En el marco del 22 de JULIO 2014, Día Mundial contra la Minería, Centro Humboldt, como organización comprometida con la gestión ambiental y el desarrollo territorial de Nicaragua, se une a las organizaciones que trabajamos en la defensa del agua y la vida en la Región Centroamericana, razón por la cual:

Manifestamos,

En el contexto económico actual, el alto precio internacional del oro y la plata, ha provocado que los proyectos mineros sean altamente rentables y que un sin número de empresas mineras, principalmente canadienses, ingresen a nuestros países a instalar sus proyectos de explotación de minerales, en detrimento de las condiciones ambientales de las comunidades.

Los proyectos mineros implican la deforestación de bosques, la remoción de suelo fértil, el desplazamiento de fauna silvestre, así como el uso de cianuro y otras sustancias, que conlleva a la generación de aguas residuales con presencia de cianuro y metales pesados; todos estos impactos, provocan pasivos ambientales sin importar las medidas y la tecnología que se pueda implementar, por lo que no existe minería 100% segura, ni ambientalmente sostenible, comprobado reiteradas veces en los proyectos instalados en la Región Centroamericana.

Que la minería genera un empleo mínimo, de alto riesgo, y sin correspondencia con los costos sociales y ambientales que nuestros países asumen. Entre los accidentes más recientes pueden citarse, en Mina El Limón (León, Nicaragua), 4 mineros resultaron con quemaduras de tercer grado que llevaron a uno de ellos a la muerte; y el accidente ocurrido en San Juan Arriba, (Choluteca, Honduras) provocando que 11 mineros hondureños quedaran atrapados tras un derrumbe en una mina de oro artesanal, de los cuales ocho aún continúan enterrados.

Que existe una tendencia de incremento de la entrega de concesiones mineras sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. Los Gobiernos de turno han otorgado permisos de exploración y explotación a los

inversionistas mineros, sin realizar las debidas consultas públicas a las comunidades afectadas y a las Autoridades locales que tienen derecho a decidir el tipo de desarrollo que quieren para sus respectivos territorios.

Que la minería genera escaso crecimiento económico y deterioro de las condiciones sociales y ambientales. En Centroamérica se ha demostrado que la minería provoca el desplazamiento de poblaciones, desempleo, impactos ambientales negativos, conflictos sociales nacionales y binacionales, la pérdida de la identidad cultural, y la violación a los derechos humanos fundamentales, principalmente el derecho al agua, a habitar en un ambiente saludable y la libre determinación de los pueblos. En Nicaragua, los aportes de la actividad minera es en promedio del 2.5% al Producto Interno Bruto, y los niveles de reinversión en el país, son mínimos respecto a las utilidades, las cuales en su mayoría son exportadas a los países de origen de las empresas.

Que las industrias mineras promueven la criminalización de la protesta social. En complicidad con los Gobiernos de turno, éstas promueven modelos de desarrollo con enfoque extractivistas, generando una reacción aún más aguda en contra de los movimientos y organizaciones sociales que defienden los bienes comunes de las poblaciones afectadas por la minería. Casos en Guatemala y Honduras continúan siendo los más conocidos a nivel internacional, sin embargo, en Nicaragua, ya existen casos de militarización de municipios, como en Rancho Grande (Matagalpa), dónde se encuentran en persecución de los líderes y lideresas del Movimiento Guardianes de Yaoska, quienes han luchado y continúa luchando para evitar que exploten sus riquezas naturales y destruyan sus fuentes de agua.

Que se ha observado un incremento de la resistencia social en contra los proyectos mineros en toda la Región. Debido a la criminalización de la protesta social y el incremento de la represión local en los territorios dónde las comunidades se han organizado, se ha visto un incremento de los niveles de resistencia de parte de la población ante ésta actividad que compromete el patrimonio social, cultural y ambiental de nuestros pueblos.

PRONUNCIAMIENTO

POR LA DEFENSA DE NUESTROS BIENES COMUNES

Por las consideraciones anteriores demandamos,

A los Gobiernos e Instituciones del Estado:

a) El respeto a las decisiones de los pueblos y comunidades que se han pronunciado por medio de sus mecanismos de expresión democrática popular, tradicionales y no tradicionales en contra de los distintos proyectos mineros que quieren instalarse en nuestra Región Centroamericana.

b) Crear e implementar políticas de desarrollo que respeten los derechos humanos fundamentales, económicos y sociales sobre todo el derecho a la vida, a un ambiente saludable y acceso al agua de calidad.

c) Implementar procesos de integración donde se promuevan y cumplan los tratados y convenios de protección de nuestros bienes naturales compartidos, para evitar la generación de conflictos socio-ambientales.

d) Continuar la búsqueda de mecanismos de defensa de su Soberanía Nacional y el apoyo a la decisión de las comunidades de no dar paso a proyectos mineros, en casos de demandas internacionales como el de Pacific Rim – Oceana Gold en contra del Gobierno de El Salvador.

e) Garantizar la integridad física de quienes se manifiesten abierta y pacíficamente en defensa de la vida y de nuestros bienes naturales.

A las comunidades y población en general:

a) Continuar sus luchas sociales, a favor de un desarrollo local sostenible a través de sus medios de vida tradicionales que van acorde con sus creencias y costumbres, involucrando en esta misma visión a los jóvenes, niños y niñas, que es a quienes les debemos un futuro mejor.

b) Que se unan en la defensa de nuestros bienes comunes y la vida, dejando a un lado diferencias religiosas, partidarias o de otra índole, puesto que sin importar nuestra inclinación hacia una u otra opción, el fin común es continuar trabajando por una sociedad más digna, justa, auto - sostenible y de convivencia pacífica.

c) Aquellos que aún no se han unido, organizaciones de sociedad civil, iglesias, movimientos sociales, y otros, les instamos a formar parte activa del desarrollo de nuestros países, no sólo con su trabajo, sino con su aporte en la defensa de nuestras vidas y la búsqueda de alternativas económicas que aporten sin destruir los bienes naturales y humanos de nuestra Región.

“CENTROAMERICA NO SE VENDE, SE CUIDA Y SE DEFIENDE”MANAGUA, NICARAGUA

22 DE JULIO 2014