Propuesta politica per

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Desarrollo Rural Sostenible

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EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE: ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN

PARA EL ORIENTE ANTIOQUEÑO

(Documento político del Proceso Estratégico Regional)

1. La riqueza o la pobreza de los países depende de la política y de las instituciones. Los

países que desarrollan instituciones económicas y políticas inclusivas son prósperos

porque hacen respetar los derechos de propiedad, crean la igualdad de oportunidades y

fomentan la inversión en habilidades y nuevas tecnologías conduciendo a más

crecimiento económico y más bienestar. En cambio, las instituciones económicas

extractivas, están estructuradas para sacar recursos de la mayoría para un grupo

reducido y están relacionadas con instituciones políticas excluyentes que concentran el

poder en manos de unos pocos y se asocian con más bajo desarrollo y menor bienestar

en los países que las poseen. Este hallazgo es el resultado de 15 años de investigaciones

recogidas en el libro “Porqué Fracasan los Países”1, escrito por Daron Acemoglu y James

Robinson. En el texto se demuestra que este resultado se produce en todos los países y

se ha producido siempre. Es pues una conclusión comprobada por métodos científicos

que nos dice que la prosperidad es, en esencia, una función del grado de inclusión

económica y política que proporcionan las instituciones de un país.

2. Colombia podría convertirse en un país próspero por la dotación de riquezas naturales,

por el talento de su gente, por el espíritu emprendedor y la dedicación al trabajo, por su

infinita belleza, pero tiene instituciones económicas extractivas y políticas excluyentes.

Es un país con una larga historia de elecciones y al mismo tiempo de conflicto armado

en gran parte incentivado por la precariedad de los derechos de propiedad. Se ha

convertido en un país de ingreso medio alto pero es uno de los más desiguales del

mundo porque tiene una de las mayores brechas sociales, mantiene altas tasas de

desempleo, subempleo e informalidad y en la pobreza a la mitad de su población. Una

porción muy importante de su ciudadanía puede ejercer libremente su derecho al voto,

especialmente la clase media de las grandes ciudades, pero otro tanto – los sectores

populares del campo y la ciudad - ha sido convertida en masa de maniobra para coronar

intereses de políticos clientelistas que utilizan el estado para sus intereses privados, de 1 Acemoglu, Daron y Robinson A, James. Porque Fracasan los Países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la

pobreza. 2ª Edición. Deusto, 2012.

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contratistas corruptos, de grupos armados, y otros intereses delincuenciales que van

por los recursos públicos. Tenemos una fuerza pública muy poderosa y experimentada

que gasta un porcentaje muy alto del presupuesto nacional pero cuatro y medio

millones de personas desplazadas forzosamente y muchas otras víctimas del conflicto

armado por homicidio, desaparición, reclutamiento forzado, secuestro, expropiación de

las tierras, extorsión, muestran que el estado colombiano es excluyente e incapaz de

controlar el territorio para que todos puedan tener seguridad y ejercer la libertad.

Somos una potencia mundial en recursos naturales y biodiversidad pero el limitado

desarrollo se concentra en las ciudades que extraen bienes y riquezas de las zonas

rurales y de la población campesina, a la que apenas dirigen recursos marginales de la

inversión pública y se resisten a incluirla en el desarrollo. En fin, solamente haciendo un

gran esfuerzo de inclusión económica, social y política nuestro país podrá elevar

significativamente la calidad de vida de todos.

3. Antioquia es una muestra muy representativa de Colombia. Su modelo de desarrollo

espacial es típico del país: se ha concentrado en Medellín y el Valle de Aburra donde

nueve municipios y 3,5 millones de habitantes concentran del 72% del Producto Interno

Bruto y el 67% de la inversión pública municipal, mientras 2,5 millones de habitantes del

resto del departamento, dispersos en 116 municipios, apenas acceden al 33% del gasto2.

