollo de su municipio?a. Presentacion de acciones constitucionales.b. Pedagogia en dd. hh. a la comunidad.c. Pedagogia en dd. hh. a las instituciones presentes en el municipio.

2. ¿Existe observatorio de derechos humanos en el municipio?R. NOEn caso de afirmativo enumere los temas tratados:R.

3. ¿Existe comité de derechos humanos en el municipio?R. NOEn caso de afirmativo, ¿cuántas veces se reunió en el año?R.

4. ¿Existe mesa municipal de participación de víctimas en el municipio?R. SIEn caso de afirmativo, ¿cuántas veces se reunió en el año?R. 3

Atención brindada a la ciudadanía en materia de derechos humanos

5. ¿Cuáles son los derechos más vulnerados a partir de las solicitudes quejas y peticiones recibidas? Resalte tres derechos.a. Derecho a la salud.b. Derechos de las víctimas del conflicto armado interno de Colombia.c. Derechos laborales.

» 29


6. ¿Qué mecanismos de protección de derechos humanos activó para atender los derechos relacionados en la pregunta anterior?a. Acciones de tutela.b. Derechos de petición.c. Remisión a entes competentes para solucionar la situación.

7. ¿Cuáles fueron los logros en este sentido? (refiera la respuesta a la eficacia del mecanismo).a. Proteccion integral de los derechos.b. Solución de problemáticas por el ente competente.c. Procedimientos requeridos realizados.

Atención brindada a la ciudadanía en materia de derechos humanos

Interacción y recomendaciones con otras entidades

8. ¿Recibió apoyo de entidades y/o organizaciones para la atención en materia de derechos humanos?a. Procuraduría General de la Nación:R. SIEn caso afirmativo explique brevemente en qué consistió.R. Capacitación. b. Defensoría del Pueblo:R. NOEn caso afirmativo explique brevemente en qué consistió.R.c. Contraloría General de la República:R. NOEn caso afirmativo explique brevemente en qué consistió.R.d. Federación Nacional de personeros de Colombia (Fenalper):R. SIEn caso afirmativo explique brevemente en qué consistió.R. Capacitación y dotación, kit tecnológico. e. Otra:R.

9. ¿Qué acciones se han adelantado en su municipio para prepararse para el po-sacuerdo?R. Ninguna.

10. ¿Qué recomendaciones hace en aras de prepararse para el posacuerdo?a. A entidades nacionales:R. Tener en cuenta a las regiones. b. A entidades departamentales:R. Tener en cuenta a todos los campesinos. c. A la ciudadanía:R. Creer en el proceso. d. A organizaciones sociales de derechos humanos:R. Acompañamiento a la poblacion civil. e. A Fenalper:R. Acompañamiento a las personerías. f. A organismos de cooperación internacional:R. Apoyo económico para fortalecer el proceso.

ww

w.procuraduria.gov.co/iem

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InicioQ

uiénes somos

CapacitaciónInvestigación

PublicacionesContratación

Contacto

30 »


11. ¿Cuántas veedurías se encuentran registradas en su municipio?R. 3¿Cuántas están registradas en el Registro Único Empresarial y Social (rues)?R. 3¿En qué temas realizan su gestión? a. Programas y proyectos de las víctimas.b. Más familias en acción.c. Programa nutricional.

12. ¿De acuerdo con la información anterior clasifique los temas de mayor interés para el ejer-cicio del control social a la gestión pública y el control fiscal participativo?R. Programas y proyectos que se ejecutan en el municipio.

13. Número de situaciones presentadas en su gestión para la atención de PQR, por sujetos y por derechos:

Vigilancia de los derechos de la ciudadanía en su municipio

14. ¿Cuáles de las siguientes acciones cree usted que serían los mayores retos para la imple-mentación de los acuerdos de paz en su municipio? (Seleccione 3).a. Proceso de desarme, desmovilización y reinserción. (√)b. Reubicación de población víctima.c. Retorno al territorio. (√)d. Recursos financieros. (√) e. Garantía de participación.f. Corrupción y clientelismo.g. Capacidades institucionales.h. Credibilidad institucional.i. Articulación institucional. j. Otro.

15. ¿Cuántas acciones disciplinarias se iniciaron durante su período?R. 15De las anteriores cuántas se encuentran en:a. Indagación preliminar: 5b. Archivo: 10c. Sanción: 0Relacione de las tres conductas reiterativas:a. Incumplimiento de deberes legales.b. Contratación sin el lleno de requisitos.c. Incumplimiento de deberes funcionales.

16. ¿Cuántas acciones preventivas se desarrollaron durante su periodo?R. 2Relacione las tres temáticas abordadas:a. Contratación estatal.b. Cumplimiento del manual de funciones.c. Régimen disciplinario.

17. ¿Cuántas acciones como veedor del tesoro en el municipio?R. 3Enumere por lo menos tres:a. Seguimiento a las ejecuciones presupuestales. b. Revisión de la contratación en el municipio.c. Visita a la tesorería municipal.

N.° Situaciones Acción desarrollada Derecho Sujeto afectado

El personero municipal del posconflicto

El año 2015 sirvió como escena-rio del primer concurso de mé-ritos para elegir los personeros y personeras de los 1 102 munici-pios del país. Las dinámicas ac-tuales relacionadas con la firma e implementación del acuerdo de paz, ponen al personero en un escenario de protagonismo territorial como testigo de ex-cepción en este escenario.

El posconflicto es un reto inmenso en lo relacionado con los temas de capacitación que se deben socializar con los per-soneros. Esto lleva a las diferen-tes instituciones a repensar los contenidos académicos para brindar herramientas prácticas a estos servidores en el ámbito local y territorial, en eventuales escenarios a enfrentar, a saber:

• Gestor de demandas co-munitarias. • Constructor de tejido social. • Líder en competencias

comunitarias y en la construc-ción de reglas de convivencia.

• Pedagogía de la reconcilia-ción.

• Cátedra para la paz. • Construcción de memoria

colectiva local, costumbres. • Constructor de realidades

socioeconómicas, políticas y culturales. • Orientación y atención a

víctimas del conflicto armado, lo mismo que a los desplazados.

• Focalizador de las dinámi-cas del conflicto. • Control fiscal participativo. • Restitución de tierras. • Control social y rendición

de cuentas. • Técnicas de negociación,

resolución de conflictos. • Planeación territorial. • Análisis del contexto po-

lítico, historia y cultura de las regiones.

» 31


18. ¿Mecanismos implementados para la promoción de la participación ciudadana?a. Capacitación a los grupos poblacionales.b. Visitas a las veredas.c. Jornadas de asistencia a las víctimas.

19 ¿Cómo mide el impacto de la gestión de la personería en su municipio?R. La Personería Municipal de Abriaqui, en lo transcurrido en este periodo consitucional, ha tenido un impacto muy positivo porque hemos logrado llegar a toda la comunidad con nuestros servicios tanto en promoción de derechos como en los mecanismos.

20. ¿De acuerdo con la respuesta anterior, ¿cuál considera usted que es el impacto de la per-sonería en su municipio?R. Apoyo a las víctimas del conflicto. Garante de dd. hh. Veedor de lo público y hemos ejercido control a los funcionarios públicos.

21. Relacione las acciones realizadas respecto de las víctimas del conflicto armado: a. Constitución de la mesa de víctimas.b. Capacitación en la Ley 1148 de 2011.c. Acompañamiento Constante.

22 Relacione la información presupuestal y financiera por rubros del presupuesto asignado de la personería:

23. Comentarios y observacionesR. Como agencia del ministerio público y cumpliento (sic) con la misión de la promo-ción, difusión y defensa de los derechos humano y en especial los de la población más vulnerable, la protección del interés público y la vigilancia de los servidores públicos. Dejamos un concepto satisfatorio.

Rubro Valor asignado % ejecución

• Planeación municipal con enfoque de dd. hh.

• Desarrollos normativos. • Usos de los medios de co-

municación. • Participación ciudadana

efectiva. • Evaluación e implementa-

ción de los planes de desarrollo municipal; en este sentido, se debe tener en cuenta que el 63 por ciento de los municipios, es decir, 589, no han participado de manera activa en los planes de ordenamiento territorial, son cifras alarmantes pues 767 municipios, lo que equivale al 82 por ciento, reconoce que tiene población asentada en zonas de riesgo, 211 municipios, es decir, un 61 por ciento, tie-nen problemas relacionados con minería, de estos 122, por lo menos, de forma ilegal. • Recursos renovables, me-

dio ambiente, mecanismos de protección y ecosistemas, conflictos ambientales en Co-lombia; casos especiales como los de las fumigaciones con

Cuadro 3. Relación de personeros y departamentos que rindieron cuentas1

1 Terminado el período al 29 de febrero de 2016.

Departamento Municipio Nombres ApellidosANTIOQUIA ABRIAQUI CARLOS ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ

ANTIOQUIA ANGELÓPOLIS EDWIN CAMILO MARÍN CUBILLOS

ANTIOQUIA ANGOSTURA JORGE IVÁN PATIÑO ÁLVAREZ

ANTIOQUIA ANTIOQUIA EDISON ALBERTO OQUENDO MORALES

ANTIOQUIA ANZA ANA MILENA LOPERA PEA

ANTIOQUIA BELMIRA CARMEN LILIANA LOPERA LOPERA

ANTIOQUIA BETULIA JOSÉ MARIO ÁNGEL VÁSQUEZ

ANTIOQUIA CAICEDOJUAN FERNANDO GÓMEZ CIFUENTES

GÓMEZ CIFUENTES

ANTIOQUIA CARAMANTA OLGA CAROLINA AMADOR CASTAÑO

ANTIOQUIA CARMEN DE VIBORAL LEONARDO DE JESÚS ARISTIZÁBAL ZULUAGA

ANTIOQUIA CONCORDIA ANDRÉS SAÍN GUTIÉRREZ OBANDO

ANTIOQUIA FREDONIA FRANCISCO JAVIER CASTAÑO VALLEJO

ANTIOQUIA GÓMEZ PLATA MARTÍN ALONSO PARRA ZULETA

ANTIOQUIA GUADALUPE GLORIA ISABEL VARGAS PÉREZ

ANTIOQUIA ITAGÜÍ KENY WILLER GIRALDO SERNA

ANTIOQUIA JARDÍN SARA CRISTINA RENDÓN CORREA

32 »


Departamento Municipio Nombres ApellidosANTIOQUIA LA PINTADA RAÚL MAURICIO TAMAYO CASTRO

ANTIOQUIA LIBORINA MARÍA CARLOTA VÉLEZ VÉLEZ

ANTIOQUIA MONTEBELLO WILSON ALBERTO FRANCO VILLA

ANTIOQUIA SAN PEDRO OSCAR JAIME JARAMILLO ÁLVAREZ

ANTIOQUIA SAN ROQUE LUIS ALBERTO CARDONA SÁNCHEZ

ANTIOQUIA SANTA BÁRBARA ALINA EUGENIA AGUIRRE ACEVEDO

ANTIOQUIA TÁMESIS ASTRID JAQUELINE ZAPATA CANO

ANTIOQUIA VALPARAISO DALGY BIBIANA RICO ÁNGEL

ATLÁNTICO GALAPA ANTONIA SANTOS BOLÍVAR MONTERO

ATLÁNTICO MANATÍ LUCYNETH DEL CARMEN CANTILLO CANTILLO

ATLÁNTICO PONEDERA AURELIA MARÍA ROCHA COLINA

ATLÁNTICO SANTA LUCÍA MANUEL ENRIQUE ARÉVALO POLO

ATLÁNTICO SANTO TOMÁS CARLOS EDUARDO TAIBEL POLANCO

ATLÁNTICO SUAN DAYSY MILAGROS MONTERO GUERRERO

ATLÁNTICO TUBARÁ JUAN CARLOS ALGARÍN CASTRO

BOYACÁ BUSBANZÁ CATALINA GÓMEZ SUÁREZ

BOYACÁ CHIQUINQUIRÁ MARTHA ISABEL LÓPEZ LUGO

BOYACÁ FIRAVITOBA LUIS GUILLERMO PATIO ZEA

BOYACÁ IZA YESID ARTURO CORREA FIGUEREDO

BOYACÁ PÁEZ PEDRO GUILLERMO ROA PINZÓN

BOYACÁ SUTAMARCHÁN RONALD JOSÉ FORERO ACOSTA

BOYACÁ TOTA IPSIS CAROLINA PLAZAS

CALDAS BELALCÁZAR KENIZE SABINA ZULUAGA GIRALDO

CALDAS LA DORADA ALEXANDER CAICEDO PULGARÍN

CALDAS NORCASIA NATALIA GUTIÉRREZ SALAZAR

CALDAS SAN JOSÉ BIBIANA MARÍA SERNA GONZÁLEZ

CALDAS VITERBO GLORIA INÉS PÉREZ LIÉVANO

CASANARE NUNCHÍA NORBERTO MARTÍNEZ

CAUCA ALMAGUER LIZETH VANESSA JARAMILLO MORENO

CAUCA BOLÍVAR ALBA MILENA PÁEZ MACIAS

CAUCA MORALES JOSEFA ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ

CUNDINAMARCA ALBÁN BENJAMÍN ÁVILA CORTÉS

CUNDINAMARCA BOJACÁ GLORIA MARCELA GAITÁN CHIRIVÍ

CUNDINAMARCA COGUA CAMILO FERNANDO RODRÍGUEZ OTÁLORA

CUNDINAMARCA CUCUNUBÁ VÍCTOR ALFONSO POVEDA SÁNCHEZ

CUNDINAMARCA EL PEÑÓN DANIEL MAURICIO MENESES NARANJO

CUNDINAMARCA FÓMEQUE ALEJANDRO HERRERA RINCÓN

CUNDINAMARCA GACHANCIPÁ KAREN MILENA LEÓN AROCA

CUNDINAMARCA MADRID LUIS HERNANDO MACHADO ÁVILA

CUNDINAMARCA MOSQUERA CARLOS GUILLERMO GRANADOS PALACIO

CUNDINAMARCA NARIÑO FABIOLA ÁVILA

CUNDINAMARCA QUEBRADANEGRA JOHAN FREDY AGUDELO SILVA

CUNDINAMARCA SUBACHOQUE DIEGO FELIPE ROCHA IZQUIERDO

CUNDINAMARCA SUTATAUSA LIDA ESPERANZA RODRÍGUEZ BALLÉN

CUNDINAMARCA TOPAIPÍ LIZBETH FABIOLA PÉREZ PÉREZ

» 33


Departamento Municipio Nombres ApellidosCUNDINAMARCA UBAQUE JUAN CARLOS AGUAS SARAY

