Revista Vivienda Popular Nº21

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Revista Vivienda Popular número 21 es una revista publicada por la Unidad Permanente de Vivienda de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República (Montevideo, Uruguay)

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1Reducir costos: ¿cuánto, cómo, qué?

Unidad Permanente de Vivienda

farq | uruguayfacultad de arquitectura

universidad de la república

Vivienda Popular

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Dr. Rodrigo Arocena

Dr. Arq. Gustavo Scheps

Arq. Duillo Amándola, Arq. María del Huerto Delgado, Arq. Raúl Fernández Wagner, Arq. Bernardo Martín, Arq. Ricardo Muttoni, Soc. Álvaro Portillo, Arq. Maria Lucía Refinetti Martins

Arq. Raúl Vallés

Ing. Benjamín Nahoum

Unidad Permanente de Vivienda

Ing. Benjamín NahoumArq. Raúl Vallés

Arq. Daniela Arias

Ing. Benjamín Nahoum

MASTERGRAFPagola 1823 Tel. 2203 4760

D.L. 349.879

VIVIENDA POPULAR es una publicación semestral de la Facultad de Arquitectura-UdelaR

Unidad Permanente de ViviendaFacultad de Arquitectura - Universidad de la República

Bulevar Artigas 1031 CP 11200Montevideo, Uruguay

Teléfono: 2400 0706email: [email protected]

ISSN - 1510-7442

Está permitida la reproducción total o parcial de los artículos publicados, citando al autor y la fuente La realización de este número contó con el apoyo de los anunciantes y especialmente de la Dirección Nacional de Vivienda del Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Unidad Permanente de ViviendaFacultad de Arquitectura | Universidad de la República

Rector

Decano

Comité Editor

Director

Redactor Responsable

Realización

Comité Ejecutivo

Diseño y diagramación

Edición

Impresión

Vivienda Popular

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editorial

tema de tapa

extensión

investigación

experiencias

américa latina

Reducir costos: ¿cuánto, cómo, qué?este número:

MáS, IGUAL O MEjOR, CON MENOS: ¿POSIBILIDAD REAL O qUIMERA?Benjamín Nahoum

“MI LUGAR, ENTRE TODOS”. DIVERSIFICAR, INCLUIR, INNOVARMVOTMA

¿CUáNTO CUESTA qUé? MUCHOS MITOS y ALGUNAS VERDADES PARA NO HACER MAL LAS CUENTAS EN HáBITAT y VIVIENDA SOCIALRaúl Vallés

EVALUACIóN INTEGRAL DE qUINCE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. ¿LA TECNOLOGíA ES LA SOLUCIóN?Integrantes del Equipo de Evaluación del Instituto de la Construcción

“ExPLICITANDO IMPLíCITOS II”. ENTRE VALORES y COSTOS DE LA VIVIENDA ECONóMICARicardo Muttoni

OPINIONES DE TéCNICOS

NOS FALTA PRENSAMirna Sierra

LOS MILAGROS LOS HACE LA GENTE; LA TECNOLOGíA, MUCHO MENOSTeresa Buroni

OPINIONES DE ORGANIzACIONES SOCIALES

SE PUEDE, CON AUTOGESTIóNFernando Zerboni AVANCES, INTERROGANTES y OBSERVACIONESSergio Requel

PROyECTOS DE MEjORAS DE HáBITAT EN EL BARRIO “LAS CABAñITAS”LAURA BOzzO, VALERIA ESTéVES, jAVIER MARRERO, LETICIA MUSTO, MARCELO PéREz, BEATRIz ROCCO

LA TRANSFERENCIA DEL COOPERATIVISMO URUGUAyO DE VIVIENDA POR AyUDA MUTUA A OTRAS LATITUDESMarta Solanas

COMPLEjIzACIóN DEL EjERCICIO DE LA ARqUITECTURA EN LA REHABILITACIóN DE BARRIADASSurco Arquitectura

AUTOGESTIóN, ARqUITECTURA y DESOBEDIENCIA CIVIL. LOS CENTROS SOCIALES OCUPADOS AUTOGESTIONADOS, EN EL CONTExTO DEL ESTADO ESPAñOLPablo Rabasco

RESCATE DE LA FUNCIóN HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTóRICO DE SAN SALVADOR Equipo del Centro Histórico de FUNDASAL

EL PLAN “MINHA CASA, MINHA VIDA” ¿SOLUCIóN PARA LOS SIN TECHO O PARA LAS EMPRESAS?Mariana Fix y Pedro Fiori Arantes/União Nacional por Moradia Popular

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Más, igual o mejor, con menos:

¿posibilidad real o Quimera?

EDITORIAL

A pocas semanas de constituido, el gobierno nacional encabezado por José Mujica decre-tó “la situación de emergencia de la población en situación de precariedad socio-habitacional” (Decreto 171/10). Para revertir esa situación es-tableció la prioridad de las acciones en materia de política de vivienda, en el marco de las res-tantes políticas sociales, y creó el Plan “Juntos” para actuar, coordinando los recursos del Esta-do, en las situaciones extremas.

Sin embargo, razones de política económica lle-varon a que los recursos destinados al efecto no variaran sustancialmente respecto de los del pe-ríodo anterior, en que se había considerado que la vivienda no era una prioridad frente a otros problemas que enfrentaba el país. Si bien el pre-supuesto para vivienda de este quinquenio ha experimentado un sustancial aumento si se lo mide en dólares (ahora mucho más flacos), me-dido en lo que interesa, su capacidad de compra, es algo menor al del quinquenio 2006-2010.

¿Cómo conciliar, entonces, esa voluntad de ha-cer más, en sintonía con una necesidad apre-miante, con la restricción de gastar lo mismo o menos? El Ministerio de Vivienda, Ordena-miento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA)

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hace para ello una fuerte apuesta a la eficiencia; decide apoyarse fundamentalmente en la ges-tión de los propios interesados (los recursos del FO.NA.VI.UR. se destinarán exclusivamente a los programas de autoconstrucción individual y colectiva por autogestión cooperativa); busca en el sector privado los recursos para atender a los sectores con mayor capacidad de pago, y mira hacia la innovación en tecnología y gestión, para reducir los costos en una proporción nada menos que del cuarenta por ciento.

Se rescata entonces del período anterior el sis-tema de subsidios implementado (que sobre la base de productos uniformes establece subsi-dios diferenciales, apoyando más a los núcleos familiares más numerosos y de menores ingre-sos); se sigue contando con el esfuerzo propio de los interesados, en gestión y mano de obra; se mantienen unos estándares de calidad que respetan los lineamientos establecidos en la Ley de Vivienda de 1968, y se confía que recorrien-do caminos que no son los tradicionales se pue-da ganar en eficiencia un margen significativo, que permitiría alcanzar las rebajas indicadas y por lo tanto, con el mismo dinero, llegar a más de una vez y media el número de familias alcan-zadas con los costos actuales.

¿Esto es posible, o es pura ilusión, o como tam-bién se ha dicho, mero voluntarismo? Una lec-tura rápida de la cuestión, parecería indicar que el propósito tiene más de quimera que de meta razonable: si durante mucho tiempo, técnicos y constructores han sostenido que los montos disponibles no alcanzaban para construir con dignidad, y han reclamado su aumento, ¿cómo podría ahora irse en sentido contrario? Y sin embargo… ahí están las viviendas autoconstrui-das, los programas de MEVIR, las experiencias cooperativas en las viejas “Franja 1” y “Franja 2” de la reglamentación que rigió entre 1993 y 2008, para mostrar viviendas muy dignas y ade-cuadas, construidas a valores muy semejantes a los que ahora se plantean:

Todo eso ha sido posible con base en la partici-pación de los propios destinatarios. ¿Se puede avanzar aún más, innovando en tecnologías? ¿El proyecto puede contribuir a mejorar el pro-ducto, optimizando espacios, racionalizando de-talles constructivos, sacando el máximo partido de los nuevos materiales, pensando los espa-cios exteriores como la continuación y comple-mentación natural de las viviendas, aprovechan-do las posibilidades que ofrecen los barrios en que los nuevos conjuntos son implantados?

¿Podemos hacer, en definitiva viviendas econó-micas, que no sean viviendas pobres?

Poderoso desafío, al que la Universidad, la academia, y la sociedad toda no pueden estar ajenas. Por eso dedicamos el presente número de VIVIENDA POPULAR a este tema, amalga-mando la perspectiva del propio Ministerio, la de técnicos que trabajan y han trabajado en pro-gramas para sectores de bajos ingresos y la de organizaciones sociales de vivienda, junto a re-flexiones y trabajos de investigación realizados por y desde nuestra Facultad, que muestran por dónde puede ir el camino, y qué son mitos y qué pueden ser realidades.

Esto no agota el tema, por supuesto. Se trata de invitar al aporte y al debate, desde una perspec-tiva crítica y realista, pero creativa, con la cabe-za abierta y la imaginación a tope, para que la contribución de todos ayude a enfrentar mejor, uno de los problemas más grandes de nuestro tiempo.

Benjamín NahoumRedactor Responsable

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El Ministerio de Vivienda lanzó recientemente una serie de nuevos programas,

entre los cuales una línea de crédito para cooperativas que, apostando a la

innovación tecnológica y de gestión, busca reducir significativamente los

costos, para así poder llegar a muchas más familias.

Ese desafío, que da razón al tema de tapa de este número de VIVIENDA

POPULAR requería, necesariamente, conocer desde qué perspectiva y en

qué marco se lanzaba la propuesta.

Lo que sigue es un trabajo preparado por las autoridades del MVOTMA para

nuestra revista, que en primer lugar incluye una introducción-marco y luego

una comparación entre el presente Plan Quinquenal y el anterior, que procura

analizar lo que ahora se mantiene y profundiza, y lo que se innova.

Para complementarlo, en un par de recuadros, se incluyen dos apartados,

respecto al trabajo de MEVIR y al de la ANV, que ilustran sobre el aporte de

estos organismos al Plan de Vivienda.

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El Plan Quinquenal de Vivienda 2010-2014, “Mi lugar, entre todos”, reafirma los principios rec-tores de la política habitacional como política social con enfoque inclusivo, territorial y de sus-tentabilidad económica y medio ambiental. La ampliación de la cobertura en soluciones habita-cionales con calidad, impulsan la diversificación de las mismas, así como la innovación en un camino de mejora continua.

La larga trayectoria del sistema cooperativo de vivienda es un punto de apoyo para incentivar la innovación en procedimientos de mayor efi-cacia y eficiencia, uso de materiales, nuevas tipologías de vivienda apropiables y apropiadas, y también tecnologías no tradicionales, debi-damente certificadas en su calidad y sostenibi-lidad. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) busca así apoyar decisivamente los procesos auto-gestionarios en vivienda que integren sectores sociales con heterogeneidad socio-económica y diversidad étnico-cultural.

de la generación de mayores recursos, que no pueden depender exclusivamente de lo público, razón por la cual se ha diseñado un instrumento que expresado en los contenidos del proyecto de Ley de Promoción de la Inversión Privada para Vivienda de Interés Social, se dirige a for-talecer dinámicas de interacción público-privada.

Los recursos del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, no son suficientes para dar el salto cualitativo y cuantitativo hacia la universa-lización, de modo que se busca incentivar, esti-mular y regular la participación de actores pri-vados, hacia la generación de emprendimientos de viviendas dirigidos a los sectores de ingresos medios y medios bajos, conjugando el esfuerzo estatal de exoneraciones tributarias, con la de-manda asegurada, de modo de liberar mayores recursos del Fondo que prioricen a los sectores sociales con mayor precariedad habitacional y vulnerabilidad social.

Diversificar, Incluir, InnovarA los efectos de abrir nuevos espacios para el desarrollo del sistema cooperativo, se proponen en este quinquenio, tres instrumentos, que se orientan a dar cabida y regular la generación de experiencias innovadoras para enriquecer y re-novar su identidad y tradición.

Los plazos de las transformaciones en las polí-ticas de vivienda y construcción de ciudad, en las políticas sociales y económicas, son largos y los tiempos de una administración no alcanzan para ver resultados definitivos, pero es impres-cindible el compromiso de profundizar el camino iniciado en la administración pasada, hacia el objetivo de mejorar la inclusión de los sectores más vulnerables, en los programas de vivienda y hábitat.

Esta definición última, implica acciones afirmati-vas hacia esos sectores de población, en cada uno de los programas, para garantizar esa inclu-sión, pero trabajamos con vocación de universa-lidad en la política de vivienda, lo cual requiere

“Mi lugar, entre todos”

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Continuar el proceso de rediseñar la política habitacional, implicó el análisis, el debate y la producción sobre tres dimensiones interrela-cionadas constitutivas de la política, el esfuerzo propio, el subsidio y el préstamo. A esta trilogía, en la que se conjugan, el esfuerzo propio, en-tendido como las diferentes formas de trabajo, gestión y ahorro de la población participante de los programas de vivienda; los subsidios, como mecanismo redistributivo de la riqueza, y el préstamo, con elementos garantizadores de su acceso, hoy proponemos incorporarle otros mecanismos e instrumentos, que garanticen la calidad constructiva; se adecúen a las posibili-dades económicas, tanto de la población como del Estado, y den cuenta de las valoraciones culturales, sobre el producto final, en sintonía con el desafío de amplificar la cobertura de la política de vivienda.

En tal sentido, entendemos que la nueva regla-mentación para la producción de viviendas por el sistema cooperativo que incluya innovación tecnológica tanto en el sistema constructivo como en la gestión, es consistente con el objeti-vo gubernamental de amplificar la capacidad de respuesta a la demanda habitacional, en calidad y cantidad, así como contribuir a la erradicación de la indigencia y la disminución radical de la pobreza.

Este reglamento se dirige a la construcción de viviendas por el sistema cooperativo cuyo costo global, variará entre 1.100, 1.375 y 1.650 Unida-des Reajustables (UR), para dos, tres y cuatro dormitorios, respectivamente y se potencia y fortalece con el reglamento para la certificación y aptitud técnica de Sistemas Constructivos No Tradicionales, lo que implica un fuerte impulso a la innovación, no sólo tecnológica, sino también en la gestión, incidiendo prioritariamente en los tiempos de producción, en los materiales y en las tipologías. Se suma a esto el reglamento para la adjudicación de predios de la Cartera de Inmuebles para Vivienda de Interés Social

(CIVIS) al sistema cooperativo, traduciendo criterios de asignación de la tierra que otorguen transparencia, garantía y equidad para todas y todos.