Esta situación es el resultado, entre otras cosas, de que desde Medellín se sacan

riquezas del resto del departamento porque el modelo extractivo y excluyente se

reproduce en Antioquia. Naturalmente Medellín y el Valle de Aburra es la subregión con

más capacidades y dotaciones para el desarrollo (a pesar de sus propias exclusiones

internas) pero el Oriente apenas tiene, en promedio, el 70% de las capacidades y

dotaciones que tiene el Valle de Aburrá, el Nordeste – vecino del Valle de Aburra y rico

en oro – tiene un doloroso 28%. “Las regiones de Occidente, Magdalena Medio, Urabá y

Bajo Cauca, están todas por debajo del 28%”.3 El narcotráfico y el conflicto armado han

tenido en Antioquia uno de los principales teatros de operaciones y las consecuencias

han sido desastrosas: hemos tenido por muchos años presencia de todos los ejércitos y

ejercer la violencia y delinquir se ha convertido en un modo de vivir para demasiada

gente; tenemos de los más altos índices de homicidios y presencia de víctimas. En el

aspecto social el resultado es evidente: el Indicador de Calidad de Vida es más alto en

los municipios del valle de Aburrá y obviamente en Medellín y más bajo en las

subregiones y en especial en sus zonas rurales. Y este índice, por una parte, se ha venido

deteriorando en el último quinquenio, y en particular el rural, aumentándose la brecha

entre la calidad de vida urbana y la rural. En Medellín y el Valle de Aburrá la población

2 Departamento nacional de Planeación. Desempeño Fiscal de Departamentos y Municipios 2011.

3 Antioquia. Gaceta Departamental. Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 Antioquia la más educada, p. 5.

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tiene muchas más oportunidades de acceso a empleos de calidad, a los servicios de

educación y de salud y a mejor institucionalidad pública. La población tiene acceso a

muchos bienes públicos que elevan la calidad de su vida, justamente por vivir en una

gran ciudad o zona metropolitana. Pero en las otras subregiones la calidad de los

puestos de trabajo es mala y con baja remuneración; predomina la informalidad en la

propiedad y el empleo, predomina la actividad rural tradicional y los servicios

personales; la institucionalidad pública y privada está muy poco desarrollada; los

derechos de propiedad están muy indefinidos y el equipamiento de bienes públicos es

muy deficiente.

4. La situación descrita no es un producto espontaneo del desarrollo económico y social. El

devenir de las instituciones políticas y económicas que ha tejido la sociedad es un

componente esencial. Aquí nos concentramos especialmente en reflexionar sobre la

función que cumplen en el estado actual de Antioquia instituciones públicas que han

sido determinantes de este modelo de desarrollo: el Municipio de Medellín, el Área

Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA) y el Departamento de Antioquia.

La ciudad de Medellín ha tenido grandes transformaciones en sus últimos años lo que es

reconocido mundialmente: se ha convertido en una ciudad muy dinámica con mejor

calidad de vida que hace dos décadas, a pesar de recibir anualmente 25000 ciudadanos

desplazados por la violencia y otros migrantes voluntarios y a pesar de no haber podido

controlar completamente su propia violencia urbana. Tiene una activa vida económica

como ciudad que presta servicios avanzados, con capacidad educativa e investigativa y

de prestación de servicios públicos, financieros, de telecomunicaciones, de salud y

turísticos; que ofrece empleo de alta calidad aunque mantiene tasas de desempleo

mayores que el promedio nacional y algo más de la tercera parte de su población por

debajo de la línea de pobreza, con tendencia a disminuir. Estos resultados no han sido

producto solamente de las ventajas de la aglomeración urbana; ha contribuido a ello un

sector público en constante desarrollo: la alcaldía de Medellín se ha ido convirtiendo en

un estado local fuerte, con mayor centralización y capacidad de intervención; en efecto,

la capacidad de gasto de la alcaldía se ha incrementado 10 veces desde 1990 y 3 veces

desde el 2000, se ha incrementado de la centralidad del estado local4, transformando la

escala de su acción, dándole mayor autonomía respecto de los otros sectores no

estatales, pero en acuerdo programático y de corresponsabilidad con ellos. Son

ostensibles el mejoramiento de la dotación de bienes públicos, y los esfuerzos por poner

la educación y la salud al alcance de todos. No obstante, los grupos violentos todavía

4 Leyva Botero, Santiago. El Proceso de Construcción de Estatalidad Local (1998-2009): la clave para entender el

cambio de Medellín? Hermelín, Echeverri, Giraldo, Ed. Medellín, Medio Ambiente, Urbanismo y Sociedad. URBAM, Universidad Eafit. P. 283.