CUNDINAMARCA UNE WILMER JONAIRO ROMERO ROMERO

CUNDINAMARCA ÚTICA FREDY OLAYA CIFUENTES

CUNDINAMARCA VILLAGÓMEZ CLAUDIA PATRICIA ORDÓÑEZ BRAVO

HUILA ACEVEDO DIANA MARCELA TOVAR PRADA

HUILA ALTAMIRA LUCAS DANIEL ABELLA SERREZUELA

HUILA ELIAS VÍCTOR JULIO VARGAS VARGAS

HUILA GARZÓN ANDRÉS FELIPE MUÑÓZ MARTÍNEZ

HUILA GIGANTE MARÍA DEL MAR MÉNDEZ POLO

HUILA LA ARGENTINA (PLATA VIEJA) FERNANDO ANTONIO CABRERA HERNÁNDEZ

HUILA OPORAPA OSCAR HUMBERTO BERMEO PEA

HUILA PITALITO TEODOSIO CLAROS CARVAJAL

HUILA SALADOBLANCO MÓNICA PATRICIA BERMEO PARRA

HUILA SAN AGUSTÍN FREDY BURGOS

HUILA SANTA MARÍA ADRIANA MARÍA CHINCHILLA LUGO

HUILA TARQUI DORA LILIANA TRUJILLO PAVA

HUILA TERUEL SINDI YOANA CALIZ RESTREPO

HUILA TESALIA (CARNICERIAS) EITEL TUPAC BONILLA RAMÍREZ

HUILA TIMANÁ SANDRA VIVIANA GUTIÉRREZ TORRES

LA GUAJIRA RIOHACHA BREIDER YUESMITH REDONDO SOLANO

META CABUYARO HADER ALBERTO RIVEROS BELTRÁN

META PUERTO LLERAS JAVIER LEONARDO CARVAJAL PINZÓN

NARIÑO GUALMATÁN OSCAR JAVIER BELTRÁN CORAL

NARIÑO MALLAMA (PIEDRANCHA) GIOVANNY ALVEIRO MUÑÓZ BURBANO

NARIÑO SAPUYES JOSÉ LEADER GUERRERO HERMOSA

NARIÑO TANGUA MARIO FERNANDO PUCHANA VILLAMIL

NORTE DE SANTANDER CACOTA MERLY YOLIMA GELVEZ FERNÁNDEZ

NORTE DE SANTANDER CHITAGÁ ANDREA JULIANA PARADA VILLAMIZAR

NORTE DE SANTANDER EL ZULIA JOSÉ RAMÓN ESCALANTE SANTOS

NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS MAGALI OMANA GRANADOS

NORTE DE SANTANDER MUTISCUA LADY ISABEL ACEVEDO SÁENZ

NORTE DE SANTANDER SALAZAR MARTHA LILIANA RODRÍGUEZ REMOLINA

NORTE DE SANTANDER SAN CAYETANO LUIS ESTEBAN RUBIO

NORTE DE SANTANDER SANTIAGO ADIEL STEVEN ALCOCER RIVERA

NORTE DE SANTANDER SILOS ANDRÉS MAURICIO GUERRERO VALDERRAMA

NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO OMAR ALEXANDER CHACÓN FLÓREZ

QUINDÍO ARMENIA CARLOS ALBERTO MEJÍA MEJÍA

QUINDÍO CÓRDOBA GLORIA PATRICIA CARVAJAL CALDERÓN

RISARALDA APIA BEATRIZ LILIANA HENAO ZAPATA.

RISARALDA BALBOA VÍCTOR HUGO LIBREROS HURTADO

RISARALDA BELÉN DE UMBRIA JOHN FREDY MONTES VELÁSQUEZ

RISARALDA DOSQUEBRADAS OSCAR MAURICIO TORO VALENCIA

RISARALDA GUÁTICA LICETH XIMENA SOTO NORENA

RISARALDA LA CELIA DEISY NATALIA GIRALDO COPETE

RISARALDA LA VIRGINIA ESTHER CECILIA BERMÚDEZ ARIAS

RISARALDA MISTRATÓ ARTURO DE JESÚS CASTRILLÓN ARANGO

RISARALDA PEREIRA MISAEL ARROYAVE RAMÍREZ

34 »


Departamento Municipio Nombres ApellidosRISARALDA PUEBLO RICO NADIA MARÍA PIEDRAHITA BERMÚDEZ

RISARALDA QUINCHÍA GLORIA EUNICE PALACIO CANO

RISARALDA SANTUARIO SANDRA MILENA CASTAÑEDA HURTADO

SANTANDER AGUADA SILVIA STEFFANY CAMACHO CASANOVA

SANTANDER ALBANIA LEIDY ROCIO ROPERO ORTÍZ

SANTANDER BETULIA EFRAÍN MANUEL SALINAS CAMELL

SANTANDER BUCARAMANGA AUGUSTO ALEJANDRO RUEDA GONZÁLEZ

SANTANDER CABRERA VÍCTOR MANUEL RIBERO MELÉNDEZ

SANTANDER CALIFORNIA CIRO ALFONSO ÁRIAS GELVEZ

SANTANDER CARCASI RUTH MARGARITA BARAJAS LIZCANO

SANTANDER CHARTA CARLOS ENRIQUE GÓMEZ MARTÍNEZ

SANTANDER CONFINES OSCAR JAVIER GÓMEZ BARRERA

SANTANDER ENCINO JULIE FERNANDA ACEVEDO BLANCO

SANTANDER FLORIDABLANCA PATRICIA HERNÁNDEZ TARAZONA

SANTANDER GALÁN GLORIA ESPERANZA URREA GUALDRÓN

SANTANDER GIRÓN CLAUDIA BEATRIZ CARVAJAL CAMACHO

SANTANDER GUAVATÁ MARELVI GARCÍA PUENTES

SANTANDER LEBRIJA ALFONSO ÁLVAREZ REYES

SANTANDER LOS SANTOS WILMAN RENNETH PEDRAZA NORIEGA

SANTANDER MACARAVITA CÉSAR AUGUSTO ROJAS LEAL

SANTANDER MÁLAGA GISELLE FERNANDA CAICEDO VILLAMARÍN

SANTANDER MATANZA EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS

SANTANDER MOGOTES RAQUEL SOFÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

SANTANDER OCAMONTE FRANCY KATHERINE TORRADO SEPÚLVEDA

SANTANDER OIBA SANDY YOHANA PARRA PACHECO

SANTANDER PINCHOTE HERNANDO BOHORQUEZ GARCÍA

SANTANDER RIONEGRO LUIS FERNANDO MORENO FIGUEROA

SANTANDER SAN GIL OLGA LUCÍA PORRAS GALVIS

SANTANDER TONA BELCY ROJAS FLÓREZ

SANTANDER VETAS PEDRO DANIEL SÁNCHEZ GUETTE

SANTANDER VILLANUEVA NANDDY LORENA VIVIESCAS ORTÍZ

SANTANDER ZAPATOCA JAVIER NIÑO MORENO

TOLIMA ARMERO (GUAYABAL) NATALY ZÁRATE SANTOS

TOLIMA COELLO LYDA FERNANDA VILLANUEVA GIL

TOLIMA FLANDES ANA MILENA DONCEL VÁSQUEZ

TOLIMA MELGAR FRANCY JOHANNA ARDILA SALAZAR

TOLIMA VILLARRICA CÉSAR AUGUSTO LOZANO GARCÍA

VALLE DEL CAUCA VERSALLES OMAR GIL PÉREZ

Siete años rindiendo cuentas a la ciudadanía a través del Boletín Informativo del Instituto de Estudios del Ministerio Público


» 35


glifosato, la tala de árboles en el Chocó y en la Amazonia, la construcción de complejos tu-rísticos en los departamentos del Magdalena y La Guajira, y la construcción de la represa del Quimbo, entre otros. • Atención a grupos vulne-

rables. • Atención al posconflicto;

75 por ciento de los muni-

Primera fase Inducción y reinducción 2016. Derecho disciplinario, cultura de derechos humanos, participación ciudadana y articulación del ministerio público desde lo local.

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cipios son rurales y algunos afirman que son, por lo me-nos, 125 municipios del país en los que se debe centrar la atención.

• Regalías, impuestos y dividendos; más del 32 por ciento de los ingresos corrien-tes de la nación. Del 2006 al 2009 los recursos por con-cepto de regalías aumenta-

Gráfica 1. Principales retos, según los personeros, si se da un acuerdo de paz1

1 Manrique, A. Las personerías municipales: retos y recomendaciones para el posconflicto, Bogotá, (2016), P. 36.

Fuente: Fenalper.

ron con relación al período 2010 - 2013 un 75 por ciento, pasando de 21.1 billones a 37 billones de pesos.

Retos y recomendaciones para el posconflicto

Para el Programa Nacional de Capacitación dirigido a per-soneros municipales es muy importante resaltar el exce-lente trabajo elaborado por el consultor Alfredo Manrique en la obra Las personerías mu-nicipales: retos y recomenda-ciones para el posconflicto, y por eso presentamos en este resumen algunos cuadros es-tadísticos, no sin antes aclarar que al momento de realizar la investigación el primer acuer-do estaba siendo trabajado por el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolu-cionarias de Colombia (farc) (ver gráfica 1).

Los retos de las persone-rías, en un eventual poscon-

flicto, son los recursos finan-cieros (cerca del 16 por cien-to), aumentar la credibilidad y la confianza (12%) que es uno de los elementos primordiales para sentar bases firmes en seguridad local, garantías para la participación ciudadana (11%), fortalecimiento insti-tucional (10%) y, finalmente, participar activamente en los procesos de desarme, desmo-vilización y reinserción con un diez por ciento.

En la gráfica 2 (P. 36), es posible observar que el 30 por ciento considera que siempre están participando las mismas personas, un 27 por ciento considera que estos escena-rios son inútiles, el 22 por ciento piensa que es muy cos-toso por tiempo y recursos, el 15 por ciento considera que no existe información com-pleta para participar en estos espacios y, finalmente, cerca del cuatro por ciento está amezanado.

36 »


Gráfica 2. Obstáculos para la participación ciudadana, según los personeros31

3 Íbid, P. 37.

El 25 por ciento de los personeros considera que se debe acompañar a las víctimas en los procesos de reparación; muy seguido, con cifras cerca-nas al 23 por ciento, considera de vital importancia promover la pedagogía y educación para la paz; un 21 por ciento está sintonizado como mediador en resolución de conflictos, el 15 por ciento está decidido a acompañar la formulación de políticas públicas y un 14 por ciento a fomentar la participa-ción (ver gráfica 4).

Un mapa muy diciente para la formulación de políticas pú-blicas que no permitan la repe-tición de los hechos de violencia presentados durante el conflicto; estos municipios deben ser ver-daderos laboratorios de paz (ver mapa 1).

1

Fuente: Fenalper

Gráfica 3. Papel de las personerías en la implementación de la paz4

Fuente: Fenalper.

Mapa 1. Índice de vulnerabilidad en el posconflicto

Fuente: Corporación Nuevo Arcoiris. 125 municipios del posconflicto, según la ONU, enero 26 de 2015. Tomado de http://www.arcoiris.com.co. P. 56.

La no discriminación ¿Afirmación o negación de los derechos humanos?

Costo: $20 000 .


LA NO

DISCRIMINACIÓN

¿Afirmación o negación de los derechos humanos?

JUAN CARLOS NOVOA BUENDÍA

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JUAN CARLOS NOVOA BUENDÍA

Abogado, especialista en Derecho Administrativo

y Derecho Tributario. Magister en Derechos

Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Docente de las cátedras de Filosofía Jurídica,

Derecho Administrativo Sancionador y Derecho

Disciplinario de algunas universidades del país. Se

ha desempeñado como procurador auxiliar para

Asuntos Disciplinarios y procurador delegado para

la Sala Disciplinaria

4 Íbid, P. 42.

» 37


Fuente: Fenalper

Mapa 2. Espectro del tema ambiental

Fuente: Cooperación Alemana y Naciones Unidas. 2014. Op. cit. P. 8.

Mapa 3. Los conflictos sociales en Colombia 5

Fuente: Defensoría del Pueblo.

Gráfica 4. Quejas que atienden las personerías61

5 Defensoría del Pueblo. 283 protestas sociales se presentaron en el país durante los primeros me-ses del año. Página oficial Defensoría del Pueblo. Marzo 13 de 2015. Tomado de: http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/3343/283-protestas-sociales-se-presentaron-en-el-pa%C3%ADs-durante-los-primeros-meses-del-a%C3%B1o-protestas-ind%C3%ADgenas-Cauca-Derechos-Humanos.htm

6 Op. cit., P. 64..

Diagrama 1. Articulación interinstitucional de las personerías para la construcción de la paz territorial

Articulación interinstitucional Roles de la personería frente a la paz territorial

Gobierno local Gobierno local

Fuente: elaboración Alfredo Manrique en Las personerías municipales: retos y recomendaciones para el posconflicto (2016), P. 79.

