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Mexico 2030 Primera parte Proyecto México 2030: la venta de un país por Nancy Flores* Catorce documentos –que forman parte del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión– revelan los planes del gobierno federal para privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación. Energía, agua, zonas de reserva de la biosfera, salud, ciencia y tecnología quedarán en manos de la iniciativa privada; además, se legalizará el lobbyng para que las empresas nacionales y extranjeras hagan prevalecer sus intereses en el Congreso de la Unión. El proyecto de nación de Calderón Hinojosa (en el que destacan la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la desaparición de la Secretaría de Energía y la creación de una secretaría o instituto de infraestructura) fue ideado antes del 1 de diciembre de 2006 por altos ejecutivos de trasnacionales, empresarios, políticos del PRI y del PAN y académicos afines. Con este trabajo, Contralínea inicia la publicación de una serie de reportajes que abordan de manera detallada los principales objetivos del plan transexenal: abolir la propiedad pública y legalizar el despojo Antes de asumir la Presidencia de la República, el 1 de diciembre de 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa pactó la apertura total del país a los intereses empresariales, nacionales y extranjeros. Su plan privatizador fue nombrado México 2030, Proyecto de Gran Visión. Catorce documentos de trabajo que forman parte de ese plan –hechos públicos por la Presidencia– revelan las estrategias para abolir la propiedad pública, identificada en el Proyecto como ―monopolios públicos‖. También, para legalizar el despojo de tierras, costas y recursos naturales en contra de campesinos, ejidatarios, pescadores e indígenas. Los documentos suman 831 páginas y contienen los resultados de los talleres temáticos convocados por el presidente electo, entre julio y noviembre de 2006, y auspiciados por el Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal. El Proyecto de Gran Visión se divide en cinco ejes: estado de derecho y seguridad pública; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; desarrollo sustentable; democracia efectiva y política exterior responsable. Sólo el primero estaría exento de privatizaciones.
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Mexico 2030
Primera parte
Proyecto México 2030: la venta de un país
por Nancy Flores*
Catorce documentos –que forman parte del expediente México 2030, Proyecto de
Gran Visión– revelan los planes del gobierno federal para privatizar los sectores
estratégicos y los bienes de la nación.
Energía, agua, zonas de reserva de la biosfera, salud, ciencia y tecnología quedarán en manos de la iniciativa privada; además, se legalizará el lobbyng para que las empresas nacionales y extranjeras hagan prevalecer sus intereses en el Congreso de la Unión. El proyecto de nación de Calderón Hinojosa (en el que destacan la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la desaparición de la Secretaría de Energía y la creación de una secretaría o instituto de infraestructura) fue ideado antes del 1 de diciembre de 2006 por altos ejecutivos de trasnacionales, empresarios, políticos del
PRI y del PAN y académicos afines. Con este trabajo, Contralínea inicia la publicación de una serie de reportajes que abordan de manera detallada los principales objetivos del plan transexenal: abolir la propiedad pública y legalizar el despojo
Antes de asumir la Presidencia de la República, el 1 de diciembre de 2006, el panista Felipe de
Jesús Calderón Hinojosa pactó la apertura total del país a los intereses empresariales, nacionales y extranjeros. Su plan privatizador fue nombrado México 2030, Proyecto de Gran Visión.
Catorce documentos de trabajo que forman parte de ese plan –hechos públicos por la Presidencia– revelan las estrategias para abolir la propiedad pública, identificada en el Proyecto como
―monopolios públicos‖. También, para legalizar el despojo de tierras, costas y recursos naturales en contra de campesinos, ejidatarios, pescadores e indígenas.
Los documentos suman 831 páginas y contienen los resultados de los talleres temáticos convocados por el presidente electo, entre julio y noviembre de 2006, y auspiciados por el Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal.
El Proyecto de Gran Visión se divide en cinco ejes: estado de derecho y seguridad pública; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; desarrollo sustentable; democracia efectiva y política exterior responsable. Sólo el primero estaría exento de privatizaciones.
Bienes de la nación en riesgo
De acuerdo con el plan transexenal impulsado por Calderón Hinojosa, la energía, el agua, los minerales e incluso las zonas de reserva de la biosfera y las playas encabezan la lista de áreas que, ―prioritariamente‖, obtendrán ―inversión privada‖.
Ésos no son los únicos beneficios para el sector empresarial, nacional y trasnacional, en este sexenio: proyectos de prestación de servicios a largo plazo, conocidos como PPS, en materia de salud, infraestructura carretera y educación les garantizan desde fines de 2006 contratos multianuales. Como lo ha documentado Contralínea (número 122, ―Ssa: contratos millonarios a empresarios panistas‖), la vigencia de ésos alcanza hasta 2025 y 2030.
Además, la iniciativa privada y el gobierno de Calderón Hinojosa pactaron que el 70 por ciento de la investigación en ciencia y tecnología se produzca por el sector privado; a cambio, éste seguirá gozando de millonarias exenciones fiscales, se desprende de los 14 informes inicialmente clasificados por la Presidencia como confidenciales.
El doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, Carlos Antonio Aguirre Rojas, explica que la política de Calderón es fundamentalmente una continuidad del neoliberalismo que México ha estado padeciendo desde 1982, cuando gobernaba Miguel de la Madrid.
El también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM advierte que el problema con los gobiernos panistas, tanto de Vicente Fox como del actual, es la política económica antinacionalista que aplican: ―entreguista totalmente‖.
Para Aguirre Rojas, ―la política de privatizar lo poco que le queda al Estado es una especie de agudización extrema de esas políticas neoliberales. Ellos no se dan cuenta, pero se están arriesgando a que en muy poco (tiempo) se dé en México una situación como la que vivió Argentina en 2001; y lo digo porque una de las fuentes fundamentales de la reproducción económica del Estado es el petróleo‖.
Agrega que el presupuesto de México se mantiene en un 50 por ciento de los ingresos petroleros. Sin esos recursos, ―el Estado mexicano va a quebrar como quebró el Estado argentino en 2001. Y vamos a vivir una situación de hiperinflación incontrolable, de devaluación brutal: no de 20 o 30 por ciento, como ya la vivimos ahora, sino de 200 o 300 por ciento. La economía mexicana se va a desestructurar como se desestructuró la economía argentina. Estoy preocupado porque vamos caminando hacia eso con esta política privatizadora de Felipe Calderón‖.
Energía y agua, objetivos reiterados
Los 14 documentos consultados por Contralínea indican que las ―reformas estructurales‖ impulsadas por el gobierno calderonista desde fines de 2006 facilitarán las ―inversiones público privadas‖ en todos los sectores, pero, con mayor énfasis, en el energético (hidrocarburos, electricidad) y en el hidráulico.
Descubren que, para ello, entre otras acciones será necesario eliminar la Secretaría de Energía, ―integrar‖ Luz y Fuerza del Centro a la Comisión Federal de Electricidad –fusión impuesta el 11 de octubre de 2009 por medio del decreto presidencial que extinguió a la primera compañía–, permitir que Petróleos Mexicanos cuente con ―participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales‖, y crear la secretaría o el instituto de infraestructura.
Aguirre Rojas explica que los proyectos de privatización han sido parcialmente exitosos, porque entregan los bienes de la nación ―de una manera secreta, encubierta‖. Pone como ejemplo la venta de la fibra óptica, ―para lo cual fue necesario dar este golpe artero al Sindicato Mexicano de Electricistas‖.
En el ámbito del agua, los documentos del plan de ―Gran Visión‖ indican que se debe ―invertir inicialmente en proyectos ejecutivos del sector hidráulico, después en saneamiento de cuencas‖. En este último rubro, la ―meta‖ es que ―el 75 por ciento de las cuencas hidráulicas del país estén
limpias; ser líderes en el uso eficiente del agua, del equilibrio de los acuíferos y la rentabilidad de los productos‖ asociados.
En el eje de economía, el proyecto reitera que el sector privado debe participar en la infraestructura hidráulica para ―reducir‖ las brechas de acceso al servicio de agua potable.
Los informes también detallan una mayor incidencia de la iniciativa privada incluso en las áreas de reserva de la biosfera, por medio de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y el ecoturismo.
El economista e historiador Aguirre Rojas advierte que, bajo el falso manto del ecoturismo y de la recuperación de los recursos naturales, el gobierno está despojando a las comunidades indígenas de los recursos que les pertenecen y que han cuidado durante siglos.
Por ello, recuerda, fueron violados los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, ―porque la concepción de los compañeros indígenas neozapatistas era: ‗Si somos autónomos, tenemos capacidad de decidir sobre nuestros propios recursos‘; pero ahí el Estado iba a perder justamente la capacidad de privatizar todos los bosques del sureste de Chiapas, todos los recursos de uranio, minerales, la inmensa cantidad de agua que hay ahí y que genera la tercera parte de la energía eléctrica de este país‖.
Los propios documentos de la Presidencia de la República revelan un interés especial en el ―desarrollo del sur-sureste para reducir la desigualdad con el centro-norte‖. Los planes de intervención no sólo se limitan a Chiapas, donde se ubica el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional; también abarcan Oaxaca (Ejército Popular Revolucionario) y Guerrero (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente).
Y aunque el Proyecto México 2030 asegura que se respetarán a los legítimos propietarios de las
tierras y los recursos naturales, también revela que se creará una normatividad que permita el despojo: ―Una ley que impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto. Esta ley debe normar que estas personas podrán exigir un pago mayor mediante un procedimiento establecido pero en ningún caso obstaculizar el desarrollo del proyecto‖.
Previsible, más pobreza
De 1982 a la fecha se han privatizado, extinto, desincorporado y enajenado 585 entidades, 431 empresas públicas y 18 instituciones bancarias, indican datos otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Contralínea, mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Al referirse a la experiencia de las privatizaciones en México, Ana Luisa Nerio Monroy, maestra en relaciones internacionales por la UNAM y coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, dice que el sistema capitalista viola todos los derechos sociales.
―La política neoliberal –señala– tiene muchos años de haber probado que no beneficia a la población general; hay escasos beneficiarios: pequeñas elites que se enriquecen. Por eso genera descontento social.‖
Para la activista, en México no hay una visión de Estado. ―Calderón no es un estadista político; si lo fuera, estaría viendo por las generaciones futuras, por lo que va a ocurrir en años subsiguientes a su gobierno. Las estrategias que aplica son inadecuadas: está priorizando la seguridad represiva y las privatizaciones, no el tema de los derechos humanos, de los derechos sociales ni de la vida digna de los mexicanos. Y es claro que con esas estrategias sólo está generando descontento social‖.
El doctor Aguirre Rojas coincide: ―Los que pagan la factura, como
siempre, son los obreros, los campesinos, los indígenas, la gente que es expropiada de su tierra, a la que le roban el agua, a la que no le respetan sus recursos, a la que le destruyen el bosque, a la que le inundan un pueblo entero para crear una presa que ingenieros decidieron hacer sin tomar
en cuenta a las propias comunidades ni las condiciones del terreno. Eso que hemos estado viviendo en México en el último tiempo‖.
Añade que la crisis económica que está padeciendo el país es producto de las políticas privatizadoras, ―de la idea de decir: hay que privatizar hasta el agua, hay que expropiarles las
tierras a los campesinos y a los indígenas y volverlas propiedad privada, hay que expropiar todos los recursos y venderlos; lo cual explica, entre muchas otras cosas, la ofensiva terrible que ha estado desarrollando el gobierno contra las comunidades neozapatistas en Chiapas. Éste es un proceso que se está dando en todo el país‖.
Puntualiza que México está aplicando ―las peores políticas y está tomando las salidas más absurdas y más anacrónicas‖ respecto de la crisis cíclica que inició a mediados de 2008: ―Una crisis de ciclos económicos Kondratieff‖. Agrega que, ―cuando se comparan las cifras de cómo se reaccionó o cómo impactó esta crisis económica mundial de fines de 2008 hasta hoy en toda América Latina, el país que más sufrió y que menos pudo enfrentarla fue México‖.
El doctor en economía subraya que el mundo en su conjunto ya está volviendo a lo que sería la
fase A de Kondratieff, con la aplicación de políticas neokeynesianas. Por ello, tras criticar el atraso de México, que sigue aplicando políticas neoliberales, recomienda tomar el ejemplo de Francia y de Estados Unidos, países donde el Estado vuelve a intervenir y a regular el mercado.
La maestra Nerio Monroy recuerda que ―el mal manejo de la economía‖ ha derivado en el aumento en el precio de la canasta básica. Además, ―en el caso de los derechos civiles, estamos observando que no se están generando empleos suficientes para tener una vida digna‖. Con ello, se restringe el acceso a otros derechos sociales como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el bienestar social.
La activista de los derechos humanos considera que la política neoliberal de Calderón y de los gobiernos que lo precedieron han incubado una serie de problemas sociales que van a estallar en algún momento. ―Ahora lo estamos viendo con el problema del crimen organizado, que ya está afectando a personas inocentes‖.