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están presentes en buena parte del territorio urbano y hay sectores sociales excluidos

del desarrollo y sin oportunidades de insertarse exitosamente en el sistema económico.

Y, debido al desequilibrio en el desarrollo territorial y la discriminación que vive el resto

de Antioquia, sus habitantes tienden a migrar a la ciudad en busca de oportunidades sin

que esta pueda absorberlos productivamente.

Las ciudades del Valle de Aburrá se han venido conurbando con Medellín de manera

muy acelerada hasta concentrar tres quintas partes de la población de Antioquia5. En

este proceso se ha venido lentamente homogenizando la calidad de la vida entre los

municipios de la subregión, es decir, incluyendo a su población. Como en Medellín, la

inclusión no es un logro exclusivo de la aglomeración urbana sino también del Área

Metropolitana del Valle de Aburra, una entidad intermedia entre el municipio y el

departamento, que ha sido fundamental resolver problemas de la macrocefalia urbana,

instaurando sistemas colectivos que han manejado asuntos de la conglomeración como

el transporte masivo, la conectividad vial, equipamientos institucionales de nivel

Metropolitano, la normatividad urbanística, el reciente desarrollo de normas

ambientales, que entran en una fase de recuperar los grandes daños ambientales

causados por el desarrollo urbano. La principal falencia de esta institución es que nunca

se ocupó de la ruralidad. El AMVA ha servido para incorporar al desarrollo a la población

de los otros municipios del Valle de Aburra y ha armonizado y equilibrado el

crecimiento de la conurbación. A partir de sus competencias de fijar directrices

generales a las cuales deben sujetarse los municipios que la constituyen, ha aumentado

la centralización política en el territorio, ayudado a dotarlo de bienes públicos

supramunicipales, contribuido a debilitar la institución del clientelismo y avanzar en la

modernización institucional de los municipios y está cumpliendo una función

redistributiva fundamental, desde Medellín hacia el resto de los municipios. Desde que

existe el AMVA la inequidad y discriminación que existía entre Medellín y sus municipios

vecinos se ha reducido. En el modelo de privilegio del desarrollo urbano que ha seguido

Colombia, las áreas metropolitanas como organismos intermedios de planificación

territorial han sido una institución progresista que ha propiciado la inclusión.

El Departamento de Antioquia, con la gobernación que lo administra, es el estado

regional y ha sido determinante para la configuración del modelo de desarrollo de

Antioquia. Al Departamento constitucionalmente se le ha otorgado “autonomía para la

administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo

económico y social dentro de su territorio” y se le dio el mandato de ejercer “funciones

5 Comisión Tripartita: Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín, Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Pineda Hoyos, Saúl. La Ciudad y la Región, p.36. Medellín, 2008

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administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de

intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de servicios”6 y el

gobernador tiene como atribución principal cumplir y hacer cumplir la constitución, las

leyes y los decretos del gobierno. Pero en cambio de haber logrado un desarrollo

integral de su territorio, Antioquia es un Departamento profundamente segregado

entre el centro urbano y las subregiones rurales, que tienen diferencias abismales de

calidad de la vida. A pesar de ser uno de los departamentos con mayor desarrollo

institucional en el país, los municipios que coordina y complementa tienen

relativamente mal desempeño fiscal; casi todo su territorio es de los más inseguros del

país para sus ciudadanos y buena parte de los ellos han estado por años en manos de o

muy socavados por poderes de facto, especialmente en las subregiones más alejadas de

Medellín. Así que es demasiado limitada la autoridad del Departamento como estado

regional en las subregiones, vale decir, no ejerce un verdadera centralidad política

entendida como presencia, autoridad y poder del Estado. Han sido excesivamente

débiles sus esfuerzos serios por proteger de la depredación de los agentes privados los

recursos naturales del departamento, por resolver tensiones entre los usos potenciales

y actuales del suelo y los conflictos que se generan a pesar de disponer de varias

Corporaciones Ambientales y ha propiciado las actividades extractivas de lo urbano

sobre lo rural. Más débil aún han sido sus esfuerzos por avanzar hacia la

democratización del departamento, vale decir, al desarrollo de instituciones incluyentes:

los municipios del departamento y la gobernación han sido gobernados de manera

autoritaria, con elecciones amañadas a intereses de élites tradicionales ligadas a la

actividad económica y a carteles de contratos. Y las relaciones con los municipios se

asocian más al mantenimiento de maquinarias electorales que a su modernización y

desarrollo y naturalmente han tendido a ser excluidos de beneficios los municipios

cuyos gobiernos no pertenecen a la misma fracción política del gobernador.

