1

RECADI, LA GRAN ESTAFA

Capítulo 1

El detonante

"Investigar sobrefacturación de Importaciones ordenó el Presidente Pérez", fue el titular principal de primera página con el que El Nacional abrió su edición correspondiente al viernes 24 de febrero de 1989.

Nunca imaginamos que nuestra exclusiva, confirmada a última hora del jueves 23, se convertiría en pocas semanas en el detonante que luego destapó el más grande escándalo de corrupción que haya sacudido a la opinión pública venezolana.

Como la noticia más importante de aquel día, reportamos que el Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, ordenó a los ministros de la Secretaría, Hacienda y Relaciones Interiores, "abrir una rápida, exhaustiva y determinante investigación sobre un posible fraude a la Nación, derivado de la sobrefacturación de importaciones con dólares preferenciales, autorizados por Recadi a varias empresas del sector privado durante 1988, y cuyo monto podía ascender a 2.500 ó 3.000 millones de dólares"

En fuentes confiables del ejecutivo se conoció que el trabajo indagatorio que coordinaron los titulares Reinaldo Figueredo Planchart, Eglée Iturbe de Blanco y Alejandro Izaguirre, se reforzaría con la intervención de la Contraloría General de la República, los Tribunales de Salvaguarda, la Policía Técnica Judicial y la Dirección de Inteligencia Militar.

La pesquisa solicitada por el Primer Magistrado fue consecuencia lógica de la cuantificación levantada por el Gobierno en materia de cartas de crédito pendientes, que hasta ese momento sumaban, por concepto de importaciones efectuadas en 1988, unos 6.800 millones de dólares.

"Al gobierno le está llamando poderosamente la atención que, si bien el presupuesto de divisas para las importaciones del sector privado en 1988, fue aprobado por un monto determinante de 6.500 millones de dólares, se conozca ahora -revelamos- que el ejecutado fue próximo a los 11.000 millones de dólares. Es decir, que se está contabilizando un saldo contra las reservas internacionales superior a los 3.000 millones de dólares, con respecto a lo inicialmente pautado para el último año del gobierno de Jaime Lusinchi"

En ese momento El Nacional obtuvo información confidencial en el sentido de que las averiguaciones se concentraron en tres frentes específicos: investigación inmediata de las últimas gestiones cumplidas por los más recientes directores de Recadi, Ana Teresa Herrera Balduz y Edgalia Bastardo de Leandro; la administración de divisas para el Puerto Libre de Margarita; y la actuación de las empresas verificadores internacionales: Caleb Brett, Bureau Veritas y Société Généralé Surveillance.

Ante el anuncio oficial de una inminente unificación cambiaria, el eventual reconocimiento de aquellas cartas de crédito vencidas sobre importaciones causadas y en tránsito, aperturadas en 1988 con dólares preferenciales a 14,50 bolívares, era el centro de la discusión económica entre el gobierno y los empresarios, en esos días de febrero de 1989.

El 11, precisamente, se instaló en Miraflores una comisión mixta, con la finalidad de estudiar paliativos ante la necesaria eliminación del cambio controlado de Bs. 14,50 para las importaciones. Ese punto detuvo los anuncios oficiales contenidos en el nuevo paquete de medidas económicas del reelecto Presidente Pérez y afectó las conversaciones iniciales con el Fondo Monetario Internacional.

Seis días más tarde, el viernes 17 de febrero, Pedro Tinoco, presidente del Banco Central de Venezuela, anunció en rueda de prensa que serían financiadas las cartas de crédito y que se aplicarían diversos mecanismos tanto para las generadas por importaciones que se encontraban en inventario como para las que ha habían sido consumidas por la población.

2

Ante este cuadro, la dirección del periódico solicitó a la Sección de Economía profundizar detalles en torno a la orden impartida por el Presidente. Así que el viernes 24 de febrero, pasamos prácticamente todo el día buscando información adicional. Al día siguiente, El Nacional insistió sobre el tema de la sobrefacturación y, nuevamente en primera página, se presentó el titular: "La policía sobre Recadi"

Básicamente, se divulgaron a los lectores las primeras cuatro denuncias en contra de la siempre cuestionada Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales. Señalamos que había indicios ciertos que indicaban que en 1988, efectivamente, se sobregiró el presupuesto de divisas correspondiente a ése año, bajo la administración de Edgalia Bastardo de Leandro, sin que ésta tuviera facultades legales para hacerlo; que la unidad dependiente de Hacienda fue policialmente intervenida desde diciembre de 1988; que las empresas verificadoras registraron un comportamiento antinacional, al margen de la Ley Orgánica de Aduanas, amparadas en la firma de contratos clandestinos; y que la ex-directora Edgalia Bastardo de Leandro, comenzó a ausentarse del despacho en las últimas semanas, al punto, que no le entregó el cargo formalmente a su sucesora, Eva Morales, designada por la Ministro Eglée Iturbe de Blanco, como liquidadora de Recadi.

Pero el mismo sábado 25 de febrero, junto a lo anterior, El Nacional también publicó una nota de corte policial, en la que se confirmó toda la información disponible hasta ese momento, es decir, que había sido reabierta una investigación, a cuyo frente estaban la Policía Técnica Judicial y la Dirección de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda.

Incluso, en esta misma edición se presentó el primer grupo de reacciones en torno a las denuncias tan graves que se comunicaron a la opinión pública. Como celebramos contactos con algunos de los directivos y gerentes de las compañías Caleb Brett, Bureau Veritas y Société Généralé Surveillance, difundimos su punto de vista: "Queremos ser investigados".

Hugo Mijares Flores, presidente de la Asociación Nacional de Agentes Aduanales (Asonaga), aparte de confiarnos un espectro amplio de documentos enviados por su gremio al Ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua, en 1986, insistió, tres años después, en que los contratos suscritos entre el despacho de las Finanzas Públicas y las empresas certificadores de precios, calidad y cantidad fueron firmados "de manera clandestina".

El ex-presidente de la Comisión de Contraloría de la Cámara de diputados, Paciano Padrón (Copei), declaró que "Recadi fue la fuente de corrupción más grande que tuvo la administración del ex-presidente Lusinchi. Millares de millones de dólares preferenciales fueron otorgados caprichosamente, atendiendo intereses de funcionarios o empresarios y a espaldas de la conveniencia nacional. Hace bien el Presidente Pérez al ordenar la investigación de este fraude que, por más de 3.000 millones de dólares, tiene su origen en la sobrefacturación de importaciones"

No obstante, el diputado copeyano alertó que era pertinente, junto a la oficial, abrir investigaciones paralelas en el Congreso, por intermedio de la Comisión de Contraloría, y por la vía judicial, porque "no puede dejarse la misma sólo en manos del Ejecutivo, pues ello sería como despacharse y darse el vuelto".

El ex-presidente Jaime Lusinchi, la tarde del mismo viernes 24 de febrero, hizo llegar un fax desde la célebre Ermita a las redacciones de los medios, de modo que el sábado 25 todos los periódicos recogieron sus primeras impresiones sobre el caso "Se ha llegado incluso a criticar por sí mismo el otorgamiento de conformidades de importación acordadas para garantizar el normal funcionamiento de la economía y se han manejado cifras que no se corresponden con la verdad. Confundiendo incluso lo solicitado con lo otorgado".

Agregó en la declaración escrita que "Ausente como está del país el ministro de Hacienda de mi gobierno, doctor Héctor Hurtado, me parece conveniente precisar yo que las conformidades de importación se acordaron muy por debajo de las solicitudes que hacía el sector privado, pidiendo una mayor cantidad de divisas para sus necesidades ordinarias; que todas ellas fueron publicadas en la prensa nacional como fue norma y que el Estado estableció un sistema mediante el cual firmas internacionales especializadas debían verificar precios, cantidades y calidad de las importaciones".

3

Por último, en su breve nota, el ex-mandatario planteó: "En consecuencia, responsablemente debemos decir, que cualquier otra conducta habría conducido a la paralización de la economía venezolana. No sin dejar de decir que soy el primer interesado en que se realicen todas las investigaciones necesarias para determinar si acaso hubo fraude de los importadores en la solicitud de las divisas, si hubo fraude de funcionarios públicos en el otorgamiento de las conformidades y si, como se ha afirmado, algunos importadores en complicidad con funcionarios del Estado y firmas verificadores, sobrefacturaron importaciones... Me atrevo a proponer que la Contraloría General de la República, organismo idóneo por todo respecto, instrumente los procedimientos indicados" .

Como en las denuncias e informaciones de El Nacional de los días 24 y 25 de febrero se señaló directamente a la última directora de Recadi del pasado gobierno, Egdalia Bastardo de Leandro realizó una rueda de prensa en su casa de Club Hípico, donde negó absolutamente todo lo escrito por nosotros.

-No estoy desaparecida. Estoy en mi casa y dispuesta a que hagan las investigaciones que quieran sobre mi gestión -dijo a Florencia Tovar, redactora de guardia ese fin de semana.

Desmintió que Recadi, posteriormente denominada Oficina General Sectorial de Divisas para la Importación, sobregiró el presupuesto de divisas correspondiente a 1988, que el despacho estuviera intervenido, y que hubiera sido removida del cargo.

No estuvimos de guardia ese fin de semana anterior a los graves sucesos que estallaron el lunes 27 de febrero. No obstante, fui localizado en Los Teques por el Jefe Encargado de garantizar las ediciones del domingo 26 de febrero y lunes siguiente, Amado Fuguet V., también responsable de la Sección de Economía de El Nacional, y nos trasladamos de urgencia a la sede del periódico.

Cuando llegamos a Caracas, nos enteramos de que Edgalia Bastardo de Leandro amenazó con emprender acciones legales en nuestra contra, frente a lo cual convinimos en hacer una reunión el lunes 27 de febrero -que nunca se pudo realizar por los sucesos que envolvieron el llamado Sacudón-, entre Amado Fuguet, Alvaro Benavides La Grecca, Jefe de Redacción, y este periodista, Sub-jefe de Información Económica, para fijar una nueva estrategia ante la actitud anunciada por la cuestionada ex-funcionaria.

De regreso a Los Teques, la tarde del domingo 26 de febrero, pensé y para ello trabajamos el resto del día -sin imaginar, por supuesto, lo que ocurriría a partir del lunes 27-, en la manera de profundizar, todavía más, las informaciones sobre el recién comenzado Caso Recadi.

A pesar de los cruentos sucesos de febrero de 1989, que demandaron un gran esfuerzo individual y colectivo a los periodistas de El Nacional, desde ese momento, hasta la Semana Santa siguiente, estuvimos realizando un trabajo de seguimiento, de contacto con ex-funcionarios de Recadi, ex-funcionarios de la recién finalizada administración Lusinchi, empresarios, políticos, funcionarios del gobierno y parlamentarios. Lo más importante que ocurrió fue que por todas partes comenzaron a aparecer documentos y datos, algunos confidenciales y otros no. Nos convencimos de que el hueso que teníamos en la mano, no se podía soltar bajo ningún respecto.

Los escritos, más una innumerable porción de testimonios claves y entrevistas confidenciales, sólo nos confirmaron los detalles que algunos venezolanos sabían, pero no se atrevieron a discutir públicamente.

Desde ese momento nos propusimos demostrar al país que el Régimen de Cambios Diferenciales implantado en Venezuela desde el 18 de febrero de 1983 hasta febrero de 1989, administrado por Recadi durante los gobiernos democráticos de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi -especialmente a lo largo de esta última administración-, fue un instrumento utilizado por funcionarios públicos, empresarios, políticos y particulares para traficar influencias, otorgar y recibir privilegios y ventajas económicas, evadir leyes y responsabilidades y lucrarse en grupo e individualmente, en detrimento de los intereses nacionales y de las mayorías populares.

4

Toda la suerte de desatinos cometidos en contra o desde la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, rebautizada más tarde como Oficina General Sectorial de Autorización de Divisas para la Importación del Ministerio de Hacienda, para acceder por la vía más fácil a los dólares baratos controlados por el Estado, acentuaron la corrupción administrativa y la crisis moral general del país, hechos estos fundamentalmente estimulados y protagonizados por las clases dirigentes.

La Gran Estafa cometida en este lapso de seis años se desarrolló, además, en el período más crítico que ha sufrido la economía y en el tiempo más calamitoso vivido por los venezolanos, desde el punto de vista de los sacrificios personales.

Ello, en el marco de una política obcecada y, tal vez, exageradamente inconveniente, de honrar los compromisos externos con la banca acreedora internacional, y en un contexto de acentuado deterioro del mercado petrolero mundial.

Esta mezcla antipatriótica de corrupción generalizada y degradante, de quiebra de valores, de políticas de desarrollo equivocadas, de agotamiento de las reservas internacionales, de colapso en las finanzas públicas y de todo tipo de distorsiones en la economía constituyeron, sin duda, algunos de los elementos que luego condicionaron la concepción y posterior aplicación del programa económico de ajustes del actual gobierno, cuyos efectos y consecuencias sufre la población desde hace ya un año.

Mientras nos organizábamos para cumplir con nuestro propósito, las secciones de Economía y de Política asumieron la responsabilidad, obvia, de darle seguimiento a las denuncias iniciales.

Así, se continuó con el trabajo de divulgar las reacciones. En la edición del lunes 27 de febrero, nuestros lectores, muy temprano por la mañana y antes de que comenzaran las revueltas de Guarenas, Los Teques, Caracas y del resto del país por el aumento en los precios de la gasolina y de las tarifas de transporte interurbano, convenidos con el Fondo Monetario Internacional, pudieron leer en la página D-2 la primera petición política de enjuiciar al ex-presidente Jaime Lusinchi.

José Vicente Rangel planteó que "la declaración del ex-presidente Jaime Lusinchi, quien admitió públicamente que la banca internacional lo engañó al no satisfacer las expectativas planteadas, debe ser el punto de partida para su enjuiciamiento. Es necesario determinar la verdad sobre este bochornoso proceso e investigar a todo el equipo económico negociador de la deuda externa, para establecer las responsabilidades, inclusive del propio Lusinchi" .

Por su parte, el también ex-mandatario Luis Herrera Campíns, a propósito del tema anterior, ripostó con uno de sus célebres refranes llaneros: "que tarde piaste pajarito" . Pero al abordar el caso Recadi, recién denunciado, precisó que "demando una investigación más exhaustiva, porque ahora el punto se plantea en un terreno más delicado" .

En esta misma edición del lunes 27 de febrero se publicaron dos información más, originadas en la Contraloría General de la República. Una, titulada "El Contralor advirtió falta de Control en Recadi " , basada en el informe correspondiente al año 1987, donde, en forma reiterada, hizo señalamientos sobre el mal funcionamiento de Recadi y precisó que se investigaban presuntos hechos irregulares en el otorgamiento de divisas preferenciales.

José Ramón Medina, por separado, reveló que "aún no hemos recibido oficialmente la solicitud de apoyo que requiere el Presidente de la República para investigar el organismo, pero adelantamos una investigación desde hace varios años que ha sido muy dificultosa de culminar, por cuanto Recadi resulta inauditable, debido al desorden que impera y que a todas luces parece deliberado" .

Aún con el torbellino y la velocidad de los acontecimientos acaecidos desde el lunes 27 de febrero afectándonos, por lo que todos veíamos en las calles de Caracas y por las noticias que llegaban desde el interior del país, el periódico siguió informando sobre el caso Recadi.

5

En la página D-15 del martes 28 de febrero, independientemente de los acontecimientos callejeros, se confiaron al lector unas declaraciones del dirigente accióndemocratista Antonio Ledezma: "Hay que aclarar las irregularidades en Recadi" . Argumentó que la Oficina "se convirtió en un tonel sin fondo, desde donde se cometieron hechos irregulares que ameritan ser esclarecidos" .

Después que se calmó El Sacudón y antes de que comenzara La Agenda Secreta, también se divulgaron más y nuevos hechos. Actuando de guardia de fin de semana, el sábado 18 de marzo realizamos una entrevista exclusiva a la Ministro de Hacienda, Eglée Iturbe de Blanco, quien había preferido hasta ese día no abordar el tema Recadi públicamente. Sin embargo nos informó que el despacho a su cargo estaba investigando 300 denuncias de corrupción en la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales por parte de empresas importadoras, conjuntamente con la Policía Técnica Judicial. Ella informó que esos 300 expedientes -algunos de los cuales tuvimos en nuestras manos tiempo después- no significaban un universo muy grande de particulares, en tanto que el registro de importadores en Venezuela sobrepasó las 14.000 firmas.

"En cuanto a las investigaciones sobre Recadi- nos precisó a una pregunta- quiero ser clara. No acepto, por definición, el cuestionamiento global de que las divisas se distribuyeron fundamentalmente por amiguismo, por favoritismo o cualquier otro criterio distinto al que estoy explicando y que era por cupos para cada empresa registrada en Hacienda y en el presupuesto de divisas. El sistema de cambios preferenciales, donde obtienes un producto que puedes incorporar a tu producción y vender con una sobreutilidad a precios del dólar libre o revenderlo, constituyó un incentivo muy grande para la corrupción. Era el propio sistema el que propiciaba esta situación. Por esto es que la unificación cambiaria tiene como uno de sus elementos importantes matar la discrecionalidad y te elimina un factor de distorsión moral en la sociedad venezolana..."

Dos días después de la entrega de nuestra entrevista con la nueva Ministro de Hacienda, quien a su vez fue Viceministro del mismo despacho en los meses finales del gobierno de Lusinchi, el diputado Douglas Dáger, estrenándose como presidente de la Comisión de Contraloría de la Cámara Baja, anunció oficialmente, el 20 de marzo, que el Congreso investigaría a Eglée Iturbe de Blanco, y a todos los funcionarios de la anterior administración que tuvieron que ver con la autorización y otorgamiento de los dólares preferenciales. Comenzó a negociarse en el Parlamento, por parte de las diversas fuerzas políticas, la integración de una sub-comisión que, inmediatamente, se convirtió en una supercomisión interpeladora con plenos poderes otorgados por la Cámara de Diputados.

El domingo 26 de marzo, el diputado por el Movimiento al Socialismo, Carlos Tablante, primer vicepresidente de la Cámara Baja y quien en poco plazo se convirtió en uno de los grandes protagonistas del caso, hizo su primera denuncia pública: "26 millones de dólares otorgó Recadi a empresas fantasmas" , reproducida por El Nacional en la D-1 de un domingo "calichoso" como lo fue el 27 de marzo de 1989.

Señaló directamente a las empresas Distribuidora Nueva Zelandia, C.A., Maquinarias Royal, C.A., Maquinarias Europa, C.A., Maquinarias Victoria y Maquinarias Onix, "todas pertenecientes a los ciudadanos chinos Ho Fuk Shum y Ho Fuk Wing, ambos con domicilio social falso y actividades comerciales totalmente desconocidas" . En la misma oportunidad se refirió a la sobrefacturación de importaciones de Manufacturas de Papel Manpa -caso que aclaró públicamente después, por haberse dejado engañar por unos abogados que quisieron aprovechar la confusión para cobrarle una cuenta pendiente a Manpa-, Xerox (cuyo expediente todavía conservamos en nuestro archivo) e Isanova S.A.

Los dos ciudadanos chinos fueron los primeros particulares denunciados en público por cualquiera de las instancias que investigaba, incluido El Nacional. Tiempo después el Juez Instructor Especial del Caso Recadi, el carismático Luis Guillermo La Riva, les dictó auto de detención y uno de los asiáticos, Ho Fuk Wing, fue apresado por un policía de tránsito en Valencia, cuando cometió infracción en un semáforo de la urbanización El Trigal. El agente -no recordamos su nombre- encabezó la Marcha de Los Pendejos, realizada en Caracas el 15 de Junio de 1989, inspirada en un concepto acuñado por Arturo Uslar Pietri en una entrevista que con respecto al desborde de la corrupción, concedió al programa Primer Plano moderado por Marcel Granier.

6

Carlos Tablante nos llamó por teléfono a El Nacional -primera vez que hablaba con él- y nos dio una cita en la sede de la Primera Vicepresidencia de la Cámara de Diputados. Por el hilo no quiso decirnos qué quería. Cuando llegamos al despacho, dos horas después, nos confió que se había equivocado con la empresa Manpa, y nos explicó la jugada del grupo de abogados. Finalmente, luego de revisar juntos los papeles disponibles, nos preguntó: ¿qué debo hacer?

-Decir la verdad -respondimos-. Me parece que si mencionaste a Manpa en una rueda de prensa, debes aclarar la situación de la empresa en otra rueda de prensa lo más pronto posible, conjuntamente con sus autoridades y hacer que la empresa admita también en público la situación creada por los abogados.

Así fue. Tablante, político hábil y de riesgos calculados, se reunió con la gente de Manpa, dio ruedas de prensa en Caracas y Maracay, buscó apoyo de los industriales de Aragua y salió airoso de su primera y única metida de pata.

La misma inquietud se la planteó telefónicamente, desde su recién adquirido (prestado) teléfono celular a José Vicente Rangel, la sombra asesora que acompañó a Carlos Tablante a lo largo de todo el proceso de investigación y denuncias.

El martes 28 de marzo, en una página antecedente de la Agenda Secreta, titulada El Escándalo Recadi, se dio cuenta en una información corta de que "el cogollito de Acción Democrática, reunido ayer en La Casona, decidió apoyar hasta sus últimas consecuencias las investigaciones que adelanta la Contraloría General de la República en torno a supuestos fraudes cometidos contra la Hacienda Pública, por la vía del otorgamiento discrecional de dólares preferenciales en Recadi" .

Al día siguiente del apoyo al que las circunstancias obligaron al partido de gobierno y al propio gobierno, como consecuencia del curso que tomaron los acontecimientos asociados a Recadi, especialmente los divulgados desde El Nacional, el Fiscal 61 del Ministerio Público, Ramón Iglesias, solicitó por intermedio de la PTJ la nómina completa de todos los empleados de la extinta Oficina y anunció que se habían comenzado a instruir los primeros nueve expedientes.

Aunque las primeras denuncias fueron divulgadas el viernes 24 y el sábado 25 de febrero, fue un mes más tarde, el viernes 31 de marzo de 1989, cuando se inició la serie La Agenda Secreta de Recadi, que duró sistemáticamente unos tres meses y, con el trabajo previo y posterior (desde febrero hasta diciembre de 1989), un lapso de diez meses.

El retorno a cero

Así como el contenido parcial de la ponencia condenatoria elaborada por Silvestre Ortiz Bucarán, presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda, se conoció desde unas dos semanas antes del miércoles 29 de noviembre de 1989, fecha en que se les dictaron autos de detención a los ex-ministros de Hacienda, Manuel Azpúrua Arreaza y Héctor Hurtado; de Cordiplan, Modesto Freites; de Fomento, Héctor Meneses; al ex-presidente del Banco Central de Venezuela, Mauricio García Araujo; al ex-presidente del Instituto de Comercio Exterior, Eduardo Mayobre; al ex-viceministro de Agricultura, José Azócar Aguilera; al ex-viceministro de Fomento, Francisco García Palacios; al ex-viceministro de Hacienda, Jorge García Duque; y la ex-directora de Recadi, Edgalia Bastardo de Leandro -todos miembros de la Comisión de Importaciones-, también ocurrió lo mismo con el espíritu relativo de la ponencia absolutoria preparada por el Magistrado Jesús Moreno Guacarán, integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Con la diferencia de que en el caso del escrito de Ortiz Bucarán, las filtraciones a la prensa no partieron del Presidente del Superior, sino de algunos allegados al Tribunal. En cambio, el mismo Moreno Guacarán dejó entrever a los periodistas, el jueves 15 de febrero de 1990, -cuando se inició la discusión del expediente de 104 páginas- que tenía "elaborada la ponencia en un determinado sentido y vamos a ver si tiene apoyo de la mayoría" .

7

A pesar de la discreción del Magistrado de la Corte y de la evasión para eludir "adelantar opinión" , en los días previos era dato atrasado que el dictamen estaba concebido para revocar los autos de detención contra los diez ex-funcionarios de la administración Lusinchi.

Algunos encontronazos políticos previos presagiaron y confirmaron varias veces la noticia, y el resultado absolutorio fue esperado por todos.

El también Magistrado de la Sala Penal Roberto Yépez Boscán, de tendencia socialcristiana, denunció el domingo 18 de febrero por El Nacional que sus colegas de Acción Democrática, Otto Marín Gómez, Jesús Moreno Guacarán y Cipriano Heredia Angulo, "no han ocultado la prisa con la que desean que el caso sea resuelto" .

-El proyecto de sentencia presentado por Moreno Guacarán -explicó Yépez Boscán- fue entregado a los jueces de la Sala Penal el pasado miércoles 14 de febrero, al mediodía, y el presidente de la Corte, Otto Marín Gómez, fijó su discusión para el día siguiente...

Hasta en el Estado Guárico sabían el contenido sentenciado por Jesús Moreno Guacarán. Rubén Souchet, Secretario Político del Comité Ejecutivo Seccional de AD en esa Entidad Federal anunció el mismo 18 de febrero, que un grupo de abogados guariqueños demandaría a Silvestre Ortiz Bucarán "por considerar que ha interferido la administración de justicia, tratando de dañar al Gobernador Electo, Modesto Freites" . Agregó que el presidente del Superior de Salvaguarda "actuó, desde un principio, como agente de un grupo dirigido por el Diputado Douglas Dáger y el Gobernador de Aragua, Carlos Tablante, y otros elementos perfectamente identificados" .

El cuadro descrito provocó que el Secretario General de Copei, Eduardo Fernández, desde el Pabellón Verde que se realizó ese día en Caracas, dijera en improvisada rueda de prensa, que las presiones sobre los jueces de Acción Democrática miembros de la Corte Suprema "eran censurables y tenían que ser investigadas" .

Desde el mismo evento aniversario de Copei, el Presidente de la Comisión Especial del Congreso, Douglas Dáger, precisó:

-Recadi amenaza con quedarse en el puro escándalo y los peces gordos impunes. Eso se sospecha de la mayoría conformada en la Sala Penal, para revocar los autos de detención, confirmándose así los temores de todo el pueblo de Venezuela en relación al triunfo de las fuerzas de la corrupción.

Todos los periódicos, en las ediciones del lunes 19 de febrero, insertaron notas de primera página, anunciando lo definitivo de la reunión de la Sala Penal de la Corte, convocada para las once de la mañana.

En efecto, luego de una tercera reunión, ese lunes la sala revocó los autos de detención previamente dictados por el Superior de Salvaguarda. El parte formal lo dio el presidente de la Corte, Otto Marín Gómez, acompañado por Jesús Moreno Guacarán y Cipriano Heredia Angulo. Yépez Boscán y el magistrado Gonzalo Rodríguez Corro, salvaron sus votos, por razones distintas.

-Nosotros tenemos -argumentó Marín Gómez- la obligación y así lo hacemos saber en esta decisión, de resolver con lo que está en los autos. Hay un párrafo muy importante que se agregó con motivo de la inquietud que tiene la opinión pública, que puede ser muy justificada, pero que no es quien tiene las atribuciones constitucionales y legales. Este párrafo especial dice que la terminación de la averiguación se refiere únicamente a los hechos por los cuales el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, decretó la detención de los mencionados ciudadanos y no ampara a ningún otro u otros hechos que tengan relación con las investigaciones en relación al otorgamiento, distribución y destino de las divisas bajo el Régimen de Cambios Diferenciales... Acuérdense que hay otras investigaciones en los Tribunales de Salvaguarda, incluso en el Superior se continúa investigando el otorgamiento de dólares...

El Presidente de la Corte Suprema siguió explicando la decisión:

8

-Hay dos votos salvados. Uno, del doctor Gonzalo Rodríguez Corro. Está de acuerdo con la revocatoria pero consideró, quizás atendiendo a la inquietud de la opinión pública, que debió haberse mantenido abierta la averiguación. Se le rebatió que por esos hechos, que están terminados, no se podía dejar abierta la averiguación, porque así lo decide la ley. Cuando se investigan unos hechos y se determina que no son punibles, no se pueden seguir investigando... El otro voto salvado es la justificación del doctor Roberto Yépez Boscán, quien dijo que se leyó la ponencia con mucho detenimiento, tanto que se reservó el fin de semana para hacerlo. Sin tener ninguna sospecha en cuanto al contenido de la misma y la traslación exacta a la ponencia de las actas del expediente, consideró que en un asunto donde la Sala Penal de la Corte está actuando como tribunal de segunda instancia, debió leerse el expediente. Como no ha tenido tiempo de hacerlo, salvó su voto también.

El ponente, Jesús Moreno Guacarán, justificó el dictamen con las siguientes palabras:

-Yo quiero apartar el elemento político de mis actuaciones como Magistrado. La ponencia es en base al estudio de los elementos que constan en autos y en base a la aplicación de los conocimientos que lógicamente debe tener un abogado de las ciencias del derecho. Nadie me ha presionado para hacer mi ponencia. Nadie se atreve a llamarme para presionarme y decirme cómo debo decidir en uno u otro sentido. Eso está erradicado en esta Corte y en mi caso.

Más adelante conceptualizó sobre el fondo del asunto:

- Cuando los hechos no revisten carácter penal, nosotros estamos en la obligación de declararlo... Nosotros hemos dicho que la conducta de los que integraron la Comisión de Importaciones, en el sentido de otorgar conformidades con los requisitos establecidos en las normativas jurídicas vigentes, no constituye delito, cuando se las otorga por encima del Presupuesto Nacional de Divisas, que es elaborado por el Banco Central de Venezuela. Y quien aprueba es el Ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros. El Presupuesto Nacional está en una Ley de la República y yo no quiero adelantar opinión. Ahora, el Presupuesto Nacional de Divisas está fundamentado en la Ley del Banco Central de Venezuela, pero no está contenido el Presupuesto de Divisas en una ley expresa.

Conocido el fallo, el Magistrado Gonzalo Rodríguez Corro declaró: "consideré justa la revocatoria de los autos por un lado, pero por el otro encuentro que es contrario a derecho la determinación de terminar la averiguación, por considerar que los hechos no revestían carácter penal. Aquí había hechos donde habían fundadas sospechas de que se cometieron acciones punibles en perjuicio del patrimonio público. Debió continuarse una averiguación que dejara clara la conducta de los presuntos indiciados, porque ésta no es que está justificada con la decisión, sino que no está clara" .

Mientras que Yépez Boscán insistió en su posición adelantada el fin de semana anterior: "Cuando la Corte Suprema de Justicia actúa como tribunal de alzada, debe hacerlo como cualquier Tribunal: remitirse al expediente. No puede uno decidir sólo en base a la ponencia, porque hay que tomar en cuenta el relativismo estimado de la prueba. Yo consideré que tenía que leer algunas actas del expediente y no pude hacerlo " .

El punto álgido de la ponencia determinó que "La Comisión de Importaciones, creada por decreto 1.546 del 6 de mayo de 1987, autorizó conformidades de importación para obtener divisas al tipo de cambio preferencial, por encima de lo estipulado en los respectivos Presupuestos de Divisas (experticia contable cursante en los folios 228 y 234 de la décima séptima pieza del expediente) y al actuar de esa manera no pudo incurrir en la comisión del delito de malversación específica pues, se repite, dicho presupuesto era una guía para orientar la atención que merecen los distintos mercados cambiarios, un instrumento de valor estratégico y de planificación, de carácter estimativo e indicativo, cuya ejecución no puede ser exigida dentro de los parámetros preestablecidos, porque desnaturalizaría el propósito y razón de su aprobación y existencia" .

Este punto fue rebatido, dentro de la ola de indignación nacional, por José Antonio Muci Rojas, quien en un artículo publicado por el Diario de Caracas el miércoles 21 de febrero, expuso:

9

- Se contradicen quienes afirman que el Presupuesto Nacional de Divisas es un instrumento de planificación del Estado, desposeído de carácter limitativo. Quienes han estudiado el proceso de planificación, saben que todo instrumento de planificación es, siempre, vinculante u obligatorio para el Estado, sujeto encargado de su ejecución. Este es el principio general, y el Presupuesto Nacional de divisas no constituye una excepción. El Presupuesto Nacional de Divisas es el resultado de un proceso lógico, cuyo objetivo fundamental es racionalizar el uso de un recurso limitado, como las divisas, a los fines de atender aquellas necesidades prioritarias, y lograr así las metas de desarrollo que el Estado se ha trazado... Es incontestable -escribió Muci Rojas-, por lo expuesto, la responsabilidad incurrida por los componentes de la Comisión de Importaciones, al exceder el Presupuesto Nacional de Divisas. ¡Lo demás son artilugios!

Después que el conocido alguacil Franklin, de la Corte Suprema de Justicia, llevó al Retén de El Junquito las boletas de excarcelación, salieron en libertad Modesto Freites, Gobernador electo de Guárico, y Eduardo Mayobre, los únicos señalados que se pusieron a derecho, mientras que los otros ocho, en su mayoría viajaron preferiblemente a Estados Unidos.

Por la tarde nos llamó Mauricio García Araujo, desde un móvil celular. Aunque en el caso Recadi tenemos opiniones divergentes, le oí decir por el teléfono que El Nacional, a pesar de todo, se había portado de manera ecuánime con él. Pero lo más importante que dijo fue que el Presidente del Banco Central de Venezuela, Pedro Tinoco -según García Araujo- le había ratificado por escrito el carácter indicativo del Presupuesto Nacional de Divisas, papel que fue determinante a favor de los argumentos de los abogados defensores.

Mayobre, presidente del Banco República, al salir en libertad expresó que "la decisión es en el sentido que esperábamos. Yo antes lo había dicho. La acusación estaba conceptualmente mal planteada, y no podía pensarse que existía delito. Creo que faltó diligencia de parte de los que investigaron" .

Por su parte, Freites Piñate destacó en su primer aire de libertad: "Creo que a pesar de que la Corte declaró que no tenemos responsabilidad en este caso, debió quedar muy deteriorada nuestra imagen ante la opinión pública" .

Sería muy largo enumerar todas las voces disidentes que se levantaron, en menos de una semana, contra lo resuelto por tres de los cinco Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Empero, veamos un corto resumen de los cuestionamientos más importantes: Eddo Polesel, Presidente de Fedecámaras: "fallo apresurado" ; el Diputado Paciano Padrón: "Otto Marín Gómez manipuló y presionó la decisión" ; Carlos Tablante, Gobernador de Aragua: "se cumplió la profecía de Pérez, delitos sin delincuentes" ; Freddy Muñoz, Secretario General del MAS: "un golpe a la democracia" ; el Fiscal Ramón Escobar Salom: "inadmisible que Recadi queda impune" ; Douglas Dáger, Presidente de la Comisión Especial del Congreso: "una emboscada contra la justicia" ; el Juez Instructor Luis Guillermo La Riva: "Perdí mi tiempo" ; Lolita Aniyar, Senadora del MAS: "la Corte ha consagrado la impunidad" ; Adelso González Urdaneta, Secretaria General del MEP: "La decisión fue presionada por el partido de gobierno" ; Luis Piñerúa Ordaz, miembro del CEN de AD: "Sería criminal no castigar a los culpables de Recadi" ; Rafael Caldera ex-presidente de la República: "Sentencia produce una gran preocupación" ; José Rafael Mendoza, Presidente del Consejo de la Judicatura: "El fallo afecta la moral del país" ; Abdón Vivas Terán., dirigente nacional de COPEI: "La decisión es un bochorno nacional" ; el Procurador, Juan José Rachadell: "La decisión sobre Recadi no es de impunidad total" ; Pablo Medina, Diputado de Causa R: "La Tribu de David (Morales Bello) orquestó el fallo de la Corte" ; Gonzalo Pérez Hernández, Diputado del Min: "Ex-funcionarios absueltos sí distrajeron fondos públicos"

Mientras creció la avalancha de opiniones inconformes, el Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, acompañó a Modesto Freites en su acto de juramentación como Gobernado de Guárico, el miércoles 21 de febrero.

El mismo día se nos pidió un editorial donde planteamos que "en apenas 24 horas, el caso más importante y complejo de corrupción administrativa ocurrido alguna vez en el país se redujo, en lo sustancial, a la detención de un ciudadano chino que ni siquiera sabe hablar español; a la de seis desconocidos que están presos por

10

emitir indebidamente documentos en varias aduanas, y al intento de suicidio de un ex-ministro... Ello significa que el Presupuesto Nacional de Divisas pudo ser una patente de corso para que se dilapidaran las reservas internacionales, y para que el desbordamiento en la asignación de dólares preferenciales desde Recadi y remesados por el Banco Central de Venezuela, alimentara la rapacidad de quienes sobrefacturaron importaciones en los últimos años" .

Al día siguiente, el Editor de El Nacional, Franklin Whaite, editorializó también. Escribió que "Sin ninguna tardanza -que no es habitual en ese cuerpo- la Corte Suprema procedió a dispensar de toda sospecha a los involucrados en la apreciación original del Tribunal de Salvaguarda. En la población, cuesta trabajo conseguir a alguien (no identificado políticamente con los sentenciadores), que acepte de buena manera el fallo de la Corte... La enorme mayoría del país venezolano... no siente en su corazón la palpitación de la verdad. Los disgustos y desconciertos se arremolinan en tensiones graves como las que preludian las explosiones sociales (que nadie desea)" .

Justo es resaltar a los pocos que se encargaron de defender la revocatoria dictada por la Corte Suprema. El primero fue el Secretario General de Acción Democrática, Humberto Celli. Con sobradas razones para hacerlo -entre ellas recuérdese que en el último CDN lo responsabilizaron de la derrota electoral del partido por dos razones: abstención y corrupción.

-Es evidente que había la intención de presionar a la Corte Suprema de Justicia para que retrasara su sentencia y, en el caso de que Modesto Freites no lograra su libertad, se tuviera que ir a un nuevo proceso electoral, tal y como lo establecen las normas del Consejo Supremo Electoral.

El punto trajo una reacción de Eduardo Fernández, secretario general de Copei. Respondió a Celli que su partido no presionaba a los Jueces.

El segundo en autodefenderse fue el propio Presidente de la Corte, Otto Marín Gómez, el 22 de febrero:

- Es necesario conocer de leyes, ser abogado - respondió al acoso periodístico en medio de un abucheo generalizado en las puertas del Congreso - para poder comprender el contenido de la sentencia, la cual se explica por sí sola... No hubo delito. La sentencia se explica por sí sola... La sentencia no tiene nada que ver con violencia y quienes andan en esa onda tendrían que responderle al país de sus incitaciones...

El 23 de febrero, el presidente electo del Congreso de la República, David Morales Bello, dijo: "Yo si creo que hubo corrupción en Recadi. Pero creo que es una desviación de la realidad armar este escándalo alrededor de la decisión de la Corte Suprema. ¿Quiénes son los beneficiarios de los dólares? -se preguntó él mismo-, los empresarios - se respondió."

Fue otro que tuvo razones importantes para defenderla porque en todos los "mentideros" tribunalicios se sabe que Otto Marín Gómez proviene del Bufete de David Morales Bello.

Gustavo Tarre Briceño, director de la fracción parlamentaria de Copei, propuso que el Magistrado debía renunciar, "debe hacerlo por dignidad" , dijo.

- La decisión de la Corte en el Caso Recadi confirma la tesis de Copei, de que ningún partido debe controlar los órganos jurisdiccionales - comentó el diputado Tarre.

El Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, declaró a los periodistas el 22 de febrero, esto:

- Hay que poner las cosas en su sitio, porque le hace mucho daño a la democracia que se ponga en tela de juicio y se maltraten instituciones de las cuales depende el Estado de Derecho en Venezuela.

El Presidente pareció recordar en esta frase otra dicha por él anteriormente: "el escándalo Recadi ha perjudicado a Venezuela en el campo financiero internacional" , cuando alguna vez criticó -indirectamente- el

11

despliegue dado por El Nacional a La Agenda Secreta de Recadi. También el Jefe del Estado aprovechó la coyuntura.

El Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, Presidente del MEP, apuntó que "...nada sabe de derecho Carlos Andrés Pérez. Considero como un principio extraño lo dicho por el Presidente, en cuanto a que no se deben criticar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia" .

El fallo de la Corte, además coincidió con una serie de protestas sociales en varias ciudades del interior del país y en Caracas, que se prolongaron unos tres días. La situación obligó al Ministro de la Defensa, Filmo López Uzcátegui, a precisar que "el país para salir de esta crisis lo que requiere es trabajo y estudio y no bochinches estudiantiles" .

Desde antes de que se conociera el dictamen, pensamos que una consecuencia lógica por producirse sería la renuncia del Presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda. No por presidente, sino por haber sido Silvestre Ortiz Bucarán el ponente que motivó los autos de detención revocados. El 22 de febrero declaró que "la lucha contra la corrupción es muy cuesta arriba en este país, porque estamos viviendo en una sociedad de cómplices que lo domina todo" .

- La lucha por la justicia- afirmó en su característico tono lacónico- forma parte de la lucha por una nueva sociedad. Acato la decisión como corresponde a un Tribunal de primera instancia. La palabra renuncia no existen en mi vocabulario...

El mismo día que la Sala Penal resolvió la preanunciada ponencia del Magistrado Jesús Moreno Guacarán, los abogados asesores del Movimiento al Socialismo, Humberto Mendoza D´Paola y Tomás Mejías, se reunieron con Silvestre Ortiz Bucarán. A ellos confió que no pensaba renunciar ("eso no tiene sentido todavía" ).

- De aquí no saldrá una sola absolución sin mi voto salvado- habría confiado a los abogados del MAS.

¿Estaría pensando en la posible absolución derivada de un caso todavía no decidido hasta la salida de esta publicación, el de Blanca Ibáñez? La decisión de la Corte Suprema de Justicia, en apenas 24 horas y luego de un año de diversas investigaciones, colocó el escándalo Recadi, prácticamente, en cero otra vez.

Capítulo 2

Los antecedentes

A comienzos de febrero de 1988, exactamente el 11 de ese mes, en una reunión rutinaria a la que asistieron el Editor de El Nacional, el Jefe de Redacción, y los Jefes y Sub-jefes de Información de todas las áreas del periódico, se solicitó a la de Economía que prepara una página especial con motivo de cumplirse el jueves 18 de febrero cinco años del Viernes Negro.

De inmediato se hizo un esquema de trabajo, se ordenó el archivo de la redacción y asumimos la parte histórica, mientras que Amado Fuguet V., Jefe de Economía, se encargó de recopilar todo lo ocurrido en los cinco años siguientes al 18 de febrero de 1983, es decir durante el gobierno de Jaime Lusinchi, en materia de política, medidas económicas y análisis de la situación que en ese ámbito heredaría a fines del mismo año quien resultara electo Presidente de la República.

El 18 de febrero de 1988 se publicaron dos escritos extensos: el de Fuguet, denominado " La crisis está viva" , y el nuestro, titulado " Fuga de 20.236 millones de dólares precedió al Viernes Negro" .

Nos tocó, cinco años después, volver a conversar con el carismático ex-presidente del Banco Central de Venezuela, Leopoldo Díaz Bruzual, y con el no menos explosivo ex-ministro de Hacienda de Luis Herrera Campíns, Arturo Sosa. Los tres, sin duda, fueron los más importantes protagonistas de las medidas y hechos económicos ocurridos entre el 18 de febrero y el 15 de septiembre de 1983.

12

Para el 18 de febrero, último día hábil de libre convertibilidad del bolívar frente al dólar norteamericano, los egresos directos de divisas al exterior alcanzaron la astronómica suma de 22.695 millones de dólares -según las cifras suministradas por Sosa-, a propósito de la actualización del tema que se nos encomendó acometer.

De esta cifra, 2.459 millones de dólares se correspondieron con obligaciones del Banco Central de Venezuela, mientras que los otros 20.236 millones de dólares se " fugaron" producto de operaciones realizadas por particulares, en los tres meses precedentes.

Solamente en diciembre de 1982, los pagos de divisas del Instituto Emisor marcaron 1.025 millones de dólares; pero las ventas a particulares, por intermedio de la banca, sumaron 8.198 millones de dólares, para un total, ese mes, de 9.213 millones de dólares.

Ya en enero de 1983, el BCV disminuyó sus egresos directos a 731 millones de dólares, en tanto que desde la banca comercial se registraron operaciones de venta de divisas al exterior por 6.733 millones de dólares. La salida totalizó 7.464 millones de dólares ese mes.

En febrero, el mes crítico, las transferencias directas del Banco Central volvieron a disminuir a 703 millones de dólares, mientras que las colocaciones de particulares se redujeron a un nivel no menos preocupante de 5.315 millones de dólares, para un total este otro mes de 6.018 millones de dólares.

La salida de divisas adquirió un promedio de venta diaria de unos 200 millones de dólares y, específicamente, el Viernes Negro, 18 de febrero, de 160 millones de dólares.

Ya el daño estaba hecho. El anterior cuadro de cifras se cruzó con otros elementos importantes del contexto internacional que evidenciaron de una manera brutal los llamados desequilibrios estructurales " encubiertos" de la economía venezolana.

El liderazgo de nuestro país en el seno de la OPEP se vino a menos en las reuniones celebradas en enero anterior en Viena y Ginebra, donde no se pudo concertar una estrategia de defensa de los niveles de precio y producción, frente a la acción de acumular inventarios en los países industrializados.

Por otra parte, el caso México, nación que había iniciado el camino de las devaluaciones sucesivas hasta llegar al punto de declararse insolvente ante la banca acreedora internacional, fue el detonante que puso sobre el tapete la magnitud del endeudamiento externo del Tercer Mundo, especialmente de Latinoamérica.

La misma banca acreedora, en los meses previos, había solicitado al gobierno de Luis Herrera Campíns, el pago inmediato de unos 13.000 millones de dólares en créditos con vencimiento en el corto plazo, para lo cual las autoridades monetarias y financieras del momento negociaban la obtención de un crédito " superjumbo" de 2.500 millones de dólares, para empezar a enfrentar el problema. Pero la situación era demasiado dramática.

Corría el último año de gobierno de Herrera Campíns. Las elecciones nacionales que luego ganó Jaime Lusinchi estaban encima. Leopoldo Díaz Bruzual y Arturo Sosa protagonizaban, como presidente del BCV y por segunda vez Ministro de Hacienda, respectivamente, uno de los enfrentamientos más notorios de la historia monetaria, financiera y económica del país, sobre la manera de enfrentar la crisis.

Cinco años después del Viernes Negro, Arturo Sosa accedió a conversar con El Nacional, respecto a lo planteado.

- Cuando regresé al Ministerio de Hacienda - recordó en esos días- había tres problemas clave: 1) una reducción sustancial en los precios del petróleo de 38 dólares el barril a 28 dólares el barril, con tendencia a seguir bajando; 2) recién se fracasaba en la obtención de un crédito " superjumbo" por 2.500 millones de dólares solicitado a un supersindicato con el que se pretendía pagar parte de la deuda externa a corto plazo (comenzando a gestionar por Luis Ugueto); 3) en diciembre de 1982 ya la fuga de capitales marcaba un nivel de 9.213 millones de dólares mensuales.

13

Explicó Sosa en esta oportunidad que ya a fines de enero de 1983, le había sugerido al Presidente Herrera Campíns, implantar alguna fórmula de control cambiario. " Fue en La Casona - recordó -, con la gente de Cordiplan y del Banco Central" .

- Luis Herrera de inmediato mostró su absoluto rechazo a la idea, el Búfalo mostró reservas y, en aquel momento, no insistí más sobre el asunto. Díaz Bruzual y yo viajamos juntos a Estados Unidos y yo luego a Europa, a decirle a la banca que íbamos a reestructurar la deuda externa, por la baja de los ingresos y las reservas en divisas. El 16 de febrero de 1983 me llamó el Presidente y regresé. La salida de dólares continuaba. El sábado 19 de febrero me reuní todo el día con Díaz Bruzual y por la noche fuimos a La Casona con dos tipos de soluciones: la mía y la de él" .

Sosa dijo que era partidario de un sistema de control de cambios diferenciales que " repitiera la experiencia de los años sesenta, cuando se autorizaron dólares preferenciales para la deuda externa pública y privada, importaciones esenciales, y servicios de los poderes en el exterior; y otro esquema paralelo libre, para lo suntuario y particulares" .

- La otra fórmula fue la planteada por el Presidente del Banco Central de Venezuela. Consistía en una devaluación lineal que yo consideré insuficiente, porque no detenía la salida hemorrágica de los dólares y buscaba restablecer la paridad cambiaria entre 6,50 y 8 bolívares por dólar en el país. Mientras tanto se suspendieron las operaciones de compra y venta de divisas en dos oportunidades y por espacio de una semana, para buscar un acuerdo final.

Igualmente El Nacional entrevistó al ex-presidente del Banco Central de Venezuela, Leopoldo Díaz Bruzual, para reactualizar, cinco años después, su análisis.

- Fueron tres las causas sumadas que provocaron esa situación en febrero de 1983: la sobrevaluación del bolívar frente al dólar norteamericano en el orden de 35 por ciento; el cobro abusivo de 13.000 millones de dólares de deuda ilegal externa por parte de la banca acreedora; y la caída de los precios de nuestro petróleo de 32 dólares el barril a 25 dólares el barril. Esto, como usted comprenderá, hacía imposible mantener un tipo de cambio a 4,30 bolívares por dólar y la libertad cambiaria en Venezuela.

Reiteró Díaz Bruzual que en febrero de 1983 le planteó al presidente Herrera Campíns una devaluación lineal, un tipo de cambio único de 6,50 bolívares por dólar, más un régimen de control de cambios flexible, que asegurara el abastecimiento al consumo e industria del país.

- Sin embargo, debido a múltiples presiones hechas sobre el gobierno de Herrera, provenientes del propio partido de gobierno (Copei), de las más diversas fuerzas económicas interesadas en sostener un dólar privilegiado a 4,30 bolívares, del partido Acción Democrática en la oposición; el lunes 28 de febrero, luego del cierre del mercado cambiario, se adoptó un sistema -aclara que no fue un control-, al cual me opuse rotundamente, porque incorporaba mayores distorsiones a la economía nacional.

Al ministro de Hacienda, Arturo Sosa, lo acompañaron en su enfoque, Hermann Luis Soriano (FIV), Maritza Izaguirre (Cordiplan), Nidia Villegas (Agricultura y Cría), Humberto Calderón Berti (Energía) y, al final, Enrique Porras Omaña (Fomento). Mientras que a Díaz Bruzual lo apoyaron, primero Porras Omaña, y en las últimas de cambio sólo contaba con los técnicos del Instituto Emisor, Oswaldo Padrón Amaré y Francisco Faraco.

Mientras a la luz pública todo el mundo supuso que el enfrentamiento era protagonizado fundamentalmente por Arturo Sosa y Leopoldo Díaz Bruzual, lo cierto fue que el peso técnico de las propuestas recayó sobre Hermann Luis Soriano, Ministro de Estado Presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela, escogido por Sosa por ser muy cercano al Presidente Herrera (había sido Viceministro y Ministro encargado de la Secretaría de la Presidencia); y Omar Bello, uno de los hombres más capacitados del Banco Central de Venezuela, a quien El Búfalo le entregó la responsabilidad de armar la contrapropuesta.

14

- El lunes 28 de febrero -refresca su memora Arturo Sosa- el presidente Luis Herrera Campíns escuchó de nuevo las dos tesis, y finalmente, en Miraflores, sobre la madrugada, se decide la solución que yo sostuve y sobre ella se legisló. La validez del enfoque hoy queda demostrada en que, a pesar de un cambio de gobierno (de Lusinchi) y de un cambio en el partido de gobierno (Acción Democrática), en el fondo se sigue haciendo lo mismo. Se han cambiado las paridades por devaluación, ciertamente, pero en el fondo se trata del mismo enfoque cambiario. Sigue funcionando.

El ex-ministro de Hacienda señaló que todos los esfuerzos anteriores de restringir las importaciones excesivas y los aranceles fracasaron, " porque no se podía competir con ese pequeño monstruo llamado 4,30" .

- Cinco años después -comentó el actual presidente de Finalven- se ha creado una producción interna importante en varias ramas como la industria, la agrícola y los servicios. Ya no existe la euforia saudita de los dólares petroleros baratos y ya no existe la actitud colectiva de estar importando chucherías. El ajuste fue difícil. Por eso pienso que lo de Viernes Negro, especialmente lo de negro, pronto cambiará por otra denominación.

Un comentario final de Arturo Sosa, cinco años después, fue que el reconocimiento al pago de las acreencias de los deudores privados con dólares a 4,30 bolívares fue un acto de justicia. " Lo contrario hubiera significado una mera confiscación de activos" .

Por su parte, Leopoldo Díaz Bruzual, también cinco años después, dijo que " ese Viernes Negro para mi no existe, porque más bien el lunes 28 de febrero, lejos de ser negro, fue un lunes esclarecedor: se pusieron de manifiesto todas las fallas estructurales de la economía venezolana" .

- De más está decir que el tiempo me ha dado la razón -agregó en tono envolvente-. A partir de febrero de 1984, con el nuevo gobierno de Lusinchi, los entuertos de la economía se han agravado todavía más. De Allí el dicho enteramente popular que corre por todas las ciudades de Venezuela " El Búfalo tenía razón" .

Díaz Bruzual todavía piensa que fue un exabrupto reconocer el registro y posterior intención de pago con dólares preferenciales a la deuda externa privada. " El decreto del 15 de septiembre de 1988 autorizaba el registro de estas acreencias y estableció una posibilidad de pago. Durante el gobierno de Luis Herrera no pagué un solo dólar a 4,30 para la deuda privada externa. Eso sí es verdad que lo hizo el gobierno de Jaime Lusinchi. Desde allí sí se pagaron dólares a 4,30" .

- Desafortunadamente- escribió más tarde El Búfalo en su texto Crisis y Recuperación - mi tesis no fue la que triunfó, sino la del Ministerio de Hacienda, el que, más preocupado por las repercusiones de la devaluación sobre el nivel del endeudamiento externo privado, que por el reequilibrio de las cuentas externas de la Nación y la estabilidad futura del bolívar, propuso e hizo aprobar un régimen (cambiario) con cuatro tipos de cambio: 4,30 para la mayor parte de las importaciones de bienes y servicios, la deuda externa pública y los intereses de la deuda privada, así como las remesas para estudiantes en el exterior; otro de 6,00 bolívares por dólar, para los bienes y servicios considerados como no esenciales (de lista muy reducida por cierto); uno más -de hecho, pues no estaba contemplado en las disposiciones legales- de 9 bolívares por dólar, para las ventas efectuadas por el BCV - !Oh absurdo¡- por debajo del precio del mercado libre, y el tipo del mercado libre.

Breve historia del control de cambio en Venezela

Carlos Rafael Silva, economista y ex-presidente del Banco Central de Venezuela, en un análisis titulado " Desenvolvimiento de la economía en el Siglo XX" , incluido en la edición " Venezuela moderna: medio siglo de historia 1926-1976" , comenta el desarrollo de la actividad cambiaria en el país hasta antes del Viernes Negro.

El experto financiero refiere que " uno de los sectores donde con mayor intensidad se pudo de manifiesto la discrepancia creada por el sector petrolero respecto al agropecuario tradicional fue el cambiario. Prácticamente desde que comenzó la explotación de hidrocarburos en el país se perfilaron dos sectores bien definidos que la literatura económica ha denominado ‘sector petrolero’ y ‘resto de la economía’" .

15

El sector petrolero -deja entrever Silva- se caracteriza por ser altamente técnico, muy productivo y rentable, con mercados exteriores estables, genera poca mano de obra y su control productivo es monopólico. Caso contrario, el de la agricultura, pues esta es rudimentaria, tiene mercados volubles, ocupa gran cantidad de pobladores y compite con productos provenientes de países con monedas devaluadas.

" Esto dificultó - agrega Carlos Rafael Silva- establecer un tipo de cambio uniforme para ambos sectores y obligó a buscar soluciones específicas, entre ellas el régimen de cambios diferenciales que, con ligeras alteraciones, permaneció vigente en el país por más de 35 años, desde 1940 hasta mediados de 1976, cuando se eliminó el dólar petrolero y se implantó una virtual unificación cambiaria" .

Silva clarifica que para que Venezuela tuviera un buen índice de rendimiento fiscal y en su balanza de pagos y para que la nación pudiera tener una mejor y mayor participación en el negocio petrolero, antes de la nacionalización, era " conveniente que el tipo de cambio del bolívar respecto al dólar se ajustase lo más posible a la paridad de entonces -3,06 bolívares por dólar- pues de ese modo las empresas petroleras tendrían que ofrecer una mayor cantidad de divisas a cambio de los bolívares que necesitaban para cancelar en Venezuela sus obligaciones con el Fisco, el pago de su personal y la adquisición de bienes de la más variada naturaleza" .

El dilema cambiario consistió hasta pasado el año 1935, en que las exportaciones no tradicionales, fundamentalmente agropecuarias, no recibían igual valor en divisas al cambio que el negocio petrolero.

En 1934 el Estado firmó con las empresas petroleras transnacionales el " Convenio Tinoco" , " según el cual -escribe Silva- el Ejecutivo Nacional adquiere los dólares vendidos por las compañías petroleras al tipo de 3,90 bolívares por dólar, siempre que las divisas provenientes de la exportación de café y cacao, más las aportadas por las citadas empresas, no excedieran la demanda de cambio extranjero existente en el mercado" .

Hacia 1936 cambió el esquema anterior y por vez primera el Estado venezolano participó en un régimen de pago de primas a las exportaciones con productos agrícolas. Un año más tarde, se creó la Oficina Nacional de Centralización de Cambios, donde se compraban y se vendían las divisas y demás exportaciones.

Con la fundación del Banco Central de Venezuela, en 1940, paralelamente se instauró en el país el patrón de cambios diferenciales, casi de manera permanente hasta 1976.

" Este mecanismo -recuerda Carlos Rafael Silva- fue sugerido por Hermann Max, economista alemán contratado para realizar algunos estudios relacionados con la organización del Instituto recién creado. Max compartió la tesis de que Venezuela no tenía una economía homogénea... juzgó que la política monetaria y cambiaria para ambos sectores -petrolero y agropecuario- no podía ser la misma, razón por la cual recomendó el establecimiento de un régimen de cambios diferenciales, que siguiera patrones similares a otros ya aplicados en Europa" .

Una vez las cosas así, en 1941, el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo eliminaron el sistema de pagos de primas a las exportaciones y se fijó el siguiente esquema de cambios múltiples: 3,09 bolívares por dólar para las compras a las empresas petroleras; 4,30 y 4,60 bolívares por dólar para las divisas agropecuarias (dependiendo del rubro); 3,355 bolívares por dólar para la venta de divisas del Banco Central de Venezuela a la banca; y 3,35 bolívares para la venta de dólares de la banca al público usuario.

Hasta 1960, " con muy pocas modificaciones" , permaneció incólume el anterior cuadro cambiario. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Venezuela ingresó al Fondo Monetario Internacional (FMI) y durante muchos años tuvo que pedir prórrogas de entendimiento a sus sistema cambiario, pues el organismo internacional era partidiario del cambio único y contrario a las " prácticas monetarias múltiples" , según lo refiere Carlos Rafael Silva.

16

De 1965 en adelante comenzó en Venezuela el proceso de reunificación de la paridad cambiaria, el cual culminó en 1976, a propósito de la nacionalización y la desaparición del dólar petrolero. Surgió, entonces, el tipo único 4,30 bolívares que, luego, colapsó el Viernes Negro.

Volvamos a RECADI

A propósito de la sobrevaluación del bolívar frente al dólar norteamericano, del colapso de los precios petroleros, de la crisis de la deuda externa y de la fuga masiva de capitales, como ya sabemos, triunfó en el Consejo de Ministros celebrado en Miraflores la madrugada del lunes 28 de febrero de 1983 la tesis defendida por el Ministro de Hacienda, Arturo Sosa.

Ese día Venezuela amaneció con un régimen que rompió con la tradición última de libre convertibilidad de la moneda. En uno de los decretos ejecutivos dictados antes del amanecer, se instruyó la creación de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, Recadi, para que administrara las acreencias externas de la República y del sector privado. Se legisló sobre las remesas del sector público y de los poderes del Estado al exterior así como remesas a estudiantes y se congelaron los precios. Los integrantes de la Sección de Economía de El Nacional, no pudimos abandonar las instalaciones del rotativo hasta pasadas las tres y media de la madrugada, hora a la cual terminamos de redactar lo concerniente a la nueva estructura cambiaria y los términos de una rueda de prensa ofrecida en Miraflores por el Ministro de Hacienda.

Se corrió la bola de que Díaz Bruzual había renunciado, pero fue falso. Estaba " más caliente que plancha de chino" en la sala de reuniones del directorio del Banco Central, esperando que los ministros del gabinete económico llegaran para firmar los primeros convenios cambiarios entre el Ejecutivo y la autoridad monetaria.

Así llegamos, un año después, al 2 de febrero de 1984. Desde que se creó hasta esta fecha (un año), la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales se vio acosada, interna y externamente, por las más variadas formas de ejercer el delito y la corrupción para acceder a los dólares baratos controlados por el sector oficial.

Durante ese año, El Nacional publicó 68 noticias e informaciones que dieron cuenta de los abusos y arbitrariedades que sobre el nuevo sistema cambiario se estaban desarrollando. Muchas de éstas fueron redactadas por nosotros, puesto que nos correspondió la cobertura informativa de la oficina desde que se creó.

El 2 de febrero de 1984, día de la transmisión de mando entre el gobernante saliente Luis Herrera Campíns, y el entrante Jaime Lusinchi, el diario publicó dos noticias vitales respecto de Recadi.

En una nota escrita por nosotros, abriendo la página D-7, titulamos: " En 6 meses el Banco Central absorberá gran parte de las Funciones de Recadi" .

Conseguimos un informe, de manera exclusiva, elaborado por Guillermo Pimentel (personaje sobre el cual regresaremos más adelante) para Reinaldo Leandro Mora, presidente de las comisiones de enlace del partido gobernante Acción Democrática, donde se afirmó que " en un plazo no mayor de seis meses el gobierno entrante procederá a reestructurar en forma íntegra la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, reduciendo al mínimo indispensable sus actuales atribuciones" .

Agregó el papel, entregado a mí por el propio Pimentel, en su oficina que quedaba en la sede principal del después intervenido Banco de Comercio, que " dentro del redimensionamiento planteado, el Banco Central de Venezuela, máxima autoridad monetaria del país, absorberá el grueso de las que, en materia de política, se derivan del régimen de control de cambios implantado por el Ejecutivo el 28 de febrero de 1983; conjuntamente con la formulación y administración del presupuesto nacional de divisas" .

Según el estudio elaborado por la comisión de enlace, curiosamente integrada solamente por Guillermo Pimentel -que supiéramos él era el único que acudía rutinariamente a reunirse con el primer director formal de Recadi, Miguel Rodríguez Molina-, " se define a Recadi, en los actuales momentos, como un despacho de

17

programación cuya estructura administrativa interna arroja una dirección general, dos direcciones sectoriales y tres dependencias adscritas al director general" .

Adicionalmente, informamos que " el nuevo gobierno reconoce que, desde un punto de vista formal, deberán formularse las recomendaciones finales y sugerencias acordes, para preservar todos los frentes de actuación de Recadi, mientras se procede al futuro reparto de funciones con el Banco Central de Venezuela" .

Previamente, en La Ermita, la tarde del 5 de diciembre de 1983, apenas a dos días del triunfo electoral de Jaime Lusinchi contra Rafael Caldera, nos reunimos con José Ignacio Casal, asesor para las políticas económicas a desarrollarse durante el quinquenio 1984-1989. Casal nos declaró que la adscripción definitiva de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales al Instituto Emisor era " una decisión irreversible del presidente Lusinchi. Lo que está planteado es adscribir toda la problemática cambiaria donde debe estar y, de seguir funcionando Recadi, estará adscrita al Banco Central de Venezuela" .

Comentamos en esa oportunidad que " la idea que en torno a la administración del Régimen de Cambios Diferenciales maneja el equipo de asesores económicos que rodea a Lusinchi, contrasta con la expresada, apenas unos días antes, por Miguel Rodríguez Molina, actual director de Recadi, quien sugirió al nuevo gobierno que la misma debería seguir bajo la adscripción del Ministerio de Hacienda, ya que el volumen de divisas que hoy se maneja es mayor al que se controló desde el Banco Central de Venezuela en el período 1960-1964" .

La otra información aparecida el 2 de febrero en El Nacional, estaba totalmente alejada del campo político y económico. En la página D-20 se recogieron otras declaraciones donde el director de Recadi, Miguel Rodríguez Molina, denunció que un empresario le había falsificado la firma, buscando que le reconocieran su deuda externa privada" .

En realidad, la Oficina no estaba viviendo su mejor momento. En los días precedentes el propio Rodríguez Molina había resuelto intervenir la Dirección de Operaciones " hasta saber qué es lo que está sucediendo" . Por otra parte, la Disip efectuó varios allanamientos que afectaron, incluso, hasta el personal de relaciones públicas y prensa. Este, entre otros muchos casos de corrupción administrativa, duró varias semanas más allá de la transmisión de mando, y dio como resultado que la Juez XIII Penal y de Salvaguarda, Morita Hernández (la La Riva de la época) dictara el 14 de febrero de 1984 doce autos de detención contra los funcionarios: Pedro Rafael Molina, Ada Marubo Planeta, Jean Carlos Ríos González, Daniel Benito Scalera Cabrera, José Novoa, Francisco Antonio Cariol, Roque Vicente Rojas, José López, Arando Herrera, Ricardo Mora, Orlando Rojas, Oscar Escalante, Juan Rosas, José Sagarmundi, Xiomara Antonetti y Carmen Alicia Morales.

De estos doce, diez autos fueron confirmados por el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público el 27 de julio de 1984.

El mismo día que conseguimos el llamado " Informe Pimentel" , comentado antes, nos llamó telefónicamente el director de Recadi, Miguel Rodríguez Molina, para confirmarnos (confidencialmente) que su sustituto al frente de la oficina sería Francisco Maldonado Cisneros, quien se venía desempeñando como Director de Deuda Externa, y a quien habíamos visto ya en algunas oportunidades. Esta otra información la reflejó también El Nacional en la primera página del 2 de febrero de 1984.

La unificación mató a RECADI

En setiembre de 1988, la jefatura y subjefatura de la Sección de Economía de El Nacional resolvieron hacer dos foros: uno al coordinador y secretario ejecutivo de la Comisión nacional del Programa de Gobierno de Carlos Andrés Pérez, Miguel Rodríguez Mendoza (no el de Cordiplan); y otro, al coordinador del Programa Económico de El Tigre Eduardo Fernández, José Ignacio Moreno León.

18

Nos correspondió conversar con Rodríguez Mendoza el 14 de septiembre. Sobre Recadi, dijo " que la oficina se convirtió en una distorsión más de la economía, porque se desnaturalizó la acción cambiaria en un sistema discrecional" . Moreno León, por su parte, planteó que necesariamente el Banco Central de Venezuela -de ganar Eduardo Fernández- sustituiría a la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, puesto que " Recadi no significa otra cosa que la distribución arbitraria de dólares que tenemos actualmente, y ha generado una de las fuentes más escandalosas de corrupción" .

Ambos partidos con verdadero chance para ganar las elecciones del 3 de diciembre de 1988, estaban claros en cuanto al papel que jugó Recadi, en especial en los años 1987 y 1988, como instrumento de represión contra todos aquellos que " por fa o por re" estuvieron en desacuerdo con la administración Lusinchi.

Pero a la vez los candidatos, Carlos Andrés Pérez (AD) y Eduardo Fernández (COPEI) se sintieron tranquilos, porque con la unificación cambiaria se les quitaría el dolor de cabeza de los dólares preferenciales.

Malas políticas y excesos presupuestarios

El Viernes 20 de octubre de 1989 llamamos por teléfono al Diputado Douglas Dáger, presidente de la Comisión Especial designada por la Cámara Baja para investigar las irregularidades cometidas en contra o desde Recadi, durante el gobierno de Jaime Lusinchi.

Teníamos conocimiento de que el informe del grupo de trabajo apoyado con los recursos de la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados estaba casi listo. Una vez en la oficina del Diputado copeyano, nos percatamos que nuestro dato era correcto. Junto con él estaban el Diputado Roseliano Ojeda, coordinador de la comisión técnica de apoyo que indagó los archivos de Recadi, y el Comisario General Víctor Rivera, asesor de Dáger e instructor de muchas de las denuncias formuladas por Carlos Tablante y por el propio presidente de la Comisión de Contraloría.

Estaba lista la parte general del informe preliminar, la cual pudimos obtener de inmediato y divulgar en la edición del sábado 21 de octubre. Nos empeñamos en conseguir este material porque el caso Recadi estaba moribundo, en tanto que muchas de sus piezas judiciales básicas habían sido cerradas por el Tribunal Superior de Salvaguarda. Ello significaba que varias de las decisiones tomadas por el Juez Instructor Especial, Luis Guillermo La Riva, habían sido revocadas.

Sin entrar en las conclusiones fundamentales del papel de trabajo elaborado por Douglas Dáger, es oportuno tomar de allí los aspectos centrales de lo que fue la política económica del gobierno de Jaime Lusinchi, para poder determinar que, además del pago obcecado de la deuda externa -dentro del célebre mejor refinanciamiento del mundo- y de la caída de los precios del petróleo, la entrega irracional de divisas preferenciales desde Recadi fue el otro ingrediente que obligó al Presidente Carlos Andrés Pérez a decir -en su discurso de toma de posesión, el 2 de febrero de 1989- que habían colapsado las reservas internacionales del país.

El esfuerzo intelectual y académico de ubicar el caso Recadi dentro del contexto de las políticas macroeconómicas ejecutadas en el quinquenio 1984-1989 es un mérito que debemos atribuir al economista y Diputado José Miguel Uzcátegui, también asesor de Dáger para esta finalidad.

Recordemos, entonces, del informe preliminar elaborado por el presidente de la Comisión Especial, el peso que tuvo la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, Recadi, en el manejo de la política económica durante los últimos cinco años.

La ponencia elaborada por Dáger dice que " la Comisión Especial designada por la Cámara de Diputados para investigar presuntas irregularidades ocurridas en Recadi, ha elaborado el presente informe sobre la evolución, normativa y procedimientos, y las fallas o anomalías ocurridas en dicha oficina desde su inicio en febrero de 1983 hasta su liquidación en marzo de 1989" .

19

En términos macroeconómicos, " durante ese período ingresó al Banco Central de Venezuela un total de 86.765 millones de dólares, y se produjo un egreso de 90.169 millones de dólares, evidenciándose un déficit neto (sin considerar los ajustes) de 3.404 millones de dólares el cual provocó una caída neta en las reservas internacionales. La situación planteada tiene otras connotaciones desde el punto de vista administrativo y económico, en especial en lo relativo a la deficiente gerencia de los recursos del Estado, por la adopción de medias incoherentes y la ausencia de acertadas políticas que garantizaran el mejor uso de los cuantiosos recursos en divisas que ingresaron al país" .

La Comisión Especial " ha creído conveniente analizar las medidas adoptadas y los resultados obtenidos para el lapso de seis años: febrero de 1983 a marzo de 1989, dividiéndolo en dos períodos. El primero que incluye el ejercicio 1983 hasta finales de 1985, correspondiente a un sobreajuste de la economía y, el segundo comprende los años 1986, 1987 y 1988, en los cuales se observa un elevado gasto interno expansivo que provocó profundos desajustes en las cuentas internas y externas de la economía nacional. Las cifras y los cuadros estadísticos y financieros que se incluyen, fueron elaborados en base a informes publicados por el BCV, Hacienda y la Oficina Central de Presupuesto" .

En cuanto a la etapa de sobreajuste, " la política económica fue contraria a varios objetivos y lejos de cortar la salida de capitales y contener las importaciones, éstas registraron un incremento anual en contraposición a los ingresos petroleros que iniciaron su nuevo descenso en 1985. Sólo el ingreso petrolero hasta ese momento, con tendencia hacia la drástica reducción de los años siguientes, permitió que las reservas internacionales iniciales de 10.039 millones de dólares ascendieran a 12.469 millones de dólares y, que las operativas (líquidas) de 5.389 millones de dólares se ubicaran en 8.207 millones de dólares" .

De modo que " los ingresos durante los años 1983-1985 totalizaron 49.625 millones de dólares, observándose un superávit de 3.844 millones de dólares. En cuanto a las transacciones de mercancías en las balanzas de pagos (importaciones y exportaciones FOB -sin fletes y seguros incluidos-), en el lapso comentado las exportaciones totalizaron 44.904 millones de dólares y las importaciones 21.059 millones de dólares, resultado un saldo positivo en la cuenta de mercancías de 23.559 millones de dólares" .

Por lo demás, " este saldo permitió cubrir los saldos negativos de la balanza de pagos en cuenta capital. A esto se agregan los superávits del sector público consolidado, obtenidos en 1984 y 1985. No obstante, la política económica existente provocó un estancamiento del Producto Territorial Bruto Interno, un incremento en la tasa de desempleo abierto, la reducción drástica del salario real y, especialmente, cambios en la estructura productiva nacional en detrimento de la producción de bienes y servicios no comerciales, destinados sólo al mercado interno (desabastecimiento), afectando así la capacidad de absorber la fuerza de trabajo semiclasificada y no clasificada (desempleo descubierto)" .

Pero a partir de 1986, " se inicia una política expansiva del gasto fiscal, lo que estimula una expansión de las importaciones beneficiadas con el mantenimiento de un tipo de cambio controlado (14,50), muy por debajo del prevaleciente en el mercado libre de divisas, es decir, determinándose una amplia brecha cambiaria" .

En otras palabras, " el Ejecutivo (Lusinchi) no debió permitir que fuese más rentable la especulación con el dólar que su inversión en bolívares en el país" .

