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Tomado de http://www.pymex.pe/images/stories/a/aa/cultivos%20agricolas.jpg

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Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias Económicas Centro de Investigaciones para el Desarrollo (Observatorio de Macroeconomía)

Para el pleno empleo y la estabilidad de precios

Programas Gubernamentales y Equidad Crediticia en el Agro

Colombiano, 2002 - 2008 Diciembre 16 del 2008

Yanod Márquez Aldana

Doctor en Ciencias Económicas yanod.marquez@gmail.com

1. Introducción

El gobierno nacional liderado por el Presidente Álvaro Uribe Vélez incorporó

al sector agropecuario dentro del Plan Nacional de Desarrollo como un sector a

intervenir en función de tres de sus cuatro grandes objetivos: la seguridad

democrática, el crecimiento económico y los problemas de equidad. La

incorporación en el tema de seguridad democrática lo justifica con el

argumento de que este sector ha visto afectada por la destrucción de sus

factores productivos, capital y trabajo, a causa de la acción de los grupos

ilegales; la inclusión en el objetivo de crecimiento económico, como es obvio, lo

justifica no sólo por el aporte al PIB que puede hacer el sector sino por los

efectos sobre la erradicación de la desigualdad y la pobreza; finalmente, la

inclusión en el tema de construcción con equidad se justifica porque en el agro

se concentra la mayor inequidad social y económica.

Como se observa, el tema del agro en relación la reducción de la inequidad y la

pobreza es un asunto transversal en el Plan Nacional de Desarrollo y por tal

razón se espera que las metas de los programas generen un gran impacto

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económico y social en el sector. El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010

reafirmó las metas descritas en el plan previo y se propuso consolidarlas. Este

trabajo se propone revisar las metas de acceso y costo al crédito para lo

pequeños productores dentro de los programas focalizados en el sector

agropecuario, en particular con los recursos gubernamentales administrados

por FINAGRO; el propósito es evaluar el impacto real en términos de

reducción de la inequidad existente en el crédito ofrecido por la banca privada

a grandes y pequeños empresarios.

Una conclusión preliminar, a través de los comentarios de prensa, es que en

programas como el de Agro, Ingreso Seguro, AIS, el diseño del sistema de

apoyo, crédito y subsidios favorece a los grandes comercializadores de

productos e insumos agropecuarios. En el caso del maíz (Dangond, 2008), por

ejemplo, existen cinco subsidios directos relacionados con la tasa de interés, la

asistencia técnica, el seguro de riesgos climáticos, y el transporte y

almacenamiento. El Estado a través de la banca ofrece un crédito por el 80% de

los costos a una tasa de interés del 9% anual, sin embargo los agricultores

deben cumplir 15 requisitos, incluyendo una garantía del 130% del valor del

crédito, y el trámite se demora 45 días. Dado que estas circunstancias

dificultan el acceso real y oportuno al crédito, los pequeños agricultores

recurren al crédito que otorgan los distribuidores de insumos a un costo del

26%, en tanto que estos distribuidores recurren al crédito subsidiado con las

tasas del 9%. El subsidio de asistencia técnica se gira a tres empresas

preseleccionadas por el gobierno, cuya cobertura de servicios tiene poco

impacto para los pequeños agricultores; el seguro contra riesgo climático

concentra sus beneficios en las empresas aseguradoras; los demás subsidios

son girados directamente a intermediarios comerciales que son las que

transportan y almacenan.

Del trabajo se obtuvo como resultado que a pesar de los compromisos

adquiridos con la reducción de la inequidad mediante el Plan Nacional de

Desarrollo, las cifras no aportan indicios respecto a la posibilidad de su

cumplimiento.

El presente trabajo se compone de lo siguiente: una primera parte describe la

forma como se incorpora el tema de la equidad en el agro y en particular la

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oferta de crédito en el Plan Nacional de Desarrollo; una segunda parte

describe las instituciones estatales dedicadas al crédito rural y las tendencias

del monto y del costo de este crédito; finalmente se exponen los resultados y

conclusiones.

2. La política redistributiva para el agro

El gobierno nacional en su Plan Nacional de Desarrollo 2002–2006 introdujo el

tema de la inequidad en tres de los cuatro grandes objetivos: el primero,

seguridad democrática; el segundo, crecimiento económico y generación de

empleo; y el tercero, equidad social.