Ha sido muy poca la acción distributiva realizada por el Departamento a lo largo y ancho

de su enorme territorio y más bien ha cumplido una función de mantener la estructura

de discriminación social y los desequilibrios territoriales. Tampoco ha tenido una acción

sistemática dirigida a desarrollar las subregiones: empezó con la regionalización

económica en 1962, luego en 1975 consagró la figura de las 9 subregiones, como

“mecanismo administrativo para avanzar en la superación de los problemas de excesivo

centralismo, desarticulación, descoordinación, inequidades y marginamiento” en la

asignación y administración de recursos, que padecían los municipios por fuera del Valle

de Aburra; en 1980 se impulsó la política de los CASER, que tampoco cambió el sistema

6 Constitución Política de Colombia de 1991, art. 298. Ibid.

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de desequilibrios; en la década del 80 se crearon las Corporaciones de Desarrollo

Regional, en la pasada década se delimitaron las zonas, sin desconocer las subregiones,

pero no se adoptó las lección aprendida que arrojaba la exitosa experiencia del AMVA

con 43 años de funcionamiento como entidad intermedia entre el Departamento y los

Municipios para superar desequilibrios territoriales. En consecuencia, los desequilibrios

territoriales en el Departamento se mantienen y profundizan.

Son muchas las causas de este manifiesto fracaso del Departamento en lograr el

desarrollo integral de su territorio: su gran tamaño en territorio y gran número de

municipios (125) dispersos; su debilidad institucional respecto del cumplimiento de sus

funciones constitucionales; la indefinición de sus competencias, su pobreza relativa por

no tener fuentes propias de ingresos; su manejo por los partidos y grupos como

instrumento privilegiado de la intervención política hacia los municipios y hacia la

nación, en fin, el limitarse a ser una circunscripción electoral. Pero juegan también los

incentivos para competir con los municipios por recursos nacionales y con la propia

nación por la influencia sobre los municipios, incentivos que profundizan las tendencias

municipalistas. Las Asambleas Departamentales no tienen más funciones relevantes que

la de aprobar el presupuesto, cuando los diputados deberían ser los representantes de

las subregiones ante el departamento. Claro está que el impacto del conflicto armado

sobre el Departamento como institución fue arrasador: lo debilitó, lo corrompió más,

fue cooptado por actores armados y políticos criminales y debilitó su capacidad de

centralización política y de gestión administrativa.

5. El modelo de desequilibrio territorial se repite en cada subregión: el poco desarrollo

alcanzado se concentra en las áreas urbanas (llenas también de desigualdades) y

discrimina contra el campo, contra la zona rural, contra lo rural como lo entiende la ley

388 de Ordenamiento Territorial “lo que no es urbano”. Y se repite porque no solo es un

modelo de Antioquia sino un modelo nacional. En efecto, en el país se optó por ver a los

conglomerados urbanos como opción más viable para alcanzar el progreso y lograr

mejores niveles de vida y allí enfocó casi todos sus esfuerzos por el desarrollo

económico y para ello concentró también el desarrollo institucional. Creyó que en la

urbanización estaba la modernización y subvaloró el campo, se desentendió de él

dejando sin resolver la gran cantidad de problemas del desarrollo rural, la pobreza y

exclusión de su población, su orden social injusto, su depredación de los recursos

naturales, su vacío institucional y el apoderamiento del mismo por grupos armados,

narcotraficantes, pero no dejó de mantenerlo como retaguardia para extraer de él

recursos sin ocuparse del bienestar de su población.

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Ya el INDH 2011 Colombia Rural: Razones para la Esperanza caracterizó ese modelo de

Desarrollo Rural vigente hoy en el campo colombiano. Es un modelo que “no promueve

el desarrollo humano y hace más vulnerable a la población rural; es inequitativo y no

favorece la convergencia; invisibiliza las diferencias de género y discrimina a las mujeres;

es excluyente; no promueve la sostenibilidad; concentra la propiedad rural y crea

condiciones para el surgimiento de conflictos; es poco democrático y no afianza la

institucionalidad rural”7. Ese modelo rural es el que domina en las subregiones de

Antioquia distintas al Valle de Aburra, incluso en la subregión de Oriente.