Sabemos que no estamos construyendo la solu-ción definitiva al déficit habitacional, pero si esta-mos convencidos que es un camino adecuado y por sobre todo compartido con otros actores de la sociedad civil. Transitar esta etapa, aportará a la identificación de ajustes y aprendizajes que optimicen y mejoren sustantivamente a los mis-mos, porque también de eso se trata: consolidar los escenarios de diálogo, con disensos y con acuerdos, pero ensanchando la base de parti-

cipación en la elaboración de las herramientas que garanticen el acceso y permanencia a la vivienda digna para todos y todas.

Cooperativa de Ayuda Mutua COVIPALMA (2010) con 36 viviendas se ubica en Victoriano Alvarez y Avda. Garzón.

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Nuevas propuestas para nuevos de-safíosEl MVOTMA pone en gestión en el segundo se-mestre del año un nuevo conjunto de programas para dar respuesta a la demanda de soluciones habitacionales de la población de todo el país, en el marco del Plan Quinquenal de Vivienda 2010-2014, “Mi lugar, entre todos”. Este nuevo impulso implica la gestión de nuevos progra-mas junto a las líneas de gestión que ya habían comenzado a desarrollarse desde el inicio del período. Todas estas novedades, así como la forma en que la ciudadanía podrá acceder a los programas en función de su situación familiar particular, estarán contenidas en una “Guía de soluciones habitacionales”, editada por el Minis-terio.

Autoconstrucción en terreno propio o público; nuevo reglamento para cooperativas, créditos para refacción; subsidio al crédito hipotecario para la compra de vivienda nueva y usada, y la aprobación de las bases de sistemas de cons-trucción con innovación tecnológica, forman parte del conjunto de nuevos programas. Antes de finalizar el año también se abrirán nuevos llamados para la compra de vivienda nueva y usada, compra de “esqueletos” (edificios des-habitados que se encuentran en condiciones de ser reparados y destinados a vivienda) y locales comerciales.

Además se implementará una reestructura del Fondo de Garantía de Alquileres, que ya había puesto en gestión un programa especial desti-nado a jóvenes, pero que a partir de ahora ten-drá un alcance nacional tanto para las personas de hasta 29 años como para la ciudadanía en general. Se suma a esto la posibilidad para los compatriotas que regresan al país después de un período de exilio, de acceder a una garantía de arrendamiento en los casos que realicen el trámite a través del Departamento 20 del Minis-terio de Relaciones Exteriores.

Estos nuevos programas se suman a los que ya se gestionan desde el primer semestre del año. Entre ellos se encuentran el Plan Lotes, el Plan Nacional de Relocalización, el Plan de Co-nexión al Saneamiento y la construcción de vi-viendas agrupadas y dispersas en el medio rural, así como la integración de unidades productivas a través de MEVIR.

El gobierno compromete todo su esfuerzo para llevar adelante este conjunto de instrumentos, pero también quiere que los ciudadanos formen parte activa de su solución habitacional, que a lo largo de ese proceso logren generar las capa-cidades necesarias para poder insertarse en el mundo laboral y que se genere en la comunidad la convicción que es posible avanzar entre to-dos para mejorar la situación de aquellos com-patriotas que hoy más lo necesitan.

El MVOTMA seguirá siendo el promotor y el gestor de las políticas, pero ahora será cada una de las familias la que tendrá la posibilidad de elegir entre un gran abanico de opciones cuál es la que más le conviene, la que puede afrontar según sus ingresos y la que puede sostener de acuerdo a la composición de su grupo familiar.

Creemos que estos instrumentos son una res-puesta adecuada a la demanda de vivienda que existe hoy en todo el país. Llegamos a esta con-

vicción luego de realizar visitas al territorio en to-dos los departamentos, de dialogar con la gente cara a cara, de reunirnos con los gobiernos municipales y departamentales, de participar en encuentros de las mesas interinstitucionales y de aprender de los aciertos y de los errores co-metidos en los últimos años.

También existe un nuevo reglamento para coo-perativas, que demuestra la fuerte apuesta que se hace para reforzar esa forma tradicional de asociación colectiva para construcción de vi-viendas y la generación de vínculos sólidos en la comunidad.

También se busca crear un nuevo marco legal para la promoción de la inversión privada en la construcción de viviendas de interés social, ya que se considera importante que los inversores privados también participen de este proceso a fin de aumentar la oferta de soluciones habita-cionales nuevas de calidad entre los sectores medios y medio-bajos de la población.

El país enfrenta hoy nuevos desafíos y uno de ellos es la redistribución de la riqueza genera-da con trabajo y esfuerzo en los últimos años. Instrumentar de manera eficiente una adecuada política socio-habitacional es la manera más efectiva de alcanzar ese objetivo.

Lineamientos estratégicos del PlanEl Plan Nacional de Vivienda 2010-2014, “Mi lugar, entre todos”, incluye lineamientos estraté-gicos que lo estructuran en seis planes. Cuatro de ellos tienen una dimensión en el territorio que permite visualizar de manera más clara el centro de atención, sin perder de vista su inte-gralidad: son los que refieren a las áreas inundables y contaminadas críticas; la rehabilitación y consolidación urbana; las áreas de nuevo crecimiento planificado, y la ruralidad y pequeñas localidades.Los otros dos son políticas nacionales que tienen su correlato en las realizaciones en el territo-rio: la Política Nacional de Alquileres para Vivienda de Interés Social, y la Política de Incentivo a la Participación Privada en Vivienda de Interés Social, tanto a través del estímulo del ahorro y facilitación de acceso al crédito, como de la inversión.

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Planes quinquenales 2005-2009 y 2010-2014: de continuidades y de cambiosNos proponemos ahora recorrer los aportes más significativos, contenidos en el Plan Quin-quenal de Vivienda y Hábitat 2005-2009 (PQ 05-09), para esbozar las líneas de continuidad y cambio que surgen en la comparación con el Plan Quinquenal de Vivienda, 2010-2014 (PQ 10-14): “Mi lugar, entre todos”, si bien éste tiene aún una implementación incipiente.

“Los plazos de las transformaciones en las polí-ticas públicas, en las políticas sociales y econó-micas, en construcción de ciudad sustentable e inclusiva, en las formas de socialización y pau-tas culturales, en la domesticación de los merca-dos, son largos. Los tiempos de una administra-ción no alcanzan para ver resultados definitivos. El periodo 2005-2009 se propuso abrir caminos y dejar una huella hacia adelante, escribió un capítulo de una historia inacabada.” (PQ10-14.)

El periodo que inició el PQ 10-14 da continuidad en sus aspectos centrales a las transformacio-nes iniciadas en el plan anterior y al mismo tiem-po pone nuevos énfasis. Trataremos aquí de dar cuenta de las líneas de continuidad entre ambos planes, que amplia la cobertura en los progra-mas ya existentes y procesa los cambios sobre un enfoque compartido por ambos, basado en: la concepción de derechos y el horizonte de uni-versalización del acceso a la vivienda/la calidad de las soluciones habitacionales/la mitigación de la segregación territorial y la segmentación social/dimensión territorial/descentralización y participación/combate a las formas de discrimi-nación/redistribución de la riqueza a través de la asignación de subsidios según situación fami-liar/interinstitucionalidad con el conjunto de las políticas sociales, entre otras.

Los objetivos del Plan Quinquenal elaborado en 2005 y el presentado en 2010, consideran un diagnóstico construido desde los mismos pa-

rámetros y se apoyan en los mismos criterios orientadores de la política pública. El tronco ins-titucional y conceptual que rige la política es el mismo, las diferencias hacen a aspectos instru-mentales y a los cambios de coyuntura política y económica que el país presenta luego del primer periodo de gobierno frenteamplista.

Edificio PETRONA VIERA (2009) cuenta con 36 viviendas y se encuentra localizado en Silvestre Pérez 2384

Cooperativa TEBELPA 3 (2009) posee 70 viviendas y está situada en las calles en Carlos Ma. De Pena y Tampico.

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Aquel (punto de partida) y sus logros

En marzo de 2005, el Uruguay asistió a un cam-bio político sustantivo; las nuevas autoridades asumieron con el desafío de gobernar un país destruido por la crisis de 2002, desde un estado en vías de desguace y con el imperativo ético-político de construir políticas públicas que co-menzaran la transformación desde un proyecto de izquierdas, con sus múltiples colores, ma-tices, demandas y/o expectativas acumuladas.

Si bien la política de vivienda no estuvo entre las prioridades fijadas por el gobierno para aquel período, ella se incorporó a un proceso de cambio profundo y fue evaluada por actores políticos y sociales desde parámetros exigentes, con enfoques diversos y en cierta forma, con-trapuestos.

Desde una mirada advertidamente simplificado-ra, podemos resumir dos enfoques críticos a la nueva política implementada. Por un lado, los puntos de vista construidos a partir de la con-sideración de la ley de vivienda Nº 13.728 de 1968 en su versión original y desde la valoración de su periodo de implementación más fermental (entre 1968 y 1974), y por otro la visión arraiga-da a partir de los ´90, matrizada por el enfoque de Estado facilitador y programas focalizados en sectores de pobreza, que desarrolló, durante sus primeros quince años la Dirección Nacional de Vivienda (DINAVI) del Ministerio de Vivien-da, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA).

Las orientaciones de la nueva política son ex-presión del debate y reformulación de ambos paradigmas: por un lado se comenzó el diseño y la implementación de políticas y programas des-de la visión de universalización de la política y un Estado garante del ejercicio de los derechos sociales, y por otro, se acompasaron los cam-bios de la liberalización del mercado de créditos hipotecarios, proponiendo instrumentos para ampliar su alcance a nuevos sectores sociales.

En un contexto de colapso generalizado de los actores institucionales que hasta ese momento habían llevado adelante las directivas y los pro-gramas, así como de desgaste de los actores sociales que habían sido contraparte de los pro-gramas, se configuró un escenario de crisis que debió ser abordado, en su doble sentido, pero fundamentalmente como oportunidad. Ante una realidad dramáticamente transformada, se crearon nuevas ideas/instrumentos, continuado-res del legado de la Ley de Vivienda, y a la vez innovadores, tanto por los desafíos planteados, como por el nivel técnico que caracterizó al elen-co que transitó esta etapa.

Cabe agregar la dosis de invisibilidad que cu-brió los aciertos o errores de las acciones de política de vivienda entre 2005 y 2009, porque sus temas no fueron incorporados en el debate público, tanto porque otros asuntos -la instala-ción de BOTNIA, en el caso del MVOTMA, por ejemplo- centraron la atención de la opinión pú-blica, como porque existieron debilidades en la producción de mensajes que dieran cuenta de los cambios en una temática de alta sensibilidad social. En última instancia “la vivienda”, entendi-da como el acceso y permanencia a soluciones habitacionales dignas, no había sido definida como prioridad política por el Poder Ejecutivo, como fue el caso de otras políticas sociales (Plan de Emergencia, Reforma de la Salud, Plan de Equidad, entre otros).

La primera constatación es que entre 2005 y 2009 se procesó una importante transformación en los actores públicos que habían desarrolla-do las políticas de vivienda y hábitat: MVOTMA, BHU, Programa de Integración de Asentamien-tos Irregulares (PIAI), MEVIR e Intendencias. Se postuló la necesidad de articular un sistema público de vivienda donde los actores respon-dieran a las directivas de una Secretaría de Es-tado que asumía la rectoría de la política en su globalidad. En esta reorganización de actores y competencias surgió la Agencia Nacional de

Vivienda (ANV), como un organismo concebido para cumplir funciones de ejecución de progra-mas, de desarrollo de instrumentos financieros y para administrar y resolver con criterios de equi-dad social, la situación de la cartera de morosos del BHU.

En una breve síntesis, la implementación del Plan Quinquenal 2005-2009 supuso el redise-ño institucional, cuyas expresiones más claras fueron la readecuación del BHU, la creación de la ANV, la incorporación del PIAI a la estructura del MVOTMA y la reafirmación del MEVIR como actor del desarrollo rural sustentable. Cabe destacar el cambio iniciado en la cultura orga-nizacional con participación de representantes del MVOTMA en formas de articulación y coor-dinación interinstitucional, donde se destaca la integración al Consejo Coordinador de Políticas Sociales y a las Mesas interinstitucionales, así como la primera convocatoria a la Comisión Asesora de Vivienda prevista por la ley de 1968, pero a la cual el Ministerio jamás había reunido y consultado.

En el balance del Plan Quinquenal 2005-2009, incluido en el Plan Quinquenal siguiente, el redi-seño institucional se describe en estos términos:

“En el nuevo sistema el MVOTMA, a través de la DINAVI, es el organismo central, la entidad encargada de definir y diseñar las políticas ha-bitacionales, monitorear y evaluar la implemen-tación de las mismas, administrar los recursos del FNVyU, otorgar subsidios y ejercer tareas de control sobre los agentes públicos y privados que actúan en materia de vivienda de interés so-cial. La ANV, creada por Ley Nº 18.125, es un servicio descentralizado que tiene a su cargo la gestión de la cartera social heredada del BHU, la ejecución de proyectos y programas habita-cionales y el diseño de instrumentos financieros de estímulo al desarrollo del mercado hipote-cario y a la inversión privada para vivienda de interés social. El BHU es la institución financiera estatal es-

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pecializada, dedicada a facilitar el acceso al crédito hipotecario con destino a vivienda. Por otra parte, el MEVIR, como el PIAI, se vincula al sistema desde la reformulación de sus misiones, respetando sus especificidades institucionales. A MEVIR le compete la demanda de vivienda y hábitat de la población rural dispersa y de las localidades de menos de 5.000 habitantes. Al PIAI le compete promover la integración socio-territorial de los asentamientos irregulares con-solidados en tierras públicas.Finalmente, en la ejecución de las políticas ha-bitacionales, importa reconocer la intervención de las Intendencias Departamentales que, con las autonomías del caso, son parte del sistema público de vivienda.”