Entre 1986 y 1988 " se produjo un ingreso de divisas de 37.140 millones de dólares y un egreso de 44.383 millones de dólares, lo que significó un déficit de 7.248 millones de dólares. Este hecho provocó que las reservas de cierre que se situaron en 9.858 millones de dólares, disminuyeran a 6.671 millones de dólares al 31-12-88, evidenciándose una pérdida neta de 3.187 millones de dólares. Con respecto a las reservas operativas, éstas sufrieron una merma de 4.273 millones de dólares a 2.229 millones de dólares. Estas cifras corresponden a desembolsos reales de divisas o erogaciones efectivas de caja por parte del Banco Central de Venezuela" .

20

En cuanto a la balanza de pagos, " el saldo de la balanza de mercancía, es decir exportaciones e importaciones FOB, (lo cual no incluye gastos por concepto de fletes, seguros y otros servicios pagados), el comportamiento fue el siguiente: las exportaciones totales durante los años 1986, 1987 y 1988, alcanzaron la cifra de 29.450 millones de dólares, mientras que las importaciones alcanzaron a 28.248 millones de dólares, con la cual se reflejó un saldo en la balanza de mercancías de solamente 1.202 millones de dólares" .

Incluso, " el saldo señalado fue insuficiente, como es lógico suponer, para cubrir los otros conceptos que incluye la balanza de pagos: transporte y seguros, viajeros, ingresos sobre inversiones, gastos del gobierno y otros conceptos de pago de la balanza de servicios y menos aún, para satisfacer las demandas de pago de capital no monetario, que abarca los servicios y la amortización de la deuda pública y privada externa. Surge entonces una pregunta, a la luz de esta investigación: ¿qué hicieron o cómo manejaron el negocio para disfrazar la quiebra de la República?" .

Del proyecto de informe que el Diputado Douglas Dáger presentó a la consideración de las otras fuerzas políticas representadas en la Comisión Especial, se desprende que Jaime Lusinchi, como Presidente de la República, desatendió innumerables alertas hechos desde el Banco Central de Venezuela, en materia de la conducción de la política económica.

Especialmente en lo que atañe al manejo de la política cambiaria y en relación con la autorización, desde el Ministerio de Hacienda y la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales (luego denominada de Autorización de Divisas para la Importación) de divisas preferenciales contra la situación crítica de las reservas internacionales.

Con el agravante de que las autoridades del Instituto Emisor también hicieron caso omiso a sus propias observaciones.

A este respecto, el Informe Dáger precisa que " lo peculiar del gasto en esta etapa de la historia fiscal venezolana (1984-1989), es el hecho de su financiamiento mediante artificios monetarios, en lugar de la aplicación de criterios ortodoxos que recomiendan financiarlo con recursos orgánicos originados por las actividades económicas en sus manifestaciones internas y externas" .

Se añade que " este gasto, pese a la baja del ingreso petrolero, se mantuvo expansivo, financiándose con devaluaciones del signo monetario, utilidades cambiarias, incremento de la deuda pública interna y con la utilización de las reservas del Tesoro" .

Realmente, " este gasto público deficitario motivó un incremento de la producción de bienes y servicios, pero en términos no autosostenidos, debido a las condiciones generales de la economía venezolana, tal como paradójicamente lo advirtió el Banco Central de Venezuela, pues el mismo organismo emisor lo inobservó" .

Entre otras observaciones desatendidas por el Ejecutivo Nacional de entonces, pero también olvidadas con rapidez por las propias autoridades del Banco Central, están las siguientes:

1) Existencia de un esquema cambiario que no resulta viable en el contexto de la fuerte restricción que afecta al sector externo, y que no brinda ya estímulos suficientes a los sectores que sustituyen importaciones, y que, además, puede facilitar la exportación de bienes en los cuales el país no tiene ventajas comparativas, todo lo cual reduce la oferta interna de bienes, incrementa injustificadamente los precios y dificulta la inestabilidad del tipo de cambio del mercado libre y las posibilidades de nuevo financiamiento externo al sector privado.

2) Reducción progresiva de las reservas internacionales, lo que se constituye en una restricción para atender los requerimientos de divisas, inducidos por el mayor dinamismo que generó la política de demanda sobre la actividad económica real del país.

3) Vigencia de un tipo de cambio en el mercado controlado que no se corresponde con la situación del sector externo, afectado por la drástica caída de los términos de intercambio del país.

21

4) Funcionamiento de un mercado libre de divisas altamente sensible al comportamiento del mercado petrolero internacional y a la acción especulativa, con lo cual el tipo de cambio que allí se fija emite señales que se traducen en presiones inflacionarias y en asignaciones ineficientes de los recursos productivos internos.

5) Creciente importancia de las expectativas inflacionarias, lo que se traduce en una expansión anormal del consumo de algunos bienes durables en detrimento del ahorro y en una presión adicional sobre el tipo de cambio del bolívar en el mercado libre de divisas.

En el proyecto que Dáger consignó se aduce que " llama poderosamente la atención que los responsables de la política económica, ignoraron en su oportunidad dichas recomendaciones. Sin embargo, hoy esos mismos responsables han concurrido ante la Comisión Especial Parlamentaria que investiga el mayor desastre financiero en la historia de la República, y declaran que esos hechos era impredecibles" .

El texto dice que " se ha señalado en este informe que la gestión pública entre 1983 y 1985, ambos inclusive, resultó superavitaria con resultados positivos en el sector externo, asunto que se revirtió en el período que se inicia en 1986 y termina en 1988. En este último, la balanza de pagos registró déficits consecutivos de menos 3.885 millones de dólares en 1986, de menos 876 millones de dólares en 1987 y de menos 4.672 millones de dólares en 1988" .

Cabe destacar " que las causas de estos continuos déficits se deben al significativo crecimiento de las importaciones públicas y privadas (autorizadas desde el Ministerio de Hacienda o Recadi y pagadas o remesadas por el Banco Central de Venezuela), a niveles sin precedentes en un período de crisis económica, y cuando más se necesitó sentido de la responsabilidad y una gerencia eficiente en la administración de las divisas que ingresaban al país" .

Se escribió que " es oportuno señalar que las importaciones para el año 1988 ascendieron a 11.581 millones de dólares, lo que obliga a la siguiente reflexión: en una economía abierta donde impere un tipo de cambio libre, flotante o flexible, el movimiento en ambos sentidos de las compras y los pagos para liquidar importaciones y exportaciones, lo regula el mercado cambiario mediante la fijación del tipo de cambio. En el supuesto de que las importaciones se incrementen a un ritmo mayor que las exportaciones del país, la moneda extranjera tiende a aumentar de precio, hecho que desestimula las importaciones que se encarecen" .

Pero " el caso venezolano fue diferente. Se trató de un cambio fijo preferencial destinado a importaciones, concedido por el Estado a la discrecionalidad de funcionarios públicos, quienes debieron basar su actuación en leyes, normativas y resoluciones que regían la administración de las divisas. Asimismo debieron observar los parámetros de un presupuesto de divisas, elaborado por el Banco Central de Venezuela y aprobado por el Consejo de Ministros, el cual sólo podía ser modificado por el Presidente de la República, previo estudio del instituto emisor. En consecuencia, la existencia y disponibilidad de un dólar preferencial y el manejo de que fue objeto, estimuló crecientes importaciones que produjeron el exceso o sobregiro en la administración del Régimen de Cambios Diferenciales (expresado en Recadi)" .

Más adelante el documento elaborado por Dáger para la Comisión expresa que " es necesario señalar que el mantenimiento de un dólar preferencial a un tipo de cambio fijo significó un inmenso sacrificio fiscal para la República, puesto que el 95 por ciento de las divisas que ingresan son propiedad del Estado. Si se hubiese adoptado un sistema único de cambio libre, seguramente éste se hubiese situado por encima del tipo de cambio fijo preferencial establecido y el Fisco Nacional habría obtenido más ingresos en bolívares por las ventas de las divisas a un precio mayor" .

Pero, por el contrario, " fue adoptado el sistema de cambios múltiples que por las razones expuestas se distorsionó, provocando una brecha para los últimos meses de 1988, entre el cambio preferencial y el libre, en más de 150 por ciento, lo cual significó una invitación a hechos fraudulentos en contra de los propósitos implícitos en el sistema, en detrimento de la República" .

22

Por otra parte, " el déficit de balanza de pagos fue cubierto en buena parte, con el financiamiento a corto plazo a las importaciones que alcanzaron en 1986 unos 1.355 millones de dólares, en 1987 unos 2.342 millones de dólares y, en 1988, estos instrumentos comerciales fueron renovados hasta por la cantidad de 2.247 millones de dólares. Todo esto significa que el Ejecutivo Nacional otorgó además conformidades de importación por 5.578 millones de dólares, que fueron implementadas mediante cartas de crédito aperturadas por la banca nacional y extranjera, con financiamiento a corto plazo, cubriendo a sí los déficits de balanza de pagos correspondientes a los ejercicios 1986, 1987 y 1988" .

El presupuesto de divisas

En realidad, el informe preliminar elaborado por Dáger -sin quitarle méritos, por supuesto- se nutrió de otro coordinado por el Diputado Gonzalo Pérez Hernández del MIN y miembro de la Comisión Especial, quien se ocupó de las importaciones del sector público.

Pero el estudio presentado por Pérez Hernández, a su vez, fue producto del trabajo realizado por el Comisario General de la PTJ, Víctor Rivera. A este culto policía lo conocimos en la oficina de Carlos Tablante. Simultáneamente asistió a Tablante, a Dáger -por recomendación de Paciano Padrón- y a Pérez Hernández, desde que comenzó la investigación parlamentaria.

En dos oportunidades nos reunimos con el Comisario Rivera en el bufete del abogado Humberto Mendoza D`Paola (primo de Víctor Hugo D`Paola, jefe de la fracción del MAS e hijo del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, José Rafael Mendoza), coordinador de los asistentes legales de Tablante.

Este último grupo tenía algunas dudas en cuanto a que, efectivamente, los funcionarios de la administración Lusinchi hubieran incurrido en excesos o sobregiros en el presupuesto de divisas de 1988. Ya en El Nacional del sábado 25 de febrero de 1989 insertamos una pequeña información en la página D-1, donde se hacía tal afirmación. Tablante había denunciado a los integrantes de la Comisión de Importaciones por tal motivo, pero el feed-back que venía del Tribunal Superior de Salvaguarda, presidido por Silvestre Ortiz Bucarán, era que los funcionarios señalados tenían suficiente argumentación para negar los excesos.

Tiempo después el Comisario Rivera, el día que fuimos a buscar el informe en la oficina de Dáger, nos confesó que le había " costado un mundo" consolidar las cifras que demostraran, fehacientemente, que sí ocurrieron los sobregiros contra el presupuesto de divisas y en detrimento de las reservas internacionales.

Luego el Tribunal Superior de Salvaguarda dictó, el 29 de noviembre de 1989, los diez autos de detención contra los ex-ministros y funcionarios del gobierno de Lusinchi por malversación de fondos públicos, originada en los excesos presupuestarios.

Cuando tuvimos los informes elaborados por el Comisario Rivera para Dáger y Pérez Hernández en las manos, nos dimos cuenta de que habíamos sido nosotros los que nos quedamos cortos en este tema del presupuesto nacional de divisas (PND).

Pero pasemos al contenido fundamental del documento de Pérez Hernández, luego absorbido por el de Dáger y difundido por El Nacional, el 20 de octubre de 1989. Detalla este otro informe preliminar que " el Presidente de la República, Jaime Lusinchi, en Consejo de Ministros, en las sesiones de los días 31-12-83, 26-12-84, 26-12-85, 30-12-86, 27-04-88 y 03-01-89, aprobó los presupuestos nacionales de divisas (PND) que comprenden los rubros de ingresos y egresos de divisas del Banco Central de Venezuela, a regir en los ejercicios comprendidos entre 1984 y 1989" .

El viernes 20 de octubre revelamos en El Nacional que " los presupuestos de divisas para los años 1987, 1988 y 1989, en momentos de agudización de la crisis, fueron aprobados por el Presidente en Consejo de Ministros, bajo una óptica distinta a la realidad del país, bajo criterios que difieren en lo cuantitativo y cualitativo con el objetivo nacional de mantener nuestra estabilidad monetaria, la solidez y el desarrollo ordenado de nuestra

23

economía y, por tanto, en actitud contraria al interés público que consagra la Constitución Nacional, y a la sana administración de la Hacienda Pública Nacional a que está obligado el Presidente de la República" .

Por otra parte, " los presupuestos nacionales de divisas en cuestión, además de su característica deficitaria, dependientes de los agotables reservas operativas del país, fueron aprobados por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, primero fuera del lapso previsto en el artículo 92 de la Ley del Banco Central de Venezuela, como puede desprenderse de los presupuestos para los años 1988 y 1989, y segundo, con una potencial orientación a satisfacer a toda costa el gasto y las importaciones de los entes públicos y privados, superando estos rubros lo presupuestado para atender los requerimientos de Petróleos de Venezuela y lo relativo al servicio de intereses de la deuda externa pública y privada externa" .

Como puede derivarse " lo establecido en el respectivo presupuesto nacional de divisas, para gastos e importaciones (CIF con costos de fletes y servicios y de seguros) de los sectores público y privado, durante el lapso 1985-1989, supera notablemente lo atribuido a PDVSA y la deuda externa, evidenciando ello un propósito desmesurado del Presidente de la República y del Consejo de Ministros, enfocado a mantener una economía artificial, agotando nuestras reservas internacionales y provocando una distracción de divisas hacia gastos e importaciones que, en muchos casos, no constituían carácter prioritario o de interés general"

Aparte, además, dieron lugar a todo género de corrupción y aprovechamiento fraudulento, en beneficio de funcionarios o de terceros. Cabe señalar " que al cierre del ejercicio 1986, las transacciones externas en divisas arrojaron un saldo deficitario, entre otras razones conocidas, por el flujo financiero que propició el incremento sostenido en los años subsiguientes del gasto presupuestario, y ejecutado luego en exceso, para importaciones de los entes públicos y privados, a expensas de nuestras reservas operativas" .

De acuerdo con el escrito, " estas decisiones del Presidente en Consejo de Ministros, a sabiendas de que la política de financiamiento externo sustentada en la obtención de nuevos créditos, dependía en buena parte del marco de restricciones que impuso el sector externo (de la economía) y de la conveniencia o no de un mayor endeudamiento, llevó a las reservas operativas que al 30-06-86 se ubicaban en 7.137 millones de dólares, al punto de insolvencia (con la banca acreedora internacional), es decir a su nivel crítico, en virtud de experimentar una reducción al 31-12-88 que las situó en 2.044 millones de dólares, incluyendo las reservas del Fondo de Inversiones de Venezuela" .

Si a esto agregamos " los 5.578 millones 40 mil dólares en cartas de crédito pendientes por honrar al 13-03-89, por vencer a partir del 14-03-89, por concepto de gastos e importaciones de los sectores público y privado, necesariamente tenemos que concluir que el Presidente de la República en Consejo de Ministros, durante la administración anterior, aprobó presupuestos nacionales de divisas que a la luz de la realidad económica que vivió y vive el país, y desde el ángulo socio-político, ocasionaron un profundo daño al patrimonio nacional y al país en general... a expensas de nuestras reservas internacionales y de la seguridad y estabilidad económica de la Nación" .

De manera que " el exceso observado en las remesas de divisas por parte del Banco Central de Venezuela, dentro de una cadena de decisiones, contravenciones y sus consecuencias, constituye, como hemos dicho, una distracción de fondos públicos en poder del ente emisor, en beneficio o provecho de terceros, aplicados en importaciones que, en algunos casos, como por ejemplo: cosechadoras, tractores, novillas, configuraron, además, un aprovechamiento fraudulento de esos fondos en detrimento del patrimonio público" .

En otro orden de ideas, " durante el período 1985-1988, el Ministerio de Hacienda excedió las disposiciones del presupuesto de divisas en 680 millones 500 mil dólares (sector público) y en 11.194 millones 130 mil dólares (sector privado). En síntesis, Recadi realizó actos administrativos sin verificar las disponibilidades de divisas, que generaron compromisos a la República por 11.874 millones 630 mil dólares en exceso y que en la medida en que se fueron materializando, constituyeron una distracción de bienes del patrimonio público, vale decir, de nuestras reservas internacionales" .

24

Por lo que " esta conducta del Ministerio de Hacienda, lesiva, fue agravada por la falta de sistemas y dispositivos de control en el ejercicio de las responsabilidades que le correspondieron en materia del Régimen de Cambios Diferenciales. Se dio el caso, incluso citado, de que los Ministros de Hacienda, reiteradamente, giraron instrucciones a Recadi para que, en efecto, se excediera el presupuesto nacional de divisas" .

Se agrega que " llama la atención que la Oficina Sectorial de Programación y Control del Presupuesto de Divisas, que se refiere en la Resolución 1.931 del 25-10-83 del Ministerio de Hacienda, nunca fue estructurada y puesta en funcionamiento" .

Exceso en importaciones privadas

En el proyecto de informe que se comenta, también se asevera que " durante los años 1987 y 1988, la Comisión de Importaciones creada mediante el Decreto 1.546..., el Ministro de Hacienda, el Director General de ese despacho y/o el Director General Sectorial de Divisas para Importación (nuevo nombre de Recadi) y el resto de los integrantes, procedieron a asignar, aprobar y autorizar, según el caso y la oportunidad, importaciones con divisas preferenciales por un monto de 21.726 millones de dólares al sector privado" .

Igualmente, " que este monto fue distribuido en cupos iniciales para materia prima, insumos, material CKD, respuestos y productos varios, bienes de capital para el sector agrícola, industrial y comercial; productos agrícolas, insumos industriales, programa de insumos básicos para la exportación (PIBE), Zona Franca de Paraguaná, Licores y Puerto Libre de Margarita" . Pero el caso es que las autoridades que conformaron la Comisión de Importaciones durante los dos últimos años de gobierno de Jaime Lusinchi " excedieron en la cantidad de 11.668 millones 900 mil dólares, las previsiones que, en tal sentido, para el mismo lapso y por un monto de 10.057 millones 10 mil dólares, indican los respectivos presupuestos de divisas, de por sí deficitiarios en su concepción y aprobación previa" .

Desde el punto de vista estadístico, se tiene en cuenta que en 1987 el presupuesto nacional de divisas aprobado por el Presidente en Consejo de Ministros convino en apartar 4.473 millones 600 mil dólares para las importaciones del sector privado, pero se asignaron 10.892 millones 530 mil dólares, incurriendo la Comisión de Importaciones en un sobregiro del tenor de los 6.418 millones 930 mil dólares en contra de las reservas internacionales.

Mientras que en 1988, el presupuesto nacional de divisas aprobado para las importaciones del sector privado fue de 5.583 millones 500 mil dólares, pero se asignaron 10.833 millones 470 mil dólares, con lo que en este año se provocó otro exceso por 5.249 millones 970 mil dólares.

Se hace la aclaratoria que " a partir del 1º de enero de 1989 hasta el día 20 de ese mismo mes, oportunidad en que tuvo lugar la reunión 54 de la Comisión de Importaciones, y el día 14 de febrero de 1989, en que fue sometido a la consideración y aprobación de la Ministro de Hacienda, Eglée Iturbe de Blanco, el último punto de cuenta respecto a una solicitud de importación de bienes de capital por un monto inferior al millón de dólares, al tipo de cambio preferencial de 14,50 bolívares, aparece autorizado un total de 1.895 millones 48 mil dólares, cantidad que no se incluye en el estudio" .

Por su parte, " la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales y la Dirección General Sectorial de Divisas para Importación, expidieron durante los años 1985, 1986, 1987 y 1988, conformidades de importación por la cantidad de 30.542 millones 330 mil dólares, monto éste que excede en 11.194 millones 130 mil dólares, la cifra global de 19.348 millones 200 mil dólares que contemplaban a tales efectos los correspondientes presupuestos de divisas" .

De tal suerte que en 1985 el presupuesto contemplaba 5.040 millones 100 mil dólares, Recadi autorizó conformidades al sector privado por 6.397 millones 580 mil dólares, incurriendo en un sobregiro de 1.357 millones 480 mil dólares; en 1986, el presupuesto previó 4.251 millones de dólares, Recadi expidió conformidades por 5.752 millones 200 mil, provocando otro sobregiro de 1.474 millones 20 mil dólares; en 1987,

25

el presupuesto convenido era por 4.473 millones 600 mil dólares, Recadi autorizó a privados 10.331 millones 250 mil dólares, para un nuevo exceso por 5.857 millones de dólares.

Finalmente, en 1988, el presupuesto apartó 5.583 millones 500 mil dólares, Recadi dio 8.088 millones 400 mil y, nuevamente, se operó otro sobregiro contra las reservas internacionales de 2.054 millones 980 mil dólares.

Aclara el documento, entonces provisional, que " durante el lapso entre el primero y el 17 d enero de 1989, fecha de la última conformidad de importación emitida por la Dirección General Sectorial de Divisas para Importación (antigua Recadi), la antes mencionada dependencia expidió conformidades de importación al tipo de cambio de 14,50 bolívares, que suman 1.233 millones 540 mil dólares, lo cual no se incluye en el análisis comparativo anterior" .

Se argumentó también que " correspondió al Banco Central como ente de naturaleza pública, la fase determinante de ejecutar o traducir en remesas de divisas al tipo de cambio preferencial fijado... todas aquellas conformidades de importación que emanaron del Ministerio de Hacienda y que, de acuerdo con los documentos de nacionalización de mercancías presentados en cada caso por los importadores, debieron materializarse en bienes y servicios ingresados al país, en los términos de calidad, cantidad y precios" . Pero el caso es que "el organismo emisor, desestimando, ignorando y desde luego, en actitud violatoria de lo aprobado por el Presidente en Consejo de Ministros (los mismos funcionarios de la Comisión de Importaciones)... procedió a erogar o remesar divisas preferenciales entre 1985 y 1988 por concepto de importaciones CIF hasta por la cantidad de 22.011 millones 800 mil dólares, suma ésta que significa un exceso de 2.662 millones 800 mil dólares, con respecto a lo presupuestado y que para ese lapso alcanza la suma de 19.348 millones 200 mil dólares" .

De modo que en 1985, el presupuesto de divisas para importaciones privadas -como ya indicamos- contempló un apartado de 5.040 millones 100 mil dólares, el BCV pagó 5.453 millones de dólares, incurriendo en sobregiro de 412 millones 900 mil dólares; en 1986 el presupuesto fue de 4.251 millones, el Instituto remesó 4.570 millones, para un exceso de 319 millones de dólares; en 1987, el presupuesto previó para privados unos 4.473 millones, la autoridad monetaria canceló 4.859 millones, estableciéndose otro exceso de 385 millones; y en 1988 el presupuesto aprobado fue de 5.583 millones 500 mil dólares, el BCV erogó 7.129 millones, ocasionando otro sobregiro por 1.545 millones 500 mil dólares.

Advierte este escrito de Pérez Hernández que " el organismo emisor, durante el lapso entre el primero de enero y el 31 de julio de 1989, erogó por igual concepto (importaciones privadas) la cantidad de 1.540 millones de dólares, que tampoco se ha considerado en este análisis, pero que sin duda alguna, de manera sustancial se corresponden con importaciones autorizadas o nacionalizadas en ejercicios económicos anteriores" .

En este sentido, " el BCV actuó en franca violación de los principios, fundamentos y parámetros cuantitativos considerados en la formulación y aprobación de los presupuestos nacionales de divisas, ignorando en todo momento su facultad y discrecionalidad en cuanto a limitar, restringir o suspender el otorgamiento de divisas, en función del régimen de cambios diferenciales y del supremo interés nacional. Así pues, asumió una actitud permisivia y optó por disponer, comprometer o vender divisas preferenciales a importadores privados, sin otro razonamiento, vigilancia, regulación o gestión, distinta a la simple recepción de documentos..." .

Ello, " pone de manifiesto la actitud sumisa e irresponsable e irregular asumida por el Banco Central de Venezuela, ante hechos y medidas económicas de interés público, tales como el agotamiento progresivo de las reservas internacionales, el incremento desproporcionado e irracional de las importaciones, y sus efectos en los flujos de caja y apertura de cartas de crédito con divisas preferenciales y, en su oportunidad, la devaluación de nuestro signo monetario y desbordamiento de las divisas que, entre otros aspectos, esto ocasionó" .

Exceso en importaciones públicas

26

Las autoridades de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, reestructurada en 1987 y denominada luego Dirección General Sectorial de Autorización de Divisas para Importación emitieron, durante el período 1985-1988, Autorizaciones de Retiro de Divisas (ARD) al sector público hasta por 9.612 millones 800 mil dólares, excediendo en 680 millones 500 mil dólares, el monto de 8.932 millones 300 mil dólares señalados en los presupuestos nacionales de divisas correspondientes a los mismos años.

Mientras que las del Banco Central de Venezuela, en el mismo lapso de 4 años, erogaron o remesaron divisas preferenciales para los mismos gastos e importaciones públicas, por la cantidad de 11.545 millones de dólares, sobregirándose con respecto a lo señalado en los PND de 1985, 1986, 1987 y 1988 en la suma de 2.612 millones 700 mil dólares.

Aunque los excesos por inferiores no dejan de ser menos graves, no consideramos discriminarlos año a año, como se hizo con las importaciones del sector privado.

Los alertas del BCV

Los informes atrás reseñados, elaborados por Gonzalo Pérez Hernández y Douglas Dáger, fueron públicamente adversados por Hernán Anzola, ex-presidente del Banco Central de Venezuela y bajo investigación por el Tribunal Superior de Salvaguarda, los días 29 de octubre y 5 de noviembre de 1989, respectivamente.

Fundamentalmente este funcionario, formado en el mundo petrolero (fue viceministro y varias veces ministro encargado de Energía y Minas) sostuvo la tesis de que los presupuestos nacionales de divisas son instrumentos meramente indicativos -cosa que también expresó Mauricio García Araujo en otro papel que le hizo llegar a Douglas Dáger- y que su interpretación como instrumento de trabajo, no puede ser la misma que la del presupuesto ordinario de la Nación, que obedece a una ley sancionada por el Congreso de la República. Aunque también discrepó de las cifras a las que habían llegado los informes del Congreso -siempre se cuidó Anzola de defender el pedacito de su gestión de año y medio-, su argumento principal fue el referido.

Al escrito de Pérez Hernández lo tildó el 5 de noviembre, desde El Nacional, como " superficial y confuso" , mientras que al de Dáger de " carecer de rigor técnico" , el 29 de octubre.

Sería para nosotros un absurdo y, además un abuso con nuestros lectores, seguirlos sobrecargando de cifras. En todo caso, las réplicas de Hernán Anzola refutan, una a una, las estadísticas de los textos parlamentarios.

Previamente, en una reunión sostenida entre nosotros y Hernán Anzola en la Jefatura de la Sección Económica de El Nacional, el ex-presidente del BCV -y el periódico también lo difundió en junio de 1988- entregó un largo documento titulado " En defensa de una institución y de mi gestión al frente de ella" . La tesis central, apartando la supuesta responsabilidad personal y administrativa de Anzola, no es otra que precisar que el Instituto Emisor es una institución seria y respetable, por lo que no puede ni debe atacarse y se encuentra alejada de las situaciones irregulares detectadas en Recadi o Hacienda.

Las campanadas desde el BCV

Tal como lo recogen los informes de Gonzalo Pérez Hernández y Douglas Dáger, ciertamente fueron innumerables los alertas lanzados por el Banco Central de Venezuela, sobre el cuadro de deterioro que estaba acusando la maltratada economía nacional, desde el punto de vista de los efectos y las distorsiones que estaban provocando las políticas oficiales.

Pero no solamente los alertas se dejaron colar en algunas parrafadas que acompañaron la introducción de los presupuestos nacionales de divisas confeccionados por el Banco Central para la consideración del Presidente de la República en Consejo de Ministros, en los correspondientes ejercicios.

Recientemente, algunos días antes de que el Tribunal Superior de Salvaguarda dictara los autos de detención a los funcionarios de la administración Lusinchi, " encontramos en un archivo oficial" , varias cartas enviadas de

27

manera confidencial y privada por el Presidente del Banco Central de Venezuela, en este caso el mismo Hernán Anzola, al Presidente Jaime Lusinchi, con copia al Ministro de Hacienda, Manual Azpúrua Arreaza, entre mayo y octubre de 1987.

En una del 11 de mayo, Anzola escribió a Lusinchi recomendándole " algunas políticas tendientes a armonizar las políticas fiscal y monetaria, a los fines de reducir en lo posible el problema inflacionario y apuntalar la posición de nuestras reservas internacionales" .

- Una revisión selectiva de la situación monetaria de Venezuela, para el primer cuatrimestre -suponemos que esto lo leyó Lusinchi- pone de manifiesto varios hechos que, objetivamente, comprometen la estabilidad del bolívar.

Así, entre las más importantes observaciones Anzola escribió las siguientes:

- Las reservas monetarias internacionales, en poder del BCV, han disminuido sistemáticamente desde el inicio de la caída de los precios petroleros, a principios de 1986, y hasta mediados de abril de 1987 en 4.342 millones de dólares, cantidad que excede en 631 millones de dólares el incremento de esas reservas habido entre 1983 y 1985.

- El tipo de cambio en el mercado libre ha continuado depreciándose y, a la fecha más reciente, su cotización evidencia una desviación del 74,0 por ciento respecto de la paridad cambiaria oficial (14,50 por dólar).

- Las reservas internacionales operativas, en poder del BCV, están ya en un nivel que es considerado crítico (3.636 millones de dólares en ese momento), al ubicarse por debajo del límite aconsejable para atender los pagos externos imprescindibles, incluido un nivel mínimo de tres meses de importaciones. De persistir la actual tendencia deficitaria en el saldo cambiario del BCV, las reservas operativas se aproximarán al nivel fijado como de incumplimiento, según lo previsto en el acuerdo General de Reestructuración de la Deuda Pública Externa (2.000 millones de dólares), situación que podría tener lugar hacia el tercer trimestre de 1987.

- La aludida limitación en el nivel de reservas, aunada a la tendencia de deterioro en la tasa real de cambio del bolívar, por la intensificación inflacionaria interna, en un contexto de tasa de cambio oficial fija, dificultan objetivamente la capacidad de la autoridad monetaria para garantizar la credibilidad del nuevo sistema cambiario, hecho que se expresa diariamente en una mayor depreciación de la tasa de cambio del bolívar en el mercado libre dado el monto de las asignaciones previstas a estos efectos en el presupuesto nacional de divisas.

Finalizó Anzola su carta de alarma a Lusinchi diciendo: " La capacidad de defensa del signo monetario venezolano está prácticamente y potencialmente comprometida en el actual estatus de precios relativos, niveles de demanda y limitaciones de financiamiento externo" .

Anzola, de nuevo por escrito el 4 de agosto de 1987, insiste en términos confidenciales, y dice a Lusinchi: " En el mes de septiembre de 1986 hice llegar al Ejecutivo Nacional -por intermedio del Ministro Manuel Azpúrua- un documento titulado Situación económica de Venezuela, problemática financiera del sector público y política económica. Con posterioridad al citado documento, sobre el cual no tuvimos ninguna reacción del Ejecutivo, contribuimos decididamente en la definición de las medidas de política económica que se adoptaron a principios de diciembre de 1986" .

Pero el 6 de octubre, en otro memorándum confidencial, Anzola dice a Lusinchi esto: " Necesidad de adoptar un programa económico respaldado por el Banco Mundial, a fin de poder concretar un plan de financiamiento externo adecuado a las necesidades del país a corto y mediano plazo" .

Entre otras medidas, Hernán Anzola en 1987 planteó al máximo nivel Ejecutivo, las siguientes: reducción del déficit fiscal, incremento de las tasas de interés, simplificación del régimen de importaciones, simplificación del régimen cambiario, incentivo de las exportaciones no tradicionales.

28

" El programa económico que se estructure alrededor de los puntos antes mencionados -en buena medida ahora contenidos en el paquete de Pérez- iría apoyado por un plan de financiamiento que sería el que se presentaría y discutiría con la comunidad financiera internacional... Finalmente, señor Presidente, estoy convencido de que no es posible demorar más la toma de decisiones definitivas sobre los aspectos arriba señalados, so pena de entrar en un proceso de pérdida de credibilidad ante la comunidad financiera internacional y de tener que hacer grandes esfuerzos para obtener pocos recursos financieros en cada operación, con el deterioro consiguiente de la situación económica del país" .

Al poco tiempo Anzola renunció a la presidencia del BCV, fue sustituido por Mauricio García Araujo, luego con auto de detención sobre su cabeza; nunca se tomaron las medidas económicas que a mediados de 1987 pudieron aminorar el efecto y el impacto de las que desde febrero de 1989 está aplicando el Presidente Carlos Andrés Pérez, apoyado por el FMI.

Es bueno recordar que a fines de 1987, en noviembre, el entonces Presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Juan José Delpino, dio una declaraciones al diario Panorama, de Maracaibo, donde denunció con gran fuerza que en Recadi se cobraba peaje por cada dólar autorizado. Las palabras de Delpino ameritaron una comunicación del Presidente Lusinchi al Ministro Encargado de Hacienda, Jorge García Duque, instruyéndole para que, a su vez, remitiera las denuncias a la Fiscalía General de la República. El titular, Héctor Hurtado, pasó aquella navidad convaleciente de una operación en la Policlínica Metropolitana.

El 25 de diciembre de 1987 fue la última oportunidad que tuvimos de hablar directamente con el Presidente Jaime Lusinchi, cuando acudió a visitar a su Ministro de Hacienda en la Policlínica Metropolitana.

Capítulo 4

Las modalidades de la corrupción

Desde que en 1983, como consecuencia del Viernes Negro, se constituyó la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, Recadi, hasta marzo de 1989, cuando la unificación cambiaria acordada por el segundo gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez decretó la muerte esperada de la organización administrativa, las irregularidades provocadas desde adentro y desde afuera para causar fraude a la Nación, mediante el uso indebido de las divisas preferenciales, fueron evolucionando.

Como cualquier elemento que crece, se desarrolla y muere, Recadi también experimentó un crecimiento natural que partió de la nada y fue alcanzando cada vez mayores grados de desarrollo y sofisticación.

En la medida que este monstruo de mil cabezas se expandió e irradió su marco de acción hacia el resto de la sociedad y de la economía venezolana, en la misma proporción los agentes negativos de la colectividad encontraron maneras simples o complejas para apropiarse de lo que no les correspondía.

Una vez que el gobierno de Luis Herrera Campíns determinó romper con la libre convertibilidad de la moneda, en febrero de 1983, -desechando la tesis de la devaluación lineal y asumiendo un programa de cambios diferenciales-, se vio obligado a crear una unidad dependiente del Ministerio de Hacienda, para que se encargara de administrar la vuelta a un sistema cambiario que, con anterioridad, fue manejado por el Banco Central de Venezuela, en la década de los años sesenta.

Una vez derrotada la postura política y técnica de Leopoldo Díaz Bruzual, presidente entonces del Instituto Emisor, resultó lógico que la nueva estructura cambiaria, impulsada por el Ministro de Hacienda, Arturo Sosa, fuera adscrita al despacho de las Finanzas Públicas. La razón para no controlar el régimen de cambios diferenciales desde el BCV, fue que no se confió en cómo El Búfalo podía garantizar la nueva política cambiaria sin no estaba de acuerdo con ella.

29

Esta fue la primera etapa de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales. No había local, ni presupuesto, mucho menos personal especializado.

No obstante, para que el Ejecutivo pudiera tocar la puerta de la banca acreedora internacional en favor de una primera reestructuración de la deuda externa pública y privada, fue necesario " agarrar aquel trompo en la uña", sin mirar atrás.

De acuerdo con la información disponible, producto de algunos análisis recabados por El Nacional, el siguiente es un esquema típico, divulgado desde La Agenda Secreta, de las irregularidades que se cometieron en el ciclo inicial:

- Información falsa para registrarse como importador con mercancía en tránsito.

- Información falsa para registrarse como importador potencial en el registro nacional de importadores.

- Cobro de comisiones para registrar importadores.

- Ofrecimiento y cobro de dinero para acelerar la tramitación de conformidades de importación.

- En el caso contrario, ofrecimiento y cobro de dinero para retrasar conformidades de importación de una empresa de la competencia.

- Proliferación de gestores y de oficinas afines -algunas de éstas sin dirección o actividad previa conocida- que cobraban dinero, en muchos casos sin darle los mejores resultados a sus interesados e incautos clientes.

- Información falsa para registrarse como estudiante becario en el exterior.

- Cobro de comisiones para registrarse como becario en el exterior.

- Ofrecimiento y cobro de dinero para acelerar los pagos a los becarios en el exterior

- Registro múltiple de la misma deuda externa privada

- Cobro de comisiones y ofrecimiento de dinero para registrar deuda externa privada

- Datos falsos para inscribirse como deudor privado.

- Ofrecimiento y cobro de dinero para reconocer porciones de duda externa privada.

- Ofrecimiento y cobro de dinero para retrasar el reconocimiento y posterior pago de deuda externa privada de una empresa de la competencia.

Una vez ocurrido el cambio de gobierno entre Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi, en 1984, se empezaron a introducir algunos procedimientos y sistemas, toda vez que se mantuvo un régimen de cambios diferenciales dependiente del Ministerio de Hacienda. Aunque algunas voces señalaron la conveniencia de transferir las responsabilidades cambiarias al Banco Central de Venezuela, esta otra opción fue totalmente descartada por la nueva administración.

Hablamos de un Recadi más involucrado en las gestiones del refinanciamiento de la deuda externa pública, a la par de la privada. El primer cambio notable que sufrió la organización fue el derivado de la orden expresa de sacar a los gestores, para que las propias cámaras industriales y comerciales buscaran acuerdos globales con la nueva dirección y, posteriormente, los usuarios fueran fundamentalmente deudores e importadores.

Pero esta reforma no duró mucho tiempo, porque la población de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, lejos de disminuir, fue creciendo cada vez más, lo que obligó a atender grandes

30

congestionamientos humanos al mismo tiempo, aunque se trató de racionalizar y distancias los diferentes procesos de reinscripción ante los vencimientos de cada ejercicio anual o de los propios papeles legales.

Fue así como se dio otro gran paso: entregar al sistema financiero nacional la exclusividad de tramitar por taquilla todo lo concerniente a las divisas preferenciales, lo cual no trajo como respuesta el descongestionamiento de la oficina. Tal vez sí, una cierta racionalización de procesos. Esto se completó con la política de difusión por los periódicos del número, monto y tipo de cambio de cada una de las conformidades de importación que se aprobaban. De modo que los usuarios fueran directamente a los bancos.

Ante un Recadi más racional, ciertamente se lograron disminuir las viejas corruptelas, pero a la par fueron surgiendo otras formas novedosas, algunas complementarias de las primitivas:

- Se continuó ofreciendo y cobrando dinero por acelerar o retrasar procesos administrativos y operativos.

- Se ofreció y recibió dinero para forjar conformidades de importación.

- Debido a la configuración más estricta de los presupuestos de divisas para importación en el Ministerio de Hacienda, empezaron a proliferar las empresas fantasmas, es decir, aquellas que no tenían cupo asignado o que lo tenían hasta determinado topo en dólares, pero según los avisos publicados por Recadi en la prensa, aparecían con conformidades aprobadas, que incluso excedían los cupos en divisas asignados.

- Se pagó y recibió dinero para reinscribirse en el registro de importadores.

- Comenzaron a proliferar las cuentas de funcionarios en el exterior, en dólares, producto de los manejos irregulares

- Se pagó o recibió dinero para provocar reuniones entre usuarios y autoridades de la oficina.

- Se siguió estimulando con dinero que se perdieran los papeles de la empresa competidora.

La última etapa de Recadi fue la que recientemente murió, a propósito de la unificación cambiaria: la que eliminó el pago al contado de las importaciones por el sistema de las cartas de crédito, pero manteniendo la relación entre los usuarios y la banca, con la incorporación de las empresas verificadoras, Caleb Brett, Bureau Veritas y Societé Généralé Surveillance.

Se le cambió de rango y de denominación a Recadi. Antes, el despacho tenía categoría de viceministerio y luego, se le reclasificó como una dirección General Sectorial que le podía reportar, incluso, el Viceministro de Hacienda. Y se comenzó a llamar Dirección General Sectorial de Autorización de Divisas para la Importación.

Debido a estas reformas y procedimientos, las propias compañías verificadoras se vieron obligadas a elaborar informes para cuantificar las " pillerías" de fin de siglo, todas asociadas a provocar situaciones de sobrefacturación en las importaciones:

- Se mantiene el mismo cuadro referido en la etapa anterior.

- Retraso en la entrega por parte de importadores de los documentos finales, generando retardo en la emisión de los certificados de verificación, pero con la importación ya nacionalizada, inclusive.

- Discrepancias entre los documentos finales de las operaciones de importación.

- Conocimiento de embarques favorecidos: fechas falsas para cumplir con los plazos de vencimiento, tanto de la conformidad de importación como de la carta de crédito.

- Factura final presentada a la empresa verificadora distinta de la factura final presentada en la aduana, al nacionalizar la mercancía.

31

- Discrepancias en los documentos generados en la inspección de las empresas verificadoras: facturas de orden de compra no compatibles con las descripciones de las conformidades de importación.

- Dificultades para obtener la información adecuada y las explicaciones sobre los componentes del precio de las importaciones cuando éstos se han considerado, inicialmente, muy altos.

- Presiones sobre las compañías verificadoras para que acepten precios altos, alegando competencia.

- Cancelación de las órdenes de verificación en el transcurso del proceso de inspección, para intentar cambiar la compañía importadora.

A los métodos anteriores hay que agregar, naturalmente, las presiones de orden político, es decir, las instrucciones o las iniciativas individuales que provocaron un mayor empuje de la corrupción administrativa en la concesión de los dólares preferenciales, para beneficio propio o de terceros. También se hicieron continuas las llamadas desde Miraflores para detener proceso particulares. El Nacional, por cierto, fue víctima -y no la única- de semejante situación.

Las diez administraciones

Durante la administración de Luis Herrera Campíns, Recadi tuvo dos gestiones operativas: una temporal, bajo la responsabilidad de Fernando Hernández, quien fue Viceministro de Cordiplan; y otra formal, bajo la jefatura de Miguel Rodríguez Molina, que fue la que se mantuvo hasta la transición del nuevo gobierno.

En la administración de Jaime Lusinchi, Recadi tuvo siete gestiones distintas: las de Francisco Maldonado Cisneros, Oscar Páez Bohórquez, Héctor Meneses, Ana Teresa Herrera y Edgalia Bastardo de Leandro. Las otras dos tuvieron que ver con los cambios a nivel del director general del despacho de Hacienda, en tanto que por allí desfilaron Alfredo Alvarez Gallardo, el mismo Héctor Meneses, Jorge García Duque y Eglée Iturbe de Blanco.

El último Recadi fue el que existió en las primeras semanas del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, bajo la responsabilidad de la directora liquidadora Eva Morales, a su vez, actual Directora de Aduanas del Ministerio de Hacienda.

Desde que Recadi fue creada, el lunes 28 de febrero de 1983, hasta que el nuevo gobierno dictaminó su liquidación, el 10 de febrero de 1989, se dictaron 121 decretos, resoluciones o convenios que determinaron la legislación cambiaria que sus administradores o los superiores inmediatos de éstos debieron cumplir al pie de la letra, al igual que los usuarios de los dólares preferenciales.

Señor, ahí no hay nadie

El 14 de junio de 1989 tuvimos la oportunidad de " colarnos" en las instalaciones de la extinta Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales. Los arreglos se hicieron por intermedio del Diputado independiente electo en las planchas de Copei, Alexis Ortiz, a quien conocíamos desde que estudiamos en la Escuela de Periodismo de la UCV.

A La Agenda Secreta le hacía falta, en ese momento, visitar las instalaciones de Recadi. Parecía un absurdo hacer denuncias todos los días, y no registrar ni una información sobre los movimientos que dentro de esas oficinas hacían jueces, fiscales, parlamentarios y personal de Hacienda.

¿Quién iba a creer que desde este promontorio de chatarra contraenchapada que queda hoy día -las fotos eran impresionantes- se adjudicaron más de 40.000 millones de dólares preferenciales a 26.000 importadores, aparte de los deudores privados, becarios y empresas del sector público?

32

El equipo de La Agenda Secreta de Recadi penetró a las instalaciones de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales.

Para cualquier periodista que haya ido muchas veces a Recadi, " sólo por razones de naturaleza profesional e informativa" -escribimos-, significaba un verdadero contraste volver, al calor del escándalo.

Antes, cuando las instalaciones ubicadas en los tres primeros pisos de la Torre Provincial de San Bernardino eran el centro de autorización de los dólares baratos y subsidiados por el Estado, casi no se podía entrar del gentío. Es más los " usuarios" pensaban que uno se les estaba " colando" .

Ahora, " que el organismo está en proceso de liquidación y moribundo, aparte de investigado, lo que existe son prácticamente ruinas: cantidades industriales de escritorios y sillas emulando al Helicoide, techos destartalados, computadoras, impresoras, fotocopiadoras, etc. Hasta un arbolito de Navidad reseco" -reportamos.

Los pocos " humanos" que todavía tenían que ver con Recadi eran: funcionarios de la Guardia Nacional que mantenían tomadas las instalaciones y los archivos bajo resguardo, y algunos empleados (les decían los sobrevivientes) que apoyaban a Diputados y asesores de la Comisión del Congreso que investigó lo que allí ocurrió.

Como el edificio donde funcionó Recadi se corresponde con la sede del Banco Provincial, el horario indicaba que todos aquellos que querían ingresar al edificio debían hacerlo en horas de rutina bancaria. Tuvimos que esperar.

A las ocho y media de la manaña avanzamos hacia los ascensores. Ya no era como antes, es decir, cuando existía Recadi, que todo el mundo tomaba los ascensores de la izquierda porque a la derecha quedaba el Banco Provincial. Era al revés: el hormiguero avanzaba hacia la derecha, porque a la izquierda quedaba Recadi.

Tomamos el ascensor de la derecha -vacío por supuesto- y le pedimos a la fastidiada operadora que nos llevara al segundo piso.

- Señor, ahí ya no hay nadie. Allí no hay nadie trabajando - exclamó un poco extrañada la ascensorista del primer turno de la mañana.

- No importa, es que tenemos una reunión -respondimos.

Llegamos al segundo piso y tomamos el corto pasillo hasta que nos detuvo un Guardia Nacional armado.

- ¿Qué desea? - preguntó

- Dudamos y lo primero que se nos ocurrió fue decir: Bueno venimos a una reunión con el Diputado Alexis Ortiz.

- El ya llegó - afirmó el guardia-. Deme su nombre y número de cédula y el organismo para el cual presta servicios. Siga por ahí y al final está el diputado...

Fue impresionante ver el estado de las instalaciones de la oficina más visitada en toda la historia republicana de Venezuela.

Increíble. Alguien -escribimos- debería ocuparse de inventariar y darle mejor destino a los costosísimos equipos de computación que están regados por todos los pisos y oficinas. Los escritorios, las sillas, las divisiones contraenchapadas, los aires acondicionados, las alfombras, etc.

Subimos al piso tres, donde estaban los archivos fundamentales de la oficina. El guardia de turno, también de la GN " estaba pilas" y no mordió ninguno de nuestros anzuelos.

33

Luego nos enteramos, por otra vía, del regaño que le metió la Ministro de Hacienda, Eglée Iturbe de Blanco, a la liquidadora Eva Morales. Lo cierto del caso es que una cuadrilla de empleados de Hacienda entró a los días para poner el mobiliario en una situación más ordenada. De esto nos dimos cuenta cuando en otra oportunidad, sin ningún inconveniente para entrar, regresamos a Recadi -por invitación del diputado Roseliano Ojeda- algunas semanas después. Fue cuando vimos personalmente, por primera y última vez, al Juez Instructor Especial del Caso, Luis Guillermo La Riva.

Capítulo 5

El vacío de la justicia

Cuando El Nacional, desde La Agenda Secreta, comenzó a denunciar personas, empresas y situaciones ligadas al proceso de otorgamiento de dólares preferenciales en los últimos seis años, el país todavía vivía las secuelas de ese lapso absurdo y paralizante que desencadenó la transmisión de mando de un gobierno saliente, el de Jaime Lusinchi, a otro entrante, el de Carlos Andrés Pérez

A pesar de ser ambos gobernantes militantes del mismo partido, Acción Democrática, en realidad lo que se sentía en todos los despachos oficiales era que la transición estaba ocurriendo entre un gobierno saliente de Copei y el entrante de Carlos Andrés Pérez.

Uno de los síntomas más importantes que arrojó aquél cuadro fue la presencia, no para pocos inadvertida, de un profundo y gran vacío de justicia que puso en entredicho la garantía de un verdadero Estado Derecho.

Los períodos formales para que desempeñaran sus funciones el Fiscal General, el Contralor, los Magistrados del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura, estaban todos vencidos y sus titulares tenían que ser ratificados o sustituidos. Pero lo cierto del caso es que nadie hacía nada o muy poco con las denuncias que se estaban formulando.

No sin razón desde El Nacional se trató de presionar el esquema reinante, y por ello invitamos al cambio de la situación. Escribimos el 11 de abril de 1989, justo a la semana de haber comenzado La Agenda Secreta lo siguiente: " Corresponde al Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público y a los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal en esta materia, en su condición de instructores directos de estos procesos contra la administración pública, incluidas las denuncias de El Nacional, ordenar las correspondientes averiguaciones para que, en definitiva, se determinen los delitos cometidos y la responsabilidad penal de los funcionarios públicos, particulares y terceros, en esas conductas antijurídicas y antinacionales" .

En realidad, el caso estaba en la calle porque lo planteó el periódico. Luego se fueron incorporando las iniciativas primero individuales y luego institucionales de algunos diputados como Carlos Tablante, Douglas Dáger y Orlando Fernández, más el resto de los parlamentarios que formaron, posteriormente, la Comisión Especial de la Cámara Baja. Es bueno decir ahora que no todos estos representantes del pueblo trabajaron con la misma intensidad y constancia. La Comisión Recadi del Congreso fue expresión del trabajo de unos pocos políticos, apoyados en gente de gran capacidad técnica.

A la iniciativa de El Nacional, tres semanas después, se plegaron El Diario de Caracas, con el Expediente Recadi, y Ultimas Noticias, con el Escándalo Recadi.

XXXVII penal, a la orden

El miércoles 5 de abril de 1989, a petición de los Fiscales del Ministerio Público Ramón Iglesias y Ana María Padilla, el Juez XXXVII Penal y de Salvaguarda, Luis Guillermo La Riva López, primo del Diputado por Copei Emilio López, abrió la investigación referida al caso Recadi.

34

Basaron su argumentación los referidos Fiscales en un conjunto de recortes de prensa donde se estaban señalando " graves irregularidades cometidas en la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales con el otorgamiento de dólares preferenciales" .

- No hemos señalado casos específicos para no limitar al Tribunal. Aparte de las publicaciones de prensa, hemos aportado información recibida por la Fiscalía y más adelante presentaremos una lista de empresas fantasmas, para que sean investigadas en los registros y ver quiénes son sus directivos. Todo lo investigaremos, -declaró el Fiscal Ramón Iglesias.

Agregó este funcionario que " lo publicado por la prensa revista tal gravedad, que requiere una investigación lo más pronto posible" .

Por su parte, el Juez La Riva dictó inmediatamente el auto de proceder para iniciar la instrucción de un sumario, en coordinación con los fiscales. " Vamos a citar a todas las personas que vayan apareciendo en el curso de la averiguación" .

Dos días después, La Riva recibió un expediente elaborado inicialmente por los Fiscales, referido a dos empresas que pidieron 225.000 dólares preferenciales a 7,50 bolívares para importar tractores.

El 17 de abril, La Riva tomó su primera decisión: prohibió la salida del país a unos 30 ex-directivos y empleados de Recadi, y ya tenía iniciados 14 expedientes diferentes, por sectores.

Humberto Celli, Secretario General de AD, declaró el 22 de abril que Acción Democrática apoyaba plenamente las actuaciones del Juez La Riva López, en torno a la medida dictada.

- Consideramos que hay fundamentos -dijo Celli- para que las investigaciones se realicen hasta sus últimas consecuencias y el partido prestará toda su colaboración y esfuerzo para que esa investigación se efectúe, porque debe ponerse cese a los actos de corrupción y porque tenemos la seguridad de que la crisis que vive el país no solamente es producto de la deuda externa y la baja de los precios del petróleo, sino también en gran parte es por los hechos de corrupción administrativa.

La primera inspección judicial en Recadi, realizada por el juez de la causa, tuvo lugar el martes 25 de abril. Acompañado por el presidente de la Comisión Especial del Congreso, Douglas Dáger, La Rivas dijo: " Este acto tiene como única y exclusiva motivación la de preservar los documentos y registros en general que, de una u otra forma, puedan servir en el proceso de investigación que se sigue en torno a la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales" .

Como ya había comenzado una polémica en torno a si el Tribunal XXXVII Penal y de Salvaguarda estaba capacitado para dictar autos de detención a funcionarios públicos de nivel, aparte de los particulares, el juez aprovechó esta oportunidad para opinar que, " en efecto, no es competencia de este tribunal, pero el mismo sí está capacitado para presentar los recaudos ante el Superior de Salvaguarda, que sí tiene competencia en la materia" .

Con motivo de la larga huelga emprendida por los empleados de los tribunales, la cual estalló en mayo y se prolongó hasta junio de 1989, el juez La Riva tuvo que constituir el suyo en la sede de la Policía Técnica Judicial.

A propósito de la situación, Carlos Tablante, Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados y denunciante individual de situaciones referidas al caso Recadi, reclamó el 21 de mayo que " el Tribunal Especial está virtualmente paralizado, mientras que pareciera que el Ejecutivo y el Consejo de la Judicatura tienen poco interés en que se restablezca la normalidad en la administración de justicia, por el paro de los gremios tribunalicios. Es necesario que se le dé una solución rápida a estas justas aspiraciones, para que se pueda garantizar una administración sana y efectiva de justicia, como lo reclama el país en el caso Recadi" .

35

El jueves 25 de mayo, en acto ritual, el Juez La Riva impuso autos de detención a los únicos seis detenidos por el caso Recadi: Livio Pernetz, representante de la empresa verificadora Caleb Brett; Nina Giovanna Calazza Pocaterra, empleada de la Société Généralé Surveillance; y los empleados del Banco Italo Venezolano: Lola Consuelo Ardila, Ana Gioconda Gil Balza, Pablo Antonio Mata Cedeño y Angelo Tiso Meola.

A continuación ofrecemos una relación de las actuaciones más importantes del Juez La Riva, en materia de decisiones judiciales:

- Prohibición de salida del país a directivos y empleados de Recadi.

- Prohibición de salida del país a directivos y empleados de las empresas verificadoras.

- Detención judicial de los directivos de las empresas verificadoras: Livio Pernetz (Caleb Brett); Richard Gautier (Sociéte Généralé Surveillance); y André Marcel Le Dem Matt Dominique (Bureau Veritas).

- Retención judicial de 347 tractores en Punto Fijo.

- Prohibición de salida del país al ganadero Alejandro Trías.

- Auto de detención contra el veterinario Francisco Elías Moya y contra el ingeniero agrónomo William José Ruiz López.

- Auto de detención contra el ganadero Antonio José Grimaldi.

- Inhibición en el caso de Alejandro Trías, por ser amigos.

- Detención en Maiquetía de Tony Canavés.

- Ordena investigar a los 20.000 beneficiarios de los dólares.

- Recauda la carta de Héctor Meneses.

- Prohibe salir del país a presidentes y directivos de ensambladoras.

- Autos de detención a los chinos denunciados por Tablante, Ho Fuk Shum y Ho Fuk Wing.

- Auto de detención a Tony Canavés.

- Todos los funcionarios de Recadi y Ministros son citados al tribunal para declarar.

- Ordena allanar y custodiar las sedes de las empresas verificadoras como consecuencia del asalto misterioso a la Bureau Veritas.

- Autos de detención contra Nina Giovanna Calazza, de la verificadora S.G.S.; y a los empleados del Banco Italo, Lola Consuelo Ardila Vezga, Ana Gioconda Gil Balza, Angelo Tiso Meola y Pablo Antonio Mata.

- Captura en Valencia del chino Ho Fuk Wing.

- Autos de detención contra los molineros Nicomedes Zuloaga, Néstor Mario Rapanelli, Oleg Williamson de la empresa Gramoven; Giácomo Calabresse, de Molinos Guacara; Ricardo Ponce de León, de Molinos Monaca; Vicente Vegas y Michael Stewart Denger, de Pillsbury; y a Héctor Aníbal Hidalgo de Molinos Hidalgo.

- Citación a Blanca Ibánez, Porfirio Valera y Alfredo Paúl Delfino.

- Envía al Superior recaudos de los ex-ministros Hurtado, Meneses y Aspúrua y de los ex-directores de Recadi, Edgalia Bastardo de Leandro, Francisco Maldonado Cisneros y Jorge García Duque.

36

- Arresto disciplinario a Alfredo Paúl Delfino.

- Niega habeas corpus en favor de la libertad de Delfino.

- La Riva manda a recabar en Miraflores las cartas firmadas por Blanca Ibánez y el diputado Luis Guevara.

- Autos de detención contra Julio César Mendoza y Luis Donna, abogados de la empresa Cristalandes, y para Francisco José Madrid y Joubel Renato de la empresa Química Mara.

- Ordena resguardar bienes de los molineros.

- Prohibe de nuevo salir del país a directivos de las ensambladoras.

- Por apelación, envía al Superior de Salvaguarda el expediente de los molineros con autos de detención.

- Detienen en Maiquetía a Adalberto Prinz y María Elena Almeida, ejecutivos de Capricornio.

- Autos de detención contra Jhon Arthur Dalhorsforda y Luigi Vicenzetti, de la empresa Robiplast.

- Auto de detención contra el Fiscal del Ministerio Público José Gregorio Rodríguez, por chantaje y extorsión.

- El Juez Cristóbal Ramírez Colmenares, dicta autos -por inhibición de La Riva en el caso Trías-Capricornio-tractores- a los franceses Gerard Dabasse, Christian Lachaise Mury y Claude Gordard, Adalberto Prinz, Fernando y María Elena Almeida, Edgar Rodríguez, Simón Pinto, Carlos López, Ciro Núñez; y deja averiguación abierta a Alejandro Trías, Regino Burgos, Francisco Hernández, Tomás Domínguez, Humberto Salazar y Saidi Raimondi. Todos relacionados con la denominada "Conexión Francesa" , denunciada por el diputado Orlando Fernández.

- Dicta autos de detención contra cuatro directivos de Ford.

- Prohibe salir del país a directivos de pastificios y laboratorios médicos.

- El Superior de Salvaguarda prohibió salir del país a los funcionarios Héctor Hurtado, Héctor Meneses, Manuel Azpúrua Arreaza, Edgalia Bastardo de Leandro, Jorge García Duque y Jóvito Martínez, de la administración Lusinchi.

- Autos de detención contra Andrés García, Pedro González Hernández, Tulio Alvarez Rojas y Jesús Armando Ramírez, de la empresa Omega.

- Prohibición de salida del país para Fenuy Anuy Makarem Urdaneta, Samir Makarem Urdaneta, Cecilia Sánchez Contreras, Nelson Salvatierra, Vitol Medina, Sauky Kasy, Omar Mantilla y Carlos Sánchez.

Lo anterior significó que el Juez Instructor, Luis Guillermo La Riva, dictó cerca de 90 decisiones individuales en un lapso de 120 días. Esta situación contrasta con lo que ocurrió después. Como se sabe, se nombraron nueve jueces especiales adicionales, todos con facultades penales y de salvaguarda, a fines de julio. Sin embargo diez jueces, incluyendo a La Riva, en cinco meses no tomaron ninguna decisión importante, al menos que sepamos en El Nacional (julio a diciembre de 1989).

El contraste apreciado deja mucho que pensar. Algunos abogados consultados al respecto, entre ellos Braulio Jatar, asesor de Douglas Dáger, presidente de la Comisión de Contraloría del Congreso y presidente de la Comisión parlamentaria que investigó el caso, nos confiaron que una de las principales virtudes del Juez La Riva fue precisamente que tomó decisiones, buenas o malas, pero actuó con celeridad, para evitar presiones sobre su Tribunal. Otro problema era que esas decisiones fueran confirmadas o revocadas por el Superior de Salvaguarda.

37

Estos escándalos quedan impunes por las presiones que se ejercen contra el Juez -diría La Riva en esos días a nuestro colega Roberto Giusti, en una célebre entrevista que éste hizo al magistrado y cuya publicación ocurrió el 9 de julio-. Puede que me equivoque de buena fe, pero yo prefiero ser Juez, llegar hasta las últimas consecuencias... Yo voy a seguir cortando cabezas... Me encanta el poder...

La Policía Técnica Judicial, desde el comienzo de la actuación del Juez La Riva, lo apoyó a materializar sus decisiones. Ligado a Recadi creemos que hubo un solo caso el cual merece ser destacado, que contó con la atención exclusiva y directa de la PTJ: el del asesinato, el 11 de mayo de 1989, del ganadero Guillermo Nieves, en la carretera Soledad-El Tigre, en el Estado Anzoátegui. Los diputado de la Organización Renovadora Auténtica (ORA), Jorge León Díaz y Gabriel Niño (a ellos los conocimos en la sede de Recadi, cuando ayudaban a Roseliano Ojeda en la comisión técnica que asistió al Congreso) habían entregado en la central policial una serie de recaudos, a propósito del crimen.

Supuestamente, Nieves era gestor de muchos ganaderos de los Estados Táchira, Falcón, Zulia y Bolívar, para la obtención de dólares preferenciales, en representación de las empresas Bvenca y Agropecuaria Transandina, firmas, a su vez, investigadas por los diputados Edgar Mora (Copei) y Orlando Fernández (MAS).

Este último nos confió alguna vez que Nieves fue su informante y por eso, entre otras cosas, lo habían matado, tirándole una gandola en sentido contrario en la mencionada carretera Soledad-El Tigre.

Otra versión que circuló respecto al crimen del ganadero Nieves fue que no murió por el impacto y, en consecuencia, a quienes atentaron contra él no les quedó más remedio que acribillarlo dentro de su Ford Sierra Blanco, placas XFS-043.

Representantes de pueblo

Fue a comienzos de abril de 1989 cuando la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados, presidida por Douglas Dáger, designó una sub-comisión que quedó facultada para investigar Recadi. No hablaremos de ésta, porque su tiempo de actuación fue muy breve. Solamente se instaló y tuvo la oportunidad de interpelar a Edgalia Bastardo de Leandro, ex-directora de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, el lunes 8 de abril.

El jueves once sostuvimos una reunión de trabajo con Dáger. Primera vez que hablábamos con el presidente de la Comisión de Contraloría. Obtuve de él unas declaraciones que luego fueron publicadas el 13 de abril. De este encuentro vale la pena recordar las críticas formuladas por nosotros a la forma en que fue llevada la interpelación de Edgalia Bastardo (" muy pobre, tanto por las preguntas como por las respuestas" ). Dáger respondió que se trataba de la primera y que sobre la marcha los parlamentatios se irían poniendo en el tema.

El otro punto importante expresado por nosotros al presidente de esta subcomisión, fue ver qué pensaba Dáger del hecho de que uno o dos primos de él habían sido gestores en Recadi. Nos dijo que su compromiso en la investigación pasaba por meter presa " a su madre, si era necesario" . En realidad al diputado no le gustó mucho que le planteáramos el tema.

A mediados de abril la Cámara Baja en pleno sustituyó aquélla subcomisión por una superespecial con plenos poderes, la cual tuvo la siguiente conformación:

Sector Agropecuario: integrada por Orlando Fernández (MAS), Edgar Mora (COPEI) y Hernán Yépez Lucena (AD), para investigar importaciones de vaquillas, tractores y maquinaria agrícola, cosechadoras, ordeñadoras, alimentos y componentes para semovientes, inseminación artificial, semillas y sistemas de riego

Sector Alimentos: integrada por Ibrahím Sánchez, quien fue sustituido en el camino por Alexis Ortiz (COPEI), Luis Emilio Rondón (AD) y Luis Hómez (MAS), para investigar importaciones de granos, cereales, aceites, mantecas, insumos para alimentos, componentes para la industria de alimentos y cereales para la industria cervecera

38

Sector Industrial: Jesús Eduardo Troconis (AD), Gastón Guisandes (OPINA) y Emilio López (COPEI), para investigar insumos industriales, empresas textiles, metalmecánicas y la industria gráfica

Sector Comercial: compuesta por Gastón Guisandes (OPINA), Gonzalo Pérez Hernández (MIN) y Henry Ramos Allup (AD), para indagar todas las importaciones para ser comercializadas en el país

Sector Automotriz: integrada por Pedro Tábata Guzmán (AD), Emilio López (COPEI) y Andrés Velázquez (Causa R), para investigar partes y repuesto, CKD, repuestos para motores, motores eléctricos, motobombas y motores para lancha

Sector Aduanas: integrada por Nelson Chitty La Roche (COPEI), Orlando Fernández Medina (MAS) y Carlos Tablante (MAS), para investigar todo el movimiento aduanal en función de las importaciones con dólares preferenciales y casos específicos ligados a los otros sectores

Sector Industria Farmacéutica y Medicinas: Vladimir Gessen (Nueva Generación), Américo Araujo (AD) y Casto Gil Rivera (MEP), para investigar fundamentalmente insumos e importaciones efectuadas por los laboratorios

Sector Público: Gonzalo Pérez Hernández (MIN), Cristóbal Hernández (AD) y Gastón Guisandes (OPINA), para indagar todas las importaciones efectuadas por el sector público

Sector Verificadores: Carlos Tablante (MAS), Liliana Hernández (AD) y Nelson Chitty La Roche (COPEI).

Sector Financiero: Henry Ramos Allup (AD), Jesús Eduardo Troconis (AD) y Gonzalo Pérez Hernández (MIN), para investigar la participación de la banca en el proceso

Las únicas tres subcomisiones sectoriales que funcionaron plenamente y cuyos avances rutinariamente fueron conocidos y divulgados por la prensa, y sus integrantes complementaron la investigación con denuncias simultáneas ante los órganos de justicia fueron: la del Sector Agropecuario, por esfuerzo constante de Orlando Fernández y Edgar Mora; la del Sector Verificadoras, por la acción de Carlos Tablante y Nelson Chitty La Roche; y la del Sector Aduanas, integrada por Nelson Chitty y Orlando Fernández.

Otras dos subcomisiones marcharon un poco por el interés de sus presidentes, que no por el resto de los integrantes: Sector Público (Gonzalo Pérez Hernández) y Alimentos (Alexis Ortiz).

Del resto de los subcomités sectoriales y de los diputados nunca se supo qué hicieron, con quién se reunieron, a quién interpelaron o si, finalmente, produjeron algún informe sectorial que pasara a nutrir el de Douglas Dáger.

Al menos, cuando fueron abordados sus integrantes por la prensa, éstos no sabían qué decir o informar.

Otro aspecto importante a destacar es que, por ejemplo, el Juez Luis Guillermo La Riva había dictado autos de detención en los sectores alimentos, automotriz, financiero, industrial, comercial, y las correspondientes comisiones sectoriales nunca estuvieron a la par de la investigación judicial.

No obstante, el viernes 8 de abril el Contralor General de la República, José Ramón Medina, se reunió en su despacho con el Presidente y algunos miembros de la Comisión Especial del Congreso junto con Fiscales del Ministerio Público que estaban conociendo algunos expedientes. La idea del encuentro fue cohesionar el trabajo, para evitar dispersión o duplicidad de esfuerzos.

Aparte del trabajo sectorial, entre abril y junio de 1989 la Comisión Especial citó a Manuel Azpúrua, ex-ministro de Hacienda; Héctor Hurtado, ex-ministro de Hacienda; Eglée Iturbe ex-viceministro y luego Ministro de Hacienda, hoy en el directorio de PDVSA; Jorge García Duque, ex-viceministro de Hacienda; Edgalia Bastardo de Leandro, ex-directora de Recadi; Ana Teresa Herrera Valduz, ex-directora de Inspección y Fiscalización y de Recadi; Jesús Vargas Chirinos ex-director de Aduanas, para ser interpelados. Algunos comités sectoriales realizaron también interpelaciones, como las efectuadas por las subcomisiones de Aduanas y Verificadoras.

39

La Comisión Especial estuvo respaldada por un comité técnico que presidió el Diputado Roseliano Ojeda e integraron: Humberto Redondo, Humberto Mendoza D`Paola, Manuel Rivero Sanabria, Angel Augusto Franco, Juan Lugo Méndez, Juan Pedro Uzcátegui, Tatiana Uzcátegui, Marcos Guánchez, Gilberto López Zacarías, Jorge Herrera, Víctor Rivera, Marisol Arcia, Alberto Quintero y otros. Allí concurrieron abogados, policías, detectives, médicos, expertos financieros, economistas, analistas de sistema, consultores, auditores, interventores de aduanas, repartidos en los diversos sectores y comisiones.

Este último grupo fue el que fundamentalmente actuó en los propios archivos e instalaciones de Recadi en la Torre Provincial.

Los diez asesores principales de la Comisión Especial, a su vez apoyados en equipos secundarios, tenían bajo investigación, el 13 de julio de 1989, a 14.000 de las 26.000 firmas privadas que importaron con dólares preferenciales todo tipo de mercancías en los últimos seis años.

En principio, ello no suponía que todas estas 14.000 empresas hubieran cometido actos reñidos con la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público y otras normas legales fundamentales del país. Simplemente, diputados y asesores estaban tratando de hacer de una manera más eficiente y rápida lo que en su oportunidad le tocó acometer a las propias autoridades de Miraflores, Gabinete Económico, Hacienda, BCV y Recadi y no lo adelantaron en forma apropiada: cruzar por computadora los distintos archivos que luego estuvieron bajo custodia de la Guardia Nacional, para ver qué se obtenía y profundizar donde fuera necesario.

Con el apoyo de unos pocos empleados de sistemas y secretarias que deseaban colaborar con la investigación, y con algunos terminales y computadoras readaptados para la nueva finalidad, es decir con el recurso de una aplicación denominada Contra-Recadi, se procedió a cruzar los archivos existentes.

El resultado de ese cruce, a su vez, se intercambió con la información en poder del Banco Central, Instituto de Comercio Exterior y los Ministerios de Hacienda y Fomento. El entrelazamiento debía arrojar, como resultado general, cuando menos, tres niveles de información básica: empresas en situación regular, empresas en situación irregular y empresas fantasmas.

La información sobre cada empresa usuaria de dólares preferenciales fue clasificada en una proforma que recibió los siguientes datos: 1) sector económico; 2) número de Registro de Información Fiscal (RIF); 3) número de expediente abierto; 4) nombre de la empresa importadora; 5) presupuesto en dólares correspondiente a 1988; 6) dólares otorgados en 1985, 1986, 1987, 1988 y 1989; 7) total de dólares otorgados; 8) solicitud de dólares preferenciales; 9) referencias; 10) dólares aprobados en cada año desde 1983 hasta 1989; 11) bancos por los cuales se tramitaron cada año las conformidades de importación; 12) fechas válidas para las tramitaciones; 13) artículos importados.

La última casilla de la proforma era la más importante; 14) tipo de irregularidad cometida u observada.

El equipo de investigadores y asesores estableció una tabla o código de 6 irregularidades tipo:

1)Posible sobrefacturación (discrepancias entre el precio ofertado y la valorización de las mercancías); 2) Mal uso de divisas preferenciales (discrepancias en el precio de venta final del producto); 3) Relación inconveniente entre proveedor e importador; 4) Relación anormal entre el capital constitutivo de la empresa con el monto de dólares otorgados y sus correspondientes fianzas en favor del Fisco; 5) Empresas con diferentes Registros de Información Fiscal (RIF); y 6) No aparece en el Registro de Información y Propiedad Industrial (RIPI).

Una vez que los asesores completaran la proforma de cada una de las 26.000 firmas importadoras, en la misma medida se enviaría la información correspondiente a todas y cada una de las subcomisiones sectoriales del Congreso, para que éstas revisaran el expediente y, de ser necesario, se enviara al Juez Instructor Especial, Luis Guillermo La Riva, para que decidiera judicialmente.

40

A pesar de este esfuerzo bien planteado, la fluidez del sistema previsto no coronó en el éxito, por varias razones. En primer lugar, el virus de la informática contaminó muchas archivos del Banco Central de Venezuela -tal vez a propósito-; luego, los propios archivos de Recadi no estaban organizados de la mejor manera. Pero dejemos que sea la palabra del diputado Roseliano Ojeda la que describa la situación:

- Sólo la utilización de la informática -declaró a El Nacional- para el cruce de los datos que se encuentran dispersos en los diferentes archivos relacionados con Recadi, permitirá establecer, en forma precisa, dónde están las irregularidades, cómo se cometieron y quién las perpetró. De acuerdo a un estudio preliminar, los diferentes archivos relacionados con el otorgamiento de divisas preferenciales se encuentran aislados entre sí. La oficina llevaba sus archivos sin clasificación alguna y sólo ordenados según el ingreso de documentos, mes a mes. En mi opinión, estos archivos fueron concebidos, precisamente, para amparar la corrupción, de acuerdo con el grado de desorden y la falta de método que muestran" (13 de mayo de 1989).

Noventa días más tarde, el mismo Ojeda refirió lo siguiente:

- Mas de sesenta ex-funcionarios de Recadi, están colocados ahora en cargos estratégicos, medios y bajos del Ministerio de Hacienda, desde donde siguen mandando sobre los archivos Recadi.

En el fondo lo que estuvo planteado fue una lucha de poder por el control de los valiosísimos archivos de la otrora alcabala de la extorsión y del favoritismo palaciego.

