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La gente es y ser el centro de nuestra accin poltica. La calidad de vida de las personasy de sus familias es el objetivo fundamental del verdadero desarrollo social. Este nuevoparadigma, adoptado por un gran nmero de sociedades en la actualidad, descansa en lograrmayores ndices de convivencia y paz social para todos los ciudadanos.

Las delegaciones del Partido Popular Democrtico (PPD) en el Senado y la Cmara deRepresentantes aspiramos a que nuestra gente tenga la oportunidad de cultivar al mximo susproyectos de vida en tranquilidad y seguridad. Por eso trabajaremos para que en el pas secumpla la Ley, para que queden protegidos los derechos humanos y civiles de todos losindividuos, para disipar la atmsfera de impunidad general que impera en nuestra sociedad y para que los que transgredan el orden social y legal asuman las responsabilidades quecorrespondan, desde un estricto sentido de apego al ideal de la justicia.

Alcanzar para nuestra gente la tranquilidad y la seguridad en nuestras comunidades, ennuestros espacios pblicos y en nuestros hogares, nos permitir emprender inversiones ynegocios, disfrutar del tiempo libre, y cumplir con nuestras responsabilidades laborales,

familiares y comunitarias sin sentirnos vulnerables y expuestos frente al crimen. Para lograrlo esindispensable restablecer el orden y la confianza del pas en sus instituciones.

En consecucin de estos propsitos como sociedad y como gobierno, todos nos tenemosque reeducar y estar dispuestos a ser mejores personas y ciudadanos. Esto incluye cultivar elrespeto por la diversidad, alcanzar mayores niveles de tolerancia y consideracin hacia losdems, revalorizar los conceptos del trabajo y la educacin como herramientas de justicia social,disminuir los niveles de desigualdad, y tambin profesionalizar los cuerpos de seguridad y dejusticia. Recuperar a Puerto Rico es un asunto de todos.

El reto para la prxima dcada es aumentar cuantitativa y cualitativamente el nivel dedesarrollo humano de la gente, mejorar su educacin, su salud y sus ingresos. Nada de esto serposible sino transformamos radicalmente el tejido social y atendemos, con energa, dedicacin einteligencia, el complejo problema de la inseguridad pblica.

Nuestro plan, segn presentado por el senador Alejandro Garca Padilla, atacaragresivamente el problema de la criminalidad, pero tambin se propone sentar las bases para queel pas entienda y resuelva esta compleja realidad de una manera ms audaz e inteligente. No setrata de seguir despilfarrando energa y recursos, sino de imprimirle una direccin distinta alpas. Para ganar la batalla contra la delincuencia, hay que transformar la cultura, la economa, lasalud, el andamiaje completo que ordena nuestra vida pblica. Ese es nuestro norte.

Las estrategias y las alternativas incluidas en el Plan Anticrimen de las delegaciones delPPD, son el producto de un dilogo intenso e ininterrumpido con especialistas y expertoscomprometidos con el presente y el futuro de Puerto Rico. Perotambin son el resultado de una conversacin permanente con la gente, que ha ofrecido ideas ysoluciones para enfrentar la crisis.

Nuestra agenda anticrimen tiene tres pilares fundamentales que explicamos acontinuacin. Primero: intervencin, enfrentar la delincuencia y proteger la ciudadana.

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Segundo: prevencin, identificar y atajar la raz de los problemas que nos aquejan. Tercero:rehabilitacin, garantizar el reingreso a la sociedad de aquellos que se han apartado de las reglasde convivencia y que se han alejado de las oportunidades de desarrollo.

Hace falta, ahora ms que nunca, un gobierno que trabaje al lado de la gente, y que no

rehya su responsabilidad. Hace falta, un gobierno en control que lidere nuestros esfuerzos. Esees el gobierno que queremos y que te prometemos.

Nuestras propuestas ofrecern una nueva agenda de accin estratgica con un enfoquedistinto, que difiere de la lectura tradicional que se ha hecho del problema de la inseguridad quese vive en Puerto Rico. sta y otras administraciones han fracasado en su lucha contra el crimenporque su poltica pblica ha sido dirigida exclusivamente a la confrontacin.

La seguridad de un pas no puede limitarse a un solo aspecto y no hay manera de bajar elcrimen si no nos damos cuenta que el desempleo, la calidad de vida, la salud mental y laeducacin pblica deficiente son las verdaderas causas de fondo de estos males. No podemos

permitir que el desarrollo de nuestra sociedad contine a la merced del crimen. Sustituiremos lafalta de honestidad que hoy impera por transparencia. Sustituiremos el atropello de derechosciviles que hoy nos agobia por respeto a la dignidad humana.