En segundo término, en función de la redefini-ción del papel del MVOTMA en el diseño de po-líticas, instrumentos y programas, así como de su misión en la construcción del sistema público de vivienda, se transforman siendo consisten-tes sus intervenciones tanto en lo programático, como en el territorio. Tal misión se expresó en la actualización de los elementos esenciales de la Ley Nacional de Vivienda de 1968, sobre la trilogía esfuerzo propio o ahorro, subsidio y préstamo. Se incluyó como principio operativo la promoción de la heterogeneidad social en los programas y en su localización.

El Plan 2010-2014 dice al respecto: “El redise-ño de los instrumentos básicos tuvo el objetivo de posibilitar un mayor acceso y permanencia de las familias en sus viviendas: los subsidios1, como elemento redistributivo de la riqueza; el préstamo, que democratiza el acceso a la vi-vienda, y el ahorro (en forma de trabajo, gestión y/o en capital) que representa el esfuerzo direc-to de los destinatarios. En primer término, se aprobaron mediante Re-solución Ministerial los siguientes reglamentos2:-Producto. Establece las condiciones para la pro-

ducción y localización de una vivienda digna y adecuada a las necesidades de las familias.-Préstamo. Establece las condiciones y requisi-tos para el acceso a créditos atendiendo a la composición y situación socio-económica de las familias.

-Subsidio a la demanda. Establece las condicio-nes y requisitos del acceso para las familias que lo necesitan.Y en segundo término, la persistente tarea de abrir espacios sobre las restricciones del finan-ciamiento, haciendo conjugar el accionar dife-rente de las instituciones del sistema público (MVOTMA-ANV-BHU-BROU), con las Institu-ciones Financieras permitiendo en el mediano plazo ampliar y diversificar la oferta de financia-miento para viviendas desarrollando el crédito hipotecario.”

El “subsidio a la cuota” constituye la innovación más trascendente, pues se constituye en un elemento central de equidad social. Las familias acceden a un mismo “producto” (vivienda nueva, vivienda usada, préstamo de refacción, canas-ta de materiales, entre otros) y se subsidia la fracción de la cuota del préstamo que la familia no está en condiciones de pagar, considerando sus ingresos totales y el número de integrantes que la componen. En algunos casos la familia cuenta con recursos a partir de los cuales sólo puede hacer frente a los gastos de alimentación, por lo que el subsidio es total. No se trata de una situación estática, sino revisable en el plazo de dos años, en primera instancia. Si los ingre-sos de la familia han aumentado al momento de la revisión, su cuota se elevará a otra franja de afectación, pero si los mismos disminuyen en forma significativa, podrá solicitar un monto ma-yor de subsidio a la cuota.

Estamos ante un potente instrumento de redis-tribución de riqueza, porque no se subsidian la-drillos sino familias, donde cada una aporta des-de sus posibilidades económicas y se controlan

en el tiempo las variaciones. Asimismo, aunque perfectible, el instrumento resulta un mecanis-mo apto para acompasar los cambios en el ciclo vital de las familias, en su multiplicidad y variabi-lidad. Asimismo se impulsa la recuperación de la cultura del ahorro y pago, entre quienes tienen las condiciones estructurales para hacerlo efec-tivo, ya sea el pago total de la cuota o el pago parcial de acuerdo a la franja de afectación.

El cooperativismo recibe un nuevo impulso, se aprueba una nueva reglamentación (Resolución Ministerial 540/08 y demás normativa vigente) que resulta de una larga elaboración conjunta con los actores del sistema (FUCVAM, FECOVI y representantes de Institutos de Asistencia Técnica). Se sustituyó el sistema de franjas, generando acceso universal al sistema (sin restricciones en el tipo de hogar y en el nivel socio-económico), sistemas más transparentes y previsibles de adjudicación de préstamos (dos llamados anuales para cooperativas con ante-proyectos aprobados, con sorteo si los cupos no son suficientes) y mayor celeridad en la trami-tación.

Tal vez el frecuente debate público entre FUCVAM y el MVOTMA, hizo pasar desaper-

1 El subsidio a la cuota consiste en un instrumento que per-mite otorgar a una familia o a un grupo de destinatarios/as el subsidio parcial o total sobre la cuota de un crédito hipoteca-rio para la vivienda. De este modo el destinatario pagará una suma acorde a sus ingresos.

El subsidio total a la cuota se sustenta en la afirmación y reconocimiento de un derecho. No restringe su realización a las posibilidades económicas, materiales o humanas de las personas o familias. No lo condiciona a la realización de contrapartidas, excepción hecha del compromiso con el cuidado y mantenimiento del bien recibido. Este constituye el aporte más importante de la nueva política al Plan de Equidad. Se considera que este instrumento debe articular-se con otros programas de la Red de Asistencia del Plan de Equidad, de modo de hacer posible un proceso integral de inclusión social. 2 Ver en http://www.mvotma.gub.uy/dinavi/

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cibida esta transformación que favoreció -más allá de las resistencias naturales a los cambios y los desajustes de las transiciones- a todos los actores del sistema (Cooperativas, Institutos de Asistencia Técnica, Federaciones, etc.).3

Estos cambios tensaron el andamiaje existente, cuyas capacidades estaban vinculadas a largos periodos de tramitación y a la generación de ac-ciones de presión para sortear obstáculos. Una nueva lógica se instala, con énfasis en la articu-lación entre la construcción colectiva de un pro-yecto social autogestionario, parámetros clara-mente establecidos para definir la factibilidad de la tierra y criterios preestablecidos para aprobar el anteproyecto cooperativo en su globalidad.

Esta transformación exigió transitar experien-cias, sistematizarlas, hacer ajustes y asumir cambios en la cultura organizacional. La nueva reglamentación propuso las condiciones para la renovación del sistema, para su adecuación a las nuevas realidades sociales y generó dis-positivos jurídico-administrativos para combatir y prevenir formas de perversión y/o corrupción que desprestigiaron el sistema cooperativo en el pasado reciente.4

La creación de la Cartera de Inmuebles para Vivienda de Interés Social (CIVIS) fue aprobada en 2008 y reglamentada en 2010. Las investiga-ciones sobre predios de inmuebles del Estado persona jurídica mayor (ministerios) y demás organismos, desarrolladas en el periodo ante-rior, han sido los cimientos de la construcción de la Cartera en el periodo actual. Mover las es-tructuras de los ministerios para recuperar toda tierra ociosa y apta para vivienda es un proceso de alta complejidad, que exige capacidades de gestión política y administrativa. La CIVIS, como estructura en construcción, da cuenta de una ní-tida continuidad entre ambos periodos.

“Las facultades y cometidos de la CIVIS, se en-marcan en lo establecido en la Ley Nº 16.112,

Ley Nº 13.728, modificativas y concordantes, artículo 400 de la Ley Nº 17.296, artículos 367 a 370 de la Ley Nº 18.362, y las disposiciones de la Ley Nº 18.308 (Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sostenible), sin perjuicio de la aplica-ción de todas las normas legales y reglamenta-rias vigentes.” (PQ 2010-2014).

Con la política de convenios entre el MVOTMA y las Intendencias Departamentales, con los programas de DINAVI se logró llegar a los des-tinatarios más vulnerables5 proponiendo formas alternativas desde el punto de vista metodológi-co, modificando las formas de intervención de tipo paternalista e imprimiendo un sentido de avance técnico en el diseño, gestión y el moni-toreo de acciones. Se desarrollaron “proyectos de autoconstrucción asistida” con población caracterizada con pobreza crítica y donde el

“proyecto social” de intervención fue jerarquiza-do como componente central para el desarrollo de los mismos.

Con esta modalidad se procesaron un con-junto de relocalizaciones que dieron lugar a la línea estratégica de Relocalización del Plan 2010-2015, así como los programas de Lotes con Servicios y Canasta de Materiales para autoconstrucción aportaron masa crítica para la concreción del programa de Autoconstrucción en terreno público y privado, que se comienza a ejecutar este año. La experiencia del Programa de Rehabilitación Urbana (préstamos para re-facciones y mejoras a propietarios de viviendas en centralidades) de la Intendencia de Montevi-deo se reprodujo y multiplicó en varios departa-mentos del país: Paysandú, Rocha y Canelones.

En suma, las continuidades en los objetivos y lineamientos parten de la conciencia que un periodo de gobierno o incluso dos son insufi-cientes6; las continuidades en los enfoques po-lítico-programáticos se basan en el esfuerzo por construir política pública de alcance universal;

3 Cabe aclarar que para las cooperativas de ahorro y prés-tamo, los topes de ingreso y otras definiciones operativas no coincidieron con su integración actual, por lo que para este sistema se están elaborando hoy otras alternativas, dentro del sistema financiero público. 4 Las acciones jurídicas vinculadas a los SIAV-grupos y sus institutos técnicos, como el Decreto de Control de Coopera-tivas y Fondos Sociales (Decreto 266/06), así como la modi-ficación de la reglamentación de los Institutos de Asistencia Técnica. 5 Según el procesamiento de los datos de los convenios en-tre Intendencias y Ministerio, se construyeron 1.937 vivien-das para realojos de asentamientos y 330 intervenciones de mejora de vivienda para población cuyo promedio de ingresos se encontraba por debajo de la línea de indigencia (MVOTMA, informe Oficina de Convenios.)6 La hipótesis de elaborar una meta 2030, que suponga la concreción con mecanismos de acceso universal a las soluciones habitacionales dignas para el 2030, para todos los sectores sociales sean cuales sean sus ingresos y su condición de ocupación del suelo, aparece como un hori-zonte posible en un escenario de crecimiento económico sostenido y readecuación del modelo de desarrollo (equidad, sustentabilidad, amigable con el ambiente, transformacio-nes en las pautas de consumo y utilización de recursos naturales, entre otros).

Obra de MEVIR

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las continuidades en los instrumentos de políti-ca (préstamo, subsidio y aporte de las familias), en la búsqueda de un diseño adecuado, interdis-ciplinario e interinstitucional, para atender a los sectores de mayor vulnerabilidad social, que en diversas formas o grados están frecuentemente asociados a la precariedad habitacional.

Puntos de inflexión: continuidades y nue-vos programas

Con relación a los puntos de inflexión entre el Plan Quinquenal vigente y el anterior, conside-raremos cuatro asuntos, conscientes que estas afirmaciones pueden ser aún muy primarias.

Por un lado, la determinación del gobierno de alinearse con el compromiso del país con los Objetivos del Milenio (ODM) marca como obje-tivo común de las políticas públicas redoblar los esfuerzos para “erradicar” la indigencia y dis-minuir en un 50% la pobreza. La relación entre la indigencia, la pobreza y la desigualdad eran puntos de partida claros de la concepción políti-co programática del periodo 2005-2009, pero en este gobierno son definidas más explícitamente desde el Poder Ejecutivo y el gabinete social, y en ese marco desde el MVOTMA.

Por otro lado, la vivienda como tal, vinculada a la precariedad habitacional y a las situaciones de vulnerabilidad social, es explicitada como prio-ridad de gobierno.7 La diferencia presupuestal entre ambos planes expresa la priorización en-tre las políticas que desarrolla el actual gobierno, con un aumento de recursos financieros en el esquema presupuestal del quinquenio, en com-paración con el gobierno anterior. 8

En tercer término, la organización del actual Plan Quinquenal en seis líneas estratégicas que son a la vez planes, permite ordenar los recur-sos humanos y presupuestales de acuerdo a la nueva modalidad propuesta por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, así como dar un

marco de mayor alcance y mejor difusión a los programas, tanto para las acciones que conti-núan y se amplían, como para las nuevas inter-venciones que se crean.

En cuarto término, la continuidad en la promo-ción de una cultura de pago y ahorro, basada en las reales capacidades de las familias, siendo éstas evaluadas de acuerdo a procedimientos técnicos y transparentes. El desafío ha implica-do el desarrollo de las capacidades de los orga-nismos de auditoría y monitoreo del destino de los recursos públicos, así como sustituir la negli-gencia o el clientelismo con relación al recupero de las inversiones, por una actitud activa de co-bro de las amortizaciones de los préstamos, por más pequeñas que ellas sean.

La credibilidad de las políticas públicas, como

7 La creación del “Plan Juntos” en el ámbito de Presiden-cia e integrado por representantes del MIDES y MVOTMA, muestra esta línea de actuación con relación a la precarie-dad socio-habitacional. 8 En la comparación entre ambos presupuestos quinque-nales, al momento de su aprobación parlamentaria, y con-siderando la Unidad Reajustable como parámetro de refe-rencia, el aumento se calcula en un 30% según datos de la Administración del Fondo Nacional Vivienda y Urbanización DINAVI-MVOTMA.

Edificio Rafael Barradas (2009) con 20 viviendas se encuentra ubicado en Tres Cerros y Avda. Italia.

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la de vivienda y hábitat, se mide por sus resul-tados en términos cuantitativos, pero fundamen-talmente por la calidad de sus prestaciones y por el control sobre las obligaciones de pago que asumen los destinatarios de los programas. Este aspecto resulta de suma importancia en el esfuerzo por la recuperación de viejas pau-tas culturales que generen un contrapeso a los comportamientos contemporáneos permeados de la inmediatez y el hiperconsumo.

En cuanto a los cambios más concretos del ac-tual Plan Quinquenal, sobre todo en la formula-ción de criterios técnico-políticos y nuevos pro-gramas,9 enumeraremos los más significativos:

1. La incorporación de la autoconstrucción asis-tida como un componente de la mayoría de los programas de la DINAVI. Este componente par-te del aporte efectivo de los destinatarios, que por un lado permite disminuir el costo de la so-lución habitacional, pero también es una expe-riencia de capacitación laboral que habilita a los integrantes de los hogares participantes nuevas oportunidades de empleo. (Ver Reglamento Operativo de Relocalizaciones y Programa de autoconstrucción en terreno público y privado, en www.mvotma.gub.uy)

2. La definición de áreas de oportunidad con predios de la CIVIS para la inversión público-privada, de acuerdo al proyecto de Ley presen-tado en el Parlamento y que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. Esta herramienta abrirá un espacio importante para sectores de ingresos medios y medio bajos, que podrán acceder a viviendas de interés social construidas por empresas constructoras y lo-calizadas en áreas intermedias de las ciudades.