Al Juez Instructor La Riva no le gustó que el archivo fuera revisado por parlamentarios o sus asesores; o a éstos no les gustó que las autoridades judiciales estuvieran chequeando papeles sin su visto bueno; y la Ministro de Hacienda, Eglée Iturbe de Blanco, tampoco vió con buenos ojos que magistrado o congresantes entraran y salieran de las bóvedas de papel a cada instante.

El " peloteo" por el control del archivo fue ley a lo largo del proceso, al menos durante todo el año 1989.

Fue el miércoles 23 de noviembre, ocho meses después de iniciado el trabajo desde el Parlamento, cuando el presidente de la Comisión Especial y de la de Contraloría del Congreso, Douglas Dáger, sometió a la consideración de sus colegas un proyecto de informe preliminar -el que referimos en sus partes más importantes en el capítulo precedente- sobre el caso Recadi.

Ya El Nacional, como apuntamos, lo había divulgado casi en su totalidad.

-La reunión de la Comisión Especial sirvió para reactivar la discusión sobre las irregularidades cometidas en Recadi, caso que había languidecido en los últimos meses -expresó Dáger en la sesión-. Hemos acordado realizar un cronograma de trabajo para ir desglosando parte por parte el papel de trabajo, para irle incorporando las observaciones de cada uno de los parlamentarios y partidos representados en la Comisión, junto con el cuerpo de asesores que ha venido trabajando en la investigación.

Ese día ocurrió un incidente pequeño, pero que no dejó de ser de interés. "La reunión, que se prolongó por unas tres horas, se inició con un debate sobre la reciente destitución hecha por Dáger de dos de los asesores técnicos. Estos, cuya identidad no fue revelada por ninguno de los parlamentarios, habían sido acusados por el coordinador del equipo técnico, Roseliano Ojeda, de matraqueo, desde la subcomisión del Sector Alimentos, presidida por el Diputado Alexis Ortiz; pues, supuestamente, alteraron datos para ocultar irregularidades al menos cometidas por la empresa Alimentos Souto" , divulgó el periódico.

Ortiz se defendió diciendo que Ojeda no había presentado pruebas que sostuvieran la afirmación y que actuaba por franca rivalidad profesional. El informe del sector alimentos, que nutrió el general coordinado por Dáger, determinó que no había pasado nada con las empresas de alimentos. Sin embargo, los miembros de este subcomité, Luis Emilio Rondón (AD) y Luis Hómez (MAS), sacaron en cara a Alexis Ortiz que no respaldaban el escrito. Dentro del contrapunteo, Ortiz dijo que había adelantado su investigación con otros diputados porque ni Rondón ni Hómez asistían a las reuniones de trabajo.

41

La anterior es una muestra de cómo cumplieron con el mandato encomendado por la Cámara de Diputados en pleno, los integrantes de las sub-comisiones por sectores en el caso Recadi.

El proyecto de informe elaborado por Douglas Dáger, sin embargo, dejó entrever las siguientes responsabilidades administrativas, civiles y penales, no obstante que fue tildado de " copeyanizado" por AD:

Jaime Lusinchi: por aprobar presupuestos nacionales de divisas con vicios legales, por permitir que desde el gobierno se estimulara la especulación con dólares preferenciales y la acumulación de hechos fraudulentos.

Hernán Anzola y Mauricio García Araujo: como presidentes del Banco Central de Venezuela permitieron el sobregiro de los presupuestos de divisas por 2.612 millones de dólares en el caso de las importaciones públicas, y por 11.194 millones 130 mil dólares en el caso de las importaciones privadas.

Francisco Maldonado Cisneros, Héctor Meneses, Ana Teresa Herrera Balduz y Edgalia Bastardo de Leandro: como directores de Recadi incurrieron en excesos de los presupuestos nacionales de divisas por 680 millones de dólares y por 11.668 millones 900 mil dólares, en importaciones públicas y privadas, respectivamente.

Manuel Azpúrua y Héctor Hurtado: por ser los responsables de la administración y los administradores de Recadi, y directores del Banco Central de Venezuela. Durante sus gestiones dieron órdenes para sobregirar los presupuestos de divisas y firmaron actas de la Comisión de Importaciones sin el quorum reglamentario.

Héctor Hurtado, Héctor Meneses, Eglée Iturbe de Blanco, Jorge García duque, Francisco García palacios, Modesto Freites, Ana Teresa Herrera Balduz, Eduardo Mayobre, Jóvito Martínez, Edgalia Bastardo de Leandro y José Azócar Aguilera; como integrantes de la Comisión de Importaciones, aprobaron sobregiros presupuestarios.

A fines del mes de noviembre de 1989, el Tribunal Superior de Salvaguarda dictó autos de detención a más de la mitad de los arriba mencionados por el delito de malversación específica de fondos públicos.

Difícil probar la corrupción

La primera reacción del Tribunal Superior de Salvaguarda sobre el caso Recadi dejó atónitos a todos los venezolanos que leyeron El Nacional del 12 de abril de 1989. Su presidente -ya casi para salir-, Guillermo Urbina Cabello se expresó en los siguiente términos:

- En estos casos, cuando están implicados sobre todo altos funcionarios públicos, es muy difícil, por no decir imposible, comprobarles la comisión de un acto de corrupción, porque son personas generalmente universitarias, ilustradas y con cierta cultura que además, para cometer estos delitos, se asesoran por abogados, auditores, contabilistas, economistas... son los llamados ladrones de cuello blanco.

A José Vicente Rangel no le quedó otro remedio que declarar al día siguiente que " era lamentable la actitud del Tribunal Superior de Salvaguarda" , y advirtió que " la trama de intereses era muy poderosa" .

También sorprendido con lo declarado por Urbina Cabello, un abogado amigo (cuyo nombre preferimos reservarnos ahora), nos pidió una cita para entregarnos una fotocopia de la ponencia elaborada por el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gonzalo Rodríguez Corro, a fines de 1988 -a título de decisión-, donde sugirió que los jueces titulares del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público -Guillermo Urbina Cabello, Luis Marcel Urosa Savino y Angel Betancourt Ríos-, podían ser destituidos de las funciones atinentes a los cargos que desempeñaban y, a la vez, firmemente, ser objeto del correspondiente procedimiento disciplinario.

Rodríguez Corro sostuvo la tesis, publicada el 21 de mayo de 1989 y nunca decidida por cierto en aquella oportunidad por sus colegas de la Corte Suprema de que " ...dicho órgano judicial no obstante su alto rango y el riguroso sistema de designación a que está sujeto, se ha tornado en un pésimo ejemplo para la administración

42

de justicia, en nuestro país, siendo proverbial su ineficiencia, su indisciplina, aspectos que de ningún modo pueden ser desvinculados de la responsabilidad que pudiera corresponder a todos y cada uno de los jueves que lo integran. Ello ha dado lugar a gravísimos retardos procesales, con peligro de prescripción de muchas causas, tal como lo ha observado la Fiscalía General de la República" .

Remató Rodríguez Corro su ponencia de 38 páginas alertando lo siguiente: " ... el Consejo Judicial tiene que agilizar los trámites para que los jueces deshonestos no continúen deshonrando a la Judicatura" .

Fue el sábado 13 de mayo de 1989 cuando reaccionó el saliente Presidente del Tribunal, Urbina Cabello, frente a la ponencia del magistrado Rodríguez Corro: " Existe una campaña de descrédito que pretende descalificar injustificadamente al Tribunal Superior de Salvaguarda... Rodríguez Corro -dijo- actúa motivado por el afán de resentimiento y notoriedad" .

Un arreglo político -para variar- pactado entre Acción Democrática, el Partido Socialcristiano Copei y el Movimiento al Socialismo (MAS), el martes 27 de junio, logró sustituir a los criticados magistrados arriba citados. De manera que Silvestre Ortiz Bucarán se convirtió en el nuevo presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda, acompañado de los Jueces Carmen Alaide Mazzarri Mendoza (prima de Humberto Mendoza D`Paola, a quien referirnos ya en capítulo precedente) y Enrique Sánchez Falcón. El primero, candidato de consenso de los tres partidos mayoritarios; la segunda, impuesta por AD, y el tercero por Copei.

La renovación del Superior de Salvaguarda fue acogida con beneplácito por muchos venezolanos deseosos de que impartiera verdadera justicia en este y otro casos igualmente importantes. Ortiz Bucarán venía recomendado con las mejores cartas: miembro destacado de la Junta Patriótica que conspiró contra la dictadura de Pérez Jiménez en los años cincuenta y miembro calificado de la Comisión Contra el Enriquecimiento Ilícito, en los años sesenta.

- Tenemos cinco años- dijo - y les garantizo que haremos kilómetros de justicia... Vamos a trazar una línea divisoria. No queremos juicios sobre lo hecho hasta hoy. Estamos claros que el Tribunal Superior de Salvaguarda, como parte del país no escapa a la crisis de Venezuela. La administración de justicia es cuestionada y está en una situación difícil... Tenemos un concepto muy sencillo de lo que es justicia: sancionar a los culpables y absolver a los inocentes. Lo vamos a aplicar. No habrá fuerza ni influencia que nos haga torcer. No condenaremos inocentes, pero tampoco absolveremos culpables. Cumpliremos.

Al serle tocado el caso Recadi, el nuevo Magistrado respondió: " Hemos venido a trabajar. Fuimos electos por unanimidad y el Tribunal Superior de Salvaguarda es el ojo del huracán. No realizar una investigación contra el caso Recadi puede constituir un atentado contra la estabilidad democrática" .

El 3 de julio de 1989 se descubrió que los miembros del Tribunal saliente de Salvaguarda, Guillermo Urbina Cabello y Luis Marcel Urosa Savino, con el voto salvado de Angel Betancourt Ríos, resolvieron cerrar la averiguación penal contra la empresa Interamericana de Aviación y su presidente, Julio Mendoza Silva, " por considerar -los primeros dos- y esta fue la primera decisión en el caso Recadi en contra o a favor de algún particular- que hasta el presente no se ha ocasionado ningún daño al patrimonio público en el otorgamiento de dólares preferenciales, dado que el Fisco Nacional puede ejecutar la fianza otorgada. Por tanto, este otro hecho denunciado no reviste tampoco ningún ilícito penal" , decía la ponencia.

Por su parte, Betancourt Ríos, al razonar su voto salvado, expresó que " mediante actos fraudulentos se aprovecharon y distrajeron en provecho de otro (Inversiones JRM) el dinero, valores o bienes recibidos de un organismo público (Recadi) por su representada por alguna forma de contratación con lesión del patrimonio" .

En realidad, todo el país se dio cuenta de cómo los jueces superiores salientes trataron, sin éxito y aceleradamente, de hacer en la última semana de su ejercicio, lo que no habían podido en cinco años: " administrar justicia" . Mucho tiempo después también se supo que igual ocurrió con el cierre de la averiguación a la Corporación Venezolana de Guayana y algunas de sus empresas subsidiarias (especialmente las del

43

Sector Aluminio), cuando, nuevamente con el voto salvado de uno de los magistrados (Marcel Urosa Savino), se cerró el expediente originado en el Congreso y la Contraloría General de la República por el famosísimo " Informe Espinoza" . Escándalo, este otro, que marcó el inicio periodístico de 1988.

Los nuevos jueces superiores, Ortiz Bucarán, Carmen Alaide Mazzarri Mendoza y Enrique Sánchez Falcón, causaron buena impresión pública, cuando a las cuarenta y ocho horas de ejercer funciones dictaron prohibición de salida del país a todos los funcionarios de la Comisión de Importaciones y los comenzaron a citar a declarar en la instancia de alzada.

Luego que el Juez instructor del caso, Luis Guillermo La Riva, dictó auto de detención a Nicomedes Zuloaga en el expediente de los molineros y que, a su vez, le fue desempolvado su pasado conspirador por el Diputado Oswaldo Alvarez Paz, los jueces superiores de Salvaguarda, el 17 de julio, decidieron nombrar otros nueve jueces instructores más para investigar el escándalo.

Quedó la Riva (XXXVII Penal) en el expediente de alimentos, Francisco Caracciolo Lamus (XL Penal) en el agropecuario, Efraín Medina (XXVIII Penal) en el industrial, Aura Brandt de Grisanti (XVIII Penal) en el comercial, Esther Franco La Riva (XXIX Penal) en la industria farmacéutica y medicinas, Diamora Ramírez de Simancas (XXXIV Penal) en el Sector Público, Luisa Doris Castellanos (XXXIII Penal) en el Sector de las Empresas Verificadoras y Olimpia Suárez de Algarra (VII Penal) -la misma que venía investigando a Blanca Ibáñez, secretaria privada del ex-presidente Lusinchi, y el caso de los jeeps- en el Sector Financiero.

Estos nombramientos se hicieron luego que las autoridades del Superior se reunieron con la asamblea de jueces penales del Distrito Federal y Estado Miranda, instancia de donde antes había sido seleccionado Luis Guillermo La Riva López.

Previamente, los abogados de Zuloaga, especialmente Jesús Ramón Quintero, habían solicitado la nulidad del nombramiento de La Riva -que le dictó auto al Amo del Valle- porque en la asamblea que lo eligió -los demás se declararon incompetentes ante la complejidad del caso- no se actuó por mayoría sino con 12 votos a favor y 2 abstenciones, de 24 posibles.

De manera que la resolución del Superior de Salvaguarda dijo que " en virtud de que los jueces superiores penales se declararon incompetentes para designar nuevos instructores especiales, el Tribunal Superior de Salvaguarda, conforme a los artículos 86 y 108 de la Ley que lo rige y el 25-A del Código de Enjuiciamiento Criminal, designa nueve jueces como instructores especiales, a la vez que ratifica al Juez La Riva, que queda encargado de investigar el área de alimentos".

El expediente acumulado por La Riva, de donde se desprendieron las 90 decisiones ya comentadas, se distribuyó de la misma manera en que estaban subdivididos los sectores en la comisión parlamentaria que investigaba en paralelo el caso Recadi desde el Congreso.

La designación de nueve jueces adicionales y la división del expediente por sectores específicos creó la sensación, en la opinión pública, de que el escándalo en contra o desde la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales pasaría a una nueva etapa de decisiones signadas por la administración de justicia que esperaba impaciente el pueblo venezolano. Más no fue así. Como veremos en el capítulo referido a los casos más importantes de La Gran Estafa, muchos de los expedientes abiertos y decididos por La Riva, fueron cerrados por sus colegas instructores designados por Salvaguarda.

Los primeros actos del Tribunal Superior de Salvaguarda -prohibiciones de salida del país a funcionarios y nombramiento de más jueces- se cayeron por su propio peso y, una vez más, la desconfianza, el desconcierto y la indiferencia se apoderaron del público. La nueva magistratura colegiada, compuesta por Ortiz Bucarán, Mazzarri Mendoza y Sánchez Falcón, absolvió al ex-ministro de Transporte y Comunicaciones del gobierno de Luis Herrera Campíns, Vinicio Carrera Arismendi, el 18 de agosto de 1989, de los cargos de peculado que en su momento le hizo el fiscal Enrique Iglesias. Este advirtió que apelaría de inmediato.

44

Pero antes, la Juez Penal Clara Rosa Peñaranda, por su parte dejó en libertad el viernes 28 de julio el ex-gobernador de Caracas, Rodolfo José Cárdenas, quien también ejerció el cargo durante la administración de Luis Herrera Campíns.

En todos los mentideros políticos se comentó que estaba en marcha un arreglo convenido entre Acción Democrática y Copei, para absolver a señalados blancos y verdes por corrupción administrativa en el Tribunal Superior de Salvaguarda.

La lentitud contralora

El jueves 5 de abril de 1989, el Contralor General de la República, José Ramón Medina, nos concedió una entrevista exclusiva, además de fondo, sobre el caso Recadi. Se trató de la primera información sólida donde este funcionario tomó partido en la investigación, desde el punto de vista de las responsabilidades administrativas que pudieran acarrear luego, procesos civiles y penales.

Por considerar que en el Régimen de Cambios Diferenciales administrado por Recadi intervino una multiplicidad de órganos públicos y privados, dentro de un complejo sistema de otorgamiento de un bien público -divisas controladas, explicó el Contralor-, la Contraloría General de la República decidió cambiar el enfoque de sus averiguaciones que venían desde 1986 y 1987 y, resolvió investigar al Banco Central de Venezuela y, si fuera necesario, las actividades de las cuatro empresas verificadores y las operaciones del Puerto Libre de la Isla de Margarita.

Medina expuso que, en principio, " los hechos que se dicen ocurrieron en Recadi originarán responsabilidades administrativas como también civiles y penales. De acuerdo con esto, a la Contraloría le corresponderá señalar las primeras, dentro de lo que es su esfera de acción, pero a la Fiscalía General de la República y a los Tribunales de Salvaguarda les tocará pronunciarse sobre las segundas" .

La declaración principista de José Ramón Medina no buscó otro objetivo que deslindar las responsabilidades, previniendo -sabiamente- que en un futuro no muy lejano el caso pudiera abortar y que quedara, entonces, bien parado el nombre de la Contraloría General de la República, a cuyo frente fue reelecto después que Carlos Andrés Pérez tomó por segunda vez la jefatura del Estado y del Gobierno.

- Es necesario que quede claro- enfatizó Medina- y sin lugar a dudas, que el organismo contralor cumplirá esas investigaciones sin aceptar ni tolerar ningún tipo de presiones políticas, ni de ninguna otra índole. No seremos permeables al incontenible y vicioso enfrentamiento de posiciones individuales y de grupos. Tampoco estamos dispuestos a permitir que se creen en la opinión pública falsas expectativas sobre los resultados de las actuaciones de la Contraloría, resultados que no podrán alcanzarse, simplemente, porque están fuera de competencia. Rechazo que pueda pensarse que estamos eludiendo el problema o evadiendo el deber que nos corresponde. Por el contrario, estamos conscientes de la complejidad del asunto, y asimismo, estamos dispuestos a asumir nuestras responsabilidades y llevar adelante las investigaciones a que hubiere lugar, con la objetividad e imparcialidad que debe caracterizar todas las actuaciones de los órganos contralores, pero sólo podemos hacerlo conforme a lo que la ley nos ordena.

Ya la Contraloría General de la República había entregado en las páginas 95 y 96 del Tomo I de su informe anual al Congreso, correspondiente a 1987, un compendio de irregularidades detectadas en los procesos de liberación de fianzas por el uso de dólares preferenciales. El despacho había resuelto incorporar dentro de la programación de inspecciones fiscales de ese año, una actuación completa al respecto en la Dirección General Sectorial de Autorización de Divisas para la Importación, nueva denominación de Recadi.

La gama de vicios y anormalidades reflejada en el informe iba desde la carencia de controles para saber qué fianzas debían ser liberadas, pasando por la falta de reintegros al Banco Central de Venezuela de las divisas no utilizadas o la falta de un catálogo de precios unitarios actualizados para evitar la sobrefacturación de importaciones, hasta la recepción de documentos clave totalmente ilegibles.

45

De estas irregularidades preliminares detectadas por la Contraloría, se derivaban consecuencias jurídicas que comprometían la responsabilidad penal de funcionarios públicos, particulares y representantes o directivos de empresas. " Estas conductas antijurídicas -escribimos el 6 de abril-, se encuentran perfectamente definidas en la Ley de Salvaguarda, como acciones punibles, conocidas en la doctrina penal con las denominaciones: 1) procuración ilegal de utilidad en actos de la administración pública; 2) cohecho pasivo o conducta de cualquier funcionario público que por hacer u omitir algún acto de sus funciones, reciba o se haga prometer dinero u otra utilidad; 3) concierto de funcionarios con particulares interesados o intermediarios en contratos o servicios o suministro de haberes o efectos del patrimonio público, en perjuicio de la Administración Pública; 4) aprovechamiento de fondos públicos; 5) enriquecimiento con certificaciones falsas; 6) tráfico de influencias; 7) expedición ilegal de certificaciones; 8) alteración de documentos en perjuicio de la administración pública; y 9) negligencia en la defensa de derechos o acciones de organismos públicos" .

El 11 de junio, dos meses después de su primera declaración impactante, el Contralor Medina volvió a aparecer en El Nacional. En esta oportunidad dijo: " preferimos un trabajo lento, pero de ninguna manera extemporáneo, y no un trabajo apresurado que pueda quedar en el aire" .

El Contralor General fue inquirido a este respecto, pues los venezolanos también conocen la exagerada lentitud con la que trabajan los entes encargados de determinar las diversas responsabilidades administrativas, políticas, penales y civiles que se pueden derivar de un escándalo, en un momento dado.

Muchas veces, esta lentitud no provoca un efecto distinto al de la prescripción de muchos casos.

En el caso concreto de la Contraloría General de la República, -apartando el de Recadi-, por ejemplo, la investigación que inició el despacho a propósito del célebre Informe de Anelo Segundo Espinoza contra la Corporación Venezolana de Guayana y las empresas del aluminio, en febrero de 1988, dos años después no ha podido pasar de su eternizante etapa preliminar.

Pero también hay que admitir que un ingrediente determinante para que las investigaciones no marchen a la velocidad que reclama la sociedad, es la asfixia financiera que sobre los organismos aplican los partidos políticos a la hora de aprobar el presupuesto ordinario de la Nación o un crédito adicional en el Congreso para una finalidad investigativa compleja.

Una fiscalía displicente

A los cuestionamientos que se le venían haciendo al Fiscal General de la República, Héctor Serpa Arcas -incluido el inolvidable episodio de la Lolapol-, se añadió uno relacionado con el escándalo Recadi: negligencia.

Esta constituye una flagrante violación del artículo 41 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, que establece multa entre 10.000 y 500.000 bolívares para los funcionarios públicos que, según el ordinal 8 del mencionado artículo, " dejen prescribir o permitan que desmejoren acciones o derechos de los organismos, por no hacerlos valer oportunamente o hacerlo negligentemente" .

Este fue el estreno del Fiscal Héctor Serpa Arcas en La Agenda Secreta de Recadi, en su edición del 6 de abril de 1989.

Resulta que el 23 de agosto de 1988, la Contraloría General de la República -aun cuando lenta en sus procederes- envió una comunicación al Ministerio Público (específicamente al Fiscal), remitiendo documentación importante sobre " presuntos hechos irregulares" que se habrían cometido en Recadi a lo largo de 1987.

El texto enviado por Marieli Marrero Santana, Directora General de Control de Administración Central de la Contraloría a Serpa Arcas, explicó que " de conformidad con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, enviamos expediente conformado por cuatro piezas de 877 folios, contentivo de informes de fecha 18 de agosto de 1988 y documentación sobre presuntos hechos irregulares, determinados

46

por esta Contraloría en el curso de una averiguación que se adelanta en relación con el otorgamiento de divisas al tipo de cambio preferencial por parte de Recadi" .

El párrafo siguiente decía: " A los fines de la determinación de las acciones legales que procedan por parte del organismo a su cargo, por cuanto del contenido del referido expediente se deriva que particulares y presumiblemente funcionarios públicos, han incurrido en la comisión de hechos que pudieran haber afectado el patrimonio de la Nación" .

Entre otras, a esta comunicación oficial el Fiscal Serpa Arcas no habría hecho ningún caso. En otras palabras, la Contraloría nunca recibió pronunciamiento o resultados de parte del Ministerio Público, a este respecto.

Durante la administración de Héctor Serpa Arcas, digamos, la Fiscalía General de la República no vivió su mejor momento. Al final del escándalo Recadi, se le denunció por haberse autojubilado con privilegios y primas que superaban los 140.000 bolívares mensuales, de por vida.

Pero volviendo al desarrollo de lo que fue la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, el viernes 5 de mayo de 1989 Luis Beltrán Prieto Figueroa sentenció de la manera más categórica que " Recadi me ha tenido muy preocupado por ser señal de una corrupción generalizada en las funciones públicas y eso tiene que preocupar, a su vez, a todos los venezolanos, porque los empleados públicos son servidores públicos y si son corruptos la administración no marcha...El Fiscal General -se refería a Serpa Arcas- no hace nada contra la corrupción. Y si no hace nada para castigar a los culpables que abusaron de sus cargos para desfalcar a la nación, es un hombre inútil que no cumple con sus obligaciones..." .

Fue el 11 de junio cuando Ramón Escovar Salom abandonó la embajada de Venezuela en Francia para sustituir a Serpa Arcas al frente de la Fiscalía General de la República. Este cambio de mando siguió llenando lo que antes describimos como el " vacío de justicia" .

Una semana más tarde anunció al país que había resuelto incorporar a las investigaciones iniciales sobre Recadi a dos fiscales adicionales a los seis ya existentes.

-La incorporación de Emilia Estée y Néstor Contreras es para fortalecer y profundizar las investigaciones. Ordené a los fiscales que participan en el caso que se abstengan de dar declaraciones públicas sobre materias que están en proceso sumarial. En este asunto, como en cualquier otro, el Fiscal General de la República debe contribuir a que los jueces actúen sin presiones.

Pero la fuerza inicial que le imprimió la nueva administración de la Fiscalía, con Ramón Escovar Salom al frente y Antonio José Herrera en la dirección general, se vio derrumbada por el auto de detención dictado por el Juez XXXVI Penal, Frank Vecchionacce, al Fiscal LXIII del Ministerio Público, José Gregorio Rodríguez, el 22 de junio, por complicidad en tráfico de influencias, en perjuicio de la empresa Balgrés.

Este caso, a su vez, estaba ligado a una denuncia particular formulada por el presidente de la Comisión Especial del Congreso, Douglas Dáger, contra los ciudadanos José Antonio Zapata y Rosa Yajaira Santaniello Rosales, por pedir dinero a empresarios, bajo la promesa de eliminar las pruebas en su contra. A estos dos también el Juez Vecchionacce les dictó auto de detención el mismo día que al Fiscal Rodríguez.

Como para amortiguar el desprestigio al que sometió a la Fiscalía José Gregorio Rodríguez, Antonio José Herrera, director general de Ministerio Público, en rueda de prensa efectuada el miércoles 28 de junio, anunció la incorporación de 32 nuevos fiscales a la investigación Recadi. Así, sumaban 40 los representantes del Ministerio Público y la cantidad permitió adaptar a la Fiscalía al esquema sectorial manejado desde el Congreso y a la incorporación hecha por Salvaguarda de nueve jueces instructores especiales para completar diez, agrupados también por áreas investigativas.

Para el momento del anuncio de Herrera, ya estaban acumulados 62 expedientes diferentes y la capacidad de sustanciación de la Fiscalía había mermado considerablemente.

47

Sintetizó en tres las razones para tomar la medida: 1) en los actuales momentos existen 62 causas vinculadas al caso Recadi, que cursan ante el Tribunal XXXVII Penal y de Salvaguarda (el del Juez La Riva); 2) dada la estrategia procesal de La Riva, se prevé un incremento sustancial de expedientes; y 3) de todas las dificultades y limitaciones señaladas por el Juez de la causa para la instrucción de los numerosos y voluminosos expedientes, hay una a cuya solución puede contribuir efectivamente el Ministerio Público.

El Juez La Riva se reunió con el ejército de Fiscales designados el 3 de julio y comenzó a repartir los expedientes y causas, a un promedio de dos por cabeza.

El 17 de noviembre el Fiscal Ramón Escovar Salom, desde San Cristóbal declaró lo siguiente: "Recadi fue un caso de corrupción que traspasó las fronteras venezolanas y que llegó a todos los rincones del mundo. Precisamente por las dimensiones, es que no puede quedar en la nada, sino que deben adelantarse las gestiones y procedimientos para que los que aparezcan como responsables puedan ser castigados con todo el peso de la Ley. En lo que respecta a la Fiscalía, puedo asegurar que haremos todo lo que sea posible, todo lo que esté a nuestro alcance y en nuestras manos, para tratar de contribuir al esclarecimiento de ese bochornoso asunto" .

Capítulo 6

Los funcionarios

La Comisión de Importaciones, creada según el Decreto Presidencial 1.546 del 6 de mayo de 1987, e integrada por los Ministerios de Hacienda (quien la presidió), Fomento, Agricultura y Cría, Cordiplan, y los Presidentes del Banco Central de Venezuela y del Instituto de Comercio Exterior, fue denunciada por el diputado Carlos Tablante, Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados, el 29 de junio de 1989.

Tablante introdujo ante el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, presidido por Silvestre Ortiz Bucarán, un escrito donde hizo referencia a los irregulares procedimientos utilizados por los ministros del Gabinete Económico del ex-presidente Jaime Lusinchi.

Según el escrito, "correspondía a esta Comisión aprobar, por la vía discrecional, el otorgamiento de divisas preferenciales para las importaciones del sector privado, para la industria, el comercio, el Puerto Libre de Margarita, repuestos y los insumos del sector agrícola; y, en definitiva, para cuanto dólar preferencial le fuese solicitado fuera del Presupuesto Nacional de Divisas".

Al respecto, "para 1987 se había aprobado un presupuesto de divisas que alcanzó la suma de 8.243 millones 137 mil 409 dólares, el cual fue ratificado para aplicar durante el año siguiente" .

De modo que durante " 1988 esta comisión efectuó aprobaciones hasta por la suma de 14.118 millones 736 mil 876 dólares, cantidad que, lógicamente, excedió el monto presupuestado de divisas que regía para ese año" . El punto central de la denuncia, el sobregiro presupuestario, fue confirmado luego por la vía del informe global del Congreso elaborado y coordinado por el diputado Douglas Dáger.

"Estas aprobaciones que llamaremos extra-cupo -dijo Tablante-, por parte de la Comisión de Importaciones que tenía además la función de fijar las políticas y prioridades que deberían ser aplicadas dentro de un régimen de cambio impuesto, usó y abusó de ese poder discrecional, puesto que se excedió hasta sobregirar y sobrepasar los límites de nuestras reservas internacionales" .

Argumentó en la acusación interpuesta que "como se demostrará, un importador que solicitaba y obtenía una conformidad de divisas, acudía, por intermedio del banco tramitador, al Banco Central de Venezuela, organismo que adelantaba en la gran mayoría de los casos el 20 por ciento del monto de la conformidad y expedía una certificación de disponibilidad de divisas, en espera de que se cumpliera con la importación" .

48

En tal sentido, "esas aprobaciones de divisas extra-cupo deben ser investigadas y analizadas una a una, con la finalidad de determinar si quienes hicieron esas aprobaciones fuera del presupuesto aprobado incurrieron en la comisión de los delitos previstos y penados en los artículos 59 y 61 de la Ley de Salvaguarda.

Toda vez que no sólo se excedieron fuera del presupuesto con las aprobaciones otorgadas, sino que también no existía, en las arcas del tesoro, la suficiente cantidad de dólares para cubrirlas, con el consiguiente riesgo que en contra de la Nación se interpongan reclamos por todos aquellos importadores a los cuales les aprobaron dólares preferenciales con o sin cupo, como es el caso de la demanda introducida por ante la Corte Suprema de Justicia por el Consejo Venezolano de la Industria (Conindustria), solicitando la nulidad de la reforma al Convenio Cambiario donde se establece la forma cómo el Ejecutivo por falta de liquidez de nuestras reservas, puede cancelar las cartas de crédito para las importaciones causadas" .

Igualmente, "debe investigarse a quienes emitieron desde el Banco Central de Venezuela los certificados de disponibilidad de divisas, por cuanto al no existir la misma, como lo habían certificado, incurrieron en la comisión del delito previsto en el artículo 75 de la Ley de Salvaguarda" .

Durante la vigencia del Decreto 1.546, los cargos correspondientes a esta Comisión de Importaciones estuvieron desempeñados por los siguientes funcionarios:

Hacienda: Manuel Azpúrua Arreaza, Héctor Hurtado y Eglée Iturbe de Blanco.

Fomento: Héctor Meneses.

Cordiplan: Modesto Freites.

Banco Central de Venezuela: Hernán Anzola y Mauricio García Araujo.

Instituto de Comercio Exterior: Eduardo Mayobre.

Ministerio de Agricultura y Cría: Wenceslao Mantilla y Felipe Gómez Alvarez.

"En muchas ocasiones, a las reuniones de esta Comisión de Importaciones no asistían los titulares, casos en los cuales sus vacantes eran llenadas por los viceministros o directores generales del despacho o por los vicepresidentes de los citados organismos. Es así como a estas reuniones acudían Jorge García Duque y Eglée Iturbe de Blanco, Viceministros de Hacienda; Francisco García Palacios, Viceministro de Fomento; Jóvito Martínez Guarda, Viceministro de Cordiplan; el Vicepresidente del BCV, José Benjamín Escobar, y siempre estaba atenta a las mismas y actuando como secretaria ejecutiva, la directora General Sectorial de Autorización de Divisas para la Importación, Edgalia Bastardo de Leandro" .

Al día siguiente de hacer Tablante su denuncia, el 30 de junio, el presidente de la Comisión Especial Investigadora del Congreso, diputado Douglas Dáger, asistido por el abogado Braulio Jatar Alonso, introdujo otra de apoyo a la de aquél, donde solicitó que el Tribunal de Salvaguarda prohibiera la salida del país a un total de 19 ex-funcionarios de la administración Lusinchi, donde además de todos los precisados por Tablante, figuraban: José Angel Ciliberto (ex-ministro de Fomento y de Relaciones Interiores); Leopoldo Carnevali (ex-ministro de Cordiplan); Francisco Maldonado Cisneros (ex-director de Recadi); Chelita Pérez (ex-directora de Autorización de Divisas de Recadi), Marbella Patiño de Rotundo (ex-directora de Autorización de Divisas de Recadi), Eduardo R. Behrens Linares (ex-director de Operaciones y ex-director General de Recadi); Marlene de Lane (ex-directora de Operaciones de Recadi); y Jesús Vargas Chirinos (ex-director de Aduanas de Hacienda).

Según estos otros denunciantes, "el ilícito reside en la forma y los procedimientos empleados para la ejecución de los diferentes presupuestos nacionales de divisas a partir de 1984...Lo grave de este asunto es que el Ejecutivo recurrió al financiamiento del déficit de la balanza de pagos mediante el uso del crédito externo, induciendo al sector privado a contraer el financiamiento de sus importaciones con dólares preferenciales, usando cartas de crédito financiadas, hasta en 80 por ciento, por la banca corresponsal extranjera. Hecho que

49

implica una violación cuantitativa de la programación inicial de los presupuestos de divisas formulados en su conjunto para estos ejercicios, y esa irregularidad constituye en el presente, un daño patrimonial fiscal cercano a los 70.000 millones de bolívares" .

Todos los funcionarios señalados tanto por Tablante como por Dáger, que antes habían sido citados por el Juez Instructor Especial del Caso, Luis Guillermo La Riva, al XXXVII Penal, fueron requeridos después por el Tribunal Superior de Salvaguarda recién constituido bajo la presidencia de Silvestre Ortiz Bucarán e integrado por Alaide Mazzarri Mendoza y Enrique Sánchez Falcón. En efecto, la medida de prohibición de salida del país dictada varias veces en el pasado por La Riva, fue, a su vez, varias veces extendida por el tribunal de alzada.

Meneses dejó una carta

El 13 de abril de 1989 fue la primera vez que Héctor Meneses, ex-ministro de Fomento y director encargado de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, fue nombrado en La Agenda Secreta de Recadi, en un trabajo titulado "Diez Administraciones" , el cual se ilustró con igual cantidad de gráficos que demostraban que la extinta dependencia había tenido diez organigramas distintos desde que fue creada en 1983.

En realidad se trató de un trabajo de apoyo que se consideró oportuno divulgar, para que el público estuviera claro en quiénes habían sido sus administradores y los superiores inmediatos de éstos, durante los cambios operativos que ocurrieron en los gobiernos de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi.

La nota informativa tuvo como atractivo el dato de que, una vez fuera de la dependencia Francisco Maldonado Cisneros, fue designado director general de Recadi Oscar Páez Bohórquez, quien apenas duró un día en funciones, aspecto desconocido hasta ese momento.

El mismo día Héctor Meneses, disparándose un balazo en la cabeza, intentó suicidarse. Por nuestra parte, nos encontrábamos realizando un trabajo de calle para La Agenda.

Cuando llegamos al periódico, cerca de las doce del mediodía, encontramos que el reportero de sucesos y policía, Humberto Alvarez, había tratado de establecer contacto directo con nosotros, no menos de diez veces, por el radio de la unidad que lo trasladó desde la sede de la Policía Técnica Judicial hasta la Policlínica Metropolitana, en Caurimare.

Hablamos por radio con Alvarez y nos trasmitió el hecho, aparte de solicitarnos cooperación para salir con la mejor información al día siguiente.

Lo primero que se nos ocurrió fue establecer contacto con los familiares de Meneses (llamamos a la casa del ex-ministro donde ocurrió la tragedia, pero nadie tomó el teléfono). Luego, al ex-ministro de Hacienda, Héctor Hurtado, a la presidencia del Banco Exterior de España y Los Andes, Extebandes, pero la hora del discado no fue la más apropiada.

Sobre las doce y media, ya comenzando la tarde, ubicamos a Jorge García Duque, ex-viceministro de Hacienda, en la presidencia del Fondo de Garantía y Protección de los Depósitos Bancarios, Fogade. Sorpresa nos provocó que alguien tan ligado al grupo Hurtado se enterara del incidente, a propósito de nuestra llamada. García duque se quedó atónito con la noticia y el transmitírsela provocó en él, por lo menos, cinco minutos de absoluto silencio.

-¿Qué estás diciendo? - respondió, al recuperarse del golpe-. ¿Qué el Flaco Meneses se pegó un tiro?

- Si, eso es lo que estoy diciendo -respondimos de inmediato.

-¿Por qué el Flaco haría algo así? - insistió García Duque. Estás seguro de la información. Ustedes no han escrito nada en contra de él.

50

- Hoy lo mencionamos -agregamos después- para precisar que había sido también director de Recadi, pero todavía no tenemos ningún dato cierto que permita denunciarlo en la campaña del periódico.

- Yo tengo un almuerzo ahora -explicó García Duque-, pero me quitaste las ganas con lo que me estás diciendo. Llámame en media hora, para averiguar que fue lo que pasó con el Flaco.

Así fue. Antes del tiempo convenido, llamamos de nuevo a Fogade. García Duque había hecho contacto con médicos de la Policlínica Metropolitana que, a su vez, le atendían ciertas dolencias de columna.

- La información es correcta -nos comentó-. No salgo de mi asombro. ¿Qué saben ustedes?

- Por ahora lo mismo -dijimos-. Todavía no ha regresado Humberto Alvarez de la clínica. Necesito que me ayude a conseguir a Héctor Hurtado. Lo he estado llamando hace días, pero está claro que no quiere conversar conmigo sobre el caso Recadi. No responde las llamadas y cambió el teléfono de su casa.

- Tengo días que no nos vemos -comentó García Duque. Debe estar muy mal con lo de Meneses. Ahora menos hablará contigo. Trataré de hablar con él...

En la edición del viernes 14, efectivamente, El Nacional dio una primera versión de lo ocurrido a Héctor Meneses. A lo interno del periódico, los colegas nos tomaban el pelo diciéndonos que ya La Agenda de Recadi tenía 6 presos y un muerto: 2 empleados de las verificadoras, 4 de instituciones bancarias y, lamentablemente, Héctor Meneses, respectivamente. Este se encontraba herido de gravedad.

Dos días más tarde, el 16 de abril, se conoció en los predios de la Policía Técnica Judicial que el ex-ministro de Fomento, como es casi una norma universal en estos casos, había dejado una carta, explicando las razones de su decisión.

Luego, el Juez Instructor del Caso, Luis Guillermo La Riva, anunció que iba a recabar la carta dejada por Meneses. En esos mismos días, el 18 de abril de 1989, el Juez XXXVII Penal, La Riva, fue ratificado por la Asamblea de Jueces Superiores del Distrito Federal y Estado Miranda, para seguir conociendo del caso Recadi. Buscó apoyo, porque, comenzaron las primeras críticas contra la cantidad de medidas judiciales que estaba tomando.

En efecto, basado en un oficio escrito por el Fiscal LXI del Ministerio Público, Ramón Iglesias, Luis Guillermo La Riva obtuvo de la PTJ el texto que, según se dijo extraoficialmente, había dejado Héctor Meneses. Aparentemente, se trataba de una página escrita a mano, donde el ex-ministro mencionó, al menos, a tres personas de relieve en el mundo político y económico. El caso Recadi, con este episodio, adquirió connotaciones muy dramáticas. Desde antes que la carta fuera recabada de la PTJ, lógicamente que todas las redacciones de los periódicos se propusieron obtenerla a como diera lugar.

La expectativa sobre la carta de Meneses continuó latente hasta el jueves 8 de junio. Llegamos a nuestra oficina sobre las nueve de la mañana, hora de rutina. Ya Fabricio Ojeda, compañero de investigaciones, le había puesto a la puerta del cubículo un pequeño letrero escrito con marcador, que decía "DDS" .

Todas las personas que pasaban por el pasillo que da a la dirección de El Nacional, se detenían y preguntaban que significaba DDS. Igual quienes venían a buscarnos a nosotros, bien para aportar datos o documentos respecto del escándalo, bien citados para ser entrevistados confidencialmente o bien visitantes.

A Fabricio se le ocurrió poner la clave en la puerta, para darle continuidad al concepto de que desde El Nacional se estaba orquestando una campaña para desestabilizar el sistema democrático. De modo que nuestra oficina pasó internamente a llamarse Departamento de Desestabilización del Sistema (DDS). El término se hizo tan común y popular que nosotros mismos, al indicar nuestra ubicación a terceros, finalmente rematábamos: "donde dice DDS, a la derecha" .

51

Ese jueves sonó el teléfono y respondimos.

- ¿Agustín?- dijo la voz.

- Sí, ¿quién es? -respondimos.

- Habla camionero BJ. ¿Te acuerdas de esa clave?

- Sí, como no.

- El Capitán Marte te manda a llamar para algo muy importante -se nos comunicó.

- Debe ser bien bueno para que tú mismo hayas llamado -replicamos.

- Anota esta dirección y llámale por el celular después de las doce, pero sin falta -nos instruyeron.

Luego de la llamada nos dedicamos a adelantar la edición de La Agenda del día siguiente, hasta que sonó el teléfono otra vez.

- ¡Bueno! - dijimos.

- Con el Licenciado Agustín Beroes -le reconocimos la voz a Orlando Fernández.

- ¿De parte de quién?

- De Orlando Fernández Medina.

- Agustín Beroes hablando -volvimos a replicar.

- Esta tarde van a allanar la sede del Consorcio Capricornio en el edificio Onix de El Rosal. Le paso esta exclusiva, para que se luzca mañana.

- Okey, gracias Diputado. Nos vemos - click.

Tuvimos el presentimiento de que más que el allanamiento, que también dio buenas noticias, la primera llamada envolvía un paso importante en nuestra investigación. Sobre el mediodía nos comunicamos con la Sección Política para advertir del allanamiento del grupo denunciado por Orlando Fernández, y quedar libres para lo que vendría después.

Casi a la una de la tarde, nos respondió el teléfono celular convenido.

- ¿Aló? - respondió una dama.

- Quisiera hablar con el Capitán Marte -dijimos.

- ¿Cómo es la vaina? ¿Quién habla?

- Es Agustín Beroes del diario El Nacional.

- Hola, es...(fulana de tal). Ya te lo pongo... No me habían dicho que cambiaron la clave. Espérate...

- ¿Agustín? Escucha con atención. Tengo que salir al interior desde La Carlota, pero regreso antes de las cinco de la tarde. Vete para la oficina de Camionero BJ. Lo llamo enseguida para que no se enrolle. El tiene lo que te quiero dar -nos indicó la voz masculina.

52

Luego de almorzar nos fuimos rápidamente a la oficina de Camionero BJ. No estaba y nadie sabía a qué hora llegaba. Su esposa nos dio cuatro veces café y, mientras apareció, le revisamos todos los papeles que tenía en el escritorio, muy discretamente.

Allí estaba. Era una copia certificada por el Tribunal XXXVII Penal del Juez La Riva y por la Policía Técnica Judicial, del texto escrito por Meneses el mediodía del jueves 13 de abril. Como era corta, apenas 5 párrafos, copiamos el contenido en la libreta. Seguimos alborotando la mesa para ver si había más copias. En eso sentimos la llegada del Camionero BJ.

Y lo dejamos de ese tamaño.

Al contrario de lo que estaba previsto, Camionero BJ "se enrolló" , no nos quería entregar el manuscrito de Meneses, porque -según él- el Capitán Marte no lo había llamado después para decirle que nos lo entregara. Tras dos horas y media de discusión, se me ocurrió discar el celular nuevamente, hasta que apareció la voz del Capitán Marte.

-Dile tú mismo a Camionero BJ que me entregue la carta de Meneses -planteamos al Capitán Marte-. Ya tengo el contenido, pero nadie va a creer que ésta sea si no consolido una fotocopia.

- Pásame al marico ese-, respondió.

-¿Haló? -tomó el celular BJ.

- Hay que entregarle la carta de Meneses a Beroes y eso es una orden-, le dijo el Capitán.

- Yo no estoy de acuerdo. Nos podemos joder. Además, la copia que tenemos está certificada por el Tribunal de La Riva.

- Usted le da esa carta ya -dijo el Capitán-. Si quieres muéstrale la copia completa para que vea los sellos y los nombres de los detectives que la levantaron en la casa de Meneses, para que no le quede ninguna duda, y los folios de las páginas. Pero me le entregas la carta ya. Beroes y yo tenemos el compromiso de que quien primero la consiga, se la pase al otro.

Supimos después el contenido del otro lado del hilo telefónico.

Como a las seis de la tarde, por fin, tuvimos aquel papel en el bolsillo derecho del paltó, y nos dirigimos de vuelta al periódico. Quedaba pendiente, todavía, convencer a las autoridades de El Nacional de que ésa era la carta.

Llegamos y enseguida sostuvimos una reunión con los jefes de Redacción, Política y Economía. Hicimos una presentación del contenido de la carta de Meneses, analizamos la copia y se tomó la decisión de publicarla en La Agenda.

-¿Tú estás seguro de que no nos van a desmentir? -preguntó Alvaro Benavides La Grecca, jefe de Redacción.

- Yo voy a comenzar a escribir ya, porque es tarde -respondimos- No te preocupes, es la carta.

Sentados frente al computador pensamos en la esposa y la familia de Meneses. Nunca nos habíamos demorado tanto en escribir una información.

En la entrega del viernes 9 de junio, que de paso se agotó a nivel nacional, publicamos un trabajo titulado: "Héctor Meneses detectó manipulaciones" .

Con algunos datos adicionales obtenidos por intermedio de "Camionero BJ" pudimos saber de algunas presiones sobre este intento de suicidio. Inicialmente, se informó que el jueves 13 de abril, encontrándose en su

53

casa, el ex-funcionario fue localizado sangrante en una de las habitaciones de la quinta "Los cuatro" , ubicada en la calle Mercurio de la urbanización Santa Paula, en El Cafetal, con una herida provocada por un proyectil que penetró el temporal derecho con un orificio de salida por el lado izquierdo del maxilar superior.

En principio, se supuso que el hecho ocurrió cerca del mediodía del 13 de abril. Extraoficialmente trascendió que "familiares corrieron al lugar donde se escuchó la detonación y lo encontraron sangrante en el piso, con un revólver calibre 38 a su lado. Rápidamente lo trasladaron a la habitación principal donde fue auxiliado y luego, con la premura del caso, lo llevaron a la Policlínica Metropolitana de Caurimare, donde fue atendido en el servicio de emergencia, por los cirujanos Luis Alberto Russian y Santos Erminy" .

Las versiones del segundo día y algunos datos posteriores precisaron con casi total exactitud el hecho. El ex-ministro tomó un revólver calibre 38, con cañón reforzado, y se efectuó el disparo, luego caminó tambaleante hasta su habitación donde se recostó sobre una almohada en el piso, hasta que llegaron sus familiares.

La policía Técnica Judicial, sobre la marcha, realizó varias pruebas grafotécnicas para determinar la autenticidad del escrito y la química de la tinta que luego se correspondió con el bolígrafo ubicado cerca de la misiva dirigida por Meneses a su esposa Francia:

"Querida Francia (sic):

Lamento mucho haber tomado esta decisión tan dolorosa para todos, pero me encuentro muy deprimido y no sé qué hacer: yo fui en viaje, con Beto que siempre fueron de vacaciones (sic) invitados por él (sic), van a tratar de vincularlos con otras cosas que nunca pasaron. También he encontrado que en actas de la Comisión de Importaciones lo manipularon (sic) y yo no me di cuenta y lo firme por que (sic) lo encabezaba Hurtado. Igualmente revisando los papeles me encontré que Manuel Azpúrua todas las instrucciones me las dio verbal (sic) y yo tramité esos (sic) por escrito.

Todas estas cosas me las va a sacar y yo no tengo una defensa fuerte, y van a querer destruirme.

Mi estado de ánimo es débil y sé que no podré asimilar esos ataques. Siempre actué correctamente.

Perdóname y cuida mucho de nuestros hijos. Te amo, Héctor" .

En realidad, El Nacional había obtenido una copia del manuscrito de Meneses el mismo día que el ex-funcionario atentó contra su vida. No obstante, preferimos no publicarla sino en el momento más apropiado y luego que consiguiéramos otra copia que certificara que la inicialmente dispuesta era la verdadera.

El 16 de junio de 1989, una semana después, el Juez de la causa, Luis Guillermo La Riva, pidió al la Juez XLII Penal, Mélida Aleksic Molina, abrir una averiguación a lo interno del despacho, para determinar quién y de qué manera entregó una copia del manuscrito a El Nacional.

La doctora Aleksic Molina, a su vez, solicitó por la vía de distribución de peticiones a la Juez XIX Penal, Jean Marshall, que actuara directamente sobre el petitorio.

Fue así como el 1 de agosto siguiente el jefe de Redacción de El Nacional, Alvaro Benavides La Grecca, fue citado al Tribunal XIX a cargo de Marshall. Previamente, ya uno de nuestros abogados asistentes, Beltrán Haddad, había sido consultado al respecto, en prevención de que se presentara una situación como la anterior. Siempre nos sorprendió que no fuimos llamados directamente, por haber sido la instancia que dos veces consiguió la carta escrita por Meneses.

La Comisión de Importaciones aludida por el ex-funcionario autorizó en los años 1987, 1988 y 1989 la cifra de 5.875 millones 599 mil 367 dólares preferenciales: 2.649 millones 388 mil dólares -según las estadísticas de Recadi- en 1987, en bienes de capital, ganado de reproducción y productos de abastecimiento; 2.603 millones

54

748 mil 533 dólares en 1988 para los mismos rubros; y 622 millones 462 mil 763 dólares preferenciales en enero de 1989, antes de la transmisión de mando con el nuevo gobierno de Carlos Andrés Pérez.

Luego de un largo tiempo de reclusión en la Clínica Metropolitana, una noche -según versión publicada por El Diario de Caracas -, al término del horario de visita normal a los pacientes, la familia Meneses canceló la cuenta y al día siguiente (fines de agosto) salió por La Carlota rumbo a Miami y luego a Europa. Nunca pudimos confirmar si el plan de vuelo se correspondió con un avión propiedad del diputado Alberto (Beto) Finol, del gobierno o por contrato a un particular. Tampoco si fue cierto que durante su reclusión en la clínica Meneses fue parcialmente interrogado por el juez La Riva.

Dele pues fue lo que ordené

Fue el 12 de abril de 1989 cuando por primera vez se mencionó indirectamente al Ministro de Hacienda, Héctor Hurtado. A mediados del año 1988 un grupo de calificados empresarios del Estado Carabobo, ligado al ramo de la cerámica y otras áreas industriales (Cerámicas Carabobo), denunció ante Jorge García Duque, director general del despacho, y Héctor Hurtado, Ministro de Hacienda, que una persona estaba haciendo de las suyas en la región central del país y ofrecía a los incautos aligerar ante la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales cualquier inconveniente a cambio de una comisión en bolívares o dólares por el favor realizado.

Los denunciantes manifestaron su inquietud por el hecho de que el personaje se hacía pasar por hermano del Ministro de Hacienda, bajo el nombre de Julio Hurtado. Pero como muchos empresarios conocían a Hurtado, y a su familia, inmediatamente detectaron la anormalidad.

Fue así como el ministro Hurtado tomó dos decisiones: la primera, sugirió a uno de los denunciantes -como en efecto se hizo- provocar un encuentro con su falso hermano a los fines de obtener una mayor información sobre las operaciones irregulares que estaban en juego y de precisar cualquier tipo de vinculación tanto con Hacienda como con Recadi.

Así las cosas, se procedió a concertar un almuerzo en un restaurante de Valencia, donde efectivamente se apersonaron Julio Hurtado y varios de los empresarios a punto de ser extorsionados. Una vez en el sitio, con menú y buenos tragos por delante, comenzó una amena conversación entre los industriales y dos tipo de la red del falso hermano, quien se encontraba en una mesa próxima a la de los acontecimientos. Bien adelantada la conversación, Julio Hurtado se paró de su mesa y rumbo a la otra dijo: "buenas tardes, soy Julio Hurtado, hermano de Héctor, el Ministro de Hacienda" -suponemos-.

Los socios del elemento presentaron a los industriales con los que tenían rato conversando los problemas de relación con Recadi y, por supuesto, Julio se ofreció amablemente a interceder en favor de ellos en tanto que su hermano, el Ministro, siempre estaba dispuesto a solventar los problemas de los amigos de Julio y, así, sugirió, claro está, un pago por sus servicios, porque además señaló -según nuestras fuentes confidenciales- que contaba con funcionarios de Recadi a su disposición para tales fines.

La información le permitió al Ministro de Hacienda sostener una conversación con el titular de Justicia, Pedro Arturo Torres Agudo (cuñado de Héctor Meneses) quien de inmediato ordenó a Mauro Yánez Pasarella la designación de un detective especial (de apellido Jiménez) para investigar la red de Julio, el falso hermano de Héctor Hurtado. Esta fue la segunda decisión.

Fue así como se estableció un segundo contacto, para la investigación policial, entre Jorge García Duque y el director de la PTJ, a los fines de precisar la información al detective que emprendió las pesquisas.

De acuerdo con datos confiables que obtuvo el equipo de La Agenda Secreta, éste detective se dedicó integramente al caso y presentó un primer informe donde casi no comentó el caso de Julio Hurtado, sino que se refirió, a propósito de éste y de manera preliminar, a una serie de vinculaciones que existían entre funcionarios

55

del Palacio de Miraflores, la dirección de Recadi y dos oficinas profesionales (escritorios jurídico-económicos) localizados en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco

A partir de ese momento la investigación fue paralizada; nunca más se supo del tal Julio, supuesto hermano de Héctor Hurtado, como tampoco de los nexos que encontró el detective entre la sede del gobierno central, las oficinas de Recadi y los dos escritorios profesionales.

Lo que sí pudimos constatar fue que después el Ministro de Hacienda, Héctor Hurtado, trató de obtener una respuesta efectiva a su petición por parte de los jefes policiales, pero nunca pudo lograrla. En cuanto al detective, presuntamente de apellido Jiménez, desapareció o al menos abandonó sus funciones habituales, y el ministro Hurtado se quedó con las ganas de conocer a su hermano.

Esta historia, por aquello de los vínculos entre Miraflores, Recadi y terceros, fue el motivo que justificó nuestro primer viaje a Miami, del cual hablaremos en el próximo capítulo.

Héctor Hurtado, como casi todos los funcionarios señalados en las denuncias de El Nacional o de terceros, fue interpelado por la Comisión Especial del Congreso e interrogado por los Tribunales de Salvaguarda.

El 21 de abril, reunido el comité parlamentario, dijo que no tenía "una cuantificación de mi gestión como Ministro de Hacienda" .

En la transcripción repartida luego por el Congreso se lee el siguiente diálogo:

- En la carta de Meneses el ex-funcionario dijo que se sentía comprometido por las instrucciones dadas por Manuel Azpúrua y por usted -inquirió Gonzalo Pérez Hernández del Min.

- Ese desgraciado incidente...- dijo casi en tono imperceptible Hurtado-. No conozco si existe esa carta. Meneses no era subalterno mío. Yo era ministro de Hacienda y él de Fomento. No podía recibir instrucciones mías para determinados actos. No puedo responder sobre cosas sobre las cuales no hay certeza...

Entre Carlos Tablante y Pérez Hernández atacaron a Hurtado con el viaje adelantado por éste, el diputado Alberto Finol y Héctor Meneses a Nueva Zelandia.

- Fue con la finalidad de retribuirles, por parte de los ganaderos exportadores de ganado de ese país, las facilidades que ustedes les brindaron a través del Ministerio de Hacienda - planteó Pérez Hernández.

- Pídale a la prensa la información para que demuestre ese hecho -respondió tímidamente Hurtado-, bien enredado en sus explicaciones de ese día.

- ¿Entonces no viajó? - preguntó Tablante.

- Anuncié con bastante antelación que iba a tomar un descansito, porque la función pública y cinco años allí al frente del Fondo de Inversiones, Hacienda y Fomento,... como usted comprenderá, después de llevar esa carga, ese peso, reclamaba un descanso...

- ¿Quiénes viajaron con usted? - insistió Orlando Fernández.

- Beto Finol y Héctor Meneses.

- ¿A ellos también les compensaron ese cansancio? - replicaron Pérez Hernández y Tablante.

- Yo no sé... Sería preferible que le preguntaran a ellos...

56

El martes 2 de mayo acudió Hurtado, el verdadero, al Tribunal del Juez La Riva. En las puertas, acosado por la prensa, declaró: "quien resulte culpable que vaya a la cárcel. Si hubo defraudación, se produjo por complicidad entre los importadores y empleados. Mis declaraciones de bienes están allí..." .

La primera denuncia concreta contra Héctor Hurtado, la formuló Carlos Tablante en rueda de prensa celebrada en el Congreso el 9 de mayo.

Con copia de un oficio dirigido por el Ministro de Hacienda a Edgalia Bastardo de Leandro, directora de la jefatura de Autorización de Divisas para Importaciones, el diputado del MAS acusó a Hurtado de"malversación del presupuesto de Divisas" .

El texto de esta comunicación, fechada el 26 de mayo de 1988 y obtenida por nosotros decía: "Me dirijo a usted, en la oportunidad de informarle la decisión de este Despacho en el sentido de otorgar a la brevedad posible todas aquellas solicitudes de Importación que cumpliendo los requisitos y análisis de la dirección a su cargo, abarquen el sector repuestos (industria, comercio, agrícola, automotriz, etc.), independientemente de la situación presupuestaria actual, fundamentada en la asignación. De igual manera le sabe agradecer elabore las referidas estadísticas con el fin de conocer fielmente el destino y los montos de divisas conferidos por este concepto" .

Según Tablante, "tanto Hurtado, en su condición de Ministro solicitante, como Edgalia Bastardo, funcionaria ejecutora, actuaron aquí en perjuicio del Estado Venezolano, dado que el primero ordenó la asignación de divisas sin considerar la disponibilidad presupuestaria, y la segunda, tal como lo afirmó al ser interpelada por nosotros, dio curso a tal solicitud y procedió al respecto" .

El jueves 18 de mayo, mientras se desarrollaba el paro cívico general convocado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela y que según el Ministro de Cordiplan, Miguel Rodríguez, costaba 11.000 millones de bolívares en pérdidas, Hurtado ante el vencimiento de la prohibición de salida del país dictada por el Juez La Riva, luego de pasar por la DIEX, salió rumbo a España a presidir un directorio del Banco Exterior de España y Los Andes, del cual es presidente en Venezuela.

Al verificar la información en los archivos de la Dirección de Identificación y Extranjería de Relaciones Interiores, constatamos que para la misma fecha, por el caso Recadi, tenían prohibido abandonar Venezuela: Carlos Hernández Delfino, Andrés Manuel García Jiménez, Fuk Shuk Wing, Jesús Amado Ramírez, Carlos Jesús Ruiz Poleo, Carlos Alberto Siso Paván, John William Werner, Armando García Capriles, Emilio Puig, Aníbal Hidalgo, Francisco Hernández Rodríguez, Michael Stuart Dingere, Vicente Vegas Soko, Tulio Alvarez Rojas, Luis Torriente, Joseph William O`Neill Birmiham y Pierre Brun Bernard. Todos empresarios, empleados y directivos de las verificadoras y empleados bancarios.

El 30 de junio, Carlos Tablante formalizó sus denuncias ante el Tribunal Superior de Salvaguarda, y a su presidente Silvestre Ortiz Bucarán entregó un breve escrito donde, basado en la comunicación antes referida, aseguró que el ex-ministro de Hacienda, Héctor Hurtado, indujo a Edgalia Bastardo de Leandro, ex directora de Recadi, a malversar el presupuesto de divisas de 1988, "provocando una merma sustancial en las reservas internacionales de Venezuela" .

Hurtado, con esa correspondencia -nos afirmó Tablante antes de llegar al Tribunal, en su oficina-, se constituyó él mismo en la Comisión de Importaciones e indujo a Bastardo a entregar esas aprobaciones, en forma irregular y constitutiva de daño al patrimonio público. La denuncia del Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados, estuvo asesorada por los abogados Alberto Quintero y Humberto Mendoza D`Paola, como casi todos los escritos entregados a Salvaguarda.

Desde que comenzó La Agenda Secreta de Recadi en El Nacional, el viernes 31 de marzo de 1989, se hizo lo posible y lo imposible por entrevistar a Héctor Hurtado. Llamadas directas, mensajes con sus colaboradores de

57

confianza, o por intermedio de familiares, no llegaron a convencer nunca al ex-ministro de Hacienda para acceder a nuestra petición. Estábamos obligados a buscarlo.

Sabíamos, por informaciones confidenciales, que muchos de los miembros de la Comisión de Importaciones que él presidió, sistemáticamente se reunían para evaluar las denuncias y seguirle el pulso al caso Recadi. Este grupo de economistas y abogados, denunciado por Tablante como el Grupo H, tenía vínculos pasados, desde que trabajaban en la firma Promesa, donde prestaba sus servicios profesionales a terceros o al mismo gobierno cuando estaba Acción Democrática en la oposición. Así fue que Hurtado se convirtió en asesor de Leopoldo Díaz Bruzual (el mismo de la tesis de la devaluación lineal en febrero de 1983) en el Fondo de Inversiones de Venezuela, al comienzo del gobierno de Luis Herrera Campíns.

Un buen día, el viernes 21 de julio, Héctor Hurtado sorprendió con una llamada por el directo de la sección de economía. Planteó al Jefe del área, Amado Fuguet, que estaba dispuesto a conversar sobre el caso Recadi, para puntualizar algunas cosas. Mostró muchas reservas en torno a la posibilidad de que nosotros lo enfrentáramos en la conversación.

- Agustín Beroes está muy prejuiciado en el caso - explicó Hurtado a Fuguet, por el hilo telefónico.

- Lo más conveniente es que Agustín se encargue -respondió acertadamente Fuguet- porque él es el responsable de la coordinación del caso y su seguimiento y lo ha estado llamando desde que comenzaron las denuncias.

Llamamos a Hurtado a su nuevo teléfono particular, él mismo respondió y convinimos en vernos en su casa de La Lagunita Country Club el sábado 22 de julio a las nueve de la mañana. Al llegar a la "quinta aérea" , estaban en casa su esposa y Guillermo Pimentel, quien se desempañó como asistente del ex-ministro en el despacho de Hacienda. Pimentel es el mismo personaje citado en el Capítulo II, que elaboró el informe para Reinaldo Leandro Mora, presidente de las comisiones de enlace con el gobierno saliente de Luis Herrera Campíns y que recomendó que las funciones de Recadi debían ser absorbidas por el Banco Central de Venezuela, planteamiento que, como dijimos, nunca se materializó en el gobierno de Jaime Lusinchi.

Hurtado tenía un material por escrito donde refutaba las cifras mencionadas por Tablante en la denuncia introducida por ante el Tribunal Superior de Salvaguarda, referida a la Comisión de Importaciones. De entrada reclamamos a Hurtado el hecho de que no hubiera aceptado la conversación semanas antes. Respondió y así lo indicamos en la edición del martes 25 de julio, que las averiguaciones se hacían dentro de un contexto prejuiciado "que presupone la comisión de irregularidades y que todos somos culpables hasta que no demostremos nuestra inocencia, distorsionándose el principio básico de la justicia" .

Antes de recordar algunos pasajes de la conversación con Hurtado, es bueno decir que tiempo después un miembro del "Grupo H" nos confesó (a fines de noviembre de 1989, pocos días antes de los autos de detención contra los funcionarios, ordenados por el Superior de Salvaguarda) que, finalmente, los abogados del equipo dirigido por Hurtado, recomendaron que el patriarca del grupo buscara la entrevista con El Nacional, porque había llegado el momento de pasar a la ofensiva. Esto fue lo que motivó la llamada voluntaria de Hurtado a nuestra redacción.

-¿Por la respuesta anterior uno puede entender que usted piensa que el escándalo Recadi tiene origen y finalidades políticas? -planteamos a Hurtado una interrogante.

- Evidentemente. La intención política de todo este escándalo es destruir toda una administración de cinco años, como lo fue la del Presidente Jaime Lushinchi. En este período el país se recuperó de la crisis de estancamiento de la economía que se vivió entre 1979 y 1983.

58

- Usted ha sido directamente señalado en el caso Recadi pero además en su relación con varios funcionarios subalternos. Por ejemplo, está el oficio que dirigió a Edgalia Bastardo diciéndole que entregara divisas independientemente de la situación presupuestaria.

- Hasta ahora yo no he sido interrogado por el Tribunal Superior de Salvaguarda sobre eso. Dentro del cupo global de conformidades de importación yo estaba autorizado para fijarle cupos a las empresas y aquí yo no le fijé cupo a ninguna. Ahora para las empresas de repuestos yo sí dije déle, aunque tenga el cupo agotado y en eso no hay ninguna responsabilidad.

- ¿Pero al margen de la situación presupuestaria, como escribió en ese oficio a Edgalia Bastardo, directora de Recadi?

- Presupuestaria era una forma común de decir las cosas. En realidad eran cupos nuevos que se habían asignado a empresas de repuestos. Como agotaron sus divisas, déle entonces, fue lo que ordené.

- ¿Qué piensa del intento de suicidio de su amigo Héctor Meneses? En la carta dejada por él aparece usted mencionado dentro del contexto de que en la Comisión de Importaciones se manipulaban las actas y usted era el presidente de la Comisión 1.546...?

- Se trata de un momento de debilidad, de miedo a enfrentar este escándalo que se ha producido y que yo prefiero enfrentar vivo, tranquilamente. No tengo idea de a qué manipulaciones se refirió. No lo sé...

- Volviendo a Meneses, tenemos la información de que él y otros funcionarios suyos se reunieron con usted en esta casa pocos días antes de que tomara la fatal decisión ¿qué sentido tuvo ese encuentro?

- El se reunió conmigo y preparó parte de la exposición que yo hice en el Congreso sobre el caso Recadi. Fueron unas notas que sacamos después en limpio en mi oficina de Extebandes. Como él había estado metido en la jefatura de Recadi, tenía todo el detalle de la papelería. Procedimientos. Más aún, el día anterior al intento de suicidio cenamos juntos en La Mansión (12 de abril), por lo que yo fui el primer sorprendido por su gesto del día siguiente.

- Después del intento de suicidio, usted también se reunió con un grupo de exfuncionarios de la Comisión en el despacho de la Ministro de Hacienda Eglée Iturbe de Blanco. ¿Qué finalidad tuvo este otro encuentro? Me dicen que allí se firmaron algunas actas y que algunos miembros de la Comisión de Importaciones se resistieron a firmar, como Eduardo Mayobre y Eglée Iturbe de Blanco.

- He ido varias veces al Ministerio de Hacienda por gestiones que tienen que ver con Extebandes. Ciertamente fui y fuimos todos los funcionarios para terminar de firmar algunas actas de la Comisión de Importaciones que estaban manuscritas. Eso es todo...

- ¿Quiere decir que se ha estado reuniendo sistemáticamente con sus antiguos colaboradores?

- Naturalmente. Después que nos denuncian, como es natural, tenemos que reunirnos porque nos están diciendo y dando con todo y esperamos que esto llegue hasta aquí...

- ¿Qué final espera usted para el caso Recadi?

- Se comprobarán algunas irregularidades donde estén metidos empresarios. Para mí un empresario es aquella persona que tiene una empresa y en este caso pidió dólares preferenciales. Puede que cometa fraude, pero es un empresario. Para que aquí llegara una vaquilla en mal estado, tenía que existir la complicidad de un funcionario que certificaba una importación.

- ¿Y los funcionarios, como usted, del gobierno?

59

- Pudiera ocurrir algo contra algunos funcionarios oficiales que verificaron en las aduanas. Puede ocurrir, yo puedo responder por mí...

Hasta el primero de enero de 1990, no se conocía todavía el paradero de Hurtado, a propósito del auto de detención en su contra dictado por el Tribunal Superior de Salvaguarda, luego recovado por la Corte Suprema de Justicia.

No mo sobregiré en esa cifra

Como anotamos en el capítulo inicial, Edgalia Bastardo de Leandro, ex-directora de Recadi, el sábado 25 de febrero de 1989, en respuesta a las denuncias iniciales formuladas por nosotros antes del Sacudón del 27 de febrero, respondió que era incierto que su oficina hubiera sido intervenida policialmente desde diciembre de 1988. Y también que no hubiera sido encontrada por las nuevas autoridades de Hacienda para notificarle que había sido removida del cargo.

- A mí tienen que pasarme una carta, un 211, antes de encargar a otra persona. No lo hicieron, sino que sacaron el nombramiento (de Eva Morales) a través de la Gaceta. A mí nadie me ha buscado. Del ministerio sí me llamaron y será este lunes (el 27 de febrero de 1989) cuando me reúna con una doctora Jiménez, de Personal, y supongo que será cuando me entregará mi carta como funcionario de carrera que soy. Pero ya ni siquiera estoy en nómina -respondió a Florencia Tovar, colega de economía.

Antes, el sábado 25 de febrero, escribimos sobre el fundamento de la intervención policial a Recadi y sobre un problema planteado en torno a Bastardo por la dirección de Personal de Hacienda: "En este momento hay un problema administrativo-procedimental con Edgalia Bastardo, porque técnica y oficialmente, todavía no ha entregado la oficina de la cual fue directora y, además, la Dirección de Personal no la ha podido encontrar para entregarle la notificación de que oficialmente fue removida del cargo".

Pensaron en Hacienda, como alternativa, insertar un aviso de prensa dirigido a Edgalia Bastardo de Leandro, para comunicarle que había sido sustituida por Eva Morales, quien venía actuando en las Direcciones de Aduanas y Recadi, por nombramiento en la Gaceta Oficial del 10 de febrero de 1989.

En el periódico Ultimas Noticias del 28 de febrero de 1989, salió un aviso de la Dirección de Personal de Hacienda, con el siguiente texto: "A la ciudadana Edgalia Rosalía Bastardo de Leandro, titular de la Cédula de Identidad Nº 3.605.022 se hace saber, que por decisión de la ciudadana Ministra de Hacienda, se le remueve del cargo de Director General Sectorial que viene desempeñando en la Dirección General Sectorial de Divisas para Importaciones adscrita a este organismo, de conformidad a lo previsto en el Artículo 4º, Ordinal 2º, de la Ley de Carrera Administrativa, en lo que refiérese a los Directores... Queda entendido que transcurridos quince días a partir de la fecha de la presente publicación, sin hacer acto de presencia por ante la dirección de Personal de este Ministerio, se tendrá por notificada de la medida tomada en su contra, todo ello de conformidad con el Artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos... Contra la presente podrá interponer el recursos contencioso administrativo, por ante el Tribunal de Carrera Administrativa, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de su notificación, debiendo para ello agotar previamente y dentro del mismo término, la instancia conciliatoria acudiendo a la Junta de Avenimiento de este organismo" .

La publicación de este aviso reconfirmó lo escrito por nosotros, días antes.

El 1 de abril siguiente, Edgalia Bastardo de Leandro, previa conversación telefónica con Carlos Tablante, se apersonó en la oficina del entonces Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados. Luego de un par de horas de entrevista, no le quedó más remedio que someterse al intenso interrogatorio formulado por nuestro colega de Agenda, Fabricio Ojeda. Este se identificó como periodista de El Nacional y tuvo que demostrarlo enseñándole la ficha de acceso al periódico, porque ella se mostró agresiva y pensó que se trataba de Agustín Beroes.

60

- No estoy desaparecida ni escondida, como se ha dicho. Estoy en mi casa y la gente que me conoce lo sabe -escuchamos luego en el grabador de Fabricio y así quedó escrito en la edición del 2 de abril-... Yo creo que ha sido magnificada la corrupción en Recadi. Por eso es que los organismos investigadores deben llegar a las últimas consecuencias... y yo me siento obligada a quedarme hasta el final. Aunque digan que yo incurrí en irregularidades, eso no es verdad. No participé en nada irregular...

El 23 de mayo su nombre volvió a aparecer en la Agenda Secreta de Recadi: "Verificadora China fue marginada por Edgalia Bastardo" , fue el título de nuestro trabajo en esa oportunidad.

Así como las empresas Caleb Brett, Société Généralé Surveillance y Bureau Veritas, fueron seleccionadas para participar en el proceso de verificación de importaciones por Recadi y el Ministerio de Hacienda, mediante un proceso de descarte que hizo posteriormente posible la emisión de certificados de origen, la cuarta seleccionada: Chinesse Import and Export Commodities Inspection Corporation (CCIC), ingresó al sistema a raíz de que el gobierno de la República Popular China manifestó su protesta en el sentido de que se sentía marginado del comercio internacional venezolano.

Así se desprendió de la documentación entregada a El Nacional por Carlos J. Ruíz Poleo, delegado en nuestro país de la denominada firma CCIC, quien además aseguró que, a los fines de la inclusión de esta empresa en el proceso de certificación de importaciones, a pesar de que existía un convenio comercial firmado entre China y Venezuela, jamás fue recibido por la directora de Recadi, Edgalia Bastardo de Leandro. Esto último determinó un retraso burocrático para que esta cuarta verificadora pudiera expedir los certificados de pre-embarque de ciertas mercaderías importadas desde el Lejano Oriente.

