Recurso por inconstitucionalidad de la Ley 840 (Canal Interoceánico - Nicaragua)

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SEÑORES MAGISTRADOS DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Soy Carlos Alberto Pérez Zeledón, mayor de edad, casado, contador, ciudadano nicaragüense con domicilio y residencia en la ciudad de Managua, identificado con Cédula 001-060869-0048K. Comparezco ante vos de conformidad con el arto. 9 y siguientes de la Ley 49, o Ley de Amparo, para impugnar la Ley 840 mediante el presente Recurso de Inconstitucionalidad que dirijo en contra de la Asamblea Nacional de Nicaragua, representada por su presidente, Santos René Núñez Téllez y en contra del ciudadano José Daniel Ortega Saavedra, quien ocupa actualmente la Presidencia de la República; todo en los términos y detalles que a continuación paso a exponeros: I.- Hechos: En fecha trece de junio del corriente año dos mil trece fue aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua la Ley 840, denominada “LEY ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE NICARAGÜENSE ATINGENTE A EL CANAL, ZONAS DE LIBRE COMERCIO E INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS”, misma que entró en vigencia el día catorce del mismo mes y año relacionados (al día siguiente), fecha en que fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 110; siendo conveniente destacar que: 1) En el artículo uno de la referida Ley se establece: “La presente Ley tiene por objeto: a) Aprobar y autorizar a firmar posteriormente el Acuerdo Marco de Concesión e Implementación , en adelante referido como “El MCA”, a suscribirse entre la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, el Gobierno, la Comisión del Proyecto de Desarrollo del Canal de Nicaragua, la Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S.A., en adelante “El Inversionista” o “El Concesionario” y HK Nicaragua Canal Development Investment Co., Limited, una compañía de responsabilidad limitada constituida en Hong Kong; b) Autorizar al Gobierno el cumplimiento y la ejecución de sus obligaciones de conformidad con los términos de El MCA; c) El otorgamiento a El Concesionario de los derechos que confiere El Gobierno en virtud a El MCA; y d) La definición y establecimiento de las bases y los fundamentos jurídicos necesarios para garantizar el cumplimiento por parte de todas las Entidades del Gobierno de los términos de la presente Ley, incluyendo la creación de la Comisión del Proyecto de Desarrollo del Canal de Nicaragua y el otorgamiento de las concesiones

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  • 1. SEORES MAGISTRADOS DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Soy Carlos Alberto Prez Zeledn, mayor de edad, casado, contador, ciudadano nicaragense con domicilio y residencia en la ciudad de Managua, identificado con Cdula 001-060869-0048K. Comparezco ante vos de conformidad con el arto. 9 y siguientes de la Ley 49, o Ley de Amparo, para impugnar la Ley 840 mediante el presente Recurso de Inconstitucionalidad que dirijo en contra de la Asamblea Nacional de Nicaragua, representada por su presidente, Santos Ren Nez Tllez y en contra del ciudadano Jos Daniel Ortega Saavedra, quien ocupa actualmente la Presidencia de la Repblica; todo en los trminos y detalles que a continuacin paso a exponeros: I.- Hechos: En fecha trece de junio del corriente ao dos mil trece fue aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua la Ley 840, denominada LEY ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE NICARAGENSE ATINGENTE A EL CANAL, ZONAS DE LIBRE COMERCIO E INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS, misma que entr en vigencia el da catorce del mismo mes y ao relacionados (al da siguiente), fecha en que fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial, N 110; siendo conveniente destacar que: 1) En el artculo uno de la referida Ley se establece: La presente Ley tiene por objeto: a) Aprobar y autorizar a firmar posteriormente el Acuerdo Marco de Concesin e Implementacin, en adelante referido como El MCA, a suscribirse entre la Autoridad de El Gran Canal Interocenico de Nicaragua, el Gobierno, la Comisin del Proyecto de Desarrollo del Canal de Nicaragua, la Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S.A., en adelante El Inversionista o El Concesionario y HK Nicaragua Canal Development Investment Co., Limited, una compaa de responsabilidad limitada constituida en Hong Kong; b) Autorizar al Gobierno el cumplimiento y la ejecucin de sus obligaciones de conformidad con los trminos de El MCA; c) El otorgamiento a El Concesionario de los derechos que confiere El Gobierno en virtud a El MCA; y d) La definicin y establecimiento de las bases y los fundamentos jurdicos necesarios para garantizar el cumplimiento por parte de todas las Entidades del Gobierno de los trminos de la presente Ley, incluyendo la creacin de la Comisin del Proyecto de Desarrollo del Canal de Nicaragua y el otorgamiento de las concesiones para cada Sub Proyecto, como se dispone en la presente Ley. Una copia de la carta acuerdo junto con el formato convenido de El MCA se adjunta a la presente Ley como Anexo A y ambos forman parte de esta Ley; los trminos en maysculas de la presente Ley que no estn definidos de otra manera, tendrn el significado establecido en el MCA. Para efectos de esta Ley, el trmino Entidad Gubernamental tendr la definicin establecida en El MCA, excluyendo a las Autoridades Jurisdiccionales. Las negrillas, cursivas y subrayados, en sta y las subsecuentes citas parciales de la ley 840, el MCA y la Constitucin Poltica, son puestos intencionadamente por m con el objeto de llamar vuestra atencin sobre los aspectos que considero relevantes del texto citado.

