Programa nacional de canarias

CANARIAS ERES TÚ

PROGRAMANACIONAL

Vamos a cambiar Canarias

E L E CC I O N E S 2 0 1 5

CANARIAS ERES TÚ

Román Rodríguez RodríguezCANDIDATO AL PARLAMENTO DE CANARIAS

ROMÁNPRESIDENTE DE CANARIASvo

taVamos a cambiar Canarias

1. UN CICLO POLÍTICO AGOTADO 2

2. CAMBIAR LA ECONOMÍA Y LA FISCALIDAD: PARA EL CRECIMIENTO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO 4

SITUACIÓN ECONÓMICA 4

UNA POLÍTICA FISCAL JUSTA Y PROGRESIVA EN VARIOS FRENTES 5

UNA NUEVA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 6

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Y CUMPLIMIENTO DEL REF 6

ENTE PÚBLICO DE CRÉDITO DE CANARIAS 8

PLAN CANARIAS 10

3. ORIENTACIÓN DE NUESTRO MODELO DE CRECIMIENTO HACIA LA SOSTENIBILIDAD 11

A. POLÍTICAS TRANSVERSALES 11

IMPULSO DE LA CONECTIVIDAD ENTRE LAS ISLAS Y CON EL EXTERIOR 11

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN ( I+D+I) 12

ENERGÍA 14

RESIDUOS 15

AGUA 16

BIODIVERSIDAD Y PATRIMONIO NATURAL 16

B- POLÍTICAS SECTORIALES 18

PROTECCIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIOAMBIENTE 18

TURISMO 20

COMERCIO 23

INDUSTRIA 24

SECTOR AUDIOVISUAL 25

SECTOR PRIMARIO 26

DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 28

C.- INTERNACIONALIZACIÓN DE NUESTRAS EMPRESAS. 28

4. POTENCIAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS 30

EDUCACIÓN 30

SANIDAD 35

3

POLÍTICAS SOCIALES 36

JUSTICIA 38

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 39

POR UNA FUNCIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS 40

5. POLÍTICAS DE COHESIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 43

POLÍTICA DE VIVIENDA Y MEDIDAS CONTRA LOS DESAHUCIOS 43

FAMILIA 44

MAYORES 44

MENORES 45

MUJERES E IGUALDAD 45

JÓVENES 47

DEPORTES 48

DISCAPACIDAD 49

DERECHOS DE GAYS Y LESBIANAS 49

6. CULTURA 51

PROPUESTAS 51

7. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE CANARIAS 55

LA ASIGNATURA PENDIENTE: PROFUNDIZAR EN LA DEMOCRACIA Y EN LA AUTONOMÍA DE AYUNTAMIENTOS Y CABILDOS. 55

8. DEMOCRACIA, TRANSPARENCIA Y SISTEMA ELECTORAL 57

MEJORAR LA DEMOCRACIA. TRANSPARENCIA Y ÉTICA POLÍTICA 57

DEFENSA DE LA AUTONOMÍA DE LA POLÍTICA 61

REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL AL PARLAMENTO CANARIO. 62

ANEXO: PROPUESTA DE REFORMA DE LEY ELECTORAL DE CANARIAS DEL PACTO POR LA DEMOCRACIA EN CANARIAS 63

9. DEFENDER LOS INTERESES DE CANARIAS FRENTE AL ESTADO 65

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y REF ECONÓMICO 66

PROFUNDIZACIÓN DEL AUTOGOBIERNO 67

LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 68

4

UN NUEVO ESTATUTO POLÍTICO PARA CANARIAS 68

10.- CANARIAS EN EL MUNDO 70

CANARIAS Y LA UNIÓN EUROPEA 70

GLOBALIZACIÓN: CRISIS Y POBREZA 71

COMPROMISO CON LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y LA PAZ 72

UN PROGRAMA PARA CAMBIAR CANARIAS 73

5

ELECCIONES AUTONÓMICAS 2015

‘PARA CAMBIAR CANARIAS’

Nueva Canarias afronta esta convocatoria de Elecciones Autonómicas con la convicción de la necesidad del cambio político. Para acabar con las actuales políticas que han causado tanto sufrimiento y para trabajar por

el bienestar colectivo, recuperando el prestigio de la política y mejorando la democracia y la participación

ciudadana. Colocando a Canarias en el lugar que le corresponde en el marco estatal y europeo.

El profundo deterioro de las condiciones de vida de un porcentaje muy significativo de la población, la

degradación de los indicadores relacionados con el desarrollo económico y social, así como el retroceso de los servicios públicos, ratifican que las políticas del Gobierno de Canarias desde el inicio de la crisis

económica han resultado completamente erróneas e injustas.

Contribuyendo esas políticas neoliberales, además, al desafecto y la deslegitimación de la política, los políticos y las instituciones por buena parte de la ciudadanía.

Los sucesivos gobiernos, liderados por CC con dos socios diferentes, el anterior el PP y en la actualidad el PSOE, han incurrido en los mismos errores de aceptación y defensa de los recortes de las políticas públicas

como centro de su actuación.

Las coincidencias entre estos gobiernos han sido, lamentablemente, muchas. Y las diferencias de matiz han sido de todo punto insuficientes para afrontar los graves problemas que nos afectan en beneficio de la

mayoría social.

Por estos motivos, este programa mantiene una parte de las propuestas del de los comicios de 2011, con las

incorporaciones relacionadas con las necesidades y propuestas emergentes, así como de oportuna

actualización.

El trabajo desarrollado en el Parlamento de Canarias, con solo dos diputados, ha demostrado que en Nueva

Canarias tenemos posición rigurosa y elaborada sobre la totalidad de los asuntos que afectan a los intereses generales de Canarias y de su gente.

Todo ese trabajo se incluye en las Memorias de nuestra actividad parlamentaria, en las enmiendas a la

totalidad de las seis leyes presupuestarias y económicas de la legislatura, así como en las 54 resoluciones que planteamos en el último Debate del Estado de la Nacionalidad 2015.

Todas las elecciones son importantes, sin duda, pero en este caso tienen el valor añadido de la pulsión de cambio.

Se producen en una coyuntura de fin de un ciclo político agotado, que ha dejado en herencia fractura social,

pobreza y desigualdad, asociados a una profunda desafección con la actividad política que es preciso afrontar con participación y transparencia, así como con un cambio radical de estas políticas fracasadas.

Nueva Canarias aspira a colaborar con la consecución de ese cambio de ciclo político a través de su presencia en ayuntamientos, cabildos y Parlamento de Canarias, para influir con análisis y propuestas en el

cambio político que necesita Canarias con urgencia.

Y lo hacemos con un plural frente amplio de organizaciones y personas de todas las islas, comprometidas con este programa de cambio político, económico y social.

N u ev a C a n a r i a s

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1. UN CICLO POLÍTICO AGOTADO

Nos encontramos ante un fin de ciclo político, como hemos señalado. El fin de un conjunto de políticas equivocadas e injustas, sustentadas en el pensamiento ultraliberal, que han provocado un retroceso enorme

en los derechos y condiciones de vida de la mayoría de la población.

Las fracasadas políticas de recortes deben dar paso a políticas profundamente distintas, puestas al servicio

de las personas y no de las instituciones financieras o de los mercados.

Frente a esas políticas hemos defendido consecuentemente políticas de estímulo, de inversión pública, de fiscalidad progresiva y justa, de persecución del fraude fiscal y de acceso de familias y empresas al crédito.

El empleo y los servicios públicos, grandes sacrificados del período reciente, deben ser fortalecidos para que contribuyan a una sociedad con mayor equidad. El maltrato en los Presupuestos Generales del Estado,

en la financiación autonómica o el incumplimiento reiterado del REF fiscal debe dar paso a un trato justo

hacia Canarias que permita la potenciación de los servicios públicos y el fortalecimiento de la economía y el empleo.

La protección del territorio y la apuesta por las energías renovables deben ser señas de identidad del global de las políticas y no un discurso retórico alejado de la práctica real.

La banalización de la política, la corrupción, el desprestigio de las instituciones, la democracia acartonada y

formal, los sistemas electorales injustos y desproporcionados… deben dar paso a una mayor transparencia y auténtica participación ciudadana.

Acabando, también, con la inmoral desigualdad de las políticas frente a la crisis, que han permitido el desahucio de personas y familias, mientras que, con dinero de todos, se rescataba a los bancos o a las

autopistas de peaje.

El esfuerzo de la ciudadanía organizada, de los movimientos sociales y de las fuerzas políticas que aspiran a la transformación de la sociedad canaria debe visualizarse en los 88 ayuntamientos, en los siete cabildos y en

el Parlamento y en el Gobierno de Canarias.

Ese cambio es imprescindible y hemos de abordarlo partiendo de una situación tan grave como la que hoy

padece la sociedad canaria. Con datos sociales y económicos muy duros:

• Con un 30,8% de desempleo EPA, es decir más 343.500 personas

• Con 234.400 parados de larga duración, el 68% del total

• Con un 56% de paro juvenil.

• Con más de la mitad de los parados registrados que ya no recibe ninguna prestación.

• Con un tercio de la población en situación de pobreza.

• Con desahucios por impago de alquileres o hipotecas. Y decenas de miles de canarios que no han podido acceder a una vivienda.

• Con retroceso en la calidad de la asistencia sanitaria, como vemos con el colapso de las urgencias o el desbordamiento de las listas de espera.

N u ev a C a n a r i a s! E l e c c i o n e s a u t o n ó m i c a s 2 0 1 5

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• Con parámetros educativos que nos siguen dejando muy alejados de las medias española y europea.

• Con el gasto social más bajo del Estado.

• Con una auténtica crisis en la prestación de la dependencia o en la gestión de la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

Arrastramos algunos problemas del pasado.

Pero otros son mucho más recientes. Son consecuencia del enorme retroceso económico y social que han

supuesto las impuestas políticas de austeridad, de recortes. Que han incrementado el desempleo. Que han aumentado la pobreza y las desigualdades sociales. Que han descapitalizado a los servicios públicos. Y que

tienen responsables. En Europa. En España. Y también aquí, en Canarias.

Desde Nueva Canarias, en todos nuestros ámbitos de actuación, no nos limitamos a la crítica de las políticas

económicas o sociales. Ofrecemos, siempre, alternativas.

Lo hacemos en el Parlamento con nuestra Oposición constructiva frente a las leyes económicas y presupuestarias de la Comunidad Canaria, frente a las normativas que tratan de desregular la protección del

territorio o a las que no abordan suficientemente los problemas de la gente en sanidad, educación, vivienda o lucha contra la pobreza.

Y lo hacemos, asimismo, en el Congreso de los Diputados, en cabildo y ayuntamientos; en las instituciones

donde gobernamos, volcadas en las políticas sociales, en el interés general, en el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas.

También en las calles, con nuestra activa participación en las huelgas generales contra las políticas económicas y laborales del Gobierno del PP, en las movilizaciones en defensa de los servicios públicos o de

los derechos de las mujeres, así como en la oposición a las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a

las Islas.

Nos encontramos inmersos en un proceso intenso que nos llevará hasta las elecciones del 24 de mayo. Un

proceso precedido de muchas horas de trabajo para elaborar programas y confeccionar candidaturas en los distintos ayuntamientos y cabildos, así como en el Parlamento.

Alimentados, también, por las jornadas participativas, por los encuentros abiertos que hemos llevado a cabo

sobre Fiscalidad y servicios públicos, Juventud, Sector Primario, Modelo de Desarrollo, Energía y Modelo turístico. Así como con la aportación de cada una de las personas y organizaciones que conforman nuestro

Frente Amplio.

Este largo proceso de reflexión y trabajo nos confirma, una vez más, la convicción de que es posible hacer

otra política. Dirigida a la defensa del interés general frente al de unos pocos.

Defendemos que el actual ciclo político está acabado por su evidente fracaso en lo económico y en lo social. Su herencia es una sociedad fracturada y empobrecida donde lo único que ha crecido es la miseria y

la desigualdad.


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2. CAMBIAR LA ECONOMÍA Y LA FISCALIDAD: PARA EL CRECIMIENTO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO

A finales del 2010 describimos la dramática situación que sufría Canarias y señalamos que las recetas neoliberales impuestas desde la Troika y asumidas por los gobiernos de España y Canarias conducirían a una

profundización de la crisis y al empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría social.

Insistimos en que estas políticas estaban asentadas sobre razones de naturaleza ideológica y que no eran producto de una respuesta justa y racional a la crisis provocada por la ambición desmedida de los llamados

mercados y de los especuladores.

Así, hemos asistido a una dramática etapa bajo el dogma de la austeridad y los recortes. Receta de

pensamiento único que ha acusado auténticos estragos sociales: destrucción de empresas, pérdida de

empleos, reducciones salariales y más de un 11% de trabajadores pobres, empeoramiento de los servicios públicos, inversiones casi insignificantes por parte de las administraciones, etcétera.

Algunos datos que confirman esta grave situación:

SITUACIÓN ECONÓMICA

1.- Datos de paro según la EPA (último dato, primer trimestre de 2015): 30,8%

Número de parados al finalizar 2014 en Canarias: 343.500

Siete puntos por encima de media estatal (23,78%)

Superando en 20 la media europea

2. Parados de larga duración:

- En marzo de 2015 hay 234.400 parados de larga duración, lo que supone el

68,24% del total.

Por tanto, se han incrementado los parados de larga duración en más de 63.000, un 38%, en estos tres años y medio. Ello supone pérdida de las ayudas por desempleo e incremento de la

dificultad para volver al mercado laboral, especialmente los mayores de 45 años.

3. Paro juvenil.

En marzo de 2015 el paro juvenil asciende al 56,49%.

Esto supone más de cinco puntos por encima de la media estatal (51,36% de paro entre los menores de 25

años).

- Es decir, seis de cada diez jóvenes canarios están en paro.


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4. Parados registrados que no reciben ninguna prestación:

134.371, con datos del reciente febrero, lo que supone un 51,73% de los parados registrados en

los Servicios de Empleo.

5. Pobreza:

El porcentaje de hogares con carencias materiales severa es del 8,5%, 2,3 puntos más que la media española (6,2%)

Tasa de pobreza del 35,5% una de las más altas de España. Y en el marco de una sociedad muy desigual.

Seguimos ocupando lugares de cabeza en desahucios de vivienda habitual, tanto en el caso de las hipotecas

como el de alquileres.

Nueva Canarias apuesta por una política diametralmente opuesta, dirigida a estimular la demanda, impulsar la inversión desde las administraciones públicas, incrementar el gasto social, favorecer la circulación del

crédito… para generar empleo de calidad a través del impulso a la economía productiva.

Este cambio de la acción política es imposible si no obtenemos los recursos para impulsar la financiación de

las grandes obras y servicios públicos o de las políticas estratégicas que son determinantes para ayudar a

recuperar el crecimiento económico y el empleo.

Para ello es imprescindible:

UNA POLÍTICA FISCAL JUSTA Y PROGRESIVA EN VARIOS FRENTES

- Persecución del fraude fiscal: el sindicato GESTHA ha puesto de manifiesto el gigantesco

fraude fiscal en España (aproximadamente el 24% del PIB) que en Canarias es mayor en casi cinco puntos porcentuales, alcanzando el 28,7%.

Este sindicato ha puesto en evidencia que reduciendo en diez puntos en Canarias el fraude fiscal y laboral se recaudarían 1.530 millones de euros para la Hacienda Pública y 516 millones por

cotizaciones sociales. Defendemos, en consecuencia, una política pública integral contra el fraude

fiscal. La Agencia Tributaria Canaria debe contar con potentes estructuras de análisis, evaluación y persecución del fraude. Y debe operar en coordinación con la Agencia Estatal; esta debe establecer

acuerdos internacionales para perseguir el fraude, la evasión de capitales y combatir los paraísos fiscales.

- Mayor proporcionalidad y justicia del sistema tributario. Al margen de que

proponemos una profunda reforma fiscal en el plano estatal (que es determinante: impuesto de sociedades, IRPF, etcétera), en nuestro territorio defendemos una mayor progresividad en relación

con las competencias en fiscalidad de la Comunidad Canaria.

Por ello hemos propuesto un mayor esfuerzo fiscal a las rentas más altas (a partir de 90.000 euros

de base liquidable) y mayor progresividad al impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas (a

partir de 750.000 euros), así como subir los tipos incrementados del IGIC vinculados al consumo de lujo.

Hemos insistido, además, en la necesidad de crear un impuesto sobre las estancias

turísticas. No es razonable que el sector de mayor crecimiento en Canarias no participe en


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mejorar la competitividad del destino, la promoción y la renovación de las infraestructuras

turísticas.

Esta medida está implantada en la práctica totalidad de los países europeos o en ciudades del mundo con gran afluencia turística. En el caso español, Cataluña la aplica con éxito desde noviembre

del año 2012.

Hemos propuesto una muy moderada tasa de 1 euro por persona, excluidos los menores de 12

años. La cantidad recaudada sería distribuida al 50% entre la Comunidad Autónoma y los cabildos y

ayuntamientos turísticos.

La recaudación, con carácter finalista, deberá destinarse a actuaciones de mejora de la actividad

turística y de preservación de nuestros recursos naturales.

UNA NUEVA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Ha sido una denuncia constante de Nueva Canarias la injusta participación de Canarias en la

financiación autonómica en relación con el resto de las comunidades del Estado.

Tras la aprobación en diciembre de 2009 del nuevo sistema de financiación –entre el Gobierno

estatal del PSOE y el Ejecutivo canario de CC-PP-, Canarias ha venido perdiendo más de 800

millones de euros anuales por este concepto. Un daño enorme para nuestros intereses y, especialmente, para los servicios públicos esenciales y para la obra pública, que se financian

básicamente por este procedimiento.

Es esencial que nos coloquemos en la media de financiación por habitante del conjunto de las

CCAA. Para lo cual es preciso que el Gobierno de España abra un proceso de reforma (un clamor

en el Estado) que hasta ahora se ha negado a acometer a pesar de la evidencia del trato injusto y desigual que recibe Canarias.

Reclamando, asimismo, los recursos del desaparecido ITE para dedicarlos a políticas sociales y de empleo.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Y CUMPLIMIENTO DEL REF

Los Presupuestos Generales del Estado deben dar respuesta a las condiciones específicas de Canarias y a su grave situación de desempleo. Esto es lo que se perseguía, en buena medida, con el

Plan Canarias de 2009, luego incumplido en la práctica totalidad de sus apartados.

Es, además, reiterado el incumplimiento de los preceptos del REF por parte de los distintos gobiernos españoles. situación que ha alcanzado su cenit con el actual Ejecutivo del Partido Popular.

El daño infligido a nuestros intereses supera los 200 millones de euros/año a los que debe sumarse el conjunto de incumplimientos del Gobierno de España con Canarias a lo largo de la legislatura:

más de 600 millones de euros perdidos en convenios de carreteras, 42 millones anuales por la

desaparición del PIEC o 52 para la renovación de las ciudades turísticas. Y así, un largo etcétera.

Un incumplimiento generalizado de los aspectos económicos del REF que, lejos de ser una dádiva,

constituye un derecho de Canarias reconocido legal y constitucionalmente para compensar las


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circunstancias adversas que sufrimos por el alejamiento, la insularidad y la fragmentación de nuestro

territorio.

Son medidas económicas que impactan en la vida de los habitantes de Canarias. Estamos refiriéndonos a las políticas de ayuda al transporte de mercancías y personas (el descuento por

residencia). De las destinadas a la desalación de agua o las dirigidas a la producción de energía. Así como de las que tratan de impulsar las telecomunicaciones, tan relevantes para un territorio alejado

e insular.

Pero también nos referimos al Plan de Empleo -en una Comunidad con un 30,8% de desempleados según la última EPA, la de marzo de 2015-, del acceso al crédito o de la internacionalización de

nuestras empresas. O a la inversión estatal destinada a la renovación de las ciudades turísticas obsoletas.

También a las inversiones en infraestructuras que, como señala el artículo 96 de la Ley 20/1991 del

REF, no pueden ser inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las comunidades autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen el hecho insular. El mejor

ejemplo lo tenemos en el insuficiente y ahora incumplido convenio de carreteras.

El cumplimiento de nuestro REF es, para NC, un elemento determinante en las relaciones

Canarias-Estado. No sólo por la necesaria renovación de sus aspectos económicos, sino para exigir

el cumplimiento de los preceptos del vigente.

Tras la aprobación a finales del pasado diciembre del REF fiscal desde Nueva Canarias señalamos

que aunque supuso un avance, especialmente al permitir que la RIC se pueda invertir en la

contratación directa de trabajadores y también por las sustanciales mejoras respecto a la Zona Especial Canaria (ZEC), este no debe ser mitificado.

En el mejor de los escenarios, colaboraría en la generación de 4.000 o 5.000 empleos anuales. Positivo impacto pero muy insuficiente en un territorio con más de 340.000 desempleados.

Cuando en el Parlamento de Canarias hemos aprobado las modificaciones del REF económico,

desde Nueva Canarias hemos señalado que el gran problema es el incumplimiento del mismo por los diferentes gobiernos españoles, fueran del PSOE o del PP. Aspiramos a su actualización pero ya

nos gustaría que simplemente se cumpliera el actual articulado.

El documento aprobado, fruto de un elevado consenso entre las organizaciones empresariales,

sindicales y políticas de las Islas, así como de sus universidades públicas, plantea como finalidad:

• Actualizar los aspectos económicos del tradicional REF de Canarias.

• Que se garantice que las limitaciones estructurales permanentes de Canarias, que la convierten en región ultraperiférica de la Unión Europea de acuerdo con lo dispuesto en el art 349 del Tratado de Funcionamiento, sean compensadas a través de políticas específicas y suficientes.

• Que se desarrolle un conjunto estable de medidas económicas y fiscales encaminadas a promover el desarrollo y la cohesión económica, social y territorial de Canarias, velando en particular por la efectiva atención de las necesidades derivadas de la doble insularidad.

• Que se fomente la internacionalización de la economía canaria a través de la promoción de Canarias como plataforma atlántica.


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En ese sentido, hemos solicitado que el Parlamento canario inste al Gobierno de Canarias para que

reclame del Ejecutivo estatal el cumplimiento de los aspectos económicos del REF contenidos en las

leyes 20/1991 y 19/1994 de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Unas leyes que se encuentran plenamente vigentes. Otra cosa, bien distinta, es que se estén incumpliendo

sistemáticamente.

Por otra parte, hemos insistido en que la actualización de los aspectos económicos del REF en

ningún caso deben estar supeditados ni condicionados ni vinculados por la imprescindible

modificación del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, cuya aplicación ha resultado tan perjudicial para nuestra Comunidad.

Es preciso blindar nuestro Régimen Económico y Fiscal cuando el Constitucional ha señalado que la Ley de Presupuestos Generales del Estado tiene mayor rango y no se puede subordinar a las leyes

del REF.

Hay que blindarlo de manera que el Gobierno central no pueda actuar de manera caprichosa a la hora de desarrollar y presupuestar esas políticas económicas esenciales para superar los hándicaps

de la lejanía y de la insularidad. Un blindaje jurídico que pasa, con toda seguridad, por su imprescindible inclusión en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución.

ENTE PÚBLICO DE CRÉDITO DE CANARIAS

Asimismo, hay que facilitar el impulso a la economía privada, la que genera la mayoría del empleo. Es

determinante que el crédito de la banca privada llegue a familias y pequeñas y medianas empresas. Y que lo haga en condiciones justas, accesibles y con garantías. El Estado debió plantear esas

condiciones en el momento en que se produjeron millonarias ayudas a la banca. Y no lo hizo.

Ante esta situación de contracción sostenida del acceso al crédito, que sin duda contribuye a la falta de financiación a la economía productiva, NC considera imprescindible impulsar, por

parte de las Administraciones públicas, el desarrollo de instrumentos financieros de carácter público y vocación de estabilidad, que apoyen al tejido

productivo canario para promover el crecimiento, la innovación y la generación de empleo en

las islas.

Las deficiencias en el funcionamiento del mercado financiero canario, que no realiza adecuadamente

su tarea más genuina como es la provisión de crédito a las empresas en condiciones accesibles,

aconsejan adoptar una medida de esta naturaleza, evitando o al menos minorando el riesgo de exclusión financiera de muchas actividades económicas en el Archipiélago por la falta de financiación

adecuada.

Por ello se propone constituir un Ente Público de Crédito de Canarias cuyo objeto deber

ser la financiación del sector productivo canario y, de manera especializada, para las pequeñas y

medianas empresas, las empresas de economía social, los autónomos y las personas emprendedoras en el tejido empresarial.

Entre sus funciones estaría actuar como instrumento de política de crédito público a

empresas no financieras, autónomos y otras entidades; coordinar y concentrar la gestión de los distintos instrumentos financieros y de crédito que hoy gestionan distintos departamentos del


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Gobierno canario y otras entidades dependientes de la CAC, evitando solapamientos y mejorando

la sinergia entre ellos; facilitar el acceso a los recursos financieros públicos y privados idóneos para

las necesidades de los diversos proyectos empresariales; impulsar la cooperación con otras entidades financieras tanto públicas como privadas de forma que mejoren el acceso al crédito de

los agentes económicos; participar como socio protector en la recién creada Sociedad de Garantías y Avales de Canarias (fruto de la unificación de las antiguas Sogarte y Sogapyme), de la

que el Gobierno canario es el principal accionista; etc.

Los recursos del Ente Público de Crédito de Canarias procederán, inicialmente, de las dotaciones de fondos e instrumentos financieros recogidos en el presupuesto anual de la

Comunidad Autónoma de Canarias; del patrimonio propio; de los recursos financieros que obtenga

de la Unión Europea, del Gobierno central, de instituciones financieras públicas españolas o internacionales o de otras entidades financieras públicas y privadas; y de préstamos o emisiones de

títulos de renta fija.

Este Ente Público de Crédito tendría más capacidad de intervención si se conveniara con el

Instituto de Crédito Oficial estatal que los créditos concedidos por esta entidad se vehicularan a

través de Ente Canario y no de la banca comercial como se hace en la actualidad. Sobre todo si se logra que el importe de la línea de mediación específica para Canarias que regula del artículo 22 de

la Ley 19/1994 de modificación del REF sea una cantidad significativa para hacer frente a la grave situación económica y financiera que vivimos. Recordemos que este artículo establece que “en

tanto el PIB per cápita de Canarias se sitúe por debajo de la media nacional, el Instituto de Crédito

Oficial tendrá abierta una línea de préstamos de mediación con tipos de interés preferente para financiar inversiones por parte de las pequeñas y medianas empresas domiciliadas en Canarias” y

que “el importe de la línea de préstamos, el tipo aplicable a la cesión de fondos por el Instituto de Crédito Oficial a las entidades de crédito (…) se determinarán por el Gobierno de la Nación en

función de la situación económica y financiera en cada momento”.