Reemplazaremos la falta de liderato en el mando de la Polica y el Pas con personascapaces de atender las necesidades y retos que enfrentamos. Trabajaremos para tener una fuerzapoliciaca profesional, apoyada y equipada. Hace falta rigor, carcter, destreza y temple, perotambin sensibilidad, solidaridad y profundidad de visin. Por eso proponemos que el desarrolloy la seguridad de Puerto Rico deben tener como principal punto de referencia a la persona entodas sus dimensiones.

Creemos que un Puerto Rico mejor es posible: un pas donde los ciudadanos se sientanseguros y puedan convivir en armona y fraternidad. Bajo este Plan todos los esfuerzos estarndirigidos a promover una cultura de responsabilidad cvica, apoyada en los principios de laResponsabilidad, el Orden, la Disciplina, y la Solidaridad. El pas aspira a una mayorseguridad. El temor a ser vctima del crimen es la primera preocupacin de los puertorriqueos.

Algunos datos importantes que debemos examinar son: La Organizacin Mundial de laSalud (OMS) considera que un pas con ms de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes sufreuna epidemia de violencia. Puerto Rico tiene 30 asesinatos por cada cien mil habitantes.

El gobierno de Puerto Rico necesita invertir de forma inteligente en la seguridad denuestro pas. Los casi cinco mil millones de dlares que genera el narcotrfico, exigen que laaproximacin del gobierno se conduzca de forma estratgica, para as maximizar los objetivos deintervencin a corto plazo, con los objetivos a mediano y largo plazo de prevencin yrehabilitacin.

Para erradicar la influencia del narcotrfico hace falta atender los problemas socio-econmicos que le permiten al negocio internacional de la droga utilizar a nuestro pas como unpuente de transbordo. Hace falta adems tomar medidas agresivas para cortarle las fuentes de

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financiamiento y las cadenas de entrada y salida del producto.

El gobierno actual carece de estrategias adecuadas y eficientes. Las intervenciones se hanlimitado a implantar acciones policiales contra los segmentos ms bajos de la cadena dedistribucin de drogas. El problema de la criminalidad es mucho

ms que esto, y requiere un enfoque exhaustivo. La ciudadana est cansada del rgimen de laimpunidad.

La rehabilitacin de delincuentes es ms que nunca un mito. El descuido estructural delos problemas de salud pblica, de educacin y trabajo, producen un balance negativo conefectos exponenciales insostenibles para el sano desarrollo socioeconmico de nuestro pas. Laviolencia contra la mujer, entendida como cualquier accin o conducta basada en su sexo, quecause dao o sufrimiento fsico, sexual o psicolgico a la mujer es un problema estructural y deexperiencia vital que lesiona derechos fundamentales.

As tambin todo tipo de violencia basada en cualquier otro criterio discriminatorio que

lacere la dignidad del individuo y sus derechos civiles. La corrupcin atrasa el desarrollo denuestra sociedad al eliminar la competencia justa y desacreditar la gestin pblica por lo quedebe enfrentarse con firmeza y sin doble vara.

En los ltimos aos Puerto Rico ha estado sumido en un clima de inseguridad sin precedentes que se ha acentuado por la incompetencia y la falta de liderato de estaadministracin. Las estadsticas del crimen son alarmantes: 3,020 asesinatos en los primeros tresaos de gestin. Ninguna de las administraciones en la historia haba alcanzado una cifra tanescalofriante y aterradora en 36 meses de gobierno.

A esto debe sumarse un total de 18,610 robos reportados y 8,861 agresiones agravadas.Al comparar estos datos, podemos concluir que ste ser el periodo ms sangriento de la historiade Puerto Rico. Es un hecho que el trfico de drogas y estupefacientes es una de las causasprincipales del crimen violento en Puerto Rico. Segn las agencias federales, la gran mayora detodos los crmenes violentos que se registran en la isla tienen relacin con el narcotrfico.Adems, una alta proporcin de los asesinatos estn relacionados con la venta de drogas.

La tasa de asesinatos en Puerto Rico es una de las ms altas en el mundo entero. Paraestablecer una poltica pblica clara y definida para atacar este mal, es necesario identificar losverdaderos factores que enmarcan este problema. En Puerto Rico conocemos la forma en queopera el narcotrfico. La Comisin sobre Integridad Pblica de la Cmara deRepresentantes realiz durante el ao 2004 una investigacin exhaustiva en la que identificuna serie de hallazgos sobresalientes:

Puerto Rico es un lugar estratgico para los narcotraficantes. Toda carga que lleguea la isla est dentro de la jurisdiccin de los Estados Unidos para efectos aduaneros.Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas en todo el mundo. En un ao seproducen, aproximadamente, unas 865 toneladas de cocana con un valor de $88mil millones, en todo el planeta, de las cuales 160 toneladas se consumen slo enAmrica del Norte.