38 »


Gráfica 5. Porcentaje de las investigaciones disciplinarias adelantadas por las personerías municipales71

Gráfica 6. La operatividad y funcionamiento de los comi-tés municipales de DD. HH.81

Fuente: Fenalper8 Ibid., P. 84

Diagrama 3. Las cinco estrategias para mejorar la atención a los ciudadanos91


Fuente: Fenalper7 Fenalper. Territorios por la paz. Diagnóstico sobre capacidades territoriales de las prsonerías mu-

nicipales para la implementación de la paz, Bogotá, 2015, P. 37.

Diagrama 2. Funciones básicas de los personeros

Fuente: íbid., P. 82.

La revocatoria directa de los actos administrativos según la Ley 1437 de 2011

Costo: $30 000 .


Decreto 262 de 2000Estructura de la Procuraduría General de la Nación. Notas de vigencia 2016

Costo: $70 000 .

La Revocación Directa

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de

2011

(C

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CA

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2016

La Revocación Directa de los Actos Administrativos

según la Ley 1437 de 2011 (CPACA)

Carlos Eduardo Pimienta Tatis

Abogado, especialista en Derecho Adminsitrativo, con más

de 20 años de experiencia en cargos directivos y/o asesores como:

Tesorero Departamental del Atlántico, Sub Secretario de Hacienda

Municipal de Barranquilla, Director de Participación Comunitaria

Departamental, Sub Gerente Administrativo y de Apuestas de la

Lotería del Atlántico, Personero Auxiliar de Barranquilla, inspector

General de Policía y de Comisarías de Familia en Barranquilla.

En la ciudad de Bogotá ha ejercido los siguientes cargos:

Asesor de la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal

y de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa,

Jefe de la División Administrativa de la Procuraduría General de la

Nación, Procurador Judicial I ante Jueces de Circuito y Procurador

Judicial II ante el Tribunal de Cundinamarca.

Además ha sido conferencista en diferentes escenarios

academicos, así como columnista en revistas y periódicos.

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Decreto 262 De 2000Estructura de la Procuraduría General de la Nación

Notas dE viGENcia 2016

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Gráfica 7. Selección de equipos disponibles y requeridos por las personerías101

1 Íbid, P. 104.

Gráfica 8. Valoración de la gestión cumplida por Fenalper en los últimos años111



Ante este panorama, se evidencia la incidencia tan im-portante que debe tener este funcionario en la vida local y

nacional, con características especiales, como la de ser un servidor con mucha injerencia en la construcción de la políti-

ca pública local, un líder en la participación ciudadana, co-nocedor de las dinámicas so-ciales y económicas, construc-

tor por esencia de tejido social y, sobre todo, un funcionario ético y moral ejemplarizante para la comunidad.

«El posconflicto es un reto inmenso en lo relacionado con los temas de capacitación que se deben socializar con los personeros. Esto lleva a las diferentes instituciones a repensar los contenidos académicos para brindar herramientas prácticas a estos servidores en el ámbito local y territorial, en eventuales escenarios a enfrentar (...)».

El Programa Nacional de Capacitación dirigido a personeros municipales también estuvo presente en la iniciativa legislativa que originó la Ley 1551 de 2012, «Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios»; por que las necesidades de la población no dan espera.

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Construcción de una cultura de derechos humanos desde las personerías municipales

«(…) a partir de la Constitución de 1991 se vincula a los personeros municipales al organigrama del ministerio público y se crea, como parte integrante del mismo, un nuevo órgano, la Defensoría del Pueblo, institución tutelar de los DD. HH.».

Leonardo Bahos Rodríguez1

Han pasado 25 años desde la expedición de la Constitución de 1991, y los que es-tuvimos en ese proceso que vivió el país todavía estamos presentes para hacer realidad la esencia de la democracia a la cual le dedicó gran parte la carta magna y así saldar deudas pendientes con la par-ticipación ciudadana, las regiones y los derechos humanos (dd. hh.) de todos los colombianos y nuestros compatriotas en el exterior.

Recordar los mecanismos de parti-cipación, los espacios en los cuales hace-mos uso de estos y las acciones que tene-mos como ciudadanos para hacer valer nuestros derechos, nos recuerda que es-tamos en un país en el cual sí podemos lograr desarrollar los postulados que de manera explícita acordamos en la carta de 1991.

Una sociedad moderna debe ser capaz de usar los mecanismos que ha creado y consolidado para resolver los

1 Profesional especializado Dirección Nacional de Promo-ción y Divulgación. Defensoría del Pueblo.

conflictos y superar las crisis y, del mis-mo modo, entender que el mecanismo del plebiscito escogido por el Estado para poner en consideración el acuerdo de paz, y la respuesta obtenida por parte de la ciudadanía con la cual se expresó el sentir de los colombianos urbanos y rura-les, nos hace pensar que avanzamos en la consolidación de la democracia.

No obstante, recientemente la en-cuesta del Departamento Administrati-vo Nacional de Estadística (dane) sobre participación ciudadana, muestra un país que si bien es cierto quiere la democracia, la gobernabilidad y la realización de de-rechos humanos, no alcanza una buena calificación en el verdadero ejercicio del derecho a la participación, y esto nos abre de nuevo la ventana para repensar el contenido, alcance y obligaciones del Estado respecto al derecho a la participa-ción y para ejercer los mecanismos y ac-ciones que promueven la participación.

Los actuales momentos del país nos hacen pensar en un escenario propicio para continuar avanzando hacia la cons-trucción de una cultura de derechos hu-manos, que desde las nuevas direcciones de las entidades, que conforman el minis-terio público, se avizora en el cuatrienio que inició en el presente año con la elec-ción de los 1102 personeros y persone-ras municipales mediante la modalidad de concurso público de méritos, y con la elección del defensor del pueblo y del procurador general de la nación por par-te de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, respectivamente.

El papel constitucional y legal del ministerio público

En este orden de ideas presentamos un breve resumen sobre la institución del ministerio público a lo largo de la histo-ria, con el fin de centrarnos en los retos que estamos afrontando y la forma como debemos proyectar el actuar a partir de

los nuevos escenarios planteados para el periodo.

Para los anteriores efectos retoma-mos el texto de la Procuraduría General de la Nación publicado en la web institu-cional2 el cual, a partir de hitos históricos, presenta los momentos de la creación del ministerio público, así:

La creación del Ministerio Público en 1830

La institución constitucional del Mi-nisterio Público tuvo su origen en la Carta Fundamental de la República de Colom-bia, Venezuela y Ecuador, expedida el 29 de abril de 1830. Fue organizada, en desa-rrollo de dicha Constitución, mediante Ley del 11 de mayo de 1830.

(…)Integraban el Ministerio Público el

Procurador General, los Procuradores Generales de los Departamentos, los Procuradores de Provincia, los Síndicos Personeros [ya existentes3] y los agentes de Policía.

Resalta el estudio de la Procuraduría General de la Nación referido que duran-te el siglo xix los personeros jugaron un importante papel en la preservación de las garantías ciudadanas, previstas en las cambiantes constituciones desde 1832 hasta 1991.

En la Constitución de 1886 se esta-bleció el principio de que el ministerio público sería ejercido, bajo la suprema dirección del Gobierno, por un procura-dor general de la nación, por los fiscales de los tribunales superiores de distrito y por los demás fiscales y funcionarios que determinara la ley.

2 http://www.procuraduria.gov.co/portal/infoinst_histo-ria_1830.page

3 Como lo menciona Alfredo Manrique Reyes, en el libro Historia de las personerías, «En el periodo de la independencia el papel de las Personerías fue determinante para dar a conocer los derechos humanos que había traducido Don Antonio Nariño y para aglutinar las demandas sociales».

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«En el mes de mayo del presente año se desarrolló en la ciudad de Bucaramanga la cuarta versión del encuentro que promovió la integración de las entidades que conforman el ministerio público, para plantearnos la responsabilidad de ser constructores de paz».

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En el Código Contencioso Admi-nistrativo —contenido en el Decreto Extraordinario n.° 01 de 1984—, se esta-blecieron en el artículo 75 los deberes y facultades del ministerio público. Se les recordó a sus agentes que corresponde a ellos «velar por el ejercicio y efecti-vidad del derecho de petición». A los personeros municipales se les asignaron las siguientes funciones: instruir debida-mente a todas las personas que deseen formular alguna petición; escribir la petición, si la persona no sabe hacerlo; recibir y hacer tramitar las peticiones o recursos que las autoridades por cual-quier motivo no hayan querido recibir; aplicar medidas disciplinarias a quienes dificulten el derecho de petición; vigi-lar de forma constante los sistemas de cobro de las tarifas de los servicios pú-blicos y asegurar los reclamos y recur-sos para que se tramiten rápidamente. Lo anterior se dispuso sin perjuicio de las facultades y deberes legales del pro-curador general de la nación y demás agentes del ministerio público, como la aplicación de las sanciones disciplina-rias a que haya lugar.

La Constitución Política de 1991

La carta magna, en el título de la organi-zación del Estado y su estructura, define en el artículo 118 que:

El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio pú-blico, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público le corresponde la guarda y promoción de los derechos hu-manos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quie-nes desempeñan funciones públicas.

Es de anotar que a partir de la Cons-titución de 1991 se vincula a los perso-neros municipales al organigrama del ministerio público y se crea, como parte integrante del mismo, un nuevo órgano, la Defensoría del Pueblo, institución tute-lar de los dd. hh.

Defensoría del Pueblo

La Ley 24 de 1992 creó la estructura y fun-cionamiento de la Defensoría del Pueblo; posteriormente, el Decreto 025 de 2014 modificó la estructura orgánica y estable-ció su organización y funcionamiento.

Procuraduría General de la Nación

La Ley 201 de 1995 establece la estructura y organización de la Procuraduría Gene-ral de la Nación. El Decreto 262 de 2000 modifica su estructura y organización.

Por su parte, el Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP) adquiere el carácter de ente adscrito a la Procura-duría General de la Nación, el cual tiene la función de desarrollar programas de capacitación orientados a favorecer la ca-lidad administrativa y a facilitar el recono-cimiento y respeto de los dd. hh. de los distintos grupos existentes en la sociedad colombiana.

Las personerías municipales

La Ley 136 de 1994 dicta las «normas ten-dientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios» y le define las funciones y responsabilidades a las personerías municipales, norma que es complementada por la Ley 1551 de 2012.

El Cuarto Encuentro Nacional del Ministerio Público

En el mes de mayo del presente año se desarrolló en la ciudad de Bucaramanga la cuarta versión del encuentro que pro-movió la integración de las entidades que conforman el ministerio público, para plantearnos la responsabilidad de ser constructores de paz.

En el encuentro se plantearon los retos para la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y para las personerías de los 1102 municipios del país, para que en los próximos cuatro años avancemos de manera decidida en: 1. La construcción de la cultura de dd. hh., 2. La garantía de los derechos de más de ocho millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, y 3. La realización de los derechos fundamentales, econó-micos, sociales, culturales, colectivos y del ambiente en todas las regiones del país, temáticas que nos deben conducir al fortalecimiento de la cultura de los dd. hh. y la paz.

Se plantearon las funciones de in-tervención que tiene la Procuraduría como ministerio público ante las au-toridades administrativas y de policía, cuando sea necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio público, las garantías y los derechos fundamentales,

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sociales, económicos, cultura-les, colectivos o del ambiente, así como los derechos de las minorías. Y las funciones ante las autoridades judiciales, in-tervenciones que se dan en concordancia con lo dispues-to en los artículos 45 y 46 del Código General del Proceso.

En este sentido la Federa-ción Nacional de Personeros (Fenalper) planteó los retos que tienen las personerías durante el actual periodo y realizó un lla-mado de urgencia para trabajar de la mano con la Procuraduría General de la Nación y la Defen-soría del Pueblo para que, como un todo, actuemos en los muni-cipios para la garantía de los de-rechos de los ciudadanos.

Así las cosas, nuestra apues-ta como institución nacional de derechos humanos es que el tra-bajo coordinado con los perso-neros y personeras municipales se concrete en el desarrollo de acciones que, conjuntamente con la Procuraduría, garanticen la misión constitucional y legal de las entidades que conforma-mos el ministerio público.

Para los anteriores efectos, a través del IEMP y con el acompa-ñamiento de Fenalper, se desa-rrolla durante el 2016 la primera fase de capacitación denomina-da Inducción y Reinducción a los Personeros Municipales, jor-nadas en las cuales se trabajaron agendas formativas que cubren diversas áreas del conocimien-to para el fortalecimiento de las funciones como son: 1. introduc-ción al nuevo Código General Disciplinario y 2. el desarrollo de elementos fundamentales para la construcción de la cultura de derechos humanos en el munici-pio y la prevención de riesgos de violaciones de estos derechos, así como la vulneración del derecho internacional y el sistema de aler-tas tempranas.

La magistratura moral fortalece a las personerías4

Para referirnos a este tema hago alusión a un texto que fue pu-

4 Apartes de las palabras pronunciadas en el Encuentro Departamental de Personeros de Cundinamarca. 2016.

blicado por la Defensoría del Pueblo denominado El om-budsman, y que plantea «una reflexión sobre lo público y el papel del Defensor del Pueblo en la protección de la democra-cia y del interés general».