El nuevo Ente Público de Crédito de Canarias deberá colaborar con los objetivos de política económica que defina la CAC como prioritarios, singularmente intensificar los procesos de

renovación y modernización turística, las estrategias de innovación, el impulso de las energías renovables, el apoyo al sector primario y aquellos que faciliten la internacionalización de nuestras

empresas.

La actividad y actuaciones que desarrolle esta entidad deben dirigirse bajo los principios de máxima transparencia y publicidad con código ético estricto y de responsabilidad social en su gestión diaria.

Se deben fijar mecanismos de gestión que garanticen la independencia, la profesionalización y la experiencia.

La fórmula jurídica que tendrá este Ente Público será la que se valore más adecuada para el ejercicio

de sus funciones, pero en todo caso deberá posibilitar la obtención, si se decidiera, de la autorización administrativa (“ficha bancaria”) del Banco de España para poder actuar como entidad

financiera que pueda acudir a los mercados mayoristas de crédito.

Por este motivo en el Anteproyecto de Ley del Ente Público de Crédito de Andalucía, que se

redactó al final de la legislatura, se propone crear una sociedad mercantil del sector público, en

forma de sociedad anónima, con personalidad jurídica propia y autonomía de gestión económica y financiera.


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Por su parte el Parlamento de Cataluña aprobó en octubre de 2013 proponer al Congreso de los

Diputados la modificación de la legislación que regula las entidades de crédito para convertir su

Instituto Catalán de Finanzas (creado en 1985) en un “banco público”, dotándolo de su correspondiente ficha bancaria. Esta modificación permitiría a esa institución crediticia acceder,

según sus proponentes, a los mercados de capital internacional y también a las subastas de liquidez del Banco Central Europeo (BCE). Esta propuesta la hizo CiU y ERC y fue apoyada por el PSC,

Iniciativa y la CUP. En todo caso esta propuesta va más encaminada a defender la creación de una

“banca pública”, similar a la que existe en muchos “lander” alemanes.

PLAN CANARIAS

El conjunto de los sectores económicos de las Islas deben dirigir todos sus esfuerzos al crecimiento

y la generación de empleo, en un marco de sostenibilidad.

No es posible cerrar aquí el conjunto de políticas que influyen sobre el crecimiento económico y la

generación de empleo, toda vez que inciden, sin duda, políticas sectoriales que desarrollaremos en otros apartados de este programa.

Ello no obsta para que planteemos aquí la necesidad de un verdadero Plan Canarias por el

Empleo y contra la Pobreza, con participación de la Unión Europea y los gobiernos del Estado y Canarias, dirigido a sumar el conjunto de recursos y aportaciones disponibles desde el

Estado, los cabildos y ayuntamientos, el sector empresarial (en especial las pymes) para formular

políticas dirigidas a superar las insoportables cifras de desempleo.

Al mismo no pueden ser ajenas las entidades financieras que deben implicarse en la potenciación de

la actividad económica a través de instrumentos de responsabilidad social corporativa, de su participación en la fiscalidad y, especialmente, a través de favorecer la circulación del crédito.


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3. ORIENTACIÓN DE NUESTRO MODELO DE CRECIMIENTO HACIA LA SOSTENIBILIDAD

La crisis económica ha puesto en evidencia las debilidades del patrón de crecimiento económico seguido por Canarias y los problemas estructurales de nuestra economía: endeudamiento de empresas y familias

muy superior a la media estatal, falta de diversificación del sector turístico, enorme dependencia de las

energías fósiles, bajos niveles de productividad, escasa formación de la población, baja innovación empresarial, escasa presencia de sectores tecnológicos, crecientes problemas de movilidad y un nivel de

desempleo que nunca descendió de las 100.000 personas a pesar de la fase expansiva vivida desde 1993 hasta 2007, cifra de desempleados que hoy triplicamos con creces.

Al mismo tiempo este crecimiento no corrigió las desigualdades sociales y la existencia de bolsas de

pobreza que, con la crisis, en 2015 se sitúan en un tercio de la población según el INE. Otros efectos no deseados de esta gran expansión económica, alentados por la hipertrofia del sector constructor y por el

turismo, han sido el incremento poblacional, el excesivo consumo del territorio y el deterioro de nuestros recursos naturales.

Para resolver estos problemas debemos ir avanzando en la gradual reorientación de nuestro

modelo de desarrollo hacia la sostenibilidad, en sintonía con las recomendaciones de la Unión Europea, que desde 2001 aconseja poner en marcha en cada territorio adecuadas estrategias de

desarrollo sostenible.

Canarias lo hizo cuando en 2003, por unanimidad de su Parlamento, aprobó las leyes de directrices que, en

relación al territorio, apuestan por la conservación de los recursos naturales y de los suelos de interés

agrario, litorales y de valor paisajístico, considerándolos como recursos estratégicos para el desarrollo económico, la cohesión social y para nuestra identidad como pueblo. Y en cuanto al urbanismo en las

ciudades, promueve el ahorro en el consumo de suelo y la reutilización del suelo urbanizado, impidiendo la extensión y la dispersión residencial y desarrollando políticas activas de suelo y vivienda.

Es decir, pusimos en marcha una estrategia que combina crecimiento económico, preservación de los

recursos naturales y de nuestro patrimonio y bienestar y cohesión social.

A. POLÍTICAS TRANSVERSALES

IMPULSO DE LA CONECTIVIDAD ENTRE LAS ISLAS Y CON EL EXTERIOR

Los puertos y aeropuertos son esenciales para la conectividad entre las islas y entre estas y el exterior.

Respecto a los puertos, el modelo de gestión compartida entre Canarias y el Estado de los puertos de titularidad estatal ha demostrado sobradamente su eficacia.

Asimismo, hay que realizar un esfuerzo inversor en los puertos de titularidad de la Comunidad Canaria y que desarrollan una relevante función en la comunicación entre las islas, como el de Agaete, Playa Blanca o

Morrojable, actualizando sus infraestructuras.

Ya hemos manifestado nuestra absoluta oposición a las privatización de AENA por parte del Gobierno del PP. Insistimos en que los aeropuertos canarios constituyen un sistema aeroportuario integral que debe ser

excluido de las políticas aeroportuarias desarrolladas en el conjunto del Estado.


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Es lamentable que tengamos que insistir en que las circunstancias permanentes de alejamiento e insularidad

que definen a Canarias convierten a estas infraestructuras en estratégicas y, por tanto, no pueden ser

puestas en mano de agentes que responden a su propio interés y no al interés general de Canarias.

Para potenciar la actividad económica de las Islas es de fundamental relevancia disponer de unas modernas

infraestructuras y servicios de conectividad que faciliten la movilidad exterior de personas y mercancías.

Para ello proponemos establecer nuevas rutas aéreas que permitan mejorar la conexión exterior de las

islas. Por un lado para mejorar la posición competitiva de Canarias como destino turístico,

incrementando las ofertas y frecuencias con los países emisores tradicionales y estableciendo nuevas rutas de acceso a países europeos con potencial turístico emergente. Por otro lado, facilitando la posición

de algunas islas como hub de transporte aéreo para determinadas rutas internacionales vinculadas con el entorno geográfico del Archipiélago. En este segundo aspecto es muy conveniente establecer nuevas rutas

con las principales ciudades del África Occidental y algunas con el continente americano. Se trata, por

tanto, de potenciar a Canarias como nodo de tráfico aéreo entre Europa, África y América.

Defendemos que Canarias cuente con competencias en tráfico aéreo interinsular. Así como la implantación

de una Tarifa Única entre las islas para los residentes canarios, de manera que cueste lo

mismo un billete entre Tenerife y Gran Canaria que entre cualquiera de las islas capitalinas y las no capitalinas o entre estas últimas. Ayudando, por tanto, a la cohesión territorial de Canarias. Y estableciendo,

asimismo, una Tarifa Aérea máxima entre Canarias y el resto del Estado.

Por último, impulsar la conectividad es también mejorar la red de telecomunicaciones de las Islas. Desde

Nueva Canarias promoveremos el desarrollo de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones de

banda ancha que permitan mejorar la conectividad de las islas en términos de capacidad y precio mediante el establecimiento de nuevos cables submarinos de fibra óptica y facilitar la utilización de las

carreteras insulares para el despliegue de la fibra óptica por los operadores de telecomunicaciones, posibilitando que llegue a todos los núcleos habitados de Canarias.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN ( I+D+I)

De nada sirve el mejor y el más completo de los programas electorales si no es un contrato político con la ciudadanía. Y este, el compromiso con la I+D+i, es una constante que Nueva Canarias tiene asumido

en sus propuestas y en su práctica política por entenderlo esencial para la diversificación económica de

Canarias.

El balance de la apuesta por la I+D en Canarias en esta legislatura es bastante insatisfactorio a pesar de

algunos discursos engañosos.

a) Sobre el esfuerzo económico dedicada a I+D

El último Plan aprobado fue el Plan canario de I+d+i 2007-2010. En el año 2006 se logró en Canarias el

mayor gasto de I+D de la historia, medido como porcentaje del PIB, un 0,65%. El objetivo del Plan era lograr

en el año 2010 un porcentaje del 1,50% del PIB y la realidad es que bajamos al 0,62%.

Posteriormente el gasto en I+D no hizo sino disminuir, de forma que en el año 2013 (último año que

el INE ha publicado datos) se redujo al 0,50%, lejos del 1,24% de España y muy lejos del 3% que recomienda la estrategia Europa 2020. Además este año 2013 la reducción respecto al

año anterior fue del 4,0%, mientras que en España fue sólo del 2,6%.


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b) Sobre los recursos humanos dedicados a I+d+I

Según se recoge en la parte de análisis del Documento de la RIS3, en 2010 (último dato que proporciona),

“el número de personas que trabajan en este ámbito ha estado decreciendo en Canarias desde 2008. En

España ha estado creciendo desde 2007 si bien a tasas más pequeñas”.

Con ello adquiere más dramatismo el intento de desmembramiento y de despidos en el

Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), provisionalmente abortado por la presión de los trabajadores afectados, el apoyo de los sindicatos, de la ciudadanía, de la opinión pública y de algunos grupos

parlamentarios.

Para el año 2013, según los datos de la última Encuesta sobre actividades en I+D que publica el INE anualmente (la última es del 21 de enero de 2015) el número de personas que trabajaban en I+D

en Canarias ya sólo era de 3.481, con un descenso del 7,9% respecto a 2012 cuando en el

Estado la reducción fue del 2,6%

c) Pero la prueba del algodón de la importancia que este gobierno ha dado a la I+D+i

es su tratamiento en los presupuestos públicos.

En los últimos 4 años se ha reducido la partida pública dedicada a I+D+i de 204,8 millones

en 2009 a 82,7 millones en 2014, una reducción de 122,1 millones, es decir del 59,6%.

Y si se nos dice que la culpa es de la crisis y la obligada reducción de los presupuestos

públicos, acudamos a valorar la capacidad de ejecución del Gobierno de esta partida. Así en el año

2012 de los 167,3 millones presupuestados sólo han ejecutado 50,7 millones, es decir, un nivel de ejecución del 34% de lo presupuestado.

Nueva Canarias asume los siguientes como objetivos en el área de I+D+i:

✦ Menos cemento más talento. La inversión pública en I+D+i ha de tener como objetivo

básico el capital humano. La estabilidad profesional, las oportunidades de empleo, la calidad del

trabajo, la calidad de la formación han de ser las prioridades de las políticas públicas de I+D+i.

✦ Se aumentará la inversión pública en la formación de nuevos investigadores e investigadoras,

coordinando en esta materia el conjunto de organismos del sistema público de I+D+i y las universidades canarias.

✦ Carrera profesional. Se promoverán fórmulas regladas de acceso a la carrera investigadora,

marcadas por la transparencia, el mérito y la igualdad. Se primará una oferta reglada de plazas de formación investigadora en los centros públicos de I+D+i, se promoverá la movilidad internacional de los

investigadores y su retorno, así como una oferta pública de empleo en los centros de investigación en las

Islas. Se primarán los criterios de excelencia, mérito y flexibilidad en el desarrollo y progreso profesional de los investigadores y las investigadoras. Se consolidarán y se reforzarán las plantillas de investigadores

en el sistema público de I+D+i, en unas condiciones laborales dignas y de estabilidad, propiciando la convergencia en el estatus laboral de las plantillas en el conjunto de los centros de I+D+i de las Islas y

con los estándares europeos.

✦ Calidad y excelencia. Se fijarán sistemas de evaluación y certificación de la actividad investigadora, primando la capacidad para generar retorno social y redes de cooperación. La captación de talento

internacional ha de jugar un papel clave en la promoción de una ciencia de calidad en las Islas.


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✦ Internacionalización de la actividad investigadora en las islas. Se potenciará la

integración del sistema público de I+D+i canario en las grandes redes internacionales de cooperación

científica, propiciando la radicación en el Archipiélago de grupos de investigación de excelencia.

✦ I+D+i y colaboración para el desarrollo. Se propiciará la puesta en funcionamiento de

programas de cooperación para el desarrollo con países de nuestro entorno, con especial atención a la

formación de investigadores y tecnólogos de países empobrecidos.

✦ Ciencia para la igualdad. Se propiciarán políticas de incorporación de la mujer al tejido público y

privado de I+D+i, reduciendo la brecha laboral actualmente imperante entre mujeres y hombres en el ámbito de la ciencia. Se propiciará el acceso de la mujer a puestos directivos de gestión científica. Así

mismo, se abordará una estrategia global contra los límites físicos, sociales y culturales que limitan la

accesibilidad o excluyen a los discapacitados físicos de la actividad científica. Se luchará contra la discriminación LGTB subyacente o explicita en el ámbito de la ciencia.

✦ Vincular Ia I+D+i a las políticas activas de empleo, no solo orientadas a Ia formación de trabajadores sino a la creación efectiva de empleo. La I+D+i en Canarias se caracteriza por una

importante carencia de personal de apoyo a la investigación, con uno de los peores ratios europeos de

personal técnico por personal científico. Solo equiparar este ratio a la media española permitiría generar en las islas mas de 3.000 nuevos empleos de alta calidad.

Por otra parte, en NC consideramos que el Gobierno llevó al Parlamento la Estrategia de Especialización

Inteligente (RIS3) como un mero trámite, sin ninguna voluntad de generar acuerdos o buscar la

participación de los grupos de la oposición. LA RIS3 es un documento de buenas intenciones aunque con algunas graves ausencias de sectores

importantes, que no se corresponde con la gestión que en estos casi 3 años de legislatura el Gobierno ha hecho, especialmente sobre la I+D+i y el desarrollo de las TIC. Estos son precisamente los dos objetivos

temáticos que deben cumplir la RIS3 de Canarias, como condición ex ante para el acceso a los fondos

europeos en el periodo 2014-2020.

Nos parece bien que se presente a la Comisión Europea un documento elaborado según la guía propuesta

por ésta para poder acceder a los fondos europeos del próximo septenio pero no creemos que la RIS3 pueda cumplir ninguna otra finalidad, y mucho menos constituir "la agenda de transformación

socioeconómica de Canarias” como publicita el Gobierno.

Creemos que sobran estrategias “inteligentes” de esta naturaleza y lo que hace falta es un Gobierno inteligente que gestione bien las políticas sectoriales y especialmente la I+D y la financiación adecuada de las

acciones convenidas.

ENERGÍA

Para Canarias el desarrollo de un modelo energético orientado hacia el objetivo de alcanzar la máxima

soberanía energética con el mayor peso específico de las energías renovables es una cuestión estratégica.

Lamentablemente, no han evolucionado las cosas en esa dirección en estos años.

• Por una parte, el Gobierno de España ha desarrollado una política extremadamente agresiva a favor de los combustibles fósiles y en contra de las energías renovables. De hecho, la primera decisión del


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ministro Soria fue suspender las bonificaciones a las energías renovables, seguida de una ley de los

sistemas insulares que es una auténtica contrarreforma, así como generar incertidumbre en relación

con el proyecto Chira–Soria para generar energía hidráulica en Gran Canaria. Para muestra un botón: su empeño absolutamente delirante de favorecer las prospecciones petrolíferas en Canarias

en un ambiente de oposición manifiesta y claramente mayoritaria de la sociedad y las instituciones canarias.

• A su vez, el Gobierno canario, producto de su incompetencia y falta de compromiso en esta

materia, ha provocado que la penetración de las energías renovables en Canarias ascienda a un ridículo 6%.

Ambas políticas son absolutamente criticables y contrarias al interés general de Canarias que va perdiendo oportunidades para alcanzar el objetivo estratégico de lograr la máxima autosuficiencia

energética, sustentada en mayor medida sobre las energías renovables para lo cual nuestra tierra es

un auténtico paraíso.

En otro sentido, el debate sobre las prospecciones de petróleo ha atravesado toda

la legislatura. Tuvimos una posición clara: que era una decisión que correspondía a las

instituciones y al pueblo de Canarias. Defendíamos y defendemos que esta tierra se vuelque en las energías renovables para las que tiene las mejores condiciones a nivel mundial.

Ese debe ser el camino y no el de la implantación de un nuevo combustible fósil, el gas, que contamina, genera dependencia hacia el exterior y bloquea y limita el crecimiento de las renovables.

Exigimos al Gobierno que paralice la aprobación por decreto de las Directrices

de Ordenación Sectorial de la Energía (DOSE). Abriendo un profundo debate social y que este concluya con un gran pacto basado en las energías renovables tiene condiciones excepcionales.

RESIDUOS

Canarias ocupa el segundo puesto en generación de residuos por habitante y día. Y es, también, la

Comunidad Autónoma que elimina sin reciclar el mayor porcentaje de sus basuras.

En las directrices de ordenación se señalan entre los objetivos prioritarios en este ámbito: reducir la producción de residuos; incrementar su reutilización y reciclaje; minimizar los rechazos destinados a

vertederos; maximizar su valorización; asegurar el adecuado tratamiento de los diferentes tipos de residuos que se producen en las islas; establecer los requerimientos territoriales de las distintas

instalaciones para la gestión de residuos; y hacer efectivo el principio de quien contamina, paga. Objetivos

que, plenamente, compartimos.

Nueva Canarias está convencida de que hace falta una nueva política preventiva y eficiente en la

gestión de los residuos. En este sentido, apostamos por una gestión de los residuos basada en criterios de prevención, recogida selectiva así como recuperación y reciclaje.

NC se compromete a dar un impulso decidido a las políticas sostenibles de residuos que permitan

disminuir la producción de residuos, aumentar la recogida selectiva con el fin de acercarnos lo más posible a la media de la OCDE del 30%, así como impulsar la transformación de los actuales

vertederos en modernos ecoparques.


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Desarrollando, asimismo, los sistemas Integrados de Gestión de residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos, neumáticos, aceites y vehículos fuera de uso, con el fin de adaptarnos a la normativa europea

y de responsabilizar a productores y distribuidores en la recogida y tratamiento adecuado de dichos residuos; impulsando el compostaje de materia orgánica en todo el Archipiélago; y promoviendo

la realización de campañas de comunicación gubernamentales sobre residuos de manera más intensa.

AGUA

Las claves pasan por la política de ahorro, reutilización, desalinización, tratamiento de aguas residuales y

recuperación de nuestros mermados acuíferos.

En Nueva Canarias continuamos apostando por recuperar nuestra cultura del agua, un bien finito y, a la vez, frágil y que lo será más aún en el futuro. La gestión integral del agua es un problema que nos afecta a

todos y, por lo tanto es necesaria la sensibilización y la concienciación de todos a la hora de hacer uso de ella para evitar dilapidarla.

Esto obliga a que el uso del agua haya de ser optimizado. Es imprescindible realizar una gestión eficiente,

mediante la introducción de técnicas de ahorro de agua y de fomento de la reutilización planificada del recurso.

Entre otras medidas, seguiremos aplicando y desarrollando las actuaciones previstas en los Planes Hidrológicos Insulares. Proponemos, por otra parte, una estructura de tarifas en función del uso y la

cantidad consumida. Los consumos básicos han de estar subvencionados, los suntuarios penalizados.

Igualmente, planteamos un Plan de ahorro y eficiencia de la gestión del agua, fomentando el uso de las mejoras tecnológicas que permiten ahorros significativos (dispositivos de fontanería ahorradores, sistemas

eficientes de riego, etc.) a nivel doméstico, en el sector servicios y en el industrial. Y generalizar lo más rápidamente posible medidas de ahorro en el consumo de agua en los edificios e instalaciones

públicas. Proponiendo, asimismo, incentivos en las tarifas a aquellas instalaciones turísticas o industriales

que acrediten una mejora en el uso eficiente del agua.

Así como potenciar la sensibilización de la ciudadanía sobre el valor del agua y su coste ambiental,

energético y económico; preservar los ecosistemas y paisajes asociados a la presencia del agua, manteniendo el caudal ecológico; y recuperar y mantener la buena calidad de las aguas, maximizar el

empleo de las aguas residuales, convenientemente tratadas, e incentivar la articulación insular de las redes

de reutilización de aguas. Así como estimular, como recomiendan las directrices, la promoción y gestión supramunicipal de las instalaciones de tratamiento de las aguas, mediante mancomunidades, consorcios o

empresas insulares, como ya venimos haciendo en la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria.

Nueva Canarias, como ha expresado de forma reiterada, defiende la gestión pública del agua, frente al

fracaso de las privatizaciones en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

BIODIVERSIDAD Y PATRIMONIO NATURAL

Biodiversidad

Frente al discurso medioambientalista del Gobierno CC-PSOE su práctica ha sido bien distinta. Nueva

Canarias apuesta decididamente por la potenciación de nuestro patrimonio natural y su biodiversidad. La mayor riqueza natural de Canarias es su biodiversidad, representada por casi 12.000 especies de animales,

plantas y hongos, de las que más del 30% son endémicas. Nuestra Comunidad es una de las que cuenta con mayor diversidad biológica de todo el planeta y es un centro de endemismos vegetales de interés mundial.


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La conservación y gestión sostenible de la biodiversidad de las Islas es un objetivo que debe inspirar el

conjunto de intervenciones públicas.

Justo lo contrario de lo que han hecho los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, manteniendo la Ley 4/2010 del Catálogo Canario de Especies Protegidas e incumpliendo su compromiso de proceder a su

revisión.

Esta Ley no tiene otro objetivo que poder descatalogar los sebadales de Granadilla y facilitar la

construcción del puerto que allí se pretende.

Propondremos la reforma de esta Ley y la elaboración de un nuevo Catálogo sustentado en informes técnicos y científicos, de forma que efectivamente se proteja nuestra biodiversidad y, especialmente, las

especies amenazadas.

Con un planteamiento más ambicioso, también impulsaremos la elaboración y aprobación de la Ley de

Biodiversidad de Canarias, que sirva de instrumento de defensa de este importantísimo recurso natural y

que lo declare de interés público de acuerdo con el Convenio internacional sobre conservación de la Biodiversidad suscrito por la Unión Europea y el Estado español. También defenderemos medidas de

control riguroso y específico de la introducción de especies exóticas en el Archipiélago.

Entendemos que la biodiversidad no solo es un recurso pasivo que debemos proteger sino que también

ofrece unas grandes potencialidades como recurso económico que debemos aprovechar fomentando las

investigaciones básicas y aplicadas en múltiples campos (usos de productos naturales, biofarmacia, etcétera).

Patrimonio natural

También propondremos la elaboración y aprobación de los Planes de Uso y Gestión de todos los Espacios Naturales Protegidos, promoviendo la máxima participación social y en el caso de los espacios

habitados, como los Parques Rurales, diseñando estrategias compartidas con la gente que vive en dicho

territorio, de forma que supongan elementos de dinamización económica de las zonas rurales, al mismo tiempo que ecológicamente sostenible, superando antagonismos entre desarrollo económico y protección

de la naturaleza.

Asimismo, trabajaremos para recuperar, conservar y extender el cultivo de las variedades agrícolas locales

y las razas autóctonas de ganado como elementos de la biodiversidad agroganadera isleña. E impulsaremos

programas de conservación de la biodiversidad urbana y de las zonas agrícolas periurbanas.

La defensa de nuestro patrimonio natural también incluye hacer frente a los procesos de desertización que

sufren algunas de nuestras islas, como consecuencia de la deforestación y el abandono de la actividad agrícola. Defendemos políticas intensivas de repoblación forestal, con especies adecuadas a cada

entorno, así como medidas de ayuda para los productores de cultivos agrícolas extensivos. Estas medidas

permiten la conservación de la cubierta vegetal, reducen los procesos de erosión, facilitan la infiltración del agua de lluvia y la recarga del acuífero, así como la mejora del paisaje.

Cambio climático

Recuperación de la Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático con el fin de reducir el

conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% el 2020 y 80% el 2050, dotando a la

Agencia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático de medios y presupuesto necesarios para coordinar transversalmente dicha estrategia, fomentando los procesos productivos bajos en carbono en los servicios,

la industria, el transporte y la agricultura generando menos residuos.


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Reducir las emisiones en los sectores difusos (agricultura, construcción, servicios, movilidad, residuos,

instituciones y ciudadanía) por medio de acuerdos sectoriales y una fiscalidad verde.

Modificaremos el Catálogo de Especies Amenazadas que ha reducido la protección de 290 especies y ha desprotegido directamente a otras 29, eliminando el disparate legal que ha supuesto la creación de la

categoría “especies de interés para los ecosistemas canarios”.

Defensa de los animales

Aprobaremos un Plan Director de Gestión de los centros de recogida de animales abandonados o

perdidos con los recursos suficientes.

Apoyaremos a los municipios para el ejercicio de las competencias en relación con la aplicación de la ley y

las ordenanzas municipales para la recogida de animales, control de la exposición de los animales en los escaparates y el control del bienestar de los animales de su municipio.

Elaborar un Plan de Revisión de todos los zoológicos y parques temáticos con animales de Canarias, con el

objetivo de mejorar el bienestar de los animales y garantizar su función educativa, de sensibilización y protección de la naturaleza y biodiversidad. Se impulsará la adaptación de estas instalaciones para que

prioricen la conservación de especies en peligro de extinción y actúen como centros de rescate de animales salvajes.

