Boletín de análisis y prospectiva política

contextospolíticas públicas debate y diálogos

Publicación del Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD-Bolivia.

Número 5, Febrero - Junio 2012

and miosa

Tiempospolíticos

Atlas electoral de BoliviaAtlas electoral

BoliviaAtlas electoral

Elecciones Generales 1999-2009Asamblea

Constituyente 2006

Elecciones Municipales 1985-2010

Referéndums 2004-2009

Presentación

ContenidoContextos: Estrategias y dinámicas político-electorales Fernando Mayorga [pag. 4] Elecciones Municipales Sucre 2011 Kathia Zamora [pag. 12] La conflictividad social como epistemología del poder Helena Argirakis [pag. 21] TIPNIS la verdad social oculta detrás de la coyuntura y la conflictividad Ilya Fortún [pag. 31] Ley de consulta previa y IX marcha indígena del Oriente Jorge Viaña [pag. 37] Miserias de la plurinacionalidad e interculturalidad en el conflicto del TIPNIS Félix Patzi [pag. 43] Análisis de políticas públicas: Del análisis de lo político al análisis de las políticas públicas Alberto García [pag. 54] Entre las oportunidades heredadas y los proyectos de vida María Daniela Sánchez [pag. 60] Pluriver-sos: Etnicidad y ciudadanía en América Latina Alvaro Bello [pag. 64] La descolonización del Estado Idón Chivi [pag. 74] Conversaciones: Entrevista a Jay Harting [pag. 81] Entrevista a Manuel García [pag. 83 ] Entrevista a Xavier Albó [pag.

86] Miscelánea de Fortalecimiento Democrático [pags. 92 - 97] Bibliofilia política [pag. 98]

Boletín de análisis y prospectiva política

contextospolíticas públicas debate y diálogos

Publicación del Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD-Bolivia.

Número 5, Febrero - Junio 2012

and miosa

Tiempospolíticos

and miosa Boletín de análisis y prospectiva política del Proyecto de Fortalecimiento Democrático de Organizaciones Políticas de Bolivia del PNUD-Bolivia, con el apoyo financiero de la Embajada de Suecia.

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO Carlos A. Camargo Ch. Coordinador

EQUIPO EDITORIALCarlos Camargo, Gabriela Canedo, Jorge Dulon, Alberto García O., Fernando García Y., Christian Jette, Armando Ortuño, Juan Carlos Pinto, Eliana Quiroz, Guido Riveros F. (†).

RESPONSABLES DEL BOLETÍN Fernando L. García Yapur, Alberto García Orellana.

EQUIPO ADMINISTRATIVO Erika Oropeza, Carolina Ovale, Patricia Vicente.

COLABORADORES Cristina Loma, Noelia Gómez, Verónica Rocha, Miguel Foronda, Wilfredo Jordán.

DISEÑO Y EDICIÓN Mauro Gámez Alcázar (mausplace@yahoo.com)

DIAGRAMACIÓNNubia Alvarez Poppe

ARTISTAS INVITADOS:Javier FernándezGustavo del Rio

IMPRESIÓNVirgo impresiones gráficas

DEPÓSITO LEGAL4-2-1577-11

Las opiniones expre-sadas en el Boletín de análisis y prospectiva política, Andamios, son de exclusiva responsa-bilidad de los autores e invitados y no respon-den necesariamente a la línea de pensamiento del Proyecto de Forta-lecimiento Democrático del PNUD-Bolivia.

La democracia presupone la diversidad de valores y posiciones políticas. Bolivia, después del proceso constituyente, se halla en pleno momento de (re)estructuración de su forma democrática. Hoy existen renovadas institucio-nes que replantean los alcances del desarrollo democrático y, asimismo, actores y dinámicas que ponen en evidencia un nuevo tiempo de la política y del pluralismo. En ese sentido, la democracia intercultural aparece como el ho-rizonte colectivo de construcción del Estado Plurinacional. El desafío es contar con estructu-ras institucionales que expresen la confluencia, articulación y/o acoplamiento del pluralismo de la sociedad boliviana en todas sus dimensiones: política, cultural, económica, jurídica, institucio-nal, etc.

La democracia intercultural pretende afirmar los valores de igualdad, de equidad y de dife-rencia en la sociedad, el encuentro y diálogo plural y, correspondientemente, los acuerdos colectivos para la generación y expansión de mecanismos y estructuras institucionales. Los momentos políticos escenifican la diversidad de posiciones, redefinen y renuevan los términos del juego democrático para la consecución de una sociedad más igualitaria, equitativa, ga-rante de derechos y pluralista.

En ese sentido, el presente número de Anda-mios busca desarrollar el análisis y reflexión so-bre los momentos políticos que en la actualidad dan cuenta de las dinámicas plurales de edifi-cación de la democracia intercultural. Entre los intereses particulares se halla el balance de las formas de “darse de la política” en los escena-rios subnacionales, y de aquellas que emergen de la toma de decisiones relativas a políticas públicas como a la gestión de escenarios de conflicto. También, incorporamos reflexiones de expertos internacionales sobre el derecho a la consulta previa en el marco de los derechos de los pueblos indígenas.

Por otra parte, a partir de la publicación del número 5 de Andamios, dejamos constancia grata de la incorporación del Servicio Inter-cultural de Fortalecimiento Democrático (SIF-DE), del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE), Órgano del Estado Plurinacional, como principal instancia estatal de promoción de la democracia intercultural en el país que forta-lecerá el objetivo de difundir el análisis y de-liberación política en torno al desarrollo de la democracia en Bolivia. Asimismo, reconocemos el acompañamiento de la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (fBDM), que se suma al esfuerzo y tareas de promoción del pluralismo político.

Es importante mencionar que todas las lecturas y textos de las entregas de Andamios buscan aportar al diálogo plural y debate político. Una intención que en esta oportunidad volvemos a recalcar en homenaje a un gran amigo y pro-motor del fortalecimiento democrático del país: Guido Riveros Franck de la fBDM, in memo-riam.

Proyecto de Fortalecimiento Democrático

PortadaObra: Intercultural, Javier Fernán-dez, acuarela.

Silencios urbanos, Javier Fernández, acuarela.

and miosa 3

con-textos

¿La victoria electoral de la oposición en el municipio de Quillacollo?

Fernando Mayorga

*

1. RELACIONES ENTRE OFICIALISMO Y OPOSICIÓN AN-TES DEL PROCESO ELECTORAL

En la segunda gestión del gobierno de Evo Morales se han producido algunos cambios en el campo de la oposición así como en las interacciones entre el partido oficialista y las fuerzas opositoras, a pesar de que no se modificó la distribución de recursos de po-

der institucionales que siguen concentrados en el MAS. El parti-do de gobierno mantiene su predominio en la Asamblea Legisla-tiva Plurinacional y, en el caso de los gobiernos subnacionales, incrementó su presencia, puesto que la mayoría de las autorida-des interinas que sustituyeron a los alcaldes suspendidos son de las filas del MAS. No obstante, existen rasgos novedosos en el ámbito político porque algunas decisiones gubernamentales tuvieron consecuencias negativas para el despliegue hegemó-nico del proyecto del MAS debido a la pérdida de popularidad de Evo Morales, el debilitamiento del decisionismo presidencial y la erosión del apoyo social al gobierno. Con relación al tema que analizamos sobresale la renovación de fuerzas en el campo opositor con el protagonismo de fuerzas políticas, como el Mo-vimiento Sin Miedo (MSM) y Unidad Nacional (UN), que cuestio-nan al MAS desde posiciones distintas a las que enarbolaba la oposición parlamentaria y cívico-prefectural durante la primera gestión gubernamental de Evo Morales.

La renovación en el campo opositor expresa otra fase de recom-posición del sistema de partidos que, desde hace una década, muestra la presencia constante del MAS como actor estratégico y un cambio continuo en las filas de la oposición. Entre 2005-2009, la oposición parlamentaria estuvo conformada por una

agrupación ciudadana (Podemos) y dos partidos políticos (UN y MNR) que jugaron un rol importante porque formaron una coa-lición mayoritaria en el Senado. En la actual gestión guberna-mental, la oposición estuvo inicialmente compuesta por un frente electoral (Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional, PPB-CN) y dos partidos (Alianza Social, AS, y UN). De la gestión anterior, solamente UN se mantiene vigente, aunque ya no tiene presencia en el Senado. Por su parte, AS es un partido de rai-gambre local y su rol es irrelevante. El frente PPB-CN remplazó a Podemos como principal fuerza parlamentaria pero esta alian-za no se reeditó en las elecciones subnacionales de 2010 y su presencia en el escenario político se ha debilitado. Finalmente, en torno a la contienda electoral de abril de 2010, se produjo la ruptura de la alianza entre el MAS y el Movimiento Sin Mie-do (MSM) y los diputados de este partido dejaron las filas del oficialismo, situándose en una posición de izquierda que hasta entonces estaba ocupada de manera exclusiva por el MAS. La presencia del MSM en el escenario político se acrecentó en abril de 2010 porque obtuvo el segundo lugar en la votación nacional en los comicios municipales, aunque sin llegar al 10% de las alcaldías que obtuvo el MAS.

En la actualidad, el MAS es el único actor relevante en el sistema de partidos porque no tiene necesidad de conciliar sus propues-tas con otras fuerzas parlamentarias. En las filas de la oposición, UN y MSM intentan combinar labores parlamentarias, acciones electorales, esfuerzos organizativos y participación en moviliza-ciones sociales. Estos tres partidos conforman un sistema de partidos en proceso de gestación puesto que PPB-CN sufre una crisis interna, carece de iniciativa política y su futuro es incierto.Los cambios en el campo opositor también son resultado del desempeño de estas organizaciones políticas en coyunturas im-portantes, como el “gasolinazo” a fines de 2010, el conflicto en torno al TIPNIS y las elecciones judiciales en 2011.

El “gasolinazo” fue rechazado en varias ciudades y cuestionado inclusive por sindicatos afines al MAS, pero una novedad fue la presencia de militantes del MSM y UN en protestas callejeras en La Paz y El Alto, lugares donde habían obtenido importante votación en los comicios municipales y que eran considerados “territorios” masistas. En esa oportunidad empezaron a marcar sus diferencias puesto que el MSM sugirió la convocatoria a un referéndum sobre el “gasolinazo” y planteó la “reconducción del proceso de cambio”. De esta manera, el MSM emergió como una fuerza rival del MAS desde posiciones de izquierda; por su parte, UN se fortaleció en su postura moderada pero manteniendo su cuestionamiento al “proceso de cambio”. El conflicto en torno a la construcción de una carretera en el TIPNIS provocó otro des-censo en la popularidad del gobierno; las fuerzas de oposición apoyaron la marcha indígena intentando obtener réditos políticos pero con diferentes estrategias. Como aconteció con el “gasoli-nazo”, UN y MSM marcaron sus diferencias porque Samuel Doria Medina visitó el TIPNIS para mostrar su interés por las reivindi-caciones indígenas, en cambio, el jefe del MSM acusó de “geno-cidio” al gobierno por la represión policial a los marchistas. Este conflicto se desplegó entre agosto y octubre de 2011 y concluyó con una eventual derrota del gobierno que anuló la construcción de la obra. En su fase final este conflicto coincidió con la elección

Metamorfósis del Kusillo, Javier Fernández, acuarela 81 x 64 cm. 2009.

En la actualidad, el MAS es el único actor rele-vante en el sistema de partidos porque no tiene necesidad de conciliar sus propuestas con otras fuerzas parlamentarias.

and miosa 5

popular convocada para la conformación del Órgano Judicial y la oposición parlamentaria intentó aprovechar esa derrota política del MAS para impulsar su campaña de rechazo al oficialismo en las urnas. También en este caso surgieron diferencias y disputas en el campo de la oposición. El MSM planteó un voto de rechazo con la consigna de “no”, que excedía el tema electoral porque iba acompañado de “No al autoritarismo” y “No a la traición” y “para sentar las bases de una propuesta alternativa” (Juan del Granado, El Deber, 09/10/2011). En cambio, UN circunscribió su impugnación al proceso electoral y promovió el voto “nulo” como rechazo: “Esta gran cruzada nacional [es] para rechazar un proceso que no es transparente, que está viciado de nulidad e ilegitimidad” (Jaime Navarro, diputado, EFE, 21/07/2011). Por su parte, PPB-CN anunció que circunscribiría su labor oposito-ra en el ámbito parlamentario denunciando las irregularidades del proceso electoral. Los resultados de las elecciones judiciales dieron un virtual empate entre votos válidos y nulos, con nítidas diferencias en la orientación del electorado rural y urbano, res-pectivamente a favor y en contra del MAS.

Ese proceso electoral fue la primera contienda política indirecta entre oficialismo y oposición en esta fase de configuración del sistema de partidos. Los resultados fueron considerados una vic-toria por la oposición, empero las cifras no se ajustaron a sus ex-pectativas que aumentaron debido al descrédito gubernamental por la represión policial a los marchistas unos días antes de las elecciones. Por su parte, el oficialismo minimizó los resultados a pesar de que fue su peor desempeño electoral en las contiendas realizadas entre 2009 y 2011 si es que agrupamos los votos en posiciones genéricas de oficialismo y oposición (ver Cuadro 1).

Después de las elecciones judiciales, UN y MSM continuaron marcando sus diferencias. El MSM exigió la renuncia de los miem-bros del Tribunal Supremo Electoral por una supuesta parcializa-ción con el gobierno y UN pidió a Evo Morales que no posesione a los magistrados aduciendo la ilegitimidad de su elección porque los votos válidos no fueron mayoría. En estas circunstancias, am-bos partidos se encaminaron al proceso electoral de diciembre y fueron protagonistas directos e indirectos, en confrontación con el MAS, en las contiendas de Sucre, Pazña y Quillacollo.

2. LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE QUILLACOLLO

La contienda electoral se limitó a tres fuerzas políticas: MAS, MSM y UNE, a diferencia de los comicios de abril de 2010 que contó con la participación de siete organizaciones. En aquella oportunidad, el candidato de UNE —Héctor Cartagena— fue vencedor con más de 40% de votos y su agrupación obtuvo cin-co concejales; el candidato del MAS ocupó el segundo lugar y ese partido también consiguió cinco concejalías, mientras que el Frente para la Victoria (FPV) logró un concejal. El MSM obtuvo el penúltimo lugar con 2% de votos. Un hecho importante fue

la participación de Charles Becerra como candidato de FIN, no por el cuarto lugar que obtuvo con 5% de votos sino porque en diciembre de 2011 fue postulado por UNE, convirtiéndose en el único candidato que volvió a terciar en las elecciones puesto que el MAS y el MSM presentaron nuevos candidatos (ver Cuadro 2). También es preciso resaltar que el frente Todos por Cochabam-ba (TPC), una alianza entre Convergencia Nacional (CN) y UN, no presentó candidatos en Quillacollo en ambas ocasiones y se limitó a promover una candidatura con relativo éxito en el munici-pio de Cercado en 2010, antes de disolverse por desavenencias entre sus integrantes.

Es decir, UN no participó en las elecciones de Quillacollo con sigla propia ni en coalición. Por su parte, MSM se presentó por cuarta vez, aunque su desempeño electoral en el pasado fue irrelevante. En cambio, el MAS y UNE son protagonistas en ese municipio desde hace 15 años, considerando las relaciones en-tre UNE y Unidad Cívica Solidaridad (UCS). Esa agrupación ciu-dadana surgió después de la desarticulación de UCS, un partido que se convirtió en una importante fuerza política entre 1989 y 1999, sobre todo en Quillacollo, lugar de nacimiento de Max Fer-nández, su líder y fundador. Este partido venció en los comicios municipales de Quillacollo en 1995 y 1999, pero fue desplazado al segundo lugar por el MAS en 2004, cuando el partido de Evo Morales empieza a convertirse en la principal fuerza política en el país y UCS se desmorona junto con los partidos tradiciona-les. En 2010 y 2011 la contienda principal se dio entre el MAS y UNE, que fue fundada para lidiar en las elecciones en Quillacollo y municipios aledaños merced a que la reforma constitucional de 2004 reconoció a las agrupaciones ciudadanas como orga-nizaciones políticas. UNE se articuló bajo el liderazgo de Héctor Cartagena, una figura política que se destacó como dirigente de UCS siendo elegido alcalde de Quillacollo en tres oportunidades (1989, 1995 y 1999) y diputado en tres gestiones (1993, 2002 y 2005), en el último caso como candidato de UN. En 2010, Car-tagena fue candidato ganador por UNE y esta agrupación volvió

MAS Oposición Blanco/Nulo Ausentismo

Elecciones genera-les 2009 55% 31% 5% 8%

Elecciones departa-mentales /municipa-les 2010

37% 37% 13% 13%

Elecciones judiciales 2011 34% 34% 12% 20%

Sigla Candidato Alcalde Votos Porcentaje

ASI Álvaro San Miguel Salazar 1.235 2.05%

FIN Charles Becerra Sejas 3.150 5.23%

FPV Oscar Claros Rivas 8.379 13.90%

MAS-IPSP Roberto Vargas Ríos 19. 942 33.08%

MNR Ricardo Rozo Sevilla 1.090 1.81%

MSM José Luis Gareca Arias 1.777 2.95%

UNE Héctor Cartagena Chacón 24.714 40.99%

Votos válidos 60.287 89.93%

Blancos 3.115 4.65%

Nulos 3.632 5.42%

Emitidos 67.034

Total Inscritos 76.910

Participación 87.16%

Cuadro 1Resultados MAS y oposición 2009–2011

(incluye ausentismo)

Cuadro 2Quillacollo: Elecciones Municipales 2010

and miosa6

a vencer en los comicios de 2011. Es decir, UNE es una organi-zación política local forjada sobre una estructura partidista imbri-cada con el aparato municipal desde fines de los años ochenta y con fuertes lazos clientelares en la zona urbana. Lazos clientela-res que combinan aspectos emocionales, como la admiración a Max Fernández, y aspectos instrumentales como el intercambio de votos por obras ediles. Por su parte, el MAS fue creciendo desde su primera incursión electoral en los comicios municipa-les de 1999 y se convirtió en una importante fuerza política en Quillacollo y en el principal rival de UCS/UNE venciendo en los comicios de 2004 y provocando la destitución del alcalde electo en 2010 (ver Cuadro 3).

La definición de candidatos estuvo matizada por esta pugna histórica en Quillacollo, también por las circunstancias del es-cenario político nacional. La agrupación UNE postuló a Charles Becerra, quien había sido candidato a alcalde por FIN en los anteriores comicios. Como ocurrió con Héctor Cartagena en al-guna oportunidad, este candidato también tuvo un nexo con UN porque postuló por ese partido para la Asamblea Constituyente

(2006) aunque no tuvo éxito. Una circunstancia que hizo supo-ner, junto con el parecido de ambas siglas, que detrás de su victoria estaba la figura de Samuel Doria Medina, jefe de UN. El MSM, mediante una decisión de asamblea partidista, invitó a René Fernández, quien fue acusado de transfugio por algunos dirigentes de UNE porque supuestamente era vocero y miembro de esa agrupación ciudadana (Opinión 20/09/2011). El candidato del MAS, Miguel Guzmán, tampoco era militante del partido de gobierno, aunque estuvo en la lista de concejales suplentes en los anteriores comicios. Algunos sectores del MAS reclamaron la can-didatura de la alcaldesa interina, Carla Lorena Pinto, esgrimiendo encuestas que mostraban el bajo perfil público del candidato ofi-cialista. En suma, las tres fuerzas políticas optaron por candidatos con perfiles de independencia partidista para ampliar su radio de interpelación electoral. Otro elemento común a los candidatos fue su rasgo profesional porque los tres son abogados, un dato que evitó supuestas ventajas o desventajas en la contienda electoral.

Las campañas electorales se caracterizaron por la reiteración de programas de desarrollo de carácter integral y con atención a demandas sociales de urgencia, como la seguridad ciudadana. Un elemento destacado y novedoso de la labor proselitista fue la presencia de Evo Morales y Juan del Granado en Quillacollo para respaldar a los candidatos de sus partidos, una muestra de la importancia que adquirió cualquier disputa electoral en el afán de demostrar cambios en la relación de fuerzas políticas con mi-ras a los comicios generales de 2014.

Respecto a las propuestas programáticas se pueden percibir al-gunas diferencias entre las fuerzas de oposición y el oficialismo puesto que el MAS dirigía la alcaldía y, por ende, propugnaba la continuidad de su gestión. Así, el candidato del MAS plan-teó que “la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal ya está

Sigla 1999 2004 2010

MAS 3.33% 32.44% 33.08%

UNE* (UCS) 37% 13% 40.99%

MSM 3.38% 7.52% 2.95%

Participación 60.89% 64.87% 87.16%

Cuadro 3Quillacollo: Elecciones Municipales 1999-2010

*Esta agrupación ciudadana proviene de UCS, partido que participó en 1999 y 2004. Se con-signan los datos electorales de manera conjunta utilizando la fuente: Balance y perspectivas electorales del municipio de Quillacollo, Gamal Serhan, 21 de septiembre de 2011 (www.gamal2010.com).

De

la ti

erra

, Jav

ier

Fern

ánde

z, a

cuar

ela

56

x 7

6 c

m. 2

00

2.

previsto en el Plan Operativo Anual” y que “este plan nos dirá a los quillacolleños qué queremos para en adelante, ser turístico, productivo o centro del comercio”. A diferencia de esa postura de continuidad, sus rivales plantearon propuestas de cambio y giros programáticos. Así, el MSM presentó su programa de gobierno con el título de “Despierta Quillacollo” y con “un plan de emer-gencia para acabar con la corrupción y la improvisación de siete años con alcaldes masistas” (ANF, 12/11/12). Por su parte, UNE enarboló la consigna de “Refundar Quillacollo” a través de la ela-boración de la Carta Orgánica concebida como una suerte de texto constitucional para el municipio con el objetivo de eliminar la improvisación y la corrupción y para mejorar la gestión edil.

En cuanto a planes de gobierno municipal los criterios fueron convencionales, tanto en concepciones de desarrollo como en la necesidad de obras de infraestructura, siendo la seguridad ciudadana un tema importante debido al incremento de delitos y pandillerismo. El candidato del MAS enfatizó en un desarrollo sostenido e integral y aseguraba su viabilidad merced al apo-yo de las autoridades departamentales y nacionales, es decir, la continuidad en la gestión municipal y su lazo con el oficialismo aseguraban el cumplimiento de su plan que consignaba la cons-trucción de dos obras viales aprobadas en el POA 2012. Para el candidato de UNE la infraestructura vial era una necesidad imperiosa frente al crecimiento acelerado de la población y del parque automotor, por lo que propuso la construcción de pasos a desnivel y la ampliación de las avenidas que conectan la ciudad con otras localidades y la capital departamental. Para René Fer-nandez del MSM, la principal obra de infraestructura debía estar dirigida a la dinámica comercial con la construcción de un mer-cado moderno para la venta directa del productor al consumidor.

Un hecho relevante del proceso electoral fue la presencia de los jefes nacionales del MAS y MSM en Quillacollo. El apoyo de Evo Morales estuvo matizado con su presencia en actos de campaña y con advertencias de que una victoria opositora sería negativa para el municipio porque el presidente “necesitaba un hombre de confianza” en la alcaldía para “seguir trabajando por Quill-acollo” (Los Tiempos, 17/11/2011). Por su parte, Juan del Gra-nado acompañó al candidato del MSM en una labor proselitista por domicilios y centros comerciales, y un periódico indicó que “trasladó temporalmente su residencia a Quillacollo” para apo-yar la campaña de su partido (Opinión, 12/12/2011). En cambio, UN intervino en el proceso electoral de Quillacollo de manera meramente declarativa mencionando una estrategia electoral que supuestamente abarcaba a Quillacollo: “Esperamos ganar la alcaldía de Sucre con la alianza que hemos sellado cuatro

agrupaciones políticas en la capital y esperamos que va ser un triunfo con amplio margen. Y lo mismo va a suceder en Quillaco-llo, vamos a tener un triunfo, nos hemos unido varias fuerzas y esperamos darle dos derrotas importantes al partido oficialista” (eju.tv/2011/12/un-anticipa-derrotar-al-oficialismo-en-dos-alcaldias/+Samuel+Doria+Quillacollo=clnk).

Otro aspecto que caracterizó esta justa electoral fue la presencia de medios de comunicación solamente de carácter local —un periódico, radios y canales— debido a que las cadenas naciona-les de TV no se habilitaron para difundir propaganda electoral, puesto que no se inscribieron a tiempo debido a que estaban concentradas en las elecciones judiciales. La campaña electoral se desarrolló sin incidentes, excepto por un ataque anónimo a la oficina del MSM con destrozo de vidrios y una computadora en la víspera de los comicios. Es necesario destacar este ambiente pacífico porque la diferencia entre el primer y segundo lugar fue muy estrecha y, sin embargo, no se produjeron impugnaciones ni conflictos post electorales.

3. ELECCIONES TRANSPARENTES SIN RESULTADOS SORPRENDENTES

Para esta elección se consignaron 82.433 ciudadanos en el pa-drón electoral, con un incremento mínimo respecto al 2010 por la inscripción de personas que cumplieron 18 años o cambiaron de domicilio. El Tribunal Electoral Departamental señaló que “no ha-bría motivos para pensar en irregularidades, como ciudadanos de otros municipios que se hayan podido inscribir para favorecer a determinado candidato con su voto” (Consuelo Grigoriú, presi-denta TED, Opinión, 19/11/2011). La asistencia a las urnas fue menor que en abril de 2010, con un ausentismo cercano al 30%. Los resultados dieron la victoria al candidato de UNE con una diferencia de alrededor de 1% de la votación respecto a Miguel Guzmán del MAS. Los distritos municipales de la ciudad 1, 2, 3 y 5 dieron su voto mayoritario por Charles Becerra, en cam-bio, el candidato del MAS venció en el distrito urbano 4 y en los distritos 7, 8 y 9 que corresponden al área rural, aunque sin la contundencia de la anterior elección. El candidato del MSM tuvo un desempeño destacado puesto que si bien no ganó en ningún distrito venció en algunas mesas de sufragio en la ciudad y el campo. La contienda, como aconteció en elecciones pasadas, se concentró en la rivalidad entre el MAS y UNE y, como en 2010, venció el candidato de la agrupación ciudadana local al del partido nacional (ver Cuadro 4).

Cuadro 4Quillacollo: Elecciones Municipales 2011

Sigla Candidato Alcalde Votos Porcentaje

MAS-IPSP Miguel Guzmán Achá 19.477 36.90%

UNE Charles Becerra Sejas 20.043 37.97%

MSM René Céspedes Fernández 13.261 25.12%

Votos válidos 52.781 90.24%

Blancos 748 18%.2

Nulos 4.960 8.48%

Emitidos 58.489

Total Inscritos 82.433

Participación 70.95%

El concilio, Javier Fernández, acuarela.

and miosa8

No se registran importantes variaciones en la votación de UNE y MAS si compa-ramos ambas elecciones; por ejemplo, en todas las mesas de un recinto de la zona urbana (Colegio Cristina Prada) UNE de-rrotó al MAS en ambas elecciones con di-ferencias similares de votación. Asimismo, en otro recinto (Colegio Franz Tamayo) el MAS había vencido en 2010 solamente en tres mesas de 24 y en esta ocasión repitió esa cifra en 26 mesas habilitadas. En un recinto de El Paso, coto de caza del MAS, la agrupación UNE había vencido en 2010 solamente en una mesa de 25, en esta oportunidad perdió en todas las mesas instaladas. En Illataco (Colegio Lanza) el MAS venció en 2010 en las cinco mesas, y en esta elección UNE logró empatar en una mesa. Es decir, las variaciones entre una y otra elección no son significativas y se pueden explicar por la presencia de una tercera fuerza (MSM) que disputó ciertas franjas de votación, sobre todo a UNE, y por el desgaste del MAS por su manejo de la gestión edil. Asimismo es posible explicar cierta disminución en la votación de UNE por la presencia de un candidato invitado, empero la participación de Char-les Becerra en 2010 obteniendo una vota-ción cercana al 5% con otra sigla permite relativizar la idea de inercia en el apoyo electoral a UNE. Es decir, la victoria de Charles Becerra es resultado de la combi-nación de la capacidad organizativa y del arraigo electoral de UNE con el prestigio y la capacidad de convocatoria personal de su candidato.

En esa medida, se trata de la victoria elec-toral de una fuerza con arraigo local que derrota otra vez al MAS, que se convirtió en partido oficialista en Quillacollo, debido al interinato de una concejal de ese parti-do al mando de la alcaldía. En esa medi-da, la elección en Quillacollo no fue una pugna entre oficialismo y oposición que se manifestó en un espacio municipal sino la reiteración de una disputa que responde a la historia política local. Una disputa que se inició en los comicios municipales de 1999 cuando surgió el MAS como fuer-za capaz de disputar el protagonismo de UCS y, luego, de UNE porque se convirtió en un partido relevante en Quillacollo.

Esta conclusión es relativamente contraria a las evaluaciones realizadas por analis-tas y actores políticos respecto a una vic-toria de la oposición y la derrota del oficia-lismo en Sucre y Quillacollo como colofón de las elecciones judiciales de octubre y el desgaste del gobierno en el transcurso del año. En ambos casos se produjeron victorias electorales de fuerzas contrarias al MAS tal como ocurrió en 2010 y que,

en diciembre de 2011, recuperaron las al-caldías en manos de autoridades interinas afines al partido de gobierno.

En el caso de Quillacollo no se trata de la victoria de una fuerza opositora al MAS sino de la revancha de una agrupación política local que se enfrentó al partido de gobierno y a un partido opositor, como el MSM. En ese sentido, las afirmaciones de Samuel Doria Media respecto a que “Hemos recuperado Quillacollo y hemos recuperado Sucre de manera democrática y constitucional de las manos del oficialis-mo” (http://www.paginasiete.bo/2011-12-19/Nacional/Destacados/4nac04-191211.aspx) no corresponde a la realidad del proceso político quillacolleño puesto que no se trató de una coalición electoral de fuerzas opositoras —entre ellas UN—, como aconteció en los comicios de Sucre. Similar confusión se percibe en un medio de comunicación de filiación oficialista que señaló que “[Charles] Becerra es candida-to del industrial cementero Samuel Doria Medina” (Cambio, 19/12/2011) desdeñan-do las peculiaridades de la política local o confundiendo las siglas. Mayor cautela existió en las filas del MSM porque su jefe se limitó a declarar que “la población ha votado por el restablecimiento de la legi-timidad que el MAS desconoció después de abril de 2010, es un voto de repudio a estas acciones autoritarias que son cla-ramente contrarias a la legitimidad demo-crática” (La Paz 15 diciembre de 2011, www.msm.bo), sin hacer mención a la

pugna general entre oficialismo y oposi-ción y destacando el incremento de votos de su partido en Quillacollo.

4. ESCENARIOS POLÍTICOS PROSPECTIVOS DE LA RELACIÓN GOBIERNO/OPOSICIÓN

La interpretación de los resultados elec-torales de diciembre de 2011 forma parte de una disputa discursiva que es utiliza-da por algunas fuerzas de oposición para trazar una estrategia política dirigida al establecimiento de alianzas o a la forma-ción de coaliciones con la mirada puesta en las elecciones generales de 2014. Esta estrategia combina dos dimensiones: se orienta a debilitar al oficialismo en las ur-nas en cada evento electoral y pretende redefinir las relaciones en el campo de la oposición. La realización de elecciones para elegir alcaldes y gobernadores en los casos donde se produjo la suspensión de autoridades ejecutivas no es percibida solamente como una oportunidad para derrotar al MAS en las urnas, también es

...la victoria de Charles Bece-rra es resultado de la combi-nación de la capacidad orga-nizativa y del arraigo electoral de UNE con el prestigio y la capacidad de convocatoria personal de su candidato.

Ángel niño, Javier Fernández, acuarela 2011.

and miosa 9

una posibilidad o desafío para la articula-ción de diversas fuerzas opositoras. Esta estrategia exige la renuncia de las autori-dades suspendidas para viabilizar la con-vocatoria a elecciones y, por ende, implica la apertura de un espacio de negociación política para definir una candidatura de coalición.

Esta estrategia fue asumida de manera nítida por UN a partir del balance de las elecciones municipales de diciembre de 2011 y se tradujo en el pedido realizado por Samuel Doria Medina para que re-nuncien los gobernadores suspendidos de Tarija y Beni. “Con las luces que nos ha dado lo que hemos logrado en Sucre y Quillacollo el año pasado, tenemos que

seguir avanzando en 2012 y lograr liberar a Tarija y el Beni democráticamente con elecciones (Página 12, 5/01/2012). Esta convocatoria tuvo efectos políticos tres meses después cuando se anunció una alianza entre Samuel Doria Medina y Er-nesto Suárez, gobernador suspendido de Beni, para enfrentar un posible acto electoral si es que se agota la vía judicial para su restitución en el cargo: “En caso de que no funcione el Órgano Judicial ló-gicamente nos queda la vía democrática y eso significa ir al voto… [Eso] conllevaría mi renuncia y ya está pensada si es que la justicia no logra el orden legal en el depar-tamento” (Ernesto Suárez, El Sol de Santa Cruz, 06/04/2011).

Se trata del primer acuerdo entre dos fuerzas opositoras: un partido de carác-ter nacional (UN) y una fuerza política re-gional (Primero el Beni) que expresa una rearticulación de fuerzas en el campo de la oposición que es consecuencia de la desaparición del CONALDE en 2009 y de la desarticulación del frente Convergencia Nacional (PPB-CN) que dejó de actuar como coalición de fuerzas regionales en las elecciones subnacionales de 2010.

En esa veta se sitúa la declaración de Er-nesto Suárez para una ampliación de esa alianza con la probable invitación a Ver-dad y Democracia Social (VERDES), un partido departamental organizado en junio de 2011 en torno a la figura de Rubén Cos-tas, gobernador de Santa Cruz. En suma, UN encaró una apuesta para articular una coalición con los actores políticos regiona-les que en el pasado formaron parte de la oposición cívico-regional en la denomi-nada “media luna”. Es una estrategia que pretende la convergencia de fuerzas po-líticas regionales con posiciones ideológi-cas y bases electorales contrarias al MAS que constituyen, convencionalmente, un tercio del electorado nacional.

Por su parte, MSM despliega una estra-tegia disímil puesto que su accionar dis-curre en otro ámbito del campo opositor, aquel conformado por fuerzas políticas y sociales que eran aliadas al partido de go-bierno. Se trata de una oposición al MAS desde posturas de izquierda y que emer-gió en la segunda gestión gubernamental, creció y se fortaleció con los conflictos en torno al “gasolinazo” y el TIPINIS que permitieron al MSM encabezar una crítica al “proceso de cambio” enfatizando en la “conducción” (es decir en el MAS o, espe-cíficamente, en la figura presidencial) y no en sus objetivos revolucionarios.

Retrato póstumo, Javier Fernández, acuarela 2008.

and miosa10

En esa medida, no disputa a UN la arti-culación de fuerzas opositoras regiona-les que cuestionan el proyecto estatal del MAS, más bien se orienta a disputar franjas del electorado que votaron por Evo Morales pero no son leales al MAS, así como a disputar algunos sectores socia-les de apoyo al partido de gobierno. Una estrategia razonable porque a diferencia de UN, el MSM tiene un territorio de caza (la ciudad de La Paz), recursos de poder institucionales (la alcaldía de la sede de gobierno) y en las elecciones subnacio-nales de 2011 se convirtió en la segunda fuerza electoral del país.

En estas circunstancias, la disputa ge-neral entre oficialismo y oposición estará mediada por una disputa coetánea en el campo de la oposición donde se van perfi-lando distintas orientaciones estratégicas en los partidos, en particular MSM y UN, con miras a las elecciones generales de 2014.

Fernando Mayorga U.Director General del CESU-UMSS

PhD en Ciencias PolíticasFLACSO, México.

El Alto, Javier Fernández, acuarela 1997.

* Agradezco las opiniones y comentarios de Rocío Jiménez, Charles Becerra, Ademir Muñoz y Gonzalo Lema. Las ideas vertidas en este texto son de mi entera responsabilidad.

and miosa 11

Kathia Zamora

Elecciones Municipales Sucre 2011

Escaleras II, Gustavo del Río, óleo s/lienzo 116 cm x 85 cm.

Escaleras III, Gustavo del Río, óleo s/lienzo 80 cm x 80 cm.

EL ESTADO DE SITUACIÓN DEL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN ANTES DEL PROCESO ELECTORAL EN SUCRE

El proceso electoral que convoca a elecciones a alcal-de el 18 de diciembre de 2011 en la ciudad de Sucre, se ubica en un escenario de dos complejidades po-líticas que se tiene como antecedentes: a) La sus-pensión y encarcelamiento por proceso judicial del

alcalde Jaime Barrón, quien había resultado elegido en las elec-ciones de abril 2010 y, los efectos de la victoria del Movimiento al Socialismo MAS en la gobernación de Chuquisaca, ocurrida en la misma fecha, b) Las elecciones judiciales para magistrados de los tribunales de justicia convocada para octubre 2011.

Ambas temporalidades políticas inciden en el escenario del pro-ceso electoral y de las estrategias y dinámicas políticas desarro-lladas por los actores políticos en las elecciones de diciembre 2011.

Brevemente, ensayaremos un balance de los efectos de estos dos momentos políticos anteriores a las elecciones de diciembre 2011, que en definitiva, determinan los juegos y sobre juegos políticos y, sobre todo, identifican a los actores en el marco de la correlación de fuerzas de gobierno/oposición.

LOS EFECTOS DE LA VICTORIA DEL MAS PARA LA GOBERNACIÓN Y DE PAIS PARA LA ALCALDÍA DE SUCRE EN LAS ELECCIONES DE ABRIL 2010

La suspensión de funciones del ex alcalde Jaime Barrón que fuera electo por el frente Pacto de Integración Social (PAIS), se desarrolló en un clima de alta tensión y conflictividad política, dado que el desequilibrio político resultante de las elecciones de diciembre 2010, repartieron el poder en porcentajes de equilibrio para las fuerzas ganadoras y las perdedoras, mostrando una co-rrelación de fuerzas políticas proclives a la confrontación, dado el escenario nacional y departamental de quiebres sustanciales entre gobierno y oposición en Sucre.

Estos hechos determinaron que para la conformación de la pre-sidencia del concejo municipal de Sucre 2010, se requiera de pactos y alianzas políticas para las futuras decisiones políticas, más allá de los resultados electorales que definieron por voto ciudadano y sin lugar a dudas la candidatura de Jaime Barrón como alcalde de Sucre, quién para definir un perfil político, no posee liderazgo carismático, al estilo de la definición weberiana, pero si mítico y simbólico por los acontecimientos que rodearon los hechos de la “calancha”1.

Vale el antecedente en la medida que Jaime Barrón, quien fue a su vez rector de la Universidad San Francisco Xavier y presi-dente del Comité Interinstitucional para las negociaciones de los temas demandados por Sucre a la Asamblea Constituyente en 2006 y, asumió la dirección política de los acontecimientos que se suscitaron en la “calancha”; es, el actor y candidato más visi-

ble para las elecciones municipales de 2010, pero además, de total oposición al partido de gobierno por la defensa asumida en los intereses de Sucre, que para ese entonces y como resultado de la refriega política, marca la otra franja de división opositora, junto a la sigla Primero Sucre (PS) de Fernando Rodríguez, fren-te a Ana María Quinteros como candidata del MAS.

Otra oposición de PAIS que es necesario remarcar y que está vinculada al nivel departamental de Chuquisaca, es con el lide-razgo de Esteban Urquizu, candidato del MAS que resulta ga-nador de la contienda electoral para la gobernación de Chuqui-saca. Los resultados electorales de oposición para la alcaldía con Jaime Barrón al frente de PAIS y del oficialismo de Esteban Urquizu para la gobernación al frente del MAS, advierten y ratifi-can la fractura entre campo-ciudad, como oposición/ciudad ver-sus oficialismo/sectores rurales, que tiende a mantenerse en las elecciones de 2011.

Desde ésta perspectiva, es preciso vincular el acontecimiento electoral de la alcaldía de Sucre 2010 con las elecciones para gobernadores, que para abundar, ocurren en la misma fecha, otro vínculo se establece con los acontecimientos políticos del partido nacional de gobierno, donde se define la correlación de fuerzas para Sucre. Estos hechos, en prospectiva para las elec-ciones 2011 son determinantes y relevantes, como veremos más adelante.

Consecuentemente, los efectos de la victoria del MAS en la go-bernación con el candidato campesino Esteban Urquizu, y la vic-toria de Jaime Barrón con PAIS para la alcaldía, muestran a las claras la constitución de gobiernos divididos entre oficialistas y opositores, en relación al partido oficialista de gobierno nacional, con clara repercusión en las definiciones políticas del gobierno municipal.

Los resultados electorales de las elecciones del 4 de abril de 2010 para la alcaldía de Sucre, fuerzan las alianzas del MAS con otras siglas políticas como las de Nueva Alternativa Ciuda-dana (NAC) y parcialmente con el concejal de Primero Sucre, que de ser opositor engrosa la alianza del MAS para lograr un equilibrio de poder al interior del Concejo y en pro de las deci-siones políticas. Lo más interesante es que logra su designa-ción para la presidencia del Concejo —estamos hablando de Domingo Arciénega— frenando de éste modo la gobernabilidad del alcalde Barrón, que gana cómodamente pero no asegura un gobierno municipal sólido.

Desde las estrategias políticas para el derrocamiento de Barrón, días después de su posesión, se utilizan los hechos del 24 de mayo, donde se fustigó a campesinos en plena plaza como he-chos de racismo y de violencia, recurriendo a la interpretación de la ley para la suspensión de sus funciones como alcalde, que más tarde motivó la renuncia de Barrón para viabilizar nuevas elecciones.

En el marco del debate en torno al desempeño de la oposición política al gobierno de Evo Morales, el presente documento intenta realizar el balance y evaluación del pro-ceso electoral en la ciudad de Sucre ocurrido a finales del año 2011, cuyos contenidos permitan caracterizar las estrategias y dinámicas político-electorales desplegadas du-rante ese proceso electoral, los escenarios prospectivos y las implicaciones políticas para la relación gobierno/oposición.

and miosa 13

Ocurrido este hecho de victoria política para el MAS, se tiene una alcaldesa interina masista hasta la convocatoria a nuevas elecciones para diciembre 2011. Por otro lado, la judicialización de la política logra recluir en la cárcel pública a Barrón, más allá de la consigna de “defensa del voto” que utilizaría como discurso Barrón y su sigla, quedando en el imaginario de la población el li-derazgo indiscutible de Barrón por ser la víctima de los atropellos del partido oficialista de gobierno nacional contra Sucre.

Para advertir la dinámica política y sus cambios durante el ciclo de administración de la alcaldía 2010, más allá de los hechos ocurridos con Barrón, hay un momento en que el partido del MAS y la agrupación PAIS asumen alianzas de un “acuerdo pro-gramático” para viabilizar la elección de directivas del Concejo y de la nueva alcaldesa Verónica Berrios, pacto que será disuelto

para encarar las elecciones 2011. Hecho que definirá la postu-ra de Barrón de cara a los comicios. Es en este escenario que se convoca a las nuevas elecciones municipales para diciembre 2011, únicamente para definir el alcalde para Sucre.

Es necesario anotar que para llegar a estos hechos que vienen en cascada desde la Asamblea Constituyente, donde Sucre es la hija “bastarda” del proceso para el partido oficialista del MAS, la confrontación y la conflictividad es el clima natural que lleva a las elecciones 2011. Nótese que en estos antecedentes, no se tienen juicios de valor para definir la culpabilidad o no de las decisiones políticas de las autoridades sucrenses, menos el pro-cedimiento utilizado por la “justicia” para el encarcelamiento de Barrón; la ruta del análisis del presente documento es procesual de los acontecimientos políticos y confrontacional en sus efectos en la relación oposición/gobierno.

Sin embargo, es importante anotar los efectos políticos de las medidas políticas en la población, tanto en la definición de futu-ros liderazgos y de actores políticos, como en los campos donde se definen identidades políticas y culturales como muestra de las fracturas de la sociedad civil y de sus organizaciones, ej: la constante afirmación diferenciadora identitaria-discursiva entre sucrenses y chuquisaqueños, viene definiendo la política dentro de los márgenes de conflictividad permanente.

Justificado el nuevo proceso electoral por los hechos anotados, se reordenan las siglas en competencia y se definen los lideraz-gos de los actores políticos para el 2011, que una vez en cam-paña de cada frente, tendrán una intervención interesante en el segundo eje que anotamos como conflictividad política, las elec-ciones de magistrados del poder judicial.

Personería Sigla Nombre del candidato Bases programáticas y estrategias discursivas en relación a las elecciones judiciales

Libertad y Democracia Renova-dora

LIDER Moisés To-rres Chivé

Candidato de oposición, define su propuesta en el marco del discurso de recuperar la esperanza para Sucre y devolver la decisión a los ciudadanos; desarrollar un buen gobierno de gestión viable, con desarrollo económico local, desarrollo humano y un desarrollo urbano con un programa de barrios para vivir bien. Sucre debe convertirse en un municipio de oportunidades con desarrollo territorial integral, articulado al departa-mento, al país y al mundo.

Promueve una pausa en la campaña para promover el NO en las elecciones judiciales. No puedo legitimar el proceso de selección de candidatos, esa legitimación estaría per-mitiendo el proceso de legitimación del poder político en el poder judicial.

Miércoles 5 de octubre, Correo del SurChuquisa-ca Somos todos

CST Maribel Sa-linas

Candidata de oposición, define su propuesta en mejorar los servicios básicos en los barrios periféricos, construir escuelas y mejorar el servicio de salud. Reactivar la Villa Bolivariana y construir un parque recreacional para las familias.

Alianza Unidad Na-cional con Pacto de IntegraciónSocial

UN-PAIS Jaime Hur-tado

Candidato de oposición, define su propuesta discursiva en el sentido de reponer la legalidad en la alcaldía. Su programa lleva el eslogan de “capital en acción”, en los ejes de salud con atención de las 24 hrs, deportes apoyando las asociaciones, servicios descentralizados en las sub alcaldías, nueva iluminación y fomento a la vivienda social y, turismo con la construcción de un teleférico en la recoleta-cerro churuquella.

En las elecciones judiciales, el 96% de la población no sabe ni tiene interés por votar. El 16 de octubre la gente va a ir con los ojos cerrados. No se pronuncia abiertamente por el NO.

5 de octubre, Correo del Sur

¿Qué fuerzas, qué bases programáticas y con qué liderazgos se emprenden las elecciones de diciembre 2011?

Movilización, Javier Fernández, acuarela 77 x 107 cm. 2009.

and miosa14

Los programas y los discursos en relación a las elecciones ju-diciales sitúan a los frentes de oposición con todas las proba-bilidades de alianzas, exceptuando el de Horacio Poppe que asume por sí una negativa pública. Sin embargo, y a pesar de los factores coincidentes antes de la definición de los frentes y sus candidatos, la oposición se alista para la contienda electo-ral en frentes separados, mostrando al electorado una falta de unidad para enfrentar al oficialismo, provocando de este modo un descontento en la población simpatizante. La concejala de PS, Lourdes Millares, que mantuvo un potencial liderazgo en el proceso de negociación, observó éste hecho quedando fuera de la definición de candidatos.

LAS DINÁMICAS DE JUEGO, ARTICULACIÓN Y DESPLAZAMIENTOS POLÍTICOS-ELECTORALES OCURRIDOS EN EL PROCESO ELECTORAL

La definición de candidatos, desde ya, presentó varias divisio-nes, así como motivaron alianzas, articulaciones y fricciones in-ternas en cada fuerza.

El caso de la candidatura de Iván Arciénega por el partido ofi-cialista de gobierno MAS, en sus orígenes, no tuvo una buena aceptación en las bases del MAS en Sucre, tuvo que imponerse

la dirección nacional para definir su candidatura, cuyo propósito respondía a interpelar el voto de la clase media de la ciudad. Este hecho presentó fricciones en las organizaciones aliadas del MAS que proponían sus propios candidatos, quedando Arciéne-ga sin el debido apoyo por parte de las dirigencias Masistas. Un hecho demostrativo de aquello y que no pasó inadvertido, fue la inscripción tardía de Arciénega a los registros de candidatos del Tribunal Departamental Electoral.