3. La promoción de las nuevas tecnologías en la construcción, que manteniendo la calidad, acor-tan los plazos de obra, abaratan la construcción y promueven el desarrollo local. El caso de las tecnologías en madera para el Norte del país, es

sólo un ejemplo de las múltiples posibilidades de innovación en la construcción y la gestión que la nueva reglamentación introduce (ver Documen-to de Aptitud Técnica, en www.mvotma.gub.uy). Un cambio de esta importancia requiere de ava-les técnico-científicos, que se garantizan a tra-vés de la participación de la UdelaR-Facultad de Arquitectura en los trámites de aprobación de la utilización de tecnologías innovadoras. En este marco, se destaca la nueva reglamentación de cooperativas (ver reglamento de cooperativas 2011 en www.mvotma.gub.uy) para aquellos grupos que aspiran a una vivienda construida con tecnologías alternativas y nuevos procedi-mientos de gestión, que optimicen la utilización de recursos financieros y humanos.

4. La elaboración conjunta con las mesas inte-rinstitucionales de todos los departamentos del país, de proyectos que desde la integralidad atiendan las situaciones urbano-habitacionales priorizadas por los organismos que integran las mesas y son coordinados por el MIDES.

5. El levantamiento progresivo de las restriccio-nes para que todos los programas tengan acce-so universal, para incluir junto con otros secto-res sociales a los sectores más vulnerables, sin discriminación de nivel de ingreso, tipo de hogar, género, etnia o raza, religión u opción sexual.

A modo de (in) conclusión

Finalmente, recordar que la finalidad de este artículo no consiste en presentar afirmaciones concluyentes, simplemente intenta desarrollar algunos puntos de coincidencia e inflexión que inviten al ejercicio ciudadano y científico de la comparación y el análisis de la política pública de vivienda y hábitat, entre dos planes quinque-nales sucesivos en gobiernos del mismo signo político.

La tarea está apenas comenzada, es un estímu-lo para el estudio, la reflexión y el debate.

9 La temática requiere un trabajo científico de mayor al-cance, donde desplegar un marco teórico que permita la comparación entre los dos periodos de gobierno en lo que hace a política habitacional, así como la distancia temporal razonable para la construcción de hipótesis. En las técnicas de comparación resulta de mayor importancia detectar las diferencias que las continuidades, para explicar los cambios en las políticas.

Obra de MEVIR

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Los logros de MEVIREl Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR), con su misión específica de contribuir en la construcción de un hábitat rural sostenible, es parte del sistema público de vivienda de nuestro país, que ha colocado un énfasis muy importante en los últimos años en el trabajo sobre el hábitat con objetivos de integración socio-territorial. Para MEVIR esto supone, entre otras cuestiones, desarrollar acciones que permitan la transformación de las condiciones de vida de la población del medio rural que se encuentra en situación más crítica. Los datos que presentaremos brevemente aquí pretenden dar cuenta del perfil de la población en la que se focaliza su política, así como del impacto generado a partir del ingreso a las nuevas viviendas.

En 2010 MEVIR entregó viviendas en programas nucleados a 492 familias. Esto permitió que 220 de ellas dejasen de vivir en hacinamiento grave. Tomando en cuenta además que de esas 492 familias, 70 vivían en calidad de agregados, se puede inferir que un total de 290 familias ya no viven hacinadas, en tanto se con-sidera también el hacinamiento de hogares (residencia en una vivienda de más de un hogar). El hacinamiento es considerado condicionante de la promiscuidad y limitante de la privacidad y la libre circulación. Se estima que más de dos personas por habitación para dormir es hacinamiento, mientras que el hacinamiento grave se produce cuando conviven cuatro o más personas por dormitorio.

A su vez, el acceso a una vivienda de MEVIR supone también acceder a servicios como el agua potable y la energía eléctrica. De las familias beneficiarias de viviendas entregadas en 2010, 156 no tenían agua potable al momento de su postulación o ésta se encontraba fuera de su predio. La nueva vivienda significó que esas familias accedieron por primera vez al agua potable dentro de la vivienda.

Por otra parte, 222 familias accedieron a servicio sanitario con descarga de agua dentro del hogar. 42 familias participantes nunca habían tenido servicio de saneamiento, alejándose de esta condición al momento de acceder a la vivienda. 52 de las familias postulantes, por su parte, no tenían conexión a red de UTE, de la que ahora también disponen.

En lo que refiere al estado de las viviendas que habitaban estas personas antes de construir sus nuevas casas, 63% de ellas dejaron de habitar edificaciones con paredes en estado regular o grave. Este último concepto alude a la presencia de grietas, fisuras, problemas de revoque, problemas estructurales y/o humedades de cimentación. 49% de las familias beneficiarias abandonaron viviendas con piso en estado regular o grave, en tanto que el 56% de ellas dejó de habitar en viviendas con techos en estado regular o grave (presencia de humedades, ausencia de terminaciones, fisuras, chapas con roturas, con entrada de agua, sin capacidad aislante).

En lo que respecta al ingreso familiar, un 90% de las familias a las que hacemos referencia percibía al momento de su postulación un ingreso familiar mensual de 30 UR o menos. Sin embargo, comparando el ingreso per cápita con los valores de la línea de indigencia (3,16 UR) y de la línea de pobreza (6,76 UR) corres-pondientes a diciembre de 2010 para localidades de menos de 5.000 habitantes, observamos que 131 familias se ubicaban por debajo de la línea de indigencia y 249 por debajo de la línea de pobreza, es decir que al momento de la inscripción 131 familias eran indigentes y 349 pobres.

Por otra parte, el 7% de los hogares adjudicatarios en 2010 estaban integrados por miembros que poseen alguna discapacidad (132 casos en 33 hogares). Las edades de las personas ubicadas en esta condición van desde niños de menos de un año hasta adultos de 86 años.

La actuación de la ANVLa ANV creada en 2007 como una empresa pública descentralizada por la Ley 18.125, tiene como finalidad promover y facilitar el acceso, así como la permanen-cia en la vivienda en todo el territorio nacional. Del mismo modo, contribuye a la elaboración e implementación de las políticas públicas y programas sociales en materia de hábitat urbano:

“La creación de la ANV respondió a necesidades de diverso orden que se conjugaron adecuadamente en un organismo multifacético (…) Los endémicos problemas de una parte importante del stock público: fragmentación social, morosidad, patologías constructivas, desmejoramiento edilicio, irregularidad dominial, deterioro de la convivencia, pérdida de valor de mercado, requerían de proyectos de intervención y recuperación que son totalmente divergentes de la tarea bancaria (…) la creación de una agencia resultó un organismo idóneo, para la generación de instrumentos financieros innovativos de estímulo a la inversión privada, a la arti-culación público-público y de incentivos al desarrollo del mercado hipotecario” (PQ 2010-14).

De acuerdo a la mencionada ley, los cometidos de la ANV tratan acerca de “actuar en la ejecución de las directrices emanadas del Plan Quinquenal de Vivienda, los Planes de Ordenamiento Territorial y las directivas del MVOTMA (y) administrar activos provenientes de créditos para la vivienda en cumplimiento de las directivas del MVOTMA”.

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La ANV administra la cartera social y parte de la cartera comercial proveniente del BHU distribuidas en nueve fideicomisos financieros. En su carácter de fiduciario, administra un total de 56.908 inmuebles, incluyendo créditos hipotecarios, promesas sociales, promesas comerciales, entre otros.

La Agencia se encarga de: la gestión del stock de viviendas públicas y conjuntos habitacionales (teniendo como objetivo la recuperación de bienes comunes), del funcionamiento de la política de recupero de deudas a partir de la promoción de una nueva cultura de pago que contemple la capacidad de pago de los usuarios y usuarias, así como también, de la regularización notarial de las situaciones de ocupación irregular de viviendas. Al mismo tiempo, trabaja para el fortalecimiento de las comisiones administradoras de los distintos conjuntos habitacionales de mayor vulnerabilidad social; brinda asesoramiento técnico contemplando la mirada arquitectónica y social en cooperativas y proyectos PPT (Precio, Proyecto y Terreno). Del mismo modo, diseña e implementa programas de comercialización de vivienda usada de interés social, brinda apoyo en las tasaciones del BHU, apoya el diseño de instrumentos de promoción del ahorro, entre otros.

Dentro de los ejes que conforman el Plan Quinquenal, la ANV realiza actividades que comprenden: por un lado, para el Plan Nacional de Realojos, facilitar la compra de vivienda usada y, en lo que hace al Plan de Rehabilitación y Consolidación Urbano-habitacional se encarga de la ejecución de un plan de viviendas (Nuevas soluciones) a través de cooperativas de ayuda mutua y ahorro y préstamo.

En relación al programa de nuevas urbanizaciones, administra junto a DINAVI la Cartera de Tierras para Vivienda de Interés Social y, en lo que refiere a la política de incentivo a la inversión privada en la misma, se encarga de reglamentar la Ley de incentivos tributarios a la construcción de vivienda social.

Aspectos a destacar

1. Intervenciones integrales en el territorio. Las acciones ejecutadas por la ANV en materia de intervención social en todo el país buscan innovar en metodologías de trabajo que incorporen un diagnóstico social y habitacional previo in situ articulando, con diferentes actores interinstitucionales y beneficiarios, planes de trabajo que hagan viable el acceso sostenido a una vivienda digna.

Con el objetivo de apostar fuertemente a la intervención social integral, la ANV participa activamente del Consejo Goes y del Consejo de la Cuenca Casavalle (in-tegrando la Comisión de Vivienda), ámbitos de coordinación interinstitucional integrados por representantes de la Intendencia de Montevideo y demás Ministerios.

En este sentido, se señala el proyecto piloto de intervención social en los Complejos Habitacionales 84 y 88, ubicados en el barrio de Casavalle, con la finalidad de repetir la experiencia en el resto del territorio. En concreto, esta propuesta que une el trabajo arquitectónico y social, busca mediante acciones específicas de corto y mediano plazo regularizar problemas de tenencia, reparación de viviendas, reforzar los problemas de inseguridad y hacinamiento, entre otros. Para ello, se trabaja coordinadamente con otros actores institucionales como los Ministerios de Desarrollo Social, Salud Pública e Interior, y la División Limpieza de la comuna capitalina.

2. Política de incentivo a la inversión privada en Vivienda de Interés social (VIS). Para la implementación de esta política, la ANV diseña instrumentos que in-centivan la generación de oferta de vivienda que proviene de inversores privados, al mismo tiempo que elabora, mecanismos que facilitan el acceso a la misma, promoviendo actividades de construcción, refacción, ampliación o reciclaje de inmuebles (con destino venta o arrendamiento) dirigidas a hogares de ingresos medios, medio-bajos y bajos.

En este sentido, se aplicarán exoneraciones tributarias, se incorporarán instrumentos de financiamiento y se facilitarán mecanismos de garantías. Por un lado, los instrumentos de apoyo a la generación de la oferta son: a) Beneficios tributarios a la inversión en VIS, comprendiendo la exoneración de todos los impuestos nacionales: Impuesto a la Renta de la Actividad Económica (IRAE), Impuesto al Patrimonio (IP), Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales (ITP) e Impuesto al Valor Agregado (IVA compra e IVA venta), b) Fondo de Garantía de Desarrollos Inmobiliarios (FOGADI), c) Notas de Crédito Hipotecarias.

Por otro lado, se pretende cubrir la demanda (según precio de venta) a través de: a) Préstamos de BHU y Banca Privada con subsidios del Fondo Nacional de Vivienda a compradores (meta proyectada 6000); b) Préstamos del Fondo Nacional de Vivienda a compradores (meta proyectada 1000); c) Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios (FGCH), que tiene como finalidad otorgar garantías parciales para la concesión de créditos hipotecarios para la adquisición de inmuebles para primera vivienda. Será administrado por la ANV y en principio será fondeado con recursos provenientes del FNVyU. El objetivo de esta herramienta es dis-minuir los requerimientos de ahorro previo para acceder a un préstamo (cubre el riesgo adicional que resulta de prestar más del 70% del valor de la vivienda)1; d) Fondo de Garantía de Alquiler (FGA), que permite acceder a una vivienda a través de un certificado de garantía emitido por MVOTMA y un contrato de alquiler que se realiza con la Contaduría General de la Nación. Además de ser un programa dirigido a la población en general, éste cuenta con facilidades para jóvenes y uruguayos que regresan del exterior2 que soliciten un subsidio para alquilar una vivienda.

1El mismo opera como un Fondo de Garantía que se crea por ley, cuyo agente fiduciario será la ANV. El proyecto de ley otorga al BCU la regulación de dicho fondo en cuanto a los requerimientos de capital y reservas.2

Por información sobre requisitos para acceder al programa: www.mvotma.gub.uy; www.anv.gub.uy.

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¿Cuánto cuesta qué?

TEMA DE TAPA

Muchos mitos y algunas verdades para no hacer mal las cuentas en hábitat

y vivienda social

La “vivienda social” es un invento moderno y su historia una enorme acumulación de muchos fracasos y algunos éxitos. Tal vez una de las causas de este déficit radique en la considera-ción o búsqueda del “bajo costo” como una con-dición casi excluyente en el diseño e implemen-tación de las políticas públicas. Esto siempre tuvo defensores a ultranza y argumentos para una “exitosa” gestión de los políticos y respon-sables de la implementación de la cosa pública.

Los argumentos más conocidos se basan en al-gunos mitos que la propia realidad se ha encar-gado de derribar. Durante gran parte del Siglo XX era común escuchar este mito: “la construc-ción de vivienda social es una gran dinamiza-dora de la economía y el mercado de trabajo”. Muchos planes se llevaron adelante con este argumento falaz, que justificaba la construcción de cualquier cosa en cualquier lado, con tal

que, vía contrato con los agentes económicos agrupados en las cámaras empresariales, los índices de desocupación se mantuvieran bajos sin que el problema habitacional se soluciona-ra, o lo que es peor, se agravara en los asen-tamientos, una vez que el ciclo caía. Sin ir más lejos, éste es el principal argumento manejado actualmente en Brasil por el plan “Minha Casa, Minha Vida”.