Aun cuando fue el 7 de julio de 1986 que la embajada de la República Popular China protestó ante la Cancillería Venezolana el antes dicho marginamiento, apenas fue en septiembre de 1988, "dos años y tres meses después -de acuerdo con el relato escrito suministrado por Ruíz Poleo- que se pudieron iniciar las operaciones y la campaña para dar a conocer esta corporación" .

- el 21 de septiembre - dijo - se solicitó audiencia ante la Dirección General Sectorial de Divisas para Importaciones (Recadi) a fin de entregar copia del documento que autorizaba al delegado para iniciar operaciones. "No fui recibido por la directora, sino por una secretaria (Milagros soler), quien me firmó y selló la copia que entregué para todos los efectos".

Es bueno indicar que el 31 de marzo de 1987, la Dirección General Sectorial de Economía y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores envió un oficio a la embajada de la República Popular China, en el cual se notificó que el Gabinete Económico, en su reunión del 5 de febrero de 1987, acordó aprobar el punto de la solicitud en la cual se recomendó aprobar la selección de la corporación china para emitir los aludidos certificados de importación. Esto fue lo que quería entregarle Ruíz Poleo a Edgalia Bastardo de Leandro en Recadi.

El 25 de mayo de 1989, la ex-directoria de Recadi fue llamada a declarar en el XXXVII Penal del Juez La Riva. Ya había estallado desde La Agenda Secreta el enredo de las comunicaciones firmadas por la ex-secretaria privada de Jaime Lusinchi, Blanca Ibáñez, algunas de las cuales estaban dirigidas a Edgalia Bastardo de Leandro.

- Tú te pones a leer esas cartas -comentó Bastardo - y no dicen que les den más dólares. Sino que ahí le mando una comunicación sobre fulano de tal, sobre un asunto que le compete a su dependencia...No pueden considerarse como tráfico de influencias o presión, porque la Ley de Procedimientos Administrativos establece que toda comunicación que llega a un despacho y que no le compete, tiene que remitirse al sitio al que le compete... En este caso, llegaban cartas de la doctora Blanca Ibáñez, sobre personas que querían hacer puente con el Ministro de Hacienda. En este país sucede que la gente cree que yéndose por arriba las cuestiones se les solucionan.

61

El 7 de julio, Bastardo de Leandro regresó al tribunal, pero esta vez al Superior de Salvaguarda.

- Yo entregué un cuadro al Tribunal Superior de Salvaguarda y se verá que de los montos asignados para la importación de repuestos, materias primas, insumos, partes y piezas, productos finales, CKD, del monto total autorizado al ejecutado hay aproximadamente unos 2 mil millones de dólares... Si yo me sobregiré como el ministro (Hurtado) supuestamente me indujo, no me sobregiré en esa cifra...

Ignoro si fui investigado

Francisco Maldonado Cisneros, primer Director General Sectorial de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, Recadi, durante el gobierno del hoy ex-presidente Jaime Lusinchi, fue removido del cargo que ocupó desde el 2 de febrero de 1984, porque algunos organismos de seguridad del Estado encontraron indicios, en su oportunidad, que hicieron presuponer que este funcionario pudo haber incurrido en irregularidades administrativas durante la gestión. La anterior fue la primera denuncia formulada desde La Agenda Secreta de Recadi, el 31 de marzo de 1989.

Fuentes muy confidenciales nos informaron que la investigación abierta contra Maldonado Cisneros tuvo su origen a propósito de algunas denuncias elevadas por la Asociación Nacional de Agentes Aduanales (Asonaga), cuando el gobierno nacional decidió, según el Decreto 1.072 del 17 de abril de 1986 (publicado en la Gaceta Oficial 33.458 del 28 de abril del mismo año), entregar a las empresas certificadoras internacionales -Caleb Brett, Bureau Veritas y Société Généralé Surveillance - la verificación de todas las importaciones privadas y algunas públicas.

La decisión del Ejecutivo, en aquél entonces, obedeció a que se eliminaba el sistema de pago al contado para las importaciones con dólares preferenciales y se pasó a la modalidad de las cartas de crédito, problema que después puso en punta de quiebra a muchas empresas nacionales.

Las denuncias hechas contra la decisión de incluir en el proceso importador venezolano a las empresas certificadores internacionales, se basaron en dos consideraciones: 1) "el costo de los honorarios por tal verificación quedó, al parecer, establecido según convenios clandestinos celebrados entre la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales y dichas transnacionales en el 1 por ciento del valor de cada importación"  , revelaba uno de los documentos en poder de El Nacional.

Se agregó que "si tomamos en cuenta que el presupuesto de divisas para las importaciones del sector privado alcanza la cifra de 5.000 millones de dólares (para 1986), es fácil deducir cuánto se proponen ganar estas compañías a cambio de un documento (el certificado de verificación o report of finding) que bien puede ser suplido por una efectiva actuación de los funcionarios aduaneros" .

Ante este y otros argumentos aportados por privados, se inició la averiguación antes mencionada, surgiendo otro factor de importancia: 2) se comenzó a constatar la posibilidad de que en el proceso de inclusión de las compañías Bureau Veritas, Caleb Brett y Société Générale Surveillance, pudo estar presente, supuestamente, la posibilidad de cobro de una comisión millonaria, a cambio de la participación de las empresas extranjeras.

Las indagaciones que se adelantaron en 1986 provocaron que diversos organismos de inteligencia también investigaran la negociación realizada entre Recadi y la banca comercial. Entonces se resolvió eliminar la actuación directa de usuarios y gestores ante la oficina del Régimen de Cambios Diferenciales y sustituirla por el sistema de tramitación de conformidades de importación por intermedio del sistema financiero nacional.

Los organismos policiales y de inteligencia no quedaron satisfechos ante las interrogantes planteadas y, nuevamente, se acercaron a la posibilidad de otro cobro de comisión, presuntamente por parte de Francisco Maldonado Cisneros. Es bueno recordar de nuevo que, en aquel momento, los investigadores no pudieron tampoco consolidar los indicios a los que se les estaba haciendo seguimiento.

62

Mientras los organismos de seguridad trataban de sustanciar los recaudos aportados por privados, en el Palacio de Gobierno la situación se traducía en una pérdida en la credibilidad de Maldonado Cisneros. El Presidente Lusinchi, según la información disponible, decidió no recibirlo más en cuenta directa y comenzó a discutirse si se destituía o se le pedía la renuncia, como al final ocurrió.

Se optó por la segunda salida, para evitar que trascendiera el escándalo al público. Francisco Maldonado Cisneros abandonó el cargo -argumentando razones de salud- el 29 de junio de 1986, en carta enviada al Ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua Arreaza, con copia a Héctor Meneses, director general del despacho de las finanzas públicas, y quien en lo inmediato se encargó de la jefatura de Recadi.

Otro aspecto clave en la salida de Maldonado Cisneros de Recadi, fue el análisis jurídico-legal que acompañó a las investigaciones de orden policial. Concretamente, con el tiempo surgieron cuestionamientos constitucionales en torno a la implantación del sistema de conformidades de importación a través de la banca comercial y, más tarde, en torno a la actuación de las empresas certificadoras.

En el primero de los casos, se observó que permitirle a la banca "el monopolio exclusivo de tramitar el sistema de dólares preferenciales" , violentó el ordenamiento jurídico y constitucional del país, en tanto que según la Carta Magna (art. 67), "todos tienen derecho a representar o dirigir peticiones ante cualquier entidad o funcionario público, sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna respuesta" .

Y, por otro lado, el sistema implantado por Maldonado Cisneros puso en entredicho a la Ley de procedimientos Administrativos, en tanto que la banca absorbió honorarios que han debido dirigirse al Estado Venezolano.

En lo que respecta al sistema que permitió participar a las verificadoras, también surgieron observaciones jurídicas de peso. Por ejemplo, uno de los documentos consultados revela que el procedimiento"violentó la Ley General de Aduanas, especialmente el artículo 45, que le otorga a los funcionarios de Aduanas la potestad de...verificar documentos, identificación, examen, determinación de tarifas, restricciones, valoración, peso, medida y contaje de las mercancías a ser importadas" .

Concluyó este otro papel confidencial señalando que "de allí se infiere que estas compañías transnacionales (las verificadoras) están, sin duda, usurpando funciones que son ejercicio irrenunciable de nuestra soberanía nacional" .

A Maldonado Cisneros lo entrevistamos en Miami, en una sala de reuniones alquilada por él en el Pent House del conocido Hotel Marriot Center Miami, el 26 de abril de 1989. Ya habíamos destacado desde La Agenda Secreta una serie de documentos entregados por el ex-funcionario al diputado Carlos Tablante, quien también había viajado a Estado Unidos a mediados del mismo mes, y grabado un importante video de unas cuatro horas de duración, el cual tuvimos la oportunidad de ver en la sede de El Nacional, por iniciativa del mismo Tablante, con carácter de exclusividad.

El viaje, de donde surgió la posibilidad de conversar durante dos kilométricas sesiones con Maldonado y su esposa, Marcia Fernándes (de origen portugués e hija de un acaudalado empresario dueño de una importante cadena de supermercados en Estados Unidos, Joe Fernándes), resultó de un memoramdum interno donde planteamos a las autoridades del periódico la disposición de Maldonado a hablar con El Nacional, de manera exclusiva, su promesa de hacer importantes revelaciones y entregar valiosos documentos, como en efecto ocurrió.

La posibilidad de entrevistar a Maldonado en Miami, además se inscribió dentro del marco de una interpelación que le haría por segunda vez Carlos Tablante, quien también empacó maletas para viajar al norte junto con nosotros.

63

Según Maldonado Cisneros, "el desarrollo de Recadi tiene que ser evaluado en el contexto de los últimos cuatro años y medio. Ha pasado por varias etapas importantes que deben ser examinadas para determinar su actual situación" .

Esto es que en 1983, "se creó el mecanismo intempestivamente, a raíz del 18 de febrero. No tenía ninguna base operativa, ni jurídica, ni administrativa. Se dedica a sobrevivir por ocho meses, hasta entregarle al nuevo gobierno. El desorden es total y básicamente se apoya en la poca experiencia del control anterior experimentado en los años 60" .

Argumentó Maldonado que "entre 1984 y 1986, entra en una etapa formal de estructuración y paralelamente resuelve el problema de abastecimiento, credibilidad y se gana un puesto dentro de la administración pública. Crece y se especializa. Resuelve fases como el reconocimiento de la deuda externa privada y minimiza y luego elimina el programa de estudiantes en el exterior. En materia de importaciones, logra administrar el monto de 9.000 millones de dólares en 1983, de 7.500 millones de dólares en 1984, de 5.500 millones de dólares en 1985 y de 6.000 millones de dólares en 1986" .

- Este hecho es de suma importancia -explicó Maldonado-pues durante estos años el PTB refleja crecimiento positivo, el sector agrícola se reactiva, las exportaciones no tradicionales superan los 1.000 millones de dólares y, más áun, el saldo de la balanza de pagos se mantiene y hasta aumenta levemente.

Pero a partir de 1987 y hasta el final "se cometen reversos en política que afectan su desarrollo. Aunque su dimensión es reducida, se reabre el proceso de registro de la deuda privada externa, y las importaciones autorizadas aparentemente superan los 8.000 millones de dólares. La estructura elimina una serie de programas de especialización en áreas específicas y se encuentra trabajando con una falta de coordinación con el resto de la economía. Se convierte en el plato fuerte de la opinión pública y la imagen del culpable renace con mayor intensidad, después de haberse eliminado entre 1984 y 1986" , (es decir, cuando éste funcionario dirigió la oficina).

Basó sus afirmaciones en que Recadi tuvo dos períodos claramente diferenciados: el lapso de los primeros dos años y los dos años y medio posteriores.

- Mi administración fue una gestión eficiente. Por ejemplo, las importaciones de 1983 fueron por el orden de los 11.000 millones de dólares y en 1986, hasta que yo estuve, habían caído hasta 3.200 millones de dólares. No me explico cómo en 1987 y 1988 las importaciones comienzan a subir hasta sobrepasar de nuevo el umbral de los 11.000 millones de dólares dentro de un cuadro de merma de las reservas internacionales, de baja en los precios del petróleo y asfixia en el pago de la deuda externa.

Es decir, sentenció a nosotros, que durante los dos últimos dos años del gobierno de Jaime Lusinchi, "la administración de las divisas preferenciales se hizo bajo un criterio irracional" .

- Esto significa que el proceso estuvo caracterizado por una serie de reversos en política, tal como sucedió con el posterior otorgamiento de dólares al Puerto Libre de Margarita (antes no ocurría) y el reingreso al cambio preferencial de productos suntuarios antes discriminados al dólar libre. El proceso de otorgamiento fue afectado externamente ("cuando en el pasado aprendimos a decir no ante los factores de poder tanto públicos como privados" ) por una línea de comportamiento complaciente, de favores políticos y de intromisión también política.

Añadió en esta oportunidad Maldonado Cisneros que desde "el Ministerio de Fomento (al frente del cual estaba Héctor Meneses) se desarrolló otra política complaciente en el otorgamiento indiscriminado de delegaciones de importación, sujetas a uso posterior de dólares preferenciales desde Recadi. La injerencia partidista contaminó los mecanismos del sistema de otorgamiento de dólares preferenciales" .

"Jamás tuve conocimiento de que hubiera sido investigado -respondió a nuestra pregunta-. Ni lo tuve cuando estuve en el cargo ni luego que salí. Hay una cosa frente a la cual estoy claro, como consecuencia lógica, al

64

manejar un cargo de esta naturaleza. No tengo dudas que algún ente del Estado, por medida precautiva, así como preventiva o de rutina lo pudo haber hecho. Así como fui director de Recadi, puede ser un ministro o el Presidente de la República. Pero una investigación formal en mi contra, con acusaciones firmas en concreto, desde entonces hasta hoy nunca tuve conocimiento de que se hubiera hecho. Mi renuncia no obedece a solicitudes de nadie ni a descontento por parte de mi superior inmediato. Al menos que yo tenga conocimiento... Las razones por las cuales salgo de Recadi son primero personales, y luego voluntarias".

En torno a la renuncia de Maldonado Cisneros, es pertinente insertar el siguiente relato. El jueves 20 de abril de 1989, Carlos Tablante consignó ante la Comisión Especial del Congreso que investigó el cúmulo de irregularidades cometidas en contra o desde Recadi, una lista de funcionarios de todos los niveles que tuvieron que ver con la asignación de dólares preferenciales.

Tablante mencionó a Eduardo Rafael Behrens Linares, quien en principio, sustituyó a Oscar Pérez Bohórquez, en julio de 1986, al frente de la Dirección de Operaciones de Recadi.

El Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados solicitó, además, que los mencionados en la lista, incluido Behrens Linares, fueran también citados por el Juez La Riva, para tomarles declaración jurada.

Una vez que Francisco Maldonado Cisneros salió de la jefatura de Recadi, el 29 de julio de 1986, el candidato a sustituirlo, propuesto por el ex-director saliente, fue Oscar Páez Bohórquez, quien desde 1984 se desempeñó como Director de Operaciones, el segundo de a bordo en la línea de mando.

La propuesta llegó a instancias de Manuel Azpúrua Arreaza, Ministro de Hacienda, quien se reunió en privado con Páez en la sede del despacho de la Torre Norte y dijo que lo aceptaba en la dirección de Recadi, en sustitución del renunciante.

La sorpresa y la molestia de Oscar Páez Bohórquez, al enterarse que al día siguiente su nombre no quedó impreso en la Gaceta Oficial correspondiente, sino el de Héctor Meneses, como nuevo titular -por eso afirmó que tan sólo duró un día como máximo director-; provocó que renunciara inmediatamente, inclusive, a la Dirección de Operaciones.

La entrega de esta dependencia, por parte de Páez Bohórquez a su sustituto Eduardo Rafael Behrens Linares, quedó acordada para pocos días después. Páez se encontró ante una persona que jamás había visto con anterioridad y se negó a firmar el acta de entrega respectiva, en tanto que no estuvo de acuerdo con algunos de los términos allí escritos.

El director de Operaciones saliente pidió 24 horas más para firmar el acta, copia de la cual (más de 100 páginas) se la entregó a sus abogados y, posteriormente, hizo algunas observaciones de fondo y de forma. Páez planteó a Behrens Linares iniciar nuevamente en los procesos internos de Recadi un conjunto de conformidades de importación que él había ordenado tramitar y que se encontraban en tránsito, puesto que las mismas se harían efectivas ante la banca comercial y el Banco Central de Venezuela, y ello suponía que circularían papeles firmados por Páez, quien había dejado de ser ejecutivo de la oficina y no estaba seguro del uso posterior que se haría de su rúbrica.

Eduardo Rafael Behrens Linares, hasta la salida de Maldonado Cisneros y Páez Bohórquez, se desempeñó como empleado de la Gerencia de Sistemas del Banco Central. Fue solicitado, en comisión de servicios, por el Ministerio de Hacienda, Manuel Azpúrua, según consta en las actas del Instituto Emisor.

Luego que Héctor Meneses, originalmente designado como encargado de Recadi, decide, a su vez encargar en enero de 1987 en la jefatura de la oficina a Ana Teresa Herrera Balduz, también directora de Inspección y Fiscalización de Hacienda, ésta se encuentra a Behrens Linares como director de Operaciones.

Una de las primeras anormalidades que encontró Herrera Balduz en Recadi, fue el memoramdum interno 006449 de fecha 3 de noviembre de 1986, según el cual Eduardo Rafael Behrens Linares, director General de

65

Operaciones, había participado al personal y a Luis Enrique Aray, lo siguiente: "cumplo con notificarle que ha sido comisionado para coordinar la elaboración del proyecto del presupuesto de divisas de 1987, de acuerdo a la asignación por sectores determinado por el Ejecutivo Nacional. Proyecto que se manejará conjuntamente con Cordiplan, Ministerio de Fomento y Ministerio de Agricultura y Cría" .

Si se trató del presupuesto de divisas para el sector público o privado, en ambos casos era una atribución que, por jerarquía, le correspondía ejercer al Director General del despacho de Hacienda, en concordancia con las disponibilidades advertidas por el Banco Central de Venezuela.

El memo descrito, firmado por Eduardo Rafael Behrens Linares, por improcedente provocó que Ana Teresa Herrera levantara un informe al ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua, puesto que un director General Sectorial de Operaciones no podía dar semejante instrucción.

Por otra parte, no existía en la Gaceta Oficial, en el Ministerio de Hacienda, ni en la propia Recadi, ningún nombramiento que diera cuenta de que Luis Enrique Aray, fuera funcionario, mucho menos comisionado, de alguna nómina del sector público. Azpúrua, ante la situación, ordenó no dejar entrar en Recadi al tal Aray. Posteriormente, en marzo de 1987, Eduardo Rafael Behrens Linares, a propósito del informe elaborado por Herrera Balduz, salió de la Dirección de Operaciones. Nunca se supo si regresó a su antigua posición en el Banco Central de Venezuela.

Como dato curioso, tuvimos la oportunidad de conversar directamente con Páez Bohórquez en la oficina de Tablante, un día que fue citado por el diputado, y confirmar todo lo escrito en torno a su nombramiento y hechos posteriores. En realidad nos conocíamos desde que él ingreso a Recadi. También pudimos escuchar a Behrens Linares en la misma oficina, pero con la diferencia de que él no se percató de nuestra presencia. Nunca nos habíamos visto, y por eso continuó declarándole al abogado Alberto Quintero, creyendo que también formábamos parte del equipo de Tablante.

Desde El Nacional nunca se logró comprobar el posible vínculo que pudiera existir entre Eduardo Rafael Behrens Linares y el primer esposa de Blanca Ibáñez, Alfredo Behrens Ducharne. Incluso, interrogamos a varias de los asistentes a una "despedida de soltera" que amigas de la Ibáñez le organizaron en una quinta del Este. Si el vínculo existe, se trata de un secreto bien guardado. Le perdimos la pista a Behrens Linares.

No obstante, el personaje volvió a aparecer, al menos de nombre, el 26 de abril de 1989. Resulta que la redacción recibió un conjunto de actas o minutas levantadas por Recadi, sobre lo que fueron varias reuniones, en realidad todas, efectuadas por los integrantes de la Comisión de Importaciones, creada por el Decreto 1.041 y que luego pasó a denominarse 1.546. Existía una del 19 de marzo de 1987 que recogía lo resuelto en la reunión número 14, efectuada el 25 de febrero del mismo año.

Asistieron Héctor Meneses, Viceministro de Hacienda; Francisco García Palacios, Viceministro de Fomento; Guillermo Rendón, Director General encargado de Cordiplan; José Azócar Aguilera, Ministro Encargado del MAC; y Ana Teresa Herrera Balduz, Directora Encargada de Recadi.

Lo interesante es que, más abajo, el documento señala "otros asistentes" : José Tomás Blanco, director de Secretaría de Hacienda; y Eduardo Rafael Behrens Linares, director general de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales.

La pregunta era: ¿Si Behrens Linares era director general de Operaciones, por qué figuró en esa minuta como director general de Recadi, participando en la misma reunión la directora encargada de Recadi, Ana Teresa Herrera Balduz? La otra interrogante fue: ¿Hubo dualidad de funciones en Recadi para ese entonces, tras la salida de Maldonado Cisneros, Páez Bohórquez y Héctor Meneses?

Esas mismas preguntas se las autoformularon los investigadores del Congreso. Encontraron que, en realidad, caída la posibilidad de ascenso de Oscar Páez Bohórquez como sustituto natural de Maldonado Cisneros, un

66

hilo muy poderoso, desde Miraflores, impulsaba el estrellato de Eduardo Rafael Behrens Linares. Sólo que a éste le ocurrió lo contrario que a Páez Bohórquez: lo nombraron Director General de Operaciones, con la idea de usar el cargo como trampolín para alcanzar la ansiada Dirección General, pero otros factores le cercaron y tuvo que salir en marzo de 1987.

Volviendo a Maldonado Cisneros, éste confió al redactor y así quedó impreso el 3 de mayo que había exigido una explicación a Azpúrua sobre lo acontecido con Páez Bohórquez.

- Le exigí al Ministro que me aclarara la situación, porque no creía posible que, después de dos años y medio trabajando conmigo, el Ejecutivo tuviera dudas de Oscar Páez. Esas pruebas, repito, esas investigaciones o lo que fuese, nunca llegaron a mi poder... En ese momento, aunque yo estaba afuera, consulté con el Ministro Azpúrua -refiere Maldonado- y traté de que me diera una explicación. Yo, como superior de Oscar Páez, tenía derecho a saber si había alguna duda con él y, en consecuencia, saber si yo también había sido engañado. Me comentó que quizás había algo. Yo quería que me enseñaran pruebas en torno a lo que había, pero nunca se materializaron.

Por cierto que el día que vimos a Páez Bohórquez en la oficina de Tablante, quedó en entregar un libro donde anotaba llamadas importantes y donde -según este otro renunciante- figuraban varias llamadas hechas desde Miraflores, por el diputado Luis Guevara, preguntando sobre el curso de los trámites de algunas empresas solicitantes de dólares preferenciales. Fe de esto la puede dar el mismo Carlos Tablante y el propio Oscar Páez Bohórquez. Nunca supimos si finalmente entregó la copia de la agenda de llamadas, con la cual pensaba defenderse si las cosas se ponían muy malas para él.

Siempre actué sin presiones

Mientras tanto, el Ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua Arreaza, estableció contacto personal con El Nacional luego de haber sido nombrado varias veces en La Agenda Secreta y que el Juez La Riva le prohibió salir del país en iguales oportunidades.

- He estado todo este tiempo en el país -nos dijo en la oficina del jefe de Redacción, acompañado de uno de sus abogados- y seguiré permaneciendo en el país, a la disposición como siempre de los organismos públicos competentes, para cualquier aclaratoria o investigación de mi gestión al frente del Ministerio de Hacienda. Estoy especialmente interesado en que la investigación sea del nivel de seriedad que el asunto amerita.

En efecto, el miércoles 26 de abril de 1989 fue citado por la comisión del Congreso y el 6 de julio por el Juez La Riva.

Cuando acudió al parlamento expresó que "lo que más le conviene al país es que se determinen exactamente las cosas, para que aquellos que sean los responsables sean sancionados y también se restablezca la reputación a aquellos que han sido mencionados y que no han cometido infracción alguna. Esa es una obligación y un deber que tiene esta comisión y el Congreso de la República".

- En mi caso -explicó- siempre actué sin presiones.

El ex ministro de Hacienda, Azpúrua Arreaza y el ex-director de Recadi, Francisco Maldonado Cisneros, fueron denunciados por el diputado Carlos Tablante, el primero de julio de 1989, ante el Superior de Salvaguarda, por presunta comisión de delito.

"Uno de los hechos que he mencionado como generador de actos de corrupción y que lógicamente dañó al patrimonio público, es el conocido con el nombre de las verificadoras, por las cuales el Juez La Riva -señaló Tablante- dictó varios autos de detención... Dicha imposición fue producto de una supuesta contratación efectuada por el entonces Ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua, y el director general de Recadi, Francisco Maldonado Cisneros, en contravención de todas las opiniones e informes ordenados realizar previamente, entre

67

los cuales cabe destacar, el de los ex parlamentarios Leomagno Flores y Alejandro Rodríguez Cirimelle y la del oficial de la guardia Nacional, Orlando Hernández Villegas".

Este escrito precisó que "esa presunta contratación -inscripción vulneraba una serie de disposiciones legales, pues sometía a las importaciones a una verificación extraterritorial, cuando esa labor correspondía a las aduanas del país, por ende, a los funcionarios que señalan las leyes de Hacienda y de Aduanas" .

La investigadora investigada

La ex directora de Inspección y Fiscalización de Hacienda y encargada temporalmente de Recadi, Ana Teresa Herrera Balduz, y varios funcionarios a su cargo, fueron denunciados por algunos interventores de la aduana El Guamache del Puerto Libre de Margarita, por ocultar y participar, supuestamente, en actos reñidos con la ética del funcionario público, según constó en algunos documentos en poder de El Nacional.

En efecto, decía uno de los textos: "nos dirigimos a usted (el Contralor General de la República) en la oportunidad de remitirle por segunda vez a su digno despacho el cúmulo de denuncias introducidas en fecha de junio de 1987 ante la misma Contraloría, la Dirección de Inspección y Fiscalización y la Dirección General de Ministerio de Hacienda, y que recoge un paquete de denuncias relacionadas con innumerables irregularidades que se vienen cometiendo en la aduana El Guamache desde 1985" .

Añadió esta misiva que "los protagonistas de estos actos ilícitos son: Arévalo Marín, administrador de Aduana; Santos Zapata, primer interventor; Augusto Alemán, técnico valorador. Como coprotagonistas mencionamos a Héctor Peinado, confrontador; Juan Méndez, administrador encargado de la aduana de Pampatar; Omar Peraza, abogado fiscal; y otros funcionarios bajo la dirección de la doctora Ana Teresa Herrera Balduz, Directora General de Inspección y Fiscalización" .

Se argumentó que "estas denuncias fueron procesadas entre septiembre y octubre de 1987 por la Dirección de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda, fecha en que la Contraloría General de la República mandó una comisión para investigar los casos. Pero la doctora Ana Teresa Herrera se interpuso, colocando funcionarios afines a ella en cada una de las empresas denunciadas, engavetando las pruebas fehacientes que inculpaban e involucraban a los funcionarios señalados" .

Complementaron el informe confidencial advirtiendo que "la mano salvadora de la doctora Ana Teresa Herrera recibió dádivas, para mantenerlos en sus correspondientes cargos..." .

Fue a partir de esta denuncia que las actividades de la ex directora de Inspección y Fiscalización comenzaron a ser investigadas desde el propio Ministerio de Hacienda y otras instancias, abriéndose un proceso que culminó con la destitución ordenada por el Presidente la República, Jaime Lusinchi, dentro del episodio de los teléfonos intervenidos en otras direcciones del despacho, incluídos los del Ministro de Hacienda, Héctor Hurtado. Todo en un contexto donde Ana Teresa Herrera, a su vez, hacía lo propio contra las actividades de la directora de Recadi, Edgalia Bastardo de Leandro, a propósito de un caso que hizo crisis: Interamericana de Aviación.

El 13 de abril de 1989, un día después que La Agenda Secreta publicó nuestro trabajo, por intermedio de una amiga común Ana Teresa Herrera nos mandó llamar por teléfono y nos dio una cita en su casa para entrevistarnos el 14 a las nueve de la mañana, en el Edificio Doral de Los Palos Grandes. Se mostró muy cautelosa porque ese mismo día, por la tarde, tenía que ir a una interpelación en el Congreso.

Las denuncias formuladas ante la Contraloría y la Fiscalía por el grupo de interventores de la aduana de El Guamache, en contra de Herrera Balduz, provocaron que ésta iniciara una investigación interna, de acuerdo con sus atribuciones específicas, que provocó la sospecha de ciertas anormalidades y vicios cometidos por funcionarios y empresas importadoras de Margarita.

Mientras por un lado Ana Teresa Herrera era atacada, incluso con anónimos, ella, por el otro, actuaba bajo instrucciones emanadas del Ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua, en varias indagaciones.

68

El titular de la Finanzas Públicas, Azpúrua Arreaza, ofició a Herrera Balduz para que tomara en consideración un petitorio enviado por Paciano Padrón, presidente de la Comisión de Contraloría de Diputados, a los fines de constatar la veracidad de las imputaciones e irregularidades que se estaban levantado desde el Puerto Libre.

La instrucción de Azpúrua consistió en ordenar de inmediato una inspección en El Guamache. En paralelo, la Contraloría hacía lo propio.

Un primer paso ordenado por la Directora de Inspección y Fiscalización, fue instruir a la jefa de la División de Instrucción Fiscal, Carmen Hernández Antonini, para que reordenara a Víctor Droz y Amarilis Sánchez dar cumplimiento al mandato del Ministro, siempre basados en la comunicación de Padrón. El presidente de la Comisión de Contraloría sustentó el petitorio a Azpúrua en 37 folios anexos.

Un primer informe parcial de las actuaciones ordenadas por Ana Teresa Herrera dio como resultado que algunos factores como: falta de registros contables, empresas inexistentes, y la difícil ubicación de otras compañías, no habían permitido determinar "fehacientemente" las presuntas irregularidades imputadas a la jefa de la oficina (Herrera Balduz) y los otros funcionarios aduanales mencionados en las denuncias.

En segundo lugar, el parte preliminar dio cuenta de que se habían detectado procedimientos administrativos viciados por parte de los funcionarios de la aduana El Guamache, en cuanto al desaduanamiento de mercaderías, por lo que se trataron de introducir algunos correctivos.

Fue así como el 6 de enero de 1988, meses después, Daniel Antequera, Inspector General de Hacienda, ordenó a Eduardo Cuberos -ya había sido destituida Ana Teresa Herrera Balduz - que continuarán la investigación emprendida contra las empresas CVG Internacional, Bomacasa, Joyería Iván, José Mazzeo, Importadora El Oeste, Importadora El Sha, La Pirámide, Mi Lindo Sueño y El Gran Mayor. Las investigaciones continuaron abiertas, porque nuestras embajadas en el exterior no habían podido verificar los precios involucrados, cosa fundamental para poder constatar las operaciones en Margarita.

Uno de los aspectos fundamentales que provocaron discrepancias entre la Directora de Inspección y Fiscalización, Ana Teresa Herrera, y el Director General de Hacienda, Jorge García Duque, fue el trato jurídico que tenía que dársele a la empresa solicitante de divisas ante Recadi, Interamericana de Aviación.

Esta otra investigación fue ordenada por el entonces Ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua Arreaza, a la doctora Herrera, "hasta sus últimas consecuencias" . Así, la dirección de Inspección comenzó a indagar en la Empresa, logrando reunir suficientes recaudos que demostraban que se había hecho un mal uso de las divisas preferenciales asignadas y lo mismo con otros dólares para la compra de repuestos que nunca llegaron a Venezuela.

Incorporado García Duque al Ministerio, ya había llegado al despacho un escrito del Tribunal Penal a cuyo frente estaba el titular Pastor Laurens, quien opinaba que la averiguación no era competencia de la dirección de Inspección y Fiscalización y que el caso debía entrar en el ámbito de conocimiento del órgano tribunalicio, de manera exclusiva.

El Director General de Hacienda, García Duque, creyó conveniente que así se hiciera y, a partir de este momento, comenzó un pleito entre los dos funcionarios que culminó con la destitución de Herrera Balduz con un 211 ordenado por el Presidente Lusinchi.

El 16 de mayo de 1987 fue removida Ana Teresa Herrera de la Dirección de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda. Fue enterada de la decisión del alto ejecutivo por la vía del Director de Personal del despacho. Son encontradas las versiones de lo que sucedió ese día en el cubículo de Herrera Balduz. Lo más confiable, aparentemente, es que ella firmó el 211 ordenado por Lusinchi, sin problemas. Pero condicionó la entrega del inventario para una hora diferente del mismo día.

69

Fue así como en la tarde del 16 de mayo formalizó el traspaso a Jorge García Duque, quien había reunido a la escolta del Ministerio y todos armados subieron al piso 6 de la Torre Norte, mientras arriba varios funcionarios, también armados y afectos a Herrera Balduz esperaban al Viceministro. No hubo nada que lamentar, aparte de la tensión y las llamadas de Miraflores y la Casa Nacional de Acción Democrática, desde donde salió otro contingente para evitar una guerra entre las facciones en pugna.

García Duque se encargó temporalmente de la dirección. Posteriormente se firmaron las actas y los inventarios, donde de paso, estaban incluidos los equipos de grabación y detección de voces, con los que ella supuestamente había intervenido los teléfonos de las otras autoridades del Ministerio.

Según versiones recogidas entre funcionarios, aparentemente, se trataba de equipos que existían desde la época de Fulvio Parodi, los cuales fueron colocados para grabar las denuncias orales y telefónicas y que, después, fueron utilizados con otros fines inconfesables.

Al acudir al citatorio del Congreso, Ana Teresa Herrera dijo, el 14 de abril, que "su casa fue allanada por la Disip y una vez que llamé a mi cuñado (un militar de las fuerzas navales que le dio la protección) la trasladaron a la sede de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, primero en La Guaira y posteriormente a Caracas, donde fui recluida en un calabozo... Ese calabozo estaba sucio, habia una cama y dos mujeres. Una de ellas me dijo, es mejor que confieses porque si no te pueden arrancar un brazo" .

A duras penas admitió que había sido amenazada de muerte en varias oportunidades.

Por cierto que el caso Interamericana de Aviación fue cerrado intempestivamente por el cuestionado Tribunal Superior de Salvaguarda integrado por Guillermo Urbina Cabello, Luis Marcel Urosa Savino y Angel Betancourt Ríos.

El expediente, abierto en 1987 por presuntas irregularidades en la importación de aeronaves con dólares preferenciales (eran tres y sólo llegó una en situación de inoperabilidad), fue protestado por el Fiscal del Ministerio Público, Jofré Marín, porque la decisión primaria del Juan Alberto Pérez Marcano, XXXV Penal, había sido mal instruida y faltaban algunas diligencias de suma importancia que habían sido solicitadas, más no materializadas.

En el interín, el presidente de la empresa, Julio Mendoza Silva, se comprometió a devolver los dólares colocados (1 millón 850 mil), más una fianza que originó una multa por 68 millones de bolívares) que, según el Diputado Douglas Dáger tampoco se concretó.

Los otros señalados

Por la Comisión del Congreso pasaron, también, el General Jesús Vargas Chirinos, de quien hablaremos cuando abordemos el caso de las importaciones desde Margarita, y Jorge García Duque, ex-viceministro de Hacienda.

El director General de Hacienda, García Duque, también citado por el Tribunal del Juez La Riva, declaró a la prensa: "estoy exento de culpa" . En el Congreso achacó las denuncias al director de Aduanas, Vargas Chirinos, y a la de Recadi, Edgalia Bastardo de Leandro.

Mis acciones están asignadas por la corrección -declaró a las puestas del XXXVII Penal-. Ya les dije que tengo 30 años siendo funcionario público. No creo que vaya a botar mi carrera, que vaya a dañar a mi familia cometiendo un acto censurable en la etapa en que me encuentro a esta edad de mi vida. Me siento muy honrado de ser lo que he sido y de lo que soy... Yo aclaré ayer que él (Héctor Hurtado) me señalaba a mí como Viceministro de Hacienda dentro de un equipo conformado por el Director General de Fomento y el personal del Banco Central. Yo sólo actué en equipo. No fue una actuación personal.

70

El General Jesús Vargas Chirinos, director de Aduanas, y responsable del presupuesto de divisas para el Puerto Libre de Margarita dijo en el Congreso, el jueves 4 de mayo por la tarde, que "mi responsabilidad en la asignación de divisas para los importadores del Puerto Libre fue compartida con el ex-viceministro de Hacienda, Jorge García Duque. Yo le presentaba los listados y él los aprobaba. En Aduanas están los formatos con la firma mía y la firma del doctor García Duque. Yo era subalterno y por mi formación militar, estoy acostumbrado a recibir órdenes".

Otro denunciado, pero por el diputado Jorge León Díaz (ORA) fue Carlos Hernández Delfino, ex-gerente de Operaciones Cambiarias del BCV y luego nombrado Director de Finanzas Públicas de Hacienda y actualmente es Comisionado de Ministro de Hacienda para coordinar las Finanzas Públicas y el Tesoro. El BCV desmintió el 11 de junio, que a lo interno del Instituto Emisor se le hubiera abierto un expediente por irregularidades administrativas. Actualmente es el nuevo negociador de la deuda externa ante la banca acreedora internacional.

29 de noviembre, fecha histórica

El miércoles 29 de noviembre de 1989, nueve meses después de las denuncias iniciales de El Nacional y siete meses después de intensas investigación desarrolladas por la contraloría General, la Fiscalía de la Nación, el Juzgado XXXVII Penal a cargo del Juez Luis Guillermo La Riva, y por la Comisión Especial del Congreso, el Tribunal Superior de Salvaguarda se reivindicó relativamente ante la opinión pública y el país, dictando diez autos de detención contra importantes funcionarios de la administración del ex-presidente Jaime Lusinchi.

En efecto, Silvestre Ortiz Bucarán, su presidente, y los magistrado de Alaíde Mazzarri Mendoza, acordaron la detención judicial de los ex-ministros de Hacienda Héctor Hurtado y Manuel Azpúrua Arreaza; Héctor Meneses, ex-ministro de Fomento; Modesto Freites Piñate, ex-ministro de Cordiplan; Mauricio García Araujo, ex-presidente del Banco Central de Venezuela; Eduardo Mayobre Machado, ex-presidente del Instituto de Comercio Exterior; Jorge García Duque, ex-viceministro de Hacienda; Francisco García Palacios, ex-viceministro de Fomento; José Encarnación Azócar Aguilera, ex-viceministro de Agricultura y Cría; y Edgalia Bastardo de Leandro, ex-directora general de Recadi.

Todos integraron la Comisión de Importaciones. La determinación del Superior de Salvaguarda estuvo basada en que el grupo de funcionarios de la administración de Lusinchi excedió -sobregiró- en unos 11.500 millones de dólares, con autorizaciones ejecutadas desde Recadi y remesadas por el Banco Central de Venezuela, los presupuestos de divisas correspondientes a varios años.

Se amparó el auto en el artículo 61 de la Ley Salvaguarda, referida a que funcionarios públicos no pueden exceder las disposiciones presupuestarias y de crédito público, o efectuar gastos o contraer deudas que hagan prosperar reclamaciones posteriores a la República y sus instituciones. Este artículo castiga con prisión de 1 a 3 años de prisión a los infractores que provocaron malversación específica de fondos públicos.

La noticia cayó como una bomba, puesto que se anunció cinco días antes de las primeras elecciones directas de gobernadores, alcaldes y concejales, que estaban previstas a celebrarse el 3 de diciembre de 1989. Uno de los fallos fue contra Modesto Freites Piñate, candidato por Acción Democrática a la gobernación del Estado Guárico.

- En el expediente instruido por la denuncia hecha por el diputado Carlos Tablante, en virtud de haberse encontrado y comprobado plenamente el cuerpo del delito -declaró Ortiz Bucarán a la prensa- y de existir graves, plurales y concordantes indicios de culpabilidad, he decretado la detención judicial de los procesados.

Cuando todo parecía indicar que no pasaría nada, toda vez que las apelaciones interpuestas sobre los casos elevados al tribunal de alzada por el Juez Instructor Especial del caso, Luis Guillermo La Riva, estaban siendo revocadas y cerradas las averiguaciones por otros tribunales de Primera Instancia con competencia en Salvaguarda, el Superior anunció su medida, acompañada con las consiguientes prohibiciones de salida del país.

71

Como es ya costumbre, casi todos los funcionarios ya estaban en el exterior, con excepción de Modesto Freites Piñate y Eduardo Mayobre Machado, quienes se entregaron, y Mauricio García Araujo que se escondió en Caracas.

En los días siguientes, la Policía Técnica judicial practicó más de 50 allanamientos a oficinas y casas de familia en busca de los solicitados. A pesar del operativo, Jorge García Duque -esto fue confirmado- logró viajar a Miami, donde se encontraba con parte de su familia.

De inmediato y luego por apelación en ausencia de los acusados el expediente subió a la Corte Suprema de Justicia, presidida por Otto Marín Gómez, para que ratificara o revocara la decisión del Tribunal Superior de Salvaguarda. En la primera de las opciones ya no habría nada que hacer para los indiciados porque la Corte Suprema es la última instancia de apelación. Lo segundo, podría arrastrar la renuncia del Presidente Tribunal Superior de Salvaguarda, por razones obvias.- Fue el ponente del caso al dictarse los autos de detención.

De acuerdo con informaciones confidenciales manejadas por la redacción de El Nacional, nos enteramos de que dicha ponencia, personalmente elaborada por Silvestre Ortiz Bucarán, presidente del Tribunal, tenía, cuando menos unos quince días de redactada para la fecha de la decisión. Estábamos empeñados en publicarla, puesto que para noviembre de 1989, como apuntamos, el caso lucía moribundo y los venezolanos ya casi se habían olvidado de Recadi.

En los mejores mentideros de abogados ya se sabía de los enfrentamientos entre Ortiz Bucarán y la magistrada Alaide Mazzarri Mendoza. Esta era de la opinión de que los ilícitos denunciados no generaban responsabilidades penales sino administrativas. La tesis contraria era la de Ortiz Bucarán. En tanto que Enrique Sánchez Falcón no había fijado criterio suficiente como para apoyar al presidente del Tribunal. Lo anterior explica, de alguna manera, el por qué la decisión, posteriormente, se tomó con la magistrada Mazzarri Mendoza de vacaciones y suplida por Iván Martínez Zerpa. Por filtraciones que no conviene detallar aquí, obtuvimos a finales de octubre un informe oral de un confidente que logró leer la ponencia de Ortiz Bucarán y, ante la posibilidad de que no cuajara la decisión, comenzamos a buscar con lupa el documento para cumplir con nuestra responsabilidad con el público lector.

Afortunadamente, el Tribunal Superior de Salvaguarda resolvió parcialmente los roces internos de la manera más diplomática y no dio pie para un nuevo y lamentable escándalo público.

Algunos analistas jurídicos nos confiaron que el error inicial de Ortiz Bucarán, fue encargarse directamente de la ponencia. Haberla entregado a Enrique Sánchez Falcón y conociendo la opinión inicial de Mazzarri Mendoza, le daba mayor oportunidad de obtener más rápido el consenso necesario para lograr una mayoría relativa y presionar un posible voto salvado. Pero al final de este capítulo fue otro: la decisión salió por unanimidad y la demora fue provocada por la incorporación de Martínez Zerpa, quien necesitaba de algún tiempo para estudiarla y dar su voto favorable.

Al día siguiente, el jueves 30 de noviembre, el candidato a gobernador en Guárico, Modesto Freites Piñate, no le quedó más remedio que entregarse en la sede de la Policía Técnica Judicial, por recomendación del CEN de AD.

- Se trata de una burda maniobra- declaró al llegar con su familia-, dirigida a entorpecer mi evidente triunfo como Gobernador de Guárico (ya lo había sido durante el gobierno de Lusinchi y antes de ser Ministro de Cordiplan)... Esto deja mucho que decir de ciertos administradores de justicia y contribuye a desprestigiar aún más a ciertos organismos que tienen el sagrado deber de impartirla.

Denunció, al boleo, que el presidente de la Junta Electoral Principal del Estado Aragua, Eduardo Ortiz Bucarán, era hermano de Silvestre, a lo que replicó el presidente del Tribunal Superior diciendo que"intentar relacionar la actuación de Eduardo con lo que pueda ocurrir en las elecciones de cualquier otro Estado es absurdo" . Su denunciante, Carlos Tablante, era el candidato del MAS a la Gobernación de Aragua y resultó electo.

72

Fue trasladado al Retén Judicial de El Junquito, sitio escogido por el Tribunal para la reclusión de los potenciales detenidos, junto a la Cárcel de Mujeres de Los Teques, para la única mujer del grupo, Edgalia Bastardo de Leandro.

En las primeras de cambio, Freites Piñate fue visitado por Alberto Finol, Octavio Lepage y Carmelo Lauría. El día de las elecciones voló, ida por vuelta, en helicóptero a sufragar por sí mismo.

Freites pidió al Tribunal que estudiara la petición de pedir un antejuicio de mérito ante la Corte Suprema de Justicia por ser gobernador electo, pero la propuesta fue desechada, incluso, porque no hay jurisprudencia en Venezuela para un caso similar.

El expediente subió a la Corte, no obstante, porque a los demás enjuiciados se les nombraron defensores públicos.

Por su parte, Eduardo Mayobre Machado se entregó también en la PTJ el sábado 9 de diciembre, no sin antes conocer la salud delicada de su hermano José Antonio, también periodista, quien recién había sido operado. Mayobre al comienzo del actual gobierno fue designado presidente del Banco República, en sustitución de José Bejamín Escobar, antiguo vicepresidente del Banco Central de Venezuela.

-He venido a ponerme a derecho- dijo en la entrada de la central policial- dentro del lapso de los diez días hábiles posteriores a la medida del Tribunal Superior de Salvaguarda, con el objeto de cumplir, como es mi deber, con los requisitos legales del caso y demostrar mi inocencia, así como en la esperanza de que se imparta verdadera justicia. No lo había hecho antes por la necesidad de atender problemas familiares urgentes que requerían mi atención y presencia personal.

- Este contexto - agregó- es propicio para que se lancen acusaciones ligeras que pueden afectar a personas honorables. Tal es el caso en que nos encontramos. Pero creo que predominarán la sensatez y las instituciones llamadas a hacerlo, llegarán a conclusiones justas, incluyendo la total corrección de mis actuaciones en las funciones que me tocó desempeñar.

Recluido junto con Freites escribió para El Universal una serie de trabajos, donde intentó demostrar que un régimen de cambios diferenciales o un control de cambios no necesariamente constituía un delito.

Es bueno apuntar que ni Eduardo Mayobre ni Modesto Freites fueron las personas más denunciadas o que desplegaron el mayor centimetraje en el caso Recadi. Ambos siempre fueron señalados como integrantes de la Comisión de Importaciones. No obstante, sobre Modesto Freites recayó otro tipo de acusación. La interpuesta por Carlos Tablante ante varias autoridades de Miami, donde pidió saber si el candidato a Gobernador de Guárico tenía o tuvo cuentas bancarias en el North Ridge Bank de Fort Lauderdale, el banco presidido por el hijo del Diputado Alberto Beto Finol, de Acción Democrática.

Capítulo 7

Los hilos del poder

Blanca Ibáñez, secretaria privada del ex-presidente Jaime Lusinchi, envió oficios a la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, según nos confió Francisco Maldonado Cisneros en nuestro primer Viaje a Miami - efectuado a fines de abril de 1989-, "cumpliendo instrucciones del ciudadano Presidente" , en favor de ciertas instituciones no suficientemente amparadas por la legislación cambiaria, como es el caso del Consejo Nacional de Seguros y la Cámara Venezolana de Distribuidores de Instrumentos Musicales, cuyas solicitudes igualmente, habían sido inicialmente rechazadas por las autoridades de Recadi.

De acuerdo con los relatos de Maldonado Cisneros, la dependencia adscrita al Ministerio de Hacienda recibió instrucciones de Miraflores para reconsiderar algunas peticiones rechazadas, sin embargo la mayoría de éstos no obtuvo después respuesta positiva de su parte.

73

- ¿Usted recibió presiones concretas de Miraflores?, preguntamos a Maldonado en Miami.

- Habría que definir la palabra presión. Por lo que tú preguntas, interpreto que habría alguien detrás de algo específicamente.

- La pregunta es: ¿Recibió presiones desde Miraflores, sede del gobierno central? ¿De quién?

- No. Por eso digo que vamos a definir qué es presión. Yo sí recibí llamadas de Miraflores, cuando Recadi presentaba un problema de opinión pública, cuando existía un problema que Recadi no había solucionado, o cuando se creaba un área de desabastecimiento. Había muchos particulares e instituciones que acudían a audiencias en Miraflores.

- ¿Cómo le llegaban las instrucciones de Miraflores en este sentido?

- Dije que los privados planteaban su problema a nivel de Miraflores. A mí me llegaba el material por varias vías: una directa, que consistía en que Miraflores, directamente, me enviaba los recaudos a través de la secretaria privada. Por ejemplo, un memo diciéndome: anexo envío exposición sobre un caso que tiene un problema gravísimo; favor tomar nota de esto y presentar solución.

- ¿Una comunicación de quién? ¿Acaso de la secretaria privada del Presidente?

- Sí. Una carta de la secretaria privada.

- ¿Cuáles eran las otras vías?

- Otra vía era que esas cartas iban directamente a Azpúrua. Cuando yo presentaba cuentas, él me remitía el documento.

- Por ejemplo, esta comunicación firmada por Blanca Ibáñez, cumpliendo instrucciones del Presidente Lusinchi, de fecha 27 de agosto de 1985, donde ella se dirige a Azpúrua y expone sobre una carta consignada inicialmente por el presidente del Consejo Nacional de Seguros, William H. Phelan, ¿es uno de esos casos?

- Exacto. Ese era el tipo de carta. Entonces según la interpretación de lo que es una presión, esto puede ser o no una presión. Aunque obviamente el documento está relacionado con un caso concreto. Yo lo consideré como una presión natural...

- Entonces, ¿hubo presiones de Blanca Ibáñez?

- No.

- ¿La secretaria privada le dio órdenes directas alguna vez?

- No . Eran básicamente los oficios con cosas específicas. Se preparaba completo, y al ministro de Hacienda (Azpúrua) se le ponía en cuenta de la respuesta.

- ¿Y el ministro no se preocupaba con tantas negativas suyas en relación a las comunicaciones de la secretaria privada, ordenadas por el Presidente?

- A mí nunca me manifestó esa preocupación, pero se le veía en la cara... El ministro muchas veces me dijo que me quedara tranquilo, que aguantara, porque las cosas se podían manejar. Pero el que daba la cara era yo, el que decía que no era yo.

- ¿Cree que en algún momento lo quisieron utilizar?

- (No hubo respuesta).

74

Este diálogo con Francisco Maldonado Cisneros, divulgado en La Agenda Secreta del viernes 5 de mayo, trajo como respuesta que Blanca Ibáñez enviara un escrito a la dirección de El Nacional, el cual fue publicado el sábado 6 de mayo. La ex-secretaria privada de la Presidencia de la República, en su extensa misiva, aseguró que las comunicaciones oficiales enviadas por su oficina a otros despachos, se hacían en fiel cumplimiento de una instrucción presidencial y que, "nada delictuoso o simplemente irregular pueden revelar" . Sobre Recadi, afirmó que "nadie podrá demostrar jamás que ejercí presiones indebidas ni accioné trámites que no me correspondieran" .

- En su edición de ayer, continuando la subliminal serie que ustedes llamas la "Agenda Secreta de Recadi" -se leía en el encabezado de la carta de Ibáñez-, aparece a todo despliegue, titulado, ilustrado y manejado con especial intención una publicación que bien puede entenderse como dirigida a incriminarme una vez más en un asunto que no me compete en absoluto. Como lo es lo relativo al otorgamiento de dólares preferenciales a importadores durante el gobierno del Presidente Jaime Lusinchi. De todas las sistemáticas alusiones hechas a mi persona por su periódico, las más de las veces que soslayo o en ejercicio de forzado razonamiento, ésta es todo lo directa y malintencionada, que me permito un comentario también directo y la exigencia moral y legal de que se abra espacio para defenderme...

El mismo día tuvimos que responder a Ibáñez que "estamos acostumbrados a recibir de quienes ejercen o ejercieron el poder, ese calificativo tan manoseado y efectista de manipulador, en casos en que son tocados determinados intereses o la importancia personal de los funcionarios señalados" .

Días más tarde, el 10 de mayo, publicamos un trabajo titulado "Miraflores intercedió dos veces en favor de la empresa Indiaca" . Se insistió sobre el punto de las presiones veladas.

En resumen, la secretaria privada del ex-presidente Lusinchi, blanca Ibáñez, intercedió en dos oportunidades -en una lo hizo por instrucciones del ex-mandatario y en otra a título personal- en favor del otorgamiento de dólares preferenciales, por parte de Recadi, para las importaciones de la empresa Industria Nacional de Implementos Agrícolas (Indiaca), cuyo presidente era Jesús Armando Maya.

Esta compañía, de acuerdo con la lista alfabética computarizada y oficial de la Dirección de Informática de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales del Ministerio de Hacienda, no figuró con cupo oficial otorgado en los presupuestos correspondientes a los años 1986, 1987 y 1988.

Sin embargo, la Industria Nacional de Implementos Agrícolas apareció varias veces recibiendo conformidades de importación autorizadas y anunciadas públicamente por Recadi en sus avisos de prensa, por 710 mil 628 dólares con 80 centavos en 1987 y por 712 mil 10 dólares con 70 centavos en 1988.

Aun así, la información que de esta empresa existía en poder del Banco Central de Venezuela, dio cuenta que en el período comprendido entre mayo de 1983 y mayo de 1987, la firma Indiaca hizo efectiva ante el Instituto Emisor la cantidad de 314 mil 322 dólares con 84 centavos, de los cuales 136 mil 832 con 14 centavos fueron financiados con cartas de crédito.

En tanto que, entre junio de 1987 y marzo de 1989, la Industria Nacional de Implementos Agrícolas recibió del BCV 482 mil 592 dólares con 8 centavos, de los cuales 481 mil dólares con 68 centavos también fueron financiados con cartas de crédito.

Las fechas de estas dos cartas enviadas por Ibáñez fueron las siguientes: una, el 27 de noviembre de 1986, dirigida a Manual Azpúrua Arreaza, aludiendo las instrucciones del Presidente Lusinchi, y la otra, el 18 de mayo de 1987, sin comentar la referencia presidencial, dirigida a Ana Teresa Herrera, directora encargada de Recadi. A ésta le pidió: "Altamente le agradeceré la atención que le dispense el caso tratado, e igualmente informar a esta Secretaría Privada, para hacerlo del conocimiento del interesado" .

75

Un funcionario que ocupó el mismo cargo de Ibáñez nos analizó -y preferimos no divulgar su nombre por ahora- que el segundo texto excedió ("de frente" ) las redacciones normales para ese tipo de comunicación.

La empresa Indiaca, por ejemplo, que figuró en la rutina de los listados por cupo -podría ser considerada extra-cupo- entre 1987 y 1988, recibió 42 conformidades de importación por casi 2 millones de dólares preferenciales, según pudimos saberlo gracias a un servicio computarizado levantado por la firma bursátil Marino Recio y Asociados, que contrató El Diario de Caracas, precisamente, para divulgar estos listados en la serie paralela "Expediente Recadi" . Se descartó el servicio por El Nacional, debido a lo costoso. Pero pudimos acceder en más de una oportunidad al mismo, gracias a la buena voluntad de Alejandro Recio.

El 15 de mayo de 1989, Ibáñez apareció en el programa de televisión de Adelso Sandoval ("Sin Censura" ) por el Canal 12 y allí denunció que "estaba sirviendo de chivo espiatorio en una campaña lanzada por personas e instituciones que intentan atacar a Lusinchi" .

Fue la oportunidad en que también dijo: "yo no tengo nada que ver con Recadi. Yo no sé ni qué es una carta de crédito" .

Fue así como el nombre de la ex-secretaria privada, Blanca Ibáñez, quedó grabado en La agenda secreta de Recadi, y, como veremos más adelante, El Nacional y otras instancias investigativas, especialmente el Congreso, comenzaron a indagar una serie de bienes informalmente atribuidos a ella. Todo indicaba que aquellos "misteriosos vínculos" detectados por el desaparecido detective Jiménez empezaban a tomar cierta forma en la realidad.

El 22 de mayo de 1989 Carlos Tablante envió un escrito a su colega Douglas Dáger, presidente de la Comisión Especial del parlamento, para que éste, a su vez, oficiara al director de la PTJ, Mauro Yánez Pasarella, y solicitara aclarar los propósitos de las cartas enviadas por Ibáñez a diversos funcionarios involucrados en las averiguaciones. Anexó 15 comunicaciones fechadas entre el 4 de julio de 1985 y el 26 de mayo de 1988, dirigidas por la ex-secretaria privada a Manuel Azpúrua, Edgalia Bastardo de Leandro, Ana Teresa Herrera Balduz, Francisco Maldonado Cisneros. Pero también consignó oficios originados en otros despachos y cuyos destinatarios fueron Héctor Meneses, Héctor Hurtado, Mariela Rey de Quintero y Eduardo Rafael Behrens Linares. Tanto en las de Ibáñez como en las otras, el propósito era reconsiderar los casos de las empresas Indiaca, Federaciones Agropecuarias, Cámara Venezolana de Distribuidores de Instrumentos Musicales, Pinova ABCD, C.A., Gases Industriales de Venezuela C.A., Coverplas y BPCA Tubulares petroleros C.A.

"A mi despacho han llegado diversos documentos, en copias y originales, de comunicaciones enviadas por algunos exfuncionarios de la administración del ex-presidente Jaime Lusinchi como son Blanca Ibáñez y otros, cuyo contenido -escribió Tablante en el texto que solamente El Nacional publicó, aunque otros periódicos lo tenían (¿) - y propósito pidieran constituir irregularidades administrativas o ilícitos previstos y sancionados en la Ley Orgánica de Salvaguarda. Todo parece indicar que dichos funcionarios violaron los canales y los procedimientos administrativos regulares, al gestionar la obtención de dólares preferenciales, a favor de personas naturales y jurídicas, por vías distintas a las establecidas por el Estado en las resoluciones y decretos que constituían el marco jurídico y legal para la tramitación de conformidades de divisas preferenciales para importaciones" .

En el archivo de quien fue una de las secretarias de Francisco Maldonado Cisneros, en Caracas, había por lo menos unas mil cartas de este tipo que, si bien no expresaban en su redacción ninguna presión anormal, los nombres de las mismas empresas en muchos casos se hacían cíclicos y cada seis meses circulaban. Por ejemplo, este fue el caso de la firma importadora Indiaca.

El diputado Enrique Ochoa Antich (MAS) pidió el lunes 29 de mayo a la Juez XXIII Penal, Carmen Figuera de Gómez, quien a su vez evacuó al VII Penal, a cargo de Olimpia Suárez de Algarra, que se investigaran los contratos suscritos entre familiares de Ibáñez y el Centro Simón Bolívar.

76

La ex-secretaria, con motivo de lo anterior, compareció el jueves 1 de junio al tribunal de Olimpia Suárez. Allí dijo a los periodistas que era inocente de todo lo que le achacaban.

- Basta de pantalleros en el país. La justicia será clara -sentenció firme la cuestionada secretaria.

Como de costumbre, el ex-presidente Jaime Lusinchi asumió la responsabilidad de las cartas firmadas por Ibáñez, su secretaria privada, el viernes 2 de junio.

- La doctora Ibáñez -escribió Lusinchi- cumplió bien y acertadamente la instrucción impartida por mí como Jefe de Estado y superior jerárquico... No entiendo los rebusques interpretativos para tratar de encontrar irregularidades o dolo donde no existe... por que mal podría quien interviene en juegos prohibidos declarar su intención o sus procedimientos ilícitos en un documento sujeto a circular, a ser archivado e, incluso, a ser fotocopiado para entregarlo maliciosamente a uno de esos enemigos gratuitos que todo el mundo tiene.

Blanca Ibáñez fue citada al tribunal de Recadi, a cargo del Juez La Riva, el lunes 5 de junio siguiente. Luego de unas seis horas de declaración dijo: "aquí existe una conspiración de la izquierda contra el sistema democrático" . Como siempre, estuvo acompañada de su abogado Norka Sierralta de Villarroel.

- He venido acá... a cumplir con la citación del ciudadano juez. Vine efectivamente a declarar sobre las cartas que el diputado Tablante le entregó al diputado Douglas Dáger. Esas cartas no fueron estudiadas ni analizadas en el Congreso. Allí se me acusó a priori. Se están buscando chivos expiatorios donde no existen -insistió.

Un día después, el 6 de junio, La Riva pidió recabar en Miraflores los originales de las cartas firmadas por Blanca Ibáñez y por el Diputado Luis Guevara. Teníamos el dato, más no la confirmación. Conseguimos llamar al juez La Riva a su teléfono celular (la única vez que hablamos por teléfono con él) y éste confirmó que había oficiado.

Guevara fue nombrado por segunda vez en el caso Recadi, puesto que éste tenía un despacho muy cercano al de la secretaria privada. La primera fue cuando Oscar Páez Bohórquez dijo tener registradas llamadas telefónicas en su libreta de asuntos importantes, provenientes de Miraflores, y bajo la responsabilidad de Luis Guevara.

La Riva ofició al Jefe de Personal de Miraflores y nos dijo que la recaudación documental era clave.

Sorpresivamente, Blanca Ibáñez se presentó en el Congreso -donde no estaba previsto interpelarla todavía- dos días después del último acto de la Riva, el miércoles 7 de junio. Una vez que Henry Ramos Allup le cedió su propia silla, intentó explicar su conducta como funcionario. Fue el momento de la célebre frase "siempre he cubrido todos mis gastos" .

Ante los miembros de la comisión especial que investigaba el Caso Recadi precisó que "los ingresos míos son los que he tenido de mis cosas particulares" , muchas de las cuales se conocieron después.

Mientras ella estaba en el Congreso, en Miraflores no sabían nada del petitorio enviado por La Riva para recabar las cartas de Ibáñez y Luis Guevara. Según las reseñas de prensa, Pastos Heydra, jefe de la OCI, primero dijo que sí y luego que no habían recibido el memo de La Riva, en un evidente cambio de seña política.

Blanca Ibáñez abandonó el país y se residenció, fundamentalmente, en Miami, Estados Unidos, por sugerencia de los abogados Norka Sierralta de Villarroel y Morris Sierralta, padre de ésta.

De tal modo que el 18 de julio, habiendo sido citada por la Juez VII, Olimpia Suárez de Algarra, Blanca Ibáñez no se presentó, tras cuatro horas y media de espera por parte del Tribunal.

77

Pero fue, finalmente, el martes 25 de julio que los diputados Carlos Tablante y Luis Manuel Esculpi pidieron una cita a Silvestre Ortiz Bucarán, Enrique Sánchez Falcón y Carmen Alaide Mazzarri Mendoza, para denunciarla formalmente en el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público.

Teníamos el dato adelantado y ese día, muy temprano, acudimos al bufete de Humberto Mendoza D´Paola, Tomás Mejías Martínez y Alfredo Rojas, autores del documento. Lo pudimos leer con antelación, y al rato se presentaron los diputados del MAS.

Tablante discutió telefónicamente con el secretario general del Movimiento al Socialismo, Freddy Muñoz, porque éste no conocía los términos de la denuncia, y la misma fue consignada por Tablante en Salvaguarda más tarde, porque "no me calo más retrasos burocráticos con el partido" .

Luego de colgar el auricular, se trasladó al despacho de Ortiz Bucarán, totalmente decidido y escoltado por Luis Manuel Esculpi, quien había levantado un verdadero trabajo de hormiga sobre los bienes y relaciones de Blanca Ibáñez desde el ejercicio del poder.

El escrito, muy elogiado por diversos abogados litigantes, de unas 25 páginas y más de 300 en anexos, lo pudimos fotocopiar y divulgar de manera exclusiva por El Nacional (ya había finalizado, dos semanas atrás, La agenda secreta de Recadi, advirtiéndole a los lectores que se haría lo necesario sobre el caso cada vez que fuera indispensable, como ocurrió el 25 de julio).

Los denunciantes entregaron, sobre las once del mediodía, el dossier donde refirieron las irregularidades supuestamente cometidas por Blanca Ibáñez, en la relación que privó entre la Constructora Los Andes y el Centro Simón Bolívar y en la construcción y adjudicación de apartamentos en el Parque Residencial Juan Pablo II.

En el conjunto de la denuncia, además de Blanca Ibáñez y sus hijos, Carlos Alfredo y Lorena Margarita García Ibáñez, y sus familiares Laura, Alexander y Mauricio Fazzolari Scurría (dueños de la constructora Los Andes -ella está casada con Carlos Alfredo García Ibáñez-) y Michele Fazzolari Faraco; figuraron el ex Ministro de la Defensa, Andrés Eduardo Brito Martínez; el de Desarrollo Urbano, César Quintana Romero; el ex-presidente del Centro Simón Bolívar, Arnaldo Morales Jatar; el arquitecto Jack Dornbusch; y el Diputado Alberto Finol y algunos familiares de éste.

Igualmente, el ex-presidente Jaime Lusinchi, Adolfo Ramírez Torre, ex-gobernador de Caracas; Américo Araujo, secretario general de AD en Zulia; y Luisa T. Pacheco de Chacón, ex-gobernadora del Estado Táchira.

No obstante todas las referencias, Tablante y Esculpi denunciaron a Blanca Ibáñez "como autora de los delitos de tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, ocultamiento de datos e informaciones, lucro y concierto de funcionarios.

Como coautores precisaron a César Quintana Romero, Arnaldo Morales Jatar (primo del abogado de Douglas Dáger, Braulio Jatar), Carlos Alfredo García Ibáñez y Jack Dornbush. Pidieron la detención de estos cuatro y de la ex-secretaria privada de Lusinchi.

Expusieron los parlamentarios que "obran en nuestro poder un conjunto de documentos e informaciones que constituyen indicios de responsabilidad penal contra la ciudadana Blanca Alicia Ibáñez Piña... por su participación en hechos ilícitos penados por la Ley Orgánica de Salvaguarda" .

El país entero conoce el poder que esta señora concentró y usurpó dada su influencia con el entonces Presidente de la República, Jaime Lusinchi, expresado en hechos como: nombramientos, remoción y manipulación de funcionarios públicos; gestión de contratos, concesiones y regalías fiscales, obtención de cargos a allegados, ocultamiento fraudulento de informaciones sobre el patrimonio y el escandaloso crecimiento y ostentación del mismo.

78

Dentro del extenso escrito destacó un señalamiento en particular: tuvo 6 millones de dólares en varias cuentas corrientes abiertas en diversos momentos en el North Ridge Bank, propiedad del Diputado Alberto Finol y cuyo vicepresidente era Enrique Finol, hijo de Alberto Finol.

Igualmente, las otras acusaciones pasaban por sus declaraciones juradas de bienes enviadas a la Contraloría que, en consecuencia, eran falsas; había dirigido el tráfico de influencias desde Miraflores; había ocultado fechas al Presidente para entregar con privilegios muchos apartamentos de Juan Pablo II; y había favorecido al arquitecto del conjunto residencial, Jack Dornbush, entre muchas otras cosas señaladas por Tablante y Esculpi. Apartamentos, carros, algunas compañías, caballos, trabajos fáciles en la CANTV y la Disip para sus hijos, contratos a familiares y casas, salieron a flote con el documento.

El apoyo político sobre el que dudó inicialmente Freddy Muñoz (según Tablante, piensa las cosas mil veces, pero luego las hace muy bien) fue luego dado por el conjunto del MAS. Destacó la frase acuñada por Teodoro Petkoff el jueves 27 de julio: "Ibáñez es el símbolo de la corrupción de una época" . Ese mismo día, el Diputado por Copei Oscar Yánez, pidió que le cancelaran a la ex-secretaria privada la Orden del Libertador que le impuso el presidente Jaime Lusinchi.

El lunes 31 de julio, cansada de esperarla, la Juez VII Penal, Olimpia Suárez de Algarra, ofició a la Policía Técnica judicial para que buscaran a Blanca Ibáñez y la llevaran a su despacho a declarar. Pero ya era demasiado tarde. Como apuntamos antes, se había marchado a Miami.

El día fue bastante movido. Su abogado, Norka Sierralta de Villarroel, acudió al despacho del Fiscal General, Ramón Escovar Salom y entregó un largo escrito con una serie de anexos y declaró a la prensa que las denuncias de Tablante y Esculpi contra Ibáñez eran falsas.

Entre los anexos figuraban varias declaraciones juradas del Presidente del North Rodge Bank, Peter McCormack, quien dijo bajo juramento que, efectivamente, Blanca Ibáñez había tenido una cuenta corriente cuyo saldo era inferior a 58.000 dólares cuando fue clausurada el 19 de diciembre de 1983, y que su hijo, Carlos Alfredo, abrió otra el 1 de marzo de 1989 con 44.051,54 dólares.

El ex-ministro de la Secretaría, Carmelo Lauría, estaba en Miami y, según Tablante, fue el encargado de asesorar las peticiones de Ibáñez y su hijo a Peter McCormack, y que luego trajeron a Norka Sierralta a la Fiscalía y el mismo Lauría a un Comité Operativo de AD en La Casona. La prueba de esto último es que un personaje que llamaremos Alfa Policial a los fines de este recuento, hizo llegar a Tablante, con antelación y vía fax, las solicitudes hechas por Ibáñez y Carlos Alfredo García Ibáñez a Peter McCormack, antes de que Carmelo Lauría regresara a Caracas y Sierralta consignara las declaraciones juradas del presidente del North Ridge Bank ante el Fiscal Escovar Salom.

A Alfa Policial, como persona y como organización, lo conocimos en Miami, cuando realizamos el segundo Viaje a Estados Unidos oportunidad en la que Carlos Tablante denunció al North Ridge Bank ante diversas autoridades del Estado de Florida. De esto hablaremos más adelante.

Mientras tanto, Tablante y Luis Manuel Esculpi, apoyados ahora sí por Freddy Muñoz, respondieron en rueda de prensa celebrada en la primera Vicepresidencia de la Cámara de Diputados que "no polerizamos con los abogados de Ibáñez" y ratificaron las denuncias introducidas en Salvaguarda. El mismo día que la Corte Suprema ordenó reponer el juicio de divorcio de Lusinchi, es decir el 2 de agosto de 1989, los abogados de Tablante: Humberto Mendoza D´Paola y Tomás Mejías Martínez, volvieron a la oficina de Silvestre Ortiz Bucarán, para responder el escrito de Norka Sierralta de Villarroel ante la Fiscalía, donde se argumentó la indefensión de Blanca Ibáñez.

De nuevo pudimos leer y obtener la respuesta con anticipación en el bufete de Mendoza D´Paola. Tablante declaró que "la confesión de Ibáñez está en el escrito de su defensa" .

79

Hizo referencia a que se reconoció que sí existió una cuenta de Blanca Ibáñez en el North Ridge Bank y que la misma nunca fue reflejada en las declaraciones juradas de la ex-secretaria privada ante la Contraloría General de la República, cuando tomó o salió de los cargos públicos que ocupó desde que fue secretaria en el Congreso de la República.

-Haber ocultado a la Contraloría esta cuenta -señalaron- significa la primera comprobación de los delitos por nosotros denunciados.

El 4 de agosto siguiente, Douglas Dáger también hizo lo propio, y en el Tribunal VII Penal de Olimpia Suárez acusó a Blanca Ibáñez por malversación de fondos, puesto que se habían desviado más de 100 millones de bolívares del Instituto Nacional de Hipódromos, para financiar programas sociales de la Presidencia de la República, que al final resultaron para comprar 24 caballos, pagar refrigerios y gastos publicitarios para eventos especiales.

Este cuadro general de utilización perversa, maliciosa de los recursos públicos -justificó su acto Dáger-, en primer lugar contra un superávit financiero que no existía y en segundo lugar con un destino distinto al que tenían estas partidas, constituyeron un conjunto de irregularidades, de lesiones al patrimonio público y de malversación de fondos.

Un día más tarde, el 5 de agosto apareció en escena el hermano mayor de Blanca, José Roso Ibáñez Piña, con las sensacionales revelaciones hechas a nuestro colega Roberto Giusti. Una semana antes habíamos acudido a la oficina de Tablante para seguirle la pista a su denuncia contra la ex-secretaria privada. Encontramos un ambiente de misterio y preguntamos al abogado asistente, Alberto Quintero:

- ¿Qué es lo que pasa?" .

- Adentro está un tipo que dice que es hermano de Blanca Ibáñez y está entregando documentos -respondió en la más estricta confianza.

Esperamos que saliera, dos horas después por lo menos, para verle la cara. Posteriormente, el sábado 6 de agosto dio una rueda de prensa en un hotel del Este y enseguida vino la serie titulada "Mi hermana Blanca Ibáñez" , escrita por Giusti, a quien pusimos en contacto con Alberto Quintero para poder amarrar al familiar de la otrora poderosa secretaria. El primer contacto entre Giusti y José Roso ocurrió en la oficina de La agenda secreta de Recadi, ya en relativo desuso.