Agrega que ―mientras no haya una construcción distinta de la política neoliberal en México, una verdadera transparencia en el uso de los recursos, mientras las elites políticas no dejen de imponer sus intereses y no pongan como prioridad a las personas que representan, se seguirán afectando los derechos sociales de la mayoría‖.
Imposiciones autoritarias
La segunda ola de privatizaciones se gestó mientras un amplio sector de la sociedad exigía el
recuento de los votos y llamaba ―espurio‖ al presidente electo Calderón Hinojosa, por el presunto fraude en el que habría incurrido en los entonces recién concluidos comicios.
Para el historiador y economista Aguirre Rojas, ante la falta de legitimidad del actual gobierno federal, las privatizaciones sólo son y serán posibles por la vía de la imposición y la represión.
―Como lo dijo Gramsci y muchos teóricos políticos: para gobernar, los Estados se apoyan en dos cosas, por un lado en los elementos de la fuerza, la policías y el Ejército; por otro, en los elementos del consenso, es decir, en la credibilidad que pueden crear en la población de que lo
que están haciendo es necesario, legítimo, válido, y por tanto les da un cierto apoyo social. El gobierno de Felipe Calderón, que llegó con ese monumental fraude, tenía cero consenso. Las bases de apoyo social de Felipe Calderón (actualmente) son superfrágiles‖.
Agrega que el presidente de México ha venido gobernando exclusivamente a través de la fuerza.
―Por eso el país está militarizado, por eso hoy tenemos ese triste liderazgo de Ciudad Juárez, que es la ciudad más violenta no de México ni de América Latina, sino del mundo entero: es más violenta que Bagdad, que la capital de Líbano, que las ciudades palestinas de la Franja de Gaza, que están en guerra permanente‖.
El autor de América Latina en la encrucijada: los movimientos sociales y la muerte de la política moderna se pregunta ―cómo puede ser que hayamos llegado a grados de violencia peores que los de Medellín en el peor momento de las décadas de 1970 y 1980, de su historia violenta. Eso –explica– se debe a que Felipe Calderón está gobernando sobre todo con el elemento de la fuerza y por eso ha sacado al Ejército en todas las ciudades del país y utiliza a la Policía Federal y a las policías estatales y municipales; por eso está criminalizando toda la protesta social, lo cual también anuncia un colapso del propio Estado en términos de su función política‖.
Indica que no es una casualidad que se haya puesto de moda el discurso de que México es un Estado fallido, en crisis, inexistente, que no gobierna. Es un Estado que efectivamente está en una situación de colapso, que está apoyado sólo en elemento de la fuerza, con un consenso hiperfrágil y muy pequeño.
El historiador identifica que es esa fuerza la que se está usando para imponer las medidas neoliberales.
―Por eso se le da ese ataque artero al Sindicato Mexicano de Electricistas y después la
privatización (de la fibra óptica). Por eso, de repente, se inunda Juárez de soldados. Él está interviniendo del lado de unos; no es que esté realmente combatiendo al narcotráfico: está combatiendo a ciertos grupos del narcotráfico para beneficiar a otros.
―Él está usando al Ejército y a la policía en Ciudad Juárez para beneficiar a un grupo y atacar a
otros; para golpear al SME y privatizar; para asustar a la gente y hacer pasar sus reformas petrolera, laboral, fiscal‖.
—¿Sería previsible más represión?
—Desafortunadamente sí. En la medida en que él no tiene consenso social, no hay sectores importantes de clases que realmente lo apoyen. Entonces sólo le quedan estas medidas por la fuerza.
El historiador y economista observa, sin embargo, que ―esto va a hacer que la protesta crezca, que la gente empiece a movilizarse, que los movimientos se organicen más de manera vertical y horizontal y que, espero, a partir de esto seamos capaces de ponerle un alto a Felipe Calderón‖.
Algunas acciones privatizadoras aún no concretadas
Crear ―una ley que, en relación al derecho de vía de una carretera o al derecho de paso de una línea de transmisión, impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto. Esta ley debe normar que estas personas puedan exigir un pago mayor mediante un procedimiento establecido pero en ningún caso obstaculizar el desarrollo del proyecto‖ Instaurar legalmente el lobbyng o cabildeo legislativo, por medio del cual las empresas nacionales y extranjeras harán prevalecer sus intereses en los temas que legisle el Congreso de la Unión
Desaparecer la Secretaría de Energía o rediseñarla y ―fortalecerla‖ Constituir una secretaría o instituto de infraestructura Abolir los ―monopolios públicos‖ Abrir totalmente Petróleos Mexicanos a la iniciativa privada para que cuente con ―participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales‖ Abrir totalmente la Comisión Federal de Electricidad a la iniciativa privada, en el mismo esquema de Pemex con inversionistas privados y generadores de electricidad del sector empresarial Permitir la inversión indiscriminada en proyectos ejecutivos del sector hidráulico y saneamiento de cuencas. Generar ―liderazgo‖ en el uso eficiente del agua, del equilibrio de los acuíferos y la rentabilidad de los productos asociados Privatizar todas las áreas de reserva de la biosfera por medio de las Unidades de Manejo para la
Conservación de la Vida Silvestre y el ecoturismo Desarrollar el ―sur-sureste para reducir la desigualdad con el centro-norte‖
Los convidados del poder
Detrás de las principales estrategias privatizadoras del plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, hay apenas 420 personas, no sólo de nacionalidad mexicana, también extranjeras. En esencia, se trata de políticos del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, empresarios, altos ejecutivos de trasnacionales, representantes de instituciones financieras y académicos afines. Entre los empresarios, altos ejecutivos de trasnacionales e instituciones financieras destacan: Juan Mijares, director de Asuntos Jurídicos Corporativos de Microsoft México; Lawrence Harrington, exrepresentante del BID en México; Cintia Angulo de Leiseigneur, presidenta y directora general de Alstom Mexicana; Luis Farías Martínez, vicepresidente de Energía de Cemex; Tania Ortiz Mena, directora de proyectos en Sempra Energy; Javier Elguea Solís, rector del Instituto Tecnológico de Teléfonos de México y coordinador general de Bienestar Social Telmex; Lorenzo Servitje,
cofundador de Bimbo (beneficiado con contratos tipo PPS en el ámbito de la salud, Contralínea 122). Además, Ricardo Pérez Schulz, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado y director de clientes especializados de Holcim Apasco; Enrique Hidalgo, vicepresidente de Exxon Mobil en México; Ricardo Hernández Murillo, especialista ambiental del Banco Mundial en México; Gabriel Ibarra, director corporativo de Promoción del grupo ICA. Federico Martínez Urmeneta, fundador de la empresa Tradeco; Francisco Mota Velasco Torres Landa, subdirector de Proyectos y Desarrollo Industrial de Ferromex; Guillermo Guerrero
Villalobos, director de la Empresa de Estudios Económicos y de Ingenierái; Iñigo de la Borbolla Rivero, director de Proyectos Financieros del Grupo Financiero Santander-México; entre otros. (NF)
“El México que queremos”, según Calderón
El 21 de mayo de 2007, Felipe Calderón dio a conocer la versión pública de México 2030, Proyecto de Gran Visión. Éstos son fragmentos del discurso del presidente, destacados por la Presidencia de
la República en el boletín entregado a los medios de comunicación: • ―Hicimos esta convocatoria con la firme convicción de que una perspectiva de largo plazo es la única que puede abrir el espacio para la confluencia de distintos puntos de vista, porque abre así el camino para los acuerdos que México necesita‖. • ―Gracias a la colaboración de todos, hoy podemos compartir con la sociedad una imagen de México con vistas al futuro, sin ignorar nuestra historia, sin pretender reinventar a la nación. Hacia el año 2030, cuando los niños que nazcan este año cumplan 23, cuando los niños que están aquí cumplan 20 o 21 años, México tendrá que ser distinto y mejor, tendrá que haber avanzado significativamente en todos los sectores, tendrá que ser mejor y no en base a la casualidad (sic), sino en base a la determinación, a la puesta en claro de lo que queremos y a la discusión ordenada de cómo debemos hacerlo‖. • ―La Visión México 2030 es una puesta en común por un desarrollo humano sustentable, una
descripción del México deseable y del México posible por encima de diferencias de partido, de región o de religión‖. • ―En el mundo del siglo XXI no hay cabida para la improvisación o el azar, la velocidad de los cambios nos obliga a anticipar el futuro no sólo para prevenir adversidades, riesgos y obstáculos, sino también para aprovechar las oportunidades que se nos presentan‖. • ―México requiere reformas que nos permitan acelerar el paso y alcanzar nuestras metas, reformas que permitan lograr mayores tasas de crecimiento, mejores condiciones de vida, mayores niveles de calidad educativa‖. • ―Mi gobierno ha tomado la decisión de que tanto el Plan Nacional de Desarrollo que habremos de presentar este mes de mayo como los programas sectoriales que de él se deriven tomen como punto de partida la visión México 2030, así habremos de hacer del periodo 2006-2012 el primer gran paso hacia esa patria fortalecida, generosa, justa y solidaria que todos anhelamos‖.
El plan transexenal de Calderón México 2030, Proyecto de Gran Visión, reconoce
que el Estado ha sido rebasado por la mafia y que, al igual que las policías, las
fuerzas castrenses se corrompen. Además, aunque la principal oferta
gubernamental es la ―guerra‖ contra el narcotráfico, el proyecto admite que en 20
años el crimen organizado estará ―acotado‖, mas no extinto. En esta segunda
entrega, Contralínea revela los detalles del primer capítulo ―Estado de derecho y
seguridad pública‖, cuyo eje rector es garantizar la ―plena seguridad para la
propiedad‖. Expertos consultados señalan que en este país hay un Estado de facto,
no de derecho, y avizoran más represión
En octubre de 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa tuvo en sus manos los resultados del primer taller temático ―Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública‖, al que convocó luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo declarara presidente electo.
Integrado al expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, el diagnóstico descubre que la
meta de este plan transexenal en materia de seguridad, dentro de 20 años, es apenas ―acotar‖ al crimen organizado, no exterminarlo. Ello, a pesar de los más de 16 mil 500 muertos que se cuentan como saldo de los tres años de la ―guerra‖ calderonista contra el narcotráfico.
El documento expone que, desde 2006, el Estado mexicano había sido ―rebasado por la realidad y
circunstancias actuales, que han generado en diversos ámbitos un clima de inseguridad pública‖. Jorge Luis Sierra, experto en seguridad nacional, indica que ésta es la primera vez que se da una aceptación explícita y ―con esa franqueza‖ respecto del problema de inseguridad.
El mismo diagnóstico del Proyecto de Gran Visión anexa una lista de causas, entre las que destaca
la ―corrupción en los cuerpos de seguridad pública e incluso en un número creciente de miembros de las fuerzas armadas‖.
Para el abogado Juan de Dios Hernández Monge, ―el Estado mexicano ya no tiene remedio, pues ha llegado a un grado de corrupción irreversible. Algo –explica– que es normal dentro del sistema económico y político (vigente en el país)‖.
Al mencionar las causas por las cuales el Estado fue rebasado, el documento también apunta la ―ausencia de estrategias y tácticas profesionales en los cuerpos de seguridad pública, para lograr el respeto de los derechos fundamentales y la efectividad del empleo de la fuerza pública; actores
sociales manifestándose a través de expresiones violentas que ponen en peligro la integridad y derechos de terceros; falta de certeza jurídica provocada por un ambiente de impunidad, en el que se percibe que no necesariamente quien viola la ley es castigado‖; entre otros.
El senador panista Felipe González reconoce que ―estamos ante situaciones inéditas: traemos
problemas muy severos en la cuestión de seguridad pública, tenemos problemas de impunidad y de corrupción; éstos nos están avisando que necesitamos urgentemente adecuar y actualizar algunas partes de nuestro entorno jurídico‖.
El presidente de la Comisión de Seguridad y secretario de la Comisión de Gobernación del Senado considera necesario revisar leyes, como la del secuestro, pero también la del fuero militar.
―Ahora que los militares ya están haciendo el papel de policías, no hemos adecuado, desafortunadamente, el marco legal en el que se mueven, cuando realmente ése no es su papel. Corremos el riesgo que el día de mañana algún gobierno llegue y les dé encargos como en 1968
(con la matanza de estudiantes y civiles) cuando, por obedecer órdenes, al único que perjudicó su actuación fue al Ejército‖, indica el senador.
No obstante, Jorge Luis Sierra señala que el diagnóstico del Proyecto de Gran Visión sólo admite
que ―la corrupción ha llegado a las filas de los soldados. Ésa es la única referencia que hay sobre las fuerzas armadas en el documento de seguridad, (pero) no se hace mención a una reforma militar‖.
Los objetivos del plan
Desclasificado por la Presidencia de la República, el archivo de 41 páginas denominado ―Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública‖ se subdivide en seis temas: derechos humanos; fortalecimiento del Estado y reformas institucionales; sistema de justicia; seguridad pública; cultura de la legalidad democrática y educación jurídica; transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.