2. Llama la atencin el hecho de que, segn lo expresado en esta disposicin, uno de los objetivos es elevar a rango de Ley (mediante la incorporacin expresa de su contenido en forma de anexo) un formato de acuerdo no suscrito por persona alguna al momento de aprobarse la Ley. Ostensiblemente, tambin, el Concesionario o Inversionista (beneficiario directo de la Ley) es una persona jurdica nicaragense denominada Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S.A., que en adelante, para los efectos de mi exposicin denominar simplemente EDGI. 2) El mismo da de la publicacin de la Ley 840 en La Gaceta, o sea que al da siguiente de su aprobacin apresurada en la Asamblea Nacional, el MCA (ya elevado al rango de Ley, como ha sido mostrado) fue suscrito por Jos Daniel Ortega Saavedra, el catorce de junio de este ao dos mil trece, con un ciudadano llamado Wang Jing, de origen chino, actuando este ltimo en supuesta representacin de HK Nicaragua Canal Development Investment Co., Limited (HKC) y la Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S.A. (en lo sucesivo: EDGI) que, para todos los efectos legales, es una empresa nicaragense de fundacin reciente, supuestamente adquirida por otra empresa (de la cual no se especifica nombre, ni lugar de procedencia) subsidiaria de HKND (creada recientemente en las Islas Caimn) que, a su vez, pertenece a HKC (creada, tambin recientemente, en Hong Kong). El MCA, que segn artos. 1 y 17 de la Ley 840 forma parte de su contenido, fue publicado en La Gaceta los das 17 y 18 de junio de este mismo ao 2013. La manera extraa (por decir lo menos) en que ha procedido la Asamblea Nacional nos pone frente a una serie de interrogantes cuyas respuestas son paradjicas: Si el MCA forma parte de la Ley 840, como lo pretenden sus disposiciones sealadas por qu no fue publicado el mismo 14 de junio en que se public el cuerpo principal de dicha Ley? Qu es lo que le da validez al MCA para que pueda ser tenido como Ley de la Repblica? Ser su declaracin dentro de la Ley 840, sin haberse agotado el procedimiento de formacin de la Ley mediante la votacin de cada una de sus clusulas, o la suscripcin a posteriori por Jos Daniel Ortega Saavedra? Podan vlidamente los diputados incorporar un papel cualquiera (tomando tambin en cuenta que dicho papel en s mismo dice que reconoce como partes integrantes una serie de otros documentos primarios que no han sido incorporados expresamente, ni publicados oficialmente para conocimiento de todos) y asignarle rango de Ley, cuando lo que esa Ley hace, apenas, es autorizar la firma de dicho papel, para que se convierta en documento legal? Cundo realmente entra en vigencia la Ley 840, si no se han publicado todos los documentos primarios que el MCA dice tienen su misma fuerza y el MCA se considera Ley como anexo de la 840? Cmo es posible que el MCA diga que las posteriores modificaciones que se le hagan por los suscriptores, o nuevos patrocinadores o inversores, tendrn la misma fuerza y plena validez jurdica cuando ya el MCA se ha incorporado a la Ley 840 como parte de su contenido normativo? Algo que no podemos negar es que se siente la influencia china en todo este proceso de meter una empresa dentro de otra, que est incluida dentro de otra y que puede incluirse dentro de otras ms, al igual que la Ley 840 contiene al MCA que 3. contiene otros documentos que pueden dar origen a otros acuerdos, que formaran parte del MCA. Son cajas chinas, similares a las conocidas matryoshkas rusas (que originalmente tambin son chinas), las cuales en materia literaria, en este caso atendiendo a las formas de redaccin contractual, permiten la recurrencia del relato para crear bucles (en trminos de algoritmo) interminables, procesos que se contienen unos a otros y son capaces de repetirse y alternarse de forma indefinida. Destaco estos hechos por ser trascendentes para la comprensin plena del acto antijurdico que presenciamos y porque forma parte de la trama que se encubre tras la Ley 840 que hoy vengo a solicitaros sea declarada inconstitucional. El hecho de que EDGI sea propiedad de una subsidiaria de HKND que pertenece a HKC, la convierte automticamente (a EDGI), en la clsica interpsita persona que sirve, desde el principio, para ocultar a la pretendida empresa subsidiaria de HKND y a posibles futuros beneficiarios, nacionales o extranjeros; cuyos personeros, representantes o personas vinculadas pasan a ser inmunes, impunes y omnipotentes; segn veremos en los apartados correspondientes. II.- Algunas normas constitucionales violadas por las disposiciones de la Ley 840: Siendo menester exponeros fundadamente las disposiciones constitucionales que estn siendo violentadas por la Ley 840 impugnada, os presentar a continuacin algunos de los momentos que a mi criterio son los ms trascendentes, sin que ello sea bice para que vos mismos escudriis y determinis la existencia de otras violaciones, dado que las mismas son abundantes. II. 1.- Violacin a la soberana nacional, entendida como la capacidad y derecho irrenunciable del pueblo de Nicaragua para decidir sobre asuntos que comprometen su estabilidad social y patrimonio. Los artos. 1 y 2 de nuestra Constitucin Poltica establecen que la independencia, soberana y autodeterminacin son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nacin nicaragense; que la soberana nacional se ejerce a travs de instrumentos democrticos como la representacin parlamentaria o directamente a travs de las figuras del plebiscito y el referndum. De esta manera, ninguna persona o grupo de personas puede atribuirse esa capacidad de decisin. Claramente estas normas constitucionales, fundamento de la nacin nicaragense, se refieren a la capacidad de decisin que tenemos los ciudadanos sobre todos aquellos aspectos importantes para el desarrollo de nuestra colectividad, para nuestra vida en sociedad. En este sentido, un primer momento de conflicto entre la Ley 840 y la Constitucin ha ocurrido cuando importantes sectores de la poblacin (entre ellos la comunidad cientfica, organizaciones que se dedican a la proteccin del medioambiente, comunidades de la Costa Atlntica, asociaciones de Profesionales, Cmaras Empresariales y otras ms) no fueron consultados, y se procedi a redactar, discutir y aprobar dicha Ley en tiempos extremadamente cortos; pese a la complejidad y amplitud de las materias que aborda y los mbitos jurdicos, econmicos, ambientales y sociales que implica y afecta su contenido. Un segundo momento de conflicto directo entre la Ley 840 y nuestra Carta Magna, ocurre cuando en el MCA, propiamente en su clusula 9.1 relativa a las facilidades que el gobierno se obliga a garantizar en materia de legislacin, se deja claro que dentro de los dieciocho meses contados a partir de la fecha de suscripcin del MCA (eufemsticamente 4. denominada Fecha efectiva) deber de realizarse reformas a la Constitucin Poltica y dems leyes; de manera tal que dichas reformas sean cambios favorables al Patrocinador, Patrocinadores o afiliados de conformidad con la clusula 12.3 del MCA. En buen espaol esto quiere decir, simple y llanamente, que el Gobierno se obliga expresamente a garantizar que la Asamblea Nacional legisle segn el mandato (o para beneficio) de cualquiera de los patrocinadores, del proyecto o sub proyecto, o sus afiliados. As pues, por virtud de la Ley 840, el Gobierno de Nicaragua (Asamblea Nacional incluida) pasa a ser una dependencia al servicio de unos denominados Patrocinadores (el Patrocinador original, segn las definiciones del MCA es EDGI pero puede ser cualquier otro que esta empresa designe), que eventualmente aparecern (o podran aparecer) en escena (si no es que ya existen ocultos en la intrincada mezcla de empresas y personas fictas involucradas). Podemos ver, entonces, que la Ley 840 es tan inconstitucional que exige expresamente la modificacin de nuestra Constitucin Poltica e impone un trmino fatal para que dicha modificacin sea realizada. Y es as como los derechos irrenunciables establecidos como fundamentales de la nacin nicaragense, en las disposiciones constitucionales citadas (artos. 