En el ejercicio de la auto-ridad moral debemos, enton-ces, emitir pronunciamientos de interés general en aras de impulsar la efectividad de los dd. hh. de los habitantes, ha-cer pronunciamientos frente a la actuación de los organismos competentes cuando se pon-gan en riesgo los derechos de las personas y la institucionali-dad que los garantiza, pronun-ciamientos para promover la efectividad de los mecanismos de prevención y de protección de los sectores poblacionales más vulnerables en situaciones de peligro o estado de inde-fensión y movilizar la opinión en defensa de lo público y en busca de la construcción de consensos sociales, alrededor de la garantía de los derechos, y finalmente generar diálogos sociales para construir acuer-

dos en las comunidades para ser constructores de paz.

Esta magistratura se debe convertir en un elemento de fortalecimiento de las perso-nerías para ser constructores de paz, y hace referencia al ca-rácter de las instituciones que conforman el ministerio pú-blico y a su función histórica como hemos visto.

Marco de obligaciones para la paz

Hablar de paz sostenible nos lle-va a pensar en los tiempos para su construcción. Y lo hacemos considerando que los tiempos requeridos para superar las gue-rras civiles son siempre superio-res a los dedicados a la irracional destrucción de infraestructuras materiales y naturales y, sobre todo, a la destrucción de las vi-das humanas y los tejidos socia-les que lo sustentaron.

Para un país que está sa-liendo de un conflicto arma-do de más de 50 años de du-ración, la etapa que estamos iniciando costará de muchos años de esfuerzo colectivo. Desde esa perspectiva tempo-ral debemos prepararnos tan-to el Estado como los órganos de control y la sociedad civil.

Reitero que nuestras co-munidades tendrán un papel central en los territorios urba-nos y rurales realizando una participación efectiva en los planes con incidencia y control social en las políticas públicas locales, para lo cual debemos contribuir a su formación.

Para estos efectos, des-de las responsabilidades de la Defensoría del Pueblo, plan-teamos unas responsabilida-des presentes y futuras en las cuales estamos vinculados con las personerías municipales durante el periodo, apoyando las siguientes temáticas:

«(...) en el marco del Programa Nacional de Capacitación dirigido a personeros municipales del IEMP, la Defensoría hizo entrega de la biblioteca básica de DD. HH. a cada una de las personerías municipales, la cual constituye una herramienta didáctica que facilita el estudio del contenido y alcance de los derechos en apoyo a las actividades de promoción que desarrollan la personerías para la construcción de una cultura de dd. hh.».

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• Contribuir al estudio de planes de desarrollo, esquemas de ordenamiento territorial y planes de acción territorial con enfoque de dd. hh. • Contribuir al estudio y

análisis de políticas públicas con enfoque de dd. hh. • Seguimiento a la imple-

mentación del Sistema Nacio-nal de dd. hh. • Lineamientos para los

diagnósticos sobre el tema de infancia y la realización de cur-sos de carácter pedagógico a padres infractores. • Lineamientos para la pro-

moción de observatorios mu-nicipales de dd. hh. y los comi-tés de dd. hh. de los municipios.

• Promoción para la inter-posición de mecanismos jurí-dicos de protección de dere-chos. • Promoción y formación

a las mesas de participación efectiva de víctimas.

• Promoción en materia de fomento de la participación ciudadana y el ejercicio de con-trol social a la gestión pública.

• Promoción y asistencia en materia de prevención de ries-gos de violaciones de dd. hh. Sistemas de alertas tempranas. • Promoción en la interpo-

sición de acciones y recursos judiciales.

• Promoción al tema de promoción de la ley de trans-parencia como responsabili-dad del ministerio público.

• Apoyo a las personerías municipales para la vigilancia y seguimiento de la política pú-blica de habitantes de calle.

• Apoyo y asesoría para el ejercicio del control social a la gestión pública a través de las veedurías ciudadanas y el con-trol fiscal participativo.

Con el fin de contribuir al desarrollo de las acciones en-listadas durante el año 2016,

en el marco del Programa Na-cional de Capacitación dirigido a personeros municipales del IEMP, la Defensoría hizo entre-ga de la biblioteca básica de derechos humanos a cada una de las personerías municipales, la cual constituye una herra-mienta didáctica que facilita el estudio del contenido y alcance de los derechos en apoyo a las actividades de promoción que desarrollan la personerías para la construcción de una cultura de derechos humanos.5

Nuestro llamado e invita-ción como institución nacio-nal de dd. hh. es permanecer atentos a la implementación de las acciones para la cons-trucción de la paz y la elabora-ción como ministerio público

5 Defensoría del pueblo. Colección Biblio-teca Básica de Derechos Humanos. Títulos. ¿Qué son los derechos humanos?, ¿Que es el D. I. H.?, ¿Qué es la justicia transicional?, ¿Qué es el Estado social de derecho? y ¿Cuáles son los derechos de las víctimas?

de la Agenda de Derechos Hu-manos, promoviendo enton-ces su construcción de manera innovadora en cada uno de los territorios, asumiendo la agen-da como nuestra ruta para el desarrollo de la función cons-titucional y legal del ministerio público.

Para los anteriores efectos es menester manifestar que coordinaremos desde la Direc-ción Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, en coordinación con el IEMP, Fenalper, la cooperación internacional y los entes terri-toriales, las redes instituciona-les de apoyo a las veedurías ciudadanas y la vinculación de otras entidades, las acciones encaminadas al fortalecimien-to de las personerías munici-pales para la consolidación de la cultura de una paz estable, duradera e incluyente.

Una reflexión acerca de las personerías municipalesEpifanio Riascos Angulo1

Procurador provincial de Guadalajara de Buga Valle del Cauca

Mi experiencia en calidad de autor de la investigación sobre el origen de la elección de per-soneros municipales permitió conocer el funcionamiento or-ganizacional de las personerías, y su vínculo directo con otras instituciones y organizaciones,

1 Abogado de la Universidad Santiago de Cali. Especializado en derecho constitucional y en derecho administrativo de la misma univer-sidad, y en derecho penal y criminología de la Universidad Libre. Candidato a la Maestría en Derecho con Énfasis en Gobierno Municipal de la Universidad Externado de Colombia.

que hacen parte tanto del en-tramado institucional de con-trol administrativo como de la sociedad civil en general.

Esa experiencia generó al-gunas preocupaciones políticas que debatí en su momento en la arena pública, legado que, tras mi paso por la Maestría en De-recho con Énfasis en Gobierno Municipal, del Departamento de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, tras-mutó de preocupaciones como actor político directo a inquie-tudes académicas concretas.

Así mismo, tras mi paso por la Personería Municipal de Palmira, Valle, como personero

delegado en lo penal, perso-nero auxiliar para asuntos ju-diciales y personero municipal encontré, salvo la discusión po-

lítica consignada en los medios de comunicación y en los es-pacios de la arena política, que no existe una reflexión teórica–

Epifanio Riascos Angulo, procurador provincial de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca.

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conceptual sobre la temática particular de las personerías llevada a cabo desde la acade-mia, a excepción de las discu-siones centradas en el origen y funcionamiento del Estado, en los diferentes enfoques, y teo-rías de la Administración Públi-ca, las cuales son más afines al derecho como doctrina para-digmática de referencia que a la sociología de la organizaciones.

Ahora bien, podemos sin-tetizar, en forma precisa, los inte-rrogantes que llevaron a esta re-flexión: ¿cómo han afectado las dinámicas interinstitucionales (nuevas gobernanzas) a las per-sonerías, en cuanto a su diseño organizacional y a los resultados de la gestión (gobernabilidad) desde la Constitución de 1991?

En este sentido, apoyado en la teoría neoinstitucionalista, podemos además preguntar: ¿de qué manera se han presen-tado los procesos de isomorfis-mo organizacional (coercitivo y mimético), en los que el entra-mado institucional macro con-dicionó el diseño institucional y organizacional de las persone-rías a partir de la carta política del 1991, las Leyes 136 de 1994, 617 de 2000, 1551 de 2014 y otros decretos reglamentarios?

De la misma manera: ¿cuáles son las relaciones de poder de tal diseño institucio-nal en nuestro Estado social de derecho y cuáles han sido las consecuencias prácticas sobre la gobernabilidad de las per-sonerías a lo largo y ancho del territorio nacional?

Las instituciones y orga-nizaciones que interactúan con las personerías en el en-tramado institucional (parti-dos y movimientos políticos, sociedad civil, Procuraduría, organizaciones públicas vigila-das por las personerías) vienen presentando asimetrías en su capacidad de incidencia sobre

el diseño institucional y los re-sultados organizacionales.

Estos resultados del dise-ño organizacional emergente y la capacidad de gestión re-sultante, se han traducido en problemas de ingobernabili-dad asociados a la ineficacia de muchos personeros del te-rritorio nacional.

Presente y futuro de las personerías

En el año 2002, siendo miem-bro de la junta directiva de la Asociación Nacional de Perso-neros (Asonalper), en calidad de primer vicepresidente, tuvi-mos la oportunidad de contar con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Edgardo José Maya Villazón, del defensor del Pueblo, Eduar-do Cifuentes Muñoz, y de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Uni-das para los Derechos Huma-nos al presentar un proyecto denominado «Las personerías municipales. Una mirada del presente y propuestas para el futuro», no sin antes comentar que nos tocó enfrentar un gran

debate en defensa de las perso-nerías por la posible supresión, vía referendo, de estos organis-mos de control municipal de-fensores de derechos humanos.

En ese proyecto, que consta de dos partes, nos for-mulamos, en prime lugar, la siguiente pregunta: ¿qué de-bemos cambiar? Y, en segundo lugar: ¿qué debemos poten-ciar? Y terminamos haciendo unas modestas pero claras y precisas recomendaciones.

Hoy, sin sutilezas, pode-mos decir que nada se ha he-cho para fortalecer las perso-nerías en materia de derechos humanos ni para robustecer la democracia.

Desde el momento en que la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, con el apoyo de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Dere-chos Humanos, decidieron adelantar el programa de capa-citación en derechos humanos dirigido a personeros munici-pales, mediante un convenio interinstitucional, se consideró de vital importancia potenciar el ejercicio de la función cons-

titucional y legal que tienen los personeros en esta materia.

Quiero entonces, desde mi experiencia, hacer un re-cuento de lo realizado en di-cho proyecto, sistematizando la información testimonial ob-tenida en los talleres de capa-citación, donde se plantearon varias hipótesis que nos lleva-ron a varios interrogantes.

La primera hipótesis es que existen dinámicas interins-titucionales que contribuyen a desdibujar la naturaleza de al-gunas entidades estatales. Es el caso de la relación Procuraduría - personerías. Algunos perso-neros han subrayado cómo el trabajo disciplinario distrae su atención de otros asuntos más graves e importantes del muni-cipio. Además, porque lo disci-plinario establece en la práctica no solo una jerarquía funcional sino estructural de las persone-rías con la Procuraduría; de allí se plantearon unos indicadores para esta hipótesis así:

Indicador uno. La función disciplinaria desplaza otras funciones ya que los persone-ros en la práctica le dan priori-dad a este trabajo.

«Es innegable la vinculación del campo de los derechos humanos con el desarrollo. En este sentido, la interdependencia que tienen las libertades, las oportunidades sociales para el libre desarrollo de la personalidad, las garantías de seguridad y los derechos económicos, sociales y culturales que debe brindar el Estado influyen de manera funcional en los procesos de desarrollo».

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Indicador dos. Excesivo uso en la Procuraduría de la figura de los despachos comi-sorios dirigidos a los persone-ros municipales. Pareciera que fuera la regla general y no la excepción.

Indicador tres. Sobreva-loración de la necesidad de capacitación en derecho disci-plinario en detrimento de la for-mación en derechos humanos.

Segunda hipótesis

Desde una perspectiva histórica y sociopolítica, se puede afirmar que la Defensoría del Pueblo ha desaprovechado a los persone-ros. Todavía está muy lejos que se constituyan en verdaderos defensores del pueblo muni-cipales por el escaso apoyo en el ejercicio de esta función por parte del organismo de control.

De acuerdo con lo anterior, la percepción actual es que las personeros desconocen las fun-ciones y las políticas de la Defen-soría del Pueblo debido, entre otros aspectos, a la ausencia de una dependencia y de un pro-grama específico al interior de la entidad que respalde y colabore a las personerías; igualmente, son escasas la relación y comu-nicación entre los defensores re-gionales con las personerías, así como del nivel central, y la parti-cipación de los personeros en el diseño de las políticas y progra-mas de la Defensoría del Pueblo dirigida a los municipios.

Las políticas fiscales del Es-tado al entrar en vigencia la Ley 617 de 2000, se constituyeron en un obstáculo para el funcio-namiento de las personerías al imponer topes y prohibir gas-tos de inversión. A esto se une la falta de respaldo de las admi-nistraciones municipales, alcal-días y concejos a esta institu-ción. Para muchos personeros de municipios de categorías 4.ª,

5.ª y 6.ª la única salida a dicha situación es el uso ilimitado de la solidaridad y la creatividad.

La excesiva proliferación de funciones otorgadas por el legislativo y el ejecutivo con-vierten a los personeros munici-pales en unos de los empleados públicos con más funciones en el país. Esta asignación desme-surada de funciones a los per-soneros con escasos recursos, que apenas sirven para pagar su propio sueldo y el de una secretaria, está desdibujando la figura y, en la práctica, muchas veces los lleva a actuar con cri-terios poco objetivos.

Solo modificando la for-ma actual de vinculación del personero, las personerías po-drán gozar de la independen-cia necesaria para conducir autónomamente el proceso misional de las funciones pre-ventiva, acorde con la defensa de los derechos humanos, de intervención y disciplinaria.