Entre los objetivos esbozados en éste, sobresalen la ―plena seguridad para la propiedad‖; la creación de la policía nacional coordinada; la supresión del amparo directo; la reelección de los legisladores, y el ―replanteamiento‖ de ―la relación entre el Estado y las iglesias‖.
Aunque este apartado es el único que no habla de privatizaciones, el maestro Edgar González Ruiz destaca que ―la defensa del dinero está implicada en esta frase: ‗Plena seguridad para la propiedad y la integridad de las personas‘‖.
Para el investigador, ―está claro que, ya sea de manera directa o eufemística, esos planteamientos anticipaban las reivindicaciones y consignas de los sectores derechistas, empresarios, jerarquía católica y grupos conservadores, representados por el gobierno de Calderón‖.
El especialista en estudios acerca de la derecha política en México considera que ―el modelo de gobierno que se dibuja en este documento es de carácter dictatorial, basado en la fuerza y represor de las libertades; confesional, de la derecha católica; totalitario, que pueda controlar a todos los sectores populares, anulando sus intereses en aras de los de corte confesional o empresarial: todos unidos, por el engaño o por la fuerza, para servir al clero y al empresariado‖.
El maestro en filosofía recuerda que, en 2006, al frente de este proyecto de nación transexenal estuvo Carlos Medina Plascencia, ―quien fuera gobernador interino de Guanajuato en la época de Carlos Salinas y uno de los más radicales representantes del conservadurismo católico panista‖.
Estado de facto
Elaborado en medio de la crisis poselectoral, derivada de
los comicios de julio de 2006, el documento estima que en 2030 ―la legitimación que ha alcanzado el Estado es resultado de la promoción que éste ha hecho de un conjunto de condiciones que propician el desarrollo integral del ser humano que vive en sociedad, el respeto absoluto a su dignidad, la protección a los grupos sociales fundamentales y la convivencia pacífica. Asimismo, el estado de derecho es fundamento para el desarrollo económico, social y cultural y da certeza a los actores políticos‖.
El abogado Juan de Dios Hernández Monge explica que ―el estado de derecho ha sido un concepto manipulado conforme a los intereses de la propaganda; éste no se reduce a la existencia de las leyes, sino que éstas sean respetadas‖.
Por ello, indica que el primer obligado en ese cumplimiento es el Estado: ―Cuando éste violenta el cuerpo de leyes, nos coloca en un Estado de facto. Se empieza a gobernar a través de los secretos, como ha estado ocurriendo con Felipe Calderón respecto de problemas como el del Sindicato Mexicano de Electricistas y el de los mineros de Cananea, Sonora. (Ello, a pesar de que) el respeto al estado de derecho es la parte sustancial para todo lo demás‖.
—¿En México se respeta ese cuerpo de leyes?
—Aquí está roto el estado derecho. Vivimos en un Estado de facto, además en un grado de descomposición extrema. El Estado tiene tres elementos: la población, el territorio y el poder o gobierno. En el caso mexicano, los tres elementos están en un punto de quiebre.
Derechos humanos, un fracaso
El documento consultado por Contralínea indica que en 2030 se ―respetarán los derechos humanos, se tendrá igualdad social; los derechos fundamentales se tomarán como criterios de las políticas públicas; no habrá privilegios para la elite; se contará con ciudadanía plena; y la actuación del Estado se hará con apego a la legalidad, que promueve y protege los derechos de las personas‖.
Al respecto, Jorge Luis Sierra considera que, aunque el apartado de seguridad pública hace mucho énfasis en el respeto, lo que ha ocurrido en la política de seguridad pública ha sido a costa de los derechos humanos en muchas regiones del país.
―En los últimos años ha habido un crecimiento enorme, sin precedente, en el número de
recomendaciones que han sido dirigidas a las fuerzas armadas. Hay un daño colateral a los derechos humanos derivado de las operaciones en contra del narcotráfico. Hay una persistencia de un modelo de justicia militar arcaico, que ya no funciona ante las nuevas realidades que tiene el país ni ante la nueva realidad internacional. No hay ninguna demostración de avance. Entonces, la distancia que hay entre los deseos establecidos en estos documentos y las políticas que se han seguido hasta el momento son muy grandes‖.
Para el abogado Hernández Monge, las garantías individuales son la parte esencial del estado de derecho. ―Ahí entramos a la cuestión de los derechos humanos. Las garantías individuales deben de ser respetadas de manera sistemática y transparente por el Estado, no como un acto gracioso sino como una obligación que tiene la autoridad‖.
No obstante, coincide que, con el pretexto de la inseguridad, se violan los derechos más elementales. Ejemplifica con el caso del operativo policiaco Mochila Segura, que permite a la policía revisar las mochilas de los niños que asisten a la primaria y la secundaria. ―Esto significa clara y llanamente una violación de los derechos humanos de los menores que son revisados‖.
Hernández Monge recuerda que las garantías individuales están consagradas del artículo 1 al 29 de la Constitución. Éstas ―establecen el catálogo de derechos, que es el único patrimonio jurídico que tenemos los particulares frente al Estado. Cuando éste violenta esa esfera de derechos, el ciudadano agraviado puede pedir la protección y amparo de la justicia federal‖.
Edgar González Ruiz observa que las metas de ―seguridad pública eficiente e integral; crimen organizado acotado; desempeño de los servidores públicos encargados de la seguridad pública, de la administración y procuración de justicia‖, contenidas en el documento, ―son simplemente las consignas y abusos con los que está gobernando Calderón‖.
La resistencia, única opción
En su primer capítulo, originalmente clasificado como confidencial, el Proyecto de Gran Visión indica que ―la sociedad mexicana, en el año 2030, es conducida de manera estable por las normas democráticamente establecidas. Esto se ha logrado a través del fomento en la población de una cultura política democrática y de la legalidad‖.
De no alcanzarse un estado de derecho pleno, se corre el riesgo de ―que se rompa el tejido social y que la gente pudiera comenzar a sentirse más segura cuando da sobornos, cuando la extorsionan para recibir protección de los delincuentes, en virtud de que la autoridad establecida no puede salir adelante y ayudarlos mediante el cumplimiento de la ley‖, dice el senador por el Partido Acción Nacional Felipe González.
Advierte que el estado de derecho no se puede fincar en la violación de las leyes y ―mucho menos‖ en la impunidad. ―Porque entonces las leyes nada más son para que las cumpla el más débil, el que menos influencia tiene o el que no tiene dinero. Eso no es posible en un país que se precie de moderno y donde estamos tratando de sacarlo adelante del flagelo de la delincuencia‖.
Sin embargo, el abogado Hernández Monge observa: ―En el asunto de la justicia, es muy
importante establecer que no se puede, desde una posición ética, convalidar el sistema jurídico ni de leyes que hay en el país, porque es intrínsecamente injusto‖.
La causa de origen ―de la tragedia‖, detalla, inició con la aparición de la propiedad privada de los medios de producción, cuando se dio origen al esclavismo. A pesar de que actualmente está
prohibida la esclavitud, dice Hernández Monge, los trabajadores viven en condiciones paupérrimas. ―Aunque digan que vivimos en libertad, se trata de la libertad para morir de hambre, para escoger quién te va a explotar, si tienes suerte‖.
Por ello, indica, ―hay una búsqueda de un nuevo pacto social que ya se está construyendo en
regiones enteras del país: los municipios autónomos zapatistas‖. Hernández Monge considera que el modelo se está extendiendo de manera muy sólida, y pone como ejemplo la policía comunitaria de Guerrero, ―que tiene una influencia directa de esta forma autonómica de organización. Y el municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, que también es efecto de este movimiento que está vivo y actuando‖.
Agrega que este movimiento tiene como meta la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, ―cuyo puerto de arribo es ese nuevo pacto social, esa nueva constitución. Para llegar a eso se proponen una rebelión nacional pacífica‖.
Explica que, cuando se cierran los causes legales frente a la injusticia, lo que le queda al pueblo, y a los trabajadores de este país, es el derecho de resistencia. Al respecto, indica que el artículo 39 constitucional garantiza el principio y el derecho de la rebelión en contra de las tiranías, en contra de las dictaduras. ―Nosotros, como pueblo, tenemos de manera primigenia la soberanía del país. Y tenemos que rescatarla‖
Limitar al Congreso, uno de los fines
El especialista en seguridad nacional, Jorge Luis Sierra, observa que, en materia de seguridad, la única iniciativa visible en el documento ―Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública‖ es la de la ley para crear la policía nacional. Advierte que la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional es contradictoria con los documentos integrados al expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión. ―Es contradictoria desde el momento en el que le quieren retirar al Congreso la capacidad de definir las situaciones de emergencia para solicitar la suspensión de las garantías individuales y, por lo tanto, solicitar la actuación del Ejército y de la Armada de México en caso de emergencia‖. Actualmente, explica, la Constitución establece que es el Congreso el encargado de definir una
situación de emergencia nacional y suspender las garantías individuales. ―Pero ahora el Ejército está operando sin respaldo jurídico; está actuando al margen de la Constitución‖. Por ello, señala, en esa reforma a la Ley de Seguridad Nacional, ―lo que intentan es resolver un problema coyuntural con un respaldo jurídico; pero no están resolviendo un problema estratégico, que es la debilidad de las instituciones policiacas, la corrupción de los órganos de seguridad
pública y la capacidad del Estado para combatir a la delincuencia organizada‖. Respecto de los tiempos, agrega: ―Si de esa plataforma van a hacer una política que va a durar cuatro sexenios, para que finalmente lleguemos al México que se imaginaron esos expertos, ahorita deberíamos estar ya muy cercanos al cumplimiento de la cuarta parte‖.
No obstante, indica que ―el sexenio del presidente Felipe Calderón está en la recta final sin que veamos un asomo de que el Estado ha terminado con la delincuencia organizada‖. El problema, dice, implica una política de fondo, integral, y una reforma de todo el aparato de seguridad. Respecto de la prevención del delito por medio de la inteligencia coordinada, Sierra opina que, en años recientes, ―el gobierno ha tenido que recurrir a los líderes pasados de los sistemas de inteligencia, para poder reformar los sistemas y capacitarlos para actuar en contra de la delincuencia organizada, pero no se ve que haya una integración en los sistemas de inteligencia civil y militar. En algunos casos, el sistema de inteligencia predominante es el militar‖. El experto en seguridad nacional detalla que esa desintegración a nivel de política de seguridad ha sido una de las cusas por las cuales México fue rebasado por la delincuencia. Jorge Luis Sierra estima que ―el presidente Calderón tiene una gran responsabilidad en estos rubros. Está a punto de concluir su sexenio y la situación que está atravesando el país demanda
que el presidente siente aunque sea la primera base de una estrategia a largo plazo. Ojalá lo pueda hacer, ojalá se encuentren las condiciones. Lamentablemente, hasta el momento no hay evidencia de que eso esté sucediendo‖.
Con su plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, Calderón cederá a corporativos
mexicanos y trasnacionales el control total de la vida, el movimiento de las
personas y las mercancías y el mundo de las ideas y el acceso a la información. La
concesión de las áreas estratégicas –salud, educación, telecomunicaciones,
carreteras– y los bienes nacionales –agua, energía, medio ambiente, patrimonio
cultural– se hace de manera paulatina por medio de ―asociaciones público-
privadas‖. A tres años de iniciado el proyecto, el gobierno federal consolida los
monopolios privados, destruye las paraestatales y los servicios públicos, garantiza
multimillonarios subsidios y exenciones fiscales al empresariado y robustece el
aparato punitivo contra la protesta social
Al pactar México 2030, Proyecto de Gran Visión, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa acordó con las empresas mexicanas y trasnacionales la entrega total de las áreas estratégicas y los bienes de la nación. En su primera etapa, vigente desde el 1 de diciembre de 2006, las privatizaciones se dan como ―asociaciones público-privadas‖, ―proyectos de prestación de servicios‖ y ―obras públicas financiadas‖.
El doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, Carlos Antonio Aguirre Rojas,
advierte que las asociaciones de ―capital público-privado‖ no son más que una forma de referirse a
―la vergonzante privatización de los servicios públicos y de los bienes públicos, que son patrimonio de la nación‖.
Cuatro documentos de trabajo desclasificados por la Presidencia –y elaborados en el marco de los talleres del ―Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos‖– revelan las áreas en las que
se aplica o aplicará el esquema: energía, hidrocarburos, transporte, telecomunicaciones, servicios urbanos, infraestructura ambiental, hidráulica, educativa, en salud, en seguridad pública, en campo, vivienda y desarrollo urbano.
Además, detalla que se desarrollará la ―vocación turística del país en materia de patrimonio
cultural y patrimonio ambiental‖. También, que se garantizará la certeza en la tenencia de la tierra y en la inversión privada. De acuerdo con los documentos, las reformas que ―flexibilizan‖ los ámbitos fiscal, laboral, educativo, de pensiones, de salud son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos.
El maestro Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explica que los daños industriales contra el ambiente, la violación a los derechos laborales y el despojo de los recursos a los pueblos responden a una lógica sostenida de subordinación de los derechos humanos a los derechos patrimoniales.