6. En su interior el Oriente antioqueño es una excelente muestra del funcionamiento de

los modelos: de la dicotomía rural urbana y del modelo de desarrollo rural. En efecto, el

desarrollo económico y social se ha concentrado en una sola de sus zonas: el Valle de

San Nicolás y en sus nueve municipios que, encabezados por Rionegro se están

transformando aceleradamente en ciudades e incluso algunos se están conurbando con

baja densidad a través de las segundas viviendas o fincas de recreo de habitantes

urbanos. En esta zona hay una buena dotación de infraestructura vial y de

comunicaciones, están instaladas empresas de producción de bienes y servicios que

proveen empleos bien remunerados para la mano de obra calificada; hay un sistema de

servicios de salud muy completo y con todos los niveles de complejidad; hay amplia

oferta de educación superior y técnica; las administraciones municipales son

relativamente ricas y se están modernizando; hay una amplia dotación de servicios de

seguridad prestados por el ejército y la policía; hay zonas de entretenimiento que nada

tienen que envidiarle a las de Medellín y la zona ha recibido tradicionalmente la

atención de la nación y el departamento porque allí se concentran los poderes capaces

de influir en el curso de la vida regional e incluso departamental y nacional.

Entre tanto, los 14 municipios restantes y las zonas rurales de los 23 están excluidos de

los beneficios del desarrollo en grados diversos: su dotación de infraestructura vial y de

comunicaciones es tan precaria que, tratándose de una competencia departamental, en

pleno siglo XXI ni siquiera han logrado tener una carretera pavimentada que comunique

las cabeceras urbanas con el resto de la subregión y hay zonas rurales que sacan su

producción a lomo de mula; la precariedad de sus sistema educativo es proverbial: los

jóvenes que salen de bachillerato tienen serias dificultades para ingresar a la educación

superior porque no obtienen los puntajes mínimos del ICFES exigidos por las

universidades; es baja la cobertura de la educación secundaria, mucha más en las áreas

rurales, la presencia del estado es muy limitada porque no funciona el aparato de

7 PNUD 2011. Colombia Rural. Razones para la Esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Bogotá:

INDH PNUD, septiembre. Pag 33.

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justicia, la fuerza pública no tiene una presencia y ocupación permanente de todo el

territorio. Hay miles de víctimas del conflicto armado que, después de 15 años, no han

sido plenamente ni atendidas ni reparadas y que, por el contrario, continúan siendo

victimizadas por los mismos actores, que supuestamente iban a abandonar la violencia.

La institucionalidad municipal es refugio de clientelistas que la usan para enriquecerse y

conservar su electorado. La población rural tiene muy poco acceso a los servicios

públicos y a políticas dirigidas a promover el desarrollo rural. Su economía se deteriora

cada vez más debido a factores de tipo técnico, ambiental y financiero. En fin, la

subregión tiene una enorme deuda social con la población de esos 14 municipios que se

han mantenido excluidos, pero, en general con toda la población rural.

Pero las potencialidades de esa zona rural son enormes: es una potencia hidroeléctrica

nacional alimentada por el 85% de los caudales de agua de la región; ha sido una de las

principales zonas de economía campesina del país, de las más importantes en la

producción de hortalizas, de fruta pequeña, de papa y leche, de maíz y frijol, panela y

café, con una caracterizada capacidad productiva de sus campesinos con las que

abastece al Oriente, el Valle de Aburra, la Costa Atlántica; es la segunda zona

productora de flores de Colombia para la exportación. Tiene una oferta de recursos

ambientales (páramo, bosques, agua, fauna y biodiversidad) esencial para la subregión y

para el Valle de Aburrá. Y tiene una gran riqueza paisajística que la hace muy atractiva

para el turismo.

Ahora sabemos que el mundo rural en un planeta globalizado ávido de alimentos, de

materias primas y de recursos ambientales vuelve a ser una promesa y una esperanza.