Otro mito muy común es que, como el déficit es grande y el fondo disponible chico, enton-ces hay que hacer algo rápido y barato para lograr un mayor alcance e impacto. Esta idea generalmente aparece asociada a otro mito: “las tecnologías alternativas son la solución”, pues se supone que mediante procesos “rápidos”,

“eficientes” y “económicos”, se da respuesta a la emergencia o se superan los “lentos” y “caros” procesos tradicionales. Éste fue uno de los ar-

Raúl Vallés

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gumentos que, junto al anterior, se manejaron al implementar el plan de Núcleos Básicos Evoluti-vos (?) en Uruguay a partir de 1992.

A estos mitos generalmente los acompaña otro, que dice que “todos los pobres son iguales y chi-quititos”1. Por lo tanto, las viviendas, unidades o núcleos habitacionales (básicos o no) serán todas iguales (en todas partes y en todas las escalas) y lo más chicos posibles.

Asociado a lo anterior, casi siempre está el mito del suelo, que es algo más o menos así: como tengo que hacer mucho, necesito un terreno grande y barato. Gran parte de la expansión periférica de áreas metropolitanas, ciudades y pueblos intermedios y pequeños, se ha esti-mulado desde el propio Estado, a partir de esta concepción. Las consecuencias de esta forma de hacer son por todos conocidas (aunque no siempre reconocidas) y resultan en su mayo-ría en un enorme déficit de habitabilidad, tanto cuantitativo como cualitativo y en un altísimo costo social y urbano.

Si seguimos sumando mitos, podemos agregar éste: “con pocos recursos no se pueden hacer buenos proyectos”, con lo cual justificamos la desidia y el descuido tan característicos de muchas de las propuestas donde la conclusión puede resumirse en pobre arquitectura para los pobres.

En los párrafos anteriores no he hecho nin-

gún descubrimiento, sino una enumeración de cosas sabidas por todos. Si aceptamos que lo dicho son mitos y no verdades, ¿qué elemen-tos deberían componer una ecuación de costos en vivienda social? ¿En qué variables debería basarse? ¿Cómo considerar los costos de una manera integral, y no reducida al precio final de un producto “casa”? ¿Qué es una solución “más barata”, y en qué nos basamos para su deter-minación? ¿Es racional atacar el problema po-niendo topes de tasación en forma más o menos arbitraria?

La actual administración se ha manifestado pre-ocupada por bajar los costos de producción, al punto que ha decretado una significativa reduc-ción de los valores de tasación para unidades de vivienda cooperativa. Como forma de apor-tar al debate se me ocurren por lo menos tres elementos que deberían tenerse en cuenta a la hora de evaluar ex-ante una “oferta” de acción habitacional2. 1. La localización, 2. El proyecto urbano arquitectónico, 3. El modo de gestión so-cial de su producción.

La localizaciónEl factor suelo debería ser el elemento clave en la actual fase de desarrollo de las políticas públicas de vivienda social. Al mito del “suelo barato” debe oponérsele las ventajas de una lo-calización adecuada, con acceso a una ciudad bien servida y equipada. Esto, lejos de ser con-

siderado una “fantasía”, debería ser centro de un serio debate político en clave de economía social y urbana.

A esta altura me niego, por obvio, a argumentar a favor de lo dicho. El mayor costo (inicial) de una buena localización, se paga con creces en ahorro del Estado en servicios, que no tendría que llevar a sitios inadecuados, y debería ser parte del subsidio directo al acceso a la ciudad de los sectores de menores ingresos. En con-trapartida, la precariedad urbano-habitacional ya instalada en las áreas de expansión metro-politana, ciudades y pueblos, debería recibir in-versión del Estado en infraestructura, servicios y equipamiento y no precisamente en expansión mediante compra de nuevo e inadecuado suelo.

Con la implementación de la CIVIS (Cartera de Inmuebles para Vivienda de Interés Social) el MVOTMA ha iniciado un camino para que el Estado juegue un rol en el factor suelo y lo haga desde una actitud proactiva con sus inmuebles y con los que deberá incorporar de particulares, adquiriendo lo que le sirve y no lo que le ofrecen.

1 Esto se lo escuché al arquitecto argentino Julio Bortagaray.2 Parece más acertado, modesto y realista, utilizar esta deno- minación antes que “soluciones habitacionales”.

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3 El término se lo escuché a Rodrigo Hidalgo, docente de la Universidad Católica de Chile.

Pero no alcanza con buena localización, sin una adecuada y clara normativa del administrador del territorio. Las intendencias, en su buena disposición por facilitar el acceso a la tierra, mu-chas veces son débiles en las exigencias nor-mativas sobre el modo de ocupar el suelo y ha-cer ciudad, y los proyectos se instalan en base a inercias proyectuales anodinas y a supuestas

“necesidades” o gustos del usuario. La ciudad se pierde así la oportunidad de calificar sus barrios y la inversión que hace la sociedad subsidiando suelo, se desdibuja en pobres resultados. En definitiva nos sale carísimo.

El Proyecto Arquitectónico y UrbanoNo es suficiente ni garantiza nada decir que los proyectos se deberán ajustar a las normas municipales vigentes. Esas normas no han sido capaces de evitar muy malas experiencias. Es notorio el déficit de calidad urbano-arquitectóni-ca de las propuestas que en general se ofrecen y demandan en vivienda social.

Un buen proyecto no sólo es la mejor, sino también la más económica solución: si no, no es un buen proyecto. Argumentamos a favor de un concepto integral del proyecto, que incluya cualidades expresivas, diseño de espacios habitables, tipológicamente estimulantes y re-novadores, y que incluya también en forma in-disoluble la solución tecnológica y su modo de producción. La calidad arquitectónica tiene mu-cho que ver en la economía de las propuestas y debería ser evaluada previamente tanto como las tecnologías aplicadas.

Cuando se aborda el tema de las tecnologías constructivas aisladamente, estamos asistiendo a un error conceptual grave, porque la evalua-ción pierde integralidad. Ya hemos mencionado los NBE pero podríamos citar más de un viejo Conjunto Habitacional, donde con sistemas constructivos muy eficientes se realizaron en el país las más aberrantes propuestas de habita-bilidad: allí lo que falló no fue el sistema cons-tructivo, sino la inexistente y previa evaluación integral. ¿Cuánto nos cuestan día a día como sociedad y como ciudad estos errores?

En materia de tecnologías, salvo honrosos ejemplos de la mejor época del cooperativismo de vivienda y poco más, con innovación en lo tecnológico, en la gestión y producción social, en general la aplicación de “tecnologías alter-nativas” ha sido funcional a una concepción arquitectónica rudimentaria y primaria, basada generalmente en viviendas aisladas y repetidas hasta el cansancio, de baja densidad (o sea ciu-dad lejana y cara), y en el mejor de los casos di-simuladas con el noble gesto cultural del reves-timiento de ladrillo. El usuario (o perjudiciario3) normalmente se da cuenta después que afuera de la vivienda no hay nada, no hay ciudad, ni vida urbana, pero ya es tarde.

Pero acá hay responsabilidades compartidas, porque hay una forma de hacer de muchos téc-nicos y gestores que, amparados en una falta de control de calidad arquitectónica y urbana, per-manentemente ningunean el valor del proyecto y repiten hasta el cansancio su fórmula. Por su-

puesto que incluyo en este juicio a gran parte del sistema cooperativo.

Vemos con optimismo esta nueva iniciativa del MVOTMA de promover el uso de “nuevas tecnologías” y me baso en lo ya comentado: el sistema cooperativo de vivienda dio lo mejor en innovación y calidad, densificando en varios ni-veles de altura la ciudad, y aportando gestión y producción social. En función de esto es que nos animamos también a advertir, según nues-tro modesto entender, acerca de algunos ries-gos que se corren en esta apuesta, y bregamos por cuidar la calidad del proyecto en forma in-tegral. Sabemos que la administración pública tiene excelentes técnicos que pueden vigilar estos aspectos, pero evidentemente, por lo ya comentado, hace falta otro tipo de voluntad. La academia en esto, si bien está haciendo es-fuerzos por aportar en forma concreta, tiene un largo camino por recorrer, pero puede aportar y mucho en esta tarea y para ello ha ofrecido su concurso.

El modo de gestión social de la pro-ducción.Los sectores de escasos ingresos no son de escasos recursos. Por el contrario, demuestran permanentemente su potencial y capacidad para autogestionar su solución de vivienda. El

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4 Valores de tasación según la RM 638/11 del MVOTMA: dos dormitorios, UR 1.150; tres dormitorios, UR 1.375; cuatro dormitorios, UR 1650. Valor de la UR a agosto de 2011: $ 519.75 ( equivalente a U$S 27.35). Para el sistema cooperativo incluye el valor del terreno y un aporte propio equivalente al 15%.

nuevo Plan Quinquenal hace énfasis en el apo-yo a los procesos de autoconstrucción, tanto individual familiar como colectiva (cooperativas). Eso significa un gran paso adelante, porque el Estado reconoce y explicita el apoyo a quienes son los mayores productores de la vivienda po-pular.

El modo de gestión participativo y autorregulado ha demostrado gran eficiencia en la producción de hábitat de calidad. Salvando las críticas de los párrafos de más arriba, existen claramente enormes diferencias en la ecuación costo-bene-ficio en las soluciones de los sistemas autoges-tionados. Esto ha sido demostrado en los he-chos y en investigaciones que así lo respaldan. Sin embargo, visualizamos otra vez algunos riesgos en la nueva reglamentación.

Con los nuevos valores de tasación para el sis-tema cooperativo4, se tensa de tal forma el siste-ma, que se termina comprometiendo seriamente los resultados. Una cosa es manejar un entorno menor que los valores inviables que arrojaron las últimas licitaciones del MVOTMA o del BPS (en el orden de los U$S 60.000 o más por uni-dad) y otra muy distinta es irse al otro extremo y desconocer que las buenas calidades del sis-tema cooperativo se han logrado sumando a un préstamo limitado pero realista, un aporte pro-pio, ya sea éste en trabajo o ahorro y ésa es la clave del éxito del sistema.

Si la idea es “fomentar”, los nuevos valores im-puestos por el MVOTMA sugieren más bien una restricción que un aliciente, pues se le exige

aún más a quien está dispuesto a realizar un gran esfuerzo por lograr una vivienda mejor. La limitante es todavía mayor para el sistema de ahorro previo, que tendrá que trabajar en un es-cenario casi inviable, ya que aún construyendo por administración (la licitación por precio global queda prácticamente descartada), le será muy dificultoso concretar sus proyectos.

El sistema cooperativo de vivienda tiene una enorme potencialidad para consolidar una ver-dadera política de interés social en vivienda y hábitat, pero ¿se debe arriesgar resultados po-niendo en juego su riqueza y diversidad, enra-sando hacia abajo en los sectores más débiles? Los costos y los tiempos del cooperativismo no son los de la producción industrial sino los de la producción social, por eso no son un mito sino una realidad.

En la búsqueda de aportes de recursos de otras fuentes se ha impulsado la ley de promoción de la inversión privada en vivienda social. Para ello se ha realizado una quita casi total de cargas im-positivas a los futuros inversores. ¿Por qué no se aplican esos mismos criterios para el sistema cooperativo o para el Plan “Juntos”, que paga IVA como cualquier consumidor?

No es del caso juzgar o incluir aquí debates sobre aspectos corporativos o pulseadas en la arena política entre organizaciones sociales y el Estado. Sinceramientos, ajustes y reglamen-taciones son muy necesarios para relanzar y promover un sistema modelo en el mundo, pero nos da la sensación que el actual contexto, lejos

de prestigiar el sistema, lo pone en cuestión. En el mejor de los casos asistiremos a una nueva generación de cooperativas, pero el tiempo dirá qué relación tiene con la actual.

Finalmente, los tres componentes nos parecen claves actuando en conjunto, son cuestiones que hoy podemos aunar como base para una acumulación positiva en la producción habita-cional. El subsidio a la buena localización es la mejor inversión, porque ya sabemos que el sue-lo barato es el más caro; el concepto integral de proyecto requiere más compromiso de todas las partes, pero es una forma de ser consecuente con lo que aspiramos: una mejor ciudad y ca-lidad de vida para la gente. Y la gestión social, junto a la tenencia colectiva del suelo, asegura la sostenibilidad y la permanencia en la ciudad consolidada de la población objetivo.

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Evaluación integral de quince sistemas constructivos

¿La tecnología es la solución?Noemí Alonso, Laura Bozzo

María Calone, Mariana Cánepa Bruno Gonnet, Cristina Fynn

Benjamín Nahoum, Sharon Recalde Martha Rodríguez, Susana Torán*

* Integrantes del Equipo de Evaluación del Instituto de la Construcción. Participaron también en el estudio Myrna Campo-

leoni y Giovanna Tedros. El equipo, con diferentes integraciones, viene trabajando en el tema desde 1993, cuando fue

creado bajo la dirección de la Arq. Felicia Gilboa.

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23

PPTBHU [ Banco Hipotecario del Uruguay ]

1. Introducción

Actualmente existe en nuestro país y en la re-gión una oferta importante de sistemas cons-tructivos no tradicionales, que se han utilizado para producir viviendas de carácter social con resultados diversos, pero que no han sido evaluados integralmente para conocer las po-sibilidades que brindan, las ventajas e inconve-nientes de su utilización y su comportamiento a través del tiempo.

Esa oferta, que podría permitir el aprovecha-miento de nuevos materiales y la optimización de tiempos, costos y mano de obra, en la me-dida que el producto de dichas tecnologías se adecúe a las condicionantes correspondientes (necesidades de los usuarios, forma de produc-ción de las viviendas, materiales y mano de obra apropiados, proyecto específico) en otros casos puede generar serios problemas tanto por defi-ciencias propias de los sistemas como por mala ejecución o aplicación en situaciones desacon-sejadas.