—La acción gubernamental privilegia los derechos de algunos grupos poderosos, con quienes establece relaciones de complicidad y bajo un discurso de prosperidad, entre comillas. Hay un énfasis en la seguridad y en la prosperidad, pero una merma en los derechos humanos de la población. Ese énfasis es resultado de las exigencias de los socios comerciales de México; por eso,
el Estado deja en segundo término temas de salud, educación, vivienda, ambiente sano y condiciones laborales justas.
Los investigadores consultados coinciden en que éste es el pago de facturas que hace Calderón Hinojosa tras su controvertida llegada a la Presidencia de México. El economista e historiador
Aguirre Rojas señala que la lista de privatizaciones inmediatas y futuras contiene las tareas que le competen al Estado de manera exclusiva.
—Cómo genera el desarrollo un Estado: renovando la infraestructura, creando carreteras que comuniquen al territorio nacional; desarrollando un sistema de telecomunicaciones, de correos
eficaz, una red telefónica que llegue a todos. Los teléfonos, las comunicaciones, las carreteras, la electricidad, el agua son bienes fundamentales y vitales para la vida pública, por eso lo normal es que estén en manos del Estado. Lo anormal es lo que ha sucedido en los últimos 30 años.
El también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM explica: ―Quien
controla el agua, controla la vida y la reproducción de la gente; quien controla las carreteras, controla las posibilidades de movimiento; quien controla las telecomunicaciones, controla el mundo de las ideas y las posibilidades del acceso a la información. Todas son áreas estratégicas y, sin embargo, están siendo privatizadas‖.
Infraestructura
El doctor Víctor H Palacio, profesor-investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Chapingo, observa que ―hay un dejo de clase, un sentimiento demasiado clasista en el documento‖.
Indica que el Proyecto de Gran Visión se hizo sin pensar en las tendencias que México tenía en 2006. Esa omisión, dice, incluso fue respecto de las tendencias internacionales.
En el apartado de ―Infraestructura‖ –que consta de 130 páginas y está contenido en el segundo capítulo del Proyecto de Gran Visión–, los empresarios y representantes de trasnacionales, políticos del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional y académicos sostienen que ―México, en 2030, se distingue por tener una infraestructura básica, social y productiva accesible para todos, con calidad, precios y costos competitivos; orientada al desarrollo humano y productivo de los mexicanos y a la sustentabilidad ambiental‖.
El documento agrega que ―esta infraestructura sitúa a México como plataforma logística para vincular los mercados internacionales y como país con vocación turística, la cual promueve un desarrollo regional equilibrado. El país se ha convertido en el líder de América Latina en inversión/presupuesto destinado a infraestructura, y es reconocido por tener un marco jurídico que estimula y hace eficiente la inversión, y por su crecimiento a partir de mecanismos de financiamiento público-privados‖.
En el marco del Proyecto de Gran Visión, la Comisión Federal de Electricidad destinará 634 mil 920 millones de pesos a la ―asociación público-privada‖, entre 2009 y 2018. De acuerdo con el documento El sector energético en México: oportunidades de inversión, tan sólo en 2010 se entregarán cuatro proyectos bajo estos esquemas: el Ciclo Combinado Norte II (acuerdo de compra de energía bajo el esquema de productor independiente de energía), la planta de Cogeneración Salamanca (obra pública financiada), el Ciclo Combinado Planta de Energía Valle de México I y II (obra pública financiada), Ciclo Combinado Agua Prieta II (obra pública financiada).
El sector de comunicaciones y transportes también recurre ya a esos esquemas. En 2010, las inversiones ―público-privadas‖ comprometen 115 mil 660 millones de pesos. El dinero público se destinará a 53 proyectos carreteros PPS o privados, que se encuentran en marcha o por licitarse. Los contratos tienen una vigencia de entre 15 y 30 años, de acuerdo con información de Susana González, publicada en el diario La Jornada el 28 de febrero pasado.
Al citar como fuente el informe Asociaciones público-privadas para el desarrollo carretero de México 2010, la reportera detalla que ―cada kilómetro de la red carretera nacional que se
construya durante 2010 mediante las asociaciones público-privadas costará en promedio 37.9 millones de pesos, monto 65 por ciento superior respecto de la misma extensión que se erija sólo con recursos públicos, de acuerdo con estadísticas de la SCT‖.
El sector salud también aplica los proyectos PPS. El doctor Aguirre Rojas señala que –en el marco de las privatizaciones– el sistema ha sido abandonado y actualmente se encuentra en crisis.
Más despojo y represión
Además de los multimillonarios recursos, los proyectos de infraestructura, por ejemplo ―las carreteras, se logran construir gracias a la expropiación masiva de tierras contra los campesinos‖, indica Aguirre Rojas. Agrega que a eso se refiere el documento cuando aborda la certeza en la tenencia de la tierra: los programas de Procampo y Procede eliminaron la estructura del ejido, una conquista histórica de la Revolución de 1910.
Explica que, para la inmensa masa de campesinos, el ejido era la certidumbre sobre la tenencia de la tierra. No obstante, recuerda que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari ―echó para atrás el artículo 27 constitucional, lo cual permitió que el ejido se pudiera fraccionar, vender y privatizar‖.
En ese mismo contexto es en el cual –apunta el investigador– el documento propone crear ―una ley que, en relación al derecho de vía de una carretera o al derecho de paso de una línea de transmisión, impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto. Esta ley debe normar que estas personas podrán exigir un pago mayor mediante un procedimiento establecido, pero en ningún caso obstaculizar el desarrollo del proyecto‖.
―Esa parte del documento tiene un destinatario y un referente obvio en el caso de San Salvador Atenco, la presa de La Parota y Santa María Ostula. Hay una cosa que el gobierno y los capitalistas no entienden: para la gente, la tierra y los recursos no son mercancías, no es una cuestión de precios, de dinero. La tierra para los capitalistas es un simple instrumento de producción, pero para la gente es el lugar donde moran sus muertos, la fuente de toda la vida, la madre; es seña de identidad‖.
El investigador indica que ―esa ley está diciendo que se debe prevenir un segundo o un tercer Atenco. Ellos están diciendo que el próximo aeropuerto no va a sufrir el tropiezo de Atenco‖.
Luis Arriaga Valenzuela explica que hay una tendencia encaminada a ―robustecer el aparato punitivo‖. Recuerda que ya se aprobaron en 2008 las reformas al sistema de justicia, y que su aplicación será gradual.
El director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez indica que este tipo de reformas, incluida la
propuesta del Proyecto de Gran Visión, dejan resquicios que permiten un uso arbitrario e indebido del sistema de justicia.
Esta situación ya tiene víctimas concretas, expone: ―Aquéllos que han sido acusados injustamente y cuyas motivaciones son la venganza, el castigo, la protección de intereses. El caso relevante es
el de Ignacio del Valle y los 12 presos de San Salvador Atenco; el de Teresa y Alberta, a quienes por protestar contra las arbitrariedades del Estado se les imputan tipos penales que tienen un alto repudio social, como el secuestro equiparado‖.
Apertura total en la energía
En su capítulo ―Energía‖, el Proyecto de Gran Visión busca abrir totalmente a Petróleos Mexicanos. Para ello, propone que cuente con ―participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales‖.
En ese mismo esquema entra la Comisión Federal de Electricidad, una vez que se consiguió, de facto, la fusión con Luz y Fuerza del Centro. Con ello, el poder político y los poderes fácticos buscan ―erradicar‖ una de las ―distorsiones‖ del mercado.
Y aunque en ese punto los documentos de ―Energía‖ y ―Economía‖ señalan que se habrán de abolir los ―monopolios privados y públicos‖, las políticas concretas revelan que el gobierno federal sólo ataca los públicos.
Aguirre Rojas dice que ―tratan a los monopolios públicos y privados como si fueran lo mismo, y son absolutamente diversos. Los privados tienen el objetivo fundamental de obtener ganancia, lucro, y siguen la lógica despiadada de la acumulación de capital. Mientras que los públicos deberían, aunque no siempre lo cumplen, ser de utilidad social‖.
Indica que el monopolio privado le permite a la empresa fijar altas tarifas: ―Ése es el caso de Telmex en México. Telmex y Telcel son el monopolio que controla el 97 por ciento del mercado telefónico y por eso tenemos las tarifas más caras del mundo. Se tendría que atacar también al duopolio de la televisión: Televisa y TV Azteca. En cambio, si los monopolios públicos cumplen una función social, no tendríamos por qué destruirlos. Si algo ha permitido que el Estado mexicano no
entre en quiebra como el Estado argentino después de 2001, son los monopolios públicos, como Pemex‖.
Aguirre Rojas observa que ―estas propuestas son como chistes de humor negro: se dice que hay que acabar con los monopolios privados y se acaba de aceptar la fusión de Telmex con Telcel,
permitiendo con eso la constitución del cuarto operador a nivel mundial en el ámbito de las
telecomunicaciones; además, se le acaba de autorizar a Televisa que compre Nextel, y con ello ofrezca el servicio de triple play‖.
Al referirse a este mismo tema, Víctor H Palacio recuerda que aproximadamente el 1 por ciento de los capitales que hay en el país controla el 80 por ciento del producto interno bruto. ―Cuando se
hacen estos señalamientos acerca de los monopolios se está pensando en las grandes empresas monopólicas públicas, como Pemex, Luz y Fuerza del Centro (con todo el problema que tiene) y Comisión Federal de Electricidad; pero es en el sector privado donde realmente están los grandes monopolios: Telmex, las grandes compañías cementeras, acereras, químicas, farmacéuticas, automotrices. Ellas son realmente las que detentan la riqueza nacional‖.
Ambos investigadores concuerdan con que el actual gobierno federal no busca acabar con los monopolios privados. Aguirre Rojas comenta: ―Se declara en el papel que se quieren anular y lo que se hace es fortalecer los monopolios privados. En cambio, los que han ayudado al Estado a sobrevivir y benefician a la gente son los que se están privatizando, destruyendo. Ellos no se dan cuenta de lo peligroso de las medidas que están tomando: si Pemex llega a ser privatizado, y hacia eso estamos caminando con las políticas de Calderón, el Estado mexicano corre el riesgo de quebrar‖.
Ciencia y tecnología en manos privadas
En materia de ciencia y tecnología, el proyecto plantea que el 70 por ciento de la investigación sea hecha por privados. Además, buscaría ―desmantelar‖ los institutos de las universidades públicas y la red de investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
También, pretende conseguir una reforma que incentive la educación tecnológica y la asignación de más subsidios y exenciones fiscales.
Respecto de la afirmación que hace el Proyecto de Gran Visión, de que en 2030 ―México invierte el
4 por ciento de su PIB en la materia, del cual el 70 por ciento está financiado por el sector privado y el 30 por ciento por el sector público‖, Vítor H Palacio opina: ese 70 por ciento sería en realidad innovación tecnológica, y ocasionaría que grupos privados sean los que estén financiando el desarrollo tecnológico del país.
Apunta que las universidades o institutos privados y las empresas privadas financiarán ―lo que ellos necesitan. Buscan esta famosa relación universidad-empresa‖.
Agrega que el fundamento de este plan es el Proyecto Bolognia, en el cual se establece que toda la ciencia y la tecnología debe de recaer fundamentalmente en manos privadas. ―Lo que se busca es
que las universidades, sobre todo las públicas, dediquen a sus alumnos a que desarrollen habilidades, capacidades y que sepan hacer cosas. En esa medida van a ser útiles y a poder insertarse en el mercado de trabajo rápidamente. Que no se les enseñe a pensar, eso no es importante. Para pensar están los grandes centros educativos de los países centrales, altamente desarrollados, que ellos se dediquen a pensar y a desarrollar la ciencia y tecnología de punta; y nosotros seguiremos maquilando‖.
Palacio observa que ―si el 70 por ciento va a quedar en manos privadas, y además las instancias gubernamentales como Conacyt podrían estarles financiando recursos para que hagan investigación, lo único que se hace es desbaratar el sistema de ciencia y tecnología del país. En México se han desarrollado muchas cosas, pero con muy pocos recursos‖.
Recuerda que una de las maneras para combatir al narcotráfico es a través de la educación, ―pero la educación a todos sus niveles. La educación superior entra en la parte de la ciencia y del desarrollo tecnológico‖.
Para la elaboración de este trabajo y de la serie México 2030, Proyecto de Gran Visión se solicitó conocer la versión de la Presidencia, a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
El plan transexenal calderonista México 2030, Proyecto de Gran Visión, urde la ocupación integral del país, señala Gilberto López y Rivas. Con éste, la ―clase dominante‖ pretende desmantelar el Estado-nación mexicano, explica el integrante del grupo Paz con Democracia e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Los 14 documentos que integran el plan detallan que uno de sus principales objetivos es la creación de una nueva constitución política. Los archivos –desclasificados por la Presidencia de la República y consultados por Contralínea– revelan que esa carta magna abolirá la propiedad pública, desconocerá los derechos colectivos, el patrimonio y los bienes nacionales, y abandonará el concepto de soberanía nacional.