Cuando Carmelo Lauría regresó de Miami, un lunes -no recordamos la fecha exacta- se celebró en La Casona una reunión especial del denominada Comité Operativo de AD. El ex-ministro de la Secretaria de la Presidencia hizo una defensa contundente de Blanca Ibáñez y presentó a los asistentes, entre los cuales estaba Luis Piñerúa Ordaz - quien en el pasado le había dicho públicamente barragana a Ibáñez y ello le constó a ambos llegar al nuevo Congreso como Diputados-, las declaraciones juradas firmadas por Peter McCormack, basadas en las peticiones de la familia García Ibáñez y que Lauría mismo había asesorado.

Piñerúa Ordaz se quedó mudo ante el cerro de papeles enseñado por Lauría. El día del aniversario número 46 de El Nacional, una asistente del ex-candidato presidencial y miembro del CEN confió a un colega de la redacción que Piñerúa no tenía argumentos con qué rebatir la presentación de Lauría ni los alegatos de la abogada Norka Sierralta de Villarroel, apoderada de Ibáñez.

El punto nos fue comentado y contribuimos, en los días siguientes, a construir un correaje informativo entre los archivos de Carlos Tablante y de El Nacional con los de Piñerúa Ordaz, a quien se le dotó de todos los papeles importantes que existían en ese momento y que hacían referencia a Blanca Ibáñez. El terco dirigente adeco volvió a respirar con tranquilidad.

80

Previamente, el primero de agosto, Blanca Ibáñez, en Nueva York, otorgó amplios poderes a Norka Sierralta de Villarroel, para que la asistiera y representara en todos los actos derivados de las denuncias de Tablante y Dáger.

El acto ocurrió en el Consulado de Venezuela en Nueva York, con la participación del Cónsul Guillermo Herrera, quien habilitó la unidad de Servicios Públicos, fuera del horario normal, y con la asistencia del Cónsul Claudio Osorio y el funcionario Carlos Croes, hijo del ex-ministro de la Secretaría que lleva el mismo nombre.

El 8 de agosto, como fue su costumbre, Blanca Ibáñez mandó por fax sobre las seis de la tarde, a la redacción de los periódicos, un escrito donde planteó que se le quería "ajusticiar al estilo revolucionario" .

Quienes conspiran para desestabilizar el sistema -la tesis de siempre- los falsos conversos que venían engañando a mucha gente, ahora enloquecidos después de los sucesos de febrero, son los mismos que pretenden hacerme víctima de una especie de juicio revolucionario pidiendo mi detención sin proceso y bajo la amenaza de no ser juzgada por mis jueces naturales... Desde que tuve uso de razón -agregó-, este señor que se presenta como mi hermano y nunca le pareció, le ha dado por hacerme daño...

El jueves 31 de agosto el recién constituido Tribunal de Etica de Acción Democrática, por boca de su presidente Gastón Vera, anunció al país la expulsión de Blanca Ibáñez de las filas del partido, por "tener la convicción de que la compañera Blanca Ibáñez ha quebrantado normas de carácter ético" .

Desde Miami, una vez más utilizó el fax y respondió que se trataba de una decisión "cobardona, írrita, que vulnera la Constitución Nacional" . En los corrillos adecos quedó la sensación de que el texto había sido escrito por Lusinchi, como había ocurrido en el pasado con otras declaraciones.

Una vez expulsada, siguieron los procedimientos judiciales, primero en el tribunal VII Penal, de Olimpia Suárez, quien fue denunciada por Douglas Dáger por "preparar la absolución de Blanca Ibáñez" , a lo que respondió la magistrada, el 4 de octubre, que el presidente de la Comisión de Contraloría le había amenazado con "destruir mi carrera" .

Y luego, en el Tribunal Superior de Salvaguarda que, estaba estudiando si acumulaba los tres expedientes contra Blanca Ibáñez en uno solo. En todo caso, todavía hay decisiones pendientes a favor o en contra de la polémica ex-secretaria privada.

Ultimamente, en una interpelación de la que fue objeto el actual Ministro de Educación, Gustavo Roosen, colateralmente salió el tema de investigar la legalidad del título de bachiller de Blanca Ibáñez y si, efectivamente, cumplió con todos los requisitos académicos para egresar como abogado de la Universidad Santa María, curso que adelantó coincidiendo con el ejercicio de la Secretaría Privada del la Presidencia de la República. El caso fue posteriormente denunciado, el 23 de marzo de 1990, por el Diputado del MAS, Vicente Martínez, con buenos indicios.

La oportunidad es propicia para contar lo siguiente. En la denuncia interpuesta por los diputados Tablante y Esculpi contra Blanca Ibáñez, en la página 2 se menciona una quinta llamada La Guacharaca, cuya propiedad se le atribuyó a la ex-secretaria en principio.

El Nacional tuvo conocimiento de un dato similar que, previamente, comenzó a ser investigado desde mucho antes que los parlamentarios del MAS también la refirieran en el escrito dirigido después a Ortiz Bucarán.

Se trató de una construcción inscrita en el registro correspondiente el 12 de diciembre de 1967, bajo el permiso de construcción 19.762, y de habitabilidad número 9.448, de un piso y de una superficie total de 346,45 metros cuadrados, pero plantada en un terreno de 3.089 metros cuadrados, localizada en la Calle Mirador de la Urbanización alto Hatillo.

81

Desde aquella fecha hasta el 9 de septiembre de 1987 tuvo una cierta evolución y pasó por los siguientes propietarios: Rodolfo G. Duberstadt Kagerah compró a José H. Amadeo Nigagkioni en 1960, quien a su vez había adquirido el terreno de la Sociedad Urbanización Alto Hatillo C.A. en 1960. El 9 de octubre de 1987 Duberstadt y un socio venden la parcela Nº 7 y la casa La Guacharaca a Inversiones Catálisis, constituida por el abogado Pablo Manuel Arráiz Santana y la señorita Mercedes Elena Contreras Arrieche. Inversiones Catálisis es una empresa de compra-venta de bienes inmuebles.

De un valor inicial de 115 mil bolívares en terreno y de 278 mil bolívares en construcción se fue revalorizando, hasta que Inversiones Catálisis pago 8 millones de bolívares en efectivo, con una inicial de 1 millón y al final de la operación los últimos dos millones de bolívares. Inversiones Catálisis fue constituida con 20.000 bolívares, el 15 de septiembre de 1987, un mes antes de la compra.

Durante los meses que duró La agenda secreta de Recadi, la casa estaba siendo objeto de una remodelación del tenor de los 40 millones de bolívares adicionales. Hecho el seguimiento en los archivos legales, el 31 de mayo de 1989, Fabricio Ojeda, compañero de equipo, usó un carro de lujo del periódico, tomó un chofer, y se trasladó, sobre el mediodía, a la calle El Mirador de El Alto hatillo.

Se hizo pasar por un comprador potencial, y pudo constatar dentro de la quinta el proceso de remodelación que desarrollaban tres obreros colombianos, que le dijeron que su propietario era un señor Riverol, quien no aparece en ninguno de los documentos por nosotros revisados. Nunca pudimos confirmar que se tratara de Alfonso Riverol, buen amigo de Blanca Ibáñez. Por otra parte tampoco existía ningún escrito que diera cuenta de que Inversiones Catálisis le hubiera vendido la casa ni el terreno. El terreno mencionado en la famosa interpelación a José Angel Ciliberto, en el caso de los jeeps, donde llevaron los rústicos antes de ser repartidos en Miraflores, pertenece a Riverol y está localizado también en el Alto Hatillo. ¿Casualidad?

Dos días después Ojeda se llevó a la colega fotógrafo Sandra Bracho y ésta pudo fotografiar el inmueble y dejar testimonio interno de la remodelación. Sólo esperábamos una mudanza que nunca ocurrió.

El día que Norka Sierralta de Villarroel, apoderada de Ibáñez, acudió a la Fiscalía negó que esta propiedad fuera de su defendida, Blanca Ibáñez, pero, paralelamente, el equipo de investigación de Luis Manuel Esculpi consignó información como para que la quinta La Guacharaca fuera incluida en la demanda contra la ex-secretaria privada.

La empresa contratada para instalar, simultáneamente, aire acondicionado y calefacción, es propiedad de un hermano de Héctor Soucy, ex-presidente de Bauxiven, quien fue investigado en el sonado caso del Informe Espinoza contra la C.V.G.

El diputado del MAS, Luis Manuel Esculpi, denunció recientemente, el viernes 16 de febrero de 1990, que Ibáñez estaba vendido sus propiedades en Venezuela.

En la edición de El Nacional del 4 de agosto de 1989, la columnista Ana Teresa Arismendi Melchert (primahermana del editor de El Universal, Luis Teófilo Núñez Arismendi) dejó entrever que Blanca Ibáñez tenía, además de las atribuidas a ella en el North Ridge Bank en Miami, otras dos cuentas, número 38-6611142 en el Federal Reserv Bank de Mónica, y la 110-1148999 en el Irving Trust International Bank de Bahamas.

El imperio de la leche

El miércoles 5 de abril de 1989, Carlos Tablante ejerció a las seis de la tarde un derecho de palabra en la Cámara de Diputados, la que inició un debate sobre el caso Recadi, el cual concluyó con la designación de la Comisión Especial para investigar las posibles irregularidades.

82

Al caer la tarde, Tablante denunció que el Diputado Alberto Finol, de AD, negociaba en el extranjero las importaciones de leche para el Estado, adquiridas con dólares preferenciales. Pero también mencionó al Diputado Luis Guevara, a quien acusó de actuar como gestor de Recadi.

Fue así como los dos representantes del pueblo quedaron señalados, en las primeras de cambio, en el escándalo.

- Nuestras investigaciones nos han llevado a detectar -dijo Tablante en el derecho de palabra - múltiples operaciones fraudulentas llevadas a cabo por el grupo de Beto Finol, Emigdio Rojas y Carmen Rodríguez, en contra del Fisco Nacional... El grupo de Beto Finol, aprovechando sus relaciones con el Gobierno Nacional, lograba condiciones ventajosas en la asignación de cupos y delegaciones para la importación de leche, consiguiente así mejores precios para la venta.

Una semana más tarde, el 11 de abril el diputado Finol consumió otro derecho de palabra donde admitió: "Yo estuve en Recadi averiguando sobre asuntos inherentes a mi trabajo" .

- Vengo de una familia de trabajadores y soy un empresario que ha llevado trabajo y progreso más allá de las fronteras del Estado Zulia - apuntó Beto Finol esta otra noche.

Sobre la marcha, Luis Piñerúa Ordaz no escatimó esfuerzos para señalar, en repetidas oportunidades, que la doble condición de Alberto Finol, diputado y empresario lácteo, significaba la mezcla ideal para traficar influencias y obtener ventajas.

El 14 de abril, respondiendo a Piñerúa, Finol declaró que nunca había utilizado el tráfico de influencias ya que siempre había tenido como norte en la vida poner por encima los intereses del país. Antes, el 1 de abril dijo que "Tablante tendrá que responder con su pellejo por la falsedad de sus denuncias" .

El 6 de mayo le hurtaron un computador "Macintosh Plus" a Tablante de su propia oficina, en la Primera Vicepresidencia de la Cámara de Diputados. Se trató del equipo con el que se redactó el texto base para el derecho de palabra donde se acusó a Finol. No se afirmó que fue Finol, simplemente queremos reflejar que Tablante sí sospechó del otro Diputado, como un hecho cierto en su momento. En realidad, la computadora apareció al día siguiente en el techo de la propia oficina de Tablante, pero su jefe de seguridad, apoderado "El Indio" , quien tenía más de cuatro años escoltando al polémico Diputado, terminó a la orden de la Policía Técnica Judicial, luego de confesar que concretó la desaparición del teclado y la memoria.

Este escolta tuvo la máxima confianza de Tablante. En una oportunidad, cuando el caso de los Pozos de la Muerte, dijo a Tablante: "No baje por la cuerda Diputado, para eso estoy yo. Usted es más importante" .

El también diputado por el MAS en Zulia, estado natal de Finol, Luis Hómez, denunció también al empresario lácteo por haber utilizado sus influencias en favor del Banco Financiero, antes denominado Agroindustrial de Venezuela, el 23 de mayo de 1989.

Desde La agenda secreta de Recadi nuevamente se denunció a Alberto Finol, en esta oportunidad por especular con leche importada con dólares preferenciales, basados en documentos aportados y expuestos por el diputado, también del MAS, Marcos Pérez Belizia (mayo, 27).

Entre el domingo 20 y el viernes 25 de agosto de 1989 viajamos por segunda vez a la ciudad de Miami, donde sabíamos que el Diputado Tablante, y el coordinador de sus abogados asistentes, Humberto Mendoza D´Paola, denunciarían las actividades del North Ridge Bank, su propietario, Alberto Finol; y los venezolanos que tenían o tienen depósitos en cuentas corrientes o en bóvedas, incluida Blanca Ibáñez.

A lo interno del periódico se preparó un memo que generó luego la correspondiente autorización para salir de Venezuela.

83

El seguimiento al North Ridge Bank, donde Enrique Finol, hijo de Alberto, poseía el 30 de noviembre de 1987, 12.941 acciones con un valor de 323,525 dólares cada una, (según el presidente de la institución Peter McCommack, quien había supuestamente sido empleado de Beto Finol hace años en Venezuela -esto nunca se pudo comprobar fehacientemente-) comenzó en abril de 1989.

El 26 de abril, la organización que denominamos "Alfa Policial" envió a Caracas un fax confidencial, donde se decía a Carlos Tablante lo siguiente: "Estimado compañero: por medio de la presente hago de su conocimiento algunas informaciones recibidas que indican lo siguiente, sobre el ex presidente señor Jaime Lusinchi. Anexo la información NO CONFIRMADA. El expresidente señor Jaime Lusinchi y la secretaria privada señora Blanca Ibáñez, mantienen cuenta en el Banco North Ridge Bank, en Miami Florida, Fort Laudardale. El presidente del Banco es el señor Enrique Finol, hijo de Betol Finol" .

Dos meses más tarde, a solicitud de Tablante y su equipo de investigadores, se recibió otro informe privado, mucho más detallado que el primero: "Cuentas en el North Ridge Bank en Oakland Park Blvd, banco de Alberto Finol a cargo de su hijo Enrique Finol" .

El día 5 de julio de 1989, "llegó Blanca Ibáñez en el avión de Beto. El motivo principal de su visita fue cambiar su cuenta corriente personal número 34451606, abierta el 20 de diciembre de 1982, con la suma de 3.700.000,00 dólares. La cuenta anterior fue cerrada con fecha de 1984" .

Más adelante este otro informe decía: "Actualmente el monto de sus cuentas asciende a la cantidad de 6.100.000,00 dólares -la cifra posterior denunciada por Tablante en Salvaguarda-, repartidas de la manera siguiente:

1) Cta. Nº 350532-06 a nombre de Florida Investor Corp. Total: 4.000.000,00 dólares.

2) Cta. Nº 374369-06 a nombre de MCP Investment Corp. Total: 2.000.000,00 de dólares (MCP significa María Cristina Pérez - esposa de Daniel Finol

3) Cta. a nombre de Inversora La Francia. Total: 100.000,00 de dólares.

4) Cta. Nº 446289-06 a nombre de Carlos Alfredo García (sic) y esposa.

Total: 749.552,00 de dólares" .

Concluyó este escrito señalado: "En la bóveda del North Ridge Bank hay dinero en efectivo. Cantidad incalculable y, entre otras cosas, documentos pertenecientes a Beto Finol, de transacciones por Recadi, así como también documentos y joyas pertenecientes a Blanca Ibáñez, Camen Finol, Patricia Finol, Mariana Finol y Alicia Finol de Cárdenas" .

Un tercer informe de "Alfa Policial" llegó a Caracas a fines de junio de 1989. Reveló lo siguiente: "Pudimos encontrar otra cuenta bancaria de B.I. registrada bajo el nombre de Juraldine Investment Corp. Hasta el momento dos depósitos: el primero de 150.000,00 dólares y el del viernes pasado por 81.308,42 dólares. La persona con derecho a firmar en un nombre falso" .

Una vez en Miami, Tablante entró en contacto directo con Alfa Policial para asesorarse de cómo podía hacer en Estado Unidos las denuncias ya introducidas en Venezuela ante el Tribunal Superior de Salvaguarda, en agosto de 1989.

El jueves 24 de agosto, Tablante y sus abogados, en un corto escrito de apenas dos folios denunciaron ante la Oficina de Control del Departamento de Banca y Finanzas del Estado de Florida (The Office of The Comptroller) al North Ridge Bank.

84

Dirigido a la Dirección de Investigaciones Financiera (Area Financial Manager Investigations), de Investigaciones Criminales (Criminal Investigations) y el Buró de Análisis de Banca Internacional (Analyst Bureau of International Banking), el denunciante dijo que "durante el curso de las investigaciones (en Venezuela) hemos descubierto personas que, presumiblemente, están implicadas en la perpetración de crímenes graves contra el tesoro público, y al parecer tienen cuentas bancarias en el Estado de Florida, en particular en el North Ridge Bank de Fort Lauderdale" .

Además, que "algunos ex-funcionarios de alto rango del gobierno anterior poseen cuentas bancarias o guardan dinero en cajas de seguridad en el North Ridge Bank, sin declararlo al Servicio Fiscal Interno u otras autoridades monetarias" .

Tratando de ubicar las relaciones internacionales del North Ridge Bank, precisó que este banco es, "asimismo, concesionario de las obligaciones del Banco Financiero, banco venezolano, filial del Banco de Ultramar de Panamá, que fue a la quiebra. Como se demuestra en las copias que anexo, el North Ridge Bank adquirió la deuda de un banco venezolano, como afirman las autoridades del NRB, en la mayoría de los casos por su valor nominal. Sospechamos que no es cierto, porque si la deuda de la República se está vendiendo estos días a un precio inferior al 50 por ciento de su valor nominal, no es lógico que el North Ridge compre la deuda de un banco pequeño en dificultades a su valor absoluto" .

En el escrito interpuesto por Tablante, se pidió investigar las siguientes cuentas de venezolanos y empresas: Blanca Ibáñez, Carlos Alfredo García Ibáñez, Laura Fazzolari de García, Fernando Cárdenas, Patricia Finol, Carmen Finol, Enrique Finol, Alicia Finol, Mariana Finol, Arnaldo Morales Jatar, José Puente, José René Finol, Corina Reina Iribarren, Fernando Galué; Florida Investor Corp. (Blanca Ibáñez), MCP Investments Corp. (Blanca Ibáñez), Inversora La Francia (Blanca Ibáñez), Juraldine Investments (Blanca Ibáñez), PF Investments Inc, Babcock de Venezuela C.A., Tony Cars Comunications, Atahualpa Investments, Palamante Corporation, Monton Corporation, Magic Travel and Tours, International Marketing Inc., International Exports, y la de Antonio Aranguren y Modesto Freites Piñate.

Después de evaluar la gravedad de las implicaciones contenidas en la denuncia de Tablante, la Oficina de Control de Departamento de Banca y Finanzas ordenó comenzar una averiguación sobre las actividades del North Ridge Bank, presidido por Peter McCormack (quien regresó de urgencia de vacaciones) y vicepresidido por Enrique Finol, hijo de Alberto Finol.

La organización se apoyó de inmediato en el Internal Revenue Services (Impuesto sobre la Renta) y la DEA (Drug Enforcement Administration). El equipo destacado para el asunto lo integraron inicialmente, los funcionarios Cedric W. Johnson (Office of Comptroller), Walter C. Scott (Bureaua of Internacional Banking) y John Kennedy S. (Area Financial Manager Investigations). Comenzaron las indagaciones, aplicando el código criminal establecido en la ley Rico Act.

En torno a las relaciones entre el North Ridge Bank y el Banco Financiero, se constató que "un total de 9 instituciones financieras, acreedoras de un monto original de 19 millones 999 mil 726 dólares, por concepto de deuda externa privada registrada ante Recadi, perteneciente al Banco Financiero, cedieron acreencias en favor del North Ridge Bank por 4 millones 199 mil 75 dólares.

La participación fue hecha por Fernando Cárdenas el 2 de mayo de 1988 a la Gerencia de Administración Cambiaria del Banco Central de Venezuela, a cargo de Carlos Hernández Delfino, siendo aquél vicepresidente del Banco Financiero.

Al día siguiente que El Nacional comenzó a divulgar toda la información anterior en una serie denominada La Agenda Externa de Recadi, el empresario Fernando Iztúriz, quien se venía desempeñando como presidente de las acciones del Banco Financiero, adquirió en la Bolsa de Valores de Caracas, por 22,5 millones de bolívares, 220 mil acciones, propiedad de Alberto Finol, por lo que el empresario y diputado quedó totalmente desligado de la institución financiera (31 de agosto).

85

El 28 de septiembre, al acudir por segunda vez al Tribunal de Etica de Acción Democrática, Finol declaró a los periodistas que no necesitaba de la política para vivir. El 10 de noviembre el organismo moralizador decidió dejar una averiguación abierta contra el diputado Finol, pero lo destituyó del cargo que ocupaba en el Comité Ejecutivo Nacional de AD.

El 13 de diciembre de 1989 Alberto Finol envió una carta donde anunció que renunciaba a la militancia en Acción Democrática. "No estoy dispuesto a soportar la persecución de un grupo minúsculo de dirigentes con poder temporal en Acción Democrática" .

En el segundo viaje a Miami, ocurrió un incidente grave. Ya la referida organización Alfa Policial le había informado al Diputado Carlos Tablante, que a lo interno del North Ridge Bank se sabía que llegó acompañado de un abogado y un periodista. No nos quedó duda alguna de que fuimos seguidos desde que llegamos al aeropuerto, el 20 de agosto de 1989, cosa de la que nos percatamos luego, por confiados.

Ocurrió que una noche, la del jueves 26 de agosto, quedamos en intercambiar información, por última vez, con la gente de Alfa. Tablante había tenido una reunión previa en solitario con ellos. Pero esta segunda se efectuó en nuestra habitación del Hotel Marriot Airport, con la asistencia del Diputado y del abogado asistente, Humberto Mendoza D´Paola.

Estuvimos conversando alrededor de unas dos horas, a partir de las nueve de la noche. Luego, nos fuimos a cenar. Cedimos entre la reunión y la comida, el tiempo suficiente para que algún o varios desconocidos le forzaran la puerta a la habitación de Tablante y le robaran un maletín marrón, de piel de cocodrilo.

A la mañana siguiente fue cuando nos percatamos del robo. Además del maletín, faltaban los pasajes y pasaportes de Tablante y otros enseres de uso personal. Pero lo más importante fue lo siguiente. Había desaparecido una libreta de notas donde estaba apuntado el último teléfono de Alfa, lo cual desencadenó, posteriormente (a las dos semanas), el desmantelamiento de los contactos establecidos dentro del North Ridge Bank y que fueron tan efectivos en el pasado reciente.

Papas fritas o motocicletas

El ex-ministro de la Secretaría de la Presidencia, Carmelo Lauría, a decir verdad nunca fue denunciado por estar asociado a los desatinos cometidos en contra o desde la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, en la administración irregular de dólares preferenciales.

El 15 de abril de 1989, desde Maracay, exclamó: "Todo parece presumir que en el otorgamiento de dólares preferenciales, por parte de la mencionada oficina, hubo sobrefacturación y vagabunderías y a los culpables hay que meterlos presos a través de investigaciones judiciales y no mediante discursos" .

Cuando finalizó el primer debate en la Cámara de Diputados en torno al caso Recadi, cuando se aprobó una Comisión Especial para investigar el asunto, Carmelo Lauría, en su condición de diputado intervino en Cámara Plena y puntualizó las siguientes ideas, el 12 de abril, antes de viajar a Maracay:

Hoy se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, una Comisión Especial para investigar Recadi. Hay que investigar a quienes se lucraron en esa o en cualquier otra institución. Así lo ha dicho el Presidente Lusinchi, Acción Democrática, el Presidente Pérez y cualquier venezolano consciente. Pero quiero advertir, y alego para ello mi condición de antiguo profesor de derecho penal, que no cometamos el error de creer que con abrir la investigación, hemos resuelto el problema. Me permito sugerir a los miembros de esa Comisión, que inmediatamente hagan validar las pruebas que obtengan, por los órganos jurisdiccionales, por que si no, señores, les estaremos dando la oportunidad de destruirlas. Hago esta advertencia como profesional, como congresante y como venezolano, porque me parece sumamente importante.

Meses más tarde, el 16 de agosto de 1989, el Presidente de la Comisión de Contraloría de la Cámara de diputados, Douglas Dáger, ofició a la presidenta de Corpoindustria, Esperanza Vera, "en oportunidad de

86

solicitarle me sea enviada copia de toda la documentación referida al crédito otorgado por Corpoindustria a la compañía Inversiones La Rendidora C.A. Así mismo, le agradezco me remita copia del informe elaborado por la Comisión de Técnicos Avaluadores que designó el organismo que usted preside, para inspeccionar las maquinarias importadas por la referida empresa, y que actualmente reposan en las aduanas" .

Antes de seguir adelante, es bueno señalar que la Compañía Inversiones La Rendidora se constituyó el 7 de diciembre de 1983 por los socios Manuel Juan Padrón Castañeda y Aurelio Fernández Concheso, ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y el Estado Miranda, a cuyo frente estaba Alberto Díaz Méndez.

El 7 de enero de 1985, Aurelio Fernández Concheso vendió sus acciones, se aumentó el capital de la compañía e ingresaron en calidad de socios Nino Orofino y Carmelo Lauría Alcalá, hijo del ex-ministro de la Secretaría.

Pero el 3 de septiembre de 1986 Nino Orofino, a su vez, vendió sus acciones a los socios Manuel Padrón Castañeda y Carmelo Lauría Alcalá y se registró un nuevo aumento de capital. El 7 de junio de 1987, Manuel Padrón Castañeda cedió 30 de sus 80 acciones a Carmelo Lauría Alcalá.

Lauría Alcalá y Padrón Castañeda, el primero ingeniero zootecnista y el segundo comerciante, solicitaron un financiamiento industrial a la corporación de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, Corpoindustria, por 13.665.886,58 bolívares, de los cuales 1.043.825 se destinarían a construcción e instalaciones eléctricas y los restantes 11.988.641,58 bolívares para financiar la importación de maquinarias y equipos y cumplir con el propósito industrial de producir papas fritas en hojuelas, palitos y galletas.

Para el momento de la solicitud, el 9 de octubre de 1987, el capital suscrito de los socios es como a continuación se señala: 1 millón 200 mil bolívares de Manuel Padrón Castañeda y 300 mil bolívares de Carmelo Lauría Alcalá. De manera que la anterior presidente de Corpoindustria, Melania Canelones de Meléndez, el 4 de diciembre de 1987, concedió a los socios un crédito de 120 meses por 13.026.642,42 bolívares al 6 por ciento de interés (12.000.777,42 bolívares para la adquisición de maquinaria y equipo y 1.021.865 para reparaciones y mejoras).

Según el documento firmado entre la funcionaria y los solicitantes el 4 de diciembre de 1987, "dicha maquinaria y equipos deben ser adquiridos por la obligada (Inversiones La Rendidora) a través de la Sociedad Mercantil Insumos Industriales de Venezuela S.A." .

El 15 de septiembre de 1988, la Gerente General de Insumos Industriales de Venezuela, Blanca Hernández de Ríos, ofició al Banco Central de Venezuela, haciendo constar que "hemos solicitado la apertura de una carta de crédito irrevocable y confirmada al Banco Industrial de Venezuela a favor de Vammark Corporation, cuya dirección es Industrial Parway Creston, Iowa... por la cantidad de 701.250 dólares, destinada a la compra de 1 línea para la producción de confitería, bajo la condición C&F cuya vigencia será hasta por 90 días" .

Este escrito fue copia a Inversiones La Rendidora y el banco corresponsal fue el Chasse Manhattan Bank de Nueva York.

El 21 de julio de 1988, Manuel Carrillo, director de Gastos en el Exterior de los Poderes Públicos de la Dirección General Sectorial de Divisas para Importaciones, antigua Recadi, se dirigió al BCV para comunicar que se autorizó a Insumos Industriales a adquirir del Instituto Emisor 701,250 dólares al tipo de cambio de 14,50 bolívares" .

El equipo a importar desde la Vanmark Corporation consistía en una tolva alimentadora, un lavador quitapiedras, una removedora automática de piedras, un pelador de papas, una mesa de inspección, un lavador hidroeléctrico, un descargador de papas, un alimentador inclinado, una rebanadora de papas, un blanqueador, un transportador vibrador de inspección, un elevador para tobos, un intercambiador de calor, un transportador

87

de inspección, un tobogán para descenso de papas fritas, tres máquinas sazonadoras y un panel de control de arracadores magnéticos, entre otras cosas.

El 13 de junio de 1989 llegaron en el vapor OBOD, que había salido del puerto de Nueva York, a Puerto Cabello, 6 containers con una línea de producción de confitería.

El 30 de agosto, un equipo de verificación de mercancías designado por Insumos Industriales localizaron en el almacén número 1 de Resguardo de la Guardia Nacional los containers INBU-283934-3, CTIU-451964-8, TOLU-204636-3, CITIU-442560-0, ITLU-525770-6 y IEAU-450377-4, "de los cuales se verificaron los identificados como IEAU-450377-4, conteniendo un intercambiador de calor y un removedor automático de piedra y el asignado INBU-283934-3 conteniendo un freidor modelo 100. El resto no fue verificado porque no se localizó un montacarga y por la apatía del personal del Instituto Nacional de Puerto. Estos containers están bajo protección en el almacén de Resguardo de la Guardia Nacional, ya que en fecha anterior habían sido violentados y se presume pérdida parcial de piezas y/o equipos" .

Posteriormente se levantó un acta el 6 de octubre de 1989 por varios funcionarios reconocedores e interventores de la Aduana de Puerto Cabello: "durante el acto de reconocimiento (firmado por Juan Pablo Muhamad Wulf y Efraín Alvarado de la Comisión de Contraloría del Congreso)... se observaron maquinarias de la línea de producción de confitería y una motocicleta (marca Jamaha, tipo Triciclo de 250 cilindrada). Esta comisión logró abrir los restantes cuatro containers pendientes.

Eva Morales, liquidadora actual de Recadi y directora de Aduanas ofició al diputado Douglas Dáger el 19 de octubre de 1989, diciendo que "este reconocimiento permitió que se realizara la inspección de la mercancía que se encontraba en los furgones y, que consta en el acta levantada por los funcionarios del Congreso... por vía de excepción, ...es decir es un documento privado" .

Aunque la historia es un poco larga, este pequeño caso está siendo todavía ventilado en la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados, para tratar de determinar dos cosas: 1) cómo apareció la motocicleta mezclada con el equipo de confitería y un posible mal uso del crédito otorgado por Corpoindustria a la empresa Inversiones La Rendidora; y 2) qué vínculo pudo ejercer en principio y si lo hubo, el ex-ministro de la Secretaría, Carmelo Lauría, en la obtención del crédito para su hijo.

Otra referencia obligada a la persona de Carmelo Lauría, es la reunión que en su casa de La Castellana, sostuvieron el Diputado Carlos Tablante y el ex-presidente Jaime Lusinchi.

Antes de que se realizara la célebre Marcha de Los Pendejos, (15 de junio), Lauría se reunió con Tablante, en su oficina de la Primera Vicepresidencia de la Cámara Baja. Allí quedó claro que era posible el encuentro. Pero Lusinchi no quería ir al Congreso y Tablante tampoco a La Ermita. De modo que el escenario neutral y natural fue la casa de Lauría.

Algunos días antes de la concentración popular que paralizó a toda Caracas y luego se repitió en San Cristóbal, por iniciativa del Diputado Walter Márquez, el ex-ministro de la Secretaría fue personalmente a buscar a Tablante, de acuerdo con lo convenido. Se montaron en el carro del Diputado de Aragua, con la mala suerte que rumbo a la Cota Mil, muy cerca de la nueva sede del Ministerio de Educación, el chofer atropeyó a un transeúnte. Tablante y Lauría llegaron en taxi hasta La Castellana, donde ya estaba el expresidente Lusinchi esperando. Lamentó el inconveniente vial.

Ambos discutieron largo rato sobre los temas y denuncias planteadas. Según Tablante -valga su palabra- ese día Lusinchi lo amenazó a nivel personal y conminó al Diputado a no utilizar la Marcha de Los Pendejos contra Blanca Ibáñez. La reunión terminó mal y sin acuerdos posibles. Posteriormente, Tablante denunció la actitud del ex-presidente en un programa de televisión.

El Rey de RECADI

88

En los primeros días de abril de 1989, el equipo investigador que asistió al Diputado Carlos Tablante, estaba ganado en la idea de entregar al Juez Luis Guillermo La Riva una serie de recaudos e informaciones que podrían propiciar la investigación de la empresa Capital Express, cuyos socios eran Adrían Kupferschmied, José Angel Ciliberto (hijo) y Gustavo Quintero.

El parlamentario pensó que hacer esta petición, de ningún modo, podía interpretarse como una acusación contra alguien en particular, sino más bien "como un pedido especial al Juez XXXVII Penal, porque me llama poderosamente la atención:" .

1) La empresa Capital Express es una casa de cambio, uno de cuyos socios es el hijo de José Angel Ciliberto, quien lleva el mismo nombre del ex-ministro de Fomento, Relaciones Interiores y por varias veces Presidente Encargado de la República.

2) De la empresa Capital Express también fueron o son socios Gustavo Quintero, esposo de la doctora Mariela Rey de Quintero, consultora Jurídica del Ministerio de hacienda, durante la gestión de Manuel Azpúrua Arreaza.

3) El tercer socio es el señor Adrian Kupferschmied, de origen chileno, quien es propietario del local donde funciona la referida empresa Capital Express, la que por cierto fue autorizada a operar por el entonces Ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua Arreaza.

"Nos llama poderosamente la atención -se lee en un documento preliminar que nunca llegó a circular y mucho menos fue entregado al Juez La Riva- que a mi despacho han llegado varios documentos, expedientes e informaciones que indican presumiblemente, que desde esta firma Capital Express se pudieron haber ejercido algunas presiones en favor de la obtención de dólares preferenciales en favor de algunas empresas, por una posible vinculación de sus accionistas con el Ministerio de Hacienda y Recadi, no obstante que se trata, aparentemente, de una casa de cambio legal" .

El 20 de abril de 1989, logramos conversar con Adrián Kupferschmied en su oficina de la Torre Banaven (Cubo Negro) entre las cuatro y las seis y media de la tarde.

- Yo me imagino a qué vienes -nos sorprendió Kupferschmied.

- ¿Cómo puede usted saber a qué vengo, si es la primera vez que nos vemos? - replicamos.

- No eres el primer periodista que viene a mi oficina a preguntar cualquier cosa. No hace mucho estuvo uno de El Diario de Caracas, cada vez que ocurre algo, viene un periodista a preguntarme qué tengo que ver con eso...

- ¿Qué pasa con Recadi?

- Al Congreso y a El Nacional ha llegado una información que lo involucrarían a usted con este caso y quisiera conocer algunas respuestas al respecto y otras referidas a su persona.

- ¿A El Nacional han llegado unas informaciones y tú quieres que yo las responda?

- Sí.

- ¿Y cuáles son esas informaciones?

- A El Nacional llegó la información de que usted importó cajas de televisores donde apenas venía un solo microchip de computación, el cual era luego reciclado al exterior.

- Mi única vinculación al campo de las importaciones de computación para Venezuela fue cuando en una época me ocupé de introducir en el mercado nacional la marca Atari y eso fue hace ya muchos años.

89

- ¿Quiere decir que usted nunca importó artículos de computación con dólares preferenciales autorizados por Recadi?

- No.

- ¿Durante su vinculación con la firma Motorola, tuvo problemas financieros?

- Tienes bastante información sobre mí... Estuve relacionado con Motorola junto a algunos otros socios. ¿Qué otras cosas quieres saber?

- ¿Fue dueño de una empresa textil?

- Soy ingeniero textil.

- ¿Tiene un yet que le costó 20 millones de dólares?

- Ese avión lo tengo en sociedad con otras personas y tengo a mano los papeles que te lo pueden demostrar, pero no costó 20 millones de dólares. Si te interesa, también poseo un Mercedes Benz. Me gusta vivir bien y no veo nada de malo en el hecho de tener un avión o un Mercedes Benz.

- A El Nacional llegó la información de que usted es conocido como el Rey de Recadi.

- ¿Crees que si yo fuera el Rey de Recadi, estuviera hablando con un pendejo como tú?

- No soy pendejo, soy periodista y he venido aquí a hacerle algunas preguntas que considero son importantes para la investigación que el diario está adelantado en torno a Recadi. ¿Era usted el Rey de Recadi?

- Agradezco este gesto de El Nacional. Si yo fuera el Rey de Recadi, no estuviera sentado en esta oficina. Estuviera en alguna parte del exterior, pero no aquí en esta oficina.

- ¿Dónde estuviera?

- No lo sé.

- ¿Conoce usted a Héctor Meneses?

- Al flaco Meneses tengo casi tres años que no lo veo. Jamás fui a ninguna de sus oficinas, cuando él ocupó cargos públicos.

- Hay quienes afirman que Héctor Meneses estuvo en esta oficina días antes de intentar suicidarse y discutió con usted, ¿es eso cierto?

- Eso es absolutamente falso y se lo puedes preguntar a cualquiera de mis empleados.

- ¿Cómo conoció usted a Héctor Meneses?

- De reuniones nocturnas y amigos comunes.

- ¿Usted es socio de José Angel Ciliberto, el hijo del ex-ministro José Angel Ciliberto?

- José Angel Ciliberto (hijo) es socio mío hace diez años, ¿Quieres conocer su oficina?

- No hace falta. Me basta con su respuesta. ¿Qué cree usted que esté pasando? ¿Por qué alguien quiere vincularlo con el caso Recadi?

- Yo creo que se trata de una maniobra política para atacar a otra persona, por intermedio mío.

90

- ¿Quién es esta otra persona?

- No debería decírtelo, se trata de Adolfo Ramírez Torres. Yo lo ayudo a coordinar las finanzas de su campaña para Alcalde de Caracas y tiene sus oficinas por aquí también.

- ¿Tiene usted sociedad con el general José Rafael Cardozo Grimaldi en la explotación de oro en Guayana?

- Tengo socios en unos terrenos, pero no sé si alguno de ellos lo es, a su vez, de Cardozo Grimaldi. Tendría que averiguarlo...

Adrián Kupferschmied confió al redactor que en una oportunidad fue premiado como el empresario del año, y que, en ese momento, sus empresas eran las siguientes: Vidarven C.A. (seguridad electrónica), Seror C.A. (administradora de personal), Lider Tour (agencia de viajes), Hotelera Líder C.A. (proyecto hotelero en Margarita), Administradora C.R. C.A. (administradora de inmuebles), Pasta House (comida rápida), Mister Potato (comida rápida), Tecno Food (propietaria de los dos restantes antes citados), Industria Nacional de Artemias (en sociedad con la Empresa Nacional de Salinas, Ensal) y Tejidos de Punto F.L. C.A. (industria textil).

Como dijimos atrás, Carlos Tablante no encontró más elementos para involucrar a este personaje y El Nacional se conformó solamente con entrevistarlo.

Las reacciones políticas

El primer pronunciamiento político y público del partido de gobierno, Acción Democrática, en cuanto a apoyar las investigaciones abiertas por la Contraloría, la Policía Técnica Judicial, el Tribunal XXXVII Penal y el diario El Nacional, para determinar responsabilidades en la administración y autorización de dólares preferenciales desde Recadi, ocurrió el sábado 8 de abril de 1989, trás la realización de un Comité Político Nacional (CPN), en Parque Central.

En esta sesión de la dirección ampliada se concluyó que Acción Democrática consideraba que había suficientes fundamentos planteados como para INDAGAR las actividades cumplidas por la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales durante los últimos años, en especial durante la administración del ex-presidente Jaime Lusinchi.

AD ratifica hoy -declaró Humberto Celli, secretario general del partido del pueblo-, lo que hemos sostenido. Vemos con agrado la investigación sobre Recadi. Ratificamos que hay fundamentos suficientes para hacer la investigación, pero condenamos que se quiera predeterminar quiénes son los culpables del caso. Este CPN ofreció su apoyo a la gestión del ex presidente Jaime Lusinchi, escuchó detalles del reciente viaje del Presidente Pérez a Estados Unidos y ratificó que aprueba el actual programa económico del Gobierno, aunque insiste en la aplicación de mayores medidas sociales.

A medida que fueron avanzando las acusaciones contra exfuncionarios de la administración Lusinchi y parlamentarios del partido, en la misma proporción e intensidad repercutieron a lo interno de la Organización los efectos del caso Recadi en el plano político.

Luis Piñerúa Ordaz, ex-candidato a la presidencia de la República y miembro nato del CEN destacó el 10 de abril:

- Lo primero que se me ocurre, es que debe hacerse una distinción entre quienes tienen un rango de dirigentes políticos y quienes son simples funcionarios públicos. Sobre los primeros yo tengo ya una posición definitiva. El valimiento o la influencia que depara la condición de dirigente no debe utilizarse para orientar las decisiones de entes de la administración pública. Para mi, es absolutamente antiético que un dirigente -en clara alusión al Diputado Alberto Finol- máxime si se trata de un parlamentario, se valga de su condición de tal para hacer gestiones de carácter oficial, en las cuales tenga el dirigente un interés personal.

91

Agregando:

- Pero ratifico mi posición de principios, según la cual es contraproducente que Finol concentre la triple condición de miembro del CEN, diputado y factor principal de empresas que tienen relaciones directas con el Estado... En cuanto a Luis Guevara, a quien no se le conocen relaciones comerciales precisas, pero de quien mucho se dice que de una u otra forma, personalmente o por interpuestas personas, ha incrementado su patrimonio en forma súbita e inexplicable" .

El 16 de junio siguiente, Octavio Lepage, presidente del Congreso de la República, admitió públicamente que las investigaciones en el parlamento tenían a "Acción Democrática contra la pared" .

- AD no tiene por qué sentirse desmoralizada. En una confrontación en el terrero de la corrupción AD puede participar con la frente en alto, porque en la peor hipótesis de que altos funcionarios del gobierno anterior o algunos dirigentes políticos importantes resultaran culpables de prácticas irregulares, tráfico de influencias o de enriquecimiento ilícito, no tendría por qué afectar al partido como colectivo, porque se trata de culpables estrictamente personales.

Pero fue el viernes 16 de junio cuando Carlos Canache Mata, Jefe de la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática, planteó al descubierto la necesidad de que AD integrara el tribunal de ética partidista, solicitud también reiteradamente hecha por Luis Piñerúa Ordaz.

- En 1985 se Creó el Tribunal de Etica de Acción Democrática -explicó Canache Mata en un pleno de dirigentes en Catia La Mar- y han pasado cuatro años desde su creación y hasta ahora no han sido designados los integrantes del mismo. En todo caso, Acción Democrática no se creó para que se enriquecieran sus dirigentes. Se debe integrar este tribunal interno, para que, sin contemplaciones, empiece a conocer las acusaciones que se están haciendo contra dirigentes y exfuncionarios militantes y decida si existe culpabilidad o no.

Piñerúa volvió a la carga el 14 de julio y desde Barquisimeto insistió en que "Acción Democrática ha debido ser más diligente en las investigaciones del caso Recadi y no esperar que sean otros los que hagan las denuncias, porque esto no es sino actuar como el avestruz y esconder la cabeza" .

- Sin duda que en el Caso Recadi hay cosas muy graves -remató -, pero es bueno señalar que cuando se sindica o se acusa a alguien, no se debe reaccionar violentamente contra sus acusadores. Lo correcto, lo que debe hacerse, es demostrar que esas acusaciones son falsas y mientras no se demuestre eso, quedará en entredicho ante la opinión pública o como se hace con los animales enfermos, hay que colocarlos en cuarentena.

Luego, unos días más tarde, dirigentes nacionales como el mismo Luis Piñerúa Ordaz, Carlos Canache Mata, Reinaldo Leandro Mora, Lilian Arvelo y Armando Sánchez Bueno, coincidieron en que el Tribunal de Etica de Ad, convenido en la última modificación de los estatutos para sustituir a la vieja Comisión de Etica en 1985, estaba pendiente y la gravedad de las denuncias no admitía más demoras en su integración.

Así, fue el lunes 7 de agosto cuando el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática designó a los integrantes del tan deseado Tribunal de Etica.

La presidencia del mismo recayó sobre el dirigente sindical Gastón Vera y el resto de los elegidos fueron: el médico Feliciano Acevedo, el dirigente campesino Rubén Lanz, el dirigente regional Ramón Herrera León y el ex-secretario de AD en Mérida, Bernardo Aranguren; todos como principales. Los suplentes nombrados fueron: Angel Borregales, parlamentario jubilado; César Hernández, fundador de AD Carabobo; Clarisa Sanoja, ex-presidente del Consejo de la Judicatura; Arturo Tovar, dirigente destacado en organización; y Edmundo Egui, abogado y juez, responsable de asuntos jurídicos del CEN.

92

Con su característico estilo irreverente y retador, el ex-presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Juan José Delpino, declaró el 15 de agosto que ni Blanca Ibáñez ni Jaime Lusinchi le harían caso al recién integrado Tribunal de Etica.

De inmediato el tribunal se abocó a conocer los casos de Blanca Ibáñez, José Angel Ciliberto, Luis Guevara y Alberto Finol. Todos, excepto Ibáñez, fueron en varias oportunidades a rendir su declaración interna partidista. En este mismo orden los fueron expulsando entre agosto y noviembre de 1989, aparte del Diputado Finol, a quien le dejaron averiguación abierta y luego renunció voluntariamente, previendo males peores para su reputación.

El gesto de la oposición

La reacción general de Copei frente al caso Recadi, por supuesto, fue diferente a la del partido de Gobierno, al que le estaban señalando a ex-funcionarios militantes y parlamentarios.

El secretario general del Partido Socialcristiano Copei, Eduardo Fernández, declaró el sábado 1 de abril de 1989 que cuando era candidato a la presidencia de la República, en diciembre de 1987, "y sin esperar que cayera el gobierno de Jaime Lusinchi, desde la misma Recadi denuncié al país que era un monumento a la corrupción, el despilfarro y la ineficiencia" .

- Yo estoy dispuesto a respaldar y a ofrecer los votos de Copei, para que esa investigación se traduzca en castigo a los responsables de defraudar a la Nación, cualesquiera sea su rango, importancia o militancia política. Tenemos que reconstruir moralmente el país y debemos empezar por los delincuentes de cuello blanco.

El 3 de abril Fernández recibió en su oficina al Diputado denunciante Carlos Tablante. Este solicitó al primero apoyo político para la investigación.

En realidad, la presencia sistemática de Copei sobre el caso Recadi, desde el comienzo, no pasó más allá de la labores intensas que cumplió el presidente de la Comisión Especial del Congreso y de Contraloría de Diputados, a la vez militante verde, Douglas Dáger.

Esta apreciación es tan cierta que en una oportunidad llamó a la redacción de economía de El Nacional una persona allegada a Copei y conversamos el tema. De esta charla inicial surgió una reunión formal con Eduardo Fernández, en una casa de un amigo financista de él, ubicada en la parte más alta de Altamira, casi debajo de la Cota Mil. Amado Fuguet, Jefe de Información Económica del periódico y este redactor nos reunimos en privado con Fernández, la primera quincena de junio del 89.

El punto fundamental planteado por nosotros fue que cómo era posible que teniendo Copei una ficha dirigente al frente de la Comisión del Congreso y de la de Contraloría que le estaba "metiendo el pecho al asunto" , prácticamente con las uñas, no se notara el respaldo de la organización a nivel político, dentro y fuera del parlamento.

Incluso, dijimos a Eduardo que más intenso era el trabajo de los parlamentarios del Movimiento al Socialismo, con menos recursos y gente, que lo que estaba haciendo Copei. Fernández contraargumentó, pero aceptó amigablemente la crítica.

Una semana después, empezaron a notarse los resultados. El lunes 12 de junio de 1989, Enrique Pérez Olivares, Subsecretario General de Copei, dio una contundente declaración en la que afirmó que "la sanción a los culpables del caso Recadi debe incluir la responsabilidad del ex-presidente Jaime Lusinchi, sus ex-ministros, los ex-directores de la Oficina de Cambio Diferencial, funcionarios del Banco Central. Incluida la secretaria privada de la Presidencia, Blanca Ibáñez" .

93

- Creemos que las instituciones representativas de los sectores económicos, laborales y los partidos políticos en especial, no deben asumir como ataque institucional -advirtió Pérez Olivares- la apertura de una investigación a uno de sus miembros o militantes, ni el enjuiciamiento de uno de ellos. Eso si, creemos que en éste, como en todos los casos, se deben garantizar los derechos a un proceso sometido a la ley y con pleno derecho a la defensa, exento de los repudiables atropellos a la persona humana que se han presenciado últimamente.

En esta misma línea de acción, el Comité Nacional del partido Copei aprobó un documento que se divulgó el 13 de junio, en términos por igual consistentes:

"El caso Recadi es el escándalo más grande de corrupción en la historia de Venezuela. Asimismo, es el hecho de mayor incidencia en el dramático deterioro de nuestra situación económica y la causa principal de desaliento, desconfianza y resentimiento reinantes hoy en día en la conciencia popular" .

De seguidas se analizó: "Lo afirmado obliga ahora a una investigación que constituye un examen severo de los mecanismos a través de los cuales opera la administración pública y a un juicio global de una política y de una manera de gobernar que nos condujeron al desastre económico y moral que hoy caracteriza la vida de la Nación, afectando casi todas sus instituciones" .

En otro pasaje se concluyó que "durante el mandato del ex-presidente Jaime Lusinchi, a pesar de las innumerables y muy serias denuncias acerca de lo que ocurría en Recadi, no se pasó de algunos simulacros de investigación, en medio de una indiferencia cómplice tanto de la bancada de AD en el Congreso, como del mismo ex-presidente Lusinchi y su tren ejecutivo. Embriagados por el poder y la adulancia tarifada que en abundancia tuvieron los personeros de la anterior administración, jamás atendieron las advertencias y denuncias que como las formuladas por nuestro secretario general, Eduardo Fernández, debieron bastar para frenar el festín de Recadi" .

Por igual, "iniciada ya una investigación parlamentaria seria y a fondo, los medios de comunicación y la opinión pública en general, descubren asombrados la verdadera magnitud del desastre. Nos encontramos con la irresponsabilidad discrecionalidad de que gozaron algunos personajes que operaron desde Miraflores como la señora Blanca Ibáñez, secretaria del ex-presidente, así como de los ministros que junto a sus directores generales, asumieron la tarea de otorgar las conformidades de dólares preferenciales instituyendo mecanismos para el manejo de esa monumental cifra de más de 30.000 millones de dólares, que fueron siempre una invitación al abuso de poder, al peculado, al enriquecimiento ilícito, a la malversación, al tráfico de influencias y al aprovechamiento fraudulento de bienes del patrimonio público" .

En la condena política de Copei se señaló que "es esta esfera de la negligencia donde más está comprometida la responsabilidad de los ex-ministros Azpúrua, Hurtado y Meneses, de sus ex-viceministros, de los ex-directores de Recadi y también de una institución poco tocada en todo este asunto y sin embargo íntimamente relacionada con él, como es el Banco Central de Venezuela, pues era allí donde efectivamente se entregaban los dólares y allí se debió impedir que el desaguadero de divisas continuara" .

El escrito del partido Socialcristiano Copei identificó tres razones básicas que determinaron que, luego, se cometieran cualquier cantidad de ilícitos:

1) Concepción errada de la política económica: al pretenderse que el inmenso sacrificio fiscal que el Estado hacía al vender a los importadores dólares a precios tres o cuatro veces por debajo de su valor en el mercado libre, iría en beneficio de los productores y consumidores, aún sin implementar medidas adicionales que obligaran a vender esas mercancías a un precio relacionado directamente con el costo artificialmente bajo que permitían los dólares preferenciales obtenidos por los empresarios en Recadi.

2) Falta de controles eficaces en el Ministerio de Hacienda y en la propia oficina de Recadi, todo lo cual permitió que muchas empresas recién constituidas sólo para importar, fueran beneficiadas sin garantía apropiada con millonarias sumas de dólares preferenciales.

94

3) Negligencia grave, al no ejercerse las acciones que el Estado por órgano del Ministerio de Hacienda, debió emprender para ejecutar los créditos a su favor, tales como las fianzas de fiel cumplimiento emitidas por los importadores en favor del Fisco y con el respaldo de los bancos comerciales. Asimismo, las acciones para obligar a los reintegros de aquellos dólares obtenidos y no utilizados de acuerdo a su compromiso por los importadores, casi nunca llegaron a ponerse en marcha.

Finalizó el escrito con la siguiente frase: "Hemos creído nuestra obligación hacer estas reflexiones frente al país, junto con la expresión más categórica de apoyo a las investigaciones que se adelantan, exhortando a las instituciones que las llevan a cabo a que se realicen de la manera más objetiva, desprejuiciada, valiente y con el firme propósito de llegar al fondo del asunto, sin enlodar injustamente ninguna institución o persona, pero sin el temor de afectar, cuando existan razones para ello, a quienes se encuentran comprometidos en maquinaciones que defraudaron y lesionaron el patrimonio público" .

El documento de Copei fue respaldado con algunos proposiciones dirigidas a las otras fuerzas políticas, en busca de una concertación sobre el tema de la corrupción administrativa en democracia: reformas legales para robustecer al Poder Judicial, dotar de presupuesto apropiado a los organismos encargados de combatir la corrupción, crear unas brigadas anticorrupción para determinar pruebas, crear la figura del testigo de cargos en la Ley de Salvaguarda, enmendar la Constitución para crear la figura de la confiscación de bienes, incorporar la recompensa para los denunciantes, designación del nuevo Tribunal Superior de Salvaguarda, pedir a la Contraloría que acelere sus investigaciones, exigir al Presidente una actitud más firme del Ejecutivo en la lucha contra la corrupción.

De inmediato, los dirigentes nacionales de Copei comenzaron a bombardear a la opinión pública sobre los puntos contenidos en el documento. Por ejemplo, el senador Felipe Montilla, uno de los más fieros adversarios del ex-presidente Jaime Lusinchi, declaró el domingo 25 de junio que "mientras más se avanza en la investigación, más se evidencia la responsabilidad política que tiene Acción Democrática como partido y el ex-presidente Lusinchi y su alto gobierno. En Recadi se batieron todos los récords en sobrefacturación, tráfico de influencias, reconocimientos ilegales de deuda a empresas fantasmas y las más inimaginables corruptelas que se pueden concebir... Todo evidencia que Recadi era una alcabala para recaudar fondos para el partido y en nombre del partido y en nombre del partido se crearon las más fabulosas fortunas, saqueando de manera impune el tesoro nacional. La carta de Meneses y su intento de suicidio, es un episodio dramático, pero elocuente, de la complicidad que tiene el alto gobierno de Lusinchi" .

Otra declaración importante fue la del ex-presidente Luis Herrera Campíns, el 2 de agosto, después de cinco años de tolerar la frase "la culpa es del gobierno anterior" .

- El caso Recadi -dijo- no tiene ningún antecedente ni comparación en la Venezuela contemporánea. Es un caso muy complejo, porque se percibe que hay una poderosa retícula de complicidades al amparo de lo que comprendió Recadi. El caso Recadi no tiene parangón, que yo recuerde. Por eso hay necesidad de que todo se esclarezca, que se establezcan las responsabilidades y que la justicia sancione donde debe y según lo alegado y probado en los autos.

Las otras opiniones

Además de Acción Democrática, partido sometido por el escándalo al escarnio público, el Socialcristiano Copei y el Movimiento al Socialismo, organizaciones fundamentalmente acusadoras por intermedio de sus delegaciones parlamentarias expresadas en la comisión especial; también otros grupos más pequeños pero con representación popular, como la Causa R y Nueva Generación Democrática, emitieron criterios sobre el caso Recadi.

Para Andrés Velásquez, diputado por la Causa R y miembro de la Comisión Especial del Congreso, "las investigaciones quedarán en nada, no sólo por el débil piso moral de nuestras instituciones, sino porque

95

además Estados Unidos presiona para que se deje en paz a las empresas privadas que supuestamente estarían involucradas" .

- El caso Recadi -dijo el 19 de julio de 1989- ha provocado una conmoción que nos asquea y está encaminado a no parar en nada. Habrá uno que otro preso menor, pero ninguno de los ex-ministros o funcionarios públicos se pondrá a derecho. En el Congreso tampoco hay voluntad ni decisión para encarcelar a los culpables. Continúa funcionando la sociedad de cómplices. Las presiones políticas para que Recadi y su escándalo desaparezcan vienen de Miraflores y de los partidos Acción Democrática y Copei. Sólo la amonestación moral de los medios de comunicación social será el resultado de esta investigación.

Antes, el 9 de abril, el diputado Germán Febres, jefe de la fracción parlamentaria de Nueva Generación Democrática, expresó que "el partido acompañará al MAS para verle el hueso al problema de Recadi y a sus más variadas manifestaciones de corrupción y para que las investigaciones que adelanta el Parlamento se cumplan con absoluta responsabilidad e imparcialidad política" .

- Algunas denuncias públicas dejan la sensación de que los empresarios son solamente los responsables. Entre ellos no tengo dudas de que existen unos que estimularon las corruptelas, pero, no obstante, también es grueso el número de funcionarios oficiales que a todos los niveles deshonraron el servicio público, estableciendo alcabalas para el cobro de peaje y conceder las divisas preferenciales.

Pero la línea política de Nueva Generación Democrática no se materializó con el tiempo, puesto que un senador de la organización, José Marsicobetre -cuya mano era decisiva- votó en contra de que la también Senadora Lolita Aniyar de Castro, del Movimiento al Socialismo, ejerciera un derecho de palabra en la Cámara Alta con la finalidad de plantear una investigación y un juicio político al ex-presidente Lusinchi.

Como para remendar el entuerto, luego del episodio recordado como "El Lepajazo" , y ante la proximidad de las elecciones donde era candidato a gobernador en Miranda por Nueva Generación Democrática, Vladimir Gessen, declaró, el 31 de octubre de 1989, "votaremos en el Congreso para condenar el Régimen de Cambios Diferenciales expresado en Recadi. La Cámara de Diputados debe discutir y emitir un pronunciamiento sobre la gestión política, administrativa y moral del ex-presidente Jaime Lusinchi" .

Otro criterio importante y no precisamente político levantado desde Maracaibo, fue el planteado por el Obispo de Maracaibo, Monseñor Antonio López Castillo. El 12 de mayo declaró al corresponsal en el Zulia que "si el caso Recadi no se lleva hasta sus últimas consecuencias, la democracia venezolana perderá credibilidad y con ello la situación puede verse muy compleja" .

- El pueblo ya está cansado de tanta política y corrupción y lo que quiere es que lo escuchen porque desea participar más en la dirección y en las decisiones de la sociedad.

Mientras tanto Fedecámaras, órgano cúpula empresarial que celebró su última asamblea anual en Maracay, por la vía de su presidente, Eddo Polesel, el 18 de julio, pidió ante el Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, y unos mil empresarios "castigo a los políticos de Recadi" .

El pedimento estaba basado en que, hasta ese momento, el Juez Luis Guillermo La Riva López, Instructor Especial del caso Recadi, le había puesto la mano a demasiados empresarios. De acuerdo con sus atribuciones, sólo podía requerir en calidad de testigos a los funcionarios públicos pero nunca decidir judicialmente sobre ellos, como después lo haría el Superior de Salvaguarda.

En el sector privado se empezó a desarrollar la angustia de que los responsables no solamente podían y debían ser empresarios. Necesariamente tenían que estar involucrados políticos y funcionarios públicos. La reacción expresada por Eddo Polesel no tenía otra explicación: la detención de un empresario tradicional, próspero y símbolo, Nicomedes Zuloaga. De modo que también cuestionaron al Juez La Riva, en su momento.

Las reacciones de CAP

96

En los días iniciales de La Agenda Secreta de Recadi, el Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, declaró a los medios de comunicación social que "se justificaba armar un escándalo público de tal magnitud".

No obstante, el pensamiento del Primer Mandatario Nacional fue evolucionando con el tiempo y el desarrollo de los acontecimientos y denuncias.

El sábado 29 de abril de 1989, en cadena de radio y televisión dijo a los venezolanos: "no vacilamos para tomar la decisión de introducir las medidas de ajustes, a sabiendas del impacto negativo que tendrán a corto plazo, pero con la seguridad de que sus frutos relanzarán al país por el camino del trabajo y la producción a mediano plazo. Lo contrario era, sencillamente, ocultar la cabeza en la arena, hacer como si aquí no hubiera pasado nada, seguir haciendo malabarismos contables para continuar distribuyendo la riqueza, con la diferencia de que, agotadas las reservas internacionales, ya no era posible mantenernos distraídos de la crisis unos meses atrás" .

No fue la primera vez que Carlos Andrés Pérez, sin mencionar directamente a la administración anterior -la de su compañero Jaime Lusinchi- criticó la política económica reciente. A propósito de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, de seguidas acotó:

- Si hubiéramos mantenido el Régimen de Cambios Diferenciales y a Recadi, no sólo habríamos tenido que seguir manteniendo una fuente de corrupción, sino que la orientación de la economía habría paralizado al país. Nos habríamos visto privados del acceso al crédito internacional que requerimos con urgencia, mientras reordenamos la economía.

Pero otra parte advirtió: "Y no faltan, desde luego quienes aprovechen el desconcierto para la especulación y el aprovechamiento inescrupuloso, manipulando precios o manipulando informaciones que agudicen las dificultades, provocando zozobra e inseguridad en el país" .

Tras el auto de detención librado por el Juez Instructor del Caso Recadi, Luis Guillermo La Riva López, contra el conocido empresario Nicomedes Zuloaga -del cual hablaremos en el capítulo que sigue- el Presidente Pérez, amigo personal del "Amo del Valle" dijo, ante un pleno nacional de organización de Acción Democrática, celebrado el 27 de mayo en Cumaná, que "tengo la seguridad y la esperanza plena que mi amigo el dirigente empresarial Nicomedes Zuloaga saldrá bien librado de esta situación" .

- No hay duda que con buena o mala justicia, esta es la justicia venezolana y nosotros debemos luchar cada vez más porque los jueces y los tribunales respondan a los requerimientos de una patria digna y moderna, y no podemos negarnos a los juicios que emitan las autoridades judiciales... Abrir los diarios día tras día, es enfrentar con nuestros ojos escándalos tras escándalos que se vienen produciendo a diario, seguramente con bases de verdad, reflejando sin lugar a dudas los problemas que vive el país, pero también lamentablemente con exageraciones y muchas veces con malas intenciones.

Fue el sábado 11 de junio siguiente cuando el diputado Carlos Tablante, del MAS, denunció en la página D-6 de El Nacional, que el Presidente Pérez tenía una actitud cómplice en el caso Recadi.

Si el Presidente Pérez hubiese querido luchar contra la corrupción, habría ordenado crear una comisión integrada por técnicos y autoridades policiales, cuyos integrantes en un plazo de apenas un mes le hubieran elaborado un informe en torno a las múltiples denuncias y los presuntos culpables. En cambio, Pérez se ha limitado a hablar, a decirle al país frases clisé, como esa de que no podemos continuar teniendo delitos sin delincuentes.

En los actos de celebración del 178 aniversario de la firma del Acta de Independencia, el 5 de julio de 1989, el Presidente Pérez insistió en el tema de la corrupción: "se ha convertido en una subcultura nacional" .

- A la sombra degradante de la corrupción se han cobijado muchas veces, tanto el alto funcionario como el pequeño, tanto el empresario como el ciudadano que de algún modo se relaciona con el Estado.

97

Ese mismo día, pero un poco más tarde, el jefe de la fracción parlamentaria de Copei, Gustavo Tarre, con motivo del ritual en el Congreso por la misma festividad, sentenció: "Debemos empezar y el país no nos perdonaría no hacerlo, por sancionar a los prevaricadores que se enriquecieron con los malabarismos oscuros perpetrados en ese centro de extorsión y chantaje que se llamó Recadi" .

Mientras Tarre habló como orador en el Congreso, el Diputado Miguel Henrique Otero hizo lo propio en la Asamblea Legislativa del Estado Miranda. Desde la tribuna de oradores exclamó:

- Venezuela está presenciando hoy el proceso a Recadi. Estas siglas se han convertido en el Leit Motiv de la corrupción. Huelgan las evidencias de la corrupción que allí protagonizaron pólíticos burócratas y empresarios corruptos. Pero, curiosamente, sólo se han dictado autos de detención en contra de la gente del sector privado. Es necesario aclarar que Recadi fue una invensión de los políticos, una alcabala obligatoria para todos los importadores. No había forma de importar ni de comprar dólares si no se pagaba el peaje a los corruptos de la administración anterior. Esa es la verdad....

Al intervenir en la clausula de la XLV Asamblea Anual de la Federación de Asociaciones de Comercio y Producción, Fedecámaras, el Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, destacó que "hay que crear un clima de moralidad social, capaz de sancionar con el repudio colectivo a los conciben los dineros del público con un botín al que se puede asaltar sin miramientos" .

En su discurso de ese día, viernes 21 de julio, Pérez agregó:

- Hay que reconocer con dolor, pero con firmeza, que ha habido dolo contra los recursos de todos los venezolanos... No es cierto que todo empresario sea sospechoso de corrupto, o que todo funcionario público tuvo que ver con la asignación de dólares preferenciales sea un delincuente, o todo el que tuvo que ver con Recadi sea una persona descalificada. Comprendo la preocupación de ustedes, pero no puedo entender el maniqueísmo que significa presuponer que todos los empresarios son inocentes y que todos los políticos son culpables. Tampoco lo contrario.

Las frases de CAP no le pasaron desapercibidas al ex-presidente Luis Herrera Campíns. Este, al día siguiente -consultado por El Nacional- dijo: "las palabras de Pérez han sido la estocada más a fondo que desde las propias filas adecas y del gobierno se le ha dado al gobierno del presidente Jaime Lusinchi" .

Ya para finalizar el año 1989, exactamente el sábado 18 de noviembre, el Presidente Pérez, desde Maracaibo, comentó: "yo creo que el poder judicial no marcha todo lo bien que debe marchar. Desde la Corte Suprema de Justicia para abajo hay demoras, hay dilaciones en los fallos que deben dar y para los cuales las leyes establecen plazos que no se cumplen. Y también hay muchos casos en que uno se queda extrañado con las decisiones que toman los tribunales, pero para eso hay alzada en la justicia" .

Por estos mismos días se exoneró a Vinicio Carrera y a Rodolfo José Cárdenas y, en parte, a Rosario García Serrano, en una seguidilla de decisiones que cayeron mal en la opinión pública, pero que hicieron revitalizar al ex-presidente Herrera Campíns.

La opinión de Jaime Lusinchi

Uno de los primeros en reaccionar frente a las denuncias iniciales difundidas por El Nacional en torno a las irregularidades ocurridas en contra o desde Recadi fue el ex-presidente Jaime Lusinchi. En efecto, el 24 de febrero envió un fax al periódico -como ya apuntamos anteriormente- y en éste precisó que "soy el primer interesado en que se realicen todas las investigaciones necesarias... Esto es fundamental y así exijo que se proceda sin contemplaciones de ninguna naturaleza.

Ya con varias entregas en la calle de La Agenda Secreta, la dirección del periódico encargó a la Sección Política un trabajo que salió insertado el sábado 8 de abril de 1989, en el cual se buscó respuesta a una sola interrogante: ¿se puede juzgar a un ex-presidente?

98

Las respuestas las dieron dos dirigentes de la oposición y uno del partido de gobierno. Pedro Pablo Aguilar, de Copei, comentó en esa oportunidad que las responsabilidades presidenciales estaban consagradas y claramente establecidas en la Constitución Nacional. Solamente que el poder de un Jefe de Estado en Venezuela estaba desnaturalizado por que no funcionaba el proceso de rendición de cuenta ni el juicio de gestión, por lo que "no se podían evitar dos males igualmente perversos: la tolerancia cómplice ante los abusos de poder y la pasión desatada contra el que está caído propiciando venganza" .

Gastón Navarro Dona, de Acción Democrática, en eminente tono constitucionalista, explicó que los procedimientos para emprender un juicio a un ex-mandatario también están pautados en la misma Carta magna, pero que no creía que prosperara en el caso de Lusinchi, "porque no se le puede atribuir todo lo malo o todo lo bueno que haga una administración a la figura de uno de los órganos de esa administración" . No obstante, precisó que en los casos de omisión o extralimitación se prevén las responsabilidades civiles, penales y administrativas sobre casos puntuales de la estricta incumbencia del Presidente de la República, en su esfera particular de decisión.

El dirigente de Nueva Generación Democrática, Vladimir Gessen, sin embargo, apuntó -más políticamente- que un hombre público debe ser responsable de sus actos.

En esa misma edición pero en otra página, el presidente de la CTV, Juan José Delpino, de manera enérgica planteó que "el ex-presidente Lusinchi tiene que demostrar que él desconocía absolutamente lo que estaba sucediendo en Recadi. El tiene que ayudar a que las investigaciones y las denuncias tengan un fin exitoso" .

Luego de unas cinco semanas en Miami, Lusinchi reapareció en la escena, en una rueda de prensa efectuada en La Ermita el mediodía del lunes 10 de abril.

- En cuanto a los comentados dólares preferenciales -dijo este día-, debo señalar someramente que unos cuantos de quienes atacan señudamente la política de otorgamiento de divisas, fueron más de una vez a distintas y altas oficinas públicas a buscar esos dólares a como diera lugar. Se les concedieron en la medida de lo posible, lo legal y lo conveniente; pero sus ambiciones al parecer quedaron insatisfechas.

Sin duda que esta parte de su declaración oficial estaba dirigida a contraatacar a El Nacional, por La Agenda Secreta de Recadi. Esto quedó claro a lo interno del periódico.

En torno a la posibilidad de ser enjuiciado y el temor que tal posibilidad le pudiera estar causando, respondió:

- Ninguno, ¿Por qué? Yo me siento injuriado y calumniado, pero acusado no me he sentido jamás... Nunca le he escurrido el bulto a la vida y aquí estoy, por eso he venido. De tal modo que no tengo, sinceramente, temor alguno. Pretender establecer responsabilidades para el Presidente que pudiesen estar sustentadas en la conducta de algún funcionario en un contrasentido y una locura...

En realidad Lusinchi regresó en esa oportunidad a Caracas porque el jueves 6 de abril el diputado por Copei, Paciano Padrón, planteó en un debate en Cámara el enjuiciamiento al ex-mandatario. Frente a esto el jefe de la Fracción de AD, Carlos Canache Mata, comentó el mismo día que habló Lusinchi con la prensa, que el partido socialcristiano modificará tal propuesta -como en verdad ocurrió- en tanto que el jefe copeyano, Gustavo Tarre, no estuvo de acuerdo con una posibilidad considerada como muy vaga en ese momento.

- AD es solidaria de los aciertos y errores del gobierno de Jaime Lusinchi - agregó Canache.

Antes de conversar con los periodistas, Lusinchi, muy temprano, se reunió con el Comité Operativo de Acción Democrática en La Casona, con la asistencia del Presidente Pérez.

Sobre la marcha, el diputado Douglas Dáger exhortó al viajero recién llegado para que concretara "ese interés que dice tener para que esto se esclarezca" .

99

- No me atrevería a decir que esta investigación es la piedra angular de un juicio político a una administración, pero sin querer hacer ningún señalamiento o acusación específica y formal contra el ex-presidente Lusinchi, como venezolano afirmo que él tiene que darle muchas explicaciones al Congreso y al país, porque lo que ocurrió en Recadi fue tan público y notorio, que no puedo creer que el Presidente de la República pudiera haber ignorado lo que allí estaba ocurriendo.

En esta misma línea dura opositora, su "eterno rival" , el senador copeyano Felipe Montilla, con su característico tono superácido, le dijo a Lusinchi el 15 de abril que "nunca antes de Jaime se había protagonizado una experiencia pasional tan desviada y atormentada, que permitió que se cometieran las peores tropelías y los más incalificables atropellos. En nombre de esa pasión se quizo convertir a todos los sectores de la sociedad en celestinos del Presidente y su secretaria (Blanca Ibánez)" .

Gonzalo Barrios, presidente de AD salió al paso y respondió el 24 de abril: "creo que Lusinchi desconocía las irregularidades" . Mientras tanto el debate en el Congreso siguió. Cuando el 27 de abril tomó la palabra la diputada paulina Gamus -ex-ministra del gobierno de Lusinchi- consideró que era un absurdo el juicio al ex-mandatario, "porque no hay ningún elemento que permita demostrar su responsabilidad en hechos aislados" .

Este primer debate sobre la posibilidad de enjuiciar a Lusinchi tuvo una escaramuza importante: la oposición subió a los palcos del público el 9 de mayo para impedir, rompiendo el quorum reglamentario, que AD aprobara la forma de como no investigar al ex-presidente.

Dos días más tarde, el propio centro de la discusión, Lusinchi, apareció en un programa de televisión moderado en el canal cuatro por el periodista Nelson Bocaranda y algunos colegas invitados.

La noche del jueves 11, Jaime Lusinchi dijo claramente, ante todos los que le escucharon, que la responsabilidad del caso Recadi recaía sobre quienes fueron sus ministros de Hacienda. Pero también acusó directamente a El Nacional de haber ejercido presiones para obtener divisas preferenciales, lo cual vino a confirmar nuestra sospecha en torno a lo apuntado por él en la rueda de prensa de La Ermita, un mes atrás.

Luego se supo que este programa de televisión fue planificado el sábado anterior en La Ermita, quinta que fue propiedad de Francisco "Pancho" Lander, en una reunión donde participaron los ex-ministros Carlos Croes y Carmelo Lauría, un directivo de Venevisión y Lusinchi. Se escogieron las ideas básicas que no debían dejar de decirse, al moderador y, además, a los periodistas que debían asistir y que en este caso el ex-presidente consideró como sus amigos.