7. El modelo de privilegio de las áreas y actividades urbanas y abandono relativo de las

áreas y actividades rurales y el propio modelo de desarrollo rural han generado graves

problemas que han impactado negativamente a las zonas urbanas del Valle de San

Nicolás. En efecto, la exclusión y el abandono de las zonas rurales – vale decir de la

mayor parte del territorio y la mitad de la población del Oriente – ha puesto en peligro

la dotación de recursos naturales de la subregión (las aguas, los bosques, el páramo, la

fauna y la flora, la biodiversidad), cruciales para el bienestar y el desarrollo de toda la

subregión. El conflicto, la pobreza y falta de oportunidades, así como los megaproyectos

han generado un vasto proceso de desplazamiento rural-urbano imponiendo presiones

sobre los recursos económicos e institucionales de los municipios receptores, afectando

la calidad de vida de la población urbana, aumentando los conflictos y la violencia

sociales por la falta de oportunidades, porque no se pueden crear empleos de calidad al

ritmo de la migración. La carencia de oportunidades en el campo y la precariedad

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institucional de los municipios rurales y del Departamento han convertido las zonas

rurales del oriente en refugio de grupos armados y de narcotraficantes que amenazan

permanentemente la seguridad urbana, que transitan entre el campo y las ciudades

desestabilizando el orden público y afectando la vida y la integridad de sus pobladores.

Es indispensable entender que estos impactos no se resuelven solamente con políticas

urbanas, que pueden tener efectos de corto plazo, sino removiendo las causas de los

conflictos y la violencia, que radican en los desequilibrios territoriales, en la segregación

urbano rural y en el abandono del campo. Con la globalización estamos entendiendo

que la calidad de vida de las ciudades depende del bienestar de quienes habitan en las

zonas rurales.

8. Qué poco alcance tiene nuestra memoria: hasta hace apenas una década el conflicto

armado estaba en pleno auge: las tasas de homicidios en todos los municipios del

Oriente superaban los 100 por cada 100 mil habitantes; la autopista Medellín – Bogotá

no podía usarse de noche, se acabó la vuelta a Oriente y cualquier actividad turística;

las cifras de hogares desplazados crecían de manera galopante; había miles de

desaparecidos; los alcaldes no podían gobernar desde sus sedes; había una terrible crisis

humanitaria. Cuando apenas se está empezando a secar la sangre ya no nos acordamos

que esta se generó en las zonas rurales y que las causas que lo promovieron están

intactas, lo mismo que, en buena parte, el dispositivo de la violencia y puede ponerse en

funcionamiento nuevamente en cualquier momento.

El Oriente antioqueño está viviendo una fase de postconflicto que se inició desde la

desmovilización de los grupos de autodefensas en el 2004 y ni siquiera se ha

consolidado como fase por su fragilidad. Desde mediados de la década del 90 se había

formado y desarrollado un movimiento por la paz en la subregión que llevó a

reconocerla como un Laboratorio de Paz. Ese movimiento luchó como ninguno por el

respeto de los actores armados al Derecho Internacional Humanitario, por salvar vidas,

por no dejar solas sino acompañar a las víctimas de la violencia respetando siempre la

acción legítima de las autoridades. Causó gran admiración en Colombia y el exterior un

movimiento social movilizado en pleno auge del conflicto armado, defendiendo a los

alcaldes atacados por guerrillas y paramilitares, manteniendo cohesionada a la

población mediante asambleas ciudadanas y promoviendo la reconciliación porque

sabía que combatientes de distintos bandos pertenecían a los mismos hogares.

La sociedad civil del Oriente tiene arraigo de trabajo por la paz y la reconciliación y ha

aprendido que el campo es un lugar privilegiado para continuar construyendo la paz del

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lado de las víctimas. Y que al privilegiar el desarrollo rural se está creando la base

material de la reconciliación.

9. El objetivo, entonces es equilibrar el desarrollo regional del Oriente aumentando el

bienestar y la calidad de vida de la población rural y en particular de la población

campesina. Para ello el Proceso Estratégico Regional –PER- del Oriente le propone a

todas las fuerzas que inciden en el territorio unirse en torno a un PROGRAMA DE

DESARROLLO RURAL INTEGRAL SOSTENIBLE PARA LA RECONCILIACIÓN, LA EQUIDAD Y

LA COMPETITIVIDAD, que cubra los 23 municipios, que se convierta en un proyecto

piloto regional en Colombia de construcción de paz, se formule en un proceso

participativo de planificación y de acción con todos los actores regionales agrupados

en un SISTEMA SUBREGIONAL DE PLANIFICACION (que debe ser reglamentado por la

Gobernación), con los gobiernos municipales, departamental y nacional, que sea

financiado con una bolsa de recursos de todas las proveniencias del país y el exterior a

través de un contrato plan, y que contenga un fuerte componente de desarrollo

institucional que incluya la creación de una PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE

PLANIFICACIÓN, definida por ley 1454.