Con ese nuevo marco jurídico se materializarán los propósitos del Proyecto de Gran Visión, entre los que destacan: ceder el control gubernamental del país a ―mexicoamericanos‖; privatizar la salud, la educación, el agua, la energía, los minerales, las reservas de la biósfera, el patrimonio cultural, las carreteras, las telecomunicaciones; extinguir la propiedad ejidal y comunal; abolir los derechos a la sindicalización y a la protesta social en caso de expropiaciones.
En dos décadas, México será ―un país con una nueva constitución y armonía entre la legislación interna y externa‖, indica el apartado dedicado a la política exterior. El investigador Pablo Moctezuma Barragán observa que a los autores del plan ―les estorba‖ la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El doctor en estudios urbanos refiere que ―armonizar‖ la legislación nacional con la extranjera necesariamente conlleva la pérdida de la soberanía: ―México no se regiría por sus propias leyes, sino por las de las potencias extranjeras‖.
La legislación externa, dice, es la que faculta a las trasnacionales a demandar al país por daños, perjuicios y discriminación cuando no se les asignan los contratos multimillonarios licitados.
En ese contexto, explica el autor de México, dependencia y autoritarismo, el Estado no puede tomar decisiones.
Si las leyes hubieran estado ―armonizadas‖ en la época de Lázaro Cárdenas, las empresas petroleras hubieran demandado a México y la expropiación se hubiera revertido, ejemplifica Moctezuma Barragán.
Gilberto López y Rivas –autor de Nación y pueblos indios en el neoliberalismo y Por los caminos del internacionalismo, entre otros libros– dice que no es fortuito calificar al México 2030 como el plan para la ―ocupación integral‖: ―Es un símil histórico respecto de lo que fue la ocupación nazi-fascista en varios países durante la Segunda Guerra Mundial‖.
Ahora, señala, lo que se impone es el modelo capitalista neoliberal. ―El gran inspirador de este proyecto es el imperialismo, encabezado por Estados Unidos. Éste tiene (como base) la trasnacionalización de las economías, en lo que toca a los países que ellos ocupan‖.
Para el investigador, en esa lógica imperialista se dan los lazos político, militar y comercial entre México y el país vecino. Las modificaciones de la relación con Estados Unidos, explica, han derivado en la incorporación de los sectores estratégicos y de los bienes de la nación al plan privatizador México 2030.
Privatizar el Estado posrevolucionario
Los 14 documentos vinculados al Proyecto de Gran Visión, reflejan las tendencias del capitalismo neoliberal, que rompen todo tipo de voluntades sociales y de marcos jurídicos surgidos del Estado benefactor, analiza López y Rivas. De manera abierta o silenciosa, indica, el plan transexenal lleva a la privatización del Estado mexicano posrevolucionario.
El politólogo y antropólogo recuerda que la ―destrucción‖ de los marcos jurídicos se inició hace 30 años: ―Las reformas a la Constitución se han hecho para dar viabilidad jurídica a estos planes del México 2030‖. La meta de la ―clase trasnacionalizada‖ es poner en venta el Estado mexicano.
—No ha habido diferencia entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional: Calderón es el álter ego de Carlos Salinas, mientras que Vicente Fox continuó todos los planes de su antecesor (Ernesto Zedillo). No hay diferencia. Es un proyecto bipartidista, de una clase dominante que se apodera de todo el aparato del Estado para venderlo al mejor postor y, de paso,
enriquecerse y enriquecer a sus amigos, sus conocidos y familiares, a través de la profunda corrupción que caracteriza a la clase política actual.
Al describir a los impulsores del plan, López y Rivas indica: ―Se trata del sector que, sin retórica alguna, podemos llamar vende patrias. Ese sector no tiene la menor idea de los sentimientos que
inspiraron, por ejemplo, la expropiación petrolera de 1938, o de lo que llevó después a la construcción de una infraestructura mínima de carácter industrial‖.
RED DE APOYOS EXTERNOS DE FELIPE CALDERON
“Guerra social”
La imposición del plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, incluye una ―guerra social‖. Una de las características de la clase política mexicana es la utilización permanente de dos instrumentos de control social: la cooptación, es decir, la corrupción de amplios sectores de la población; y la represión, explica López y Rivas.
—Lo que está caracterizando al gobierno de Calderón es la guerra ―contra el narcotráfico‖, que en realidad es una guerra social: busca propósitos no confesados. Es un proceso de militarización y criminalización de las luchas sociales, donde se ve la mano de un Estado autoritario dispuesto a
usar la violencia selectiva y, como lo hizo en la Guerra Sucia con las desapariciones forzadas, con impunidad en el terreno represivo, supuestamente, en contra de los cárteles de las drogas.
El también autor de Las fuerzas armadas mexicanas a fin del milenio: los militares en la coyuntura actual señala que esa guerra ―contra las drogas‖, el proceso de militarización y de control social
van emparejados al plan México 2030. ―Ese proyecto no se puede llevar a cabo si no es a través de una gran represión y de una especie de terrorismo de Estado que está implantándose en regiones ya militarizadas, en donde no impera la Constitución ni mucho menos las leyes‖.
Para Carlos Antonio Aguirre Rojas –doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de
México y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia–, a Calderón sólo le queda la fuerza para gobernar, en la medida en que no tiene consenso social y no hay sectores importantes de clases que realmente lo apoyen. ―Desafortunadamente sí va a continuar con esa política represiva, bastante militarista‖.
Más aun, históricamente, Estados Unidos ha empleado el uso de las drogas como herramienta para alcanzar sus fines. Pablo Moctezuma Barragán indica que, para implantar sus planes imperialistas, ese país ha utilizado al narcotráfico como su ―arma número uno‖: eso ha ocurrido desde la década de 1960, cuando incluyeron el tema de los narcóticos en la guerra de Vietnam.
Agrega que ―la droga es el negocio de Estados Unidos. Allá se vende, tienen el mayor mercado
(del mundo), lavan el dinero y de allá nos venden las armas. El problema del narcotráfico es de Estados Unidos y lo están imponiendo en México‖.
La lucha contra el narcotráfico que se libra en el país es ―ilegal, anticonstitucional y fascista‖, señala Moctezuma Barragán. ―Es el control militar para la extracción de nuestros recursos y el uso de nuestro territorio para corporaciones extranjeras‖.
Añade que en el plan transexenal ―está muy claro que les estorba la Constitución y los derechos nacionales que nos da la Constitución. Les estorba la soberanía, les estorba el Estado-nación‖. Por ello, dice, ―lo que necesitamos es un amplio movimiento popular que lleve a la construcción de un gobierno de paz‖.
Lo ya privatizado
Los 14 documentos que integran el expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, contienen los resultados de los talleres temáticos convocados por Calderón en octubre de 2006, tras ser declarado presidente electo de México por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en plena crisis poselectoral.
Originalmente clasificados como confidenciales, éstos se dividen en cinco ejes: estado de derecho y seguridad pública; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; desarrollo sustentable; democracia efectiva y política exterior responsable.
Esos documentos revelan los planes del gobierno federal para privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación. Algunos de los esquemas ahí previstos para concesionar la riqueza del país ya son vigentes: asociaciones público-privadas, Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), obras públicas financiadas, contratos de servicios múltiples, unidades de conservación para la vida silvestre (Uma).
Tan sólo en el tema ecológico, al menos 23 reservas de la biósfera han sido parcialmente privatizadas bajo la figura de las Uma, consta en reportes oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto implica 2 millones 456 mil 142 hectáreas de ―áreas naturales protegidas‖ en manos de particulares, por medio de 66 unidades de conservación.
En el caso de los PPS, hay 11 proyectos de infraestructura: tres desarrollados por la Secretaría de Salud; siete por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y uno por la de Educación Pública, indica el portal de internet oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Como lo ha documentado Contralínea (número 173), nueve de esos proyectos, que implican una deuda pública por más de 37 mil 600 millones de pesos, han beneficiado a empresarios vinculados con el Partido Acción Nacional: las familias Mariscal Servitje, Mariscal Torroella y Quintana Kawage.
En esos esquemas privatizadores se mueven, por ejemplo, las contrataciones de la Comisión Federal de Electricidad. Entre 2009 y 2018, esta paraestatal destinará 634 mil 920 millones de pesos a la asociación público-privada.
De acuerdo con el documento El sector energético en México: oportunidades de inversión, tan sólo en 2010 se entregarán cuatro proyectos bajo ese esquema: el Ciclo Combinado Norte II (acuerdo de compra de energía bajo el esquema de productor independiente de energía), la planta de Cogeneración Salamanca (obra pública financiada), el Ciclo Combinado Planta de Energía Valle de México I y II (obra pública financiada), Ciclo Combinado Agua Prieta II (obra pública financiada).
Además de los PPS ya contratados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 2010, las inversiones ―público-privadas‖ comprometen 115 mil 660 millones de pesos. El dinero público se destinará a 53 proyectos carreteros PPS o privados, que se encuentran en marcha o por licitarse. Los contratos tienen una vigencia de entre 15 y 30 años, de acuerdo con información de Susana González, publicada en el diario La Jornada el 28 de febrero pasado.
Resistencia, única vía para frenar el plan
—Esta ocupación integral del país tiene como propósito vender el Estado nación, pero las cosas no están saliendo tal como lo quisieran: hay resistencias, profundas insatisfacciones, una indignación generalizada. Este proyecto está provocando una profunda indignación en amplios sectores de la población, lo cual, evidentemente, significa la resistencia al proyecto –dice López y Rivas.
El politólogo y antropólogo explica que ―hay globalizados, que somos la mayoría, y globalizadores, que son ellos, los que sacan ventaja y provecho de todo lo que está pasando‖: el .07 de la población que posee casi 40 por ciento de la riqueza nacional.
Indica que hay incertidumbre sobre el destino de este país. ―No sólo vemos el desastre ecológico manifiesto en los ríos, las graves consecuencias en el terreno de la ecología y de la relación del hombre con la naturaleza, sino también en el amplio deterioro económico y social de sectores
mayoritarios: la ampliación de los sectores que viven en la línea de pobreza y la gran ampliación de los que viven en la más profunda de las miserias‖.
—Observamos que nos están llevando a un gran abismo. Esto está pasando universalmente. Lo que sucede en México no es diferente de lo que está pasando en Colombia, de donde vienen
muchos de los planes represivos puestos en marcha por Estados Unidos: la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, la Iniciativa Mérida, que tienen mucho que ver con el Plan Colombia.
Gilberto López y Rivas añade: ―Tenemos que resistir en todos sentidos, no nos queda de otra. La
resistencia a todos estos proyectos es una forma de sobrevivir: o resistimos o somos barridos literalmente de este mundo. Siempre hay personas que no están dispuestas a someterse a estas grandes tendencias privatizadoras, desnacionalizadoras, desterritorializadoras‖.
No obstante, critica que la actual resistencia –con expresiones en el Sindicato Mexicano de
Electricistas, el sector minero, los pueblos indígenas, los campesinos, entre otros– ―está fragmentada, dispersa, no centralizada. No responde con la misma dinámica centralizada y estratégica que tiene el plan México 2030‖.
Aunque el politólogo no cree en la determinación histórica de que cada 100 o 200 años el pueblo ―despierta‖, dice que 2010 se ve como un año de grandes protestas sociales. ―Se ha llegado al límite de lo que se puede resistir. No sabemos cómo van a evolucionar los conflictos que se han estado dejando como especie de minas, de bombas en distintos lugares, tocando distintos actores, que están a punto de estallar‖.
López y Rivas recuerda que el grupo Paz con Democracia ha identificado la necesidad de que el proyecto de autonomía que se practica en comunidades indígenas toque amplios sectores de la población no indígena. ―Hay que lograr la agrupación autónoma de sectores productivos, estudiantiles, obreros. Tratar de caminar con las propias fuerzas: nadie, por importante que sea,
va a resolver sus problemas solo. No es el tiempo de caudillos, es el tiempo de unificar estructuras horizontales, democráticas, que luchen por hacer realidad su propio futuro. Nadie va a hacer las cosas por nosotros, nosotros tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos‖.
Agrega que ―los poderes económico y político que impulsan el proyecto México 2030 están
dispuestos a todo, como lo estuvieron antes. Tal como lo ha estado a lo largo de todas estas décadas el poder dominante en México‖.
—Fortalecer todos los campos de la resistencia nacional y de la resistencia popular es el único camino que se vislumbra en el futuro para poder resistir este proyecto México 2030.
