La Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes completó, en septiembre de 2008, dos años de existencia. Es mucho lo que se ha

logrado en este tiempo. Y son muchas las ideas y los planes para los años por venir.

En enero de 2009 la Escuela iniciará la Maestría en Gobierno. Los estudiantes de este programa se seleccionaron entre cerca de sesenta aplicaciones de admisión que se recibieron. Se ha escogido un grupo diverso en todo sentido. El 45% de las hojas de vida eran de mujeres. En el grupo hay profesionales provenientes de diferentes regiones del país y de distintas profesiones. Sin duda en su comportamiento primará la interdisciplinaridad. Todos ellos muestran un compromiso formidable con el futuro de Colombia y una extraordinaria vocación de servicio público. Nuestro desafío es que, en diciembre de 2010, su formación humana, técnica y política les capacite para contribuir, desde las posiciones que ocupen, a que Colombia se gobierne mejor.

La segunda edición del Programa de Alto Gobierno, llevada a cabo en 2008, concluyó el primer jueves de diciembre. La experiencia de los dos años ha sido satisfactoria. Los grupos de altos funciona-rios del Estado y sobresalientes ejecutivos del sector privado han estado expuestos, cada mes, al análisis de los problemas de fon-do que aquejan a la sociedad colombiana con diferentes matices y perspectivas académicas. Las discusiones son de muy alto nivel. Tanto que, en opinión de los visitantes del exterior, no dejan nada que envidiar a aquellas que se realizan en los principales centros académicos del mundo. En marzo de 2009 iniciaremos la tercera versión del Programa.

A todos los estudiantes de la Universidad de los Andes continua-mos ofreciendo la Opción en Gobierno. Hemos consolidado los cursos a cargo de la Escuela –Introducción al Gobierno y Ética, Justicia y Políticas Públicas– y buscaremos ampliar la oferta de cursos y seminarios para que los uniandinos de todas las discipli-nas encuentren en la Escuela temas de estudio sobre los problemas globales y colombianos. Se han organizado además, presentacio-nes para estudiantes y profesores de la Universidad aprovechando la presencia en Bogotá de los invitados extranjeros y nacionales al Programa de Alto Gobierno.

Los cimientos de la Escuela han venido sentándose firmemente con la colaboración de un equipo humano de primera calidad y el apoyo de la Rectoría de la Universidad. Aspiramos a que la Escuela sea el eje alrededor del cual se articulen en la institución, con la participación de las distintas facultades y departamentos, la investigación y el debate de algunos de los más prioritarios proble-mas públicos colombianos. Así mismo, queremos que la Escuela sirva de “puente” para que las investigaciones que se realizan en la Universidad se difundan entre quienes tienen la responsabilidad de formular las diferentes políticas públicas en el país.

La Revista EGOB dará periódicamente cuenta de las actividades de la Escuela y espera divulgar, tanto a la comunidad uniandina como a los dirigentes públicos y privados colombianos, documentos, entrevistas, resúmenes de investigación y notas periodísticas que resulten pertinentes para el debate de los temas nacionales.

La Revista EGOB será también un vínculo que acerque la Escuela a los buenos amigos con quienes se ha relacionado en el curso de estos dos años largos y con los muchos que espera ir haciendo con el paso del tiempo. De ellos espera apoyo para lograr el propósito que la inspira que no es otro que el de contribuir a la construcción de una Colombia pujante, inclusiva y bien gobernada.

Carlos Caballero ArgáezDirector

Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo

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Notas de la Escuela

En busca de un refugio: lo que persiguen las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar en BogotáArshiya A. Baig - Michael A. RodríguezInvestigación

Protección extralegal, mafias y economíaDiego Gambetta - Ensayo

Atención a la primera infancia como política de EstadoIntervención e inversión para generar desarrollo Eventos

El milagro irlandés: lecciones para ColombiaDavid Lovegrove - Entrevista

50 años de regreso a la democracia en ColombiaNuevas miradas a la relevancia histórica del Frente Nacional Eventos

El antipredicadorHéctor Abad - Reseña

Familias en Acción y la transmisión intergeneracional de la pobrezaSandra García - Alfonso Amaya Policy Brief

El arte es una religión sin diosLucas Ospina - Profesor invitado

¿Por qué tarda tanto el logro de la paz?Una aproximación desde la teoría de la elección racionalAnwar Rodríguez - Investigación

Presentación Maestría en Gobierno

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Hacia un sistema equitativo de cobertura universalNuria Homedes - Escuela de Verano

EGOBRevista de asuntos públicos

Publicación de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo

Universidad de los Andes

Dirección Escuela de GobiernoCarlos Caballero Argáez

EdiciónJerónimo Duarte Riascos

Melissa Vergara Fernández

Concepto gráfico y diagramaciónBlue Four Studios S.A.

FotografíasFernando Revelo

Melissa Vergara Fernández

ImpresiónEditorial Kimpres LTDA.

Calle 19 Sur # 69C – 17, Bogotá D.C.Tel: 4136884

Contactohttp://gobierno.uniandes.edu.co

revistagobierno@uniandes.edu.co

Profesores y equipoDesde enero de 2008 la Escuela cuenta con dos profesores de planta: Sandra García Jaramillo y Daniel Castellanos García.

Sandra García Jaramillo recibió el título de Ingeniera Industrial de la Universidad de los Andes a donde regresó como profesora, a mediados de 2007, después de concluir su Ph.D. en Políticas Públicas en la Universidad de Columbia en Nueva York. Su interés académico se centra en la evaluación de impacto de las políticas pú-blicas en el área social. La contribución de Sandra a la construcción de la Escuela en estos primeros años ha sido fundamental, uno de sus aportes más significativos fue el de liderar el proceso de diseño de la Maestría en Gobierno que ofrecerá la Escuela desde enero de 2009. Sandra representa a la Universidad de los Andes en la Red In-teramericana de Instituciones de Administración Pública- INPAE y es Coordinadora del Comité de Diálogo Global de la misma.

Daniel Castellanos García es Economista de la Universidad de los Andes y candidato a doctor de la Universidad de Londres. Ha sido profesor de la Facultad de Economía y del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y se ha desempeñado como Economista Jefe del BBVA- Colombia, Asesor del Departamento Nacional de Planeación (coordinó la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010) y Gerente de Competitividad de la misma entidad. Daniel es profesor compartido entre la Escuela de Gobierno y el Departamento de Ciencia Política. En la actualidad, dicta los cursos Ética, Justicia y Políticas Públicas y La Política de las Políticas Públicas, ofrecidos por la Escuela de Gobierno.

Sebastián Bitar Giraldo, Científico Político con Magíster en Cien-cia Política de la Universidad de los Andes. Se vinculó a la Escuela de Gobierno en el año 2005 cuando el Rector conformó un comi-té interfacultades para estudiar el proyecto y fue posteriormente Coordinador de Actividades de la Escuela hasta junio de 2008. Viajó a Estados Unidos para adelantar estudios de Doctorado en Relaciones Internacionales en la American University en Washing-ton D.C. Sebastián obtuvo una beca de la Comisión Fulbright y cuenta con el apoyo del programa de desarrollo docente de la Uni-versidad de los Andes. Espera regresar como profesor de la Escuela una vez culminen sus estudios en el exterior.

Notas de la Escuela

Javier Guillot Landecker, Filósofo de la Universidad Nacional y Coordinador Editorial de la Escuela entre julio de 2007 y junio de 2008, viajó a Estados Unidos para realizar estudios de Doc-torado en la Universidad de Pennsylvania en Filadelfia. Javier es parte, al igual que Sebastián, del programa de desarrollo docente de la Universidad de los Andes y regresará como profesor de la Escuela al terminar su Doctorado.

Laura Méndez Prencke, Ingeniera Industrial de la Universidad de los Andes con un Magíster en Administración y Gestión del De-sarrollo de la Universidad de Manchester en el Reino Unido, fue designada como Secretaria General de la Escuela, cargo que ocupa desde el mes de mayo de 2008.

Deiryn Reyes Medellín es Economista de la Universidad Nacio-nal de Colombia, tiene un MBA con énfasis en Gestión Pública de la Universidad de los Andes y una Especialización en Econo-mía y Administración del Sector Público de la Universidad de Alcalá de Henares en España. Fue designada Coordinadora de la Maestría en Gobierno de la Escuela a partir del primero de septiembre de 2008.

Carlos Caballero Argáez es Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, Magíster en Ingeniería de Transportes de la Universidad de California, Berkeley y Magíster en Asuntos Públicos de la Univer-sidad de Princeton. Se ha desempeñado como Ministro de Minas y Energía (1999-2001), Director Ejecutivo de Fedesarrollo, Vicepresi-dente Técnico y Presidente de la Asociación Bancaria de Colombia, Director y miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, Director del Fondo de Promoción de Exportaciones (Proexpo), Pre-sidente de Bancoldex y Presidente de la Bolsa de Valores de Bogotá. Es columnista de El Tiempo y de la revista Poder. En junio de 2006 fue nombrado primer Director de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, cargo que ocupa en la actualidad. Su última publicación se titula "Albert Hirschman en Colombia y la planeación del desarrollo" (Revista <Desarrollo y Sociedad>, número 62 – Edición conmemorativa de los 50 años del CEDE, Facultad de Economía, Universidad de los Andes). Este texto fue el producto de la conferencia La Estrategia del Desarrollo Econó-mico, organizada por la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y el Banco de la República, que tuvo lugar el 5 de junio de 2008 en la Universidad.

Carlos Caballero Argáez Deiryn Reyes Medellín Laura Méndez Prencke

Sandra García Jaramillo Javier Guillot LandeckerSebastián Bitar Giraldo

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Daniel Castellanos García

Noticias

La Escuela de Gobierno realizó durante dos semanas, entre el 16 y el 27 de junio de 2008, su primer curso de Escuela de Verano. La doctora Nuria Homedes, profesora asociada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas en El Paso, dictó el curso Políticas Públicas en Salud: Sistemas y Reformas. Los participantes –médicos, estudiantes de medicina y expertos en salud pública– se concentraron en el análisis de los sistemas de salud y debatieron sobre las principales reformas que se han llevado a cabo en los sistemas de salud de América Latina. Del mismo modo, se estudió el impacto de la globa-lización en los determinantes de la salud y en los modelos de prestación de servicios. La profesora Homedes es Directora del Programa de Salud Global de la Universidad de Texas y ha sido consultora de la Organización Panamericana de la Salud y del Banco Mundial.

En julio de 2008 la Escuela de Gobierno, en conjunto con el Programa Congreso Visible del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, publicó el libro Las bancadas en el Congreso: ley y praxis, donde se incluyen las conferencias que se presentaron en el Foro sobre la Ley de Bancadas organizado por la Escuela y el Programa, llevado a cabo en la Universidad el 12 de abril de 2007 y que contó con la participación de los voceros de los principales partidos políticos colombianos.

En la primera semana de noviembre de 2008, la profesora Sandra García presentó el documento de investigación Who pays? Who Benefits? A Fiscal Distributional Analysis of Government Taxes and Spending in the U.S. by Household Income Quintile, en la conferencia anual de la Association for Public Policy and Management que se reunió en Los Angeles, California.

El 4 de diciembre de 2008 tuvo lugar la última sesión del Programa de Alto Gobierno- PAG, de la Escuela de Gobierno, correspondiente al presente año. A manera de cierre y síntesis de las nueve sesiones anteriores, la última de éstas se dedicó al análisis y la discusión de las perspectivas futuras de Colombia y América Latina. A dicha sesión fueron invitados el Expresidente de la República, César Gaviria Trujillo; el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Luis Alberto Moreno; el padre Francisco De Roux, S.J. Provincial de la Compañía de Jesús en Colombia; el Exministro y Exdirector de Fedesarrollo Mauricio Cárdenas y el experto internacional Moisés Naím, Editor en Jefe de la revista Foreign Policy quien se comunicó con los asistentes desde Washington D.C., vía videoconferencia. Algunas de las conclusiones más importantes que se produjeron durante la sesión fueron las siguientes:

o El mayor desafío que enfrenta Colombia es la globalización. Para hacerle frente de manera adecuada es importante implementar una profunda reforma institucional que contribuya a la consolidación efectiva del Estado.

o La responsabilidad por la crisis humanitaria es compartida por toda la población colombiana. En la base del conflicto hay un hondo problema ético, generado por el irrespeto a la dignidad humana.

o La crisis económica mundial afectará a América Latina en varios aspectos. Sin embargo, el tema más delicado e importante es el fiscal. Es fundamental diseñar un paquete fiscal que estimule la demanda y tenga en cuenta las necesidades de largo plazo de la economía. Su implementación deberá hacerse de manera conjunta con la reducción de las tasas de interés.

o Las relaciones Colombia-EEUU bajo el nuevo gobierno estarán determinadas por el tema del narcotráfico. Será necesario reformar el Plan Colombia y encontrar alternativas más eficaces que la erradicación.

El 19 de enero de 2009 se iniciará la Maestría en Gobierno ofrecida por la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. A ella se admitieron en la tercera semana de noviembre de 2008 treinta y seis profesionales de un total de cincuenta y seis que presentaron sus aplicaciones. La Escuela obtuvo dos becas completas para los admitidos, donadas por el BBVA-Colombia y la Organización Corona.

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Marzo 14 de 2008 - ¿Qué pasa en Venezuela? Javier Corrales (Profesor, Amherst College – Estados Unidos), Michael Penfold (Profesor, IESA – Venezuela).

Abril 4 de 2008 - Orígenes de la democracia en Hispanoamérica. Eduardo Posada Carbó (Profesor, Universidad de Oxford – Inglaterra)

Abril 28 de 2008 - Lanzamiento del libro La revolución inconclusa: las reformas de Gaviria, de Roberto Steiner y Sebastián Edwards (Norma-Colección Vitral). César Gaviria Trujillo (Expresidente de la República), Rudolf Hommes (Exministro de Hacienda), Armando Montenegro (Exdirector DNP), Carlos Caballero Argáez (Director Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo).

Mayo 9 de 2008 - Coyuntura global y la economía colombiana. Augusto de la Torre (Economista Jefe para América Latina y el Caribe, Banco Mundial), Alberto Bernal (Director de Mercados Emergentes, Bear Stearns).

Mayo 12 de 2008 - Panel sobre violencia intrafamiliar en Colombia organizado conjuntamente por la Escuela de Gobierno y la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Gabriel Ojeda (Profamilia), Álvaro Pinilla (Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Javeriana), Fabio Sánchez (Facultad de Economía, Universidad de los Andes), Eduardo Villar (Sistemas Humanos), Javier Rojas (Medicina Legal), Gilma Jiménez (Concejo de Bogotá), Adela Guzmán (Comisaría de Familia, Puente Aranda), Álvaro Morales (Secretaría Distrital de Salud), Arshiya Baig (Escuela de Gobierno, CEIS, Fundación Santa Fe y Fulbright), Julieta Lemaitre (Facultad de Derecho, Universidad de los Andes).

Junio 13 de 2008 - Las elecciones en Estados Unidos y sus implicaciones para Colombia. Arlene Tickner (Profesora, Uni-versidad de los Andes), Rodrigo Pardo (Director, Revista Cambio), James Magee (Profesor, Universidad de Delaware).

Junio 19 de 2008 - Lanzamiento del libro Uribenomics y otras paradojas, de Alejandro Gaviria ( Norma- Colección Vitral). Héctor Abad Faciolince (Escritor y periodista), Armando Montenegro (Exdirector DNP), Rudolf Hommes (Exministro de Hacienda).

Agosto 15 de 2008 - Atención a la primera infancia como política de Estado. Carlos Eduardo Vélez (Investigador, Banco de la República – Medellín), Beatriz Londoño (Consultora, Exdirectora ICBF), Felipe Barrera (Experto en educación y evaluación de impacto, Banco Mundial).

Septiembre 5 de 2008 - La competitividad como herramienta para un crecimiento sostenible. Daniel Castellanos (Profesor, Universidad de los Andes), David Lovegrove (International Development Ireland), Javier Gamboa (Vicepresidente Ejecutivo, Consejo Privado de Competitividad).

Septiembre 25 de 2008 - Carlos Lleras Restrepo y la economía colombiana. Homenaje a Carlos Lleras Restrepo en el centenario de su nacimiento. Carlos Caballero Argáez (Director Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo), Diego Pizano (Vicepresidente Consejo Directivo, Universidad de los Andes), Santiago Montenegro (Presidente ASOFONDOS).

Noviembre 12 de 2008 - Seminario internacional sobre educación superior. Dorothy Zinberg (Profesora, Kennedy School of Government, Universidad de Harvard), Bruce Johnstone (Exrector del sistema de universidades del Estado de Nueva York), Andrés Bernasconi (Profesor, Universidad Andres Bello-Chile), Adriana Jaramillo (Especialista Senior en educación superior para el Medio Oriente y el Norte de África, Banco Mundial), José Rafael Toro (Vicerrector Académico, Universidad de los Andes).

Diciembre 4 de 2008 - Perspectivas de Colombia y América Latina. César Gaviria (Director del Partido Liberal, Expresidente de la República), Francisco de Roux (Provincial de la Compañía de Jesús), Moisés Naím (Editor en Jefe de la revista Foreign Policy), Mauricio Cárdenas (Director de la iniciativa de América Latina, Brookings Institution), Luis Alberto Moreno (Presidente BID).

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Manuel José CarvajalEstudiante del Programa de Alto Gobierno

Presidente de la Junta Directiva Grupo Editorial Norma

Nicolás UribeEstudiante del Programa de Alto Gobierno

Representante a la Cámara

Carlos Arcila BarreraEstudiante de la Opción en Gobierno

Cuarto semestre

impresiones de estudiantesImpresiones de estudiantes

*Diseño de afiches: Melissa Vergara Fernández

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Este texto presenta los resultados obtenidos por la Doctora Baig en el desarrollo de un trabajo exploratorio, de tipo cualitativo, realizado en Bogotá durante el primer semestre de 2008. La in-vestigación se realizó gracias al apoyo de la Escuela de Gobierno y el CEIS. Los datos obtenidos generan una reflexión acerca de la responsabilidad de los proveedores de servicios de salud en la prevención y el seguimiento de la violencia intrafamiliar.

Antecedentes

La violencia intrafamiliar es un problema grave en Colombia. En una encuesta realizada entre la población de mujeres en edad reproductiva en ese país, el 39% de las encuestadas re-portó alguna clase de abuso físico por parte de su compañero sentimental actual o anterior1.

Las consecuencias en la salud de las afectadas incluyen un au-mento entre el 50 y el 70% de los problemas ginecológicos, del sistema nervioso central y los relacionados con estrés2. El instituto forense de Bogotá informa que el 94% de las lesiones sufridas por mujeres que merecieron hospitalización, se debían a violencia por parte de su cónyuge3.

