12 de febrero del 2009 / Año 3 / N° 17

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Es necesario ampliar la cobertura de los servicios de salud mental

Para atender adecuadamente a poblaciones vulnerables

La desinformación y los prejuicios sociales hacen que

muchas veces se considere a las enfermedades mentales como incurables y a las personas que las presentan como peligrosas. A esta situación se suma la falta de reconocimiento de dichas personas como sujetos de derecho y el poco valor que se atribuye a su palabra, convirtiéndolas en un grupo especialmente vulnerable. En razón de ello, la Defensoría del Pueblo realizó una supervisión a los establecimientos de salud que brindan atención en salud mental y descubrió una limitada cobertura de estos servicios y restricciones en el acceso a la atención.

Así lo revela el Informe Defenso-rial Nº 140, titulado “Salud mental y derechos humanos. Supervisión de la política pública, la calidad de los servicios y la atención a poblaciones vulnerables”, que muestra los resul-tados de una supervisión, realizada entre julio del 2007 y noviembre del 2008, que abarcó todo el ámbito nacional. Dicha labor incluyó visitas a establecimientos del Ministerio de Salud (MINSA) de 15 regiones del país: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Tacna, de las cuales ocho se encuen-tran entre las más pobres o las más afectadas por la vio-lencia política ocurrida entre los años 1980 y 2000.

El Informe, elaborado por la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapaci-

dad, señala que, a pesar de los esfuerzos del MINSA, aún no se ha podido implementar el componente de salud mental en los diferentes establecimientos de salud. Asimismo se indica que la Dirección de Salud Mental del MINSA no cuenta con un director ni con los recursos fi nancieros y humanos sufi cientes para su adecuado funcionamiento.

Del mismo modo, el documento refi ere que la De-fensoría del Pueblo ha detectado que son 39 los es-

tablecimientos del MINSA que cuentan al menos con un médi-co psiquiatra y brindan atención especializada en salud mental. De estos, el 67% se encuentra en la Costa, el 23% en la Sierra y el 10% en la Selva.

Escaso presupuestoEl Informe Defensorial Nº 140 revela que la salud mental no es un asunto prioritario para la mayoría de las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA). Las intervenciones y actividades priorizadas como parte de la implementación del Plan Nacio-nal de Salud Mental se realizan en función del apoyo fi nanciero y logístico que brinda el MINSA, debido a que las regiones asig-nan escaso presupuesto a di-chos aspectos.

En ese sentido, el MINSA y las DIRESA están trabajando para fortalecer el componente de salud mental en los puestos y centros de salud, en particular sobre problemas de violencia familiar, suicidio, depresión y adic-ciones. Sin embargo, la reestructuración de los servicios de salud, la organización de un adecua-do sistema de referencia y contrarreferencia, así como la disponibilidad de medicamentos para la atención de trastornos mentales son temas que requieren ser abordados.

RESUMEN INFORMATIVO

Informes Defensoriales:promoviendo soluciones concretas

Se está priorizando la implementación del componente

de salud mental en establecimientos

del primer nivel de atención.

Informe Defensorial Nº140Salud mental y derechos humanos. Supervisión de la política pública, la calidad de los servicios y la atención a poblaciones vulnerables

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo constató que, de los ocho establecimientos supervisados que aplican terapia electroconvulsiva (electro-shock), solo tres cuentan con equipos moder-nos: el Instituto Especializado de Salud Mental Honorio Delgado– Hideyo Noguchi, el Hospi-tal Víctor Larco Herrera y el Hospital Hermilio Valdizán, todos ubicados en Lima. En estos esta-blecimientos se aplica dicha terapia con anestesia y relajantes musculares; no obstante, en otros hospitales todavía persisten las vulneraciones al derecho a la integridad y a un trato digno de los pacientes.

A este respecto, la Defensoría del Pueblo identi-fi có un alto nivel de desconocimiento por parte del personal de los establecimientos de salud, del SIS y de los propios benefi ciarios sobre la cober-tura que brinda este seguro, por lo cual recomien-da que el MINSA y las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA) difundan en los establecimientos de salud los alcances de las normas que regulan la cobertura en salud mental de las personas afecta-das por la violencia política.

Calidad de la atención en salud mentalEl Informe señala que no se realizan esfuerzos sufi -cientes para informar a las personas con trastornos mentales acerca de su enfermedad y tratamiento, ni para garantizar su consentimiento informado. Asi-mismo revela que existe un importante número de pacientes con alta médica que permanecen en los es-tablecimientos de salud mental y no reciben terapias orientadas a su rehabilitación y reinserción social. Además, indica que se han identifi cado limitaciones para impulsar la reestructuración de los hospitales generales para la inclusión de camas psiquiátricas.