Para la elaboración de la serie de reportajes México 2030, Proyecto de Gran Visión, Contralínea
solicitó conocer la versión de la Presidencia de la República, a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Pérdida de soberanía nacional
La soberanía nacional de México ya fue vulnerada. El cambio en la actitud de las fuerzas armadas mexicanas respecto de las fuerzas armadas estadunidenses así lo demuestra, dice Gilberto López y Rivas. —Esta clase dominante, independientemente de sus colores, ya sean rojos o azules y algunos amarillitos que se están colando, tiene una visión totalmente apátrida de lo que significa la nación mexicana. Ellos son (parte de) lo que en su momento Carlos Monsiváis llamó la primera
generación de estadunidenses nacidos en México: su mentalidad es una mentalidad colonizada, que favorece los planes de Estados Unidos. El politólogo y antropólogo explica que en los terrenos militar y de inteligencia ―se acabó ya la supuesta autonomía que tenía México‖. La insistencia de participar en operativos militares internacionales refleja el estrecho control que existe ya con los proyectos estratégicos de Estados Unidos, dice. El investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia detalla que México sólo está jugando un papel semejante al de una oficina de migración extraterritorial de Estados Unidos. Por su parte, Pablo Moctezuma Barragán señala que la Constitución prohíbe que el Ejército Mexicano dependa de un ejército extranjero. ―Esto viola gravemente la Constitución, por eso les estorba tanto‖. El doctor en estudios urbanos refiere que ―necesitamos recuperar la soberanía nacional y la
soberanía popular; materializar los derechos que se han conquistado y que nos están escamoteando. Todo esto implica un movimiento transformador, un movimiento revolucionario con un cambio estructural profundo‖.
—En esta década se tiene que transformar la realidad, porque ya llegamos al límite en el que el país está en una situación de desintegración y de caos. Habemos mexicanos que no lo vamos a permitir. A ver de qué cuero salen más correas. (NF)
Proyecto 2030: venta total de las reservas de la biósfera
En dos décadas, la iniciativa privada nacional y extranjera detentará la mitad del
territorio terrestre, costero y marino nacional, para entonces decretado como área
natural protegida. La entrega de las reservas de la biósfera a particulares,
impulsada por el proyecto México 2030, es la continuación del Plan Puebla Panamá
y del Corredor Biológico Mesoamericano, señalan expertos. Las unidades de
conservación para la vida silvestre, ―simples y vulgares negocios‖
En México, al menos 23 reservas de la biósfera han sido parcialmente privatizadas bajo la figura de unidades de conservación para la vida silvestre (Uma), consta en reportes oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Esto implica 2 millones 456 mil 142 hectáreas de ―áreas naturales protegidas‖ en manos de particulares, por medio de 66 unidades de conservación.
Entre los objetivos del plan transexenal México 2030, Proyecto de Gran Visión, destacan el de ―estimular aún más las Uma‖ y el de posibilitar las ―contribuciones privadas e internacionales (más Uma)‖ (sic) a un fideicomiso nacional de tierras para la conservación, coordinado por la Secretaría
de la Reforma Agraria. Dicho instrumento fiduciario incidirá en todas las áreas naturales protegidas ―en tierra y mar‖.
Además de las 66 unidades de conservación inmersas en 23 reservas de la biósfera, desde 1997, la Semarnat ha autorizado la operación de 9 mil 487 Uma en total; 2 mil 17 de ellas, en el actual
sexenio, descubren estadísticas actualizadas al 28 de febrero de 2010, por la dependencia que encabeza Juan Rafael Elvira Quesada.
En dos décadas, el 50 por ciento del territorio terrestre, costero y marino nacional será considerado área natural protegida y su conservación y, sobre todo, su explotación serán totalmente cedidas a la iniciativa privada, revela el cuarto capítulo del Proyecto de Gran Visión. Estas áreas estarán ―institucionalizadas y enlazadas por corredores biológicos‖, detalla.
El documento, titulado ―Eje 4. Desarrollo sustentable‖, dice que ―las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre son alternativas viables que permiten la conservación, reproducción y propagación de especies silvestres; así como la elaboración de productos, servicios y derivados certificados que puedan incorporarse a un circuito de mercados verdes para su comercialización‖.
Según sus autores –convocados en octubre de 2006 por el panista Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa a realizar talleres temáticos, en medio de la crisis poselectoral–, ―la instalación de (las) Uma dentro de las áreas naturales protegidas ha generado varios beneficios: disminución de la presión social en la zona, conservación del medio ambiente y un mayor conocimiento de sus especies, hábitat y ecosistemas‖.
El asesor en gestión ambiental Carlos Álvarez Flores –presidente de México, Comunicación y Ambiente, AC– señala que ―hemos entregado nuestros recursos naturales a las grandes corporaciones internacionales a cambio de nada. Hemos permitido que se adueñen de todo: agua, minería, especies vegetales, pesca y recursos forestales, con el pretexto de que no tenemos tecnología ni dinero para investigación tecnológica, ni capital para invertir‖.
Sin especificar el porcentaje, el documento indica que, en México,―la mayoría‖ de los bosques ―contarán con un manejo sustentable mediante planes de manejo‖ (sic). Además, refiere que se ―tendrán programas de uso sustentable dentro y fuera de las áreas naturales protegidas‖.
Uma, rentables negocios
El activista ambiental Álvarez Flores explica que las Uma han sido ―convertidas en simples y vulgares negocios‖. El problema, señala, es la ―marcada ausencia de aplicación efectiva de la legislación ambiental vigente‖; debido, sobre todo, a ―la enorme corrupción e incapacidad administrativa y técnica‖ que hay en la Semarnat y en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Agrega que existe una clara simulación en el cumplimiento normativo. ―El grave y constante deterioro ambiental así lo demuestra. La poca voluntad política de nuestros gobernantes, aunada a los presupuestos dedicados al tema ambiental, permite que la depredación, la deforestación y la contaminación de nuestros recursos naturales (agua, aire y suelo) sigan su paso galopante‖.
Contrario a ello, el documento –contenido en el expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, desclasificado por la Presidencia de la República– identifica la legislación como uno de los factores que inhiben el ―desarrollo sustentable‖.
Para los autores del plan, el problema es que la ley ―privilegia la centralización por encima de la propiedad privada‖. Otro inhibidor que señalan en el apartado ―instrumentos de mercado‖ es que ―no existen máximos permisibles para la explotación de los ecosistemas, recursos naturales y sistemas biofísicos‖.
Carlos Álvarez Flores indica que la falta de aplicación de la ley no se reduce al manejo de las Uma: hay áreas naturales protegidas abandonadas, sin presupuesto, sin supervisión ni vigilancia; además, se padece de cuerpos de agua contaminados, zonas urbanas con aire contaminado, indebida disposición de los residuos en todas sus categorías, deforestación permanente, cambios
de uso de suelo ajenos a los planes de desarrollo urbano, desarrollo turístico costero depredador y comercio ilegal de especies.
Despojo de la tierra y los recursos
En su capítulo ―Eje 4. Desarrollo sustentable‖, el plan descubre que el 74 por ciento de las Uma extensivas (―donde las especies sujetas a manejo se encuentran libres en el predio‖), registradas hasta 2004, se localizaba en propiedad privada. Sólo 21 por ciento, en propiedad ejidal, y el resto, 5 por ciento, en propiedad federal.
Gubidcha Matus, titular del área de comunicación y vocero del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), explica que, en materia de desarrollo sustentable, el plan transexenal México 2030 no es más que la continuación del Corredor Biológico Mesoamericano, antes conocido como Plan Puebla Panamá.
—Es una etapa más del Plan Puebla Panamá. Todas estas estrategias de supuesta sustentabilidad,
proyectos, cuidado de las reservas, etcétera, tienen que ver con ese plan. Hay partes del texto (México 2030) que hablan de un corredor biológico que busca cuidar las reservas, pero que al final es la aplicación de las políticas que exige el plan para que la iniciativa privada tome y haga suyos los recursos y los servicios que tiene la población.
Matus critica que el Proyecto de Gran Visión impulsado por Calderón Hinojosa no plantee la consulta a los pueblos y comunidades, cuyos territorios se destinarán a proyectos de desarrollo sustentable.
El activista de los derechos humanos alerta que la experiencia del Frayba en Chiapas –donde se
localiza una de las 23 reservas de la biósfera parcialmente privatizadas: Montes Azules– es que ―siempre se ha violentado el derecho a la consulta y también el del uso y disfrute de los recursos naturales, en contra de los pueblos y comunidades que están en los lugares donde se implantan estos proyectos‖.
Aclara que el centro Frayba no se opone a los proyectos de desarrollo, ―pero nosotros remarcamos que éstos violentan el derecho al territorio, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo‖.
De acuerdo con el Proyecto de Gran Visión, se busca ―estimular la inversión privada en
conservación, por medio de compra de terrenos y estímulo al manejo sustentable por las comunidades dueñas de los ecosistemas‖. Según el plan, para 2030 se ―aprovechará sustentablemente la biodiversidad a favor de las comunidades (dueños de la tierra)‖.
Gubidcha Matus explica que la iniciativa privada es la mayor beneficiaria con este proyecto,
mientras que las comunidades y pueblos indígenas y campesinos son quienes sufren más. ―Generalmente son despojados, no son consultados. Violentan un proceso en el cual los pueblos no pueden dar su opinión ni su palabra acerca de lo que se va a realizar en ese territorio‖.
Turismo de masas
El documento dedicado al desarrollo sustentable refiere que, ―a partir de 2003, las áreas naturales protegidas con infraestructura y capacidad administrativa para cobrar cuotas de entrada ya no están obligadas a transferir esos recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino que podrán utilizarlos para promover el ecoturismo y otras actividades que generan ingresos a los pobladores, desmotivando así la destrucción y/o degradación de las comunidades naturales que ahí se encuentran‖.
La promoción del ecoturismo no se ciñe a las áreas naturales protegidas. Según el plan, el turismo debe ser sustentable en todos los casos y ―deberá entrar en SMA‖ (o sistemas de manejo ambiental).
Alejandro Olivera, coordinador de la Campaña de Océanos y Costas de Greenpeace México, dice
que la política de este gobierno se ha enfocado en la promoción del turismo de masas y ha dejado rezagado al turismo sustentable.
Explica que el de masas es demandante y se traduce en grandes impactos, principalmente en las zonas costeras sobre ecosistemas valiosos, como manglares y dunas. Ésas son las características
que aprecia el ecologista en los principales destinos turísticos del país: Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Acapulco, Veracruz.
Olivera advierte que la legislación en materia de turismo es insuficiente. ―No especifica una transversalidad clara con otras secretarías, como la del Medio Ambiente y la de Desarrollo Social.
Para que realmente se ejerza un turismo sustentable, deben ser considerados no sólo el aspecto económico sino también el social y el del medio ambiente. En esa parte está muy débil la ley‖.
Destaca que el marco legal vigente no considera al cambio climático, a pesar de que el turismo, a nivel global, es el responsable del 5 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero: el
establecimiento de un nuevo hotel, un nuevo desarrollo, una nueva planta desaladora, se traduce en emisiones de gases de efecto invernadero por la demanda energética.
Agrega que los problemas sociales no son ajenos a estas condiciones: los mismos desarrollos omiten que están creando externalidades, como la demanda de tratamiento de aguas residuales,
de agua que se le quita a la población, que propician la privatización de playas al cerrar los accesos al mar. La ley actual no regula nada de estas problemáticas, indica.
El Proyecto de Gran Visión asegura que, en 2030, México ―manejará sustentablemente sus costas y mares; alcanzará a desarrollar un turismo responsable; protegerá sus playas, dunas, manglares y arrecifes; y eliminará las descargas de aguas residuales municipales e industriales‖.
Escalera Náutica, el fracaso
En su capítulo de economía, el plan transexenal señala que se debe impulsar nuevamente el proyecto de la Escalera Náutica. Al respecto, Alejandro Olivera opina que éste fracasó desde la administración de Vicente Fox.
—Esta nueva administración le dio un nuevo nombre: les llama centros integralmente planeados, y
son desarrollados por el Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo). Sin embargo, hemos visto el fracaso de estos centros. Por ejemplo, el de Litibú (Nayarit): actualmente está parado; los terrenos están en venta y está la construcción a medias.
Olivera expone un segundo caso: ―El año pasado, el presidente Calderón inauguró el centro
integralmente planeado Costa del Pacífico. Ellos (las autoridades) anuncian que va a tener el doble de tamaño de Cancún; sin embargo, el presidente lo inauguró sin ningún permiso por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Y justo hasta principios de marzo sometieron a consulta pública la primera evaluación ambiental que hicieron. Es un proyecto que está totalmente fragmentado‖.
El activista de Greenpeace México considera que el gobierno anuncia los nuevos desarrollos turísticos ―con bombo y platillo‖ para aumentar la especulación, el valor de las tierras y atraer la inversión. A fines de febrero, ―en Litibú, el presidente inauguró una planta de aguas residuales y una planta desalinizadora, las cuales tienen ya casi un año operando. Vemos anuncios grandes, pero no han podido desarrollar ni promover estos centros turísticos que están basados en un turismo de masas‖.
No obstante, el plan México 2030 indica que ―la protección y cuidado del medio ambiente no está reñida con el desarrollo; un ejemplo claro es el turismo ecológicamente responsable. Que la enorme belleza de nuestro territorio se traduzca en oportunidades de ingreso para la población que habita en las zonas rurales‖.