Varios factores afectaron el potencial liderazgo de Ivan Arciéne-ga en los resultados electorales, estos pueden resumirse: a) la falta de un respaldo manifiesto y decidido de la primera autoridad departamental y de sus bases, b) la cercanía de las elecciones judiciales, que mantuvo una negativa por la ciudadanía, no solo por la imposición del partido de gobierno a su realización, sino también por la negativa de legalizar el poder político en el poder judicial, premisa que puede confirmarse con el ausentismo de un 23% en las urnas; sumado a ello, los votos blancos, nulos y pifiados, c) la campaña personal del presidente Morales con su rostro de apoyo en los afiches propagandísticos, que para Sucre y en la coyuntura, no favoreció a la candidatura de Iván, d) la mala gestión de la alcaldesa Berrios del MAS y, finalmente, e) la estrategia de unidad impulsada por la oposición a escasos días de las elecciones.

Personería Sigla Nombre del candidato Bases programáticas y estrategias discursivas en relación a las elecciones judiciales

Movimientoal Socialis-mo

MAS Iván Arcié-nega

Candidato del oficialismo de clase media, define su propuesta sobre un programa de gobierno de oportunidades, equidad, seguridad e institucionalidad a través de normas, bienes y servicios para convertir a Sucre en una ciudad moderna, generando estabili-dad y seguridad institucional. Su propuesta es lograr la inserción al tejido laboral de la juventud, potenciando el capital humano e identitario para promover el turismo, cons-truyendo un teleférico. Promocionar el folklore. Impulsar el deporte con la creación de academias de futbol para hacer de la ciudad un semillero de campeones.

Ausencia de discurso sobre las elecciones de magistrados al poder judicial

25 de Mayo M-25 Horacio Po-ppe

Oposición a todos. Acorralar la delincuencia, ciudad Wi Fi, agua para todos, trabajo seguro para los más pobres. Queremos parques no muladares!!!. Creación de baños públicos. Estudiar para trabajar, recuperación del aspecto colonial de Sucre. Hambre cero con comedores populares. Estimular la cultura con la consigna “tenemos talen-tos”.

Dirige su discurso negativo a Moisés Torres de LIDER por emitir opinión a último mo-mento sobre las elecciones del poder judicial. Eso es aprovecharse de la gente para granjearse votos, nosotros hace tiempo iniciamos nuestro rechazo, dijo a la prensa.

Miércoles 5 de octubre, correo del Sur

MovimientosinMiedo

MSM Orlando Hur-tado

Candidato de oposición. Su programa: Un plan de emergencia para atender de inme-diato las necesidades de Sucre, un plan de saneamiento para acabar con la corrup-ción, la politiquería y la improvisación. Un plan estratégico para definir con participa-ción de la comunidad, los proyectos de transformación de Sucre. Plan de emergencia para la seguridad ciudadana, servicios básicos, desarrollo económico y turístico. Plan de transformación institucional para acabar con la corrupción. Funcionalidad de mer-cados y ordenamiento gremial. Implementar un plan de desagüe fluvial y financiar el proyecto del relleno sanitario para todo Sucre, agua potable y alcantarillado sanitario para todos. Apoyo a la producción artesanal a través de mercados artesanales.

Despliega campaña por el NO a las elecciones judicialesEscribe No en la papeleta electoral, No quiero magistrados, quiero justicia indepen-diente.

Jueves 6 de octubre, Correo del Sur

and miosa 15

Por otra parte, la alianza por Sucre que tiene como candidato a Moisés Torres de LIDER, que viene apoyada por John Cava y Jaime Barrón, ex dirigentes con protago-nismo cívico y electoral, sustancialmente el de Jaime Barrón ya apartado de PAIS, presentó durante la campaña electoral varios quiebres que desestabilizaron el liderazgo de Torres, especialmente en el periodo de demanda ciudadana que pedía la unidad de la oposición, que bajo un solo frente unido, tenía la victoria indiscutible frente al partido oficialista MAS.

Para explicar estos vericuetos políticos dispersos y a la vez articulados, es ne-cesario vincular el accionar político de LI-DER al otro frente opositor, especialmente al de UN-PAIS, que, rota la alianza que sostuvo con el MAS desde el interior de la alcaldía, toma la decisión de llevar de candidato a Jaime Hurtado, quien se asu-me como líder en base a su experiencia de ex constituyente, sin que por ello haya emergido de organizaciones sociales de base o posea un potencial liderato en la ciudadanía.

El frente UN-PAIS, sin embargo, se cons-tituye en el frente opositor de mayor fuer-za política y económica del momento electoral, que tendrá un protagonismo importante durante las negociaciones de

unidad, fundamentalmente al final de la campaña, más allá de las críticas de Moi-sés Torres que denuncia el accionar polí-tico de UN-PAIS por utilizar tácticas de la vieja usanza, ofreciendo cargos y pegas2, que fueron las propuestas para transar la declinación de la candidatura de Torres a favor de Jaime Hurtado, proyectando así su estrategia para las elecciones 2014. (Correo del Sur: jueves 10 de noviembre).

Este hecho es entendible desde las ne-cesidades de ambos frentes, UN-PAIS y LIDER, de llegar a conformar una unidad opositora con un solo candidato, incluyen-do en la oposición, por la fuerza, a 25 de Mayo de Horacio Poppe, que por cierto, en la prensa del jueves 10 de noviembre, afirma que no se consideraba parte de ese tipo de oposición.

En consecuencia, la pugna por mantener los liderazgos separados; por un lado LI-DER con Torres y por otro UN-PAIS con Jaime Hurtado, llevaron a un clima político de alta complejidad entre acercamientos y quiebres constantes, hecho que motivó a Jaime Barrón y a John Cava a utilizar la estrategia de retirar el apoyo a Torres, con el argumento de forzar una propuesta úni-ca opositora que respondiera al momento político desde un “sacrificio personal” de los candidatos. (Correo del Sur: jueves 10 de noviembre).

UN-PAIS insiste en la unidad, convocan-do públicamente a los distintos frentes quienes no se pronuncian. El subtitular de Correo del Sur del 11 de noviembre ano-ta, Nadie responde a los llamados de uni-dad, en el mismo se advierten los juegos de deslegitimación política entre frentes y candidatos.

Este es el momento más rico del proceso, en cuanto visibiliza la fuerza de los lideraz-gos, especialmente el de Torres, quien en

una actitud de principio político y de con-fianza en su liderazgo, decide seguir con el apoyo de LIDER y el MNR, señalando que el pedido de Barrón puede entender-lo como una “decisión sana” pero que de ninguna manera lo llevará a la renuncia de su candidatura, proponiendo, a su vez, se defina al candidato a alcalde a través de una encuesta de preferencia, que ya em-pezó a adquirir consenso en los frentes y en la ciudadanía. (16 y 18 de noviembre en Correo del Sur). Esta estrategia entre Torres y Barrón puede considerarse como una táctica de quiebre para la reconduc-ción del momento político, sus asesores tendrán que ver en ello si la suposición es confirmada.

De lo anterior se explica el nuevo acerca-miento entre Barrón y Moisés Torres para avalar las candidaturas desde la ciudada-nía votante, aceptación de Torres que da muestras de un altruismo político al que se sumará UN-PAIS, aceptando el reto de que se definan los apoyos en una campa-ña suigéneris y por un solo candidato.

Estos momentos de acercamientos, de tensiones y quiebres, pueden definirse du-rante el proceso de campaña como juegos de alianzas que oscilan entre débiles, fuer-tes, fuertes de un lado y quiebres, o como los que sostiene Poppe, sin ninguna inten-ción de alianzas. (Ver mapeo de actores).

Entre tanto, el esfuerzo del (MSM) Movi-miento Sin Miedo por ser parte de un blo-que de unidad, que así lo demuestra su candidato Orlando Hurtado en una carta al Concejo Municipal, proponiendo “un pacto regional-cívico patriótico” para garantizar la gobernabilidad del futuro alcalde, fue desestimada y calificada por el presidente del concejo como política.

La candidatura de Hurtado por el MSM se va atenuando por la falta de apoyo na-cional y por la memoria, especialmente de los periodistas, sobre las declaraciones anticapitalía del jefe nacional Juan del Granado.

El clima político alcanza una de sus cús-pides a mediados de noviembre, se suma la gran estrategia del MAS de visibilizar la opción de Horacio Poppe para disminuir la atención de las intenciones de unidad y volcar al electorado, especialmente joven, hacia el candidato de la falange con la sigla 25-M, que viene adquiriendo mayor simpatía por su perfil agresivo y denun-ciante de la política de negociación.Este argumento tendrá su fundamento en el pedido de renuncia que le hace el Consejo de administración de la fundación

El frente UN-PAIS, sin embar-go, se constituye en el frente opositor de mayor fuerza polí-tica y económica del momento electoral, que tendrá un prota-gonismo importante durante las negociaciones de unidad, fundamentalmente al final de la campaña...

Caballo negro, Gustavo del Río, óleo s/lienzo 70 x 140 cm.

and miosa16

del Banco Central a la madre de Horacio, Marcela Inch, quien es retirada como di-rectora del Archivo Nacional de Bolivia. La atención de la ciudadanía se vuelca a este atropello, ganando el liderazgo de Poppe más adeptos. Este será su mo-mento más visible y decantador.

El liderato de la única mujer en contienda electoral del CST no tiene ninguna inci-dencia en la campaña electoral, su candi-datura es minimizada hasta casi diluirse. El señalar que su fortaleza como candida-ta radica en la inexperiencia3 es, sin duda, un error político.

Separadas las fuerzas políticas, inician una campaña de pactos con organismos externos a sus frentes en busca del apo-yo de la población. Mientras pretenden la unidad de la oposición, se despliega una campaña novedosa, con teatralizaciones y simbologías que van desde recordar la calancha hasta otorgar “huevos” a los contrincantes políticos.

El 29 de noviembre en acto público, los di-sidentes de Unidad Nacional anuncian su apoyo a Moisés Torres en una actitud de

respuesta al clamor ciudadano de pedido de unidad, señalando que no puede ma-nejarse la campaña pensando únicamen-te en las elecciones 2014 —que son los intereses de Doria Medina— y que la co-yuntura requiere una respuesta oportuna de la política. Por su parte Barrón ratifica el apoyo a Torres que durante los últimos 15 días de noviembre alcanza un mayor liderazgo por su actitud desprendida y de mayor compromiso con la ciudadanía.

Para lo que queda de diciembre, el lide-razgo de oposición de Torres muestra mayor confianza. Sin embargo, UN-PAIS aún no da su brazo a torcer para definir el pacto sobre la candidatura de Torres e in-siste en definir la unidad en base a la can-didatura de Hurtado. Su desprendimiento será significativo el 14 de diciembre, que aparentemente de tener Hurtado una ma-yor preferencia electoral en relación a To-rres, según las encuestas del ISEC (ver encuestas ISEC, publicadas en Correo del Sur el domingo 11 de diciembre), se defi-ne el pacto por la candidatura de Torres. Las negociaciones sostenidas para los re-sultados de unidad podrán advertirse en las medidas políticas a tomarse el 2014.

Mientras tanto, Arciénega va mostrando un liderazgo de capacidades sólidas que la clase política va asumiendo como una candidatura de garantía de gobernabili-dad. Aquí la dinámica política cobra fuerza en el principio democrático, que no solo es electoral, sino de beneficio para Sucre y su crecimiento, quitando fuerza al dis-curso de UN-PAIS que lo califica como “la manzana envenenada”.

Es claro que durante la campaña, Arciéne-ga toma la estrategia del MAS a no deba-tir, argumentando que la oposición no va al fondo programático, sino y únicamente, al campo político de descalificación. Esta falta de espacio democrático deliberante de Arciénega, viene apoyado en el voto duro masista de más de un 30% de las municipales 2010.

A más de la guerra de palabras y de ac-tos simbólicos entre candidatos, la defini-ción que decanta compromisos políticos y compromisos ciudadanos puede advertir-se en las afirmaciones siguientes:

El pintor y las musas, Gustavo del Río, grabado s/metal 22 x 30 cm.

and miosa 17

Jaime Hurtado: No soy un invitado, soy un candidato de un proyecto político na-cional.

Ivan Arciénega: No le voy a pedir permi-so a nadie para defender la aspiraciones de nuestro pueblo.

Horacio Poppe: Si el pueblo me elige, no me va a sacar un juez, un fiscal; me defen-deré en las calles.

Orlando Hurtado: Donde voy no me pre-guntan de Juan; él tendrá su oportunidad de aclarar lo que dijo.

Para el domingo 11 de diciembre las en-cuestas del Instituto Superior de Educa-ción Comercial (ISEC) con una muestra entre finales de noviembre y diciembre, otorgan la victoria de Arciénega con un 35,0 %, Jaime Hurtado va segundo con 23%, tercero Torres con 15%, Poppe con

7,2%, Orlando Hurtado con el 2,7% y Ma-ribel Salinas con 2,7%.

La victoria parece ser del MAS con Iván Arciénega. A pesar de las guerras internas entre la oposición, las encuestas muestran que, de ir los frentes de oposición unidos, se hacen de la victoria como bloque ga-nador. Este y los indicadores que ningún candidato de la oposición puede ganar las elecciones solo, fuerza a nuevas conver-saciones entre los frentes de oposición. Poppe declara que las negociaciones so-bre la unidad suponen una rearticulación del viejo MBL. (13 de diciembre, Correo del Sur).

El 14 de diciembre en conferencia de prensa se anuncia el pacto de la oposición entre UN-PAIS y LIDER con el candidato único a la contienda Moisés Torres Chivé. El anuncio a cuatro días de las elecciones, no permite la rearticulación de estrategias

en el partido de gobierno. Los efectos de la negociación serán vistos en la confor-mación de directivas y espacios políticos de la nueva gestión edilicia.

El acuerdo de unidad, no es una estrate-gia inicial de juego de fuerzas pensada por los frentes de oposición al gobierno, la coyuntura y los datos emergentes de las encuestas obligan a establecer estas alianzas, lo que permite pensar que el caudillismo y los intereses personales si-guen siendo un rasgo de la cultura política en la región. La negociación y el concurso por el manejo de la cosa pública se torna, como en el pasado, un asunto de trans-fondo de intereses partidarios y de repar-tición de cargos, como de estrategias de intercambio político que pueden repercutir en escenarios futuros. Estos hechos no indican una reconducción de la política de las fuerzas opositoras.

MAPEO DE ACTORES

24Oct. 7Nov. 9Nov. 10Nov. 24Nov. 30Nov. 12Dic. 14Dic.

and miosa18

RESULTADOS ELECTORALES DE LA ELECCIÓN PARA ALCALDE DE DICIEM-BRE 2011

Los informes oficiales del Tribunal Depar-tamental Electoral, otorgan la victoria a LIDER con el 46,25 % de los votos, esta vez la simple mayoría define el ganador a Alcalde Municipal de Sucre en la per-sona de Moisés Torres Chivé. Seguido y cercano al primero, dados los avatares políticos, está la fuerza política del MAS con 38,11 %. Es importante anotar que el 5,23 del porcentaje de la ciudadanía no se informó oportunamente de la declinación de la candidatura de Hurtado de UN-PAIS a favor de Torres, o que, en su caso, se mantuvo la preferencia por Jaime Hur-tado, que de ser ésta la lectura, Hurtado mantiene un liderazgo propio.

Esta relación permite medir el campo polí-tico de correlación de fuerzas entre el pri-mero y el segundo como una constante, que para elecciones futuras, la presencia del MAS es de importancia sustancial, no solo por su presencia en el concejo, sino y sobre todo, porque en las circunscripcio-nes escrutadas, la presencia de un sector popular afín cada vez mayor se encuentra en crecimiento. Nótese que estamos ha-blando de una sigla que no hizo mayores alianzas durante el proceso electoral.

El gran perdedor es Ivan Arciénega, con un potencial liderazgo que subió la preferen-cia electoral en un porcentaje mínimo en relación a las elecciones 2010 de Ana Ma-ría Quinteros quien obtuvo el 31,57% de un total de 34.719 votos, por lo que la votación de 38,11% de Arciénega corresponde a un total de 41.703 votos. La diferencia de vo-tantes es de 7000. Estos resultados pue-den ser efecto de los cuestionamientos en las bases del MAS a candidatos de clase media importados.

La revelación en los resultados electora-les es para Horacio Poppe con un 6,42% de una votación de 7.027, quien prácti-camente resulta tercero en la contienda electoral. Tres elementos deben resaltar-se durante la campaña de Poppe: a) La postura principista y crítica de la forma de hacer política de la oposición como del ofi-cialismo que interpeló al voto ciudadano, b) El gran favor que le hizo el MAS con el retiro de la madre de Poppe del Archivo Nacional, hecho que enfureció a una parte de la ciudadanía de clase media quienes otorgaron su apoyo moral, c) Una candi-datura juvenil que interpeló al voto, tam-bién juvenil, con un programa novedoso y moderno, y un discurso de valores religio-sos y morales que encontró eco en el va-

cío de formación histórica de la juventud sucrense sobre los acontecimientos en que la Falange pierde horizonte político en Bolivia.

La candidatura del MSM, a pesar de pre-sentar un candidato de renovación, ob-tuvo el 2,36% en la votación, que puede considerarse un simple ensayo del MSM en Sucre para perfilar candidaturas futu-ras para el 2014. La falta de aclaración y perdón de su máximo líder con Sucre, afectó sustancialmente la candidatura de Orlando Hurtado.

El gran aplazo fue el de Maribel Salinas de CST con el 1,63%, que desde otra perspectiva y para la poca campaña des-plegada, puede verse como una intención de ensayo electoral. En su condición de mujer, Maribel pudo haber desplegado una campaña novedosa de interpelación

al voto femenino, especialmente desde acciones del municipio en pro de los de-rechos de las mujeres jóvenes de Sucre. Su defecto fue el no creer en su propio li-derazgo.

ESCENARIOS POLÍTICOS PROSPECTIVOS DE LA RELACIÓN GOBIERNO/OPOSICIÓN. IMPLICACIONES POLÍTICAS EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

La constante del proceso político que vie-ne desde la Asamblea Constituyente en Sucre, muestra a las claras el desafecto del partido de gobierno con todo tipo de oposición a su gobierno. Si a ello se suma la falta de pluralidad política que despliega el MAS en su accionar político de hege-monía de dominación, la ruta política en Sucre sigue siendo y será un campo de conflictividad permanente.

Atardecer, Gustavo del Río, óleo s/lienzo, 50 x 40 cm.

and miosa 19

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes Consultadas• Revisión de hemeroteca de la prensa local Correo

del Sur, entre octubre 2011 y enero 2012.• Información estadística de resultados electorales

de las elecciones 2010 y 2011 del Tribunal Depar-tamental Electoral.

Sucre, 14 de marzo de 2011

La forma y modo de hacer política de la oposición es sorprendentemente poco creativa para el proceso político de niveles altos de confrontación, no basta meter go-les temporales que desgastan a sus acto-res y sepultan liderazgos emergentes. La falta indiscutible de liderazgos sólidos con nuevos compromisos con el campo popu-lar que crece en dimensiones sorprenden-tes en Sucre, dada las migraciones cam-po-ciudad y el despliegue de otras formas de movilidad social, no está en el registro de los opositores para diseñar escenarios electorales de victoria, sumando votos y no restando los mismos. El clivaje de la calancha como identidad opositora no pa-rece ser suficiente a la hora de desplegar estrategias políticas futuras.

Si bien en los discursos y acciones pro-gramáticas de los frentes se advierte in-tencionalidades de modernizar la ciudad y avanzar en los niveles de participación social, estos, no están acomodados a una discusión sostenida sobre el desarrollo de Chuquisaca, donde el vínculo rural/urba-no es el otro clivaje sustancial para des-plegar acciones en el municipio de Sucre, articulados al proyecto rural-provincial. Lo deseable, más allá de lo posible, es llevar esta deliberación política a un campo de nuevos actores y liderazgos políticos con capacidad para sostener alianzas entre el campo, áreas periféricas de gran asenta-miento y la ciudad.

La perspectiva hacia las elecciones del 2014 sigue siendo la clásica ruta de los

frentes políticos que sostienen tempo-ralmente sus liderazgos y sus intereses. La victoria de la oposición del 2011, no es una victoria que pretenda resolver las contradicciones de esta permanente con-flictividad, es más, la posesión del nuevo alcalde de Sucre y los discursos desple-gados, sumada la conducta de los aliados internos y externos en el acto de consti-tución del gobierno municipal, simbolizan en el poder constituido sus aspiraciones cortoplacistas.

El oficialismo, mientras tanto, ensaya con liderazgos para extender su base electoral y da muestras de crecimiento electoral, a pesar de las críticas a las elecciones ju-diciales y de los acontecimientos del TIP-NIS. Uno de sus mayores capitales, es el mantenimiento del voto duro de una ciuda-danía sometida y subordinada, donde re-fuerza su populismo sin emancipación de los sujetos comprometidos con el cambio social y político. Lo que es claro y se des-prende de las elecciones municipales, es la constante táctica política del oficialismo para defenestrar toda emergencia oposito-ra en Sucre. Su próxima tarea es controlar los espacios urbanos para establecer la muestra más hegemónica de dominación.

En consecuencia, las elecciones del 2014 se perfilan con los liderazgos emergentes y reforzados de las elecciones municipa-les 2011, con asesores que permitieron la victoria de la oposición y, algunos frentes de dimensión nacional, cuya estrategia de intercambio político, en perspectiva, tienen como visión estratégica las elec-ciones 2014. Sin embargo, el proceso va mostrando una configuración de frentes regionales que pueden ser agentes poten-ciales para la política local.

La gran lección para adelante, desde la ciudadanía y para la oposición al gobier-no, es la demanda de unidad de la opo-sición. Al momento y en un escenario de corto plazo, no existe un líder ni frente articulador del voto ciudadano, capaz de establecer alianzas estratégicas con sec-tores sociales, organizaciones de la so-ciedad civil y, viejas y nuevas entidades sindicales y gremiales. Sobre todo, con una lectura clara y dispuesto a jugar el rol protagónico de la política de construir una dirección hegemónica de consenso entre el campo y la ciudad.

Kathia ZamoraAnalista Política Chuquisaqueña.

1 Los hechos de la Calancha fueron ya descritos en distintos ensayos, como uno de los momentos políticos de gran confrontación en la coyuntura de la Asamblea Constituyente (donde se tuvo pérdidas humanas) que pusieron en jaque la continuidad de la Asamblea Constituyente en Sucre, debido a que la reivindicación de capitalía, —que en ese entonces se manejaba— los sucrenses pedían que se agendara como punto de debate de la Constituyente. El propósito perseguía volver a centrar en la Capital nominal, la vuelta de los poderes, para manejar con mayor precisión, la vuelta del poder legislativo a Sucre.

2 Moisés Torres denuncia estos hechos a la prensa, cuando le ofrecen “la mejor pega de la alcaldía” a cambio de su dimisión. Jueves 10 de noviembre en Correodel Sur.

3 Esta declaración es recogida de la propia candidata en la prensa Correo del Surdel 11 de diciembre 2011.

La forma y modo de hacer política de la oposición es sorpren-dentemente poco creativa para el proceso político de niveles altos de confrontación, no basta meter goles temporales que desgastan a sus actores y sepultan liderazgos emergentes.

and miosa20

Helena Argirakis Jordán

La conflic

tividad social

como epistemología del

poder

TIPNISLas dimensiones de la conflictividad del

en e

l 201

2

La conflic

tividad social

como epistemología del

poder

Virgen del Amazonas, Javier Fernández, acuarela 76 x 56 cm. 2009.

Balance de la primera etapa de conflicti-vidad1 del TIPNIS (agosto a diciembre de 2011).

Cualquier intento de construc-ción de escenarios prospec-tivos respecto a la evolución de una situación de conflicti-vidad (ver nota abajo) nece-

sariamente debe contar con una suerte de balance que sintetice las principales tendencias o rasgos sobresalientes de la etapa anterior. A los fines de este breve análisis, consideramos que el mes de di-ciembre de 2011 cierra una primera etapa en el desarrollo del conflicto entre el Go-bierno central y los pueblos indígenas de tierras bajas (organizados en la CIDOB) suscitado —entre otros elementos— por la construcción del segundo tramo ca-rretero de la ruta entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos. A continuación, repasa-mos algunos de los elementos que que-dan afirmados luego de los primeros 66 días de conflictividad en torno al TIPNIS.

• El año 2011 reafirma la tendencia de que las principales rigideces y objecio-nes que alimentan las disputas políti-cas en el país, provienen del interior del bloque indiano originario campe-sino y popular. Conjuntamente con el conflicto provocado por la medida co-nocida como “el gasolinazo” o la pro-mulgación del Decreto Supremo No. 748 en diciembre de 2010, evidencia-mos que existe un giro en la naturaleza de la disputa política.

Las principales relaciones y disputas al interior del campo político nacional oscilan de una lucha de naturaleza inter hegemónica entre dos bloques históricos de poder antagónicos y po-larizados (bloque indiano originario campesino y popular enfrentado al bloque cívico regional) hacia una eta-pa de lucha intra hegemónica, donde las relaciones y las disputas van a ser protagonizadas por actores y sujetos políticos que se desprenden del mismo bloque histórico de poder. Es decir, a causa de las fracturas y disidencias al interior del Pacto de Unidad, los ante-riores aliados devienen en adversarios y rivales al interior del mismo espacio de inter discursividad.

• Lo anterior implica que al presente noexiste una presencia significativa sino secundaria y hasta marginal del es-pectro de las oposiciones de derechas, actuando estos muchas veces en re-acción y/o arrastrados por la estela del campo gravitacional de los conflictos

entre los actores del bloque popular. El 2011 culmina el paulatino desprendi-miento y desaparición de la oposición de derechas del escenario político na-cional, debido a las derrotas políticas (de superestructuras) experimentadas desde la toma de instituciones en sep-tiembre de 2008, el sindicado caso Rózsa Flores en abril de 2009, el fraca-so de la estrategia electoral del “frente único” en diciembre de 2009 y los efec-tos de las elecciones de autoridades para las autonomías departamentales y municipales en abril de 2010.

• El ejercicio de las autonomías a partir del 2010 afirma la reconversión terri-torializada y policéntrica de la política boliviana, donde se configuran subsis-temas políticos territoriales, como es-pacios de sobrevivencia y/o resistencia del tradicional sistema partidario.

• El conflicto en torno al TIPNIS y la rea-lización de la VIII marcha de la CIDOB tensiona los pueblos indígenas de tie-rras bajas y los proyecta nacionalmen-te como actores políticos que se asu-men como sujetos de poder. Es decir, la conflictividad en torno al TIPNIS obli-ga a los pueblos indígenas de tierras bajas a devenir en un movimiento indí-gena compacto con representatividad y peso político propio, ya que afirman una “agenda del TIPNIS” que trascien-de la exclusividad de la reivindicación de los derechos colectivos de los pue-blos indígenas de tierras bajas.

• Sin embargo, la continuidad o no del movimiento indígena de tierras bajas depende de la profundización y trans-versalización de dicha agenda del TIP-NIS hacia la sociedad civil, en la me-dida en que no centre el núcleo de la disputa con el Gobierno nacional en la exclusividad de las demandas de sus derechos colectivos.

• La conflictividad del TIPNIS desnuda dos o más (cosmo) visiones que se encuentran tensionadas y en resisten-cia, ya que contienen los contornos líquidos de un debate de naturaleza ci-vilizatoria: los límites del pensamiento moderno basado en la razón ilustrada, la sociedad consumista posindustrial, la extracción / explotación ilimitada de los recursos naturales y la ruptura del equilibrio entre los seres humanos con la naturaleza.

Ante las inconductas del pensamiento del siglo XX emerge la sensibilidad del siglo XXI, que no solo critica la cues-

tión social de la explotación del hombre por el hombre, sino el paradigma de de-sarrollo de la modernidad basado en la industria, postulando la transversalidad de la ecología en la política como asun-to prioritario en la definición del futuro.

• La evolución de la conflictividad del TIPNIS durante el año 2011 demues-tra que los trasfondos de la temática dejaron de ser un asunto sectorial de reivindicaciones de los derechos co-lectivos de los pueblos indígenas de tierras bajas para transformarse en una conversación societal respecto a la delimitación de una nueva agenda nacional en el horizonte poscapitalista y posindustrial.

• Sin embargo, la definición de lo an-terior está sujeto a la maduración de los tiempos políticos. El tiempo —o el dimensionamiento de las temporalida-des (corto, mediano o largo plazo)— se convierte en una variable insoslaya-ble en el análisis político nacional.

• La llegada de la VIII marcha de la CI-DOB a la ciudad de La Paz el pasado 19 de octubre de 2011 representa una victoria política para los pueblos indí-genas de tierras bajas y cierra la pri-mera fase del conflicto. Sin embargo, el conflicto no se encuentra resuelto de manera definitiva con la promulgación de la Ley No. 180 de Intangibilidad del TIPNIS, ya que los meses de diciem-bre de 2011, enero y febrero de 2012 nos evidencian un recambio en la diná-mica del conflicto. Iniciamos el análisis a partir de este momento en adelante.

El Primer Encuentro Plurinacional para Profundizar el Cambio como segunda inflexión en la dinámica del conflicto del TIPNIS.

La realización del Primer Encuentro Plu-rinacional para Profundizar el Cambio (efectuada en Cochabamba el 11 y 12 de diciembre de 2011) y la presentación de sus conclusiones y propuestas en enero de 2012, establece una segunda inflexión2

en la dinámica del conflicto en torno al TIPNIS, ya que permitió al Gobierno cen-tral reencontrar la iniciativa política y la acción estratégica, por lo que la conflicti-vidad del TIPNIS ingresó en una siguiente etapa3. En otras palabras, el evento allanó (al Gobierno) la recuperación de la pelota en su cancha, ya que salió de la posición defensiva y la reacción política impuesta por la dinámica de la VIII marcha de pue-blos indígenas de tierras bajas organizada por la CIDOB, para articular escenarios de

and miosa22

relegitimación, presentar sus iniciativas de políticas de Estado y gestión pública, ade-más de recoger propuestas, sugerencias y visiones respecto a los contornos de una nueva agenda pública4.

Como se adelantó, el Encuentro Plurina-cional marca una inflexión en el conflicto del TIPNIS, ya que posibilitó al Gobierno reencausar la discusión respecto a una nueva agenda pública nacional (frente al anuncio del Presidente Morales en el 2011 del agotamiento de la agenda de octubre de 2003). A su vez, facilitó al Gobierno la rearticulación de su discursividad frente a una serie de críticas y desgastes mediáti-cos de fines del 2011.

Por otro lado, le viabilizó la oportunidad de diseñar estrategias que puedan direc-cionar la conflictividad del TIPNIS, —por ejemplo— en base a iniciativas legislati-vas como la de la Ley No. 222 de Consulta Previa, que reduce —en el transcurso de los meses de enero a marzo de 2012— el espectro de acción estratégico de la CIDOB, los pueblos indígenas de tierras bajas y la plataforma Pro TIPNIS a un es-cenario de reacción frente a una serie de iniciativas políticas del Gobierno5.

En los siguientes párrafos se desarrollan una serie de reflexiones sobre la posición asumida por el Gobierno respecto a la conflictividad en torno al TIPNIS, a la luz de la discusión pública suscitada en torno a la Ley de Consulta, su aplicación y la po-sibilidad de derogación de la llamada Ley Corta (Ley No. 180 de la Intangibilidad del TIPNIS), que representa un emblema de victoria para los pueblos indígenas de tie-rras bajas. En las ideas que desarrollamos a continuación intentamos dar explicación a algunos trasfondos no aparentes de la problemática del TIPNIS, además de las diversas dimensiones de las apuestas políticas que se esgrimen debajo la esfe-ra mediática del conflicto, que posibilitan imaginar algunos escenarios prospectivos que se desprenden de allí.

Este análisis se motiva en un intento de deconstruir la mediatización del conflicto en torno al Parque Nacional Isiboro Sé-

cure para brindar aproximaciones desde otras aristas posibles a partir del análisis de algunos factores de poder y el balance de correlaciones de fuerzas.El balance político del TIPNIS a partir de los factores de poder y las correlaciones de fuerzas

Un primer balance político a considerar en el análisis del TIPNIS es que a pesar de siete meses de evolución del conflicto durante el año 2011, una primera etapa favorable a los intereses de los pueblos indígenas de tierras bajas (y de la CIDOB) y del desgaste tanto en la imagen como en la credibilidad del Gobierno central, no variaron significativamente los facto-

res de poder y las correlaciones de fuer-zas favorables al oficialismo de Gobierno, permitiéndoles a estos administrar una situación pendular de conflictividad (y la variable tiempo) para luego —a partir del año 2012— construir nuevas escenogra-fías que enmarcan la disputa política. Es decir, la conflictividad en torno al TIPNIS no ha llegado a socavar las bases estruc-turales e institucionales de poder del Go-bierno del MAS, al no existir hasta ahora la definición de un proyecto contra hege-mónico nítido y coherente a partir del sur-gimiento de la “agenda del TIPNIS” que pudiera disputarle al oficialismo la prefe-rencia electoral por el control y manejo del Estado Plurinacional.

La consolidación de una burguesía plebeya

Siguiendo la línea del análisis de los fac-tores de poder y a pesar de que muchos analistas afirman el fracaso de la (neo) nacionalización y la incapacidad del Go-bierno de dar solución a la problemática tierra–territorio (que fueron dos de las principales banderas ideológicas y discur-sivas a inicios de la gestión del Presidente

Las principales relaciones y disputas al interior del campo político nacional oscilan de una lucha de naturaleza inter hegemónica entre dos bloques históricos de poder antagónicos y polarizados (bloque indiano originario campesino y popular enfrentado al bloque cívico regional) hacia una etapa de lucha intra hegemó-nica, donde las relaciones y las disputas van a ser protagoniza-das por actores y sujetos políticos que se desprenden del mismo bloque histórico de poder.

Sed,

Jav

ier

Fern

ánde

z, a

cuar

ela

25

x 1

8 c

m. 2

00

7.

and miosa 23

Morales), el Gobierno central ha cumplido con el objetivo estratégico de consolidar una nueva burguesía plebeya6, basada —entre otros elementos— en la liberación de tierra de grandes latifundistas y terrate-nientes para conformar la base económi-ca de esta nueva clase media emergente de rostro comerciante, gremial, sindical, transportista, pequeño y/o mediano pro-ductor de alimentos y también cocalero.

La dimensión socio económica de la alianza entre el Estado y la emergente burguesía plebeya la evidenciamos en las palabras del Vicepresidente Álvaro García Linera cuando afirma: Hoy el Estado es el principal generador de riqueza del país, y esa riqueza no es valorizada como capital, es redistribuida en la sociedad por medio de bonos, rentas y beneficios sociales di-

rectos [...] Intenta priorizar la riqueza como valor de uso, por encima del valor de cam-bio. El Estado no se comporta como un capitalista colectivo propio del capitalismo de Estado, sino como un redistribuidor de riquezas colectivas ante las clases labo-riosas y un potenciador de las capacida-des materiales, técnicas y asociativas de los modos de producción campesinos, co-munitarios y artesanos urbanos. En esta expansión de lo comunitario agrario y ur-bano depositamos nuestra esperanza de transitar por el poscapitalismo, sabiendo que también esa es una obra universal y no de un solo país.7:

Por lo tanto, podemos concluir que existe una apertura8 o recomposición en la base social del bloque en el poder, que en la anterior etapa del ascenso al Gobierno, estaría identificada esencialmente con el sujeto constituyente indígena originario –campesino9. La actual base social estaría asentada sobre esta emergente burgue-sía plebeya —la afirmación del bloque na-cional popular— quienes (irónicamente) coincidirían con las miradas, necesidades, intereses y proyecciones de una facciónde la burguesía empresarial nacional.

Luego de la finalización del Primer En-cuentro Plurinacional en enero de 2012, el Presidente Morales anunció la creación de un Consejo Económico y Social con la participación de organizaciones sociales,

empresarios y productores, que sesiona-ría regularmente para dar seguimiento y el fortalecimiento del aparato productivo.10

No se puede dejar de contextualizar que esta “coincidencia” actual entre la emer-gente burguesía plebeya y una facción del empresariado nacional es producto de un esfuerzo estratégico del Gobierno de frag-mentar a la (pequeña) burguesía empre-sarial nacional para aislarla de la facción oligárquica terrateniente y reaccionaria.11

El TIPNIS visto desde los cierres de es-pacios geográficos, territoriales y econó-micos productivos.

Prosiguiendo, un segundo elemento a considerar en los trasfondos del TIPNIS hace alusión a variables geopolíticas. En la entrevista citada realizada por el periódi-co mexicano La Jornada al Vicepresidente García Linera, se puntualizaba lo siguien-te: Las tendencias separatistas de la oli-garquía que estuvieron a punto de dividir Bolivia en 2008 fueron contenidas porque se les derrotó políticamente durante el gol-pe de Estado de septiembre de ese año, y porque parte de su base material (la agroindustria) fue ocupada por el Estado.

Sin embargo, hay un último pilar económi-co que mantiene en pie a las fuerzas retró-gradas de tendencia separatista: el con-trol de la economía amazónica, que para llegar al resto del país, obligatoriamente tiene que pasar por el procesamiento y financiación de empresas bajo el control de una fracción oligárquica asentada en Santa Cruz. Una carretera que vincule di-rectamente la amazonía con los valles y el altiplano reconfiguraría radicalmente la estructura de poder económico regional, derrumbando la base material final de los separatistas y dando lugar a un nuevo eje geo económico al Estado.12

En este pasaje esclarecedor, encontramos elementos —a mi criterio— determinantes para develar algunos de los trasfondos más remotos de la conflictividad en torno al TIPNIS, que hacen alusión a lo que da-ría cierre definitivo al ciclo de la lucha inter hegemónica entre los dos bloques histó-ricos, antagónicos y polarizados de poder en disputa (en su momento de clímax) en-tre 2004 y 2009. Si bien existió una derrota en términos políticos y/o de superestruc-turas a las derechas nacionales y cruce-ñas13, aun quedaba pendiente el desman-telamiento de la estructura económica y base de poder fáctico asentada sobre la tenencia de la tierra de parte de la facción de élite reaccionaria vinculada a la toma de instituciones de septiembre de 2008 y el caso Rózsa Flores de abril de 2009.

...la conflictividad en torno al TIPNIS no ha llegado a socavar las bases estruc-turales e institucionales de poder del Gobierno del MAS, al no existir hasta ahora la definición de un proyecto contra hegemónico nítido y coherente a partir del sur-gimiento de la “agenda del TIPNIS”...

Anata viejo, Javier Fernández, acuarela 31 x 41 cm. 2009.

and miosa24

Como sostiene el Vicepresidente García Linera, el cierre final de la polarización antagónica entre los bloques históricos de poder se realizaría con la consolida-ción de este nuevo eje geo económico al Estado, conllevando la rearticulación del control de la zona de la amazonía, por lo que la carretera Villa Tunari – San Ig-nacio de Moxos se vislumbra bajo esta nueva arista como un interés estratégico de máxima prioridad para el Estado Pluri-nacional. La vinculación carretera del eje nor amazónico oriental culminaría una ta-rea geopolítica pendiente en la culmina-ción de la construcción de estatalidad en Bolivia, referente al cierre de espacios14

geográficos, territoriales y económicos productivos.

La dimensión electoral del TIPNIS

La tercera dimensión de la conflictividad entorno al TIPNIS tiene connotaciones electorales con miradas al año 2014, ya que (hipotéticamente) por medio de la afirmación de este nuevo eje geopolítico amazónico hasta fines de 2012, (el Go-bierno) tendría la posibilidad de “asentar” e irradiar su presencia en los departamen-tos de la otrora “media luna”, habida cuen-

ta de la reconfiguración de la estructura económica regional. De esta manera po-dría compensar o equilibrar las disminu-ciones en preferencias electorales en de-partamentos del occidente considerados anteriormente “cautivos” al oficialismo de Gobierno, pero que han comenzado a ge-nerar defecciones producto de la disputa política de naturaleza intra hegemónica ya mencionada con anterioridad.

Lo afirmado complementaría otra hipóte-sis de un avance cuantitativo del MAS en la disrupción de las correlaciones de fuer-zas poselectorales de abril de 2010 en las Asambleas Legislativas Departamenta-les (ALD) y en los concejos municipales en el país entero, pero especialmente en los departamentos del oriente. Estas va-riaciones en las correlaciones de fuerzas institucionales en los órganos legislativos sub nacionales posibilitaría la construc-ción de una plataforma institucional para el Gobierno central, una base geográfica, territorial para la ampliación de sus apo-yos electorales en los departamentos del noreste oriental o de las llanuras, com-pensando los bajones que ha tenido en el occidente.

La resultante sería un sólida base terri-torial e institucional de irradiación elec-toral nacional bajo la vanguardia de una composición social formada en torno a la emergente burguesía plebeya (comer-ciantes, gremialistas, pequeños y media-nos productores, transportistas). Si esto es cierto, estaríamos ante la fórmula de la reproducción electoral del MAS para el 2014 y —de paso— el mantenimiento y/o administración de la hegemonía en el país. El año 2012 emerge nítidamente como un año pre electoral, de planificación y orga-nización de escenarios, identificación de dispositivos discursivos renovados y de delimitación de estrategias de avanzada.

Amazonas, Javier Fernández, acuarela 76 x 56 cm. 2009.

“...el gobierno del MAS se adueña, se apropia, interiori-za la conflictividad, procesa rápidamente dichas deman-das y reivindicaciones de las organizaciones de la sociedad civil para convertirlas en ges-tión política”.

and miosa 25

Demandas y reivindicaciones de la Octava y No-vena Marcha que configuran los universos o ejes

discursivos de la CIDOB.

Reacciones y/o respuestas de naturaleza discur-siva, ejecutivas, legislativas y de políticas públicas

del Gobierno Central.

Paralización de las actividades de construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. (8va marcha)

Recisión del contrato de OAS.

Aplicación de normas y regulaciones sobre área protegidas en el marco de las normas ambientales vigentes. (9na marcha)

Carretera ecológica.

Sanción a los responsables de la represión de la octava marcha indígena. (9na marcha)

Investigación del Ministerio Público sobre los suce-sos en Chaparina.

La no criminalización de la protesta. (9na marcha) El derecho a la marcha está garantizado por el Gobierno.

Cumplimiento de los acuerdos de la octava mar-cha. (9na marcha)

Existencia de convenios y acuerdos con todas las organizaciones de la CIDOB.

Saneamiento y titulación de las TCOs y Reconduc-ción Comunitaria. (8va y 9na marcha)

El Estado tituló al menos 13 millones de hectáreas a favor de los pueblos indígenas de tierras bajas

Medio ambiente, cambio climático, Fondo Verde e iniciativas REDD: posición aun no está claramente definida. (8va y 9na marcha)

Desarrollismo como escenario electoral, horizon-te del Vivir Bien / Buen Vivir en el escenario pos electoral.

Desarrollo normativo y derecho a la consulta. (8va marcha)

Promulgación de la Ley No. 222 de Consulta Previa.

Abrogación de la Ley No. 222. (9na marcha) Ampliación de los plazos para la realización de la consulta.

Provisión de recursos económicos para el avance de las autonomías en los territorios indígenas. (8va marcha)

Realización del censo en noviembre de 2012.

Autonomías indígenas, autogobierno y libre deter-minación. (8va y 9na marcha)

Presencia indígena en varios niveles del Estado: Asamblea Legislativa Plurinacional, Asambleas Legislativas Departamentales, Concejos Municipa-les y en las AIOC

Asistencia en desarrollo productivo. (8va marcha) Convenios y acuerdos suscritos entre las organiza-ciones indígenas.

Asistencia en educación, salud y vivienda. (8va marcha)

Convenios y acuerdos suscritos entre las organiza-ciones indígenas.

Criterios de algunos de los dirigentes de las regionales de la CIDOB y de la CONAMAQ15 frente a la proximidad de la Novena Marcha.

Alberto Ortiz / Presidente CIRABO

La novena marcha no es un movimiento ne-tamente indígena. Es una mezcla. Los ca-pitanes de la Amazonia y sus bases hemos decidido que no vamos a marchar. En 2011, con la movilización no hemos sacado nada. Hemos sufrido y la Cidob no tiene recursos. Los pacahuaras, cavineños, canichanas y araonas queremos diálogo con el Gobierno.

José Ortiz / Presidente CPILAP

Como pueblos indígenas de La Paz esta-mos planteando diálogo con el Gobierno. Y si se acepta el diálogo entonces no hay por qué marchar. Marchar no es fácil para las regionales. Es duro. Además la Cpilap tiene acuerdos con el Gobierno. El año pa-sado conseguimos la ley 180. Luego marchó Conisur y consiguió la ley 222. Se debe con-ciliar posturas.

Durimar Merelis / Presidente CIPOAP

Tenemos un convenio firmado con el gober-nador de Pando, Luis Flores (MAS). Fijamos una agenda de trabajo y eso nos impide es-tar en la marcha. Además, no hay muchos recursos para movilizarse. Yo no comparto con el conflicto del Gobierno y de la Cidob porque creo que es político. Le damos todo nuestro apoyo moral a la Cidob.

Moisés Sapiranda / Presidente ORCAWETA

Estamos predispuestos a la movilización. Y esto se debe a que hemos incluido dentro de la plataforma de demandas el reclamo por la desatención del Gobierno al problema del río Pilcomayo. Los weenhayeks y tapietés vamos a movilizarnos. No tenemos muchos recursos, pero igual, al menos cinco de no-sotros vamos a estar en la novena marcha.

José Bailaba / Presidente OICH

Exigimos que se busque el diálogo con el Gobierno. No se ha agotado ese recurso to-davía. Mientras tanto no vale la pena estar en la novena marcha. Hemos suscrito un convenio programático con el Gobierno. El gran problema de nuestra dirección nacional es que no hizo seguimiento a los 16 puntos firmados el año pasado.

Félix Becerra / Mallku de CONAMAQ

Las naciones aimara y quechua, las más grandes del país, ratificamos la decisión de marchar con nuestros hermanos indígenas del oriente desde Chaparina. Marchando con ellos, marchamos por nosotros. Lo hacemos por la madre tierra, por los recursos natura-les, por los derechos de los pueblos indíge-nas, por nuestros territorios. Que así sea.

Construcción y deconstrucción de univer-sos / ejes discursivos (posicionamientos) entre la CIDOB y el Gobierno Central.

Evaluando las plataformas de la octava y novena marcha de los pueblos indíge-nas de tierras bajas, podemos identificar algunas demandas y reivindicaciones de la CIDOB que se convierten en los princi-pales ejes discursivos que permiten ubicar el posicionamiento político y mediático de dicho actor, en el contexto de la evolución de la conflictividad en torno a la problemá-tica del TIPNIS. Paralelamente a lo ante-rior, podemos identificar la deconstrucción de dichos universos y ejes discursivos de parte del Gobierno central, que inciden en una suerte de “vaciamiento” de un vórtice

político que tenga la capacidad de generar adhesión de conciencias y voluntades en torno a un núcleo en común, a saber, la consolidación de la “agenda del TIPNIS”.

En base a lo anterior, se puede proyectar la debilidad estratégica con la que arranca la novena marcha de los pueblos indíge-nas de tierras bajas, ya que la mayor par-te de las demandas centrales han recibido reacción y/o respuesta (parcial, pero res-puesta al fin) de parte del Gobierno cen-tral, provocando que se vea afectada su coherencia programática. Sin embargo, el debate civilizatorio pendiente respecto al paradigma del Vivir Bien y del Buen Vivir —a mi criterio— ha sido postergado a un escenario poselectoral.

and miosa26

Conclusión: la conflictividad social como epistemología16 del poder.

A nueve meses de evolución del conflic-to del Territorio Indígena del Parque Na-cional Isiboro Sécure – TIPNIS (al mes de abril de 2012) encuentro que se ha formado una situación de conflictividad en torno al mismo, ya que no se reduce a una problemática aislada de los pue-blos indígenas de tierras bajas, sino que da cuenta de una situación de conjunto, frente a la emergencia y maduración de lo que hemos denominado en este ensayo, la “agenda del TIPNIS”.