Solo el 24% de las mujeres denuncia a sus parejas por actos de agresión, de manera que puede ser más efectivo si la responsabilidad de detectar y denunciar esos abusos se traslada a los profesionales de la salud, quienes a su vez deberán ofrecer los servicios necesarios para atender a las mujeres lesionadas.

El papel de los profesionales de la salud a la hora de identificar la violencia doméstica ha sido ampliamente estudiado, considerando la multiplicidad de efectos adversos que se generan para la salud de las víctimas de la violencia intrafamiliar4.

Si bien es cierto que existen muchos estudios que se han ocupado de examinar la violencia intrafamiliar en América Latina, pocos de ellos han analizado el comportamiento, las actitudes y las prácticas de los prestadores de servicios de salud en Colombia en lo que concierne a la atención a los sobrevivientes de violencia doméstica5. Es importante examinar las actitudes y creencias de dichos prestadores de servicios toda vez que el primer contacto de muchas de las víctimas de violencia intrafamiliar se da con ellos. El principal objetivo de este proyecto fue el de comprender el tipo de atención que recibían las mujeres víctimas de esta violencia por parte del sistema de salud colombiano. Este documento tiene su origen en información y reportes acerca de lo que los prestadores de servicios de salud consideran sobre: 1) los tipos de asistencia que buscan las víctimas femeninas de violencia intrafamiliar y 2) los lugares a los cuales acuden estas víctimas en búsqueda de asistencia.

Método

Realizamos entrevistas semi-estructuradas a 27 miembros del personal de una muestra de 8 hospitales en Bogotá, entre marzo y abril de 2008. Todos los potenciales participantes que fueron abordados aceptaron hacer parte del estudio; aquellos que fueron finalmente seleccionados para éste otorgaron autorización escrita donde consta su consentimiento. La Junta de Revisión Institucional de la Universidad de California-Los Ángeles y el Comité de Ética de la Fundación Santa Fe de Bogotá aprobaron todos los procedimientos del estudio.

Participantes

Con miras a obtener una representación amplia del sector hospitalario de Bogotá, seleccionamos una muestra de ocho hospitales públicos y privados que suministran cuidados de nivel primario, secundario y terciario. Entrevistamos a los participantes cuyos pacientes totales incluían al menos un 50% de mujeres en edad reproductiva y excluimos a los proveedores de subespecialidades médicas.

Arshiya A. Baig, MD, MPH (Departamento de Medicina, sección de Medicina Interna General, Universidad de Chicago).Michael A. Rodríguez, MD, MPH (Departamento de Medicina Familiar, Universidad de California, Los Angeles).

El 39% de las encuestadas reportó alguna clase de abuso físico por parte de su compañero sentimental (...) el 94% de las lesiones sufridas por mujeres que merecieron hospitalización, se debía a violencia por parte de su cónyuge.

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Investigación

Recolección de información y mediciones

Se utilizó un protocolo estructurado para guiar todas nuestras entrevistas y practicamos una breve encuesta para medir el estado actual de los conocimientos, actitudes y comportamientos de los participantes en el estudio. Cada una de las entrevistas fue grabada y transcrita digitalmente.

En éstas, examinamos a los prestadores de servicios acerca de la gestión médica en beneficio de los sobrevivientes de la violencia intrafamiliar. Para este estudio analizamos las respuestas a las siguientes preguntas: ¿Cuál cree Ud. que es el tipo de asistencia buscado por las víctimas de violencia intrafamiliar? y ¿A dónde acuden los sobrevivientes de la violencia intrafamiliar para obtener ayuda?

Resultados

Entrevistamos un amplio número de profesionales dedicados al sector de la salud dentro de los que se incluían médicos, enfermeras, trabajadores sociales y psicólogos de diferentes especialidades. Los participantes en nuestro estudio también hacían parte de un espectro amplio de instituciones; hospitales públicos y privados que ofrecían cuidados en los niveles primario, secundario y terciario de atención. La mayoría de los entrevistados eran mujeres y trabajaban en espacios de atención de pacientes ambulatorios. De las 27 personas seleccionadas para contestar las entrevistas, 16 respondieron las preguntas que interesan a este informe.

¿Cuál es el tipo de asistencia que buscan las víctimas femeninas de violencia intrafamiliar?

Hablar y ser oídas

“Siempre la mujer busca un refugio” y quiere encontrar alguien con quien pueda hablar. Uno de los entrevistados respondió que lo que buscaban era “ayuda, donde pueda hablar del tema”; otro incluso notó que, con frecuencia, las mujeres sentían que “era más fácil contarle a una persona ajena a su realidad lo que le estaba sucediendo” en lugar de acudir a un familiar, incapaz de aproximarse objetivamente a la situación; muchos sostuvieron que “muchas mujeres nos dicen francamente que son maltratadas”.

No obstante, algunos de los entrevistados creían que “de lo contrario, ellas lo manejan en casa y se aguantan”. Otros más eran de la opinión de que el tema dependía de cada caso individual, “algunas quieren hablar y quieren contar el sufrimiento por el cual pasan con esa persona que las agrede”.

Otro grupo notó que “ellas lo que buscan es que las escuchen, que alguien las oiga, muchas de ellas no buscan ni un castigo, ni mejorar su situación”. Uno de los entrevistados señaló que, por lo general, una víctima de violencia intrafamiliar “se siente con su autoestima por el piso, muy bajo su autoestima; entonces vienen a nuestra consulta a sentirse escuchadas”.

Tratamiento de las lesiones físicas

Algunos de los encuestados destacaron que las sobrevivientes de actos de violencia intrafamiliar “solamente vienen para que le miren su ojo [hinchado] pero (…) nada mas”. Cuando se trata de un cuidado urgente lo que buscan es, “cuando es físico [el maltrato], obviamente controlar o curar su dolencia”. Además, las entrevistas revelaron que las víctimas acuden a los centros de salud “no por una ayuda psicológica; pero inicialmente ella [la víctima] consulta porque está golpeada, porque está maltratada y quiere una ayuda ante eso y una incapacidad para que no la vean; básicamente eso es lo que las víctimas buscan”.

Ayuda psicológica

De igual forma, se pudo determinar que las víctimas de la violencia intrafamiliar acudían a los hospitales, en términos generales, en estados altos de ‘depresión’ y ‘ansiedad’. El tipo de ayuda que buscan no es solamente física, no basta con el analgésico para curar los dolores en alguna parte del cuerpo sino que necesitan también ser atendidas psicológicamente.

No buscan denunciar la violencia

Algunos de los participantes en el estudio afirmaron que la denuncia de la violencia sufrida por las víctimas no era una prioridad para ellas, “denunciar es diferente; ellas quieren hablar. Aquí vienen, se deprimen, lloran y exponen todo lo que sienten pero de denuncia no, porque no se cree que estén siendo perjudicadas”.

¿A dónde y a quién acuden las mujeres en busca de asistencia?

El estudio reveló que existe una variedad de lugares a los que acuden las mujeres en busca de asistencia. Estos lugares van desde la familia y amigos cercanos hasta entidades gubernamentales y proveedores de servicios de salud. Uno de los entrevistados resumió en los siguientes términos el orden que posiblemente utiliza una víctima a la hora de buscar asistencia: “Inicialmente (se acude) al grupo familiar y a los amigos; segundo a las autoridades. Tengo conocimiento pues se denuncia ante la comisaría de familia y del hospital a las estancias pertinentes.”

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Familia y amigos

Muchos de los participantes en el estudio sostuvieron que la instancia a la que acuden más frecuentemente las víctimas es a la que proporciona su núcleo familiar –mamá, hermanas –. Otros advirtieron que el refugio principal eran las amigas.

La iglesia

A pesar de que algunos de los encuestados afirmaron que ciertas mujeres acudían a las redes sociales de apoyo, dentro de las que se encuentra la parroquia; uno de los participantes sostuvo que nunca había escuchado que en realidad las víctimas buscaran refugio en la iglesia.

Entidades gubernamentales

Se encontró que existían varias entidades a las cuales acudía la víctima en búsqueda de asistencia. Se identificaron, entre otras, a la policía y a las comisarías de familia en donde hay grupos de apoyo interdisciplinarios. Muchos de los partici-pantes advirtieron que, al llegar a las comisarías, las mujeres eran remitidas a centros de salud o a entidades de apoyo que pudieran ser útiles en momentos de violencia doméstica.

Algunos destacaron que “en este momento, el mismo gobierno ha establecido una cantidad de instituciones para proteger a la mujer maltratada”. Sin embargo, uno de los participantes manifestó que no creía que existieran meca-nismos gubernamentales efectivos y eficientes donde las mujeres se sintieran seguras.

El rol difuso de los proveedores de servicios de salud

Varios de los entrevistados resaltaron que “la gente va a las comisarías donde hay psicólogos y abogados a contarles sus problemas, pero también viene a instituciones de salud”. Algunos coincidieron al afirmar que “todas estas personas quieren hablar con alguien y frecuentemente lo hacen con alguien de la salud”. Uno solo de los participantes resaltó que la cultura de hablar con los profesionales de la salud apenas se está implementando pues anteriormente la víctima prefería comentar los actos de violencia con amigos. Sin embargo, algunos están en desacuerdo con esta afirmación y por el contrario creen que las víctimas “casi nunca buscan ayuda profesional porque les da miedo”.

Conclusiones

Comprender la manera en la que los profesionales de salud se aproximan y perciben a las víctimas de la violencia intrafami-liar es importante como primer paso para diseñar las interven-ciones con miras a mejorar la atención médica de las víctimas

femeninas de la violencia intrafamiliar. Nuestro estudio examina las percepciones de los proveedores de servicios de salud respecto del tipo de asistencia que buscan las víctimas de este f lagelo, así como las personas y entida-des a las que acuden en busca de esta ayuda. Nuestros descubrimientos señalan una serie de mecanismos de asistencia buscados desde el punto de vista de los proveedores de servicios de salud pero no se refieren a la totalidad de los tipos de atención que persiguen las mujeres víctimas.

Los participantes en nuestro estudio consideran que los sobrevivientes de la violencia intrafamiliar desean una serie de cuidados que van desde el apoyo emocional hasta el tratamiento de los síntomas físicos. Muchos de los

Las mujeres que han sido abusadas físicamente son menos proclives a reportar sus casos frente a las autoridades legales.

Violencia intrafamiliar: “los hogares colombianos son unos

verdaderos campos de batalla”.

El tratamiento de la violencia intrafamiliar es un tema muy incipiente en Colombia. No sólo la muy reciente implementación de un marco legal adecuado, sino los resultados de la encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2005, realizada cada 5 años por Profamilia, muestran que la violencia intrafamiliar es un tema muy grave y complejo.

A partir de 1989 -hace menos de 20 años- empezó a regularse el tema de la violencia intrafamiliar en Colombia, con la creación de las Comisarías de Familia. Sin embargo, sólo hasta 1996 hubo una regulación específica con la Ley 294, que le daba la competencia a un juez de familia para tratar los casos de violencia intrafamiliar. Posteriormente, con la Ley 575 de 2000, se le dio el control a los comisarios para llevar los casos y a los jueces de familia la competencia para fallar en segunda instancia.

La encuesta por su parte, arrojó unos resultados alar-mantes con relación a la violencia intrafamiliar y, parti-cularmente, a la agresión contra la mujer por parte de su pareja. Entre las formas de agresión existentes (psi-cológica, verbal y física/sexual), el 40% de las mujeres encuestadas reportó violencia física. Es decir, casi 1 de cada 2 mujeres es maltratada físicamente por su pareja y no hay discriminación por estrato socioeconómico. Además, el 76% de las agredidas nunca ha buscado ayuda para denunciar o remediar este hecho. Entre las razones que explican este fenómeno se encuentra el miedo a más agresiones (16.1%) y el argumento de que los daños no fueron fuertes (23.9%). Un dato sorpren-dente y a la vez preocupante es el que revela la creencia, en cerca del 10% de las víctimas, de que las lesiones que sufren hacen parte de la vida normal.

los pacientes y las expectativas que supone el manejo de la violencia intrafamiliar, así como la aproximación al sistema de salud para asistencia y tratamiento, son temas claves en el diseño de las intervenciones para mejorar la atención médica de estas víctimas. Estudios posteriores que se interesen por comprender los retos del tratamiento de las sobrevivientes a la violencia intrafamiliar permitirán la confirmación de estos hallazgos y ayudarán a alcanzar las expectativas de las víctimas. La mejoría en la asistencia médica prestada a las víctimas de este tipo de violencia en Colombia, implica educar al personal médico en los objetivos y expectativas de los pacientes de manera que se desarrollen sistemas que puedan hacer frente a sus necesidades.

Agradecimientos

Este trabajo contó con el apoyo del U.S. Fulbright Scholars Program y del Robert Wood Johnson Foundation Clinical Scholars Program. Los

autores agradecen las contribuciones invaluables que a este proyecto hizo el Dr. Gery Ryan; así como el apoyo recibido por parte de la Escuela

de Gobierno de la Universidad de los Andes y el Centro de Estudios e Investigaciones de la Fundación Santafe de Bogotá.

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1 Ojeda G., Ordoñez M., Ochoa L.H. Salud Sexual y Reproductiva en Colombia: Encuesta nacional de demografía y salud, 2005, Profamilia, Calverton, Maryland: 2006.2 Campbell J, Jones A.S., Dienemann J., et al. Intimate partner violence and physical health consequences, Arch. Intern. Med., 2002, 162:1157-1163.3 Velzboer-Salcedo M., Novick J. La violencia contra la mujer en las Américas.Una violación de los derechos humanos y un problema de salud pública internacional, Perspectivas de Salud, 2000:5(2).4 Rodríguez M.A., Bauer H.M., McLoughlin E., Grumbach K. Screening and intervention for intimate partner abuse, JAMA, 1999; 282:468-474.5 Klevens J. Physical violence against women in Santa Fe de Bogotá: prevalence and associated factors, Rev. Panam. Salud Pública, 2001, 9(2):78-83.Espinosa R., Gutiérrez M.I., Mena-Muñoz J.H., Córdoba P. Domestic violence surveillance system: a model, Salud Publica, Mex., 2008, 50 Suppl. 1:S12-8.Shrader, E. and Monserrate, S. Domestic Violence: Women’s Way Out. Washington, D.C.: PAHO, 2000. Occasional Publication No. 2.6 Rodríguez M.A., Sheldon W.R., Bauer H.M., et al. The factors associated with disclosure of inti-mate partner abuse to clinicians. J. Fam. Pract. 2001; 50:338-344. Titus K. When physicians ask, women tell about domestic abuse and violence. JAMA, 1996, 275, 1863-1865. Klevens J. Physical violence against women in Santa Fe de Bogotá: prevalence and associated factors. Rev. Panam. Salud Publica. 2001; 9(2), 78-83.7 Dearwater S.R., Coben J.H., Campbell J.C., Nah G., Glass N., McLoughlin E., Bekemeier B. Prevalence of intimate partner abuse in women treated at community hospital emergency de-partments, JAMA, 1998, 280(5):433-8. 8 Rodríguez M.A., McLoughlin E., Nah G., Campbell J.C., Mandatory reporting of domestic violence injuries to the police: what do emergency department patients think? JAMA, 2001, 286(5), 580-3.9 Pakieser R.A., Lenaghan P.A., Muelleman R.L. Battered women: where they go for help. J. Emerg Nurs., 1998, Feb; 24(1):16-9.10 Rodríguez M.A., Quiroga S.S., Bauer H.M. Breaking the silence. Battered women's perspectives on medical care. Arch Fam. Med., 1996; 5(3):153-8.

entrevistados manifestaron que, en ocasiones, las víctimas femeninas lo que buscaban era hablar acerca de su problema y sentir la empatía de los demás. Estudios anteriores corroboran el deseo generalizado de los pacientes de hablar con sus médicos acerca de la violencia que padecen6. Algunos de los médicos consultados creen que las mujeres acuden a los centros de salud buscando únicamente alivio para sus dolencias físicas; sin embargo, estudios realizados en EEUU han demostrado que pocas víctimas acuden a las salas de emergencia para un tratamiento severo de las lesiones generadas por la violencia intrafamiliar7.

Las entrevistas revelaron que los pacientes no estaban interesados en reportar la violencia a las autoridades al momento de la visita médica. Este punto es similar a lo demostrado por otros estudios que prueban que las mujeres que han sido abusadas físicamente son menos proclives a reportar sus casos frente a las autoridades legales8. Muchas de las creencias que tienen los entrevistados al respecto de estos temas corroboran los estudios acerca de las actitudes de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que se encuentran en la literatura.

En términos de los lugares y las personas a las que acuden las víctimas en busca de ayuda, el estudio reveló que la mayoría de mujeres confía en su familia y amigos para ello, aunque el papel desempeñado por los proveedores de servicios de salud en torno a este tema haya aumentado en importancia recientemente. Estudios anteriores han demostrado que las mujeres abatidas frecuentemente buscan el apoyo en familiares y amigos cercanos 9. A pesar de que las víctimas de la violencia intrafamiliar se muestran cada vez más interesadas en conversar con sus médicos, se identifican múltiples barreras a la hora de acceder a los servicios del sistema de salud y muchas dudas en lo relativo a la denuncia de los hechos frente a las autoridades competentes10. Teniendo en cuenta que los datos acerca de las personas y lugares a los que acuden las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar son escasos, es posible sin embargo sostener que los resultados que arrojó nuestro estudio en Colombia reflejan las actitudes actuales de las sobrevivientes femeninas de la violencia intrafamiliar.

A pesar de que nuestro estudio tiene varias fortalezas, también tiene algunas limitaciones. Nuestras entrevistas fueron realizadas utilizando una muestra de conveniencia, aun cuando nuestros participantes son individuos fundamentales a la hora de identificar y manejar a las víctimas de violencia intrafamiliar. Es cierto además, que los entrevistados pudieron haber contestado a nuestras preguntas de una manera socialmente deseable, limitando la variabilidad de las mismas.

La comprensión de las actitudes y creencias que tienen los proveedores de servicios de salud frente a los objetivos de

A lo largo de la historia los economistas no han de-mostrado tener interés alguno en estudiar el crimen organizado o cualquier otra clase de delito, al menos

no hasta los años setenta. Cuando era estudiante universitario y aprendí lo que era una curva de demanda, cuya pendiente es negativa, recuerdo que pensé que el principio económico funda-mental que encarna se fundamenta en una presunción implícita sobre el comportamiento humano con respecto a la honestidad de las personas: afirma que cuando el precio de un bien sube, las personas demandan una cantidad menor del mismo. Pero yo ya empezaba a mostrar tener una mente perversa por aquel entonces, porque recuerdo haber pensado que cuando el precio de un bien sube, es cierto que cabría esperar que se comprase una menor cantidad del mismo, pero también cabría esperar que los indi-viduos robasen una mayor cantidad de él. La demanda podría satisfacerse mediante el robo en vez de mediante la compra. El hecho de que no ocurra lo que he descrito de manera generalizada y paralizante es lo que hace que ese principio económico sobre la demanda pueda defenderse empíricamente, pero no se da res-puesta a la pregunta acerca de por qué ello es así.