2.1. Seguridad democrática

En el primero de ellos, referido al tema de la seguridad democrática, su

propósito es el desarrollo de zonas hoy deprimidas bajo el supuesto de que el

conflicto armado “afecta los principales determinantes del desarrollo

económico y social de las regiones al destruir los capitales humano, natural y

físico” (PND, 2002), de lo que se deduce el bajo crecimiento económico. La

política formulada para las zonas en conflicto es la intervención integral en

torno a la generación de alternativas económica y ambientalmente sostenibles,

articulando el concepto de desarrollo alternativo con el de desarrollo regional

basado en crecimiento productivo, fortalecimiento institucional y comunitario,

y mejoramiento de la infraestructura física y social.

Un aspecto notable de este enfoque es que se abandona el sentido causal

tradicional en el que las condiciones socioeconómicas constituyen una de las

principales causas objetivas del conflicto y la solución que se deduce es el pago

de la deuda social. Por el contrario, el Plan Nacional de Desarrollo 2002–2006

parte del supuesto de que es el conflicto el que genera las condiciones

socioeconómicas por destrucción del capital humano, la infraestructura, el

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equipamiento institucional y las plantas productivas; visión de la que se

concluye que la alternativa es la reconstrucción.

Los subsectores considerados en el plan incluyen proyectos forestales,

agroforestales y silvo-pastoriles. La intervención para el desarrollo productivo

de las zonas en conflicto incluye financiamiento, asistencia técnica,

identificación de mercados y comercialización, así como nuevos esquemas de

acceso a tierras y demás recursos productivos, y considera toda la cadena

productiva desde la producción hasta comercialización y la agroindustria, con

especial enfoque en los pequeños productores. Los programas incluyen el

acceso a recursos como el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), el

Certificado de Incentivo Forestal (CIF), el Programa de Minicadenas

Productivas, el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico

de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (FOMIPYME) y el Proyecto de

apoyo al Desarrollo de la Microempresa Rural (PADEMER).

2.2. Impulso al crecimiento económico sostenible y la generación de empleo

El segundo, el objetivo de impulso al crecimiento económico sostenible y la

generación de empleo, tiene como objetivos específicos “la solución de los

problemas de empleo y pobreza, para garantizar la viabilidad de las reformas

emprendidas en la década pasada y para avanzar hacia una sociedad más

equitativa” (PND, 2002).

El sector considerado como clave para cumplir este objetivo es la construcción

y vivienda, la misma propuesta por Lauchlin Currie desde finales de los años

50. Incluye “un impulso denodado a la vivienda de interés social y un paquete de

estímulos tendientes a reactivar el crédito hipotecario y, por esta vía, la construcción de

vivienda para estratos altos medios y bajos” (PND, 2002).

El agro se introduce inicialmente con la política de ciencia, tecnología e

innovación, en donde le cabe un espacio a través de la investigación en

biotecnología para aprovechar la biodiversidad (capítulo II, numeral 5). El

agro se incorpora de nuevo en la estrategia de promoción de exportaciones

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agrícolas como parte del Plan Estratégico Exportador 1999 – 2009, dándole

continuidad a dicho plan. El propósito es modernizar la producción de tal

manera que sea competitiva a nivel internacional, aunque deja espacio para los

mecanismos en frontera para contrarrestar las distorsiones de los precios

internacionales originadas por los subsidios y ayudas internas en de los países

limítrofes.

Dentro de este capítulo dedicado a la economía, dos subsectores recibieron la

atención: el cafetero y los llamados mercados verdes. Al cafetero, el cual, no

obstante que ha perdido importancia para la economía nacional y para el sector

exportador en particular, el plan le reconoce su contribución con el 2% del PIB

total, el 22% del PIB agrícola, y 500 mil empleos directos, equivalente al 36%

del empleo agrícola y que afecta a 590 municipios. Respecto a los mercados

verdes la propuesta fue la asistencia y apoyo financiero para promoverlos con

la participación de actores públicos y privados; este plan debe conducir al

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad con investigación de nuevos

productos. El plan se concreta con la creación de al menos pequeñas y

medianas empresas y organizaciones de base comunitaria, y tres cadenas

productivas orientadas a la exportación: guadua, plantas medicinales y

agricultura ecológica.

Los apoyos ofrecidos son incentivos directos, apoyo a programas de

mejoramiento de la competitividad, acceso al crédito y ajustes institucionales, y

apoyo a la reconversión y desarrollo social.