Sin embargo, también encuentro que la concepción, visión y forma en la que el actual Gobierno “conoce” el binomio con-flicto y conflictividad, es de manera muy diferenciada a otros Gobiernos de la etapa de la gobernabilidad y/o democracia pac-tada, que consideraban tanto al conflicto como a la conflictividad como negativos y perjudiciales, una situación social que de-biera ser reducida, minimizada, reprimida y (en el mejor de los casos) eliminada, ya que el presupuesto sociológico (ideológi-co) de dichos Gobiernos se basaba en la utopía del orden y estabilidad como ima-ginario social dominante y deseado. Sin embargo, actualmente existen diversos procesos de clivajes en el mundo que pro-vocan rupturas en las visiones respecto al orden y estabilidad como socialmente “de-seables” e inclusive como (fácticamente) posibles, ya que “el orden y la estabilidad” entrañan dolorosos procesos de homoge-nización e invisibilización social a favor de un imperante.

Vivimos una historicidad en la que el con-flicto y la conflictividad se tornan en una epistemología (es decir, en una forma de conocimiento) y en una pedagogía (en una forma de aprendizaje) del poder que se recicla y relegitima permanentemente en la calle, en las situaciones de conflicti-vidad, desde los repertorios de acción co-lectiva de la sociedad civil. En el análisis del decurso de la conflictividad en torno al TIPNIS, encuentro que el actual Gobier-no del MAS entiende la conflictividad de esta manera, y en lugar de que el conflic-to y la conflictividad sea visto como algo negativo o nefasto, se convierte, precisa-mente, en la fórmula de la reproducción del poder y su proyección a futuro en el acro histórico.

Por lo tanto, estamos ante dos miradas encontradas referente al conflicto y la con-flictividad en Bolivia: la mirada de los que aun consideran que la conflictividad so-cio política es un elemento negativo, que

desgasta al actual Gobierno y que puede provocar el paulatino debilitamiento tanto de la imagen como de la credibilidad de las autoridades del Estado y —finalmen-te— provocar la renuncia o posterior sali-da de estos. Otra mirada plantea que ni el conflicto ni la conflictividad son elementos negativos, ni desgastantes, sino al contra-rio, constituyen una forma de conocer las inquietudes, demandas y reivindicaciones de la sociedad civil —en tiempo real—.

En base a lo anterior, el Gobierno del MAS se adueña, se apropia, interioriza la con-flictividad, procesa rápidamente dichas demandas y reivindicaciones de las orga-nizaciones de la sociedad civil para con-vertirlas en gestión política, sea a través de legislación, acuerdos, convenios, po-líticas públicas y otros tipos de respues-tas políticas. Para dar algunos ejemplos de esta dinámica, podemos mencionar las demandas de la plataforma de la VIII marcha de los indígenas de tierras bajas que resultaron en la promulgación de la Ley No. 180 de Protección al TIPNIS, la realización del Primer Encuentro Plurina-cional por el Cambio, la Ley 222 de Con-sulta Previa, la anulación del contrato con la empresa constructora OAS. En todos estos casos, las demandas emanan de las organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno las procesa política y discursiva-mente para transformarlas en reacciones y respuestas. En otras palabras, convierte la conflictividad en una forma de conocer la realidad social, de tomarle el pulso a la sociedad, para orientar —en consecuen-cia— la brújula del poder.

Lo dicho con anterioridad nos muestra dos escenarios de manejo político que corren paralelos: la institucionalidad del Estado a través de la administración del Gobierno y el permanente escenario político por ex-celencia (en Bolivia) que se encuentra en la calle, desde donde se gestiona (y repro-duce) política y poder. Clásicamente (es decir, desde las miradas del conflicto como algo nefasto) estos dos escenarios habían estado divorciados y enfrentados, actual-mente —desde la conflictividad como epistemología del poder— se convierten en escenarios enlazados, mutuamente imbricados desde donde el Gobierno pro-cesa rápidamente las demandas políticas de las organizaciones de la sociedad civil y las convierte en respuestas o resultados políticos, impidiendo la formación de ejes, núcleos o vórtices políticos, discursivos e ideológicos desde donde se puedan agre-gar o aglutinar las oposiciones (en plural) para formar un proyecto contra hegemóni-co al del MAS. Estos dos escenarios que dialogan y se tensionan mutuamente nos muestran la reconfiguración del campo político boliviano en donde los principales actores en el escenario nacional son los sujetos políticos corporativos no partida-rios, que precisamente por gestionar la política desde la calle, impiden la posibili-dad de monopolizar los espacios de crea-ción, articulación, gestión y reproducción de la política. Por ende, la calle es y segui-rá siendo un escenario autónomo de ges-tión política y de poder. Este es el mensaje principal de la conflictividad como episte-mología del poder.

Resplandor, Gustavo del Río, grabado s/metal 40 x 70 cm.

and miosa 27

Análisis comparativo de demandas de la Octava y Novena Marcha Indígena17

En esta sección analizamos comparativamente las continuidades y/o rupturas en las demandas y reivindicaciones de las Platafor-mas de la octava y novena marcha indígena de la CIDOB y a la vez, identificamos las reacciones y o respuestas (que han trascendi-do en la prensa escrita) de parte del Gobierno central durante los meses de marzo y abril de 2012, para evaluar en qué condiciones y circunstancias arranca la novena marcha.18

Plataforma de Demandas de la Octava Marcha Indígena: 201119

Plataforma de Demandas de la Novena Marcha Indígena: 2012

Reacciones de parte del Gobierno Central. (En base al análisis de medios de prensa escritos detallados en las citas.)

Tema TIPNIS

Rechazo a la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos que afectan los territorios TIPNIS, TIN y TIMI.Paralización inmediata del estu-dio socio ambiental y cualquier otro estudio o actividad de cons-trucción de la carretera, así como la paralización de las obras y actividades de construcción de la carretera, el retiro de máquinas, campamentos y personal que se encuentren en la construcción de esta carretera.Abrogación y anulación de leyes, normas y decretos sobre la cons-trucción de la carretera.

Tema Parque Nacional Agua-rague

Paralización de todas las acti-vidades hidrocarburíferas en el Parque Nacional Aguarague.

Tema TIPNIS

Cumplimiento de la Ley No. 180 de Protección del TIPNIS que prohíbe la construcción de la ca-rretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos y aprobación de su reglamento en los términos con-sensuados con el Gobierno, que ratifica la prohibición de megapro-yectos, programas y actividades extractivas en el TIPNIS.Abrogación de la Ley No. 222 y retiro inmediato de los militares y funcionarios públicos encarga-dos de ejecutar la consulta en el TIPNIS.Aplicación de las normas y regu-laciones sobre áreas protegidas, cumplimiento del convenio de coadministración y reposición de las licencias de las actividades productivas y comerciales en el marco de las normas ambientales vigentes.Cumplimiento de los compromi-sos asumidos por el Gobierno en mayo de 2010 y octubre de 2011 con relación al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguarague.

Construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

El vicepresidente García Linera ratificó la anulación del contrato con la empresa brasi-leña OAS para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, por incumplimiento.En una conferencia de prensa dictada en Palacio de Gobierno, el segundo del Ejecutivo boliviano corroboró las razones de la decisión gubernamental anticipadas por el presi-dente Evo Morales por el incumplimiento de OAS a varias obligaciones contractuales que afectaron las obras en los tramos I y III. “Pero en términos de cumplimiento de contrato el Gobierno ha sido muy escrupuloso”, explicó al ratificar que OAS suspendió el trabajo varias veces, sin justificación ni autori-zación; incumplió en la movilización de personal para la construcción de los tramos I y III; en la movilización de maquinaria y equipos, desobediencia reiterada a instrucciones recibidas y compromisos asumidos.García Linera aseguró que la decisión gubernamental está amparada en la cláusula de recisión de contrato que establece 15 días para intentar arreglar las diferencias y una segunda notificación donde se resuelve el contrato.http://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=59825Con relación a la demanda de la abrogación de la Ley 222 de Consulta Previa, ver De-sarrollo Normativo y Derecho de Consulta más adelante.

Sanción a los responsables de la represión de la octava marcha indígena

ReEncarcelamiento a los res-ponsables de la represión brutal del 25 de septiembre de 2011 en Limoncito, Chaparina y San Lorenzo (Yucumo) y durante las movilizaciones en apoyo a la 8va marcha indígena.

Esclarecimiento y rechazo al presunto secuestro del Canciller David Choquehuanca.

La no criminalización de la protesta pública y el cese a la persecución política y policial a los dirigentes de las organizacio-nes indígenas.

Resarcimiento y satisfacción pú-blica a las mujeres, niños y adul-tos mayores indígenas y urbanos que sufrieron la vulneración de sus derechos en las movilizacio-nes por la defensa del TIPNIS.

Cumplimiento de los acuerdos de la octava marchaCumplimiento de los acuerdos firmados entre el Gobierno y los representantes de la 8va marcha indígena del 2011 que constan de 14 actas y 1 acta complemen-taria, además de acuerdos suscri-tos con las diversas regionales de la CIDOB.

Respecto al requerimiento de sanción a los responsables de la represión de la octava marcha indígena, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, entregó una decla-ratoria de Censura Pública contra el comandante General de la Policía Boliviana, Jorge Santiesteban, por negarse a brindar información sobre los casos Porvenir y Chaparina. A su vez, el Ministerio Público investiga los sucesos de Chaparina y la represión a la mar-cha indígena del TIPNIS, en septiembre de 2011. La Razón Digital / ABI / La Paz/ 19 de abril de 2012

La demanda de no criminalización de la protesta pública

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que respetará la IX Marcha que las or-ganizaciones indígenas preparan desde la localidad de Chaparina, Beni, para el 25 abril, en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).La autoridad, en una entrevista pregrabada de un medio radial paceño, dijo que el Go-bierno no volverá a cometer los errores del año pasado, cuando la VIII Marcha Indígena fue reprimida violentamente por la Policía el 25 de septiembre en Chaparina. “La marcha tiene que ser perfectamente respetada. Es su mecanismo de movilización que histórica-mente (los indígenas) lo han desarrollado. No se deben reproducir los errores del año pasado, nadie debe interferir esa movilización”, declaró. http://www.paginasiete.bo/2012-04-15/Nacional/NoticiaPrincipal/02nal-001-0415.aspx

Acuerdos entre el Gobierno y las organizaciones indígenas

El ministro Carlos Romero, que es el encargado del diálogo con los indígenas, ha dicho que hay convenios con todas las organizaciones de la CIDOB, pero niega el afán de boicot.Los presidentes (de las organizaciones indígenas regionales) que retiran su apoyo a la caminata conducen a las organizaciones indígenas más numerosas. Por ejemplo, la OICH, APG y CPIB. Adolfo Chávez —presidente de la CIDOB— hizo un recorrido visitando a las comunida-des indígenas del chaco, del oriente y de la Amazonía. Él asegura que las bases de los presidentes que se han desmarcado no comparten los convenios con el Gobierno y que han ratificado su apoyo a la dirigencia nacional. Pedro Nuni, diputado indígena (MAS), asegura que a pesar del repliegue de algunos dirigentes, las bases marcharán por su cuenta, tal es el caso de los pobladores del Terri-torio Indígena Multiétnico (TIM), de San Ignacio de Moxos. “Una cosa son los acuerdos programáticos y otra la conducta orgánica, eso es lo que no han sabido diferenciar los dirigentes regionales”, reflexiona Lázaro Tacoó, que habla de ‘injerencia gubernamental’ y admite que se afectó la fuerza de la CIDOB. Sin embar-go, el vocero no da todo por perdido: “Hemos aconsejado a los compañeros firmar los acuerdos, recibir los beneficios, pues es obligación del Estado. Luego que vengan a la marcha”. http://www.eldeber.com.bo/vernotanacional.php?id=120422202228

and miosa28

Plataforma de Demandas de la Octava Marcha Indígena: 2011

Plataforma de Demandas de la Nove-na Marcha Indígena: 2012

Reacciones de parte del Gobierno Central. (En base al aná-lisis de medios de prensa escritos detallados en las citas.)

Tema Tierra y Territorio

El Gobierno debe garantizar que todos los territorios indí-genas sean respetados en la nueva legislación agraria.Conclusión del saneamiento y titulación de todas las TCOs y los replanteos y compensaciones territoriales.

Desalojo de los terceros ilegales en nuestros territorios hasta fin de año.Reversión y expropiación de tierras y dotación de las tierras fiscales a favor de los pueblos indígenas del lugar, que no tienen tierra y los que la tienen insuficientemente, atendiendo las demandas para consolidar los derechos territoriales de los pueblos indígenas.Atención a las demandas territoriales de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial, debiendo garantizarse los derechos de estos pueblos de conformidad a lo establecido por el artículo 31 de la CPE.El Gobierno debe garantizar los recursos económicos suficientes para financiar la conclusión del saneamiento de nuestros territorios.

Tema Tierra y Territorio

Cumplimiento de la CPE y la Ley 1715 del Servicio Nacional de Refor-ma Agraria y Ley. 3545 de Recon-duccción Comunitaria de la Reforma Agraria para la titulación inmediata de los procesos de saneamientos de TCOs en trámites a favor de pueblos y comunidades indígenas.

Desalojo de los asentamientos y ocupaciones ilegales en los territorios y comunidades indígenas originarias, tituladas o en proceso.

Saneamiento y titulación de las TCOs / Reconducción Comunitaria

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostuvo ayer en Trinidad, Beni, que el Estado tituló a favor de los pueblos in-dígenas de tierras bajas al menos 13 millones de hectáreas. “Con la Ley INRA se tituló más de 7 millones de hectáreas y con la Ley de Reconversión (Agraria) más de 5 millones de hectáreas”, declaró Romero. La Razón / Paulo Cuiza / 20 de abril de 2012

Tema Cambio Climático, Fondo Verde y REDDReconocimiento del Gobierno del derecho de los pueblos indígenas a recibir directamente la retribución (pago) por compensación por la mitigación de gases de efecto invernadero que cumplen nuestros territorios (servicios ambientales).

Ley de Bosques y DirectricesParticipación de los pueblos indígenas en la elaboración de la Ley de Bosques, la que debe contemplar toda la po-lítica forestal e incorporar las propuestas regionalizadas de los pueblos indígenas. Paralización de la aplicación de las nuevas directrices fo-restales que afectan a los pueblos indígenas, aplicándose las que se encontraban vigentes antes.La ABT debe cambiar a los funcionarios públicos de su dependencia que cuenten con denuncias presentados por los pueblos indígenas y contratar personal idóneo, que conozca la región y sus características.En la elaboración de la Ley Especial de Áreas Protegidas, solicitan la incorporación de las propuestas y visiones de los pueblos indígenas.

Tema Medio Ambiente

Cumplimiento de los derechos al medio ambiente, a la biodiversidad y a los ecosistemas, en el marco del respeto y defensa de la Madre Tierra.Administración y manejo directo de las 22 áreas protegidas y respeto a las reservas forestales por las orga-nizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios.Aplicación de normas y regulaciones técnicas vigentes para la implemen-tación de proyectos extractivos y/o de desarrollo sostenible susceptibles de afectar territorios y comunidades indígenas originarios.Reparar el daño ambiental y re-sarcimiento por la afectación socio ambiental y cultural de los pueblos y comunidades que habitan en áreas protegidas y territorios indígenas.

Carretera y Medio Ambiente

Entre los planes del Gobierno está la construcción en el parque de una carretera ecológica, según anunció el 22 de marzo el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, que un día antes sobrevoló el TIPNIS acompañando al presiden-te Morales. El martes, el ministro Sánchez afirmó que en el proceso de consulta en el TIPNIS, a iniciarse el 10 de mayo, se pre-guntará a los indígenas de la zona sobre la construcción de la vía. “Les hemos dicho (a representantes de los pueblos indígenas) que si dan su consentimiento y si (la vía) pasa por el TIPNIS, va a ser una carretera ecológica”. La Razón / Paulo Cuiza / La Paz / 20 de abril de 2012

Desarrollo Normativo y Derecho de Consulta

Todos los Anteproyectos de Ley de interés de los pueblos indígenas antes de ser presentados a la ALP, deben ser consultados y elaborados en coordinación y consenso con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas parte de la CIDOB. El resultado debe ser parte de una agenda conjunta de trabajo acordada entre la CIDOB y el Gobierno.En la elaboración de la Ley de Hidrocarburos se incorpo-ren las propuestas de los pueblos indígenas del oriente, chaco y amazonía boliviana e inmediatamente el Gobier-no convoque a mesas de diálogo para la elaboración y concertación del contenido de esta ley.Respeto al derecho de consulta y participación en todos los proyectos de exploración, explotación de hidrocar-buros y minería y otros mega - proyectos, carreteras, hidroeléctricas que pudieran afectar a los pueblos indígenas. Carretera Ipati – Muyupamapa – Monteagudo, túnel Aguarague, carretera San Borja – Rurrenabaque, carretera San Buenaventura – Ixiamas.

Desarrollo y ajuste normativo

Modificación de la Ley del Régimen Electoral e incorporación de un repre-sentante por cada nación y pueblo indígena originario en la Asamblea Legislativa Plurinacional.Modificación de la Ley del Tribunal Constitucional y de la Ley del Tribunal Agroambiental e incorporación de representantes de las naciones y pueblos indígenas originarios elegidos por normas y procedimientos.Modificación parcial de la Ley del Deslinde Jurisdiccional.Tratamiento de la propuesta de Ley de Consulta de la CIDOB y la CONA-MAQ.Tratamiento de la propuesta de Ley de Desarrollo Integral de la Amazonía de CIRABO y CIPOAP.

Desarrollo Normativo y al Derecho de Consulta

Respecto a la demanda de la abrogación de la Ley 222 de Consulta Previa que tenía que realizarse entre el 10 de mayo y el 10 de junio en el TIPNIS, el Gobierno enviará a la Asamblea Legislativa un antepro-yecto de ley para “ampliar los plazos de la consulta”, infor-mó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; lo hará —dijo— para “construir un clima de confianza mutua entre el Gobierno y los pueblos indígenas”. La iniciativa de dar más tiempo a la consulta, con todo, no provino del Gobierno, sino de la representación de las Naciones Unidas en el país. Dicha organización, explicó Quintana, envió una carta al Ejecutivo pidiendo “explorarla posibilidad de que la consulta tenga un tiempo mayor; porque un tiempo muy restrictivo para la consulta también genera dificultades”. La Razón / Iván Bustillos / La Paz 20 de abril de 2012La realización del Primer Encuentro Plurinacional por el Cambio en diciembre de 2011, como espacio de consulta, con mesas de diálogo para deliberar colectivamente-

Autonomía Indígena

Provisión de recursos económicos para la implementa-ción de la GTI en todos los territorios indígenas titulados como medio para ir avanzando hacia las autonomías indígenas.

La Ley de Unidades Territoriales a aprobarse en la ALP debe posibilitar el acceso a las AIOC en todos los terri-torios indígenas, sin hacerlas depender de la voluntad o interés público de las Gobernaciones de los departamen-tos que manifiestamente han demostrado su oposición.

Respeto a la libre determinación y al auto gobierno

Cese a la intervención e intromisión en las estructuras de las organiza-ciones de las naciones y pueblos indígenas.

No se reconoce ni acepta ninguna organización indígena paralela pro-movida por el Gobierno nacional.

Autonomía Indígena y autodeterminación

(El Ministro de Gobierno) Carlos Romero destacó la pre-sencia indígena en varios niveles del Estado, como las go-bernaciones y la Asamblea Legislativa Plurinacional, siendo elegidos por usos y costumbre. “Ahora lo que falta es hacer gestión, necesitamos fortalecernos en temas de salud, edu-cación, necesitamos carreteras”, declaró. Romero destacó que la CMIB es una de las organizaciones de mujeres que enfocó su trabajo en la equidad de género, pero desde el punto de vista de la protección de los derechos colectivos. La Razón / Paulo Cuiza / La Paz / 20 de abril de 2012

and miosa 29

Plataforma de Demandas de la Octava Marcha Indígena: 2011

Plataforma de Demandas de la Novena Marcha Indígena: 2012

Reacciones de parte del Gobierno Central. (En base al análisis de medios de prensa escritos detallados en las citas.)

Desarrollo Productivo

Descentralización del FDPPIOYCC a las regiones del oriente, chaco y amazonía con asignación de recursos específicos para los 34 pueblos y nacio-nes indígenas de tierras bajas.

Incorporación de la visión de desarrollo de los pueblos indígenas de tierras bajas en las políticas de desarrollo nacional.

Desarrollo Productivo

El presidente Evo Morales entrega motores a los pobladores del Tipnis, mientras promueve la consulta. La CIDOB tacha la acción como colonialista. http://www.eldeber.com.bo/vernotanacional.php?id=120422202228

Estos temas son tratados específicamente en los acuerdos suscritos entre Gobierno y organizaciones indígenas, contenidos en 14 actas y 1 acta complementaria, además de acuerdos suscritos con las diversas regionales de la CIDOB.

Educación, Salud, Censo, Vivienda, Problemáti-ca del Rio Pilcomayo, Comunicación y Cumpli-miento del Acuerdo de Mayo 2010 con la APG

Estos temas son tratados específicamente en los acuerdos suscritos entre Gobierno y organizaciones indígenas, contenidos en catorce actas y un acta complementaria, además de acuerdos suscritos con las diversas regionales de la CIDOB.

Helena Argirakis Jordán Politóloga cruceña.

1 “El conflicto no es solamente una forma de expresarse frente al Estado sino también un mecanismo de construcción de poder en el que tratan de medir fuerzas y dilucidar diferencias”. LASERNA, ROBERTO Y ORTEGO, JESÚS. 2003. Reflexiones sobre violencia, conflicto y dialogo social en Bolivia. Cocha-bamba, CERES – COSUDE. “El concepto de conflictividad da cuenta (siste-máticamente) de una situación de conjunto, no de un hecho particularizado”. Ambas citas en ROJAS RÍOS, CÉSAR. 2007. Democracia de Alta Tensión. Conflictividad y Cambio Social en la Bolivia del Siglo XXI. Plural Editores. La Paz, Bolivia.

2 Considero que la primera inflexión en la conflictividad del TIPNIS se produjo el 25 de septiembre de 2011 con la intervención policial a la VIII marcha de la CIDOB y los pueblos indígenas de tierras bajas. Ver ARGIRAKIS, HELENA. 2011. Laagenda de octubre, la agenda del TIPNIS y los contornos líquidos de un debate impostergable. en http://www.la-epoca.com.bo/includes/imprimir.php?id=972

3 La primera parte de la conflictividad del TIPNIS sería entre agosto y diciembre de 2011, favoreciendo al conjunto de pueblos indígenas de tierras bajas con-gregados en la CIDOB. La segunda etapa de la conflictividad se inicia en enero de 2012, cuando el Gobierno central anuncia los resultados del 1er Encuentro Plurinacional para Profundizar el Cambio y luego presenta en febrero la Ley No. 222 de Consulta Previa en un intento de abrogar la llamada Ley Corta del TIPNIS del 24 de octubre de 2011 que declaraba la intangibilidad del Parque Nacional Isiboro Sécure.

4 MAS prepara agenda 2012 tras Encuentro Plurinacional. http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_01/nt120112/politica.php?n=83&mas-prepara-agen-da-2012-tras-encuentro-plurinacional

5 Para un mayor desarrollo sobre este punto, ver ARGIRAKIS, HELENA: El con-flicto del TIPNIS del 2011 como umbral para el 2012 en www.la-epoca.com.bo/index.php?opt=front&mod=detalle&id

6 En palabras del analista Roger Cortez. Conversatorio de la Fundación Bolivia-na de Democracia Multipartidaria – fBDM, El conflicto del TIPNIS en su segun-do ciclo. Nuevas tácticas, nuevos escenarios. Realizado el 1ero de marzo de 2012 en la ciudad de Santa Cruz, con los expositores Roger Cortez, Gustavo Pedraza y Helena Argirakis.

7 El pueblo boliviano vive la mayor Revolución Social. La institucionalidad del poder se trasladó al ámbito plebeyo. Entrevista a Álvaro García Linera en el periódico La Jornada de México. 07 de febrero de 2012. www.jornada.unam.mx/2012/02/07/politica/002n1pol

8 “Como Gobierno de movimientos sociales intentamos en todo momento so-meter a debate público estas tensiones y resolverlas por vías democráticas impulsando que la vanguardia indígenas, campesinos, trabajadores, obreros, vecinos y estudiantes siempre lleven por delante la bandera del común, el interés del común, de la comunidad que es todo Bolivia” GARCÍA LINERA, ÁLVARO. 2011. En Las Tensiones Creativas de la Revolución. La Quinta Fase del Proceso de Cambio.

9 En el contexto del traspaso de la etapa de lucha inter hegemónica entre bloques históricos antagónicos (2004 a 2009) hacia la disputa intra hegemónica (2010 en adelante) entre actores socio políticos que provienen del desprendimiento del bloque indiano – originario – campesino y popular, encontramos la fractura del Pacto de Unidad y el alejamiento de los pueblos indígenas de tierras bajas.

10 Destacan 25 conclusiones del 1er Encuentro Plurinacional por su carácter novedoso. Creación de Consejo Económico Social para el seguimiento y el fortalecimiento del aparato productivo. ABI. 11 de enero de 2012.

11 Recordemos la invitación del Vicepresidente García Linera en noviembre de 2009 a los empresarios cruceños con vocación nacional a realizar negocios y

emprendimientos con el Estado boliviano (bajo el paraguas de la economía plu-ral), pero con la condicionante de que los empresarios se dediquen a hacer negocios y no se inmiscuyan en (la) política. “Señores empresarios, quieren ganar dinero, quieren hacer negocios, háganlo. El Gobierno les abre mercados, les da plata para tecnología, les apoya en lo que ustedes pidan, pero no mezclen eso con la política, no conviertan su poder económico en poder político, porque eso genera una concentración excesiva de poder que le hace daño al país y a la región”, haciendo referencia a la facción oligárquica terrateniente y empresarial que conformó en el 2004 al Bloque Cívico Regional y luego impulsó la toma de instituciones en el oriente en septiembre de 2008, además presuntamente vinculada con el caso Rózsa Flores en abril de 2009. Álvaro García advierte a medios y empresarios que no hagan política. FM Bolivia Radio Online en Inter-net. 30 de noviembre de 2009. http://www.fmbolivia.com.bo/noticia19856-lvaro-garcia-linera-advierte-a-medios-y-empresarios-que-no-hagan-politica.html

12 www.jornada.unam.mx/2012/02/07/politica/002n1pol13 Para mayor información sobre la evolución de las derechas cruceñas, ver los

siguientes artículos en semanario La Época de ARGIRAKIS, HELENA: Con-clusiones tentativas sobre las elecciones departamentales y municipales 2010 (abril de 2010), La reconfiguración del campo político boliviano a partir de la regionalización y subregionalización de la política (abril de 2010), La ausen-cia de la oposición como entidad política (septiembre de 2010), Auge y de-cadencia del Bloque Cívico Regional (noviembre de 2010), De la lucha inter hegemónica a la lucha intra hegemónica (febrero de 2011), Crisis estructural de las derechas cruceñas (junio de 2011), Las oportunidades y riesgos de la crisis estructural de las derechas cruceñas (septiembre de 2011) y La crisis de superestructuras de las derechas cruceñas y la posibilidad de pluralismos en el oriente (febrero de 2012).

14 El “cierre de espacios como principio de estructuración, asegura la soberanía del Estado, liberándolo frente al poder de otros y unificando su propio poder hacia adentro”, según Maraval, 1972. En JOSÉ BENEDICTO Y MARÍA LUZ MORÁN. 1995. Sociedad y Política: Temas de Sociología Política Alianza Uni-versidad Textos. España.

15 Plataforma de Demandas de la Novena Marcha Indígena Originaria Por la de-fensa de la vida y dignidad, los territorios indígenas, los recursos naturales, la biodiversidad, el medio ambiente y las áreas protegidas, el cumplimiento de la CPE y el respeto de la democracia. De la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia – CIDOB. www.cidob-bo.org el 17 de abril de 2012.

16 La Novena Marcha Indígena comenzó el viernes, 27 de abril desde la ciudad de Trinidad, Beni.

17 Ver la Plataforma de Demandas de la Octava Gran Marcha Indígena por la Defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, por los Territorios, la Vida, Dignidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía Boliviana. En http://www.cejis.org/sites/default/fi-les/PLATAFORMA%20DE%20DEMANDA(1).pdf

18 Ocho directorios de CIDOB no van a la marcha TIPNIS. A dos días de la novena marcha, casi dos tercios de los presidentes de la Cidob se desmar-can de la protesta. Hablan de acuerdos con el Gobierno. Sus bases cues-tionan y no descartan marchar http://www.eldeber.com.bo/vernotanacional.php?id=120422202228 al martes 24 de abril de 2012.

19 Epistemología del griego epísteme o conocimiento y logos o estudio, es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. Conocida tam-bién como la teoría del conocimiento, se ocupa de las circunstancias históri-cas, psicológicas, sociológicas que llevan a la obtención de un conocimiento en particular, además de los criterios por los cuales se justifican o invalidan.

and miosa30

LA VERDAD SOCIAL OCULTA DETRÁS DE

LA COYUNTURA Y LA CONFLICTIVIDAD

Ilya Fortún

TIPNIS

Intercultural, Javier Fernández, acuarela 56 x 76 cm. 2009.

El conflicto alrededor de la construcción de la carrete-ra que atraviesa el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) tras-

ciende ampliamente los ámbitos jurídicos y normativos de la ley de consulta previa. Si bien el enfrentamiento entre los pue-blos indígenas del oriente y el gobierno deviene de una flagrante omisión de parte del ejecutivo en relación a la observancia de los principios de autodeterminación y de derecho a la consulta al momento de encarar el proyecto, el desarrollo del con-flicto ha puesto en evidencia una serie de profundas contradicciones ideológicas, políticas y económicas en la conducta del régimen encabezado por Evo Mora-les. Las rupturas que se han generado a partir de esas contradicciones, dan cuenta de la abdicación del gobierno al proceso constituyente y revelan su carácter con-servador; sobre esa realidad se configu-ran nuevos escenarios de disputa política y se anuncian nuevos bloques de poder. Esta recomposición de fuerzas en el cam-po político relativiza la relevancia de los posicionamientos y las estrategias parti-culares de los actores directamente invo-lucrados en la disputa, y plantea desafíos de mayor alcance tanto para el gobierno como para organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y fuerzas regiona-les. Independientemente del juego estra-tégico y del cálculo político en torno a los escenarios coyunturales, la disputa del TIPNIS expresa y resume un quiebre en el proceso político que el país afronta des-de hace más de tres décadas, y marca un nuevo mapa de tensiones y despliegues sociales.

LA RUTA DE LOS DESACIERTOS

El proyecto carretero que ha desentra-ñado el talante del proceso de cambio comenzó mal, ignorando preceptos con-quistados por los pueblos indígenas en la Asamblea Constituyente, y que están plasmados en la nueva constitución como bases de autodeterminación en el reco-nocimiento a la pre existencia de sus na-ciones, el autogobierno, el manejo de los recursos naturales y el derecho a la con-sulta; de allí en adelante la acumulación de desaciertos no hizo más que empañar sucesivamente un proceso que hoy luce un rostro marcado por la falta de transpa-rencia y de legitimidad.

En el aspecto técnico, el proyecto fue objeto de múltiples observaciones prove-nientes de colectivos profesionales, círcu-los académicos y dirigentes políticos que señalaron una serie de irregularidades en

los contratos de construcción, y advirtie-ron de un sobreprecio que podría superar los cien millones de dólares.

La percepción política del gobierno frente a los alcances del conflicto fue igualmen-te desacertada; se asumió erróneamente que la poca cantidad de los querellantes, en términos numéricos, iba a significar una contienda fácil de ganar, y subestima-ron el peso simbólico del adversario, ob-tenido a través de la calidad y la densidad de sus demandas y planteamientos a lo largo del proceso constituyente (tierra y territorio y autodeterminación). Tampoco supieron medir adecuadamente las rápi-das y numerosas adhesiones urbanas a una causa de alta sensibilidad para ciertos sectores de clase media.

Pero fueron los desaciertos en la adminis-tración política del conflicto los que proba-blemente precipitaron este nuevo escena-rio en el que el gobierno ha develado sus rasgos esenciales. El gobierno no tuvo reparos en la utilización de prácticas y dis-cursos característicos de la derecha más reaccionaria, en su intento por deslegiti-mar a las causas y a la dirigencia indígena. Reapareció incluso el entonces ex ministro Quintana para descargar una artillería de variopintas acusaciones, desde el finan-ciamiento de las movilizaciones por parte de USAID, hasta la conspiración urdida

desde la disidencia interna y las ONG´s otrora aliadas, y cuna de numerosos altos dirigentes del partido de gobierno.

La violenta intervención policial a la mar-cha (impune hasta ahora), fue sin duda el episodio que retrató más fielmente la cadena de acciones y reacciones guber-namentales, caracterizadas por la impro-visación visceral y el vértigo del poder. Las últimas operaciones de intervención económica, secundadas por fuerzas mili-tares y orientadas al soborno prebendal, al debilitamiento de la dirigencia orgánica y al reemplazo de ésta por la disidencia agrupada en el CONISUR, así como la in-sistencia en la realización de la consulta (hoy supuestamente convertida en previa, por obra y gracia de la decisión de anular el contrato con OAS), también se suman a la colección de torpezas políticas que, lejos de ofrecer soluciones de fondo, en-turbia cada día más el proceso y por con-siguiente a la credibilidad del gobierno.

INVENTARIO DE RAZONES PARA JUSTIFICAR LO INJUSTIFICABLE

Las razones formales que han acompa-ñado el discurso gubernamental en su obsesión por llevar adelante el proyecto, tienen que ver con las necesidades de integración nacional y de desarrollo eco-nómico de los departamentos de Beni y

Doc

tor

Sim

ón F

aust

o, G

usta

vo d

el R

ío, g

raba

do s

/met

al 3

9 x

30

cm

.

and miosa32

Cochabamba; en el intento de justifica-ción de esos postulados desarrollistas que poco tienen que ver con el modelo de desarrollo alternativo propugnado por las fuerzas sociales que los condujeron al poder, el gobierno no ha dudado inclusive en apelar a la jurisprudencia sentada por leyes aprobadas en gobiernos anteriores, que establecían la necesidad estratégica de la construcción del camino.

Sin embargo, detrás de éstas justifica-ciones, por demás inconsecuentes, las razones reales responden más bien a la presión ejercida por colonizadores y coca-leros en pos de la ampliación de su fron-tera agrícola. A ello se suman intereses regionales y transnacionales, interesados en la explotación de recursos naturales de la zona. Muchos de estos intereses se ar-ticulan indirectamente y lentamente, pero de manera sostenida, desde la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que pla-nifica, financia e impulsa el desarrollo de mega proyectos en la región, en las áreas de transporte, energía y telecomunicacio-nes; este organismo internacional, finan-ciado por la CAF, el BID y Fonplata, es el motor de impulso a iniciativas desarro-llistas que fomentan de alguna manera la

expansión descontrolada de la agricultura intensiva, el avasallamiento de áreas pro-tegidas de biodiversidad y la explotación poco sostenible de recursos naturales en general. Estamos hablando aquí del agen-damiento estratégico de intereses trans-nacionales de largo plazo, a nombre del desarrollo, a través de grandes obras de infraestructura.

Se ha especulado también acerca de la razón inconfesable, que tendría que ver con las suculentas comisiones derivadas del sobreprecio en los contratos, y en don-

de estaría en juego el financiamiento ofi-cial de las próximas elecciones.

LA FACTURA DE LAS RUPTURAS: DISCURSO VERSUS REALIDAD

La resistencia movilizada de las organiza-ciones sociales tuvo como efecto que el gobierno tuviera que precipitar posturas y acciones de hecho que le ocasionaron una serie de rupturas que, además de no estar previstas en su proyecto de poder, lastimaron seriamente la integridad del presidente y de todo un esquema, cons-truido hábilmente durante muchos años.Tal como había ocurrido con el gasolinazo de diciembre de 2011, medida con la cual el gobierno castigaba la economía popular enarbolando la defensa de los principios de libre competencia, libertad de precios, estabilidad monetaria y protección de in-versiones externas, esta vez afloraron contradicciones que dinamitaron otros fundamentos ideológicos y discursivos del régimen, como el del Vivir Bien, el respeto a la Madre Tierra, y la autodeterminación soberana de los pueblos.

La categoría de lo indígena-originario-campesino, apelada sistemáticamente en el discurso presidencial, quedó a la luz de

Pero fueron los desaciertos en la administración política del conflicto los que probablemente precipitaron este nuevo esce-nario en el que el gobierno ha develado sus rasgos esencia-les. El gobierno no tuvo reparos en la utilización de prácticas y discursos característicos de la derecha más reaccionaria, en su intento por deslegitimar a las causas y a la dirigencia indígena.

Fina

l de

viaj

e, J

avie

r Fe

rnán

dez,

acu

arel

a 5

6 x

76

cm

. 20

11

.

los hechos, también reducida simplemen-te a eso, es decir a una muletilla discursi-va; el conflicto del TIPNIS puso en eviden-cia de forma dramática la contraposición de concepciones e intereses entre indíge-nas y campesinos, poniendo además en entredicho la vocación y la capacidad del gobierno en la construcción de un estado plurinacional, incompatible con el modelo de desarrollo estimulado en la práctica.

Las rupturas de orden simbólico tampo-co fueron menores; los feroces ataques del primer mandatario, en los cuales no ahorró adjetivos para descalificar a la diri-gencia indígena, y sobre todo su toma de posición en defensa de intereses cholos, frente a lo originario, pusieron en duda la condición de Evo Morales como el primer presidente indígena boliviano. A ojos de la opinión pública y de la comunidad inter-nacional, también quedó seriamente me-llada la imagen de un supuesto gobierno de izquierdas, que había hecho banderas

del respeto a los derechos humanos y de su inquebrantable vocación democrática.En lo político, los quiebres afectaron la base orgánica de sustentos de apoyo con un rompimiento que se presenta como irreversible con la CIDOB y otras organiza-ciones indígenas, y un tensionamiento con la Conamaq, con la COB, con algunas Fe-juves y con algunas emblemáticas ONG´s, lo que les ha obligado a un cierre de filas, que a su vez, ha estimulado aún más las disputas internas de poder en el bloque oficialista y en el partido de gobierno.

La octava marcha también marcó un sig-nificativo distanciamiento con las clases medias urbanas, que a partir de aquella coyuntura, parecen haberle perdido el miedo al gobierno. Finalmente, el daño infligido a la figura del canciller Choque-huanca, representante interno de todos los postulados atropellados, aunque no marcó un quiebre oficial y público, implica de todas maneras un alto coste político, al

tratarse de un actor de primera línea, que hasta ese momento ejercía equilibrios y contrapesos en la pugna de poder interna.La adhesión masiva a la causa indígena y a la marcha de organizaciones sociales, de la ciudadanía urbana no organizada, de una sorprendente cantidad de jóvenes y también la más variopinta y oportunista oposición, se tradujo, a partir del episodio de represión contra los marchistas, en un profundo sentimiento de repudio y conde-na social contra un gobierno que, en esa coyuntura particular, concentró más de-fectos y debilidades de los que la ciudada-nía estaba dispuesta a aceptar: ceguera, sordera, soberbia, violencia, ineptitud, hi-pocresía e inconsecuencia.

Todo esto resultó en la estrepitosa derro-ta política y en la capitulación pública del presidente y de su gobierno en la firma del acuerdo en el Palacio Quemado, que da-ría lugar a la ley corta.

MÁS ALLÁ DEL CONFLICTO Y DE LAS JUGADAS TÁCTICAS DE LOS ACTORES

La trascendencia política del TIPNIS radi-ca justamente en que, más allá del juego estratégico y táctico de los actores, y más allá incluso de cualquier posible desenla-ce, el conflicto ha revelado, a través de la evidencia de múltiples acciones, finalmen-te, la postura del gobierno. El gasolinazo había sido una primera prueba de lo que varios analistas veníamos señalando des-de hace más de dos años, pero el rápido retroceso que se vieron obligados a dar, de alguna manera evitó la confirmación fáctica y pública del rumbo que el régimen había tomado. El conflicto del TIPNIS lo ha hecho.

El discurso, los gestos, el modus operandi, y todas las acciones de orden económico y político que el gobierno ha acumulado en el manejo del asunto, han confirmado y probablemente precipitado la decantación interna de fuerzas en pugna.

El pragmatismo desarrollista, conservador por principio, se ha impuesto claramente al intento de construcción de un modelo de desarrollo alternativo, que respondiera a las expectativas y demandas plantea-das a lo largo del proceso constituyente. Después del TIPNIS, fuera del discurso repetitivo y maquinal, se han terminado de diluir los sustentos ideológicos que se intentaron desarrollar en el primer periodo de gobierno, y el régimen ha optado por la acumulación de sustentos de poder. El de-nominado proceso de cambio se convirtió de esa manera en un proyecto de poder,

Sagrada, Javier Fernández, acuarela 106 x 76 cm. 2010.

and miosa34

exclusivamente; la apuesta está concen-trada en el aparato burocrático estatal y las nuevas burguesías campesinas de corte capitalista. Esas son las clases de apoyo elegidas por el gobierno para sos-tener su futuro político y reproducir el po-der hegemónico acumulado hasta ahora.El proyecto de la carretera no responde simplemente a una obstinación, o a la li-gereza de una pulseta política con la disi-dencia interna, y ni siquiera a la corruptela en juego; ese proyecto ha ido concentran-do los verdaderos intereses del gobierno, y de cierta manera lo ha obligado a tomar posiciones y a asumir acciones que lo han reposicionado en el espectro político en el conservadurismo de la centroderecha. El TIPNIS ha forzado al gobierno a salirdel closet y mostrarse, en los hechos y ya no en el discurso, tal cual es, y tal como quiere proyectarse en el futuro. Esa es la clave para una lectura más amplia del conflicto, pues obviamente no se trata de un hallazgo menor; este acomodo definiti-vo del gobierno en una latitud inesperada para muchos y todavía incomprendida por otros tantos, va a redefinir, más pronto que tarde, el campo político, obligando al resto de los actores (partidos, fuerzas sociales, regiones, etc.), a replantearse, estratégica y tácticamente.

El desarrollo del conflicto también ha vuelto a poner en vigencia a la sociedad organizada y movilizada frente al poder, señalándonos la persistencia de la fuerza social y de alguna manera el estado de sa-

lud del proceso largo. Al margen del accio-nar de los movimientos sociales adeptos y cooptados por el prebendalismo oficial, diversas organizaciones sociales todavía luchan en el intento de conservar su au-tonomía, y otros sectores dan muestras de vitalidad ciudadana en la resistencia al abuso de poder y a la impostura política.

Este es otro dato revelador, que acusa un nuevo desborde del sistema político y la persistencia de la crisis de estado, aun irresuelta como consecuencia de los des-víos en la conducción política del proce-so constituyente. Las reacciones espon-táneas de la sociedad organizada fuera del corporativismo oficial, también deben ser leídas como una voz de alarma para el sistema vigente de partidos, fuerzas opositoras y poderes regionales que, tan-to en el gasolinazo como en conflicto del TIPNIS, fueron rebasados por la acción ciudadana, perdiendo todo protagonismo en los principales eventos políticos de los últimos cinco años.

PROSPECTIVAS COYUNTURALES

La derrota sufrida por el desenlace de la VIII marcha dio lugar a un importante ajus-te en el equipo político gubernamental, que rápidamente recuperó la iniciativa po-lítica a través de una serie de operaciones congresales y económicas, acompañadas incluso por despliegues militares en la re-gión afectada.

Las represalias de la contraofensiva se fil-traron en la reglamentación de la ley corta y en la ley de consulta, en un claro intento de desinflar el fondo político del asunto, complejizando la trama de actores y de demandas ante la opinión pública.El intento de suplantación de los interlo-cutores legítimos por los sectores de la disidencia indígena agrupados en el CO-NISUR, fue acompañado por una agresiva ofensiva de debilitamiento de las estruc-turas dirigenciales, a través de la entrega prebendal de regalos y recursos a las co-munidades asentadas en el TIPNIS.

A estas acciones se ha sumado la deci-sión de anular el contrato con la empre-sa constructora OAS, vendida al público como un acto de soberanía y fiscalización, siendo que los motivos reales obedecen más bien a la posición asumida por los financiadores de la obra, que exigen la celebración de un nuevo contrato, que no viole la nueva normativa nacional.

Pese a la última jugada táctica de pos-poner la consulta previa, atendiendo supuestamente a la recomendación de organismos internacionales, ninguna de estas operaciones ha conseguido revertir la decisión de realizar la novena marcha. La razón es en el fondo muy sencilla, en la medida en que, pese al juego táctico, el gobierno ha ratificado la necesidad estra-tégica de construir el camino, insistiendo además en los mismos trazos, lo que per-mite a la dirigencia del CIDOB mantener una postura principista impecable y legíti-ma para continuar su lucha sin necesidad de acomodos discursivos.

Este escenario complica y apremia al go-bierno, que avizora que la marcha puede

El denominado proceso de cambio se convirtió de esa manera en un proyecto de poder, exclusivamente; la apuesta está concen-trada en el aparato burocrático estatal y las nuevas burguesías campesinas de corte capitalista.

El derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en cuanto a medidas que les puedan afectar está enmarcado en dos instrumen-tos de normativa internacional: el Convenio 169 de la OIT, especí-ficamente en su artículo 6 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 19. Am-bas normativas internacionales establecen el Derecho a la Consulta dentro de un marco de otros derechos.

Convenio 169 de la OIT. Artículo 6.

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimien-tos apropiados y en particular a través de sus instituciones re-presentativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos in-teresados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a to-

dos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole res-ponsables de políticas y programas que les conciernan;

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las institu-ciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropia-dos proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 19.

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consenti-miento libre, previo e informado.

Derecho a la Consulta Derechos de los pueblos indígenas

and miosa 35

coincidir con la explosión de una gran can-tidad de conflictos sectoriales irresueltos, y puede convertirse fácilmente en un ele-mento articulador y catalizador de tensio-nes, que podría salirse de control.

La inminencia de la marcha y la suma de presiones y descontentos provenientes de las bases, difícilmente cooptarles o co-rrompibles, ha puesto a los operadores po-líticos del gobierno en una carrera contra el reloj, frente al riesgo de que todos los recursos de los que ha echado mano en los últimos meses, así como las cesiones a los sectores en conflicto, hayan sido en vano, en la medida en que todas las fuer-zas en conflicto podrían estar actuando en función a los ritmos y eventos del TIPNIS.De persistir este escenario de cuenta re-gresiva y acumulación de tensiones, el go-bierno tendrá que afrontar la decisión de desactivar la marcha con el único recurso válido, es decir la anulación del proyecto,

lo que, además de constituir una nueva capitulación, le abriría tensiones de orden interno de alcances insospechados. Pero una nueva catarsis colectiva alrededor de la novena marcha, tendría como resulta-do una nueva derrota política para el go-bierno, que si bien no tendría la suficiente contundencia para tumbar al gobierno, lo debilitaría a un grado en que pondría en riesgo, la hasta ahora certeza de la reelec-ción.

Sin embargo, parécele habérsele asigna-do a la marcha un peso y un rol demasia-do grandes, sobre los que muchos cifran expectativas probablemente algo desme-didas. Las circunstancias no son las mis-mas a las del año pasado, cuando la carga emocional alrededor de los marchistas le dio a la movilización un cariz muy particu-lar; las historias no se repiten automática-mente, sobre todo cuando los escenarios han sido trabajados por todos los actores con tanta anticipación; “guerra avisada no mata moros”, reza el refrán.

Una nueva catarsis puede ser poco pre-visible, considerando que tanto las de-mandas sectoriales como los sectores alineados en la sintonía de la marcha son dispersos, y no cuentan con un articulador político desde la oposición. Quienes cifran todas sus esperanzas en que la colusión de descontentos podrá desestabilizar sig-nificativamente al gobierno, probablemen-te olvidan que las elites económicas del país, tanto las viejas como las nuevas, se

hallan más que satisfechas con el gobier-no; esta realidad fáctica coloca al status quo más a salvo que nunca.