El funcionamiento adecuado de una economía de mercado se basa en el respeto a los derechos de propiedad1. Si no fuera por ellos, las personas podrían preferir esperar a que otros produjeran lo que fuese y luego apoderarse de ello. Apoderarse de lo ajeno es, como es evidente, la mejor manera de actuar si intentamos satisfacer el interés propio sin consideraciones adicionales. Sin embargo, si todos nos comportásemos de esa manera como regla, en poco tiempo nadie produciría nada y todo el mundo esperaría en vano a que alguien produjera algo. En muchas partes del mundo, lo que acabo de describir no es una situación social hipotética; al alcalde de Tirana (Albania) se le preguntó no hace tanto tiempo si era de derechas o de izquierdas y respondió: “La cuestión no es ser de derechas o de izquierdas, porque eso tiene que ver con la distribución, y, para empezar, el problema con los albanos es animarlos a que produzcan cualquier cosa”. El estudio del delito es simplemente la cara oculta del estudio de qué es lo que refrena nuestros intereses propios y nos limita a la hora de apoderarnos de lo ajeno, al menos en algunas partes del mundo.

En economía, el supuesto de que las personas tienden a respe-tar los derechos de propiedad no depende de una creencia en la bondad intrínseca de los humanos y de sus costumbres sociales. Los economistas han sido tradicionalmente prudentes acerca de la naturaleza humana: se contempla el homo economicus como si es-tuviera guiado por recompensas y castigos en lugar de por normas morales o ‘prosociales’. Si el individuo se siente obligado a respetar normas ‘prosociales’, mucho mejor, pero no podemos fiarnos de que así sea. De esa creencia acerca del comportamiento humano se deduce que los economistas deberían tener más curiosidad –y no menos– acerca de los mecanismos que garantizan el cumpli-miento de los contratos y los derechos de propiedad. ¿Por qué no la han tenido?

El supuesto que ha permitido ignorar el delito como objeto de estudio desde hace tanto tiempo no tiene que ver con el compor-tamiento humano. Desde sus inicios, la economía moderna –o la

economía política como se denominaba antes de 1870– ha traba-jado partiendo del supuesto simplificador de que la protección y el cumplimiento obligatorio de los derechos de propiedad son asuntos de los cuales los Estados legítimos, regidos por el imperio de la ley pueden ocuparse sin dificultades y de manera efectiva. El delito, si se mantiene bajo control, es poco interesante como amenaza a los derechos de propiedad e irrelevante por sí mismo como esfera económica de estudio.

No es que la economía no aprecie la importancia del derecho –lo hace, como escribió Avinash Dixit en su libro–, sino que lo da por descontado y no aprecia cuán difícil es conseguir una sociedad bien ordenada. Es como si la economía hubiera confundido lo que es una conquista de los sectores privilegiados de la humanidad, por la que se ha luchado duramente, con algo fácil de conseguir y de mantener para todo el mundo y en cualquier lugar.

Este supuesto asumido por la economía tradicional se ha verifica- do lo suficientemente bien en los países desarrollados que tienen Estados que funcionan apropiadamente y sociedades civiles que contribuyen al bienestar de la colectividad. Sin embargo, ha dejado a la economía, una de las disciplinas esenciales de las ciencias sociales, pobremente equipada para ocuparse de los problemas del resto del planeta. En términos más generales, la ha dejado pobremente equipada para ocuparse de cualquier área o dominio de conocimiento en el cual, por diversas razones, no existan Estados legítimos o los Estados hayan tenido dificultades para imponer su autoridad frente a las mafias, los señores de la guerra o los insurgentes. Entre esas áreas o dominios están no sólo los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, sino también determinadas regiones de los países desarrollados, como Sicilia o el norte de Irlanda.

Además, debe considerarse que todos los Estados legítimos crean la posibilidad de que se desarrollen mercados ilegales al establecer en sus leyes que ciertos bienes o transacciones son ilícitos. Por lo tanto, hay que advertir que es probable que existan en todos los Estados espacios para los intercambios económicos en los cuales no esté disponible la protección del Estado y cuya aparición, muchas veces perjudicial, se vea directamente afectada por la diversa disponibilidad de formas alternativas de protección que se crearán en parte allí donde no llega el Estado y en parte allí donde los Estados no tienen interés en llegar excepto para reprimir el delito.

Esa omisión prominente ha tenido incalculables consecuencias.La gran influencia que ha tenido la economía en la configuración de ambos tipos de políticas y en las ideas de los actores políticos

Cuando el precio de un bien sube, es cierto que cabría esperar que se comprase una menor cantidad del mismo, pero también cabría esperar que los individuos robasen una mayor cantidad de él. La demanda podría satisfacerse mediante el robo en vez de mediante la compra.

1 El sentido de la expresión “property rights” en la tradición de la economía es algo distinto del que se emplea en el derecho. El padre de los estudios modernos del derecho y la economía, el premio Nobel Ronald Coase, usa la expresión para referirse al derecho reconocido a extraer un beneficio económico de un determinado bien o del uso de un derecho, con independencia de si efectivamente ese reconocimiento está sólo tolerado por la práctica social o se reconoce como un derecho en sentido estricto por el sistema jurídico (N. del T.).

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Ensayo

ha llevado los efectos de este descuido mucho más allá de los muros de la academia, con consecuencias muy negativas. Ello se ha puesto en evidencia, por ejemplo, en la forma en la cual Occidente se ha ocupado de los países de Europa del Este tras la caída del comunismo, en los cuales se prestó mucha más atención a la ideología y a la práctica del libre comercio que a la reconstrucción del Estado. Durante setenta años, el comunismo borró de las leyes y de las costumbres de la gente los derechos de propiedad. Una valoración distinta de las dificultades que presenta construir Estados operativos a partir de las cenizas del comunismo hubiera hecho que Occidente, antes que nada, enviara a Rusia todo tipo de abogados, burócratas y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en lugar de las hordas de economistas dominados por un pensamiento único favorable a las privatizaciones. De manera análoga, el desastre que siguió a la invasión iraquí en marzo de 2003 podría decirse con justificación que se debió, al menos en parte, a la enorme subestimación del esfuerzo que se requería para reconstruir un Estado viable; un esfuerzo que la combinación de fuerzas militares contra la tiranía y los libres mercados no puede engendrar sin ayuda.

Nadie, hasta donde yo sé, se ha preocupado de explicar este enigma de la historia intelectual; las razones que han llevado a la economía a descuidar el tema se desconocen. En este momento puedo citar unas cuantas explicaciones que suelen ofrecerse, sin saber cuán buenas o exhaustivas son. Una explicación general, que mencionó el fallecido historiador de la economía, Frederic Lane -cuyas ideas presentaré luego en más detalle-, es que Adam Smith y la tradición liberal que inspiró, minimizaron las consecuencias económicas del éxito militar en las relaciones internacionales y como resultado, la relevancia de la violencia en los asuntos económicos en general. Destaca dentro de esa tradición George Unwin, un historiador de la economía perteneciente a la Escuela de Manchester y un pacifista activo en la primera mitad del siglo XX, que fue tan lejos como para afirmar, de un modo un tanto extravagante, que el uso de la fuerza no fue un factor decisivo en la expansión colonial del Reino Unido.

Otra explicación que también menciona Frederic Lane, se relaciona con cómo la contabilidad de los impuestos esconde el costo que tiene la protección de los sujetos. En fecha tan tardía como 1937, un historiador económico llamado Lindley M. Fraser descartó abiertamente la relevancia económica de la protección en un libro llamado Economic Thought and Language (Pensamiento económico y lenguaje) y escribió que para el empresario individual “el derecho y el orden son unos bienes gratuitos, en el sentido de que cualquier pago que deba hacerse para ellos se obtiene de los impuestos generales y no se considerará un gasto específico de producción en absoluto”. Un empresario individual, según Fraser, no puede variar la cantidad de seguridad que recibe variando los impuestos que paga. “De esta forma –concluye Lane– los economistas suelen descartar la protección en sus cálculos” ya que no toman en cuenta que aun si los cambios en los costos de la protección no se ven afectados normalmente por las opciones individuales, todavía siguen siendo

una variable dependiente de las decisiones del grupo y de las negociaciones entre las administraciones públicas y los grupos de empresas. Lane nos dice que los costos de protección pueden modificarse, por ejemplo, intentando influenciar a los legisladores mediante sobornos e incluso recurriendo a la revolución (p. 385).Podemos añadir que pueden también modificarse si se paga algo más de dinero a cambio de protección privada, ya sea a través de las fuerzas de seguridad del Estado o de organizaciones del tipo de la mafia.

Por último, sospecho que parte de la explicación a nuestro problema reside en el hecho de que la economía moderna se inició en el Reino Unido y Francia, países que ya a comienzos del siglo XVIII habían solucionado en gran medida sus problemas internos jurídicos y de orden público. Las coordenadas de referencia implícitas de la disciplina eran, por consiguiente, profundamente eurocéntricas, y así han permanecido por mucho tiempo.

No obstante, aún sigue siendo un enigma el por qué tantos grandes pensadores que no se dedican a la economía también ignoraron completamente el problema de la protección. Ninguna de las grandes tradiciones del pensamiento de los siglos XIX y XX tuvo en cuenta la protección, ni siquiera de pasada. Los liberales no lo hicieron puesto que sus intereses fueron en gran medida absorbidos por los efectos positivos que tenía ampliar los mercados y la división del trabajo; tampoco lo hicieron los marxistas pues al oponerse a los derechos de propiedad privados no se preocuparon, como era lógico, de ponderar lo fundamental que es protegerlos; ni, por último, se preocupó de ello la mejor de las tradiciones sociológicas inspirada por el pensamiento de Max Weber, que se concentró en estudiar cómo el capitalismo representó el triunfo de la racionalización por encima del tradicionalismo. Sospecho que la mayoría de ustedes, sobre todo aquellos de mi generación, pasaron por la universidad sin oír mencionar la palabra “protección” siquiera una sola vez en un contexto académico.

La única excepción que conozco –y es temprana– es la de Frederic Lane, un historiador de la economía que se dedicó sobre todo al estudio de los venecianos, y en especial de sus actividades relacionadas con el comercio y la guerra. Lane escribió cuatro ensayos entre 1940 y 1958 sobre la economía de la violencia y la protección, que pueden encontrarse en sus ensayos reunidos en Venice and History (Venecia y la historia) y que merece la pena leer. En ellos se puede ver que Lane comprendió muy bien los aspectos fundamentales que son esenciales para el campo de estudio que nos preocupa. Permítaseme mencionar algunos.

En primer lugar observó que, a pesar de que los economistas habían descuidado el tema, las condiciones bajo las cuales “el uso de la fuerza puede ser la mejor de las ocupaciones” pueden investigarse utilizando el método de análisis económico en la medida en que “se reconozca que el uso de la fuerza puede producir un beneficio y que ese beneficio es la protección. Toda actividad económica requiere y necesita protección contra la destrucción o la toma armada del capital con el que cuenta y contra la interrupción forzada de su actividad” (p. 383). Esta afirmación metodológica sigue siendo todavía tan relevante hoy como lo fue cuando se hizo por primera vez.

Todos los Estados legítimos crean la posibili-dad de que se desarrollen mercados ilegales al establecer en sus leyes que ciertos bienes o transacciones son ilícitos.

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Extorsión frente a protección

Las siguientes preguntas que se planteó Lane fueron si las orga-nizaciones –o agencias, como suelen llamarse por los economis-tas– de protección proporcionan en sentido estricto protección o si se dedican a la extorsión, en qué medida hacen una u otra cosa y cuáles eran las conexiones entre extorsión y protección. Lane reconoció que existe cierta ambigüedad y que “las historias de las naciones y las historias de los gánsteres contienen multitud de casos límite” donde se pasa de usar la fuerza para impedir el saqueo a usarla para llevarlo a cabo.

Retoma ciertas distinciones esenciales que tenemos que tener en mente cuando consideramos el problema de si estamos fren-te a un caso de protección o a uno de extorsión: “El servicio que prestan las empresas que se dedican a los servicios de protec-ción era de pobre calidad e indecentemente caro, pero la ma-yoría de las veces (…) seguía siendo un servicio para la mayoría de la empresas [sin el cual] no podían operar” (p. 404). Muy a menudo las personas sólo ven el lado de la extorsión en las agencias de protección, sobre todo en aquellas que pertenecen al bajo mundo, porque confunden un servicio malo y caro con un servicio inútil. Aquellos que reciben protección de la mafia, por ejemplo, lo ven como algo problemático pero no inútil y más a menudo de lo que normalmente cabe imaginar se buscan de forma voluntaria esos servicios. Incluso verse obligado a comprar protección no significa extorsión automáticamente. No elegimos comprar los servicios del Estado aún cuando son legítimos. No podemos prescindir de ellos aunque queramos. Entre estos dos extremos, el de la extorsión pura –verse obliga-do a pagar mucho a cambio sólo de evitar el castigo violento– y el de la protección de elevada calidad –elegir si comprar un servicio real que se ofrece en el mercado y pagar un precio justo por él–, hay varias alternativas intermedias.

Una de las cuestiones fundamentales se refiere a la clase de fuerzas que llevarán a los organismos de protección hacia uno u otro de estos extremos. En otras palabras, ¿qué es lo que cons-triñe a aquellos que se especializan en el uso de fuerza y hace que no abusen de ella?, ¿en qué condiciones proporcionan un servicio auténtico de protección? y ¿qué es lo que hace que el precio del servicio se acerque a los costos de su prestación? Por lo general, podemos asumir que hay tres fuerzas en acción: el temor a que los que reciben la protección se rebelen ante una exacción monetaria excesiva y un servicio penoso; el temor a que entidades competidoras que estén dispuestas a prestar un mejor servicio puedan tener mejores oportunidades de sustituir al prestador original del servicio; y por último, el cálculo de aquellos que prestan la protección de que si se roban todo lo que puede robarse, los productores detendrán su producción y no habrá nada que pueda robarse. Cómo se combinan esas fuerzas en diferente grado, en lugares y momentos del tiempo diferentes, es un valioso objeto de estudio que sin embargo, rara vez se ha abordado.

El Estado frente al crimen organizado

Una tercera cuestión sería la relación entre los Estados y el crimen organizado, o más en concreto, entre las agencias de protección

que operan en la realidad social legítima y las del bajo mundo. No me estoy refiriendo sólo a las relaciones en términos de conflicto y competencia cuando coexisten en un mismo territorio, sino a sus relaciones en términos analíticos; es decir, al grado en el cual se parecen entre sí o pueden convertirse las unas en la otras.

En un sentido muy reducido, las mafias que otorgan protección y los Estados pertenecen a la misma clase de fenómeno. Ambos se ocupan del mismo tipo de bien y están sujetos a presiones parecidas que tienden a convertir ambas formas de protección en monopolios, a que se impongan exacciones monetarias obli-gatorias en lugar de que se vendan libremente los servicios en el mercado y a que se maximice la supervivencia de la organización por encima de garantizar la calidad del servicio (Tilly, 1985). Esa fórmula nos aclara muchas cosas, pero no deberíamos pasar por alto las diferencias fundamentales.

Esas diferencias existen en ambos lados. Las mafias tienden a tener horizontes de tiempo más cortos y por lo tanto, tienden a ser más predatorias. Los Estados, por otro lado, son mucho más poderosos y duraderos y por ello pueden preocuparse menos que las mafias acerca del bienestar de los ciudadanos. No puedo con-tar el número de veces que la gente en Sicilia alaba la eficiencia de la mafia para resolver disputas, mientras que se denostan los procedimientos del Estado.

¿Por qué deberíamos entonces preferir al Estado y no a la mafia? Bien, en ciertas partes del mundo no ocurre eso. Yo preferiría vivir en Sicilia y negociar respetuosamente con Don Peppe que vivir en Myanmar. Es evidente que la respuesta depende del tipo de Estado del que estemos hablando. Lo que realmente supone una diferencia es el grado en el cual un Estado es legítimo. Ello depende, ante todo, de si el Estado se basa en un sistema universal y justo de exacciones fiscales y proporciona protección basada en normas universales, en normas que se aplican a todos con inde-pendencia de cuál sea su nivel de ingreso o la posición que ocupen dentro de la sociedad.

Lane sugirió que, en términos históricos, la única manera en la cual la calidad del servicio y la justicia del sistema de exacciones fiscales ha mejorado, ha sido otorgándole más poder a los clientes, es decir, a los sujetos sometidos a las agencias de protección. La legitimidad efectiva depende de si aquellos que reciben la protec-ción tienen derechos que son independientes de los caprichos de sus protectores. En un Estado constitucional, hay más posibili-dades de que la entidad que tiene el monopolio de la violencia, es decir, el Estado, tienda a reducir el costo fiscal de sus servicios para que se iguale a los costos de su producción. Cuanto más poder tengan sus ciudadanos y más iguales sean con respecto a la aplicación de la ley, más lejos estarán los Estados de actuar como mafias que prestan protección.

Es obvio que es más fácil decirlo que hacerlo ya que ¿por qué un tipo violento le daría derechos a un sujeto débil y pequeño? La evolución de las instituciones jurídicas y políticas puede interpretarse como una historia acerca de cómo lo descrito ha sido posible en algunas partes del mundo.

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El establecimiento de códigos legales hace que los derechos sean claros y estables a lo largo del tiempo; las constituciones introducen limitaciones al gobierno e intentan hacer que esas limitaciones se cumplan mediante la creación de sistemas de control del poder y equilibrio entre poderes del Estado. Una forma importante de sistemas de control y de equilibrio entre poderes consiste en dividir la autoridad estatal entre distintas ramas con diferentes intereses, donde el poder ejecutivo se somete al legislativo y ambos se someten al poder judicial. Las constituciones intentan la difícil tarea de la cuadratura del círculo y determinan quién nos protege de nuestros protectores. Someter a los ejér-citos al poder político es otra importante conquista que ase-gura que la fuerza no siempre tendrá ventaja. En efecto, todas esas acciones giran en torno a la máxima de divide y domi-narás a los gobernantes. Por último, las instituciones democráticas reconocen parcialmente un derecho a elegir mediante el sufragio universal y en consecuencia permiten también que se cambien los gobiernos, lo cual hace que la retina del poder se haga más sensible al bienestar de los votantes.