Revisar y velar porque se cumplan las directivas europeas sobre bienestar de los animales de producción,

erradicando los métodos crueles y reforzando las medidas de inspección y vigilancia, controlando el transporte en condiciones y el sacrificio de manera indolora y de acuerdo con la normativa.

Apoyaremos las campañas de divulgación e informativas realizadas por las organizaciones de defensa de los animales, reconociendo su valor social y educativo.

B- POLÍTICAS SECTORIALES

PROTECCIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIOAMBIENTE

Una pieza clave para el desarrollo sostenible de nuestro Archipiélago es la forma en que deseamos ocupar y preservar nuestro territorio. La fragilidad de los sistemas insulares nos obliga a ser responsables

y no hipotecar el bienestar de las generaciones futuras.

Las vigentes Directrices de Ordenación General, aprobadas por unanimidad del Parlamento en abril de 2003, en relación al territorio, apuestan por la conservación de los recursos naturales y de los suelos de

interés agrario, litorales y de valor paisajístico, considerándolos como recursos estratégicos para el desarrollo económico, la cohesión social y para nuestra identidad como pueblo. Y en cuanto al urbanismo

en las ciudades, promueve el ahorro en el consumo de suelo y la reutilización del suelo urbanizado,

impidiendo la extensión y la dispersión residencial y desarrollando políticas activas de suelo y vivienda.

Nueva Canarias comparte estos principios que informan las Directrices y estamos convencidos de que es

posible, necesario y deseable combinar la protección del territorio y de los recursos naturales con el fomento de las actividades económicas necesarias para crear empleo y riqueza.

En la última década hemos vivido un proceso de desregulación en materia de medio ambiente y protección

del territorio, cediendo el Gobierno a presiones de minorías empresariales.


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Se inició con la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y para la Dinamización

Sectorial y la Ordenación del Turismo, en la pasada legislatura (2009), con el Ejecutivo CC-PP. Continuó con

la Ley de Modernización y Renovación Turística y con las leyes de Armonización y Simplificación Territorial (2014) y la de Inversiones Estratégicas (2015), con el Gobierno CC-PSOE, así como con la modificación de

la Ley Turística en abril de 2015, finalizando la legislatura.

Nueva Canarias se vio obligada a presentar una enmienda a la totalidad a la Ley de Armonización y

Simplificación del Territorio y de los Recursos Naturales, que supone una apuesta por la desregulación y que

sustituye la planificación urbanística por un urbanismo de proyectos. Se trataba de una demostración de que el actual Ejecutivo CC-PSOE continúa en igual línea que el anterior CC-PP de acabar con el consenso a la

hora de abordar estas leyes fundamentales para Canarias.

El conjunto de modificaciones legales, impulsadas por CC con el PP o el PSOE, tienen en común su afán

desregulador, la ruptura del consenso que siempre se había dado en materia de legislación medioambiental y

territorial y la discrecionalidad/arbitrariedad del Gobierno en la toma de decisiones.

Frente al discurso medioambientalista que el Ejecutivo ha puesto en primer plano en la oposición a las

prospecciones petrolíferas, la práctica ha sido bien distinta.

Y con graves incumplimientos, como las de no proceder a la revisión de la Ley del Catálogo de Especies

Naturales.

No ha sido la regulación la que ha impedido las inversiones. Con un marco regulatorio menos laxo se produjo un boom de las inversiones privadas y el continuo crecimiento económico de Canarias entre 1993

y 2008, año este último en que aparecen los efectos de la crisis económica que sufrimos en toda su intensidad.

Con una regulación más exigente que la actual no había barranco o playa sin grúas. Y, en lo público, se

hicieron carreteras, puertos, hospitales o centros de salud; ahora hay carreteras paralizadas, hospitales con sus obras sin terminar o colegios que son solo futuribles

Pretenden intencionadamente echar la culpa al sector público. Pero las razones de la retracción de las inversiones, privadas y públicas, se encuentran fundamentalmente en la crisis, la falta de crédito, la caída de la

demanda y los recortes; y no, como plantean, el marco regulatorio.

Consideramos, en este sentido, que hay que simplificar y adecuar la legislación territorial, pero sin proceder a la derogación de la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo, como algunos sectores

liberales están proponiendo, ni a desregulaciones suicidas que pondrían en peligro uno de nuestros principales patrimonios: el territorio y el medio ambiente privilegiado que poseemos. Por tanto, cualquier

reforma debe partir de la reafirmación de la ordenación del territorio como función pública, es decir, como

un campo en el que deben tener una importante presencia las administraciones públicas.

Es necesario un Pacto por el Territorio y volver a la senda del consenso y, si es posible de la unanimidad

parlamentaria, en la reforma de las leyes territoriales en vigor, como se hizo con la Ley de Espacios Naturales, la Ley de Ordenación del Territorio y la Ley de Directrices. Este consenso sólo ha sido roto

por los dos últimos Gobiernos: CC-PP y CC-PSOE.

Proponemos que exista una delimitación competencial más clara: la competencia territorial debe residenciarse fundamentalmente en los cabildos. Los Planes Insulares de ordenación (PIO) deben ser el

instrumento fundamental de la ordenación del territorio y de los recursos naturales de cada isla. Los


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ayuntamientos son responsables de la elaboración de sus Planes Generales de Ordenación. Y la legislación

básica la elabora el Parlamento.

También defendemos una COTMAC, como organismo suprainsular de control de la legalidad que, con participación de Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos y representantes de la ciudadanía, vele

por la legalidad y evite interpretaciones diversas y contradictorias de la legislación territorial y urbanística en los distintos planeamientos insulares y municipales.

TURISMO

Las Directrices de Ordenación del Turismo, aprobada unánimemente por el Parlamento canario en 2003,

tienen por objeto “inducir el cambio de los modos de producción y gestión de la oferta turística hacia un modelo de desarrollo turístico diversificado, diferenciado, competitivo y sostenible, que cubra las

necesidades actuales de los turistas y de la sociedad canaria, protegiendo y mejorando las perspectivas de futuro, y que proyecte una imagen de integración de la gestión de todos los recursos, de modo que queden

cubiertas las necesidades económicas, sociales y estéticas, manteniendo al mismo tiempo la identidad

cultural, el paisaje, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas vivos”.

Entre sus criterios básicos se encuentran:

a) La fijación de los límites razonables de crecimiento turístico y los aplicables a la clasificación y calificación del suelo turístico sobre la base de unos parámetros de calidad basados en los niveles de

infraestructura y la conservación del patrimonio natural, cultural y del paisaje insular, teniendo presente la

escasez de los recursos naturales, la fragilidad de los ecosistemas insulares, la evolución económica de cada isla y las expectativas sociales y laborales de la población.

b) El fomento de la renovación y sustitución de la planta alojativa inadecuada y la regeneración de la ciudad turística degradada.

c) La primacía de la calidad sobre el crecimiento cuantitativo y la orientación de la actividad turística hacia

los sectores más rentables, que comporten el incremento de la productividad por gasto, especialización y duración de la estancia, así como la creación de una oferta multitemática, diversa y amplia”.

Doce años después se han producido numerosos incumplimiento y una parte de las tareas planteadas por las directrices están lejos de haberse cumplido, como sucede con la renovación de la planta alojativa

obsoleta y la renovación de las ciudades turísticas, así como las vinculadas a los procesos de regulación de

las camas ilegales.

En el período reciente hemos vivido años de crecimiento en la llegada de visitantes que no han tenido

suficiente reflejo en el empleo. Pero ha supuesto el último año 13.900 millones de ingresos y ha sido el sector que mejor ha resistido a la crisis.

Las distintas leyes impulsadas por este Gobierno han ido eliminando de hecho los límites al crecimiento de

las camas turísticas. Instalando una especie de barra libre al gusto de los sectores más neoliberales. Y a pesar de la buena voluntad expresada por las leyes no se ha avanzado suficientemente en renovación.

Creemos que hay que moderar el crecimiento de nueva planta alojativa. En este sentido somos partidarios de límites cuantitativos y cualitativos del crecimiento alojativo con respeto al

modelo turístico de cada isla, con respeto al medioambiente y teniendo en cuenta lo que supone en

servicios e infraestructuras, en consumo de agua, de energía o generación de residuos.


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Por eso también somos firmes defensores de la necesidad de involucrar a las administraciones públicas en

las tareas de la rehabilitación de la ciudad turística que acompañen a la renovación de los establecimientos

turísticos privados.

El sector turístico va a seguir siendo nuestro motor económico porque se apoya en una

demanda de ocio que es creciente a nivel mundial, porque tenemos una gran ventaja natural en

nuestro clima y porque es intensivo en mano de obra. Pero es necesario mejorar su competitividad haciendo frente a la creciente obsolescencia de infraestructuras y del parque alojativo.

Para lograrlo hay cuatro tareas irrenunciables: la rehabilitación de la ciudad turística, la renovación de la planta alojativa, la diversificación de los servicios complementarios

al alojamiento y la formación del personal. Se trata de que el turismo, sin incrementar la presión

sobre el territorio, produzca mayores beneficios económicos, más y mejor empleo y mayor nivel de gasto. Aumentando el valor añadido por visitante antes que persistir en el incesante incremento del número

de turistas, no permitiendo que se clasifique ni un metro más de suelo para uso turístico.

Para ello es muy relevante avanzar en la diferenciación del destino Canarias (cultura, gastronomía, actividad

deportiva…) haciéndolo menos dependiente de las coyunturas internacionales y menos limitado al turismo

de sol y playa.

Otra tarea fundamental es lograr una mayor conectividad aérea del Archipiélago con el resto

del mundo, incrementado las ofertas y frecuencia de vuelos con los destinos turísticos tradicionales y estableciendo nuevas rutas de acceso a países emisores con potencial turístico emergente. Así como

manteniendo las bonificaciones de las tasas aéreas en el Archipiélago aprobadas por el Gobierno

central, tal como señala el artículo 4.4 de la Ley 19/1994 del REF.

También hay que potenciar la comercialización directa de nuestra oferta alojativa con los clientes de los

países emisores a través de internet y las nuevas tecnologías con el fin de disminuir el enorme peso que tiene en Canarias la contratación del paquete turístico con el touroperador y concertar mejores precios.

Además, es necesario realizar una acertada política de promoción del destino, coordinando los esfuerzos y

recursos de las distintas administraciones implicadas y los operadores privados.

Sobre la Ley de Renovación y Modernización Turística de marzo de 2015

En relación con nuestro modelo turístico, Nueva Canarias ha enmendado ala totalidad la reforma de la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística, impulsada por el Gobierno CC-PSOE, al considerar que

pone en peligro el futuro turístico de Canarias. Se vuelve al fracasado modelo de la oferta masificada y sin

cualificación. Sin límites para la construcción de hoteles comprometemos la calidad de la oferta y debilitaremos los procesos de renovación del destino turístico de Canarias.

Con esta PL del Gobierno de CC y PSOE, “se eliminan las limitaciones aún vigentes” a la construcción de nuevos establecimientos alojativos turísticos. En la práctica, se deroga lo poco que quedaba de la

popularmente conocida como “moratoria” turística.

Se pone así en peligro el éxito futuro de Canarias, como uno de los principales destinos turísticos europeos, al volver al fracasado modelo del incremento de camas en lugar de primar la renovación

continuada de la oferta y la ampliación de la oferta complementaria al alojamiento, destacando los atractivos y singularidades de las Islas.

La Ley de Renovación ya supuso permitir sin límite tanto los hoteles de cinco estrellas como las villas

turísticas, en el caso de estas últimas sin solicitar requisito de calidad alguno. Ahora, al margen de su


!21

categoría, se amplía la autorización para construir cualquier establecimiento, sin tener en cuenta la

categoría. Y con absoluta discrecionalidad decisiva por parte del Gobierno.

Con este planteamiento, el Ejecutivo acaba con las actuales y parciales limitaciones existentes para la construcción de plazas turísticas de nueva planta, con el añadido de que sean de calidad y ecoeficientes,

atributos que hoy se le supone a cualquier alojamiento turístico de nueva creación. Ya reglados en normativas estatales y canarias.

La nueva ley establece dos caminos diferentes para conceder la autorización a un nuevo establecimiento

alojativo: primero, el ya conocido de 5 estrellas y villas sin límite alguno; y ahora, en el caso de una instalación de categoría inferior a 5 estrellas -también sin limitaciones-, su autorización depende, hasta la

elaboración del Reglamento, de la decisión completamente discrecional del Gobierno, sin que se establezcan criterios objetivos definidos para tomar esta decisión, pues parece evidente que si cumpliera la normativa

de estándares turísticos y de estándares edificatorios debería concedérsele automáticamente.

El Gobierno CC-PSOE ha cedido a las presiones del PP y minoritarios sectores empresariales partidarios de desregular la actividad turística y que achacan en exclusiva la falta de dinamismo de la economía canaria a

la ‘maraña legislativa’ y al excesivo intervencionismo de las administraciones públicas sobre el libre funcionamiento del mercado. Algunos olvidan demasiado pronto que la crisis que aún padecemos la ha

producido ese ‘mercado libre’ que supuestamente sabía autorregularse y que generó la burbuja financiera e

inmobiliaria que arruinó a tantos países, a tantas empresas y a tantas personas.

Somos favorables a una regulación del sector turístico y rechazamos los cantos de sirena de los

desreguladores. Creemos que es necesario hacer ‘buena regulación’ poniendo en primer plano la defensa del interés general.

Creemos que hay que moderar el crecimiento de nueva planta alojativa orientando una parte de las

inversiones empresariales hacia la renovación. Somos partidarios de límites cuantitativos y cualitativos del crecimiento alojativo con respeto al modelo turístico de cada isla. Y, al tiempo, firmes defensores de la

necesidad de involucrar a las administraciones públicas en las tareas de la rehabilitación de la ciudad turística que acompañen a la renovación de los establecimientos privados para mejorar la

competitividad de nuestro destino.

La Memoria de Evaluación de la Ley de Renovación, presentada en el Parlamento canario en octubre de 2014, realiza una estimación de la necesidad de inversión pública en el espacio público turístico y sitúa la

inversión necesaria para estas actuaciones en 1.463 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno canario tiene presupuestado en el año 2015 para esa tarea de rehabilitación de núcleos turísticos sólo 15 millones

de euros. En cien años lograría el objetivo.

La rehabilitación de las ciudades turísticas es esencial. Y coadyuva a que el sector privado desarrolle la de los establecimientos turísticos, favorecidos por un entorno más atractivo y competitivo.

Por esta razón, NC ha presentado una Proposición de Ley para el establecimiento de una tasa turística (1 euro por visitante y día). Un tributo que pagarían nuestros visitantes, como sucede en muchas zonas

turísticas consolidadas del mundo, y cuya recaudación se destinaría al fomento de la rehabilitación de las

infraestructuras públicas turísticas y que estimamos puede suponer entre 70 y 100 millones anuales dependiendo del tipo de gravamen.

Una rehabilitación que contribuiría, además, a la generación de empleo directo y a la activación del sector de la construcción; que permitiría afrontar la renovación de las ciudades turísticas, la mejora de la

competitividad del destino, el impulso del turismo sostenible, responsable y de calidad, así como la


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promoción exterior, que son algunas de las tareas pendientes, junto con la imprescindible diferenciación del

producto Canarias

Algunos niegan esta opción asegurando que distorsionaría la demanda. Olvidan que en 2012, en plena crisis, el Gobierno estatal del PP subió un 43% el IVA turístico (del 7 al 10%) y que el Ejecutivo canario CC-PSOE

lo hizo en un 40%, elevando del 5 al 7% el IGIC turístico, Aumentando los precios mucho más de lo que supondría la tasa. Y ese 2012 y los siguientes han sido años de continuos récord en la llegada de turistas y

en el gasto de los mismos.

En definitiva, en NC seguimos defendiendo los límites cualitativos (mínimo cuatro estrellas) y cuantitativos al crecimiento en función del modelo turístico de cada isla, además de impedir la clasificación de nuevo

suelo para uso turístico. Apostando por la renovación, la diferenciación del destino Canarias, la mejora de la conectividad y la rehabilitación de las ciudades turísticas.

Oferta alojativa irregular

La casuística de la oferta irregular es tan compleja que se necesita abordar este asunto con una ley específica. Por eso, en el debate parlamentario de la Ley de Renovación y Modernización Turística,

propusimos una nueva Disposición Transitoria, que fue rechazada “la regularización y control de la oferta alojativa”. En ella se mandata al gobierno a hacer un informe en un año para estudiar la oferta alojativa

irregular, no reglada e ilegal y presenta un Proyecto de ley que la intente regularizar o eliminar dotando al

departamento competente con más instrumentos materiales y humanos.

Con ello reiteramos lo que ya la Ley de Directrices del año 2003 mandataba al Gobierno sobre este tema.

Así, la Directriz 32.2 señalaba: “La consejería competente impulsará la regularización de la oferta, mediante el perfeccionamiento de la regulación, la eliminación de la oferta ilegal y no reglada, y el establecimiento de

un sistema de seguimiento y control eficaz y suficientemente dotado de medios legales, materiales y

humanos”.

Se estiman en más de 100.000 las plazas que se encuentran en esta situación en las Islas. Es evidente que

en los últimos años nada se ha avanzado para frenar este fenómeno y, visto que finalmente apenas se aborda en la Ley y se rechazó nuestra propuesta, tampoco parece que se vaya a controlar en los próximos

años.

COMERCIO

Canarias cuenta con un importante tejido comercial, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, que emplea a decenas de miles de personas y que da respuesta a las necesidades de consumo de su

población. El sector ha sufrido importantes cambios en la última década, por la implantación de grandes cadenas de distribución, y por las modificaciones en los hábitos de consumo. Se trata de un sector

estratégico, tanto por su importante peso en la generación de riqueza y empleo, como por su relevancia a

la hora de articular de manera sostenible nuestros barrios, ciudades y pueblos.

Para los pequeños comerciantes de las islas, en buena parte organizados en empresas de carácter familiar, a

la complicada competencia con las grandes superficies se suma la dificultad añadida de la elevación de costes que supone el transporte a Canarias de los productos. Y, por el contrario, la ventaja de que sus

clientes potenciales no sólo son los residentes sino los millones de turistas que nos visitan anualmente.

Uno de sus retos es la modernización de sus empresas, adaptándolas y renovándolas de acuerdo con los nuevos tiempos, para hacerlas realmente competitivas y atractivas para los consumidores. Impulsando,

asimismo, las zonas comerciales abiertas y el comercio de proximidad.


!23

Por ello, proponemos que las administraciones públicas deben hacer los esfuerzos necesarios para apoyar

al pequeño comercio y favorecer en las comarcas y municipios las condiciones que permitan

alcanzar un nivel adecuado de equipamiento comercial en el que se garantice la armonización de los intereses generales de la población con los intereses de los comerciantes y sus trabajadores, para que estos

puedan conciliar su vida laboral y familiar, y para que el pequeño comercio no sea barrido por las grandes empresas con las que no puede competir en este y otros ámbitos.

Además, debido a la importancia de los comercios tradicionales en los núcleos urbanos el planeamiento

general deberá analizar la estructura comercial del municipio y establecer determinaciones zonales para las diferentes categorías de establecimientos. En particular, proponemos que se establezcan medidas

para fomentar la recuperación, mantenimiento y promoción del comercio tradicional en los centros urbanos y, especialmente, en los conjuntos históricos.

Industria

En el modelo económico canario el sector industrial tradicional ha tenido poco peso como consecuencia

de la fragmentación del mercado, escasez de materias primas, altos costes de la energía y los costes del transporte.

Aún cuando esas dificultades siguen existiendo es preciso tomar medidas que hagan que el sector industrial incremente su aportación al Producto Interior Bruto (PIB), especialmente en el ámbito de las industrias de

alto valor añadido. No podemos entender un modelo económico sostenible sin un dimensionado sector

industrial que signifique una cierta diversificación económica y que contribuya a dar peso a los sectores productivos en relación a los servicios.

En términos generales la industria canaria es de dimensión reducida y está destinada al mercado insular. Los subsectores más relevantes de nuestra industria son: producción eléctrica, refino de

petróleo y agua, industria agroalimentaria, tabaco, la industria auxiliar de la construcción y papel y artes

gráficas.

Consideramos que se han cometido muchos errores en el período reciente:

• El Gobierno ha abandonado, en la práctica, los objetivos fijados en la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias 2009-2020 (EDIC), aprobada en junio de 2009 por el Parlamento canario.

• En los Presupuestos canarios para 2015, el conjunto de los programas referidos al

sector industrial se reducen en 1,1 millones de euros (-10,0%), siendo el programa 421B “seguridad industrial y minera” el que más disminuye, concretamente se reduce en 3,1 millones (-76%).

• Otro ejemplo del olvido del sector industrial es que la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Canarias 2014-2020, aprobada en el pleno del 12 de marzo de 2014, no tiene nada que ver con la

Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, hasta el punto que ni la nombra.

• El Gobierno debe poner a disposición suelo industrial barato y cualificado. Y agilizar el desarrollo de los tres parques tecnológicos previstos (en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura) con los 150 millones

que ha ido transfiriendo el estado para este fin, una de las pocas concreciones de fallido Plan Canarias del Gobierno de Zapatero. Así como facilitar las transferencias de I+D al sector.


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SECTOR AUDIOVISUAL

El desarrollo de una industria audiovisual propia es un asunto estratégico de suma importancia para

Canarias. Por motivos culturales, al convertirse el audiovisual en la expresión creativa que mayor impacto

produce en la generación de referentes culturales e identitarios en las sociedades modernas.

Y por razones económicas, pues su desarrollo supondría una importante contribución a la modernización y

diversificación de la economía canaria, al tiempo que mejoraría la proyección internacional del Archipiélago.

En mayo de 2009, el Parlamento canario, mediante una Proposición no de Ley (PNL) aprobada por

unanimidad, declaró el audiovisual como sector estratégico e instó al Gobierno a su desarrollo y

consolidación. En los últimos años, el Ejecutivo ha dispuesto de herramientas y oportunidades para propiciar el desarrollo del sector. Pero las ha desperdiciado, con consecuencias nefastas para el sector, para las

empresas, para los profesionales y para Canarias en general.

En NC, hacemos nuestras las recomendaciones ya reflejadas en el Libro Blanco del Sector Audiovisual, en la

referida PNL del Parlamento canario o, incluso, en el último informe de perspectivas económicas de la

Confederación Canaria de Empresarios. Consideramos fundamental la implicación de las televisiones públicas y privadas en el desarrollo y potenciación del audiovisual canario.

Medidas imprescindibles son el apoyo a las inversiones en infraestructuras y tecnología como elemento esencial para mejorar la calidad de las producciones y la competitividad de las empresas; el

fomento de la producción y de la creación de obra audiovisual, con líneas de apoyo financiero que

aumenten la cantidad y la calidad de las producciones. Mayor y mejor aprovechamiento de los mecanismos de apoyo a la PYME canaria ya existentes; y el apoyo a la promoción exterior, la

distribución y la comercialización de la producción y los servicios audiovisuales de Canarias.

Igualmente, proponemos el fomento de la I+D+i y el acercamiento entre centros de investigación y

empresas; el fomento de la clusterización en el sector (agrupación de empresas innovadoras con ánimo

de mejorar su competitividad); y la preservación y conservación del patrimonio audiovisual canario, dotando a la Filmoteca de Canarias de los recursos humanos y materiales precisos para la consecución de

este objetivo.

Una RTVC profesionalizada y plural

En relación con la radio televisión canaria continuamos insistiendo en la necesidad de su democratización

para convertir este potente instrumento de comunicación y divulgación entre nosotros en garante de la pluralidad informativa, para lo cual es determinante la profesionalización de su gestión, que ha de ser

independiente de los intereses del Gobierno de turno.

Es por ello que hemos defendido la nueva Ley de la RTVC aportando enmiendas al texto por considerar

que se trata de un paso relevante para mejorar su calidad y lograr su necesaria independencia y pluralidad.

Hemos lamentado, y actuado en consecuencia, la perversión del espíritu de esta nueva Ley al tratar de imponer el resto de las fuerzas políticas del Parlamento canario un Consejo Rector que lejos de primar la

profesionalidad de sus miembros ha priorizado las cuotas partidarias.

Anunciamos oportunamente y en ello nos mantenemos que Nueva Canarias no va a asistir en silencio a

esta perversión de la Ley, por lo cual actuaremos con todas las herramientas a nuestro alcance para evitar

las maniobras contra la profesionalización de este importante servicio público.


!25

SECTOR PRIMARIO

La importancia que los nacionalistas otorgamos al sector primario va mucho más allá de su valor

económico, que lo tiene. También es un instrumento esencial para la conservación y promoción de nuestro

territorio y de nuestros valores identitarios y culturales, a todas luces esenciales para Nueva Canarias.

El sector primario tiene una serie de debilidades estructurales y de producción que dificultan su

competitividad (escasez de suelo y de agua, pequeña dimensión de las parcelas, especialización en pocos productos, bajo grado de autoabastecimiento y fuerte dependencia del exterior, etc.), pero su

importancia no puede ser medida sólo en términos económicos, en cuanto a su aportación al PIB canario,

sino por su papel en la producción de alimentos frescos, disminuir la dependencia alimenticia del exterior, fijar la población rural y la conformación de nuestro paisaje, así como por mantener los suelos

frente a la erosión.

Canarias necesita políticas específicas y suficientes de la Unión Europea y del Estado español para paliar la

desventaja estructural permanente derivada de la lejanía e insularidad.

En Canarias se detectan muchos vegetales y productos vegetales cuya introducción está prohibida, originando graves consecuencias para nuestros cultivos, daños irreparables para el ecosistema y una

disminución importante de los rendimientos e ingresos económicos de los agricultores. La asunción de competencias a Canarias en el control fitosanitario de puertos y aeropuertos es una prioridad para NC,

así como la implementación de medidas efectivas para el control de la importación ilegal de productos

agrarios.

Desde el Gobierno no se atiende con el empuje necesario la crisis que atraviesa el subsector del tomate:

no se aplican las ayudas contenidas en el Plan Estratégico del Tomate de Exportación aprobado en 2008.No se ha cumplido con las ayudas del POSEI adicional (ayudas de estado).

Solicitamos que las ayudas comprometidas en el POSEI Adicional y no abonadas íntegramente desde el año

2010 al 2013 al sector del tomate, ganadero y viticultor sean consideradas una deuda pendiente y sean pagadas en los próximos años. Y que se adelante el pago de ayudas POSEI comunitarias para todos los

sectores agroganaderos como se hace con el plátano.