Pero también habrá que coincidir en que este tipo de coyunturas pueden ser im-previsibles; para que se reproduzca un fenómeno parecido al de la octava mar-cha, tendría que ocurrir alguna torpeza política mayúscula de parte del gobierno en la administración del conflicto, que oca-sionara enfrentamientos y derramamiento de sangre entre civiles; lamentablemente, existen antecedentes frescos que abonan esa posibilidad.

LA TRAMPA DE LAS COYUNTURAS Y DEL ANÁLISIS INTELECTUAL

A modo de conclusión, hago patentes mis temores y reparos a la permanente tenta-ción de abordar este tipo de temas, desde ópticas, ya sea excesivamente coyuntu-ralistas, o, en el otro extremo, demasiado intelectualizadas; si bien resulta necesario contextualizar la problemática del TIPNIS en el ámbito mayor del largo proceso polí-tico que atravesamos, también habrá que decir que las lecturas ideologizadas, mu-chas veces realizadas desde la mirada de actores políticos, tampoco es suficiente para desentrañar una realidad confusa y enlodada por la práctica y el pragmatismo político.

En ambos casos, los resultados pueden terminar siendo funcionales al gobierno, que en definitiva es el único factor de po-der con la capacidad de manejar a su conveniencia las coyunturas de conflicto.

La atracción magnética que ejercen los conflictos, muchas veces generados por el propio gobierno, concentran todas las atenciones y se constituyen en una dis-tracción que nos descuida de interpelar la lacerante realidad que hoy vivimos, expresada en alarmantes niveles de ena-jenación y desajuste social, en medio de un vacío estatal y de persistentes condi-ciones de inequidad y desigualdad, que hasta el momento no han podido ser al-teradas.

Ilya Fortún, Analista Político

Fiesta de Luna, Gustavo del Río, grabado s/metal 50 x 80 cm.

Este escenario complica y apremia al gobierno, que avizora que la marcha puede coincidir con la explosión de una gran cantidad de conflic-tos sectoriales irresueltos, y puede convertirse fácilmente en un elemento articulador y catalizador de tensiones, que podría salirse de control.

and miosa36

Jorge Viaña

IX marcha indígena del Oriente: escenarios prospectivos

LEY

de consulta previa

Mor

ir pa

ra v

ivir,

Jav

ier

Fern

ánde

z, a

cuar

ela

76

x 5

6 c

m. 2

00

7.

INTRODUCCIÓN

El presente texto hace un ba-lance de la situación política en la que nos encontramos en el marco del proceso de cam-bios que vivimos incorporando

la problemática del TIPNIS como eje cen-tral de este proceso.

Empezaremos con una interpretación de la coyuntura política que vivimos tratan-do de trenzarla con una interpretación y análisis de las etapas desde el año 2008, momento central que configuró más cla-ramente las tensiones en marcha que hoy nos tocan.

En una segunda parte mostraremos que el factor estructural más importante del proceso actual, es la disputa por la tierra dentro de los diferentes grupos y clases sociales del bloque de poder en el gobier-no, que es aprovechada y usada por los sectores conservadores. Esta contradic-ción se da, en especial, entre indígenas (de tierras bajas) por un lado, y campe-sinos, pequeños propietarios mercantili-zados (cocaleros en particular). Planteán-donos un desafío enorme al concepto que fue un articulador central del bloque de poder en el gobierno, lo “Indígena-Origi-nario-Campesino”, que parecería haber caducado como artefacto político de uni-ficación del bloque de poder. O al menos, está muy deteriorado y erosionado.

Finalmente en una tercera parte tratare-mos de esbozar un análisis inicial de la co-yuntura de inicio de la IX marcha indígena.

BALANCE INICIAL DE LA APERTURA DE UNA NUEVA ETAPA DEL PROCESO DE CAMBIO

Estamos viviendo una época histórica en el proceso boliviano, como toda etapa histórica todavía no tenemos la distancia histórica para hacer una evaluación pro-funda, porque además las contradiccio-nes en marcha —muchas de ellas— no se han decantado y consolidado de forma definitiva. Sin embargo, se pueden hacer apreciaciones del rumbo que va tomando el proceso actual.

En el presente texto trataremos de incor-porar y analizar aspectos centrales de las contradicciones que se han vuelto esen-ciales en el proceso actual. Vamos a ar-gumentar que desde agosto de 2008 —primero gradualmente—- comenzamos a transitar hacia otra etapa del proceso de-bido a tres hechos históricos entre agosto y octubre de 2008. Primero: el referéndum

revocatorio de agosto de 2008, del cual el gobierno salió fortalecido, ratificado con 67% de la votación nacional, los prefectos de oposición de La Paz y Cochabamba fueron revocados, y ratificaron a los pre-fectos oficialistas y a los de la oposición en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Segundo: el proceso de confrontación que se vivió en el oriente del país, que el go-bierno lo denominó como un “golpe cívi-co prefectural”. Desde el 9 de septiembre se instruyó una movilización con toma de instituciones en el oriente, Santa Cruz, al igual que en Tarija y Pando. Después de la confrontación en Porvenir, Pando, con el asesinato de campesinos, normalistas y también algún funcionario de la prefec-tura, el gobierno tomó militarmente Pan-do, “El eslabón más débil de la cadena del golpe” (Garcia, 2011: 20). Desde ese momento empezó a desaparecer la opo-sición conservadora. Tercero: fue lo que García Linera denomina “Consensuada modificación congresal de la constitución” en octubre de 2008.

Estos tres hechos históricos que requie-ren, cada uno, una evaluación exhaustiva, proyectan todo el año 2009 su continui-dad, la continuidad —en lo fundamental— de las victorias políticas del gobierno en el año 2009 se da sobre todo por que no im-plosionan todavía las contradicciones in-ternas del bloque de poder en el gobierno.

El 2009 fue un año en que las contradic-ciones internas del bloque de poder en el gobierno no llegaron a un punto de fisu-ras graves. En diciembre de 2009 tras una nueva elección general el gobierno con-siguió 64% de la votación, 10% más de lo que había conseguido en el 2005 y 2% menos que en el referéndum revocatorio de un año y medio antes.

Desde el año 2010 se inicia una nueva etapa de forma franca con el primer con-flicto con la CIDOB en, junio de 2010, en el que empezaran a implosionar las con-tradicciones internas del bloque de poder

en el gobierno que empiezan a fisurar gra-vemente este bloque, en especial la uni-dad de las organizaciones de campesinos e indígenas. En el 2010, el gobierno está intentando implementar cinco leyes funda-mentales, la primera en ser promulgada fue la Ley del Órgano Electoral Plurinacio-nal y, otra que fue muy delicada respecto al bloque indígena, la Ley Marco de Auto-nomías. El alcance y el contenido de to-das estas leyes —pero en especial estas dos— fueron el punto de partida del ale-jamiento entre el gobierno y las organiza-ciones indígenas. El conflicto del TIPNIS ya estaba presente de forma secundaria.

El 21 de junio del 2008 partió de Trinidad la marcha indígena dirigida por la CIDOB, y el 25 de junio siete asambleístas indí-genas de tierras bajas del MAS inician una huelga de hambre exigiendo la vieja consigna pre-constituyente, en sentido de que se replanteen los siete escaños en el Parlamento de representación directa.

Se exigía también volver a la propuesta indígena, que desde el 2005 ya estaba aprobada incluso por la comisión de cons-titución del parlamento, para convocar a la Constituyente en tiempos del gobierno de Carlos Mesa, la demanda concreta al gobierno era ampliar a 37 escaños la auto representación indígena en el Parlamen-to y se planteaban temas de respeto a la consulta y la autonomía indígena afecta-das por las leyes que se estaban aproban-do. Pero la principal demanda estaba vin-culada al delicado tema de las TCO´s.Se exigía que se apruebe mecanismos para respetar las TCO´s.

Las leyes electorales y sobre autonomías del gobierno, detonaron este primer con-flicto que mostró en pequeña escala lo que pasaría con el conflicto del TIPNIS un año después en el 2011.

De hecho, el conflicto sobre el camino a tra-vés del TIPNIS fue puesto en el tapete del debate como algo secundario. Los dirigen-tes del TIPNIS se incorporaron a la marcha con demandas concretas de rechazo a la construcción de la carretera, pero en espe-cial, denuncian la expansión de los cultivos de los colonizadores cocaleros.

Exigían en especial al gobierno “cumplir sus promesas de erradicar la coca de los parques nacionales”. Por estos ante-cedentes tan importantes es que toda la cadena de desatinos y errores en todo el proceso de desarrollo del proyecto de construcción de la carretera por medio del TIPNIS, incluida la represión en Chapari-na y los excesos policiales, han configura-

Estamos viviendo una época histórica en el proceso bolivia-no, como toda etapa histórica todavía no tenemos la distan-cia histórica para hacer una evaluación profunda, porque además las contradicciones en marcha —muchas de ellas— no se han decantado y consolidado de forma defi-nitiva.

and miosa38

do un nuevo escenario político, en el que el aspecto fundamental es esta profunda fisura del bloque de poder en el gobierno. Que se está tratando de superar.

Debemos precisar que el franco ingreso a esta nueva etapa se da claramente des-pués del fallido gasolinazo de diciembre de 2010. Fue un intento de incrementar has-ta 80% los precios de los hidrocarburos, cuando en Bolivia lo máximo que se había intentado incrementar fue un 13% que de-bilito terriblemente el gobierno de Paz Za-mora. Este fue un grave error político, re-conocido por el propio gobierno, porque si se dice que es una “medida correcta” pero en un “mal momento”, se está reconocien-do explícitamente que es un error político, mostrando una pérdida de principio de rea-lidad asombrosa e incluso una pérdida de instinto de supervivencia política.

Entonces tenemos que, desde agosto de 2008 a inicios de 2009 empiezan a implo-sionar gradualmente contradicciones in-

ternas del bloque de poder en el gobierno que antes —por supuesto existían— sin embargo, no lograban crear graves fisu-ras en este bloque ni ser decisivas en la situación política.

Fueron así preparándose largamente, más o menos dos años, (mediados de 2008 a mediados de 2011) las condiciones para que en el segundo semestre de 2011 y de-bido a la VIII marcha indígena por el TIP-NIS, y la contramarcha del CONISUR, se entrara francamente a esta etapa de fisu-ras graves y decisivas que han llevado a la ruptura del Pacto de Unidad entre campe-sinos y algunos de los sectores indígenas más importantes como la CSUTCB, Bar-tolina Sisa y Colonizadores por un lado y CONAMAC y CIDOB por el otro.

Mostrando objetivamente que el concepto “Indígena Originario Campesino” debe ser replanteado y analizado a la luz de las con-tradicciones del proceso político actual.

FACTORES ESTRUCTURALES EN LA TRAMA DEL CONFLICTO POR EL TIPNIS

Como se vio de forma sintética en la prime-ra parte, el conflicto con la CIDOB en junio de 2010, el fallido gasolinazo de diciembre de 2010, y el conflicto del TIPNIS, terminan por abrir esta etapa del proceso de cam-bio. Un elemento novedoso es el hecho de mostrar que en el conflicto del gobierno con la CIDOB de junio de 2010 lo fundamen-tal estaba centrado en la cuestión de las TCO´s y el problema de la expansión de los cultivos de los colonizadores en el parque.

La hipótesis que sostenemos es que ade-más del conflicto ambiental largamente debatido y analizado, no siempre de la for-ma más profunda y adecuada, en el fondo del conflicto está presente un poderoso factor estructural que se desató debido al innegable esfuerzo que está haciendo el gobierno por el proceso de redistribución de tierras con todos los defectos y errores que se están cometiendo.

Mad

re T

ierr

a, J

avie

r Fe

rnán

dez,

acu

arel

a 6

0 x

50

cm

. 20

05

.

and miosa 39

Es interesante ver cómo evalúa este con-flicto el propio Vicepresidente haciendo mención exclusivamente al problema de la redistribución de la tierra:

La movilización se llevo adelante durante varios días reivindicando una propuesta que fraccionaba el bloque social revolu-cionario. Los dirigentes exigían que las tierras fiscales en tierras bajas, incremen-tadas de 300.000 a más de siete millones de hectáreas por acción del gobierno, pa-sen a propiedad exclusiva de los pueblos indígenas de tierras bajas y no se las dote a los pueblos indígenas de tierras altas y de los valles. (García Linera, 2011, 50)

Mas allá que este debate no se dio a ni-vel público, está clarísima la confrontación entre indígenas y/o campesinos de tierras altas y tierras bajas, lo que el Vicepresi-dente describe como una propuesta que “fraccionaba” el bloque en el poder. Se-gún el vicepresidente se han dotado en favor de indígenas de tierras bajas once

millones de hectáreas (García, 2011, 50) lo cual es una cifra significativa.

Si analizamos la estructura actual de la propiedad de la tierra veremos en prime-ra instancia la supremacía absoluta de la gran propiedad empresarial de la tierra, entre 51 (según algunos datos) y 60% (según otros datos) de la tierra, está en manos de grandes y medianas empresas, representan aproximadamente cincuenta millones de hectáreas.

En segundo lugar están aproximadamen-te 26 millones de hectáreas en manos de TCO´s, mostrando una exitosa gestión y consolidación, al menos formal-legal, del movimiento de indígenas de tierras bajas que desde 1994 han logrado consolidar aproximadamente el 28% de tierras en el país.

En tercer lugar, campesinos e indígenas de tierras altas, están en una enorme des-igualdad en la distribución de la tierra que

presiona sobre los parques nacionales e intereses tanto de terratenientes y TCO´s.

En total están en manos de campesinos y comunidades del altiplano y valles 17 mi-llones de hectáreas que representan 19% de las tierras en el país. Estos datos (to-dos tomados de Cuadernos de Futuro Nº 25 del Informe de Desarrollo Humano del PNUD, Vadillo, 2009) son significativos, ya que nos da una idea clara de que la expansión de colonizadores y campesinos del occidente del país, incluidos y —en es-pecial— los cocaleros, se basa en la pre-sión objetiva de una asimetría estructural de la distribución de la tierra en el país, pero en especial en medio de los intere-ses del actual bloque de poder en el go-bierno.

Si analizamos más detalladamente los 26 millones de hectáreas de las TCO´s, hay aproximadamente 77 mil personas de grupos indígenas de tierras bajas, y en las 17 millones de hectáreas de pro-piedad de campesinos-indígenas de tie-rras altas, hay aproximadamente 600 mil personas concentradas. Estas son las bases materiales que han hecho entrar en contradicciones profundas, que se han vuelto decisivas en la situación política ac-tual, esta es la pugna fundamental, todos sabemos que la apertura del camino por medio del TIPNIS expandirá los asenta-mientos de los colonizadores. Los cam-pesinos e indígenas de tierras altas y sus organizaciones, CSUTCB, Colonizadores (ahora llamados Comunidades Intercultu-rales), y Bartolina Sisa, perciben o creen que se han beneficiado mucho más que ellos en estos años, los indígenas de tie-rras bajas, y los indígenas de tierras bajas quieren seguir ampliando y profundizando el control de amplias extensiones de tierra que el Vicepresidente interpreta como un “fraccionamiento” el bloque de poder.

De hecho cuando se titulo el TIPNIS en la gestión de Evo Morales, el polígono siete, que representa el área sur de co-lonización, fue titulado bajo la forma de propiedad individual en beneficio de los colonizadores. El Parque Nacional como tal perdió aproximadamente 200 mil hec-táreas. La dirigencia del CONISUR y co-lonos del polígono siete son básicamente campesinos colonizadores. Veamos una parte interesante de una entrevista a Xa-vier Albó que no podría ser acusado de conservador pero tampoco de oficialista:

El Conisur es una subdivisión dentro del TIPNIS muy reciente y patrocinada por la Gobernación de Cochabamba. Incluso, según lo que leí en algunos libros, el sen-

Fies

ta e

n lo

s A

ndes

, Jav

ier

Fern

ánde

z, a

cuar

ela

76

x 5

6 c

m. 2

00

9.

timiento del Conisur es un intento de Co-chabamba para ganar espacio y resolver los problemas de límites en esa parte del TIPNIS a favor de Cochabamba. (Albó)

¿Por qué el Conisur se moviliza por la construcción de la carretera?

Para expandirse, ellos ya tienen sus cami-nos empedrados en la parte donde están, me refiero a los que están dentro del polí-gono siete y, por lo tanto, quieren el cami-no, no para quedarse allá sino para avan-zar más allá, hacia el corazón del parque.(Albó) (La Razón 4 de febrero del 2012)

En esta interesante cita de una entre-vista a Xavier Albó, muestra claramente que lo fundamental del conflicto está en la expansión de la ocupación de tierras que el movimiento colonizador siempre ha implementado fácticamente, mas allá de todos los debates ideológicos en pro y en contra de los colonizadores, mas allá de que hoy se quiera endiablar lo que ayer se ensalzaba. No podemos estigmatizar los intereses y demandas legitimas de los indígenas del TIPNIS, pero tampoco po-demos hoy estigmatizar los intereses de los cocaleros.

La respuesta progresista desde el punto de vista del bloque en el poder del estado es muy sencilla de plantear y muy difícil de implementar. Es claro que desde el 7 de febrero de 2009, día de la promulgación de la nueva constitución, en el artículo 398 se prohíbe el latifundio y en ningún caso la superficie máxima de propiedad de la tierra podrá exceder las 5 mil hectáreas, aquí es donde los que siempre dicen que, la ley no se discute, se la cumple, no quie-ren cumplirla, incluso el gobierno no está pudiendo cumplir esta como muchísimos otros mandatos constitucionales.

Se debe hacer énfasis en que una buena parte de las aproximadamente 50 millo-nes de hectáreas en manos de latifundis-tas vuelvan a ser tierras fiscales y se las distribuya entre indígenas y campesinos, porque, además, muchos de los latifun-dios que exceden la superficie máxima que permite nuestra constitución son im-productivas y no cumplen con la función

económica social. Se puede seguir en este proceso de recuperación de latifun-dios improductivos sin impactar ni destruir las iniciativas empresariales que cumplen con la función económica social y con los topes de superficie constitucionales.

Una segunda cosa evidente es que se podría priorizar la distribución de tierras a los campesinos e indígenas que menos tienen, es decir indígenas de tierras altas. Pero de ninguna manera se puede pensar que los 26 millones de hectáreas en ma-nos de TCO´s son “demasiadas” porque no lo son, si realmente somos plurinacio-nales este es un requisito fundamental para construir la tal “plurinacionalidad” de la sociedad y el estado actuales. Es cla-ramente una estrategia de rearticular y recomponer la alianza entre campesinos e indígenas de tierras altas y de tierras ba-jas, y soñar con la rearticulación del pacto de unidad que fue el motor de la consti-tuyente y de los cambios profundos en el país. A veces, incluso, en tensiones y contradicciones con el núcleo central del poder ejecutivo.

COYUNTURA DE LA IX MARCHA

Tal vez la diferencia fundamental de la VIII marcha con el inicio de la IX por la defen-sa del TIPNIS, sea que el gobierno, esta vez, sí ha ido creando una estrategia de debilitamiento y erosión, tanto en los ar-gumentos como de las bases sociales y organizativas de la CIDOB, y de los que impulsan la IX marcha.

El gobierno está implementando una es-trategia de intervención a varios niveles respecto a la problemática del TIPNIS desde hace varios meses. Empezando por la aprobación de la ley 222 de consul-ta como resultado de la marcha del CONI-SUR, para replantear y superar la prohibi-ción que planteaba la ley 180 promulgada el año pasado como resultado de la VIII marcha del TIPNIS.

Anunciaron que se llegó a un “acuerdo programático” con once de las trece regio-nales de la CIDOB, esto desde la primera firma con la CEPILAP a fines de febrero de este año.

Entre las más importantes organizaciones indígenas con las que ha firmado acuer-dos están: la CEPILAP (Central de Pue-blos Indígenas de La Paz), la CPSC (Cen-tral de Pueblos Indígenas de Santa Cruz), la CIRABO Central Amazónica de Bolivia; la Central de Pueblos Indígenas del Tró-pico de Cochabamba (Cptico); la Central de Organizaciones de Pueblos Guarayos

Amanecer en la Yungas, Javier Fernández, acuarela 31 x 41cm. 2009.

Llevar a adelante la consulta de una forma precipitada y de for-ma irregular en mayo tiene enormes implicaciones, debido a esto las propias Naciones Unidas pidió que se ampliara y se corrigie-ra el proceso de consulta y qué parecería que el gobierno acepta-ra, aunque no sabemos de qué forma se rectificara la consulta y que alcance tendrá.

and miosa 41

(Copnag); la Organización Indígena Chi-quitana (Oich); la Organización de Capi-tanías Weenhayek y Tapiete de Tarija (Or-caweta); la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG); la Central de Mujeres Indígenas del Beni (Cmib), y la Central de Pueblos Étnicos del Beni (Cpmb). Pero además el gobierno declaro que “solo faltan dos or-ganizaciones para tener el consenso que permita la construcción del tramo II que atravesará el TIPNIS”. Mas allá que esto sea o no evidente, es claro que no son las mismas condiciones que la de la VIII marcha.

Llevar a adelante la consulta de una forma precipitada y de forma irregular en mayo tiene enormes implicaciones, debido a esto la Organización de las Naciones Uni-das pidió que se ampliara y se corrigiera el proceso de consulta. Al parecer el go-bierno aceptará dicho pedido, aunque no sabemos de qué forma se rectificará la consulta y qué alcance tendrá.

Una verdadera consulta previa, libre e in-formada tiene que partir de fojas cero, es decir, antes de la firma de los contratos, además, personas que han participado en estos procesos de consulta, que sea ver-

daderamente, previa, libre e informada, in-sisten que no es un referéndum para un sí o un no. La elaboración de los protocolos y su realización de forma seria y de buena fe requiere de años, entre tres a seis años, tiempo que ha llevado en otros lugares es-tos procesos de consulta de manera seria y responsable. Aunque algunos dirigentes de la CIDOB planteen un rotundo NO a la consulta, es un tema delicado y paradójico debido al avance que significa este tipo de proceso estatal para los derechos indíge-nas, lo que refuerza las susceptibilidades que tienen ciertos sectores campesinos e indígenas tanto de tierras altas como de tierras bajas. Los pactos políticos de Adolfo Chávez con el gobernador de San-ta Cruz ha mostrado también que existen intereses políticos en los dirigentes de la IX marcha.

Con todo la consulta que hizo la Confe-deración de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) a yuracares, tsimanes y trinita-rios mojeños del Territorio Indígena Par-que Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), pa-recería indicar que 32 de 35 comunidades se oponen a la construcción del tramo dos de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, y que pase por medio del parque

manteniendo el famoso segundo tramo. Aunque las consultas que inició la CIDOB no han concluido en todas las comunida-des del TIPNIS.

Además, al menos 16 de las 19 comuni-dades de la CPEMB (Central de pueblos Étnicos Mojeños del Beni) parecen apoyar la IX marcha. Encabezadas por la Sub-central del TIPNIS y la CIDOB. Pareciera que la IX marcha tendrá muchas más difi-cultades de legitimidad y de convocatoria a diferencia de la VIII.

Por todo lo explicado líneas arriba, en los próximos días se verá si la marcha logra arrancar con fuerza, que como hemos de-mostrado en realidad, es una disputa pro-funda por la tierra que está trenzada con otros aspectos también muy importantes, cuestiones ambientales, avances en la cuestión de derechos indígenas, cuestio-nes centrales en la vertebración geopolíti-ca y avance de las concepciones e imple-mentación del modelo de desarrollo que está en disputa.

Jorge Viaña Investigador.

BIBLIOGRAFÍA

• García Linera, Álvaro (2011). Las Tensiones Creativas de la Revolución, la quinta fase del proceso de cambio. La Paz. Vicepresidencia Del Estado Plurinacional.

• Vadillo, Alcides (2009) La Tierra, Conflictividad agraria en Santa Cruz: el caso de San Julián-El puente. En Cuader-nos de Futuro No 25. La Paz. PNUD.

• Periódico La Razón 4 de febrero del 2012

Félix Patzi

“La consulta debe llevarse a cabo respetando los 5 requisitos esen-ciales del proceso de consulta que están señalados en el artículo 6° del convenio. Y estos son: la Consulta debe ser previa, es decir oportuna en el tiempo cada vez que se prevean medidas suscepti-bles de afectarles directamente, debe realizarse con procedimientos apropiados, debe hacerse a través de las instituciones representati-vas, todo el proceso debe estar marcado por la Buena Fe de las dos partes; y debe llevarse a cabo con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento.”

“La consulta es un proceso de diálogo intercultural en el que cada uno de los interlocutores reconoce la diversidad y la diferencia de las otras personas. Es por tanto un intercambio en condiciones de igualdad que hace compatible el reconocimiento, la protección y el respeto de las características culturales propias con la afirmación y la promoción de valores compartidos universalmente.”

“La consulta es un derecho. Implica el derecho colectivo de los pue-blos indígenas a ser consultados ante medidas estatales que afec-ten directamente sus intereses.”

“El Derecho a la Consulta implica que los pueblos indígenas puedan involucrarse en el proceso de toma de decisiones en los países don-

de habitan, que su participación sea efectiva e influyente y que esté respaldada por mecanismos y procedimientos adecuados para que puedan participar en las decisiones acerca de su desarrollo econó-mico social y cultural.”

“Si en algún caso no es posible lograr un acuerdo o alcanzar el con-sentimiento, una vez que se ha hecho un esfuerzo sincero para ob-tenerlo, los gobiernos conservan la facultad de adoptar la decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa objeto de la consulta. Esta decisión debe estar debidamente moti-vada e implica una evaluación de los puntos de vista, sugerencias y recomendaciones planteados por los pueblos indígenas durante el proceso de diálogo.”

“El derecho a la consulta no implica derecho de veto pero los pue-blos indígenas deben estar en la posibilidad de poder iniciar pro-cedimientos legales para asegurar el respeto de sus derechos si consideran que han sido vulnerados.”

Manuel García, coordinador regional del Proyecto PRO 169 de la OIT, pre-sentación en Jornadas sobre el Derecho a la Consulta dentro del marco del Derecho Internacional, Bolivia, mayo, 2012.

Derecho a la Consulta Derechos de los pueblos indígenas

and miosa42

Félix Patzi

e interculturalidad en el conflicto de tipnis

mis

eria

s d

e l

a

plurinacionalidadplurinacionalidadplurinacionalidad

El Cholero, Javier Fernández, acuarela 56 x 76 cm. 2012.

1. INICIO DE LA GRAN MARCHA INDÍGENA Y LA DISPUTA DE VISIONES SOBRE EL TIPO DE “DESARROLLO”

El momento que se abría el debate político sobre si las elecciones de las autoridades judiciales garantizaba la im-parcialidad e independencia

del poder judicial o era simplemente el voto del pueblo un mecanismo de legiti-mación de los seleccionados que obede-cerían las órdenes del partido de gobier-no, se abría otro debate, si era pertinente o no la construcción de la carretera que pasaría por el Territorio Indígena del Par-que Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Ya que los indígenas, desde el momento que el Presidente Evo Morales Ayma inauguró la construcción de la carretera, rechaza-ron que dicho camino pase por el parque arguyendo que afectaría, no solo a su sistema de vida, sino al medio ambien-te en su conjunto. Este último elemento convocó la solidaridad de Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), ecologis-tas y defensores del medio ambiente, no solo a nivel nacional sino también a esca-la internacional. Todos cerraron filas para evitar la construcción de la carretera, exi-giendo además que el gobierno consulte y concerte con los indígenas del TIPNIS, tal como establece la Constitución Políti-ca del Estado y otros convenios interna-

cionales sobre el derecho de los pueblos indígenas.

Pese a ello el presidente se empecinó a que se concrete la carretera, incluso, el 2 de agosto, recordando el aniversario de la Reforma Agraria en Bolivia, en una con-centración en el Chapare, instó a los jó-venes productores de coca a enamorar a las mujeres indígenas para convencerlas y que estos acepten la construcción de la carretera. Ello, sin duda, era una estrate-gia militar antigua usada por muchos para derrotar al enemigo. Sin embargo, los discursos del presidente, no solo cayeron mal a las mujeres indígenas del TIPNIS, también causó molestia a todas las muje-res de clase media, por eso exigieron que el presidente se retracte.

De esta manera, en torno a las reivindi-caciones de los indígenas del TIPNIS, se fueron sumando más fuerzas sociales, no necesariamente orgánicas, sino constitui-das por personas solidarias que emiten opinión pública y han hecho del problema específico de una región un problema na-cional, y que se ha convertido para el go-bierno en un tema muy difícil de manejar.

Con la marcha iniciada el 15 de agosto por los indígenas del TIPNIS el gobierno no solo hizo crecer el movimiento de los indí-genas, sino que se complicó hasta el punto de no poder hallar soluciones, sumergién-

dose en contradicciones e incoherencias discursivas sobre la defensa de la “madre tierra” con ideas descabelladas para tratar de justificar la construcción de dicha carre-tera, argumentando que debe primar, sobre todo, el interés general antes que el interés particular de los indígenas. Esto último no es una novedad, siempre fue el discurso y práctica de todos los gobiernos, no indí-genas, que apostaron por la modernidad; con dicha práctica desaparecieron muchos pueblos indígenas, y, en la mayoría de los casos, los sometieron a un proceso de et-nocidio. Precisamente contra esta política los indígenas del TIPNIS y otros de tierras bajas marcharon el año de 1990.

Por entonces, estando de Presidente Jaime Paz Zamora, lograron el recono-cimiento de los territorios indígenas hoy llamados Tierras Comunitarias de Origen (TCOs). Es el momento histórico en que los indígenas de tierras bajas se hacen vi-sibles como movimiento social y, además, sellan el pacto de solidaridad y lucha co-mún con los indígenas de tierras altas.

Una vez conseguido su mayor logro —los territorios indígenas— los habitantes de estas tierras siempre han estado en una lucha constante contra la invasión de los capitalistas, aserraderos y negociantes de madera predispuestos a talar los árboles; estos guiados por la maximización del be-neficio económico, lograron someter a una relación de complicidad a muchos indí-genas dándoles una mínima parte de las ganancias económicas que generaron los madereros. Esto sin duda tuvo como re-sultado la deforestación más notoria del Parque Nacional Isiboro Sécure.

Pero los indígenas no solo tenían que li-diar con los capitalistas de la madera, también tenían que enfrentar constante-mente la invasión paulatina y sistemáti-ca de migrantes collas, predispuestos a la producción de coca, comercio y otras actividades económicas, que de igual ma-nera, coadyuvaron a la deforestación del parque.

Como consecuencia de estos hechos, muchos indígenas desaparecieron del lu-gar —como pueblos y personas— muchos con seguridad, se trasladaron a lugares más lejanos dentro del territorio del par-que, unos optaron por emigrar a las ciu-dades y otros han debido mimetizarse en esa gama difusa de la población migrante. De ahí el temor justificado de los indíge-nas que la construcción de la carretera empeoraría, no solo la deforestación del parque, sino aceleraría su desaparición como pueblos indígenas. Illapa, Javier Fernández, acuarela 56 x 76 cm. 2011.

and miosa44

Eso significa que en el territorio del TIPNIS se ha ido tejiendo y consolidando nuevas relaciones sociales y nuevas relaciones de fuerza. De esta nueva emergencia de relaciones sociales y de fuerza, sin duda las que tienen mayor capacidad de control y gestión de diversos recursos (tierra, fau-na, árboles, etc.) dentro el parque, son los capitalistas y migrantes collas, mientras que los indígenas del lugar se ven cada vez arrinconados a una relación de subor-dinación o aislamiento a lugares más leja-nos del parque, sin capacidad de control de los recursos de los cuales, supuesta-mente, son propietarios. Entonces, como siempre en Bolivia el problema central se convierte en la disputa del excedente, y en este asunto las clases beneficiadas siem-pre son las mismas —los capitalistas y los migrantes collas— así fue la historia de todas las tierras bajas y al parecer seguirá siéndolo, ya es cultura y tradición de Boli-via y se ha convertido en la política de to-dos los gobernantes, sean indígenas o no.

Aquí descubrimos que no solo se trata del reconocimiento de tierras a los indígenas como un “asunto jurídico” o título de TCOs, aspecto ya reconocido a los indígenas de TIPNIS. El Estado y la sociedad boliviana nunca vieron a los indígenas, particular-mente de tierras bajas, como soberanos en el ejercicio del control de sus recursos, los consideraron solo como protectores del medio ambiente, en otras palabras, fueron y son tratados casi como árboles, fauna, etc., y no como personas con capa-cidad, sentimientos, carencias, problemas, valores y con conflictos propios. Por eso cuando el Estado otorga títulos comunita-rios a los indígenas no indica cuáles son

sus derechos y deberes para administrar los recursos del lugar, en qué forma o qué potestad tendrían para explotar los recur-sos, o como deben beneficiarse cuando el Estado, o cualquier otro agente, entre a trabajar al lugar. Porque solo otorgándoles soberanía se puede considerarlas perso-nas que puedan potenciarse económica y socialmente conforme a su visión del mun-do y así entrar en una relación social en igualdad de condiciones y jerarquía con el resto de los actores para tejer una relación de fuerza, no simplemente subordinada como lo es ahora.

Eso, evidentemente, no solo pasa por la simple consulta y concertación, que además está contemplada en la Consti-tución Política del Estado de Bolivia, así como en diferentes convenios internacio-nales sobre el derecho de los indígenas. Se necesita una visión clara y normas al respecto para que, en términos económi-cos, estas poblaciones, no importando su tamaño de población, tengan el control de los recursos y beneficios que se genere en la región como producto de cualquier tipo de inversión nacional, debe permi-tirseles potenciar su economía propia, o sea, la economía comunitaria que está constituida por unidades familiares o en

asociación de productores. Productores li-bres bajo un sistema cultural propio puede permitir, incluso, implementar empresas de transformación de sus productos lo-cales bajo su propiedad y administración. Eso les permitiría salir de la economía de subsistencia a una economía de mayor bienestar. Esta política no afectaría el in-greso departamental y nacional, más bien permite solucionar esa vieja contradicción entre el interés general y particular.

En cuestiones políticas siempre existe la tendencia de calcular el número de repre-sentantes conforme a la población. Inclu-so en nuestro país que es plurinacional se continúa con esa política. En ese caso los pueblos con minoría poblacional nunca tendrán su representación política en di-ferentes niveles del Estado Nacional, por lo que tampoco tendrán la posibilidad de hacer florecer su cultura y sus sistemas institucionales propios. Lo que correspon-de hacer, por lo tanto, es que cada uno de los pueblos y naciones tengan su re-presentante en los diferentes niveles de la estructura del país. Si un pueblo indígena tiene una población, incluso menor a cien, tiene todo el derecho de tener su repre-sentación. Solo en los pueblos indígenas donde la población es considerablemente numerosa corresponde hacer cálculo por población para designar la cantidad de re-presentantes. Dichos representantes se-rían elegidos bajo un mecanismo propio, es decir, bajo el modelo comunal.

De esta manera la asamblea nacional ten-drá, por una parte, representantes de to-dos los pueblos indígenas (en caso de Bo-livia 36) y por otra aquellos que vienen por cálculo poblacional. Esto permitirá cons-truir un verdadero Estado Plurinacional, y los representantes actuarán como en un espacio de naciones confederadas para debatir los intereses generales y particu-lares de cada pueblo. Cada pueblo tam-bién podrá florecer conforme a su cultura en forma autodeterminada, ello permitirá construir una patria comunal con una uni-dad del territorio nacional muy fuerte.La soberanía económica y la participación política en distintos niveles del Estado bajo la elección de sus representantes

Caballo negro, Gustavo del Río, óleo s/lienzo 80 x 130 cm.

De esta nueva emergencia de relaciones sociales y de fuerza, sin duda las que tienen mayor capacidad de control y gestión de diversos recursos (tierra, fauna, árboles, etc.) dentro el parque, son los capitalistas y migrantes collas, mientras que los indíge-nas del lugar se ven cada vez arrinconados a una relación de subordinación o aislamiento a lugares más lejanos del parque, sin capacidad de control de los recursos de los cuales, supues-tamente, son propietarios.

and miosa 45

conforme a su propio sistema siempre fue la demanda de los indígenas. Por eso ellos creyeron que el “proceso de cambio” iba a conducir a la solución de sus proble-mas. De ahí que no solo fueron parte de la construcción del Estado Plurinacional, sino que se convirtieron en defensores acérrimos del gobierno de Evo Morales y de la nueva Constitución Política del Es-tado, como miembros del pacto de unidad en momentos conflictivos para el gobierno en los años 2007 y 2008, cuando la dere-cha y la oligarquía cruceña no aceptaban la pérdida del poder Estatal

Jamás pensaron que un indígena los ha-ría sufrir más que un gobierno neoliberal de casta blanca mestiza, no solo porque no atiende sus demandas y reclamos, sino porque el propio presidente optó por desca-lificar al movimiento y a la marcha como tal, poniendo adjetivos tales como: “paseo de turismo”, “financiados por la derecha y los empresarios” y “movimiento político de des-estabilización en coordinación con USAID”.En otras palabras, el gobierno optó por la estrategia de lógica de guerra, o sea, anu-lar a como de lugar la resistencia de los indígenas como movimiento social.

Para ello hizo funcionar el aparato de in-teligencia del Estado para perseguir a los dirigentes, intervenir las llamadas telefóni-cas, seguir sistemáticamente los pasos a todos los dirigentes en todas sus activida-des privadas, desprestigiarlas a través de los medios de comunicación, etc.

El gobierno no acepta ni puede creer que en su gestión, supuestamente defensora de los indígenas, medio ambiente y con-

ductor del “proceso de cambio”, surja un movimiento desde la sociedad, mucho menos desde los que fueron, en anteriores años, parte del pacto, organizaciones de-cisivas para varios triunfos electorales de Evo Morales. Por eso tratan de imponer e inculcar en la población boliviana —usan-do los medios de comunicación— que es un movimiento de derecha financiada por el imperialismo norteamericano, para así de esa manera restar a las muestras de solidaridad y crecimiento del movimiento de los indígenas de tierras bajas.

La estrategia de guerra del gobierno no solo quedó en la descalificación del movimiento y persecución a los dirigentes, sino que or-ganizó a los sectores sociales más leales a Evo, como: Bartolinas Sisas, Coloniza-dores y la Confederación de Campesinos para generar un contra movimiento consis-tente en protestas marchas y bloqueos para que la gran marcha indígena sea detenida. También convocó a todos sus parlamen-tarios provenientes de las organizaciones campesinas para organizar la contramar-cha y copar los medios de comunicación, aunque estos hablen incoherencias.

Sin embargo, esta actitud del gobierno, si bien cayó bien a la población rural menos letrada, para la población urbana y rural más entendida significo mayor decepción y desencanto, resultando en un aumento de solidaridad hacia los pueblos indígenas de tierras bajas en marcha, y generación de otras movilizaciones y bloqueos en apoyo a ellos.De esta manera, en dos semanas de mar-cha indígena, que empezó por un proble-ma muy específico, consistente en el re-

chazo a la construcción de la carretera del tramo que pasa por el TIPNIS, se convirtió en un problema de polarización de la so-ciedad entre los que apoyan al gobierno y los que apoyan a la marcha indígena, poniendo en duda la legitimidad del go-bierno y su capacidad de solucionar los conflictos.

De todo esto la única lección aprendida es que como Bolivia y Estado, nos falta definir el concepto sobre si los parques nacionales son de reserva y protección, o de manejo sostenible. Si es de protección no habría que tocarlos y si, por el contra-rio, es de manejo sostenible, podrían plan-tearse políticas públicas que preserven y cuiden la ecología del lugar. Esta defini-ción probablemente nos ayudaría a solu-cionar el problema sobre la construcción de la carretera que atraviesa el TIPNIS.

2. MISERIAS EN EL EJERCICIO DEL PODER: REPRESIÓN A LOS INDÍGENAS EN CHAPARINA

El conflicto del TIPNIS que empezó con la marcha de los indígenas el 15 de agosto rechazando la construcción de la carrete-ra que pasa por el Parque Nacional Isibo-ro Sécure, que inicialmente empezó como un problema específico, se convirtió en un problema nacional en treinta días, no solo porque creció la solidaridad de las organi-zaciones sociales con la marcha indígena, sino porque paulatinamente se encarnó en la conciencia de la población boliviana —sobre todo en la generación joven— la ne-cesidad de contar con áreas protegidas en los parques nacionales como política esta-tal para proteger al medio ambiente. Las acciones colectivas o manifestaciones que iban creciendo en las ciudades, identifica-ron a la lucha de los indígenas como una forma de protejer al medio ambiente, frente a un intento terco por parte del gobierno de intentar construir la carretera como una estrategia de desarrollo bajo la concepción típica del modernismo, que provocó el et-nocidio de muchas poblaciones indígenas en el pasado.

Sin embargo, a pesar del crecimiento de la resistencia del pueblo boliviano, el go-bierno no solo continuó empecinándose en la construcción de la carretera, sino que optó por trasladar a más de cuatrocientos policías para que los marchistas no pue-dan pasar de Yucumo, donde, además, estaban los colonizadores organizados por el gobierno bloqueando la carretera para enfrentar a los indígenas. En esos días el gobierno, viendo que las descalificaciones que hizo en muchas ocasiones y todas ellas orientadas a relacionar la marcha como

Canción de Cuna, Javier Fernández, acuarela 76 x 106 cm. 1996.

and miosa46

un movimiento financiado por la derecha, ONGs y el imperialismo norteamericano no funcionaban, empezó a usar algunas de las estrategias y tácticas de lucha más inhumanas que existen en el mundo, pri-var el acceso al arroyo de agua del lugar, y no dejar pasar alimentos y medicamentos, con la única intensión de cansar y lograr la deserción de los marchistas indígenas.

El gobierno, al ver que todas las estrate-gias de desbaratamiento de la marcha indí-gena no funcionaban, el 25 de septiembre optó por la estrategia más patológica del Estado que es la represión policial. En ella no solo se vio los golpes, maniatamientos y amordazamientos más inhumanos a los marchistas, sino que, ni siquiera se permi-tió que los médicos atiendan a los heridos. Sin duda son métodos usados por los go-biernos dictatoriales y fascistas.

Ello colmó la paciencia de la gente. Los pobladores de San Borja y Rurrenabaque inmediatamente bloquearon los caminos y tomaron los aeropuertos para evitar que los machistas sean trasladados a Trinidad. Después de 24 horas la revuelta de ambas poblaciones logró liberar a los marchistas de la policía que, además, permitió rearti-cular la misma para nuevamente empren-der la marcha con el objetivo de llegar a la sede de gobierno.

En todas las ciudades de Bolivia se volca-ron a las calles, independientemente de su situación y clase social, otros engrosaron los piquetes de huelga de hambre y vigilias en apoyo a la marcha indígena. Indignados hasta los tuétanos calificaron al presiden-te Evo Morales de traidor al “proceso de cambio” y al proyecto ideológico indígena, además de ponerle adjetivos de dictador y fascista. Todos pidieron la cabeza del Mi-nistro de Gobierno Sacha Llorenti y que sea procesado por los hechos del 25 de septiembre.

Viendo la magnitud del problema, el lunes 26 de septiembre por la noche el gobierno en una conferencia de prensa deslindó sus responsabilidades, negó rotundamente ha-ber autorizado la represión de la marcha indígena; también defendió a rajatabla al Ministro de Gobierno, calificándolo como su mejor ministro. Implícitamente echó la culpa a los policías, ni siquiera a los jefes del mando superior, sino a los subordina-dos, los que étnicamente pertenecen a los indígenas, aunque estos desataron una campaña mediática de amotinamiento en caso de existir procesos contra ellos. Aquí nuevamente se develó la antigua contra-dicción étnica entre blancos y morenos, entre indígenas y no indígenas, que su-

puestamente, con el “proceso de cambio”, debía desaparecer. De ahí que los sargen-tos y suboficiales apostaron en apoyar en diferentes momentos a Evo Morales como presidente. Lo único que consiguieron fue decepción, desencanto, rabia e impoten-cia.

De manera hipócrita el gobierno decidió conformar un equipo de investigación para dar con los autores y con el responsable de la orden de intervención de la marcha. De esa manera, quisieron tomar por tonto e in-genuo al pueblo con el único fin de lavar su imagen y popularidad para no ser conside-rados un gobierno dictador y fascista. Or-denó a los dirigentes de las organizaciones sociales militantes del MAS y a sus parla-mentarios salir en una campaña para lavar el imagen del presidente. Una vez pasado el conflicto, marchas y protestas en las ca-lles, será como siempre, el Vicepresidente, con su actitud de extrema soberbia, inten-tará consolidar la imagen del Presidente in-dicando que no estaba implicado en las de-cisiones de represión contra los indígenas.

Sin embargo, el pueblo boliviano, pese a los esfuerzos que hace el gobierno para salvarse de su adjetivación dictatorial, no le cree. Surgen voces que consideran a Evo Morales como el mentiroso más grande del mundo, e hipócrita hasta los tuétanos. El común de la gente sabe que el mando para asuntos de conflictividad, como la marcha indígena, lo toma el Presidente. Otros en tono de burla, dijeron que entonces el Presidente ya no es necesario, ni los mi-nistros, ya que cualquiera puede mandar y ordenar, incluso desde una cocina desco-nocida. En toda la gente quedó claro que el presidente, por lógica y normas bolivianas, debía ser enjuiciado, en este caso por in-cumplimiento u omisión de deberes, al ha-ber descuidado semejante responsabilidad como es la marcha de los indígenas.

[...]¡Paciencia! ¡Paciencia!, decía el Vice-presidente, porque ya se sabrá quién or-denó la represión a los indígenas, aunque nosotros sabemos, pero que digan los in-vestigadores. En realidad el gobierno ne-cesitaba, no solamente de un respiro para dejar perpleja a la gente que incondicio-nalmente apoyaba al gobierno, sino funda-

mentalmente darse tiempo para organizar la contra marcha en respaldo suyo. Nue-vamente empieza a usar a los dirigentes campesinos de la Confederación Única de Trabajadores de Bolivia, a las Bartolinas, Colonizadores y Cocaleros, estos vien-do su debilitamiento y capacidad de con-vocatoria, recurrieron a los funcionarios municipales de áreas rurales que el MAS aún tiene controlado. A otros dirigentes los conminaron a asistir a la marcha en favor del gobierno bajo la condición de entregar proyectos financiados por el Fondo Indíge-na a favor de sus afiliados. Son esfuerzos que va haciendo el gobierno para cambiar la correlación de fuerzas.

Mientras tanto los partidos de derecha, incluido el Movimiento sin Miedo de ma-nera equivocada, se prepararon para sa-car mayores réditos políticos en base a los conflictos; no se cansan de ir a todos los medios de comunicación con cualquier tipo de denuncia u opinión en torno al conflicto. Sin embargo, la población no solo rechaza

La balada del pepino, Javier Fernández, acuarela 56 x 76 cm. 2010.

Mientras en todas las ciudades de Bolivia se volcaron a las calles, independientemente de su situación y clase social, otros engrosaron los piquetes de huelga de hambre y vigilias en apo-yo a la marcha indígena. Indignados hasta los tuétanos califica-ron al presidente Evo Morales de traidor al “proceso de cambio” y el proyecto ideológico indígena, además de ponerle adjetivos de dictador y fascista.

and miosa 47

este tipo de actitud, sino que los calificaron de oportunistas y aprovechadores, y que no tienen moral para hablar en defensa de los derechos indígenas, debido a que en el pasado fueron discriminadores con todos los indígenas.

Mientras el gobierno hacia todos los es-fuerzos para lavar su imagen de represor y dictador, la marcha se fortaleció con la so-lidaridad de jóvenes de la clase media de las ciudades, intelectuales y otras personas que no pertenecen a ninguna organización corporativa, porque ya no solo se trataba de defender el parque nacional, sino tam-bién la democracia, puesto que cualquier acción que pretenda anular la resistencia era encaminarse hacia un totalitarismo, por eso la lucha de los jóvenes para exigir la libertad, tranquilidad y seguridad.