Posteriormente, el 27 de mayo Lusinchi cumplió años y, en medio de la celebración declaró: "he leído con estupor las declaraciones del doctor Nicomedes Zuloaga relacionadas con el auto de detención que le fuera dictado. He seguido también con asombro el barrage infamante dicho por el doctor Zuloaga, señalando nombres que él en ningún momento mencionó y que pretende cargar sobre mí y Acción Democrática la autoría de la decisión judicial. He leído también con indignado desprecio la irresponsable declaración del señor Paúl Delfino, un intemperante consuetudinario y enemigo histórico de Acción Democrática" . Agregó que no veía peligro en AD, derivado del calor de la situación y las denuncias.

El 7 de junio el jefe de la Fracción Parlamentaria de Copei, Gustavo Tarre, declaró que el escándalo Recadi era "un hecho profundamente adeco" y que, en todo caso, "el ex-presidente Lusinchi no podría librarse de la investigación" .

El Nacional reportó una nueva reunión sostenida por el Presidente Pérez y el ex-presidente Lusinchi. Se encontraron en Miraflores muy tarde en la noche, el 15 de junio.

El 5 de agosto, una vez más, el ex-Jefe de Estado volvió a viajar a Miami. Antes envió un fax a todos los periodistas menos a El Nacional, que tuvo que trabajar con la portada de El Mundo, donde dejó establecido que

100

"salgo al exterior dejando un clima en el cual la legalidad y la justicia se encuentran seriamente amenazadas, por cuanto sus principios inminentes parecen coartados o mediatizados al deseo de construir escándalos" .

- De ningún modo evadiré mi responsabilidad para enfrentar la realidad y luchar por la verdad y la justicia... Anuncio que regresaré a Venezuela a luchar denodadamente en defensa de la integridad del Estado de Derecho -apuntó antes de abordar un avión de Alberto Finol.

Los Secretarios Generales tanto de AD como de Copei, por diversas razones cuestionaron la ida de Lusinchi. El primero, por considerarlo como una imprudencia y una debilidad política, y el otro por estimar que era un error que el texto dejado no lo aclaraba.

Otro ex-presidente, Rafael Caldera, consideró como muy dramática la situación política y personal de Lusinchi. Recuérdese que días antes, el 19 y 20 de junio, El Nacional ya había denunciado el caso de los jeeps y que, además de Recadi, se ventilaban en el nuestro y otros periódicos todos los detalles sobre irregularidades en el Centro Simón Bolívar, Urbanización Juan Pablo II, el Registro Automotor Permanente y el Instituto Nacional de Hipódromos.

Luis Piñerúa Ordaz, enemigo interno y candidato a enfrentar a Lusinchi por la presidencia de AD -para sustituir a Gonzalo Barrios, ya en relativo retiro de la actividad política-, salió a la carga el 9 de agosto y argumentó: "rechazo como falaz el argumento de que toda denuncia que se haga sobre supuestos o reales hechos de corrupción, tengan alguna intención desestabilizadora del sistema político" .

- Por el contrario - afirmó- aún siendo enemigo del escándalo, quiero expresar que la democracia vive un momento estelar. Por fin se han puesto las cartas sobre la mesa, y las denuncias se ventilan a la luz del sol, con una libertad inusitada. Aprecio como importante la ruptura de lo que parecía un pacto tácito, pero no preconvenido, que les permitía a los partidos del status defenderse mutuamente.

Agosto 23. Lusinchi regresa una vez más. Comentó que enfrentaría solo sus responsabilidades.

- Yo creo que aquí existe una conspiración contra el sistema democrático y que aquí existe un proyecto político para liquidar el sistema democrático. De eso no me cabe la menor duda -respondió a una pregunta con el mismo argumento tantas veces manoseado por Gonzalo Barrios y Blanca Ibáñez-, vamos a dejar la dosis hasta aquí. Yo tengo muchas cosas que decir y las voy a decir en su momento oportuno. Voy a esperar que las situaciones se vayan disipando y tengo la impresión de que ya estamos en una etapa de descanso, porque la capacidad de denunciar se agotó.

Nunca se imaginó el ex-mandatario que, luego, el caso de los jeeps y de los dólares extraviados en Relaciones Interiores lo volverían a colocar "contra la pared" y de nuevo en el umbral de un juicio parlamentario.

Lusinchi viajó de nuevo a Estados unidos y regresó el sábado 9 de septiembre. En el aeropuerto de Maracaibo, agresivo como de costumbre, amenazó con mandar a investigar a los medios de comunicación. Todo el mundo le volvió a caer encima. El secretario general de Copei, Eduardo Fernández, ripostó que "los venezolanos no podemos aceptar que ahora se pretenda seguir con la misma política de amenazar a los medios de comunicación, ni por parte de voceros del gobierno anterior, ni por parte de la actual administración" .

Al secretario general de AD Humberto Celli, no le quedó otra que tratar de remendar el entuerto del ex-presidente: "Hay que comprender las circunstancias emocionales en las que se mueve el ex-presidente Lusinchi. Se siente hostigado y agredido en base a una campaña de supuesta corrupción administrativa durante su período" .

Así las cosas, el Movimiento al Socialismo planteó de nuevo la posibilidad de investigar a Lusinchi en el Congreso, pero ahora a nivel del Senado, su cámara natural, el 29 de septiembre de 1989.

101

Freddy Muñoz dijo: "resulta absurdo que si el mismo ex-presidente consignó una comunicación ante la presidencia del Congreso, en la cual se responsabiliza de las actuaciones de sus funcionarios, que a todos ellos se les hagan averiguaciones mientras que al mismo Lusinchi no" .

Mientras tanto, Paciano Padrón expresó el 1 de octubre, en una frase muy sencilla, "Lusinchi debe ir preso" . Dos días después el secretario general de AD, Humberto Celli replicó:

- El derecho de palabra solicitado por el MAS para abrir una investigación sobre la presunta responsabilidad que pueda tener el presidente Jaime Lusinchi sobre actos de corrupción o irregularidades administrativas, no puede tener carácter de urgencia en el senado... El MAS busca beneficios políticos-electorales.

La Senadora Lolita Aniyar de Castro, del MAS, prácticamente desconocida hasta para sus propios electores del estado Zulia, precisó que "lo básico es ver qué relación hay en la gestión de Lusinchi, entre él como Presidente y todo lo que pasó a su alrededor" .

Como fue su costumbre, una vez olfateado de nuevo el peligro inminente, Jaime Lusinchi regresó por cuarta vez de Miami el 6 de octubre, pero esta vez en un avión de Relaciones Interiores.

Caldera se reunió con Barrios el sábado 7 de octubre y el primero no asistió, luego, a la votación en el Senado que hizo perder la segunda oportunidad de encontrar consenso para enjuiciar a Jaime Lusinchi en la Cámara Alta. Comenzó a funcionar la trama que finalizó con la cómica puesta por el senador de Nueva Generación Democrática, José Marsicobetre y el famoso Lepajazo, perfectamente diseñado por Acción Democrática.

El domingo 8 de octubre se realizó una reunión de estrategia en la casa de Reinaldo Leandro Mora, con la asistencia de Carmelo Lauría y Carlos Canache Mata. El lunes 9, Copei se plegó oficialmente a la propuesta del MAS y José Curiel, Sub-secretario General, indicó que "el debate sobre Lusinchi hay que iniciarlo de inmediato" .

Una jugada política inesperada del Presidente Pérez, para que el Congreso pudiera recibir en cámara plena al ilustre visitante Presidente de Francia, François Mitterrand, logró anular el derecho de palabra previamente solicitado por Aniyar de Castro el lunes 9 de octubre. Esto le dio más tiempo a los adecos de pulir los cañones. Freddy Muñoz comentó: "A Jaime sólo le dimos un receso" .

El 11 de octubre Lusinchi en persona argumentó que no era enjuiciable.

- Yo tengo cara de tonto, pero la administro -sentenció Lusinchi ante media docena de periodistas-. El enjuiciamiento a un presidente es algo con lo que no se puede jugar.

Aniyar de Castro, al día siguiente contestó: "demostraré que sí es enjuiciable" . Pero del propio Acción Democrática, los miembros del Tribunal de Etica señalaron que no aceptaban las groserías de Lusinchi, quien les dijo que las expulsiones ocurridas eran "superficiales e inconvenientes" .

El viernes 14 de octubre el senador José Marsicobetre dijo con toda precisión que "investigar a Lusinchi demostrará nuestra madurez política" . Nadie se ha podido explicar qué le paso a este representante del pueblo, pero lo cierto del caso es que el 16, el mismo Marsicobetre volvió a sorprender a los venezolanos cuando puntualizó: "no votaré para que enjuicien a Lusinchi" .

Las versiones sobre el cambio de opinión fueron disímiles. Se habló desde nuevas cuentas bancarias hasta de ofrecimientos de cargos diplomáticos, pasando por viejos y desempolvados expedientes. Luis Herrera Campíns, con muchas ganas de sacar dividendo político, tras cinco años tolerando la famosa frase "la culpa es del gobierno anterior" , comentó que "el juicio a Lusinchi no se debe quedar en el aire" . Incluso, anunció que votaría a favor del punto en la Cámara de Senadores.

102

El hecho culminante se desencadenó el lunes 17 de octubre y la historia recordará el episodio como El Lepajazo.

- La solicitud no tiene carácter de urgencia y además es extemporánea -leyó Octavio Lepaje, Presidente del Congreso y ex-ministro de Lusinchi- antes de que cortaran el sonido a los micrófonos y dejaran el discurso de solicitud que leería Lolita Aniyar de Castro sobre su curul.

La reacción del MAS fue fuerte "Si Lolita no habla no aprobaremos el presupuesto" , con lo que estuvo de acuerdo Copei, a quien le faltó en sus filas Rafael Caldera.

De todos modos se obtuvo la intervención de Aniyar de Castro: "la responsabilidad de Lusinchi es por negligencia" .

Un viejo amigo militante compañero de Lusinchi en otros tiempos de unidad partidista, Luis Beltrán Prieto Figueroa, consideró repugnante el incidente en la Cámara de Senadores.

- Jaime Lusinchi se mostró como un pobre diablo y Octavio Lepaje como su subalterno -declaró el 18 de octubre... Lusinchi volvió a la condición primitiva de los hombres sin categoría de ninguna especie.

El ex-presidente volvió a la carga el jueves 19 de octubre:

- Se dice que pronto presentarán el informe sobre Recadi. Desde ya lo veo incompleto, porque si se trata de juzgar una política, como fue el régimen de cambios diferenciales, debe analizarse el asunto en todo su contexto: en sus causales y en el curso completo de su administración. A todos les digo a la hora de las cuentas claras no quedarán defraudados.

Finalmente Lolita Aniyar de Castro pudo hablar, pero con retraso, el 23 de octubre. Las cosas se calmaron un poco, hasta el sábado 4 de noviembre, cuando el periodista Alfredo Peña levantó otra liebre: "se perdieron 337 mil dólares del ministerio de Relaciones Interiores" , cuando José Angel Ciliberto era ministro de Jaime Lusinchi.

El 3 de diciembre sucedió algo prácticamente anecdótico. El ex-presidente Lusinchi decidió no regresar otra vez de Miami a ejercer el derecho al voto para elegir directamente gobernadores, alcaldes y concejales.

El día que el Congreso decidió, por denuncia de la Fiscalía ante la Corte Suprema de justicia, que a su vez encontró méritos para que el Tribunal Superior de Salvaguarda siguiera investigando, allanar la inmunidad parlamentaria del ex-ministro Ciliberto, una vez más, pero esta vez Copei, planteó investigar al ex-presidente Lusinchi para determinar su responsabilidad en la compra de los famosos jeeps.

Desde el autoexilio, Lusinchi mandó una carta a su ex-ministro Carlos Croes, publicada en El Universal, donde expresó - el 22 de enero de 1990 -: "Afuera permanecí en atención a esa condición del militante que siempre he sido. Hoy me arrepiento de haber procedido así... Estamos, pues, en los límites del ejercicio de la legítima defensa. Ya está bueno de que fariseos vengativos sigan jugando con la honra de los demás y que unos pocos mediocres audaces quieran constituirse en ductores del país" .

Tratando de evitar que le volvieran a caer encima, el senador José Marsicobetre, ahora independiente y desvinculado de Nueva Generación Democrática, sumó su voto a otros 11 para lograr mayoría y aprobar una investigación parlamentaria a Jaime Lusinchi, al menos en el caso que buscaría determinar la responsabilidad del ex-mandatario en la compra de los rústicos de Ciliberto.

La antesala a la llegada, por sexta vez de Lusinchi desde 1989, la planteó Morris Sierralta, quien argumentó el sábado 3 de febrero de 1990, que la Comisión Delegada "usurpaba funciones" .

103

El ex-presidente regresó por La Carlota en el avión de su financista y amigo Franco D´Agostino, y con los pies sobre suelo venezolano sentenció: "Yo niego en forma absoluta haber intervenido en eso (lo de los jeeps). Lo de la delegada es agavillamiento con premeditación y alevosía" .

- Voy a poner las cosas en su lugar en el Senado. Voy sencillamente a solicitar que se investiguen todos aquellos hechos que se considere fueron irregulares durante mi gobierno.

Previamente, Lusinchi mandó otra comunicación solicitando ejercer un derecho de palabra en la Cámara Alta, una vez que se reanudaran las sesiones ordinarias de 1990.

Sobre el tema de los jeeps, en la comisión especial conformada por la Delegada, el Contralor José Ramón Medina acusó que Lusinchi no había cumplido con las leyes.

Pero lo más impactante fue lo dicho por el ex-ministro José Angel Ciliberto en su correspondiente interpelación ante la misma instancia investigadora:

-El ex-presidente tiene una conducta indigna, dijo.

El 14 de febrero de 1990, la comisión especial designada por la Delegada, en su informe preliminar, determinó que Jaime Lusinchi sí autorizó la compra de los rústicos marca Wrangler que originalmente -se había dicho- estaban destinados para operaciones de cedulación y seguridad del Estado, y terminaron en manos de dirigentes medios y bajos de Acción Democrática y fueron utilizados en la precampaña electoral del ex-ministro Octavio Lepaje, y luego, en la campaña presidencial del actual Presidente, Carlos Andrés Pérez.

Capítulo 9

La verificación de importaciones

Si bien fue en los días finales de febrero de 1989 cuando se denunció que los contratos suscritos entre el Ministerio de Hacienda, Recadi y las empresas verificadoras internacionales eran clandestinos y atentaban contra la soberanía nacional -según los directivos de la Asociación de Agentes Aduanales (ASONAGA)-; estas compañías fueron también señaladas desde La Agenda Secreta de Recadi, a partir del miércoles 5 de abril, sobre la base de informes preliminares y confidenciales del Congreso de la República.

De acuerdo con los términos expresados en esos escritos, algunas de estas empresas verificadoras permitieron la sobrefacturación. Se escribió que "con la participación de las empresas verificadoras se legalizó la sobrefacturación fraudulenta contra el Estado Venezolano" .

En efecto, las firmas internacionales Caleb Brett (norteamericana), Bureau Veritas (francesa) y la Société Générale Surveillance (suiza) y, posteriormente, la Chinesse National Import and Export Commodities Inspection Corporation (de la República Popular China), se encargaron de emitir certificados de verificación (report of findings) de todas las importaciones privadas desde el 25 de mayo de 1986, de acuerdo con el Decreto Presidencial No. 1.702 del 17 de abril del mismo año, publicado en la Gaceta Ofician No. 33.458.

La entrada de estas compañías, en principio, fue una consecuencia natural de la eliminación del pago al contado de las importaciones con dólares preferenciales, por lo que surgió como necesidad aparente, realizar una labor certificadora de preembarque, a los fines de constatar precios, calidades y cantidades de todas las mercancías extranacionales, cuyas especificaciones debían quedar plasmadas en los referidos reportes, para luego ser supervisadas en todas las aduanas de Venezuela, garantizándose así el buen uso de las divisas otorgadas.

Un informe del Congreso precisó que la actividad fundamental de Recadi fue servir como administrador de dólares preferenciales preconvenidos en los presupuestos de divisas correspondientes.

104

"De tal modo que durante el gobierno de Jaime Lusinchi se instalaron en el país -dice el texto que se comenta- las empresas verificadoras, las que emitieron dos tipos de certificados: limpios y sucios, y se convirtieron en grandes fuentes, en consecuencia, de evasión de impuestos" .

Argumentaron también las fuentes investigativas del Parlamento que "las empresas fueron contratadas para determinar las alteraciones, sin embargo, con los 30.000 millones de dólares que manejaron, -a los que se les debía aplicar impuesto de 1% -300 millones de dólares-, se pudo haber creado un equipo multidisciplinario de alto nivel técnico, de eficiencia, que permitiera un mejor control y seguimiento de las divisas preferenciales para importación y evitar así esta nueva forma de salida de poderosas sumas por concepto de verificaciones que, a la larga, se convirtieron en avales de operaciones ilícitas" .

En consecuencia - se estimó-, "el Estado debe asegurar, clausurar y sellar los expedientes que tienen las verificadoras en sus archivos" .

Se insistió en comentar que "el manejo que se daba entre las verificadoras y algunos importadores originó: certificados no limpios y sobrefacturación. Por ello se podrían pedir los documentos de exportación en los países de origen (de las mercancías), para determinar las operaciones fraudulentas" .

Se agregó que "el gran negocio fue la compra de dólares baratos preferenciales para colocarlos en el exterior. Al margen de quienes resulten culpables o implicados en la investigación de Recadi y sus operaciones, se debe declarar el caso Recadi como un problema de Estado. Se requiere la urgente aprobación de una Ley contra el Crimen Tecnificado o delitos económicos" .

Otro aspecto digno de destacar en cuanto a las actividades de las compañías verificadoras en Venezuela es que, si bien las mismas manejaron un mercado anual de unos 8.000 millones de dólares en importaciones que tenían que ser certificadas, la revisión de sus estadísticas mostró un bajísimo nivel de emisión de certificados con salvedad, es decir, con observaciones que generaban la pérdida para el importador de su derecho al pago de los dólares preferenciales de determinada importación por parte del Banco Central de Venezuela y el pago de honorarios adelantado proporcionalmente a cualquiera de las empresas.

La respuesta que se dio en el Congreso fue la siguiente: o las empresas verdaderamente tienen una gran capacidad mundial y eficiencia operativa, o "realmente no verificaron absolutamente nada" .

En materia de estadísticas revisadas por nosotros mismos, la empresa Caleb Brett -por mencionar sólo una- habiendo iniciado operaciones el 25 de mayo de 1986, con miles de conformidades de importación y manejando casi el 50% del mercado de certificación de mercancías, para el 14 de abril de 1987, apenas un año después -de acuerdo con sus recibos correlativos -sólo había emitido 12 certificados con salvedad. Así, cada una de estas empresas registró en sus archivos un número ínfimo de los denominados "non negotiable report of findings" .

A mediados de 1986, en la víspera de la decisión oficial, la Asociación Nacional de Agentes Aduanales denunció que "la Ley Orgánica de Aduanas, en su artículo 45, atribuye directamente a los funcionarios de las aduanas del país la potestad de: verificar documentos, identificación, examen, peso, determinación de tarifas y restricciones, valoración, peso, medida y contaje de las mercancías a ser importadas. De allí se infiere que estas compañías transnacionales, sin duda, están usurpando funciones que son ejercicio irrenunciable de nuestra soberanía nacional" .

Todas las operaciones de la empresa verificadora Caleb Brett, por manejar 46.691 conformidades de importación expedidas por Recadi con un valor FOB de 5.980 millones de dólares, posteriormente recibidas para generar certificados de origen con salvedad y sin salvedad, supuestamente, fueron ilegales y fraudulentas contra el Estado Venezolano y sus correspondientes 4.917 clientes importadores.

105

El 29 de abril de 1986, Michael E. DeArmond, presidente de un consorcio de dos empresas denominado Caleb Brett Intertek (The Inspection and Quality Control Specialist), ambas filiales de otro emporio corporativo denominado Inchape Inspection and Testing Services (IITS), con sede en Crechurch Lane, Londres, escribió al ex-director de Recadi, Francisco Maldonado Cisneros, una carta donde explicó que "sometemos a su consideración... los recaudos que acreditan a nuestra empresa como una de las pocas compañías a nivel mundial con amplia experiencia, trayectoria y reputación para realizar todas las labores pertinentes a la emisión de certificados de comprobación de los valores reales de las importaciones FOB que se realizan bajo el régimen de cambio preferencial, al igual que la inspección de la calidad y cantidad de los bienes importados antes de su embarque" .

Agregó DeArmond en su misiva a Maldonado que "nuestra compañía reúne hoy en día una experiencia comprobada del Grupo Caleb Brett International LTD y de Intertek Services Corporation que, sumado a las 184 oficinas y laboratorios en 36 países y corresponsales en muchos otros, le permite mantener un personal directo o indirecto de más de 14.000 inspectores, ingenieros, químicos, maestros técnicos, con un promedio de 27 años de experiencia en inspecciones y certificación de materias primas y bienes de consumo, sirviendo a las empresas más importantes del mundo que se listan en la revista Fortune 500"

El 14 de mayo de 1986 Francisco Maldonado Cisneros le comunicó al Ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua, en memorandum 049-86 la calificación de empresas que podían emitir certificados de origen a los efectos del cumplimiento del artículo 9 del Decreto 1.072 del 17 de abril del mismo año. Allí, el ex-director de Recadi planteó que se citaran a las diversas empresas especializadas, en número de 7 y "se recomienda, para comenzar, el sistema a Bureau Veritas, Caleb Brett y Société Générale Surveillance" . De modo que se descartaron, por catalogarse en el tercer nivel, a Comitec (Inspectorate International), Inversiones Técnicas Financieras C.A. (Survey Associates Inc. Intefica), Investigaciones y Desarrollo (Indesca), y a Supervisiones e Inspecciones Venezuela C.A. (Control International).

Posteriormente, el 21 de mayo de 1986, el ministro Azpúrua retornó una misiva a Maldonado Cisneros, donde le anunció que "el Gabinete Sectorial de Asuntos de Política Económica y Financiera, en su reunión No. 38 del 15 de presente mes, acordó aprobar la recomendación de esa Oficina (Recadi) en su punto número 4, relacionada con la clasificación de empresas que pueden emitir certificados de origen para efectos del cumplimiento del artículo 9 del Decreto 1.072... en el sentido de iniciar el programa con tres empresas, las cuales en base a los criterios descritos son: Bureau Veritas, Caleb Brett y Sociéte Générale Surveillance" .

Aprobada la anterior determinación por el gobierno de Jaime Lusinchi, Francisco Maldonado Cisneros dirigió comunicaciones, el 26 de mayo, a las empresas favorecidas por la decisión del 15 de mayo. En el caso de la Caleb Brett, que en los documentos oficiales no apareció como Intertek, ni como International LTD, ni como Venezuela C.A., el ex-director de Recadi expuso: "después de un amplio análisis realizado tomando en cuenta los elementos suministrados por varias empresas y luego de efectuadas diferentes reuniones con las mismas, esta oficina elaboró un informe en el que planteó las pautas para ser presentadas a consideración del Gabinete Económico" .

Leído el documento genérico, dirigido a las tres seleccionadas, el señor Livio Pernetz, presidente de la empresa Caleb Brett Venezuela C.A., originalmente denominada Inspecciones Caribe, en sociedad con la empresa norteamericana Esperanza USA INC., firmó la resolución de Recadi en representación de Caleb Brett. En consecuencia, la notificación no la firmó Michael E. DeArmond, presidente de Caleb Brett Intertek, quien fue la persona que inició conversaciones con el gobierno de Jaime Lusinchi, por intermedio del Ministerio de Hacienda. Como tampoco lo hizo, en ese momento, René Villa, presidente en Venezuela de Caleb Brett International LTD, puesto que éste comenzó a ejercer las operaciones posteriores derivadas del manejo de las conformidades de importación, cuando tomó la presidencia de la denominación Caleb Brett International LTD, a partir de marzo de 1987.

106

Pero lo importante de este caso fue que la denominación Caleb Brett International LTD y la Caleb Brett Intertek, cuyas presidencias las ejercieron, como dijimos, René Villa y Michael E. DeArmond, respectivamente, no aparecieron en ningún registro mercantil de Venezuela. La única denominación que figuró fue la Caleb Brett Venezuela C.A., que presidió Livio Pernetz, a quien no reconoció René Villa sino como empleado de la Caleb Brett International LTD. Así quedó recogido en la entrevista que Fabricio Ojeda realizó a René Villa y que se publicó el 7 de abril de 1989. Pero se dio una circunstancia extraña: las oficinas de Villa y Pernetz eran contiguas y su trato indicaba una relación de socios y no de jefe a empleado.

Quiero aclarar -explicó Villa-, que en principio la empresa que salió descrita en El Nacional (Caleb Brett Venezuela C.A.) no es ni está relacionada con la compañía que él (Livio Pernetz) dirige en Venezuela. Se trata de una firma local, que después cambió de nombre y todo eso, pero que nada tiene que ver con el proyecto aprobado por el gobierno con esta verificadora.

Entre nosotros surgió la siguiente interrogante: ¿Cómo un simple empleado de la Caleb Brett International LTD (Livio Pernetz) que tenía su oficina ubicada al lado de la René Villa, en el piso 7 de la Torre Extebandes (Avenida Tamanaco, El Rosal) y que figura en el registro mercantil como presidente de Caleb Brett Venezuela C.A., asociado con la empresa norteamericana Esperanza USA INC., que se rige bajo las leyes del Estado de Delaware y con oficina principal en Dallas, Texas, (¿fantasma?) y sin ninguna vinculación con Londres, firmó ante Francisco Maldonado Cisneros la recepción oficial de la delegación que se le entregó a la Caleb Brett Intertek que presidía para ese entonces Michael DeARmond, quien solicitó la asignación para su empresa Caleb Brett?

Esto fue lo que permitió concluir, sin lugar a dudas, que las operaciones de la empresa Caleb Brett International LTD tenían un origen fraudulento, por cuanto la firma comercial Caleb Brett Intertek que solicitó la designación como empresa verificadora, era distinta a la Caleb Brett Venezuela C.A. (la de Livio) que da conformidad a la asignación aprobada por el gobierno, pero quien dio la cara en la ejecución de las operaciones de verificación fue la de Villa, Caleb Brett International LTD.

La situación nos llevó a afirmar que había una participación fraudulenta en la función verificadora de todas las denominaciones Caleb Brett y, al mismo tiempo, se planteó una situación de negligencia administrativa por parte de Francisco Maldonado Cisneros, al no "verificar" a la empresa solicitante contra la empresa receptora y la ejecutora, en su oportunidad. La rúbrica de Livio Pernetz figuró en la comunicación entregada por Maldonado a Caleb Brett, y se constató con la firma de Pernetz en varios documentos acuñados por él en diversos registros mercantiles de Venezuela.

En una comunicación (HRC-DG-049) enviada por Maldonado Cisneros al ministro Azpúrua, informó al superior inmediato respecto de "algunas consideraciones sobre las diferentes entrevistas realizadas" con las siete posibles empresas verificadoras que están en capacidad de emitir certificados de origen.

En efecto, en esta misiva del 14 de mayo de 1986, Maldonado Cisneros comunicó a Azpúrua que la empresa Société Générale Surveillance planteó al gobierno que le otorgaran el monopolio exclusivo del negocio de la verificación y de emisión de certificados de origen de las importaciones venezolanas: "se debe trabajar con un sistema exclusivo con una sola empresa y que el Estado firme un convenio expreso. La elección debe ser bajo un proceso de licitación pública (era la posición confidencial de la Sociéte Générale Surveillance). Por cierto que quien nos aclaró la forma correcta de escribir Surveillance fue Manuel Caballero. Hasta ese momento se le venía mencionando como Sourveillance, porque en todos los documentos figuraba así, mal escrita por los funcionarios venezolanos. Caballero aleró en torno a que no existía ninguna palabra en el idioma francés que comenzara por sour..."

Aclarado este punto idiomático y de acuerdo con el documento suscrito por Maldonado Cisneros, la clasificación establecida por Recadi dio un primer nivel de calificación a Bureau Veritas y Caleb Brett; en un segundo nivel a la Société Générale Surveillance y a las otras cuatro antes mencionadas una tercera categoría en importancia. "Las demás empresas -escribió Maldonado- señalan o una simple especialización, una dimensión reducida o

107

simples representaciones" , por lo que quedaron prácticamente descartadas las firmas Sivenca, Investigaciones y Desarrollos C.A., Inversiones Técnicas Financieras C.A., y Comitec.

Añadió que "cada una de esas empresas hizo una amplia exposición y entregó material de la presentación a los funcionarios presentes: Oscar Páez Bohórquez (Director de Operaciones) y Marbella Rotundo (Directora de Autorización de Divisas). Como producto de las entrevistas realizadas, surgieron las siguientes coincidencias entre los aspirantes: en lo referente al enfoque democrático y transparente del proceso de múltiples empresas, estuvieron de acuerdo que la modalidad era novedosa en el mundo; consideraron que no debían ser muchas las firmas participantes (mínimo 2 y un máximo de 5), y que no sólo debería certificarse precios, calidad y cantidad, sino también los aspectos legales de la operación" .

Igualmente, señalaron los candidatos, que el nuevo mecanismo traería una reducción de las importaciones, debido a los controles pre-embarques, "a la vez que un aspecto disuasivo; recomiendan que se exija el certificado de origen para las importaciones del sector público (con la excepción de armamento) y las exportaciones del sector privado para evitar subfacturación y aprovechamiento indebido de los incentivos fiscales oficiales; coinciden en que al inicio habrá manifiestas quejas de los despachadores en el extranjero como de los importadores, pero que es indispensable la intensidad con la que el gobierno respalde la medida" .

Las tarifas a aplicar por las empresas a los importadores para realizar las operaciones de verificación variaron entre 0,9 y 1,2% sobre el valor FOB de la mercancía inspeccionada e independientemente del resultado sin salvedad o con salvedad.

Finalizó esta parte de la comunicación de Maldonado a Azpúrua diciéndole que "se opina que por seriedad y tradición de las empresas en primero y segundo nivel, se debe comenzar el programa con estas tres empresas. Por el planteamiento de la Société Générale Surveillance, ésta no está dentro de los parámetros fijados" .

A las empresas escogidas se les dictó un manual de operaciones constitutivo de 17 condiciones que iban desde que el "Estado no va a controlar los servicios, sino que determinará aceptación dentro de las pautas fijadas de los certificados de origen... hasta que los mismos no son negociables" .

En el mismo documento enviado por Maldonado Cisneros a Manuel Azpúrua el 14 de mayo, donde se recomendó a los favorecidos, también se dio cuenta del proceso de descalificación de las solicitantes Conitec, Sivenca, Inversiones Técnicas Financiera e Investigaciones y Desarrollo, Indesca.

La firma Conitec, filial de Inspectorate International Services, presentó una oferta vendiendo una estructura de 42 oficinas, 1.300 empleados y relaciones similares con 47 gobiernos del mundo. De origen suizo.

En tanto que Sivenca, filial de Commodity Control Services, tenía sólo experiencia en el manejo de productos energéticos y ofreció servicios adicionales en las ramas agrícolas, alimentos, petróleo y consumo, con plataforma en Estados Unidos.

Inversiones Técnicas Financieras C.A., ofertó a nombre de la transnacional Survey Associates INC., de Miami, Florida, y estaba especializada en peritajes y ajustes a la propiedad en general y mercancías para determinar estados y valores.

La única empresa totalmente venezolana que ofreció servicios fue Indesca, conformada con participaciones de la Petroquímica de Venezuela S.A., Estireno del Zulia y Polímeros del Lago, filial de Pequiven. Se desarrollaba básicamente con experiencia en la supervisión de importaciones de equipos tecnológicos sofisticados. Esta empresa salió en el tapete un poco más tarde, como veremos adelante.

El lunes 11 de abril de 1989, El Nacional abrió edición anunciando que, por las denuncias hechas hasta la fecha, el Tribunal XXXVII Penal, del Juez La Riva, citaría a declarar a los directivos y ejecutivos de las empresas verificadoras que operaron en el sistema de supervisión de importaciones. En la lista de los requeridos para declarar estaban: René Villa y Livio Pernetz, de Caleb Brett; Richard Gautier de la Société

108

Générale Surveillance, y Dominique Le Denmat, de Bureau Veritas. La solicitud estaba apoyada en un petitorio introducido por los Fiscales Ana María Padilla, José Gregorio Rodríguez (a quién después le dictaron auto de detención por chantaje) y Alberto Barroso.

Mientras tanto, en La Agenda Secreta del 17 de abril se denunció que dos diputados y un militar habían actuado en las conversaciones y negociaciones que realizaron Francisco Maldonado Cisneros, director de Recadi, y otros funcionarios de la Oficina de Régimen de Cambios Diferenciales en Ecuador, donde quedaba la sede principal para Latinoamérica de la empresa Société Générale Surveillance.

Se trató de los parlamentarios, en la época, Leomagno Flores, de Acción Democrática, Alejandro Rodríguez Cirimelle, del Partido Socialcristiano Copei y del Teniente Coronel de la Guardia Nacional, Orlando Hernández, adscrito al Servicio de Inteligencia y Resguardo Nacional de las Fuerzas Armadas de Cooperación.

De acuerdo con Francisco Maldonado Cisneros, "esta comisión se integró, además, con la Dirección de Operaciones (Oscar Páez Bohórquez), la consultoría Jurídica (Zhaidee Rivas Randert) y el propio director de Recadi" .

Aunque Maldonado, en nuestra primera conversación en Miami, no lo nombró, el Teniente Coronel de las FAC, Hernández Villegas se incorporó al grupo que viajó a Quito en febrero de 1986. Ese último dato se obtuvo de una copia certificada firmada por Wilfredo Maduro Pernía, director encargado de la Oficina de los Servicios Administrativos del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia (el titular era Carmelo Lauría), quien autorizó el pago de una orden de viáticos por el equivalente a 22.500 bolívares (4.500 bolívares para cada viajero al tipo de cambio oficial de 7,50 bolívares por dólar) a los fines de "una misión ordenada por el despacho con motivo de evaluar el funcionamiento de la Société Générale Surveillance en la República de Ecuador..."

Esta solicitud de viáticos fue, a su vez, convenida en el Consejo de Ministros realizado el 29 de enero de 1986, según comunicación posterior del 30 del mismo mes de la Dirección General del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia.

Sobre este viaje, Maldonado Cisneros nos dijo que "el Ministro de Hacienda (Manuel Azpúrua) me comentó que le había solicitado al Presidente del Congreso (Reinaldo Leandro Mora) que designara a los diputados que creyere conveniente para asistir y, efectivamente, fueron escogidos Alejandro Rodríguez Cirimelle y Leomagno Flores. El día del viaje, el diputado Rodríguez Cirimelle se excusó de ir por cuestiones de trabajo, pero el diputado Leomagno Flores si asistió con nosotros" .

Oscar Páez Bohórquez, director de Operaciones de Recadi, nos diría el día que se reunió con Carlos Tablante, para ser interpelado, que tampoco asistió a Ecuador porque consideró, luego, que eran demasiados los funcionarios de jerarquía los que abandonaban la oficina. Fue en la oportunidad en que entregó a Tablante el famoso cuaderno con las llamadas importantes, donde figuraban las hechas desde Miraflores por el diputado de AD, Luis Guevara.

El ex-director de Recadi explicó en Miami que el movimiento a Ecuador generó una apretada agenda: se revisaron todos los aspectos legales, las opiniones de la empresa privada, la actuación de la empresa verificadora Société Générale Surveillance, y se pidieron las opiniones a nivel del sector oficial ecuatoriano, especialmente de las aduanas.

De regreso a Venezuela -dijo Maldonado Cisneros- acordamos que la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales iba a preparar un informe exhaustivo con las conclusiones de todas las reuniones y que se pasaría al Ministerio de Hacienda (Azpúrua). Ese informe se elaboró y se le envió una copia a los diputados. Posteriormente no hubo reuniones, sino la redacción del informe que se le envió a los diputados para que ellos hicieran sus observaciones. No se recibieron mayores objeciones y, en base al mismo, Recadi preparó una serie de pautas y pasos a seguir... A todas esas reuniones asistió el diputado Leomagno Flores, interviniendo en muchas oportunidades, para hacer planteamientos" .

109

Con esta información en la calle, fue consultada la opinión el 18 de abril, del presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Armando Sánchez Bueno, de Acción Democrática. Su respuesta no pudo ser más elocuente:

- Creo que se debe a una confusión, por cuanto mal podría yo haber designado una comisión de diputados, ya que ésta es una función privativa de la Cámara de Diputados o del Presidente de la misma. En todo caso, ni Flores ni Cirimelle pertenecieron a la Comisión de Finanzas de Diputados.

En tanto que Leonardo Ferrer, presidente de la Cámara de Diputados para el momento de la realización del viaje, aclaró:

- Ni la Cámara ni su presidente designamos ese tipo de comisión a solicitud de Recadi. A pesar del sinnúmero de comisiones especiales que designa anualmente la Cámara de diputados, en cada caso existe el respectivo expediente y, por tanto, es fácilmente verificable la escogencia.

El jueves 27 de abril, el Juez Luis Guillermo La Riva, Instructor Especial del caso Recadi, dictó los primeros autos de detención basados en las investigaciones a la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales: la medida recayó contra Richard Ames François Gautier, presidente en Venezuela de Société Générale Surveillance; Livio Pernetz, presidente de Caleb Brett Venezuela C.A., y André Marcel Dominique Le Denmat, presidente de Bureau Veritas. Ese mismo día salieron autos para los chinos de las 19 empresas fantasmas denunciadas por Tablante: Ho Fuk Shum y Ho Fuk Wing. Fueron las primeras cinco medidas judiciales del caso Recadi.

Carlos Tablante y yo nos enteramos el viernes 28 de abril, al día siguiente, cuando nos dispusimos a abordar un avión de Viasa que nos trajo de vuelta a Caracas, luego de él haber interpelado en Miami a Maldonado y nosotros hacer una larga entrevista al ex-director de Recadi. Entre la interpelación y la entrevista -también escuchamos las preguntas del diputado y las respuestas de Maldonado- se invirtieron doce horas de conversación.

Al pie de la misma página de La Agenda Secreta de Recadi se informó, desde Punto Fijo, que Livio Pernetz había sido capturado por la Guardia Nacional en el aeropuerto de Las Piedras, cuando trataba de fugarse del país, rumbo a Curazao, en el bimotor BE-90, y fue puesto a la orden de la Disip para ser trasladado a Caracas. En realidad había salido desde La Carlota, pero una avería no programada obligó al piloto del avión donde viajaba Pernetz Janovitz a aterrizar en Punto Fijo. Ya Richard Gautier y Dominique Le Denmat se habían marchado del país.

Cuando Carlos Tablante vio las informaciones de El Nacional exclamó:

- ¡Qué vaina tan buena! Los de las verificadoras son presos tuyos y los chinos son míos.

Al presidente de Bureau Veritas, Dominique Le Denmat lo conocimos en la sede de la empresa ubicada en la Torre Las Mercedes de Chuao, por intermedio de la señora Evelyn Branger, su asistente. Sostuvimos un encuentro privado después del 15 de abril en el que nos dio información confidencial sobre las otras dos verificadoras: Société Générale Surveillance y Caleb Brett. De esta forma pudimos ponernos en las estadísticas de la competencia. La firma Bureau Veritas nos dio la impresión de ser la más decente de las tres verificadoras fundamentales. Sin embargo, levantó sospechas el robo y posterior incendio que ocurrieron en sus instalaciones el día 29 de abril al mediodía. El Juez La Riva ordenó custodiar las sedes de las empresas con efectivos de la Guardia Nacional y PTJ.

Con respecto a Livio Pernetz Janovitz, éste envió una comunicación a la Dirección de El Nacional, el viernes 9 de abril. Nunca lo tratamos, pero sí tuvimos que responderle públicamente porque en esta misiva afirmó a Franklin Whaite: "si bien son ciertos los señalamientos... Specialist Services International de Venezuela (S.S.I.),

110

es una empresa nacional, distinta y diferenciada de la empresa verificadora Caleb Brett International LTD, empresa esta última constituida y existente de acuerdo a las leyes del Reino Unido, con capital accionario y directiva distinta a los de mi representada" .

A pesar de lo dicho por Pernetz, respondimos desde La Agenda Secreta que "la última denominación registrada por Livio Pernetz, es decir la Specialist Services International de Venezuela (S.S.I.), es la misma que figura, junto con la de Caleb Brett, en las tarjetas personales de presentación de René Villa, presidente ejecutivo de Caleb Brett International LTD en Venezuela... La sigla SSI -en todo caso- se correspondía con una filial de la Inchape Inspection and Testing Services (IITS), que tenía sede en Londres y no en Estados Unidos, como informó Livio Pernetz en el Registro Mercantil" .

De lo anterior nos dimos cuenta cuando analizamos las tarjetas de presentación de Villa y Pernetz, las cuales todavía conservamos en archivo.

Ya fuera del país, Richard Gautier, presidente en Venezuela de Société Générale Surveillance, por intermedio del colega Enrique Castejón, profesor de la Escuela de Periodismo de la UCV, nos hizo llegar copia de una comunicación enviada el día anterior a los autos de detención dictados por La Riva, la cual dirigió a un espectro importante de dirigentes políticos de todos los partidos.

Así, Octavio Lepage, José Rodríguez Iturbe, Rafael Caldera, Freddy Muñoz, Douglas Dáger, Pompeyo Márquez, Teodoro Petkoff, Eduardo Fernández, Godofredo González, Gustavo Tarre Briceño, Carlos Canache Mata, Carlos Tablante, Rhona Ottolina, Vladimir Gessen, Andrés Velásquez, Alonso Ojeda, Gonzalo Barrios y Humberto Celli; pudieron leer: "para el momento en que la Société Générale Surveillance fue seleccionada por el gobierno nacional para verificar, junto a otras dos empresas las importaciones con divisas preferenciales, ya la SGS Venezuela S.A., había cumplido 18 años operando en el país. De tal modo que no se trata, como podría llegar a pensarse, de una compañía oportunista que sólo se interesó por la realidad económica venezolana en unos momentos específicos" .

Desde Miami, el 4 de mayo siguiente, Francisco Maldonado Cisneros, especificó, al analizar la incorporación de las empresas verificadoras en el proceso de supervisión de las importaciones venezolanas, que había planteado en un informe al Gabinete Económico que el pago de 1% por parte de los importadores a la compañías de inspección tenía que ser al tipo de cambio del dólar libre.

No obstante, el gabinete sectorial resolvió lo contrario, es decir que el pago de los honorarios fuese al tipo de cambio preferencia de 14,50 bolívares, argumentando que el costo al dólar libre provocaría ciertos efectos inflacionarios en los productos de consumo importados. Sin embargo, los analistas de Recadi consideraron que "las unidades económicas" , en tanto que estaban en plena operación productiva y de importaciones, podían absorber perfectamente un costo bajo al tipo de cambio en el mercado libre de divisas.

- La recomendación -explicó Maldonado- está en el informe correspondiente y fue cambiada al dólar preferencial. Pero el hecho de que no se haya aceptado es muy importante. Hay que estar muy claro en que Recadi, como oficina, realizó un sistema y propuso una serie de condiciones. Pero tampoco hay que despreciar el poder de decisión de un gabinete económico y después de un Consejo de Ministros que emite un Decreto Presidencial.

El 10 de mayo fueron interpelados, por separado, los parlamentarios Alejandro Rodríguez Cirimelle y Leomagno Flores. El primero confirmó que no había viajado al famoso itinerario de Ecuador, y que había criticado el sistema de verificación en una rueda de prensa. Flores, quien sí se trasladó a Quito, informó que lo hizo como profesor universitario y no como parlamentario.

- Los parlamentarios -dijo-, no nos peleamos por ir a un viaje. Mi interés fue como profesor de Derecho Internacional de la Universidad Católica Andrés Bello.

111

El martes 24 de mayo el Juez La Riva dictó otra medida de detención en contra de la ciudadana Nina Giovanna Caiazza, también funcionaria de la Sociéte Générale Surveillance, quien fue detenida el mismo día temprano por la mañana.

Carlos J. Ruíz Poleo, representante en Venezuela de la cuarta verificadora incorporada al sistema, Chinesse Import and Export Comodities Inspection Corporation -que en el pasado no había ofrecido servicios- consignó a El Nacional abundante información donde se dio cuenta de que a pesar de existir un convenio de cooperación bilateral entre Venezuela y China Popular, la Directora de Recadi, Edgalia Bastardo de Leandro, había marginado la incorporación de la misma al proceso. Sólo lo lograron, al cabo de dos años y medio, después de elevar una protesta al Ministerio de Relaciones Exteriores.

En mayo 30, desde La Agenda Secreta se dio cuenta de que las empresas verificadoras Société Générale Surveillance, Caleb Brett y Bureau Veritas, tenían antecedentes por corrupción en otros países.

Concretamente, la Asociación de Exportadores e Importadores del Sur-Este del Estado de Florida, en documentos exclusivos obtenidos por El Nacional en Miami, expresó que "nos sentimos complacidos y aliviados porque han terminado los continuos abusos y presiones del sistema de obtención de divisas preferenciales en Venezuela" .

- No es casualidad -escribieron desde este gremio- encontrar que en todos los países donde se conocen las experiencias de verificación de precios para efectos de importación, tipo Bolivia, Paraguay, Nigeria o Ecuador, etc., aparece como denominador común en todos ellos las mismas empresas inspectoras o verificadoras de precios.

En este informe se apuntó que, "al revisar los casos de escándalos y de corrupción en todos estos países, se observa como la Société Générale Surveillance y Bureau Veritas, aparecen consistentemente en los expedientes. De hecho, de las tres empresas mencionadas se sabe en forma abierta que la empresa suiza Société Générale Surveillance es la esencia misma de este mecanismo de entrabamiento y corrupción" .

- La empresa Société Générale Surveillance- afirmaron estos empresarios-, propiedad de diferentes grupos bancarios suizos, ha sido la creadora y principal promotora de estos mecanismos, a través de los Bancos Centrales y otras dependencias oficiales de los diferentes países afectados, actuando en muchos casos, como en Ecuador, el más reciente y sonado de todos los casos anteriores al escándalo venezolano, en forma de monopolio.

Se agregó que "no debemos dejar de mencionar que no existe ninguna duda de que el triste y empobrecedor proceso del cual Venezuela se viene percatando durante los últimos meses, está directamente e íntimamente relacionado con el caso de Ecuador. No cabe duda que es la empresa Société Générale Surveillance la que lo establece allí y es esta empresa, en combinación con el gobierno del Presidente León Febres Cordero, y el Ministro venezolano de Hacienda, Manuel Azpúrua Arreaza, quienes lo implantan en Venezuela, con apoyo de la banca suiza. Es absolutamente cierto que, al igual que en Ecuador, al inicio se estuvieron ejerciendo presiones para que solamente se le otorgara la exclusividad a la Société Générale Surveillance, pero debido a las características propios del caso venezolano, se decidió dar entrada a las empresas Caleb Brett y Bureau Veritas, con el fin de hacerlo más transparente ante la opinión pública" .

Basados en el contenido de las regulaciones implantadas el 23 de octubre de 1984 por la Junta Monetaria (el Recadi del país suramericano), el 12 de marzo de 1985, Armando Tomaselli y Fabián Corral, director ejecutivo y del departamento jurídico de la Cámara de Comercio de Quito, respectivamente, oficiaron un documento económico-jurídico de 25 páginas al presidente del Banco Central de Ecuador, Raúl Clemente Huerta, donde expresaron ciertas inquietudes, "a fin de que rectifiquen los errores cometidos" , luego de la decisión tomada que permitió a la empresa verificadora Société Générale Surveillance actuar en la emisión de los certificados pre y post-embarque de todas las importaciones y exportaciones desde y hacia esa nación.

112

- De los análisis... se concluye que no existe basamento jurídico suficiente para el cobro de la comisión a importadores y exportadores (1 y 2%) por los servicios prestados por la Société Générale Surveillance. Este costo debe ser absorbido por el Instituto Emisor... Los avisos de conformidad y no conformidad deben convertirse en elementos de juicio para que el Banco Central de Ecuador ejerza sus atribuciones. Una reforma del sistema parece imperiosa, para que la intervención de la Société Générale Surveillance no contraríe el esquema jurídico ecuatoriano.

La anterior historia resumida viene a colación, en tanto que un año después de comenzar actividades de supervisión de importaciones y exportaciones ecuatorianas -en medio de una gran pelea entre empresarios y funcionarios públicos- el gerente general de la Société Général Surveillance en Quito, Enmanuel Bonnet, aprovechó la presencia en Ecuador de Francisco Maldonado Cisneros, del diputado Leomagno Flores y del Teniente Coronel Orlando Hernández Villegas, para enseñar las virtudes y procedimientos impuestos en este otro país.

Siempre nos resultó importante tratar de determinar si los venezolanos que estuvieron en Ecuador, en enero de 1986, conocieron los cuestionamientos lanzados por el empresariado ecuatoriano en contra de las actuaciones de la Société Générale Surveillance: Enrique Orcés Jijón, Director de Aduanas: "actuaciones de SGS planteaban vicios reglamentarios" ; Alfredo Gallegos Banderas (posteriormente denominado presidente de la Cámara de Comercio de Quito): "pagos de comisiones a la SGS son ilegales" ; Emilio Parodi: "el contrato con SGS es oneroso y atentatorio de la dignidad nacional" ; Rodolfo Kronfle, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil: "La SGS ocasiona un perjuicio irreparable a las empresas" .

Es justo decir que el Ministro de Finanzas, Francisco Swett, advirtió al sector privado que el contrato suscrito entre del Banco Central de Ecuador y la Société Générale Surveillance "nació de la absoluta necesidad de lograr que el monto de las exportaciones e importaciones sea fidedignamente reportado y no se presenten problemas distorsionadores y de mala utilización de la reserva monetaria internacional" .

La polémica está recogida en los diarios El Comercio, Hoy y El Universal, en sus ediciones comprendidas entre marzo y abril de 1985.

El 2 de julio de 1989 se informó en La Agenda Secreta que, a su vez el 26 de junio de 1986, Remigio Juan Apolloni, presidente de la empresa Supervisiones e Inspecciones Venezuela C.A., la única empresa nacional que fue descalificada como verificadora potencial por Recadi, con sede en Puerto Cabello, alertó al Presidente de la República de entonces, Jaime Lusinchi, en torno "al conflicto de intereses" que representaría para el Estado Venezolano la participación de las empresas verificadoras Caleb Brett, Bureau Veritas y Société Générale Surveillance.

Efectivamente, denunció ante el Primer Magistrado nacional a la firma SGS, la misma que presionó el monopolio en Ecuador, cuestionada por los exportadores de Florida, Nueva York, Baltimore, Nueva Orleans y Texas y, por añadidura, acusada por soborno en Nigeria.

- Señor Presidente -escribió Apolloni-, respetuosamente solicitamos atienda nuestro llamado. Como venezolanos, exigimos que el Estado nos proteja y evite el monopolio y ventajismo que atenta contra la libertad de comercio según reza en nuestra Constitución y les prohiba tanto a estas empresas transnacionales como a sus filiales, que operen en el país por presentarse el mencionado conflicto de intereses. (El gobierno no estaría en condiciones reales de comprobar o verificar la imparcialidad y solvencia de estas empresas, actuando en los dos puntos, cargue y descargue). Esto ocasiona que la empresa certificadora en un momento dado pueda tener la libertad de tapar sus errores.

En la misma edición del 2 de julio, se denunció que la Société Générale Surveillance tenía antecedentes por soborno en Nigeria. La prensa de este país y de Inglaterra, como el Daily Times, The Punch, National Concord, New Nigerian y Lloyd´s List, informaron, entre febrero y diciembre de 1982, sobre el soborno a casi todos los miembros de la Comisión de Finanzas. Un señor llamado Dassonville, segundo vicepresidente de la Société

113

Générale Surveillance a nivel mundial entregó, por equivocación, un sobre en 1981 con 120.000 dólares a Ernest Allison, sub-jefe de la embajada nigeriana en Berna, el cual estaba originalmente destinado a comprar al Presidente de la Comisión de Finanzas, Ralph Obioha y otros integrantes del comité parlamentario de diputados.

Según el relato escrito por el periodista nigeriano Raymond Okiti del National Concord, el 23 de febrero de 1982, la situación fue más o menos de la siguiente manera:

- Un funcionario de la embajada nigeriana en Suiza, Frederick Allison, confirmó ayer que le entregaron por error 120.000 dólares en el aeropuerto de Ginebra, destinados a la comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados. Dijo que él acompañó a los diputados integrantes de la comisión después que ellos inspeccionaron las instalaciones de la SGS en Ginebra... Allison dijo que preguntó a Dassonville qué contenía el sobre y que el funcionario de la SGS le respondió que eran dólares estadounidenses. Dijo que fue a un baño, en donde abrió el sobre y tomó nota de su contenido. Conté, conté, conté, ¡coño! Son 120 mil dólares, gritó agitado.

Esta otra historia viene a colación porque, si bien no fue rigurosamente confirmada la información, el mismo señor Dassonville estuvo en Caracas a mediados del mes de marzo de 1986, quién sabe con qué intención. De esto informaron varios empleados de Recadi, que siempre pidieron no ser nombrados públicamente. La presencia de este personaje fue escasamente quince días antes de que el gobierno de Jaime Lusinchi decidiera incorporar a las empresas verificadoras de importaciones.

Es necesario precisar que la intención inicial fue la de establecer unos supuestos controles para evitar sobrefacturaciones, (objetivo que por supuesto nunca se logró, por el contrario se estimuló con la pésima administración de los presupuestos de divisas), las importaciones del sector público no tuvieron ningún tipo de control porque el sistema, expresó, no fue concebido para calibrar gastos, mucho menos precios, calidades y cantidades de las importaciones del sector oficial.

Solamente Petróleos de Venezuela venía trabajando en el despacho de barriles petroleros con la firma Bureau Veritas, pero a raíz de las investigaciones y del escándalo sacaron a esta certificadora del registro de proveedores "hasta nuevo aviso" .

El 17 de agosto de 1989, el presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda, ordenó investigar las actuaciones de la Cónsul venezolana en París, Ana Cristina Anzola, porque esta funcionaria otorgó un poder al exilado presidente de la Bureau Veritas, Dominique Le Dem Matt, con un auto de detención en Venezuela, al abogado defensor Jorge Sosa Chacín, contra lo que estipula el artículo 92 de la Ley de Salvaguarda. El punto de la discordia fue que como Le Dem Matt no se puso nunca a derecho, le correspondía al Tribunal de Salvaguarda designarle un defensor público.

Más tarde, el viernes 2 de septiembre, el Tribunal Superior de Salvaguarda ordenó revocar los autos de detención que el Juez Instructor La Riva había dictado cinco meses atrás por aprovechamiento de fondos públicos. La magistrado encargada de hacer el anuncio fue Carmen Alaide Mazzarri Mendoza: -la revocatoria de los autos de detención se hace- informó a los periodistas de la fuente- porque el delito no aparece plenamente probado en el expediente. Pero por eso mismo, también se ordenó proseguir las averiguaciones.

El expediente bajó a las manos de la Juez Luisa Doris Castellanos, del XXXIII Penal, quien luego de La Riva se encargó de seguir las investigaciones sobre las empresas verificadoras. Ello significó que el único preso importante por este caso, Livio Pernetz Janovitz, recuperó la libertad luego de varios meses bajo sombra. Seguramente se marchó del país también.

Pero fue casi un mes y medio después, el 22 de septiembre, cuando la Subcomisión Especial del Congreso que investigó también las empresas certificadoras emitió su condena política. Señalaron Carlos Tablante, Nelson Chitty La Roche y Liliana Hernández, sus integrantes, que el ex-ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua Arreaza,

114

y el ex-director de Recadi, Francisco Maldonado Cisneros, "cometieron presunta comisión de delito en el proceso que incorporó a las empresas en la certificación de importaciones hacia Venezuela" .

Recomendaron una nueva indagación judicial para establecer las responsabilidades penales. Este informe sectorial, a su vez, fue absorbido por el Informe presentado por el Presidente de la Comisión Especial, Douglas Dáger, a la consideración de todo el comité investigador parlamentario.

- La actividad de las empresas verificadoras -se lee en este otro documento-, fue costeada , es cierto, por los propios importadores, pero con dólares preferenciales, constituyendo este mecanismo el establecimiento de una curiosa relación según la cual el vigilante devino en asalariado del vigilado, con los resultados fácilmente imaginables... Está evidenciado que las verificadoras permitieron la sobrefacturación. El entendimiento y la comunidad de intereses entre las verificadoras y algunos importadores, dieron lugar a certificados no limpios y sobrefacturación.

Este caso, prácticamente cerrado, demostró que la verdad de la prensa siempre estuvo por delante de la verdad procesal o judicial, de manera que rápidamente se olvidó que alguna vez cuatro empresas verificadoras internacionales operaron en Venezuela.

Nico el molinero

Con diez días de anticipación, el 15 de mayo de 1989, El Nacional anunció que el Juez Instructor del Caso, Luis Guillermo La Riva López, tomaría medidas judiciales que se desprenderían del expediente del sector Alimentos, específicamente del área de molinos de trigo.

Efectivamente, aún cuando había cesado la primera etapa de La Agenda Secreta de Recadi -que se prolongó desde el 31 de marzo hasta el domingo 14 de mayo, cuando se presentó un primer resumen con todo lo denunciado y los resultados hasta ese momento ocurridos a nivel de justicia-, el periódico alertó a sus lectores que el cierre temporal de la campaña de ningún modo significó que no se siguiera investigando e informando en torno al escándalo.

Por el contrario, la segunda fase diaria y sistemática de la Agenda se extendió desde el martes 23 de mayo hasta el 5 de julio siguiente. La razón que privó para que el equipo se tomara una semana de relativo descanso fue el cansancio y la necesaria revisión de otros documentos y expedientes en nuestro poder. A pesar del alerta público, fuimos criticados. Por ejemplo, el martes 16 de mayo, Miguel Angel Capriles, en un editorial de El Mundo, acusó que a El Nacional se le había "enfriado el guarapo" . Mucha gente pensó igual que él.

Lo cierto es que para la semana intermedia transcurrida entre el lunes 15 y el martes 23 de mayo, se dejaron algunos trabajos escritos. Uno de ellos fue la página D-1 del 15 de mayo, anunciado los autos de detención contra los molineros. En ese momento ni nos pasó por la cabeza que una de las decisiones judiciales habría de recaer sobre el conocido empresario Nicomedes Zuloaga. Mucho menos sobre un futuro Ministro de Economía del nuevo gobierno argentino de Carlos Menem: Néstor Mario Rapanelli.

Ocurrió que nos "pusimos" en varios de los informes en los que el Juez La Riva estuvo centrando las indagaciones sobre el uso de dólares preferenciales para las importaciones de trigo.

Había uno levantado por la Comisión de Economía del Senado de la República, presidida por Angel Reinaldo Ortega, de Acción Democrática, y otros dos elaborados por la Dirección de Inteligencia y Resguardo Nacional de las Fuerzas Armadas de Cooperación.

Un cuarto informe, verdaderamente importante, sirvió de base a todos los anteriores y marcó la investigación que desde el 21 de marzo de 1986 adelantó el Senado de la República: un estudio elaborado por profesores y alumnos del Post-grado de Economía Agrícola de la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela. El 21 de marzo de 1986 el Decano de esta Facultad, Manuel Rodríguez Mena, junto con los profesores del curso: Alfredo Van Kesteren, Armando Martel y Bernardo González, solicitaron a la Comisión

115

Parlamentaria "investigar todo lo relacionado con la importación, transformación, industria y comercialización del trigo y sus productos derivados en los últimos años" .

Basaron su petitorio en dos aspectos centrales: un crecimiento progresivo y constante del consumo de trigo, en detrimento de otros cereales nacionales; y las importaciones de trigo que venían ocurriendo (con dólares preferenciales) a precios extremadamente altos y muy superiores a los de referencia que regulan y privan en el mercado internacional. En realidad, había otras conclusiones pero nos pareció que estos fueron los alegatos más notorios.

La investigación del Senado duró prácticamente un año, puesto que en marzo de 1987 se produjo un voluminoso informe analítico, recopilatorio de todas las actuaciones, y se concluyó, entre otras cosas, en las siguientes: se transgredió el ordenamiento legal y jurídico de la República "relativos a la economía, las relaciones económicas y la apropiada supervisión y control por parte del Estado" , en cuanto a las importaciones de trigo.

- En buena parte, la documentación oficial -dice el informe del Senado- que emiten los órganos competentes con motivo de otorgar Delegaciones de Importación, Conformidades de Importación y Autorizaciones para Retiro de Divisas, y en la información que suministra el importador, aparece una descripción insuficiente del producto objeto del trámite o adquisición, indicándose en muchos casos sólo el tipo de trigo sin su grado nutricional, o señalándose solamente la palabra Trigo.

En la página que divulgamos ese 15 de mayo, titulada: "Juez de Recadi dictará medidas contra directivos de molineras" , escribimos que el magistrado "tomará varias decisiones judiciales contra directivos y funcionarios de las empresas Monaca, Gramoven, Mocama, Molvenca, Mimesa, Sahiv, Molinarca, Halaca, Monguaca e Hidalgo, todas afiliadas a la Asociación de Molinos de Trigo; y a las firmas independientes Molorca, Pastificio Universal, La Lucha y Gofio Canario."

El Juez La Riva venía recopilando informaciones fundamentales, en tanto que había encontrado indicios suficientes para cuestionar judicialmente las importaciones de trigo provenientes de Estados Unidos, Canadá, Argentina, y la Comunidad Económica Europea.

El viernes 19 de mayo fueron citados a declarar al tribunal los representantes de Gramoven, Molinos Guacara y Monaca. Pero el domingo 21 de mayo, los directivos de Asotrigo montaron una rueda de prensa dominical en la que trataron de rebatir el informe de la UCV. Este día insistieron en que la investigación del Senado había terminado, no obstante que el Juez La Riva mandó prohibir la salida del país a los empresarios del ramo.

Fue el viernes 26 de mayo cuando el Instructor La Riva dictó nueve autos de detención en contra de Nicomedes Zuloaga, Salvador Armada, Néstor Mario Rangonelly -así quedó registrado el nombre del futuro Ministro de Economía Rapanelli en el libro del Tribunal-, y Oleg Williamsom de la empresa Gramoven; Giácomo Calabresse Vesce, de Molinos Guacara; Ricardo Ponce de León, presidente de Monaca; Vicente Vegas Soko y Michael Stewart Denger, de Pillsbury; y Héctor Aníbal Hidalgo, presidente de Molinos Hidalgo.

La noticia confirmó la primicia de El Nacional de una semana atrás, pero constató que algunos de los señalados ya habían abandonado el país, para variar. La decisión del Juez se basó en contrabando y malversación de fondos públicos, según la Ley de Salvaguarda.

- La reactivación del caso Gramoven y mi auto de detención obedecen a motivos políticos -declaró Nicomedes Zuloaga en sus últimas horas de libertad-. En Venezuela estamos sometidos a la teoría de algunos adecos corruptos que dicen que la supervivencia de los ladrones adecos es indispensable para la supervivencia del partido y de allí la maniobra de tirar cortinas de humo. El Juez forma parte del mismo partido, que lo llevó a la Presidencia del Colegio de Abogados.

116

Por su parte, el mismo día La Riva respondió: "Lo que pasa es que a lo mejor el doctor Zuloaga lo que quiere es que yo me inhiba, y no lo voy a hacer, porque no hay razón, causal moral ni procesal para que me inhiba. Yo dicté una decisión de acuerdo a lo que pienso. El procesado puede ejercer los recursos que le consagran la Constitución y las leyes" .

Este día acompañó las declaraciones iniciales de Zuloaga, el conocido empresario Alfredo Paúl Delfino.

- Los verdaderos culpables y que no están presos son Jaime Lusinchi y Blanca Ibáñez -exclamó sin pepitas en la lengua-. Estamos contemplando un terror judicial, legislativo y una farsa que ya llega a extremos intolerables.

Por la noche, el gremio de molineros agrupado en Asotrigo se reunió de emergencia y en secreto, con el fin de evaluar la situación y diseñar la estrategia a seguir.

Mientras que los autores del informe de la Universidad Central convocaron a un foro que se efectuó el 19 de mayo en la Sala A del Ateneo de Caracas, para "responder la intensa campaña de las empresas comprometidas en el caso" . Insistieron en que si los controles de Recadi y el BCV hubieran funcionado, como lo establecía la legislación cambiaria, se pudieran ahorrar unos 100 ó 150 millones de dólares en favor de las reservas internacionales.

Nicomedes Zuloaga, ex-embajador de Venezuela en Argentina cuando el gobierno de Lusinchi, se entregó el viernes 26 de mayo sobre las cinco de la tarde, e inmediatamente fue trasladado al Retén de El Junquito, donde permaneció 132 días en cautiverio.

La Agenda pudo obtener y luego publicar, el 1 de junio, uno de los documentos levantados por el Servicio de Inteligencia y Resguardo Nacional de la G.N.

En el mismo, el Comando de Operaciones de las Fuerzas Armadas de Cooperación, dio a conocer los resultados de una inspección que realizaron sus miembros por las ciudades norteamericanas de Minneapolis, Nueva Orleans y Washington, en julio de 1987. Suscrito por el General de Brigada (GN) Elías Ricardo Tarbay Assad, el coronel (GN) Orlando Hernández Villegas (el mismo que viajó a Ecuador), el teniente (GN) Alfredo Vásquez Tarbay, y el doctor Erwin Thomas; el papel de 13 folios concluyó que en el proceso de importación y comercialización de trigo con dólares preferenciales "Venezuela compró dicho producto en las peores condiciones del mercado" , coincidiendo plenamente con el informe de la UCV. Por otra parte, que si en el momento de la inspección se hubiera resuelto aplicar un sistema de trueque en el que estaba interesado el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las importaciones pendientes podrían generar ahorros por unos 50 millones de dólares, cosa que no ocurrió.

El 2 de junio el diputado Oswaldo Alvarez paz, de Copei, denunció al juez Luis Guillermo La Riva, autor de la detención judicial de Zuloaga, desempolvando expedientes del año 1967, cuando el magistrado, siendo militar, habría instigado un magnicidio contra el Presidente de la República de entonces, Rafael Caldera. Solicitó públicamente que La Riva fuera sustituido e investigado por el Consejo de la Judicatura.

- El Juez -afirmó Alvarez Paz- no está capacitado ni jurídica ni éticamente para conducir el proceso.

El candidato a ocupar la gobernación del Estado Zulia, también presentó la copia de una carta dirigida por los integrantes de la Fundación La Riva, integrada por hermanos y por el propio Juez de la causa, donde acosaban como abogado, al ex-ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua, representante legal de la empresa Vencemos, y referida a un litigio entre terrófagos, donde la citada sucesión pidió 12 millones de bolívares para indemnización de algunas tierras sujetas a expropiación.

Un asunto particular entre una sucesión familiar y una empresa privada, nos pareció, estaba siendo utilizado para provocarle presiones al Juez, centro de atención del Caso Recadi. Pero las denuncias contra La Riva, casualmente, provenían de la misma persona, el diputado Oswaldo Alvarez Paz, que el 15 de abril declaró:

117

- Los brazos y tentáculos de los diferentes sectores partidistas y las posiciones clave que ocupan en los niveles de decisión, hacen considerar la posibilidad de que las investigaciones que se adelantan sobre Recadi, no concluyan de forma optimista.

En ese momento fueron dos las versiones que se tejieron en torno al comportamiento del futuro gobernador electo del Zulia: una, que la campaña por lograr la primera posición regional estaba siendo financiada por poderosos grupos económicos muy ligados a las actividades de Nicomedes Zuloaga. La otra, que el diputado Alvarez Paz hacía juego junto con Rafael Caldera, en favor de orientar la acción judicial sobre los funcionarios de la administración y no contra empresarios importadores y mucho menos importantes como Zuloaga. Recuérdese que para el momento, el Juez La Riva también había prohibido la salida del país a importantes funcionarios de empresas automotrices y laboratorios médicos. Se temió que La Riva siguiera cargando la mano al sector privado.

La detención de Nicomedes Zuloaga colocó, sin duda, el caso Recadi en otra perspectiva. Allí comenzó la caída del Juez más odiado y conocido de Venezuela en las últimas décadas de la historia judicial.

El viernes 3 de junio, por una parte, fue trasladado en medio de una gran trifulca organizada por sus familiares al Tribunal de La Riva el empresario Zuloaga, para ser impuesto del auto de detención. Gritos, insultos, empujones, golpes y el discurso acalorado de Cachi Pocaterra, esposa de Zuloaga, marcaron la jornada.

Pero por la otra, el Juez La Riva acusó el golpe:

- El doctor Alvarez Paz es un embustero y un farsante. Yo voy a demostrar que es embustero. Lo voy a retar, para que él escoja el sitio, los documentos, la hora... Manuel Azpúrua me llamó indignado, que estaba dispuesto a declarar...

Como Alfredo Paúl Delfino había dicho que todos los jueces eran unos ladrones, La Riva lo mandó a arrestar por 36 horas. Entonces tenía presos a dos Amos del Valle.

El 4 de junio, Nicomedes Zuloaga planteó en un foro con Alfredo Peña que había "que sacar las ratas de Acción Democrática" .

El diputado Oswaldo Alvarez Paz volvió a la carga el domingo 4 de junio: "Me gradué en la Universidad del Zulia de Abogado y no sé dónde se graduó el Juez La Riva. Tuve los mejores profesores y maestros, ejercí junto a jueces de verdad y no con payasos. La Riva no se respeta a sí mismo" .

El compañero de armas de La Riva, Mayor Rafael Angel Terán Barroeta, explicó el 5 de junio que "Oswaldo Alvarez Paz, basándose sólo en una hoja del expediente de La Riva, pretende desprestigiar la persona de este notable legislador, desconociendo de la manera más clara el resto de su historial" .

El cuadro descrito también provocó que el Juez La Riva se desmoralizara y no ocultara este sentimiento, ni siquiera, ante los representantes de la prensa. El 6 de junio expresó:

- Como juez no debería decirlo, pero creo que la investigación de Recadi no va a llegar a ninguna parte, y ninguna investigación donde se pretenda encubrir a algunos privilegiados puede llegar a ningún sitio si continúan las presiones.

El 7 de junio la actividad rutinaria del XXXVII Penal se interrumpió. Una manifestación de estudiantes de leyes de la Universidad Católica Andrés Bello llegó a las puertas del juzgado de La Riva. El líder del grupo, Gustavo Cedillo Vaz, experto en derecho militar, denunció que Oswaldo Alvarez Paz había violado el reglamento sobre documentos militares.

118

Siempre aprovechando, como parte de su ofensiva particular, cualquier entrevista solicitada por un medio de comunicación, Nicomedes Zuloaga declaró el 9 de junio que "la carta de Meneses era un documento importantísimo" .

El mismo día de la anterior declaración, en La Agenda Secreta publicamos el segundo informe preparado por la Oficina de Inteligencia y Resguardo Nacional de la Guardia Nacional. Se señaló que el escrito concluyó en que había un sobreprecio por casi 5 millones de dólares en las importaciones de trigo realizadas por la empresa Gramoven, de la que fue presidente Néstor Mario Rapanelli. En ese documento de 15 folios estaba recogido el testimonio de quien después fue un frustrado ministro de Economía argentino, cuadro importante de la transnacional Bunge and Born Corporation, inversionista de Gramoven.

Este expediente fue abierto por órdenes expresas del Comandante de la Guardia Nacional de entonces, General Luis Ramón Contreras Laguado, y estuvo escrito por el Teniente Coronel Orlando Hernández Villegas (el mismo del viaje a Ecuador), el Subteniente Eddie Ramírez Moyeda, el Subteniente Pedro Javier Dávila Rodríguez, el funcionario Ernesto Bracho, por el Teniente Alfredo Vásquez Turbay y por el General Elías Tarbay Assad. Es decir, casi los mismos que realizaron la inspección por varias ciudades de Estados Unidos.

El 15 de julio, el Juez La Riva envió los recaudos del caso de los molineros al Tribunal Superior de Salvaguarda, presidido por Ortiz Bucarán. La finalidad, conocer la apelación de los señalados, muchos de los cuales se defendían en ausencia.

Luis Piñerúa Ordaz volvió a figurar en esta historia el 17 de junio, cuando declaró: "sería muy grave que una vez remitidos al Superior los expedientes en manos del Juez La Riva, bien sea para continuar su investigación o para conocer decisiones apeladas, se cayera en el congelamiento o la inanición que contraste con el dinamismo que le ha dado al caso el Tribunal de Primera Instancia. Las actuaciones del superior no sólo deberán, en consecuencia, ser cristalinas, sino oportunas, para que la opinión pública no se sienta defraudada."

Como el asunto estaba tomando un giro que podía tocar intereses fundamentales, especialmente críticas gremiales al sector empresarial, el Presidente de Fedecámaras, Eddo Polesel le cargó la mano al Juez La Riva y a los parlamentarios de la Comisión Especial del Congreso.

- Observamos que en las investigaciones -dijo el 30 de junio- que se realizan, como en las opiniones e informaciones que a diario se producen, se presentan situaciones que están afectando la seriedad y pueden comprometer la objetividad de los resultados... Tales investigaciones deben realizarse sin desviaciones de los órganos institucionales que deben practicarlas, ni distorsiones en la aplicación de los mecanismos legales.