Nos parece equivocada la reducción de la cofinanciación al Programa Desarrollo Rural-FEADER 2007-2013

solicitada por el Ejecutivo canario en el año 2009.

El Gobierno ha fracasado en regularizar las explotaciones ganaderas de las Islas que se comprometió en el artículo 5 de la Ley de Medidas urgentes.

Además, es necesario impulsar la mejora de los canales de comercialización de la producción agroganadera isleña, para reducir los costes de intermediación y llegar a los consumidores en las mejores condiciones

de precios posible. En este sentido proponemos propiciar modelos de contratos-programa entre

productores agrarios, administraciones y agentes comercializadores de las comarcas para favorecer la producción local y el consumo alimentario de proximidad. También defendemos fomentar la diferenciación

del producto local ante los consumidores (denominaciones de origen, indicaciones geográficas, sellos de calidad…) para facilitar su elección de compra de los alimentos locales.

El futuro de la ganadería en Canarias pasa por incrementar las ayudas al transporte desde la Península a las

Islas de productos para la alimentación del ganado. Habilitar polígonos ganaderos de medianas dimensiones y reconocerlos de forma expresa en las normas de ordenación del territorio y desarrollar la normativa,

que permita legalizar explotaciones, reubicar las que se han quedado enclavadas en núcleos de población o


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permitir otras nuevas “vinculándolas a la actividad”, mediante la creación de polígonos ganaderos y granjas

modelos de reducidas dimensiones alejados de las poblaciones o incluso en suelos con bajo grado de

protección ambiental.

Como una medida transversal para todo el sector agroganadero defendemos una política activa de defensa

del suelo agrario en los distintos planes de ordenación del territorio. Se trata de lograr los compromisos necesarios entre las administraciones autonómica, insular y municipal para conseguir planeamientos de

ordenación que faciliten y fomenten espacios dedicados a explotaciones agrícolas y ganaderas,

favoreciendo su implantación y desarrollo, así como la incorporación de nuevas generaciones.

También apoyaremos medidas destinadas a recuperar, conservar y extender el cultivo de las variedades

agrícolas locales y las razas autóctonas de ganado.

También proponemos impulsar un Plan Canario de Agricultura Ecológica, que tenga entres sus objetivos:

mejorar el nivel de conocimiento de los sistemas de producción ecológica y potenciar el asesoramiento, la

formación y el acceso de los agricultores jóvenes a la agricultura ecológica; potenciar una I+D específica en este sector; eliminar las trabas burocráticas que dificultan su extensión y difusión entre los agricultores;

aplicar beneficios fiscales para la agricultura y ganadería ecológicas; promover una red de comercialización efectiva, campañas que fomenten el consumo de productos ecológicos, etc. El desarrollo

de una agricultura y ganadería ecológicas generará un valor añadido que le permitirá competir con los

productos de importación.

PESCA

Tras la pérdida del caladero Canario-Sahariano, la actividad pesquera se ha centrado fundamentalmente en

la flota artesanal de litoral, produciéndose el efecto negativo de sobreexplotación de las ya menguadas

costas canarias. NC plantea incentivar políticas que protejan y recuperen paulatinamente el sector. Siguiendo dos líneas estratégicas principales: potenciar el sector pesquero artesanal y desarrollar las

tecnologías de cultivos marinos.

Hay que defender y proteger el sector pesquero artesanal de litoral. Potenciando las cofradías y la figura

del pescador profesional, evitando la pesca ilegal y la sobreexplotación, asegurando productos de consumo

de calidad. Impulsando la creación y protección de una red de reservas marinas en toda Canarias que asegure la continuidad de las riquezas pesqueras del Archipiélago, protegiéndolas de la sobreexplotación.

Un ejemplo de los riesgos que afectan al sector es la inaceptable reducción de la cuota de capturas del atún rojo, decidida por el Gobierno del PP y que NC continuará denunciando hasta su corrección otorgando la

cuota de captura que realmente nos corresponde, pasando del 2% actual al 10%.

Proponemos mantener las actuales ayudas europeas de compensación de los sobrecostes para la comercialización de los productos pesqueros más allá de 2013 y revisarlas para ser completada por una

serie de medidas de apoyo a la producción pesquera y acuícola local. También es necesario adecuar la infraestructura portuaria y refugios pesqueros existentes dotándolas de instalaciones frigoríficas

adecuadas, así como prorrogar las ayudas a la modernización de la flota.

Por último, hay que incentivar la piscicultura y la acuicultura, utilizando las mejoras tecnologías disponibles y, preferentemente, potenciando los cultivos en tierra por los riesgos de contaminación que suponen las

jaulas marinas. Respecto a esta última actividad, con un gran potencial de desarrollo en las Islas, defendemos la necesidad de establecer una adecuada planificación insular de la acuicultura que combine su implantación


!27

con la protección de los ecosistemas marinos: aplicando el criterio de precaución; con respeto a los

espacios naturales y los ecosistemas sensibles; primando especies con un menor impacto ambiental;

minimizando la contaminación generada, evitando que su implantación perjudique otros sectores como el turismo, etc.

DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

Canarias necesita diversificar su economía fomentando nuevas actividades empresariales poco consumidoras de suelo y de alto valor añadido. Desde NC impulsaremos programas que tengan como

objetivo la creación de empresas de base tecnológica e intensivas en conocimiento, como hemos expuesto

ampliamente en el apartado de I+D+i, que permitan la creación de empleos cualificados orientados a titulados universitarios y especialistas de formación profesional y que fomente la cultura emprendedora e

innovadora.

Se trata de facilitar la emprendeduría especialmente en iniciativas logísticas y tecnológicas vinculadas a

Universidades y centros de investigación. Hablamos de empresas del sector de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, industria audiovisual, actividades oceánicas y marinas, biomedicina,

biofarmacia, energías renovables, etc.

También es importante impulsar instrumentos financieros específicos para apoyar este tipo de empresas,

tales como desarrollar una oferta público-privada de Fondos de Capital Riesgo, Bonos de Innovación, Préstamos participativos, Redes de Inversores Informales, etc.

C.- INTERNACIONALIZACIÓN DE NUESTRAS EMPRESAS.

El potencial económico que alberga Canarias y su situación geográfica debe conducirnos a una nueva forma

de entender las relaciones con los países de nuestro entorno, en la que debemos asumir un papel protagonista en nuestra doble condición de vecinos y de frontera Sur de la Unión Europea.

Muchas de nuestras empresas tienen dimensión y estructura productiva suficientemente desarrollada como para desempeñar una cierta función de liderazgo en la estrategia de penetración en África y otros

continentes en los que Canarias ha mantenido su presencia a lo largo de la historia.

Es necesario que Canarias se dote de una política definida de relaciones con los países del África Occidental, de la Macaronesia y del Magreb, desde una actitud de cooperación y de ayuda al

desarrollo y también de internacionalización de nuestra economía facilitando la actividad exterior del empresariado canario más emprendedor.

Además, cuando hablamos de mercados potenciales generalmente pensamos sólo en la exportación de

bienes, pero nos referimos poco a la exportación de servicios.

Desde el punto de vista de una estrategia de colaboración para el desarrollo, Canarias puede ser

considerada como un enclave fundamental. Hemos desarrollado tecnologías de producción y organización que pueden ser ofertadas a las economías emergentes, tanto en producción agrícola

(agua) como industrial y en la prestación de servicios.

Hemos desarrollado un “know-how‟ aplicado a nuestras condiciones, unas condiciones muy similares a las que pueden darse en países como Marruecos, Cabo Verde y otros. De manera que estamos casi en


28

mejor situación para exportar tecnologías y servicios que para la exportación de mercancías, sin perjuicio

de que las empresas canarias deberían volver la cara hacia el continente africano y de que se

potencie el comercio de reexportación.

Consideramos, asimismo, que la internacionalización de nuestras empresas es un factor de crecimiento

clave, por lo que se considera necesario configurar instrumentos específicos que procuren una apertura hacia el exterior de las empresas canarias, lo que contribuiría a reducir nuestro déficit por cuenta

corriente, fomentaría la aplicación de economías de escala y coadyuvaría en el desarrollo de nuestra área de

influencia en el continente africano.

Para ello es especialmente necesario que se incentiven las conexiones de transporte aéreo y marítimo con

los países vecinos, en línea con lo expuesto en la Comunicación sobre las RUP COM (2012) 287 final, de 20.6.2012, relativo al “establecimiento de rutas aéreas y marítimas nuevas o más eficaces entre las regiones

ultraperiféricas y sus vecinos” incluyendo la posibilidad de “establecer requisitos de servicio para el

transporte similares a los de los contratos de obligaciones de servicio público con arreglo al derecho de la UE”.

Esta idea es la que defendía el Informe Solbes sobre las RUP y que finalmente se incorporó en la Comunicación COM (2012) 287 final: "Las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea: hacia una

asociación en pos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador".


!29

4. POTENCIAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Este ha sido un eje en el que hemos volcado gran parte de nuestra actividad política y parlamentaria. Hemos defendido los servicios públicos de sanidad, educación y de servicios sociales para evitar el

deterioro de la cohesión en una sociedad con tan alto volumen de paro y pobreza. En este sentido, también hemos defendido el mantenimiento del empleo público como forma de mantener la calidad de estos

servicios al mismo tiempo que se debe favorecer la eficiencia del sector público.

Junto al incremento del desempleo y la pobreza, las políticas neoliberales frente a la crisis han supuesto, también, un ataque a los servicios públicos, que han visto reducidos drásticamente su presupuesto y su

personal. Lo que ha tenido enormes consecuencias en la sanidad, la educación o los servicios sociales, deteriorando la cohesión social y reduciendo los niveles de equidad.

A lo largo de esta legislatura, nuestras enmiendas a la totalidad y parciales a los Presupuestos Generales de

la Comunidad Autónoma de Canarias (PGCAC) de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, así como a la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales (2012) y a la Ley de Crédito Extraordinario al PGCAC de 2013, han ido

destinadas a incrementar las partidas de ingresos para poder elevar la financiación de estos servicios y políticas públicas. El resto de los grupos prefirió la senda de la austeridad neoliberal que ha profundizado el

deterioro de lo público y contribuido a que la sociedad canaria sea hoy mucho más desigual e injusta.

La financiación autonómica que padecemos, gracias al acuerdo del PSOE estatal con el Gobierno de CC y de PP en 2009, hace que Canarias se encuentre 800 millones de euros anuales por debajo de la media

estatal. Circunstancia que, junto a la orientación de extrema austeridad de las políticas económicas, ha sido determinante en la descapitalización de la sanidad o la educación, con graves consecuencias para estos

fundamentales servicios públicos.

Estas políticas impuestas desde el Gobierno del PP y asumidas acríticamente por el Gobierno canario de CC-PSOE han supuesto la desaparición de miles de puestos de trabajo como consecuencia de las

restricciones presupuestarias y de las inaceptables tasas de reposición de los trabajadores públicos.

Esto implica no solo una pérdida importantísima de recursos humanos cualificados sino un deterioro

profundo de los grandes servicios públicos que ven reducirse sus plantillas y empeorar las condiciones de

trabajo de sus profesionales, dificultando que puedan desarrollar sus tareas con eficacia.

Además, una dimensión de los grandes servicios públicos es su capacidad de generar empleo de

cualificación media y alta, un empleo decisivo para dar respuesta a la demanda ciudadana en servicios públicos y la cohesión social, así como para evitar una mayor caída de los niveles de consumo.

EDUCACIÓN

Es preciso ofrecer una educación de calidad para toda la ciudadanía a lo largo de la vida. Garantizando la

equidad y la excelencia como fundamentos de la cohesión social y del progreso individual y colectivo. Formando ciudadanos y ciudadanas responsables y profesionales competentes. Reconociendo la labor

docente. Entendiendo que educar y formar no es un gasto sino una inversión.

El logro del éxito educativo (académico, personal, social y profesional) exige compromiso del profesorado, administraciones, familias y el conjunto de la sociedad. Para NC la educación es una trascendental

herramienta para construir un país vertebrado, solidario y próspero, constituyendo uno de los principales


30

ejes de su acción política. Debe constituir una prioridad inversora, una preferencia en la difusión y

participación social, una apuesta de consenso y una vía de reducción de las desigualdades sociales.

Las próximas legislaturas deben ser las de la calidad, la compensación de las desigualdades, la eficacia, eficiencia y excelencia del sistema educativo. A través de los grandes ejes que exponemos a continuación.

LA EDUCACIÓN, PRIORIDAD SOCIAL Y NACIONAL CANARIA

Apostar por la calidad de la educación canaria debe ser un objetivo prioritario del Gobierno. Mejorar la

calidad significa, junto a alcanzar buenos resultados, lograr un equilibrio entre la equidad y la excelencia. Para ello será necesario:

1.-Incentivar los proyectos de centros comprometidos con su entorno.

Para que dispongan de una mayor autonomía que les permita dar una respuesta contextualizada a su

realidad sociocultural y económica, así como un compromiso con el aumento del nivel formativo del

alumnado.

2.-Promover la formación inicial y permanente del profesorado.

- Elaborar planes de formación permanente del profesorado con el fin de facilitar su actualización didáctica y científica, mejorando con ello las respuestas a las necesidades del alumnado.

- Promover la innovación, investigación y experimentación pedagógica.

- Incentivar la formación inicial y permanente del profesorado en las NTIC.

-

PLAN ESTRATEGICO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PEAD)

1.-Impulsar la educación inclusiva, donde no se realice distinción alguna en razón de procedencia,

sexo, lengua, religión, discapacidad, sobredotación, origen social o cualquier otra condición, promoviendo así

la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Para ello se precisa:

- Orientar todas las decisiones políticas y técnicas al éxito escolar.

- Garantizar que todo el alumnado tenga acceso real a las competencias básicas, incluidos los

alumnos en riesgo de exclusión social, con necesidades educativas, los que abandonan prematuramente…

- Consolidar y divulgar las experiencias de pedagogía y enseñanza inclusiva llevadas a cabo con éxito en centros educativos de Canarias.

- Garantizando la financiación para la investigación e innovación en centros con modelos de

educación inclusiva e introduciendo en la formación inicial del profesorado los planteamientos inclusivos.

- Dotar a los centros de los recursos personales y materiales necesarios:

✦ Incrementando profesionales de apoyo a las NEAE (audición y lenguaje y pedagogía

terapéutica) y en equipos de orientación de zona y específicos.

✦ Incluyendo a profesionales de educación social como agentes educativos.

- Crear comunidades educativas donde cada estudiante sea valorado en todas sus capacidades como

fundamento esencial para el éxito escolar.


!31

- Promover que las actividades del aula y las extraescolares motiven el éxito escolar, la inclusión

social y la participación del alumnado.

- Personalizar la enseñanza a cada alumno dentro de su grupo ordinario.

- Mejorar la oferta de Becas y ayudas a la gratuidad de la enseñanza.

- Educación Intercultural.

2. Construyendo el éxito escolar.

- Desarrollar planes integrales para prevenir el abandono escolar prematuro así como el absentismo

escolar.

- Apuesta firme por medidas para compensar las desigualdades.

- Generalizar la oferta de la Formación Profesional Básica.

- Implementar Programas Integrales para compensar las desigualdades.

- En los centros que por su realidad socioeconómica y cultural sean de mayor vulnerabilidad se

establecerán planes específicos de actuación:

✦ Reducir la ratio a 15 alumnos por aula, en aquellos niveles, materias y situaciones concretas

de déficit que lo precisen.

✦ Incrementar los recursos para funcionamiento de los centros.

✦ Ampliar la dotación de profesores y profesionales del ámbito social.

✦ Ampliar profesionales en Equipos de Orientación Psicopedagógicos

✦ Fomentar la estabilidad de los equipos de profesorado.

✦ Implantar actividades que faciliten participación de las familias.

APOSTAR POR LA EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS

Las escuelas Infantiles contribuyen a compensar las desigualdades socioeconómicas y favorecen el éxito escolar futuro, sin olvidar su relevante papel en la conciliación de vida laboral y familiar. Proponemos:

- Creación y ampliación de la Red de Centros Públicos de Educación Infantil de 0 a 3 años para cubrir la demanda social, integrando en ella a las Escuelas Infantiles municipales y las de otras consejerías.

- Fomentar la escolarización temprana a través de una oferta pública de plazas (de 0-3 años) en

escuelas infantiles.

- Convenios con las administraciones locales para su gestión.

IDENTIDAD

Apostar por un modelo de escuela pública plural al servicio de la sociedad canaria, enraizada social y

culturalmente en su entorno, participativa, compensadora de las desigualdades e integradora de la diversidad, convirtiéndola el principal agente de construcción de la identidad.


32

- Contemplando la presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la

historia, la cultura y otros hechos diferenciales del Archipiélago, para que sean conocidos, valorados

y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura universal.

- Convirtiendo la formación inicial y permanente del profesorado en agentes activos en la

construcción de la identidad canaria.

- Fomentando todas las experiencias y proyectos que contribuyan a la construcción de la identidad

canaria entre el alumnado y las familias.

- Potenciar y desarrollar programas de educación de valores que nos distinguen: coeducación, educación sexual, educación para la salud, educación medioambiental, educación para la paz y

democracia.

- Apoyar a las Escuelas Rurales, apostando por las experiencias de innovación educativa y de

integración y progreso social de su medio.

GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO

1.La Formación Profesional es un valor estratégico para responder a las exigencias de la nueva

economía y fortalecer la cohesión social. El siglo XXI y el nuevo mercado laboral demandan una nueva FP que impulse el alternativo crecimiento económico basado en el conocimiento. Propuestas:

- Creación de un Observatorio de Formación Profesional

- Aumento de la oferta de plazas en los ciclos de grado medio y superior atendiendo las necesidades

del mercado laboral así como a la demandas de los jóvenes y adultos canarios.

- Ampliar la Red de Centros Integrados de FP.

- Coordinación entre consejerías de Empleo y de Educación y Agencias de Desarrollo Local,

posibilitando una planificación de la FP de acuerdo a la demanda del mercado laboral y a nuevos yacimientos de empleo.

- Crear servicios de información y campañas de difusión en relación con la oferta de Formación

Profesional y con el mercado laboral.

- Poner en marcha el sistema de cualificaciones profesionales, que fije los mecanismos necesarios para

evaluar y acreditar las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral y aprendizajes informales.

2.Potenciar la red pública de educación de personas adultas, facilitando el acceso a la titulación

básica y a otras enseñanzas postobligatorias.

- Implementar en cualquier proceso de formación y/o educación formal e informal el uso de las

lenguas extranjeras.

3.Enseñanza de idiomas. Diversificar y ampliar la oferta idiomática de las Escuelas Oficiales de

Idiomas, adaptándolas a la demanda de la población atendiendo a los distintos perfiles y necesidades de

los diferentes sectores sociales. Planes de acogida e inmersión lingüística para alumnado inmigrante.

4.Impulso y mejora de las enseñanzas artísticas: Canarias necesita una apuesta firme por el desarrollo

educativo, cultural y artístico de sus ciudadanos. Es necesario impulsar y apoyar las enseñanzas de música y de la danza, de arte dramático, de las artes plásticas y de diseño.


!33

5.Impulsar Planes de Lectura promoviendo el interés de niños y jóvenes por la lectura, mediante

dotaciones adecuadas en las Bibliotecas y el fomento del libro de lectura como apoyo al desarrollo del

currículo de las diferentes materias.

6. Desarrollando el bilingüismo en los centros educativos de infantil y primaria de nueva creación.

- Apostando por los programas de fomento de la educación bilingüe y por modelos plurilingües en

los centros educativos.

- Impulsando el estudio de idiomas extranjeros en la FP.

- Facilitando al docente la formación y el perfeccionamiento en idiomas.

7.NTIC y competencia digital. Vivimos en una sociedad absolutamente digitalizada, inmersa en una

revolución de las tecnologías de la Información y de la Comunicación. Por tanto este hecho debe

impregnar a la escuela, a los aprendizajes y a la metodología docente.

8.Potenciar y extender los Servicios Complementarios en todas las etapas educativas, teniendo en

cuenta el transporte escolar en Bachillerato y FP. Y potenciando la calidad en los comedores escolares.

UNA UNIVERSIDAD COMPROMETIDA CON CANARIAS

Las universidades públicas canarias deben ofrecer una formación adaptada a las necesidades de la sociedad canaria y con el máximo nivel de excelencia, garantizando la igualdad de oportunidades en su acceso y

apostando por los programas de Investigación, desarrollo e Innovación (I+D+I). Propuestas:

- Mantener la financiación de los contrato-programa.

- Renovar los indicadores de contrato en la línea de mejorar la igualdad de acceso a la universidad

pública, favoreciendo la inserción laboral de los/as titulados/as canarios/as dinamizando el sector económico.

- Incrementar la oferta de becas con el fin de facilitar el acceso a sectores de población con menos posibilidades económicas.

- Avanzar en el objetivo de alcanzar el 20% de titulados/as universitarios superiores y en Formación

Profesional.

- Apuesta por la contratación de profesorado estable y a tiempo completo.

ESFUERZO PRESUPUESTARIO PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

Para poder alcanzar resultados similares a los países de nuestro entorno debemos aumentar los

presupuestos educativos a niveles equivalentes a la inversión media europea. Es por lo que debemos:

- Aumentar progresivamente el gasto educativo público para alcanzar al menos el 5% del Producto

Interior Bruto de Canarias en educación.

- Crear una partida presupuestaria destinada a financiar de la Ley Canaria de Educación con un

aumento progresivo anual destinado a alcanzar los objetivos inversores de la Unión Europea 2020

en materia educativa.

- Este esfuerzo presupuestario debe traducirse en una inversión en infraestructuras educativas, que

resuelva las graves deficiencias que sufren muchos centros educativos en Canarias.


34

SANIDAD

En los últimos ocho años hemos asistido a la desidia del Gobierno de Canarias para hacer frente a los problemas de desarrollo y gestión de la Sanidad. Lo que ha llevado al desbordamiento de los servicios de

urgencia, inaceptables tiempos de espera para las primeras consultas especializadas o para la realización de pruebas diagnósticas o el abandono de la atención a la salud mental.

Una situación que determina que los canarios sean los que peor valoran la sanidad de todas las

comunidades autónomas. A lo que se unen las reiteradas quejas de los propios profesionales del sector.

Esta es una de las consecuencias de las políticas neoliberales que emanan de la UE y del Gobierno de

España asumidas silenciosamente por el Gobierno canario. Dada la gravedad del retroceso para el sistema nacional de salud, Nueva Canarias ha suscrito un compromiso con la mayoría de los partidos presentes en

el Congreso de los Diputados para restituir la sanidad universal en la próxima legislatura.

El retroceso en la calidad y cantidad de los servicios de la sanidad canaria es, por tanto, el resultado de las impuestas políticas de austeridad que han detraído miles de millones de euros de la sanidad pública. Con

graves efectos. Desde la reducción de personal médico y de enfermería al envejecimiento de los

equipamientos y el deterioro de las infraestructuras, pasando por la parálisis en el desarrollo de las instalaciones pendientes.

El retraso en los tratamientos oncológicos en las islas orientales. Las reiteradas protestas de los pacientes en Lanzarote. Lo que sucede con el hospital de Fuerteventura o con los hospitales del Norte y Sur de

Tenerife. Los problemas de saturación de las urgencias. La falta de una ágil respuesta a las reclamaciones de

los enfermos de hepatitis C. Las injustificables demoras en la realización de las pruebas diagnósticas y en las intervenciones quirúrgicas. Más de 80.000 personas se encuentran en espera de una prueba o una

intervención.

Todos estos elementos del deterioro sanitario tienen mucho que ver con las reducciones presupuestarias y,

también, con la falta de previsión y la mala gestión.

Las responsabilidades son compartidas entre los gobiernos de España y Canarias. Uno, el central, por sus brutales recortes; otro, el canario, por imitar las políticas de austeridad y planificar y

gestionar mal.

Defenderemos para recuperar la esencia de este servicio público fundamental un conjunto de líneas

maestras que orientarán el trabajo político de Nueva Canarias.

Con carácter inmediato es preciso que el próximo Gobierno canario desarrolle un conjunto de medidas vitales para recuperar las prestaciones sanitarias públicas en Canarias.

• Incrementar la participación de pacientes y familias en el sistema sanitario.

• Impulsar la atención domiciliaria aprovechando el aporte de las nuevas tecnologías.

• Integrar la atención primaria y la especializada.

• Potenciar los servicios sociales y sociosanitarios estableciendo mecanismos de conexión con el sistema sanitario.

• Devolver el derecho a la atención sanitaria a los que injustamente se les quitó y que hoy no tienen otra opción que acudir a las urgencias hospitalarias.


!35

• Avanzar en la participación de las farmacias comunitarias como parte del sistema sanitario,

contribuyendo además de la atención farmacéutica, al uso racional del medicamento y a la

educación y la prevención sanitaria.

La crisis que padece la sanidad canaria es superable financiándola adecuadamente, para que disponga de los recursos humanos y materiales que precisa. Así como gestionando mejor y escuchando a los profesionales y

organizaciones del sector.

Entre otras actuaciones:

• Financiándola adecuadamente, para que disponga de los recursos humanos y materiales que precisa.

• Recuperando, por tanto, los más de 400 millones de euros recortados en los últimos cinco años.

• Con una racionalización del gasto, mediante una asistencia planificada, la utilización de la estructura

sanitarias en jornadas de mañana y tarde, la potenciación de la Atención Primaria, el uso de los

procedimientos que hayan demostrado su eficacia y la centralización de compras de bienes y servicios.

• Implementando un Plan de Salud con suficiente ficha financiera, debatido y consensuado entre los profesionales, las organizaciones de usuarios y las formaciones políticas; un Plan que plantee

estrategias y reoriente los recursos a las necesidades de salud de la población.

• Implementando un Plan de Urgencias dimensionado.

• Con un Plan de Obras y Equipamientos que complete la Red de Centros de Salud, finalice los

hospitales en construcción y revise y actualice los equipamientos.

• Impulsando una política de personal que dé estabilidad a las plantillas, impulse la carrera profesional

y establezca un sistema de acceso eficaz y transparente que proteja a los profesionales residentes.

• Estatutarización del personal de salud pública Salud Pública y de las Direcciones de las Áreas de Salud

• Desarrollando una estrategia intensiva de lucha contra las listas de espera.

• Con una gestión más profesional y participativa.