2.3. Construcción con equidad social

Dentro del tercer objetivo, la construcción con equidad social, el agro se

incorpora dentro de los apartes dedicados al impulso de la economía solidaria

y el manejo social del campo. Se incluyen programas de acceso a la vivienda,

seguridad alimentaria y esquemas asociativos y productivos para el desarrollo

rural. En el programa de acceso a la vivienda se establecen metas concretas:

36.144 soluciones de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, y 4.800

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soluciones de vivienda nueva. Los montos a subsidiar son: saneamiento básico

con 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLV), mejoramiento de

vivienda y saneamiento básico con un mínimo de 10 SMLMV, construcción de

vivienda nueva con 18 SMLMV como máximo.

El plan con respecto a la seguridad alimentaria es apoyar la economía

campesina y los cultivos de pancoger, en función de las necesidades regionales,

étnicas y culturales. La intervención incluye el propósito de facilitar el acceso a

factores productivos, sistemas de financiamiento, servicios tecnológicos,

fondos de estabilización de precios dentro del marco de la ley 101 de 1993,

programas de asistencia social y ayuda alimentaria.

En los esquemas asociativos y productivos para el desarrollo rural el objetivo

específico es impulsar cadenas productivas para los principales productos

agropecuarios, con el fomento de la integración de productores y empresarios;

incluye también los acuerdos regionales de competitividad para las cadenas ya

establecidas y para las que tengan posibilidades de crecer tanto en el mercado

interno como en el externo. Reciben particular mención los minifundistas a

quienes se les ofrece facilidades para el acceso a tierras por compra o

arrendamiento, apoyo a la microempresa sea esta agropecuaria y no, y el

impulso para la creación de 200 nuevos bancos de maquinaria.

Los instrumentos de intervención incluyen la capitalización, financiamiento y

modernización. La meta concreta es recuperar un total de 496 mil hectáreas

para la producción agropecuaria y que se generen 50 mil nuevos empleos.

2.4. Las asignaciones en la Ley de Presupuesto

Las decisiones tomadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo se concretan

con la asignación de recursos través de la ley Presupuesto de Rentas y

Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones que se expide anualmente.

La Ley 628/2002, por un período de tres años, apropió una cantidad no inferior

al 50% de las utilidades brutas anuales de FINAGRO con destino al Incentivo a

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la Capitalización Rural, ICR. El monto deberá ser definido por la Junta

Directiva. En la Ley 848/2003 hizo algo similar con el 50% de las utilidades del

Banco Agrario correspondientes al año 2003 y con destino a programas y

proyectos de inversión del sector agropecuario y rural. En ninguno de los dos

casos se estipularon porcentajes obligatorios a favor de los pequeños

productores.

En la ley de presupuesto para 2005 no hizo referencia alguna sobre este tipo de

uso del crédito y la ley del presupuesto correspondiente a 2006 asignó $1,6

millones con destino a la ampliación del Resguardo Indígena del predio

Putumayo en un total de 802 hectáreas.

Con la ley de presupuesto para el 2007 se autorizó destinar para el sector

agropecuario una parte de las utilidades del Banco Agrario y de FINAGRO

correspondientes a la vigencia fiscal del 2006, y se delega al Consejo Nacional

de Política Económica y Social, CONPES, para definir el monto y su

distribución. El propósito es desarrollar proyectos de capital de riesgo, en

cumplimiento de la ley aprobatoria del Tratado de Libre Comercio celebrado

con los Estados Unidos. También se establece que de las utilidades brutas del

Banco Agrario S.A. correspondientes a la misma vigencia fiscal se destinen

hasta $50.000.000.000 para financiar parcialmente el Programa Agro, Ingreso

Seguro – AIS del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

2.5. El sistema de financiamiento agropecuario

El crédito de fomento agropecuario, y en general la intervención

gubernamental en pro del desarrollo agropecuario, tiene una larga tradición en

Colombia. Una larga lista hace parte de esa experiencia: el Fondo Nacional del

Café (1927), la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero (1931), el Centro

Nacional de investigaciones de Café, CENICAFÉ (1938), el Instituto Nacional

de Abastecimiento, INA, (1944), después reorganizado como Instituto de

Mercadeo Agropecuario, la Flota Mercante Grancolombiana (1946), la Agrícola

de Seguros (1952), la Industria Colombiana de Fertilizantes (1952) el Instituto

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Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA (1961), el Instituto Colombiano

Agropecuario, ICA (1962); y un conjunto de instituciones bancarias como los

bancos Cafetero (1953) y Ganadero (1956). Con el tiempo y a propósito del

cambio de modelo económico, la mayor parte de tales instituciones fueron

liquidadas.