Paralelamente, el presidente de la sub-comisión alimentos de la Comisión Especial del Congreso, Diputado Alexis Ortiz (independiente-Copei), refirió el 13 de junio que varias empresas del ramo estaban sujetas a investigación, más que esto no significaba una acusación a priori. Se trató de Alimentos Souto, Balanceados Super Integrados C.A., Le Biscuit, Margarita C.A., Heinz, Kraft, Turagua, Protinal, La Caridad, Balanceados Vivas, Adda´s y Kellog´s. El 4 de julio Nicomedes Zuloaga asistió a entregar un voluminoso expediente en el Tribunal Superior de Salvaguarda. Dijo que confiaba con que le revocarían el auto de detención.

El martes 18 de julio fue nombrado Ministro de Economía por el nuevo Presidente Argentino, Carlos Menem, un cuadro importante de la transnacional Bunge and Born: Néstor Mario Rapanelli, quien había ocupado por delegación de la directiva las labores de presidente de Gramoven, durante 1 año y 8 meses.

Al día siguiente, el Juez La Riva ratificó que el auto de detención contra el ministro argentino estaba plenamente vigente.

Pero el Presidente de Argentina, Carlos Menem, al dar una rueda de prensa en el Palacio Rosado, sede del gobierno, el mismo 19 de julio, asumió la defensa de Rapanelli, y dijo que "el ministro tiene en su poder

119

documentación de la fiscalía nacional de investigaciones de ese país y está totalmente sobreseído" . Cosa totalmente incierta.

Mientras tanto, Luis Guillermo La Riva pidió al Consejo de la Judicatura que investigara las declaraciones suministradas en Buenos Aires por el diputado Peronista, Eduardo Varela Cid, quien afirmó que el Juez XXXIII Penal "estaba ligado al narcotráfico" .

El Canciller argentino, Domingo Cavallo, el 11 de agosto, descartó cualquier maniobra de extradición para Rapanelli y exaltó que en Venezuela los poderes estaban plenamente divididos, por lo que el Presidente Carlos Andrés Pérez no podía interferir en la administración de justicia.

Volviendo a Caracas, el 21 de agosto, el Magistrado Enrique Sánchez Falcón, miembro del Tribunal Superior de Salvaguarda y ponente en el caso de Nicomedes Zuloaga planteó inhibirse de emitir criterio, "porque me siento injuriado por las expresiones de sus defensores" .

- He sido injuriado, he sido difamado. Se me ha dicho que estoy en connivencia con algunas otras personas para dictar una decisión que no es la que ellos esperan. He tenido entrevistas bastante fuertes con los abogados de Zuloaga, las cuales no se corresponden con lo que debe ser una relación jurídica...

En la misma rueda de prensa, donde además estaban los otros dos integrantes del máximo Tribunal de Salvaguarda, Silvestre Ortiz Bucarán y Carmen Alaide Mazzarri, se informó que habían confirmado los autos de detención a los ciudadanos chinos Ho Fuk Wing y Ho Fuk Shuk y con la misma se le dictó autos de detención a los funcionarios de la aduana Marítima del Puerto de La Guaira: José Ignacio Alvarez, Félix Sánchez Sánchez, Mireya del Valle Martínez de Guarino, y Lilian Josefina Escobar Ceballos, por el delito de expedición indebida de documentos, en el mismo expediente de las empresas fantasmas de los chinos.

Pero, por otra parte, se revocaron los autos de detención a los empleados del Banco Italo: Lola Consuelo Ardila Vezga, Ana Gioconda Gil Balza, Pablo Antonio Mata Cedeño y Angelo Tiso Meola, junto al de Nina Giovanna Calazza, empleada de la verificadora Société Générale Surveillance, en tanto que los delitos de peculado culposo y falso testimonio no estaban plenamente comprobados en el expediente instruido por el Juez La Riva. Todos estos personajes estaban presos desde el mes de mayo de 1989.

El mismo día se conoció que le fueron dictados autos de detención, confirmando al XXXVII Penal, a Francisco Elías Moya, José Ruiz López y a José Nicomedes Molina Utrera, también por expedición indebida de documentos y aprovechamiento de fondos públicos en importación de vacas.

Ya para el 5 de octubre de 1989, el Juez La Riva, reducido su ámbito de competencias solamente al Sector Alimentos, ordenó investigar a los importadores de maíz y sorgo, donde figuraba nuevamente la empresa Gramoven.

Pero el mismo día el Tribunal Superior de Salvaguarda revocó el auto de detención al empresario Nicomedes Zuloaga quien tras 132 días detenido en el retén de El Junquito, volvió a recobrar su libertad. Sus primeras palabras fueron: "demandaré a La Riva" .

- Yo pienso todavía que los culpables deben ser castigados. Por ahora queda demostrado como se han manipulado los expedientes y es reivindicado el nombre de Nicomedes Zuloaga.

Pero en el otro lado de la ciudad, el Juez La Riva, nuevamente desanimado, ripostó:

- El caso Recadi está como el mamón macho que florea, pero no carga. Estoy decepcionado porque aquí no se puede ser Juez. Las presiones son demasiadas y persistentes. Pienso que los miembros del Tribunal Superior tendrán que tomarse un calmante para poder dormir tranquilos. Yo, por mi parte, tengo mi conciencia tranquila, aunque me duela admitir que el caso Recadi penalmente está muerto.

120

Al día siguiente, el 6 de octubre, los integrantes del Superior oficiaron al XXXVII Penal y le notificaron que le revocaban su competencia para seguir conociendo del expediente del Sector Alimentos. Fue pasado, el mismo, al Tribunal XXVI, a cargo del magistrado Braulio Sánchez. No se sabe si fue por la calentera que agarró, pero lo cierto es que Luis Guillermo La Riva fue operado de una afección intestinal ligada con una amibiásis, al día siguiente de producirse la liberación de Nicomedes Zuloaga. Pero la ofensiva de los abogados del Amo del Valle no se detuvo con motivo de hacerse efectiva la libreta de excarcelación. Uno de éstos, Ramón Rangel Mantilla (sobrino del ex-ministro de Agricultura y Cría de Lusinchi, Wenceslao Mantilla) anunció por prensa que iba a denunciar al senador de su mismo partido Acción Democrática, Angel Reinaldo Ortega, ante el Tribunal de Etica de AD. Ortega, como ya dijimos, coordinó la investigación contra los molineros desde la Comisión de Economía del Senado.

En el interín, el Presidente Carlos Andrés Pérez viajó a Buenos Aires a reunirse con su colega Carlos Menem. Desde allá las agencias internacionales recogieron las palabras dichas por el Primer Magistrado Nacional a los periodistas locales, en el sentido de que el Ministro de Economía, Néstor Mario Rapanelli, había sido absuelto también. El Tribunal Superior de Salvaguarda se vio obligado a reafirmar en Caracas que esta causa todavía estaba sin concluir. CAP, a su regreso aclaró que él no había dicho que Rapanelli había sido exhonerado de responsabilidad.

El 16 de diciembre todas las agencias internacionales dieron cuenta de que el Ministro de Economía de Argentina, Néstor Mario Rapanelli, fue excluido del gabinete y sustituido por Antonio Ermán González.

La versión de la agencia AP presentó el tema así: "El gobierno argentino, en un esfuerzo por restaurar la confianza en su deteriorado programa económico, anunció una reestructura del gabinete, que incluye el alejamiento del cuestionado ministro de Economía, Néstor Mario Rapanelli. La suerte de Rapanelli quedó sellada como secuela de una delicada crisis que provocó la abrupta caída del austral con relación al dólar, en un 54 por ciento en tan sólo cinco días" .

Previamente en Caracas, el presidente de la Comisión Especial del Congreso que investigó el Caso Recadi, hizo público el informe preliminar y en éste, se señaló lo siguiente con respecto al Sector Alimentos:

- Suponemos una estrecha relación entre el importador y el proveedor extranjero, que en todo caso propiciaba la sobrefacturación, con el concurso o la negligencia de los funcionarios encargados de aprobar las sumas solicitadas, al no verificar los precios unitarios a través de consultas en las bolsas de cereales ubicadas en Buenos Aires, Chicago, Minneapolis, Kansas City, etc. Esta falta de verificación de los precios internacionales de los insumos del Sector Alimentos, propició que se otorgaran grandes sumas de divisas sin verdaderos controles, auspiciándose así las transferencias de ganancias al exterior, en detrimento del Estado venezolano.

En el interrogatorio al que fue sometido Néstor Mario Rapanelli en Caracas por los agentes de Inteligencia y Resguardo Nacional de las Fuerzas Armadas, a partir de las cuatro de la tarde del 2 de septiembre de 1987, recogido en uno de los dos documentos en los que el Juez La Riva basó la decisión contra los molineros, se lee lo siguiente:

- En respuesta a la pregunta de cómo explica que en el embarque del vapor Atlantic Hero, que de acuerdo al boletín de Analysis del Thionville Laboratories Corporation, presentó una proteína de 14,1 por ciento y Gramoven, en la orden de compra solicitó un trigo con mínimo de 14 por ciento y en el formulario de Molienda Experimental realizado en los laboratorios de la empresa Gramoven se aprecia una proteína de 13,2 por ciento: (Rapanelli), manifestó que ignora situaciones tan particulares como las referidas a ese barco... (Rapanelli) no tuvo explicación para explicar la disparidad de los datos.

Más recientemente, a propósito de los autos de detención a los ex-funcionarios del gobierno de Jaime Lusinchi, el juez Braulio Sánchez, XXVI Penal, reveló como nuevo Instructor Especial del expediente del Sector alimentos, que había abierto nuevas averiguaciones contra las empresas: Agropecuaria Los Cueros, La Laguna, Inversiones Gussi y Agropecuaria Gussi (22-2-1990).

121

Las ensambladoras de dólares

Desde mayo de 1989 el Juez Instructor del caso, Luis Guillermo La Riva López, comenzó a investigar a todas las ensambladoras de automóviles, sector que consumió el más alto nivel de divisas preferenciales. Aproximadamente unos 6.000 millones de dólares, según el Diputado Leonardo Montiel Ortega. Aunque el Presidente de la Cámara Automotriz de Venezuela, Germán Pérez Díaz, aseguró que la cifra estaba en el orden de los 3.716 millones de dólares, consumidos por los afiliados: Toyota, Fiat, Ford, General Motors, Renault, Mack, Jeep y Cif-Diasa.

El grueso del expediente sectorial en manos de La Riva estuvo sustentado en el hecho de que el comportamiento operativo de las ensambladoras en los últimos años, supuestamente no correspondía, en principio, con el sacrificio fiscal -entiéndase aprobación de divisas preferenciales- que el Estado Venezolano hizo por la industria importadora de partes y repuestos.

Pero, ¿en qué se basaron las diversas denuncias que reposaban en el XXXVII Penal? El Magistrado Luis Guillermo La Riva tenía en sus manos tres tipos de documentos.

1) Los referidos a una presunta sobrefacturación global en el sector por el orden los 125 millones de dólares.

2) Los que advertían sobre una supuesta posibilidad de que las empresas ensambladoras no hubieran cumplido exactamente con el programa de unidades de exportación sustentado en la importación de CKD (armazones) con dólares preferenciales.

3) Los que referían en torno a una posible falta de correspondencia entre la política automotriz, con el esfuerzo fiscal del Estado y la escasez de repuestos, la ausencia de unidades producidas suficientes para cubrir el mercado y el aumento desbordado de los precios de los automóviles.

El otro aspecto que quería clarificar el Juez La Riva fue el concerniente a un conjunto de datos que apuntaban a los funcionarios que, desde el Banco Central de Venezuela, manejaban directamente la entrega de divisas a las empresas ensambladoras. Algunos de éstos renunciaron y otros fueron despedidos del Instituto Emisor con prestaciones dobles, casualmente. Pero el conjunto dependió de la Gerencia de Administración Cambiaria, al frente de la cual estuvo Carlos Hernández Delfino, funcionario denunciado por el diputado de Ora, Jorge León Díaz.

El caso sectorial comenzó a tomar calor cuando el Juez, el 26 de abril prohibió salir del país a Joseph W. O´Neill, presidente de Ford; John Werner, presidente anterior de Argenis Gamboa de la General Motors; Carlos Siso Paván, presidente de Tocars; y Bernardo Brum, gerente general de Fiat.

Un día después Cavenez publicó un remitido en todos los periódicos de circulación nacional donde se afirmó que "las empresas ensambladoras afiliadas a esta Cámara, operan en Venezuela desde hace más de dos décadas, con cuantiosas inversiones y sus transacciones de importación han estado siempre bajo la más rigurosa supervisión de los organismos gubernamentales, desde mucho antes de que fuese decretado el Régimen de Cambios Diferenciales (Recadi). En ningún caso se trata de negocios establecidos con el objeto de beneficiarse, indebidamente, de los mecanismos cambiarios... Queremos manifestar nuestra preocupación por el manejo precipitado e indiscriminado que pudiera darse a esta situación, lo cual perjudicaría la imagen de seriedad de las empresas integrantes de esta Cámara y de las personas que las dirigen" .

- Los dólares preferenciales que se dieron a la industria -declaró el 22 de mayo Germán Pérez Díaz en el Tribunal XXXVII Penal- fueron para favorecer a los consumidores. Los precios y su estructura están bien claras, las tiene el Ministerio de Fomento.

El sábado 3 de junio se corrió la bola de que La Riva iba a dictar autos de detención a directivos y ejecutivos importantes de todas las empresas automotrices. Ello no ocurrió.

122

El Diputado Leonardo Montiel Ortega se apareció muy temprano en la mañana del martes 6 de junio en la Policía Técnica Judicial, donde el Juez estuvo varios meses despachando por la huelga de los trabajadores tribunalicios, consignando un documento donde rebatió las cifras de Cavenez.

- El congreso también es culpable de no haber tomado en cuenta mis denuncias del 7 de mayo de 1986, cuando reclamamos y denunciamos que Recadi era un foco de corrupción y todavía se podía corregir. Escribí a Lusinchi poniéndole una ley contra los ilícitos cambiarios. Las ensambladoras, que recibieron más de 6.000 millones de dólares preferenciales no le pagaron un centavo de impuesto sobre la renta al Estado.

Una vez más, el 12 de junio, La Riva renovó la prohibición de salida del país a los jefes de las compañías automotrices, pero específicamente a los presidentes de Ford, General Motors y Tocars, Cornelio Koreman, Argenis Gamboa (ex-presidente de Sidor y de la Corporación Venezolana de Guayana en el anterior gobierno de Carlos Andrés Pérez) y Alfredo Behrens Dala Costa.

El Diputado Carlos Tablante denunció a la empresa Tocars por haber sido favorecida con la entrega de dólares preferenciales, en detrimento de las demás ensambladoras.

El caso involucró a Héctor Meneses, ex-ministro de Fomento; Eduardo Rafael Behrens Linares (director de operaciones de Recadi); Ana Teresa Herrera Balduz, directora de Recadi, por tráfico de influencia.

Alfredo Behrens Reverón, director de la empresa Tocars-Toyota luego de aclarar que nada tenía que ver familiarmente con el legendario Eduardo Rafael Behrens Linares (de quien nunca se supo si había sido Director de Operaciones o Director General de Recadi, o ambas cosas a la vez), precisó el 14 de junio que Tocars estaba obligada "a actuar de manera transparente frente al país" , porque era la única cien por ciento venezolana.

Guillermo Zuloaga, primo-hermano de Nicomedes Zuloaga y vicepresidente de ARS Publicidad a quien habíamos conocido en el pasado reciente, agencia que llevaba la cuenta promocional de Toyota, propició un encuentro entre Alfredo (Boro) Behrens Reverón y este redactor en su oficina. Allí escuchamos una larga presentación del ejecutivo de Tocars en la cual rebatió, desde su punto de vista, la denuncia interpuesta por Tablante en su contra.

Se argumentó que la acción no tenía fundamento, porque la conformidad de importación número 1724-055411 del 25 de noviembre de 1984, autorizada por Héctor Meneses y cuyo monto ascendió a 8 millones de dólares preferenciales, sí fue descontada del presupuesto de divisas correspondiente a 1987. El punto de discordia fue ése: había sido o no descontado el adelanto que se convino con las ensambladoras en general.

Tablante, por su parte, señaló varias veces que no había ningún papel oficial en Hacienda o Recadi que dijera que el descuento por anticipo se hubiera efectuado.

El Presidente de General Motors, Argenis Gamboa, acudió a declarar ante La Riva el 21 de junio. Antes lo hizo por haber sido presidente de Jeep de Venezuela.

El jueves 3 de julio, el Juez La Riva dictó auto de detención a los directivos de Ford: Cornelio Koreman, José Bisogno, Emmanuel Cassigena y Alfredo Guadarrama, ya había abandonado el país. Estaban en Aruba y Curazao.

Desde la ensambladora, ubicada en Valencia, el 5 de julio se emitió un comunicado, donde se expresó que "la Ford no puede hacer comentarios sobre el contenido de la decisión judicial del Juez Luis Guillermo La Riva, contra directivos de la empresa... En todo caso las cuentas de la Ford están completamente claras. Naturalmente que los resultados exigen una explicación judicial, la cual hasta el momento desconocemos. Ford

123

Asumirá la defensa responsable y sin duda alguna, la situación será aclarada por cuanto nada tiene que temer y ocultar" .

Como después el Juez la Riva cayó en desgracia por el caso de Nicomedes Zuloaga, a partir del 17 de julio el Juez XXVIII, Efraín Medina, se encargó de todos los expedientes industriales, menos laboratorios y medicinas. Nunca se supo que tomara alguna decisión que profundizara esa del Juez La Riva.

En el informe preliminar entregado por el diputado Douglas Dáger al Congreso, al abordar el sector automotor se señala lo que a continuación revelamos:

- Durante el desarrollo de las actividades de revisión y análisis se pudo determinar la existencia de facturas por concepto de adquisición de material de Ensamble Importador (MEI) procedente de Canadá, Estados Unidos, Brasil, que incluyen gastos denominados: logística de importación, fletes internos o cargos por manejo, conceptos éstos extraños a los previamente solicitados y convenidos en las órdenes de compra emitidas por la empresa y que sirvieron de base a Recadi para expedir las correspondientes conformidades de importación. Asimismo, constituyeron el elemento para establecer el parámetro limitativo entre el valor FOB, el número de unidades objeto de importación y las demás condiciones establecidas para cada caso en particular. Consecuencialmente, los precios unitarios resultaron alterados e incrementados en la misma medida en que las divisas otorgadas fueron utilizadas para atender gastos que se encontraban incluidos en el valor FOB de la mercancía... todo lo cual configuraría un sobreprecio, resultante de importar realmente una cantidad menor de material CKD en contraposición a los volúmenes que indicaban en la cotización o factura pro-forma.

Las vacas del exterminio

En enero de 1985, el Presidente de Los Estados Unidos, Ronald Reagan, aprobó al Departamento de Agricultura (USDA) el Termination Program (Programa de Exterminio) de 1 millón de vacas holstein. La finalidad no fue otra que eliminar, mediante una programación precisa, un severo problema de sobreproducción lechera.

El interés del gobierno norteamericano era tan urgente que, incluso, instituyó un subsidio especial de compensación para que los ganaderos de los 56 Estados de la Unión salieran rápidamente del número de cabezas de ganado antes señalado: 1 millón de la especie holstein.

El destino fundamental del programa de exterminio era México. De tal manera que de todas partes de los Estados Unidos se enviarían lotes de animales al Estado de Florida, específicamente a Miami, desde donde saldrían a su destino por vía aérea y marítima.

En Florida, el profesor Dave E. Bruch, asistente del Area Veterinaria del Departamento de Agricultura de este Estado se encargó de los procedimientos de importación interna y de exportación global. Así las cosas, Bruch diseñó un formato denominado "Certificado de Declaración" , cuyo texto fue el siguiente: "las vacas lecheras anotadas en esta lista de certificado son parte del Programa de Terminación de Leche del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica. El objetivo del programa es reducir el número total del ganado lechero en los Estados Unidos, para contrapesar la superproducción de Leche" .

El referido procedimiento comenzó de inmediato y los ganaderos norteamericanos -frente al atractivo del incentivo establecido- no vacilaron en salir, primero, del ganado holstein más viejo y deteriorado. Así como el destino fundamental del programa era México, Venezuela no estaba contemplada en el mismo.

De acuerdo con la documentación suministrada por el Diputado del MAS, Orlando Fernández, a propósito de un viaje a Miami, "muchas de estas vacas holstein fueron compradas en subastas y rodeos en el Estado de Florida, para ser embarcadas hacia México, pero fueron, a su vez, desviadas a Venezuela vía Panamá."

Los precios de venta oscilaron, en promedio, entre 30, 40, 50 y 60 centavos de dólares por cada libra de peso del animal.

124

El Diputado Fernández entregó a este redactor una copia del acta firmada por él, por Gerardo T. Thielen, Cónsul de Segunda Autorizado por el Cónsul General de Venezuela en Miami; y por Anelo Segundo Espinoza (el mismo que hizo la investigación inicial de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana), Segundo Vicecónsul y Delegado Especial del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; donde se recoge un resumen de las conversaciones sostenidas por este equipo investigador con el profesor Dave E. Bruch, coordinador del programa de exterminio.

La plática con el profesor Bruch se realizó, fundamentalmente, el 19 de mayo de 1989. El acta señaló que el grupo se trasladó "a varias partes de la ciudad a indagar sobre la exportación de ganado hacia Venezuela" .

Más adelante, el documento reseña que "la primera visita se efectuó al señor Julio Suárez, de la compañía "Suárez Shipping Services Inc." ... En dicha entrevista, el señor Suárez manifestó que tenía poca información, pues solamente se limitaba a recibir bienes a ser importados, por lo tanto no podía hablar de precios ni de otros particulares" .

El aparte continúa destacando que "nos refirió al doctor Dave E. Bruch, quien es el asistente al jefe del Departamento de Agricultura... Con el doctor Bruch indagamos sobre los Certificados de Exportación de Ganado a Venezuela que reposan en dicho despacho. El doctor Bruch nos hizo entrega de algunas copias de certificados de inspección de animales..."

La información señaló que "Bruch nos indicó que el gobierno tomó una determinación hace cuatro o cinco años, de establecer un programa de eliminación de 1 millón de cabezas de ganado lechero para nivelar la sobreproducción existente para ese momento. En confirmación de esto, el doctor Bruch nos entregó una copia de la planilla hecha por él mismo en 1986, en nombre del Departamento de Agricultura. En cuanto a los precios, indicó que ese departamento no tiene ese tipo de control, pero nos entregó fotocopias de direcciones y teléfonos de algunas oficinas que nos podrían orientar al respecto" .

El grupo, en consecuencia, sostuvo reuniones con los siguientes organismos: The American Shorthorn Association ("en dicha asociación informaron que su ganado solamente se vendía en subastas" ); The Holstein-Friesan Association of America ("donde nos informaron que los precios de su ganado dependen de antecedentes, certificación y producción de los padres del animal" ). Se conversó con el director de servicios internacionales de dicha asociación, quien señaló que Venezuela no estaba incluida entre los países a los cuales se podía exportar el ganado del programa. Dejó abierta la posibilidad de que se hubiera podido exportar a Venezuela ganado destinado al sacrificio con un precio entre 50 y 70 centavos de dólar la libra.

Igualmente, el equipo sostuvo un encuentro con el Departamento de Flora y Cultivos de los Estados Unidos, desde donde se comprometió el envío posterior de una lista de precios de referencia de ganado holstein de los años 1986, 1987 y 1988, "el cual se remitiría a la Comisión del Congreso, una vez que lo reciba el Consulado General de Venezuela en Miami".

Por último, el acta en cuestión reveló que "se recomienda solicitar al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, a través de la Embajada de Venezuela en Washington, los precios de referencia de venta de ganado que este organismo subsidió para sacrificio dentro del referido programa, pues dichos datos se encontrarían diseminados en cada oficina que aprobó solicitudes de inclusión que presentaron los ganaderos" .

El profesor Dave E. Bruch entregó al Diputado Orlando Fernández y a los funcionarios consulares venezolanos, la siguiente lista de Certificados de Inspección de Animales para la Exportación, en la cual destaca que de un total de 5.747 vacas holstein importadas desde Venezuela con dólares preferenciales autorizados por Recadi, Carlos Rumbos, ex-presidente de la quebrada e intervenida Sociedad financiera de los Andrés, Finandes, y exgobernador durante el gobierno de Lusinchi del Estado Cojedes; y Alejandro Trías, presidente cuestionado de la Asociación de Ganaderos del Estado Anzoátegui y financista y protegido político de Luis Alfaro Ucero, secretario nacional de organización de AD, controlaron la importación de 3.001 cabezas de este tipo de ganado.

125

1) Nº 76809, exportado por International Supplies Limited Inc. Y consignado a Inversiones Guanarito, ubicada en Guanarito (490 vacas holstein del Estado de Florida).

2) Nº 76805, exportador por Agro System Inc. Y consignado a la Asociación Regional de Ganaderos del Estado Anzoátegui (Argea, presidida por Alejandro Trías, quien tenía prohibición de salida del país dictada por el Juez la Riva). En este caso se trató de 481 vacas holstein del Estado de Florida.

3) Nº 82002, exportado por North West Cal Farm y consignado a Carlos Rumbos, para la empresa Inversiones Agropecuarios en Valera (1.182 vacas holstein).

4) Nº 76819, exportado por International Supplies Unlimited y consignado a Pablo Sánchez González, en El Tigre, (559 vacas holstein).

5) Nº 76803, exportado por Agrotech International y consignado a Inversiones Lucerito en el Estado Barinas (409 vacas holstein del Estado de Florida).

6) Nº 98221, exportado por North West Cal Farm y consignado a Carlos Rumbos, a la misma Inversiones Agropecuarias C.A. de Valera (1.338 vacas holstein del Estado de Iowa).

7) Nº 76813, exportado por Agro Systems of America y consignado a Pedro Pérez en Tucacas, Estado Carabobo (?) (385 vacas holstein).

8) Nº 76810, exportado por Frezo International Trading Corp/Brown Swiss Enterprises Inc. Y consignado a Agropecuaria Mi Futuro en Barinitas (51 vacas holstein).

9) Nº 76761, exportado por Agro Systems of America, y consignado a Germán Urdaneta Rincón en San Cristóbal (100 vacas holstein).

10) Nº 76765, exportado por International Suppliers Unlimited Inc. Y consignado a Agropecuaria Tibisay (300 vacas holstein).

El 3 de abril, desde La Agenda de Recadi, se hizo la primera denuncia con respecto a la importación de vaquillas con divisas preferenciales. En esta nota titulada "Tengo mi vaca lechera" , firmada por nuestro compañero Fabricio Ojeda, se empezó a informar el mal estado de salud en el que se encontraban los animales holstein destinados al programa de exterminio y que vinieron a dar a Venezuela.

El viernes 29 de abril se corroboró que al país habían ingresado unas 150.000 vacas y vaquillas holstein y friesan de raza lechera que, a un costo unitario promedio, de 1.750 dólares cada una, arrojaban la importante cifra de unos 265 millones de dólares preferenciales.

Una primera clave importante en este caso fue la inspección ordenada por los Diputados Orlando Fernández (MAS) y Edgar Mora (COPEI) en la empresa Aseguradora Nacional Agrícola, adscrita al Ministerio de Agricultura y Cría, por intermedio del Instituto de Crédito Agropecuario (ICAP) y del Fondo de Crédito Agropecuario (FCA).

Aparte del ganado proveniente de Estados Unidos, también Venezuela se inundó de becerros enfermos traídos de Canadá y Nueva Zelandia, donde los gobiernos de estos dos últimos países también iniciaron programas de limpieza de rebaños que contaminaron los nuestros con enfermedades neumónicas y digestivas.

Ya para el 30 de abril el Juez Instructor la Riva había dictado auto de detención al ganadero Antonio José Grimaldi. Algunos colegas de éste, Juan Semidey, Julio Girón, Eddy Perroni, Omar Rivas, Oswaldo Correa, julio Vhalis y Mireya Ferrer, todos hacendados de Tumeremo, denunciaron que más del 50 por ciento de los animales comprados a Grimaldi habían fallecido por inadaptación e infertilidad, con problemas, además, para cobrar los consiguientes seguros sobre ventas efectuadas por encima de los 17.000 bolívares por animal.

126

El jueves 4 de mayo reaccionó Alejandro Trías Rojas desde Barcelona, en Anzoátegui.

- Orlando Fernández se hubiera podido evitar toda esa molestia si en alguna oportunidad se le hubiera ocurrido visitarme o haberme invitado a que lo viera personalmente, en Caracas, o con una simple llamada telefónica. Yo estoy dispuesto a ir a cualquier tribunal y al Congreso, si así lo creen conveniente, pues nada tengo que ocultarle al país. Pero lo que siempre me pregunto es por qué se empeña tanto conmigo y no dice nada de Luben Petkoff (legendario jefe guerrillero del pasado) y de las novillas importadas de Cuba. Eso también es interesantísimo saberlo...

Así como los recientes brotes epidémicos de dengue, estalla una cadena de denuncias por venta con sobreprecio de vacas holstein, friesan y sahiwall, por parte de ganaderos de Zulia, Táchira, Barinas, Bolívar, Anzoátegui, Monagas, Falcón, Mérida, Guárico y Apure.

El diputado Edgard Mora de Copei denunció, por intermedio de La Agenda Secreta de Recadi, el 13 de mayo de 1989, a la firma importadora de ganado B. Venca S.A., de Nicolás Bauman. Concretamente, que "existen pruebas suficientes para inferir la existencia de un gran fraude, amparado por funcionarios del Ministerio de Agricultura y Cría" .

- El primer cargamento de vaquillas importadas por la empresa llegó al puerto de Maracaibo el 1 de agosto de 1986, procedente de Nueva Zelandia. Fueron vendidas por la firma Agricultur Exports LTD y embarcadas en el puerto de Cambridge. 1.200 animales mueren en la travesía y el resto, otros 1.200, llegan enfermo sy fueron llevados a pastar a una finca ubicada en las afueras de Bailadores y Pregonero, en la frontera entre los Estados Mérida y Táchira.

Según Mora, "B. Venca S.A., pese a la situación, continúa los contactos con los ganaderos en procura de los registros de capacidad de sustentación de las fincas, documento primario par lograr las conformidades de importación con dólares preferenciales de Recadi" .

Otro embarque llegó los días 20 y 21 de abril de 1987, procedente de Nueva Zelandia, y así fueron llegando hasta completar seis embarques, que en total sumaron unas 10.000 cabezas de ganado.

El mismo Diputado denunció el 23 de junio a otra empresa de Bauman, llamada Sematec, y, posteriormente a la firma Agro-Trasandina, integrada por Pedro Mora y Guillermo Nieves (este fue el ganadero asesinado en el oriente del país, cuyo caso estaba en manos de la PTJ).

- Nicolás Bauman -señaló el diputado Edgard Mora- fue en Occidente, lo que representó Alejandro Trías Rojas en el Oriente del país.

Mientras esto ocurría en el campo de las denuncias, también se pudo constatar por una declaración del médico veterinario Pedro Casanova Ostos, ex-director de Sanidad Animal del MAC que hubo malversación de semen de toros americanos, producto de alto valor energético, el cual se trajo a Venezuela en recipientes que lo que contenían era "nitrógeno líquido" .

Entre 1986 y 1988, la Comisión de Importaciones aprobó erogaciones del orden de los 16 millones de dólares, para la importación de 1.601.162 pajuelas de semen. Pero ingresaron al país 3.202 termos por un valor de 46,5 millones de dólares preferenciales, es decir tres veces más del cupo oficial asignado.

El 3 de julio, Carlos Tablante, asesorado por el abogado Alberto Quintero, acudió una vez más al Tribunal Superior de Salvaguarda, y denunció a Sinbrand José Cárdenas Rubio, ex-director General Sectorial de Desarrollo Ganadero del MAC; Alfonso Rivas Encinozo, ex-director de Política y Mercadeo; y a Jesús Alberto Román Pernía, ex-director General de Desarrollo Agrícola; por haber autorizado un total de 5 millones 26 mil 148 dólares preferenciales a las empresas fantasmas Distribuidora Nueva Zelandia y Maquinarias Europa, para la importación de ganado y maquinaria agrícola en general.

127

El 18 de agosto, el ex-ministro de Agricultura y Cría, Wenceslao Mantilla (tío del abogado Nicomedes Zuloaga, Ramón Rangel Mantilla, quien denunció al senador Angel Reinaldo Ortega, el que adelantó la primera investigación a los molineros) fue citado al Superior de Salvaguarda para declarar en el caso de la importación de vaquillas. A la salida del interrogatorio dijo a los periodistas:

- Yo Traje la información de cómo era el mecanismo de la importación, que estaba destinada a disminuir la dependencia del exterior y la importación de leche en polvo, aumentar la producción de leche nacional y mejorar la cría nacional por la vía de la importación de vientres puros y mestizos.. Creo realmente que se han llegado a unos excesos que me parecen poco cónsonos con lo que el país quiere y con lo que el país necesita, porque están presentándonos como si todo el país fuera de bandoleros. En los cardúmenes de bagres, se dan sardinas -remató emulando un refrán de Luis Herrera Campíns.

Pero el 13 de octubre se conoció que el Juez XL Penal, Francisco Caracciolo Lamus, consideró que en la importación de vaquillas no había delito alguno, por lo que el expediente abierto a propósito de la detención de Antonio (Tony) Canavés, entre otros elementos, ocurrida el 11 de abril en Maiquetía, una vez deportado por las autoridades de Estados Unidos, quedó sepultado para la historia.

Como empresario y al margen de la famosa fiesta de los caimancitos, Canavés también recibió 14,5 millones de dólares preferenciales para la importación de novillas desde las empresas: Agroindustrial Timotes, Agropecuaria Hato La soledad, Agropecuaria Hato Santiago, Agropecuaria Los Araguaneyes, Almacenadora Intefica, Consorcio de Inversiones Canebai, Intefica Agroindustrial, Magutrading. Trajo 1.250 animales, según lo consignó en un escrito el Consejal del MAS en Monagas, Mauro Marcano.

El 14 de julio de 1989, el Juez VI Penal, Jorge Rosell, revocó el auto de detención que pesaba sobre Canavés por comercio ilícito de drogas, pero le dejó prohibición de salida del país por el caso Recadi.

A lo largo de nuestra investigación sobre la importación de ganado quedó claramente establecido que "la centrífuga de las cuatro patas" operó cuando muy pocos venezolanos, algunos están mencionados aquí otros seguramente que no, negociaron con todas las Asociaciones de Ganaderos del país y sus afiliados la capacidad de sustentación de muchas fincas, para lo cual cancelaron bolívares a los incautos, pero solicitaron dólares preferenciales para importar animales enfermos y a más bajo costo. Esto les permitió reciclar la inversión en bolívares, incumplir con los ganaderos en muchos casos, y convertir a Venezuela en un verdadero cementerio de vacas holstein, friesan y sahiwall, muchas de las cuales, enfermas, nos la comimos o nos tomamos su leche. Cantidad de ganaderos perdieron sus reales porque, cuando llegaron los animales a los Puertos de Venezuela los mejorcitos fueron rematados en la propia Aduana, como por ejemplo en la de Guanta.

El informe del Diputado Douglas Dáger, en torno a este punto concluye lo siguiente: "Faltó control por parte del Ministerio de Agricultura y Cría en la no verificación de los precios reales de las novillas y permitió la importación indiscriminada de semovientes, sin selección adecuada respecto a la procedencia y raza de los animales, que se correspondiera con las verdaderas necesidades de los climas tropicales como el nuestro. Fue así como nuestro país se convirtió en el más grande cementerio de ganado holstein del Mundo" .

Hay otros dos aspectos dignos de destacar. El primero, que la denominada política del "Milagro Agrícola" , basada en las importaciones indiscriminadas para el sector agropecuario, ciertamente tuvo como resultado la superproducción agrícola que creó un problema contrario al interés de la política, pero en cuanto a los efectos en el campo de la leche, en el período de su ejecución, fue cuando más leche en polvo se importó, puesto que el cometido de mejorar el rebaño nacional nunca fue posible por la mortandad animal descrita.

El otro punto fue que Recadi aceptó que se rompiera la tramitación unipersonal de los ganaderos al solicitar sus conformidades de Importación. De modo que en el lapso de mayor desbordamiento en la entrega de las divisas preferenciales (1986 a 1988) fue cuando unos pocos negociaron la capacidad de sustentación de muchos que creyeron que iban a descansar de las tramitaciones burocráticas, pero también fueron engañados. Cuando

128

comenzamos a sacar el tema de las vacas, fue impresionante el cúmulo de llamadas que recibimos en El Nacional de parte de muchos ganaderos que se sentían estafados.

Atrás quedaron los autos de detención del Juez XXXVIIU Penal, Luis Guillermo la Riva, en contra del veterinario Francisco Elías Moya; del ingeniero agrónomo William José Ruiz López; y del militar retirado José Nicomedes Molina Utrera. El mismo juez se inhibió en el expediente de Alejandro Trías, porque era su amigo personal del Oriente del país, y el caso pasó a manos del Juez XXI Penal, Cristóbal Ramírez Colmenares, mezclándose con la denominada Conexión Francesa Ugape, cuyos detalles los veremos debajo del próximo intertítulo.

La conexión francesa

El primer indicio que sacó a colación al denominado Consorcio Capricornio, constituido por los franceses Gerard Debasee y Cristian Lachaise Mury, se publicó en La Agenda Secreta del 21 de abril de 1989: "Se constituyeron con 750.000 y recibieron más de 47 millones de dólares preferenciales para la importación de maquinaria agrícola, en sociedad con cinco inversoras y otras diez empresas agropecuarias, desconocidas hasta ese momento."

Se trató del caso especial del diputado del MAS, Orlando Fernández, miembro de la subcomisión del Sector Agropecuario de la comisión Especial del Congreso.

Este primer indicador apuntó a otro desfalco millonario, relacionado con la retención en Paraguaná, en dos galpones ubicados en la carretera Coro-Punto Fijo, de 374 tractores marca Zetor procedentes de Checoslovaquia y la Unión Soviética, pero embarcados hacia Venezuela desde Francia.

Fueron recibidos en la Aduana de Guanta, en el Estado Anzoátegui. Muchas de estas máquinas cruzaron el mar a bordo de los buques Melody y Encadede, de bandera belga. Por primera vez se mencionó al célebre fundo La Alegría.

Otro diputado, Salvador Militello de Copei, denunció que junto con la entrada ilegal de tractores vino un contrabando millonario de cauchos, toda vez que los Zetor originales fueron modificados estructuralmente para incorporales dos juegos de cauchos en el tren trasero. Ya la cantidad de tractores estaba perfectamente identificada; 598 unidades importadas por la Asociación de Ganaderos del Estado Anzoátegui, presidida por Alejandro Trías Rojas. De manera que los encontrados en Falcón fueron parte de un lote mayor.

El otro aspecto a resaltar es que en la valoración y liquidación de derechos aduanales operada en la aduana de Guanta, se concertó un arreglo entre funcionarios e importadores, tras la finalidad de liberar los tractores y no cancelar una multa grande por la anormalidad detectada por el interventor Juan Méndez.

Trías Rojas, a quien a lo largo de la investigación se le colocó como financista y amigo de Luis Alfaro Ucero, Secretario Nacional de Organización de Acción Democrática, interpuso ante el General Jesús Vargas Chirinos, Director de Aduanas de Hacienda, una solicitud de gracia, donde alegó: "no existió intención dolosa por parte de Argea en la importación de tractores agrícolas sobre ruedas" .

- La decisión de la Dirección de Aduanas - resaltó Salvador Militello en nuestras oficinas -fue la de anular la multa impuesta por los interventores, mediante la escueta comunicación enviada por Vargas Chirinos, el 5 de Agosto de 1988... "no se aprecia de autos la concurrencia de circunstancias que demuestre intención dolosa por parte de la contraventora (ARGEA), institución privada sin fines de lucro y cuyo objetivo principal es propiciar el desarrollo socioeconómico de los pequeños y medianos productores del campo, interés tutelado por el Estado..." Demás está decir que el interventor Juan Méndez fue destituido del cargo, a raíz de su actuación en este caso.

129

Fabricio Ojeda dio un parte en La Agenda el 26 de abril, donde se informó que "en la solicitud hecha por Alejandro Trías Rojas ante el Ministerio de Fomento el 25 de julio de 1987, (dirigido por Héctor Meneses) se expuso que la idea era colaborar con el desarrollo de las regiones mencionadas (Anzoátegui, Monagas y Guárico) y enfrentar los compromisos del Plan Trienal de la Cuenca del Unare, en el que el gobierno tiene grandes esperanzas" .

- Los tractores se vendieron -escribió Fabricio-, como es lógico, a precios superiores a los costos de importación. Pero lo curioso es que no se mantuvieron precios unitarios para todos los clientes, sino que se fueron incrementando en algunos casos. Por ejemplo, el tractor Zetor modelo 101-11 cuyo precio de importación fue 200 mil 448 bolívares, fue vendido al productor Agustín Salcedo Hernández, a bolívares 264.631; es decir, con una diferencia de 54.183 bolívares que representa 25 por ciento de incremento sobre el costo de importación.

El equipo de La Agenda tuvo en sus manos cada una de las facturas de los usuarios de los 600 tractores importados, y en más del 50 por ciento ocurrieron diferencias en los precios de venta con relación a los costos de importación.

El 27 de abril, otro periodista del equipo, Régulo Párraga, encontró suficientes elementos que vinculaban a la Asociación dirigida por Trías Rojas con las empresas del Consorcio Capricornio, Equipagro y Promotora San Antonio. Al parecer, la relación entre los franceses ya mencionados y los venezolanos Adalberto Prinz, Fernando y María Elena Almeida con Trías era por la vía del financiamiento a las actividades de Acción Democrática y Luis Alfaro Ucero en los Estados Orientales del país.

Los 300 tractores llegados a Guanta, pero encontrados en Falcón, fueron confiscados en el Fundo La Alegría propiedad del consorcio Capricornio. Sobre un terrero en litigio.

La red de operaciones denunciada por Fernández involucró no solamente a Argea, sino a las asociaciones regionales de ganaderos Aproeme, Asoproha, Apragui, Aporata, Ugape, Sogatru, y Ugani. Mientras que la centrífuga provocada por la fusión de la Promotora San Antonio y el Consorcio Capricornio, apoyada en la Infraestructura de Argea, permitió constituir las empresas: Desarrollo Capricornio, Panagro, APK, Interamericana Agrícola de Venezuela, Invercosta, Plaza, Tauro, Palma Dorada, El Parque, Inveragri, Rancho Grande, Totalagro, Globalca, Maquipeca, Praga, Almacentro, Agrorepuestos, Servicampo, Los Alamos, El Hierro, Santa Elena, San Andrés, El Mirador, El Guachipano, Los Robles, Los Cedros, El Apamate, Río de Oro, El Charal, El Limón, Equipagro, Agriforest, y Fundo la Alegría.

El caso se complicó cuando el diputado Fernández, desde el Congreso, denunció el 24 de mayo que la Dirección de Control de Empresas e Inversiones Extranjeras del Ministerio de Energía y Minas, dirigida por Ulises Ramírez, "concedió dólares preferenciales también para bienes de capital, adquisición de tecnología y transferencias de capital, sin que existiera por parte de esta oficina los estudios previos necesarios para el otorgamiento de las divisas" .

Mencionó a la empresa Inverminca, (Inversiones Mineras C.A.), constituida por los abogados Adalberto Prinz Kurucar y María Elena Almeida el 15 de septiembre de 1988, con un capital de 10 millones de bolívares. Pero el 22 de diciembre de 1988 comunicaron al MEM que el francés Christian Lachaise Mury tendría la custodia de los equipos de Inverminca.

Así las cosas, el 3 de enero de 1989, Inverminca solicitó autorización de crédito externo con el First Chicago Financial Corporation de Miami, por 45 millones de dólares preferenciales, para financiar un programa minero en Falcón, destinado a la producción de 4.000 metros cúbicos, por día, de piedra picada.

130

Pero la empresa Inverminca trajo, ciertamente, una Trituradora, una excavadora frontal, una niveladora de presión autopropulsada, una excavadora zancuda y una planta secadora que jamás fueron utilizadas. E inundaron al país de tractores Zetor alterados y presentados en forma de oruga algunos y con contrabando de cauchos otros.

El representante en Venezuela del Banco Firts Chicago Financial Corporation de Miami y luego sustituido por el Noridib Arab Finance Corporation, era Fernando Almeida, hermano de María Elena Almeida, socia del Adalberto Prinz y los franceses.

Orlando Fernández, antes de viajar a Miami, se reunió con el Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, y de regreso consignó una copia certificada de una investigación emprendida en Miami, por el Cónsul General de Venezuela, Benjamín Ortega Romero; y el Cónsul de Segunda, Gerardo Thielen Graterol, donde se atestiguó que el First Chicago Financial Corporation era un banco fantasma. "Nos trasladamos a la supuesta dirección de la empresa, 6960 N.W. 46th Street, Miami, Florida, 33166, y pudimos constatar que la misma estaba desocupada... En la fachada de dicha dirección existen anuncios de la compañía International Freight Systems Inc." .

El otro supuesto representante del banco fantasma en Venezuela, Rudolf Werner, a la par de Inverminca, había solicitado ante la misma Dirección de energía y Minas, 5 financiamiento adicionales para las empresas Minera Las Cumbres, Inlain C.A., Naviera Táchira, Forjas Orinoco y Astilleros del Sur, por 156 millones de dólares preferenciales.

Un empleado de Energía y Minas, William Roquet Hernández quedó directamente involucrado en el asunto, porque había recibido varios cheques en su cuenta de la Industrial Entidad de Ahorro y Préstamo, sucursal Parque Central, por hacer favores de reconocimiento al banco fantasma.

Aparte de Inverminca, también quedó señalada la firma Quifoven, de los hermanos Pedro y Dario Kovar, por la misma vía.

El 30 de abril, Orlando Fernández solicitó al Juez Cristóbal Ramírez Colmenares, decidir medidas judiciales en contra de los socios de la llamada conexión francesa. Entre otros elementos, planteó que eran responsables por "uso indebido de dólares preferenciales, contrabando y fraude contra la República" .

Mientras tanto el Ministro de Energía y Minas, Celestino Armas, ordenó a Ulises Ramírez, detener todas las operaciones de apoyo financiero a Inverminca y los créditos basados en el First Chicago Financial Corporation de Miami.

El 8 de junio, el mismo día que conseguimos por segunda vez la carta dejada por Héctor Meneses, Ramírez Colmenares ordenó un tercer allanamiento a las instalaciones del Consorcio Capricornio, ubicado en el Edificio Onix de El Rosal. Onix era otra empresa de la retícula francesa. Fuimos invitados por Orlando Fernández, pero rechazamos el traslado porque lo de Meneses era demasiado importante como para saturarnos de trabajo. El allanamiento, no obstante, fue reportado en la Agenda del día siguiente, 9 de junio.

El diputado del MAS, a lo largo del proceso de denuncias contra la conexión francesa, fue objeto de amenazas de muerte, intimidaciones, intentos de soborno en dólares y bolívares.

- Esa misma mañana - el 8 de junio- una voz de mujer me dijo por el teléfono (de su habitación habitual en el hotel El Conde - que me estaban preparando una trampa. Por ello anuncio públicamente que he tomado medidas personales y familiares, a partir de este momento, más que nunca, no recibiré ni una simple galleta de nadie.

El lunes siguiente, 12 de junio, Orlando Fernández en el programa de televisión de Napoleón Bravo (el Hit Parade de la Corrupción) denunció formalmente que su vida y la de Agustín Beroes estaban corriendo serio peligro. El punto impactó brutalmente a nuestra familia.

131

No teníamos claridad de la relación existente entre la peligrosidad atribuida a las relaciones de cierto poder político con los integrantes del Consorcio, y un informe que, incluso llegamos por nuestra cuenta a leer en detalle.

Un comisario amigo, por la vía de un conocido común, nos citó en un bufete de abogados ubicado en el centro de Caracas. Pudimos leer un denominado "ejercicio policial de posibilidades" . En ciertas instancias se pensó, en un momento dado, que estaban dadas las condiciones para que el caso Recadi fuera reventado al caos por la vía de un atentado.

En la lista de posibilidades en primer orden estaban: Orlando Fernández, el Juez Luis Guillermo La Riva; y el diputado Carlos Tablante. En un segundo orden: el recién nombrado Fiscal General de la Nación, Ramón Escovar Salom y, de último, subrayado en rojo, nuestro nombre.

La realidad, la atmósfera que rodeaba las denuncias contra Capricornio se tornó muy pesada y el caso Recadi ya tenía 96 días de cobertura diaria en La Agenda Secreta de Recadi. En los mismos días se filtró la información de que dos individuos portando armas largas habían sido atrapados por la Disip en el aeropuerto de Maiquetía. Pudimos verificar ésto, al menos que había ocurrido el hecho, pero no detallar el porqué esta gente estaba armada y a quien respondía. Un tercer elemento fue detectado encima del techo de la oficina de Tablante en el Capitolio Federal. Esto lo pudimos corroborar directamente con el jefe de la Guardia Nacional del Palacio Legislativo. Este"Espía" fue consignado en la Disip, Y allí se lo tragó la tierra. Nunca pudimos saber los nombres de ninguno de los tres Hombres

Con el cuadro planteado así, hicimos una presentación a las autoridades de la redacción del periódico y, una vez más, concluimos que no era necesario ser vigilados ni custodiados por personal policial desconocido de la C.A. Editora El Nacional.

Tomamos medidas personales y familiares, y se hizo más rígido el mecanismo de mezclar rutas y estar siempre acompañados por gente del periódico.

Tiempo después supimos que el ejercicio policial se hizo por razones distintas a la situación planteada por el grupo Capricornio. Sólo habían coincidido ambas situaciones en el tiempo. Es la verdad.

El 10 de Junio, el abogado Humberto Mendoza D´Paola nos llamó por teléfono y dio cuenta de que abogados relacionados con la gente de Capricornio Habían hecho circular copias de una cinta magnetofónica donde se escuchaba la voz de Orlando Fernández. Supuestamente, el Diputado del MAS pedía dinero a la empresa Onix, para abandonar las denuncias. La cinta en cuestión estuvo varios días dando vueltas por ahí. Fue rechazada por varios Jueces, quienes no aceptaron darle curso por lo burdo del montaje hecho con fragmentos del programa radial de Orlando Fernández en Barquisimeto.

Entre el 15 y el 26 de junio, se concentraron nuevas evidencias contra la conexión francesa por el seguimiento persistente hecho por los Diputados Orlando Fernández y Salvador Militello. Se introdujeron ante el Juez Ramírez Colmenares unos nueve escritos jurídicos, los cuales salieron todos de manera exclusiva en El Nacional.

El 25 de junio Adalberto Prinz y María Elena Almeida fueron detenidos por la Policía Técnica Judicial, cuando intentaban abordar un avión en Maiquetía con destino a Canadá y luego a París. El seguimiento que provocó la detención de la pareja estuvo a cargo de un comisario apodado "El Chino" , a quien vimos alguna vez en la oficina de Orlando Fernández.

Pero fue el 26 de junio cuando el Juez Cristóbal Ramírez Colmenares dictó diez autos de detención por este expediente a las siguientes personas: los franceses Gerard Marc Dabasse, y Christian Lachaise Mury; empresarios de la Onix; por aprovechamiento de fondos públicos y actos falsos; como cómplices, a los venezolanos, Adalberto Prinz, María Elena Almeida, Fernando Almeida, Edgard Rodríguez, gerente general del

132

Consorcio Capricornio; Simón Pinto, presidente de Apamol; Carlos López; Ciro Núñez, presidente de Fegafalcón; y al francés Claude Gordard, representante legal en Venezuela del Noridid Arab Finance Corporation.

Se dejó investigación abierta a Alejandro Trías Rojas, presidente de Argea; Anselmo Reyes, Regino Burgos, presidente de Ugape; Francisco Hernández, Tomás Domínguez y Sadi Raimondi, ex-directivos de Capricornio-Equipagro.

El mismo día Orlando Fernández, con su característico estilo agresivo y puntual precisó: "no hay sanción completa y justa, si Alejandro Trías Rojas permanece libre. Debe ir a la cárcel, porque cobró comisiones a los franceses al participar en la operación fraudulenta que trajo al país 600 tractores Zetor" .

Previamente, el día antes de intentar marcharse del país, Adalberto Prinz y los hermanos Fernando y María Elena Almeida publicaron un remitido en todos los periódicos, donde expresaron:

- Orlando Fernández nos ha hecho víctimas de imputaciones falsas y delictivas... Ya nos condenó y, nos sometió al desprecio público. Pedimos al Congreso que abra una investigación para aclarar los intereses y las intenciones del Diputado Orlando Fernández y que la Comisión de medios inicie otra al programa del Diputado en una radio en Barquisimeto, donde injuria y calumnia a diversos sectores de la colectividad.

El primero de julio, Adalberto Prinz recusó al Juez Ramírez Colmenares, por intermedio de su abogado Eliécer Peña, y el expediente pasó al X Penal, a cargo del magistrado Saúl Ron Brash. En todo el país comenzó la incautación de maquinaria agrícola, tractores y vacas de todas las empresas mencionadas.

Cinco meses y medio después, el martes 14 de noviembre de 1989, el Tribunal Superior de Salvaguarda, por apelación, revocó todos los autos de detención que pasaban sobre la gente de Capricornio (los franceses lograron salir del país con destino a Aruba antes de que Ramírez Colmenares sentenciara, se supo después). La ponencia la elaboró Enrique Sánchez Falcón, fue apoyada por Alaide Mazzarri Mendoza y contó con el voto salvado del presidente Silvestre Ortiz Bucarán. Se argumento la revocatoria en que no estaban suficientemente demostrados los delitos que originaron las detenciones de Fernando Almeida, María Elena Almeida y Adalberto Prinz Kurucar.

Enterado de lo anterior, su principal denunciante, Orlando Fernández, en gesto solitario, se encadenó y esposó en las puertas del Superior de Salvaguarda el 15 de noviembre.

- Estas esposas son las que se colocan a los delincuentes, entonces yo me las coloco, en vista de que no las tienen en sus manos los que salieron en libertad. Como aquí los valores se han invertido, me las coloco yo... Se trata de demostrar que nuestro combate a la corrupción es en serio y esta es una protesta en nombre de tanta gente desmoralizada por esta decisión.

Como moraleja, entre otras, sólo quedó que Venezuela, también, se convirtió en un gran garaje de tractores Zetor y de otras maquinarias como cosechadores, las cuales en poco tiempo quedaron inservibles por falta de repuestos y por no existir técnicos capacitados para reparar las orugas.

El 9 de marzo de 1987, el Ministro de Agricultura, Felipe Gómez Alvarez, quien concibió la política del fracasado "Milagro Agrícola" , escribió a su colega de Hacienda, Manuel Azpúrua Arreaza, especificándole como se pensaba hacer en reparto trimestral de 150 millones de dólares preferenciales para la importación de tractores y cosechadoras en 1987. Ya en 1986 se habían importado 3.500 tractores y 400 cosechadoras, autorizadas por Francisco Maldonado Cisneros, director de Recadi, según comunicación del 15 de enero de 1986, y firmada por José Azócar Aguilera, Viceministro del MAC a quien el Superior de Salvaguarda dictó auto de detención por malversar fondos públicos desde la Comisión de Importaciones.

133

En la misiva enviada por Gómez Alvarez se planteó la importación balanceada de tractores entre 50 y 150 HP de las marcas Ford, John Deere, Case International, Massey Fergusson, Landini, Fiat, Same, Zetor y Styer. Pero el país se inundó de la marca Zetor.

En el aparte correspondiente al sector agropecuario el informe preliminar de la Comisión del Congreso, llega a lo siguiente:"la ausencia por parte del Estado de una planificación ordenada, técnica y veraz, que ha debido ser diseñada en el Ministerio de Agricultura y Cría, ocasionó una considerable malversación de divisas y convirtió este subsidio (el dólar preferencial) en una fuente de negociados de diversa índole. Hay suficiente irregularidades denunciadas en su oportunidad por algunos parlamentarios en los Tribunales de la República..."

Caos en el puerto libre de Margarita

Desde que se creó el Régimen de Cambios Diferenciales hasta 1986, el Puerto Libre de la Isla de Margarita, así como la Zona Franca de Paraguaná, aparte de asignárseles un cupo en divisas para su uso al tipo de cambio libre, no contaron con dólares preferenciales al tipo de cambio controlado, especialmente al tipo de 14,50 bolívares por dólar.

Fue a propósito de la devaluación de finales de 1986, que en los años 1987 y 1988 el Puerto Libre no solamente recibió de nuevo su cuota de dólares, sino, además, al tipo de cambio de 14,50. Cantidades de productos suntuarios que habían sido desplazados al mercado libre de divisas, fueron rescatados a la tasa oficial, bajo el argumento de evitar escaladas inflacionarias por los efectos de la devaluación decidida por el gobierno de Jaime Lusinchi.

De tal modo que en 1987, se incluyó al Puerto Libre de Margarita en el Presupuesto Nacional de Divisas al tipo de cambio de 14,50 con una cantidad de 176 millones 627 mil 232 dólares, de los cuales fueron ejecutados en este ejercicio 171 millones 496 mil 291 dólares, de acuerdo con las cifras de la propia Recadi.

Mientras que en 1988, el cupo asignado a Margarita fue por 150 millones 486 mil 126 dólares, de los cuales se ejecutaron 122 millones 231 mil 549 dólares preferenciales.

El jueves 7 de abril de 1988, Morel Rodríguez ex y luego de nuevo gobernador del Estado Nueva Esparta, denunció por El Nacional que "dos altos, pero muy altos funcionarios del Ministerio de Hacienda, (Jorge García duque, el viceministro, y Jesús Vargas Chirinos, director de Aduanas) han recibido comisiones multimillonarias (aproximadamente unos 150 millones de bolívares), manipulando la asignación de cuotas de importación a favor de terceros" en el Puerto Libre de Margarita.

La denuncia de Morel Rodríguez cayó como un plomo, a tal punto que el Ministro de Hacienda, Héctor Hurtado, decidió oficiar por instrucciones del Presidente Lusinchi, al Fiscal General de la República de entonces, el inolvidable, Héctor Serpa Arcas, el 11 de abril de 1988, solicitando una exhaustiva investigación al respecto.

De acuerdo con un informe confidencial mandado a elaborar por el viceministro de Hacienda, Jorge García Duque, a mediados de 1988, Rodríguez utilizó sus influencias como Gobernador o Secretaria General de AD en Nueva Esparta, para presionar la asignación de divisas a sus recomendados que eran ciertos grupos empresariales registrados en el Puerto Libre "los cuales comercialmente y por su constitución jurídica son independientes... pertenecen a una misma persona natural o por lo menos ésta mantiene una supremacía accionaria en cada una de las empresas del grupo" .

El documento en cuestión añadió que por estos grupos empresariales "aboga una persona (Morel Rodríguez), que según informaciones adicionales goza de participación en las empresas" .

Los supuestos protegidos eran: Husseie Yassine, Said Rahal, Hassan Saleh, Afif Hassan Rmaili y Saki Nicolás Rahal. Este grupo de cinco árabes controlaba las solicitudes de importación de las empresas: Importadoras El Mago, El Sha, El Faraón, La Playa, Pepe El Grande, Mi Lindo Sueño, El Gran Mayor, El Gran Poder, Las Pirámides, Doña Juana, El Petróleo, El Pitigüei, Tienda Beatriz, Creaciones Porlamar, Importadora Par, Miss

134

Ganga, Sabana Import, Adriana, La Chinita, El General, El Gobernador, Sultan Hassan, La Fundación, Import Curichaqui, El Terremoto, El Profeta, Importadora Sekmar, Michel, La Raya, Time Store, Importadora Británica y Zorba.

Estas 32 empresas representaron en su conjunto, casi 1 tercio de los cupos en el presupuesto otorgado a Margarita en 1988. ("Las cantidades solicitadas en 1988 fueron infladas -dice el informe- con relación a años anteriores, cosa que no podía otorgarse de acuerdo a lo solicitado... El perjuicio es evidente y esa es una de las razones para que el solicitante quedara insatisfecho. De ahí -sugiere el documento- que se hayan decidido denunciar ( desde el Puerto Libre) presuntos actos de corrupción en el otorgamiento de divisas)".

Lo que estaba planteado era una reacción que denominamos en La Agenda Secreta de Recadi como la "guerra de los cupos" , entre diversos grupos y centrífugas empresariales, protegidas políticamente por funcionarios importantes, para tratar de obtener el máximo de las divisas previstas para el Puerto Libre.

La conformación del presupuesto de divisas para los importadores de Margarita en 1988, hizo presuponer que el sistema de distribución de asignaciones legalmente atribuido a la Dirección de Aduanas, estuvo sometido a las más diversas presiones políticas y económicas.

El presupuesto de divisas anunciado por el Ministerio de Hacienda el martes 24 de mayo de 1988, a través de avisos en toda la prensa nacional, no se correspondió con el que fue originalmente corregido por el Despacho, de acuerdo con algunas reformas elevadas a la consideración por instancias técnicas del sector oficial que discreparon con el reparto.

Esto significó que, inicialmente la Dirección de Aduanas de Hacienda presentó un proyecto a la consideración de los superiores (Viceministro y Ministro), quienes señalaron un conjunto de observaciones en cuanto a los montos a otorgar y a la necesidad de recortar asignaciones, pero la versión anunciada a la prensa no recogió la totalidad de las correcciones.

Por ejemplo, la versión presentada al despacho de Hacienda, en orden alfabético, recogía un listado de licencias de importación desde la denominación 002 hasta la 3.711, y fue sobre ésta que se hicieron recortes. No obstante, al anunciarla públicamente a los importadores del Puerto Libre, ciertamente, partió de la licencia 002, pero llegó sólo hasta la denominación 3.571 y fue presentada de manera aleatoria y no alfabética, descartándose en el camino cerca de 200 licencias históricas.

Es decir, que los 176 millones, luego reducidos a 160 millones de dólares preferenciales, se repartieron entre 3.571 y no entre 3.711 licencias establecidas. De esta manera quedaron distribuidos los 160 millones, de la siguiente forma: -83 millones 670 mil 383 dólares para las empresas que importaron el 95 por ciento del cupo otorgado en 1987; - 66 millones 815 mil 990 dólares para las empresas que importaron menos del 95 por ciento del cupo otorgado en 1987;

- Quedó a disposición de nuevas licencias un total de 9 millones 513 mil 625 dólares por asignar.

Al comparar todas y cada una de las licencias favorecidas en las dos versiones aprobadas por la Dirección de Aduanas con la lista hecha pública el martes 2 de mayo de 1988, y tomando en cuenta siempre como agravante que una versión computarizada difiere de la otra por los correctivos que fueron aprobados y que no se instrumentaron, en todos los miles de casos se constatan las diferencias entre el cupo consumido en 1986 y 1987 contra el cupo otorgado y consumido en 1988, con francas violaciones a la legislación establecida.

Una averiguación iniciada a fines de 1987 por importantes funcionarios técnicos del Ministerio de Hacienda, constató que no era conveniente otorgar de nuevo, el 1988, dólares preferenciales al tipo de cambio de 14,50 bolívares, puesto que el sistema de precios del Puerto Libre estaba todo referido al valor del tipo de cambio libre.

135

Uno de los argumentos de peso para plantear, como se hizo, que se mantuvieran las operaciones al cambio libre, fue que la gran mayoría de las licencias del Puerto Libre no llegaron a consumir nunca los cupos establecidos en 1987, por una parte, y por la otra, que habían introducido para 1988 aspiraciones por encima de los 300 millones de dólares, sin que la base de costos y operación reflejara precios distintos a la denominada dolarización excesiva basada en el tipo de cambio libre.

A pesar de que algunos funcionarios medios llegaron a encontrar suficientes razones para no otorgar más dólares preferenciales al Puerto Libre de Margarita, otros resolvieron que si se hiciera, no obstante la precaria situación de déficit en la balanza de pagos y la imposibilidad de conseguir nuevas transferencias netas en divisas desde el exterior.

El martes 4 de abril, desde La Agenda Secreta de Recadi se reportó que la Cámara de Importadores de Margarita, presidida por Luciano Marín cobraba por la asignación de los cupos.

El Ministro de Hacienda, Héctor Hurtado, y el Viceministro García Duque hicieron el seguimiento a varios recibos expedidos desde los talonarios de la aludida Cámara. Una factura, la correlativa 4.144, correspondiente a la empresa Pinky Movil, por ejemplo, pagó a la Cámara de Importadores de Margarita, "por concepto de asignación de cupo" , el 29 de marzo de 1988.

Resultó para nosotros desconcertante que el Ministerio de Hacienda investigara algunas actividades de la Cámara y que al mismo tiempo la misma hiciera el papel de denunciante de actividades de corrupción.

En un memorandum fechado el 25 de febrero de 1988, Luciano Marín y Ramón Barra Gómez, director ejecutivo de la Cámara de Importadores de Margarita, dirigido a Jorge García Duque expusieron: "ante las llamadas e informaciones recibidas a cerca de gestores que se dicen con buenos contactos para aumentos en las asignaciones de los cupos de 1988, hemos procurado el respaldo que soporte la respectiva denuncia, sin ningún resultado".

- Ante la insistencia de estos comentarios - escribieron - que tanto preocupa a la institución, en directorio de fecha 24 de los corrientes, se acordó plantear el caso a las autoridades de Hacienda y al Gobernador del Estado (Morel Rodríguez), a los efectos de buscar fórmulas que permitan clarificar los que pudiere existir alrededor de tan enojoso asunto" .

Posteriormente, desde la misma Margarita, estos dos directivos declararon a Régulo Párraga lo siguiente:

- El llamado cobro de comisiones no es tal, sino que se trata de una contribución no obligatorio que hacen los afiliados por las diligencias que realiza la Cámara, para velar por la distribución equitativa de los cupos, al tiempo que sirve para sufragar gastos propios de la institución.

El ex-gobernador Morel Rodríguez, luego reelecto el pasado 3 de diciembre para ocupar el mismo cargo por minoritaria elección directa, reaccionó contra La Agenda Secreta de Recadi luego que desde ésta se publicó un memorandum dirigido por él a la doctora Mariela Rey de Quinteto, Viceministro encargada del Ministerio de Hacienda en la época de Manuel Azpúrua, donde escribió: "Es grato dirigirme a Usted, en ocasión de recomendarle el otorgamiento de un cupo en dólares para la Importadora Elfa, C.A. licencia de importación Nº 3.509. Le agradezco sus buenos oficios en la solución favorable de este planteamiento" . Vino el oficio con membrete, firma y sello del Gobernador de Nueva Esparta.

A propósito de esta comunicación, el Viceministro de Hacienda, Jorge García Duque mandó a investigar las actividades y relaciones de Morel Rodríguez, - su enemigo histórico -.

- Si mi denuncia la hubieran oído a tiempo el gobierno y la justicia, hubiéramos evitado la sangría que tuvo el país mediante los cupos de divisas y hubiéramos sentado un gran precedente, porque el señor Jorge García Duque estuviera preso hoy en día, junto con su compinche (Jesús Vargas Chirinos). Pero las autoridades fueron

136

alcahuetas -señaló indignado Morel Rodríguez desde Porlamar-. Ante mis denuncias... hoy García Duque y su compinche quieren aparecer ante la opinión pública como unos angelitos que nunca rompieron un plato.

Morel Rodríguez pagó un remitido en la prensa nacional donde puntualizó que en efecto era un gestor, pero "del desarrollo económico y social en Nueva Esparta" .

- No permitiré que el caso Recadi se convierta en una venganza contra Margarita -explicó-. Quienes se enriquecieron corruptamente con los dólares preferenciales para el Puerto Libre ni son margariteños ni viven en Margarita y tampoco tiene sus corruptas fortunas en la Isla.

El caso particular de lo acontecido con la entrega de dólares preferenciales a los Importadores del Puerto Libre, se diluyó en una investigación mayor practicada por el Diputado Nelson Chitty La Roche de Copei, en todas las aduanas del país.

Ya en La Agenda del 7 de abril, nuestro compañero Régulo Párraga enviado especialmente una semana a la Isla, había reportado lo siguiente: "las aduanas alimentaron al monstruo" .

- Con gran sorpresa fue recibida en la Isla de margarita -escribió Párraga- la reciente designación de Arevalo Marín Gómez (Hermano de Luciano Marín) como administrador de la Aduana de La Guaira. Hasta hace algunos días él se desempeñó como tal en la Aduana de El Guamache (desde donde en el pasado reciente le habían lanzado acusaciones a Ana Teresa Herrera Balduz, cosa que escribimos en los capítulos pasados) " .

Pudimos constatar que el traslado de Marín Gómez fue posible gracias a los buenos oficios de Alfaro Ucero, Secretario Nacional de Organización de Acción Democrática. Marín Gómez trabajó en El Guamache directamente con Santos Zapata, jefe de interventores y supervisor inmediato de Juan Méndez (el mismo que evaluó irregularidades en la entrada de tractores por Guanta).

- Pretenden descalificarme como interventor -dijo Méndez a Fabricio Ojeda el 4 de mayo de 1989, cuando visitó nuestra oficina bautizada como DDS.

Debido a la intensa actividad que estaba cumpliendo el Diputado Chitty la Roche, la Dirección de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda, comenzó a investigar las aduanas de Margarita, Puerto Cabello, Puerto Ayacucho, Maracaibo y Barquisimeto. Otro tanto comenzó a hacer la comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional.

La misma Dirección de Inspección y Fiscalización de Hacienda, por órdenes de la Ministro Eglée Iturbe de Blanco removió a todos los jefes de las aduanas de Margarita, La Guaira y Maracaibo sobre la marcha.

El 30 de mayo de 1989, el General Rafael Salazar Pasarelli, Jefe del Servicio de Inteligencia y Resguardo Nacional de las Fuerzas Armadas de Cooperación, entregó a los diputados Carlos Tablante y Liliana Hernández de Acción Democrática, un voluminoso resumen donde se recogían 52 expedientes valorados en 20.000 millones de bolívares, en casos originados en la importación con dólares preferenciales que degeneraron en contrabando de extracción por las aduanas entre 1986, 1987 y 1988.

Las investigaciones de Resguardo Nacional de la GN involucraban a las empresas: Federal Mogul, Dental Cygramca, Química Universal, Química Toptex, Noehmy C.A., Quifoven, Lampoluz, Importadora Delfin, Beech Acceptance Corp., Productora Econogas, Industrial Carichana, Automercados Tía, Industrias Montecatini, Kevic Nuclegan, Maderas Paraguana, Textil Paraguana, Transporte Transilaca, Aeronaúticas Profesional y Tecnoconsult.

Además, Consorcio Sucre-Miranda, Diablitos Venezolanos, Industrias Zicasa, Fábrica de Ascensores, Comercial Pantamar, Codemiven, Fermiconi, Gerad Dabasse (el mismo de Invermica y Capricornio) Futhormave, Avencasa, Stephamar, Interpromar, Golfomar, Empresa Comercial Rubén Darío Perozo, Le Gourmet, Comercial Leven, Pereira y Asociados, Exportadora e Importadora San Rafael, Corporación Yatastay,

137

Comercial Singapur, Importaciones Alcalá Barboza, Inverminca (asociada a Capricornio) y Agropecuaria Onix (asociada de Argea).

Todos estos casos estuvieron para la fecha en manos de juzgados Nacional de Hacienda, de Aduanas y Jueces penales de Salvaguarda.

El sábado 1 de julio de 1989, el Presidente Carlos Andrés Pérez, desde Cumaná, declaró que estaba de acuerdo en que se tomarán medidas en las aduanas, dentro del marco de la nueva política comercial y arancelaria, "para evitar que las mismas se conviertan en nuevo Recadi" .

El Diputado Nelson Chitty La Roche denunció por quinta vez, el jueves 15 de febrero de 1990, que la entonces Ministro de Hacienda Eglée Iturbe de Blanco, estaba obstruyendo la investigación en las aduanas, la cual todavía no ha terminado.

- La ex-ministro Eglée Iturbe y la Directora de Aduanas, Eva Morales (liquidadora de Recadi) estaban protegiendo a funcionarios aduaneros incursos en delitos de corrupción.

Concretamente, identificó Chitty a los funcionarios Carlos Orense ex-administrador de la Aduana Aérea de Maiquetía; Santos Benjamín Zapata (el socio de Arevalo Marín), funcionario que ocupó posición en El Guamache; Adatiles Silva, de El Guamache y con expediente en Salvaguarda de Nueva Esparta; y Jesús Vargas Chirinos, ex-director de Aduanas de Hacienda. "es el enlace -dijo Chitty- entre las Aduanas y la Guardia Nacional y su impunidad ya resulta irritante" .

Sobre el tema de la corrupción general en las aduanas y la específica asociada al caso Recadi, el informe preliminar elaborado por el Presidente de la Comisión Especial Douglas Dáger -quien se nutrió de la investigación todavía no concluida por Chitty- dijo lo siguiente: "Las aduanas y su trámite para nacionalizar las mercancías, constituyen la etapa final, la corona, del proceso que se inició con la expedición de las conformidades de importación y la correspondiente autorización de retiro de divisas desde el Banco Central de Venezuela" .

- Es una voz no contradicha que las aduanas son y fueron - se escribió -, sobre todo en esos años de vigencia de las Oficinas del Régimen de Cambios Diferenciales, un centro de corrupción... Paralelamente, es conveniente mencionar la actuación en estos años del Director General de Aduanas, Jesús Vargas Chirinos, quien mostró debilidad en la consideración de los recursos que por vía jerárquica debía conocer, además de obviar sospechosamente los lógicos procedimientos de revisión de conocimientos aduaneros cuando el supuesto infractor lo recomienda. Las tareas de control e investigación, no siempre contaron con la colaboración de la Dirección de Aduanas ni con la del Director de Inspección ni de la Ministro de Hacienda Eglée Iturbe de Blanco.