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De esa cantidad, 66 toneladas (41.2%) entran a los Estados Unidos a travs dePuerto Rico y el Caribe, lo que ha convertido la zona en un puerto de transbordo delnarcotrfico internacional. En el caso particular de Puerto Rico, se confiscan solounas 5.8 toneladas y se consumen unas 3 toneladas localmente, que representan

unos $100 millones de dlares. Sin embargo, esta cantidad es pequea cuando seconsidera el total que transita por la zona.

La entrada ilegal de drogas y armas a Puerto Rico se logra utilizando tanto lospuertos, mediante la carga martima comercial como las lanchas de alta velocidad,embarcaciones semisumergibles y botes de placer. El aumento en el trfico ilegal desustancias controladas ha causado, a su vez, un incremento significativo en el usode armas de fuego ilegales. Datos estadsticos recopilados por la Polica evidencianla seriedad del problema. El 98 % de las armas ilegales que entran a la islaprovienen de los Estados Unidos.

Desde que se aprob la Ley de Armas 404 en el ao 2000 cerca de 16,500 personashan sido arrestadas por delitos relacionados a la ley de Armas; aproximadamenteunos 1,500 individuos al ao. Slo un 3% de stos cumple crcel. En Puerto Rico,se venden cada ao unas 250,000 balas de cuatro calibres que tiene la capacidad detraspasar chalecos a prueba de balas. stas son: 223 (AR 15), 7.62 (AK 47), calibre50 y calibre 5.7 x 28 (arma de fuego de mano). Diversas evaluaciones de losequipos existentes demuestra que el Gobierno de Puerto Rico tiene un atrasosignificativo en la utilizacin e implantacin de nueva tecnologa y la mecanizacinde sus sistemas en el rea de seguridad.

El presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico correspondiente al aofiscal 2011-2012 tambin nos ilumina en cuanto a las actividades de las FuerzasUnidas de Rpida Accin (F.U.R.A.), entidad llamada por ley a encargarse deltrasiego de drogas en Puerto Rico: El presupuesto de F.U.R.A disminuy de $28.5millones en el AF 2008-2009 a $18.6 en el AF 2011-2012. Esto representa unareduccin de $9.9 millones o de 34.7%. De esa reduccin el rengln que msafectado result fue el de equipo, el cual experiment una reduccin de 94.3%. Estoes una reduccin de $1.5 millones a $90 mil.

La cantidad de agentes asignados a F.U.R.A. representa el 2.7% del total de puestosocupados en la polica. Esto es 519 agentes de un total de 18,896. Actualmente,F.U.R.A. tiene asignadas 19 embarcaciones de las cuales solo estn disponibles 10.El restante est fuera de servicio tanto por obsolescencia como por desperfectosmecnicos. Igualmente ocurre con los 8 helicpteros de F.U.R.A., de los cualesestn en uso solo 2.

El presupuesto del Instituto de Ciencias Forenses, por su parte, disminuy de $14.3millones en el AF 2008-2009 a $10.9 en el AF 2011-2012. Una reduccin de $3.4millones o de 23.5%, en la agenda encargada de recopilar y analizar evidencia parael esclarecimiento de delitos. De esa reduccin, el rengln que ms afectado result

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Seccin 2 - Para logar el cumplimiento de la presente medida, se dispone que el DCR

deber disear conjuntamente con el Departamento de Educacin, la Universidad de Puerto Rico

y el Consejo de Educacin Superior, el nuevo currculo educativo y acadmico de conformidad a

las necesidades particulares de la poblacin penal.

Seccin 3 - El DCR someter a la Asamblea Legislativa un nuevo programa de

bonificaciones en un periodo que no mayor de treinta (30) das a partir de la aprobacin del

currculo, para que se apruebe una nueva ley de bonificaciones que establezca un mecanismo de

reduccin de sentencias en la medida en que el confinado demuestre aprovechamientoacadmico, labor social, apruebe satisfactoriamente evaluaciones de conducta a ser administradas

por profesionales de la salud mental as como por conducta en la institucin penal.

Seccin 4 Esta Resolucin Conjunta comenzar a regir inmediatamente despus de su

aprobacin.

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