1 y 2 Cn.), son atropellados sin mayor recato, de tal suerte que solo este motivo es suficiente para declarar la inconstitucionalidad que hoy reclamo. II. 2.- Violacin a la Independencia de Poderes y sometimiento a intereses particulares extraos por encima de los intereses supremos de la nacin y la Constitucin Poltica. Ruptura del Estado Social de Derecho. Los artculos 129 y 130 de la Constitucin Poltica establecen la independencia de los Poderes del Estado y su subordinacin exclusiva a los intereses supremos de la nacin y a la propia Constitucin. Al mismo tiempo que se declara: La nacin nicaragense se constituye en un Estado Social de Derecho, se deja claro que ello consiste, bsicamente, en que ningn cargo concede a quien lo ejerce ms funciones que las establecidas en la Constitucin y las Leyes; que, a su vez, son producto del ejercicio de la soberana del pueblo, actuando directamente o a travs de sus representantes. Ya en el numeral anterior hemos visto que el gobierno se obliga a obtener la aprobacin de aquellas leyes (incluso reformas constitucionales) que faciliten la inversin y obtencin de beneficios econmicos de los Patrocinadores. De esta forma el accionar del Poder Ejecutivo se subordina al inters particular de entidades privadas, de momento posibles y desconocidas u ocultas bajo la figura de EDGI, e incluye la obligacin de realizar todos los esfuerzos para que la Asamblea Nacional tambin trabaje en funcin de esos intereses particulares y no en el inters supremo de la nacin, ni en estricto apego a lo que nuestra Carta Magna imponga. La aprobacin por parte de la Asamblea Nacional de la Ley 840 y la incorporacin del MCA como parte de esa Ley, no son otra cosa que la aceptacin expresa de esa subordinacin y sometimiento, por parte del Poder Legislativo, a los designios de quien ocupa el Poder Ejecutivo y a esos mismos intereses particulares de entidades privadas por el momento desconocidas u ocultas bajo la figura de EDGI. Esto nos coloca ante una violacin flagrante, ostensible y expresa del arto. 129 Cn. 5. La parte final del arto. 5 de la Ley 840 dice: Las decisiones de La Comisin en el ejercicio de sus funciones tendrn carcter erga omnes y sern de obligatorio cumplimiento.; lo que significa que dichas decisiones se equiparan a las Leyes de la Repblica o a las Sentencias de los Tribunales de Justicia en materia de inters pblico, invadindose y mezclndose as los mbitos de competencia de tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Judicial y Legislativo), que son rganos de gobierno y, por definicin del MCA, Entidades gubernamentales directamente sujetas al cumplimiento de la Ley 840 y el mismo MCA. Ms an, el arto. 18 de la Ley 840 reza: Sin perjuicio de cualquier disposicin en contrario establecida en esta Ley o en el MCA, no se requerir que ninguna Entidad Gubernamental tome alguna accin que viole la Constitucin Poltica de la Repblica de Nicaragua o los trminos de algn tratado internacional del que el Estado de la Repblica de Nicaragua sea parte. El Gobierno deber compensar completa y oportunamente a cada Parte de Sub-Proyecto por todos los daos o prdidas sufridas por cualquier Parte de Sub-Proyecto, en cada caso sin duplicar el pago, como consecuencia de una declaracin de inconstitucionalidad o de la violacin de los trminos de un tratado internacional del que el Estado de la Repblica de Nicaragua sea parte y que prohba, o de otra forma impida o frustre el cumplimiento u omisin que se requiera de cualquier Entidad Gubernamental segn los trminos de El MCA o esta Ley y deber tomar todas las medidas alternativas que se necesitaren para alcanzar el mismo resultado en trminos prcticos y econmicos que se buscaba alcanzar a travs de la accin u omisin no ejecutada.; lo que, de manera por dems difana, implica que los funcionarios del Estado (luego de indemnizar a la parte afectada) estn obligados a encontrar una forma de actuar en contra de la Constitucin sin que parezca que lo hacen, si es que antes no le han modificado; todo lo cual, necesariamente, implica la ruptura del Estado Social de Derecho ya que la Ley Suprema (si no han tenido tiempo de, o no se les haba ocurrido, modificarla, llegado el momento de ser necesario) no es capaz de contener las acciones que los funcionarios puedan realizar en su contra. De forma an ms cruda la clusula 24. 1. (c) del MCA dice: En donde el Gobierno, la Autoridad o la Comisin sean requeridos emprender cualquier accin en virtud del presente Acuerdo o cualquier otro Documento Primario y el Gobierno, la Autoridad o la Comisin (segn sea aplicable) no tenga la capacidad o autoridad para llevar dicha accin bajo las leyes, (i) el Gobierno asegurar (SIC) que estas acciones se efecten por una o ms personas de la manera que sea materialmente equivalente a cmo dichas acciones hubiesen sido llevadas a cabo si el Gobierno, la Autoridad o la Comisin (segn fuere aplicable) las hubieren efectuado directamente, y (ii) que el Gobierno ser responsable por cualquier falla para asegurar dichas acciones. Ntese que, como ya he dicho antes, hay ms Documentos incorporados al MCA que no fueron publicados en La Gaceta. La definicin de Documento primario en el MCA abarca algunos existentes, como un Acuerdo de Cooperacin, y otros que an no existen y pueden ser suscritos y elevados a rango de acuerdo (como acabamos de ver en esta clusula) del MCA que ya es Ley, constituyndose as una arbitrariedad jurdica de proporciones incalculables. 