No obstante que el modelo económico imperante conlleva a la desaparición de

caso todo instrumento de intervención gubernamental, algunos entes ha

sobrevivido y se han reorganizado para enfrentar la tarea de ejecutar tareas

propias de las políticas de desarrollo, como lo es el crédito de fomento. El

conjunto de instituciones gubernamentales que hoy cuenta el sector

agropecuario con propósitos financieros, en lo sustancial, se reducen a tres: el

Fondo Agrario de Garantías, FAG, creado en 1985, el Fondo para el

Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, creado en 1990, y el

Banco Agrario que es heredero de una larga tradición bancaria representada

en la Caja Agraria.

2.5.1 Fondo Agropecuario de Garantías, FAG

El Fondo Agropecuario de Garantías fue creado mediante la Ley 21 de 1985

con el propósito de facilitarles el acceso al crédito a los pequeños productores

del campo. Inicialmente estaba a cargo del Banco de la República pero pasó a

depender de FINAGRO a partir de la creación de este último en 1990; está

constituido como una cuenta especial bajo la regulación de la Comisión

Nacional de Crédito Agropecuario. Con el tiempo el FAG pasó a respaldar los

créditos para los productores grandes y medianos, tanto individuales como

asociados.

El FAG respalda los créditos otorgados con redescuento ante FINAGRO u

otorgados sin redescuento pero bajo las condiciones establecidas por

FINAGRO. El respaldo se da a proyectos del sector agropecuario y rural que

sean viables técnica, financiera y ambientalmente, en el caso de productores

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que no estén en capacidad de ofrecer el tipo de garantías exigidas por las

entidades otorgantes del crédito.

La cobertura de la garantía puede cubrir entre el 50% y el 100%, según el tipo

de población beneficiaria, tal como se muestra en el Cuadro No. 1.

Cuadro No. 1: Porcentaje de cobertura de las garantías del FAG

Tipo de productor %

Población desplazada 100%

Mujeres rurales de bajos ingresos 90%

Pequeños productores 80%

Reinsertados 80%

Productores medianos con crédito hasta de 350 smmlv

75%

Grandes productores 50%

Fuente: FINAGRO

2.5.2 FINAGRO

Por su parte el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario,

FINAGRO, fue creado (Ley 16/1990) como parte del Sistema Nacional de

Crédito Agropecuario, SNCA, con dos propósitos, el primero, unir en un solo

ente los diversos organismos que manejaban recursos de crédito procedentes

del Banco de la República; el segundo, aumentar el volumen de crédito a la

agricultura, la ganadería y los recursos forestales nacionales, con el argumento

de que esta variable es más importante que las condiciones preferenciales en

las tasas de interés aunque no se propuso eliminar este tratamiento

preferencial.

FINAGRO aplica condiciones preferenciales a los créditos para el sector rural

con respecto a las tasas de interés, las formas de pago, los plazos de los

créditos, los periodos de gracia, las garantías, los montos de los préstamos y los

acompañamientos que deben tener, son distintos de los que se aplican a otros

sectores de la economía.

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2.5.3 Banco Agrario

El Banco Agrario de Colombia S.A. es una Empresa Industrial y Comercial del

Estado, de economía mixta, vinculada al Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural, fue creada con el objetivo de prestar servicios bancarios a las

actividades agropecuarias, agroindustriales y a los entes territoriales.

El Banco Agrario de Colombia S.A., que fue creado en 1999 (Decreto

1127/1999), es el resultado de la evolución de Agileasing S.A., una empresa

privada fundada en 1988 y que cambió su denominación por Financiera

Leasing Colvalores S.A. en 1994; en 1997 se convirtió en una empresa estatal

por la compra que hizo el Instituto de Fomento Industrial, IFI, y se dedicó a la

intermediación en el mercado público de valores; a comienzos de junio de 1999

se transformó en el Banco de Desarrollo Empresarial S.A.. No obstante lo

anterior, sus antecedentes se remontan a 1931 con la creación de la Caja de

Crédito Agrario, Industrial y Minero S. A. (Ley 57/1931), institución esta que

fue liquidada con orden de ceder sus activos y pasivos al Banco Agrario

(Decreto 1065 de junio 26 de 1999).