10. Creemos que las condiciones están dadas para adoptar ese programa como AGENDA

COMUN DEL ORIENTE. Internamente en Oriente hay un consenso regional acerca de la

necesidad de que haya una agenda común que priorice el criterio de la equidad

subregional y la cobertura de los 23 municipios, el PLANEO le concede alta prioridad a la

estrategia de desarrollo rural, los alcaldes que iniciaron un ejercicio de priorización de

proyectos iniciaron por uno de desarrollo rural, la LOTA 2 ubica en el área rural algunas

de las principales potencialidades y tensiones que hay que intervenir para ordenar el

territorio; la gobernación ya está acompañando procesos de planificación de inversiones

adelantados en el Valle de San Nicolás, Páramo y Embalses; los alcaldes firmaron un

documento para realizar un proceso de planificación e inversión subregional. Por otra

parte, el gobierno nacional tiene especial interés en apoyar estrategias de desarrollo

regional, de aplicar la Ley 1448 de Victimas y Restitución de Tierras y en aplicar a fondo

la Ley de Desarrollo Rural una vez sea aprobada. A nivel de la gobernación la Asamblea

Departamental tramita una ordenanza para crear los Distritos Agrarios y la Secretaría de

Agricultura está dispuesta a apoyar un programa de desarrollo rural, que podría

extenderse a otras dependencias.

11. Diversos documentos producidos por Mesas de Trabajo (Energética, Río Claro,

Ambiental, de Desarrollo Rural, de Derechos Humanos), por el PLANEO, el Consejo

Subregional de Alcaldes, la Asociación de Concejales ACORA, la Asamblea Provincial

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Constituyente y del Sistema Regional de Planeación, ONGs, la MAI han coincidido en los

componentes principales de esta AGENDA:

a. Integración territorial en una Provincia Administrativa y de Planificación

b. Ordenamiento del territorio rural del Oriente, con formalización de la propiedad y

definición de zonas de protección a través de los Distritos de Desarrollo Rural.

c. Protección, conservación y desarrollo de las culturas agrarias y de los Recursos

Naturales.

d. Reparación a las víctimas individuales, colectivas y al territorio, incluyendo el retorno

y respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

e. Desarrollo Rural Integral de la población rural y de todas las actividades productivas

rurales: agroecología, turismo, recreación, agroindustria.

f. Educación pertinente, ciencia y tecnología para la sostenibilidad.

12. ¿Por qué una Provincia Administrativa y de Planificación en el Oriente como experiencia

piloto de esa figura en el país? Porque el Oriente es urbano-rural no es una subregión

urbana. Un área metropolitana es una institución intermedia adecuada para

conurbaciones y probablemente pueda ser necesaria en un futuro cuando avance un

proceso de conurbación en el Valle de San Nicolás, sin romper la integridad territorial de

la provincia. Pero una Provincia es la que puede hacer que lo rural sea el eje del

desarrollo regional y gestionar las articulaciones y complementariedades con lo urbano.

Un área metropolitana que agrupe solamente a las ciudades del Valle de San Nicolás o

las que proyecta la Región Metropolitana, concentrada en resolver sus problemas,

profundiza la brecha rural urbana, excluye más a la región rural, genera una barrera más

profunda entre el Oriente urbano y el oriente rural. Una Provincia en cambio puede

ayudar a lograr el equilibrio territorial en todo el Oriente, ampliar el mercado para la

propia industria urbana, superar la pobreza y la inequidad, proteger los recursos

naturales, cambiar la tendencia de la migración rural-urbana forzada o económica, y

aliviar la presión de todos los problemas sociales y políticos que van del campo a la

ciudad para que esta se dedique a brindarles oportunidades de inclusión a sus propios

habitantes.

Oriente Antioqueño, Febrero de 2013