Esta apreciación, como consta en el proyecto que desa-rrollamos, tiene tres vertientes: la primera, deviene del desgaste que para muchos personeros ha significado la relación con quienes los eligieron, los conce-jales municipales, en la mayoría de los casos mediante coalicio-nes dirigidas por los alcaldes. Estas situaciones y obstáculos vivenciados por los personeros recogen la certeza de lo que significan las consecuencias del funcionamiento de los poderes locales, muchas veces empa-rentados con el clientelismo, la corrupción, las presiones polí-ticas y el abuso del poder, que se manifiestan en letra de cobro por el favor de la elección, o en la mayoría de los casos, por los obstáculos para hacer vigente el escaso presupuesto como represalia por cualquier acto de vigilancia del tesoro municipal por parte del personero.

La segunda vertiente que alimenta esta hipótesis es la comprensión fundamental de lo que significa la función pú-blica guiada por una concep-ción holística de los derechos humanos. Se trata de una toma de conciencia que produce una convicción sólida de que la defensa de los derechos hu-manos requiere de una postu-ra innegociable frente al abuso del poder en cualquiera de sus formas. El microcosmos de la política local es el espacio por excelencia para reconocer el funcionamiento de una lógica perversa del poder, que al ser contrarrestada, muchas veces, incomoda a quienes la ejercen.

La tercera vertiente, que engloba las dos anteriores, está motivada por el convencimien-to de que las personerías, hoy, requieren con urgencia cam-bios inaplazables. Se trata de la necesidad de una reforma que, desde el Congreso de la República, ventile una transfor-mación estructural cuyo punto de partida sea la remoción de lo que en términos generales se ha denominado el origen político de los personeros.

Ahora bien, tal vez no sea pertinente decir que no exis-te autonomía administrativa y presupuestal, pero lo que sí es cierto es que la intención de proponer la reforma es la de garantizar que las personerías cuenten con un respaldo eco-nómico para que no solo sean las defensoras institucionales de los derechos humanos a nivel local, sino que también contri-buyan de manera indirecta al desarrollo humano municipal y, en ese sentido, no solo puedan invertir un presupuesto sino racionalizar los frutos de dicha inversión mediante el resultado de la ecuación que establece la relación derechos humanos y desarrollo municipal.

Es innegable la vinculación del campo de los derechos hu-manos con el desarrollo. En este sentido, la interdependen-cia que tienen las libertades, las oportunidades sociales para el libre desarrollo de la personali-dad, las garantías de seguridad y los derechos económicos, sociales y culturales que debe brindar el Estado influyen de manera funcional en los pro-cesos de desarrollo.

Desde el punto de vista presupuestal este logro vincu-lante entre derechos humanos y desarrollo tiene un costo, necesita un apoyo económi-co, amerita una planeación y requiere ante todo de una vo-luntad política a toda costa.

En el caso colombiano la mencionada interdependencia no se refleja en los planes mu-nicipales de desarrollo, demos-trando con ello una concepción estrecha en la destinación del gasto público que evidencia la percepción con que histórica-mente se ha mirado dicha rela-ción. Esta apreciación se puede constatar en las Leyes 136 de 1994 —hoy modificada por la Ley 1551 de 2012—, 617 y 715 del 2000, y las referidas en anteriores apartes, como obstáculos para el buen desempeño de las per-sonerías, que regulan el presu-puesto municipal y que no han posibilitado la asignación de un rubro para gastos de inversión. De tal suerte que la difusión, la educación y, aún, la protección y otras actividades relaciona-das con los derechos humanos (justicia transicional, Ley 1448 de 2011 y relacionadas, muy pronto, con el posconflicto) no cuen-tan con una partida destinada a estos asuntos; los personeros de los municipios de categorías 5.ª y 6.ª, que son la mayoría del territorio nacional, solo tienen asignado un rubro para el fun-cionamiento administrativo.

46 »


Corolario

La intención es recordar al le-gislador y a quienes se interesan por el futuro de las personerías, que la construcción de una cul-tura de los derechos humanos requiere, entre otras cosas, de una asignación presupuestal

acorde con las funciones misio-nales que les corresponde desa-rrollar en prevención, interven-ción y disciplinario; además, me permito sugerir que los salarios y prestaciones sociales de los personeros se paguen con car-go al presupuesto de los muni-cipios y no de las transferencias.

Para tal efecto, se deben adoptar medidas necesarias que modifiquen las disposicio-nes legales sobre la asignación presupuestal y brindar a las personerías los recursos sufi-cientes para el cumplimiento de la misión. La referencia a la autonomía administrativa está

ligada a la aspiración de que el presupuesto sea manejado directamente por las persone-rías. Esto implicaría, repito, una reforma estructural por el le-gislativo que nos permita muy pronto fortalecer las persone-rías municipales con criterios de igualdad.

El renacer de las personerías municipales

Alfredo Manrique Reyes1

En el presente artículo trataré el origen e importancia de las personerías municipales, sus logros y desafíos en lo corrido del siglo xxi, haciendo un es-pecial énfasis en las tareas que esta entidad puede cumplir para construir paz en los terri-torios y recuperar la confianza social en las instituciones de gobierno.

1. Un breve recuento histórico

En el 2028 se cumplirán 500 años de haberse instituido en Colombia la figura de las per-sonerías municipales bajo el nombre de síndico personero del común. Esta figura, origina-ria del derecho romano donde se conoció como el defensor civitatis y trasladada al derecho de Castilla, fue traída por los españoles con sus instituciones municipales al comienzo de la Conquista y como instrumento de consolidación de la Colonia.

Desde el primer momen-to se ha encargado de velar el cumplimiento de las leyes por

1 Profesor universitario, autor de los libros Estatuto del personero municipal, Historia de las personerías municipales y Las personerías y el posconflicto.

parte de las autoridades y de la población, de garantizar la transparencia del manejo de los recursos públicos y opo-nerse a los abusos de poder generador de víctimas. En el periodo de la Independencia el papel de las personerías fue determinante para dar a cono-cer los derechos humanos (dd. hh.) que había traducido don Antonio Nariño y para aglu-tinar las demandas sociales y presionar la conformación de las nuevas instituciones de la república.

Durante el siglo xxi juga-ron un importante papel en la preservación de las garantías ciudadanas previstas en las cambiantes constituciones, así como a la consolidación del naciente ministerio público cumpliendo tareas de ope-rador judicial. Después de la Constitución de 1886 se incor-poran al régimen municipal, siendo la conciencia jurídica y asumiendo la representación legal de esta entidad territorial.

Mediante la Ley 11 de 1986, con el diseño de un modelo de descentralización administrati-va, política y fiscal, el persone-ro municipal asume la tarea como defensor del pueblo y de los dd. hh. a nivel local, y en el 2002, con la Ley 617, asu-

me tareas bien definidas como veedor ciudadano. Después se han adelantado pequeñas reformas legales relacionadas con el periodo de su mandato, algunos requisitos para desem-peñar el cargo y la asignación

de múltiples y muy variadas funciones.

Este rápido recuento his-tórico da cuenta de que es una institución patrimonial de nuestra nacionalidad y que ha pasado por momentos de glo-

«En el periodo de la Independencia el papel de las personerías fue determinante para dar a conocer los derechos humanos (dd. hh.) que había traducido don Antonio Nariño y para aglutinar las demandas sociales y presionar la conformación de las nuevas instituciones de la república».

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ria y también por situaciones de deterioro derivado de la corrupción, tal como ocurrió a mediados del siglo xvii cuando por poco desaparecen. Su tarea ha sido, es y será fundamental para la consolidación de la de-mocracia local, la paz y la recon-ciliación entre los colombianos.

2. El acompañamiento del IEMP

Al comenzar el tercer milenio el IEMP, en asocio con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los De-rechos Humanos en Colombia (oacnudh) y la Defensoría del Pueblo, formulan un ambicioso programa de capacitación en dd. hh. para todos los persone-ros municipales del país.

Este programa fue acom-pañado de la edición de ma-teriales didácticos de apoyo y se implementó en varios ciclos durante cerca de ocho años (dos periodos de los perso-neros). Los resultados de este acompañamiento se mues-tran en el mejoramiento del desempeño de las personerías, principalmente de los peque-ños municipios que paradóji-camente coinciden con las co-munidades más abandonadas por el Estado social de dere-cho y con mayores problemas de incidencia del conflicto ar-mado interno.

Esta capacitación fue eva-luada por los propios persone-ros y se detectó la necesidad de complementarla con otros temas adicionales a los dd. hh. y, sobre todo, de una profunda reforma legal al marco regula-torio de la entidad, de cara a precisar sus funciones y com-petencias, la asignación de re-cursos para el funcionamiento y la definición de reglas para asegurar la independencia y autonomía como órgano de

control y vigilancia del gobier-no municipal.

En los últimos ocho años el IEMP mejoró la oferta de capacitación tanto en conte-nidos como en metodologías, y adelantó una tarea de acom-pañamiento a las personerías diversificando los cursos y generando alianzas con otras entidades del Estado, esto es: promoviendo investigaciones sobre la historia de la entidad y sus principales desafíos y estructurando materiales di-dácticos que permitan no solo a los personeros, sino a la co-munidad en general, conocer la gran cantidad de funciones y competencias y la manera de utilizarlas para bien de la de-mocracia municipal.

Mención especial mere-ce el programa de apoyo a la rendición pública de cuentas de las personerías, ya que me-diante este ejercicio la ciuda-danía se entera de la existencia de esta entidad y de los resul-tados del trabajo realizado y recupera credibilidad, confian-za y respeto social.

También hay que resaltar el trabajo adelantado para es-tablecer el concurso de méritos para acceder al cargo de perso-nero que estableció la Ley 1551 de 2012, que ha permitido que esta primera generación de per-soneros, así elegidos, sea sustan-cialmente mejor en calidades, compromisos y sensibilidades sociales que los escogidos sin este mecanismo.

También ha sido un aliado central para el fortalecimiento de la Federación Nacional de Personeros (Fenalper), que es la agremiación de las personerías, que en la época reciente tam-bién ha sido pieza fundamental para el renacer de esta antigua y tradicional institución muni-cipal. Producto de esta alianza se elaboró un proyecto de ley

que el procurador general de la nación, y un grupo de congre-sistas, presentó al Senado de la República con el fin de precisar el marco de competencias y mejorar los recursos necesarios para su adecuado cumplimien-to y funcionamiento; desafor-tunadamente este proyecto de ley no hizo tránsito en el Con-greso y sigue siendo una deuda por cubrir.

3. Los desafíos de las personerías municipales para la construcción de la paz

A mi manera de ver son mu-chos y muy variados estos desafíos. De forma muy breve señalaré algunos de ellos con el

objeto de avivar el debate pú-blico sobre el inmediato futuro de esta respetable entidad.

a. Deben ganar credibili-dad y respeto, mostrando resultados. Hay que decirlo, así se molesten algunos. A pe-sar de las importantes tareas que desempeñan las perso-nerías, las grandes mayorías del pueblo no saben de su existencia ni cómo utilizar sus servicios. Sería de gran impor-tancia que se plantearan mos-trar resultados efectivos en la lucha contra la corrupción; por ejemplo, proponiéndose asumir las acciones de repeti-ción contra funcionarios que han causado detrimento al patrimonio público local con

«Una vez se consoliden los acuerdos de paz con los grupos insurgentes, las personerías podrían ser las garantes veedoras de su cumplimiento en los municipios; podrían adelantar acciones de construcción de paz y reconciliación en lo local de cara a superar el odio, la animosidad de venganza, la desconfianza y la soledad de quienes han padecido las violencias (...)».

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sus acciones y recuperar los recursos dilapidados o pro-moviendo la aplicación de las pólizas de seguros en los con-tratos fallidos. También po-drían proponerse mostrar re-sultados en la lucha contra la impunidad en casos de gran impacto en materia de viola-ciones a los dd. hh. utilizando diversos recursos que hoy es-tán a su alcance. Mostrando resultados públicamente, esta entidad puede convertirse en un eslabón fundamental para la construcción de la paz y la recuperación de la confianza social en las entidades públi-cas.b. El nuevo marco legal que corrija la dispersión de fun-ciones y la ausencia de recur-sos. Se requiere un rediseño de las personerías que mejore sus presupuestos y corrija la dispersión de las tareas. Hoy tienen más de 250 funciones y los presupuestos del 90% de las personerías apenas alcan-zan para costear los honorarios de los personeros. Los recursos que se liberen del financia-miento de la guerra contra la insurgencia deberían servir para fortalecer esta entidad, así como los derivados de la coo-peración internacional para la construcción de la paz.c. ¿Deben seguir siendo agentes del ministerio pú-blico? Las personerías son «agentes del ministerio públi-co» y como tal desempeñan funciones disciplinarias y ju-diciales. Para el primero de los casos es una tarea supletoria a la acción que deben cumplir los jefes de las distintas de-pendencias de la administra-ción municipal en materia de asegurar el cumplimiento de los deberes y responsabilida-des de los servidores públicos o que de manera preferente asumen los procuradores pro-

vinciales. La tarea disciplinaria de los personeros no genera resultados efectivos en la lu-cha contra la corrupción y el desgreño administrativo, ni siquiera en las grandes ciu-dades donde cuentan con importantes recursos huma-nos, técnicos y financieros. En materia judicial, los persone-ros no tienen funciones claras como autoridad dentro de los procesos, salvo la de velar por el debido proceso, tarea que cumplen más efectivamente el juez y los defensores pú-blicos. Estos dos bloques de funciones son complementa-das con los llamados «despa-chos comisorios», mediante los cuales autoridades supe-riores les encargan a los per-soneros el cumplimento de vastas tareas sin asignarles los correspondientes recursos. Si estas profusas, difusas y con-fusas funciones se les retiran a las personerías, esta entidad se podría especializar como un órgano municipal defen-sor de la comunidad y de sus intereses, y de promover la construcción de paz y recon-ciliación en la vida cotidiana. No hay que olvidar que las personerías se financian con