El Banco Agrario tiene como objetivo fomentar la actividad productiva y

autosostenible del sector agropecuario, llegando a zonas donde la banca

comercial no lo hace y apalancándose sólo en factores diferenciadores como la

amplitud de su red y su conocimiento sectorial, pero no en el otorgamiento del

crédito en las condiciones preferenciales que podrían reducir la inequidad más

allá de la disponibilidad. Además, las políticas del Banco Agrario impiden que

una voluminosa oferta de crédito lo caracterice pues, de acuerdo con la

Contraloría General de la República,

“El Banco Agrario se ha caracterizado por mantener una política conservadora respecto a las inversiones, esto significa que, de acuerdo a los lineamientos de política general de inversiones y cuidado de valores, se prefiere una baja rentabilidad, frente a los riesgos que pueda asumir en el mercado. Esto ha hecho que su portafolio de inversiones esté constituido en casi un 90% por título de renta Fija o TES, mientras que el restante 10% se encuentra en renta variable, situación que se ha mantenido constante desde 1999.”(CGR, 2005)

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Esta tendencia en el manejo de los recursos financieros impide que el único

banco especializado en el crédito agrario cumpla un papel destacado en el

sector; con respecto a los programas de crédito orientados a reducir la

inequidad rural, se puede dimensionar más este aspecto si se tiene en cuenta

que el crédito que este banco otorga en condiciones preferenciales originados

en recursos propios son tan solo una pequeña parte de ese 10% que dedica a la

renta variable, es decir que no están invertidos en títulos como los TES.

Por esta razón los programas dirigidos a reducir la inequidad realmente están

centrados en FINAGRO, por tal motivo este documento centrará la atención

este último ente.

3. La ejecución de los programas

3.1 El crédito y su distribución

El proyecto de reducir la inequidad en el agro colombiano expresado en el Plan

Nacional de Desarrollo, los programas y las asignaciones establecidas por la

ley de presupuesto debe reflejarse en un tratamiento preferencial a los sectores

de la población rural con menores recursos de capital y con mayor

vulnerabilidad social.

El primer aspecto a evaluar es la distribución del crédito entre las actividades

del agro y el resto de actividades económicas. En el año 2000 el agropecuario

tuvo un PIB equivalente al 9,6% del total y recibió en forma de créditos de

fomento el equivalente al 9,6% del total del crédito otorgado a las actividades

productivas y 7,80% del crédito dedicado a la producción y al consumo (ver

Cuadro No. 2). Para el año 2007 el crédito de fomento para el agro representa

tan sólo el 4,1% del crédito a las actividades productivas y el 3,23% del crédito

para la producción y el consumo. La reducción ha ocurrido de forma

paulatina a lo largo del período 2002–2007, la proporción de la participación

del agro en el PIB sobre la participación en el crédito descendió levemente

desde 0,52 en 2002 hasta 0,50 en 2007. Entonces, el crédito de fomento, visto

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desde la actividad de FINAGRO, no se ha visto fortalecido por los programas

de créditos derivados del Plan Nacional de Desarrollo.

Cuadro No. 2. Participación del sector agropecuario en el crédito

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(1) Participación en el crédito total

7,80% 7,40% 4,15% 4,78% 4,38% 4,33% 3,09% 3,23% 1,94%

(2) Participación en el crédito a la producción

9,7% 9,3% 5,2% 5,9% 5,4% 5,5% 4,0% 4,1% 2,3%

(3) PIB Agrario / PIB 9,6% 9,8% 10,1% 9,7% 9,1% 8,8% 8,6% 8,1%

(4) Crédito agropecuario / Crédito de consumo

40,1% 35,5% 20,5% 25,9% 23,3% 19,9% 13,9% 15,3% 12,4%

(5) =(3)/(2) Partic en PIB / Partic en crédito

1,01 0,95 0,52 0,61 0,59 0,62 0,46 0,50

Fuente: Cálculos propios a partir de las series del Banco de la República y de FINAGRO

El segundo aspecto a evaluar es la distribución del crédito de fomento al

interior del sector agropecuario. Para posibilitar la focalización de los recursos

las normas sobre crédito agropecuario establecen las categorías de productores

pequeños, medianos y grandes, los cuales pueden ser individuos o estar

asociados; los empresariales se subdividen en micro, pequeños, medianos y

grandes. Lo primero que se observa (ver cuadro No. 3) en el comportamiento

del crédito es que para el período 2003–2007 el correspondiente a los pequeños

productores expresado como proporción del crédito otorgado a los grandes

productores pasó de ser 2,33 a 2,14, con un promedio total de 2,15; es decir que

el crédito de fomento agropecuario, aunque levemente, ha incrementado la

inequidad de su distribución.