6. Si todava pudiese existir alguna duda acerca de los alcances del MCA en cuanto a mis afirmaciones antecedentes, basta con leer las definiciones que en l se establecen (para los efectos de este numeral) especialmente la definicin de Entidad gubernamental, que abarca a cualquier autoridad nacional, incluyendo cualquier persona que ejerza funciones de autoridad estatutaria, legislativa, judicial,, incluyendo cualquier ministro, funcionario, corte, tribunal u rgano estatutario pblico (autnomo o no) de Nicaragua; y la definicin de Ley, que comprende cualquier disposicin constitucional, resolucin, ley, estatuto, , decreto, , tratado, cdigo, regla o reglamento (incluyendo los relacionados a higiene y seguridad, cualquier legislacin ambiental o social) o cualquier interpretacin segn sean instituidos o promulgados por cualquier Entidad gubernamental; definiciones que adquieren el carcter de ley al tenor del objeto establecido en el arto. 1 de la Ley 840, dada la incorporacin expresa del MCA como anexo, y que por s mismas son contrarias a las disposiciones constitucionales a que me refiero en este numeral. Reitero: Cuando el Gobierno se obliga en el MCA a gestionar para entidades privadas, a favor de intereses particulares, la modificacin de las leyes que fuere necesario as como promover que terceras personas (tambin particulares) puedan realizar actos reidos con las leyes para evadir los lmites que ellas establecen para los funcionarios pblicos y facultando a una Comisin para que pueda emitir decisiones de obligatorio cumplimiento para todos, sencillamente el Gobierno est supeditando todo el ordenamiento jurdico de nuestro pas y subordinando a todos los Poderes del Estado (rganos de gobierno, por definicin del arto. 7 Cn.) para garantizar los beneficios de esas entidades privadas; cosa que es admitida, avalada y trata de ser impuesta a nosotros, los ciudadanos, mediante la Ley 840, en abierta violacin a los artos. 1, 2, 129 y 130 Cn., rompiendo con el Estado Social de Derecho y aboliendo los derechos fundamentales (y fundamentos) de la nacin nicaragense. Quien sea la persona (o grupo de personas) que est detrs de la compra de las acciones de EDGI, la Ley 840 tiene la clara intencin de convertirle en el soberano (entendido como monarca) en Nicaragua. II. 3.- Violacin a la independencia, libertad, soberana, unidad e indivisibilidad del Estado nicaragense. Consecuencias jurdicas y violaciones concretas a derechos ciudadanos especficos. El arto. 6 Cn. define: Nicaragua es un estado independiente, libre, soberano, unitario e indivisible.; al mismo tiempo el arto. 10 Cn. seala que la soberana, jurisdiccin y derechos se ejercen en el territorio nacional, comprendido entre el Mar Caribe y el Ocano Pacfico y las Repblicas de Honduras y Costa Rica, extendindose a las islas, cayos y bancos adyacentes, as como a las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona econmica exclusiva y el espacio areo correspondiente, de conformidad con la ley y las normas de Derecho Internacional. Ms adelante el arto. 27 Cn. indica que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual proteccin, que el Estado respeta y garantiza los derechos reconocidos en la Constitucin a todas las personas que se encuentren en su territorio y estn sujetas a su jurisdiccin. Habiendo demostrado en los acpites antecedentes el sometimiento de los Poderes del Estado a intereses privados y particulares, 7. mediante la Ley 840 y el MCA que se le incorpora (lo que es motivo suficiente para declarar su inconstitucionalidad), se hace evidente la violacin directa al arto. 6 Cn. citado, en lo que respecta a la independencia y la libertad del Estado de Nicaragua, ya que se crea un Poder que est por encima de (y al cual deben de subordinarse) los Poderes del Estado. Sin embargo, el asunto que hoy os expongo no termina ah. Veamos la siguiente disposicin contenida en la Ley 840 que hoy impugno ante vos y que transcribo: Art. 17 Disposiciones de El MCA. a) Sujeto al artculo 18 de esta Ley, todos los trminos de El MCA se incorporan a esta Ley y cada Entidad Gubernamental est autorizada y obligada a ejecutar todas las acciones que fueren necesarias para asegurar el cumplimiento, evitar conflictos e incumplimiento con los trminos de El MCA. b) Ser inaplicable a El Proyecto o los Sub-Proyectos: cualquier ley, cdigo, o decreto que tenga fuerza de ley, as como cualquier reglamento, decreto, ordenanza o resolucin emitida por cualquier Entidad Gubernamental que contradiga o impida: (i) el cumplimiento de las obligaciones de cualquier parte de El MCA en virtud a las disposiciones de El MCA incluyendo cualquier asunto que en base a las disposiciones de El MCA, el Gobierno deba cumplir, procurar o usar sus mejores esfuerzos para obtener o asegurar, o (ii) el ejercicio de los derechos otorgados a cualquier Parte de Sub-Proyecto en virtud a las disposiciones de El MCA. c) Cada Entidad Gubernamental llevar a cabo todas las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones del Gobierno en virtud de El MCA en lo que se refiere a cumplir, procurar y hacer uso de los mejores esfuerzos para lograr. d) El Gobierno est autorizado para acordar y ejecutar todas y cualquier enmienda a El MCA que fuere propuesta segn La Comisin, de acuerdo a lo previsto en el artculo 6, crea conveniente. El literal c es importante por cuanto de forma implacablemente clara transforma las intenciones del gobierno, originalmente reflejadas en el MCA mediante palabras como procurar o hacer uso de los mejores esfuerzos para lograr, en expresas obligaciones de Ley; con lo cual se refuerza el sometimiento del Estado a intereses privados y particulares, que ampliamente vengo demostrando en acpites anteriores del presente escrito. El literal d parece contener un error de redaccin por cuanto remite al artculo 6 que solamente habla de la composicin de La Comisin, sin embargo es peligrosa (y llamativamente curiosa) la facultad del Gobierno que queda dudosamente planteada de acordar y ejecutar todas y cualquier enmienda a el MCA que fuere propuesta segn La Comisin, porque el MCA se entiende ya incorporado y que adquiere rango de Ley al tenor, precisamente, de este mismo artculo 17 y el artculo 1 arriba transcrito (ambos de la Ley 840 que hoy impugno). En definitiva, pues, los literales a, c y d sirven para soportar mejor toda mi exposicin y anlisis antecedentes. En lo que respecta al literal b, es obvio que dicha disposicin crea un estado de excepcin legal en aquellas partes del territorio nacional en que fsicamente se ubiquen los proyectos o sub-proyectos estipulados en el MCA y la misma Ley 840. Si tomamos en cuenta el hecho de que hablamos de un posible Canal Hmedo y Ferrocarriles que atravesarn al pas de costa a costa, con sus respectivas obras horizontales de acceso que necesariamente incluyen caminos y carreteras; as como otras supuestas obras, tales como zonas de libre comercio, puertos y aeropuertos; todos ellos sin especificacin de 8. rea, localizacin, etc.; fcilmente llegamos a la conclusin de que, en franca violacin del arto. 10 Cn., Nicaragua (en materia de territorialidad, jurisdiccin y ejercicio de su soberana) est siendo dividida por la Ley 840 y el MCA (incorporado en ella) en varios segmentos, de forma tal que las leyes podrn variar de un lugar a otro segn convenga al (a los) Patrocinador (es). II. 3. 