Cuando se aproximaba la marcha a la sede de gobierno, todos los habitantes de La Paz salieron a recibirla con aplausos. Entregaban alimentos, ropa, abrazos y guirnaldas de flores; otros se organizaron en columnas de seguridad frente a la pre-tensión del gobierno de brindarle seguridad con la policía. Fue una lucha que empezó con 600 indígenas para terminar con millo-nes de personas que apoyaban la causa. Nutrida con esa fuerza al final, y a pesar de la resistencia de la policía, lograron entrar a la Plaza Murillo y la convirtieron, no solo en un espacio de protesta, sino en un es-pacio de deliberación. Desde ahí las bases

controlaban lo que sus dirigentes negocia-ban con el gobierno, hasta que lograron la elaboración de la Ley Corta que prohíbe la construcción de la carretera por el corazón del TIPNIS, además declara la intangibili-dad de dicho territorio indígena, es decir, como algo no tocable, en donde, ni los pro-pios indígenas, pueden realizar cualquier actividad económica sostenible en el lugar.

Al parecer los del gobierno habían puesto astutamente el término intangible, precisa-mente para poder revertir la correlación de fuerzas, para que los otros actores de in-terés reaccionen en defensa de su econo-mía, para hacer ver a los indígenas que los dirigentes de la CIDOB los habían arruina-do para siempre.

Lo cierto es que el gobierno con todas es-tas actitudes de tipo fascista nunca más re-cuperará la popularidad y legitimidad como la tuvo desde el 2005 hasta el año 2009, por más que haga miles de esfuerzos de organizar las contramarchas para cambiar la correlación de fuerzas.

3. LA CONTRA MARCHA DEL CONISUR: ESFUERZOS DEL GOBIERNO PARA EL CAMBIO DE CORRELACIÓN DE FUERZAS EN EL TIPNIS

El propio Presidente Evo Morales conside-ró como una derrota el no haber logrado la construcción de la carretera con la firma

de la Ley Corta, por eso, en un encuentro con el gobernador y el alcalde de Cocha-bamba, reclamó a esas autoridades que lo habían abandonado en la marcha. La esperanza estaba puesta en que el depar-tamento de Cochabamba marchara para pedir la construcción de la carretera. In-sospechadamente después del encuentro se organiza el bloqueo de caminos hacia Santa Cruz en el mes de noviembre, su-puestamente por el Consejo Indígena del Sur (CONISUR), en su mayoría Yuracarés, aunque en la fotografía en esa ocasión se observa más quechuas y aymaras coloni-zadores que llegaron de tierras altas.

Al mismo tiempo Juan Ramón Quintana, que en esa ocasión fungía como autoridad de ADEMAF, no solo se dedicó a despres-tigiar a los indígenas, sino que sacó toda su rabia y actitud de colonizador blanco, para decir que los dirigentes indígenas de la marcha se habían dedicado a las actividades ilegales de venta de lagartos, venta de madera, etc., comparables con la producción de cocaína. Pero no se había dado cuenta que los indígenas estaban de-mostrando otra forma de producción más sostenible para aprovechar la riqueza na-tural del Parque Isiboro Sécure con los pro-yectos de cría de lagartos, producción de cacao orgánico, ecoturismo y producción de madera. Salió a la luz pública que era posible el manejo y aprovechamiento co-munitario de los recursos sin dañar la na-turaleza ni derivar en un aprovechamiento individualista. Que había sido posible po-tenciar una economía sostenible frente a una economía extractivista por la que va apostando el gobierno. El indígena del TIP-NIS teme perder esas otras alternativas de producción económica comunitaria y eco-lógicamente sostenible con la construcción de la carretera.

Lo cierto es que el gobierno con todas estas actitudes de tipo fascista nunca más recuperará su popularidad y legitimidad como la tuvo desde el 2005 hasta el año 2009, por más que haga miles de esfuerzos de organizar las contramarchas para cambiar la correlación de fuerzas.

“Si bien la normativa internacional establece que hay que consultar en todos los casos de medidas administrativas y legales que afec-ten a los Pueblos Indígenas, esto debe interpretarse como que los Estados deben consultar a los Pueblos Indígenas cada vez que las medidas les afecten a los Pueblos Indígenas en formas que no son percibidas por otros sectores. El informe del Relator Especial de las Naciones Unidas presentado en el 2009 al Consejo de Derechos Humanos habla acerca de este aspecto.”

“Es importante tener presente la finalidad del proceso de consulta cuando se toma en cuenta que ha habido varios casos de consulta que no han tenido el objetivo de lograr un consentimiento. Hay casos con situaciones inversas también, donde ha habido consentimiento sin procesos de consulta. En Filipinas hay una ley para el consen-timiento libre, previo e informado. De esta manera el proceso de consulta es más que una formalidad. El ejemplo de Filipinas es el de una incorporación muy profunda de lo que es la normativa inter-nacional. La consulta debería estar ligada siempre a intentar dentro

de lo posible llegar a un acuerdo, y esto depende directamente de la calidad del proceso de consulta.”

“La consulta se convierte una herramienta que puede llevar a pre-venir conflictos. En el caso de Canadá, en Nova Scotia, el nivel de conflictividad ha bajado desde que se ha comenzado a implementar procesos de consulta.”

“Existe una duda si se deben consultar Pueblos Indígenas que no tienen una base territorial. El ejemplo de medidas legislativas ge-nerales, como es el caso de educación por ejemplo, que tienen la potencialidad de afectar sus derechos colectivos, ayuda a aclarar este aspecto. Incluso puede haber pueblos que no tienen tierra pero tienen sus lenguas e instituciones propias. Con o sin territorio hay necesidad de consultar.”

Birgitte Feiring, Birgitte Feiring, antropóloga experta en derechos de Pueblos Indígenas, presentación en Jornadas sobre el Derecho a la Consulta dentro del marco del Derecho Internacional, Bolivia, mayo, 2012

Derecho a la Consulta Derechos de los pueblos indígenas

and miosa48

Por otro lado, con Evo Morales a la cabeza, se alentaba la división y el desconocimien-to de los dirigentes de la VIII marcha indí-gena, por eso el 10 de noviembre de 2011 con motivo de la visita al CCI aniversario del Primer Grito Libertario del líder Pedro Ignacio Muiba, dio lectura del comunicado del Comité de Defensa del Desarrollo de Moxos, resaltando que esa organización pedía el desterramiento de los líderes indí-genas del TIPNIS y la abrogación de la Ley Corta. Repetidas veces expusieron que los indígenas habían impuesto la elaboración de la mencionada Ley. El presidente se es-forzaba por cambiar la creencia y el ima-ginario de la población boliviana indicando que el parque no era virgen, ya que allí existen carreteras para realizar actividades ilícitas como tráfico de madera, negocio de lagartos, laboratorios de cocaína, etc. De esa manera el presidente indígena acen-tuaba cada vez más su separación de la visión indígena y optaba por la visión desa-rrollista occidental eurocéntrica.

En ese contexto el mes de diciembre em-pieza la contra marcha de los indígenas del CONISUR por la ruta Santa Cruz - Cocha-bamba y La Paz pidiendo la abrogación de la Ley Corta y la construcción de la ca-rretera por el corazón del TIPNIS. Son in-dígenas que en su mayoría no eran de las Tierras Comunitarias del TPNIS, según la información del momento solo serían ocho dirigentes que pertenecerían al TIPNIS, el resto de las 37 comunidades serían del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) y del polígono siete que es un área de la zona colonizada y cocalera. Estos indígenas ha-bían adoptado un sistema de producción individual por una economía parcelaria y fuertemente vinculada a la producción de coca, unos como productores y otros como trabajadores asalariados, secun-dariamente tienen la producción de yuca, arroz y plátano. En otras palabras, son in-dígenas que han quedado paulatinamente absorbidos por la expansión de la econo-mía mercantil y parcelaria protagonizada por los collas aymaras y quechuas.

En el trayecto de 41 días de marcha, di-ferentes poblaciones la habían calificado como marcha de los militantes del Movi-miento al Socialismo (MAS), por eso que, solo los Alcaldes del mencionado partido político, brindaban cierto apoyo y respal-do en distintas poblaciones a las que lle-gaban a descansar. Fue una marcha que pasó desapercibida para la población boli-viana. Por eso que cuando llegó a La Paz, el 30 de enero de 2012, fueron recibidos con apatía, silbatinas, rechiflas y enfrenta-mientos verbales; solo el Alcalde de El Alto

Edgar Patana, militante del MAS, los de-claró Huéspedes Ilustres. Algunos dirigen-tes vecinales de El Alto y los campesinos denominados, pochos rojos, totalmente su-bordinados al gobierno reguardaron a los indígenas en el trayecto.

Viendo la apatía de la población el gobierno diseño la estrategia de no permitir el ingre-so de los marchistas a palacio quemado, poniendo un muro policial para aparentar y disimular que la marcha no era promo-cionada por el presidente Evo Morales. Sin embargo, esa actitud del presidente no le sirvió para nada, la población paceña es-taba convencidísima que era la marcha del gobierno para cambiar la relación de fuerzas y lograr la construcción de la ca-rretera, por eso no mostraba ningún signo de solidaridad, de ahí que la gobernación de La Paz, que también está en manos del MAS, inmediatamente cedieron los coli-seos Julio Borelli y Villa Victoria para que se hospeden los indígenas del CONISUR, movilizándose a la vez para dotarles de ali-mentos, colchones y otros.

Después de cinco días el gobierno al fin logra imponer otra ley denominada de con-sulta, paralela a la Ley Corta, para de esta manera salirse con la suya. En esa ocasión el presidente dijo: “que vengan sus dirigen-tes, si no vienen deben ser dirigentes de las ONG o de la Embajada de EE UU.”, refiriéndose a los dirigentes de la CIDOB y de la Sub Central TIPNIS. Evidentemen-te la consulta es legal, solo que el gobier-no la hizo después de haber realizado el contrato para la construcción de la Carre-tera, inclusive, no escuchó ese pedido de consulta que reclamaban los dirigentes de los indígenas del TIPNIS en los meses de mayo y junio, de ahí que generó la octava marcha. Por eso, hoy la Ley aparece como extemporánea e ilegitima, esta causó la molestia de los dirigentes indígenas, los cuales van anunciando la novena marcha.

La aprobación de la nueva Ley de Consulta puso en evidencia, más allá de las inten-ciones del gobierno, dos concepciones e intereses totalmente opuestos en el lugar. Indígenas que, al momento de legalización

Públ

ico–

priv

ado,

Jav

ier

Fern

ánde

z, a

cuar

ela

41

x 3

1 c

m. 2

01

1.

and miosa 49

de sus tierras o territorios, habían recha-zado formar parte de las tierras comunita-rias de origen, y más bien, optaron por la titulación individual de sus tierras, se ha-bían constituido en campesinos parcela-rios, productores de plátano, yuca y arroz, una economía fuertemente ligada a la pro-ducción de coca, bien como productores y otros como asalariados temporales. En tér-minos de organización se habían converti-do en sindicatos, al igual que los migrantes collas denominados colonizadores. Este sector es el que pide la construcción de la carretera ya que la conciben como un fac-tor de desarrollo.

Otros son los indígenas que tienen sus tierras tituladas como Tierras Comunita-rias de Origen no individual, son los que aprovechan los recursos en forma comu-nitaria, por eso para ellos la construcción de la carretera significaría la destrucción del TIPNIS, por el avance real de la pro-piedad individual de la tierra y que, al final, el Parque Isibore Sécure estaría controla-do exclusivamente por los migrantes collas(quechuas y aymaras) denominados colo-nizadores. De esa forma los indígenas, en el futuro, estarían obligados, unos, a con-vertirse en propietarios individuales, otros a ser sometidos como trabajadores asala-riados y muchos a la emigración forzosa. Por eso temen perder control totalmen-te de los recursos de la región, de ahí la oposición a la construcción de la carretera.

En ese sentido van preparando la novena marcha para defender su territorio y su vi-sión de desarrollo contrapuesto a la visión individual.

4. ILEGITIMIDAD DE LA ACCIONES Y PROMESAS DEL PRESIDENTE: UNA HIPÓTESIS ABIERTA DE LO QUE PASARÁ CON LA CONSULTA

Con seguridad Evo Morales en calidad de Presidente del país, cuando en el año 2008 licitó la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos que uniría Beni y Cochabamba, nunca tuvo malas inten-ciones, en su actitud se puede notar la voluntad de trabajar en beneficio de la población más desprotegida del país, es decir, los que viven en el Parque Nacio-nal Isiboro Sécure. Además, todos saben que una carretera es un desarrollo de las fuerzas productivas, que no solamente integra regiones, sino, sobre todo, impul-sa el aparato económico y productivo de una región. Bajo esa filosofía nadie se puede imaginar que alguien se opondría a semejante obra. Precisamente ahí em-pezó el error del Presidente, pensó que todos le agradecerían, además en el año de licitación de la obra no existía la nueva Constitución Política del Estado, en ella recien se establece la consulta previa a los indígenas que habitan en la región. El único instrumento legal en ese momento, referido a los indígenas, era el Convenio

196, dicho Convenio generalmente era ig-norado por todos los gobiernos anteriores y, el Presidente, cometió el mismo error, ignorarlo.

Pero se le presentó la gran oportunidad de enmendar dicho error, cuando en los me-ses de abril y mayo de 2010, los indígenas del TIPNIS solicitaban la Consulta confor-me establece la nueva Constitución Políti-ca del Estado aprobada recién en febrero de 2009. Sin embargo, él hizo oídos sordos a dicho pedido y se empeñó en hacer la ca-rretera atravesando el corazón del parque, considerado legalmente como área de re-serva para el país. Ese capricho enfadó a los indígenas y ha hecho, inclusive, que se desmarquen del Pacto de Unidad del que formaba parte la CIDOB para garantizar el “proceso de cambio”, y organizaron la gran octava marcha que terminó con la promul-gación de una Ley Corta que prohíbe cual-quier proyecto de desarrollo en el parque después de la represión en Chaparina.

El conflicto entre gobierno e indígenas tuvo su efecto en la toma de conciencia de la población boliviana en su conjunto y, particularmente, en los habitantes de las ciudades sobre la necesidad de generar políticas serias del Estado para proteger el parque, por lo tanto el medio ambiente. Antes del conflicto, con seguridad, el Par-que Nacional Isiboro Sécure era ignorado o solo era tema de preocupación de los

Jardín interior, Gustavo del Río, óleo s/lienzo 100 x 180 cm.

and miosa50

ecologistas, ahora está en boca de todos, en ese sentido, dicho parque se ha con-vertido en interés general y la carretera en un interés particular.

Ese interés particular hizo cometer otro error al gobierno, el de organizar, o por lo menos, incentivar la contra marcha de los indígenas del CONISUR, que también ter-minó con la elaboración de otra Ley que obliga a la Consulta. Legal en términos Constitucionales pero ilegitimo por ser a destiempo, porque si esto se hubiera hecho cuando los indígenas la pedían al inicio, el gobierno se hubiera evitado del problema que hoy se ha convertido en su pesadilla y en un callejón sin salida. Estas prácticas, sin duda, significaron para la población boliviana un cambio en su percepción del gobierno, entendiéndolo como un gobierno poco creíble, inseguro, y que actúa en fun-ción de la emoción o temperamento.

Reflejo de ello hoy son las encuestas don-de solamente el 39% está a favor de la construcción de la carretera y 53% en con-tra, de igual manera a un 49% no conven-ce la consulta y al 48% le parece bien. De todos, La Paz y sobre todo el Alto, conti-núan firmes en su respaldo a las acciones del gobierno. Lo más interesante de estos resultados es que las instituciones del Es-tado, hoy administradas por el gobierno de Evo Morales, son las que no gozan de nin-guna confianza, solo el 29% confía y los restantes 67% no, como ejemplo el Tribu-nal Supremo Electoral que es la institución encargada para llevar adelante la consulta.

Pero dichos resultados no le importan al gobierno, al parecer cree que solo es cues-tión de algunos ecologistas y ONGs que impulsan la resistencia a la construcción de la carretera, por eso ha decidido ir per-sonalmente a convencer a la gente del lu-gar, cooptar a dirigentes mediante regalos y comprometer distintas obras referidas al tema de salud y educación.

Por último, ha diseñado la estrategia de lle-var a periodistas y dirigentes sociales para mostrar, en el lugar, que el camino técnica-mente es difícil por otro lugar que no sea por el corazón del TIPNIS. Ha redoblado esfuerzos para cambiar la creencia e ima-

gen de la población boliviana, hasta ha ca-lificado de “tonterías” la opinión de la gente que se opone o pide otro trazo del camino.

Viendo que la novena marcha en defensa del TIPNIS, a pesar de miles de intentos de fragmentación y debilitamiento median-te cooptación de dirigentes, es una reali-dad, el gobierno, a la cabeza de su Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, organizó el bloqueo en San Ignacio de Moxos para que no pasaran los marchistas hasta Chaparina, lugar fijado para el inicio de la novena marcha. Y para restar la soli-daridad de miles de organizaciones a favor de la marcha que se pronunciaban a través de los medios de comunicación comuni-tarios instalados en Moxos, decidieron in-tervenir la misma con ayuda de dirigentes bloqueadores.

Para todos surge la pregunta, ¿Por qué el gobierno pone tanto empeño en concretar la carretera que pase por el corazón del TIPNIS? Las respuestas solo pueden ela-borarse a nivel de varias hipótesis abiertas y a nivel ideológico, y no a factores de in-

tereses personales, tal como han afirmado muchos en el sentido que había fuertes compromisos económicos con la empre-sa OAS debido a que habría financiado la campaña electoral del MAS.

Primera hipótesis: para el gobierno, el tema indígena nunca fue un proyecto de sociedad, solo fue un factor de movili-zación social. A pesar que elaboraron la nueva Constitución Política del Estado en el sentido plurinacional e intercultural, siempre desde los gobernantes, y parti-cularmente desde el vicepresidente y los ministros, estos temas (plurinacionalidad e interculturalidad) fueron entendidos como una transición hacia el socialismo; o sea, el socialismo es el proyecto de sociedad.

Por eso Álvaro García, en calidad de Vice-presidente, repetidas veces, en diferentes medios de comunicación, enfatizaba que la interculturalidad es la transición hacia la construcción del socialismo y esta la tran-sición hacia el comunismo la que él deno-minó como comunitarismo.

Arco antiguo, Gustavo del Río, óleo s/lienzo105 x 105 cm.

... para el gobierno, el tema indígena nunca fue un pro-yecto de sociedad, sino solo fue un factor de movilización social.

and miosa 51

análisis

En otras palabras, el concepto de comuni-tarismo se tergiversó y apartó de su esen-cia indígena, pero sirvió para confundir a los propios indígenas. Evidentemente bajo esa visión es compatible la construcción de la carretera debido a que es considerado como desarrollo de las fuerzas producti-vas. En esa visión no importa si se destru-ye o se lleva a un proceso de etnocidio a pueblos indígenas, ya que estos deben de igual manera transitar hacia la civilización moderna.

Segunda hipótesis: el gobierno y la cabe-za del Presidente Evo Morales optó por las formas de producción parcelarias in-dividuales, que desde la experiencia del Presidente son los colonizadores. La cons-trucción de la carretera en el TIPNIS, sin duda, ayudaría de manera muy rápida a la expansión de esa forma de producción que, fundamentalmente, como agentes de ese modo de producción, son los aymaras y quechuas. En ese sentido, en el futuro, y en cuanto exista la carretera, se estaría hablando en la región de Isiboro Sécure de la hegemonía colla, ya que estos aparte de controlar las tierras en forma de producción parcelaria, contralarían todo el comercio.

Tercera hipótesis: el gobierno, si bien ha perdido la legitimidad y apoyo fundamen-talmente en las ciudades, necesita a sec-tores sociales como fuerza de movilización para garantizar la estabilidad de su gobier-

no. Además, para revertir ciertos hechos desfavorables, esos sectores incondicio-nales son las federaciones de cocaleros, colonizadores y campesinos. Esos sec-tores y, de manera especial, cocaleros y colonizadores, siempre han demandado la construcción de la carretera; de ahí el compromiso de Evo Morales con dichas organizaciones, razón por la que se hace difícil negar sus demandas sin perder su respaldo incondicional.

De todo esto lo único que podemos concluir es que, desde este gobierno liderado por el MAS, no es posible construir un Estado Plurinacional e intercultural, si entendemos esto como respeto a la diversidad y floreci-miento de esa diversidad. Ya que todas las diversidades serán siempre subordinadas y subsumidas hacia la homogeneidad de la intención de construcción del socialismo.

Félix PatziAnalista Político y Docente Universitario

UMSA

El viejo, Gustavo del Río, óleo s/lienzo 50 x 40 cm. El Hombre del sombrero, Gustavo del Río, grabado s/metal 50 x 40 cm.

and miosa52

análisis

polít cas públ cas

La lucha por el poder, la disputa política regional y la construcción de hegemonía, organizaron, articularon y removieron la vida política del país durante la última década. Con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, que definió el sistema de organi-

zación estatal y social, y con la reelección de Evo Morales a un segundo mandato presidencial, culmino un intenso ciclo de movilizaciones y confrontaciones sociales y regionales, y una agitada agenda de referendos y procesos electorales. En suma, la política, en tanto relación “amigo-enemigo” y como correlación de fuerzas por hacerse del poder político, fijó y determino los contornos y la configuración del campo político boliviano.

El saldo político de esta década revuelta fue: el predominio del MAS-IPSP en el territorio nacional resultado del 64% de los vo-tos de la elección presidencial, una mayoría de 2/3 en la Asam-blea Legislativa Plurinacional, ocho de las nueve gobernaciones departamentales y más del 80% de alcaldes y concejales, por un lado, y una oposición fracturada y desolada en busca de encon-trar la otrora brújula de su capital político, por el otro.

Pasado este agitado proceso político y social, el escenario ac-tual caracterizado por un aumento de la intervención estatal (o gubernamental), expansión de conflictos y demandas sociales nos lleva a preguntarnos acerca de su nueva dinámica y, por así decir, de su determinación. Si como vimos, hay un partido pre-dominante y una oposición debilitada ¿Qué es lo que viene de-finiendo el campo político?, ¿Continua la disputa por el poder?, ¿Qué es lo que demandan las organizaciones sociales, mayor poder o más políticas públicas que mejoren su bienestar social y económico?

Consideramos que las políticas públicas están (re) definiendo la dinámica del campo político. Esto es que la contingencia de las decisiones gubernamentales y la multiplicidad de demandas sociales están constituyendo arenas de conflictos y, por tanto, configurando lo político. Con ello, planteamos que hay un des-plazamiento de lo político a las políticas públicas, donde la lógica binaria de confrontación entre gobierno y oposición (o la relación amigo-enemigo) ha mutado a una multiplicidad de arenas de políticas y conflictos con particularidades y desenlaces propios, resultado del curso de acción seguido por las decisiones guber-namentales.

Si esto es así, si hay un desplazamiento de lo político hacia el campo de las políticas públicas, entonces es fundamental in-dagar acerca de su dinámica y funcionamiento, esto es, de los patrones que siguen las entidades gubernamentales para tomar decisiones y la forma que ponen en marcha las políticas, de la manera como los ciudadanos y sectores corporativos se organi-

zan para demandar la atención de sus problemas y, en muchos casos, para poner en cuestión decisiones que les afectan, del peso del entramado institucional en las decisiones públicas, en fin, de las consecuencias de las decisiones de políticas públicas, de sus éxitos y fracasos.

De este modo, pretendemos (re) introducir el enfoque de políti-cas públicas como perspectiva novedosa para replantear aspec-tos olvidados y que no ocuparon centralidad en el análisis del sistema político: el proceso de decisión y puesta en marcha de las políticas como elementos que también determinan lo político.

El análisis de las políticas públicas

La problemática planteada requiere adentrarnos con mayor de-tenimiento en las características del enfoque de las políticas pú-blicas y su importancia, como dijimos, para entender la dinámica actual del campo político del país.

A diferencia de la lengua inglesa que tiene mayor facilidad para hacer un manejo indistinto del término política, utilizando los vo-cablos politics para referirse al juego del poder y policy en refe-rencia a las decisiones públicas, en castellano es más difícil dis-tinguir este contraste semántico entre uno y otro. Esta dificultad ha sido subsanada utilizando los términos política (o político) y políticas (al plural), el primero, referido a la lucha por el poder y sus mecanismos de legitimidad, a la competencia política electo-ral entre partidos, a la estructura institucional; en cambio, el se-gundo, se refiere al proceso decisorio, al curso de acción adop-tado y seguido por las autoridades públicas. Es a esta última acepción al que se refiere la disciplina de las políticas públicas, es decir, al proceso de intervención pública, a la formación de las decisiones políticas, a la participación y estrategias que realizan los actores sociales para intervenir en la formulación y puesta en marcha de políticas concretas.

De este modo, política pública es la capacidad que tienen las autoridades y entidades públicas legítimamente constituidas de tomar decisiones vinculantes siguiendo determinados cursos de acción deliberados para poner en marcha determinadas políticas.

En este proceso intervienen e interactúan una multiplicidad de actores políticos, sociales, gubernamentales, y otros, que le dan forma a la definición de los problemas públicos, a las prioridades gubernamentales, a la formulación e implementación de las polí-ticas. Sin embargo, las organizaciones políticas en tanto cumplen funciones de gobierno y oposición, en el ámbito de la formalidad institucional de los órganos ejecutivo y legislativo, adquieren un rol importante en el proceso decisorio. Asimismo, la ciudadanía y

Luis Alberto García Orellana

Del análisis de lo político al análisisde las políticas públicas:de las políticas públicas:de las políticas públicas:el suplemento necesario

and miosa54

las organizaciones corporativas, en tanto beneficiarias y/o afecta-das de las políticas, juegan un papel importante y, a veces, deter-minante en el proceso de formulación de las políticas.

Ello, sin duda, abre una perspectiva distinta de referirnos a la política cuya función principal ya no es solamente la lucha por el poder o la relación binaria amigo - enemigo, sino, sobre todo, mantener la capacidad de tomar decisiones que vinculen colecti-vamente. Aquí la cuestión de fondo es observar el complejo mun-do de las decisiones de las políticas, la manera cómo interactúan la multiplicidad de actores políticos, sociales, agentes económi-cos y otros, en la definición e implementación de determinadas políticas públicas. Por su complejidad, las decisiones de políticas son concebidas como contingentes, es decir, no como una deci-sión última o final, sino como la posibilidad de que estas puedan ser modificadas, resultado de la interacción de los participantes que intervienen en el proceso decisional.

Se pueden distinguir dos corrientes complementarias e interde-pendientes en el proceso de formulación de las políticas públicas: el conocimiento de y el conocimiento en. El primero, de carác-ter más positivo y descriptivo, hace referencia al análisis y al estu-dio del proceso de políticas tal como de hecho sucede. El segun-do, de carácter normativo, se refiere a la incorporación de datos y evidencias en el proceso decisorio. En la actualidad la disciplina de políticas públicas se divide por las dos corrientes señaladas: los estudiosos de las políticas y los hacedores de las políticas.

En torno al proceso de análisis de políticas, la literatura sobre la temática proporciona diferentes alternativas para su abordaje, en todo caso es pertinente seguir el esquema clásico que analiza las políticas en función a la secuencia de acciones que com-prende el ciclo de las políticas públicas en sus distintas etapas: la agenda de gobierno, la formulación de las políticas, la imple-mentación y la evaluación. Un repaso rápido de esta secuencia o fases de intervención pública es el siguiente.

Agenda de gobierno. Es el conjunto de problemas, demandas y asuntos públicos que los gobernantes seleccionan como obje-tos de su intervención, sobre aquello que han decidido actuar. La formación de la agenda gubernamental deja ver la magnitud de los problemas, su alcance y competencia estatal y territorial (nacional, departamental, local), así como, la participación, orga-nización y fuerza de grupos y sectores sociales para incorporar determinados temas o, en su caso, para definir la agenda. Un componente determinante para establecer la agenda de gobier-no es la definición de los problemas públicos, porque son cons-trucciones sociales y políticas de situaciones y hechos que afec-tan a un conjunto de ciudadanos, los mismos que deben pasar de una condición problemática (o de denuncia) a una definición estructurada del problema que permita su tratamiento y solución.

En sí, la manera de definir el problema (por ejemplo, la pobre-za puede ser definida como un problema de falta de igualdad de oportunidades económicas o como un problema de acceso a servicios básicos), establece los instrumentos, las opciones, los modos y los objetivos de la acción gubernamental. Al ser cons-trucciones lógicas de hechos sociales en los que intervienen va-lores y percepciones sociales de gestores públicos, ciudadanos y grupos sociales, la definición del problema se torna compleja y, muchas veces, mientras mayor es la discrepancia en la manera de definir el problema mayor es la intensidad y frecuencia de los conflictos.

En nuestro caso, existen una infinidad de ejemplos sobre la di-ficultad y las diferencias que se producen a la hora de la defini-ción de los problemas públicos: la privatización del agua (ley de servicio de agua potable) que produjo la “Guerra del agua” en Cochabamba, la política de exportación del gas generó un con-flicto de gran magnitud nacional, las autonomías que generó la movilización política de las regiones del oriente del país, la cons-trucción de la carretera por el TIPNIS que dio pie a la VIII marcha indígena, la ley municipal del transporte público que culminó en un paro de la ciudad de La Paz, etc.

La formulación de las políticas. Una vez definido el problema que será sujeto de una intervención pública, lo que sigue es la toma de decisiones de parte de la autoridad gubernamental. Estamos pues frente al proceso de selección de alternativas y de opciones para tomar determinadas decisiones de políticas. Aquí es deter-minante el examen que se realiza para optar por un determinado esquema o modelo de análisis de decisión que de alguna mane-ra caracterizará el estilo de decisión gubernamental. Los mode-los de decisión utilizados con mayor frecuencia son:

1) el modelo racional (o sinóptico) que considera a los decisores como sujetos que se comportan racionalmente maximizando be-neficios y minando costos, cuyas decisiones siguen un esquema racional de solución de problemas: determinan los objetivos, or-denan las prioridades y preferencias, las opciones de acción, el análisis de costos y beneficios, etc., se trata de un tipo de análi-sis de políticas que presupone un manejo de gran información y un control total de las consecuencias de cada acción; 2) el mode-lo de racionalidad limitada o análisis incremental, en respuesta al formato racional, propone un esquema más moderado y realista de la gestión gubernamental, más cuidadoso de las dificultades de contar con los suficientes recursos humanos y económicos y, más consciente del apremiante tiempo político para responder de manera inmediata a las urgentes demandas.

Es un método de decisión selectiva de políticas que sigue un pro-ceso sistemático de intervenciones graduales y sucesivas para

Este esquema considera que las decisiones son el resultado de acuerdos, desacuerdos y negocia-ciones en los que está inmersa una multiplicidad de actores que se en-cuentran en una interdependencia mutua.

Proceso de decisiones de políticas públicas

Agenda de Gobierno(identificar y definir

problemas)

Evaluación(balance del impacto

de las políticas)

Formulación de políticas

(decisión política y alternativas de

elección)

Implementación(puesta en marcha de

las decisiones)

and miosa 55

“salir del paso”. Este esquema considera que las decisiones son el resultado de acuerdos, desacuerdos y negociaciones en los que está inmersa una multiplicidad de actores que se encuentran en una interdependencia mutua. Estudios posteriores en el cam-po de las políticas públicas aportaron sugerentes perspectivas de análisis del proceso decisorio de políticas, como es: i) la otra racionalidad del análisis, que propone introducir en el análisis de políticas la tarea fundamental que tienen los gobernantes (deci-sores y operadores) de ofrecer razones, de explicar las decisio-nes asumidas y de persuadir a los demás a que la acepten, es un trabajo postdecisional (de “arte y artesanía”) de persuasión y convencimiento a través de argumentos y evidencias sobre la pertinencia y calidad de las políticas: ii) el análisis como proceso social, considera que en el análisis de políticas de lo que se trata es de crear problemas públicos que razonablemente puedan ser resueltos por los decisores públicos, es la incorporación de la práctica y el ejercicio de la factibilidad política en las decisiones, por tanto, es un recurso de aprendizaje social (de “pedagogía pública”) de las capacidades gubernamentales y sociales de lo que es posible hacer (resolver) en materia de políticas.

Por último, las decisiones de gobierno pueden ser analizadas de dos maneras: i) en función de su intervención y forma de resol-ver problemas, puede ser reactivo (como respuesta espontánea y tardía a las demandas y problemas surgidos) o anticipatorio (mediante la creación y manejo de problemas antes de que sean demandados); ii) de la manera como se relaciona con los ciu-dadanos para formular políticas, puede ser consensual (porque privilegia mecanismos de consulta, concertación y negociación) e impositivo (ya que las decisiones son impuestas de manera directa y rápida).

En nuestro caso, son casi inexistentes los estudios del proceso decisorio de políticas y la mayoría de la veces los análisis al respecto son desde afuera del gobierno. Sin embargo, podemos ver que las acciones gubernamentales siguen estilos de deci-sión casi reiterativos y, la mayoría de las veces, en función de las áreas de políticas, así por ejemplo, en el ámbito económico generalmente se circunscriben al modelo racional y siguen un formato más bien impositivo; en el caso de políticas sociales ma-yormente emplean el enfoque incremental siguiendo esquemas

consensuales; en el caso de políticas medioambientales son ma-yormente reactivos a los problemas que van surgiendo. Como se ve el análisis de decisión de políticas puede ser bastante útil, no solamente para estudiar los modelos de decisión del gobierno, sino, sobre todo, para mejorar el contenido de las decisiones gubernamentales y su capacidad de solucionar de problemas.

La implementación de las políticas. Es el proceso de poner en marcha las decisiones tomadas, de convertir las políticas (pla-nes, programas o proyectos) en una realidad efectiva. Es, por tanto, un conjunto de acciones ejecutadas para conseguir los efectos previstos. Constituye el espacio intermedio entre los ob-jetivos planificados y los resultados conseguidos. Dos enfoques sobresalen en la implementación de las políticas: 1) el enfoque de arriba-abajo (top down) que sigue una secuencia lineal y ra-cional apegado al funcionamiento de la estructura jerárquica de las organizaciones públicas, en el que los ejecutores (funciona-rios y operadores) siguen mecánicamente los objetivos tomados por los decisores; 2) el enfoque de abajo-arriba (botton-up) par-te del contexto sociopolítico en el que los operadores ponen en marcha las políticas, pone énfasis en la interacción que tienen los ejecutores con los beneficiarios y/o afectados, haciendo de la implementación un proceso de oportunidades y expectativas, de juegos de influencia y negociaciones en torno a la puesta en práctica de las políticas.

Como puede observarse la implementación tiene una dimen-sión política y organizativa, por lo que es ejecutada en medio de un conjunto de restricciones y contingencias que emanan de la propia burocracia y de la intervención de una red múltiple de ciudadanos y grupos sociales. Es la arena donde se contrasta la solidez de las decisiones gubernamentales con la disponibilidad de los beneficiarios (o afectados) a aceptarlas o rechazarlas.

En suma, es el inevitable encuentro conflictivo entre decisores y operadores con los ciudadanos. En el país, al igual que el aná-lisis del proceso decisorio, son casi inexistentes los estudios de la implementación. Sin embargo, constituyen un tema crucial del accionar gubernamental por el hecho de que un sinnúmero de políticas bien diseñadas (programas, proyectos o leyes) a pesar de contar con grandes recursos económicos naufragan. A ello contribuye la poca atención que le prestan en la formulación de políticas y al enfoque lineal (de arriba-abajo) que usualmente uti-lizan en la puesta en marcha de las políticas.

Ello puede apreciarse en un sinfín de políticas, así por ejemplo, en la política de industrialización, más allá de su diseño (acerta-do o erróneo) y de la buena voluntad presidencial, los principales

nes asumidas y de persuadir a los demás a que la acepten, es un trabajo postdecisional (de “arte y artesanía”) de persuasión y convencimiento a través de argumentos y evidencias sobre la pertinencia y calidad de las políticas: ii) el análisis como proceso social, considera que en el análisis de políticas de lo que se trata es de crear problemas públicos que razonablemente puedan ser resueltos por los decisores públicos, es la incorporación de la práctica y el ejercicio de la factibilidad política en las decisiones, por tanto, es un recurso de aprendizaje social (de “pedagogía pública”) de las capacidades gubernamentales y sociales de lo que es posible hacer (resolver) en materia de políticas.

Por último, las decisiones de gobierno pueden ser analizadas de

Esquema relacional de las decisiones de políticas

Ángel de la otra luz, Javier Fernández, acuarela 15 x 21 cm. 2012.

Análisis de arenas de políticas y conflictos

Múltiples interacciones y negociaciones de actores involucrados en las políticasImpacto de factores y arreglos institucionales en las políticas

and miosa56

obstáculos (de su lentitud) están en la implementación: por la gran cantidad de recursos económicos que se requiere, por la escasez de recursos humanos especializada, por los intereses económicos en el que están involucrados una gama de agen-tes económicos (nacionales e internacionales), por el precio del mercado internacional, por atolladeros burocráticos de las enti-dades responsables de la ejecución, etc. De la misma manera, en la política educativa, en particular la aplicación de la ley de educación “Avelino Siñani”, por la gran cantidad de sectores in-volucrados (sindicato de maestros, agrupaciones de padres de familia, ministerio de educación, gobernaciones, alcaldías, etc.) que intervienen en la implementación, su aplicación y cambios esperados son pesados y complejos.

De este modo, una mirada más atenta al proceso de implemen-tación, puede proporcionarnos elementos de aprendizaje para enmendar fracasos de políticas que como vimos, en su mayoría se deben a factores no previstos en la formulación de las políti-cas (disputas intergubernamentales, heterogeneidad de intere-ses, restricciones económicas, legales o culturales, indiferencia y, a veces, resistencia de los beneficiarios).

La evaluación. Constituye el momento “final” del ciclo de las po-líticas públicas ya que es la fase de verificación de los efectos, resultados e impactos de las políticas (como programa, proyecto o ley). Busca identificar y medir el éxito o fracaso de una inter-vención pública. Además de la generación de datos e informa-ción cuantitativa sobre los impactos alcanzados, explica porque los objetivos no fueron logrados y las causas de las diferencias entre las metas perseguidas y las metas alcanzadas.

Existen varios tipos de evaluación que generalmente dependen de los objetivos y las necesidades de los organismos públicos, que pueden ser para formular nuevas políticas, para conocer la implementación de políticas, para reformular, ajustar o, en su caso, para terminar con la política en curso. En la evaluación están presentes una diversidad de intereses debido a la utilidad que le pueda dar a la información producida los distintos actores involucrados (ya sea estatales, políticos o sociales), mientras que para algunos puede tener efectos positivos para otros pue-den resultar amenazantes y, en muchos casos, provocar cam-bios en las políticas o en sus responsables.

Por tanto, la utilidad de la evaluación es vital no solamente para los decisores públicos, sino, también, para el conjunto de los ac-tores involucrados en las políticas, porque es una herramienta de acumulación de datos y evidencias periódicas que permite, de vez en vez, dotar de un sentido de realidad a las buenas in-tenciones y al sentido común de los participantes. Como puede apreciarse en el ciclo descrito, las políticas no siguen necesa-riamente una secuencia lógica y racional, en los hechos, por su carácter contingente, están expuestas y sometidas a dinámicas políticas cambiantes, a la escasez de recursos económicos, a restricciones legales, a entornos culturales, entre otros, que con-dicionan su inicio y desarrollo. Sin embargo, como esquema de

análisis, permite una comprensión y descripción procesual de la formulación de políticas y su puesta en marcha.

Asimismo, revelan las arenas políticas de disputas y conflictos que se genera entre los actores políticos y sociales a la hora de definir e implementar las políticas. Estas no son la simple decisión (o la gran decisión) tomada por una autoridad ubicada en la jerarquía de un organismo público, sino que la mayoría de las veces son resultado de cooperaciones, desacuerdos y negociaciones, casi siempre tirantes, por los intereses en juego de los beneficiarios o las consecuencias que podrían sufrir los afectados. Convergen e interactúan fuerzas políticas y sociales en busca de sus intereses y ventajas. De esta manera, las decisiones de políticas públicas gubernamentales configuran arenas reales de poder que tienen su propia dinámica, estructura y proceso de desarrollo.

Finalmente, en la formulación de políticas, también cobran impor-tancia el peso de las instituciones y la cultura política. El diseño y los mecanismos institucionales del sistema político en lo que res-pecta al régimen político (si es presidencialista o parlamentario), el sistema de partidos (si este es predominante, bipartidista o mul-tipartidista), y el sistema electoral (en tanto define la conformación del poder legislativo), producen distintos formatos e incentivos de los actores gubernamentales políticos y sociales para participar en el proceso de las políticas. Por su parte, los imaginarios, los hábitos y las ideologías construidos, sin duda, le otorgan sentido a determinadas formas de ejercicio gubernamental, modos de parti-cipación social (activos o inactivos), prioridades de políticas en la agenda gubernamental y, a la manera de disentir y de concertar.

El análisis de la políticas en Bolivia

En el país la preocupación por la formulación de políticas públicas y su estudio no cobraron la importancia suficiente. A pesar que la disciplina de políticas públicas fue introducida en la década de los años 90, su desarrollo y práctica es aún lento e insuficiente.

Como puede apreciarse en el ciclo descrito, las políticas no siguen necesaria-mente una secuencia lógica y racional, en los hechos, por su carácter contin-gente, están expuestas y sometidas a dinámicas políticas cambiantes, a la escasez de recursos económicos, a restricciones legales, a entornos culturales, entre otros, que condicionan su inicio y desarrollo.

Enfoque de análisis de las políticas

Construcción de la agendaDefinición del

problema

Diseñode alternativas

de políticasEsquema de análisis de políticas

Análisis del logro efectivo de la políticaEstrategias de

ejecución

Estilos de decisión: reactivo, anticipativo, consensual, impositivo

Agendagubernamental

ImplementaciónDecisión

Formulaciónde la

política

and miosa 57

En el campo de la gestión gubernamental, como parte del pro-ceso de modernización y reforma estatal de décadas pasadas impulsado con el apoyo de la cooperación internacional (PRON-GOB, PRI), se introdujeron en algunas reparticiones públicas (ministerios de hacienda, presidencia, planificación, y entidades de impuestos, aduanas entre otros) herramientas de gestión y de políticas públicas orientadas a mejorar la eficiencia de la admi-nistración pública, los resultados de los programas y proyectos gubernamentales y la generación de una carrera administrativa en el sector público.

El desarrollo de la disciplina fue menor en el campo de las cien-cias sociales. Son pocas las investigaciones desarrolladas de manera sistemática sobre el proceso de políticas: el diseño, la hechura y la implementación. De manera particular en las ramas de la ciencia política, economía, sociología y otras, no fueron y no son su principal objeto de estudio. Pueden encontrarse traba-jos en los ministerios sectoriales, que en su mayoría son trabajos dispersos de consultoría orientados a evaluar los resultados de las políticas, o en los organismos de cooperación internacional donde existen trabajos desarrollados desde el enfoque de las políticas públicas. Sin embargo, en su mayoría los análisis se concentran en estudios cuantitativos del impacto y los resultados de las políticas, donde el peso de los datos estadísticos es prio-ritario para su abordaje.

A pesar de su escaso desarrollo su aporte fue importante para re-velar varios aspectos del manejo y desempeño gubernamental: que el gobierno (cobijado bajo la figura presidencial) es limitado, pero central para (re) distribuir poder, para dirigir el funciona-miento de la economía y para asignar recursos; que los recur-sos públicos son escasos y limitados para atender la infinidad de demandas y problemas sociales; que la economía, sus cuen-tas públicas y fiscales requieren un manejo racional y adecuado que van más allá de los deseos populistas; que las decisiones públicas, buenas o malas, tienen consecuencias políticas que refuerzan la adhesión popular o, por el contrario, generan costos políticos irreversibles; que la fuerza organizada de la ciudadanía es vital a la hora de tomar cualquier decisión y pública.

Recobrar y reestablecer la utilidad de las políticas públicas puede dotarnos de una observación suplementaria (de “segundo orden”) de la gestión gubernamental, que trascienda el accionar cotidia-no desde donde interactúan y procesan las políticas públicas los decisores, los actores políticos y sociales y, proporcione nuevos puntos de entrada y análisis para retroalimentar el proceso de formulación y puesta en marcha las políticas, en la perspectiva de dotar a los actores gubernamentales y políticos información y evidencias relevantes, capaces de producir conocimientos y vi-siones alternativas del proceso de las políticas en el país.

Pasantes, Javier Fernández, acuarela 31 x 41 cm. 2009.

and miosa58

…¿Qué están haciendo los poderes públicos? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué consecuencias tienen sus acciones sobre la reali-dad social?, son probablemente las cuestiones básicas de un plan-teamiento como el que estamos apuntando. Interesa, por tanto, todo aquello que, en palabras de Oye, los gobiernos eligen hacer o no hacer. Lo amplio de tal definición no deja de concretar algo. Interesan los actores y sus características políticas y organizati-vas, por ejemplo, no en ellos mismos, sino en su relación con la elaboración de la agenda de actuación de los poderes públicos, en su influencia en la toma de decisiones, o en su participación en la implementación y evaluación de esas políticas.

Es también este campo de análisis y estudio, el que permite con-siderar la importancia del concepto de gestión pública. El surgi-miento de este, para algunos, nuevo paradigma teórico, que pre-tende integrar técnicas gerenciales propias del sector privado, con las consideraciones específicas del sector público, como son las presencia de lógicas políticas que atraviesan el funcionamiento administrativo, y las conocidas dificultades para individualizar los “productos” de esa acción administrativa, o para identificar los pa-rámetros de rendimiento de esa misma acción, abre perspectivas interdisciplinares y de aplicación profesional muy importantes. La coincidencia de todos estos enfoques en la acción resulta revela-dora de una precaución por mejorar la capacidad de los poderes públicos de dar respuesta a los problemas colectivos. No a través de fórmulas o “recetas” realizadas con las más sofisticadas técni-cas o con los mejores deseos, sino a partir del análisis del proce-so, en continua evolución, de implementación de los programas públicos, entendiéndolos como procesos de aprendizaje social, de constante adaptación a un entorno cambiante, y con posibles re-consideraciones de objetivos y medios.

Desde este punto de vista, sin duda, uno de los instrumentos más potentes al servicio del gestor público, y del establecimiento de programas de actuación con posibilidades de éxito, que anticipen problemas, que refuerzan la necesidad de argumentación y per-suasión política, lo constituye el análisis de políticas públicas y sus batería de estudios de caso y técnicas específicas. Se trata de re-construir procesos de actuación de los poderes públicos. Se trata de examinar relaciones, alianzas y conflictos entre actores presen-tes en el proceso político objeto de análisis y las vías y formas de representación establecidas. Se trata de ver quién interviene en cada política concreta y con qué resultados. Los actores no son, por tanto, observados o analizados a partir de consideraciones ge-néricas sobre sus lógicas de actuación o su pertenencia formal a tal o cual corriente, tendencia o posición social, sino en relación a su concreta actuación en el desarrollo y materialización de un programa de acción determinado.

Cuando hablamos, por tanto, de “Política Pública”, nos estamos refiriendo a “procesos”, “decisiones” “resultados”, ...pero sin que ello excluya conflictos entre intereses presentes en cada momen-to, tensiones entre diferentes definiciones del problema a resolver, entre diferentes racionalidades organizativas y de acción, y entre diferentes baremos y perspectivas evaluadoras. Estamos pues ante un panorama lleno de “poderes” en conflicto, enfrentándose y colaborando ante opciones y cursos de acción específicos.”

Texto de Joan Subirats (1991) tomado de “Introducción” en Lindblom, Charles El proceso de elaboración de las políticas públicas, Miguel Ángel

Porrúa y MAP: México.

Joan Subirats es director del Instituto Universitario de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona.

BIBLIOGRAFÍA

• Aguilar Villanueva, Luis, comp.1992 El estudio de las políticas públicas. Miguel Angel Porrua, México. 1992 La hechura de las políticas públicas. Miguel Angel Porrua, México.

• Nafarrate Torres, Javier, 2004 Luhmann: la política como sistema. Fondo de Cultura Económica, Universidad Iberoame-ricana, Universidad Nacional Autónoma de México. México.

• Subirats, Joan,1992 Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración. Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid.