Cuadro No. 3: Crédito FINAGRO de pequeños y medianos productores como proporción del crédito a productores grandes

Productor 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

Pequeño 2,33 1,27 2,29 3,60 1,95 2,14 2,15

15

Mediano 4,22 2,46 3,60 4,90 2,71 3,29 3,33

Grande 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fuente: Cálculos a partir de las series de FINAGRO

Este

comportamiento se refleja, naturalmente, en la tasa de crecimiento del crédito

por beneficiario, el crédito pequeños productores creció en promedio al 18,9%

en contraste con el de grandes productores que creció al 30,6% (ver Cuadro No.

4).

3.2 Incentivo a la Capitalización Rural (ICR)

El Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) fue creado mediante la Ley 101 de

1993 y es un beneficio económico que se otorga a personas naturales o jurídicas

que en forma individual o colectiva, realicen proyectos de inversión nueva con

el propósito de mejorar la competitividad y sostenibilidad de la producción

agropecuaria y de reducir sus riesgos de manera duradera.

El estímulo consiste en un abono que hace FINAGRO hasta por un 40% del

saldo del crédito contraído por pequeños productores para financiar la

inversión. A los medianos y grandes productores se les ofrece un abono del

20% con el mismo propósito.

Los campos de inversión incluidos por el PND 2002 – 2006 son adecuación de

tierras, biotecnología, plantación y sostenimiento de cultivos de tardío

rendimiento, renovación de cultivos de tardío rendimiento, suministro y

manejo del agua, compra de maquinaria agrícola, infraestructura para la

transformación primaria y comercialización, infraestructura para la

Cuadro No. 4. Crecimiento del crédito FINAGRO por tipo de beneficiario

Productor 2003 2004 2005 2006 2007 Promedio

Pequeño 18,9% 38,7% 25,2% -8,7% 20,6% 18,9%

Mediano 27,3% 12,5% 8,6% -7,0% 33,5% 15,0%

Grande 118,3% -23,0% -20,3% 68,3% 10,0% 30,6%

Total 36,7% 12,0% 10,0% 0,3% 24,9% 16,8%

Fuente: Cálculos propios a partir de las estadísticas de FINAGRO

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producción, equipos pecuarios y acuícolas, modernización pesquera y sistemas

silvopastoriles.

A través de la Ley de presupuesto para 2003 (Ley 628/2002) y por tres años, se

asignó para el ICR, “no menos del 50% de las utilidades brutas que en cada ejercicio

anual liquide FINAGRO”, en un porcentaje que anualmente defina la Junta

Directiva.

En el Cuadro No. 5 se observa el comportamiento del ICR. Los pagos por ICR

sólo alcanzan en promedio el 19,5% de la inversión, muy por debajo del límite

establecido por la ley, que es del 40%.

Cuadro No. 5. Solicitudes y pagos por Incentivos a la Capitalización Rural

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Promedio

Solicitudes** 2.184 4.456 2.891 4.900 7.816 8.578 9.763

Valor inversión** 175 257 101 138 197 270 480

ICR pagado 37 46 21 26 41 52 82

ICR / Inversión 21,0% 18,0% 21,2% 19,1% 20,7% 19,3% 17,1% 19,5%

*Los datos de 2008 corresponden a enero – octubre **Miles de millones de pesos Fuente: Cálculos a partir de la series estadísticas de FINAGRO

Los giros (ver Cuadro No. 6) han crecido a un promedio del 15,4% muy por

debajo de las solicitudes (41,5%) y por debajo también de la inversión (20,4%).

Cuadro No. 6.