1. Violacin al principio de igualdad ante la Ley: Del mismo modo, la Ley 840 y el MCA que se le incorpora, nacen de la violacin del principio de igualdad establecido en el arto. 27 Cn. pues su beneficiario directo es EDGI, una empresa nicaragense de formacin reciente que pasa a adquirir una Concesin excesivamente gravosa para los nicaragenses (como os vengo demostrando) sin que se haya permitido a otras empresas, probablemente con ms trayectoria, recursos y solvencia (moral y econmica); presentar propuestas u ofertas para competir por dicha Concesin. Adems, el hecho de que se establezca la inaplicabilidad de la legislacin nicaragense en las an desconocidas, por indefinidas, partes del territorio nacional donde se desarrollaran los supuestos proyectos garantiza de antemano que los nicaragenses no estaremos protegidos por nuestras leyes en esos segmentos del territorio que sern nacionales solo de apariencia en los mapas. Por otro lado, la Ley 840 hoy impugnada, crea un status de inmunidad e impunidad (simplemente increbles e inconcebibles desde cualquier perspectiva jurdica o por simple aplicacin del sentido comn) alrededor de las personas que estn vinculadas con los Proyectos y/o Sub-proyectos a que se refiere: Art. 13 Resolucin de Disputas, Daos. No aplicarn sanciones administrativas ni econmicas de ninguna Entidad Gubernamental, ni El Inversionista ni ninguna Parte de Sub- Proyecto estarn sujetos a las acciones civiles como resultado del incumplimiento de las obligaciones adquiridas por El Inversionista o cualquier Parte de Sub-Proyecto en virtud de las disposiciones de esta Ley o los trminos de El MCA, excepto en lo que se refiere a la regulacin de solucin de controversias de El MCA, pero no por un recurso administrativo o procedimiento en Nicaragua. Cada Entidad Gubernamental cumplir con las disposiciones de resolucin de controversias establecidas en El MCA, explcitamente incluyendo pero sin limitarse a la renuncia de la inmunidad soberana y la sumisin a procedimientos de arbitraje internacional. Ni El Inversionista ni ninguna Parte de Sub-Proyecto sern sujetos de acciones penales como resultado del incumplimiento de las obligaciones adquiridas por El Inversionista o por cualquier otra Parte de Sub-Proyecto en virtud de las disposiciones de esta Ley o los trminos de El MCA. Adicionalmente, ni el Inversionista ni ninguna Parte de Sub-Proyecto sern sujetos a sanciones administrativas o econmicas por parte de una Entidad Gubernamental por acciones u omisiones, en tanto tal accin u omisin sea requerida o permitida por los trminos de El MCA. II. 3. 2. Violacin a derechos de libertad individual y libre ejercicio de una profesin: Los artos. 21. 1), 86 y 88 Cn. establecen el derecho a la libertad individual de que gozamos los nicaragenses, el derecho a elegir una profesin y lugar donde deseamos trabajar, as como la celebracin de un contrato en defensa de nuestros intereses particulares. En abierta contradiccin con estos derechos constitucionales, el MCA, incorporado ntegramente a la Ley 840 mediante los artculos 1 y 17, en su 9. clusula 10.3 (a) expresa que cada entidad clave puede Obligar a cualquier persona nicaragense o no-nicaragense (un Proveedor de Servicios) a actuar como un Contratista EPC de un Sub-Proyecto, o Contratista O&M de un Sub Proyecto o a proveer todos los servicios know how, tcnico o propiedad intelectual que dicha Entidad Clave pueda requerir en conexin con la ejecucin de cualquier Sub Proyecto (juntos Servicios del Proyecto); esta clusula, convertida en disposicin legal por virtud de la Ley 840 que hoy impugno, Seores Magistrados, es el culmen de la aberracin en materia jurdica laboral del Siglo XXI; ya que no puede ser interpretado como otra cosa que la instauracin de la servidumbre, esclavitud y trata de personas expresamente prohibidas por el arto. 40 Cn., sin menospreciar tambin la violacin directa al arto.125 Cn. (in fine) relativo al derecho de propiedad, en este caso intelectual. Si la memoria histrica no nos falla, intenciones similares tuvo el tristemente recordado filibustero William Walker, llegado a Nicaragua a solicitud (como hoy) de un grupo irreflexivo de nuestros propios compatriotas. II. 3. 3. Violacin al derecho de libre movilizacin y prdida de control del Estado sobre los servicios pblicos de transporte, infraestructura vial, puertos y aeropuertos: A las voces del arto. 31 Cn. los nicaragenses tenemos derecho a circular y fijar nuestra residencia en cualquier parte del territorio nacional; a un mismo tiempo, el arto. 105 Cn. establece la obligacin del Estado de promover, facilitar y regular la prestacin de los servicios pblicos bsicos, entre ellos los de transporte, infraestructura vial, puertos y aeropuertos a la poblacin, y es derecho inalienable de la misma el acceso a ellos. Estipulando, el mismo arto. 105 Cn., que las inversiones privadas y sus modalidades y las concesiones de explotacin a sujetos privados en estas reas, sern reguladas por la ley en cada caso. En este sentido, tal cual ha venido siendo demostrado extensamente en el presente libelo, vos podis apreciar (como puede hacerlo cualquier profano) que el Estado de Nicaragua est siendo comprometido y puesto al servicio de entidades y personas particulares desconocidas que se encubren desde un inicio bajo la persona jurdica nicaragense EDGI, de quien sus propietarios reales ni siquiera son conocidos. As mismo, siendo que de conformidad con la Ley 840 y el MCA, cualquier parte del territorio nacional puede en cualquier momento ser requerida por el inversionista, concesionario, patrocinador o partes aliadas (para cualquiera de los proyectos enunciados y los que se les pueda ocurrir en cualquier momento) y nosotros, los nicaragenses, expropiados sin derecho a oposicin; estamos en presencia de una condicionante que viola directamente el arto. 41 Cn. citado, ya que podremos circular y fijar nuestra residencia exclusivamente donde los proyectos lo permitan. Expresamente el Gobierno est obligndonos (a todos los nicaragenses, porque Nicaragua es nuestra) a entregar ttulos de dominio a personas desconocidas y dejando establecido, mediante la Ley 840 que hoy impugno, que ninguna autoridad nicaragense podr interferir en la ejecucin de los Proyectos y ninguna Ley nuestra podr ser aplicable en las reas ocupadas por los mismos. De qu control del Estado sobre la concesin podemos hablar cuando, por el contrario, es el dueo de la concesin quien pasa a ejercer el control del Estado? 