Finalmente, el análisis de políticas constituye una perspectiva suplementaria para el análisis político en el país porque propor-ciona instrumentos y metodologías sugerentes de observación para contribuir a una mirada renovada y más exhaustiva del sis-tema político, pero, sobre todo, del acto de gobernar y del pro-ceso de decisiones de políticas. El accionar del gobierno por su carácter gravitante en la dinámica del campo político y decisivo para intervenir en la resolución de demandas y asuntos públicos,

constituyen razones medulares para llamar su atención y des-pertar su interés teórico y práctico.

Luis Alberto García OrellanaCoordinador Adjunto del

Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD-Bolivia.

Análisis de Políticas Públicas

and miosa 59

INTRODUCCIÓN

El mercado de trabajo es un espacio por excelencia para la movilidad social. En este, los diferentes pro-cesos sociales y económicos estructuran, reprodu-cen o reducen desigualdades, tanto entre generacio-nes como también entre sectores. En nuestro país

la movilidad intergeneracional —entendida como el cambio del estatus social y de grupos ocupacionales entre padres e hijos— es todavía insuficiente, ya que cuatro de cada diez bolivianos y bolivianas, heredaran la categoría y el oficio de sus padres según datos estimados en el Informe sobre Desarrollo Humano 2010: “Los Cambios Detrás del Cambio”.

Asimismo, la movilidad intrageneracional, es decir cambiar de ca-tegoría y oficio en la vida laboral de una persona es todavía muy baja en nuestro país ya que también solo cuatro de cada diez tra-bajadores tienen la opción de cambiar de oficio en su vida, y solo un 29% de los casos se mueven hacia categorías ocupacionales con mejores remuneraciones y condiciones laborales. Esto refleja la limitada apertura de oportunidades dentro del mer-cado de trabajo boliviano donde además una gran mayoría de jóvenes —hombres y mujeres— heredan las desigualdades de sus padres a las cuales se suman, además, importantes brechas de ingresos, desigualdad de trato o paga salarial y segregación ocupacional (concentración en determinadas actividades u ofi-cios mal remunerados y de baja calidad).

Desde la perspectiva del desarrollo humano, la juventud es una etapa fundamental donde se fortalecen (o no) capacidades que definirán la inserción (o exclusión) en la vida productiva y social, así como la posibilidad de actuar protagónicamente en el desa-rrollo de un proyecto de vida propio y de un ideal de sociedad1.

El punto de partida sigue siendo las desigualdades que se per-petuán y se transmiten entre generaciones. En el caso de los jóvenes existe una fuerte desigualdad de oportunidades además de una alarmante contradicción entre la potencialidad del colec-tivo de jóvenes en el desarrollo y las oportunidades reales que el país les otorga para desarrollarlas. Ambos aspectos definen una realidad altamente heterogénea y compleja en Bolivia.

¿Quiénes son los jóvenes?

Bolivia tiene un rostro joven, según la proyección censal al 2010: seis de cada diez bolivianos son menores de 30 años. La pro-

porción de jóvenes entre 15 y 24 años en el área urbana es 73% (1.414.787 jóvenes) mientras que en área rural es 23% (526,684 jóvenes).

Una gran mayoría de los jóvenes trabajadores en nuestro país tienen una precaria inserción en la fuerza de trabajo, sobre todo aquellos entre 15 y 19 años que se insertan sin educación se-cundaria completa, son más propensos al desempleo y a em-plearse en trabajos de baja productividad y bajos salarios en la economía informal.

En particular, la inserción de los jóvenes en la economía infor-mal más que ser una elección racional de un joven es su única opción laboral y esta opción no solo tiene bajos ingresos; sino también escasos beneficios y una baja calidad en la experiencia laboral que marca toda su trayectoria laboral futura.

El primer empleo para la inmensa mayoría de jóvenes bolivia-nos no representa el peldaño inicial para una carrera laboral, por el contrario, este se convierte en el eslabón de una serie de empleos precarios, con pocas oportunidades y bajas remune-raciones. En Bolivia, muchos jóvenes tienen puntos de partida diferentes a la hora de entrar al mundo del trabajo; una vez más, la desigualdad más allá de la esfera del ingreso se traduce en pocas oportunidades y una trayectoria laboral desvalorada.

El primer empleo para la inmensa mayoría de jóvenes bolivianos no representa el peldaño inicial para una carrera laboral, por el con-trario, este se convierte en el eslabón de una serie de empleos precarios, con pocas oportu-nidades y bajas remuneraciones. En Bolivia, muchos jóvenes tienen puntos de partida diferentes a la hora de entrar al mun-do del trabajo; una vez más, la desigualdad más allá de la esfera del ingreso se traduce en pocas oportunidades y una trayectoria la-boral desvalorada.

María Daniela Sánchez

los jóvenes bolivianos en el mercado de trabajo

Entre las oportunidades heredadas y los proyectos de vida

and miosa60

Ambas historias de vida ilustran dos realidades que conviven en nuestro país. Jóvenes que por distintas razones empezaron su vida laboral a muy temprana edad pero con diferentes condicio-nes, oportunidades y resultados. Se estima que en nuestro país, la edad promedio de la primera experiencia laboral es 13 años mientras que en América Latina el promedio es 16 años2.

La inserción temprana y con baja capacitación marcan toda la trayectoria laboral de un joven en Bolivia. Los empleos precarios —generalmente en la economía informal— no tienen ningún tipo de prestación social y la acumulación de experiencia laboral es poco valorada y con altos riesgos de marginación social.

Veamos algunos datos:

La tasa de participación global de los jóvenes en la fuerza de trabajo muestra que existe una disparidad entre el área urbana y rural por tramos de edad. En el área rural 7 de cada 10 jóvenes (15 a 24 años) se insertan tempranamente a trabajar sobre todo en tareas agrarias y en la economía informal.

En el área urbana 3 de cada 10 jóvenes entre 15 y 17 años y casi 6 de cada 10 jóvenes entre 18 y 24 años están insertos en el mercado de trabajo. El primer y gran empleador de los jóvenes es la economía informal: en promedio 6 de cada 10 trabajadores y trabajadoras jóvenes en las áreas urbanas son trabajadores asalariados informales y trabajadores del sector familiar no re-munerado.

Por tramos de edad en el área urbana, existe una heterogenei-dad en la situación de los jóvenes:

• Siete de cada diez jóvenes entre 15 y 17 solo se dedican a estudiar y este porcentaje se reduce a 4 de cada 10 entre los jóvenes de 18 y 24 años.

• Existen 33 mil jóvenes entre 15 y 17 años que abandonaron la escuela y se dedican solamente a trabajar.

• Existen 71 mil jóvenes entre 15 y 17 años y 153 mil jóvenes entre 18 y 24 años que estudian y trabajan.

• Los “ni ni”: la mayor población de jóvenes que ni estudian ni trabajan se encuentran en el rango de 18 y 24, esto equivale a 141 mil personas.

Fuente: Entrevistas de trabajo de campo del IDH (2010) realizadas en las ciudades de La Paz y Santa Cruz en 2009 y 2010.

Tabla 1 - Tasa de Participación Global por área y tramos de edad (2008)

Fuente: Encuesta de Hogar – INE

Veamos dos historias de vida:

Área urbana Área rural Total

15-17 25,6 67,9 39,418-24 52,9 78,9 5925-29 76 86 78,630-44 86,4 89,5 87,345-64 79,8 89,7 83,6Total 69 84,8 73,8

[…]Estudiaba en la noche, por-que en el día era difícil ya que tienes que trabajar y a la vez estudiar al mismo tiempo hacien-do tareas, cuando puedes hacer, entonces tuve que estudiar en la noche […] me sentía vencido, me sentía cansado, me sentía aburri-do […] imagínese me tuve que in-dependizar a mis trece años, dije “mira, hucha” veía muchachos que sus padres les daban, no trabajaban, estudiaban bien, en-tonces yo tenía que rajarme para estudiar, entonces que macana, y que hago (Marco).

Marco tiene 30 años, es bachiller, vive en Villa Fátima en la ciudad de La Paz y es padre de 3 hijos.

Empezó a trabajar a sus tre-ce años y combinaba su tiempo trabajando y estudiando. Sus primeros trabajos fueron como ayudante de plomería, cerrajería, ayudante de construcción, pro-

motor y mensajero. Su primer y único empleador fue y es el mer-cado informal.

Hoy es empleado no calificado en una zapatería (informal) con 15 empleados, gana aproximada-mente 370 Bs. por semana y tra-baja entre 10 y 12 horas diarias.

Los fines de semana trabaja como chofer de un taxi y también hace trabajos de plomería.

En su poco tiempo libre, Marco asiste a una academia de música y tiene una orquesta con la que ocasionalmente tiene trabajos de animación.

Sus aspiraciones futuras incluyen comprar un taxi para trabajar in-dependientemente y consolidar su orquesta, también aspira a que sus hijos entren a la universidad y tengan una profesión.

Marco

Trabajo en la empresa de mi padre desde que tenía 16 años, […] Al principio tal vez no era tan profundo lo que aprendía no? más me dedicaba a estudiar, de lejos no más, cosas de antes por encimita pero ahora ya con el conocimiento que tengo de la universidad, con las cosas que estoy aprendiendo es algo más profundo lo que voy aprendiendo y usando en el negocio.

Juan tiene 22 años, es estudiante universitario de la ca-rrera de Ingeniería de una universidad privada y vive en la ciudad de Santa Cruz.

Empezó a trabajar a sus 16 años en la empresa familiar de importación de automóviles y fabricación de bate-rías.

Hoy cursa el tercer año de su carrera y trabaja medio tiempo en la empresa familiar.

En su tiempo libre, se dedica a los juegos en red y tam-bién trabaja en un proyecto de un grupo empresarial.

Su aspiración es expandir el negocio familiar e incursio-nar en la ganadería industrial.

Juan

and miosa 61

Una mirada crítica de los jóvenes

Según datos y percepciones recogidas en la Encuesta Nacional de la Adolescencia y Juventud (ENAJ -2008), los jóvenes en las áreas urbanas de Bolivia son optimistas frente al futuro pero críticos con su realidad laboral:

• 6 de cada 10 jóvenes cree que sí existe oportunidad en el país; 4 de cada 10 cree que no consigue un trabajo precisa-mente por ser joven.

• 9 de cada 10 cree que cuanto más joven se empieza a traba-jar se gana mayor experiencia pero la remuneración es muy baja.

• 7 de cada 10 cree que los jóvenes que tiene la oportunidad de dedicarse exclusivamente a estudiar tendrán mejores oportu-nidades en el futuro.

Una mirada a las condiciones de inserción laboral de los jóvenes en Bolivia nos muestra que existe una realidad compleja donde diferentes procesos sociales y económicos estructuran y repro-ducen desigualdades, tanto entre generaciones como también entre cohortes.

Un porcentaje importante de los jóvenes en Bolivia se ven obli-gados a trabajar desde temprana edad asumiendo responsabi-lidades en los negocios familiares o como empleados de terce-ras personas. Esta inserción conlleva sueldos ínfimos, falta de horarios de trabajo, y un difícil acceso a la educación. Además, los empleos precarios del sector informal, no tienen ningún tipo de prestación social y la acumulación de experiencia laboral es poco valorada desmotivando la capacitación y formación de los y las trabajadoras con altos riesgos de marginación social.

Es por tanto una prioridad de política pública focalizar y potenciar acciones y programas que mejoren las condiciones de inserción laboral de los jóvenes (incluyendo una educación que responda a la demanda laboral técnica) como una estrategia efectiva de reducción de la pobreza.

María Daniela SánchezInvestigadora de ODM/IDH

PNUD-Bolivia

Gráfico 1 - Caracterización jóvenes área urbana (2008)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta de Hogar - INE

Wak

a, J

avie

r Fe

rnán

dez,

acu

arel

a.

1 PNUD, 2004. Informe Nacional de Desarrollo humano de Panamá.2 CEPAL y OIJ, 2004. La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias.

Solo estudian Estudian y trabajan

Ni estudian ni trabajan

Solo trabajan

and miosa62

y ciudadaníaGuerrero, Javier Fernández, óleo 40 x 40 cm. 2008.

Álvaro Bello M.

Etnicidad

en América Latina, la acción colectiva de los pueblos indígenas

Álvaro Bello M.

en América Latina, la acción colectiva de los pueblos indígenas

INTRODUCCIÓN

En este texto se desarrolla una reflexión en torno a las impli-cancias que tiene la demanda y difusión de los derechos in-dígenas, dentro de los proce-

sos de transformación de la ciudadanía en América Latina en las últimas déca-das. Para explicar esta idea planteamos que existe un proceso de ampliación de la ciudadanía en nuestro continente como producto de la transformación de la comu-nidad política, en el sentido weberiano, en cuyos cimientos se encuentran las claves para la construcción de una nueva convi-vencia basada en la práctica y en la políti-ca de la interculturalidad.

La inclusión de la pluralidad y la hetero-geneidad cultural, manifestada a partir de las acción colectiva indígena, en el mar-co de una nueva ciudadanía (cultural y política) que interpela la eficacia y aún la legitimidad de los sistemas democráticos y del Estado para dar cuenta de la rea-lidad social en que se desenvuelven las sociedades latinoamericanas. Más que la búsqueda de un modelo abstracto de ciudadanía, lo que se requiere hoy es que los proyectos societales y políticos se ha-gan cargo de una realidad heredada del colonialismo y de los procesos de exclu-sión que le siguieron, donde la dimensión cultural ha formado parte de los clivajes fundamentales que conforman la subalter-nidad de los pueblos indígenas.

De esta manera, una primera aproxima-ción al problema de la etnicidad y la ciuda-danía se refiere a las diversas formas que tenemos de comprender las relaciones entre los pueblos indígenas, las socieda-des nacionales y el Estado en la actuali-dad. Al respecto, en las últimas décadas ha habido una larga discusión sobre cuál es el lugar que ocupan los pueblos indíge-nas en las sociedades nacionales, desde quienes vieron en los indígenas socieda-des enclaustradas en “regiones de refu-gio”, pasando por la idea de sociedades “profundas” opuestas a una “sociedad imaginaria”, hasta quienes han visto en los pueblos indígenas una prolongación de las masas proletarias y campesinas subordinadas al sistema económico na-cional. De hecho lo nacional, desde don-de emerge la reflexión de la ciudadanía, ha marcado la reflexión sobre el papel y el lugar de los indígenas dentro de la comu-nidad política. La reflexión más contem-poránea sobre las relaciones interétnicas e interculturales ha permitido ampliar las visiones sobre lo étnico, como discurso, representación y práctica, y sobre los

pueblos indígenas como sujetos y acto-res en contextos determinados. Se trata de un esfuerzo por comprender lo étnico de manera historizada, contextualizada y constructivista, y no solo desde esquemas y modelos predeterminados que impiden ver las relaciones, los intercambios, el conflicto y la transformación que han dado forma a las distintas maneras de produc-ción de los étnicos y su impacto en la es-cena política latinoamericana.

En este sentido, vale la pena seguir ex-plorando las visiones que incorporan en-foques que ponen el acento en las relacio-nes y en las interacciones y no en una idea abstracta, ideologizada y esencialista de lo indígena como si fuese algo puro. Como si hablar de los proyectos políticos indíge-nas fuese siempre un ejercicio que está en busca de una legitimidad utópica basada en una cultura prístina. Por el contrario, la complejidad de lo étnico no emerge de su capacidad por mantenerse a través del tiempo, como “cultura propia” o como “pro-yecto histórico” sino más bien en la capa-cidad de transformarse y adaptarse a los nuevos escenarios políticos, económicos y sociales a que se enfrenta, sobre todo hoy, en la era de la globalización.

Una perspectiva que permite entender mejor los procesos en que se desenvuel-ve la política de lo étnico es el de las rela-ciones interétnicas e interculturales, esta visión plantea una visión centrada en lo relacional, en el poder y en los procesos de influencia y construcción de las iden-tidades dentro de marcos y contextos es-tructurados.

LA INTERCULTURALIDAD EN LAS ESFERAS SOCIALES Y POLÍTICAS

La interculturalidad como enfoque y es-trategia socio-política ingresó en América Latina hace un par de décadas atrás de la mano de la educación, es en este cam-po donde se ha desarrollado con mayor dinamismo, sobre todo en cuanto a sus posibilidades como generadora de proce-sos de cambio en la llamada EIB y dentro del marco de las políticas del estado diri-gidas a los pueblos indígenas. Con la EIB la interculturalidad ha tenido una profunda vinculación a las corrientes de la educa-ción popular, la pedagogía del oprimido y las corrientes que buscan el cambio social teniendo como punto de partida la escuela y la comunidad. Desde el Estado, la inter-culturalidad ha sido objeto de instrumen-talización convirtiéndose más que en un proyecto de transformación en una suerte de rótulo de toda clase de políticas que apunten al ámbito de la diversidad cul-

tural. Pese a esta última tendencia, muy influyente en los programas sociales de la última década, la interculturalidad ha superado su propio marco de contención y hoy más que un enfoque o una meto-dología es, en primer lugar, una forma de mirar la realidad de nuestros países cru-zados por una diversidad cultural estruc-tural. Incluso se puede decir que frente a la evidencia empírica que representa la realidad culturalmente diversa de la mayor parte de los países de América Latina, la interculturalidad puede entenderse como una forma de comprender, pensar y orga-nizar nuestra realidad.

Indudablemente hay países o regiones donde esta evidencia es más clara que en otros y por lo tanto su estatus y sus alcances son distintos. Las diferencias que existen entre uno y otro nos hablan del carácter del Estado, de las dinámicas sociales inter-nas, del peso político de los movimientos sociales indígenas y sin duda, aunque este no debiera ser un elemento tan cen-tral, del peso demográfico de quienes “re-presentan la diferencia”1.

La trascendencia de la interculturalidad hacia las esferas de lo social y lo políti-co, o más bien el reconocimiento de que la interculturalidad debe ser un hecho que involucre la cuestión de la convivencia so-cial en su conjunto, pasa necesariamente por pensar en una redefinición del carácter

El silencio del tiempo, Javier Fernández, acuarela 76 x 56 cm. 2011.

and miosa 65

de la comunidad política, su construcción y mantención, entendiendo la comunidad política como la constitución de un ámbito o dominio que permite mantener la cohe-sión de una comunidad frente a otra. Por lo mismo, la comunidad política no es solo una comunidad de necesidades (económi-cas), o de intereses únicamente instrumen-tales, sino que también una comunidad de pertenencia o, como se decía antiguamen-te, de destino común, forjada desde la im-posición, construida desde arriba, por un grupo específico de la sociedad o a partir de un consenso activo y hegemónico. Ello ha dado como resultado la existencia de distintas formas de comunidad política, o de ámbitos o dominios, donde la más co-nocida y difundida es la del Estado-nación.

Pero una comunidad política no se sus-tenta por si sola sino que a partir de un tejido social cohesionado y estable, al menos eso es lo que plantea la teoría. La realización de la comunidad política solo es posible a partir de la existencia de pro-cesos hegemónicos de inclusión y per-tenencia de los sujetos a ella. Es la idea o el sentimiento de inclusión el que le da legitimidad a dicha comunidad y es esta legitimidad la que le otorga eficacia para mantenerse a través del tiempo. Como lo han indicado algunos autores (Stavenha-gen 2001, 2002), la idea de estado-nación contiene por si misma dicha condición de legitimidad: la de ciudadanía como for-ma de inclusión en la comunidad política. Desde el siglo XIX la ciudadanía ha sido la principal forma de integración e inclusión de los sujetos en la comunidad política de los países latinoamericanos.

Pero la ciudadanía, como la comunidad política, ha estado en permanente cambio y si en un primer momento era una dádiva o concesión del estado a los sujetos in-

dividuales, posteriormente se transformó en un derecho. La ciudadanía como modo de inclusión y pertenencia a la comunidad política ha pasado del republicanismo, la pertenencia a una entidad política y socio-lógica, concretada en el nacionalismo, a una comunidad de derechos reconocidos por el estado en su dimensión político in-dividual, a otra de carácter individual-co-lectivo. Tres fases o generaciones, la del reconocimiento de los ciudadanos a tra-vés de los derechos civiles, primero, la de los derechos políticos, luego, y la del reco-nocimiento y realización de los derechos económicos, sociales y culturales (Ho-penhayn 2001), que incluyen derechos de carácter colectivo, o que no pueden reali-zarse plenamente si no es a través de un reconocimiento del carácter colectivo de derechos aparentemente individuales.2

Por tanto, la ciudadanía, tal como la cono-cemos hoy, precisa ampliarse hasta ám-bitos que antes se creía eran de carácter privado o que debían estar en un lugar subordinado en la jerarquía de derechos. Pero la ampliación de la ciudadanía no pasa por un mero deseo, ella debe ocurrir a condición de que los actores políticos y sociales logren catalizar los conflictos so-ciales derivados de las restricciones ac-tuales de la pertenencia y la inclusividad ciudadana a través de la reconstrucción de una comunidad política y un sistema democrático más abierto a las nuevas condiciones que presenta hoy la matriz socio-política de los países latinoamerica-nos (Garretón 2002).

Esto ocurre porque no solo ha cambiado el carácter de los derechos que legitiman la pertenencia ciudadana a una comuni-dad política, en América Latina la acción colectiva de los pueblos indígenas ha demostrado que esta ampliación se está

produciendo porque los sujetos no son pasivos titulares de derechos sino sujetos activos que exigen ser titulares tanto de los derechos universalmente reconocidos como también de un conjunto de derechos específicos (Bello 2004; Revilla 2005). Estos derechos, conocidos actualmente como “derechos indígenas”, cuentan con un estándar específico en la jurisdicción internacional, se trata de derechos exigi-bles y realizables y no de meras conquis-tas simbólicas (Anaya 2005), dentro de un marco internacional validado y legitimado por organismos internacionales, Naciones Unidas y la OIT, entre otros.

Esta exigencia de un modo distinto, di-verso o diferenciado de pertenencia, en proceso creciente de ser sancionado por un marco internacional de derechos, vali-dado por los estados a través de reformas legales y reconocimientos constituciona-les, constituye una parte fundamental de aquello que se conoce como “construc-ción de la ciudadanía desde abajo”. Por esto es que hoy en día es posible hablar de estados plurales, pluriétnicos, multicul-turales o plurinacionales. Si bien hay que distinguir entre el reconocimiento formal, que es en si un generador de realidades y cambios, y las prácticas sociales intercul-turales concretas que no concuerdan ne-cesariamente con la presencia o ausencia de reconocimientos legales.

De este modo, el sentido de pertenencia, de ciudadanía, a una comunidad política está cambiando y por lo mismo transfor-mando el sentido mismo de la comunidad política que hasta ahora han impuesto los grupos hegemónicos. En la medida que la comunidad política de muchos países está profundamente marcada por las re-laciones interculturales la ciudadanía en-cuentra la necesidad de ampliarse para incluir el pluralismo cultural y los derechos de los pueblos indígenas.

Pero cuál es el sentido de esta transfor-mación. La ampliación de la ciudadanía o la construcción de ciudadanías diferen-ciadas no es solo una reacción frente a la diversidad cultural presente en la socie-dad y emergente en el espacio público, es una necesidad en tanto que la nueva comunidad política no puede ser viable si la dimensión sociocultural no tiene un reflejo en la construcción del Estado y en el desarrollo de la democracia y la gober-nabilidad. Así lo señalan los recientes In-formes de Desarrollo Humano del PNUD en Guatemala (2005) y Bolivia (2004). De este modo, una sociedad diversa en térmi-nos étnico-culturales como la guatemalte-ca, requiere también un estado que refleje

Tarde de luz, Javier Fernández, acuarela.

and miosa66

e incorpore en lo profundo esa plurarlidad, señala el informe de Guatemala (PNUD 2005: 291), y esto porque su realización en el estado es la demostración última de la legitimidad de la diferencias y de la búsqueda de una verdadera equidad para lograr una igualdad compleja.

LA INTERCULTURALIDAD Y EL MULTICULTURALISMO EN EL PROCESO CIUDADANIZADOR

En este juego de transformaciones es fácil caer en una lógica voluntarista y retórica si no se consideran las condiciones para que la interculturalidad no sea solo un enfoque sino más bien parte de una praxis política transformadora del estado y las relaciones sociales, y aquí es donde no da lo mismo la interculturalidad que la multiculturalidad pues si bien ambas abordan el problema de la convivencia intercultural se diferen-cian en el énfasis de los cambios que se requieren para enfrentar los problemas de la diversidad cultural y en el lugar que am-bas otorgan a las relaciones de poder, a la subordinación y el papel de los grupos hegemónicos en la reproducción de las desigualdades.

La ausencia de un análisis mayor sobre estos procesos es lo que permite que en algunos países sea posible hablar de mul-ticulturalismo o de diversidad cultural sin que ello afecte las estructuras y mecanis-mos de dominación basados en la cultu-ra y las diferencias identitarias. Mientras el multiculturalismo, en su versión liberal, busca abordar las diferencias culturales a través del reconocimiento simple y la tolerancia, sin afectar los mecanismos que producen desigualdades, la intercul-turalidad aspira a transformar dichos me-canismos a través del desarrollo de una ciudadanía diferenciada.3 Mientras el mul-ticulturalismo en algunos países aspira a transformarse en una versión renovada del paradigma de la aculturación, un neo-indigenismo, la interculturalidad busca la valorización de las diferencias culturales otorgándoles un lugar central dentro de las nuevas formas de convivencia políti-ca.4

Mientras el multiculturalismo es una res-puesta al “problema de los migrantes” como es el caso de los países europeos por ejemplo,5 la interculturalidad asume la diversidad que genera la migración como un hecho valorable, que contribuye al

enriquecimiento social y cultural de una nación y que debe estar sujeto al cumpli-miento de derechos.La diferencia fundamental entre los dos conceptos reside en que la interculturali-dad, se refiere al contacto o relación entre culturas diferentes y es ante todo, como señalan Albó y Barrios (2006), la relación entre personas y grupos de personas con identidades culturales distintas, la inter-culturalidad, agregan los autores, “incluye también las relaciones y actitudes de es-tas mismas personas con referencia a ele-mentos de otras culturas; y, a un nivel ul-terior más abstracto, las comparaciones y combinaciones entre dos o más sistemas culturales” (Albó y Barrios 2006: 51). En esta misma línea Bartolomé señala que la interculturalidad debe ser entendida “como la puesta en relación de miembros de diferentes culturas, así como a los me-canismos sociales necesarios para lograr una comunicación eficiente, sin que nin-guno de los participantes se vea obligado a renunciar a su singularidad para lograr-lo” (Bartolomé 2006: 124).

A estas perspectivas que definen lo que caracteriza a las relaciones interculturales, se debe agregar la idea de una “intercul-

La ú

ltim

a se

nda,

Jav

ier

Fern

ánde

z, a

cuar

ela

31

x 4

1 c

m. 1

99

4.

and miosa 67

turalidad en acción”, esto es un concepto y un ethos que pretende transformar las relaciones de desigualdad derivadas de las diferencias culturales. Al ocuparse de las relaciones sociales, la interculturalidad aborda las condiciones, los mecanismos y las estructuras que están en su base y que permiten la reproducción de las des-igualdades derivadas de la cultura en las esferas económicas, políticas y sociales. Las relaciones entre culturas son el pro-ducto de construcciones sociales desarro-lladas a lo largo del tiempo, naturalizadas a través de un habitus productor de creen-cias y disposiciones profundas y articula-das por relaciones económicas y políticas en las que prevalecen o se manifiestan re-laciones de subordinación, discriminación, racismo o exclusión.

Aunque algunos autores han señalado la posibilidad de superar las desigualdades derivadas de la cultura a través de una lógica dialógica (Parekh 2000) o a través del reconocimiento de la dignidad del otro (Taylor 2001), lo cierto es que las relacio-nes interculturales no se dan en un plano ideal donde los sujetos sociales concurran de manera voluntaria a la resolución o re-conocimiento moral de las desigualdades. Por el contrario, el diálogo intercultural está contaminado por una “indescifrable

jerarquización de una cultura sobre otra”, señala Cardoso de Oliveira (1998:36-39). Dichas jerarquizaciones se dan a partir de relaciones de clase y de procesos histó-ricos de racialización que circulan a tra-vés de estas. Desde este punto de vista se reconoce que el diálogo intercultural no borra por si mismo las desigualdades existentes entre el polo dominante y el polo subordinado de la relación pero hace consciente a los actores del escenario en que se mueven ambos e impulsa la pro-moción de prácticas tangiblemente demo-cráticas y no solo discursivas o retóricas.En definitiva, la interculturalidad no es solo el acto de reconocimiento de un “otro” como distinto sino el proceso de activo re-conocimiento de su legitimidad como dis-tinto. La relación intercultural meditada y planificada en el contexto de la educación, por ejemplo, pretende un diálogo no coer-citivo. El diálogo intercultural requiere del consentimiento y la aceptación mutua de la relación y no de una imposición afirma-da en la creencia de que la sola relación o contacto provocará efectos positivos o benéficos para el otro. Este fue uno de los propósitos de la “asimilación planificada” contenida en el indigenismo de Estado, que creía que el solo contacto con la “cul-tura mayor” era un beneficio para los pue-blos indígenas.

Pese a todo esto en algunos contextos la interculturalidad sigue siendo entendi-da como un instrumento de dominación, es decir se le vincula más al carácter que tiene el multiculturalismo en sus versio-nes más básicas que busca mejorar la eficiencia del estado ahí donde la cultura es vista como un obstáculo. Es como si algunos Estados o programas guberna-mentales, conscientes de la potencia del discurso intercultural, han buscado desa-rrollar versiones más livianas o inocuas de la interculturalidad, de suerte tal que los enfoques utilizados en algunos casos en el campo de la salud y la educación son visualizados por algunos actores como estrategias para evadir los problemas de fondo que plantean las diferencias cultu-rales. El historiador mapuche Pablo Ma-rimám, por ejemplo, señala que el para-digma de la interculturalidad que sustenta la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y el Ministerio de Pla-nificación (MIDEPLAN), ambos organis-mos de gobierno, si bien se basa en los procesos culturales e identitarios que son propios de cada pueblo, [...] no asumen causalidades en el comportamiento de las relaciones y a veces solo se quedan con el fenómeno de la diferencias sin situar-los en una dinámica histórica y menos en una relación de poder donde se distinguen

Habitantes, Javier Fernández, acuarela 76 x 106 cm. 2004.

and miosa68

dominadores y subordinados generando condiciones de desigualdad. Esto evi-dentemente trae aparejado algunos fenó-menos prácticos. Se puede plantear inter culturizar la educación o la salud, pero el poder es una cuestión que queda de lado.

Y agrega que: En el actual indigenismo chileno, especialmente de aquel centrado en las tesis de etnodesarrollo que ven a los Mapuche como una minoría étnica y no como un pueblo colonizado, las varia-bles de interculturalidad aplicadas en la política pública, especialmente en los ám-bitos de la educación y la salud, no dimen-sionan el fenómeno del poder, es decir, de lo que llaman la participación política en la toma de decisiones (Mariman 2006).

En Chile las políticas interculturales son definidas en cuanto a la implementación de políticas sociales con “pertinencia cul-tural”, es decir que incorporan elementos o formas propias de la cultura indígena tradicional. Estas políticas están dirigidas solo a la población indígena en zonas “de alta concentración indígena”. De esta ma-nera, la interculturalidad en los programas sociales chilenos se articula en torno al carácter formal de la cultura y no las re-laciones sociales desiguales mediadas por la cultura. Asimismo, lo intercultural se diluye en una estrategia que no incor-pora como sujeto de la política a los no-indígenas, siendo más bien una estrategia de tipo monocultural o indigenista, que si bien valora y releva al actor indígena y su cultura hace desaparecer el carácter rela-cional de la dinámica intercultural.

De esta manera, queda claro que no se puede confundir la interculturalidad como enfoque y estrategia para la transforma-ción social con las perspectivas vincula-das a las políticas públicas, ambas pue-den coincidir pero no necesariamente son lo mismo. Si la interculturalidad se entien-de más allá de sus posibilidades descrip-tivas, empíricas y formales, como un pro-yecto liberador que busca transformar las desigualdades sociales derivadas de las diferencias culturales, las políticas públi-cas están muy lejos de ser realmente in-terculturales y más bien buscan incorporar la cultura como una variable de eficiencia y desempeño.

CIUDADANÍA, INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS INDÍGENAS

Por otro lado, la ciudadanía, como hemos dicho, en su sentido más tradicional, alu-de al sentido de pertenencia de los sujetos y grupos sociales a una comunidad polí-tica, organizada a través de un Estado y

una nación territorial. Bajo esta fórmula, se ha identificado no solo con la perte-nencia sino que también con una lealtad al Estado (nacional) (Stavenhagen 2001). De esta manera, el nacionalismo identifi-cado con el estado se ha constituido en una fórmula de inclusión ciudadana que excluye, por ser totalizadora, otras formas de inclusión distintas no definidas en fun-ción del Estado nacional. Las corrientes más recientes han rebatido esta postura planteando que la ciudadanía es hoy, por sobre todo, un sentido de pertenencia re-lacionado con un conjunto de derechos, formas de inclusión y participación que desbordan los ámbitos políticos y cívicos, ampliándose hacia la cultura y la econo-mía (Hopenhayn 2001). De esta manera, surge la necesidad de redefinir lo que has-ta ahora ha sido la forma de interpelación entre individuo y estado para pensar en el grupo como sujeto social interpelado y titular de derechos y deberes. Pero esta nueva relación trae consigo, sin embargo, la tensión entre la autonomía individual y grupal frente al Estado pues lo que está en juego no es simplemente una sumato-ria de nuevos derechos sino que la posibi-lidad que derechos de distinta naturaleza y alcances convivan de manera simultá-nea sin entrar en conflicto.

En el contexto de este debate, la ciudada-nía ha sido definida como la “titularidad de derechos” que busca ser ampliada en pos de una mayor participación, basada en la diferencia, la interculturalidad y el multi-culturalismo (CEPAL 2000). Una parte de esta tarea ya esta siendo realizada por los propios pueblos indígenas, mediante la búsqueda del reconocimiento, la resti-

tución y la participación. Lo concreto, es la evidencia que los pueblos indígenas, constituidos como actores sociales, a tra-vés de su acción colectiva, están partici-pando activamente en la construcción de las nuevas formas de comprender y vivir la comunidad política del futuro. A partir de esto es necesario dejar en claro que para construir sociedades más participativas y solidarias no basta un estado garante de derechos, es igualmente necesario contar con actores sociales que se preocupen por los diversos aspectos del desarrollo y por la ampliación de espacios deliberati-vos en los que se pueda concertar acuer-dos y tomar decisiones que incidan en la vida de la comunidad. Más ciudadanía significa, en este sentido, más sociedad: una comunidad de personas que no se restringe a sus actividades privadas, sino que además concurren en el espacio y el debate público para participar en proyec-tos y en decisiones compartidas (CEPAL 2000: 65).

Las definiciones actuales de la ciudadanía incorporan mayores niveles y formas de in-clusividad, con base en el reconocimiento y participación política, económica social y cultural de los diferentes actores (Hopen-hayn 2002; también Velasco 2006). Entre los pueblos indígenas, este proceso se construye a través de una acción colecti-va basada en la etnicidad (Bello 2004). En Bolivia y Ecuador por ejemplo, la estrate-gia de la etnicidad ha adquirido un carác-ter que podríamos denominar “nacional”, y ha incluido la formación de organizacio-nes políticas, partidos y sindicatos que lu-chan por un espacio en la arena política, en la democracia electoral o incluso en la

Alegría y llanto, Marizol Soliz, óleo sobre lienzo 30 x 40 cm.

Identidades (detalle), Javier Fernández, acuarela 56 x 76 cm. 2011.

and miosa 69

reforma al estado, como ocurre en el caso de la constituyente en Bolivia.

En otros contextos, sin embargo, la lucha política de los indígenas apenas se expre-sa en la visibilización de sus demandas o bien se aprecia a través de estallidos de violencia y ruptura sistemática de las rela-ciones entre los actores. De este modo, la ciudadanización de la que hablamos no es empíricamente homogénea en términos de su desarrollo, ni siquiera responde a los mismos principios, demandas y objetivos cuando se le analiza por país. Asimismo resulta claro que muchas de las demandas indígenas aparecen atrapadas por un in-comprensible “utopismo moral” que difícil-mente puede resolver la ecuación entre la disponibilidad de medios y fines políticos, lo que aleja las posibilidades de negocia-ción y dialogo con otros actores.

Como hemos dicho, la mirada a la ciuda-danía diferenciada pasa necesariamente por la necesidad de entender el desarrollo actual de la democracia y la comunidad política para desde ahí analizar los dife-rentes procesos de inclusión/exclusión de los pueblos indígenas de América Latina, atendiendo a la heterogeneidad de los es-cenarios y circunstancias en que se está produciendo. Esta mirada permite mostrar que la existencia de un proceso de ciuda-danización como este no implica que los problemas fundamentales que aquejan a los pueblos indígenas de la región estén solucionados o, incluso, en vías de ser so-lucionados. Por el contrario, los procesos de inclusión ciudadana indígena se presen-tan en varios países de la región como con-flictos latentes o manifiestos debido a una

serie de factores históricos, sociales y cul-turales que impiden una estabilización o un consenso. Con esto no estamos diciendo que la ciudadanización indígena sea inhe-rentemente conflictiva, los conflictos, como señala Melucci (1999), son una fase, que puede ser recurrente o aflorar en determi-nadas circunstancias debido a diferentes factores y contextos. Aún en sociedades que pretenden alcanzar altos grados de consenso el conflicto es inevitable puesto que una sociedad plural debe aceptar que existen divergencias o formas diversas de entender la ciudadanía (Mouffe 1997).

Los procesos de inclusión ciudadana de los pueblos indígenas adquieren una ma-yor complejidad porque constituidos en entidades colectivas y en actores socia-les desean ser reconocidos a partir de la diferencia o con base a sus identidades sociales, y desde ahí reivindican recursos como tierra y agua, autonomía, derechos colectivos y la apertura de mecanismos de participación en la vida nacional. Es común que se haga la separación entre demandas étnicas y demandas de clase para definir el criterio y los significados con que los sujetos negocian con el esta-do, ¿pero a qué se refieren las demandas étnicas en concreto? ¿Forman un ámbito aparte de las demandas de clase? Las demandas étnicas operan en el plano material y simbólico, conjugan eventos y agravios presentes y pasados articulados en torno a la condición étnica del grupo y configurado con relación al estado u otros actores como responsables finales de esas demandas. Las demandas étni-cas se expresan a través de un discurso que integra los distintos niveles señalados

y opera, frecuentemente, sobre la base de la simbolización étnica. Las demandas étnicas no están despegadas o apartadas de las llamadas demandas de clase, por el contrario muchas veces se confunden o aparecen plenamente integradas. Lo que hace el discurso de las demandas étnicas es resemantizar, en sus propios códigos, las luchas y demandas “tradicionales” otorgándoles nuevos significados. El dis-curso étnico del territorio, por ejemplo, es una clara muestra de la integración y re-semantización de la antigua demanda por tierra, solo que ahora la tierra a partir del discurso del territorio cobra un significado socio-cultural y no exclusivamente econó-mico.

Las demandas de los pueblos indígenas interpelan y cuestionan las formas en que se han expresado las relaciones sociales estructurales entre ellos, el estado y las sociedades nacionales, pero esta interpe-lación se manifiesta no solo en el nivel de las grandes movilizaciones o los grandes movimientos sociales sino que son una expresión concreta de la forma en que se expresan las relaciones en la cotidianidad. Sobre este punto, Garretón (2002: 17) se-ñala que a partir de la transformación de la matriz sociopolítica en América Latina, los sujetos sociales ya no demandan ciuda-danía solo al estado, “hoy día se generan campos o espacios en que la gente hace el equivalente o la analogía con la ciuda-danía”, es decir exigen derechos pero no solo frente al Estado, como el derecho a la identidad o los derechos colectivos en general. En todo caso diferimos en parte de esta afirmación pues aunque es claro que existe una “etapa difusa” en estas nue-vas formas de demandar ciudadanía tarde o temprano estas terminan siendo deman-dadas al estado, incluso las demandas por el reconocimiento de las identidades, otra cosa es si los estados están dispuestos a reconocer tal tipo de demandas bajo el ar-gumento jurídico liberal de la primacía de los derechos individuales.

De este modo, la ciudadanía se ha trans-formado en un campo posible para el pro-cesamiento colectivo de nuevos proyectos societales como la afirmación de la dife-rencia, la promoción de la igualdad y la búsqueda autónoma de ser sujeto político para una realización más justa de los de-rechos económicos, sociales y culturales (Hopenhayn 2002).

No obstante, la realización de una ciu-dadanía ampliada en América Latina y el Caribe, tal como la demandan los pueblos indígenas, está ligada a una serie de fac-tores básicos como la consolidación y rea-

Cazadores de la luz, Javier Fernández, acuarela 31 x 41 cm. 1997.

and miosa70

lización plena de los derechos civiles y po-líticos de las personas y el reconocimiento y respeto de sus derechos económicos, sociales y culturales (CEPAL 2000a). Los pueblos indígenas exigen además el re-conocimiento de derechos colectivos, también llamados de tercera generación, como son el derecho a la identidad y a la autodeterminación, cuestión que en algu-nos países parece difícil de resolver pero que está ahí para ser atendida y analiza-da. Pero la formulación y resolución de las demandas indígenas en la actualidad se encuentran trabadas por factores económi-cos, como el creciente aumento de las in-equidades y brechas económico-sociales, así como por la crisis de gobernabilidad de los sistemas políticos y las democracias de la región, lo que en algunos casos puede estar alejando las posibilidades de una mayor inclusión ciudadana de los pueblos indígenas (CEPAL 2000: 39-42).

Pero además los factores de carácter cultu-ral e histórico como la negación y la discri-minación de grupos indígenas al interior de las sociedades nacionales siguen teniendo un peso específico dentro de la dinámica en que se mueve la acción colectiva indígena. Paradójicamente la mayor difusión y visibi-lización de los pueblos indígenas en el es-pacio público está produciendo en algunos contextos mayores grados de segregación o rechazo de parte de algunos sectores ha-cia los pueblos indígenas, esto se debe en parte a la falta de sistemas normativos que regulen lo que las declaraciones, leyes o reformas constitucionales han instituido de manera formal. También se debe a la falsa dicotomía entre la igualdad universalista y el reconocimiento de derechos de grupo, la discusión actual en el seno del liberalismo está demostrando que ambas cosas no son incompatibles sino que por el contrario pue-den ayudar a profundizar la democracia y la participación así como a darle un nuevo giro a la comunidad política y la ciudadanía.

Desde la perspectiva indígena, se trata de un proceso que vincula la ciudadanía con nuevas formas de pertenencia e integra-ción a la comunidad. Una ampliación de la ciudadanía implica el avance hacia ámbi-tos que hasta hace algunas décadas atrás parecían vedados debido a la existencia de concepciones estáticas de ciudadanía donde el Estado era (y aún lo es en térmi-nos formales) el que otorga derechos de ciudadanía y donde los depositarios son los individuos sobre los cuales rigen nor-mas universalistas.

Hoy en día existe una mayor claridad res-pecto de la evolución y las transformacio-nes de la comunidad política y aunque no

existe consenso de cuáles son los alcan-ces de estas transformaciones es claro que ellas están impactando no solo a las nociones filosóficas de la ciudadanía sino que a la forma en que los sujetos entien-den su pertenencia e inclusión. Todo ello supone cambios para los sistemas políti-cos, el Estado y el marco de derechos que regula relación entre individuos y grupos con el Estado (Ansión 2007; Bello 2004, 2006, 2008; Kymlicka 2006, Kymlicka y Norman 2007; Linklater 1998).

De esta manera, nos encontraríamos en una etapa de transición donde la idea abs-tracta que solo imagina individuos frente al Estado está dando paso a ciudada-nos plurales que basan sus identidades y demandas en nociones colectivas y de grupo. Esto es reconocido incluso por las perspectivas liberales, especialmente por

las más progresistas o de corte “comuni-taristas”. Así Kymlicka y Norman señalan que: “La ciudadanía no es simplemente un status legal definido por un conjunto de derechos y responsabilidades. Es también una identidad, la expresión de la pertenen-cia a una comunidad política” (Kymlicka y Norman 2007: 17-18).

En determinadas condiciones y contex-tos los derechos de las personas, y sobre todo derechos específicos, no se pueden ejercer si no es a través del reconocimien-to de derechos colectivos o grupales. Se trata de derechos con un fuerte acento en lo social, en la conformación de sistemas de vida, que se refieren a la relación entre sujetos pertenecientes a una misma cate-goría social/económica/cultural, como son por ejemplo las de migrantes, mujeres, jóvenes, indígenas u otras formas de ads-

En la

s al

tura

s, Ja

vier

Fer

nánd

ez, a

cuar

ela

41

x 3

1 c

m. 2

01

1.

and miosa 71

cripción o agregación. Al respecto Kymlic-ka y Norman señalan:

“Con el tiempo ha resultado claro, sin embargo, qué grupos —negros, mujeres, pueblos aborígenes, minorías étnicas y religiosas, homosexuales y lesbianas— todavía se sienten excluidos de la “cultura compartida”, pese a poseer los derechos comunes propios de la ciudadanía. Los miembros de tales grupos se sienten ex-cluidos no solo a causa de su situación socioeconómica sino también como con-secuencia de su identidad sociocultural: su “diferencia”. (Kymlicka y Norman 2007: 18).

De esta manera, a medida que el Estado y la sociedad se han transformado, tam-

bién lo han hecho las formas de pertenen-cia que han transitado desde el reconoci-miento de los derechos civiles y políticos a los derechos económicos, sociales y culturales. Donde el depositario de dere-chos no es solo el individuo sino también el grupo, el colectivo o la comunidad; y donde los principios universalistas, como la igualdad, deben compenetrarse con el particularismo y la diferencia.

PALABRAS FINALES

En resumen, la acción colectiva indígena manifestada a través del desarrollo de amplios movimientos sociales, protestas y discursos indígenas que reafirman el derecho a la diferencia cultural, el acceso preferencial a bienes simbólicos y reales,

está imponiendo nuevos retos al Estado, a la conformación de la comunidad polí-tica y las normas y principios que regulan la inclusión y participación de los pueblos indígenas en los sistemas políticos, lo que ha surgido en las últimas dos décadas es un “nueva soberanía” dentro del marco de los denominados Estados-nacionales. Se trata de una soberanía intercultural, es decir, una forma de legitimidad e inclusión ciudadana basada en el reconocimiento de la diversidad y la diferencia, así como de los derechos y deberes derivados de este reconocimiento. Lo que aún parece faltar, sin embargo, es una mayor integra-ción y diálogo intercultural. Pese a la per-sistencia y solidez de los movimientos in-dígenas, la sociedad no indígena muchas veces parecen ciega, pasivas y sordas, en el mejor de los casos, o bien es resistente, negadora y discriminadora en el peor de los casos.

Por otra parte, salvo el caso de Bolivia, y Ecuador en menor medida, lo que más se ha desarrollado de este proceso en Amé-rica Latina es, además del debate y la dis-cusión teórica, conceptual y política, un conjunto de ideas fuerza, de perspectivas y de promesas, a veces retóricas de una comunidad política y un Estado distinto, pero este debate está lejos de penetrar en un nivel de profundidad mayor las estruc-turas de poder, la relaciones sociales y por supuesto el entramado que estructura los Estados y las formas de participación y re-presentación política.

Álvaro Bello M. Universidad Católica de Temuco (UCT).

Correo electrónico: abellom@uct.cl.

Las aceras, Javier Fernández, acuarela 50 x 65 cm. 2011.

1 La Constitución mexicana atribuye el carácter pluricultural de la nación mexi-cana al “aporte” de los pueblos indígenas: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aque-llos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.” (Artículo 2 de la Constitución). Con esto se traslada el carácter pluricultural a otros, a los diferentes, y no a la sociedad en su conjunto. La nación por tanto solo sería diversa con la existencia de los pueblos indígenas.

2 El derecho a la identidad social o a hablar un idioma, por ejemplo, no pueden realizarse solo de manera individual puesto que su existencia depende de un colectivo y de las interaccione sociales que “producen” los contenidos de dicho derecho.