Alejandro Olivera recuerda que entre las irregularidades más comunes se encuentran la invasión que hacen los hoteles de la zona federal marítimo terrestre y la falta de una precisión de impacto ambiental otorgada por la Semarnat. ―Sucede mucho en nuestras costas, y aunque la Profepa ha actuado en Cancún, principalmente, pues sí quisiéramos verla en otros destinos turísticos como Los Cabos, la Riviera Nayarita, Puerto Vallarta, Veracruz, Huatulco‖.
“Pagar”, la nueva cultura
Entre los objetivos del proyecto transexenal está ―impulsar la nueva visión de que ‗el que utiliza los recursos naturales paga‘‖. Otro es ―consolidar la cultura de que ‗el que contamina paga‘‖.
El plan México 2030 le apuesta más a la privatización y la inversión que a un diálogo y un
convencimiento de los pueblos que están en las reservas o cerca de ellas, dice Gubidcha Matus. El vocero del Frayba afirma que, ―al final, tener algo privado conlleva tener un beneficio con la explotación de los recursos‖.
El activista de los derechos humanos puntualiza que, hasta ahora, los servicios que ya están privatizados no han resuelto el problema del acceso. Por ello, indica que la solución no es privatizar. ―Cuando se habla de un proyecto privatizador que soluciona todos los problemas de la pobreza, esa aseveración dista mucho de la realidad‖.
Para la elaboración de este trabajo y de la serie México 2030, Proyecto de Gran Visión, se solicitó conocer la versión de la Presidencia, a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Plan 2030: “mexicoamericanos” gobernarán la nación
En 20 años, México será gobernado por “mexicoamericanos” y se habrá
“integrado” a América del Norte: Estados Unidos dictará las políticas públicas,
habrá “instituciones compartidas”, las fuerzas armadas mexicanas intervendrán
en conflictos internacionales por la “seguridad hemisférica” y se abandonará el
concepto de “soberanía”. Según el plan calderonista, el desarrollo del país no será
del tipo BRIC (Brasil, Rusia, India, China). La anexión, para usar a México como
área de control militar estadunidense, señalan expertos
La entrega total del país a los intereses trasnacionales –impulsada por el plan México
2030, Proyecto de Gran Visión, del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa– incluye
los ámbitos político, gubernamental y militar. En su último capítulo, el expediente
revela que, en 20 años, “algunos mexicoamericanos” ocuparán “cargos públicos de
relevancia en ciertas áreas”.
Esto, como parte del “proceso de integración con América del Norte”; cuyas primeras
etapas abarcan las “áreas financiera, comercial y de políticas públicas”, detalla el
documento de la política exterior, compilado en el capítulo “Eje 5. Democracia efectiva
y política exterior responsable”. El objetivo, según el proyecto transexenal, es que el
país tenga un “liderazgo consolidado”.
La “integración” es, en realidad, la anexión, señala Pablo Moctezuma Barragán, autor
de México, dependencia y autoritarismo y Cronología histórica de las intervenciones
de EUA, entre otros libros. Acerca de la participación abierta de mexicoamericanos en
el gobierno, indica: “Es la anexión ya descarada. Así seríamos un país accionista-
asociado”.
Explica que el modelo que se quiere imponer con estos planes es neocolonialista. “El
desarrollo económico no se da en función del bienestar de la población, sino de las funciones
de la metrópoli”: el país produce materias primas (oro, plata, petróleo) y Estados Unidos y
Canadá devuelven productos industrializados. Añade que, en este modelo, los derechos de las
corporaciones trasnacionales se hacen valer en contra de los derechos nacionales.
En su último apartado, el Proyecto de Gran Visión establece que el país será “parte
fundamental de una comunidad de América del Norte, que abarca a México, Estados Unidos y
Canadá”.
El problema es que el análisis de las relaciones internacionales –hecho en el contexto de los
talleres temáticos a los que convocó Calderón Hinojosa en octubre de 2006– parte desde
Estados Unidos, como si la Unión Europea no existiera; como si China, Japón, Rusia e India
tuvieran un valor muy relativo, considera el exdiplomático Héctor Lerín Rueda.
Esa “comunidad norteamericana”, dice el documento desclasificado por la Presidencia, estará
“integrada con políticas e instituciones compartidas, incluyendo un espacio de seguridad
común y una relación profunda en materia de migración, comercio e inversión”.
Moctezuma Barragán refiere que “ya nos anexaron económicamente y (ahora) nos van anexar
militarmente. El reto está en qué modelo económico presentan para que no se vea tan feo. Por
ejemplo, Puerto Rico es una colonia, pero también dicen que es un Estado independiente-
asociado”.
Aunado a ello, el documento plantea abandonar la concepción de la soberanía: “Se deben
reconsiderar conceptos considerados como ‘sacrosantos’, como el de la soberanía, ya que
detonan debates que puedan llegar a contaminar la agenda internacional del país”.
Documentos
Anexión militar
El expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, consta de 14 documentos que suman 831
páginas. Originalmente clasificados como confidenciales, éstos contienen los resultados de los
talleres temáticos convocados por el panista Felipe de Jesús Calderón en octubre de 2006, tras
ser declarado presidente electo de México por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y en plena crisis poselectoral.
Los talleres fueron auspiciados por el Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración
del Ejecutivo Federal y se dividieron en cinco ejes: estado de derecho y seguridad pública;
economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; desarrollo
sustentable; democracia efectiva y política exterior responsable.
En su nota “xvi”, correspondiente al capítulo “Eje 5. Democracia efectiva y política exterior
responsable”, el documento revela que el Ejército y la Marina participarán en invasiones y
conflictos internacionales. Al consensuar la “visión” de que México será “un país con fuerzas
armadas puntero que contribuyen a consolidar el liderazgo hemisférico”, los autores del plan
acordaron que “el papel del Ejército no se circunscribiría a su intervención en situaciones de
conflicto, pues su colaboración también era muy valiosa en otras situaciones de no
beligerancia, como los desastres naturales”.
—Al territorio mexicano (los estadunidenses) lo quieren usar para sus fines de construcción
imperial, y en gran medida quieren a México como un territorio controlado, como fuente de
petróleo y materias primas de todo tipo, pero también como fuente de soldados. No sólo
quieren petróleo, quieren sangre mexicana para sus guerras –dice Moctezuma Barragán.
El doctor en estudios urbanos critica que, con ello, la nación mexicana limitará su papel
internacional a la seguridad que requiere Estados Unidos: “Nos quieren integrar en sus planes
de guerra”.
De acuerdo con el Proyecto de Gran Visión, para 2030 México será “un país muy activo en el
sistema militar internacional de seguridad, para ser escuchado por otros actores
internacionales de gran peso”; compartirá “zonas y perímetros de seguridad en el hemisferio”,
y será una “potencia media” con capacidad militar para “defender al mundo y sus intereses”.
Lerín Rueda –excónsul de México en Puerto Rico, exjefe de cancillería de la embajada
mexicana en Nicaragua y profesor de la cátedra América Latina Hoy, en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México– observa que la nación mexicana
debe tener “mucho cuidado” en el uso de las fuerzas armadas, “cada vez más involucradas en
el proyecto geopolítico norteamericano”.
—Dentro de la estrategia militar que se formula en Estados Unidos, hace tiempo que están
pensando que México tiene graves deficiencias y que en algunos terrenos es hasta un Estado
fallido. Tienen razón desde su propia lógica: ellos nos ven como un potencial país de conflicto,
que podría, en un determinado momento, no ser capaz de salir adelante en asuntos como el
del narcotráfico. Hasta la posibilidad de convertirse en un Estado narco”.
Influencia militar internacional
Según el plan México 2030, en el ámbito militar, el país será “un actor muy influyente en la
definición de la agenda hemisférica”. Aunque este último capítulo plantea que las fuerzas
armadas se integren a la política exterior, fortaleciendo el liderazgo de México a nivel
hemisférico, en el primer capítulo –dedicado al estado de derecho y la seguridad pública– no
se promueve una reforma militar que posibilite eso, critica Jorge Luis Sierra.
El especialista en seguridad nacional y fuerzas armadas dice que no hay un “fortalecimiento en
un sentido militar clásico, conforme a los intereses nacionales, no a los intereses de un grupo
en el poder o del presidente en turno”. La participación de las fuerzas armadas en la seguridad
internacional, explica, abandona el concepto clásico de la defensa nacional.
De acuerdo con el proyecto transexenal calderonista, en dos décadas el país será “promotor
de solución de conflictos e impulsor de temas prioritarios, en especial en el de seguridad”.
—El plan estratégico de ellos es tener a México integrado en su área de seguridad; pero
integrado como traspatio, por eso (Estados Unidos construyó) el muro. No se le va a integrar
en igualdad de condiciones, sino que se va a usar su territorio para los fines que necesite
Estados Unidos –dice Moctezuma Barragán.
Ése es el contexto de la Iniciativa Mérida, “que es un símil del Plan Colombia”, agrega el
también autor de México: dependencia y autoritarismo. Indica que los planes para México se
pueden prever a partir de lo que sucede en aquel país, donde ya hay siete bases militares
estadunidenses. “A México lo quieren colombianizar, y el plan es usarlo como parte de su área
de control militar”.
Riesgo de intervención
Los acuerdos que el gobierno de México viene pactando –tras los atentados del 11 de
septiembre de 2001– con Estados Unidos, para garantizarle su seguridad, entrañan el riesgo de
la intervención militar.
Para Moctezuma Barragán, el contexto es muy difícil, pues es previsible un conflicto bélico
internacional de grandes proporciones. Estados Unidos está en declive económico y político;
por ello, “está preparándose para la guerra. Quiere mantener su hegemonía, pero por el paso
del control militar. Ya en el discurso de Barack Obama, de principios de 2010, se habló de la
amenaza de China y de la India, y de las tensiones crecientes con Rusia e Irán”.
Históricamente, dice el investigador, las crisis llevan a la guerra: las invasiones a Afganistán e
Irak se dieron después de la crisis de 2001 y la caída de las torres gemelas. La crisis de 1991
llevó a la guerra de Irak. Mientras que la Segunda Guerra Mundial fue producto de la crisis de
1929-1934.
En este contexto, explica el académico, el gobierno estadunidense necesita controlar su
territorio estratégico: su área de seguridad, que involucra a Canadá y a México. “Necesita un
control militar directo”.
Con la firma del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, Canadá
admitió que las fuerzas armadas estadunidenses intervengan en su territorio en casos de
desastres naturales y revueltas sociales, sin necesidad de avisar al primer ministro o al
Congreso, explica Moctezuma Barragán. Agrega que eso mismo quieren lograr con México.
El investigador dice que, hasta ahora, México no participaba de esa guerra contra el terrorismo
porque aquí no había terrorismo. Entonces, indica, comenzaron los actos terroristas, como las
12 personas decapitadas en Yucatán, en agosto de 2008; o la bomba lanzada contra civiles en
Morelia, el 15 de septiembre de ese mismo año.
—Todas estas matanzas que han habido en México tienen como objetivo crear un clima de
inseguridad y justificar la intervención directa de Estados Unidos –refiere Moctezuma
Barragán.
Contralínea solicitó conocer la versión de la Presidencia, a través del secretario técnico Nicolás
Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Plan 2030 rechaza al BRIC, margina a Latinoamérica y amenaza a Cuba
Al definir el tipo de relaciones que México establecerá con el mundo en las próximas dos
décadas, el documento dedicado a la política exterior –compilado en el “Eje 5.
Democracia efectiva y política exterior responsable”– no sólo prioriza el vínculo con América
del Norte, sino que rechaza el desarrollo tipo BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Además,
margina la relación con América Latina, al limitarla a cinco países. Al tiempo, enfatiza su
“interés” en Cuba.
En 2030, éste será “un país desarrollado no BRIC, con flujos migratorios hacia México que ha
dejado de ser país expulsor de mano de obra” (sic), indica el reporte consultado por
Contralínea.
Para el exdiplomático Héctor Lerín, esa propuesta se finca en la visión de que “México no debe
molestar a Estados Unidos con estos países que, de algún modo, Washington considera como
potenciales rivales y en algún momento hasta como enemigos”.
El excónsul de México en Puerto Rico indica que este tipo de visiones son “sumamente
limitadas y temerosas: que hagamos amistad con todos los países del mundo no tiene por qué
interpretarse como anti-Estados Unidos”.
Al respecto, Pablo Moctezuma Barragán señala que un documento de política exterior tiene
que tener vínculos con todos los países del mundo. Pero, critica, el plan 2030 “está en
negativo, diciendo que nos vamos a oponer a Brasil, Rusia, India y China. Éstos son los países
competidores de Estados Unidos, entonces está muy claro que va acorde con la lógica de
Estados Unidos y no con la de México”.
El documento también refiere que, en dos décadas, México será “un país con relación
estratégica con cuatro o cinco países de América del Sur”. Además, entre los factores
inhibidores al plan, identifica que en América Latina hay liderazgos personalizados y populistas
del pasado.