• Estrategia de recuperación progresiva de los derechos sociales perdidos en los últimos años.

• Estableciendo un Fondo de cooperación Sanitaria, para la cooperación internacional al desarrollo en salud.

Un conjunto de tareas que se inscriben dentro del profundo cambio que precisa Canarias y que corresponderá impulsar al Parlamento y al Gobierno que se constituya tras las elecciones del próximo mes

de mayo.

POLÍTICAS SOCIALES

Una de las consecuencias más visibles e inaceptables de la crisis económica y de la injusta respuesta político-institucional a la misma es el dramático incremento de la pobreza entre amplias capas de la

población, que ha generado una desigualdad social escandalosa asociada al profundo deterioro de las

políticas de cohesión social y de protección de las personas más débiles.


36

Nueva Canarias ha realizado un esfuerzo relevante en escuchar a los sectores comprometidos (ONGs,

asociaciones e instituciones) que se ha traducido en un significativo número de iniciativas y propuestas en

todos los planos institucionales en que tenemos presencia.

- Medidas contra la pobreza

Hemos destacado la necesidad de incrementar sustancialmente el esfuerzo presupuestario para dar respuesta al deterioro socioeconómico y la fractura social que afecta a un tercio de la población canaria.

Nueva Canarias ha propuesto también la formulación de un Plan Canario contra la Pobreza que

debe incidir inicialmente sobre los más de 47.000 hogares canarios que no perciben ningún ingreso, mediante la aprobación de una renta básica para estas familias, con políticas

coordinadas y recursos del Estado, del sistema de Seguridad Social y de Canarias.

Resulta imprescindible actuar con urgencia sobre la población más desfavorecida y excluida a través de un incremento sustancial de las partidas de emergencia social.

Una medida que debe acometerse con urgencia es la de duplicar las partidas dedicadas a la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Por otra parte, denunciamos la negligencia del Gobierno de Canarias en la

gestión de la ya insuficiente PCI, ascendiendo el tiempo de tramitación a más de 200 días.

- Aplicación de la Ley de la Dependencia

El Informe extraordinario del Diputado del Común sobre 7 años de aplicación de la dependencia en las

Islas es demoledor, evidenciando su fracaso. También las críticas de otros organismos públicos (el SAAD del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales) y privados especializados (Asociación de directores y

gerentes de servicios sociales), así como los propios cabildos insulares, incluyendo los del mismo color

político del Gobierno. Baste decir que en contestaciones a las preguntas de nuestro grupo, el Gobierno reconoce que el tiempo medio de tramitación de un expediente de dependencia es de 323 días y que

existen más de 12.000 personas que teniendo reconocido el derecho no reciben el servicio o la prestación correspondiente.

Esto ha contribuido al fracaso en la gestión del Sistema. Como bien señala el IV Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia al valorar el desarrollo del Sistema, “aquellas Comunidades que

han contado con las entidades locales de su territorio haciéndoles partícipes de los procedimientos de reconocimiento del derecho de sus ciudadanos, y de la gestión de los servicios y prestaciones que se les

reconoce, arrojan mejores resultados que aquellas que han optado por modelos de gestión centralizados,

creando estructuras paralelas y prescindiendo de los servicios sociales de las entidades locales”.

Ese categórico suspenso que merece la aplicación de la Ley de la Dependencia en las Islas tiene su

traducción directa en el sufrimiento de miles de personas a las que se les conculcan gravemente sus derechos. No tiene excusa ni justificación posible; y constituye un ejemplo diáfano del pésimo Gobierno

que sufrimos, y no merecemos, los hombres y mujeres de esta tierra.

El Sistema Estatal de la dependencia (SAAD) ha reconocido las 8.000 personas dependientes atenidas por los dispositivos sociosanitarios de los cabildos, con lo que mejora estadísticamente la aplicación de esta

relevante ley en el Archipiélago. Pero seguimos estando en lugares de cola a nivel estatal y precisamos más recursos estatales y canario para avanzar de manera significativa en el próximo período.

Para modificar la actual y penosa situación, desde Nueva Canarias exigimos, en primer lugar, que el

Gobierno canario que salga de las urnas el 24 de mayo no repita los errores y dejaciones del actual y


!37

cumpla con sus obligaciones presupuestarias, destinando las partidas económicas a las que está

obligado para el desarrollo de la ley.

Asimismo, para lograr una mayor agilidad y eficiencia entendemos que los procesos de evaluación y de gestión de los servicios y prestaciones deben quedar en manos de los cabildos, que son los que tienen

competencias en este ámbito y son los que están en mejores condiciones para garantizar un correcto desarrollo de la ley de la Dependencia.

Consideramos que deben producirse modificaciones en la Ley de la Dependencia, respecto a la

participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones.

Para fijar la participación del beneficiario, se tendrán en cuenta factores como la edad, el momento de

aparición de la situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida de la persona, así como la distinción entre servicios asistenciales y de manutención y hoteleros.

Quedarán exentos de participación en el coste de las prestaciones aquellos beneficiarios cuya capacidad

económica personal no supere en 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

En ningún caso, la participación del beneficiario en el coste de los servicios superará el 60 por ciento

respecto al precio de referencia que se haya establecido para los mismos.

La participación en el coste de los servicios deberá garantizar a la persona beneficiaria al menos una

cantidad mínima para gastos personales que será del 40 por ciento del IPREM correspondiente.

Ningún ciudadano quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos.

Se precisa, igualmente, una nueva Ley Canaria de Servicios Sociales para dar respuesta a los nuevos retos

planteados en esta materia, estableciendo las estructuras, los recursos y las competencias de las distintas administraciones, atendiendo al principio general de descentralización de los servicios.

JUSTICIA

La falta de agilidad de la Justicia supone enormes perjuicios para ciudadanos y empresas. En ello concurren

una serie de factores: insuficiente nivel de informatización, carencias de personal, problemas de estabilidad de las plantillas de jueces… Todo ello contribuye a generar desconfianza en la Justicia,

un servicio público esencial para la calidad de la vida democrática, y a extender una sensación de

inseguridad.

En el caso de Canarias, la situación se complica con actuaciones como la sectaria negativa a incluir en los

Presupuestos de la Comunidad partidas destinadas al Partido Judicial de Santa Lucía, tal y como se había comprometido el Ejecutivo.

La Justicia tiene un papel fundamental en cualquier sociedad democrática: la de ser el garante de los

derechos y libertades de los ciudadanos. Para ello es necesario que la administración de Justicia opere como un auténtico servicio público, sujeto al principio de eficiencia y eficacia en el desarrollo de su

trascendental papel en la sociedad. Por ello, es preciso adecuar las infraestructuras judiciales a las necesidades actuales, desde la perspectiva de un servicio público esencial para la convivencia. Incorporando

las técnicas que aporta la sociedad de la información, esenciales para la optimización del funcionamiento de

este servicio.


38

La mejora y modernización de la Administración de Justicia en Canarias debe realizarse con la participación de

todos los profesionales y operadores jurídicos, las diversas Administraciones implicadas y los diversos

colectivos sociales.

Una mejora que exigirá, sin duda, la adopción de numerosas medidas. Entre otras las destinadas a frenar la alta

rotación de efectivos judiciales que sufrimos en Canarias. Así como al establecimiento de un nuevo sistema de financiación adaptado al coste real de los servicios existentes y al desarrollo de un nuevo modelo de Oficina

Judicial, apostando decididamente por la creación de cuerpos autonómicos para los funcionarios al servicio

de la Administración de Justicia, lo que garantizará una auténtica descentralización del servicio público de la Justicia.

Otros aspectos que consideramos esenciales son:

• El mantenimiento de los Partidos Judiciales en las islas no capitalinas y en las comarcas más alejadas

de Gran Canaria y Tenerife.

• La eliminación de las Tasas Judiciales que dificultan el acceso a la Justicia por razones económicas.

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

La seguridad de las personas y bienes, es uno de los valores que como sociedad defendemos y la

defenderemos con intención de construir un espacio de libertad, justicia y seguridad, donde las personas

que viven y visitan nuestras islas puedan disfrutar de un buen estado de bienestar y vivan en un entorno seguro.

Por ello, entendemos la seguridad pública desde una perspectiva de gobernanza pública, donde los

poderes públicos garanticen su prestación, la financien y controlen. Además, la entendemos bajo una óptica global que aglutine, tanto las políticas en materia de seguridad, como de protección y atención a las

emergencias, -también a las del mar-.

El sistema actual está inmerso en una profunda crisis, existe un gran deterioro, y se caracteriza por un

vacío de contenido, por profesionales insatisfechos y una absoluta falta de liderazgo por parte del Gobierno

de Canarias.

Este Gobierno ha igualado la política de seguridad con la de Hacienda, habiéndola ubicado en la

misma Consejería, por lo que ha entendido la seguridad de las personas como un problema exclusivamente económico y en caso alguno, como un valor para las personas que viven y visitan nuestras islas.

Ha aplicado todos los recortes posibles, reduciendo personal, despidiendo a profesionales competentes y

con experiencia. Ha anulado servicios, como la Academia Canaria de Seguridad. Ha disminuido servicios, como los helicópteros de emergencias. Ha despedido a personas de coordinación de servicios, incluso

eliminando a los enfermeros para coordinación sanitaria.

En definitiva, la política de seguridad en esta legislatura se ha caracterizado por la ausencia de acción y

han destacado las restricciones, la falta de liderazgo, la improvisación y el desplazamiento de los

profesionales. Aun con todo esto, el sistema se mantiene gracias a los profesionales y voluntarios que trabajan con esfuerzo y dedicación plena.

Por todo ello, hay que potenciar los recursos y especialmente a los mandos del sistema, creando una red de profesionales capaces de liderar el proceso de cambio hacia un sistema ágil, eficiente y que vuelva a ser

modélico en Europa. Es preciso profesionalizar la gestión, despolitizar las decisiones y crear una autoridad


!39

profesional reconocida. Es preciso potenciar los uniformes y reducir la intervención política a la mínima

expresión necesaria como autoridad y control público.

Ante este deterioro, proponemos:

Que la seguridad deje de ser una política exclusiva del Estado, para ser una política de consenso de las

Administraciones y los agentes sociales. Por tanto, el Gobierno de Canarias debe posicionarse como líder, catalizador e impulsor de una verdadera política de seguridad integral, que nos permita garantizar

una convivencia en paz, así como consolidar un espacio turístico seguro.

Para la Policía Canaria, ejercer todas las competencias que actualmente da la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a las Policías Autonómicas y exigiremos al Estado su financiación como en el resto de

Comunidades Autónomas. Mejoraremos el equipamiento, gestión y profesionalización de las Policías

Locales, como cuerpos capaces en el marco de la Policía Canaria.

Trataremos la formación como base de una buena cultura de seguridad, por eso introduciremos esta

materia en las escuelas. Además, potenciaremos una cultura de emergencias entre las personas que les permita autor responsabilizarse y actuar en caso de emergencia. Volveremos a crear la Escuela de Seguridad

Publica que se encargue de la formación de todos los agentes de seguridad y emergencias, tanto policía

como de emergencias, protección y salvamento marítimo.

Crearemos la primera Agencia de Seguridad Integral en todo el Estado que se encargue de dar

apoyo tecnológico tanto a la Policía Canaria como a los servicios de atención de emergencias -también marítimas-, también de la coordinación y optimización de todos los intervinientes, capaz de hacer

prevención, intervención coordinación y acreditación de todos los agentes de seguridad y emergencias.

Crearemos en todas las islas Servicios Insulares de Emergencia con el liderazgo de los Cabildos y apoyados por el Gobierno de Canarias, encargados de la prevención y protección contra incendios y

salvamentos marítimos, apoyados y complementados por la acción de voluntarios que permitan hacer un

proyecto sostenible económicamente y en el tiempo.

Trataremos las Urgencias Sanitarias como parte de un sistema integral de seguridad, manteniendo la

responsabilidad y autoridad sanitaria, pero en coordinación con otros cuerpos. De hecho potenciaremos, entre otras acciones, la implantación de espacios cardioprotegidos en las islas, así como helicópteros mixtos

sanitarios y de rescate que permita optimizar los recursos existentes actualmente.

En definitiva, queremos que Canarias, al igual que en otras materias, tenga su política propia de seguridad pública en la cual el Gobierno sea la autoridad pública capaz de acreditar, formar, coordinaran

y evaluar las actuaciones, evitando duplicidades y garantizarían una actuación eficiente y equitativa.

POR UNA FUNCIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y AL SERVICIO DE LOS

CIUDADANOS

Nueva Canarias se ha destacado a lo largo de la legislatura por su contundente

defensa de los servicios públicos; y de sus trabajadores, que han visto como, por parte de los

gobiernos estatal y canario, se recortaban sus salarios y empeoraban sus condiciones laborales. Reconocemos su profesionalidad que ha posibilitado el mantenimiento de muchos servicios pese a

los recortes en recursos materiales y humanos.


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Trabajaremos por una administraciones más modernas y profesionalizadas que ofrezcan los mejores

servicios a la ciudadanía.

• Planteamos una profunda reforma del funcionamiento de las Administraciones publicas canarias, a través de una nueva Ley de Función Pública, que compatibilice las respuestas a las demandas

ciudadanas con un sector correctamente organizado, con estabilidad laboral, funcionarización y carrera profesional.

• Defendemos una administración pública de calidad y al servicio de todos los habitantes de

Canarias, independientemente de la isla o la comarca de residencia. Que posibilite a los ciudadanos y ciudadanas un acceso sencillo, rápido y universal.

• Apostamos firmemente por la Administración electrónica, en la que se deben poder realizar la totalidad de los trámites, evitando desplazamientos innecesarios e igualando el acceso de los

ciudadanos y ciudadanas independientemente de su lugar de residencia.

• Una administración pública basada en criterios de eficiencia, transparencia, participación y proximidad. Con los menores requisitos burocráticos y con horarios de atención personal que den

respuesta a las necesidades de la gente.

• Es indispensable una mejora de la eficiencia en la gestión de los recursos públicos como forma de

legitimación de sector publico ante la ciudadanía. Se deben simplificar los procedimientos

administrativos, acabando con inercias injustificables que paralizan las decisiones, pero garantizando siempre la seguridad jurídica y el cumplimiento de la legalidad.

• Hay que facilitar el control y la transparencia de los contratos públicos por parte de los afectados y de la ciudadanía en general mediante el uso de las nuevas tecnologías, favoreciendo la elección

objetiva de las empresas adjudicatarias.

• Apostamos por una función pública dinámica y moderna, con trabajadores formados y motivados. Una administración flexible, que se adapta a los cambios sociales y las demandas ciudadanas y que

incorpora las ventajas de la sociedad de la información. Defensa de la figura del funcionario público en la tramitación de los expedientes como garante del cumplimiento de la legislación vigente.

• Pondremos en valor lo público y a sus trabajadores frente a los que denigran su relevante tarea por

afanes privatizadores y de negocio. Insistiremos en la dignificación del empleo público, que no es un lujo sino una necesidad para desarrollar sociedades más justas, como muestran los datos de las más

avanzadas del mundo.

• Defendemos el estricto cumplimiento del Estatuto del empleado público, con la convocatoria en

tiempo y forma de oposiciones. Su dilación en el tiempo produce un indudable efecto llamada,

perjudicando a los residentes en Canarias. Los concurso-oposición deben valorar en la fase de oposición la formación teórica y práctica de los aspirantes; y en la fase de concurso tener muy en

cuenta su experiencia profesional.

• En cuanto a las listas de contratación, estas deben actualizarse y hacerse de forma absolutamente

transparente, primando la experiencia y la formación profesional.

• Potenciaremos la carrera profesional de los empleados públicos, la justa remuneración y la correcta evaluación de su tarea.

• Impulsaremos la prevención de riesgos laborales en el sector, así como las actuaciones y planes pertinentes respecto a las agresiones a sus trabajadores.


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• Desarrollaremos medidas que mejoren la conciliación entre la vida laboral y familiar. Así como otras

destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades y la erradicación de conductas sexistas.

• Es preciso establecer un plan para recuperar lo perdido por los trabajadores públicos, que han sido víctimas de las políticas de recortes y austeridad.

• Hay que reducir la temporalidad en el sector y fomentar la formación continua de sus trabajadores.

• Y acabar con las limitaciones a la reposición que ha supuesto pérdidas de miles de puestos de

trabajo de personal eventual.


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5. POLÍTICAS DE COHESIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

POLÍTICA DE VIVIENDA Y MEDIDAS CONTRA LOS DESAHUCIOS

La política de viviendas no ha hecho más que empeorar en esta legislatura. Esto se observa en la tardanza en adjudicar las viviendas oficiales terminadas o rehabilitadas; en el engaño que ha supuesto la hipoteca

joven que aún no ha empezado a abonarse la deuda contraída con las personas a las que se las

concedieron; el retraso en el pago de las subvenciones a las entradas para adquirir una vivienda, etc. La guinda la ha puesto la absoluta desidia a adoptar alguna medida contra los desahucios, asunto sobre el que

ya en noviembre de 2011 presentamos una PNL que fue aprobada.

Sobre estos asuntos de la vivienda y los desahucios hemos desplegado numerosas iniciativas

y hemos formulado a través de enmiendas en la tramitación del proyecto de Ley de vivienda, mejoras

y propuestas para evitar los desahucios, que no han sido tenidas en cuenta por los grupos del gobierno.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los medios de comunicación siguen denunciando que

se continúan realizando desahucios en Canarias, a pesar del desmentido de la Consejería de Vivienda. Este es un drama sobre el que es prioritario continuar actuando en todos los ámbitos institucionales y, por

supuesto, en el Parlamento canario.

Insistiremos en la necesidad de aplicar las propuestas de resolución que formulamos en el último Debate sobre el Estado de la Nacionalidad y que fueron rechazadas:

• Exigir el cumplimiento de la Ley que modificó la Ley 2/2003 de Vivienda de Canarias para evitar las ejecuciones hipotecarias y los lanzamientos de viviendas en Canarias.

• Igualmente, impulsar el Registro de Viviendas Deshabitadas previsto en el artículo 97 de dicha Ley.

• Impulsar, asimismo, la creación de un fondo de prestaciones económicas de urgencia para familias que han contraído deudas en relación con su vivienda por impago de alquiler o préstamo hipotecario y que

se encuentren en situación de emergencia social.

• Poner en marcha un programa de mediación para evitar lanzamientos por impago de alquiler.

• Establecer un fondo de ayuda de emergencia hipotecaria y al alquiler por doce meses prorrogables para

familias en exclusión social.

Para dar respuesta a las 36.000 familias en espera de una vivienda es preciso desbloquear la política

restrictiva del Instituto Canario de la Vivienda que ha dilatado inexplicablemente los trámites administrativos para realizar las adjudicaciones.

Es de todo punto escandaloso que haya en las Islas cientos de viviendas de titularidad pública vacías.

Paralelamente, impulsaremos un Plan para la movilización del parque de viviendas privadas y para restaurar y/o reponer los polígonos deteriorados.

Se precisa, asimismo, un ambicioso Plan de Vivienda, en Alquiler y en Propiedad, de promoción pública.

La cuestión de la Hipoteca Joven supone un nuevo incumplimiento a corregir. Implantaremos las medidas

precisas para agilizar el pago de la deuda correspondiente a los planes de vivienda protegida y usada.


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FAMILIA

Consideramos a la familia como un ámbito esencial y vertebrador de la sociedad. Actualmente no existe un solo modelo de familia. La familia ha cambiado y presenta hoy distintas formas, manteniendo muchas de

sus características iniciales, como núcleo relacional y afectivo, pero en un marco más democrático y plural.

Desde los poderes públicos debemos proteger a las familias, para generar las condiciones que permitan

que los niños y niñas se críen en un ámbito de afectividad y respeto, de aprendizaje de derechos y deberes.

Para ello es muy importante avanzar en la conciliación de la vida familiar y laboral, muchas veces

imposibilitada por horarios que impiden compartir tiempo con nuestros hijos e hijas; a lo que se suma el todavía desigual e injusto reparto entre hombres y mujeres de las tareas domésticas y del cuidado de

los hijos. Dificultando que la paternidad y la maternidad sean vividas de forma plena. Y generando carencias

insustituibles en los pequeños, privados de la esencial relación con sus progenitores.

Nos comprometemos, por tanto, a apoyar al conjunto de las familias, con especial atención a las

numerosas, las monoparentales, las que tienen hijos/as discapacitados y las que tienen a su cargo personas mayores o dependientes. Igualmente, consideramos de gran importancia la lucha contra

cualquier forma de maltrato y la atención adecuada de los menores de familias desestructuradas o en

peligro de exclusión social.

MAYORES

Los efectos de la crisis también se han cebado sobre nuestras personas mayores. Nuestras personas

mayores han visto como retrocedía la aplicación de la Ley de la Dependencia, se congelaban sus pensiones

(en el caso de Canarias, las más bajas del Estado) y se instauraban repagos sanitarios.

Además, en un ejemplo de solidaridad, en muchos casos sus pensiones han servido para sacar adelante a

hijos e hijas que se quedaron sin empleo; y en otros tantos en sus casas acogieron a los que terminaron perdiendo sus viviendas.

Esta generación de personas mayores que vivió los efectos de la postguerra y que, con grandes sacrificios,

ayudó a construir una Canarias mucho más próspera, ha vuelto a realizar un enorme esfuerzo en la Canarias del 31% de paro y un tercio de pobreza.

Reivindicamos la recuperación del poder adquisitivo de sus pensiones y el fin de los repagos sanitarios, así como una adecuada aplicación de la ley de la dependencia. Y que el sistema sanitario se adapte a la nueva

realidad de mayor esperanza de vida, atendiendo adecuadamente a la cronicidad y aprovechando las nuevas

tecnologías de la salud.

Como hemos señalado en diferentes ocasiones, las personas mayores merecen todo nuestro afecto y

respeto. Mucho de lo que hemos alcanzado las generaciones más jóvenes se lo debemos a su esfuerzo y sacrificio en tiempos mucho peores. Queremos que hoy puedan desarrollar su existencia con la mejor

calidad de vida y con la máxima consideración por parte de todos.


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MENORES

El pasado mes de noviembre, coincidiendo con el XXV Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, fue suscrito el Pacto Canario por la infancia, con el compromiso del Gobierno de

Canarias, los partidos políticos con representación en el Parlamento de Canarias, la FECAM (Federación Canaria de Municipios), la FECAI (Federación de Cabildos Insulares), el Diputado del Común y como

promotor del mismo UNICEF Comité Español.

La práctica totalidad de los Ayuntamientos de la Isla y de los Cabildos Insulares, aprobaron mociones en sus plenos, con el que refuerzan el compromiso adquirido por sus respectivas federaciones. El Parlamento de

Canarias por unanimidad aprobó la Proposición No de Ley 8L/PNL-0383 sobre el Pacto Canario por la Infancia, a través del cual se compromete a la materialización de sus compromisos.

El Pacto Canario por la Infancia, pretende la mejora de las políticas públicas destinadas a los niños. Los ejes

del mismo inciden en mejorar el proceso de elaboración de las políticas de infancia mediante: la inversión, la coordinación, el diagnóstico, la planificación, la evaluación de las políticas y la participación.

Nueva Canarias asume con la mayor responsabilidad los contenidos de este Pacto, porque consideramos inaceptable que en nuestra tierra la tasa de pobreza infantil se sitúe en torno al 35% (aproximadamente

130.000 niños y niñas), es decir, ocho puntos por encima de la media del Estado.

Valoramos positivamente las propuestas relativas a esta materia formuladas por UNICEF, destacando el objetivo que compartimos de aprobar el II Plan de la Infancia de Canarias en la próxima legislatura.

MUJERES E IGUALDAD

Las mujeres han ido dando pasos firmes con su presencia cada vez mayor en las universidades, en las empresas y en la vida política. En este último aspecto, en Canarias y España se ha multiplicado el número de mujeres

presentes en las distintas instituciones, especialmente los ayuntamientos con cada vez mayor porcentaje de alcaldesas.

En el marco legislativo, en España también se han producido pasos muy relevantes, especialmente con la

aprobación de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en 2007, y, más recientemente, la Ley de Reproducción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que da mayores garantías

jurídicas tanto a mujeres como a profesionales sanitarios.

En nuestras sociedades desarrolladas las mujeres han alcanzado elevados niveles de igualdad, pero esta se

ve limitada por problemas aún pendientes de resolver. Entre ellos, la persistencia de diferencias salariales con

los hombres en los mismos trabajos, como han denunciado reiteradamente los organismos internacionales. En la UE, las mujeres ganan por término medio un 16% menos que los hombres, cifra que es ligeramente peor en

España (19%). Asimismo, las mujeres continúan mayoritariamente cargando con el peso de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos; y permanecen a nivel mundial en un segundo plano en el acceso a puestos

de dirección de las empresas.

Igualmente, la violencia de género continúa siendo una lacra vergonzosa que hace que cada año pierdan la vida miles de mujeres en todo el mundo, que millones vean cercenada su libertad y su dignidad. Aunque se ha

avanzado mucho en el ámbito legislativo y en la sensibilización de la sociedad sobre este problema, queda mucho por hacer para erradicarlo por la pervivencia de atávicas concepciones machistas.


!45

Es verdad que la legislación se ha endurecido respecto a los maltratadores. También que se han multiplicado

las campañas en que se moviliza a la sociedad contra el maltrato. Y que la sociedad es más sensible que lo

que lo era hace unos años. Pero todavía este problema, una de las grandes lacras de nuestra sociedad, sigue siendo percibido como un asunto menor por buena parte de la sociedad.

Por ello es preciso seguir trabajando desde todos los frentes: jurídico protección efectiva de las mujeres en situación de riesgo, policial, educativo… para minimizar la presencia de las ideas machistas, de menosprecio

a la mujer, que están detrás de los hombres que todavía ven a las mujeres como un objeto de su propiedad y

que cercenan su libertad, su integridad física y psicológica, y hasta su vida.

Avanzando, en definitiva, hacia una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres, donde vayan diluyéndose

los actuales y elevados niveles de violencia. Se trata, sin duda, de un compromiso que atañe a toda la sociedad y en el que no caben dilaciones.

Desde las instituciones y desde el conjunto de la sociedad habrá que persistir en ese camino por la igualdad de

derechos y por la igualdad de oportunidades. Una senda que exige el compromiso de todos para construir una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres.