Crecimiento 2003 2004 2005 2006 2007 Promedio

Solicitudes 104,0% -35,1% 69,5% 59,5% 9,7% 41,5%

Valor inversión 46,7% -60,5% 36,3% 42,7% 36,8% 20,4%

ICR pagado 25,8% -53,6% 22,8% 54,5% 27,6% 15,4%

Fuente: Cálculos a partir de la series estadísticas de FINAGRO

Con respecto a la política de entregar como incentivos a la capitalización rural

una suma mayor al 50% de las utilidades brutas de FINAGRO, el Cuadro No. 7

muestra que esta meta se ha cumplido cada año (excepto 2005) y para todo el

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período acumulado, incluso durante más años que lo establecido por la ley de

presupuesto de 2003.

Cuadro No. 7 Utilidades de FINAGRO y giros para el ICR Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Acumulado

Utilidad bruta* 33,4 20,9 53,9 34,1 49,9 61,3 253,5

Asignación al ICR* 59,1 25,3 29,3 42,4 52,0 76,7 284,9

Participación 176,9% 121,3% 54,4% 124,2% 104,3% 125,2% 112,4%

*A precios de 2007 Fuente: FINAGRO y Superfinanciera

3.3 Costo del crédito

El costo del crédito está constituido por el cobro de dos conceptos, los intereses

y las comisiones. La tasa de interés, de acuerdo con la ley, es el resultado de

sumar o restar algunos puntos porcentuales a la DTF, es decir a la tasa

promedio ponderada que los bancos pagan por las captaciones en Depósitos a

Término Fijo a 90 días. La comisión es lo que cobra el banco que coloca los

recursos del crédito de fomento entregados por FINAGRO, esta comisión es

una tasa sobre el monto del crédito que se cobra anualmente y por anticipado.

El costo del crédito es el aspecto donde la política de fomento agropecuario

denota un mejor desempeño. El punto de partida ya era favorable en el año

2002 y mejoró durante el período en estudio. En el año 2002 el crédito ordinario

de la banca comercial, que es el que le corresponde a los pequeños y medianos

productores del campo, tenía una tasa de interés efectiva anual estaba en 17,7%

efectivo anual y de 11,7% en el caso del crédito preferencial que se le aplica a

los grandes productores (Cuadro No. 8); por su parte las tasas de interés de

redescuento sumada al comisión cobrada por el banco intermediario para ese

mismo año estaban en 7,0% y 11,5%, respectivamente (Cuadro No. 9).

También las tasas de interés de tipo comercial que cobraba FINAGRO eran

más bajas que las cobradas por la banca privada, pues eran de 16,5% para

pequeños productores y de 20,5% para grandes productores.

18

Cuadro No. 8: Tasa de interés comercial

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Consumo 28,6% 33,6% 28,4% 27,0% 26,0% 24,1% 20,5% 22,1% 25,8%

Ordinario 19,9% 21,9% 17,7% 18,1% 17,5% 16,8% 15,2% 16,4% 17,4%

Preferencial 16,1% 16,3% 11,7% 11,0% 11,0% 10,2% 9,3% 12,3% 14,6%

Media geométrica anual a partir de datos semanales Fuente: Cálculos propios a partir de las series del Banco de la República

Durante el período en estudio todas las tasas de interés bajaron pero bajaron

más aún las de redescuento, las tasas comerciales bajaron muy poco hasta

17,4% y 14,6%, correspondientes a los créditos ordinarios y preferenciales en el

2008, respectivamente; por su parte las tasas de redescuento más la comisión

bajaron en mayor proporción, siendo de 7,7% para pequeños productores y de

12,2% para grandes productores (Cuadro No. 9).

No obstante lo anterior, el índice del costo del crédito entre pequeños y

grandes productores se ha mantenido relativamente estable; en el Cuadro No.

10 se puede observar que las tasas de interés de redescuento, como proporción

de la correspondiente a la de los grandes productores es de 0,63, un poco por

encima del correspondiente al año 2002, que fue de 0,61.

Cuadro No. 9: Tasa de interés efectiva anual de redescuento y comercial por tipo de productor