Moctezuma Barragán opina que la alusión es en contra, sobre todo, de tres gobiernos: el de
Raúl Castro, en Cuba; el de Hugo Chávez, en Venezuela; y el de Evo Morales, en Bolivia.
Las referencias a Cuba van más allá: “Formar parte y ser un líder de la comunidad económica
de América del Norte y Central, en especial Cuba”. El académico Héctor Lerín dice que “es una
visión muy curiosa: tratan de implicar a Cuba y a Centroamérica y dicen que todos se vuelvan
hacia el Norte”.
Agrega que “Estados Unidos y sus ideólogos quisieran una Cuba dominada por una visión
capitalista, que volviera otra vez a las bendiciones del mercado. Eso que plantea la clase
política mexicana, es una grosería”.
El exdiplomático considera que “nosotros no podemos obligarlos ni insinuarles (a los países de
Centroamérica y a Cuba) que vean hacia el Norte. Tienen derecho también de ver al Sur”. Lerín
considera que estos planteamientos se dan porque quienes manejan la política exterior de
México son burócratas que están en Los Pinos; por ello, señala, han desarticulado el servicio
exterior mexicano. (NF)
Adiós a la tradición no intervencionista
Uno de los objetivos del plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, es que los mexicanos
olviden su pasado no intervencionista. Según los autores, se debe transitar hacia “un país con
proyección positiva hacia América del Norte, con una política exterior del siglo XXI capaz de
enfrentar la globalización, que haya superado la política exterior del siglo XX que en su
momento fue eficaz para enfrentar la Guerra Fría”.
Pablo Moctezuma Barragán recuerda que, en esa época, México fue el primer país del
mundo que protestó por la invasiones de Hitler y Mussolini en Albania, Checoslovaquia
y otras naciones. Ésa era la tradición no intervencionista, rememora el investigador.
(NF)
Nancy Flores
Periodista y coordinadora de edición de la revista mexicana Contralínea. Periodismo de Investigación. Es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Investiga:
lavado de dinero, paraísos fiscales, delitos de cuello blanco, corrupción gubernamental, temas energéticos.
Sin control alguno el lavado de dinero
· El plan entreguista de Felipe Calderón
· Integrar México a los Estados Unidos
El próximo 17 de octubre en la ciudad de Washington, la American Bankers Associaton
(ABA) -el equivalente en el sistema crediticio estadounidense a la Asociación de
Bancos de México (ABM)- llevará a cabo su conferencia anual sobre lavado de dinero.
La presencia del crimen organizado en el sector financiero será, sin duda, una de las
grandes preocupaciones de los participantes a esa cumbre.
¿Qué tan efectivo son los controles que aplica la banca en Estados Unidos frente a las
prácticas de fraude y, finalmente, de lavado de dinero? Esa es la pregunta que abogados,
funcionarios, banqueros y especialistas del sector bursátil se responderán a un año
después de que funcionarios de la unidad del gobierno estadounidense encargada del
combate contra el blanqueo de capitales, The Financial Crime Enforcement Network
(Fincen), solicitaron a los banqueros con operaciones en México mayor reciprocidad en
el intercambio de información para descubrir operaciones sospechosas resultado de
prácticas fraudulentas y de las actividades de la delincuencia organizada que terminan
por convertirse en lavado de dinero, aprovechando la interconexión y dependencia
global de los circuitos financieros.
En octubre de 2009, en el marco de la reunión anual que también realiza la ABM para
analizar la eficacia de los controles dirigidos a detectar dinero sucio, se recordó que
hace 15 años, siendo Pedro Aspe titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
y Lloyd Bentsen secretario del Tesoro de Estados Unidos, se firmaron los primeros
acuerdos para combatir de forma bilateral el lavado de dinero. Fueron esos convenios
los que más tarde se pondrían a prueba con la ya célebre e ineficaz “Operación
Casablanca”, una investigación encubierta de funcionarios del gobierno estadounidense
que pretendió exhibir las vulnerabilidades del sistema bancario mexicano y que terminó
en un burdo escopetazo fallido en donde sólo se detuvo a pobres empleados y cajeros de
bancos y ningún accionista o alto directivo, además también documentó la intromisión
de Estados Unidos con prácticas extraterritoriales.
Con esos acuerdos para hacer posible el intercambio de información en la banca que
opera en México también se puso al descubierto la intrincada red financiera construida
por Raúl Salinas de Gortari para transferir de México hacia los sistemas financieros de
Estados Unidos, Europa y el Caribe varios cientos de millones de dólares.
Pero no fueron las autoridades de Estados Unidos -a pesar de que el Congreso de ese
país difundió ampliamente el caso- las que enarbolaron la batalla contra el lavado de
dinero documentado, el expediente y el juicio contra Salinas de Gortari, fue la llamada
“fiscal de hierro”, la procuradora suiza Carla Del Ponte, quien tomó el expediente y
buscó llevarlo a sus últimas consecuencias judiciales, señalando culpables e impidiendo
que el dinero regresara a México.
De no haberlo hecho -me comentó Del Ponte en una entrevista en la capital de Suiza- se
hubiera sentado un pésimo precedente para el sistema bancario suizo, tan grave quizás
como el del depósito del dinero de los judíos por parte del régimen Nazi.
Pero, a pesar del intercambio de información al que se comprometió Bentsen con Pedro
Aspe, Estados Unidos nunca exhibió de la misma forma la ropa sucia de su propia casa.
Fue poco conocido el caso del lavadores Giorgio Pelossi, a quien las autoridades de
Chicago lograron imputarle cargos por blanqueo de capitales en bancos de Europa,
Estados Unidos y México, resultado de actividades vinculadas con el narcotráfico. En el
caso Pelossi la política interior estadounidense también estuvo involucrada y la
investigación no fue menos escandalosa que la de Raúl Salinas de Gortari. Con Pelossi,
la familia Bush apareció una y otra vez en los capítulos de su historia criminal y la
respuesta fue que dos miembros de esa deshonrosa familia llegaran a la presidencia del
país vecino. Así se cumplen 15 años desde que los gobiernos de México y Estados
Unidos intercambian información a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el FinCEN. Son, por lo tanto, funcionarios
del fisco quienes también participan en el Grupo Egmont, un esfuerzo multilateral de al
menos 100 países que han declarado la guerra al lavado de dinero y que ahora se ocupa
de los nuevos caminos que utiliza el crimen organizado para limpiar sus dólares.
El trabajo del Fincen
Respecto a México, en medio de la mayor crisis financiera y bancaria de las últimas tres
décadas en Estados Unidos, al Fincen y al Departamento del Tesoro aún les preocupan
los llamados negocios de servicios monetarios que, aseguran, pueden jugar un papel
determinante y central en la vida de las personas alrededor del mundo. Enviar una
transferencia de efectivo entre un país y otro puede hacer la diferencia en la vida de
muchas familias pero también constituir el camino para el financiamiento de actividades
ilícitas. Por ello, en medio de la lucha contra el narcotráfico las autoridades
estadounidense saben que, junto con el descubrimiento y bloqueo de actividades de
empresas aparentemente lícitas, resulta prioritario desmantelar estas vías de
financiamiento, pues sólo así será posible debilitar a las organizaciones criminales que,
tanto en México como Estados Unidos, han puesto en jaque la seguridad nacional. Para
el gobierno estadounidense, los propietarios de centrales cambiarias y casas de cambio
que no pertenecen a grupos bancarios extranjeros con operaciones en México y, en
menor medida, a algunos mexicanos, tienen como obligación cumplir con la ley y cubrir
las regulaciones que protegen al sistema financiero de abusos criminales y aportar
información valiosa para combatir abusos.
El Fincen ha propuesto revisar la definición de los llamados negocios de servicios
monetarios (como casas de cambio o centros cambiarios) con el propósito de definir y
ampliar el tipo de actividades que deberán sujetarse a la llamada Acta de Secrecía
Bancaria. En mayo de 2009, en medio de la crisis financiera internacional, el Fincen
presentó una propuesta en este sentido y reconoció que las innovaciones tecnológicas
podrían integrar a su vigilancia a sectores no bancarizados, pues sin una supervisión
adecuada podrían ser utilizados para propósitos ilícitos. Por ello, dijo, también resulta
de vital importancia identificar a las empresas que provén este tipo de servicios.
México, reconoce el Fincen, se encuentra por buen camino ampliando la vigilancia a las
casas de cambio y fortaleciendo la inspección a centros cambiarios, pero tendrá que
explorar nuevos esquemas que, atados a la tecnología, están siendo utilizados para el
blanqueo de capitales. Incluso, las tarjetas prepagadas para servicios de
telecomunicaciones han sido identificadas como un área vulnerable para el blanqueo de
capitales. Sin embargo, el problema no termina en las transferencias de efectivo.
Otra de las principales preocupaciones del Fincen son los fraudes asociados al sector de
bienes raíces y a la emisión de hipotecas, lo que ha demostrado el nivel de sofisticación
que han alcanzado las prácticas criminales porque las ganancias financieras de una
actividad fraudulenta necesitan, forzosamente, estar integradas al sector financiero. Por
ello, dice el Fincen, frecuentemente el lavado de dinero es resultado de un fraude.
Por ello, los funcionarios del Fincen han dicho a los banqueros en México que no se
puede ignorar la importancia de compartir la información del sistema conocido como
SAR, creado para detectar transacciones sospechosas a través del sistema financiero. En
pocas palabras, Estados Unidos quiere reciprocidad completa de los bancos extranjeros
que participan en su mercado. Ofrece, a cambio, ampliar la confidencialidad de dichos
reportes. La oferta incluye compartir esta información con entidades como la Comisión
de Valores o la Comisión de Futuros y Commodities de Estados Unidos.
Si bien es cierto que el Fincen reconoce la importancia de los cambios al artículo 115bis
de la Ley de Instituciones de Crédito, también destaca el reto de obtener información de
instituciones que no participan en la ABM, como si la ley no estuviera por encima de
acuerdos gremiales. Por ello, se refiere a la autoridad que le da la Ley Patriota de 2001,
bajo la cual el Fincen ha instrumentado regulaciones para permitir el intercambio de
información, lo que se avizora, una vez más, como una estrategia extraterritorial, igual
que en el pasado reciente, para obtener a toda costa que les permita identificar el dinero
sucio de las organizaciones criminales que atentan contra la seguridad nacional de su
país. El problema, sin embargo, es el mismo: Estados Unidos no lava la ropa sucia de su
propia casa protegiendo el flujo de efectivo, sin importar su origen, que llega a sus
alicaídos bancos, y en cambio , utiliza ese pretexto para intervenir con mayor fuerza en
México y vulnerar lo poco que queda de las instituciones de gobierno.
Felipe el entreguista
La descomposición que vive el país pueden atribuirla a muchos factores políticos,
económicos y tal vez hasta sociales, pero nadie puede negar la responsabilidad directa
de Felipe Calderón y su gabinete, quienes además de tener una percepción distinta de la
realidad del resto de los mexicanos y de la forma como se deben enfrentar y resolver los
problemas, su propuesta vulnera la soberanía y la misma Constitución cuando el
gobierno calderonista propone entregar el país, o de lo que él han dejado el PRI y el
PAN, en manos privadas extranjeras, principalmente estadounidenses.
Así está planteado en el documento México 2030, Proyecto de Gran Visión, integrado
por 14 documentos que revelan los planes entreguistas del gobierno federal panista para
privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación como la energía, el agua, las
zonas de reserva de la biósfera, la salud, la ciencia y la tecnología.
Durante varios meses la reportera Nancy Flores, de la revista Contralínea, se dio a la
tarea de investigar este amplio análisis del proyecto de nación que Calderón Hinojosa
planeó antes de asumir el poder el 1 de diciembre de 2006, en donde participaron en su
elaboración ejecutivos de trasnacionales, empresarios, políticos del PRI y del PAN y
académicos afines a los intereses privatizadores.
En ese extenso trabajo publicado en siete entregas de Contralínea, uno de los temas más
preocupantes es el planteamiento calderonista de que en 20 años algunos
mexicoamericanos ocuparán cargos públicos de relevancia en áreas fundamentales del
desarrollo del país, como parte del “proceso de integración con América del Norte”,
cuyas primeras etapas abarcan las “áreas financiera, comercial y de políticas públicas”.
Es decir, ceder la soberanía y el control del país a estadounidenses.
Justifica este abierto intervencionismo con el objetivo de que el país tenga un “liderazgo
consolidado”, en donde México sería “parte fundamental de una comunidad de América
del Norte, que abarca a México, Estados Unidos y Canadá”.
Esa “comunidad norteamericana”, dice el documento desclasificado por la Presidencia,
estará “integrada con políticas e instituciones compartidas, incluyendo un espacio de
seguridad común y una relación profunda en materia de migración, comercio e
inversión”.
Plantea también abandonar la concepción de la soberanía: “Se deben reconsiderar
conceptos considerados como „sacrosantos‟, como el de la soberanía, ya que detonan
debates que puedan llegar a contaminar la agenda internacional del país”.