El Área de Igualdad será considerada un área vertebradora de todas las políticas públicas

Diseñaremos Políticas Públicas trasversales, que promocionen la igualdad entre hombres y mujeres, aplicando

la perspectiva de género en todas las Instituciones y en todos los ámbitos (presupuestos, vivienda, formación,

empleo, educación, sanidad, ….), de manera que dicha de perspectiva se incorpore en todas las políticas públicas y a todos los niveles.

Para NC, el cumplimiento estricto de la legislación en materia de igualdad será una de las prioridades.

Diseñaremos y aplicaremos planes de formación en igualdad y corresponsabilidad en todos los centros

docentes, haciendo hincapié en el fomento de relaciones sanas y en igualdad entre los jóvenes y adolescentes.

Aplicaremos políticas activas de empleo tendentes a erradicar cualquier tipo de discriminación laboral o sexual, con implicación directa de las Administraciones Públicas y las empresas privadas.

Apoyo y fomento de la economía social y laboral, favoreciendo entre otras medidas cooperativas laborales de mujeres.

Se realizará un análisis del grado de cumplimiento e impacto de los Planes de Igualdad, así como un impulso de

los mismos.

En relación a la lacra de la Violencia de Género, desde NC impulsaremos un Plan Canario contra la Violencia

de Género (dotado de ficha financiera); campañas de sensibilización y prevención, tanto en medios de comunicación como en los centros educativos, pues la mejor prevención es la educación y la formación. Se

potenciarán las redes de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género; potenciación de las redes de

acogida y centros especializados de intervención con mujeres víctimas de violencia; medidas que favorezcan la integración laboral de estas mujeres; obligatoriedad de contemplar los llamados pisos “puente” en los Planes

de Vivienda, priorizando plazas para mujeres en situación de vulnerabilidad; un mayor apoyo e implicación en el mantenimiento de la Red Canaria de servicios de atención, información y asesoramiento a mujeres víctimas de

violencia machista.

Defensa de los derechos sexuales y reproductivos, con diseño de políticas sanitarias, educativas y preventivas.


46

En este sentido nos hemos opuesto rotundamente a las modificaciones que el Gobierno del PP ha querido

introducir en la conocida popularmente como Ley del Aborto, por suponer una grave restricción de los

derechos de las mujeres.

JÓVENES

Los grandes problemas de los jóvenes canarios están vinculados a la formación, a las dificultades para el

acceso al empleo y, en consecuencia, al retraso en su emancipación, cuando no a un obligado regreso al

hogar familiar de partida a consecuencia de la crisis económica.

El primer y trascendental aspecto es mejorar los niveles de formación de nuestros jóvenes. No se puede

repetir el grave error de los momentos de gran expansión de nuestra economía, cuando miles de jóvenes se incorporaron al mercado laboral sin completar sus estudios, error que hoy pagamos con creces. La mayoría

forma hoy parte de la legión de parados con escasa cualificación y con difíciles perspectivas de reinserción

laboral.

La mejora de nuestro sistema educativo, la batalla contra el fracaso y el abandono escolar deben ser

prioritarias. Junto a ello, es imprescindible superar los actuales y escandalosos porcentajes de paro juvenil, combatiendo, al tiempo, la precariedad en el empleo juvenil y velando por la calidad del empleo de

los trabajadores jóvenes en todos los ámbitos de la contratación, salarios, promoción y condiciones

laborales. Arbitrando medidas que permitan la conciliación de la vida laboral y formativa a las personas jóvenes. Promoviendo el acceso de los jóvenes a becas y ayudas dirigidas a la inserción laboral y a la

continuidad de la formación, tanto universitaria como no universitaria.

Propuestas:

• Promoveremos la recuperación de la Dirección General de Juventud, como herramienta de

administración pública para la planificación y ejecución de políticas transversales, como colectivo afectado de manera especial por la crisis.

• Poner en marcha un Plan de promoción para emprendedores jóvenes en las áreas TIC e I+D+i.

• Promover la aprobación de la Ley Canaria de Juventud y potenciar el Consejo de la Juventud

Canaria.

• Recuperación del Carnet Joven Canario para menores de 35 años, donde se potencie el ocio cultural juvenil, con descuentos en museos, salas de exposiciones, cines, etcétera.

• Puesta en marcha de un Plan de cooperación e intercambio de experiencias destinados a asociaciones juveniles, con el fin de potenciar a las asociaciones juveniles existentes y potenciar la

creación de nuevas estructuras juveniles y el asociacionismo.

• Promover una ley Canaria de la emprendeduria y autoempleo joven. Donde se facilite un marco legislativo que inviten a la juventud a iniciar proyectos empresariales sin temor a no triunfar. En

dicha ley garantizar el asesoramiento y el apoyo a los jóvenes, y promover un régimen impositivo especial para los jóvenes donde en los primeros años se bonifique la parte impositiva y fijar los

impuesto autonómicos en tramos según años de antigüedad del proyecto y tramos de facturación.

• Crear espacios públicos autonómicos de coworking.

DEBATE SOBRE LEGALIZACIÓN DEL CONSUMO DE MARIHUANA


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• Nos comprometemos a promover en el Archipiélago el debate sobre la legalización del consumo de

marihuana, una decisión tomada en el encuentro con los jóvenes de la organización nacionalista

durante el tercer foro de debate organizado el 20/12/2014.

• Este debate ya está ampliamente superado en muchos lugares, ¿Qué nos impide estar a la altura de

los retos de nuestro tiempo y entorno? Vivimos en una sociedad amurallada de prejuicios. Ante todo esto, tenemos delante de nosotros la oportunidad de estar a la altura de las circunstancias,

alejándonos de moralismos y acercándonos a la realidad social. Abriremos este debate en la

sociedad y agentes sociales.

• Nuestro compromiso es "superar" la sociedad "amurallada de prejuicios en la que vivimos". Así,

Canarias se uniría a este debate que ya se ha visto en los parlamentos de Cataluña y País Vasco, además de ser una cuestión que se ha regulado o sentado jurisprudencia en numerosos estados de

Estados Unidos, y en otros países como Argentina, Uruguay, Reino Unido o Australia.

DEPORTES

El deporte no puede quedar limitado a su práctica profesional, en la que Canarias ha dado

destacados deportistas en las diversas modalidades, con proyección estatal e internacional. Es preciso

vincular la práctica deportiva a la extensión de modos de vida saludables y estimular la incorporación a la misma del conjunto de la población. Queremos que toda la ciudadanía, a cualquier edad, pueda acceder a

instalaciones deportivas de calidad, atendidas por profesionales especializados; sin olvidar las medidas destinadas a facilitar a las personas con discapacidad la práctica de actividades deportivas.

El deporte base debe contar con programas de apoyo preferente, que incluyan la adecuada formación de

sus monitores o entrenadores en todas las modalidades, no sólo en los aspectos técnico-deportivos sino también en valores y en la adecuada preparación por su relevante papel educador con nuestros niños

y jóvenes.

Asimismo, consideramos que las administraciones públicas de las Islas deben potenciar el conocimiento y

estimular la práctica de los deportes autóctonos, desde la lucha canaria al juego del palo, desde el salto del

pastor a la bola canaria o la vela latina.

No hay que olvidar que los deportes autóctonos se encuentran en franca inferioridad respecto a deportes

de ámbito internacional, con más proyección mediática y más apoyos económicos, y es nuestra obligación proteger esta parte importante de nuestro patrimonio como pueblo, evitando su desaparición; para lo

que se deben establecer sistemas de mecenazgo e incentivos fiscales a las empresas que

patrocinen estas actividades. En el terreno de su promoción deben jugar un papel decisivo la televisión pública y el propio sistema educativo.

Es preciso recuperar las partidas presupuestarias detraídas en los últimos años. Especialmente, las destinadas a facilitar el desplazamiento de los deportistas y clubes federados entre las islas y entre estas y el

resto del Estado, cofinanciadas entre Gobierno canario y Consejo Superior de Deportes.

También, disponer de recursos para la realización de eventos deportivos de nivel estatal e internacional. Asimismo, debemos potencias una mayor conexión entre turismo y deporte, convirtiéndose este último en

un valor añadido en el producto Canarias.


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DISCAPACIDAD

Aunque se han producido enormes cambios, todavía persisten las barreras, visibles o invisibles, físicas y de comportamiento, que siguen vulnerando los derechos y frenando la plena integración de las personas

discapacitadas. Se trata, por tanto, de continuar llevando a cabo una acción múltiple destinada a sensibilizar a la sociedad y luchar contra los prejuicios y discriminaciones, desde el más profundo respeto por la

diferencia y el reconocimiento de las capacidades y aportaciones de esas personas.

Es preciso combatir los prejuicios e inercias que siguen impidiendo que las personas con discapacidad puedan desarrollar su vida en un marco de libertad, de plena integración y de posibilidad de desarrollar

todas sus potencialidades, enriqueciendo su vida y enriqueciéndonos a todos con su aportación a la sociedad en todos sus ámbitos.

Para ello es preciso que se considere la discapacidad como vector transversal de atención preferente en

todas las líneas de acción política del Gobierno de Canarias. Y que se produzca una actuación decidida por parte de la Administración Pública desde la aparición de una discapacidad, estableciendo la atención

necesaria para cada caso, sin que ésta quede condicionada al grado de preparación o conocimiento de sus familias.

Igualmente, proponemos el establecimiento de programas específicos para favorecer una formación laboral

adecuada, así como una integración ocupacional posterior; adaptar todos los centros educativos y deportivos para que no supongan un obstáculo para los menores con discapacidad; apostar por un sistema

educativo inclusivo, que refuerce su autoestima y desarrolle su personalidad y aptitudes; y apoyar la adaptación de viviendas, posibilitando el acceso normalizado de las personas con discapacidad.

Asimismo, hay que ser rigurosos en el cumplimiento de la legalidad respecto a la supresión de barreras

arquitectónicas o de comunicación, al igual que con la normativa que obliga a la cuota de reserva de plazas de trabajo y, de manera especial, el cumplimiento de la cuota relativa al empleo público.

DERECHOS DE GAYS Y LESBIANAS

Nueva Canarias defiende en todos los ámbitos institucionales y en el conjunto de la sociedad la plena

igualdad de derecho de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Combatiendo cualquier forma de exclusión educativa, laboral o social por razones de orientación sexual.

Defendemos para todas las parejas de hecho, hetero u homosexuales, todos los derechos que se derivan de

la convivencia matrimonial.

Consideramos, asimismo, que el sistema educativo canario debe jugar un papel relevante en la superación de

la marginación de los homosexuales y la prevención de comportamientos homófobos. Para ello, al tratar el ámbito afectivo y sexual, lo hará desde una concepción amplia que incluya las distintas identidades sexuales.

Hemos apoyado decididamente la Proposición de Ley de No Discriminación por motivos de identidad de

género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, presentada por los cuatro grupos del Parlamento de Canarias, recogiendo una propuesta que ya había sido presentada en la legislatura

pasada por los colectivos LGTB y que nunca llegó a ser debatida en la Cámara.


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Nueva Canarias considera imprescindible garantizar el derecho de las personas transexuales a recibir una

atención integral de las administraciones canarias en los ámbitos educativo, sanitario o laboral, para que

estén en condiciones de igualdad con el conjunto de la sociedad.


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6. CULTURA

Para Nueva Canarias el derecho de los y las canarias a acceder a los progresos intelectuales de la sociedad, a disponer de los beneficios materiales de sus producciones creativas y a participar activamente en el

devenir cultural de la comunidad, deriva de la necesidad humana de expresarse y compartir simbólicamente valores y creencias. Es un derecho humano. Una condición para la vida digna. Es un derecho impostergable.

Los derechos culturales son la institucionalización de este impulso expresivo inherentemente humano y su

materialización es responsabilidad de los poderes públicos democráticos. La política cultural debe garantizar la asignación de recursos suficientes para proveer mayores niveles de bienes y servicios culturales para una

justa distribución de capacidades que asegure una ciudadanía protagonista de su vida cultural.

A pesar de la crisis económica, los espacios de intercambio cultural se continúan ampliando. También se

amplía, y aumenta su peso en el conjunto de intercambios mercantiles, el mercado de la cultura. Es un hecho

sobradamente constatado que la competitividad de un territorio cada vez es más dependiente del modelo de gestión de su dimensión simbólica. La cultura es un vector inestimable para el desarrollo social y

económico de nuestra tierra.

Estas tres consideraciones inspiran la propuesta electoral de Nuevas Canarias: el desarrollo de una acción política que garantice los derechos culturales individuales y colectivos de las y los canarios de todas las

islas, anclado en el reconocimiento de los Derechos Humanos, redistribuidor y generador de poder cultural ciudadano y activador de procesos de desarrollo que contribuyan a la superación de la crisis social,

económica y política que padece Canarias.

PROPUESTAS

La cultura en la reforma del Estatuto de Autonomía.

El insuficiente tratamiento de la cultura y de las consiguientes obligaciones de los poderes públicos en materia cultural es una razón añadida para acometer la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. NC

defenderá la incorporación de “un bloque cultural” que garantice la materialización de los derechos

culturales de la ciudadanía canaria y el blindaje del servicio público cultural canario.

Financiación pública suficiente.

El gasto cultural autonómico en los últimos ocho años, aún en etapas de expansión presupuestaria, ha sufrido recortes continuados que han llevado al Gobierno de Canarias a incumplir sus compromisos y

obligaciones en materia de cultura. NC defiende, de acuerdo con lo expresado por diferentes

organizaciones del sector cultural canario, que el gasto cultural autonómico alcance, a final de la próxima legislatura, el 1,2% del gasto liquidado total y que el grueso del incremento de dicho gasto se destine a la

creación y difusión cultural. NC entiende que el incremento debe ser escalonado, gradual y verificable. Para ello articulará un dispositivo mixto (con participación de la sociedad civil) de seguimiento y control de la

implementación de este compromiso.

Actualización del Plan Canario de Cultura y proceso participativo.

NC ha defendido al Plan Canario de Cultura como el marco para ejercer la responsabilidad pública en

relación con la cultura en concierto con todos los agentes implicados en el desarrollo de cultura canaria.


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Pero el Plan Canario de Cultura apenas se ha implementado desde su aprobación. NC defiende la puesta en

marcha, en el primer año de la próxima legislatura, de un proceso de revisión y actualización del Plan

Canario de la Cultura desde una vocación integradora y de consenso para convertirlo en un instrumento útil para todos los niveles de la administración pública y para el sector privado de la cultura de las islas.

Profundización democrática del Consejo Canario de la Cultura

NC propone un nuevo modelo para el Consejo Canario de Cultura, más democrático, menos

gubernamentalizado, con menor discrecionalidad de los cargos unipersonales, con más autonomía

administrativa, con mayor presencia de la sociedad civil y con competencias y funciones adecuadas que permitan postular al Consejo como espacio de participación y co-decisión efectivo para consensuar el

desarrollo de las políticas culturales canarias. NC propone, así mismo, adscribir el Consejo Canario de Cultura al Parlamento de Canarias.

Centralidad de la cultura en la acción gubernamental

La cultura en general y el sector cultural en particular puede y debe incrementar su centralidad en la acción gubernamental para dar respuesta a los principales retos de Canarias. Retos que derivan de la necesidad de

definir nuevos espacios de desarrollo económicos basados en la excelencia, la creatividad y el alto valor añadido que deben tener consecuencias en la diversificación económica.

NC se propone superar la obsolescencia de la estructura administrativa cultural autonómica –inadecuada

para el obligado enfoque integral, estructurante y transversal de las políticas culturales modernas- por un modelo de acción gubernamental que integre el eje creatividad-cultura-innovación-desarrollo.

Pacto de coordinación interadministrativo para la provisión de bienes y servicios culturales

Para racionalizar la administración cultural pública, para que gane en eficacia y eficiencia y para

contrarrestar los efectos más lesivos para la provisión de servicios culturales de proximidad de las leyes antimunicipalistas del PP, NC propone un pacto entre ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias

basados en la cooperación y la clarificación de la distribución de competencias y funciones.

Activar la cultura como factor de cohesión social y equilibrio territorial

La cultura debe y puede jugar un mayor papel en tanto que factor de reequilibrio territorial. Esto pasa por

una concepción del acceso a la cultura y la expresividad como derecho de la ciudadanía canaria, sea cual sea su lugar de residencia. NC propone establecer unos estándares mínimos de dotación de recursos culturales

en todo el territorio que garanticen la igualdad en el acceso y desde el respeto a las singularidades territoriales.

Del mismo modo, la cultura puede y debe dar respuesta al reto de la cohesión social. NC pondrá en

marcha, con cabildos, ayuntamientos, FECAM y FECAI, mecanismos que potencien la cultura de proximidad; el fomento de redes sociales robustas e inclusivas y programas específicos que favorezcan la auto-

organización y sostenibilidad de las iniciativas culturales autónomas de la ciudadanía.

Fomento de la empresa cultural canaria

La existencia de un sector cultural privado robusto e independiente es condición para la existencia de un

sistema cultural canario equilibrado y sostenible. Sin embargo, la alta incertidumbre de la experimentación y creación en los primeros escalones de aplicabilidad dificulta la inversión privada. Sólo el sector público

puede asumir la “financiación paciente” que las primeras etapas de la innovación exigen.


52

NC propone desarrollar un programa de industrialización cultural apoyada en las fortalezas del sector

cultural de las islas y encaminado a superar la fragilidad que presenta el tejido empresarial cultural en la

actualidad.

El programa favorecerá la clusterización y las agrupaciones empresariales que permitan generar centros de

referencia para la industria cultural local; abogará por el reconocimiento de las empresas culturales en el perfil de Pymes objetos de las ayudas de las sociedades de garantías recíprocas; asistirá el acceso de las

Pymes culturales canarias a los créditos bancarios avalados por el fondo de garantía contemplado por el

Programa Europa Creativa; acometerá la activación de una línea ICO para empresas culturales canarias; buscará acuerdos de colaboración con los viveros de empresas y los parques tecnológicos de las distintas

islas; colaborará en la formación de los profesionales y en la modernización de las estructuras de gestión y empleabilidad.

Equilibrar la cadena de valor y transformar el acceso a la cultura en acceso a la

creación

La cadena de valor de la creatividad y la cultura en Canarias muestra desequilibrios significativos. El grueso

de los programas, servicios y espacios culturales están centrados en la difusión, distribución y consumo y apenas existen espacios centrados en la experimentación, creación y producción.

NC se propone reorientar los esfuerzos hacia los ámbitos de la experimentación/creación/producción

frente al modelo más tradicional de la difusión/distribución/consumo. Se trata de transformar la noción de democratización del acceso a la cultura en democratización del acceso a la creación ya que sus efectos

tienen una mayor capacidad transformadora y los impactos sobre la satisfacción de los derechos culturales, los impactos económicos y la capacidad de obtener objetivos sociales son mayores.

Revalorizar el patrimonio, impulsar la creación contemporánea

Afirmar que el talento y la creatividad contemporánea son recursos decisivos para el desarrollo de nuestra sociedad no niega la existencia de valores culturales anteriores, al contrario, la cultura contemporánea

canaria encuentra sus potencialidades y trabaja a partir de la memoria y su reinterpretación constante

Nueva Canarias considera que las administraciones públicas y la ciudadanía deben mantener un

compromiso permanente con la conservación, investigación y difusión de nuestra riqueza cultural,

patrimonio de los canarios y del mundo.

Entendemos la identidad canaria como proceso dinámico y abierto, lo que nos hace permeables al mundo,

dispuestos a conocer otras culturas y, al tiempo, ofreciendo la nuestra al disfrute de los canarios y de toda la Humanidad. Por eso, queremos impulsar más decididamente desde el sistema educativo el conocimiento de

nuestra historia, naturaleza y tradiciones. Y dar un mayor impulso, asimismo, a la recuperación, estudio y

valoración ciudadana de nuestro patrimonio cultural y tradiciones.

Conectividad e internacionalización de la cultura canaria

En un mundo globalizado los flujos culturales tienen una dimensión internacional y es necesario establecer estrategias de posicionamiento en las redes y circuitos existentes. La participación en dinámicas globales

ofrece ventajas inestimables para pequeñas comunidades como la canaria: permite ampliar el abanico de

posibilidades desde la perspectiva creativa a través de la interacción artística; mejorar los niveles de eficacia y eficiencia de los procesos al ubicarse en contextos donde fluye la información, las innovaciones y las

buenas prácticas; ampliar las posibilidades de financiación de los organismos multinacionales (entre ellos, los europeos); ampliar la demanda, la escala y la repercusión de la expresiones culturales canarias y ampliar la


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escala de los impactos tanto en la satisfacción de los derechos culturales como en el caso de los impactos

económicos y sociales.

NC se propone normalizar la presencia del sector cultural en una estrategia unificada de promoción y acción exterior.

NC promoverá la creación de un Fondo Canario para la Movilidad Artística y Cultural potente en su dotación, transparente en su funcionamiento y con participación pública y privada.

NC exigirá al Gobierno del Estado la dotación de una partida económica de un millón de euros, a cargo de

los Presupuestos Generales del Estado, para financiar la movilidad Canarias-Estado español de los artistas y operadores culturales canarios durante los próximos cuatro años.

NC hace suya la demanda histórica de los y las artistas de las islas y se compromete a promover, en el primer año de la próxima legislatura, la elaboración de una propuesta técnica-normativa y a entablar

negociones con el Gobierno de España para la supresión de las barreras aduaneras a la libre movilidad de la

obra de artistas canarios en el conjunto del territorio español y en el territorio de la UE.

NC trabajará para incorporar la cultura a la agenda política de los presidentes de las Regiones

Ultraperiféricas de la UE con el objetivo de establecer una plataforma común de trabajo que abogue por la adaptación de los programas e instrumentos culturales europeos a las peculiaridades de los sistemas

culturales de nuestros territorios.


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7. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE CANARIAS

LA ASIGNATURA PENDIENTE: PROFUNDIZAR EN LA DEMOCRACIA Y EN

LA AUTONOMÍA DE AYUNTAMIENTOS Y CABILDOS.

Más de 30 años han pasado desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias (1982) y de la

aprobación de la Ley de Régimen Local de la democracia (la LRBRL, abril de 1985), y siguen aplazándose, por la legislación estatal y por la legislación canaria más recientes, aspectos fundamentales.

Éstos no tienen que ver tanto con las competencias de cabildos y ayuntamientos, que han acaparado constantemente el debate, como con la calidad de la democracia y de la autonomía local.

Es palpable que en el régimen jurídico y en el funcionamiento de las corporaciones locales hay un déficit

democrático. La legislación se ha orientado, bajo la presión de la FEMP y de la FECAM, para reforzar la capacidad ejecutiva de los alcaldes y presidentes insulares y de sus gobiernos, a partir del argumento de dar

respuesta eficaz a las demandas sociales. Que es un argumento importante.

Pero el resultado ha sido un desequilibrio cada vez mayor entre los instrumentos del poder y los de control

del poder, quebrando un principio esencial del sistema democrático.

Esta situación, sumada a la falta casi absoluta de instrumentos efectivos de control de legalidad, deteriora la calidad democrática en las entidades locales, dificulta notablemente la alternancia y favorece los fenómenos

de corrupción. En el caso de los cabildos, sigue sin resolverse una cuestión que está siendo aprovechada periódicamente como coartada para actitudes centralizadoras: su condición de “instituciones” de la

Comunidad Autónoma.

Aclarémoslo de una vez: los cabildos son órganos de autogobierno y representación de una entidad territorial, la isla.

Sus competencias, como las de todas las entidades locales, sólo pueden ser o propias o delegadas. Las competencias propias deben ejercerlas con plena autonomía y responsabilidad, con el único límite ni más

control que el respeto al principio de legalidad.

Las competencias propias de cada entidad local deben definirse por normas con rango de Ley, sea estatal o autonómica. Y sólo por Ley pueden modificarse.

Las competencias delegadas, por el contrario, dependen de la voluntad política de la Administración Pública a quien esas competencias se han atribuido como propias.

Y, en el supuesto de delegaciones entre Instituciones dotadas de personalidad jurídica independiente, como

son la Comunidad Autónoma de Canarias, los cabildos insulares y los ayuntamientos, y que poseen una legitimidad democrática autónoma, requieren la aceptación de la entidad que va a recibir la delegación.

No hay una tercera categoría, la de competencias “transferidas”, que permitan a los órganos de la Comunidad Autónoma establecer controles de eficacia, ni de oportunidad, embridando la autonomía insular

o la municipal.

Cuando el legislador, estatal o autonómico, define el papel de las Administraciones Públicas en una determinada materia, ha de repartir entre la Administración estatal, autonómica, insular o municipal las

competencias en función de los principios constitucionales de descentralización, eficiencia, eficacia y suficiencia financiera, llenando de contenido la autonomía de las entidades insulares y municipales.


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Debe ser así si queremos respetar el sistema político plasmado en la Constitución, basado en la distribución

territorial del poder y pensado para consolidar una sociedad democrática avanzada.

Además, es el único método de clarificación competencial y el único que permite transparentar las responsabilidades políticas y jurídicas de cada nivel de gobiernos y gestión de los intereses públicos.

Por eso nos comprometemos, ejercitando las potestades legislativas de Canarias, a promover las modificaciones legales tantas veces aplazadas que son imprescindibles para fortalecer una democracia

basada en el Estado de Derecho y en la garantía del pluralismo político-social y, especialmente en nuestro

Archipiélago, del pluralismo territorial.

Estas reformas constituirán, simultáneamente, uno de los mejores antídotos frente a la corrupción, que

ensancha sus dominios en aquellas estancias del edificio político donde las garantías de la legalidad se encuentran más debilitadas:

- Reforzando la independencia y estabilidad de secretarios e interventores, bajo cuya responsabilidad

están los mecanismos de control preventivos del respeto a la legalidad.

- Dificultando la aprobación de acuerdos en contra de los Informes de legalidad de la Secretaría o de

los reparos formulados por la Intervención, en garantía de la legalidad económica y presupuestaria.

- Estableciendo, y dotándolo suficientemente de recursos humanos y de medios materiales, un

Servicio Autonómico que controle el respeto a la legalidad de la actuación de las Administraciones

Públicas Canarias desde la independencia y la objetividad, de modo que la Comunidad Autónoma supere el grave vacío que arrastra desde hace varias décadas.

Y, especialmente,

- Fortaleciendo los mecanismos de control que corresponden a los grupos en la oposición, para

restablecer el equilibrio político, el respeto a la legalidad, la formación de una opinión pública libre,

la alternancia y, en consecuencia, la calidad democrática. Éstas son premisas imprescindibles para recuperar la confianza de la ciudadanía en las Instituciones representativas.