cargo a los presupuestos de los municipios y terminan haciendo la tarea a otras en-tidades.d. Los personeros, agentes de la paz territorial. Una vez se consoliden los acuerdos de paz con los grupos insurgen-tes, las personerías podrían ser las garantes veedoras de su cumplimiento en los mu-nicipios; podrían adelantar acciones de construcción de paz y reconciliación en lo lo-cal de cara a superar el odio, la animosidad de venganza, la desconfianza y la soledad de quienes han padecido las violencias; podrían ser las di-namizadoras de la cultura de paz y de legalidad para re-componer el paradigma ético de la sociedad y el respeto a la ley; podrían ser las agencias promotoras del diálogo social para la prevención y trámi-te de los conflictos sociales, como por ejemplo, los deriva-dos de los megaproyectos de infraestructura y minería en los territorios o los derivados del incumplimiento de los compromisos de las autori-dades con comunidades; po-drían ser las garantes de dere-chos como la protesta social

y la consulta previa y otros mecanismos de participación hoy estigmatizados y poco utilizados.e. Fenalper debe seguir fortaleciéndose. Para ello, además de continuar con las tareas que hoy cumple, es cla-ve que se descentralice y que los capítulos territoriales ten-gan tareas y responsabilidades específicas de cara a que la gente reconozca a las persone-rías como sus aliadas efectivas para hacer valer sus derechos; que asuman tareas de tribunal ético para valorar y condenar acciones y comportamientos impropios de los personeros que deben ser reconocidos por la sociedad como autori-dades ejemplares en todos los ámbitos de su vida y actuar, y que vincule al sistema univer-sitario regional a las tareas que cumplen las personerías.f. La capacitación debería dar un salto de calidad y per-tinencia. En este sentido, sería de gran importancia que los cursos se amplíen a otros fun-cionarios de las personerías y a líderes sociales, y que sus contenidos sean producto de consultas a los beneficiarios. Estos cursos deberían con-cluir con planes de desempe-ño y aplicación de los saberes transmitidos, para que los esfuerzos de capacitación de estos servidores públicos sean en verdad percibidos por la comunidad. Sobre este tema deberían rendir periódica-mente cuentas.

Las personerías deben pre-pararse para celebrar sus 500 años de existencia con un ma-ravilloso reverdecer como pro-tagonistas de un país en paz, con justicia social, sin corrup-ción ni impunidad de ningún tipo. Ya están dando importan-tes pasos en esta vía.

«RECON Paz en Movimiento surge en el 2015 como una iniciativa de la Federación Nacional de Personeros (Fenalper), que se impulsó a través de las personerías municipales del país con el propósito de conocer de manera interactiva las percepciones de los colombianos en torno a la construcción de la paz en diferentes regiones del país. En este informe se presenta la sistematización y análisis de las iniciativas de paz que participaron de la convocatoria».

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Cátedra Carlos Mauro Hoyos

Natalia Sáenz Rengifo1

Desde su creación en el año 2013, la Cátedra Carlos Mau-ro Hoyos se ha consolidado como un espacio para la di-fusión y socialización del co-nocimiento en el que no sola-mente se han dado a conocer los avances y resultados de las investigaciones adelanta-das desde el IEMP, sino en el que, además, han participado la comunidad académica, las instituciones, organizaciones y miembros de la sociedad civil interesados en promover su trabajo y contribuciones en temas de interés, que co-rresponden al deber misional del ministerio público como lo son el cumplimiento y la garantía de la ley y la Consti-tución Política, el amparo de los derechos humanos y el auxilio del bien público y el bienestar general.

Precisamente, bajo la máxima de contribuir median-te la investigación académica en la construcción de alter-nativas de solución respecto a las variadas dificultades que atraviesa el país, en temas eco-nómicos, sociales, políticos, culturales, ambientales y de-más; y en coherencia con la responsabilidad de la División de Investigaciones Sociopolíti-cas y Asuntos Socioeconómi-cos del IEMP de llevar a cabo investigaciones, y promulgarlas a través de espacios de socia-

1 Politóloga e investigadora del Grupo de Investigación Carlos Mauro Hoyos. Ética de lo Público, Instituciones y Derechos Humanos del IEMP. Coordinadora de la Cátedra Carlos Mauro Hoyos 2016.

lización que conduzcan a la construcción de ética de lo pú-blico, la Cátedra Carlos Mauro Hoyos se proyectó como una estrategia dirigida a la genera-ción de conocimiento crítico y reflexivo desde la institucio-nalidad, con la participación y el apoyo de la comunidad aca-démica.

Así mismo, partiendo de la concepción del Estado de-mocrático, inclusivo y de dere-cho, la Cátedra se sitúa como un mecanismo para la promo-ción de la participación ciuda-dana, orientado a motivar la construcción de percepciones y formas de pensamiento crí-ticas y reflexivas, fundamen-tadas en la interacción directa entre la ciudadanía, la acade-mia y la institucionalidad esta-tal, con el fin de hacer a la ciu-dadanía y demás involucrados —en quienes recae e incide la toma de decisiones—, cono-cedores sobre sus derechos, deberes y responsabilidades frente a la construcción de éti-ca de lo público.

Y no es para menos, el de-venir de una sociedad no de-pende únicamente de los dis-positivos institucionales, ni de los procedimientos de control y equilibrio de las instituciones; también, requiere de un «nivel de virtud y de preocupación por lo público» (Galston, 1991, PP. 217 y 244; Macedo, 1990, PP.138-139, citado en Kymlicka y Norman, 1997, p. 6 ), pues son los comportamientos y las prácticas de los individuos las que en parte posibilitan el despliegue y la concreción de

políticas de su interés. En últi-mas, mediante una iniciativa como la que se impulsa con el desarrollo de la cátedra, se tra-ta también de que la ciudada-nía se asuma desde un punto intermedio entre sus derechos y responsabilidades (Kymlicka y Norman, 1997, p. 7).

Ya han transcurrido tres años desde la creación de la cátedra, y en nombre del IEMP, nos es posible decir con satis-facción que ha cumplido con su cometido, pues se han lle-vado a cabo diez sesiones en diferentes ciudades del país, ha contado con la participa-ción de ponentes nacionales e internacionales y, progresiva-mente, se ha ido consolidando como un espacio de interac-ción académico en el que la confluencia de miembros de la sociedad civil, profesores, es-

tudiantes y funcionarios se ha multiplicado activamente.

Es así que, durante su pri-mer año, la cátedra tuvo como sede las instalaciones de la Procuraduría General de la Na-ción, más específicamente el Teatro de la Calle del Agrado y la Sala de Audiencias. En las versiones siguientes contó con el apoyo de las universidades Reformada de Barranquilla, la Sergio Arboleda sede San-ta Marta, la Santo Tomás y La Salle y la Escuela de Ingenieros Militares (Esing).

Compendio

2013 - Minería y corrupción

En su primera versión «Minería y corrupción», la cátedra se de-sarrolló durante tres sesiones,

«Ya han transcurrido tres años desde la creación de la cátedra, y en nombre del IEMP, nos es posible decir con satisfacción que ha cumplido con su cometido, pues se han llevado a cabo diez sesiones en diferentes ciudades del país, ha contado con la participación de ponentes nacionales e internacionales y, progresivamente, se ha ido consolidando como un espacio de interacción académico en el que la confluencia de miembros de la sociedad civil, profesores, estudiantes y funcionarios se ha multiplicado activamente». En la imagen Omar Vivas Cortés, investigador, fundador de la cátedra y líder del Grupo de Investigación Carlos Mauro Hoyos. Ética de lo Público, Instituciones y Derechos Humanos del IEMP.

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Una estrategia para la promoción del conocimiento científico y la construcción de ética de lo público

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en la que participaron investiga-dores del IEMP en su momento vinculados con el proyecto «Análisis de la cooptación de la Administración Pública, fase ii», así como profesores externos.

El primero de estos encuen-tros se realizó el 27 de agosto de 2013 y abordó los temas de minería, corrupción y desarro-llo regional. Contó con la parti-cipación de los profesores Jairo Santander y Catalina Blanco, de la Universidad Central, y del in-vestigador César Nieto del IEMP.

La segunda sesión se lle-vó a cabo el 25 de septiembre de 2013 en las instalaciones de la Procuraduría, y al igual que en la primera sesión se desa-rrollaron los temas de mine-ría y corrupción, aunque esta vez se trató su relación con democracia, actores armados ilegales y el uso y planificación del subsuelo. Adicionalmente, contó con la participación de los profesores Freddy Cante Maldonado, de la Universidad del Rosario; Frédéric Massé, de la Universidad Externado, y Jai-me Arias Restrepo, del mismo centro educativo e investiga-dor del IEMP en ese momento.

Finalmente, en la tercera sesión desarrollada el 23 de oc-tubre de 2013 se trataron los temas de riesgos de corrupción en el sector minero, las conse-cuencias sociales y ambientales del modelo de desarrollo mine-ro extractivista y las perspecti-vas de investigación académica desde la psicología jurídica en el campo de la corrupción. En esta sesión participaron como ponentes los profesores Érika Gi-raldo Liberato, de la Universidad San Francisco de Asis; Luis Ál-varo Pardo Becerra, director del Centro de Estudios Mineros Co-lombia Punto Medio, y Marleny Cardona Acevedo, investigado-ra del IEMP en aquel entonces.

2014 - Las contribuciones de la investigacióncientífica a la gestión del riesgo de desastres en Colombia. Avances y perspectivas

En el año 2014 se llevaron a cabo tres sesiones de la cáte-dra, todas estas en diferentes ciudades del país, con el obje-tivo de contribuir en la investi-gación científica asociada con

la gestión del riesgo de desas-tres en Colombia. Específicamente, en estas sesio-nes se abordaron temas como desarrollo, desarrollo sostenible, medio ambiente, gobernabili-dad y gobernanza, y derechos humanos, en tanto esta versión tuvo como propósito esclarecer de qué manera la gestión del riesgo de desastres se ha cons-tituido en un instrumento ge-nerador de desarrollo, toda vez que la adecuada planificación y uso del territorio contribuye en la provisión de seguridad en la comunidad.

En las tres sesiones de la cátedra se contó con la parti-cipación de los conferencistas Carlos Costa Posada, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle; Deyanira Duque, funcionaria del Programa Nacional de Cien-cias Sociales y Humanas del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Inno-vación (Colciencias); Alexan-der Martínez Moreno, por ese momento subdirector de De-sarrollo Ambiental Sostenible del Departamento Nacional de Planeación (dnp), y Omar Vi-vas, investigador del IEMP.

Por su parte, el investi-gador Humberto González Marentes, experto en temas de meteorología y medio am-biente, participó en la segunda y tercera sesión de la cátedra. Del mismo modo, a las sesio-nes asistieron funcionarios de la Unidad Nacional de Ges-tión del Riesgo de Desastres (ungrd), de las corporaciones autónomas regionales (car), del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y miem-bros de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, y demás entidades y organizaciones in-teresadas en el conocimiento de temas de investigación en gestión del riesgo de desastres.

La primera sesión se llevó a cabo en Barranquilla el 21 de marzo de 2014 y participaron como ponentes invitados el profesor José Ávila Toscano, de la Corporación Universitaria Reformada; Marina Martínez, docente de la Universidad del Norte, y Marcela Guerrero y Julio González Velandia, por aquel entonces funcionarios de la Subdirección de Conoci-miento de la ungrd.

Así mismo, en esta opor-tunidad se destacó la asistencia de funcionarios de la Oficina de Prevención y Atención de Emer-gencias y Desastres (opaed) de la Alcaldía de Barranquilla, de la Defensoría del Pueblo, de miem-bros de organismos de socorro, y de estudiantes de la Universidad de la Costa, la Corporación Uni-versitaria Reformada y la Corpo-ración Educativa del Litoral.

La segunda sesión se reali-zó el 20 y 21 de mayo del año 2014 en el marco del V Encuen-tro Internacional por el Mar y la Costa desarrollado en Santa Marta y organizado en con-junto por la Universidad Ser-gio Arboleda, la Corporación Regional de La Guajira, Playas Corp., el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Zonas Costeras de la Universidad Oriente de Cuba y el IEMP.

En esta sesión se buscó ex-poner cómo la gestión del ries-go de desastres se ha configu-rado como un instrumento de gobernanza, pues el despliegue de una política pública adecua-da depende de la corresponsa-bilidad que asuman los actores frente al tema así como de su apropiada articulación. Como catedráticos invitados participa-ron el profesor Camilo Mateo Botero, de la Universidad Sergio Arboleda; Nelson Rangel Buitra-go, en ese momento investiga-dor del Instituto de Investiga-ciones Marinas y Costeras «José

En el año 2014 en las «(...) sesiones se abordaron temas como desarrollo, desarrollo sostenible, medio ambiente, gobernabilidad y gobernanza, y derechos humanos, en tanto esta versión tuvo como propósito esclarecer de qué manera la gestión del riesgo de desastres se ha constituido en un instrumento generador de desarrollo, toda vez que la adecuada planificación y uso del territorio contribuye en la provisión de seguridad en la comunidad».

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Benito Vives de Andréis» (Inve-mar); Ronald Pelot, profesor de la Universidad de Dalhousie, y la profesora Celene Milanés Batis-ta, de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba.

Finalmente, la tercera se-sión de la cátedra se desarrolló

el 6 de marzo de 2014 en Bogo-tá, en la Esing, institución que a su vez apoyó la organización del evento. En esta ocasión se abor-daron temas como las contri-buciones científicas en la reduc-ción del riesgo de desastres y la incidencia del cambio climático

en el país, con las ponencias de Luis Carlos Martínez, director de la Red Universitaria de La-tinoamérica y el Caribe para la Reducción del Riesgo de Desas-tres (Redulac); Leonardo Ardila, en representación del Ejército Nacional de Colombia; el profe-

sor de la Esing, Didier Ferney Pe-dreros, y Luis Hernando Galindo Vega y John Alexander Galindo del Centro de Investigación para la Prevención y Atención de De-sastres, Emergencias y Gestión del Riesgo de Colombia (Cipa-deger).