Como resultado de una supervisión nacional realizada por la Defensoría del Pueblo se puso en

evidencia la falta de profesionales especializados para la atención en salud mental y la alta concentración de psiquiatras en la ciudad de Lima. El Informe Defensorial Nº 140, referido a la salud mental y los derechos humanos, precisa que en el país existen 187 psiquiatras que laboran en establecimientos del Ministerio de Salud (MINSA), de los cuales el 82% (153) ejerce su práctica en Lima y Callao.

Asimismo, el documento indica que los estable-cimientos de salud de Amazonas, Ayacucho, Huan-cavelica, Madre de Dios, Pasco, Tumbes y Ucayali no cuentan siquiera con un médico psiquiatra. De estas regiones, cinco se encuentran entre las más pobres del país o las más afectadas por la violen-cia política (Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Ucayali).

Salud mental y víctimas de la violencia políticaEl MINSA ha establecido un Plan Integral de Repara-ciones en Salud Mental dirigido a las 10 regiones más afectadas por la violencia política (Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali) como parte del Plan Nacional de Salud Mental. Asimismo, el Seguro Integral de Salud (SIS) contribuye a la política de reparaciones fi nanciando las prestaciones de salud que reciben las víctimas de la violencia política y sus familiares en los establecimientos del MINSA.

Según Informe Defensorial Nº 140

El 82% de médicos psiquiatras trabaja en Lima y Callao

Publicación de la Defensoría del Pueblo. Dirección de Coordinación Territorial.

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Salud mental y derechos humanos. Supervisión de la política pública, la calidad de los servicios y la atención a poblaciones vulnerables2 INFORME

N° 140

Al Congreso de la República• Reiterar la necesidad de aprobar una ley que

regule el internamiento voluntario e involunta-rio de personas con trastornos mentales en los establecimientos de salud, que establezca un ór-gano de revisión periódica de los internamientos involuntarios y que genere mecanismos para su-pervisar los establecimientos y servicios de salud mental, así como para garantizar recursos senci-llos y efi caces para la interposición de quejas.

Al Ministerio de Salud• Fortalecer el rol rector de la Dirección de Sa-

lud Mental, designando un director a su cargo, así como dotándola de recursos fi nancieros y hu-manos sufi cientes para la implementación de los objetivos del Plan General de la Estrategia Sanita-ria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz, así como del Plan Nacional de Salud Mental.

• Impulsar la reestructuración de los hospitales ge-nerales para garantizar la atención especializada en salud mental y la inclusión de camas psiquiátricas.

• Modifi car el listado priorizado de intervenciones sanitarias del SIS para incorporar el tratamiento de los principales trastornos mentales como la depresión, la ansiedad y los trastornos psicóticos, cuya atención está siendo implementada en los servicios de salud de los primeros niveles.

• Capacitar al personal de las ofi cinas desconcen-tradas del SIS sobre la cobertura en salud mental que ofrece dicho seguro, así como respecto de los procedimientos de afi liación de los afectados por la violencia política.

• Supervisar, en coordinación con las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA), las condiciones en que se brinda la atención en salud mental en los

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECOMIENDAestablecimientos de salud generales y especializa-dos, la regulación y la aplicación de los tratamientos prescritos, así como el respeto de los derechos de las personas internadas con trastornos mentales.

A los Gobiernos Regionales y DIRESA• Implementar en los planes y las políticas regiona-

les de salud el componente de salud mental, así como asignar los recursos sufi cientes, y de ma-nera sostenible, para la implementación del Plan General de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz, y el Plan Nacional de Salud Mental, en particular en las regiones con mayores niveles de pobreza y más afectadas por la violencia política.

• Implementar una política de incentivos para incre-mentar el número de psiquiatras en las regiones.

• Difundir en la población afectada por violencia política la cobertura en salud mental del SIS.

• Disponer las medidas necesarias para mejorar la infraestructura de los establecimientos de salud mental y las condiciones de vida de las personas internadas.

A los establecimientos de salud• Disponer que se brinde a los pacientes la infor-

mación de manera adecuada y comprensible so-bre sus derechos y la manera de ejercerlos.

• Retirar los equipos de terapia electroconvulsiva antiguos e inseguros que no garanticen la inte-gridad de los pacientes, así como garantizar que dicha terapia se realice con anestesia y relajantes musculares.

• Disponer que se aseguren condiciones de higie-ne, accesibilidad, comodidad y seguridad en los establecimientos de salud.

Regiones más pobres y afectadas por la violencia política no cuentan

con un médico psiquiatra.

DATO

La Defensoría del Pueblo identifi có solo 12 es-tablecimientos de salud del MINSA que brindan hospitalización por problemas de salud mental en el ámbito nacional, los cuales se encuentran en nueve de las 25 regiones del país.

Comisionada de la Defensoría del Pueblo supervisa el Centro de Rehabilitación del Enfermo Mental de Iquitos –

CREMI. Se observa al paciente recluido en una celda.