Los códigos legales, las constituciones y la democracia pueden ser inestables y estar sujetos a retrocesos y negociaciones. Puede que no sean más que restricciones moderadas al poder, pero es mucho mejor que no tener ninguna. Los protegidos de Don Peppe no tienen esos lujos ni siquiera en el mejor de los casos sino que siempre están subordinados a los caprichos y a la generosidad del Don, como lo están muchas personas en muchas partes del mundo todavía, sometidos a la voluntad de los monarcas, gobernantes y señores de la guerra. Si un cliente apareciera por la casa de Don Peppe y le dijera: “Oye, la ley dice que me debes x y no sólo y”, tras un momento de sorpresa, lo consideraría algo muy divertido, y a continuación el cliente sería objeto de una demostración de fuerza que le dejaría claro quién está al mando.

La larga y complicada marcha de la humanidad hacia pactos sociales más civilizados, que en ocasiones experimenta retrocesos, podría describirse, por lo tanto, en términos muy generales, como un crecimiento del alcance, la justicia y el cumplimiento obligatorio de los derechos de los protegidos en relación al poder de sus protectores, obtenido gracias a una dura lucha.

Digresión: Esta marcha no siempre sigue una línea recta. Permíta-seme mencionar en este punto el caso de China, al que podemos aproximarnos gracias a académicos que comparten nuestros intere-ses. Hoy los derechos de propiedad de la clase media están, según entendemos de lo que se ha escrito, muy bien protegidos y se hacen cumplir. Si alguien compra un apartamento en una urbanización lujosa en una de las grandes ciudades chinas y la piscina que se le en-trega tiene la mitad del tamaño contratado y sólo hay un gimnasio en vez de tres, se puede demandar judicialmente el incumplimiento y obtener una indemnización. Pero si eres un campesino no tienes derechos de propiedad reales; si el promotor inmobiliario quiere apoderarse de tu tierra por una miseria, sus matones aparecerán por tu casa con un bote de ácido y te amenazarán a tí y a tu familia y no habrá ninguna clase de ayuda legal que te proteja. Este ejemplo, que se basa en pruebas anecdóticas, nos sugiere dos comentarios.

El primero, que está bien comprobado históricamente, es que el cumplimiento obligatorio de los derechos de propiedad no pasa de la nada a lo universal de un solo salto sino que comienza con los más ricos (como el barón que disfrutó de la Carta Magna del rey Juan). Las autoridades chinas, que arrinconan a los campesi-nos, quieren mantener felices a las clases medias porque desean atraer la inversión extranjera, lo cual están haciendo con mucho éxito. El segundo comentario sería que con ese propósito tienen que asegurar a los inversores sus derechos de propiedad. Igual que la camorra napolitana, que siempre paga rápido y a tiempo las ga-

nancias obtenidas por los compradores de lotería cuando éstos ganan la lotería ilegal y se las llevan a la puerta de su casa, de la misma manera las autorida-des chinas saben que los fracasos o los abusos les costarán caro con la clase media. Y como ocurre con la camorra,

cuando no existen esos riesgos las autoridades chinas desprecian los derechos individuales.

La protección particular frente a la universal

Los Estados democráticos y constitucionales pueden aspirar a pro-porcionar protección sobre bases universales. No es que sea algo automático pero puede lucharse razonablemente por que así sea. De hecho, ese fin es objeto de una lucha continua en la que participan los ciudadanos. No es el caso de la mafia, que vende su protección a sujetos particulares. Merece la pena detenerse en las consecuencias que tiene la protección mafiosa para el desarrollo de la confianza y de todo lo que la confianza puede traer consigo en términos de desarrollo económico.

La protección de la mafia, aunque da una ilusión de seguridad a las personas que se ponen bajo sus alas, refuerza la desconfianza. Lo hace indirectamente al promover el crimen. De hecho, la mayoría de los que necesitan protección extralegal son los que actúan en

el bajo mundo y no pueden recurrir al de-recho para solucionar sus disputas y hacer respetar los derechos a sus ganancias obte-nidas ilegítimamente. Dependen de que la mafia les proporcione servicios “estatales”.

Cuanto mejor sean esos servicios, mayores serán los incentivos para participar en esos mercados ilegales. Si los protectores prestan también sus servicios de protección a personas que violan los dere-chos de propiedad, si simplemente venden protección a cualquiera que la pida y pueda pagarla, sea una víctima o un perpetrador, entonces las consecuencias sociales son perjudiciales.

El efecto más interesante que tiene la protección de la mafia en cuanto a la desconfianza es, sin embargo, indirecto. Podría pensarse que si los mafiosos protegen efectivamente a los individuos, los índices generales de defraudación en una sociedad se reducirían. No obstante, a pesar de la paradoja aparente, es cierto lo contrario. La demostración general es la que sigue.

Los protegidos de Don Peppe siempre están subordinados a los caprichos y a la generosidad del Don, como lo están muchas personas en muchas partes del mundo todavía, sometidos a la voluntad de los monarcas, gobernantes y señores de la guerra.

La mayoría de los que nece-sitan protección extralegal son los que actúan en el bajo mundo y no pueden recurrir al derecho para solucionar sus disputas y hacer respetar los derechos a sus ganancias obtenidas ilegítimamente.

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Supongamos que dentro de los negocios existe una tendencia im-portante hacia la honestidad. Un vendedor que tuviera una tasa de descuento futuro lo suficientemente baja tiene un interés racional en comportarse de manera honesta y adquirir una buena reputa-ción si quiere seguir haciendo negocios durante mucho tiempo y quiere obtener beneficios durante un periodo largo (Dasgupta 1988; también Axelrod 1984). Incluso si potencialmente quisiera ser deshonesto, seguiría estando interesado en sacrificar los be-neficios a corto plazo a cambio de las ganancias futuras. En este argumento, es fundamental suponer que la posición que ocupa el comerciante en los negocios se puede destruir fácilmente, un único episodio de defraudación y su reputación se hundirá y los clientes –y no sólo los que han sido engañados– se alejarán para siempre. La pregunta que debe hacerse es: ¿la protección de los mafiosos altera esta tendencia fundamental hacia la honestidad que los individuos cumplen por sí mismos?

Asúmase que un mafioso protege a un vendedor de automóviles de segunda mano y a un grupo de compradores de automóviles al mismo tiempo, de manera que cualquier transacción entre un comprador de ese grupo y el vendedor produce como resultado la venta de un buen carro. Asúmase la existencia de otro grupo de compradores que, por cualquier razón –inconsciencia, ignorancia o necesidad– acude al vendedor de automóviles sin protección. Así que asumamos que la protección del mafioso no es universal, puesto que en la práctica rara vez lo es. Cuando aparece un nuevo comprador en el mercado, el resultado óptimo para el mafioso es o bien darle la bienvenida dentro del grupo de compradores que protege o bien amparar la venta de un automóvil en mal estado a los compradores no protegidos. El resultado que más teme el mafioso es que se produzca la venta de un buen automóvil sin que él intervenga. Si la confianza funciona sin su intervención, los ma-fiosos se quedarán sin negocio. De hecho, permitir que se venda un automóvil en mal estado a los que no gozan de protección no sólo tiene una motivación financiera, tiene también un efecto publici-tario encubierto dirigido a la víctima –quien para la próxima vez sabrá que es mejor para él comprar protección antes de adquirir un automóvil–. Sin embargo, y para imponer una condición estricta, asumamos que el mafioso es neutral y el vendedor puede venderle un automóvil en buen o mal estado al nuevo cliente.

Aún con esas condiciones es evidente que si el vendedor protegido opta por vender un automóvil en pésimo estado su castigo es menor y la tentación de vender un automóvil en mal estado aumenta. En primer lugar, no padece castigo por la parte engañada, puesto que la protección del mafioso consiste también en proteger al vendedor deshonesto de las represalias del cliente. En segundo lugar, incluso si pierde a ese cliente y a todos los clientes que no gozan de protección y que conocen del incidente, puede todavía confiar en sus clientes protegidos, que no colegirán que porque se haya vendido un automóvil inservible a otra persona el vendedor también les venderá uno a ellos. Como resultado, cuanto mayor sea el número de compradores protegidos que patrocinen su negocio,

menor será el incentivo del vendedor para refrenarse y no vender un automóvil inservible siempre que tenga la ocasión de hacerlo.

De esa conclusión se derivan tres corolarios: a) Es razonable asumir que, permaneciendo iguales las otras circunstancias, se venderán más automóviles inservibles bajo los auspicios de la mafia, aún en los casos en los que la mafia no tenga un interés propio en esas ventas. b) Incluso si se asume que la proporción de vendedores des-honestos no es mayor que en otras partes del mundo, la conclusión a) sigue siendo cierta. c)... Por último, de a) se deduce que, incluso sin un esfuerzo intencional por parte del mafioso, la demanda de protección cre-cerá. En resumen, la desconfianza, una vez que empieza a solucio-narse a través de la protección mafiosa, muestra tener propiedades de autoperpetuación y autoexpansión; la desconfianza, en otras palabras, se convierte en endógena y no necesita pensarse por más tiempo como una precondición externa al mercado de la protec-ción mafiosa. La falta de confianza puede que haya contribuido a la aparición de la mafia, pero es irrelevante en términos de su perpetuación. Además, de a) y b) se sigue otro importante corolario. Como ya señaló Hume (véase también Sugden 1986), las normas de buen comportamiento en los negocios evolucionan a partir de la existencia de un interés económico en mantener las promesas y en adquirir reputación por hacer transacciones honestas –“Después un sentimiento moral se une al interés, y se convierte en una nueva obligación para la humanidad” (1969: 574)–. En Sicilia no ha habido ese interés, o al menos sólo ha existido en parte ya que gracias a la protección de la mafia es menor la probabilidad de que esas normas se conviertan en normas preponderantes, inspiren nuestras experiencias y generen círculos virtuosos.

El monopolio de la protección

Cuando afirmé que los economistas no se habían preocupado tradicionalmente por el problema de la protección no fui del todo exacto. Hubo un economista que sí lo hizo. Fue Gustave de Molinari, un economista belga, amigo y discípulo de Frédéric Bastiat, un economista clásico francés de corte liberal. En 1849, Molinari publicó un ensayo, “De la protection de la sécurité” (“La protección de la seguridad”), donde defendía la idea de reemplazar al Estado con un mercado libre de justicia y protección.

El silogismo de Molinari y de sus seguidores era este: los Estados monopolísticos tienen las desventajas de todos los monopolios. Tenemos que abolirlos y reemplazarlos con entes voluntarios que compitan entre sí de manera que cualquiera pueda elegir cuál de ellos quiere y a cuál desea unirse.

Fue el primero en presentar la idea que después se convirtió en un principio de una escuela minoritaria de la economía, que algunos denominan anarco-capitalismo y que se vincula parcialmente con Ludwig von Mises y la Escuela Austriaca. Existe todavía un Instituto L. V. Mises que se puede visitar en Internet cuyos miembros defienden esa perspectiva (un partidario destacado de ella fue el economista estadounidense Murray Rothbard, que falleció en 1995; otros libertarios han sido Hans Sennholz, George Reisman, Ralph Raico, Leonard Liggio e Israel Kirzner).

La desconfianza, una vez que empieza a solucionarse a través de la protección mafiosa, muestra tener propiedades de autoperpetuación y autoexpansión.

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Molinari tuvo una de esas ideas deductivas que siguen con frecuen-cia los economistas, que hace que de una premisa perfectamente racional se derive una conclusión totalmente insensata.

¿Por qué? Para expresarlo con crudeza, porque para poder hacer realidad la abolición del monopolio estatal de la protección, se necesita una fuerza todavía más grande y una vez que esa fuerza tenga éxito, será igual o más difícil de desplazar que la anterior. Pero hay razones más importantes que esa, que tienen que ver con el hecho de que las agencias de protección –sean Estados o mafias– se ven de manera irremediable impulsadas a convertirse en monopolios y con que la competencia en este mercado, si alguna pudiera llegar a producirse, no sería una situación social estable.

La idea de que las agencias de protección tienden a convertirse en monopolios se formuló ya hace algún tiempo pero el primer acadé-mico que desarrolló las razones analíticas por las cuales ocurría no fue un economista sino el recientemente fallecido Robert Nozick, en los primeros capítulos de su obra Anarchy, State, and Utopia (Anarquía, Es-tado y utopía), que apareció en 1974. El argumento es más o menos el siguiente; supongamos, dice Nozick, que “varias asociaciones o empresas de protección diferentes ofrecieran sus servicios en la misma área geográfica. ¿Qué ocurriría si existiera un conflicto entre los clientes de las diferentes agencias?” (p. 15). Si lle-garan a una misma decisión sobre el conflicto, seguiría existiendo el problema de todas formas con respecto a quién la va a hacer cumplir. Pero el verdadero inconveniente ocurre cuando se llega a diferentes decisiones con respecto al fondo del problema -lo que probablemente ocurrirá como mínimo en algunos casos-, en ese caso “una de las agencias intenta proteger a su cliente, mientras que otra intenta cas-tigarle o hacerle pagar una compensación” (p. 16).

En este punto pueden conjeturarse otros dos casos adicionales; uno en el que las agencias tengan la misma fuerza y otro en el que una sea más fuerte que la otra. En el primero de los casos, las agencias pelearán con la misma probabilidad de ganar y si tienen que abordar montones de casos de ese tipo, la única manera de evitar costosas peleas –argumenta Nozick– será buscar una tercera autoridad super partes que dirima las disputas. Por consiguiente, tendrá que crearse un “sistema judicial unificado del cual todos ellos sean partícipes” (p. 16) y cuyas decisiones se comprometan a cumplir. Así, se mueven de un estado de anarquía a otro en el cual “todas las personas en un área geográfica se someterán a algún sistema común que juzgará entre pretensiones antagonistas” (p. 16).

El segundo de los casos es más interesante y en mi opinión, es más probable que se dé, es decir, el tener dos agencias que gocen de la misma fuerza es una excepción a la regla y lo usual es que difieran en términos de ésta. En este caso, una firma tiende a vencer en la mayoría de los enfrentamientos y su cliente es el que vence también. En esa situación, el otro cliente que perdió debido a la debilidad de la entidad que lo protege tendrá un fuerte incentivo a abandonarla y comenzará a comprar protección a la entidad más fuerte. Despacio

al principio y luego a una velocidad cada vez mayor, la entidad más débil perderá sus clientes concediéndole un monopolio a la más fuerte. Es decir, que aquí el vencedor se hace con todo el mercado. No tiene sentido comprar o vender protección con diferentes niveles de calidad. La protección es buena o mala, sin más.

La conclusión general de Nozick es que “a partir de la anarquía, y por presión de las asociaciones humanas espontáneas, de las asociaciones de protección mutua, de la división del trabajo, de las presiones del mercado, de las economías de escala y del interés propio racional, surge algo muy distinto, que se parece a un Estado mínimo o a un grupo de Estados mínimos geográficamente diferenciables” (pp. 16-17). Tanto si nos gusta como si no –y como a Molinari, a nosotros no nos gusta–, un mercado competitivo de protección no es estable.

Hay otra cuestión más: la de si el monopolio, una vez que se forma, tendrá algún incentivo para obligar a que las personas compren protección o les permitirá elegir si quieren o no comprarla. Esta última cuestión se resuelve observando las externalidades ne-gativas y positivas que crea la protección. En síntesis, cuando hay personas que compran protección, ello hace que los no compra-dores estén más expuestos a que sus derechos se vean infringidos, lo cual será un incentivo para adquirirla gratuitamente. Y si al venderles protección a algunos protectores se suministra a todo el mundo -lo cual puede ocurrir porque la protección a veces es un bien indivisible-, entonces intentarán obligar a todas las personas que gozan gratuitamente de ella a que paguen por su disfrute.

Cómo han cambiado las cosas en la economía

Frederic Lane, quien murió en 1984, adquirió un considerable prestigio como historiador de la economía. Su colección de en-sayos está precedida de una introducción laudatoria escrita por Fernand Braudel, el eminente historiador francés. Pero aún así, su trabajo sólo se conoce principalmente por los especialistas en la Europa moderna. Cuando le pregunté a un profesor de historia de la economía, que trabaja hoy en Oxford, qué prestigio tenía Lane en nuestros días, me respondió que nunca había oído hablar de él y añadió que era muy probable que eso se debiera a que “ la historia económica había estado dominada por el ‘produccionismo’, es decir, por una atención predominante a la producción, en vez que al consumo y los intercambios” (Avner Offer, comunicación personal).

A pesar de ello, la tradición de Lane está viva gracias al trabajo de Douglass North y los teóricos de los costos de transacción como Olson y Williamson en cuyo trabajo Lane tiene alguna influencia. Los costos de transacción, como los entienden estos académicos, comprenden, entre otras cosas, la idea de costos de protección. Lane también influenció el trabajo de Charles Tilly, uno de los pocos sociólogos que se ha ocupado del asunto de la protección en un ensayo bien conocido, escrito en 1985, titulado “War Making and State Making as Organized Crime” (“El conflicto armado y la creación del Estado como crimen organizado”).

Más o menos por la misma época en la que Nozick escribió Anar-quía, Estado y utopía, los economistas comenzaron a preocuparse por los delitos y el crimen organizado. Gary Becker escribió un ensayo seminal en 1968 titulado “Crime and Punishment: An Economic Approach” (“Delito y castigo: un enfoque económico”).

Cuando hay personas que compran protección, ello hace que los no comprado-res estén más expuestos a que sus derechos se vean infringidos, lo cual será un incentivo para adquirirla gratuitamente.

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James Buchanan y Tomas Schelling escribieron ambos acerca del crimen organizado a principios de los setenta. En 1973, Douglass North publicó The Rise of the Western World (El ascenso del mundo occidental), la primera obra histórica importante que consideró la evolución de los pactos sociales sobre los derechos de propiedad como su tema central. Annelise Anderson en 1979, y Peter Reuter en 1983, escribieron los primeros análisis fundamentados empíricamente acerca del crimen organizado que estuvieran apoyados en sólidos fundamentos económicos. Sin embargo, la mayoría de los desarrollos relevantes, tanto acerca del crimen organizado como más en general sobre las formas extralegales de protección, surgió más tarde, durante los años noventa.

Y es en este punto donde es pertinente mi trabajo y el trabajo de colegas más jóvenes sobre Rusia, Japón, Hong Kong y Bulgaria. Hoy sabemos que el modelo que se desarrolló para la mafia sicilia-na puede aplicarse exitosamente para comprender organizaciones parecidas en muy distintas partes del mundo, mostrando con ello que las características culturales, a las que con frecuencia se les atribuía ser un elemento esencial de la mafia siciliana, no impor-tan realmente. Las pruebas de que la protección es la ac-tividad principal de grupos parecidos a la mafia y que es la actividad la que dicta la forma de la organización y sus reglas, con independen-cia de las culturas locales, comienzan a ser demasiado fuertes como para oponerse a ellas. La construcción de modelos económicos de las diversas propie-dades que tiene la protección extralegal está también haciendo considerables progresos, gracias sobre todo al trabajo de Avinash Dixit (2003, 2004).