2013 - Minería y corrupciónSesión I - Bogotá D. C.Andrea Catalina Blanco Jairo Santander Abril

«Incidencia de la minería en dinámicas de desarrollo regional: un análisis de gobernanza en redes para Boyacá y Cesar».

César Augusto Nieto Rojas«Estudios de corrupción y cooptación en materia de minería, en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Córdoba».

Omar Vivas CortésPlenaria académica e interacción de redes, investigadores, profesores, estudiantes y servidores públicos. Tema: minería y corrupción.

Sesión II - Bogotá D. C.Freddy Cante Maldonado «Minería, democracia y corrupción».

Frédéric Massé «Actores armados ilegales y sector minero en Colombia».

Jaime Arias Restrepo«Planificación, administración y control del subsuelo, un desafío para el Estado colombiano».

Natalia Ruiz MoratoPlenaria académica e interacción de redes, investigadores, profesores, estudiantes y servidores públicos. Tema: minería y corrupción.

Sesión III - Bogotá D. C.

Érika Giraldo Liberato«Perspectivas de investigación académica desde la psicología jurídica en el campo de la corrupción».

Luis Álvaro Pardo Becerra «Riesgos de corrupción en el sector minero».

Marleny Cardona Acevedo«Consecuencias de la cooptación corrupta: costos socio-ambientales del modelo de desarrollo minero extractivista y cultura de los territorios mineros».

Slendy ContrerasPlenaria académica e interacción de redes, investigadores, profesores, estudiantes y servidores públicos. Tema: minería y corrupción.

2014 - Las contribuciones de la investigación científica a la gestión del riesgo de desastres en Colombia. Avances y perspectivas

Sesión I - Contribuciones de la investigación científica a la gestión del riesgo de desastres por inundación y la gobernabilidad en Colombia. Avances y perspectivas, Barranquilla.

José Ávila Toscano«Comunidades damnificadas por desastres invernales: un análisis desde los recursos de apoyo social y las políticas públicas en Colombia».

Carlos Costa Posada «Políticas necesarias en Colombia para el manejo de inundaciones».

Deyanira Duque «De la legitimidad de la evidencia a la legitimidad política»..

Alexander Martínez Montero «Gestión del riesgo de desastres: ¿gobernabilidad o gobernanza?».

Marina Martínez«Desplazamiento climático y comunidades resilientes: desafíos para la academia y la política pública».

Omar Vivas Cortés «La cadena de valor en la gestión del riesgo de desastres».

Marcela Guerrero«La planificación del desarrollo y la gestión del riesgo como mecanismo de gobernanza del territorio».

Julio González Velandia «Conocimiento para la gestión del riesgo en las inundaciones».

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Sesión II - V Encuentro Internacional por el Mar y la Costa - Internacionalización y regionalización del IEMP, Santa Marta.

Camilo Mateo BoteroPonente del panel de expertos internacionales sobre gestión del riesgo costero y gobernabilidad.

Omar Vivas Cortés Panel de expertos internacionales sobre gestión del riesgo costero y gobernabilidad.

Nelson Rangel Buitrago «Erosión costera en el contexto de la gobernabilidad y riesgo costero».

Deyanira Duque«Contribuciones de la investigación científica y académica en pro de la reducción del riesgo de desastres. Cambio climático, variabilidad climática y gobernabilidad en Colombia: Avances y perspectivas».

Alexander Martínez Montero «Gestión del riesgo, ambiente y cambio climático».

Humberto González Marentes «El Niño y La Niña: fenómenos de variabilidad climática».

Ronald Pelot Ponente del panel de expertos internacionales sobre gestión del riesgo costero y gobernabilidad.

Celene Milanés BatistaPonente del panel de expertos internacionales sobre gestión del riesgo costero y gobernabilidad.

Sesión III - Contribuciones de la investigación científica y académica en pro de la reducción del riesgo de desastres. Cambio climático, variabilidad climática y gobernabilidad en Colombia. Avances y perspectivas, Bogotá D. C.

Deyanira Duque «De la legitimidad de la evidencia a la legitimidad política».

Luis Carlos Martínez «Redulac/RRD socio estratégico y académico para la gobernabilidad».

Humberto González Marentes «El Niño y La Niña como fenómeno de variabilidad climática».

Leonardo Ardila«Proyección social del Ejército Nacional de Colombia en la gestión del riesgo de desastres».

Carlos Costa Posada «Políticas necesarias en Colombia para el manejo de inundaciones».

Alexander Martínez Montero «Gestión del riesgo de desastres: ¿gobernabilidad o gobernanza?».

Omar Vivas Cortés «La cadena de valor en la gestión del riesgo».

Didier Ferney Pedreros«Propuestas de investigación académica en gestión del riesgo de desastres como aporte a la gobernabilidad».

Luis Hernando Galindo Vega John Alexander Galindo

«Avances de la gestión del riesgo en el Sistema Nacional del Voluntariado de Colombia».

2016 - Gestión pública, ambiente, sociedad y riesgos de desastres

Sesión I - Universidad de La Salle

Carlos Costa Posada«¿Es sensato que en Colombia el riesgo sísmico tenga mayor desarrollo normativo que los demás?».

Nelson Guillermo Rangel-Buitrago «Amenaza, riesgo y desastres costeros: metodologías de estudio y manejo».

Fabio Hernán García Salazar«El derecho a vivir sin miedo: elementos para establecer un marco metodológico de derechos humanos para la inclusión de la vulnerabilidad social en los planes de gestión del riesgo desastres».

Omar Vivas Cortés

«Vulnerabilidad social y desastres».

Plenaria académica e interacción de redes, investigadores, profesores, estudiantes y servidores públicos. Tema: gestión pública, ambiente, sociedad y riesgos de desastres.

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Un balance sobre el tercer año (2016)

En la edición de este año, la Cátedra Car-los Mauro Hoyos se desarrolló alrededor de los ejes temáticos de «gestión públi-ca, ambiente, sociedad y riesgos de de-sastres» y «corrupción». Con relación al primero, se realizaron dos sesiones cuya consecución y organización se logró gra-cias al apoyo brindado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle, específicamente por el decano Carlos Costa Posada y el profesor Alejandro Blanco, y por la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo To-más, donde contamos con el auspicio del decano Duvan Mesa, y los profesores An-gela Jaramillo y Miguel Ángel Díaz.

Sin duda alguna, el apoyo de las universidades de La Salle y Santo Tomás fue más que fundamental para el éxito de la cátedra en la versión de este año, así como para su consolidación como una estrategia para la comunicación del conocimiento científico. A ustedes de-bemos nuestros más sinceros agradeci-mientos.

Gestión pública, ambiente, sociedad y riesgo de desastres

Sesión I

Se llevó a cabo el 26 de septiembre en el Auditorio Hermano Daniel de la Universidad de La Salle. En esta sesión participaron como ponentes invitados el decano de la Facultad de Ingeniería, Carlos Costa Posada; el profesor Nelson Guillermo Rangel Buitrago, de la Univer-sidad del Atlántico, y los investigadores Fabio García y Omar Vivas del IEMP.

En su ponencia, «¿Es sensato que en Colombia el riesgo sísmico tenga mayor desarrollo normativo que los demás?», el decano Carlos Costa explicó la relevancia de ejercer acciones pública frente al in-cremento de los riesgos de desastres y la vulnerabilidad, toda vez que se ha dado la tendencia de brindarle mayor impor-tancia al sísmico por encima de otros ti-pos de riesgo.

Como afirma Costa, si bien los even-tos suscitados por sismos han generado grandes pérdidas económicas para el país (como los terremotos de Popayán,

el Eje Cafetero, y demás), otros eventos también han producido efectos similares. Para ilustrar, Costa menciona que la ma-yor pérdida de vidas en el país por desas-tres obedece a deslizamientos de tierra, evento que paradójicamente constituye el menor riesgo visible; y que se estima que la pasada ola invernal de 2010-2011, ha sido uno de los eventos que mayores pérdidas económicas ha dejado.

En este orden de ideas, es evidente que existe una preocupación por el tra-tamiento que se le brinda a los desastres y a los riesgos, según su tipología. De ahí que, aparentemente, se le preste mayor atención a los sismos que a otras amena-zas, por lo que después de examinar las bondades y limitaciones del marco nor-mativo frente a los desastres, Costa hace un llamado para considerar las amenazas de igual manera y, así mismo, realizar ac-ciones adecuadas para su prevención con ayuda de normas técnicas y manuales que, a su modo de ver, además son esca-sos y fundamentales para la prevención y mitigación de amenazas.

En segundo lugar, el profesor Nel-son Rangel realizó su presentación sobre

Sesión II - Universidad Santo Tomás

Oscar Luis Armas BayollJavier Betancourt Vivas

«Aproximación metodológica para el análisis cuantitativo por doble afectación en Colombia».

José Hernando Ávila Toscano«Mujeres después del desastre: relaciones entre apoyo social, bienestar y satisfacción vital en mujeres afectadas por inundaciones».

Omar Vivas Cortés

«Vulnerabilidad social vinculada con desastres».

Plenaria académica e interacción de redes, investigadores, profesores, estudiantes y servidores públicos. Tema: gestión pública, ambiente, sociedad y riesgos de desastres.

2016 - Transparencia y corrupción

Edgar Reveiz «La trasgresión moral de las élites y el sometimiento de los Estados».

Jaime Torres Melo«Criterios de efectividad de las herramientas por la trasparencia: ruta para mejorar la gestión pública».

Hernando Arturo Estévez Cuervo «Challenging corruption in Latin American politics».

Omar Vivas Cortés «Estudios de cooptación corrupta de las políticas públicas».

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«La primera sesión de la cátedra de 2016 «se llevó a cabo el 26 de septiembre en el Auditorio Hermano Daniel de la Universidad de La Salle. En esta sesión participaron como ponentes invitados el decano de la Facultad de Ingeniería, Carlos Costa Posada; el profesor Nelson Guillermo Rangel Buitrago, de la Universidad del Atlántico, y los investigadores Fabio García y Omar Vivas del IEMP».

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«Amenaza, riesgo y desastres costeros: metodologías de es-tudio y manejo», donde intro-dujo los problemas asociados con la erosión costera que pre-sentan gran parte de las costas del país. En este sentido, el pro-fesor Rangel abordó la relación entre los desastres, los impac-tos y las pérdidas significativas que estos generan, toda vez que para él los desastres deben comprenderse en términos económicos, en el contexto del cambio climático.

Esta se dificultad se agrava si se tiene en cuenta que, para el caso de las zonas costeras del país, la población ubicada en la línea de costa está en aumen-to, lo que incide de manera sig-nificativa en el incremento de la vulnerabilidad. Igualmente, Rangel mencionó que es in-dispensable contar con herra-mientas —como sistemas de información y de alerta tem-prana—, para cuantificar las amenazas, y consecuentemen-te, tomar medidas al respecto, pues dichas herramientas son escasas, y lastimosamente en el país no existe una adecuada preparación frente al manejo de estas amenazas.

Por último, el profesor Ran-gel finalizó esclareciendo la ne-cesidad de abandonar «el ciclo ilógico» con el que se tratan las amenazas, es decir, dejar de ges-tionar los riesgos de desastres a partir de soluciones o acciones

que surgen de la inmediatez en el momento en el que el proble-ma ataca directamente, pues aunque estas no contribuyen ni en la reducción o prevención de los riesgos de desastres, si con-ducen a su reproducción.

En tercer lugar, el profesor Fabio García en su presentación «El derecho a vivir sin miedo: elementos para establecer un marco metodológico de dere-chos humanos para la inclusión de la vulnerabilidad social en los planes de gestión del riesgo desastres», explicó tres temas puntuales: en primer lugar, por qué debería pensarse la gestión de riesgo de desastres como un derecho fundamental; segun-do, en qué medida la adecuada implementación de procesos de gestión del riesgo de desas-tres como un instrumento de planificación y desarrollo terri-torial incidiría en el desarrollo de capacidades en las personas, lo que a su vez les ayudaría a desenvolverse apropiadamen-te en el entorno, y por último, cómo podría pensarse la inclu-sión de la vulnerabilidad social en los planes de gestión del ries-go de desastre.

Para finalizar, el investiga-dor Omar Vivas del IEMP ex-puso en su presentación «Vul-nerabilidad social y desastres», que el tema de gestión del ries-go no es algo absolutamente técnico, sino que más bien es un asunto político cuyo des-

pliegue en la esfera pública —gracias al cual se ha generado una acción pública para gene-rar una solución al respecto— ha dependido de su definición como problema público.

Partiendo de este supues-to, el investigador introdujo los resultados de investigación del proyecto «Estudio de la vulne-rabilidad social y económica en una situación de riesgo de desastre, para generar linea-mientos para el análisis e incor-poración de la vulnerabilidad social y económica en los estu-dios de riesgo para la toma de decisiones de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres», de-sarrollado desde el IEMP jun-to con la ungrd, a partir del cual reconoció la relevancia de incentivar los estudios desde las ciencias sociales sobre la vulnerabilidad social, en tanto esta constituye una condición intrínseca de la sociedad.