La falta de una evaluación rigurosa de las al-ternativas utilizadas hace que se carezca de una herramienta para la toma de decisiones al momento de optar por el sistema constructivo a emplear. Experiencias negativas con algún sistema o el simple desconocimiento de lo que ofrece el mercado, pueden incluso generar un rechazo hacia todas las tecnologías innovado-ras por igual. Esta reacción sólo puede revertir-se teniendo una información completa y objetiva de las variantes existentes, que garantice que las ventajas ofrecidas efectivamente lo son y que no aparecerán problemas posteriores.

No se debe perder de vista tampoco que, debido a la coyuntura económica y al déficit de vivienda existente, cada vez es más necesario impulsar investigaciones que procuren optimizar los cos-tos de producción de las viviendas y abatir los gastos ocasionados por su mantenimiento y por la obtención de niveles mínimos de confort y de satisfacción de las necesidades de los usuarios, sobre todo en un área tan sensible como lo es

la vivienda de los sectores más carenciados y considerando también la ciudad que se genera a partir de esas acciones.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Terri-torial y Medio Ambiente (MVOTMA), desde su creación en 1990, ha construido viviendas en todo el país utilizando una cantidad de sistemas innovadores diferentes, que llegaron en un mo-mento a ser del orden del 35% de lo producido.

Esta producción fue recopilada en un catálogo realizado en 2001 por la Arq. Laura Bas, del Instituto de la Construcción-Facultad de Arqui-tectura-UdelaR (IC). Esto significó un paso im-portante para conocer ese universo, que debía complementarse con la evaluación sistemática de los resultados de la aplicación de esos sis-temas.

Dado que esas realizaciones pueden conside-rarse como un laboratorio a escala real, con con-juntos de viviendas que actualmente tienen mu-chos años de habitados, su evaluación integral

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(física, económica, social) permitiría conocer a cabalidad el comportamiento de cada uno de los sistemas empleados, de manera de orientar las futuras intervenciones. Ese fue el propósito del convenio firmado entre el MVOTMA y la Univer-sidad en 2007, y cuyos resultados finales fueron presentados al Ministerio en 2010, al asumir la nueva administración. De sus resultados y con-clusiones da cuenta este trabajo.

2. Los conjuntos evaluados

En el cuadro siguiente se detalla los conjuntos

que se seleccionaron para la evaluación, bus-cando representar el universo de sistemas y procedimientos utilizados; se mencionan sus principales características.

De estos conjuntos habitacionales, dos son cooperativas de ayuda mutua, uno autocons-trucción individual y el resto obras por empresa, la mayoría correspondiente a la variante más conocida del programa SIAV (Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda) del MVOTMA: los nú-cleos básicos evolutivos (NBE). Para viabilizar

la construcción de éstos debió modificarse la ley de Vivienda, reduciendo el área mínima a 30m2 y haciéndola independiente del núcleo familiar destinatario.

Este programa fue implementado por el MVOT-MA, desde 1992, en el marco de una política que apostó principalmente a construir por empresas y utilizar sistemas prefabricados e industrializa-dos, recurriendo al sistema “llave en mano”, por el cual las empresas suministraban el terreno y el proyecto y fijaban el precio, definiéndose en

ConjuntoDepartamento y

LocalidadSistema Programa

Modalidad de gestión

Características Componentes

Ariel y Confederada (Carlos Pilo)

Montevideo Tradicional Vivienda evolutiva Llave en mano TradicionalMuros de ladrilloTecho de chapa

CALPUSA San José/San José CALPUSA Vivienda evolutiva Llave en mano Prefabricación de partesMuros y cubierta de paneles

sándwich hormigón/ poliestireno

COVIAUTE Soriano/Mercedes Madera Vivienda terminada Autogestión cooperativa

Prefabricación de partesMuros de tablas madera

machihembradaTecho tejas estructura madera

COVIVINUE Montevideo Bloque Muttoni Vivienda terminadaAutogestión cooperativa

Prefabricación de partesMampuestos autotrabantes mortero; entrepiso madera

Techo losetas hormigón

Gamma Canelones/Canelones Deflorencia Vivienda terminada Llave en mano Prefabricación de partesMuros paneles

hormigón/poliestireno/mallaTecho losa hormigón

Harriague Salto/Salto Equinox Vivienda evolutiva Llave en mano Prefabricación de partesEstructura aluminio paneles

fibrocemento/poliestireno Techo chapa

La Tablada Salto/Salto Adobe Vivienda terminadaAutogestión

individualTradicional alternativo

Estructura rolos y HºAºMuros ladrillos adobe y fajina

Techo chapa

Mandubí Rivera/Rivera Royal Building Vivienda evolutiva Llave en mano Prefabricación de partesEncofrado perdido PVC

Techo viguetas hormigón y bovedillas mortero

Maroñas(Osvaldo Cruz)

Montevideo Casas Vivienda evolutiva Llave en mano Prefabricación de partesMuros y techo paneles nervios

hormigón y relleno cerámica

San Martín II Montevideo Tradicional Vivienda evolutiva Llave en mano TradicionalMuros de bloques mortero

Techo losa hormigón

Santa Lucía IICanelones/Santa

Lucia Sisteplak Vivienda evolutiva Llave en mano Prefabricación de partes

Placas de hormigón armadoTecho losetas hormigón

Santa Victoria Rocha/Chuy York Vivienda evolutiva Llave en mano Prefabricación de partesPaneles multicapa madera/

fibrocemento/poliestirenoTecho chapa

SolísLavalleja/Solís de

MataojoCayssials Vivienda evolutiva Llave en mano Prefabricación de partes

Placas hormigónTecho chapa

Tres Cruces Rivera/Rivera Mo-Ha Vivienda evolutiva Llave en mano Prefabricación totalMódulos tridimensionales

hormigón moldeado en planta

Young 44 (Las Acacias)

Río Negro/YoungHormigón Celular

Vivienda evolutiva Llave en manoEn sitio, con moldes

racionalizados prefabricados

Hormigón celular moldeado en sitio

Techo de chapa

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físicos de las propuestas evaluadas como los sociales y económicos, y objetiva los resultados mediante un sistema de calificaciones que per-mite llegar a una “nota” final, que expresa los estudios y valoraciones efectuados, mediante datos cuantificables, pero también otros de tipo cualitativo y aún las impresiones subjetivas de los usuarios.

Se parte de la división de cada uno de los tres grandes aspectos considerados en diferentes criterios, correspondientes a cada uno de los atributos a analizar; éstos a su vez se dividen en subcriterios de segundo, tercer, etc. orden, hasta llegar a una dimensión suficientemente manejable para establecer indicadores medi-bles y calificable de algún modo. Los criterios y subcriterios se ponderan entre sí, para llegar a calificaciones por aspecto y finalmente a una calificación global, que será la media pondera-da de las parciales. En el siguiente cuadro se presenta un ejemplo de esta estructura, en este caso para el criterio físico “Seguridad al Fuego”.

una licitación pública los programas a realizar

El SIAV estaba destinado a familias con ingre-sos iguales o inferiores a 60 UR, estableciéndo-se cuatro niveles de subsidios que permitirían acceder a soluciones habitacionales de distinto valor. En el caso de los NBE incluía, asimismo, un sistema de seguimiento y apoyo técnico (so-cial y físico) realizado por una ONG durante cin-co años. La inclusión de cada familia en una u otra línea del SIAV se realizaba en función de su ingreso y no por la conformación familiar: con-cebido como una solución inicial a ser mejorada, se transformó, en muchos casos, en la solución definitiva.

3. La metodología de evaluación

La metodología que se utilizó en la evaluación es la que ha puesto a punto nuestro equipo y que ya fue utilizada en trabajos anteriores, rea-lizando las adaptaciones necesarias para este caso.

Dicho modelo contempla tanto los aspectos

Criterio 1er. Orden

Criterio 2do. Orden Criterio 3er. Orden Criterio 4to. Orden Criterio 5to. Orden

paredes 50%cubierta y entrepiso 50%paredes 20%piso 10%cielorraso 70%

Instalaciones de riesgo 25%

Carga combustible 25%

de locales entre sí 20%de viviendas entre sí 20%aislación respecto a terceros 20%revestimientos exteriores de muros 20%resistencia de cubierta (term. Superf.) 20%

Escape 20%

muros 50%cubierta 50%muros 50%cubierta y entrepiso 50%

Humos tóxicos 10%

combustibilidad estructura 50%

resistencia al fuego de las estructuras 50%

Compartimentación 25%

Colapso estructural 30%

Combustibilidad 25%

Segu

ridad

fren

te a

l fue

go

Iniciación y Propagación

40%

Colapso estructural

30%

------

-----

------

------

del cerramiento 50%

revestimientos interiores 50%

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En cualquier caso, toda alternativa debe cumplir con ciertos umbrales, o sea niveles mínimos ad-misibles que deben ser sobrepasados para que aquélla sea aceptada. El rango de calificaciones es 1-5; el 0 indica un comportamiento inadmi-sible

La metodología presenta dos grandes variantes, según el momento que se realice: una evalua-ción a partir de recaudos de proyecto (evalua-ción preconstrucción o a nivel de proyecto) y otra posterior a la ejecución y ocupación de las viviendas (evaluación posocupación), que per-mite acceder, mediante relevamientos, encues-tas y estudio de información, a referencias de comportamiento, datos reales de ejecución y a la opinión de los usuarios.

Ambos tipos de evaluación se complementan y

aportan elementos para justipreciar lo construi-do y proyectar nuevos programas, permitiendo trazar directrices de diseño, uso y mantenimien-to para construcciones futuras y corregir errores en las existentes, detectando en qué circunstan-cias es que ellos se producen (proyecto, puesta en obra, uso).

En el ejemplo estudiado, la selección de cri-terios físicos de primer orden se basó en los Requerimientos del Usuario (Norma ISO 6241) adicionando los aspectos urbanos considerados más relevantes. En cuanto a los económicos y sociales, se emplearon los que se consideró significativos a los efectos de este estudio. El total de los criterios y subcriterios utilizados se presenta en el parágrafo siguiente, al exponer los resultados 1.

1 Para una descripción más detallada de la metodología, ver VIVIENDA POPULAR Nº 3, julio 1998, “Evaluación integral de programas y tecnologías para la vivienda popular” y, con más extensión el libro “La vivienda social. Evaluación de programas y tecnologías”, de nuestro equipo, coedición de la Facultad de Arquitectura y la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Montevideo, 1999

Programa

Seg

urid

ad

estru

ctur

al

16

,67%

Seg

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ego

13,8

9%

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9,72

%

Inte

grac

ión

al

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rno

5,

56% Totales

Físico

Ariel y Conf. 3,00 3,70 3,68 3,28 2,18 2,63 2,38 2,56 2,88 3,02CALPUSA 3,00 3,78 2,80 3,19 2,73 3,88 2,31 3,38 2,86 3,10COVIAUTE 5,00 2,60 5,00 4,93 2,66 2,22 4,18 4,65 4,53 4,10COVIVINUE 4,00 2,94 3,20 3,96 2,59 2,52 3,92 3,48 1,62 3,31Gamma 3,00 3,97 2,88 3,31 2,73 2,95 2,91 4,57 3,33 3,29Harriague 1,00 2,57 2,73 2,26 2,88 1,36 1,69 3,35 2,74 2,23La Tablada 4,00 3,25 4,70 4,39 4,10 2,33 2,30 4,68 3,43 3,81Mandubí 4,00 3,88 4,10 3,93 2,30 2,06 1,61 3,44 1,89 3,28Maroñas 2,00 4,05 3,35 2,93 3,00 3,05 2,90 4,03 3,29 3,13San Martín II 4,00 4,02 3,54 3,29 2,10 2,52 2,70 3,24 1,52 3,21Santa Lucía 2,00 3,93 3,25 3,05 2,50 2,27 2,41 3,20 2,86 2,86Santa Victoria 2,00 2,75 3,54 3,17 4,20 1,23 2,01 2,81 2,32 2,74Solís 3,00 3,28 3,50 3,16 3,41 3,01 3,00 3,00 1,77 3,10Tres Cruces 3,00 4,27 3,09 3,08 3,69 3,50 2,52 2,40 1,84 3,13Young 44 2,00 3,47 4,04 2,96 1,82 2,75 2,08 4,50 3,02 2,96

4. Resultados obtenidos

En los cuadros siguientes se detallan los resul-tados obtenidos en los aspectos físico, econó-mico y social y el resultado global de combinar los mismos, adoptando distintas ponderaciones relativas para cada uno de los aspectos.