La aplicación del razonamiento económico al estudio de las ma-fias y del crimen organizado es de la mayor importancia, sobre todo a la vista del hecho de que las ciencias sociales que se ocupan de ello están invadidas por la confusión y el trabajo académico pobre. Gran parte de las obras académicas parecería considerar en muchas ocasiones el delito como algo que ocurre en otro planeta. Cuando las personas entran en el bajo mundo, se sienten como Alicia en el País de las Maravillas, como si estuvieran en un mundo al que no se le aplican las reglas normales. Las distinciones económicas claras, que todos aplican al mundo de las transacciones ordinarias, se ignoran sin más o acaban siendo confusas. El “crimen organi-zado” y la “mafia” son términos que se emplean de manera laxa para referirse a un conjunto u otro de diversos sistemas de bienes y entidades que constituyen la economía del bajo mundo. Muchas veces se usa la expresión “crimen organizado” como si se refiriera a una entidad o corporación en lugar de a un dominio de lo social. Oímos expresiones hechas –como “esto o éste están controlados por la mafia”–, pero es frustrante intentar comprender su significa-do preciso. Diferentes sectores, diferentes niveles de organización, diferentes organizaciones, compradores y suministradores acaban todos ellos por confundirse. Mientras que por ejemplo, confundir las actividades y los ingresos de un Estado con los de los negocios que quedan bajo su jurisdicción parecería ridículo; en el bajo mun-do la confusión entre negociadores y agentes de la ley, comercio y protección, protegidos y protectores, es la norma en vez de la

excepción. Los beneficios ilegales, por ejemplo, suelen en muchas ocasiones denominarse “i profitti della mafia” (los beneficios de la mafia), que es como confundir los beneficios de una compañía de seguros con los beneficios conjuntos obtenidos por el asegurador y por las empresas que asegura.

El despertar de la teoría económica y su construcción de modelos que expliquen la protección extralegal pueden convertirse en una ayuda no sólo para mejorar la investigación académica sino también para configurar las políticas de los países en vías de desarrollo y también en los países perseguidos por instituciones políticas inestables, criminales pertinaces o la guerra civil.

Bibliografía

Las distinciones econó-micas claras, que todos aplican al mundo de las transacciones ordinarias, se ignoran sin más o aca-ban siendo confusas.

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contundentes. La necesidad de dirigirnos hacia ese objetivo se hace cada vez más evidente.

Las respuestas en Colombia

A nivel mundial existen varios programas que se han implementado de manera exitosa y cuyos efectos han sido persistentes y muy interesantes –es el caso de los programas Perry y Abecedarian en EEUU–. Está demostrado que los mejores resultados son los que producen las medidas que vinculan a las familias y se interesan por el desarrollo integral del menor y no por una parte exclusiva de éste –salud, nutrición, educación, recreación, etc–.

En nuestro país contamos con algunos programas de iniciativa nacional entre los que se destacan Familias en Acción y la Red Juntos. Existen también otros proyectos, menos integrales, que se han implementado con éxito desde el nivel territorial –VIDA, MANA, Bogotá sin hambre–; el sector privado y varias ONGs han hecho también su aporte (ver recuadro).

En todo caso, lo cierto es que es fundamental hacer de la atención a la primera infancia un asunto prioritario en la agenda nacional, que trascienda los programas y se convierta en política pública.

La sesión, organizada por la Escuela de Gobierno, demos-tró que invertir en la primera infancia de manera integral y continua no solo es un excelente negocio sino también una acción coherente que contribuirá a la edificación de una socie-dad más equitativa, sólida y estable cuyo desarrollo empezará desde los primeros años de vida de sus habitantes.

David Lovegrove fue Secretario del Consejo de Competitividad irlan-dés y trabajó, al mismo tiempo, con Forfas, la agencia gubernamental para el desarrollo estratégico de políticas públicas. Estas dos entidades fueron las encargadas de gran parte del diseño y la implementación de la política de competitividad que disparó el crecimiento de Irlanda en los últimos años. El Dr. Lovegrove visitó Colombia recientemente y fue el invitado especial de la séptima sesión de 2008 del Programa de Alto Gobierno –ofrecido por la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes– en donde se abordó el tema de la competitividad como herramienta para un crecimiento sostenible.

EGOB: ¿Cuáles fueron las bases que propiciaron el impresio-nante crecimiento económico de Irlanda durante las últimas décadas?David Lovegrove: En realidad se trató de una multiplicidad de elementos, de la unión de diversos factores. El ingreso de Irlanda a la Unión Europea, que facilitó el acceso a un gran mercado internacional, fue uno de los más importantes. También debe resaltarse el hecho de que los formuladores irlandeses de política pública fueron muy buenos a la hora de determinar las políticas del sector público, las cuales debían crear un ambiente muy favorable para los nego-cios, de manera que las compañías tuvieran el interés y el deseo de in-vertir y expandirse. Igual ocurre con la reducción de los impuestos corporativos (inicialmente al 0% y después al 12.5%); así, las compañías conservaban gran parte de sus utilidades de las que podían disponer para invertir y crecer. Además –probablemente lo más importante en la construc-ción de estas bases– Irlanda desarrolló un proceso de unión y consenso a través de pactos sociales; sindicatos, empleadores y gobierno emprendieron un trabajo conjunto cuyo objeto principal era encontrar un nuevo camino para el progreso del país. Era necesario alejarse de las antiguas maneras de pensar para avanzar en un proyecto de sociedad conjunto entre los diferentes actores nacionales y arreglar así las características económicas del país.

EGOB: ¿Qué tan importantes fueron esos pactos sociales en el desempeño económico de Irlanda?DL: Creo que fueron tan importantes que de no haberlos tenido hubiera sido imposible alcanzar el crecimiento eco-nómico que logramos. Antes de desarrollar esos pactos (el primero tuvo lugar en 1987) nuestra economía era absoluta-mente caótica: la tasa de desempleo era muy alta (18-19%); la

inflación alcanzaba niveles cercanos al 23% y las huelgas eran frecuentes y de larga duración (los bancos paraban, el sector público paraba, el sistema postal paraba…). La economía es-taba verdaderamente en caída libre y esos primeros pactos,

en 1987, hicieron que la sociedad recapacitara y se diera cuenta de que no era posible continuar por esa vía, de que era necesario repen-sar el país. Los procesos de unión y consenso que se dieron con los

pactos sociales fueron la plataforma a partir de la cual se cons-truyó el crecimiento económico.

EGOB: ¿Hubo alguna política o institución que funcionó mejor que las otras?DL: No podría sostener que hubo sólo una política. Creo que fue el cambio en la manera de pensar de los actores lo que condujo al desarrollo de todo un nuevo grupo de políticas que fueron formuladas a través del sector público. Si tuviera que escoger una, probablemente sería la preocupación por la educación. El tema educativo ha sido siempre de especial fuerza en Irlanda y en ello los pactos sociales estuvieron de acuerdo. También deben mencionarse el consenso obtenido alrededor de la implementación de una baja tasa de impuestos –los sindicatos, las empresas y el gobierno se dieron cuenta de que el aumento de los montos impositivos no era una solución a los problemas económicos– y la búsqueda de la competitividad –asegurarse de que toda la sociedad estaba trabajando conjuntamente para crear un ambiente que hiciera rentable el desarrollo de empresas en Irlanda, sin privilegiar ningún sector específico–.

Las compañías conservaban gran parte de sus utilidades de las que podían disponer para inver-tir y crecer (...) Los procesos de unión y consen-so que se dieron con los pactos sociales fueron la plataforma a partir de la cual se construyó el crecimiento económico.

“Estoy convencido de que Colombia será la estrella más brillante de Suramérica”.

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EGOB: ¿Qué aspecto del sistema de competitividad hubiera cambiado?DL: Los cambios fueron implementados de manera gradual. No fue como un terremoto o como una crisis financiera don-de el momento de impacto ocurre rápido y repentinamente. Los cambios en la formulación de políticas se desarrollaron a lo largo de 15 años y aún hoy no se encuentran completamente terminados. Constantemente revisamos las políticas para veri-ficar y asegurarnos de que su impacto está contribuyendo a la construcción de una economía más competitiva. Es un proceso que nunca se detiene. Nunca podremos decir que la tarea allí está terminada y que podemos ocuparnos tranquilamente de otro asunto; está presente todo el tiempo.

EGOB: A pesar de contar con una estrategia basada en el crecimiento importado, el sistema de competitividad irlandés es famoso por vincular activamente al sector privado en la formulación y el desarrollo de políticas públicas, ¿cómo se lleva a cabo esta incorporación?DL: El sector privado irlandés ayudó a formular el nuevo desarrollo de políticas en el país. Hace mucho tiempo nos dimos cuenta de que el verdadero papel del sector público era el de facilitar el trabajo de las empresas y eso nos diferencia de muchos países del mundo donde la división entre estos sectores es tajante, donde no hay confianza recíproca y donde ninguno de los dos existe para el otro –el sector público se centra en implementar mucha regulación y control y los pri-vados se ven afectados por ello–. En Irlanda superamos esas ideas hace muchos años; nos dimos cuenta de que vivíamos en una pequeña isla y de que lo más importante era trabajar juntos. Nuestro país sólo tendría éxito si al sector privado le iba bien, producía ganancias, reinvertía, obtenía nuevas ga-nancias y reinvertía otra vez; de manera que le correspondía al sector público fa-cilitar ese proceso en lugar de obsta-culizarlo. Para ello, hablamos con los privados, atendi-mos sus solicitudes y les preguntamos qué necesitaban para ser más competitivos, para expandirse e incursionar en nuevos mercados. Entonces, al diseñar políticas públicas que generaban un impacto en el sector privado, los formuladores irlandeses siempre consulta-ron a los empresarios.

EGOB: ¿Cuáles son las diferencias o semejanzas entre las polí-ticas actuales de promoción sectorial y las políticas industriales implementadas en el pasado en Irlanda?DL: Irlanda ha modificado su pensamiento de manera bas-tante radical. Después de la independencia, el gobierno adop-tó políticas proteccionistas muy estrictas. En la época se creyó firmemente que el proteccionismo era la mejor solución; en realidad no lo era porque limitaba demasiado al sector in-

dustrial –no lo dejaba crecer, ni expandirse, ni exportar–. Los negocios no podían crecer pues la población estaba en disminución, no había ningún incentivo para movilizar los mercados, éramos el país más pobre de Europa y no contá-bamos con la estabilidad necesaria para distribuir los ingre-sos. Teníamos entonces un conjunto de políticas incorrectas y las cambiamos: introdujimos la economía de libre merca-do y atrajimos la inversión extranjera. Lo hicimos porque nos dimos cuenta de que la opción proteccionista no estaba funcionando y no tenía ningún sentido continuar insistien-do en ella. De manera que creo que uno de los elementos que nos ayudó mucho a crecer durante todos estos años fue nuestra capacidad de arriesgarnos y tomar decisiones. Si una opción no funcionaba, intentábamos con una nueva; tuvimos siempre un tipo de pensamiento pragmático. Por lo general, no perdíamos mucho tiempo sobreanalizando una situación; la estudiábamos, tomábamos una decisión rápida, aprendíamos de nuestros errores y continuábamos.

EGOB: ¿Se creó alguna organización específica para la ciencia y la tecnología como resultado de ese proceso?DL: Si, la Fundación para la Ciencia de Irlanda. Esta organización empezó con un presupuesto inicial de 600 millones de dólares e inició un proceso de atracción de investigación de clase mundial con miras a ubicarla en territorio irlandés. Del mismo modo, se intentó ensayar esa clase de investigaciones en algunas de las universidades e institutos de educación superior. Así, se estaban incorporando investigadores y herramientas de alto nivel e implantándolos en Irlanda con el compromiso de que dedicaran parte de su tiempo a enseñar. Con ello, se trajeron al país investigadores importantes que no solo se establecían en Irlanda para desarrollar sus trabajos sino que dictaban clases en los programas universitarios de pregrado y posgrado, creando y atrayendo una economía del conocimiento.

EGOB: ¿Cómo ve a Irlanda en los próximos 10 a 15 años?DL: Esa es una buena pregunta. Creo que en los próximos años vamos a pasar por un mal periodo; nos hemos visto afectados de manera considerable por los problemas en el mercado financiero y por las múltiples crisis que amenazan al mundo. Afortunadamente, el crecimiento en nuestro país vino, durante las últimas décadas, desde la industria de la construcción; pero eso se acabó. La tasa de desempleo en Irlanda pasó del 4.1% al 5.7-5.8% –incluyendo los últimos seis meses–; eso tampoco es positivo. De manera que creo que Irlanda va a atravesar un periodo de transición en los próximos años durante los cuales el crecimiento anual baja-rá a tasas cercanas al 1% o 2%, el desempleo permanecerá relativamente alto, la emigración podría empezar de nuevo y las finanzas estatales presentarán problemas debido a la caída de los mercados de bienes raíces. Por la tanto, conside-ro que existen varios factores que le van a generar a Irlanda

Los cambios en la formulación de políticas se desarrollaron a lo largo de 15 años y aún hoy no se encuentran completamente terminados (...) Es un proceso que nunca se detiene.

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serios problemas en los años por venir; sin embargo, estoy convencido de que las bases está bien construidas. Una vez superados estos problemas –en alrededor de 5 años– Irlanda renacerá y nos moveremos hacia un crecimiento alto y estable en poco tiempo.

EGOB: ¿Qué fortalezas y debilidades para la implementación de una política de competitividad encuentra usted en el caso colombiano? ¿Qué diferencias y semejanzas cree que existen entre Colombia e Irlanda?DL: Colombia es un lugar magnífico. La posición geográfica es excepcional, es un país con una fuerza laboral joven y relativa-mente bien educada, los gerentes colombianos son reconocidos, existen sectores que están muy bien desarrollados y que pueden servir de apoyo y prestar asistencia –especialmente el sector bancario–. Además, la cercanía con Estados Unidos es muy positiva, los acuerdos de libre comercio que se en-cuentran operando son también muy benéficos; el punto crítico allí es la firma del tratado de libre comercio con EEUU. Si Colombia logra firmar el TLC con Estados Unidos su futuro está asegura-do; muchas empresas extranjeras se establecerán en Colombia, básicamente porque es un muy buen lugar para quedarse. La percepción que existe de Colombia en el exterior es absoluta-mente errónea, aquellos que visitamos el país nos damos cuenta de lo equivocada que es esa idea y de que se trata de un lugar estupendo. Yo soy un apasionado de este país.¿Por qué está en el camino equivocado? ¿Cuáles son los ele-mentos que retrasan su desarrollo y que hacen que su cre-cimiento no sea tan bueno como debería serlo? Creo que las razones son múltiples. Una de ellas es la polarización tan mar-cada en el pensamiento político e ideológico; todavía existe una rama fuerte de derecha y una importante de izquierda. Mientras las cosas continúen de esa manera va a ser muy difícil mantener un consenso en el tipo de políticas que se necesitan para crecer. De manera que creo que lo principal es que se unan, que construyan ese consenso tan necesario para la competitividad; es fundamental que todo el mundo piense en términos de qué es lo mejor para Colombia y no en qué es lo más conveniente para cada uno.

Otro punto importantísimo es la reducción de la burocracia pues, tal como es ahora, el ambiente no es amigable para los ne-gocios. Es muy complicado tener que enfrentar constantemen-te los niveles de burocracia que se presentan en Colombia.

Finalmente –pero no menos importante–, está el tema del sis-tema impositivo. Es urgente que el gobierno mejore la manera de administrar los impuestos en Colombia; con el sistema actual lo que se genera es una carga inimaginable para las empresas que, evidentemente, no es atractiva.

EGOB: La estrategia irlandesa se concentró en la erradicación del desempleo y de la emigración, ¿cuál cree Ud. que debe ser nuestra estrategia?DL: El consenso. Hasta que no sean capaces de construir un consenso va a ser muy difícil que puedan tomar las decisiones que deben ser tomadas para que Colombia alcance y explote todo su potencial.

EGOB: ¿Cómo ve a Colombia en los próximos 10 a 15 años?DL: Todo depende de si son capaces de construir verda-deramente un consenso. Si ello se logra, si consiguen que el Congreso apoye nuevas políticas, estoy convencido de que Colombia será la estrella más brillante (shining star) de Suramérica.

Lea la entrevista completa en http://gobierno.uniandes.edu.co/revistagobierno.html

Si Colombia logra firmar el tratado de libre comercio con Estados Unidos su futuro está asegurado.

Hasta que no sean capaces de construir un consenso va a ser muy difícil que puedan tomar las decisiones que deben ser tomadas para que Colombia alcance y explote todo su potencial.

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El Frente Nacional, originado con los acuerdos de Benidorm de 1956 y de Sitges de 1957 y legitimado popularmente por el plebiscito del primero de diciembre de 1957, fue el periodo histórico que definió el tránsito de nuestro sistema político a la democracia, una vez finalizada la dictadura del General Rojas Pinilla (1953 a 1957). La presidencia de Alberto Lleras Camargo fue la encargada de inaugurar el lapso institucional que se inició en 1958 y terminó en 1974 al finalizar el periodo presidencial de Misael Pastrana Borrero.

La aproximación tradicional al Frente Nacional, desde la academia y la opinión pública, ha sido predominantemente negativa. De manera general, el periodo se recuerda por sus restricciones a la competitividad electoral y, con frecuencia, se le considera como una de las causas de muchos de los pro-blemas actuales de nuestra democracia.

Lo cierto es que el proceso desarrollado por el Frente Nacional ha sido altamente subvalorado y existen múltiples confusiones conceptuales que no permiten apreciar la verdadera naturaleza del mismo. Los aspectos positivos del régimen que ubicaron a Colombia en una posición privilegiada y poco común en el resto de Latinoamérica en temas relativos a la libertad, son pocas veces mencionados. Lo mismo ocurre con los éxitos generados en materia económica, política y de paz.

El evento organizado por la Escuela de Gobierno de la Uni-versidad de los Andes y el Centro de Estudios de Historia de la Universidad Externado de Colombia pretende volver a analizar las implicaciones del Frente Nacional en nuestro

país, revisando críticamente sus aciertos y desaciertos. Para ello, se contará con la presencia de expertos colombianos y extranjeros que participarán en conferencias y mesas redon-das, reflexionando acerca de temas como la democratización colombiana, los problemas constitucionales y de legitimidad popular del Frente, los cambios y continuidades que produjo, su impacto económico e histórico y sus relaciones con aspec-tos de la violencia civil y militar.