3 Nos referimos por cierto al multiculturalismo normativo derivado de la propuesta liberal (Bello 2004: 194-199). También Zizek (1997) ha planteado sus sospechas acerca de los verdaderos alcances del multiculturalismo liberal. No obstante es necesario reconocer que existen diversas corrientes de multiculturalismo, una de ellas, es la desarrollada por el norteamericano Peter McLaren y denominada por el mismo como “multiculturalismo crítico” se acerca de manera distinta al fenóme-no de la multiculturalidad. Sobre este punto véase Williamson (2004).

4 Para algunos autores, el multiculturalismo normativo está lejos de ser la solución a los problemas de las sociedades diversas o plurales pues consideran que el multiculturalismo no es otra cosa que el maquillaje cultural del neoliberalismo, su “coartada cultural” (Vázquez 2003: 51). El multiculturalismo, según esta crítica sería un criterio de desempeño para el liberalismo económico, una forma de hacer más eficientes las reformas económicas que afectan a las grandes mayo-rías y a los sectores más excluidos, buscando el compromiso de los sujetos o una mínima respuesta positiva a los cambios y transformaciones que se están operando. Asimismo, en América Latina, el multiculturalismo sería una respuesta retórica del estado y los grupos de poder frente a los levantamientos, rebeliones, movilizaciones, desacuerdos, demandas y malestares manifestados por los indí-genas y sus organizaciones.

5 Algunos Estados “hacen la distinción entre nacionales y extranjeros, en virtud de la cual solo tienen plenitud identitaria (etnoculturalidad) y solo pueden disfrutar plenamente su condición de ciudadanos sujetos de derecho los que poseen la nacionalidad” señala Exeberría (2000: 120).

and miosa72

BIBLIOGRAFÍA• Albó, Xavier y Franz Barrios S. (2006), Por una Bolivia plurinacional e

intercultural con autonomías, La Paz, Documento de Trabajo, Informe Nacional de Desarrollo Humano en Bolivia, PNUD.

• Anaya, S. James (2005), Los pueblos indígenas en el Derecho Interna-cional, Madrid, Trotta, Universidad Internacional de Andalucía.

• Ansión, J. 2007. La interculturalidad y lo desafíos de una nueva forma de interculturalidad. En J. Ansión y F. Tubino (eds.), Educar en ciuda-danía intercultural. Temuco-Lima: Universidad de La Frontera, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.

• Barreno, L. 2003. Educación superior indígena en América Latina, En UNESCO-IESALC (comp.), La educación superior indígena en América Latina, Caracas, UNESCO-IESALC.

• Bartolomé, Miguel Alberto (2006), Procesos interculturales. Antropolo-gía política del pluralismo cultural en América Latina, México, Siglo XXI.

• Bello, A. 2004. Etnicidad y ciudadanía en América Latina, la acción co-lectiva de los pueblos indígenas. Santiago de Chile: CEPAL-GTZ.

• Diversidad cultural y políticas públicas para una Educación Superior inclusiva en Chile y América Latina, Revista ISSES No. 5, Fundación Equitas, Santiago, 2009.

• Ciudadanía y derechos indígenas en América Latina. En CELADE, Pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe: información sociodemográfica para políticas y programas. Santiago de Chile: CEPAL. 2006

• Ciudadanía intercultural en América Latina: la búsqueda de un marco conceptual. En S. Alfaro, J. Ansión y F. Tubino (eds.), Ciudadanía inter-cultural, conceptos y pedagogías desde América Latina. Lima: Fondo Editorial PUCP. 2008

• Brunner, J.J. 2006. Mercados universitarios: Ideas, Instrumentaciones y Seis Tesis en Conclusión. Proyecto FONDECYT N°1050138: Educa-ción Superior Universitaria 1990-2004: Mercado y Regulaciones. Ma-nuscrito.

• Cardoso de Oliveira, Roberto (1998), Etnicidad, eticidad y globalización, en Miguel A. Bartolomé y Alicia Barabas (coord.), Autonomías étnicas y Estados nacionales, México, INAH/CONACULTA. Pp. 36-39.

• CEPAL (2000), Equidad, desarrollo y ciudadanía, Santiago de Chile, CEPAL.

• Etxeberria, Xabier (2000), La ética de la diferencia, Bilbao, Universidad de Deusto.

• Fundación Equitas (2008), Número monográfico, Datos para el debate, en Revista ISEES-Inclusión Social y Equidad en la Educación Superior, No. 1, Marzo.

• Garretón, Manuel Antonio (2002), La transformación de la acción colec-tiva en América Latina, en Revista de la CEPAL No. 76, pp. 7-24.

• Hopenhayn, Martín (2001), Viejas y nuevas formas de la ciudadanía, en Revista de la CEPAL No. 73, pp. 117-128.

• Hopenhayn, Martín (2002), Ciudadanía descentrada en tiempos de glo-balización, en Marco Antonio Calderón; Willem Assies y Ton Salman (comps.), Ciudadanía, cultura política y reforma del Estado en América Latina, Zamora, El Colegio de Michoacán, IFE Estatal.

• Kymlicka, Will. 1996. Ciudadanía multicultural. Buenos Aires, Barcelo-na: Paidós.

• Kymlicka, W. y W. Norman. 1997. El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción reciente en teoría de la ciudadanía. Ágora, No. 7. 5-42.

• Linklater, Andrew. 1998. The Transformation of Political Community. Co-lumbia: University of South Carolina Press.

• López, L.E. y G. Machaca. 2008. Acceso indígena a la educación supe-rior en Chile y Perú: un desafío para las políticas de equidad. Revista IESS, Inclusión Social y Equidad en la Educación Superior No. 2. 13-62.

• López, L.E., R. Moya y E. Hamel. 2007. Las universidades indígenas interculturales en América Latina y el Caribe.

• López, Luís Enrique (2007), Diversidad cultural, multilingüismo y rein-vención de la educación intercultural bilingüe en América Latina, en T. Durán, D. Catriquir y A. Hernández (comp.) Patrimonio cultural mapun-che. Derechos culturales y patrimonio educacional mapunche, Vol. II,

Temuco, Editorial Universidad Católica de Temuco.

• Marimán, Pablo (2006), Planteamientos de autonomía mapuche, en Az-kintuwe, 11 de diciembre.

• Mato, D. 2008. Diversidad cultural e interculturalidad en educación superior. Problemas, retos, oportunidades y experiencias en Améri-ca Latina. En D. Mato (ed.), Diversidad Cultural e interculturalidad en educación superior. Experiencias en América Latina. Bogotá: IESALC-UNESCO.

• Melucci, Alberto (1999), Acción colectiva, vida cotidiana y democracia, México, El Colegio de México.

• Mignolo, W. (2003), Historias locales/ diseños globales. Colonidad, co-nocimientos subalternos y pensamiento fronterizo, España, AKAL.

• Montoya, R. 2008. Ausencia de culturas indígenas en la educación pe-ruana. Revista IESS, Inclusión Social y Equidad en la Educación Supe-rior No. 2. 119-132.

• Mouffe, Chantal (1997), Liberalismo, pluralismo y ciudadanía democrá-tica, México, Ensayos 2, IFE.

• Naciones Unidas. 2005. Los derechos humanos y las cuestiones indí-genas. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Sta-venhagen, E/CN.4/2005/88. 6 de enero de 2005, Comisión de Derechos Humanos.

• Naciones Unidas. 2007. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, A/RES/61/295, 10 de diciembre de 2007, Asamblea General.

• Parekh, Bhikhu (2000), Rethinking multiculturalism; cultural diversity and political theory, Cambridge, Mass., Harvard University Press.

• PNUD (2004), Interculturalismo y globalización. La Bolivia posible, In-forme Nacional de Desarrollo Humano, La Paz, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

• PNUD (2005), Diversidad étnico-cultural y desarrollo humano: La ciu-dadanía en un Estado Plural: Informe Nacional de Desarrollo Humano, Guatemala, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

• Quijano, A. 2004. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América La-tina, en R. Pajuelo y P. Sandoval (comps.), Globalización y diversidad Cultural, Lima, IEP.

• Revilla, Marisa (2005), Propuesta para un análisis del movimiento indí-gena como movimiento social, en Política y Sociedad, Vol. 42, No. 2, pp. 49-62.

• Santo, Boaventura de Sousa (sin fecha), Nuestra América. Reinven-tando un paradigma subalterno de reconocimiento y redistribución, en: http://www.ariadnatucma.com.ar/view.php?id=59&type=article

• SITEAL. 2007. Informe sobre tendencias sociales y educativas en Amé-rica Latina, Buenos Aires, UNESCO, IIPE-UNESCO, OEI.

• Stavenhagen, Rodolfo (2000), Conflictos étnicos y estado nacional, México, Siglo XXI/UNRISD.

• Stavenhagen, Rodolfo (2001), La cuestión étnica, México, El Colegio de México.

• Taylor, Charles (2001), El multiculturalismo y la “política del reconoci-miento”, México, Fondo de Cultura Económica.

• Tilly, Charles (2005), Identities, boundaries and social ties, Boulder-London, Paradigm Publisher.

• Vázquez, Luis (2003), Construcción y deconstrucción de los pueblos indígenas bajo el nuevo espíritu del capitalismo, en Memoria Nº 170, pp. 49-54.

• Velasco, Juan Carlos (2006), La noción republicana de ciudadanía y la diversidad cultural, en Revista ISEGORÍA No. 33, pp. 191-206.

• Williamson, Guillermo (2004), ¿Educación multicultural, educación in-tercultural bilingüe, educación indígena o educación intercultural?, en Cuadernos Interculturales, julio-diciembre, vol. 2, número 003, Univer-sidad de Valparaíso, Viña del Mar, pp. 23-34.

• Zizek, Slavoj (1997), Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalis-mo multinacional, en: http://es.geocities.com/zizekencastellano/artMul-ticult.htm

and miosa 73

Idón Moisés Chivi Vargas

¿de dónde viene? ¿dónde estamos? ¿qué nos falta?

del E

stad

o

Flautas en la Sombra, Gustavo del Río, grabado s/metal 30 x 39 cm.

¿de dónde viene? ¿dónde estamos? ¿qué nos falta?

¿De dónde viene?

Los estudios sobre el “colonialismo interno” desarro-llados por Pablo Gonzales Casanova para el caso mexicano (1969) fueron tratados con anterioridad por Fausto Reynaga (sesenta y setenta), y posteriormente en 1969 por Silvia Rivera, María Eugenia Choque, Car-

los Mamani, Esteban Ticona, Tomas Huanca, Ramón Conde(†), Reynaldo Conde(†), Roberto Choque, Marcelo Fernández, entre otros miembros del Taller de Historia Oral Andina (THOA) que impulsaron dos vertientes políticas: una Katarista, vía sindicato campesino (Silvia Rivera y Esteban Ticona) y otra el movimiento de autoridades originarias (Carlos Mamani y María Eugenia Cho-que), en ambos casos la historia les dio la razón, tanto el movi-miento campesino como el de autoridades originarias lograron consolidarse como proyectos políticos de largo aliento.

Por otro lado, los estudios sobre “descolonización” de estos mis-mos autores, son en cambio, escasos al momento de abordar las cuestiones prácticas de la academia y la política, por ello Silvia Rivera, María Eugenia Choque, Carlos Mamani, y Esteban Tico-na, a través de diversos trabajos nos hacen ver la riqueza epis-temológica de la descolonización, que partiendo de la historia se extiende hasta las ciencias sociales. En ese sentido la expe-riencia del Taller de Historia Oral Andina (THOA), es invaluable en emprendimientos académicos desde la historia, pasando por la antropología, la sociología, hasta desembocar en el Derecho.

Con ese potencial epistemológico es imposible no pensar en re-sultados políticos, pues sabemos que desde 1993 Silvia Rivera, anunciaba de cuando en cuando, lo que hoy se vive en Bolivia: un gobierno indígena.

Carlos Mamani y María Eugenia Choque partiendo de la reconsti-tución del Ayllu, perfilaban la idea de un gobierno de autoridades originarias, gobierno de Mallkus y Hilakatas. Así la construcción académica con acción política verán sus resultados el 2005, hoy seguimos ese proceso de construcción entre academia y política.

Desde los ochenta los campesinos (Federaciones Departamen-tales de Campesinos y Confederación Nacional), los originarios (Consejo de Ayllus de Jach’a Carangas en Oruro, Federación de Ayllus del Sur de Oruro, Federación de Ayllus del Norte Poto-sí; Federación de Ayllus de la Provincia Ingavi en La Paz entre otros) y los indígenas agrupados en la Central de Indígenas del Oriente Boliviano, han visibilizado un horizonte de poder, asen-tado en sus mismas organizaciones, sin intermediarios extraños a su propia memoria política.

Si vemos con atención la historia democrática de Bolivia, pero particularmente aquella que hace a la historia de las relaciones entre mineros y campesinos, podremos visibilizar rápidamente que la derrota estratégica de la “Marcha Minera por la Vida y la Dignidad” del año 1986 se convertiría en el reto —estratégico también— para que los campesinos sean la vía para la toma del poder, y no la izquierda partidaria, o mirando más atrás, encon-trar en noviembre de 1979 —periodo al cual René Zavaleta le dedica todo un libro— como el momento constitutivo de la de-mocracia ampliada, donde el horizonte simbólico de la toma del poder se encuentra en las masas campesinas. O tal vez partien-do del momento de mayor crisis del sindicalismo minero en el año 1989, explicarnos el proceso de acumulación política en la memoria corta de campesinos, originarios e indígenas que hoy descubren los anuncios de ese año, como el horizonte político del Pachakuti.

Los años 1986, 1989 y 1992 constituyen ciclos políticos de ase-dio al neoliberalismo en el mundo de la construcción discursiva, pero no solo ello, constituyen también el tiempo donde la estrate-gia guerrillera cede su paso a las tácticas democráticas, tal como lo atestiguan documentos políticos que circularon entre los años previos a la constitución del MAS (véase por ejemplo al EGTK, CNPZ, MRTA, FAL, Zarate Willca, todos estos últimos ensayos de estrategia guerrillera convocadas por el fracaso como factumhistórico).

Desde el 2000 Bolivia ingresa en un periodo de aceleración de la crisis política y el propio neoliberalismo entra en agotamien-to social y devaluación en su legitimidad, producto entre otras cosas del incumplimiento económico, la corrupción del sistema de pasanaku en la composición de los gobiernos, quienes con un 30%, o menos, se hacían de la silla presidencial en base a acuerdos poco honrosos para la democracia y definitivamente lejos del voto popular.

Desde el 2000 Bolivia ingresa en un periodo de aceleración de la crisis política y el propio neoliberalismo entra en agotamiento social y devaluación en su legitimidad, producto entre otras cosas del incumplimiento económico, la corrupción del sistema de pasanaku en la composición de los gobiernos, quienes con un 30% o menos inclusive se hacían de la silla presidencial en base a acuerdos poco honro-sos con la democracia y definitivamente lejos del voto popular.

Merlín, Gustavo del Río, grabado s/metal 18 x 15 cm.

and miosa 75

Eran los tiempos en que el movimiento campesino, por el lado de Felipe Quispe, Alejo Veliz y Evo Morales, intuía la toma del po-der. El asedio al neoliberalismo ya había adquirido consistencia de programa político.

El lado de la Autoridades Originarias del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo, donde, desde el 2001, ya la des-colonización era la referencia central para el planteamiento de la Asamblea Constituyente.

La marcha por la Asamblea Constituyente el 2002, logrará que esta demanda entre en la agenda de política pública, su rea-lización material era inevitable. Se vino la crisis general, que arrancando en febrero de 2003 concluirá en octubre con la ex-pulsión de Sánchez de Lozada y la huida de su gabinete hacia los EE.UU, no sin antes provocar casi un centenar de muertos.El 2004, con Carlos Mesa en el gobierno, se abrirá un intenso debate sobre la caracterización del país y la naturaleza política de la Asamblea Constituyente, donde ya el tiempo era propicio para la reflexión teórica, Félix Cárdenas escribe en el Juguete

Rabioso, De la Bolivia Colonial a la Asamblea Constituyente. Por mi parte publiqué, Nacionalidades Indígenas y Asamblea Consti-tuyente, documentos en que se denuncia, de modo explícito, que el problema principal de nuestras sociedades latinoamericanas es el colonialismo interno, y que la descolonización es su solu-ción. Ya se anunciaba en ese contexto la descolonización de la Constitución Política del Estado.

El 2004 – 2005 son los tiempos de consolidación política para lograr la victoria democrática en las urnas y así se lo hizo.El 2006 se elaboran sendos documentos preparatorios para la Asamblea Constituyente y la inauguración de la misma se da el 6 de agosto del mismo año.

El 2007 la Asamblea Constituyente recién inicia su trabajo, debi-do a las trabas colocadas por la oposición en la elaboración del reglamento de debates y los dos tercios como escenario demo-crático general.

Ciertamente la palabra descolonización circulará en todos estos escenarios, mas no como categoría de sustancia constitucional, sino como referencia directa a las formas del poder en manos indígenas, de hecho, la enorme cantidad de reflexiones teóricas sobre cómo gobernar desde el poder indio, se resumirá en la palabra descolonización.

Descolonización de la educación, descolonización de la histo-ria, descolonización del Estado, como diría Félix Cárdenas en su discurso del 9 de marzo de 2007 en la Asamblea Constituyente, durante la presentación de la Visión de País de las 16 fuerzas partidarias.

Ciertamente la palabra descolonización circu-lará en todos estos escenarios, mas no como categoría de sustancia constitucional, sino como referencia directa a las formas del po-der en manos indígenas, de hecho, la enorme cantidad de reflexiones teóricas sobre el cómo gobernar desde el poder indio, se resumirá en la palabra descolonización.

El bar cubano, Gustavo del Río, óleo s/lienzo.

and miosa76

Será en este preciso momento de la historia, que la palabra des-colonización adquiere sustancia política constitucional, y pasará de las ciencias sociales a la Constitución Política, se convertirá en una función esencial del Estado.

Será el momento en que el esfuerzo del Presidente Evo Morales, para consolidar el concepto de descolonización como eje políti-co de su aparato discursivo logrará su propia victoria.

Fue el Presidente Evo Morales quien desde el 2006 va inci-diendo en la idea de descolonización como fórmula política del proceso de cambio, en efecto, si hacemos un recorrido de su desplazamiento discursivo, en la inauguración de la Asamblea Constituyente señaló que, En Bolivia la Asamblea Constituyente iba a descolonizar el derecho y nacionalizar la justicia, el 6 de agosto de 2006, en la Asamblea General de las Naciones Uni-das, señalo también que en Bolivia la Asamblea Constituyente, estaba descolonizando el derecho para nacionalizar la justicia.El 2007 al celebrar el primer año de la Asamblea Constituyente, el Presidente Evo Morales volvió a insistir con la misma idea, y pasó a consolidar el mensaje en varias escenarios instituciona-les: gestión pública (el Plan Nacional de Desarrollo, por ejem-plo), la gestión municipal, la transparencia institucional y la lucha anticorrupción, la revalorización de la cultura y la identidad en los matrimonios colectivos, la eliminación del burocratismo en el ser-vicio público, y una infinidad de ocasiones donde el Presidente realiza incidencia con el concepto.

Por su lado el entonces Ministro de Educación Félix Patzi (2006-2007) al mismo tiempo que se desarrollaba la Asamblea Consti-tuyente, iniciaba un plan nacional de diálogo sobre la nueva “Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, con un concepto clave: Descolonización de la Educación.

Sin duda, la descolonización ya había logrado densidad política que atravesaba los umbrales de las iglesias, ponía en cuestiona-miento el orden colonial racista y patriarcal y, al hacerlo, propo-nía un nuevo modelo educativo, igualitario y democrático entre indígenas y no indígenas, entre hombres y mujeres.

Intuitivamente al inicio, pero académicamente al mismo tiempo, la descolonización exigía un nivel cada vez más preciso de expli-cación, ello sucedía no siempre en las aulas universitarias, sino, y casi por lo general, en la fuerza de la movilización, pues, los años 2007 y 2008 fueron, no hay duda alguna, el tiempo don-de el orden colonial se expresaba con toda su nitidez y toda su violencia. La agresión racista a los constituyentes indígenas en Sucre durante los años 2006 y 2007, la arremetida racista en Cochabamba en enero de 2007, la agresión al mercado campe-sino en Tarija en noviembre de 2007, la constante persecución a los collas (migrantes de los departamentos de Oruro, La Paz, Chuquisaca, Cochabamba y Potosí) en Santa Cruz, Beni y Pan-do durante el 2007 y 2008, y que culminó con el genocidio en su versión de masacre sangrienta en “El Porvenir” en septiembre de 2008, constituyen los momentos de mayor arrebato racista en contra de los collas y los indios.

Enero de 2009, en el Congreso Orgánico del MAS en Oruro, se determina la creación de un Ministerio sin cartera de Descoloni-zación, para “[…] desmontar el viejo esquema liberal capitalista1.Toda la historia del concepto y su materialidad nos muestra y pone en evidencia que el eje de convergencia analítico para lle-gar a donde se llegó fue la crítica al orden colonial del sistema capitalista y de su envase económico neoliberal.

¿Dónde estamos?

Veamos, desde el 2006, los Ministerios de Justicia, Salud, Edu-cación, Presidencia y Gobierno, han incorporado diseños institu-cionales encaminados a la descolonización de sus respectivos campos de acción, Viceministerio de Justicia Comunitaria (hoy Justicia Indígena Originaria Campesina), Viceministerio de Salud Tradicional y ahí mismo el Programa de Salud Familiar Comuni-taria Intercultural (SAFCI), Viceministerio de Educación Intercul-tural, Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales, y el Viceministerio de Defensa Social, respectivamente, constitu-yen un primer esfuerzo estatal, para la generación de proyectos, programas y políticas estratégicas de proyección descolonizado-ra, y lo han hecho, aunque no lo crean las almas agoreras.

El 2006 también, la Prefectura de Oruro (hoy Gobernación) de-sarrolló un proceso de planificación departamental, en base a la tecnología de la Chakana y la lógica territorial de los Suyus Indí-gena Originarios, como un primer ejercicio nacional de su uso en planificación del desarrollo desde una perspectiva local.

El 2009 se crea el Viceministerio de Descolonización con atribu-ciones especificas en la descolonización y he aquí la novedad,

El Joven Alemán, Gustavo del Río, grabado s/metal 50 x 40 cm.

and miosa 77

se incluye la despatriarcalización como parte de la institucionali-dad estatal (Jefatura de Unidad desde el 4 de agosto del 2010), esto no existe en ninguna parte de América Latina y no lo habrá si es que este Estado en su proceso de Descolonización no lo impulsa hacia todo el continente.

El 2010 nace el Viceministerio de Planificación Estratégica, don-de la descolonización de la planificación y la construcción es-tratégica de la economía plural encuentra su punto económico en las cuestiones prácticas que hacen al horizonte estatal en la descolonización y el Vivir Bien (cfr. Art. 49 inc. b, del Decreto de Organización del Órgano Ejecutivo).

El 2010 ya se tiene resultados específicos de la descoloniza-ción del saber y las practicas institucionales en el Banco Central de Bolivia, en el CENCAP de la Contraloría General del Estado Plurinacional, y en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP).

Entre el 2010 y el 2011, las Gobernaciones de Sucre, Tarija y Cochabamba incorporan institucionalidad descolonizadora, una Jefatura de Área y una Dirección Provisional respectivamente, en camino se encuentran Oruro, La Paz y Potosí.

En el sistema judicial, se ha iniciado el debate sobre la Descolo-nización del Derecho, los saberes y prácticas institucionales en su máximo nivel, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional han incorporado la Academia para la Descolonización de la Jurisprudencia Constitucional. A su vez la Facultad de Derecho de la Universidad Técnica de Oruro, ini-cia un programa piloto de transformación curricular, no solo para reemplazar el viejo tronco liberal de la formación del abogado, anclado en civil y penal (propio del siglo XIX), sino sustituirlo por Constitucional y Derechos Humanos, además de un serio cuestionamiento al contenido colonial y androcéntrico de la doc-trina y la teoría del Derecho, la Vicepresidencia ha encarado una serie de reflexiones sobre la Descolonización y la Despatriarcali-zación, Pensando el mundo desde Bolivia se llama el programa y constituye el mejor ejemplo de la descolonización y la despa-triarcalización del conocimiento universal, con búsquedas para cuestiones prácticas en la esfera de la gestión pública.

En la Universidad Militar, se ha incorporado desde el 2009 la materia de Tiwanacología, como eje transversal de la doctrina y formación castrense, aquí conviene detenerse, en la experien-

cia castrense, gran parte de su formación proviene del modelo euro-anglocéntrico, es decir de un modelo cuya base se llama despojo, muerte y saqueo, tal cual se desarrolló en Europa. Al contrario en estas tierras, el modelo de formación militar, si así se puede llamar convencionalmente a la cuestión, se sustentaba en la producción y la vida, es decir, en base a las reglas de la Madre tierra, la Pachamama.

Si vemos las cuestiones desde las relaciones internacionales, conviene destacar que la Descolonización del Estado desde el Estado, ha tocado las puertas de América Latina, y lo ha hecho de manera impresionante, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), tiene en su seno al Consejo de Ministros de Cultura y Culturas, (Perú y Colombia en singular, mientras que Bolivia y Ecuador en plural), el ALBA y el UNASUR constituyen un campo de consensos, donde la descolonización adquiere políticas públi-cas ya no como actividades y proyectos de buena voluntad, sino como un programa regional para enfrentar a la institucionalidad y las políticas públicas coloniales en su forma neoliberal.

Para octubre de 2011, se promulga el Decreto Supremo N° 1005, donde se declara el 12 de Octubre como Día de la Descoloniza-ción, decreto que además genera obligatoriedad del Órgano Eje-cutivo para elaborar un anteproyecto de Ley de políticas públicas descolonizadoras.

Por su parte el Viceministerio de Descolonización, la Vicepresi-dencia del Estado Plurinacional y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, han abierto el foro político para la Descolonización de la Gestión Pública, que funciona desde diciembre de 2011.Finalmente, el Municipio de Cercado en Cochabamba, ha creado recientemente en la Casa de las Culturas, el Departamento de Diversidad Cultural, Interculturalidad y Descolonización. Siendo el primer modelo en este nivel intermedio de ejercicio de po-der y un modelo de construcción institucional que puede servir a Bioculturas como un parámetro para medir las intensidades estatales en su preocupación por dotarse de un nuevo diseño institucional.

En aplicación de la Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez, las Es-cuelas de Formación de Maestros, han incorporado, al menos en los casos de Oruro y La Paz, Departamentos de Descoloniza-ción, como parte de su estructura institucional.

Carnaval, Gustavo del Río, óleo s/lienzo 120 x 180 cm. Celebración Gustavo del Río, óleo s/lienzo 100 x 180 cm.

and miosa78

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes: Viceministerio de Descolonización.

• Vamos a descolonizar el Estado desde el Estado: Me-moria política del Viceministerio de Descolonización(2010-2011) 2011 La Paz: Fundación Friedrich Ebert. (Idón Chivi – Cecilia Quiroga Coord.).

• Políticas públicas, Descolonización y Despatriarcaliza-ción en Bolivia Estado Plurinacional: Horizontes emanci-patorios de la gestión pública en el proceso de cambio. La Paz 2011 Viceministerio de Descolonización – Centro de Promoción de la Mujer “Gregoria Apaza”. Chivi Var-gas, Idón Moisés (Coord.).

¿Qué nos falta?

Responder una pregunta, la fundamental para toda la Desco-lonización del Estado desde el Estado, es: ¿Cómo funciona y cómo se reproduce el colonialismo en la formulación de políticas públicas, el desarrollo normativo y los proyectos de vida, es decir cómo hacemos que el poder, el saber y el ser sean descoloniza-dos desde el ámbito de competencias del Estado?

Poder, derecho, verdad, son entonces el eje de transformación del Estado, constituyen la materia prima con la cual, la desco-lonización tiene que tropezar constantemente, es algo que no se puede evadir, sino asumir como un campo de tensiones y de lucha, un campo que nos oferta los mecanismos para enfrentar exitosamente a eso que los teóricos llaman los caminos de la biopolítica.

Transformar las técnicas y tácticas de dominación colonial del Estado para transformarlas en técnicas y tácticas de convivencia social y de dignificación de la condición humana (no importando el sexo ) es el mensaje de fondo para una estrategia política descolonizadora.

Sería bueno convencernos políticamente que los artículos que van del 15 al 20, son la obligación primera y principal para todo servidor público, juez, maestro, policía, legislador o Presidente.

No en vano se denominan Derechos Fundamentales, debiera entendérselos como obligaciones fundamentales del Estado.Bolivia tiene un horizonte de expansión política que no puede desperdiciarse, los tiempos políticos tienen cada uno su minuto de arranque y su minuto de cierre, esos tiempos se agotan cada día que pasa, y no podemos quedar en un silencio bastante pa-recido a la estupidez.

El continente entero tiene cifrada sus esperanzas en nuestra re-volución, una de las más profundas del siglo XXI.

Idón Moisés Chivi Vargas, Abogado Director General de Estudios y Proyectos. Viceministerio de

Gestión Comunicacional. Ministerio de Comunicación.

1 Resolución Nª 008/09, Oruro, 11 de enero del 2009. VII Congreso Nacional del MAS – IPSP.

El viento, Gustavo del Río, grabado s/metal 20 x 30 cm.

and miosa 79

conversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversaciones

conversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversaciones

conversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversaciones

1. ¿Cuáles serían, a su juicio, las similitudes y las diferen-cias entre el marco legal para derechos indígenas de Canadá y de Bolivia?

Canadá nunca adoptó el Convenio 169 de la OIT, y fue el último país en adoptar la Declaración de la ONU sobre los Derechos Indígenas. Tampoco tenemos mención de la con-sulta previa en la Constitución canadiense y no existe nin-guna legislación sobre la consulta previa. Nuestro ambien-te de consulta fue formado por fallos de la Corte Suprema Canadiense entre el 2004 y el 2010. A pesar de ello, hemos adoptado los principios de ambos documentos internacio-nales en nuestra práctica de la consulta, y los fallos de la Corte Suprema Canadiense sobre los casos de la consulta también tienen palabras y principios semejantes.

Una diferencia importante es que la ley canadiense sobre la consulta dice que el gobierno no tiene que tener un acuerdo al fin de la consulta, no obstante siempre hacemos el máxi-mo esfuerzo para alcanzar uno.

2. Ustedes vinieron a Bolivia para aportar con algunos insumos para la elaboración de una Ley Marco para la Consulta Previa. ¿Qué elementos mínimamente debería tomar en cuenta la instancia legislativa en la elabora-ción de este marco normativo?

La Ley debe tomar en cuenta todos los principios estableci-dos tanto en las normativas internacionales como naciona-les, esto quiere decir, mínimamente: hacer la consulta en el momento más previo que sea posible; transparencia en la información; tiempo suficiente para realizar la consulta —in-cluyendo tiempo suficiente para que los pueblos indígenas puedan considerar la información compartida y realizar sus propias discusiones—; un esfuerzo genuino de entender los intereses de los pueblos indígenas; y, finalmente, tratar de llegar a un acuerdo que tome en cuenta los intereses expre-sados.

Además, es importante que la consulta respete las estructu-ras organizativas de los pueblos indígenas y sus normas; y, de ser posible, mantener un poco de flexibilidad en caso de que se tuvieran que acordar cambios en unos años.

3. ¿Cuáles son los principales beneficios que obtienen los pueblos indígenas, el Estado y la sociedad cuando se logra aplicar exitosamente el Derecho a la Consulta?

Todos estos sectores se benefician con la realización de la consulta. En términos de beneficios, el Estado toma mejores decisiones, consiguiendo integrar información que no po-seía sobre impactos en los derechos indígenas; y, también información de conocimiento tradicional ecológico indígena que puede ser útil para la toma de decisiones y la genera-ción de políticas públicas.

Al mismo tiempo, la inclusión de los pueblos indígenas en decisiones estatales mejorará la relación entre estos dos sectores y, seguidamente, enriquecerá la cultura nacional. Para los pueblos indígenas, la consulta es una oportunidad de asegurar que sus derechos están siendo respetados, al ser incluidos en los beneficios de varios proyectos que bus-can mejorar la vida y el futuro de sus comunidades.

4. ¿De qué manera cree que se puede medir el éxito de la aplicación del Derecho a la Consulta en un caso especí-fico?

Es importante desarrollar indicadores apropiados, ambos cualitativos y cuantitativos, para medir el éxito (o no) de la aplicación de la consulta. La evaluación no solo es para ver si hay un éxito, sino que también es usada para mejorar el proceso. En nuestro caso, ocupamos los principios de la consulta que están escritos en nuestro Protocolo de Consul-ta (ver pregunta Nº 2), y también algunos indicadores cuan-titativos. Hay que tener cuidado de no “juzgar” o “condenar” el proceso de consulta en caso de que un indicador no al-cance el resultado esperado; puesto que puede ser que la consulta sea exitosa en todos los otros aspectos. En suma, la evaluación de la consulta es relativamente subjetiva, y en varias ocasiones depende del punto de vista de un grupo u otro que tuviera interés en este proceso de consulta.

Entrevista a Jay Harting Jay Hartiling es directora de consulta y asesora de la Viceministra de asuntos indígenas e interguberna-mentales de la Oficina de asuntos indígenas de Nova Scotia, en Canadá., desde donde asesora en desarro-llo e implementación de políticas públicas en gestión medioambiental, energía renovable, minería, pesca, aéreas protegidas, patrimonio cultural. Tiene amplia

experiencia en facilitación de negociaciones con co-munidades indígenas, industria privada y grupos no gubernamentales. Ha desarrollado un sistema institu-cional de consulta previa con los pueblos indígenas de política, asesoramiento ministerial, facilitación y ges-tión del proceso, capacitación, financiamiento y coor-dinación interjurisdiccional.

Derecho a la consulta previaDerecho a la consulta previaDerecho a la consulta previaDerechos de los pueblos indígenasDerechos de los pueblos indígenas

and miosa 81

5. ¿Cuál es la ruta crítica que sigue un proceso de consul-ta en Canadá? Y, a partir de ello, ¿cuáles son —aproxi-madamente— los tiempos que tomaría allá una consulta como la que se pretende hacer actualmente en Bolivia, en el caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isi-boro Sécure (TIPNIS)?

Nuestros procesos de consulta siempre siguen los mismos pasos (establecidos de acuerdo al Protocolo de Consulta), este tiempo siempre depende del nivel de impacto de una decisión o proyecto en los derechos indígenas de pueblos y comunidades. Por ejemplo, si hay una decisión que no tiene mucho impacto, puede ser que la consulta sea muy breve (podríamos mencionar unos 30 días), pero siempre el tiem-po es marcado por los pasos determinados en el Protocolo. En el caso de un proyecto más grande y complicado, donde los impactos pueden ser mayores o todavía no son conoci-dos, la consulta puede durar más tiempo (incluso años). Los pasos de la consulta en Nova Scotia y que marcan el tiempo que ésta durará son:

• Análisis interno para determinar si existe la necesidad de consultar o no; los impactos conocidos (no siempre es posible determinar eso; ese es uno de los puntos por los que, también, se realiza la consulta); y el nivel apropiado de la consulta.

• Notificación de la consulta con información preliminar.

• Aceptación de la consulta (notificación al gobierno del pueblo indígena).

• Intercambio de toda la información vigente para tomar la decisión.

• Tiempo suficiente para que los pueblos indígenas puedan tener su propio proceso interno de difusión y discusión de la información que imparte el gobierno, y formación de sus opiniones sobre el proyecto. A veces esta etapa requiere estudios adicionales o mayor inter-cambio de información.

• Discusiones y diálogos bilaterales entre los pueblos in-dígenas y el gobierno para identificar los impactos que podría tener el proyecto y, a partir de ello, llegar a un acuerdo, si este es necesario.

• Decisión final, incluyendo cómo el gobierno va a prote-ger los intereses de los pueblos indígenas.

• Implementación y monitoreo de acuerdos.

No sé cuánto tiempo puede tomar una consulta como la del caso TIPNIS, pero en el caso del desarrollo de una carre-tera en Nova Scotia, Canadá, hay varias etapas antes de desarrollar una carretera, y la consulta continúa por todas las siguientes etapas. Eso incluye la elección de la ruta y el diseño preliminar; la evaluación ambiental y otros estudios necesarios; el diseño detallado y, finalmente, la construc-ción. En nuestro caso, una consulta sobre una carretera puede durar desde cuatro hasta doce años (dependiendo la complejidad de la carretera y cuando comienza la consulta).

6. Finalmente, ¿cuáles serían las recomendaciones que us-ted daría al Estado boliviano para el éxito de la realiza-ción de la Consulta sobre el caso específico del TIPNIS?

Creo que el Estado Plurinacional Boliviano tiene un plan en marcha sobre la consulta en los que prevé respetar, en la medida que sea posible, los principios de la consulta. Boli-via tiene todos los instrumentos necesarios para hacer una buena consulta que se encuentran en su propia Constitución Política. Una consulta seria, continua y con tiempo suficien-te. Mis recomendaciones serían considerar que una consul-ta de estas características toma su tiempo y que se obtienen mejores resultados cuando se hace bien el proceso, con ca-lidad y transparencia total. Y mis recomendaciones para el pueblo indígena serían que participen en la consulta con se-riedad y buena información sobre los impactos posibles de la carretera, en sus derechos y su forma de vida, esperando que ambos sectores arriben a soluciones y acuerdos.

El a

nfitr

ión,

Gus

tavo

del

Río

, óle

o s/

lienz

o 1

05

x 1

85

cm

.

and miosa82

1. ¿Cuáles son los principales contenidos y alcances del convenio 169 de la OIT?

El texto del preámbulo del Convenio núm.169 recoge con precisión las consideraciones a partir de las cuales las de-legaciones tripartitas de los gobiernos, organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores de los 150 estados miembros de la OIT que participan en la conferen-cia internacional del Trabajo en el año 1989 deciden adoptar el Convenio núm.169 para establecer el marco fundamental de derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes.

La primera consideración es el reconocimiento de las aspi-raciones de los pueblos indígenas de asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida así como de su desarrollo económico y de mantener y fortalecer sus iden-tidades, lenguas y religiones, dentro de los Estados en los que viven.

La segunda es la constatación de que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población y de que sus leyes, valores, costumbres y pers-pectivas han sufrido, a menudo, una erosión.

La tercera es el recuerdo de la particular contribución de los pueblos indígenas a la diversidad cultural, a la armonía so-cial y ecológica de la humanidad y a la cooperación y com-prensión a niveles internacionales.

De estas consideraciones se desprenden los aspectos de política general del convenio que son desarrollados en el texto del convenio desde el artículo 1° al artículo 7° y que podríamos resumir en los siguientes enunciados:

• Los pueblos indígenas deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación (Art.3°).

• Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente… y estas medidas no serán contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos indígenas (Art.4°).

• Deberán reconocerse y protegerse los valores y prác-ticas sociales y culturales y respetarse la integridad de sus valores, prácticas e instituciones (Art.5°).

• Deberán tener derecho a decidir sus propias priorida-des en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la me-dida en que afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utili-zan de alguna manera (Art.7°).

Después el texto del convenio desarrolla los derechos espe-cíficos relacionados con: derecho consuetudinario, sistemas penales y acceso a la justicia (Art.8°–12°), tierras, territorio y recursos naturales (Art.13°–19°), empleo y formación profe-sional (Art.20°–23°), seguridad social y salud (Art.24°-25°) y educación y cultura (Art.26°-31°).

2. Usted sostiene que existen 3 pilares fundamentales para el ejercicio del Derecho a la Consulta. ¿Podría ex-plicarnos cuáles son y por qué son considerados como fundamentales?

El Convenio núm.169 de la OIT, al consagrar el Derecho de los Pueblos Indígenas de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo (Art.7°), genera la Obligación de los Estados de proteger los derechos de los pueblos indígenas y garantizar el respeto de su integridad. (Art. 2°).

De aquí se deriva la necesidad de que los gobiernos desa-rrollen, con la participación de los pueblos indígenas, una acción coordinada y sistemática para proteger sus derechos y garantizar el respeto de su integridad, estableciendo para ello instituciones y mecanismos apropiados y asegurando los medios necesarios.

Por tanto, una acción coordinada y sistemática del gobierno, junto al pleno ejercicio del derecho a la consulta previa libre e informada como condición para el ejercicio de participa-ción de los pueblos indígenas en aquellos procesos que les conciernen, son los tres pilares en los que descansa la apli-cación del convenio núm.169 de la OIT.

Hay que tener en cuenta que la Constitución Política del Es-tado Plurinacional de Bolivia reconoce los derechos de los pueblos indígenas y, entre ellos, reconoce el derecho a la consulta como un derecho fundamental. Este reconocimien-to es congruente con el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), que fue ratificado por Bolivia en 1991 y se encuentra vigente desde 1992 en el país. Ade-más, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los de-

Entrevista a Manuel García

Derecho a la consulta previaDerecho a la consulta previaDerecho a la consulta previaDerechos de los pueblos indígenasDerechos de los pueblos indígenas

Manuel García nació en España, estudió Filosofía en la Facultad de los Jesuitas en Alcalá de Henares y Hu-manidades en el Instituto San Estanislao de Kostka, adscrito a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde 1967 trabajó en programas de promoción y de-sarrollo social. Durante 17 años ha sido Coordinador

de la Cooperación Española en Perú y Ecuador. Ac-tualmente trabaja en la Oficina Regional de OIT, con sede en Lima, como coordinador regional del Proyecto Pro169 para promover los derechos de los pueblos in-dígenas y la aplicación del convenio núm.169 de la OIT.

and miosa 83

rechos de los pueblos indígenas, tiene rango legal por la adopción de la Ley núm. 3760 de 2007.

3. Asimismo usted sostiene que existirían, algunos requi-sitos esenciales para el ejercicio del Derecho a la Con-sulta. ¿Podría explicar cuáles son estos y dónde radica su carácter de “esenciales”?

El Derecho a la Consulta contiene 3 aspectos que consi-deramos fundamentales: El primero es que la Consulta es un derecho. Implica, por tanto, el derecho colectivo de los pueblos indígenas a ser consultados ante medidas estatales que afecten directamente sus intereses.

El segundo es que desde el inicio del proceso de consul-ta debe estar presente la garantía de cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante la consulta.

Y el tercero, es que la consulta debe llevarse a cabo respe-tando los 5 requisitos esenciales del proceso de consulta que están señalados en el artículo 6° del convenio. Y estos son:

• La Consulta debe ser previa, es decir oportuna en el tiempo cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles directamente.

• Debe realizarse con procedimientos apropiados.• Debe hacerse a través de las instituciones representati-

vas.• Todo el proceso debe estar marcado por la Buena Fe de

las dos partes. • Y debe llevarse a cabo con la finalidad de llegar a un

acuerdo o lograr el consentimiento.

Si en algún caso no es posible lograr un acuerdo o alcanzar el consentimiento, una vez que se ha hecho un esfuerzo sincero para obtenerlo, los gobiernos conservan la facultad de adoptar la decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa objeto de la consulta.

Esta decisión debe estar debidamente motivada e implica una evaluación de los puntos de vista, sugerencias y reco-mendaciones planteados por los pueblos indígenas durante el proceso de diálogo, así como el análisis de las conse-cuencias que la adopción de una determinada medida ten-dría respecto a sus derechos colectivos reconocidos consti-tucionalmente.

Por tanto el derecho a la consulta no implica derecho de veto pero los pueblos indígenas deben estar en la posibili-dad de poder iniciar procedimientos legales para asegurar el respeto de sus derechos si consideran que han sido vulne-rados.

El Derecho a la Consulta implica que los pueblos indígenas puedan involucrarse en el proceso de toma de decisiones en los países donde habitan, que su participación sea efec-tiva e influyente y que esté respaldada por mecanismos y procedimientos adecuados para que puedan participar en las decisiones acerca de su desarrollo económico social y cultural y participar en todas las cuestiones cubiertas por el convenio y que les afecten directamente.

Hay que tener en cuenta que la consulta es un proceso de diálogo intercultural en el que cada uno de los interlocutores reconoce la diversidad y la diferencia de las otras personas.

Sin salida, Gustavo del Río, óleo s/lienzo 80 x 130 cm.

and miosa84

Es por tanto un intercambio en condiciones de igualdad que hace compatible el reconocimiento, la protección y el respe-to de las características culturales propias con la afirmación y la promoción de valores compartidos universalmente. La consulta promueve por tanto la integración con una actitud respetuosa de lo que nos diferencia.

4. ¿Cuál es su lectura sobre el estado de implementación de la consulta previa en América Latina, ¿cuáles serían las principales dificultades?

En América Latina el desarrollo de los pueblos indígenas en un marco de protección y restitución de sus derechos es un tema de enorme prioridad que está en el foco de la atención y ocupa hoy un espacio relevante en las agendas políticas y de desarrollo de casi todos los países. Con seguridad este tema va a estar presente con protagonismo en dos eventos que van a ser relevantes en la Agenda Regional: Rio+20 y la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas en el marco de las Naciones Unidas

Hoy, en la mayoría de los países se debaten conceptos, enfoques y estrategias de trabajo para promover los dere-chos de los pueblos indígenas en clave de inclusión en el desarrollo nacional, y para hacer compatible la vigencia de estos derechos con el desarrollo económico y el progreso que demanda el bienestar del conjunto de las sociedades nacionales.

Desde las agencias del Sistema de Naciones Unidas incluida la OIT se promueven espacios de diálogo social intercultural y se impulsan procesos de fortalecimiento de capacidades de los integrantes de las organizaciones de empleadores y trabajadores, de los miembros de los pueblos y organizacio-nes indígenas como de los funcionarios públicos de las enti-dades del estado de nivel nacional y local, con competencias en materia de políticas públicas para pueblos indígenas, con la finalidad de impulsar la acción coordinada y sistemática del estado con participación de los pueblos indígenas para proteger sus derechos y garantizar el respeto de su integri-dad conforme al mandato del convenio núm.169.

Así, en la medida que se fortalece la demanda de aplica-ción de derechos por parte de los pueblos indígenas y de sus organizaciones, se llevan a cabo acciones permanen-tes de acompañamiento, capacitación y asistencia técnica en los aspectos relacionados con la aplicación del convenio núm.169 en los países, tomando en consideración la situa-ción propia de cada país y se ha intensificado la coordina-ción a nivel regional y en cada uno de los países con las Agencias del sistema de Naciones Unidas, particularmente con PNUD, OACNUDH, UNFPA, UNICEF y OIT.

Prácticamente en todos los países de la región que han ra-tificado el convenio núm.169 de la OIT se han hecho refor-mas constitucionales y desarrollos normativos que significan avances importantes en el reconocimiento de los derechos indígenas y están en marcha procesos orientados a la crea-ción de marcos institucionales y de procedimientos que faci-liten el ejercicio de la consulta a los pueblos indígenas den-tro de los parámetros establecidos en el convenio núm.169 de la OIT y en la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Pienso que en unos pocos años se habrá normalizado en América Latina la aplicación de la consulta previa a los pue-blos indígenas cuando se prevean medidas de gobierno que sean susceptibles de afectar sus derechos colectivos.

5. ¿Cómo podría evaluar los instrumentos jurídicos que se han diseñado y aprobado para el desarrollo de la consulta sobre el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), a la luz del cumplimiento del convenio 169?

El entrevistado manifiesta que no le corresponde hacer este tipo de valoraciones o recomendaciones.

6. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted daría al Estado boliviano para el éxito de la realización de la Consulta sobre el caso específico del TIPNIS?

El entrevistado manifiesta que no le corresponde hacer este tipo de valoraciones o recomendaciones.

El bosque, Gustavo del Río, grabado s/metal 70 x 40 cm.

and miosa 85

¿Cómo podemos entender la Consulta Previa como meca-nismo de democracia directa, en el marco de la Constitución Política del Estado?

Es democracia directa en el sentido que no van simplemente unos representantes para ver quién vota por cual opción; es de-cir, no es una cuestión estadística. Esta forma de democracia va más allá, la meta claramente es cómo llegamos a concertar en un punto de intereses en conflicto y, por lo tanto, la meta es concertar y llegar a acuerdos aceptados por las dos partes. No tiene ningún sentido que la consulta sea en un día determinado, con una boleta para luego determinar quien ha ganado; esto no sería consulta.

La consulta tiene que ir madurando, charlando con el uno, char-lando con el otro y al final acordando; esta es la razón por la que es directa y los que deciden lo hacen de esta forma y no a través de representantes.