Calificaciones aspecto físico

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CALIFICACIONES REALES

Considerando como criterios costo de mantenimiento y utilización de insumos nacionales

Cálculo de calificaciones - sin considerar Terreno

Valor Calificación Valor Calificación Valor Calif. Sitio Calif. Planta Calif Total Calificación Valor Calificación CalificaciónAriel y Conf. 87,05 0,00 0,60 4,39 6,04 4,99 0,00 4,99 3,00 30 1,29 1,94CALPUSA 40,44 1,00 1,18 1,87 2,29 2,34 2,00 4,34 3,00 9 5,00 2,25COVIAUTE 20,61 3,61 0,66 4,13 0,51 1,09 0,00 1,09 3,50 37 1,00 3,09COVIVINUE 15,19 4,50 0,56 4,57 1,05 1,47 0,00 1,47 3,00 20 3,19 3,94Gamma 35,81 1,10 0,90 3,09 2,63 2,58 2,00 4,58 3,00 21 3,00 2,32Harriague 24,49 2,97 1,29 1,39 1,45 1,75 1,50 3,25 3,00 15 4,14 2,78La Tablada 16,75 4,24 0,43 5,00 1,80 2,00 0,00 2,00 3,50 16 3,95 4,13Mandubí 34,63 1,30 0,58 4,48 2,26 2,32 1,00 3,32 2,50 9 5,00 2,91Maroñas 28,76 2,26 1,14 2,04 1,87 2,04 0,50 2,54 3,00 20 3,19 2,41San Martín II 33,74 1,44 1,03 2,52 6,06 5,00 0,00 5,00 3,00 22 2,81 2,35Santa Lucía 40,51 1,00 1,40 1,00 3,86 3,45 1,50 4,95 3,00 22 2,81 1,77Santa Victoria 29,59 2,13 1,21 1,74 0,46 1,05 1,50 2,55 3,00 14 4,33 2,45Solís 21,85 3,40 0,73 3,83 0,39 1,00 0,00 1,00 3,00 14 4,33 3,39Tres Cruces 28,32 2,34 1,22 1,70 3,56 3,24 1,00 4,24 3,00 22 2,81 2,47Young 44 23,55 3,12 0,94 2,91 1,26 1,61 0,50 2,11 3,00 14 4,33 3,14

Aspecto Físico

Conjunto

Seg

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56% Totales

Físico

Ariel y Conf. 3,00 3,70 3,68 3,28 2,18 2,63 2,38 2,56 2,88 3,02CALPUSA 3,00 3,78 2,80 3,19 2,73 3,88 2,31 3,38 2,86 3,10COVIAUTE 5,00 2,60 5,00 4,93 2,66 2,22 4,18 4,65 4,53 4,10COVIVINUE 4,00 2,94 3,20 3,96 2,59 2,52 3,92 3,48 1,62 3,31Gamma 3,00 3,97 2,88 3,31 2,73 2,95 2,91 4,57 3,33 3,29

ConjuntoTiempo de Obra: 15% Totales

EconómicoInversión Total (UR/m2):

45%Mano de Obra (MOI/URinvertida): 10% Insumos

imp.: 5%Costo mantenimiento (UR/m2/viv/año): 25%

Calificaciones aspecto económico

Harriague 1,00 2,57 2,73 2,26 2,88 1,36 1,69 3,35 2,74 2,23La Tablada 4,00 3,25 4,70 4,39 4,10 2,33 2,30 4,68 3,43 3,81Mandubí 4,00 3,88 4,10 3,93 2,30 2,06 1,61 3,44 1,89 3,28Maroñas 2,00 4,05 3,35 2,93 3,00 3,05 2,90 4,03 3,29 3,13San Martín II 4,00 4,02 3,54 3,29 2,10 2,52 2,70 3,24 1,52 3,21Santa Lucía 2,00 3,93 3,25 3,05 2,50 2,27 2,41 3,20 2,86 2,86Santa Victoria 2,00 2,75 3,54 3,17 4,20 1,23 2,01 2,81 2,32 2,74Solís 3,00 3,28 3,50 3,16 3,41 3,01 3,00 3,00 1,77 3,10Tres Cruces 3,00 4,27 3,09 3,08 3,69 3,50 2,52 2,40 1,84 3,13Young 44 2,00 3,47 4,04 2,96 1,82 2,75 2,08 4,50 3,02 2,96

Aspecto Social

Conjunto

Ám

bito

Fam

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25

%

Ám

bito

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25

%

Ase

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25% Totales

Social

Ariel y Conf. 3,70 2,00 1,95 3,00 2,66CALPUSA 4,05 2,48 2,10 3,40 3,01COVIAUTE 4,47 3,23 3,50 4,15 3,84COVIVINUE 3,72 2,43 2,55 3,70 3,10Gamma 4,13 2,00 0,00 2,70 2,21Harriague 4,02 2,03 2,25 2,80 2,78La Tablada 4,24 3,23 2,25 2,85 3,14Mandubí 3,42 2,58 1,50 2,70 2,55Maroñas 3,86 1,93 2,80 2,70 2,82San Martín II 3,87 2,40 1,80 3,25 2,83Santa Lucía 3,51 1,80 1,85 2,95 2,53Santa Victoria 3,78 2,68 1,60 3,70 2,94Solís 4,11 2,70 1,20 3,55 2,89Tres Cruces 3,84 2,38 1,40 3,25 2,72Young 44 4,09 1,63 1,95 2,85 2,63

Calificaciones aspecto social

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Calificaciones aspecto económico

Valor Calificación Valor Calificación Valor Calif. Sitio Calif. Planta Calif Total Calificación Valor Calificación CalificaciónAriel y Conf. 87,05 0,00 0,60 4,39 6,04 4,99 0,00 4,99 3,00 30 1,29 1,94CALPUSA 40,44 1,00 1,18 1,87 2,29 2,34 2,00 4,34 3,00 9 5,00 2,25COVIAUTE 20,61 3,61 0,66 4,13 0,51 1,09 0,00 1,09 3,50 37 1,00 3,09COVIVINUE 15,19 4,50 0,56 4,57 1,05 1,47 0,00 1,47 3,00 20 3,19 3,94Gamma 35,81 1,10 0,90 3,09 2,63 2,58 2,00 4,58 3,00 21 3,00 2,32Harriague 24,49 2,97 1,29 1,39 1,45 1,75 1,50 3,25 3,00 15 4,14 2,78La Tablada 16,75 4,24 0,43 5,00 1,80 2,00 0,00 2,00 3,50 16 3,95 4,13Mandubí 34,63 1,30 0,58 4,48 2,26 2,32 1,00 3,32 2,50 9 5,00 2,91Maroñas 28,76 2,26 1,14 2,04 1,87 2,04 0,50 2,54 3,00 20 3,19 2,41San Martín II 33,74 1,44 1,03 2,52 6,06 5,00 0,00 5,00 3,00 22 2,81 2,35Santa Lucía 40,51 1,00 1,40 1,00 3,86 3,45 1,50 4,95 3,00 22 2,81 1,77Santa Victoria 29,59 2,13 1,21 1,74 0,46 1,05 1,50 2,55 3,00 14 4,33 2,45Solís 21,85 3,40 0,73 3,83 0,39 1,00 0,00 1,00 3,00 14 4,33 3,39Tres Cruces 28,32 2,34 1,22 1,70 3,56 3,24 1,00 4,24 3,00 22 2,81 2,47Young 44 23,55 3,12 0,94 2,91 1,26 1,61 0,50 2,11 3,00 14 4,33 3,14

ProgramaTiempo de Obra: 15% Totales

EconómicoInversión Total (UR/m2):

45%Mano de Obra (MOI/URinvertida): 10% Insumos

imp.: 5%Costo mantenimiento (UR/m2/viv/año): 25%

Calificaciones aspecto social

Programa

Ám

bito

Fam

iliar

Ám

bito

co

mun

itario

Ase

sora

mie

nto

Técn

ico

Apr

opia

ción

Totales Social

Ariel y Conf. 3,70 2,00 1,95 3,00 2,66CALPUSA 4,05 2,48 2,10 3,40 3,01COVIAUTE 4,47 3,23 3,50 4,15 3,84COVIVINUE 3,72 2,43 2,55 3,70 3,10Gamma 4,13 2,00 0,00 2,70 2,21Harriague 4,02 2,03 2,25 2,80 2,78La Tablada 4,24 3,23 2,25 2,85 3,14Mandubí 3,42 2,58 1,50 2,70 2,55Maroñas 3,86 1,93 2,80 2,70 2,82San Martín II 3,87 2,40 1,80 3,25 2,83Santa Lucía 3,51 1,80 1,85 2,95 2,53Santa Victoria 3,78 2,68 1,60 3,70 2,94Solís 4,11 2,70 1,20 3,55 2,89Tres Cruces 3,84 2,38 1,40 3,25 2,72Young 44 4,09 1,63 1,95 2,85 2,63 Calificaciones globales

Conjunto FÍSICO ECONÓMICO SOCIAL 33-33-33 25-25-50 25-50-25 50-25-25ARIEL Y CONFEDERADA 3,02 1,94 2,66 2,54 2,57 2,39 2,66CALPUSA 3,10 2,25 3,01 2,79 2,84 2,65 2,87COVIAUTE 4,10 3,09 3,84 3,68 3,72 3,53 3,78COVIVINUE 3,31 3,94 3,10 3,45 3,36 3,57 3,42GAMMA 3,29 2,32 2,21 2,61 2,51 2,54 2,78HARRIAGUE 2,23 2,78 2,78 2,60 2,64 2,64 2,51LA TABLADA 3,81 4,13 3,14 3,69 3,56 3,80 3,72MANDUBÍ 3,28 2,91 2,55 2,91 2,82 2,91 3,01MAROÑAS 3,13 2,41 2,82 2,79 2,80 2,69 2,87SAN MARTIN II 3,21 2,35 2,83 2,80 2,81 2,69 2,90SANTA LUCÍA 2,86 1,77 2,53 2,39 2,42 2,23 2,51SANTA VICTORIA 2,74 2,45 2,94 2,71 2,77 2,65 2,72SOLIS 3,10 3,39 2,89 3,13 3,07 3,19 3,12TRES CRUCES 3,13 2,47 2,72 2,77 2,76 2,70 2,86YOUNG 44 2,96 3,14 2,63 2,91 2,84 2,97 2,92

Promedio 3,15 2,76 2,84 2,92 2,90 2,88 2,98Desviación estándar 0,43 0,68 0,37 0,40 0,37 0,46 0,39

PORCENTAJES DE PONDERACIÓN

5. Conclusiones por aspecto 5.1. Aspectos Físicos

5. Conclusiones por aspecto

5.1. Aspectos Físicos

Una primera lectura de los resultados obteni-dos tiene que ver con las valoraciones sobre el comportamiento y las virtudes y problemas que presenta cada sistema constructivo analizado.

Las ventajas del “Sistema Tradicional”, repre-sentado por las viviendas de mampostería ce-rámica de “Ariel y Confederada” y de bloques de mortero de “San Martín II”, tienen directa relación con el conocimiento adquirido de los técnicos y la mano de obra sobre su aplicación, así como con la disponibilidad de materiales para su futuro crecimiento. En ambos casos las cubiertas livianas con cielorraso y los muros simples dan soluciones pobres desde el punto de vista de la aislación.

El sistema “CALPUSA”, de paneles de hormigón y poliestireno, requiere una ejecución muy cui-dadosa en el curado del hormigón para evitar la fisuración y luego un mantenimiento adecuado, para proteger el refuerzo de malla de acero. Sus fortalezas están en la seguridad al fuego y la aislación, pero tiene debilidades en impermeabi-lidad (encuentros y juntas entre paneles).

La solución de COVIAUTE (paneles multicapa de madera con revestimiento de tablas, entre-piso de madera y cubierta de tejas metálicas sobre entramado de madera) presenta buen comportamiento general pero exige un mante-nimiento cuidadoso.

COVIVINUE, en que la novedad es el mam-puesto autotrabante que permite un rápido levantamiento de muros, muy apto para la au-toconstrucción, muestra fortalezas en seguridad estructural y durabilidad, no así en confort tér-mico y acústico y evidenció acceso de agua por las aberturas, posiblemente por problemas de ejecución o solución de encuentros.

El sistema “Deflorencia”, utilizado en “Gamma”, con paneles de hormigón armado con alma de poliestireno y losa de hormigón en entrepiso y cubierta, tuvo buen comportamiento general, con puntos fuertes en seguridad estructural, seguridad al fuego y durabilidad, y problemas en impermeabilidad y confort térmico, por hu-medades en encuentros entre cerramientos y filtraciones en la instalación sanitaria, así como aislamiento insuficiente.

El sistema “Equinox” empleado en “Harriague” presenta problemas graves en el cerramiento

exterior de paneles compuestos por un sánd-wich de fibrocemento con poliestireno expandi-do interior, ya que la rigidización de la estructura es insuficiente para llevar esfuerzos accidenta-les e impactos y asegurar el monolitismo. Re-gistra con frecuencia una fisuración de la chapa de fibrocemento del lado externo del panel, po-siblemente por esfuerzos flexionales de tempe-ratura o viento. Esto se agrava por la dificultad de reparación, que lleva a reemplazar el panel. El encuentro del piso interior y la vereda exterior deja penetrar agua; respecto al comportamiento al fuego el cielorraso de poliestireno expandido sin recubrir no es adecuado y el tiempo de co-lapso de la estructura de aluminio, demasiado reducido. El sistema debería mejorarse incorpo-rándole una envolvente, por ejemplo de ladrillo, lo que naturalmente aumentará su costo y plazo de realización.

La construcción con tierra empleada en “La Ta-blada” (ladrillos de adobe en muros exteriores y fajina en tabiquería, con estructura de rolos de eucalipto impregnados con CCA, indepen-dientes de los muros, lo que permite dejar el cerramiento para el final).presenta el conocido muy buen comportamiento en impermeabilidad,

Calificaciones globales

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29

durabilidad, estructura y confort térmico, aunque más débil en su seguridad frente al fuego y con-fort acústico (muros interiores sólo hasta nivel de dinteles). No presenta problemas de hume-dad ni fisuras significativas.

El “Royal Building System”, utilizado en el conjunto “Mandubí” emplea en el cerramiento superior losas nervadas de hormigón armado (viguetas-bovedillas) y los muros se levantan mediante paneles de P.V.C. reforzados, en-castrados entre sí y unidos a la cimentación mediante varillas de acero; los paneles son un encofrado perdido, que se rellena en este caso con hormigón. Se utilizan asimismo marcos de puertas y ventanas completos (con premarco) de P.V.C. con refuerzos de acero galvanizado. Está cuidadosamente estudiado (calidad del plástico empleado: dureza, protección contra envejecimiento y rayos solares; sistema de encastres; previsión de canalización eléctrica y sanitaria). Presentó muy buen comportamiento en durabilidad, seguridad estructural y riesgo de incendio; la envolvente es impermeable pero en el interior condensa. Casi no exige manteni-miento pero en cambio no es amigable para los crecimientos por sistemas tradicionales

En el conjunto “Maroñas” se utilizó el sistema “Casa”, con muros y losas realizados con mol-des metálicos que tienen la forma del contorno, los que se rellenan con ladrillos y nervios de HA y se revocan en ambas caras. Se posicionan mediante grúas. Presenta separaciones impor-tantes en las juntas y fisuras en prácticamente todas las viviendas, lo que obliga a los usuarios a un mantenimiento continuo o al sellado de las juntas. Parece ser muy sensible a movimien-tos y vibraciones y presenta condensación en techos. En cambio, respecto a la seguridad al fuego tiene muy buen comportamiento.

El sistema “SistePlak” utilizado en el conjunto “Santa Lucía” se basa en paneles conformados por dos placas de hormigón armado nervadas yuxtapuestas, unidas con pilares de traba. Pre-sentó problemas en impermeabilidad, tanto por las aberturas como por los encuentros entre pa-

neles, desprendimiento de revoques, que obliga a continuas refacciones, y fisuras de retracción en muros.