10. Estamos en presencia de una entrega total de partes (an indeterminadas) de nuestro suelo patrio, espacio areo y martimo (e incluso recursos, como veremos ms adelante) que no solamente comprenden las reas que ocuparn los proyectos sino, tambin, aquellas que los patrocinadores estimen razonablemente necesarias (ver clusulas 8. 1. a y b del MCA, donde se aclara que hablamos del derecho irrestricto de usar la tierra, aire y espacio martimo distinto del que se confiere con la transferencia de dominio), estamos hablando de la entrega total del pas (y los destinos de la nacin nicaragense) a manos de desconocidos, sean nacionales o extranjeros. Y no son interpretaciones antojadizas o arbitrarias, todo ello se desprende de la simple lectura de las disposiciones que vengo citando, lectura que no requiere de profundos conocimientos jurdicos. II. 3. 4. Violacin al derecho de propiedad: En arto. 44 Cn. se garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles, y de los instrumentos y medios de produccin. Dicha disposicin literalmente reza: En virtud de la funcin social de la propiedad, este derecho est sujeto, por causa de utilidad pblica o de inters social, a las limitaciones y obligaciones que en cuanto a su ejercicio le impongan las leyes. Los bienes inmuebles mencionados en el prrafo primero pueden ser objeto de expropiacin de acuerdo a la ley, previo pago en efectivo de justa indemnizacin. Tratndose de la expropiacin de latifundios incultivados, para fines de reforma agraria, la ley determinar la forma, cuantificacin, plazos de pagos e intereses que se reconozcan en concepto de indemnizacin. Se prohbe la confiscacin de bienes.; sin embargo, segn las mismas definiciones del MCA el concepto de expropiacin contempla precisamente como sinnimo la confiscacin, taxativamente prohibida. Tambin podemos ver que el artculo 12 de la Ley 840, que hoy impugno, expresamente ordena actuar en contra de lo establecido por la Constitucin Poltica al decir: f) La Indemnizacin por Expropiacin ser equivalente al valor catastral de la correspondiente Propiedad Requerida, calculado de acuerdo con los requisitos de los procedimientos y reglamentos de valuacin establecidos por la Comisin Nacional de Catastro de Nicaragua para la Municipalidad respectiva. Sin embargo, se aplicar como valor de la Indemnizacin por Expropiacin el Valor Justo de Mercado de dicha Propiedad Requerida a la fecha de esta Ley, si ste valor fuere inferior al valor catastral, calculado tal Valor Justo de Mercado como el valor por el cual la Propiedad Requerida se transferira en una venta en igualdad de condiciones entre partes no afiliadas en un mercado abierto; de modo que en lugar de justa indemnizacin para el despojado lo que se establece son menos cargas para el despojante. Esto solo puede recordarnos las prcticas gangsteriles del racket (o ricatti) de tiempos de Don Corleone, con la salvedad de que en esta nueva versin el Estado de Nicaragua se convierte, por virtud de la Ley 840 hoy impugnada, en el matn que obliga a la firma del documento legal de transferencia de la propiedad. Es evidente, hasta para el ms ingenuo, que, a partir de esta infame Ley, el valor de cualquier propiedad en cualquier parte del territorio nacional (que pueda ser racionalmente sospechosa de ser utilizada para cualquiera de los Sub-proyectos que contempla) ha comenzado a perder valor comercial, pues nadie en su sano juicio querr adquirirla para que en cualquier momento le pueda ser confiscada y pagada a precio de Catastro u otro precio an menor. 11. II. 3. 5. Violacin a los derechos de las Comunidades Autctonas de Nicaragua, en especial las de la Costa Atlntica: El arto. 89 Cn. dice que Las comunidades de la Costa Atlntica son parte indisoluble del pueblo nicaragense y, como tal, gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones. Las comunidades de la Costa Atlntica tienen el derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural en la unidad nacional; dotarse de sus propias formas de organizacin social y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones. El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las comunidades de la Costa Atlntica. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales.; por su parte los artos. 180 y 181 expresamente ordenan que Las comunidades de la Costa Atlntica tienen el derecho de vivir y desarrollarse bajo las formas de organizacin social que corresponden a sus tradiciones histricas y culturales. El Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de propiedad comunal y la libre eleccin de sus autoridades y diputados Las concesiones y los contratos de explotacin racional de los recursos naturales que otorga el Estado en las regiones autnomas de la Costa Atlntica, debern contar con la aprobacin del Consejo Regional Autnomo correspondiente; sin embargo, el arto. 12 de la Ley 840 que hoy impugno expresa: Es de inters pblico del pueblo de la Repblica de Nicaragua la expropiacin de cualquier bien inmueble o derecho sobre un bien inmueble que sea razonablemente necesario para efectuar todo o una parte de El Proyecto, en adelante Propiedad Requerida, ya sea propiedad privada, propiedad comunal de las Regiones Autnomas o de las comunidades indgenas o propiedad que tenga cualquier Entidad Gubernamental. c) Con relacin a cualquier Propiedad Requerida que fuere propiedad comunal ubicada en las Regiones Autnomas de la Costa Atlntica, La Comisin mandar a or al Consejo Regional o Municipalidad correspondiente, quienes tendrn el derecho de expresar su respectiva opinin referente a la expropiacin hasta por siete (7) das luego de recibir notificacin de La Comisin. Tras el vencimiento de ese trmino, habiendo o sin haber recibido opinin del Consejo Regional o Municipalidad, y, a modo aclaratorio, sin requerir el consentimiento o aprobacin de dicho Consejo Regional o Municipalidad, La Comisin podr continuar con el proceso de expropiacin como se describe en este artculo 12. No se requerir ningn otro Consentimiento, accin o requisito establecido en