El fomento de este tipo de espacios de análisis y discusión es de especial importancia para la Escuela de Gobierno. Con ellos se persigue que la revisión histórica permita enfrentar de manera más informada y eficaz los desafíos que enfrenta un país como Colombia.

La Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes en asocio con el Centro de Estudios de Historia de la Universidad Externado de Colombia realizará en mayo próximo el evento titulado 50 años de regreso a la democracia en Colombia. El encuentro, que contará con la participación de destacadas personalida-des locales y extranjeras, propone presentar nuevas aproximaciones al estudio del Frente Nacional que reivindican la importancia de este periodo para la historia de nuestro país.

La aproximación tradicional al Frente Nacional, desde la academia y la opinión pública, ha sido predominantemente negativa (...) Los aspectos positivos del régimen que ubicaron a Colombia en una posición privilegiada y poco común en el resto de Latinoamérica en temas relativos a la libertad, son pocas veces mencionados.

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Eventos

Fecha: Mayo 21, 22 y 23 de 2009.Lugar: Universidad de los Andes.Organizadores: ∙ Centro de Estudios de Historia, Universidad Externado de Colombia∙ Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, Universidad de los Andes.Conferencistas invitados: ∙ Eduardo Posada Carbó∙ Ana María Bejarano∙ Charles Powell∙ Francisco Leal Buitrago ∙ Gonzalo Sánchez∙ Francisco Gutiérrez Sanín ∙ Manuel José Cepeda∙ Miguel Urrutia∙ Carlos Caballero∙ Salomón Kalmanovitz∙ Renán Silva ∙ Malcolm Deas

Pese al título, Uribenomics, este no es un libro de economía, sino una compilación de artículos de prensa de muchos temas distintos que empiezan en la economía y

terminan en la literatura, pasando por la política, por la droga, por la sociobiología y la psicología evolutiva, y con algunas críticas muy bien fundamentadas a las buenas intenciones, el voluntarismo y sobre todo a la buena prosa pero a las malas ideas y los datos distorsionados o inexactos de mis amigos y colegas los columnistas literarios.

Alejandro Gaviria, en la introducción, nos aconseja a los lec-tores con inclinaciones humanísticas que empecemos por el último capítulo, dedicado a algunas lecturas y comentarios de tipo más literario. Le hice caso y empecé así, pero de inmedia-to quise volver al principio, o mejor, a su otra propuesta, la del leer el libro en desorden, pasando las páginas al azar.

Al principio se esboza lo que es la Uribenomics. Yo no entiendo que a Alejandro Gaviria le digan que es uno de los economis-tas del régimen (simplemente porque en sus columnas no grita que este es un régimen fascista y paramilitar). Si no entendí mal, la Uribenomics es una combinación entre la Reaganomics y la economía bolivariana, entre Reagan y Chávez: subsidios y menos impuestos para los más ricos, y subsidios, mercados y limosnas para los más pobres. Lo peor de lo uno y de lo otro, pero dicho con muy buenas maneras, sin rabia y sin gritos: asistencialismo, por un lado, y por el otro ayudas a una clientela plutocrática. No veo una crítica más sólida a ciertas políticas del actual gobierno. Sólo que aquí no hay furia re-

sentida contra los ricos ni retórica a favor del sufrimiento de los pobres: ricos y pobres que se acostumbran a subsidios se convierten en lo mismo: en perezosos rentistas.

Lo que a mí me gusta de las columnas de Alejandro Gaviria es que no revelan una compasión sentimental. No son columnas que nos chantajeen con la moral de los buenos sentimientos. No es un predicador del corazón. No nos dice: miren lo bueno que soy yo y lo malos que son todos ustedes. Sus columnas me gustan por los mismos motivos por los que me aburren algunos de sus colegas que están apelando siempre a una moral de cura predicador. No nos sermonea con prédicas, no nos pide que seamos buenos y que dejemos de pensar en los bienes terrenales: simplemente propone cosas ya probadas, o aparentemente probadas, que podrían mejorar la situación general.

Leer a nuestros colegas sirve para hacerse todo el tiempo una posible autocrítica. Lo que más me gusta de este libro es la crítica que Alejandro Gaviria hace a las frases efectistas de los intelectuales de izquierda, aunque decir intelectuales de izquierda es casi una redundancia en este país, donde parece que la derecha no pensara. Los que pasan por intelectuales de derecha son unos retóricos grecoquimbayas del siglo XIX. Lo que más me gusta de las críticas de Gaviria a las frases efectistas de muchos intelectuales de izquierda, es que éstas no se hacen desde la derecha, sino desde los datos objetivos. Lo que está escrito con belleza nos parece verdad, del mismo modo que los profesores hombres les ponen notas más altas a las alumnas bonitas (hay estudios serios al respecto). Hay una tesis muy buena en este libro: las frases bien escritas no tienen por qué ser ciertas. Alejandro es muy agudo cuando somete al rigor factual, al rigor de los hechos, ciertos despliegues de virtuosismo verbal, de maravillosos fuegos artificiales de palabras, a muchos de mis colegas. Gaviria no teme desmentir las bellas piruetas verbales, no digamos de Antonio Caballero y de William Ospina, sino del mismo García Márquez.

Incluso esto ha generado polémicas entre ellos y es posible que Caballero o William le ganen a Gaviria para la tribuna, en cuanto al efecto inmediato de la polémica, pero creo que am-bos pierden en el análisis argumentativo. Esto me ha gustado

El pasado 19 de junio de 2008 se llevó a cabo, en la sede de Unian-dinos en Bogotá, el lanzamiento del libro de Alejandro Gaviria Uribenomics y otras paradojas, publicado por el Grupo Editorial Norma en asocio con la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. En el evento, el es-critor y periodista colombiano, Héctor Abad Faciolince, presen-tó esta reseña cuya publicación fue autorizada para el número inaugural de la Revista EGOB.

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La Uribenomics es una combinación entre la Reaganomics y la economía bolivariana, entre Reagan y Chávez (...)

mucho de sus columnas, cuando las leía en el papel periódico, y del libro, cuando las releí pulidas en este volumen. Hay un párrafo que resume muy bien esta crítica: “Uno esperaría que los letrados trataran los problemas de la sociedad con la misma veneración con la que estudian las complejidades del alma humana. Pero ese no es el caso. Simplemente muchos escritores de primera son opinadores de segunda: repetidores de ideas preconcebidas, editorialistas con piloto automático que confunden los hechos con la ideología.”

Como a veces me parece que algo de lo anterior me moja también a mí, no hurgo más en la herida y aplico ese “pro-teccionismo literario” del que Gaviria nos acusa a los letrados que nos defendemos entre nosotros. Paso a otro tema. Lo que a mí más me gusta y me divierte en realidad de este libro, es otra parte: sus divertimentos sociológicos aparentemente menos serios, pero que en cambio, creo yo, son los más inci-sivos. Comparto con Alejandro el gusto por las lecturas de sociobiología y psicología evolutiva. Cuando uno mira sin prejuicios la naturaleza humana, no hay nada más política-mente incorrecto que nuestros instintos más primitivos. Pero son innegables, y están ahí. Las paradojas más elegantes las señala este libro en ese capítulo. Para mí es una delicia que se explique desde el punto de vista económico y biológico por qué son convenientes las prótesis de silicona. Creo que aquí está demostrado brillantemente, con una caída al final en el freudismo barato de pensar que a los hombres nos gustan los senos por una reminiscencia alimenticia infantil.

Otra nota que me encanta es la que le dedica a los matrimo-nios de nuestras divas con hombres extranjeros. Esto habla muy mal de la calidad de los machos colombianos. Y compar-to ciento por ciento este diagnóstico del decano de Economía de los Andes cuando lamenta la salida sin aranceles de las mujeres más bonitas de este país: “No sé qué pensará el lector desprevenido, pero a mí la fuga de mujeres me parece mucho más grave y ruinosa que la tan cacareada y lamentada fuga de cerebros”.

Empecé diciendo que a mí este supuesto intelectual y econo-mista uribista no me lo parecía tanto. Termino insistiendo so-bre lo mismo. Si leen el capítulo dedicado al tráfico de drogas, uno de los mejor pensados y documentados del libro, después de criticar la política prohibicionista de Estados Unidos y de este gobierno, y después de criticar los intentos de Uribe por volver a penalizar el consumo de la dosis personal de drogas, encuentro este dardo que me parece magistral y oportuno para concluir. Sostiene Alejandro Gaviria que esta defensa de la moral conservadora, familiar, se hace para la tribuna, y lo

explica con la siguiente frase malpensada: “La adicción a los votos puede ser peor que la adicción a las drogas.”

Para concluir, y para que el autor del libro vea que también entre los literatos hay personas que ven el mundo sin áni-mo de predicadores, quiero terminar con un poema algo reaccionario de uno de los heterónimos de Fernando Pessoa -Alberto Caeiro- que cuando lo leí me hizo pensar en algunas columnas de Alejandro Gaviria. Dice así:

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Grupo Editorial Norma Colección Vitral Universidad de los AndesFacultad de Economía247p.

Hay una tesis muy buena en este libro: las frases bien escritas no tienen por qué ser ciertas.

Ayer el predicador de sus verdadeshabló otra vez conmigo.Habló del sufrimiento de las clases trabajadoras(no de las personas que sufren, que son al final quienes sufren).Habló de la injusticia de que unos tengan dineroy otros tengan hambre, que no sé si es hambre de comidao si es sólo hambre del postre ajeno.Habló de todo cuanto pudiese hacer enfadar.

¡Qué feliz debe ser quien puede pensar en la infelicidad de los demás!¡Qué estúpido si no sabe que la infelicidad de los demás es de ellos,y no se cura desde fueraporque sufrir no es tener falta de tintao que el ataúd no tenga aros de hierro!

Que haya injusticia es como que haya muerte.Yo nunca daría un paso para alteraraquello a lo que llaman injusticia del mundo.Mil pasos que diera para esoserían sólo mil pasos.Acepto la injusticia como acepto que una piedra no sea redonda, y que un alcornoque no haya nacido pino o roble.

He cortado la naranja en dos, y las dos mitades no pudieron quedar iguales.¿Para cuál he sido injusto, yo, que voy a comerme las dos?

Introducción

En la última década se ha presentado en América Latina una amplia expansión de programas de transferencias condicionadas (PTC) orientados a la acumulación de capital humano. Se han implementado programas como Oportunidades en México, Bolsa Escola en Brasil y Familias en Acción en Colombia. Estos programas consisten en otorgar un subsidio monetario a familias en situación de pobreza con la condición de que cumplan con una serie de compromisos relacionados con el uso del sistema de educación básica y de salud. En términos generales los PTC tienen dos obje-tivos –uno a corto y otro a largo plazo– de gran trascendencia. En el corto plazo se busca mejorar las condiciones económicas de las familias para que estén en capacidad de enviar a sus hijos al colegio de manera periódica, mantengan un nivel básico de consumo de alimentos y realicen las visitas de control médico necesarias para mantener la salud de los menores. En el largo plazo el objetivo es reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza. En términos generales se pretende que los niños y adolescentes que se beneficien del programa logren un nivel de escolaridad más alto que el de sus padres, de manera tal que cuando sean adultos generen ingresos suficientes para salir de la pobreza.

En el caso específico del programa colombiano Familias en Acción, se entregan unos subsidios monetarios a ciertas familias con niños menores de 18 años, con el compromiso de cumplir con algunas condiciones de nutrición y/o educación. Inicialmente, las familias que podían acceder al programa eran las que estaban en municipios de menos de 100.000 habitantes y pertenecían al nivel 1 del SISBEN (el nivel más bajo del Sistema de Identificación para Potenciales Beneficiarios de los Programas Sociales). Con posterioridad, el programa se amplió a todo el territorio nacional y se incluyeron familias en condición de desplazamiento y familias indígenas. En educación, el subsidio está dirigido a las familias con niños en edad escolar (7-17 años); su entrega está condicionada a que los menores estén matriculados en un ente educativo y asistan al menos al 80% de las clases. En nutrición, el subsidio está orientado a familias con niños entre 0 y 6 años y para su entrega, la familia debe cumplir con los controles de crecimiento y desarrollo de los menores.

Como la mayoría de estos programas, Familias en Acción se ha acompañado de rigurosas evaluaciones que han permitido realizar mediciones de impacto y demostrar que se obtiene un efecto po-sitivo sobre el número de estudiantes matriculados y la asistencia escolar. Sin embargo, es importante seguir profundizando en el efecto de los programas en el logro académico de los estudiantes, para así determinar si se cumple el objetivo de largo plazo de romper la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Para el caso particular de Familias en Acción, Sandra García –profesora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes– y Jennifer Hill –profesora de la Facultad de Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Nueva York– han avanzado en la evaluación de impacto del programa, examinando el efecto en el logro académico de los estudiantes para determinar si se cumple el objetivo de largo plazo del programa. En este trabajo se evaluó el logro académico por medio de los efectos en los resultados de las pruebas académicas SABER y en la tasa de repitencia.

El estudio

La investigación utilizó las bases de datos construidas a partir de la evaluación de impacto del programa, contratado por el Depar-tamento Nacional de Planeación con el apoyo del Banco Mun-dial y el Banco Interamericano de Desarrollo. El programa no se

El siguiente es un documento que da cuenta de algunos de los resultados de la investigación realizada por Sandra García –profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes- en asocio con Jennifer Hill –profesora de la Universidad de Nueva York- y que evalúa el efecto en el logro académico del programa colombiano Familias en Acción. El estudio demuestra que, si bien algunos de los efectos son destacables, es necesario reformular el programa si se quiere alcanzar de manera sostenible el objetivo último de superar la pobreza. La elaboración de este policy brief contó con la colaboración de Alfonso Amaya, Coordinador de Proyectos Académicos de la Escuela de Gobierno.

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asignó aleatoriamente, a pesar de ser el diseño óptimo. La evalua-ción de impacto tuvo que contar con un diseño cuasi-experimental. Se tomó una muestra de 57 municipios “tratamiento” (donde el programa estaba o entraría en funcionamiento) y se buscó una muestra similar de municipios “control”, que no estaban incluidos en el programa pero cuyas características eran muy similares a las de los municipios tratamiento. En cada municipio se escogió una muestra aleatoria de hogares elegibles (SISBEN 1) y se les entrevistó en dos momentos: antes de la implementación del programa (entre el 20 de junio y el 31 de octubre de 2002) y posteriormente cuando se realizó el primer seguimiento (entre julio 28 y noviembre 20 de 2003). Además, se utilizó la información correspondiente a los resultados en las pruebas SABER.

La metodología utilizada para evaluar el impacto del programa fue la de “propensity score matching”. Ésta permitió que coincidieran las características de los niños en el grupo de tratamiento y los niños del grupo de control que no abandonaban la escuela desde el inicio del estudio hasta el primer seguimiento. Una comparación simple de las tasas de repitencia y el promedio de puntaje en las pruebas SABER, entre beneficiarios y no beneficiarios del programa, era inadecuada porque impedía que se lograra un estimado imparcial de sus impactos. Adicionalmente, se hizo uso de la metodología de diferencias en diferencias para evaluar el impacto del programa en otras variables, como el uso del tiempo de los niños y el trabajo infantil.

La investigación evaluó el programa de forma separada en los niños entre 7 y 12 años y en los de 12 a 17 años, que son los que suelen tener las mayores tasas de deserción escolar (en el año 2001 el 16% de los niños entre 12 y 16 años y el 41% de los jóvenes entre 16 y 17 años estaban por fuera de las aulas en el país). En los dos grupos se observó el impacto del programa a nivel general y también de forma independiente para los niños de las áreas rurales y para los niños de las áreas urbanas.

Resultados del estudio

Los resultados de la investigación son variados y de gran impor-tancia. Por un lado, el programa tiene un efecto positivo en los logros académicos de los niños entre 7 y 12 años que viven en áreas rurales, mientras que no lo tiene en la misma población que vive en áreas urbanas. Por otro, en los adolescentes (entre 13 y 17 años) el programa tiene un efecto negativo en el logro académico y particularmente en aquellos que viven en áreas rurales. Para estos últimos, la investigación muestra que, con el programa, los resul-tados en la prueba de matemáticas disminuyen en 2.2 puntos y la probabilidad de repitencia de los estudiantes aumenta en 1%. Este efecto no es trivial, por cuanto la tasa de repitencia en secundaria es del 3.6%. En cuanto a los adolescentes urbanos, no se registran efectos en el fracaso escolar pero se observan efectos negativos en los puntajes de la prueba de lenguaje.

Al analizar el efecto del programa en el uso del tiempo de los niños menores de 12 años, se encontró que Familias en Acción tiene un impacto positivo en el tiempo invertido por los niños, tanto urba-nos como rurales, en hacer tareas. Adicionalmente, el programa disminuye el trabajo infantil en las zonas rurales pero no tiene un efecto significativo en las zonas urbanas. Esto es consistente con el efecto positivo que se encontró en el logro escolar para niños rurales. Sin embargo, para niños en zonas urbanas, la mayor asis-tencia a clase y el mayor tiempo dedicado a hacer tareas no se está traduciendo en mayor logro escolar, lo cual amerita atención. En cuanto a los adolescentes en zonas urbanas, el programa disminu-ye las horas dedicadas al trabajo y aumenta las horas dedicadas a labores escolares. No obstante, para los adolescentes rurales no se encontró ningún impacto del programa en el uso del tiempo.

Las diferencias en los efectos del programa entre los adolescentes y los niños pueden tener diversas explicaciones. Es posible que las aulas de los estudiantes de secundaria se estén congestionando y la calidad de la enseñanza en este nivel se esté deteriorando, en vista de que los adolescentes se están matriculando en mayor número que los niños menores. Es factible también que el grupo de adolescentes que está regresando a las aulas como consecuencia del programa (un resultado muy positivo) requiera de más atención por parte de los docentes, cambiando así la dinámica del proceso de enseñanza. Por otra parte, en el caso de los niños en zonas urbanas, es posible que al aumentar el tiempo dedicado a labores escolares (asistencia escolar y tareas) sin disminuir el tiempo dedicado a trabajos domésticos o fuera del hogar, los niños se cansen más y no tengan la suficiente energía para concentrase en clase.

Los diferentes resultados que se obtuvieron tienen en cuenta solo el primer seguimiento y pueden significar el replanteamiento a tiempo de algunos aspectos del programa. La atención anticipada a la problemática podría significar que el cumplimiento del objetivo de largo plazo sea real y contundente.