En efecto, debido a que los desastres son el resultado de procesos sociales, políticos y económicos que, dicho de otro modo, manifiestan los efectos de problemas estruc-turales y de fondo de la socie-dad, los estudios de vulnerabi-lidad social son fundamentales puesto que permiten conocer los medios de vida de las co-

munidades, los cuales son clave a la hora de examinar la manera en la que estas afron-tan los riesgos. Es precisamen-te a partir de esta explicación que el investigador se apoya para afirmar que la gestión del riesgo de desastres es un tema eminentemente social.

Como es costumbre, esta sesión de la cátedra finalizó con una breve plenaria académica con la que se motivó la interac-ción de redes, investigadores, profesores, estudiantes y servi-dores públicos frente al tema de los desastres, e igualmente se propició un espacio para la discusión y debate alrededor de posturas que abordan la gestión del riesgo de desastres desde lo técnico y lo social.

Sesión II

Se realizó el 6 de octubre de 2016 en el Auditorio Funda-dores de la Universidad Santo Tomás. Durante el encuentro participaron el profesor José Hernando Ávila Toscano, de la Corporación Universitaria Reformada de Barranquilla; Oscar Luis Armas Bayoll, oficial de enlace de la Oficina Regio-nal de Las Américas de la Ofi-cina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (unisdr, por sus

La segunda sesión de la cátedra «se realizó el 6 de octubre de 2016 en el Auditorio Fundadores de la Universidad Santo Tomás. Durante el encuentro participaron el profesor José Hernando Ávila Toscano, de la Corporación Universitaria Reformada de Barranquilla; Oscar Luis Armas Bayoll, oficial de enlace de la Oficina Regional de Las Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR, por sus siglas en inglés) en Colombia; Javier Betancur Vivas, consultor en gestión del riesgo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), y Omar Vivas, investigador del IEMP.

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siglas en inglés) en Colombia; Javier Betancur Vivas, consul-tor en gestión del riesgo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao, por sus siglas en inglés), y Omar Vivas, investigador del IEMP.

En primer lugar, con su presentación conjunta titula-da «Aproximación metodo-lógica para el análisis cuanti-tativo por doble afectación en Colombia», Oscar Armas y Javier Betancur explicaron el enfoque metodológico por doble afectación, el cual con-siste en la implementación de una metodología de monito-reo en el territorio orientada a establecer las afectaciones de las comunidades por desastres y situaciones de conflicto ar-mado simultáneas.

Esta metodología tiene como propósito medir los riesgos por doble afectación y aportar índices que permitan comprender la relación entre cambio climático y conflicto, por un lado; y por otro, mejo-rar la gestión de los múltiples actores que intervienen en la solución. Así mismo, Armas y Betancur expusieron los resul-tados del informe «Index de la doble afectación en Colombia», no sin antes mencionar el pro-

ceso de elaboración y la manera en que la herramienta recopiló los datos de afectación por de-sastres de origen natural y situa-ciones de conflicto interno.

Además, durante la pre-sentación, Armas y Betancur subrayaron la importancia de utilizar esta metodología como una herramienta para medir la vulnerabilidad social, conocer las poblaciones con mayor exposición a amenazas y comprender cuáles son las intervenciones más adecuadas frente a las dificultades que plantea la doble afectación.

En segundo lugar, el profe-sor José Ávila presentó la con-ferencia titulada «Mujeres des-pués del desastre: relaciones entre apoyo social, bienestar y satisfacción vital en mujeres afectadas por inundaciones», con la que dio a conocer los resultados de la investigación sobre los efectos psicosocia-les en mujeres afectadas por desastres de inundación, no sin antes resaltar la importan-cia de observar la gestión del riesgo de desastres desde en-foques multidisciplinarios, y aclarar que sus investigaciones en el campo se han desarrolla-do desde el ámbito psicosocial.

En este sentido, el profe-sor Ávila afirmó que hay un

déficit en el tipo de atención que se brinda para la recupe-ración ante desastres, pues si bien los aspectos de carácter estructural son fundamenta-les para la recuperación de las comunidades, en muchas oca-siones las atenciones centradas en los individuos no tienen un enfoque humano sino un en-foque humanitario (centrado en ayudas en alimentación, ubicación en alberges y recur-sos económicos), que deja de lado los procesos de recupera-ción psicológica, emocional y de redes de apoyo.

En últimas, la dificultad está en que los procesos de recuperación con enfoque humano son una tarea que les queda a las víctimas, en tanto los recursos e inversiones diri-gidos a las soluciones son esca-sos. Tal y como expone Ávila, al respecto resulta interesante observar qué tanto su investi-gación, como otros casos que trae a colación, ha demostra-do, por una lado, que las accio-nes públicas orientadas hacia la recuperación posdesastre con enfoque humano han conducido a procesos de re-cuperación más acelerados, y por otro lado, que las mujeres son uno de los grupos mayor-mente afectados —psicológi-

El 26 de julio de 2016 se realizó el evento Carlos Mauro Hoyos, Vida y Obra, en conmemoración del exprocurador que fue secuestrado y asesinado en el año 1987 por Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín, al considerarlo como enemigo por ser partidario de la extradición de narcotraficantes a EE. UU. En la imagen la mesa principal conformada (izq. a der.) por el exministro y jurista, Diego Younes Moreno; el exprocurador Alfonso Gómez Méndez; el procurador delegado para la Economía y Hacienda Pública, Rafael Guzmán Navarro; el director del IEMP, Christian José Mora Padilla; Andrés Fandiño en representación del exprocurador y senador, Horacio Serpa, y el docente y escritor, Enrique Serrano.

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camente— en situaciones de desastre.

En tercer lugar, el investiga-dor Omar Vivas en la presen-tación «Vulnerabilidad social vinculada con desastres» expli-có la necesidad de incluir estu-dios de vulnerabilidad econó-mica y social en los estudios de riesgo a nivel local, subrayando que dichos estudios requieren del conocimiento de los nive-les de calidad de vida, necesi-dades básicas insatisfechas y pobreza, de las comunidades; y de comprender los conceptos de pobreza y vulnerabilidad como nociones diferentes, sin que ello implique descono-cer la incidencia de la pobreza como una factor que conduce a la vulnerabilidad ante los de-sastres.

Así mismo, el investiga-dor señaló los resultados del trabajo de campo realizado en Útica (Cundinamarca), aclarando que el municipio se tomó como estudio de caso dado que se ha visto aquejado en diferentes ocasiones por desastres, lo que ha conlleva-do a que se perciban como un problema público al que debe prestársele atención.

Para finalizar, al igual que en la sesión anterior, la cátedra concluyó con un espacio de interacción entre investigado-res, profesores, estudiantes y servidores públicos sobre los temas de gestión pública, am-biente, sociedad y riesgos de desastres.

Referencias bibliográficas

- Kymlicka, W. y Norman, W. (1997). El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción reciente en teoría de la ciudada-nía. P. 30. Disponible en: http://www.insumisos.com/lectura-sinsumisas/kymlicka.pdf

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Programación del IEMP para el año 2017El pasado primero de diciembre de 2016 el IEMP presentó ante el Consejo Académico la proyec-ción de recursos y programa-ción de actividades para el 2017.

Criterios de programación

• Proyectos que tienen rela-ción con el plan estratégico de la Procuraduría General de la Nación «Procurando orden y rectitud 2013-2016», con el del IEMP «Innovación y virtualiza-ción», aprobado por Resolución n.º 014 del 24 de enero de 2013, y con la política de Gestión In-tegral de Talento Humano de la entidad y el Manual Específico de Funciones y de Requisitos por Competencias Laborales. • Propuestas de temas inno-

vadores tanto para capacitación como investigación. En cuanto a esta última, que los proyectos estén enmarcados en las líneas

de investigación del lEMP, en el marco del plan estratégico de la Procuraduría y de la unidad aca-démica; focalizando recursos. • Continuidad de los even-

tos nacionales e internacio-nales que contribuyen al po-sicionamiento del ministerio público y del IEMP, a saber: las séptimas versiones del Congre-so Internacional de Derecho Disciplinario y del Congreso Internacional de Contratación Pública y Presupuesto Público.

• Continuidad de las jor-nadas de reflexión con temas de interés para la Procuradu-ría General, y con el espacio de Diálogos de la Nación que reune a personalidades que aportan sus conocimientos y experiencias al quehacer mi-sional de la institución.

• Apoyo a las actividades relacionadas con el fortaleci-miento del eje preventivo.

• Diligenciamiento y entre-ga en el lEMP de la ficha oficial de solicitudes de investigación o capacitación, con los costos de los proyectos debidamente discriminados, de acuerdo con la fecha acordada.

• Privilegiar los proyectos que se realicen a través de alianzas estratégicas con insti-tuciones públicas o privadas nacionales o internacionales.

• El cronograma de los pro-yectos de investigación apro-bados para el 2017 inicia en el primer semestre del año.

• Proyectos que promue-van la conformación de gru-pos de investigación del lEMP en Colciencias.

Evaluación de los proyectos

Los aspectos contemplados que otorgaron puntaje a los

proyectos presentados fue-ron los costos razonables, la viabilidad ante el Departa-mento Nacional de Planea-ción (dnp), la innovación, la cofinanciación mediante la formalización de convenios, la relación del tema con los objetivos estratégicos de la Procuraduría, la oportuna radicación de las fichas de proyectos en el Instituto, el impacto económico frente a las finanzas del IEMP y el im-pacto social o político.

Así mismo, la incidencia internacional, la participación de las procuradurías delegadas y de la Red de Formadores in-ternos. En materia de proyec-tos de investigación se tuvo en cuenta, además, la partici-pación del talento humano de la entidad, la dedicación de tiempo para los proyectos y la duración.

Uno de los criterios para la selección de proyectos académicos, tanto de capacitación como de investigación que serán ejecutados en el año 2017, fue el de la consecución de alianzas estratégicas, con instituciones públicas o privadas nacionales o internacionales, para el desarrollo de las actividades.

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Programas del IEMP 2017Proyecto de Capacitación para los Servidores del

Ministerio Público a Nivel NacionalProyecto Investigación para Apoyar el

Fortalecimiento de la Misión del Ministerio Público a Nivel Nacional

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, participación ciudadana

1 Derechos humanos, derecho internacional humanitario y posconflicto.

1 Gestión del riesgo de desastres, derecho e interés general: instrumentos de intervención pública.

2 Semana de la Participación Ciudadana. 2 Justicia formal y justicia en equidad.

3 Alcances de los proyectos productivos para personas en condición de discapacidad.

4 Relatos de vida y discapacidad.

5 Participación ciudadana: eje central para el control social a la gestión pública en el posconflicto.

6 Evaluación y seguimiento de políticas públicas en el posconflicto.

7 Evaluación de impacto del programa de personeros.

8 Desarrollo de investigaciones en el marco de convocatorias, contratos, convenios o invitaciones.

Gerencia pública, buen gobierno y anticorrupción

3 Programa Nacional de Capacitación dirigido a personeros municipales en el marco del posconflicto.

9 Anticorrupción: control de gestión de resultados.

10 Análisis de riesgos de corrupción en el marco del posconflicto.

11 V Congreso de Investigación en Gestión Pública.

Ambiental

12 Propuesta de lineamientos para fortalecer las políticas públicas en torno a las energías renovables.

Hacienda pública, economía solidaria

13 Modelo de desarrollo del cooperativismo en Colombia.

14 Aplicación y recuperación de plusvalías urbanas.

Actualización jurídica

4 7.º Congreso Internacional de Contratación Estatal y Presupuesto Público.

15 Observatorio del Sistema Penal Acusatorio y del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

5 7.º Congreso Internacional de Derecho Disciplinario. 16 Aproximación a la oralidad en los procedimientos judiciales.

6 Socialización del Código General Disciplinario o justicia disciplinaria

17 Análisis de las reformas legales para optimizar la gestión de la Procuraduría General de la Nación.

7 Jornadas de reflexión - Diálogos con la Nación: el posconflicto, futuro de la Procuraduría General de la Nación.

18 Aproximación al Código General Disciplinario. Fase II.

Programas ProgramasNoNo

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Talento humano

8 Apoyos educativos. 19 Diagnóstico del manejo de los conflictos interpersonales en la Procuraduría General de la Nación.

9 Cursos de formación para servidores del IEMP y de la Procuraduría.

10 Descentralización de la capacitación.

11 Fortalecimiento regional Red de Formadores IEMP.

12 Capacitaciones virtuales y presenciales. Convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

Áreas transversales

13 Educación virtual, proceso pedagógico. 20 Software para análisis y seguimiento de las investigaciones.

14Alojamiento y administración de la plataforma virtual. 21 Cátedra Carlos Mauro Hoyos, socialización científica de los

productos de conocimiento y espacio de interacción científico sobre temas propios del ministerio público..

15 Comercialización de programas de capacitación. 22 Publicaciones.

16 Sistema de Registro y Control Académico (Sireco). 23 Socialización de las investigaciones.

17 Cooperación internacional. 24 Apoyo misional a la investigación.

18 Material didáctico y de apoyo para procesos del IEMP. 25 Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión iso 9001:2015 para el IEMP.

Proyecto de DD. HH. y convivencia Proyecto de Conciliación en Derecho y Competencias Laborales

1Realizar Cursos de Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana. Artículo 182 del Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006.

1 Certificación conciliación en derecho. Diplomado Conciliación en Derecho – iii Congreso Internacional de Arbitraje.

2 Certificación en competencias laborales servidores del ministerio público y del sector justicia.

Capacitación a los Funcionarios del Ministerio Público a Nivel Nacional.

$450.000.000

Cursos de Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana a Nivel Nacional.

$120.000.000

Investigación para Apoyar la Misión del Ministerio Público a Nivel Nacional.

$330.000.000

Conciliación en Derecho y en Competencias Laborales a los Servidores de la Procuraduría General de la Nación.

$100.000.000

Presupuesto proyectos de inversión IEMP 2017

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