¿Cuál es el nivel de experiencia que tiene Bolivia en la apli-cación del mecanismo de Consulta Previa?

Con este nombre, muy poca. Sin embargo, tenemos experiencia en otras formas de negociación, que han salido a veces bien y a veces mal. La consulta como tal llegó a Bolivia con el Conve-nio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que es el primer documento internacional que habla de eso y es aceptado por Bolivia el año 1991. Después ya vino todo el proceso de la nueva Constitución y ahí la consulta fue de las cuestiones que se incluyeron desde un principio y se la puso en dos partes, pero la principal es la que está relacionada con que es un derecho de los pueblos indígenas que se encuentra en el artículo 30, inciso II, numeral 15. Esto es a nivel de normas.

Si queremos ver la aplicación de las normas, la primera que yo considero que ha sido muy importante, pero muy mal llevada por

el Estado, fue la consulta para la elaboración de la Ley de Des-linde Jurisdiccional a fines del año 2010. Se realizó con el apoyo de las Naciones Unidas, sobre todo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, COSUDE, y con la participación del Vi-ceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina. Se hizo una suerte de ejemplo de Consulta Previa con la realización, de alrededor, de veinte grupos focales a lo largo de seis meses en distintas partes (no solo con pueblos indígenas sino con varios

Entrevista a Xavier Albó

Xavier Albó nació el 4 de noviembre de 1934 en La Garriga (Catalunya, España). En 1951, se hizo miembro de la Compañía de Jesús. Emigró a Boli-via en 1952 y se nacionalizó ciudadano boliviano.

Es doctor en Lingüística y Antropología (Universi-dad de Cornell, Nueva York, 1970); licenciado en Teología (Facultad Borja, Barcelona, 1964 y Loyo-la University, Chicago, 1965). Doctor en Filosofía (Universidad Católica del Ecuador, Quito, 1958). Ha dictado clases en las más renombradas universida-

des bolivianas y en la Universidad de Pittsburgh, Colegio Andino de Cusco, FLACSO-Ecuador, Cen-tre des Hautes Etudes Sociales de Paris, Facultad de Misiología de Sao Paulo, Georgetown University de Washington y Holy Cross de Boston.

En 1971, cofundó el Centro de Investigación y Pro-moción del Campesinado (CIPCA), del que fue el primer director hasta 1976. Actualmente es miem-bro del Directorio y tiene una amplísima bibliografía en temas indígenas.

Derecho a la consulta previaDerecho a la consulta previaDerecho a la consulta previaDerechos de los pueblos indígenasDerechos de los pueblos indígenas

Oruro, Javier Fernández, acuarela 20 x 15 cm. 2012.

and miosa86

otros sectores: interculturales, afros, chapacos, etcétera), donde se realizaron preguntas específicas sobre los puntos que podían ser más conflictivos del proyecto de Ley y fueron hechas por instancias que no eran precisamente del propio gobierno y toda esta experiencia quedó registrada en un libro que fue publicado. Como resultado de todo este proceso se tuvieron en su momen-to tres o cuatro proyectos de ley a nivel nacional, de ahí se llegó a preparar, con el apoyo del Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina, una propuesta en la que se encontraban los puntos con mayor consenso entre la gente que había parti-cipado y esto fue llevado, finalmente, al Parlamento. Pero en el Parlamento se obvió toda la “Consulta Previa” que había sido debatida ampliamente debido principalmente a que había un pla-zo para aprobar esta Ley de Deslinde Jurisdiccional; y por no incumplir el plazo se la aprobó sin tomar en cuenta las conside-raciones del debate previo.

Eso fue muy frustrante, fue el primer desengaño fuerte que tuve con relación al interés del gobierno en este tipo de procesos.

Esa es mi impresión, por ello, tengo entendido que se está ela-borando una segunda versión de esta ley que tomaría en cuenta todo lo que se trabajó con la gente en este proceso de consulta. Estamos expectantes para ver cómo va.

¿ Y a nivel latinoamericano? ¿Cuáles son las experiencias que usted nos podría señalar como relevantes para adoptar lecciones aprendidas para el caso boliviano?

Como la consulta es una cuestión incluida en la normativa inter-nacional —en el convenio de la OIT y en la Declaración de Na-ciones Unidas que también habla de Consulta— pero cuya apli-cación es relativamente lenta, no conozco muchos casos, pero

sé que por no tener Consulta Previa en varios casos han tenido problemas sobre todo en situaciones relativas a la explotación de recursos naturales.

Ya habrán visto que en el Perú ocurre todo esto, así como en Ecuador cuya Constitución dice casi lo mismo que en Bolivia y que tuvieron problemas con las tierras bajas y el tema de hidro-carburos, etc. Es decir que en varios lugares se han tenido ex-periencias malas cuando se ha optado por no aplicar la Consulta Previa, en parte porque no tienen la normativa totalmente desa-rrollada y en parte porque existen algunos intereses que tienen temor que los indígenas no acepten las explotaciones. En este sentido es famosa la frase de Alan García donde señala “Estosson como el perro del hortelano, ni comen, ni dejan comer”.

En las últimas semanas, ocurrió algo que me gustó mucho, la vi-sita a Bolivia —gracias a las gestiones de Naciones Unidas— de dos misiones de expertos sobre el tema. La primera habló muy poco de experiencias dentro de Latinoamérica, excepto el exper-to de Costa Rica, que habló sobre experiencias muy interesantes de ese país como algunos casos en los que se deshicieron co-sas que se habían hecho anteriormente fuera del marco legal de la Consulta Previa. Pero la me ha parecido muy interesante ha sido la experiencia colombiana que fue compartida por la segun-da misión, sobre la que ya pude escribir hace muy poco.1

¿Por qué considero interesante a esta experiencia? Porque empezó a hacerse todo este proceso de consulta con la nueva Constitución de ese país (la del año 1988) que no decía nada del Derecho a la Consulta, en cambio sí estaban los derechos de autogobierno y de participación, pero la palabra consulta como tal no se encontraba aún. Y sin embargo, cuando empezaron algunas demandas de estos pueblos frente a decisiones y ac-

Sin

títul

o, G

usta

vo d

el R

ío, g

raba

do s

/met

al.

and miosa 87

ciones, a veces del Estado y a veces de algunas empresas pe-troleras, los pueblos indígenas pidieron un derecho de amparo; que quiere decir que pedían estar amparados en lo que dice la Constitución. Y ahí, poco a poco, se fue descubriendo la figura misma de consulta y se ha ido montando lentamente haciendo jurisprudencia hasta llegar al marco legal que tienen ahora. Hay casos muy notables, por ejemplo, una carretera de gran impor-tancia para todo el país, pero que cruzaba un territorio indígena y que el territorio no había sido consultado, ni siquiera para la cuestión previa que sería el certificado agroambiental sobre la cual posteriormente el Tribunal Constitucional emitió una sen-tencia contraria a la construcción de ese tramo (que era sólo un kilometro y medio) mientras no se hiciera en consulta con los pueblos afectados.

Otro ejemplo que tiene importancia es el caso del pueblo U´wa, también en Colombia, que protestaron por muchísimo tiempo porque empresas petroleras habían iniciado la exploración pre-via sin tomar en cuenta a este pueblo. Este episodio se ha hecho muy famoso y el pueblo U´wa ganó el caso, aunque claro, ya se había suscrito el Convenio 169 de la OIT y utilizaban la palabra Consulta Previa y ya la palabra era parte de la legislación de allá, entonces en Colombia creo que hay ejemplos interesantes que pueden ser tomados en cuenta sabiendo que allá los indí-genas constituyen un dos o un tres por ciento, es decir, son muy pocos pero han logrado cosas muy importantes. En este sentido se parecen al caso del TIPNIS, ya que es un pueblo pequeño. Un apunte al respecto es que el primer pueblo donde ocurrió eso era uno que se llama Cristianía (en Colombia) que creo que tenía como población a 25 familias nada más.

Otro ejemplo que me ha impresionado, aunque no usaban el nombre de Consulta Previa para definir el proceso es la auto-nomía del pueblo Kuna en Panamá, en cuyo territorio querían instalar unos campamentos o bases militares de Estados Unidos y ellos se negaron y ahora están en un proceso de llegar a una negociación que se espera tenga éxito.

Este caso es interesante porque los Kunas son solamente el dos o tres por ciento del país y que, en suma, todos los indígenas (en Panamá) son alrededor del diez por ciento de la población; y que a pesar de esto tengan tan fuerte presencia. Por ejemplo, en Bo-livia, el embajador de Panamá es un Kuna, este es otro ejemplo que me parece vale la pena.

¿Cuáles serían, a su criterio los requisitos mínimos que debería cumplir la consulta previa que se realizará para la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos para garantizar su legitimidad y legalidad?

Bueno, primero que sea previa, segundo que sea bien informada, tercero que sea de buena fe, y cuarto que sea de igual a igual, y si quieren quinto, que no haya presiones de un lado o del otro. En mi opinión, esos criterios se cumplen un poquito mejor ahora de cuando se hizo el tramo inicial, porque ahora por lo menos ya se acabó el contrato con la OAS, aunque las visitas que hace el gobierno de un sitio a otro en el territorio del TIPNIS para seducir a todos pone en riesgo el proceso debido a que las capacidades que tiene el Estado comparadas con las capacidades que tienen los otros son apabullantes.

Sin título, Gustavo del Río, óleo s/lienzo.

and miosa88

Yo creo que un problema es que no tenemos todavía una Ley Marco y, por lo tanto, se usa mucho la arbitrariedad según las conveniencias de uno y otro. Me animo a decir que sería mucho mejor frenar eso, tener una buena bien consultada y bien con-certada Ley Marco de Consulta y entonces, en función de eso, seguir; pero eso supone postergar ciertos intereses del Estado, del gobierno o de los cocaleros por continuar con el proceso ac-tual. No puede hacerse una consulta estando en una situación de encono entre unos y otros, se quiere hacer una consulta con todos, pero ya incluso los que son de la dirección principal del TIPNIS —que son los que tienen el título propio de allá— están haciendo una marcha para que esta Ley de Consulta se desha-ga; entonces no es la situación oportuna para poder arribar a un resultado concertado que era lo primero que decíamos.

¿Cuán necesaria es, en este contexto, la aprobación de una Ley Marco de Consulta Previa? ¿Cuál debería ser el camino a seguir para su efectiva aprobación?

Bueno, esto es lo fundamental, yo creo que tendríamos que de-cir que como no tenemos esta Ley Marco, dejemos el proceso actual en un anaquel esperando, y trabajemos duro en esta Ley Marco de Consulta Previa. Eso es lo que está haciendo ahora el Perú, a pesar de que he visto algunas cosas que no me acaban de convencer en cuanto a hacer prevalecer intereses lejanos al bien común de parte del gobierno y también del lado de los pueblos indígenas, que podría ser, por ejemplo, reelegirse como dirigente o mantener negocios con madereras u otras empresas.

Entonces, el proceso de elaboración de la Ley Marco de Consul-ta previa tiene que ser lo que no ha sido la Ley 222, tiene que ser una cosa concertada con las partes, en cambio, la Ley 222 fue concertada con la parte que ya se sabía que quería la carretera o que estaban muy agarrados por los colonizadores y cocaleros.Por lo tanto —y en parte ya se está trabajando en esto—, hay que preparar la Ley Marco. Ya he visto varios ejemplares de una propuesta de Ley, tengo un borrador que se ha hecho, sé que hay otro del CONAMAQ y la CIDOB más recientemente, creo que es de abril más o menos. Por tanto, ya se están haciendo propuestas sin necesidad de consulta. ¿Qué pasará con esas propuestas? No lo sé, ojalá que no pase lo que pasó con la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Pero creo que en el camino el gobier-no también ha ido aprendiendo; estas mismas misiones que han llegado de afuera, que incluían también experiencias de Canadá, que además he tenido la suerte de visitar y ver un poco estas experiencias de cerca, una de ellas era de los Mi´kmaq, y he visto que han sido procesos largos para conseguir lo que se ha logrado.

Quizás lo que habría que decir dentro de eso es que, en realidad, se trata de tener más un sentido de proceso de concertación y de charla unos con otros, más que decir ahora desde tal fecha a tal fecha se hará la consulta; porque entonces tiene demasiado parecido con un referéndum y no es eso. Finalmente, hay que darle tiempo al tiempo.

1 Ver columna publicada el 27 de mayo de 2012 en el periódico La Razón bajo el título “Experienciasde consulta previa”.

“El proceso de consulta a Pueblos Indígenas es muy distinto de esas otras ´consultas´ a que ya nos tienen acostumbrados los gobiernos, como los referéndums, en que sólo cabe responder SÍ/NO o abstenerse. La meta no es que gane el SÍ o el NO, aunque sea por sólo un voto, lo que a su vez puede provocar polarizaciones y fragmentaciones de las propias instituciones indígenas... Más allá de decisiones muy concretas, por ejemplo, sobre una carretera o una represa, los procesos de consulta son algo en permanente construcción. No son simples trámites administrativos y burocráticos. Es un intercambio de saberes para beneficio de ambas partes”.

Xavier Albó, Publicado el 29 de abril de 2012 en el periódico La Razón

Derecho a la Consulta Derechos de los pueblos indígenas

“En Colombia hay 87 pueblos indígenas, todos minoritarios, que su-man un millón largo de personas, equivalentes al 3% de la población del país, pero cuyos “resguardos” (nosotros diríamos TIOC) equiva-len a un 27% de la superficie, en áreas de selva, desiertos o pára-mos apetecidos por empresas ganaderas, mineras, petroleras, co-lonos y otros. Lo que allí la Corte ha decidido resulta muy pertinente también para Bolivia, sobre todo en referencia a nuestros pueblos minoritarios de tierras bajas. De los muchos más casos escuchados, mencionaré los siguientes. Paradigmática fue la Sentencia 428, ya en 1992. La pequeña comunidad Cristianía, de 25 familias, de la et-nia Emberá-Chamí, presentó una demanda por los daños causados en ella por una importante carretera troncal del Café, ya casi con-cluida, al no haber realizado antes un estudio adecuado ni haberla consultado previamente. La Corte les dio la razón y mandó interrum-pir el tramo de 1 km “hasta tanto se hayan hecho los estudios de impacto ambiental y tomado todas las precauciones necesarias para no ocasionar perjuicios adicionales a la comunidad”, resarcirla por los daños ya causados. Además declaró que esta sentencia era apli-cable a otros casos semejantes en perjuicio de pueblos indígenas.

En la argumentación se rechazó que el hecho consumado sobre una pequeña comunidad era mucho menor que el bien común de una significativa mejora económica de los cafetaleros y priorizó el derecho colectivo general de los pueblos indígenas.

En 1997 se dictó la primera sentencia centrada en el “derecho fun-damental a la consulta previa” (SU-039/97). Fue un caso sonado, que aún hace olas a favor de la etnia U’wa. Se desautorizaron otros simulacros de consulta por insuficientes y se anuló una licencia am-biental dada por el Gobierno a la petrolera Occidental, para hacer exploraciones sísmicas. En noviembre de 2010, la Corte dictó las sentencias ST-745/10, ST-1045A/10 y T-129/11, ordenando suspen-der las actividades ya iniciadas en la carretera de conexión entre Colombia y Panamá, y en una explotación minera, amparando en cambio los derechos a la consulta previa (que no se hizo), a la inte-gridad y a la supervivencia cultural de la etnia Embera-Katío.”

Xavier Albó, Publicado el 27 de mayo de 2012 en el periódico La Razón

and miosa 89

Tiempos agitados aquellos cuando Víctor Paz, el legendario y avejentado jefe movimientista, sentenciaba con voz cascada, Bolivia se nos muere, apelando a los sentimientos de incerti-dumbre y pánico que empapaban a la población urbana por la prodigiosa inflación que se engullía los salarios antes de co-

brarlos; el tono macabro debía servir para ganar el apoyo, o la neutrali-dad, necesarios para ejecutar el duro recetario de la reforma estructural y un programa económico que traduzca en estas tierras el consenso de Washington.

Lo conocí en esas circunstancias, en las que ambos llegamos al Parla-mento por primera vez: Guido Riveros Franck destacaba entre los diputa-dos por su alargada y magra figura, su buen humor y una facilidad única para reír con alegría. Era inconfundible su rostro morocho, coronado de una renegrida y rizada caballera, enmarcado por una barba que me traía nebulosos recuerdos de caras y perfiles asirios, tal como los había visto en mi añejo libro de álgebra de los años colegiales. Nos hicimos amigos en un viaje a Cobija, donde se realizó una inusual sesión de la Cámara Baja, allá por 1986.

Las posiciones del MIR, su partido, y del PS1, el mío, mantenían entre nosotros ancha distancia política, pero coincidencias en otros campos, alimentaron una amistad que se desarrolló lenta y firmemente al calor de intercambios sobre la situación del país, o de un particular interés por conocer más sobre Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien lo intrigaba y con-vocaba su admiración.

En 1989, tres vocales de ADN y uno del MIR conformaron en la Corte Nacional Electoral la célebre banda de los 4, encargada de ejecutar una maniobra de amplio alcance, “interpretando” la ley según las instruccio-nes de sus jefes partidarios, lo que les permitió desbancar a más de una docena de recién elegidos parlamentarios de diferentes partidos en favor de los suyos; de esa manera el candidato presidencial del MIR acumuló suficientes votos en el Legislativo para dirigir el Gobierno.

En la huelga de hambre de 24 días que llevé adelante con Víctor Hugo Cárdenas, recibí varias visitas de Guido, quien manifestaba su solidaridad personal con el amigo en circunstancias adversas y complicadas.

Nuestros encuentros en los siguientes 17 años fueron escasos y siempre fugaces. En ese lapso germinó y tomó cuerpo el proceso constituyente, expuesto abiertamente al mundo a través de la I marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas en 1990; mientras los gobiernos elegidos entre 1993 a 2002 daban la falsa apariencia de que la ola neoconservadora había llegado para quedarse. Los sucesos del 98 en adelante hicieron estallar esa burbuja.

El Guido

A la memoria de quien en vida fue, Guido Riveros Franck, Director Ejecu-tivo de la fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (fBDM).

Volví a toparme con Guido en alguna cita convocada por la Fundación Boli-viana de la Democracia Multipartidaria (fBDM), cuya creación había impulsa-do con entusiasmo y de la que era director ejecutivo. El 2006 compartimos varias sesiones de muchas horas, porque la fBDM llevó adelante un concur-so de proyectos de investigación y propuestas sobre el régimen económico de la Constitución. Junto a otras personas fui invitado como jurado para la selección de proyectos, y ocurría con frecuencia que tarde en la noche, Gui-do, Raúl Loayza y yo, nos íbamos juntos hacia la zona Sur, compartiendo transporte, conversación y bromas.

En esos años Guido y la fBDM jugaron un importante y poco conocido papel en nuestra historia política. Cuando la tensión en torno al funcionamiento de la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución alcanzó su punto más alto con los disturbios urbanos el 2008, el fusilamiento de campesinos en Porvenir, y otros episodios que traían vientos de guerra, Guido y la fBDM lle-varon adelante una silenciosa tarea que favoreció los encuentros, diálogos y negociaciones que permitieron encontrar la ruta para una salida pacífica.

El 2010 me invita a realizar un trabajo de análisis sobre el momento que vivía la fBDM y los posibles caminos para superar los desafíos que confrontaban ante los cambios del sistema de representación política. Los ejes centrales de acción de la Fundación y su director eran la capacitación y formación de cuadros, principalmente juveniles, femeninos e indígenas, el fomento de es-pacios de convergencia y diálogo, y la exploración del nuevo diseño estatal.

A partir de esa experiencia, pasamos a encontrarnos con frecuencia en fo-ros, conferencias, debates y exposiciones, generalmente organizados por la fBDM, y a compartir tertulias dominicales en su casa de Río Abajo.

Ya sea en su oficina, en las salas de reuniones o en su campestre refugio, nos sumergíamos en cavilaciones sobre las múltiples y contradictorias po-sibilidades que se abren en nuestro país a cada mo-mento, casi siempre con un acompañamiento musical, controlado por Guido, en el que sobresalían los Olima-reños, viejas zambas argentinas o inesperadas y múlti-ples sorpresas agazapadas en una enorme discoteca. En todos esos escenarios, desplegaba una elástica pa-ciencia y era capaz de escuchar por tan largo tiempo, que daba la impresión que se había fugado a algún re-codo interno, pero luego un vivaz destello de su mira-da, o una cálida sonrisa, certificaban que no se había perdido una coma.

Así transcurrió, precisamente, la tarde previa en que un infarto lo apuñaló y derribó en la calle; dejando aturdi-dos y heridos a su compañera, a sus hijos, y a quienes formamos parte de la interminable lista de sus amigos.

Roger Cortéz

Miscelánea de Fortalecimiento Democrático

Actividades

Ciclo conversatorios Género y política. En los departamentos de La Paz, Cochabam-ba, Santa Cruz y Sucre se lleva a cabo la primera ronda de Conversatorios de Análisis Po-lítico y de Políticas Públicas: “Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres: Avances y desafíos” El debate centra su análisis y reflexión en los elementos principales de la Ley viendo los alcances de esta como los desafíos que plantea. De esta manera el Pro-yecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD dio inicio al nuevo ciclo de conversatorios sobre género y política en el que mujeres, feministas y lideres de organizaciones políticas y de la sociedad civil debaten, analizan y proponen.

Jovenkracia desde las organizaciones políticas. Con el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD, los jóvenes de la agrupación ciudada-na VERDES lanzaron el Concurso Jóvenes construyendo democracia. El mismo tiene el objetivo de impulsar y apoyar una serie de iniciativas juveniles enmarca-das en la promoción de valores democráticos y que se orientan al fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad. Todos los jóvenes entre 18 y 26 años del departamento de Santa Cruz podrán participar. Las propuestas deben enmar-carse en las temáticas de: liderazgo y participación ciudadana, gestión pública responsable, inclusión e igualdad, arte-cultura y medio ambiente. Las propuestas premiadas serán financiadas para su ejecución y/o desarrollo. Para más informa-ción acceder a la página web: www.verdes.bo

Módulos de formación política continúa. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, con el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento De-mocrático del PNUD y la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria, ha establecido relanzar el funcionamiento del Instituto de Capacitación Democrática Intercultural. Para el efecto, en continuidad de las actividades de formación política ejecutada el año 2011, con la implementación del Diplomado en gestión política y democracia intercultural en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en la gestión 2012 se desarrollan los módulos de formación política continúa en los nueve departamentos del país. Las temáticas de formación giran en torno al análisis político y de políticas públicas, régimen electoral, democracia intercultural, género y juventud, historia y pensamiento político, entre otras.

Ciclo de debates y conversatorios Jóvenes y Política. En los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, se inició el Ciclo de Conversatorios de Análisis Político y de Políticas Públicas: “Jóvenes y Mercado Laboral: construyendo nuestra agenda”. Una de las problemáticas de la juventud se centra en la dificultad de inser-tarse al mercado laboral, o de acceder a fuentes de trabajo precario. Jóvenes de or-ganizaciones políticas así como de organizaciones sociales debatirán e interactuarán. Dicho debate se orientará a la construcción de una agenda de jóvenes.

Ciclo de debates y conversatorios

Jóvenes y Política

cicloconversatorios

Género y política

Módulos de formación política continúa

Diplomado en gestión política y democracia intercultural

and miosa92

Mesas de Análisis Legislativo Departamental. Las Asambleas Legislativas De-partamentales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, con el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD y la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (fBDM) han reiniciado el ciclo de encuentros para analizar, entre asambleís-tas departamentales, analistas e investigadores, temas concernientes al proceso de imple-mentación de la autonomía departamental. De esta manera, se ha establecido la siguiente agenda temática: a) Balance político institucional del proceso autonómico departamental; b) Gestión y diseño institucional del gobierno autónomo departamental; c) Régimen fiscal-financiero departamental; y d) Políticas públicas sociales y económicas en base al modelo de desarrollo departamental.

Actividades

Segundo Encuentro Nacional de Asambleístas Departamentales. En octubre de 2011 el Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD, en coordinación con el Ministerio de Autono-mías y la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (fBDM) organizaron el Primer En-cuentro Nacional de Asambleístas Departamentales en la ciudad de Cochabamba donde se realizó un balance político institucional del proceso de implementación de la autonomía departamental en los nueve departamentos. Este año se prevé la reedición de este evento en el mes de agosto, para abordar temas que hacen al proceso de implementación y construcción de la Autonomía en el nivel departamental. Al igual que en la primera versión se pretende reunir a Asambleístas de los nueve departamentos, actores estratégicos y un grupo selecto de analistas e investigadores.

Observatorio de Análisis de Políticas Públicas. El Proyecto de Fortalecimiento De-mocrático del PNUD ha puesto en marcha el Observatorio de Análisis de Políticas Públicas, que tiene como objetivo principal estudiar el proceso de las políticas públicas en el país, busca producir insumos analíticos sobre las dinámicas, las alternativas y las correcciones del curso de las políticas públicas. El Observatorio se constituye en una herramienta de “segun-do orden” para el desarrollo y la cualificación del análisis de las políticas públicas en distintos ámbitos y niveles. De esta manera, para la presente gestión, se ha establecido estudiar tres ejes de políticas públicas: 1) La autonómica en el nivel departamental; 2) la de educación y; 3) la de seguridad alimentaria. Los hallazgos en sus diferentes fases serán puestos a dispo-sición en espacios de deliberación, diálogo y extensión que el Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD promueve y despliega.

Encuentros Nacionales de Asambleístas Departamentales: Balance del proceso autonómico en Bolivia.

Información: www.gobernabilidad.org.bo

bservatoriode Análisis de Políticas Públicas

¿Qué es?

• EsunareddeespaciosdeanálisisdepolíticaspúblicasqueelProyectodeFortalecimientoDemo-cráticodelPNUDimpulsaparareflexionarydebatirentornoalosprocesosdedecisiónpública.

• Esunsistemadeobser-vaciónpermanenteeincrementaldeanálisisdepolíticaspúblicasqueacumuladatosyeviden-ciasempíricas,yproveedeinformaciónespeciali-zadaagestorespúblicos,actorespolíticos,sociales,analistaseinvestigadores.

¿Québusca?

• Produciresquemasalter-nativosy/osuplementariosdeanálisispolíticoenlosdistintosámbitosynivelesdeintervencióngubernamental(social,económico,autonó-mico,etc.),quecualifiquenlatomadedecisionesylasmi-radassobrelagestióndelaspolíticaspúblicasenBolivia.

• Dotardeinformaciónyevidenciaempírica,atravésdeestudiosdecaso,alosdecisorespúblicos,actorespolíticosysocialesparaproduciralternativasy/oco-rreccionesenelprocesodeformulacióneimplementacióndelaspolíticaspúblicas.

¿Cuáleslametodología?

Asumelaperspectivadeanálisisdelaspolíticaspúbli-cas,elconocimientodelasdecisioneseintervencionespúblicastalcomodehechoocurre,enparticular.• Estudialaconstruccióny

determinacióndelaagen-dapública.

• Caracterizalasalternati-vasdedecisionespúblicas.

• Analizalapuestaenmarchadelaspolíticaspúblicas,eljuegodeintereses,eldesplieguedeestrategiasyconfiguracióndearenasdeconflicto.

¿Cómofunciona?

ElProyectodeFortalecimien-toDemocráticodelPNUDencoordinaciónconactoresinstitucionalesypolíticos.• Encargalaelaboraciónde

estudios.• Difundeysocializahallaz-

gosyresultados.• Promuevelaorganización

yeldesarrollodeespaciosespecializadosdeanálisisydeliberación(mesas,foros,conversatorios,encuentros,etc.).

Mesas de Análisis Legislativo Departamental

ciclo de encuentrosciclo de encuentrosciclo de encuentrosciclo de encuentrosciclo de encuentrosciclo de encuentros

www.gobernabilidad.org.bo

and miosa 93

Publicaciones

Atlas Electoral de Bolivia II, Referéndums Nacionales 2004-2010. Proyecto de Fortalecimiento Democrático – PNUD, Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) — Tribunal Supremo Electoral (TSE). Primera edición. La Paz, 2012.El volumen II de este Atlas Electoral se dedica a desglosar los datos arrojados por los referéndums y consultas ciudadanas efectuadas en Bolivia entre los años 2004 y 2010, en un esfuerzo por con-centrar y ofrecer al lector insumos relevantes a la luz de la instauración de esta forma de ejercer la “democracia directa”.

Aclarando que Bolivia fue el último país de Sudamérica, al margen de Guyana, Surinam y la Gua-yana Francesa, en adoptar este mecanismo democrático y detallando la coyuntura socio-política que originó su demanda, el libro revisa en seis capítulos el contexto, las preguntas y los resultados nacionales, departamentales y municipales del Referéndum sobre Hidrocarburos realizado el 18 de julio de 2004, el Referéndum sobre Autonomías Departamentales efectuado en 2006, el Referén-dum de Revocatoria de Mandato de Presidente y Vicepresidente y el Referéndum de Revocatoria de Prefectos llevado a cabo en 2008, y el Referéndum Constituyente, el de Autonomías Departamenta-les, sobre Autonomías Indígena Originario Campesinas y sobre Autonomía Regional en la Provincia Gran Chaco, llevados a cabo en 2009.

De esta manera, este documento, publicado por el Tribunal Supremo Electoral y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Bolivia, con el apoyo financiero de la Embajada de Suecia, se convierte en un legajo imprescindible para la investigación y el análisis de especialistas, estudiantes, funcionarios públicos, miembros de organizaciones políticas y sociales, y de cualquier ciudadano y ciudadana interesados en la política y el desarrollo de la cultura democrática, y da con-tinuidad al primer tomo dedicado a desglosar las elecciones generales realizadas en Bolivia entre 1979 y 2009 y la Elección de Representantes para la Asamblea Constituyente del 2 de julio de 2006. También es un preludio al volumen III, dedicado a repasar las Elecciones Municipales y Departa-mentales efectuadas entre 1985-2010.

El andar de la autonomía departamental en Bolivia: caminantes y sendero, Proyectode Fortalecimiento Democrático PNUD 2012. Contiene cuatro estudios que han sido encargados a finales de la gestión 2011, por el Proyecto de Fortalecimiento Democrático de las Organizaciones Políticas del PNUD-Bolivia, en el marco del trabajo establecido con las Asambleas Departamentales del país. El tema central de la publicación es realizar el análisis del proceso de implementación de la Autonomía Departamental en Bolivia.

Carlos Böhrt en Autonomía departamental: lento inicio de la odisea nacional, presenta el balance político institucional de la puesta en marcha de las autonomías departamentales y de sus principales desafíos normativos, legislativos y políticos. Por su parte, Marlene Choque y Eduardo Córdova en Elcamino y el caminante se hacen al andar: los proyectos de estatuto autonómico en los departamentos de Bolivia analizan los avances en el proceso de redacción de los proyectos de Estatutos en los nueve departamentos con la intención de caracterizar y comparar la configuración de modelos autonómicos en el país. Carlos Rocabado en Modelo autonómico emergente del proyecto de Estatuto Autonómico del Departamento de La Paz, presenta las particularidades del modelo que propone en perspectiva el proyecto de Estatuto Autonómico aprobado en grande por la Asamblea Departamental de La Paz. Fi-nalmente, José de de Fuente en: Los proyectos de Estatuto en el proceso estatuyente cochabambino, realiza el análisis comparado entre dos propuestas de Estatuto que fueron los referentes del proceso estatuyente cochabambino.

El libro es un insumo valioso para aquellos actores involucrados directamente en el proceso de im-plementación de la autonomía departamental, así como para investigadores y analistas de políticas públicas. La publicación constituye el primer número de la serie: Estudios de Políticas Públicas del Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD.

Miscelánea de Fortalecimiento Democrático

and miosa94

Publicaciones

Atlas Electoral de Bolivia III, Elecciones Municipales y Departamentales 1985-2010.Proyecto de Fortalecimiento Democrático – PNUD, Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) — Tribunal Supremo Electoral (TSE). Primera edición. La Paz, 2012.El documento cierra la serie de tres volúmenes publicados por el Tribunal Supremo Electoral y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia destinados a otorgar información estadística y de geografía electoral sobre los procesos administrados entre 1979 y 2010 por la entonces Corte Nacional Electoral.A través de cuadros gráficos y mapas de resultados, el tomo III del Atlas Electoral se concentra en el abordaje del comportamiento electoral de las nueve Elecciones Municipales efectuadas entre 1985 y 2010 y las dos Elecciones Departamentales realizadas en 2005 y 2010. Un capítulo especial también repasa la información de las Elecciones Regionales en la provincia Gran Chaco. En este contexto, tres motivos lo hacen relevantes: primero, porque ofrece al lector datos de re-sultados electorales que combinan información referida a resultados electorales municipales, pre-ferencias político partidarias de la ciudadanía y composición política de los respectivos concejos municipales; segundo, porque se inscribe en la corriente de estudio de los procesos electorales, desde la perspectiva de la geografía electoral, que asocia el voto ciudadano al territorio para el análisis de las preferencias ciudadanas en una elección y municipio determinado y, finalmente, porque constituye un aporte al conocimiento del comportamiento electoral a nivel municipal de las bolivianas y bolivianos. El trabajo también describe el contexto político de cada proceso, el sistema electoral adoptado en cada elección y los detalles sobre las candidaturas que pugnaron por estos puestos de representación sub-nacionales.

El Estado de Ciudadanía. Transformaciones, logros y desafíos del Estado en América Latina en el siglo XXI.Pinto, Álvaro y Ángel Flisfisch (coord.) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID). Sudamericana. Primera edición. Buenos Aires, 2011.La Dirección Regional para América Latina y el Caribe del PNUD reunió a varios autores con el objetivo de realizar un estudio acerca del desarrollo de la Ciudadanía Social y de la Ciudadanía Política en América Latina en el siglo XXI, ambas componentes centrales de la construcción de un Estado de Ciudadanía como respuesta a los principales desafíos en ma-teria política, social y democrática de la región.Partiendo de un análisis de los logros y avances alcanzados por los Estados de América Latina a partir del siglo XXI, resaltan que la construcción de Estados más activos conllevó a mayores demandas sociales, y por tanto a la necesidad de establecer pactos sociales para enfrentar el futuro.El capítulo 2 profundiza el concepto de Ciudadanía Política, haciendo énfasis en la expansión de la misma en América Latina, tanto por el ejercicio más efectivo de los derechos políticos existentes como por la generación de nuevos derechos. No obstante, enfrenta falencias re-lacionadas a la persistente falta de confianza en los actores e instituciones democráticas.El capítulo 3 aborda el concepto de Ciudadanía Social, asociada además al bienestar mate-rial, a la dignidad humana, la justicia social y la libertad. Más allá de los avances de la región, superar la histórica inequidad y la alta informalidad del empleo son grandes desafíos.Finalmente, plantean la idea del Estado de Ciudadanía como aquel encargado de ampliar lo público progresando sistémicamente hacia la universalización de los derechos civiles, po-líticos y sociales, es decir: 1) universalizar los derechos civiles: seguridad ciudadana para todos, 2) universalizar la Ciudadanía Social: el bienestar en su faz utilitaria como en dignidad humana, 3) universalizar el acceso al poder que radica en el Estado, lo cual implica recons-truir la política.

and miosa 95

Publicaciones

Concurso de ensayo político- Nuevas visiones del Estado bolivianoLa Paz, fBDM, 2012,263p.A partir de la emergencia del nuevo Estado Plurinacional, existen un conjunto de conceptos que han sido incorporados en la agenda pública planteados como ejes centrales que sustentan el llamado “proceso de cambio” y son piedras angulares de la Constitución Política del Estado boliviano. En efecto, conceptos ta-les como descolonización, Estado Plurinacional, economía plural, autonomías, comunitarismo, Estado de Derecho, gestión pública intercultural, entre otros, se plantean además como valores fundamentales a ser impulsados a todo nivel dentro de la estructura del Estado. Adicionalmente, se evidencia que estos ejes temáticos son utilizados dentro de varias propuestas discursi-vas, sobre todo desde un punto de vista político, a todo nivel. Lo anterior no significa necesariamente que exista una comprensión cabal de sus alcances y posibles interpretaciones a partir del carácter polisémico de la realidad boliviana.A partir de esta reflexión, la fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (fBDM), desde 2010, procuró institucionalizar la participación de la ciudadanía mediante la realización de ensayos sobre dichas temáticas, incentivando sobre todo, a la comunidad académica nacional, para coadyuvar en la identificación y sistematización de insumos teóricos que aporten para la generación de información sobre los diferentes aspectos o abordajes referidos a las temáticas propuestas. Adicionalmente, consideró apropiado promover un mayor debate conceptual referido, a los temas mencionados en la perspectiva de proporcionar insumos contextualizados tanto a los operadores de políticas públicas, como a la comunidad de investigadores, estudiosos del tema, y, porque no, público en general, visibilizando conceptos más comprensibles hacia la sociedad boliviana.Por lo tanto, como una forma de materializar la generación de aportes respecto a estas temáticas en todo el país, se realizó la convocatoria al “II Concurso de Ensayo Político 2011” a nivel nacional con el objetivo de crear, a través de este mecanismo, procesos de construcción de conocimiento y de incorporación de percepciones del Estado Plurinacional, desde una perspectiva de pluralidad, inclusión, debate académico y pensamiento crítico.Los planteamientos inmersos en los ensayos de Nuevas visiones de la democracia en Bolivia, permiten escuchar nuevas y distintas voces que no se asemejan a las miradas existentes en las esferas tradicionales del debate. Se destaca que los ganadores del primer y segundo lugar, son jóvenes provenientes de la ciudad de El Alto. En ese sentido, los textos nos dan la certeza que existen otros campos de pensamiento que per-miten intercambiar ideas en círculos no polarizados por los medios de comunicación.En general los autores logran la apertura de plantear los problemas y las preguntas pertinentes en el marco de la reflexión.

Miscelánea de Fortalecimiento Democrático

Compendio electoral del Estado Plurinacional de Bolivia. Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Primera edición. La Paz, 2011.Este compendio publicado por el Tribunal Supremo Electoral, a través del Servicio Intercultural de For-talecimiento Democrático (SIFDE), recoge las leyes electorales promulgadas a partir de la aplicación de la actual Constitución Política del Estado, su propósito es aprender del camino trazado y seguir propo-niendo rutas para construir una mejor democracia, aquella donde lo liberal, en el contexto del Estado Plurinacional, debe convivir con lo comunitario. En este afán, el libro inicia con el texto íntegro de la Constitución Política del Estado, promulgado en fe-brero de 2009, para continuar con la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley 026 del Régimen Electoral y la Ley 125, que deroga y modifica algunos artículos de la Ley de Régimen Electoral. Este tránsito legislativo culmina con el Reglamento del Régimen Especial de Propaganda para el proceso de elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, efectuadas el 16 de octubre de 2011. Con su lectura, se puede evidenciar cómo el Estado viene implementando cambios profundos en su estructura y cómo se está recogiendo las demandas históricas colectivas. El reto que se plantea, en este sentido, viene por establecer la forma en que las distintas democracias reconocidas por la Constitución aprenderán a convivir entre sí y allanarán el camino de construcción identitaria basada en la democracia intercultural y la convivencia. “Nuestras leyes electorales están impregnadas del espíritu de la interculturalidad como realidad y como propósito histórico”, reza en el prólogo de este compendio publicado en diciembre de 2011.

and miosa96

Aplicación del Convenio Número 169 de la OIT por Tribunales Naciona-les e Internacionales en América Latina Programa para promover el convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Primera edición. Perú, 2009. Publicación Digital (disponible en http://bit.ly/Convenio169)Publicado el año 2009, la “Aplicación del Convenio Número 169 de la OIT por Tribunales Nacionales e Internacionales en América Latina” es una compilación de casos recupe-rados por el Proyecto de la OIT para la Promoción del Convenio núm. 169 y el Equipo de Igualdad del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT, que a lo largo de 291 páginas recoge una síntesis de decisiones judiciales adoptadas en 10 países de América Latina, además de sentencias e informes del sistema de derechos humanos interamericano. La compilación cuenta, además, con una introducción que aporta algunos datos relevan-tes sobre el estado de aplicación del Convenio 169 en la región. Posteriormente consta de tres partes, además de los anexos. La primera está destinada a recopilar y analizar datos relevantes sobre el contexto legal de la región, tanto a nivel nacional pero, sobre todo, a nivel internacional en relación a los organismos internacionales especializados. Ya en la segunda parte se encuentran los estudios de caso de cada uno de los siguien-tes países: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatema-la, México y Venezuela. En el caso boliviano se recogen tres sentencias constitucionales relacionadas con la aplicación del Convenio 169; dos de ellas dictadas el año 2003 y una del año 2006; así el lector puede acceder a los casos por filtración temática o geográfica.

Publicaciones

El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Fundación para el debido proceso legal. Oxfam. Primera edición. Washington, 2011. Publicación Digital.El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. “La situación de Bo-livia, Colombia, Ecuador y Perú” es una publicación elaborada por la Fundación para el debido Proceso Legal (DPLF, por sus siglas en inglés Due Process of Law Foundation) y publicada el pasado mes de marzo de 2011. La publicación se constituye en un informe que consta de tres partes en las que, partiendo del derecho internacional de los derechos humanos, se analiza la situación del derecho a la consulta en cuatro países de la Región Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). La primera parte del informe resume el marco legal internacional de los distintos organismos internacionales con competencia para conocer y pronunciarse sobre esta temática. La segun-da parte del informe contiene un análisis jurídico-fáctico de los cuatro países mencionados anteriormente, siendo el primer análisis sobre Bolivia, en el cual se incluye el registro histórico del proceso de consulta en este país; así como el análisis sobre su presencia en la Constitución Política del Estado, en actividades hidrocarburíferas, mineras, recursos naturales renovables, áreas protegidas y agua. Ya en la tercera parte se establecen algunas recomendaciones para los Estados, las empresas, las organizaciones indígenas y sus representantes, la sociedad civil y los organismos internacionales y de cooperación internacional.

and miosa 97

Bibliofilia política

Dilemas, ensayos sobre democracia intercultural y Estado Plurinacional. Mayorga, Fernando. CESU-UMSS – Plural Editores. Primera edición. La Paz, 2011.El libro del sociólogo Fernando Mayorga es una compilación de ensayos que tratan de discer-nir, paso a paso, las distintas facetas que viene atravesando el proceso socio-político boliviano.Para el autor, el rumbo político y la transición estatal que se viene implementando atraviesan varios dilemas ante el reto de construir una democracia intercultural y un Estado Plurinacio-nal con el peso de la historia a cuestas y las ansias de trazar un nuevo derrotero. Es en este contexto, que los textos analizan las distintas facetas de este proceso, las características del proyecto político del Movimiento Al Socialismo y las vicisitudes de la segunda gestión del Go-bierno de Evo Morales. En particular, un par de estudios están dedicados a Cochabamba y sus avatares sociopolíticos durante y para la Constitución del Estado vigente. Finalmente, el autor entrega un texto con algunas pistas destinadas al análisis político. Todos estos ensayos forman parte de los distintos trabajos y encuentros de análisis con colegas, amigos e institu-ciones que el autor ha sostenido en los últimos años, por lo que se constituye en un aporte fundamental a la reflexión crítica sobre la democracia boliviana. El libro, editado por Plural Editores y el Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón, da continuidad a la amplia reflexión que el autor ha iniciado desde 2003, con Avatares, a la que siguió Encrucijadas en 2007 y Antinomias en 2009.

Politicidad. Ensayos filosóficos. Tapia, Luis. Autodeterminación. Primera edición. La Paz, 2012.Politicidad, de Luis Tapia, es una publicación que reúne seis ensayos filosóficos escritos durante las últimas tres décadas. El primero Pensar los cuerpos, o el cuerpo manda, el tercero El sen-timiento de lo sublime en la política, el cuarto El espesor temporal de la contemporaneidad y el quinto El pensamiento genealógico y el olvido de los dionisíacos, fueron escritos el año 2011. Estos ensayos se orientan a pensar lo histórico, lo social y lo político en relación a la dimensión constitutiva de lo social que es parte de lo político. En cambio, lo político del ser, Vivir por lo que nunca existió, fueron escritos en 1986 y centran sus reflexiones en los procesos de síntesis polí-tica de lo social.Estos seis ensayos retratan la idea de politicidad como una dimensión de la libertad humana; y están pensados desde la matriz y horizonte marxista. A la vez el autor se ha propuesto reflexionar la idea de totalidad como categoría para dar cuenta del sistema de determinaciones y sobrede-terminación.

El desarrollo político en la formación social boliviana.Sandoval Rodríguez, Isaac. Editorial SIRENA. Primera edición. Santa Cruz, 2011.Este libro publicado en su primera versión en el mes de septiembre de 2011 es, básicamente, un ensayo sobre el desarrollo político nacional en Bolivia desde un enfoque histórico y con base en aspectos fundamentales de la ciencia política que realiza una lectura desde el pro-yecto político de los libertadores en la creación/consolidación de la República hasta el actual proyecto político del Movimiento al Socialismo. El libro está compuesto por 8 capítulos ade-más de la parte introductoria en la que se otorgan varias claves conceptuales para la lectura de los mismos. Los capítulos que componen el libro son los siguientes en orden correlativo: “El proyecto político de los Libertadores”, “El proyecto político de los Conservadores 1880-1899”, “El proyecto político Liberal”, “El proyecto del Partido Republicano, la crisis y secuela política de 1950 a 1952”, “El proyecto Nacional Revolucionario de 1952”, “El proyecto político Militar 1971-1982”, “El proyecto político Neoliberal 1985-2005” y, finalmente, “El proyecto del Movimiento al Socialismo”. Si bien el análisis de estos ocho proyectos políticos se diferencia por el tiempo histórico en el que toman lugar; encuentran su espacio de convergencia en que son revisados, a lo largo de la publicación, en base a los siguientes cuatro aspectos: un estudio entorno al poder —refleja-do en la actividad política—, la lucha por el poder, enfrentamientos y esfuerzos constantes por ejercer en y desde el Estado y, por último, la relación del Estado con la sociedad civil.

and miosa98

Información: www.gobernabilidad.org.bo

bservatoriode Análisis de Políticas Públicas

¿Qué es?

• EsunareddeespaciosdeanálisisdepolíticaspúblicasqueelProyectodeFortalecimientoDemo-cráticodelPNUDimpulsaparareflexionarydebatirentornoalosprocesosdedecisiónpública.

• Esunsistemadeobser-vaciónpermanenteeincrementaldeanálisisdepolíticaspúblicasqueacumuladatosyeviden-ciasempíricas,yproveedeinformaciónespeciali-zadaagestorespúblicos,actorespolíticos,sociales,analistaseinvestigadores.

¿Québusca?

• Produciresquemasalter-nativosy/osuplementariosdeanálisispolíticoenlosdistintosámbitosynivelesdeintervencióngubernamental(social,económico,autonó-mico,etc.),quecualifiquenlatomadedecisionesylasmi-radassobrelagestióndelaspolíticaspúblicasenBolivia.

• Dotardeinformaciónyevidenciaempírica,atravésdeestudiosdecaso,alosdecisorespúblicos,actorespolíticosysocialesparaproduciralternativasy/oco-rreccionesenelprocesodeformulacióneimplementacióndelaspolíticaspúblicas.

¿Cuáleslametodología?

Asumelaperspectivadeanálisisdelaspolíticaspúbli-cas,elconocimientodelasdecisioneseintervencionespúblicastalcomodehechoocurre,enparticular.• Estudialaconstruccióny

determinacióndelaagen-dapública.

• Caracterizalasalternati-vasdedecisionespúblicas.

• Analizalapuestaenmarchadelaspolíticaspúblicas,eljuegodeintereses,eldesplieguedeestrategiasyconfiguracióndearenasdeconflicto.

¿Cómofunciona?

ElProyectodeFortalecimien-toDemocráticodelPNUDencoordinaciónconactoresinstitucionalesypolíticos.• Encargalaelaboraciónde

estudios.• Difundeysocializahallaz-

gosyresultados.• Promuevelaorganización

yeldesarrollodeespaciosespecializadosdeanálisisydeliberación(mesas,foros,conversatorios,encuentros,etc.).

Balance y perspectiva

Suscripciones: www.gobernabilidad.org.bo