Implicaciones de política

Al igual que otros programas de transferencias condicionadas en América Latina, Familias en Acción aumenta el número de matrícu-las y la asistencia a los centros educativos y disminuye la deserción escolar. Los resultados positivos son innegables y deben resaltarse, pues son condiciones necesarias para lograr que las nuevas genera-ciones acumulen más capital humano; sin embargo, no son sufi-cientes. Si en el largo plazo se espera que los niños beneficiarios lle-guen a la adultez con las herramientas necesarias para tener hogares que no estén en condiciones de pobreza, será necesario que el paso por el sistema escolar se traduzca en un mayor nivel de educación para que sean productivos dentro de la sociedad.

Familias en Acción se creó inicialmente como un programa tempo-ral para las familias de bajos ingresos, con el objetivo de evitar que cayeran en extrema pobreza y tomaran medidas que condujeran a

En el año 2001 el 16% de los niños entre 12 y 16 años y el 41% de los jóvenes entre 16 y 17 años estaban por fuera de las aulas en el país.

Para niños en zonas urbanas, la mayor asistencia a clase y el mayor tiempo dedicado a hacer tareas no se está traduciendo en mayor logro escolar.

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Policy Brief

desacumular capital humano, retirando a los niños de las escuelas y los colegios. Sin embargo, y en concordancia con el desarrollo de programas similares en otros países de la región, Familias en Acción se fue convirtiendo en un eje fundamental de la política social para la superación de la pobreza.

Durante los últimos 5 años, el crecimiento en la cobertura del programa ha sido sustancial, pasando de 365.307 familias en 2002 a 1.422.106 familias en 2007. Parte de este crecimiento se debe a la decisión del gobierno de convertirlo en un “instrumento de protección permanente para los hogares pobres” y otorgarle al programa la función de “eje articulador” en la implementación de la Red de Protección Social para la Superación de la Extrema Pobreza (Red Juntos). Si se tiene en cuenta que el objetivo principal de la Red Juntos es promover la superación de la pobreza de manera sostenible, el efecto que un programa de esta naturaleza tenga sobre el logro escolar es fundamental.

La suficiente oferta educativa y de buena calidad (al igual que la de salud) son supuestos del modelo del programa que no necesariamente son parte de la realidad del sistema educativo del país. El programa tiene un efecto muy positivo en aumentar el regreso a las aulas, especialmente en los jóvenes de las zonas rurales. Sin embargo, si este aumento en las tasas de matrícula no va acompañado de una adecuada intervención en la oferta que asegure un mantenimiento (o preferiblemente un mejoramiento) de la calidad de la educación impartida, difícilmente se puede esperar que dicho regreso a las aulas y su permanencia en ellas se traduzca en mayor aprendizaje y en la real eliminación de la trampa de pobreza. Sólo si la calidad es parte de la intervención, los programas pueden ser un instrumento de política efectivo, aliviando tanto la pobreza en el corto plazo, como la acumulación de capital humano a largo plazo.

Bajo la reciente implementación de la Red Juntos, es aún más im-portante tener en cuenta el componente de la calidad en la oferta de los servicios sociales del Estado. Este programa está estructurado en nueve dimensiones que se espera que contribuyan a romper la trampa de la pobreza. En la dimensión específica de educación, el objetivo que se ha formulado es “garantizar el acceso a educación preescolar, básica y media para todos los integrantes de la familia en edad escolar y su permanencia dentro del sistema escolar”. Sin embargo, se está dando por sentado que el sistema escolar está preparado para ofrecer una educación de calidad a los nuevos niños y jóvenes que ingresen al sistema, sin deteriorar la calidad de la educación de aquellos que están actualmente asistiendo. Si no se prepara al sistema escolar con estrategias como las contrataciones de auxiliares docentes y la implementación de metodologías de aprendizaje adecuadas para los nuevos estudiantes, es bastante im-probable que se logre cumplir los objetivos trazados. Con el diseño actual de la intervención, muy seguramente en el largo plazo no se verá la anhelada ruptura de la trampa de pobreza.

Otro factor importante que debe recibir más atención y estudiarse con mayor profundidad es el diseño de las condiciones de salida de las familias del programa y su relación con los objetivos de largo

plazo. Si bien en este estudio no se midió el efecto del programa en tasas de graduación (pues no se cuenta con los datos para hacerlo), otros estudios para el caso del programa mexicano Oportunida-des han mostrado que el límite de edad para entregar el subsidio y salir del programa puede afectar el logro escolar. Inicialmente Oportunidades entregaba el subsidio hasta noveno grado, lo cual generaba un incentivo perverso a repetir el año para recibir el subsidio. Actualmente, el programa mexicano no solamente ha extendido el subsidio hasta el último grado de secundaria sino que, además, son elegibles hasta los 22 años, siempre y cuando estén

cursando los últimos años de secundaria. En el caso de Familias en Acción, una vez el joven cumple la mayoría de edad (18 años) deja de ser elegible para el subsidio, independientemente del grado que esté cursando. Con esta condición se está par-

tiendo del supuesto de que a los 18 años el joven ya se ha graduado de bachiller, lo cual no necesariamente se cumple en la población vulnerable donde el problema de la extraedad es notable. Es posible que si se elimina el subsidio a los 18 años algunos estudiantes no puedan finalizar los estudios de secundaria, lo que afectaría de forma negativa el objetivo de largo plazo de romper con la trampa de la pobreza a través de la acumulación de capital humano. Sería conveniente revisar esta regla y diseñar una condición de salida del programa acorde con el objetivo educacional. Por ejemplo, si el joven de 18 años está en noveno grado, se podría ofrecer el subsidio por dos años más con la condición de no repetir ningún año.

En razón de las condiciones económicas actuales y la alta proba-bilidad de una recesión, es importante resaltar la pertinencia que tiene un programa como Familias en Acción en cuanto a su capaci-dad de servir de red de protección (safety net) para las familias más vulnerables. Sin esta protección, es muy probable que los hogares se vean obligados a desacumular su poco capital financiero y humano, reduciendo el consumo de alimentos, vendiendo activos, o incluso, sacando a sus hijos del sistema escolar.

Los resultados de este trabajo deben interpretarse con cautela. Además del impacto positivo en matrículas y asistencia escolar, otros estudios han demostrado que el programa tiene varios efectos benéficos como las mejorías en el estado nutricional de los niños menores de 6 años y en el consumo total de alimentos en el hogar. Por lo tanto, sería apresurado concluir que se trata de un programa ineficiente que deba ser suspendido. Sin embargo, los resultados sugieren que, tal y como está diseñado, difícilmente se va a lograr el objetivo de largo plazo de superar la pobreza de manera sostenible.

Durante los últimos 5 años, el crecimiento en la cobertura del programa ha sido sustancial, pasando de 365.307 familias en 2002 a 1.422.106 familias en 2007.

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El 25 de julio de 1840, en la bandera del primer número de La Revue Parisienne, su editor, Honoré de Balzac, escribió:

“Hemos pensado siempre que nada es más interesante, cómico o dramático que la comedia del gobierno, y como […] sus his-torietas […] deben publicarse en lugar de permanecer secretas. La Revue Parisienne tiene por objeto dar la crónica real de los asuntos públicos y liberarse de las nubes de fraseología hipócrita que envuelven los debates cotidianos. A la crítica literaria también le hace falta sinceridad y es necesario que funcione a la par de la crítica política. En fin, creemos que un fragmento literario es de ahora en adelante el complemento de toda publicación que inicia un debate a partir de los intereses de la política y la literatura, y ésta será una de las constantes de esta revista que, por su buen precio y periodicidad, adquirirá más importancia que las revistas sin independencia real”.

Balzac hablaba con las ínfulas de un artista-publicista-periodista-dios que tiene control total sobre lo que produce (él redactaba casi todo el contenido de la revista). En tres meses y luego de tres ediciones la revista entró en bancarrota y se sumó a la lista de empresas fallidas de este agudo observador y pésimo comerciante: una editorial, una imprenta, una fundición de tipos, una fábrica de papel, una mina de plata en Italia… Balzac siguió escribiendo, sus relaciones con el periodismo continuaron, y si bien nunca volvió a tener el control total de una revista a veces reincidía en el perio-dismo e “iba al trabajo como el jugador al juego”. Pero “escritor a tus escritos” y Balzac convirtió todas estas experiencias mundanas en una serie de novelas maduras que coronaban con lúcido desen-canto su Comedia Humana y entre ellas, tal vez una de las mejores obras de su carrera, Las Ilusiones Perdidas.

Por otra parte, la frase con que Ernst Gombrich abre su Historia del Arte es elocuente: “No existe, realmente, esa cosa del arte. Tan solo hay artistas”. Y en este orden de ideas instituirle al arte una función específica dentro de la sociedad o darle un carácter defini-tivo como disciplina conduce a convertir lo estético en un pretexto útil para la concreción de los más altos y bajos ideales. El “interés desinteresado” atribuido al arte sirve para que bajo una fina nube se cubra toda una serie de abusos. Por ejemplo, en 1933 el Minis-tro de Propaganda alemán Joseph Goebbels decía: “La política es el arte más elevado y comprensivo que haya […] y nosotros, los que modelamos la política alemana moderna nos sentimos los artistas… [siendo] la tarea del arte y del artista formar, moldear, suprimir lo enfermo y dar libertad a lo sano”. La ideología del Na-cional Socialismo no solo trataba de subordinar el arte a la política, de transformarlo todo en propaganda, sino que, como lo señala Susan Sontag en su texto Fascinante Fascismo, este credo hizo que

“la política se apropiara de la retórica del arte: el arte en su última fase romántica”. Para escindir este problema, fue sensible la deci-sión de Jorge Eliécer Gaitán cuando en 1940 como Ministro de Educación de la administración de Eduardo Santos se encargó de darle un nombre acertado a un evento de arte: Primer Salón Anual de Artistas Colombianos. El político nominó el evento no como salón de “Arte” sino como salón de “artistas”; antepuso el carácter excepcional e individual del arte a la categoría y en su discurso inaugural empoderó al espectador para que fuera él quien tomara la decisión de valorar lo que el funcionario, como representante del Estado, se abstuvo de categorizar: “la intervención del pueblo en ese episodio cultural no debe circunscribirse a la situación pasiva de mero espectador. Por el contrario: su función esencial debe ser la de juez de conciencia que tiene que decidir, en última instancia, si hay o no un arte propio”.

El editorial de Balzac leído a contrapelo es claro, los artistas son insaciables y aún a pesar de sí mismos usan la política más para hacer arte que para hacer política. Tal vez una forma de acentuar ese editorial sea un fragmento del texto que hizo el periodista

Alan Riding en su última co-lumna para el New York Times, cuando anunció su retiro para escribir un libro que todavía está en marcha:

“¿…puede esperar un país de sus artistas, escritores o inte-lectuales que sirvan como una

brújula moral en tiempos de confusión general? O ¿Las demo-cracias actuales están conformes con que los problemas sociales y políticos sean exclusivos de los elegidos de turno? Mi opinión es clara: creo que la sociedad se beneficia cuando artistas creativos o escritores notables intervienen en temas cotidianos. Pero de igual manera, artes y política pueden ser una combinación fatal (…) Históricamente los emperadores, monarcas y Papas han exigido la obediencia de los artistas, pero en el siglo XX ninguno enten-dió el poder ideológico de la cultura más que Hitler o Stalin. Considerando la importancia de dejar el arte a los artistas, ellos controlaron toda forma de expresión cultural reprimiéndolos, o promoviéndolos en defensa de sus propios intereses (…) Si la cultura ha estado en riesgo de ser usada por la política, resulta que también el arte ha explicado la cultura política. ¿Quién mejor que Shakespeare para explicar la obsesión humana por el poder? Y seguramente pocos fotógrafos de guerra han dicho más que el Guernica, de Picasso. Más importante aún, y gracias a la tradi-ción disidente del arte y la literatura, es que la cultura puede y debe siempre retar al poder”.

El Profesor Asociado del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes reflexiona acerca de las relaciones, no siempre claras ni pacíficas, entre arte y política. Pretexto, material y diálogo.

Instituirle al arte una función específica dentro

de la sociedad conduce a convertir lo estético en

un pretexto útil para la concreción de los más

altos y bajos ideales.

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Profesor invitado

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La gran mayoría de países de América Latina tiene recursos suficientes para garantizar el acceso a una amplia gama de servicios de salud a todos sus

ciudadanos. Colombia no es la excepción. Sin embargo, y a pesar del gran aumento en el gasto en salud (más que triplicado) a partir de la aprobación de la ley 100 y de que se ha incrementado el número de pacientes asegurados a través del régimen contributivo y del régimen subsidiado, persisten inequidades importantes en la distribución de los recursos de salud, la cobertura y en el acceso a los servicios. Además, muchos coinciden en que la red de servicios de salud pública se ha deteriorado y que la calidad de los servicios de salud podría estarse deteriorando a consecuencia de los incentivos económicos que ofrecen las diversas compañías aseguradoras a los prestadores de servicios.

Esta situación no sorprende a los que residimos en EEUU, el país que más gasta en salud (7.000 dólares por persona al año, o 16% del PIB, y con perspectivas de seguir creciendo) y que sin embargo deja a una tercera parte de los ciudadanos sin

En el pasado periodo intersemestral, la Escuela de Gobierno ofreció, dentro del marco de la Escuela Internacional de Verano de la Universidad de los Andes, el curso Políticas Públicas en Salud: Sistemas y Reformas. La cátedra estuvo a cargo de la Dra. Nuria Homedes -Profesora Asociada y Directora del Programa de Salud Global de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas-, quien amablemente nos remitió este artículo a propósito del sistema nacional de salud y las posibilidades de alcanzar una cobertura equitativa y universal.

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Los sistemas centralizados suelen ser más equi-tativos y, cuando hay voluntad política, pueden proveer acceso universal a una amplia gama de servicios de salud.

La experiencia latinoamericana no confirma que el sector privado sea más eficiente y menos corrupto que el sector público; las superinten-dencias de salud no han sido capaces de regular al sector privado.

El principio de que los servicios son más eficien-tes y de mejor calidad cuando el sector público compite con el sector privado no se aplica al sector salud. El sector salud tiende a ser oligo-pólico, sobre todo a nivel hospitalario y en áreas rurales; con frecuencia la capacidad de elección del paciente la limita el médico de familia, la compañía aseguradora y a veces el empresario.

cobertura ( 47 millones de residentes sin seguro y 25 millones con cobertura insuficiente), ofrece servicios frecuentemente de peor calidad que los demás países industrializados, tiene elevados gastos administrativos (prácticamente una tercera parte del gasto), indicadores de salud inferiores a los del resto de países industrializados, y en algunos Estados las tasas de cobertura inmunizacional son inferiores a las de algunos países latinoamericanos. En este contexto, no es de extrañar que el tema de acceso a los servicios de salud haya ocupado un lugar importante en la campaña presidencial.

Los que todavía creemos que el acceso a los servicios de salud debe ser un derecho de todos los ciudadanos y queremos promover el acceso universal a los servicios de calidad nos podemos beneficiar de las experiencias de otros países de la región y de los países europeos. Por razones de espacio no podemos hacer aquí un análisis exhaustivo pero sí podemos recordar lo que los estudiosos concluyen al hacer sus investigaciones, y que es lo siguiente:

El sector salud tiende a ser oligopólico, sobre todo a nivel hospitalario y en áreas rurales.

Escuela de Verano

Colombia y muchos otros países de la región se enfrentan al reto de ampliar la cobertura de salud con equidad y cali-dad de acceso. Desgraciadamente no hay formulas mágicas, pero es importante tener presente lo que a través de los años hemos aprendido y adecuar esos principios básicos al con-texto y momento histórico por el que atraviesa el país. Uno de los desafíos más importantes es recuperar el compromiso de los recursos humanos con la salud de la población, y para eso hay que generar una cultura organizacional que permita que la prestación de los servicios de salud gire alrededor de las necesidades inmediatas y de largo plazo de los pacientes y sus comunidades.

Hay que reconocer que a veces los profesionales de la salud han tomado posturas corporativistas que no siempre han sido positivas para los sistemas de salud. Las reformas recientes no han servido para corregir estos comportamientos; al contrario, los sistemas de salud basados en las teorías del mercado tienden a priorizar el desempeño económico y premian a los que mejor utilizan los recursos, no necesariamente a los que mejor responden a las necesidades de la población. En mi opinión, los profesionales de la salud tienen el deber y la responsabilidad de trabajar para mejorar la salud de los pueblos, lo que seguramente requiere que se hagan ajustes al sistema de salud para que la prestación de servicios se centre en las necesidades de los pacientes y se prioricen las actividades de salud pública.

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5 Los programas de focalización en la población de bajos recursos suelen ser costosos de administrar y en la mayoría de los países no han funcionado bien (...) los sistemas de salud basados en las teorías del mercado tienden a priorizar el desempeño económico y premian a los que mejor utilizan los recursos.

Universalmente se acepta que el control del gas-to es más efectivo cuando se controla la oferta de servicios que cuando se controla la deman-da; aunque al parecer en el caso de Colombia hay un estudio que demuestra lo contrario y la Ley 100 pretende controlar el gasto a través de la demanda.

Los programas de focalización en la población de bajos recursos suelen ser costosos de administrar y en la mayoría de los países no han funcionado bien: un porcentaje importante de ciudadanos se ha clasificado incorrectamente. Entre las dificultades para implementar estos programas se encuentran las deficiencias en los sistemas de información -sobre todo en sociedades agrícolas y donde hay altos niveles de desempleo o de trabajadores en el sector informal- y la persistencia de los conflictos de interés y el caciquismo entre los que deciden quién debe beneficiarse de los subsidios.

Los copagos, cuotas de recuperación o cuotas moderadoras con frecuencia impiden que los indigentes accedan a los servicios de salud que necesitan y por lo tanto no contribuyen a que se universalice el acceso a una amplia gama de servicios. Además, con frecuencia, el manejo de este sistema tiene costos administrativos elevados.

Los sistemas que han conseguido alcanzar mayores niveles de cobertura y de equidad son los que se financian a través de impuestos, sobre todo en países que cuentan con un sistema progresivo de impuestos. Para mejorar los niveles de salud de la población hay que fortalecer las actividades de salud pública, prevención y promoción de la salud. La salud pública prioriza prevenir los problemas de salud y mantener sana a la ciudadanía. La salud pública debe ser la base sobre la que descansan el resto de actividades del sector.

Los servicios de salud no son una mercancía cualquiera, y el acceso a los servicios no puede basarse en las teorías del mercado. Al tomar decisiones terapéuticas los profesionales de salud deben priorizar las necesidades del paciente sobre los incentivos económicos que ofrecen las aseguradoras.

Para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de salud es importante trabajar en equipos multidisciplinarios que incorporen a otros profesionales como educadores, nutricionistas, trabajadores sociales, fisioterapeutas, psicólogos, ingenieros, etc.