*** 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008

DTF

12,1% 12,5% 8,9% 7,8% 7,8% 7,0% 6,3% 8,1% 9,7%

Comisión

1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52%

Tasa de Interés de redescuento

Pequeño -3,5% 10,2% 10,5% 7,0% 5,8% 5,8% 5,0% 4,3% 6,0% 7,7%

Pequeño asociado

-3,5% 10,2% 10,5% 7,0% 5,8% 5,8% 5,0% 4,3% 6,0% 7,7%

Mujer rural

-3,5% 10,2% 10,5% 7,0% 5,8% 5,8% 5,0% 4,3% 6,0% 7,7%

Mediano 1,0% 14,7% 15,0% 11,5% 10,3% 10,3% 9,5% 8,8% 10,5% 12,2%

Grande 1,0% 14,7% 15,0% 11,5% 10,3% 10,3% 9,5% 8,8% 10,5% 12,2%

19

Tasa de interés comercial FINAGRO

Pequeño 6,0% 19,7% 20,0% 16,5% 15,3% 15,3% 14,5% 13,8% 15,5% 17,2%

Pequeño asociado

6,0% 19,7% 20,0% 16,5% 15,3% 15,3% 14,5% 13,8% 15,5% 17,2%

Mujer rural

4,0% 17,7% 18,0% 14,5% 13,3% 13,3% 12,5% 11,8% 13,5% 15,2%

Mediano 10,0% 23,7% 24,0% 20,5% 19,3% 19,3% 18,5% 17,8% 19,5% 21,2%

Grande 10,0% 23,7% 24,0% 20,5% 19,3% 19,3% 18,5% 17,8% 19,5% 21,2%

*** Para calcular la tasa de interés efectiva anual este valor se suma a la DTF Fuente: Cálculos propios a partir de las series de FINAGRO y BANREPÚBLICA

Cuadro No. 10: Tasa efectiva anual de redescuento para mujeres rurales, para pequeños y medianos productores proporción de la de grandes productores

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Pequeño 0,81 0,69 0,70 0,61 0,56 0,56 0,53 0,49 0,57 0,63

Pequeño asociado

0,81 0,69 0,70 0,61 0,56 0,56 0,53 0,49 0,57 0,63

Mujer rural

0,81 0,69 0,70 0,61 0,56 0,56 0,53 0,49 0,57 0,63

Mediano 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Grande 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fuente: Cálculos propios a partir de las series de FINAGRO y BANREPÚBLICA

4. Conclusiones preliminares

El propósito de disminuir la inequidad en el agro colombiano no se ha

cumplido, los datos demuestran que incluso el desequilibrio se ha

incrementado con respecto a la distribución del crédito entre las actividades

rurales y las demás actividades productivas. También desmejoró la

distribución al interior del crédito agropecuario entre los grandes productores

y los sectores más vulnerables, incrementando la inequidad.

Aunque se ha cumplido la meta con respecto a la política de entregar como

incentivos a la capitalización rural una suma mayor al 50% de las utilidades

brutas de FINAGRO, los pagos correspondientes al Incentivo a la

20

Capitalización Rural, ICR, sólo alcanzaron en promedio el 19,5% de la

inversión, muy por debajo del límite establecido por la ley, que es del 40%. Los

giros por este concepto crecieron a una tasa menor que las solicitudes.

El costo del crédito es el aspecto donde la política de fomento agropecuario ha

logrado un mejor desempeño pues, en un ambiente de reducción de tasas de

interés, las de redescuento se redujeron más que las comerciales de la banca

privada. No obstante lo anterior, el índice del costo del crédito entre pequeños

y grandes productores se ha mantenido relativamente estable.

5. Referencias bibliográficas

1. Acosta Medina, Amylkar. (2003) Acotaciones al Plan Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado comunitario 2002-2006, Economía y Desarrollo, Volumen 2 Número 1, Marzo.

2. Asobancaria. (2008). Reporte de Bancarización a septiembre de 2007. 3. Banagrario. (2008). Tarifas de productos y servicios bancarios. Febrero. 4. Banco de la República. Tasas de colocación. Serie Histórica.

www.banrep.gov.co 5. Consejo Nacional de Planeación (2003). Concepto del Consejo Nacional de

Planeación a las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006. 6. Consejo Nacional de Planeación (2006). Discusión Plan Nacional de Desarrollo

2006-2010. 7. Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras,

Dirección de Estudios Sectoriales (2005). La política financiera y de crédito del banco agrario 1999–2005, Documento B10-05.

8. Dangond Baquero, Indalecio. (2008). No más migajas para el campo. El Tiempo, abril 21, www.eltiempo.com.

9. Departamento Nacional de Planeación. (2002) Plan Nacional de Desarrollo 2002–2006: Hacia un Estado comunitario.

10. Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010: Hacia un Estado comunitario, Desarrollo para todos.

11. Superintendencia Financiera (2008). Estadísticas de las instituciones vigiladas.