Aunque se han aprobado leyes respecto a las administraciones locales canarias, el proceso competencial debe complementarse con las correspondientes leyes sectoriales (como planteamos con la nueva Ley de

Servicios Sociales) y con la adecuada financiación que posibilite contar con los recursos adecuados, para lo

que es determinante modificar la financiación autonómica.


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8. DEMOCRACIA, TRANSPARENCIA Y SISTEMA ELECTORAL

MEJORAR LA DEMOCRACIA. TRANSPARENCIA Y ÉTICA POLÍTICA

La desafección hacia la política aúna diversos factores. Entre ellos, la crisis económica y el fracaso de las políticas de austeridad llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular en el Estado - tras el giro previo

adoptado por el Ejecutivo de Zapatero al final de su mandato con la modificación del artículo 135 de la

Constitución-, que han llevado a unas cifras inasumibles socialmente de parados y al deterioro de los servicios básicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Pero también la aparición de

numerosos casos de corrupción vinculados a la mezcla de política y negocios. Generando una amplia desafección de la ciudadanía hacia el sistema democrático, que se manifestó, por ejemplo, con el movimiento

del 15M, así como con un fuerte descrédito de los políticos, los partidos y las instituciones.

El desprestigio originado por la corrupción de la actividad política democrática es muy preocupante porque supone el derroche de recursos públicos y es, al tiempo, caldo de cultivo donde se desarrollan los

populismos y los autoritarismos. En nuestro caso, la sensación de impunidad derivada de la lentitud de la Justicia ha agravado todavía más la situación. Los políticos y los partidos políticos son vistos por un amplio

sector de la ciudadanía como parte del problema a resolver.

Profundizando un poco en la corrupción, los estudios realizados demuestran que los principales focos de la misma son, primero, el urbanismo desarrollado a partir de la ley del suelo aprobada por el PP, que generó

prácticas abusivas e ilegales, en bastantes casos con contraprestaciones a alcaldes y concejales, y vinculaciones a la financiación fuera de la legalidad de los partidos políticos.

El segundo gran foco ha estado vinculado con las contrataciones públicas de diverso tipo, que se han

adjudicado a dedo, saltándose la legislación vigente, a los “amiguitos del alma” de turno creando verdaderas tramas mafiosas con los correspondientes pagos a cargos públicos y vinculación también con la financiación

ilegal de los partidos. Por último, la colocación de familiares o amigos políticos en puestos de confianza sin mérito alguno y de una forma a menudo descarada ha sido la tercera vía más común de la corrupción que

hemos sufrido.

Pero la crisis y la corrupción no son los únicos elementos a considerar. La ineficiencia, la mala gestión o las decisiones partidistas interesadas y estrechas también desprestigian la política. Las hemos visto en las

elecciones de los altos órganos de la justicia, o en el acuerdo de PSOE y PP sobre la información a publicitar por el Congreso sobre los viajes de los diputados, o más cerca, con la reciente elección partidista del nuevo

Consejo Rector de la Radio Televisión Pública Canaria.

Contribuye mucho al desánimo ciudadano y a su percepción negativa de la política, la convicción social de que son los intereses económicos globales los que realmente están marcado las políticas a seguir por los

gobiernos de los distintos estados. El secuestro de lo político por poderes económicos siempre difusos es otro elemento fundamental del problema

En Canarias, la actual Ley Electoral que bloquea la alternancia natural de los partidos en los gobiernos y el

pase a la oposición de los otros, base de todo sistema democrático, acrecienta, por un lado, las posibilidades de las corruptelas por la permanencia de algunos siempre en puestos de poder y, por otro, produce más

descreimiento social en las posibles soluciones.

Nueva Canarias considera que la solución pasa y debe pasar por profundizar la Política, la política con

mayúsculas entendida como la gestión de lo público para favorecer a la sociedad. Aumentando su peso en la


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toma de decisiones y recuperando su vinculación con la sociedad, fortaleciendo y reformando los actuales

sistemas democráticos, e incrementando su fuerza e independencia frente a los intereses privados y

particulares, en suma, mejorando la democracia.

Nueva Canarias entiende que la política la tienen que realizar las personas, los políticos, y que estos

deben ser pieza clave en el proceso de recuperación social que es necesario acometer, porque ningún

problema se va a solucionar si no se aplica trabajo personal, con dedicación y criterio para hacerlo.

Pero para serlo realmente los políticos tienen que recuperar credibilidad social y para ello deben demostrar

ante la ciudadanía que son personas a las que les mueve el interés público y colectivo por encima de cualquier otro, que son personas honradas, trabajadoras y eficaces. Deben de hacerlo porque son personas

públicas, y como tales deben estar sometidas al escrutinio público. Tienen que hacerlo porque es en la

sociedad como conjunto de los ciudadanos donde reside el fundamento de la democracia.

Nueva Canarias siempre ha tenido una militancia activa y defensora de los intereses generales

intentando reflejarlas en las políticas del partido, formada por personas honradas y trabajadoras. Hemos mantenido políticas de izquierda a favor de las clases trabajadoras y medias, en favor de mantener y

desarrollar el estado del bienestar que ha sido la esencia de las políticas socialdemócratas y que ha sido el

ADN histórico de la Europa democrática moderna.

Para ir recuperando el peso de la Política en la sociedad y el reconocimiento social a los políticos hay que

cambiar o potenciar elementos que generen confianza en los ciudadanos, mejorando la democracia. Los ciudadanos tienen que sentir que recuperan la centralidad de las sociedades democráticas, que no son

meros introductores de votos en las urnas en los procesos electorales.

En primer lugar, deben de sentir que sus votos deciden sobre las políticas que se van a desarrollar, además de a las personas que van a hacerlo, fortaleciéndose el vínculo entre lo que ofertan los partidos y los líderes

durante las elecciones y las políticas que llevan a cabo posteriormente. Los electores deben palpar que los partidos a los que han votado trabajan, están comprometidos y luchan por defender los programas que

plantearon en las elecciones. En la práctica diaria cuando la realidad hace cambiar, modificar, ponderar o

renunciar a algo del programa los partidos deben explicarlo a la ciudadanía como reconocimiento del compromiso asumido con ella. La ciudadanía tiene que saber que las ofertas democráticas que se plantean

son distintas y que reflejan posiciones ideológicas diferentes y concepciones de la sociedad contradictorias. Pero para ello los partidos deben defender políticas económicas y sociales que reflejen sus concepciones

básicas. El desplazamiento de las ofertas políticas socialdemócratas hacia posiciones neo conservadoras,

falsamente liberales, ha confundido al electorado y ha provocado la separación de los sectores progresistas de la sociedad de sus partidos tradicionales.

En segundo lugar, los ciudadanos tienen que tener reconocidos por las leyes sus derechos ante los poderes públicos y deben proporcionárseles los medios para ejercer su derecho de información y control sobre

dichos poderes públicos. En este sentido las recién aprobadas leyes de transparencia del Estado y de

Canarias, así como la del Parlamento de Canarias, suponen un paso en la buena dirección. Pero se equivocaría quien piense que la mera aprobación de estas leyes provocará un cambio en la mentalidad de

los poderes públicos en favor de la apertura y el control social. La dinámica natural de los poderes es la contraria y por eso debe plantearse esta cuestión como una batalla pacífica pero constante para conseguir

mayores cotas de información, control y mejorar nuestra democracia.

En tercer lugar, debemos recordar que la fundamentación de los sistemas democráticos es la primacía de la Ley. Es necesario legislar sobre todas estas materias relacionadas con la corrupción y el mal funcionamiento


58

de los poderes públicos para que se cada vez más difícil que se vuelvan a producir y tengan penas mayores

y más duras y los ciudadanos sientan que el sistema democrático protege y defiende adecuadamente sus

derechos ante los nuevos retos y problemas planteados por el desarrollo del sistema capitalista.

En base a estos criterios y para conseguir los objetivos planteados consideramos necesarias las siguientes

medidas.

1- Medidas Generales.

- Sobre las leyes de Transparencia.

• Se tienen que incluir la obligatoriedad de que se publiquen los Órdenes del Día de los Consejos de Gobierno o similares de las diversas instituciones, respetando las medidas de

confidencialidad.

• Deben publicarse las agendas públicas de los máximos responsables ejecutivos,

respetándose la vida privada, todas las reuniones que se realicen por motivo del cargo

deben recogerse, sean con personas o instituciones públicas o privadas.

• Las informaciones sobre los procesos de licitación o de concursos sobre personas o bienes

y servicios deben publicitarse con el único tope de la confidencialidad comercial o la privacidad personal.

- Evaluación de las Políticas Públicas.

• Deben hacerse y publicarse Auditorías internas y/o externas sobre las políticas y programas más importantes y costosos llevados a cabo de manera que se conozca la efectividad de los

mismos.

• Se fijarán indicadores de gestión que permitan un control permanente.

- Se favorecerá y valorará la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

- Se establecerán mejores controles sobre los procesos de contratación administrativa, especialmente de los urbanísticos y de contratación de servicios, realizándose antes y después

de los mismos.

- Se fortalecerán las unidades policiales y de Hacienda dedicadas al control y persecución de los

delitos económicos.

- Hay que endurecer la legislación sobre la financiación ilegal de los partidos políticos.

- Hay que endurecer la legislación sobre el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos y altos

cargos.

- Deben regularse las remuneraciones máximas a los cargos públicos, altos cargos y directivos de

las empresas públicas y asimiladas.

- Debe hacerse y publicarse un listado con los préstamos bancarios que tienen los partidos políticos.

2- Sobre los Partidos Políticos.

Nueva Canarias se compromete a asumir las siguientes medidas aunque no las exija la legislación vigente

sobre partidos políticos:


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Nueva Canarias exigirá, además, que la nueva legislación sobre los partidos políticos recoja las siguientes

medidas.

- Deber de publicar sus Cuentas Anuales.

- Informar sobre las fechas de remisión de sus cuentas al Tribunal de Cuentas.

- Publicar el último informe sobre sus cuentas del Tribunal de Cuentas.

- Hacer público los dos últimos presupuestos anuales.

- Informar obligatoriamente sobre todas las instituciones que tengan vinculadas, sean

fundaciones, asociaciones u otras, y qué tipo de vinculación mantienen.

- Mejorar el control legal sobre sus ingresos y gastos públicos y privados y sobre su patrimonio.

- Informar, tras las campañas electorales, de las cuentas de las mismas.

3- Sobre nuestros cargos públicos, altos cargos y militantes.

Nueva Canarias está comprometida con una política de mejora de la democracia y de una política transparente.

Nueva Canarias mantiene un Código Ético para sus militantes y, especialmente, para sus cargos y

responsables públicos, donde se les exige el cumplimiento de los principios y políticas que defiende por ser un partido de izquierda y progresista.

Nueva Canarias considera que nuestros militantes deben tener un comportamiento militante ante la actividad social y política, lo que implica que la realizan por voluntad propia y sin percibir contraprestación

alguna. Los militantes tienen que priorizar en su práctica política el bien colectivo sobre el individual, y el

bien público sobre el privado. Nuestros militantes deben asumir la actividad pública como un servicio a la colectividad y a la sociedad en general.

Nueva Canarias exige a nuestros cargos públicos y altos cargos el cumplimiento de normas y

obligaciones que reflejan nuestros principios sobre la política y el ejercicio individual de la misma.

- Requiere que realicen su labor con ejemplaridad cumpliendo sus obligaciones y realizándolas de

la manera más eficaz y eficiente posible.

- Defiende que los cargos tengan dedicación exclusiva a la actividad pública, no pudiendo

compatibilizarlo con actividades privadas.

- Obliga a que si se tiene más de un cargo o responsabilidad pública solo puedan cobrar una remuneración por su labor.

- Exige independencia en la responsabilidad pública y prohíbe la aceptación de obsequios y regalos de personas o instituciones privadas.

- Plantea la necesidad de publicar los ingresos y los patrimonios personales antes y después de

permanecer en los cargos.


60

DEFENSA DE LA AUTONOMÍA DE LA POLÍTICA

Defensa de la autonomía de la política y compromiso de NC de defensa de los intereses generales en su acción parlamentaria. En los últimos tiempos la política ha ido sufriendo un creciente descrédito,

vinculado a que un sector de la ciudadanía entiende que los gobernantes no atienden sus preocupaciones o

que toman decisiones que no comparten o en el peor de los casos que sus acciones favorecen intereses particulares en lugar de los generales que debían defender. Los escándalos de corrupción que afectan a

algunas administraciones públicas y a algunos miembros de algunos partidos alimentan ese descrédito de la actividad política.

La corrupción no es generalizable: la mayoría de las administraciones funcionan acorde con la

legalidad; en las islas tenemos responsables públicos que han estado durante décadas en distintas instituciones y que no se han visto salpicados por un solo caso de corrupción; no es justo, para quienes

actúan con honradez y hacen una buena gestión de los recursos públicos, situarlos en el mismo plano que en el de los minoritarios corruptos. Por otra parte, la corrupción se produce en todos los sistemas

políticos, totalitarios o democráticos, aunque con la diferencia de que en estos últimos existen posibilidades

de descubrir y castigar a los responsables, cosa casi imposible en las dictaduras.

La tolerancia social frente a la corrupción, que se percibía hace algunos años, se ha trocado en preocupación

y en rechazo en unos tiempos de crisis económica y social. La conciencia de que la crisis ha sido aprovechada para destruir las políticas sociales y acentuar las desigualdades sociales ha sido el detonante de

la nueva y positiva actitud de los ciudadanos y ciudadanas.

Frente a los casos de corrupción, la reacción de los partidos políticos ha oscilado entre la crítica a los corruptos del adversario, la comprensión y el arropamiento con “los de casa” y el establecimiento de

“códigos éticos”, tan pronto proclamados como incumplidos.

La respuesta a los casos de corrupción que degradan la convivencia democrática y sus Instituciones tiene

que partir siempre del análisis de cada caso concreto y de su gravedad. De la comprobación de que, en

cualquiera de sus formas, ha habido una utilización del poder para beneficiar intereses particulares frente a los generales. No puede, por tanto, depender del momento procesal, ni de la apertura del juicio oral, sino de

la gravedad de las conductas.

Es la gravedad de los hechos la que obliga a tomar medidas de apartamiento de la vida política a quienes

hayan abusado de la confianza de la ciudadanía.

Hacer depender la respuesta del estado de la tramitación procesal, puede llevar a situaciones arbitrarias e injustas. Puede haberse convocado juicio oral sobre hechos que difícilmente pueden calificarse de

corrupción y, por el contrario, demorarse hasta el infinito el proceso judicial sobre casos cuya suma gravedad está a la vista desde el primer momento.

Nuestro compromiso es explícito: tolerancia cero ante la corrupción, distinción conceptual entre

responsabilidad política y judicial, y exigencia de responsabilidades políticas en función de la gravedad objetiva de cada caso, sin depender del estado de la tramitación procesal, ni del color político de quienes

hayan traicionado la confianza de los ciudadanos.

Hoy más que nunca es la hora de creer en la política y en el relevante papel que le toca jugar a las

administraciones públicas ante la grave crisis producida por la desregulación liberal del sistema financiero

mundial, especialmente el anglosajón, y sus consecuencias de paro y destrucción de riqueza en tantos países, entre ellos, por supuesto en España y en Canarias. Crisis mundial que paradójicamente la derecha


!61

conservadora mundial quiere resolver debilitando los estados, reduciendo el estado del bienestar,

privatizando lo público y liberalizando más la economía.

Una derecha que, encima, culpa a lo público y a la política de todos los males, cuando fue la desregulación y la falta de intervención lo que facilitó los desmanes que dieron lugar a la crisis económica actual.

NC reafirma la necesidad de la autonomía de la política y la defensa de los intereses generales en su acción parlamentaria y en la gestión de las administraciones que gobierne. Se compromete a desarrollar su

actividad guiada por los valores de responsabilidad, honradez y de servicio a la ciudadanía en la

gestión pública, atendiendo especialmente a los sectores más vulnerables y desfavorecidos de nuestra sociedad.

Impulsaremos el incremento de la eficacia y la transparencia en el funcionamiento de las administraciones, combatiendo las prácticas clientelistas. Lucharemos activamente contra la especulación urbanística, el tráfico

de influencias y la malversación de los recursos públicos. Propondremos incrementar las dotaciones

humanas y materiales de la justicia y de las fiscalías anticorrupción, para que puedan desempeñar su función con mayor eficiencia, reduciendo al mínimo los espacios para la impunidad

REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL AL PARLAMENTO CANARIO.

Canarias padece un sistema electoral para acceder al Parlamento de Canarias que distorsiona la

voluntad libremente expresada por los electores al depositar su voto, impidiendo la representación política de una parte importante de la ciudadanía canaria.

A lo largo de estos últimos cuatro años ha ido creciendo en Canarias el malestar por el injusto y

antidemocrático sistema electoral que padecemos, de forma que nuevos colectivos se han incorporado al debate lo que nueva Canarias ha aplaudido sin reservas.

Por este motivo, hemos suscrito el Pacto por la Democracia en Canarias, a propuesta del foro cívico Demócratas para el Cambio, para la consecución además de una nueva Ley Electoral Canaria, al que se han

adherido trece organizaciones políticas en Canarias. Acuerdo que a continuación reproducimos:

1. La democracia y su desarrollo y excelencia es un ideal de todo ciudadano libre. La mejora continua de la democracia es una tarea que corresponde a todos los partidos políticos democráticos, estén en el

Gobierno o en la oposición. Declaramos nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros partidos las diferencias del modelo final de una reforma

electoral.

2. Los partidos firmantes nos comprometemos a acometer la reforma electoral en el Parlamento de Canarias y por una Ley emanada de él de manera inmediata, explotando al límite las posibilidades

legisladoras que el vigente Estatuto de Autonomía permite.

3. Nos comprometemos a eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral el

planteamiento de la vía de la reforma estatutaria como instrumento inmediato válido para la reforma

electoral de Canarias. Solo tras el desarrollo de una Ley Electoral por el Parlamento de Canarias, será adecuado plantear mejoras en el sistema electoral por la vía de una reforma del Estatuto.


62

4. Nos comprometemos a proponer una Ley con mejoras en la proporcionalidad del sistema electoral

mediante la corrección de los índices de representación de las circunscripciones infrarrepresentadas del

conjunto del sistema.

5. Nos comprometemos a proponer una Ley con mejoras en la restricción de acceso al escaño. Estas

mejoras se plantearán por medio de la reducción del número de barreras actualmente vigente, así como de su porcentaje de corte. Serán de referencia los valores habilitados en los sistemas electorales

españoles para comicios autonómicos.

6. Pero la mejora de la democracia y los procesos reformistas conducentes a su perfección no son una tarea exclusiva de los partidos políticos democráticos. Exige el compromiso activo de todos,

instituciones, gobierno y, de manera destacada, de los ciudadanos, en la afirmación constante de los valores cívicos y democráticos. Reafirmamos nuestra determinación de impulsar y apoyar la movilización

de los ciudadanos a favor de la mejora de los elementos básicos que conforman nuestra democracia.

7. Nos comprometemos a aunar toda nuestra energía de partidos democráticos con la del impulso cívico para culminar la reforma del sistema electoral canario antes de los próximos comicios autonómicos del

año 2015, de forma que sea esta la última legislatura regida por el más deficitario de los sistemas electorales del Estado.

Este acuerdo exige una colaboración permanente entre todos los partidos firmantes, lo que implica el

intercambio de información, la actuación concertada en los distintos ámbitos políticos e institucionales en los que cada uno pueda tener presencia, la coordinación con la movilización ciudadana y la búsqueda

de posiciones conjuntas.

8. Consideramos necesario incorporar un instrumento de evaluación y cumplimiento del presente Pacto

por la Democracia en Canarias, en el que se integrarán representantes de todas las fuerzas políticas con

representación institucional firmantes hoy y las que se incorporen en el futuro. Así mismo se concederá voz a las organizaciones ciudadanas con reconocido recorrido en propuestas de reforma del régimen

electoral. Sus sesiones se celebrarán periódicamente, al menos de manera trimestral.

9. Con la firma del presente Acuerdo nuestros partidos quieren ratificar públicamente el compromiso

firme de trabajo en común hasta la consecución de una Ley Electoral emanada del Parlamento de

Canarias que pueda estar en vigor para la próxima convocatoria de Elecciones Autonómicas del año 2015.

ANEXO: PROPUESTA DE REFORMA DE LEY ELECTORAL DE CANARIAS DEL

PACTO POR LA DEMOCRACIA EN CANARIAS

La propuesta consta de dos epígrafes y se ha alcanzado con tres condiciones previas.

Condiciones previas:

1. El incremento del número de escaños necesario para corregir la representación de las islas con déficit ha

tenido como límite el máximo de 70 diputados o diputadas permitido por el Estatuto de Autonomía de Canarias vigente.

2. La corrección de las poblaciones infrarrepresentadas se ha planteado sin menoscabo de los escaños actualmente asignados a ninguna de las circunscripciones establecidas.


!63

3. El incremento del número de parlamentarios y parlamentarias necesario para corregir la representación

de las islas con déficit se ha planteado con el compromiso de no incrementar las Retribuciones de Altos

Cargos referidas en el CAPITULO I de GASTOS de Personal del actual Presupuesto General del Parlamento Canario.

Partiendo de estas premisas la propuesta de Reforma del Sistema Electoral Canario se deberá sustanciar en una Ley Electoral emanada del Parlamento por el procedimiento de urgencia con dos elementos

correctores dirigidos a hacer efectiva la pluralidad política y a mejorar la proporcionalidad y desigualdad en

el valor del voto.

Así, los dos epígrafes que conforman la propuesta de consenso son:

1. Reducir las restricciones de acceso al escaño por medio de la habilitación de una única barrera electoral limitada al ámbito insular con un corte del tres por ciento de los votos válidamente emitidos en la

circunscripción.

2. Mejorar la representación ciudadana en su Parlamento, corrigiendo la deficitaria proporcionalidad y extrema desigualdad en el valor del voto entre ciudadanos pertenecientes a la misma Comunidad

Autónoma. Esto se logra a través del incremento de representación de aquellas circunscripciones que presentan notables desajustes respecto a la población que actualmente ostentan en el conjunto de

Canarias.

Se ha atendido, por tanto, a la mejora de la representación de las circunscripciones de Tenerife y Gran Canaria con un incremento en la asignación de 4 escaños a cada una de ellas. Resulta así un Parlamento de

Canarias constituido por 68 escaños asignados de la siguiente manera:

• El Hierro: 3 escaños

• Fuerteventura: 7 escaños

• Gran Canaria: 19 escaños

• La Gomera: 4 escaños

• Lanzarote: 8 escaños

• La Palma: 8 escaños

• Tenerife: 19 escaños

Esta propuesta, que surge de un intenso proceso de debate, habrá de ser profundizada en el nuevo

Parlamento buscando el máximo consenso y las mayorías que hagan posible la reforma del injusto sistema electoral que padece Canarias.


64

9. DEFENDER LOS INTERESES DE CANARIAS FRENTE AL ESTADO

A lo largo de los más de cinco siglos desde la anexión de Canarias por la Corona de Castilla las relaciones con las sucesivas administraciones del Estado han evolucionado entre la incomprensión, el abandono, la

tensión y, en menor medida, el entendimiento.

Nuestra naturaleza de Archipiélago aislado con circunstancias adversas permanentes que dificultan nuestro desarrollo, esencialmente la insularidad, la fragmentación territorial y la lejanía, son frecuentemente

olvidadas por los gobiernos de España, lo cual explica la ciclicidad histórica de las relaciones Canarias-Estado.

La consecución de las leyes de modificación del REF de 1991 y 1994 es un reconocimiento a nuestras

singularidades. Y las sucesivas leyes orgánicas del Estatuto de Autonomía de Canarias 10/1982 y su reforma, aunque insuficiente, en diciembre de 1996, han supuesto un reconocimiento de las singularidades canarias.

Así mismo, la disposición adicional tercera de la Constitución Española reconoce expresamente el REF canario.

Hasta tal punto es así que ha tenido que ser la Unión Europea la que con mayor amplitud ha reconocido el

hecho diferencial canario incorporando a su derecho primario el Estatuto del Archipiélago como región utraperiférica, atendiendo a las desventajas estructurales y permanentes que le afectan.

En sentido contrario, a lo largo de la actual legislatura hemos sufrido un conjunto de agresiones sin precedentes. En efecto, el Gobierno del PP no solo ha ignorado los derechos reconocidos de Canarias,

especialmente los referidos al REF económico, sino que ha generado un conjunto de políticas

profundamente lesivas para el Archipiélago, entre ellas el retraso sine die de la reforma del sistema de financiación autonómica actual (aprobado por el Gobierno del PSOE estatal con el Ejecutivo canario de CC

y PP en el año 2009) que genera un daño importante a la financiación de nuestros servicios públicos.

La abierta hostilidad, que ha caracterizado la legislatura que ahora finaliza, entre los gobiernos de España y

Canarias, obliga a encontrar mecanismos para reconducir el enfrentamiento permanente sin renunciar a la

defensa de los derechos que tenemos reconocidos.

Es preciso rectificar el conjunto de decisiones que han perjudicado al Archipiélago, en aspectos tan sensibles

como la bonificación a las energías renovables, ley eléctrica, privatización de AENA, tasas aeroportuarias, convenios de infraestructuras, ayudas al tomate y a la desalación, suspensión del Plan Integral de Empleo de

Canarias del Plan de Renovación de infraestructuras turísticas o el que se haya pasado del 65% al 24% en las

ayudas al transporte entre 2011 y 2015.

Un conjunto de decisiones que han caracterizado al Gobierno del PP de esta etapa como el que en mayor

medida ha incumplido y maltratado a los intereses de Canarias a lo largo de la reciente historia democrática española.

Un caso especialmente llamativo es el del convenio de carreteras, porque su incumplimiento manifiesto por

parte del Ministerio de Fomento contrasta con la sensible mejora por este concepto de otras comunidades del Estado. El perjuicio causado es enorme: en lo económico, más de 600 millones de euros de pérdida en

cuatro presupuestos; y en la conectividad, al paralizarse infraestructuras vitales para las Islas, como es el caso de carreteras históricamente reivindicadas, entre ellas el anillo insular de Tenerife, la carretera La

Aldea-Agaete o el eje Norte-Sur de Fuerteventura, entre otros.