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*http://biblioteca.uniandes.edu.co

El siguiente es un resumen de la tesis de grado como politólogo de la Universidad de los Andes de Anwar Rodríguez Chehade. La investigación fue dirigida por Daniel Castellanos, profesor de la Escuela de Gobierno. Anwar es también economista y actualmente se encuentra terminando sus estudios de Maestría en Economía (PEG) en la misma universidad. Una versión completa de este documento se encuentra disponible para consulta en línea*; allí, se desarrolla completamente el modelo teórico propuesto y se hace un análisis de estática comparativa que busca explicar las razones por las que se prolonga el conflicto armado en Colombia.

“Social dilemmas are situations in which individual rationality leads to collective irrationality. That is, individually reasonable behavior leads to a situation in which everyone is worse off than they might have been otherwise.” [Kollock, 1998; p.183]1

“A reason why individuals may be expected to be somewhat less rational in collective than in private choices lies in the difference of the degree of responsibility for final decisions. The responsibility for any given private decision rests squarely on the chooser. The benefits and the costs are tangible, and the individual tends to consider more carefully the alternatives before him. In collective choice, by contrast, there can never be so precise a relationship between individual action and result, even if the result is correctly predicted.” [Buchanan & Tullock, 1965; p.36]2

I. Introducción

La existencia de conflictos armados internos es uno de los temas centrales de investigación en las ciencias sociales, en la medida en que su estudio refleja el estado de las condiciones políticas y de los lazos socioeconómicos existentes en una sociedad. Es decir, la existencia de una guerra civil revela importantes detalles acerca de la composición de una sociedad, de su carácter institucional, judicial y económico3. Si bien la mayor parte las publicaciones hechas en este tema mencionan la importancia de los factores socioeconómicos como posibles explicaciones para el surgimiento de dichos conflictos, no existe un marco teórico unificado ni una masa significativa de literatura que aborde el tema de la duración de los conflictos. Adicionalmente, se ha explicado el surgimiento y la prolongación de éstos como respuestas legítimas a una serie de injusticias o agravios (exponiendo una ideología revolucionaria y retributiva) dejando de lado la posibilidad de que estos conflictos se transformen en formas pragmáticas e ilegítimas de apoderarse de la riqueza de una sociedad.

Civil wars are not static over time. A growing propor-tion of civil wars appear to have started with the aim of taking over or retaining the reins of the state or of

breaking away in a secessionist revolt and appear to have subsequently mutated (often very quickly) into wars where immediate agendas assume an increasin-gly important role. These immediate agendas (notably economic agendas) may significantly prolong civil wars (…) [Keen, 2000; p.25].4

De esta forma, se pretende abandonar el estudio tradicional de los conflictos armados para retomar el camino que ha sentado la literatura de la economía política que, basándose en el análisis empírico, ha logrado establecer una explicación alternativa a la pregunta de por qué surgen y perduran dichos conflictos [Nasi y Rettberg 2005; p.67]. En efecto, al modelar el conflicto como un proceso de interacción entre individuos racionales, se puede diferenciar entre los factores que dan origen a conflictos internos y los factores que los prolongan. La presencia de recursos “saqueables” (legales o ilegales) como factor fundamental para la financiación de la guerra está directamente relacionada con una mayor probabilidad de detonación de un conflicto [Collier, 2000a y Collier & Hoeffler 2001], mientras que la polarización social (relacionada con la existencia de dos o tres grupos étnicos definidos) se encuentra relacionada con la prolongación del mismo [Collier, Hoeffler & Söderbom 2001]. Por otro lado, al analizar la probabilidad de incidencia5 de los conflictos, se encuentra que las variables políticas toman una particular importancia a la hora de

4 “Las guerras civiles no son estáticas en el tiempo. Una proporción creciente de éstas parece haber empezado con el propósito de asumir el control o apoderarse de las riendas del Estado o de separarse en una revolución secesionista y parece haber mutado subsecuentemente (a menudo muy rápidamente) en guerras en donde las agendas inmediatas asumen un rol crecien-temente importante. Estas agendas inmediatas (notablemente agendas económicas) pueden prolongar significativamente las guerras civiles (…)” (N. del E. – traducción libre). 5 “The Theory of incidence of war then is a combined theory of initiation and duration of war, to the extent that these two events are derived by two different and non-overlapping processes; the determinants of the incidence of war at any given time will be determined by the joint set of the determinants of both events”. [Elbadawi & Sambanis, 2001; p. 3] // [“La teoría de incidencia de la guerra, entonces, es una combinación de teoría de iniciación y duración de la guerra, hasta el punto que estos dos eventos se derivan de dos procesos diferentes y separados; los determinantes de la incidencia de la guerra en cualquier momento serán determinados por el conjunto de los determinantes de ambos eventos” (N. del E. – traducción libre)].6 “Esta doble noción de ganadores y perdedores ha sido desafiada por nuevas aproximacio-nes empleando teorías de utilidad económica, análisis de costo beneficio, decisión racional y economía política para abatir diferentes dimensiones de los prolongados conflictos sociales”. (N. del E. – traducción libre).7 “The protraction of the civil war in Colombia is by no means unique today since there are 49 similar conflicts raging in Asia and Africa which makes this study urgent. According to a study group of the University of Hamburg, of the total 49 wars and armed conflicts, 26 had their origins during the 1990s, another 8 during the 1980s, 8 during the 1970s, 5 during the 1960s, and 1 started in the late 1940s” [Richani, 2002; p. 2] // [“La prolongación de la guerra civil en Colombia no es de ninguna manera única pues hay 49 conflictos similares en Asia y África, que hacen este estudio urgente. De acuerdo con un grupo de investigación de la Universidad de Hamburgo, del total de las 49 guerras y conflictos, 26 tuvieron origen en los años noventa, otros 8 en los ochenta, 8 en los setenta, 5 durante los sesenta y 1 a finales de los años cuarenta” (N. del E. – traducción libre)].

Es preferible prolongar el conflicto para no asumir los costos de la estabilización o de la transición hacia la paz.

La “guerra de espera” surge en la medida en que la información con la cual cuenta cada grupo acerca del comportamiento de su adversario es incompleta.

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8 “El retorno de ceder disminuye con el tiempo; sin embargo, en cualquier momento,un jugador obtiene un retorno mayor si el otro cede primero” (N.del E. – traducción libre).9 “Para el caso particular del juego de concesiones que analizamos aquí, hemos construido parámetros acerca de cómo la diferencia en las tendencias a jugar de manera excesivamente ruda o débil, afecta la interacción de los jugadores racionales” (N. del E. – traducción libre).10 Se puede generalizar el modelo incluyendo más jugadores, en la medida en que el grupo que ceda primero asuma un porcentaje (proporcional al número de grupos) mayor de los costos de la estabilización. También se puede generalizar el modelo si se asume que una vez que un grupo ceda los n-1 grupos restantes entran en una segunda ronda de “guerra de espera” en donde el siguiente grupo en ceder asume la segunda mayor proporción de los costos y así sucesivamente [Alesina & Drazen, 1991; p. 1176].11 “Civil wars inflict very high costs on an economy (…) on average during civil wars the eco-nomy as a whole declines by around 2.2 percent per annum relative to its underlying growth path. This may seem a small number, but it implies that after a decade of war a society will have an income 20 percent lower than it would otherwise have been”. [Collier, 2000 b; p.101]. // [“Las guerras civiles generan costos muy altos en la economía (…) en promedio, durante las guerras civiles, la economía como un todo disminuye en alrededor del 2.2% anual de su patrón de crecimiento. Éste puede parecer un número pequeño; sin embargo, implica que, tras una década de guerra, la sociedad tendrá un ingreso 20% menor del que hubiera podido tener” (N.del E. – traducción libre)].

12 “According to a study of the Ministry of Justice, every increase of ten homicides per 100,000 can affect investment as high as 4 percent of its value. Some even claimed that if homicide rates in Colombia had remained at their 1960 level, total annual investment in Colombia today would have been 20 percent higher” [Richani, 2002; p. 134]. // [“Según un estudio del Ministerio de Justicia, cada aumento en 10 homicidios por 100,000 habitantes, afecta la inversión en cerca del 4% de su valor. Hay quienes sostienen que si la tasa de homicidios en Colombia se hubiera mantenido en los niveles de 1960, la inversión anual del país hoy sería 20% mayor” (N. del E. – traducción libre)].13 “Furthermore, some estimate that in societies where laws and property rights are respected, economies grow in an average of 1 percent to 2 percent faster than those where land properties and laws are not protected” [Richani, 2002; p. 135]. // [“Además, algunos estiman que, en sociedades donde las leyes y los derechos de propiedad son respetados, las economías crecen,en promedio, de un 1 a un 2% más rápido que como ocurre en sociedades donde los mismos no están protegidos” (N. del E. – traducción libre)].

Durante el tiempo que dura el conflicto hay un uso ineficiente de los recursos de la sociedad para financiar la guerra.

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Se deben formular políticas que disminuyan el beneficio marginal que cada individuo percibe por esperar una uni-dad adicional de tiempo.

Si los costos de la estabilización se dis-tribuyeran de manera equitativa entre los grupos enfrentados, el conflicto se acabaría instantáneamente pues no existiría ninguna ganancia relacionada con la decisión de esperar.

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Bibliografía

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El pasado 29 de agosto el Ministerio de Educación Nacional aprobó la Maestría en Gobierno; el programa será ofrecido a partir de enero de 2009.

La Maestría en Gobierno es un programa liderado por la Escuela de Gobierno que emprendió su diseño durante 2007, contando con el apoyo de las facultades de Administración, Ciencias Sociales, Derecho, Economía, Ingeniería, Medicina y el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo – CIDER de la Universidad de los Andes, así como con la asesoría de la profesora Sonia Ospina de Robert F. Wagner Graduate School of Public Service de la Universidad de Nueva York.

La Maestría es un programa interdisciplinario y flexible que busca desarrollar en sus participantes el manejo de herramientas técnicas para el análisis de políticas públicas y de gestión, así como habilidades de liderazgo y pensamiento crítico, que les permitan traspasar lo coyuntural y estratégico y convertirse en transformadores de la actividad pública emprendida desde el sector público, el sector privado o el tercer sector.

El programa está dirigido a profesionales de todas las disciplinas interesados en la comprensión integral de los asuntos públicos y en la búsqueda de soluciones innovadoras a problemáticas de orden local, regional o nacional. La Maestría tiene una duración de cuatro semestres. Una característica fundamental del currículo es la flexibilidad, de manera que el estudiante puede seleccionar cursos electivos alrededor de un área de profundización, entre las que se incluyen: gestión pública, políticas públicas, asuntos internacionales o regulación. Elementos esenciales del proceso de formación son los seminarios temáticos en los que los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar con académicos y protagonistas de la vida pública.

Otra característica diferenciadora de la Maestría es la posibilidad de realizar el trabajo de grado bajo dos alternativas: la realización de un proyecto de consultoría grupal para una entidad pública o una organización del tercer sector alrededor de un problema relevante en el ámbito de lo público, con resultados concretos; o un proyecto de investigación aplicada individual, que deberá conducir a un documento publicable.

La Escuela está comprometida con la consecución de recursos para ofrecer becas a los candidatos más destacados y con dificultades de financiación. Actualmente contamos con el apoyo de las empresas BBVA, Organización Corona y la Empresa de Energía de Bogotá, quienes ofrecieron recursos para cubrir el 100% del valor del programa a tres estudiantes de la primera promoción.

La información detallada del programa, los profesores y el proceso de admisión se puede consultar en http://gobierno.uniandes.edu.co o en los teléfonos 3394949/99 Ext. 2073.

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Primer Año: Núcleo Central (24 créditos)

La Política de las Políticas Públicas (4)Economía para Asuntos Públicos (4)Técnicas de Análisis de Datos (4)

Finanzas Públicas (4)Derecho y Políticas Públicas (4)Electiva I (4)

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Segundo Año: (18 créditos)

Análisis de Problemas Colombianos (4)Electiva II (4)Proyecto de Grado (3)

Proyecto de Grado (3)Electiva III (4)Taller de Comunicación Estratégica (0)

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1.1. Formación técnica: Manejo y conocimiento de herramientas analíticas y Formación técnica: Manejo y conocimiento de herramientas analíticas y técnicas que permitan afrontar los problemas de lo público. técnicas que permitan afrontar los problemas de lo público.2.2. Formación humana: Promoción de principios éticos, respeto y tolerancia Formación humana: Promoción de principios éticos, respeto y tolerancia frente a diversidad de opiniones. Desarrollo de ideas propias que puedan frente a diversidad de opiniones. Desarrollo de ideas propias que puedan ser defendidas con elocuencia e integridad respetando los Derechos ser defendidas con elocuencia e integridad respetando los Derechos Humanos y las instituciones democráticas. Humanos y las instituciones democráticas.3.3. Formación política: Identificación de factores formales e informales que Formación política: Identificación de factores formales e informales que inciden en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. inciden en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. 4.4. Capacidad crítica y teórica: Apropiación y manejo pertinente y completo Capacidad crítica y teórica: Apropiación y manejo pertinente y completo de las herramientas teóricas sin que ello signifique un desinterés por de las herramientas teóricas sin que ello signifique un desinterés por los espacios prácticos. Formación de profesionales que se conviertan en los espacios prácticos. Formación de profesionales que se conviertan en catalizadores y transformadores de los aspectos públicos. catalizadores y transformadores de los aspectos públicos.

-- Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales – CIDER.Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales – CIDER.-- Departamento de Ciencia Política.Departamento de Ciencia Política.-- Escuela de Gobierno Escuela de Gobierno ....-- Facultad de Administración.Facultad de Administración.-- Facultad de Economía.Facultad de Economía.-- Facultad de IngenieríaFacultad de Ingeniería

-- Contexto colombiano para el gobierno y las políticas públicas.Contexto colombiano para el gobierno y las políticas públicas.-- Descentralización y territorialidad.Descentralización y territorialidad.-- Ciudadanía, sociedad civil y participación.Ciudadanía, sociedad civil y participación.-- Conflicto armado, violencia y procesos de paz.Conflicto armado, violencia y procesos de paz.-- Ética de lo público.Ética de lo público.-- Derechos Humanos.Derechos Humanos.-- Globalización.Globalización.

Los estudiantes podrán elegir entre dos opciones de trabajo de grado, dependiendo de sus intereses y objetivos de carrera. La primera Los estudiantes podrán elegir entre dos opciones de trabajo de grado, dependiendo de sus intereses y objetivos de carrera. La primera consiste en una consultoría grupal para un cliente real alrededor de un problema relevante en el ámbito de lo público. Los clientes consiste en una consultoría grupal para un cliente real alrededor de un problema relevante en el ámbito de lo público. Los clientes pueden ser entidades del sector público, organizaciones no gubernamentales u organizaciones privadas que tengan relación o estén pueden ser entidades del sector público, organizaciones no gubernamentales u organizaciones privadas que tengan relación o estén involucradas con temas del ámbito público. La segunda opción está dirigida a aquellos estudiantes que estén interesados en hacer involucradas con temas del ámbito público. La segunda opción está dirigida a aquellos estudiantes que estén interesados en hacer

investigación, de manera que profundicen en un tema relevante de lo público y con posibilidad de impacto real. investigación, de manera que profundicen en un tema relevante de lo público y con posibilidad de impacto real.

Oscar Pardo Aragón (M.Sc. en Diplomacia y Relaciones Internacionales); Andrés Hernández (Ph.D. en Ciencias Políticas y de la Oscar Pardo Aragón (M.Sc. en Diplomacia y Relaciones Internacionales); Andrés Hernández (Ph.D. en Ciencias Políticas y de la Administración); Andrea Lampis* (Ph.D. en Políticas Sociales); Jaime Torres Melo* (Ph.D. en Gobierno); Arlene Tickner (Ph.D. en Administración); Andrea Lampis* (Ph.D. en Políticas Sociales); Jaime Torres Melo* (Ph.D. en Gobierno); Arlene Tickner (Ph.D. en Relaciones Internacionales); Ralf Leiteritz* (Ph.D. en Estudios de Desarrollo); Sandra Borda* (Ph.D. en Ciencia Política); Helena Relaciones Internacionales); Ralf Leiteritz* (Ph.D. en Estudios de Desarrollo); Sandra Borda* (Ph.D. en Ciencia Política); Helena Alviar (Ph.D. en Derecho); César Rodríguez (Ph.D. en Sociología); Adriana Camacho (Ph.D. en Economía); Ana María Ibáñez (Ph.D. Alviar (Ph.D. en Derecho); César Rodríguez (Ph.D. en Sociología); Adriana Camacho (Ph.D. en Economía); Ana María Ibáñez (Ph.D. en Economía Agrícola y Recursos Naturales); Christian Jaramillo (Ph.D. en Economía); Hernán Vallejo (Ph.D. en Economía); Juan en Economía Agrícola y Recursos Naturales); Christian Jaramillo (Ph.D. en Economía); Hernán Vallejo (Ph.D. en Economía); Juan Camilo Cárdenas (Ph.D. en Economía Ambiental y de Recursos); Juan Carlos Echeverry (Ph.D. en Economía); Marc Hofstetter (Ph.D. Camilo Cárdenas (Ph.D. en Economía Ambiental y de Recursos); Juan Carlos Echeverry (Ph.D. en Economía); Marc Hofstetter (Ph.D. en Economía); Raúl Castro (M.Sc. en Economía); Carlos Caballero Argáez (M.Sc. en Asuntos Públicos); Daniel Castellanos* (Ph.D. en Economía); Raúl Castro (M.Sc. en Economía); Carlos Caballero Argáez (M.Sc. en Asuntos Públicos); Daniel Castellanos* (Ph.D. en Economía); Sandra García (Ph.D. en Política Social); Ángela Inés Cadena (Ph.D. en Ciencias Económicas y Sociales); María Elsa en Economía); Sandra García (Ph.D. en Política Social); Ángela Inés Cadena (Ph.D. en Ciencias Económicas y Sociales); María Elsa Correal (Ph.D. en Estadística).Correal (Ph.D. en Estadística).

El egresado podrá desempeñarse en entidades públicas de cualquiera de los tres poderes (ejecutivo, legislativo o judicial); en El egresado podrá desempeñarse en entidades públicas de cualquiera de los tres poderes (ejecutivo, legislativo o judicial); en organizaciones mixtas, no-gubernamentales y privadas; en unidades de intersección con el sector público o en instituciones y áreas organizaciones mixtas, no-gubernamentales y privadas; en unidades de intersección con el sector público o en instituciones y áreas

con alta incidencia en lo público.con alta incidencia en lo público.

Perfil del egresadoPerfil del egresado

Los estudiantes recibiránLos estudiantes recibirán

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