Capítulo 10

La participación de la banca

La primera vez que la Ministro de Hacienda, Eglée Iturbe de Blanco, apareció mencionada en La Agenda Secreta de Recadi fue el 3 de abril de 1989. El diputado Douglas Dáger, presidente de la Comisión Especial del Congreso declaró lo siguiente:

Cuando la señora ministro dice que el Estado no es una piñata, lamento que no hubiese dicho lo mismo y actuado con ese encomiable celo, cuando en el organismo que ella dirigía y fue Viceministro de Hacienda en el gobierno de Jaime Lusinchi, se produjo el más gigantesco saqueo a la Nación, como fue el manejo irregular de 30.000 millones de dólares desde Recadi.

Dáger había propuesto aplicar el artículo 30 de la Ley de Hacienda, según el cual existe la recompensa para quienes hagan denuncias que supongan el rescate de bienes y fondos de la Nación.

138

- La ministro no ha enfrentado mi criterio personal, sino el expresado en la Ley Orgánica de Hacienda. Por lo tanto, lo irresponsable es descartar a la ligera esta posibilidad que la ley consagra.

Eglée Iturbe de Blanco fue interpelada por la Comisión Especial el 14 de abril siguiente:

- Este despacho no es un tribunal -dijo Iturbe- pero recibió 83 denuncias relacionadas con la supervisión en las aduanas y 31 referidas al otorgamiento de divisas preferenciales... Siempre se está pensando que la motivación inicial de algo no es otra que la de cogerse unos reales...

En lo que constituyó la denuncia fundamental, casi personal, del Diputado Douglas Dáger, a lo largo de las investigaciones del caso Recadi, el también presidente de la Comisión Especial advirtió sobre "un robo mayor con las fianzas" .

- El problema está referido a que existen en el Ministerio de Hacienda más de 26 mil expedientes sobre finanzas que por irregularidades cometidas por importadores con dólares preferenciales, le dan al Estado Venezolano derecho a ejecutarlas y de recuperar miles de millones de bolívares. La información que tenemos es que Hacienda, en lugar de ejecutar esas finanzas, las está entregando a los bancos comerciales y empresas de seguros, para que junto con los importadores subsanen las fallas en los referidos expedientes y de esta manera el Estado pierde.

Esta noticia se convirtió en otra bomba super explosiva y le añadió el Caso Recadi una arista par a investigar las actividades de la banca comercial en La Gran Estafa.

Eran 26.622 los expedientes llenos de solicitudes de liberaciones pendientes por ejecutar, de los cuales 6.067 correspondían a fianzas emitidas por empresas aseguradoras, por 542 millones 691 mil 218 dólares, y las restantes 21.055 fianzas expedidas por la banca, equivalentes a 1.615 millones 846 mil 604 dólares. Lo que representaba un gran total de 2.220 millones de dólares.

El alerta lanzado por Dáger se basó, a su vez, en un informe elaborado por Eva Morales, Directora de Aduanas y Liquidadora de Recadi, donde se le expuso a Eglée Iturbe de Blanco la situación de las fianzas por ejecutar y los pasos que los importadores tuvieron que dar para afianzar sobre los dólares entregados y los que tenía que dar el Ejecutivo para ejecutarlas.

- En virtud del considerable volumen de fianzas -escribió Eva Morales- se sostuvieron tres reuniones con representantes de la Asociación Bancaria, a fin de lograr establecer mecanismos que permitieran agilizar el proceso de análisis de los expedientes pendientes por liberación de fianzas y determinar efectivamente el número de fianzas pendientes reales, por documentación incompleta. Para lograr este fin, se planteó reducir el número de documentos para el análisis, pero siempre solicitando lo necesario para la comprobación de la correcta utilización de los dólares preferenciales.

Casi en paralelo, la Directora de Aduanas y Liquidadora de Recadi, Eva Morales, el 8 de marzo de 1989 ofició a Fernando Pérez Amado, Presidente de la Asociación Bancaria Venezolana, para advertirle que "existe un procedimiento claro de liberación de fianzas en Recadi y que su liberación no exime al importador de la responsabilidad que pueda tener, de determinarse la incorrecta utilización de las divisas, ni de su obligación de reintegrarlas por el uso parcial de las mismas" .

De manera que el 4 de mayo la Ministro Iturbe de Blanco, según Dáger, autorizó el flujo de documentos desde los archivos de Recadi a los archivos de los bancos y empresas aseguradoras.

En la carta enviada por Eva Morales a la Ministro de hacienda, se dijo: "Se acordó consultar con la Contraloría General de la República sobre los recaudos mencionados y a tal efecto se efectuó una reunión en la sede del organismo quien convino en someter a estudio esta solicitud, no habiéndose recibido respuesta" .

139

Esta frase de Eva Morales indignó al Contralor General José Ramón Medina, quien desde La Agenda Secreta de Recadi respondió el 30 de mayo que "poco me atrae tener que hacer desmentidos por la prensa ni participar en la pugna diaria por alcanzar nivel publicitario por el trabajo institucional que se cumple en la Contraloría" .

- En la referida reunión aprovechamos la oportunidad para manifestar desacuerdo con el procedimiento que se estaba utilizando de devolver los expedientes de solicitudes de liberación de fianzas a los interesados a través de los bancos tramitadores. Expresamos que se corría el riesgo del extravío de documentos y no se tenía la seguridad de que los mismos serían devueltos oportunamente y sin modificaciones.

La Ministro de Hacienda intervino en la polémica con el Contralor y con Dáger, y el 1 de junio señaló: "los expedientes no están saliendo del Despacho, sino que se le exige a los bancos verificar si la documentación está completa" .

Según las estadísticas de Hacienda, un total de 93 empresas bancarias y de seguros tenían en sus manos la información para completar todos los expedientes.

El 20 de julio el Consejo de Ministros formó una comisión integrada por los titulares de Hacienda, Banco Central y Procuraduría General de la Nación, para hacer transparente el paso de la liberación de las fianzas aludidas por Dáger.

Antes, el 30 de junio, Carlos Tablante denunció a la Ministro Eglée Iturbe de Blanco ante el Tribunal Superior de Salvaguarda por negligente en el cumplimiento de sus atribuciones, primero como Viceministro de Hacienda durante el gobierno de Lusinchi y luego como Titular del despacho de Finanzas Públicas con la actual administración.

"Iturbe, al no tramitar las denuncias interpuestas (contra las empresas fantasmas de los célebres chinos y varias en el sector automotor) y no paralizar la entrega de divisas, incurrió en el delito tipificado en el artículo 59 de la Ley de Salvaguarda, y es por ello que solicito se abra la correspondiente averiguación sumarial, en contra de la citada funcionaria, con la finalidad de determinar su responsabilidad criminal en este caso" .

El episodio de las fianzas se canalizó con una mala noticia: la reapertura de las Oficinas de Recadi por espacio de ocho meses, para finiquitar la liberación o ejecución de las fianzas pendientes. El anuncio lo hizo El Nacional en la primera página del 26 de septiembre de 1989. Están todavía en la revisión de los 26.000 expedientes.

Cuando el Presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda informó al país la decisión de dictar autos de detención a diez ex-funcionarios de la administración de Lusinchi, por malversar fondos públicos, varios reporteros preguntaron al magistrado sobre el destino de Eglée Iturbe de Blanco, a lo que éste respondió:

- No existen en el expediente indicios que comprometan la responsabilidad de esta ministro sino de los funcionarios a quienes se ha dictado auto de detención. Si en el curso de la averiguación surgieran indicios contra otras personas, se procederá en consecuencia....

Recientemente Eglée Iturbe de Blanco fue incorporada al Directorio de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sustituida por Roberto Pocaterrra.

Los porcentajes de la banca

El miércoles 21 de junio de 1989 logramos "colarnos" en una reunión efectuada en las propias instalaciones donde funcionó Recadi, entre los diputados Roseliano Ojeda, coordinador de la comisión técnica del Congreso y los parlamentarios Salvador Militello, Alexis Ortiz y Edgar Mora de Copei; Enrique Parra y Ramón Parada de AD; Angel Cacique de Nueva Generación Democrática; y Jorge León Díaz, de ORA; con el Juez XXXVII Penal, Luis Guillermo La Riva López. También se apersonaron los asistentes Tatiana Uzcátegui, Manuel Rivero Viloria,

140

Marcos Guánchez, Juan Pedro Uzcátegui, Henry Castro, Napoleón Coronado, Francisco Díaz y Fernando Palacios.

El objetivo de la sesión, en la que el Juez La Riva no se percató de nuestra presencia, fue intercambiar criterios sobre lo detectado por el Congreso y por la instancia penal en las mismas áreas. Fundamentalmente se discutió el caso de las ensambladoras.

Pero surgió otro detalle que nos impresionó: a la banca comercial, completa, posiblemente se le podría asignar su responsabilidad en el festín de los dólares, porque no estaba remesando al Banco Central de Venezuela alrededor de unos 250 millones de dólares por concepto de anticipos sobre importaciones no realizadas o por importaciones incompletas que obligaban a reembolsos.

El punto nos llevó a buscar al Diputado Gonzalo Pérez Hernández del MIN, quien fue el que estuvo y está manejando todavía otra sub-investigación no concluida totalmente, porque la banca posteriormente comenzó a fluir los reintegros.

El 21 de febrero de 1989, Luisa Garrido de Pérez, Gerente encargada de Administración Cambiaria del Banco Central de Venezuela, envió un fax urgente a todos los bancos comerciales que operan en Venezuela, anunciando: "cumplimos en informarle que a partir del 23 de febrero de 1989 las operaciones de reintegro enviadas por ustedes a la división de Ingresos de Divisas del Departamento de Liquidación de Ingresos y Egresos, se procesarán únicamente por transferencias telegráficas, a través de nuestro corresponsal Irving Trust Company New York, cuenta Nº 8033397047. No se recibirán operaciones de reintegro que se tramiten a través de cheques. Agradeciendo la colaboración que puedan prestar a la presente solicitud" .

El 9 de marzo siguiente, la misma funcionaria del BCV envió otra comunicación con el siguiente texto: "a la fecha aparece en nuestros registro un número considerable de solicitudes de retiro de divisas para el pago de importaciones amparadas por cartas de crédito abiertas por esa institución (los bancos comerciales públicos y privados), a cargo de cuyas conformidades de importación el Banco Central de Venezuela otorgó en su oportunidad el correspondiente anticipo, sin que por otra parte, el remanente haya sido requerido. Sírvanse verificar a la brevedad posible la situación de tales solicitudes y, en los casos en que las cartas de crédito no fueron aperturadas o no se negoció y la importación no se realizó dentro de los plazos establecidos, ordenar inmediatamente con aviso a nosotros y mediante crédito (a la antes referida cuenta) indicarnos en cada caso, el número consecutivo asignado a la solicitud y la fecha valor en la que el BCV otorgó dichas divisas" .

Más adelante concluye: "Agradecemos a esta institución atender el presente requerimiento a más tardar dentro de los próximos diez días hábiles" .

El 18 de abril de 1989, la misma Luisa Garrido de Pérez se comunicó de nuevo con los bancos comerciales y reclamó lo siguiente: "sirva el presente para reiterarles nuestra solicitud formulada en télex del 9 de marzo, a cuyos fines se les concedió un plazo de 10 días hábiles contados a partir de esa fecha, el cual se cumplió el día 27 de marzo de 1989. Agradecemos informarnos por esta vía resultados de las acciones adelantadas para proceder de inmediato a los reintegros pendientes" .

Finalmente, el 23 de junio de 1989, la Gerente Encargada de Administración Cambiaría del BCV, ofició al Area Internacional "en la oportunidad de remitirle el listado de anticipos otorgados hasta el 31 de mayo de 1989, por concepto de importaciones tramitadas por este Banco, sin que hasta la fecha (junio) se nos hayan requerido los respectivos remanentes" .

Este juego de comunicaciones le permitió al diputado Gonzalo Pérez Hernández, miembro de la Comisión Especial Recadi, entrevistarse con las autoridades del BCV, fundamentalmente con el Primer Vicepresidente, José Vicente Rodríguez Aznar, y detectar la siguiente situación irregular:

141

- Desde que se creó el sistema de cartas de crédito para financiar importaciones con dólares preferenciales hasta el corte de fecha 31 de mayo de 1989, 31 bancos comerciales (Provincial, Mercantil, Industrial, Unión, Venezuela, Latino, Consolidado, Exterior, Internacional, Caracas, Venezolano de Crédito, Italo, La Guaira, Bancor, Caribe, Maracaibo, República, Metropolitano, Financiera, Caroní, Construcción, Lara, Orinoco, City Bank, Occidental de Descuento, Principal, Capital, Federal, Agroindustrial y Regionales de los Andes), tenían pendientes 3.432 casos de anticipos por reembolsar sobre anticipos concedidos por el BCV del orden de los 99 millones 924 mil 175 dólares.

- Los mismos 31 bancos comerciales privados y públicos tenían pendientes por reintegrar sobre anticipos otros 4.142 casos, por el equivalente a 117 millones 272 mil 679 dólares. Todo esto para un gran total de 7.574 casos pendientes para un monto global de 218 millones 44 mil 877 dólares.

El punto central de la investigación emprendida por Gonzalo Pérez Hernández no fue otro que establecer las razones por las cuales la banca estaba siendo reticente y lenta en corresponder los anticipos remesados previamente por el BCV. Se trató de determinar si era posible que el Banco Central de Venezuela presionara a la banca comercial por la vía de las demandas judiciales, la deducción de los anticipos a las autoridades sobre nuevas aperturas de cartas de crédito o el cobro exigible en efectivo o mediante transferencia a las cuentas externas del BCV.

El otro aspecto sustancial fue el rescate de los anticipos con los correspondientes intereses sobre los montos de operaciones de importación no ejecutadas.

La situación pareció enderezarse más recientemente, cuando el Primer Vicepresidente del Banco Central de Venezuela, José Vicente Rodríguez Aznar, comunicó al Diputado Henry Ramos Allup, de Acción Democrática, Presidente de la Subcomisión Especial del Sector Financiero de la Cámara de Diputados, sobre los reintegros efectuados por la banca comercial hasta el 31 de agosto de 1988.

La totalidad de los 31 bancos comerciales había reintegrado a la fecha de la comunicación del BCV, 29 de enero de 1989, 18 millones 538 mil 900 dólares, sobre 1.188 casos en expedientes. El proceso ha sido lento, porque si el Banco Central de Venezuela exigía todo de una vez, con sus correspondientes intereses, la banca tendría que desembolsar entre 3.161 millones y 8.720 millones de bolívares, cantidad que no tiene en cartera por la baja liquidez reinante.

Esta situación está siendo observada muy de cerca por los parlamentarios Henry Ramos y Gonzalo Pérez Hernández. Al menos este último está dispuesto a plantear otras acciones para presionar el pago de los reintegros de la banca comercial al BCV, que es otro de los problemas que trajo como secuela, junto con el de las fianzas, la liquidación del Régimen de Cambios Diferenciales, Recadi.

Una de las implicaciones que le señaló el diputado Roseliano Ojeda al Juez Luis Guillermo La Riva en la reunión del 21 de junio, fue que algunos bancos rindieron estos anticipos en mesas de dinero en Estados Unidos y que su lentitud al remesar de nuevo al BCV no se justificaba por tal razón financiera.

Capítulo 11

La responsabilidad de la prensa

Las autoridades directivas y propietarias de El Nacional se enteraron y, posteriormente, estuvieron de acuerdo con el inicio de una campaña de denuncias referidas a la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, por la vía de un memo que redactamos el 27 de marzo de 1989.

Como consecuencia de un par de reuniones sostenidas previamente con el Jefe de Información Económica, Amado Fuguet; y con el Jefe de Redacción, Alvaro Benavides La Grecca; escribimos un informe de cuatro páginas donde destacó, especialmente, el punto Antecedentes, en el cual asentamos lo que a continuación decimos:

142

a) Entre diciembre de 1988 y febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez ordenó constituir un grupo de seguridad e inteligencia, para intervenir e investigar Recadi.

b) La medida está orientada a indagar sobrefacturación de importaciones y cartas de crédito. Por igual, el sobregiro del presupuesto de divisas en 1987 y 1988.

c) Se enmarca dentro de intervenciones, también, en el Hipódromo, Gobernación de Caracas, Centro Simón Bolívar, administración de la Urbanización Juan Pablo II, y tiene derivaciones hacia Foncrei y Corpoindustria.

d) Establecido en el Gobierno, el equipo ha ocupado posiciones en organismos de seguridad del Estado, y ha profundizado las investigaciones.

De seguidas, en tres partes, enunciamos un inventario de 41 casos, suficientemente sustentados, con los que el periódico comenzó lo que después se llamó La Agenda Secreta de Recadi. Teníamos desde la confirmación de que los presupuestos de divisas de 1987 y 1988 habían sido excedidos, hasta la historia del falso hermano de Hurtado. Los diferentes aspectos fueron ordenados en tres áreas fundamentales: Recadi, Puerto Libre de Margarita y Aduanas, y Verificadoras.

"Sobre cada uno de estos aspectos -se planteó en el documento interno- existe documentación pormenorizada, testimonios y cintas grabadas, a todo lo cual tendremos acceso autorizado y exclusivo... A los fines de comenzar el trabajo, solicitamos: apoyo global e institucional de la empresa en sus niveles gerenciales y directivos superiores en materia legal y de seguridad, garantía de espacio fijo y jerarquización en la presentación de las denuncias y trabajos y para el seguimiento que se desprenda de las informaciones; apoyo del resto de la Sección de Economía y de la de Política, y en la confidencialidad de la fuente primaria" .

Los 41 casos inicialmente comunicados, todos, fueron divulgados desde La Agenda Secreta de Recadi y, posteriormente, desde La Agenda Externa de Recadi. El mismo día obtuvimos el consentimiento de la empresa.

De esta información preliminar, obtenida y madurada durante los meses de enero, febrero y marzo del 89, pudimos titular el viernes 24 de febrero: "Investigar sobrefacturación de Importaciones ordenó el Presidente Pérez" , punto de partida para todo el trabajo posterior.

De inmediato se nos dotó de oficina, mobiliario, terminales de computación, códigos de acceso confidenciales, teléfonos, y se procedió a la organización de los materiales iniciales y se escogieron dos casos para comenzar: Francisco Maldonado Cisneros (había sido destituido) y Moral Rodríguez (posible tráfico de influencias).

El 28 de marzo expusimos el plan a Fabricio Ojeda, quien fue cedido de la Sección Política, porque de antemano se previeron las implicaciones policiales y tribunalicias del caso, que no solamente económicas, financieras y políticas.

Se "decomisó" todo lo referido a la existencia de Recadi del archivo central del periódico, se fotocopiaron los documentos fundamentales, se abrió un menú fotográfico, un directorio telefónico clave, un diario de amenazas, otro de operaciones y seguimiento, y un listado de afectados con sus direcciones.

Finalmente, el viernes 31 de marzo comenzó La Agenda Secreta de Recadi, nombre propuesto por Amado Fuguet, Jefe de Información Económica. Las otras opciones fueron: La Agenda Confidencial de Recadi (muy largo) y El Expediente Interno de Recadi (una variante de como se llamó la serie posteriormente despachada en El Diario de Caracas).

En la primera entrega se advirtió a la opinión pública y a nuestros lectores que "en la tarea de investigación y preparación de las sucesivas entregas participan profesionales del periodismo y del derecho" . El abogado consultor del Colegio Nacional de Periodistas, Beltrán Haddad, fue incorporado para coordinar y procesar las implicaciones y consecuencias jurídicas y legales del trabajo.

143

A los doce días, el 11 de abril, y como consecuencia de las primeras reacciones surgidas desde adentro de AD, hicimos pública la justificación de la campaña, en un editorial que se nos encargó. Ya Jaime Lusinchi y Gonzalo Barrios, respectivamente, habían tildado el esfuerzo como desestabilizante y atentatorio contra la democracia.

- No es solamente El Nacional - dijimos en su oportunidad- de quien se puede pensar, acertadamente, que también lleva adelante la suya, la única instancia que está haciendo denuncias claramente sostenidas y asesoradas y, dentro del papel que le corresponde como medio de comunicación de divulgar, también, la información que genera diariamente el caso Recadi... Corresponde al Tribunal Superior de Salvaguarda y a los Tribunales de Primera Instancia en lo penal en esta materia... incluidas las denuncias de El Nacional, ordenar las correspondientes averiguaciones para que, en definitiva, se determinen los delitos cometidos y la responsabilidad penal de los funcionarios, particulares y terceros en esas conductas antijurídicas y antinacionales.

Un día más tarde, el 12 de abril, un confidente (relacionado con la fuente primaria) nos llamó por teléfono para pedirnos nuestro número de telex y comunicar esto:

- ¿Está Agustín por allí? - nos preguntó.

- Si, okey- respondimos.

- Atención Agustín, material en tu poder debe ser trasladado de sitio. Posiblemente puedan intentar recuperarlo por alguna vía. Toma tus precauciones. Llámame por teléfono para otra vaina...

- Adiós- terminó.

Todos los documentos importantes, fotocopiados, todavía están en la caja de seguridad de la Presidencia de El Nacional. Sobre la marcha se nos asesoró para enfrentar alegatos provenientes de inspecciones oculares que pudieran solicitar los señalados a tribunales mercantiles o penales. Esto nunca ocurrió. En tres oportunidades solicitamos a la propia empresa, por la vía administrativa, que chequeara los saldos de las cuentas bancarias de todos los integrantes del equipo. Otro confidente, esta vez desde Margarita, nos alertó sobre esta posibilidad, cuando comenzamos a señalar nombres y empresas relacionadas con la guerra de los cupos por las divisas preferenciales en el Puerto Libre.

El mismo 12 de abril, el Editor, Franklin Whaite, recibió una comunicación oficial firmada por Walter Emilio Nouel Velasco, Director General Sectorial de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda. En la misiva, de página y media, por una parte se elogió el esfuerzo emprendido. Pero por la otra, Nouel Velasco señaló: "... es oportuno significarle la importancia de la información que maneja y la utilidad que nos reportaría si, se nos facilita el acceso directo a la fuente o, de ser posible, se nos amplíen detalles con antelación a la publicación..." .

Aquello nos pareció una "trampa cazabobos" que perseguía detectar la ubicación de las filtraciones de documentos confidenciales del gobierno anterior, en especial algunos de Inspección y Fiscalización. El punto fue remitido al Colegio Nacional de Periodistas.

Dada la agresividad reiterativamente expresada contra El Nacional por Gonzalo Barrios, presidente de AD, Franklin Whaite se vio precisado a responder al patriarca en tono no menos duro, el 9 de mayo desde la propia Agenda.

Desde que El Nacional -dijo Whaite- comenzó la serie titulada Agenda Secreta de Recadi, el doctor Barrios, presidente de Acción Democrática, ha estado atacando a los denunciantes como enemigos de la democracia... Es un golpe bajo contra El Nacional que, en sus estatutos corporativos, hace obligatoria una conducta democrática ("la actitud u orientación del Diario no será en forma alguna oficialista como tampoco de oposición sistemática" ) en todo su personal... El Nacional quiere una democracia como la que Acción Democrática -y su presidente- están obligados a mantener. Limpia y honrada.

144

Barrios ripostó al día siguiente, el 10 de mayo, y expresó: "He declarado y ratifico mi apoyo a la investigación y al posible castigo de los responsables de esos hechos, no obstante el empeño de algunos adversarios en atribuirme el propósito de exculpar a los posibles delincuentes. Pero también juzgo indispensable rechazar y condenar todo intento de hacer aparecer los posibles fraudes que se denuncian como algo propio del régimen democrático y de imposible sanción como consecuencia de la misma naturaleza del sistema" .

Por nuestra parte, tuvimos que responder a Blanca Ibáñez veinticuatro horas más tarde, puesto que ella insinuó que la entrevista realizada a Maldonado Cisneros en Miami fue manipulada.

- De la entrevista publicada ayer- señalamos -, sobre la cual asumo la responsabilidad, quiero precisarle a la señora Ibáñez que en ningún momento manipulé la información y, por tanto, me permito decirle, como me siento aludido en su carta, que en mis funciones dentro del periodismo investigativo, le pregunté a Francisco Maldonado Cisneros si Blanca Ibáñez había ejercido presiones sobre Recadi, y el entrevistado respondió que no. No obstante, usted se siente agraviada sin razón y me pregunto ¿por qué?... Entiendo sí, que el oficio de periodista supone riesgos e ingratitudes. Estamos acostumbrados a recibir de quienes ejercen o ejercieron el poder, ese calificativo tan manoseado y efectista de "manipulador" , en casos en que son tocados determinados intereses o la importancia personal de los funcionarios señalados. No basta con invocarlo y restregárselo al periodista para que todo vuelva a la normalidad, que no pase nada, que estemos en paz, sino que hace falta lo que todavía en este caso que nos atañe, no ha salido a flote: la impecabilidad ante la justicia.

En lo que pareció una estrategia montada por ciertos dirigentes y personajes afectos al ex-presidente Jaime Lusinchi, de desacreditar a toda costa La Agenda Secreta de Recadi, el propio ex-mandatario participó desde la cúspide declarativa. En un evidente intento por detener la campaña, en un programa de televisión (el que fue fraguado desde La Ermita), transmitido por Venevisión, acusó a El Nacional de presionarlo para obtener, también, divisas preferenciales. Fue en la oportunidad en que responsabilizó a sus ministros de Hacienda por lo ocurrido en Recadi.

Una vez más, el editor de El Nacional, Franklin Whaite, tuvo que salirle al paso a las expresiones "inamistosas y prevaricadoras del doctor Lusinchi" , el 12 de mayo:

- El todo es que El Nacional, por ser independiente de gobiernos y de partidos, mantiene una línea de conducta que responde únicamente al lector. El todo es que El Nacional prefiere la credibilidad antes que la docilidad. La política informativa de El Nacional no es de Miguel Henrique Otero, ni de José Calvo Otero. Es de todo un equipo.. Por eso está de mal gusto que el doctor Lusinchi diga que Franklin Whaite es el director de El Nacional, pero no manda, manda Miguel Henrique. Como chiste quizá se pueda dejar pasar. Pero como chiste malo, de todas maneras. Porque nosotros nunca diríamos que en Miraflores, el Presidente era el doctor Lusinchi, pero quien mandaba no era él.

La agresión de Lusinchi tocó la sensibilidad de toda la redacción que, reunida en una asamblea, concretó el 13 de mayo una posición de principios y puntualizó en la edición respectiva: "Rechazamos categóricamente las insinuaciones lanzadas por el ex-presidente Lusinchi, en cuanto a una presunta incondicionalidad de los periodistas de El Nacional respecto a los dueños de esta empresa. Emplazamos al doctor Lusinchi a probar lo contrario. Siempre hemos actuado con honestidad, veracidad, sentido profesional y apego a la ética que siempre ha caracterizado a este diario desde su fundación" .

La denuncia formulada por Lusinchi, en el sentido de que El Nacional lo presionó para obtener dólares preferenciales la tomó para sí la Comisión de Medios de Diputados el 16 de mayo. Los parlamentarios de Acción Democrática este día, impidieron, al romper el quórum reglamentario, que se votara un acuerdo para pedirle al ex-mandatario que ratificara su queja por escrito, tras ser contradenunciado por el Diputado Miguel Henrique Otero, copropietario de El Nacional. La cosa no pasó de allí.

145

El 20 de mayo el Juez instructor del caso, Luis Guillermo La Riva, culpó a los periodistas por la fuga de los indiciados en el caso Recadi. Se refirió, seguramente, a que una semana antes habíamos anunciado al país que venían autos de detención contra los molineros, como en verdad sucedió.

- En la medida en que los medios de comunicación sigan actuando así -dijo- irresponsablemente, es imposible que cualquier policía del mundo puede aprehender a las personas a quienes se les dicta auto de detención.

Como en Venezuela es una norma consagrada y no escrita que cuando se ordenan detenciones judiciales, por lo general los indiciados ya están fugados del país -y el caso Recadi no fue la excepción a este principio, todo lo contrario- el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Luis Vezga Godoy, salió al paso y le devolvió la pelota a La Riva, algunas horas después:

- Si el Juez La Riva realmente cree que la publicación de informaciones periodísticas es lo que ha impedido detener a los implicados en corrupción, prácticamente se descalifica como juez y como esperanza cierta para seguir atendiendo el caso Recadi.

Las estadísticas de Recadi revelan que fueron sólo tres "peces gordos" los que cumplieron con la responsabilidad de ponerse a derecho, tras la orden de captura en su contra: Nicomedes Zuloaga, Modesto Freites y Eduardo Mayobre. Hoy todos están en libertad plena.

La designación y posterior juramentación de Otto Marín Gómez, como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, trajo consigo otro debate de interés para los periodistas.

En su primera entrevista por televisión, en un programa con el periodista Carlos Croes, ex-ministro de la Secretaría de la Presidencia del gobierno de Lusinchi, Marín Gómez planteó la necesidad de "resucitar" la vieja idea de una ley mordaza para la prensa y los periodistas. Dijo que era inconveniente la manera cómo se estaba denunciando e informando sobre actos de corrupción administrativa a través de los medios de comunicación social. Aunque generalizó, obviamente que se refirió al caso Recadi, que era lo que estaba en el tapete desde hacía meses.

Trató, el 15 de junio, de remendar el capote cuando afirmó "la prensa debe decir la verdad" .

- Ustedes se dan cuenta- respondió a los periodistas de la fuente judicial que acordaron no asistir a los seminarios propuestos por Otto Marín Gómez- cómo si es verdad que por prensa, televisión y radio se impacta mucho cuando se dan muchas noticias seguidas sobre un mismo hecho, en una sociedad común que no conoce los hechos. Pareciera que estamos al borde del colapso.

-¿Pero usted no cree que en casos como Recadi -le preguntó el veterano Víctor Manuel Reinoso- donde hubo un desfalco muy grande al país, el periodismo ha hecho un gran trabajo al sacar a relucir esta situación?

- Claro que sí lo creo- respondió el presidente de la Corte.

- Lo que sí no creo es la cifra: 32 mil millones de dólares. ¿De dónde la sacaste tú? Cualquier cifra que se hayan cogido tendrá sanción penal...

Sobre la marcha, el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa le cayeron encima a la propuesta de Otto Marín Gómez.

- Al parecer -declaró Mario Villegas, secretario General del SNTP-, detrás de estas quejas contra los periodistas se esconde a veces el lamento de quienes se incomodan con la insatisfacción y quienes preferirían ver a los periodistas complacientes, sumisos y amordazados.

La polémica en torno a las primeras acciones de Marín Gómez se complicó aún más el 15 de agosto, cuando en un almuerzo de la Cámara Venezolano-Americana, puntualizó que consideraba que "las prohibiciones de salida

146

del país ordenadas por algunos jueces venezolanos eran ilegales e inconstitucionales" . En esta oportunidad no mencionó al Juez La Riva.

Este opinó el miércoles 17 lo siguiente:

- Es insólito pensar que un juez no pueda dictar prohibiciones de salida del país. Respeto mucho al doctor Otto Marín Gómez, pero afortunadamente tenemos derecho a disentir.

Lo dicho por Otto Marín Gómez sobre el tratamiento periodístico al tema de la corrupción y la legalidad o no de una medida judicial como lo es la prohibición de salida del país, tal vez presagiaba la actitud absolutoria del Presidente de la Corte Suprema de Justicia seis meses más tarde, cuando otorgó el voto favorable a la ponencia del magistrado Jesús Moreno Guacarán, con la cual se revocaron los autos de detención a los diez ex-funcionarios a los que el Tribunal Superior de Salvaguarda acusó por malversación de fondos públicos.

También en agosto, Blanca Ibáñez, como fue su costumbre, hizo llegar a El Nacional, vía fax y después de las seis de la tarde, una carta escrita por ella el 29 de mayo de 1989, y dirigida al director de la Policía Técnica judicial, Mauro Yánez Pasarella, en la que denunció que "presuntos periodistas o representantes del diario El Nacional han estado solicitando de mis hermanos Armando y Carlos, mediante llamadas telefónicas, declaraciones que me perjudiquen, a lo cual se han negado, no obstante los halagos con dinero que les han hecho" .

A pesar de los absurdo y necio de tal denuncia, una nueva asamblea de la redacción consideró importante responder a la ex-secretaria privada de Jaime Lusinchi, el 14 de agosto, en los siguiente términos:

- Los periodistas de El Nacional -nos correspondió en esa oportunidad escribir la base del comunicado- compartimos la opinión de quienes señalan que, en estos casos, lo procedente para cualquier denunciado es ponerse a derecho -en este caso, la justicia venezolana ha citado varias veces a la señora Ibáñez, sin que hasta ahora se haya presentado a rendir cuentas- antes que estar enviando cartas con dudoso sustento, que a nadie convencen a priori de su inocencia, y que a la vez tratan de vincular en su defensa -que es más bien ataque- al personal de un diario serio y profesional como éste, que en absoluto tiene que ver con prácticas reñidas con la ética.

El viernes 8 de septiembre regresó el ex-presidente Jaime Lusinchi de uno de sus rutinarios viajes a Miami. Al poner pie sobre el asfalto caliente del aeropuerto de La Chinita en Maracaibo, dijo: "Esto está muy movido y veo que algunos medios y algunos periodistas están empeñados en moverlo más" .

- Las explicaciones acerca de la corrupción deberían darlas quienes están haciendo las impugnaciones. Yo quisiera saber dónde están las pruebas de esa corrupción sistematizada, porque nadie las ha dado. Eso no es cierto y muchos de los impugnadores deberían ser investigados y algunos medios de comunicación social entre ellos. Es cuestión de esperar un poco. Yo niego que en mi gobierno se diese la corrupción como sistema...

Como se sabe, la -Corte Suprema de justicia, el lunes 19 de febrero, revocó los autos de detención a los ex-funcionarios de la administración Lusinchi, por no considerar delito con castigo penal la malversación del presupuesto nacional de divisas, inicialmente denunciada por El Nacional, el Congreso y ratificada por el Tribunal Superior de Salvaguarda. Como quiera que en el tiempo surgió una asociación directa entre El Nacional y el Caso Recadi, el editor, Franklin Whaite, nos pidió el martes 20 de febrero de 1990 una base de datos para un editorial que él firmaría. La hicimos y al final salió bajo nuestra firma, porque a Whaite le pareció un crimen poner la suya.

Fue necesario fijar una posición profesional y principista puesto que desde el periódico nos sumamos a la indignación colectiva que trajo como secuela el dictamen absolutorio de la corte.

- La decisión de la Corte- planteamos abiertamente- supone que nadie se enriqueció. Nadie traficó influencias. Nadie otorgó privilegios. Nadie gozó de ventajas económicas en detrimento de otros. En fin, ningún funcionario,

147

político o particular se excedió en contra de la posición y estabilidad de las reservas internacionales... Este fallo de la Corte Suprema de Justicia cierra un capítulo, el más importante, de la desquiciante carrera de la corrupción administrativa en Venezuela. Sólo quedan enfrentadas, para la historia, la verdad procesal, la verdad del parlamento y la verdad de la prensa.

El 22 de febrero, el Editor hizo lo propio y recogió muy bien el desaliento colectivo.

- Poco faltará para que, en el futuro, los jueces declaren culpable al propio pueblo, por el caso Recadi.

Es oportuno destacar que la posición de los periodistas y de El Nacional en materia de corrupción ha sido, es y seguirá siendo invariable en el tiempo: "Considerando -escribimos el 11 de abril de 1989- que la prensa en una democracia debe y tiene que cumplir un papel que contribuya a reforzar ciertos valores éticos y morales de la sociedad, en procura de la más genuina transformación en beneficio de todos, es por lo que es necesario combatir frontalmente la corrupción" .

En momentos en los que privó el vacío de justicia mencionado con anterioridad, donde las autoridades judiciales, fiscales y contraloras no habían sido renovadas por desacuerdo político, en El Nacional se comenzó a planificar una campaña paralela y de refuerzo a La Agenda Secreta de Recadi, precisamente para hacerle seguimiento a nuestras propias denuncias y a las de terceros. Se iba a llamar La Agenda Abierta de La Justicia.

En efecto, se hicieron dos reuniones previas con el asesor legal Beltrán Haddad, el editor, Franklin Whaite; el jefe de Redacción, Alvaro Benavides La Grecca; y los colegas Amado Fuguet, William Becerra, Roberto Giusti, Leopoldo Linares, Kalinina Ortega y Fabricio Ojeda. No se adelantó porque ocurrió la remoción de las directivas de la Corte, Salvaguarda y Consejo de la Judicatura. Era necesario sacarlas porque estaban viciadas, desgastadas y desacreditadas ante la opinión pública.

La Agenda Abierta del Crimen, más recientemente, fue una variante, tal vez, de la de La justicia, pero con otros objetivos por delante.

Capítulo 12

Las conclusiones

"Recadi fue causa de la quiebra del país" , concluye de la manera más terminante, categórica y dramática, -para desánimo de todos- el Informe Preliminar elaborado por la Comisión Especial del Congreso de la República, designada para investigar el cúmulo de factores que condicionaron y determinaron La Gran Estafa.

Esta tajante afirmación no dista mucho de la nuestra, cuando decimos que el Régimen de Cambios Diferenciales implantado en Venezuela desde el 18 de febrero de 1983 hasta febrero de 1989, administrado por Recadi durante los gobiernos democráticos de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi -especialmente en esta última administración-, fue un instrumento utilizado por funcionarios públicos, empresarios, políticos y particulares para traficar influencias, otorgar y recibir privilegios y ventajas económicas, evadir leyes y lucrarse en grupo e individualmente, en detrimento de los intereses nacionales.

Como apuntamos en el capítulo inicial, la suerte de desatinos cometidos en contra o desde la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, posteriormente denominada Dirección General Sectorial de Autorización de Divisas para la Importación del Ministerio de Hacienda, para acceder por la vía fácil a los dólares baratos controlados por el Estado, acentuaron la corrupción administrativa y la crisis moral general del país, hechos estos fundamentalmente estimulados y protagonizados por las clases dirigentes.

Recadi, La Gran Estafa perpetrada en este lapso de seis años, se desarrolló, además en el período más accidentado que ha sufrido la economía y en el peor tiempo de sacrificios vivido por los venezolanos.

148

En la parte final, el aludido informe parlamentario asegura que "el Régimen de Cambios Diferenciales, fracasó rotundamente al no alcanzar ninguno de sus objetivos fundamentales" , cuales fueron: cortar la salida de capitales y contener las importaciones, con el propósito de evitar la reducción de las reservas internacionales; amortiguar los impactos inflacionarios que causarían la contención de las importaciones y la devaluación segmentada del bolívar; favorecer la reactivación económica y evitar una desmejora del nivel de empleo y salarios en la población.

Ocurrió lo contrario. En los años de aplicación de este sistema cambiario múltiple continuó la fuga de capitales no voluntariamente repatriables, las importaciones aumentaron tanto, que el incremento condujo al desbordamiento irresponsable del presupuesto nacional de divisas, lo que redujo a casi cero la posición de las reservas internacionales en poder del Banco Central.

Además, la escalada inflacionaria alcanzó su mayor grado de repercusión sobre el salario y el ingreso real de los trabajadores, y el bolívar experimentó la más fuerte devaluación y pérdida del poder adquisitivo que se haya conocido.

En los últimos seis años, la actividad económica se mantuvo con artificios y malabarismos contables y financieros que exhibieron una relativa y moderada tasa de crecimiento. De tal suerte que con la aplicación del nuevo programa de ajustes, la brutal caída registrada por el Producto Territorial Bruto a fines de 1989, de menos 8,1 por ciento, reveló la magnitud e intensidad de los desequilibrios macroeconómicos reales imperantes en el sistema económico.

Si bien la mano de obra calificada creció por la inercia natural de las estadísticas poblacionales, el desempleo abierto y encubierto creció a niveles alarmantes.

En realidad no son dos sino cuatro las causales principales por las que el país entró en ese proceso de quiebra. Algunos nos han vendido la idea de que el colapso económico de Venezuela se debe, primordialmente, a la baja en los ingresos externos, provocada por la caída y difícil recuperación de los precios petroleros en el mercado internacional. Y, a la irracional manera de administrar internamente estos recursos, relativamente escasos, de los que ha dispuesto el país en los últimos años. Esto es cierto.

Pero hay otras dos razones hasta ahora poco debatidas. En primer lugar, el desarrollo de una política obcecada desde el gobierno del ex-presidente Jaime Lusinchi, de cancelar a como diera lugar y, tal vez en las peores condiciones financieras, el llamado "mejor refinanciamiento del mundo" . Durante cuatro años y con una situación de bajos ingresos petroleros y fiscales, se destinó más del cincuenta por ciento del presupuesto ordinario y de la rata global promedio de divisas por exportaciones petroleras y no petroleras a honrar los compromisos frente a la Banca Acreedora Internacional.

Demoró el mismo tiempo el ex-mandatario para darse cuenta, de último, de la situación, hasta llegar al extremo de admitir públicamente que la banca lo había engañado, al no retribuir a Venezuela con la misma intensidad y constancia con las que la República colocaba trimestralmente los pagos de capital e intereses de la deuda externa. Una prueba importante de que lo hecho estuvo mal, es que el nuevo gobierno de Carlos Andrés Pérez está reprogramando y aspira reducir las acreencias externas con la banca acreedora. Lo más significativo es que se está montando una plataforma financiera externa nueva, basada en fuentes multibilaterales, sencillamente porque la deuda vieja, además de impagable en su totalidad, es muy cara.

El último elemento sustancial a resaltar es que la corrupción administrativa se adueñó de Venezuela, como consecuencia del diseño de malas políticas económicas generales y de los excesos en los que incurrió la Comisión de Importaciones, al desbordar de manera antipatriótica el presupuesto nacional de divisas en detrimento de las reservas internacionales. Esto constituyó el caldo de cultivo ideal para que funcionarios, privados, políticos y particulares cometieran todo tipo de fechorías y anormalidades no controladas por ningún ente del Estado.

149

No es casual que Venezuela se haya convertido, por ejemplo, en un cementerio de vacas Holstein, en un estacionamiento de chatarra Zetor, o en un centro de consumo de trigo de bajo rendimiento proteínico.

Según el documento del Congreso, entre las irregularidades atribuibles a los directivos y supervisores de Recadi, en los trámites para el otorgamiento de divisas preferenciales, destacan las siguientes:

- Concesión de dólares preferenciales a empresas que no reunían los requisitos mínimos necesarios para la obtención de las divisas controladas, por cuanto no eran importadores tradicionales o recibieron dólares en proporción mayor al volumen de sus operaciones normales, su capacidad instalada y sus posibilidades de endeudamiento.

- Otorgamiento de divisas preferenciales a empresas recientemente constituidas, habiéndose comprobado que fueron creadas para este fin específico.

- Autorizaciones de Retiro de Divisas (ARD) a empresas que presentaron facturas que no se ajustaban a las condiciones de venta que sirvieron de base para el otorgamiento de divisas preferenciales. Este hecho permitió la aceptación de sobreprecios, motivado a la inclusión de gastos de manejo y logística de importaciones, cargos éstos que estaban implícitos en los precios FOB previamente acordados.

- Expedición de conformidades de importación antes de la vigencia del presupuesto de divisas correspondiente, en cantidades superiores a las asignadas (algunos de estos casos -lo sabemos- aparecen en las actas firmadas por los miembros de la Comisión de Importaciones. Esta fue una de las razones centrales que tuvo el ex-ministro de Fomento, Héctor Meneses, para intentar quitarse la vida).

- Marcadas e inexplicables preferencias en el otorgamiento de divisas. Se constataron casos en los cuales una sola empresa recibió 24 conformidades de importación en un día.

- Expedición de autorizaciones de retiro de divisas (ARD) a importadores que presentaron documentos cuyo trámite se encontraba vencido o incompleto.

- Expedición de conformidades de importación a empresas fantasmas o inactivas, lo cual podía evitarse al analizar la documentación existente en el Registro de Importadores.

Se incluye en el escrito que "se detectaron irregularidades relativas al inadecuado uso que dieron los importadores privados a las divisas preferenciales" , a saber:

- Empresas que recibieron anticipos de divisas preferenciales para importaciones que no realizaron, sin que se operara el reintegro correspondiente al Banco Central de Venezuela.

- Empresas que a pesar de presentar la documentación correspondiente a sus importaciones, no demostraron la existencia, comercialización o destino dado a los bienes importados.

- Importadores que en transacciones consecutivas presentaron marcadas diferencias de precios en bienes de idénticas características, lo cual hace presumir la existencia de sobreprecios.

- Grupos de empresas con accionistas comunes, que recibieron divisas preferenciales para cada uno de sus establecimientos, asignando a las mercancías precios de venta al público con márgenes de ganancia en la comercialización superiores al 500 por ciento.

- Grupos de empresas cuyo volumen de importaciones era de tal magnitud, que sus embarques ocupaban barcos completos, utilizando sólo siete días entre la fecha de la Conformidad de Importación y el retiro de la mercancía en la Aduana, lo cual hace presumir:

150

a) Manipulación del personal de la aduana por parte del importador, al obtener éste en sólo tres horas, para la totalidad del embarque la siguiente documentación: acta de reconocimiento de mercancía, actas de valoración y elaboración y liquidación de las planillas de gravámenes;

b) la existencia de estrechas relaciones entre los importadores y los proveedores en el exterior.

- Además se observaron irregularidades en la certificación de las mercancías por parte de las empresas verificadoras, al examinar en pocas horas importaciones correspondientes a un número considerable de containers.

- Los importadores del Puerto Libre de Margarita asignaron precios a sus mercancías con márgenes de comercialización que oscilaban entre 600 y 1.000 por ciento, lo que las hacía inasequibles al turista venezolano, siendo en definitiva los propios importadores y los turistas extranjeros los que realmente se beneficiaron con el subsidio del Estado.

Del anterior cuadro de responsabilidades compartidas entre funcionarios -algunos presionados por el factor político- y empresarios, se desprende una crítica a la manera cómo está concebido el sistema de administración de justicia por Salvaguarda en Venezuela.

Dejando de lado el tema de la obvia partidización irritante y del clientelismo político presente en las instancias llamadas jurisdiccionales, la legislación en materia de Salvaguarda del Patrimonio Público, o es insuficiente, o está incompleta o, en definitiva, está diseñada para que no ocurra nada sustancial nunca.

Según los abogados Humberto Mendoza y Braulio Jatar Alonso, es ridículo que un Juez de Primera Instancia en lo Penal, con atribuciones en Salvaguarda, no pueda enjuiciar a funcionarios públicos en mediana y alta jerarquía. A propósito del Caso Recadi, ésta fue la circunstancia que privó en las decisiones del Juez Instructor, Luis Guillermo La Riva López.

El podía proceder en contra de particulares y funcionarios de escasa importancia, pero nunca entrelazar los delitos detectados entre importadores con la correspondiente contraparte en el sector público al más alto nivel.

Y al contrario, el Tribunal Superior de Salvaguarda, que sí podía conocer de las actuaciones de los más altos funcionarios, cuando funcionó como tribunal de alzada de las decisiones dictadas en primera instancia y desvinculadas del sector público, tampoco cruzó las dos caras del delito, buscando asociar la responsabilidad compartida en un fraude realizado por un privado.

Por esto es que todas las decisiones judiciales tomadas en una u otra instancia, siempre fueron por malversación de fondos públicos y nunca se aplicó la legislación, por ejemplo, del concierto de funcionarios. Curiosamente, la actual Ley de Salvaguarda, además del aprovechamiento fraudulento de fondos del patrimonio público, define otras 30 ó 35 tipificaciones delictuales, no solamente para funcionarios oficiales de alto rango, sino en algunos casos para particulares.

El gran defecto de la actual Ley de Salvaguarda radica en dos aspectos centrales: uno, lejos de poner a los indiciados en aprietos para demostrar su inocencia, les otorga privilegios de jerarquía, como la defensa en ausencia. Y el otro es que constituye una chaqueta de fuerza para los que la aplican, porque provoca la prescripción de muchas causas o la declaración "no hay responsablidad penal sino administrativa" , ya que como se trata de un articulado puntual y casuístico, no imagina la cantidad y variedad de delitos contra la cosa pública que pueden ocurrir con la evolución del tiempo. Es una ley limitada, rebasa por las circunstancias y no vincula la responsabilidad de funcionarios con la de particulares.

En el plano político-partidista, no hubo quien no se pronunciara en favor de la investigación "hasta sus últimas consecuencias" y por el castigo a los "verdaderos responsables" .

151

Los dos partidos más importantes del sistema, Acción Democrática y Copei, estuvieron claros desde el punto de vista de sus nuevas plataformas económicas -donde figuraba la unificación cambiaria- en que la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales se había erigido en una nueva y más reciente distorsión de la economía y en una fuente suprema de corrupción administrativa.

Pero nunca mostraron un claro interés inicial, que partiera de ellos mismos y de antemano, por asociar a la eventual unificación una intención de clarificar su responsabilidad en la administración del Régimen de Cambios Diferenciales. "Lavarle un poco el rostro a la democracia" , en todo caso, fue una iniciativa que se le puede atribuir a la prensa responsable, especialmente a El Nacional.

No hay ninguna duda de que el electorado venezolano, cada vez más joven y amplio, censuró la actitud de los dos partidos básicos del sistema, AD y Copei, y sobre la decisión de no votar gravitó, tal vez, en las últimas elecciones directas, no una crítica al sistema democrático en su conjunto, sino a los partidos en general, a sus dirigentes y a la manera cómo han conducido al país en los últimos 32 años.

Junto al paquete económico, con todo y su secuela inflacionaria y recesiva, el otro elemento clave que determinó la elevada abstención, fue el descarado matiz que ha tomado la corrupción administrativa en Venezuela. El golpeado partido de gobierno, Acción Democrática, cargo con la más alta cuota de responsabilidad. Sumados los casos de corrupción denunciados por la prensa o ante tribunales, no quedó prácticamente un sólo ministro o funcionario de nivel de la administración de Lusinchi -incluido él mismo- que no haya sido sometido al escarnio de la opinión pública. Esto nunca se había visto, al menos en tal magnitud, en la historia reciente del país.

Sobre este tema cabe una reflexión. Los partidos políticos y sus dirigentes tendrán que hacer lo propio, pues una de las contradicciones fundamentales que está planteada en el seno de la sociedad venezolana actual -y que se acentuará más y muy rápido en los próximos años- es el distanciamiento real que existe entre el ideario y los líderes tradicionales de la política, con la cada vez más inmensa legión de independientes y jóvenes que hoy constituyen una clara "mayoría silenciosa" en Venezuela.

Por ello es que esa mezcla de corrupción generalizada y degradante, quiebra de valores, de rechazo a los partidos y sus dirigentes, de políticas de desarrollo equivocadas, de agotamiento de las reservas internacionales, de colapso en las finanzas públicas, y de todo tipo de distorsiones en la economía, constituyen algunos de los elementos que luego han condicionado la concepción y posterior aplicación del programa económico de ajustes del actual gobierno, cuyos efectos y consecuencias sufre la población desde hace ya un año.

Por lo anterior fue por lo que planteamos a los lectores de El Nacional el martes 11 de abril de 1989, lo siguiente:

- Existen razones de peso a las inicialmente referidas -escribimos- que obligan al periodista a jugar un papel más protagónico en el caso Recadi. Por ejemplo, una pérdida en la movilidad del actual gobierno en torno a la política económica que se propone adelantar y que nos afecta a todos, como lo hemos sentido en los últimos meses, tiene que ver, en buena medida con los desafueros cometidos en contra o desde Recadi. Por consecuencia, hoy día un ciudadano común debe pagar más caro un kilo de leche en polvo o cancelar más elevadas las mensualidades de la vivienda. La suma de las angustias ciudadanas ante la situación económica y social, si se quiere, fue una de las causas que provocó los sucesos del pasado 27 de febrero y días sucesivos. Los hechos ocurridos en Venezuela esa semana de graves y desconocidos estallidos sociales, indefectiblemente, están emparentados con las irregularidades cometidas en contra o desde Recadi.

Por igual, que "este es el enfoque que justifica la actitud emprendida por este grupo de profesionales del periodismo y del derecho a los que les ha correspondido denunciar personas, empresas y situaciones ligadas al proceso de otorgamiento de dólares preferenciales en los últimos seis años, en el entendido de que quienes han conspirado con el patrimonio público, son los verdaderos desestabilizadores del sistema" .

152

El informe del Congreso a este respecto, dice:

- Una de las consecuencias más serias que provocó al país esta política económica, fue la baja violenta de las reservas internacionales, ya que encontrándose éstas en 13.750 millones de dólares al cierre del año 1985, descendieron el 31 de diciembre de 1988 a 6.671 millones de dólares con el agravante de que las reservas operativas se situaron en el límite mínimo exigido por los acuerdos de refinanciamiento, es decir, 2.044 millones de dólares. No obstante esta situación, se comprometieron más de 5.500 millones de dólares más en cartas de crédito, que perfectamente sabían las autoridades del gobierno y del Banco Central de Venezuela que no podían ser honradas a su vencimiento.

Se adiciona lo siguiente:

- En Recadi no se actuó atendiendo urgentes necesidades del país ya que gran parte de las divisas que manejó se utilizaron para financiar la importación de bienes suntuarios y justamente en la peor situación de nuestro ingreso de divisas, que cayeron a la mitad... Los funcionarios que integraron la Comisión de Importaciones incurrieron en violaciones a la Constitución Nacional, las Leyes Orgánicas de Hacienda, de Salvaguarda, del Banco Central de Venezuela y de Aduanas, así como a decenas de decretos y resoluciones tanto de Hacienda como del Banco Central, sin que el ciudadano Presidente de la República, en su carácter de administrador de la Hacienda Pública Nacional, por mandato constitucional, ejerciera su autoridad para ponerle coto a esta situación.

Finaliza el escrito advirtiendo: "En Recadi, a pesar de haberse manejado cerca de 34.000 millones de dólares, se careció permanentemente de registros y archivos adecuados para el control de las operaciones y ni el Ministro de Hacienda ni la propia oficina trataron de corregir esta anormalidad que era la base fundamental del desorden y por ende de la corrupción. Recadi permitió por la negligencia y la complicidad de los funcionarios que lo manejaron desde los más altos niveles, la comisión de miles de ilicitudes por parte de los importadores en fraude a los intereses de la Nación" .

Fue lamentable el concepto expresado por el Presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, Silvestre Ortiz Bucarán, cuando se enteró de la decisión de la Corte que exoneró a los funcionarios de Lusinchi: "la sociedad de cómplices lo domina todo" .

De esta frase sencilla y reflexiva se desprende otra que se nos puede atribuir a nosotros: todos los venezolanos somos culpables, algunos más, otros menos, por dejar que se diera La Gran Estafa en Recadi, por dejar que pasara lo que ocurrió en la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales Recadi. Ahora lo importante es luchar contra esa sociedad de cómplices, y erradicar de ella a los que tienen la responsabilidad más alta.

Más indicios

En 22 de las reuniones efectuadas por los integrantes de la célebre y cuestionada Comisión de Importaciones que autorizó el uso de dividas preferenciales a través de Recadi, "se aprobaron 885 millones 658 mil 839 dólares, sin la asistencia mínima necesaria -léase quorum- de sus miembros para poder sesionar" , de acuerdo con los decretos y la legislación cambiaria vigente en ese momento.

La grave observación de orden administrativo está recogida en un dictamen de "avance" preparado por la Contraloría General de la República, denominado "análisis de operaciones realizadas por la Dirección General Sectorial de Divisas para Importaciones del Ministerio de Hacienda" , elaborado el 22 de diciembre de 1989.

Es decir, sumariada casi un mes después de que el Tribunal Superior de Salvaguarda (29 de noviembre de 1989) dictó autos de detención contra los integrantes de la comisión: los ex-ministros Héctor Hurtado, Manuel Azpúrua, Héctor Meneses, Modesto Freites; Mauricio García Araujo, ex-presidente del BCV; Eduardo Mayobre, ex-presidente del ICE; Edgalia Bastardo de Leandro, ex-directora de Recadi; Jorge García Duque, ex-

153

viceministro de Hacienda; Francisco García Palacios, ex-viceministro de Fomento; y José Azócar Aguilera, ex-viceministro de Agricultura.

Pero también el informe confeccionado por la Contraloría es anterior, en apenas dos meses, a la también cuestionada decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que luego dictaminó, el 19 de febrero de 1990, dispensar de responsabilidad penal por malversación específica a los arriba nombrados. Quedando en entredicho el trabajo inicial del Superior de Salvaguarda, del Congreso y de la prensa.

Dice el texto de la Contraloría General de la República que "de la revisión de las actas de las Comisiones de Importación, creadas por Decretos Presidenciales números 1.041 (presidida por Manuel Azpúrua) y 1.564 (presidida por Héctor Hurtado), respectivamente, se determinó que en 22 de dichas reuniones se aprobaron 885 millones 658 mil 839 dólares, sin la asistencia mínima de sus miembros para poder sesionar, que le imponían los señalados decretos".

El escándalo está vivo

Agregan los folios de la Contraloría -conocidos ahora- que "de los expedientes de conformidades de importación revisados, se determinó -aparte- que en 77 casos se otorgaron conformidades para la importación de productos sujetos a delegación y permisos previos, no encontrándose en los respectivos expedientes evidencias que los mismos se hubiesen presentado antes del otorgamiento" .

Este grupo de conformidades se reparte de la siguiente manera: otorgadas por el Ministerio de Fomento sin la correspondiente delegación, 54; otorgadas por el Ministerio de Agricultura y Cría sin la correspondiente delegación, 19; y otorgadas por el Ministerio de Sanidad sin la correspondiente delegación, 4.

Además, "se determinó -añade el órgano Contralor- que no se ejerció control sobre las delegaciones de importación, ya que algunas fueron presentadas para la obtención de más de una conformidad de importación, aun cuando ya había sido agotada, o el saldo disponible de la misma no cubría la cantidad para la aprobación de una conformidad adicional, en consecuencia las conformidades concedidas por el cupo en exceso de dichas delegaciones, se hicieron al margen de lo establecido en la normativa legal vigente para el momento en que tales conformidades fueron otorgadas" .

Igualmente, "fueron otorgadas conformidades de importación, aun cuando la correspondiente delegación de importación estaba vencida para el momento en que las mismas fueron concedidas" .

Según la Contraloría, que actúa en el mero terreno administrativo para que después otros tomen decisiones penales o civiles, "las situaciones antes descritas contravienen lo establecido en el Artículo Nº 2 de los Decretos 1.109, 1.611 y 1.647 de fechas 26-05-86, 12-06-87 y 10-07-87, respectivamente (referidos todos a la administración de la materia cambiaria), por cuanto no se acompañaron a las solicitudes de conformidad de importación, las constancias del cumplimiento de los requisitos legales vigentes" .

Como se ve, todavía queda un poco de tela que cortar en el caso Recadi. Cerrado el episodio de la Corte Suprema, la posibilidad de la sanción la tiene la Contraloría de la República en sus manos, en tanto que todavía falta su propio dictamen definitivo sobre todo lo aquí escrito.

Se escribe en el mismo parte de la Contraloría General de la República, que "en el período comprendido entre el 25-04-89 y el 15-12-89, se ha cumplido la revisión y análisis de 6.481 expedientes, por un monto total de 892 millones 965 mil 785 dólares, correspondientes a 189 empresas" .

Según la siguiente especificación:

- 4.613 expedientes de conformidades de importación otorgadas durante el período comprendido entre el año 1983 y el 1er. Trimestre de 1989 por un monto de 483 millones 176 mil 745 dólares.

154

- 148 expedientes de fianzas constituidas entre el año 1983 y el 30 de mayo de 1986, por un total de 8 millones 301 mil 756 dólares.

- 1.342 expedientes de Autorización de Retiro de Divisas otorgadas durante el 1er. Semestre de 1987, por un total de 115 millones 476 mil 562 dólares.

- 378 expedientes de conformidades de importación otorgadas para Bienes de Capital por un monto de 286 millones 10 mil 721 dólares.

Las limitaciones

Se señala en el documento, con preocupación, que "el análisis de los expedientes de conformidades de importación hasta el momento de la elaboración del presente informe, se ha visto afectada en su normal desarrollo, por diversas situaciones, que en razón a la magnitud de su incidencia negativa" , se considera necesario exponerlas para dejar debida constancia de ello:

Existen diferentes archivos según la fase del proceso, discriminados como sigue:

- Archivo de Conformidades de Importación.

El mismo está dividido por sectores (agrícola, productos e insumos básicos para exportación, puerto libre e industria y comercio), para lo cual existen 8.626 carpetas con promedio de 60 conformidades para cada una, archivadas en orden correlativo de conformidad.

"El control de dicho archivo -especifican- se ejerce mediante libros de registro por sectores en orden correlativo con conformidades, para lo cual existen 86 libros para otorgamiento de conformidades, 26 para prórrogas y 11 para modificaciones. El suministro de información por parte del archivo se cumple a requerimiento, proporcionando el nombre de la empresa, lo que implica revisar todos y cada uno de los libros del sector en que se ubique dicha empresa, a los fines de reunir los número de las conformidades otorgadas a la misma para luego extraerlos de las distintas carpetas" .

Archivo de Autorización de Retiro de Divisas (A.R.D.). Este archivo tanto en la parte A.R.D., con fianzas, como el de A.R.D. (Decreto 1.072 del 21’05’86) se encuentra conformado en cajas archicómodos por orden alfabético de empresas.

"No fue posible obtener información sobre el número exacto de cajas que constituyen el archivo de referencia; no obstante se pudo conocer que existe un libro para el caso A.R.D., con fianzas, que refleja el orden alfabético y numérico de 1.147 cajas archicómodos contentivos de expedientes" .

Afirma la Contraloría que "lo antes expuesto pone de manifiesto las dificultades primarias para el suministro de información. En segundo lugar, por decisión de las Autoridades del Ministerio de Hacienda, a partir del 12 de julio pasado, se procedió a la reducción de personal en Recadi dejando solamente tres (3) personas a medio tiempo, en el archivo de conformidades y tres (3) personas en el archivo de Fianzas y de Autorización de Retiro de Divisas igualmente a medio tiempo; esto limitó en gran medida el suministro de documentos".

Aparte, "el 23 de junio pasado (de 1989), el Juez Instructor Especial del caso Recadi giró instrucciones para que no se suministrase ningún tipo de información, hasta tanto no se realizara el inventario de la documentación que reposa en los diferentes archivos de la Dirección (-el magistrado luego cayó en desgracia); el inventario de referencia no se realizó y fue a partir del 20 de julio de 1989 cuando se comenzó nuevamente a suministrar información".

Situación de las fianzas

155

De la revisión y análisis de 148 expedientes de fianzas constituidas durante los años 1983 al 30 de mayo de 1986, se estableció lo siguiente:

- Solamente se liberaron 110 de las fianzas constituidas por 4.827.081,60 dólares, correspondientes a conformidades de importación otorgadas a seis empresas, de las cuales se estableció que 95 de ellas resultaron conforme para su liberación, y 15 que presentaron observaciones, no obstante fueron liberadas.

- Las treinta y ocho fianzas restantes correspondientes a dos empresas, no fueron liberadas y los respectivos expedientes sólo contienen el documento original de la fianza y copia de la Autorización de Retiro de Divisas por lo que no hay evidencias de que se haya solicitado su liberación.

- En quince de los expedientes de fianzas liberadas por un monto de 800.740,04 dólares, constituidos por dos empresas importadoras, se evidenció que fueron retirados del Banco Central de Venezuela el total de divisas autorizadas; sin embargo, el monto real utilizado por las beneficiarias fue de 751.275,04 dólares, quedando un saldo de 49.464,53 dólares, no encontrando esta Contraloría en los expedientes de referencia, comprobante alguno que indique que los saldos no utilizados fueron reintegrados al Banco Central de Venezuela en cuyo caso hubo violación expresa del Artículo 14 del Decreto Nº 386 del 12-12-84.

Más anormalidades

-Fueron otorgadas 170 Conformidades de Importación a ocho empresas por un monto de 83.729.496,62 dólares, que al cambio de 14,50 Bs/dólares representa Bs. 1.214.077.700,99 y en las cuales su capital no constituía el 30% del monto solicitado, contraviniendo de esa manera, lo establecido como política por la Comisión de Importaciones, creada por Decreto Presidencial Nº 1.546 del 06-05-87, en su Reunión Nº 20 del 26-11.87.

- Fueron otorgadas noventa y cinco conformidades de importación a una misma firma por 29.265.482,40 de dólares en una misma fecha, cuyos proveedores, seis en total, están ubicados en la misma dirección comercial en New Yersey, y por otra parte, la empresa importadora presenta un Capital Social de Bs. 43.710.000,00 y se le otorgan conformidades hasta un monto en dólares representativo de Bs. 424.349.494,80, contraviniendo la política anteriormente comentada, por cuanto el capital apenas es representativo del 10.3% de lo solicitado.

- A otra importadora le fueron otorgadas tres conformidades de importación, cada una por 254.100,00 dólares para importar productos idénticos, las dos (2) primeras desde un mismo proveedor de Puerto Rico y la tercera de un proveedor Canadiense, no obstante a las tres (3) conformidades les fueron concedidas 23.100,00 dólares por concepto de flete, lo que evidencia que no se tomó en consideración las distancias geográficas.

- En otro caso se otorgaron dos conformidades, para importar lingotes de cobre electrolítico, del mismo proveedor por la misma cantidad y el mismo precio unitario, lo que da como resultado el mismo valor FOB de 660.000,00 dólares; no obstante se le concedieron 66.000 dólares, por concepto de flete y en la segunda 32.000,00, siendo que los pedidos y sus correspondientes facturas son idénticos. Además cabe destacar que las tramitaciones de dichas conformidades se hicieron a través de dos instituciones bancarias diferentes.

- De los 1.342 expedientes de Autorización de Retiro de Divisas, revisados y analizados, por un total de 115.476.562,53, dólares se han determinado las observaciones siguientes:

- Se estableció que fueron concebidos Autorizaciones de Retiro de Divisas a cuatro (4) empresas por 6.042.963,90 a dólar preferencial de Bs./14,50 dólar, y los derechos aduaneros correspondientes a tales mercancías fueron declarados tomando como base imponible 6.248.035,52 a dólar preferencial de Bs./14,50, por lo que la diferencia entre este último monto y el autorizado es de 205.071,62 dólares, que debieron ser declarados a dólar libre y en consecuencia, se realizarán las gestiones pertinentes a los fines de formular los reparos correspondientes:

156

- A tres (3) empresas se les otorgaron autorizaciones de retiro de divisas por 242.207,36 dólares, sin cumplir con lo establecido en el Artículo 9ª del Decreto Presidencial Nº 1.109 de fecha 21 de mayo de 1986, y sus posteriores reformas, por cuanto se excedieron en el plano establecido para comprobar la correcta utilización de la conformidad de importación, no encontrándose evidencias en los expedientes examinados que las referidas autorizaciones hubiesen sido otorgadas de oficio o petición de parte interesada.

Durante los primeros 5 meses de funciones de la Oficina de Régimen de Cambio Diferencial, luego de su reapertura, se han ejecutado fianzas a favor del Fisco Nacional por un monto total de 46 millones 18 mil 594 bolívares, correspondientes a 201 expedientes, según un comunicado enviado por la liquidadora de Recadi, Eva Morales, al presidente de la comisión especial de la cámara de diputados que investiga el caso, Douglas Dáger.

El documento, con fecha 13 de febrero de 1990, da cuenta de los resultados obtenidos hasta el momento, de las gestiones que ha adelantado esa oficina para ejecutar los 26 mil expedientes de fianzas sobre operaciones efectuadas por importadores con dólares preferenciales, que fueron mencionadas por el diputado Douglas Dáger el 3 de abril de 1989.

El comunicado de Eva Morales establece que se han recibido sólo 6.105 expedientes de fianzas por taquilla, de los cuales se han analizado 3.378, obteniéndose como resultado la liberación de 35 casos y la ejecución de 201. Faltando así por revisar, 3.142 documentos, tarea que desempeña un equipo de trabajo conformado por abogados, analistas y personal de apoyo.

De esta manera, queda establecido que aún deberían recibirse en las oficinas de Recadi 19 mil 895 expedientes, cuyos titulares no han respondido a la exhortación que se ha hecho desde este despacho, para que los importadores con dólar preferencial solventen su situación irregular con el Estado.

Según un informe de la propia Eva Morales, que fue base para la denuncia de Dáger, los 26.622 expedientes de solicitudes de liberaciones pendientes por ejecutar, representaban un gran total de 2.200 millones de dólares, los cuales estaban distribuidos en 542 millones 69 mil 218 dólares en fianzas emitidas por empresas aseguradoras, los 1.615 millones restantes en respaldos otorgados por la banca.

Juicio en el Senado

El 21 de marzo de 1990, la parlamentaria del MAS, Lolita Aniyar de Castro, planteó en la Cámara de Senadores que el ex-presidente Jaime Lusinchi debía ser investigado desde el punto de vista de su responsabilidad personal en varios casos, entre otros Recadi. Veamos la proposición general de Aniyar:

"Que se nombre una Comisión Especial que investigue" : Su grado de responsabilidad política, civil o administrativa, en relación a la malversación del Patrimonio Nacional en virtud de sus atribuciones constitucionales, con especial referencia al caso Recadi.

- Igualmente investigar las denuncias de corrupción que se hicieron públicas en la Comisión de Contraloría de Diputados. Todo esto en virtud de los siguientes artículos de la constitución:

(Art. 121): "El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso de poder o por violación de la Ley; (Art. 192): El Presidente de la República es responsable de sus actos de acuerdo a esta constitución y las Leyes" .

(Art. 35 de la ley de Salvaguarda): "Salvo lo dispuesto en la Ley Orgánica de Contraloría General de la República, incurren en responsabilidad administrativa, además de la responsabilidad penal y civil que establece la Ley, los funcionarios que sin estar previa y legalmente autorizados para ello, o sin disponer presupuestariamente de los recursos necesarios para hacerlo, efectúen gastos o contraigan deudas o compromisos de cualquier naturaleza que puedan afectar la responsabilidad de la República... " .

157

- La responsabilidad del ex-presidente en la prevaricadora renegociación de la deuda externa, y de los reparos petroleros.

- El enriquecimiento del ex-presidente Lusinchi, sobre la base de sus bienes actuales, y de la calidad de "persona interpuesta" que tiene la concubina del ex-presidente, sus parientes, y las personas allegadas cuyos nombres hemos señalado aquí.

- El caso de los contratos de obras públicas entregados por adjudicación directa.

- En general, en base a una revisión de 5 años de Informes de la Contraloría General de la República, investigar el monto total de las adjudicaciones directas que hiciera durante todo su mandato y las personas o empresas a quienes se adjudicaron. Entre otras:

- Investigar la adjudicación directa a Franco D´Agostino de una cantidad importante de contratos de obras públicas: por ejemplo, la represa Uribante-Caparo sobre la cual hubo la denuncia de Walter Márquez en 1984, -en la cual señala que hubo un sobreprecio de más de 2.000.000.000 de bolívares-; y la Carretera a Oriente.

- Tomar en cuenta que el ex-presidente benefició a la empresa Constructora Los Andes, propiedad de Michele Fazzolari Faraco, Alexander y Mauricio Fazzolari Scurria, parientes políticos de la concubina del ciudadano ex-presidente de la República, señora Blanca Ibáñez, con contratos que alcanzaron a la suma de trescientos dieciséis millones novecientos treinta y siete mil quinientos once bolívares, para el Conjunto Juan Pablo II, además de otras obras como el edificio sede de la PTJ por un valor de 40 millones de bolívares. Y que el ex-presidente había presumido el consorcio futuro de las empresas EDIVIAGRO y Constructora Los Andes, al cual asigna el contrato Nº 161-24-88-466-0, por un monto de 199.975.888,25 bolívares, consorcio que se constituyó tres meses después.

- Tomar en cuenta que la reforma del Reglamento sobre Licitaciones Públicas, Concurso Privado y Adjudicaciones Directas para la Contratación de Obras y Adquisiciones de Bienes Muebles por la Administración Central, del 15 de marzo de 1985, -la cual permite al Presidente de la República, "a petición razonada del Ministro respectivo, decidir que el presente Reglamento no se aplique..." -, se hizo en violación del Art. 427 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, la cual establece que la licitación debe ser la regla.

- Adjudicación de apartamentos del conjunto residencial Juan Pablo II por parte del Presidente de la República, y disminución de precios de algunos apartamentos en beneficio de parientes o allegados (tráfico de influencias y abuso de poder).

- El enriquecimiento y el tráfico de influencias cometido por la secretaria privada del ex-presidente, de lo cual el mismo se declaró personalmente responsable.

- Las cartas de recomendación a Recadi para el otorgamiento de dólares preferenciales, que violan lo dispuesto en el primer acápite del Art. 72 de la Ley de Salvaguarda: "Igual pena (2 a 5 años) se aplicará al funcionario público para que este ordene o ejecute un acto propio de sus funciones, o para que lo omita, retarde o precipite o para que realice alguno que sea contrario al deber que ellos impongan..."

- Los resultados, si este fuere el caso, deberán ser llevados ante los organismos encargados de activar las instituciones penales correspondientes.

El 27 de marzo de 1990, el Senado de la República, por votación de 25 a favor y 24 en contra - la mano del ex-presidente Luis Herrera fue decisiva-, aprobó investigar y enjuiciar al también ex-mandatario Jaime Lusinchi, para determinar su responsabilidad directa en los hechos de corrupción asociados al quinquenio 1984-1989, donde, por supuesto, destaca el caso Recadi, en el primer plano.

158

El miércoles 4 de abril siguiente, el Fiscal General de la República, Ramón Escovar Salom, propuso la creación de otro Tribunal de Salvaguarda, "para darle curso sólo a las investigaciones del caso Recadi" .

- Pasa el tiempo -dijo Escovar- y no se hacen progresos en el caso Recadi. Ello crea una angustia peligrosa en la opinión pública.