otras leyes para completar este proceso de expropiacin; Sin obviar el hecho de que en la Ley se dice que es en mi inters (yo soy parte del pueblo, no he sido consultado, amn de que precisamente ESTOY EN CONTRA de esta Ley 840, que hoy impugno, y no he votado por ninguno de los Diputados que la suscriben), podemos ver que los derechos especiales que la Constitucin trata de remarcar a favor de nuestros compatriotas de la Costa Atlntica son borrados de plano mediante la redaccin de este artculo de la precitada Ley 840. Es una burla grosera y cruel pedir a alguien que emita su opinin para, a rengln seguido, pasar a decir luego que esa opinin de todos modos no importa. Si bien es cierto el hecho de que ltimamente as se manejan las cosas en Nicaragua, no se puede permitir que el Abuso de Autoridad se convierta en una disposicin normativa, al menos no si queremos decir que vivimos 12. en un pas medianamente civilizado; al menos no sin reconocer que estamos mandando a la basura todo aquello que nos ha constituido como pas; que es, en definitiva, lo que vos harais (mandar todo a la basura) si rechazareis la validez jurdica y fctica de mis argumentos en el presente libelo. II. 3. 6. Violacin al derecho de informacin y al control ciudadano de la gestin pblica: El arto. 131 Cn. (en concordancia con el arto. 66 Cn.) dice: Los funcionarios de los cuatro poderes del Estado, elegidos directa o indirectamente, responden ante el pueblo por el correcto desempeo de sus funciones y deben informarle de su trabajo y actividades oficiales. Deben atender y escuchar sus problemas y procurar resolverlos. La funcin pblica se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo; no obstante, la Ley 840 asume incorporado a su texto el MCA, el cual en su clusula 19, contraviniendo directamente la disposicin constitucional citada, expresamente prohbe que cualquier persona (que es la nica forma correcta de entender pueblo) pueda tener acceso a la informacin relacionada con cualquier Proyecto o Sub-Proyecto, las entidades, pblicas o privadas, que lo desarrollan, los estudios cientficos realizados, etc. II. 3. 7. Violacin al arto. 60 Cn. que establece el derecho de los nicaragenses de vivir en un ambiente saludable y a la obligacin del Estado de proteger los recursos naturales: Pese a que en el arto. 5 de la Ley 840 se afirma que: La Comisin del Proyecto de Desarrollo del Canal de Nicaragua ser el rgano de gobierno responsable de la supervisin del uso racional y sostenible de los Recursos Naturales, la proteccin del ambiente y biodiversidad del rea geogrfica de influencia alrededor del rea de construccin de El Gran Canal Interocenico de Nicaragua dentro del marco de tratados vinculantes, convenciones internacionales y legislacin nacional.; no existe ningn asidero legal para suponer que esta entidad pueda cumplir con su aparente responsabilidad. En primer lugar porque el traspaso de las propiedades que pueda requerir el proyecto se har a partir de su simple sealamiento por el interesado (inversionista o patrocinador), en segundo lugar porque dicho traspaso es total: en posesin y dominio, tal y como lo establece el MCA, y, en tercer y ltimo lugar, porque ya estando la propiedad (a cualquier ttulo) en manos del inversionista, patrocinador o interesado, la intencin es que ninguna autoridad o ley nicaragenses puedan interferir el desarrollo del proyecto, tal y como hemos visto en acpites antecedentes del presente libelo. Para mayor abundancia demostrativa, cabe sealar que la clusula 8. 1. c) del MCA es clarsima al afirmar que La Comisin debe asegurar derechos irrestrictos para extraer, almacenar y usar el agua, y todos los otros recursos naturales correspondientes. Para concluir, me permito citar la clusula 24. 1. (b) del MCA, segn la cual: "Cada uno de la Autoridad, la Comisin y el Gobierno se comprometen a que no podr, y deber asegurar que ninguna otra Entidad Gubernamental (excluyendo cortes y tribunales), impugne la validez o aplicabilidad de este acuerdo en relacin con, o sobre la base de que algn acto ilcito o el pago del mismo ha sido realizado o pagado (segn sea el caso) por alguna persona a los efectos de asegurar la ejecucin de este acuerdo por cualquier parte."; lo que quiere decir (por ejemplo) que si algn permiso ambiental, laboral o de cualquier otra ndole fuere obtenido por el inversionista, concesionario, patrocinador o partes aliadas mediante soborno, amenazas de muerte o 13. chantaje (por citar algunas de posibilidades); absolutamente nadie puede denunciar esos actos ilcitos y, mucho menos, pretender que se invaliden los documentos obtenidos. Ms descaro, imposible. III. Otras consideraciones jurdicas Ceido estrictamente por el rigor tcnico del Recurso que intento, me he limitado a presentaros algunos de los aspectos ms relevantes de la Ley 840 y sus anexos en cuanto al grado de conflicto que entraan y la lesin directa que ocasionan a nuestra Ley Suprema. No obstante, existen tambin normas generales que contienen Principios del Derecho y reglas de Procedimiento aplicables a todos los casos relativos a la Ley, su aplicacin y la presentacin de cualquier asunto ante los administradores de justicia, en cualquier instancia o recurso. As vemos que en el Ttulo Preliminar de nuestro Cdigo Civil vigente se deja claramente establecido que los actos realizados contra leyes prohibitivas o preceptivas son de ningn valor (numeral X, I), en tanto el arto. 2204 C. expresa que toda nulidad absoluta puede, y debe de, ser declarada por el juzgador en cualquier momento en que llegue a su conocimiento, aunque nadie lo alegase. Siguiendo ese orden de ideas, encontramos que la Asamblea Nacional, en la persona de los diputados que la conforman, ha actuado distorsionando y excedindose de las facultades que le asigna el arto. 138 Cn. en su numeral 12, el cual expresamente menciona como atribucin la de: Aprobar o rechazar los tratados, convenios, pactos, acuerdos y contratos internacionales: de carcter econmico; de comercio internacional; de integracin regional; de defensa y seguridad; los que aumenten el endeudamiento externo o comprometan el crdito de la nacin; y los que vinculan el ordenamiento jurdico del Estado. Dichos instrumentos debern ser presentados a la Asamblea Nacional en un plazo de quince das a partir de su suscripcin; solamente podrn ser dictaminados y debatidos en lo general y debern ser aprobados o rechazados en un plazo no mayor de sesenta das a partir de su presentacin en la Asamblea Nacional. Vencido el plazo, se tendr por aprobado