!65

Es de todo punto esencial que el próximo Gobierno canario se dote, para mejor defender nuestros

intereses generales, de la fortaleza y del apoyo de la sociedad canaria para impulsar en las mejores

condiciones la defensa de los legítimos intereses de Canarias frente al Estado.

energía y los argumentos que se obtienen de la participación de la sociedad canaria en los asuntos que le

afectan y de la construcción de una sólida argumentación política, asentada en el consenso político-institucional en el Archipiélago.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y REF ECONÓMICO

Dos asuntos tienen relevancia especial a la hora de corregir el maltrato de Madrid por tener una influencia determinante sobre los intereses de Canarias.

- La financiación autonómica

La necesidad de una financiación autonómica justa es esencial para el desarrollo de Canarias. Ya hemos explicado que mientras se mantenga el actual e injusto sistema, Canarias pierde más de 800 millones de

euros al año, generándose un daño claro al interés general de los canarios.

Exigimos contar con la misma financiación media a los servicios básicos que el resto de ciudadanos y

ciudadanas del conjunto del Estado.

- La defensa de nuestro acervo económico y fiscal

Es un lugar común que la historia de Canarias posterior a la conquista española está ligada a sus

singularidades fiscales y comerciales. Y que su expresión actual son las leyes del REF que cuentan incluso con reconocimiento constitucional.

Como sabemos, los incentivos fiscales del REF 2015-2020 fueron aprobados por el Congreso de los

Diputados el pasado diciembre.

REF Fiscal

Con relación al ya ratificado REF Fiscal hemos valorado que la Reserva de Inversiones para Canarias (RIC)

pueda dirigir hasta la mitad de sus recursos a la creación directa de empleo. Lo que supone un cambio

sustancial respecto al modelo hasta ahora vigente.

Asimismo, compartimos los cambios respecto a la DIC (Deducción por Inversiones de Canarias). Entre

ellos, el incremento de las deducciones parta actividades de innovación y, asimismo, las que atañen a la realización de producciones cinematográficas en las Islas.

Aunque mantenemos nuestra reservas sobre la inversión de activos en el exterior. Por dos razones, primero

porque es difícil de explicar a la sociedad canaria como nuestro ahorro fiscal se utiliza para invertir en el extranjero, más aún en una coyuntura socioeconómica tan dura. Y, segundo, porque es difícil garantizar el

adecuado control fiscal fuera de nuestros limites territoriales.

En cuanto a la ZEC (Zona Especial Canaria) valoramos que se pueda aplicar en ella la RIC, así como el

aumento del listado de actividades potenciales, la flexibilización en relación a las bases imponible y el

empleo y, también, que se pueda extender a todo el territorio del Archipiélago, salvo la Zona Franca.


66

Conviene recordar que todos los incentivos fiscales del REF suponen reducciones sobre el Impuesto de

Sociedades, que es de titularidad estatal, y que con las rebajas que suponen la Reserva, la DIC y la ZEC, se

quedarán en Canarias cientos de millones de euros.

Sin embargo, el elemento más novedoso de la propuesta de renovación del REF emanada del Parlamento

canario no ha sido aceptado. Nos referimos a la posibilidad de bonificar temporalmente los costes de la Seguridad Social de las pequeñas y medianas empresas hasta que Canarias se acerque a las medias de

desempleo española y europea.

Por otra parte, hemos insistido en que no se debe mitificar el alcance del REF. Los problemas de la economía canaria, de su estructura de producción, de su escasa diversificación y de su baja generación de

empleo no los va resolver el renovado REF.

En una situación ideal colaboraría en la generación de 4.000 o 5.000 empleos anuales, positivo impacto pero

muy insuficiente en un territorio con más de 350.000 desempleados. Se precisan cambios mucho más

profundos y nuevas políticas económicas si queremos transformar esta dura realidad. Lo que pasa por la puesta en marcha de un verdadero plan especial para Canarias.

REF económico, actualización y cumplimiento

Los aspectos económicos del REF hacen referencia a un conjunto de ayudas y bonificaciones que el Gobierno de España debe reconocer a Canarias para, esencialmente, colocarnos en condiciones de

competitividad y desarrollo similares a la media de las comunidades de régimen común, excluida la

financiación del hecho insular.

Cuando Nueva Canarias exige estar en la media de inversiones en los sucesivos presupuestos generales del

Estado está refiriéndose a que se cumpla el REF de 1991. O cuando defendemos las ayudas a la energía, al transporte de mercancías y personas, a la desalación, a las políticas para el empleo o a una línea preferente

de préstamos para las pymes nos estamos sustentando en las leyes del REF, plenamente vigentes y

reiteradamente incumplidas por los gobiernos de España de turno.

En consecuencia, Nueva Canarias defenderá la urgencia de iniciar un proceso de actualización del REF

económico. Por ello, hemos apoyado el texto aprobado por el Parlamento de Canarias el pasado 21 de abril, aunque dudamos que el mismo sea posteriormente aprobado en sus actuales términos por los

partidos centralistas, de viejo o de nuevo cuño.

Nueva Canarias insistirá, con la máxima firmeza y rigor, mientras no se proceda a su debate en las Cortes, en que lo primero es el cumplimiento del actual por tratarse de una reivindicación vital para el interés

general del Archipiélago.

En ningún caso aceptaremos la vinculación de la renovación del REF económico con la nueva financiación

autonómica, circunstancia esta que han insinuado ocasionalmente algunos responsables de la administración

central del Estado.

PROFUNDIZACIÓN DEL AUTOGOBIERNO

Nueva Canarias ha insistido desde su creación en la necesidad estratégica de acometer con rigor la

redacción y aprobación de un nuevo Estatuto político para Canarias.

La pérdida lamentable de oportunidades en los últimos años ha supuesto un perjuicio relevante para nuestros intereses como pueblo. Un ejemplo ha sido la imposibilidad de celebrar una consulta ciudadana


!67

sobre las prospecciones petrolíferas por no disponer de sustento legal suficiente y, por supuesto, por la

machacona negativa del PP.

Sin embargo, las tensiones territoriales en el Estado, que se han incrementado sensiblemente en los tres últimos años, suponen colocar en primera línea una cuestión de la mayor relevancia que NC ha reivindicado

históricamente. Esto exige, sin duda:

LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

A pesar de que existe un acuerdo histórico implícito entre los grandes partidos centralistas sobre la

inamovilidad de la Constitución Española (CE) del 78, esta falacia fue superada por los mismos actores cuando modificaron con urgencia y a escondidas el artículo 135, como criticamos en su día por tratarse de

una recesión democrática en toda regla.

Hoy son otras las fuerzas que se mueven en el sentido de modificar la CE y estas son las tensiones de naturaleza territorial que afectan no solo al artículo 8 del texto constitucional.

NC ha desarrollado con amplitud este asunto en su último Congreso, como se expresa en nuestra propuesta sobre el encaje de Canarias en España.

Pero el interés de este proceso radica, en lo que a nuestro Estatuto político se refiere, en que la cuestión de

la modificación del modelo de Estado abre mayores posibilidades para formular una propuesta ambiciosa y en un contexto que pudiera ser más favorable para un nuevo Estatuto canario.

UN NUEVO ESTATUTO POLÍTICO PARA CANARIAS

Los gobiernos de Canarias de los últimos doce años liderados por CC han sacrificado obtener nuevas cotas

de autogobierno a través de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias -al mismo tiempo que se reformaban los estatutos de numerosas comunidades-, por mantener la actual ley electoral que sustenta su

hegemonía.

El nuevo Estatuto de Autonomía debe plantearse en la legislatura que se iniciará tras los comicios

autonómicos del 24 de mayo. Cambiando el procedimiento y apostando por un proceso participativo.

Buscando los máximos niveles de consenso. Impulsando urgentemente, con o sin Estatuto, la reforma del sistema electoral canario.

El momento más adecuado se producirá, sin duda, en el marco de la imprescindible reforma de la Constitución. En ella será esencial la modificación del actual modelo de Estado, como también vienen

proponiendo el PSOE (en el marco de un Estado Federal) y la actual dirección de CC; incluso el PP se ha

mostrado dispuesto si se le presentan propuestas concretas.

Canarias debe evitar los errores del pasado. Los del Estatuto del 82 y los del Estatuto 2006/2007, con

coincidencias en algunos de sus conservadores protagonistas. Canarias no puede volver a perder la oportunidad de ampliar y actualizar su autogobierno. El actual Estatuto, redactado sin debate social, zombi,

nacido, muerto y resucitado a conveniencia por CC, PP y PSOE, debe dar paso a un Estatuto con apoyo

social, vivo y adecuado a la Canarias del siglo XXI.

Queremos un Estatuto que blinde nuestro REF de forma que no sólo sea preceptiva sino vinculante la

opinión del Parlamento de Canarias cuando rechace cualquier modificación del REF planteada por las


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Cortes Generales (veto obstativo). Defendemos, además, que el nuevo Estatuto incluya en su articulado el

artículo 96 de la Ley 20/1991 del REF que obliga a que Canarias esté en los Presupuestos Generales del

Estado al menos en la media de la inversión estatal regionalizada.

Este artículo sistemáticamente incumplido en los PGE, sí se ha cumplido en los presupuestos estatales de

2010 y 2011 para las cinco comunidades (Andalucía, Baleares, Cataluña, Aragón y Castilla-León), que han reformado sus respectivos Estatutos de Autonomía, incluyendo cláusulas de salvaguarda de las inversiones

en sus territorios en la media de la inversión estatal regionalizada o por encima de ella. También defendemos

ampliar la capacidad normativa de Canarias sobre las figuras tributarias del REF.

El nuevo Estatuto deberá incorporar en la definición territorial de Canarias, además de los territorios

insulares, el mar que los conecta y el espacio aéreo correspondiente. Igualmente, habrá de definir los espacios marítimos y sus fondos, comprendiendo las aguas interiores, el mar territorial y el mar contiguo, así

como la Zona Económica Exclusiva, con la delimitación de la mediana de acuerdo con la legislación

española e internacional en esta materia. A los efectos de delimitación de los espacios anteriores se utilizará el procedimiento de líneas de base rectas que unan los puntos extremos de las islas e islotes del

Archipiélago.

Un nuevo Estatuto que fortalezca nuestro autogobierno permitiendo la transferencia de competencias hoy

en manos del Estado. Entre ellas el control de las aguas interiores canarias en lo referente a salvamento

marítimo, régimen energético y minero, y protección del medio ambiente, incluidos los vertidos y la protección de la fauna marina, así como competencias sobre litoral y costas. La cogestión de puertos y

aeropuertos, el control del transporte aéreo y portuario interinsular y la gestión del espacio radioeléctrico canario. También se debe asumir la competencia en los servicios de sanidad exterior y el

control fitosanitario en fronteras sobre los productos y mercancías de importación.

Asimismo, defendemos poder participar en el área de comercio exterior y relaciones con los países de nuestro entorno geográfico y sociocultural. Canarias deberá estar representada en las delegaciones

españolas ante terceros países, órganos comunitarios europeos y otros organismos supranacionales en los que se debatan o decidan cuestiones que afecten a los intereses de nuestro Archipiélago.

El nuevo Estatuto debe permitir la posibilidad de la disolución anticipada del Parlamento canario y la

consecuente convocatoria de elecciones autonómicas. Asimismo, el nuevo Estatuto debe sancionar una nueva distribución competencial entre administración autonómica, insular y municipal.

Igualmente, proponemos la inclusión de las consultas ciudadanas. Nueva Canarias considera una

cuestión esencial facilitar la participación de la ciudadanía en los grandes asuntos que afectan al interés general de Canarias. Hemos tenido un ejemplo reciente en la negativa del Gobierno de España a que se

realizase una consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas.

Es preciso, para ello, introducir en el nuevo Estatuto la modificación del artículo 32.5 del Estatuto actual

para que la autorización y realización de consultas en materias de competencia autonómica sean

competencia del Parlamento canario.


!69

10.- CANARIAS EN EL MUNDO

CANARIAS Y LA UNIÓN EUROPEA

El Tratado de funcionamiento de la Unión Europea que entró en vigor el

1 de diciembre de 2009, conocido como Tratado de Lisboa, supuso mantener y mejorar el reconocimiento

de un estatuto específico para Canarias como Región Ultraperiférica (RUP).

En efecto, el Tratado reconoce en su artículo 349 que para paliar las desventajas estructurales derivadas de la lejanía e insularidad se establecerán para las RUP modulaciones especiales en la aplicación de las políticas

comunes de la UE en transporte, agricultura, pesca, fiscalidad, condiciones de abastecimiento, investigación, nuevas tecnologías, etc. Y el artículo 107 autoriza la concesión de ayudas públicas de Estado a Canarias

independiente de su nivel de renta, cuando hasta ese momento estas ayudas estaban restringidas a aquellas

regiones cuyo nivel de renta era inferior al 75% de la media comunitaria, que ahora se amplía a las RUP, beneficiando particularmente a Canarias que ya supera ese umbral de renta.

Sobre esta base jurídica Canarias debe seguir defendiendo la aplicación de una política europea específica para las RUP lo que exige una continua labor de seguimiento, coordinada desde el Gobierno de Canarias y

el Gobierno central, para que en cada desarrollo de las políticas comunes la Comisión Europea reconozca

nuestras singularidades.

En este sentido, nos parece muy adecuado forjar un partenariado fuerte entre las instituciones de la UE, las

RUP y los tres Estados a los que pertenecen, que permita hacer más coherente todas las políticas sectoriales comunitarias referidas a estas regiones.

Este reconocimiento de nuestras especificidades es el que nos permite acceder a un nivel suficiente de

fondos europeos para el período 2014-2020, por encima del que nos correspondería aplicando exclusivamente el nivel de renta, bien a través de un Fondo específico RUP u otro mecanismo que se

estime conveniente. Y, asimismo, formar parte del mapa de Ayudas de Estado 2014-2020, especialmente las de finalidad regional, con el máximo nivel de intensidad. Es esto lo que nos facilitó

negociar un nuevo REF Fiscal para el período 2015-2020.

Consideramos que se ha avanzado muy poco en la estrategia de desarrollo para la ultraperiferia proclamada por la Comisión Europea, que afectaría a Canarias, y articulada en torno a tres ejes: reducir el

déficit de accesibilidad, reforzar la competitividad y mejorar la integración de las RUP en su entorno geográfico próximo.

En este último aspecto, Canarias debe optimizar su condición de frontera sur de Europa en un entorno

geopolítico con un inferior desarrollo socioeconómico. Debemos hacer del archipiélago una plataforma europea para la cooperación y la ayuda al desarrollo de nuestro entorno, evitando que la especulación más

salvaje sea el objetivo fundamental de estas acciones.

Canarias reúne todas las condiciones para ser la plataforma logística más importante del Atlántico Medio

que impulse las relaciones comerciales y la cooperación al desarrollo con las áreas vecinas, especialmente

con el África.

noroccidental y la Macaronesia, por su cercanía geográfica; y con América Latina, por su cercanía cultural y

la elevada presencia de canarios y sus descendientes.


70

Para facilitar este objetivo proponemos que Canarias participe en la gestión de los programas europeos de

cooperación territorial, financiados por el FEDER o por el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), destinados

a estos territorios de nuestro entorno geográfico (Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde) y que se desarrolle y llene de contenido el Plan de Acción para la Gran Vecindad anunciado por la Comisión Europea

como mecanismo de integración de Canarias en su área geográfica.

Estos programas de cooperación y el impulso de las relaciones comerciales con los países vecinos fomentan

la actividad económica; facilitan las transferencias tecnológicas desde Canarias en sectores como las

energías renovables, tratamiento de aguas, agricultura, telecomunicaciones, etcétera; y promueven intercambios culturales de forma que se genere una fructífera relación bilateral entre la población canaria y

los pueblos vecinos.

Como hemos señalado es especialmente necesario que se incentiven las conexiones de transporte aéreo y

marítimo con los países vecinos, en línea con lo expuesto en la Comunicación sobre las RUP COM (2012)

287 final, de 20.6.2012, relativo al “establecimiento de rutas aéreas y marítimas nuevas o más eficaces entre las regiones ultraperiféricas y sus vecinos” incluyendo la posibilidad de “establecer requisitos de servicio

para el transporte similares a los de los contratos de obligaciones de servicio público con arreglo al derecho de la UE”.

Una idea que defendía el Informe Solbes sobre las RUP y que finalmente se incorporó en la Comunicación

COM (2012) 287 final: "Las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea: hacia una asociación en pos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador".

GLOBALIZACIÓN: CRISIS Y POBREZA

Vivimos en un mundo globalizado, donde persisten enormes diferencias económicas y sociales, conflictos

bélicos y hambrunas que afectan a más de

1.000 millones de personas; fenómenos migratorios motivados por las nulas expectativas de desarrollo o

protagonizados por hombres y mujeres que huyen de conflictos bélicos o de regímenes autoritarios que no respetan los más elementales derechos humanos.

Al tiempo, en los últimos años hemos sufrido las consecuencias de una crisis económica mundial, con

epicentro en Estados Unidos, la burbuja inmobiliaria y las hipotecas basura, pero, sobre todo, facilitada por la ambición desmedida y la casi total desregulación de las entidades financieras, en consonancia con las tesis

ultraliberales y neoconservadoras de los gobiernos presididos por George Bush.

El estrepitoso fracaso de estas concepciones conservadoras debería ser una oportunidad para su

cuestionamiento a través de la acción política a escala mundial, para incrementar o recuperar la regulación

pública sobre actividades económica-financieras sensibles y para relanzar potentes políticas redistributivas, fortaleciendo la inversión pública y las políticas de protección social, que sólo pueden ser impulsadas por

una acción política global decidida.

Debería constituir una oportunidad para reorientar el papel de las fracasadas instituciones económicas y

financieras internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) y para crear fuertes

instrumentos de vigilancia de las grandes operaciones especulativas de empresas y entidades financieras. Prohibiendo el secreto bancario, que facilita la opacidad.

Pero las cosas no están evolucionando en ese sentido. Antes, por el contrario, asistimos a una reafirmación de las posiciones conservadoras y neoliberales en todo el mundo. Con expresiones nítidas en las políticas


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adoptadas por la Unión Europea y que están suponiendo recorte de los derechos laborales y retroceso de

los servicios públicos. Se trata de decisiones que no abordan

consecuentemente la crisis ni aportan salidas que posibiliten la generación de actividad económica y empleo, ni afrontan medidas para mejorar la protección de la gente más vulnerable.

Lo vemos claramente en el caso de la Unión Europea. Las medidas económicas acordadas a nivel europeo en mayo de 2010 han supuesto el abandono de las políticas anti cíclicas desarrolladas hasta entonces de

estímulo fiscal de la demanda, con fomento de la inversión pública para favorecer la actividad económica,

combatiendo así el desempleo, al menos hasta que la inversión privada no garantice un despegue autónomo. Esta política ha sido bruscamente sustituida por otra de inspiración conservadora, cuya prioridad ya no es

favorecer la recuperación económica sino la urgente reducción del déficit de los estados, vía recorte severo del gasto público.

En la UE bajo el pretexto de apaciguar a los “mercados financieros” que atacaban la deuda soberana de

algunos países de la zona euro, se ha impuesto una política económica liberal, liderada por el gobierno conservador alemán, sin que los escasos ejecutivos socialdemócratas hayan sido capaces de elaborar una

estrategia propia, como sucedió con el Gobierno del PSOE o el socialista griego del PASOK, como ahora ocurre con el francés. Las medidas de ajuste del gasto público de todos los países de Europa,

incluyendo aquellos que como Alemania no lo necesitaban, están sacrificando a corto plazo la recuperación,

lo que va a suponer grandes costes sociales en los estados con más paro, entre ellos España.

Se ha hecho exactamente lo contrario de lo que aconsejaba el Informe del Grupo de Reflexión sobre el

futuro de la UE en 2030, presidido por Felipe González, y que fue presentado el mismo mes de mayo en el que los dirigentes de la Unión aprobaron el giro en sus políticas anti crisis: “Para salir de la crisis -señala este

Informe- necesitamos mantener medidas anti cíclicas, hasta que la economía despegue por sí misma, porque

la máxima prioridad sigue siendo crecer y crear empleo. Si aquellas se cortan a destiempo podemos retroceder.”

Mientras, otros estados, como Reino Unido, Japón o Estados Unidos, aplicaban políticas de estímulo.

COMPROMISO CON LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y LA PAZ

Tampoco ha mejorado la conflictividad mundial, relacionada con las guerras y la violencia en el Planeta, expresando, reiteradamente, el fracaso de la ONU como ámbito de resolución de conflictos y la incapacidad

de la UE para dotarse de una influyente política exterior propia, para impulsar la paz y la cooperación en el mundo.

Las denominadas Primavera Árabes no han llegado a buen fin. Las ansias de democratización y mejora de las

condiciones socioeconómicas de una parte de la población de distintos estados se han visto frustradas. Esa realidad junto a la permanencia de distintos conflictos bélicos, como los que han destruido Siria o Irak, la

situación de Afganistán, y factores de índole religiosa, están potenciando movimientos extremistas y violentos en distintos estados, cuyas ramificaciones golpean también a Europa.

En los últimos años hemos asistido a la inoperancia de los organismos internacionales para evitar la escalada de la represión que sufre el pueblo saharaui de manos de la monarquía marroquí que ha conseguido de

forma ilegítima obstaculizar permanentemente el ejercicio por el pueblo saharaui de su derecho a la autodeterminación.


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Reiteramos la defensa del ejercicio del Derecho a la Autodeterminación del pueblo saharaui, a través

de un referéndum con todas las garantías democráticas. Un pueblo víctima de una injusticia que

tiene su origen en los acuerdos tripartitos de Madrid de 1975 y en la vulneración de la legalidad internacional por el Gobierno de Marruecos. Denunciamos el entreguismo al Gobierno de Marruecos por

parte de los distintos Ejecutivos españoles y su abandono de la responsabilidad que le corresponde como potencia que colonizaba ese territorio hasta 1975. Asimismo, exigimos el cese de la violación de los

derechos humanos sobre la población civil saharaui en los territorios ocupados por el Gobierno marroquí.

Apoyamos, asimismo, la justa causa del pueblo palestino, víctima de la permanente agresión del Gobierno de Israel y de los obstáculos que este plantea para el reconocimiento de los derechos de ese pueblo y el

establecimiento de un Estado Palestino.

Asimismo, Canarias debe proseguir su compromiso activo con la Paz, desde la defensa del derecho

internacional y la apuesta por la resolución justa de los conflictos que afectan a distintos pueblos y

naciones. Continuando con el impulso a las relaciones de cooperación mutua con nuestro entorno geográfico más cercano del continente africano y con aquellos países latinoamericanos con mayor presencia

de canarios y sus descendientes, especialmente Argentina, Venezuela, Uruguay y Cuba.

Promoviendo acciones orientadas a la denuncia de las causas que provocan la actual situación de injusticia

que sufre el 80% de la Humanidad y al desarrollo de proyectos solidarios con los países empobrecidos.

Favoreciendo la cooperación con las actividades de las Asociaciones de inmigrantes que tienen operatividad en Canarias, así como con las organizaciones y entidades que afrontan respuestas a la situación de los

refugiados.

Receptivos a las argumentadas peticiones de la Federación Coordinadora de ONGs Desarrollo de

Canarias, pondremos en marcha una estrategia inteligente y participada orientada a África y América Latina.

Recuperando las partidas destinadas al desarrollo, desaparecidas en los presupuestos de la Comunidad Canaria durante el Gobierno de CC y PSOE.

Así como recuperar la Dirección General de África y el Consejo Asesor de Cooperación, desmantelados en la legislatura autonómica 2011-2015.

Cumpliendo, asimismo, con lo que estipula la Ley Canaria de Cooperación Internacional para el Desarrollo

4/2009.

UN PROGRAMA PARA CAMBIAR CANARIAS

El programa político constituye el compromiso de los diferentes partidos con los ciudadanos y las

ciudadanas. No puede ser un brindis al sol, un conjunto de promesas incumplibles como en muchas

ocasiones podemos observar cuando, desde una enorme frivolidad, se ofertan decenas o cientos de miles de puestos de trabajo o temerarias bajadas de impuestos que dejarían sin recursos a las administraciones, al

tiempo que se asegura que se mejorará la sanidad o la educación y se realizarán nuevas infraestructuras.

Este programa nace de la actividad política e institucional de Nueva Canarias y de los grupos y personas que

conforman el Frente Amplio con el que concurrimos a estos comicios de mayo.

Nace de la intensa labor que hemos desarrollado en el Parlamento de Canarias, de los análisis y propuestas en todos los ámbitos económicos y sociales. De la práctica, asimismo, en las corporaciones locales, en tareas

de gobierno o de oposición.


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También de los centenares de reuniones que hemos mantenido con organizaciones sindicales y

empresariales, colectivos y movimientos sociales a lo largo de la legislatura.

Así como de las jornadas abiertas con participación de expertos que hemos llevado a cabo sobre fiscalidad y servicios públicos, jóvenes, sector primario, modelo de desarrollo económico de Canarias y participación

a través de las redes sociales.

La orientación de una economía sostenible, generadora de empleo de calidad y puesta al servicio de la

mayoría social. La apuesta por una fiscalidad progresiva y el combate contra el fraude. La defensa de los

servicios y los trabajadores públicos.

El compromiso por construir una Canarias más equilibrada, con mayor equidad, sin los actuales abismos

sociales. El derecho del acceso de la ciudadanía a la cultura. La lucha contra cualquier tipo de discriminación.

La exigencia de un trato justo por parte del Estado. La imperiosa necesidad de una Política con mayúsculas,

desde la transparencia y la eficacia en la gestión, así como facilitando la participación y modificando nuestro

injusto sistema electoral. Más y mejor autogobierno.

Todos estos aspectos, junto a muchos otros, forman parte de este Programa nacido de la reflexión, de la

práctica, del debate y del trabajo colectivo; y que pretende orientar las políticas que desarrollaremos en el Parlamento de Canarias en el lugar que los ciudadanos y las ciudadanas nos sitúen. Las propuestas de toda

índole, en definitiva, que impulsaremos para cambiar Canarias.


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C A N D I D A T O S A L P A R L A M E N T O D E C A N A R I A S

Román RodríguezGRAN CANARIA

Pedro MedinaLA GOMERA

Almudena MontserratFUERTEVENTURA

Miguel Ángel PulidoLA PALMA

Santiago PérezTENERIFE

Nieves de la FuenteEL HIERRO

Gladis AcuñaLANZAROTE

vota

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