para todos los efectos legales.; de manera que, en estricto Derecho, no es atribucin de la Asamblea Nacional autorizar la suscripcin de un contrato que no es internacional, habida cuenta de que EDGI es una entidad jurdica nicaragense. Es evidente que el ciudadano Jos Daniel Ortega Saavedra, quien ocupa la Presidencia de la nacin pese a la vigencia del arto. 147 Cn. (que se puede fcilmente comprobar solicitando una certificacin de la Carta Magna a la Asamblea Nacional), se encuentra siempre en la urgencia de mostrar su legitimidad para gobernar, pero tambin (y sobre todas las cosas) se hace claramente visible que todo este mecanismo pseudolegal est siendo utilizado para crear la impresin de que estamos ante un asunto de inters nacional, cuando en realidad lo que se suscribe es la entrega del pas y sus recursos a una empresa privada totalmente desconocida y obscura. Es claro que Jos Daniel Ortega Saavedra tendra que haber firmado el MCA y presentarlo, despus, a la Asamblea Nacional dentro del plazo de quince das, que establece la Ley Suprema, para que se evaluara su posible aprobacin; es igualmente obvio que si la Asamblea Nacional quera incorporar el contenido del MCA, an sin firmar, dentro de la Ley 840; tendra que haber realizado el proceso de discusin y votacin de cada una de sus clusulas, puesto que a falta de 14. firmas el formato (modelo, machote o propuesta) que se pretendi anexar ni siquiera tiene calidad de documento legal. De modo que ante la incorporacin del MCA como anexo de la Ley 840, y por virtud del arto. 2201 C., estamos en presencia de una nulidad absoluta: 1 Porque falta alguna de las condiciones esenciales para su formacin o para su existencia y 2 Porque falta algn requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideracin a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene. Y, an ms, el MCA por s solo (firmado o sin firmar), dadas sus pretensiones expresas de convertirse en la directriz y gua para imponer reformas a la Constitucin Poltica de la Repblica de Nicaragua, dado que abiertamente de su texto se desprende que es contrario a nuestra Carta Magna (imponiendo incluso un trmino perentorio a la Asamblea Nacional para que realice las reformas ordenadas, plazo fatal que en la mente de los suscriptores del adefesio jurdico ya va corriendo), es nulo con nulidad absoluta, a las voces del arto.182 Cn., que dice: La Constitucin Poltica es la carta fundamental de la Repblica; las dems leyes estn subordinadas a ella. No tendrn valor alguno las leyes, tratados, rdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones.; mismo artculo que perfectamente podis utilizar, sin ir ms lejos, para declarar la obvia y grotesca inconstitucionalidad de la Ley 840, por acoger, avalar y tratar de imponernos la nulidad y propia inconstitucionalidad del tantas veces referido MCA. IV. Peticin de Sentencia declaratoria de Inconstitucionalidad: Seores Magistrados, podramos continuar largamente abordando los detalles que demuestran hasta qu punto son inconstitucionales la Ley 840 y el MCA (que le ha sido irregular, extraa y maliciosamente incorporado junto con cualquier cantidad de acuerdos que podran ser redactados a posteriori y/o existir sin que siquiera nos demos cuenta) sin mencionar todas aquellas otras disposiciones que descaradamente tienen por objeto ocultar o proteger a las personas que puedan cometer arbitrariedades (incluso delitos) en contra de los intereses de los nicaragenses; las renuncias expresas a la jurisdiccin, a la soberana y hasta temas tan obscuros como el encubrimiento de los manejos de dinero en los bancos de nuestro pas; sin embargo resulta innecesario a la luz de lo ya expuesto, que es suficiente para que tenga cabida la declaratoria de Inconstitucionalidad que hoy vengo a proponeros por ser mi obligacin ciudadana expresada en el arto. 1 Cn. Es por todo lo antes expuesto, sobre la base de las consideraciones de hecho y de Derecho realizadas, por haber demostrado de manera puntual, detallada, clara y fehaciente las contradicciones indubitables existentes, as como las violaciones ostensibles y directas que se inflige y pretende infligir a nuestra Carta Magna; que vengo ante vos, estando en tiempo y en la debida forma legal, a solicitaros que mediante sentencia firme declaris la Inconstitucionalidad de la Ley 840: LEY ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE NICARAGENSE ATINGENTE A EL CANAL, ZONAS DE LIBRE COMERCIO E INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS publicada en La Gaceta N 110 del catorce de junio del corriente ao dos mil trece y decretis la Nulidad por Inconstitucionalidad del denominado 15. Acuerdo Marco de Concesin e Implementacin con relacin a El Canal de Nicaragua y Proyectos de Desarrollo que fuera suscrito por Jos Daniel Ortega Saavedra y otros en fecha catorce de junio de este mismo ao dos mil trece, por contravenir expresamente las disposiciones constitucionales arriba desglosadas, como por pretender imponer reformas de contenido constitucional y plazos perentorios, todo ello en detrimento del ordenamiento jurdico nicaragense, comenzando por la misma Carta Magna. Es lo que la dignidad humana y el patriotismo demandan, as como lo que la ley ordena y en estricto Derecho corresponde. . Os pido pues, que admitis el presente Recurso de Inconstitucionalidad que dirijo en contra de la Asamblea Nacional de Nicaragua, representada por su presidente, Santos Ren Nez Tllez, y en contra del ciudadano Jos Daniel Ortega Saavedra, quien ocupa actualmente la Presidencia de la Repblica, ambos ciudadanos de generales de ley por m desconocidas. El ciudadano Santos Ren Nez Tllez puede ser notificado en el edificio de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, detrs del Edificio de Comisiones Jos Dolores Estrada, frente al Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, en esta ciudad de Managua. El ciudadano Jos Daniel Ortega Saavedra puede ser notificado en su casa de habitacin, que utiliza indistintamente como casa de la presidencia o secretara de su partido, ubicada en Reparto El Carmen, en el costado oeste del parque, en esta ciudad de Managua. Pido tambin, que de conformidad con lo establecido en la Ley 49, se notifique del presente Recurso al Procurador General de Justicia, para lo de su cargo. Adjunto copias de Ley. Sealo para notificaciones mi casa de habitacin sita en Villa Venezuela, Sector D, andn 1, casa 4877; en esta misma ciudad capital. Managua, trece de agosto del dos mil trece. Carlos Alberto Prez Zeledn Recurrente