En “Santa Victoria” se empleó el sistema “York”: paneles constituidos por dos placas de fibroce-mento que forran un bastidor de madera; el muro exterior lleva un bastidor adicional, de chapas de fibrocemento y poliestireno expandido. Esta estructura no posee la rigidización adecuada por la falta de elementos diagonales. Los paneles tampoco resisten al impacto y se rompen al per-forarlos. El desempeño acústico es insuficiente por falta de masa, al revés que en el aspecto térmico. Tampoco es adecuado el cielorraso de poliestireno expandido sin recubrir (que debería sustituirse en los locales con mayor riesgo) ni la impermeabilidad, por problemas de colocación en las chapas, aberturas sin protección y mal encuentro muro-abertura.

En “Solís” se usó el sistema “Cayssials”, cuya envolvente es de paneles prefabricados en taller hormigón-aislación-hormigón, con pilares y vi-gas de hormigón armado y recubrimiento de pla-quetas prefabricadas de hormigón, con cámara de aire. La cubierta ha causado los mayores problemas por roturas y filtraciones por mala co-locación, y tampoco es adecuado el cielorraso para el comportamiento al fuego. En cambio es aceptable el comportamiento térmico y acústico.

En “Tres Cruces” se utilizó el único sistema con prefabricación integral, “MoHa”, con módulos de viviendas apareadas construidos en una planta en la propia obra. Los comportamientos mejores fueron en seguridad al fuego y confort térmico y acústico, y no presenta una mayor fisuración; el mantenimiento, si bien sencillo exige su rea-lización periódica. Evidencia condensaciones y problemas de impermeabilidad donde no se ha mantenido la protección contra el agua de lluvia. Los crecimientos “tradicionales” son compati-bles sin problemas con este sistema.

Finalmente en el conjunto de Young que se evaluó, se empleó hormigón celular moldeado en sitio con encofrado racionalizado, que mostró

la fisuración generalizada característica de este material, que continúa aún después de realizar reparaciones, aunque en este caso no es tan grave como en otras construcciones con hor-migón celular, quizá por un mayor cuidado en la dosificación, ejecución y curado. Buen com-portamiento acústico y al fuego (aunque con un cielorraso inadecuado) y confort térmico insufi-ciente por la poca aislación y alta trasmitancia de los paneles.

En el cuadro resumen (v. 4.) se advierte que en el aspecto físico destacan COVIAUTE y La Tablada, dos casos insertos en zonas urbanas consolidadas, con viviendas completas y siste-mas constructivos que respetaron las técnicas indicadas para ellos, obteniendo resultados sa-tisfactorios en la mayoría de los criterios. Luego aparecen varios conjuntos con calificaciones similares, ligeramente superiores a la media, encabezados por COVIVINUE y “Gamma“, tam-bién programas de vivienda completa, en tira y de dos niveles, y con resultados en general satisfactorios.

De los programas de NBE destaca Mandubí, que emplea un sistema muy racionalizado, los realizados con sistemas tradicionales tienen

Construcción con adobes

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calificaciones medias, y los restantes, que usan sistemas alternativos, se encuentran ligeramen-te por debajo de los antes mencionados y tam-bién de la calificación media. Para Santa Lucía y Santa Victoria, ello se debe a fallas del propio sistema, pero también a carencias constructivas, de proyecto y de inserción en el territorio.

De todos los programas estudiados el que apa-rece como más vulnerable es Harriague, que utiliza el prefabricado producido por la empresa UMISSA, que presenta fallas en la envolvente y riesgos respecto a la seguridad al fuego, que deben ser corregidos para considerarlo apto.

5.2. Aspectos económicos

El cuadro del parágrafo 4. muestra los valores de la inversión real por metro cuadrado cons-truido (sin incluir el terreno) correspondientes a cada conjunto considerado y los resultados de la evaluación para este criterio. Para Ariel y Confederada se adoptó la calificación “0” por estar su valor muy por encima de los demás. Como se ve, hay una gran diferencia entre los

valores correspondientes a programas autoges-tionados (sobre todo COVIVINUE y La Tablada) y los realizados por empresas, diferencia que es menor en los casos de Solís y, en menor medi-da, Young y Harriague: el promedio de inversión de las experiencias autogestionarias es de sólo 17,5 UR/m2, mientras que en las obras por em-presa es casi el doble: 31,0.

Un apartamiento tan considerable sólo puede justificarse por una eficiencia mayor del siste-ma de producción, conclusión ya obtenida en la evaluación de las experiencias piloto de la In-tendencia de Montevideo, que realizáramos an-tes. Si comparamos la inversión necesaria por vivienda, en vez de hacerlo por metro cuadrado se ve incluso que los valores de los programas autogestionarios son comparables ò más bajos que los de las empresas, aunque éstas constru-yen núcleos básicos y aquéllos viviendas com-pletas de más del doble de área. Este resultado cambia poco, además, si en vez de inversiones consideramos costos (o sea: incluyendo el valor de la ayuda mutua).

La comparación de los valores reales finales con los previstos en los programas (ya sea que provinieran de una licitación o de una solicitud de financiamiento, como en las cooperativas) permite ver si las previsiones se ajustan a la rea-lidad, y si las decisiones que se toman a partir de aquéllas, son luego ratificadas como correc-tas o no. El cuadro al pie es claro al respecto.

Las diferencias en el caso de las obras con empresa se explican por la variación del dólar (moneda de contrato) respecto a la UR, tomada como parámetro, y para las cooperativas, por la realización de un aporte propio distinto del pre-visto (muy notorio, en COVIAUTE).

De cualquier modo, los valores por metro cua-

INVERSIONES REALES Y PREVISTAS UR/m2 (no incluye terreno)

Ariel y Conf. CALPUSA COVIAUTE COVIVINUE Gamma Harriague La Tablada Maandubí Maroñas San Martín II Santa Lucía Santa Victoria Solís Tres Cruces Young 44

Prevista 54,8 32,9 17,1 15,3 34,1 32,2 16,8 32,4 29,7 49,9 29,7 32,2 22,9 30,5 24,6Real 87,0 40,4 20,6 15,2 35,8 24,5 16,8 34,6 28,8 33,7 40,5 29,6 21,8 28,3 23,5Diferencia % 58,8 23,1 20,2 -0,7 4,9 -23,9 0,0 6,8 -3,1 -32,4 36,2 -8,1 -4,8 -7,2 -4,4

COSTO DE MANTENIMIENTO UR/m2/año

Ariel y Conf. CALPUSA COVIAUTE COVIVINUE Gamma Harriague La Tablada Maandubí Maroñas San Martín II Santa Lucía Santa Victoria Solís Tres Cruces Young 44

Real 0,60 1,18 0,66 0,56 0,90 1,29 0,43 0,58 1,14 1,03 1,40 1,21 0,73 1,22 0,94

MONTO MANO OBRA IMPONIBLE (mano de obra en sitio) UR/m2

Ariel y Conf. CALPUSA COVIAUTE COVIVINUE Gamma Harriague La Tablada Maandubí Maroñas San Martín II Santa Lucía Santa Victoria Solís Tres Cruces Young 44

Prevista 3,77 1,57 s/d 2,40 1,54 3,32 s/d 2,64 0,86 5,60 1,26 0,48 0,66 2,45 3,19Real 6,04 2,29 0,51 1,05 2,63 1,45 1,80 2,26 1,87 6,06 3,86 0,46 0,39 3,56 1,26

Diferencia % 60,4 45,4 s/d -56,3 70,4 -56,3 ----- -14,5 117,7 8,3 206,6 -3,8 -41,1 45,4 -60,5

TIEMPO DE OBRA meses

Ariel y Conf. CALPUSA COVIAUTE COVIVINUE Gamma Harriague La Tablada Maandubí Maroñas San Martín II Santa Lucía Santa Victoria Solís Tres Cruces Young 44

Prevista 13 8 12 10 24 6 11 9 9 20 9 9 12 15 6Real 30 9 37 20 21 15 16 9 20 22 22 14 14 22 14

Diferencia % 131 13 208 100 -13 150 45 0 122 10 144 56 17 47 133

Bloque autotrabante

Sistema SistePlak

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drado son en general semejantes si se actua-lizan las previsiones por ICC respecto a los valores en UR efectivamente insumidos, con excepciones en Ariel y Confederada, Harriague, San Martín II y Santa Lucía, que presentan dife-rencias mayores.

En el cuadro de 4. se detalla los costos de man tenimiento, tomados por metro cuadrado para que no sean influenciados por la disparidad de áreas construidas y las calificaciones correspon-dientes. Estos valores presentan una dispersión comparativamente baja, pero no reflejan una relación clara con la utilización de construcción tradicional o prefabricada, sino más bien con los materiales empleados: así, uno de los valores más altos corresponde a construcción tradicio-nal (San Martín), pero ésta también muestra valores bajos en Ariel y Confederada y COVIVI-NUE, sistema “tradicional racionalizado”, por la utilización de mampuestos inteligentes.

Es interesante también analizar la relación en-tre costo de mantenimiento mensual y cuota promedio para el pago de la vivienda en las

condiciones establecidas para la comparación (plazo de 25 años; tasa de interés del 2%), que se detalla en el cuadro al pie.

Se observa que el costo de mantenimiento es parte importante del total destinado a pagar la vi-vienda, e incluso puede ser prácticamente igual a la cuota. Esto importa porque en general el estudio del ingreso se hace con base en la cuo-ta, por lo que la afectación del mismo al pago de la vivienda sería mucho mayor que la prevista si se realiza el mantenimiento o las familias que-dan sin margen para éste, con el consiguiente deterioro de las unidades. Esto también muestra la dificultad que tendrán las familias que reciben núcleos básicos para hacerlos evolucionar, aun cuando se les subsidie total o muy fuertemente el pago de la cuota.

Los plazos de obra, en cambio, presentaron una gran diversidad de valores, no siempre corres-pondientes a la mayor o menor eficiencia del sistema constructivo, sino debidos a dificultades empresariales u organizativas. Salvo Gamma (vivienda completa), San Martín, cuyo plazo fue

afectado por problemas con el saneamiento; Tres Cruces (el proyecto de mayor escala), y Ariel y Confederada, los demás conjuntos tenían plazos de doce meses o menos. En los hechos, solamente dos pudieron terminarse antes del año y sólo cinco registraron desfasajes del vein-te por ciento o menos respecto de lo previsto, mientras casi la mitad registraron apartamientos de más del 100%.

Esto es una constante ya observada en otras evaluaciones: en nuestro país los plazos de obra se cumplen laxamente, y en general son prolongados. Por ello, o bien no se debería dar un peso importante a este criterio o habría que establecer muy fuertes sanciones para su incumplimiento. Las obras por empresa deman-

Sistema Royal Building

Sistema MoHaD - Mantenimiento

COSTOS DE MANTENIMIENTO

Conjunto Ariel/Conf. CALPUSA COVIAUTE COVIVINUE Gamma Harriague La Tablada Mandubí Maroñas San Martín S. Lucía S. Victoria Solís 3 Cruces Young 44

Sub total 9,26 24,52 30,02 21,90 35,66 26,95 9,70 11,64 23,08 15,60 24,52 24,01 11,68 28,50 17,11BPS 9,08 13,85 12,73 11,75 13,10 12,56 11,02 8,20 11,19 13,55 16,21 13,13 11,08 6,54 11,73IVA 1,49 2,67 1,72 2,16 2,39 2,15 1,85 1,39 1,69 1,66 2,41 1,92 1,95 3,78 1,58

Costo UR/viv./año 19,82 41,03 44,48 35,81 51,15 41,66 22,57 21,23 35,96 30,81 43,15 39,06 24,71 38,82 30,42

Costo UR/viv./mes 1,65 3,42 3,71 2,98 4,26 3,47 1,88 1,77 3,00 2,57 3,60 3,25 2,06 3,24 2,53

Areas por vivienda 33,00 34,73 67,09 64,36 56,67 32,31 52,60 36,60 31,63 29,94 30,76 32,23 33,95 31,82 32,40(promedio)

Costo de mantenimiento por m2 y por año y calificaciones

Sist. Constructivo Ariel/Conf. CALPUSA COVIAUTE COVIVINUE Gamma Harriague La Tablada Mandubí Maroñas San Martín S. Lucía S. Victoria Solís 3 Cruces Young 44

Costo UR/m2/año 0,60 1,18 0,66 0,56 0,90 1,29 0,43 0,58 1,14 1,03 1,40 1,21 0,73 1,22 0,94Calif. Proporcional 4,39 1,87 4,13 4,57 3,09 1,39 5,13 4,48 2,04 2,52 0,91 1,74 3,83 1,70 2,91Id. en rando 1-5 4,39 1,87 4,13 4,57 3,09 1,39 5,00 4,48 2,04 2,52 1,00 1,74 3,83 1,70 2,91

Costo promedio UR/m2/año 0,92extremo inferior; Id. - 50% 0,46extremo superior: Id. + 50% 1,38

Relación Costo de Mantenimiento mensual/Cuota de amortización

Sist. Constructivo Ariel/Conf. CALPUSA COVIAUTE COVIVINUE Gamma Harriague La Tablada Mandubí Maroñas San Martín S. Lucía S. Victoria Solís 3 Cruces Young 44

Cto.mant./viv./mes 1,65 3,42 3,71 2,98 4,26 3,47 1,88 1,77 3,00 2,57 3,60 3,25 2,06 3,24 2,53Cuota de amort. 12,69 6,22 4,91 4,17 9,00 3,57 3,76 5,70 4,51 4,31 5,55 4,17 3,45 4,05 3,78% Mant./Cuota 13 55 75,6 71,5 47,3 97,2 50 31,1 66,5 59,6 64,9 77,9 59,7 80 66,9

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daron menores plazos que las autogestionadas, pero sin diferencias notables, y tampoco la uti-lización de prefabricados trajo siempre acorta-mientos sustanciales, entre otras cosas porque parte de la construcción se debe hacer igual-mente con procedimientos “tradicionales”.

El trabajo remunerado utilizado se midió a tra-vés de la mano de obra imponible y en los sis-temas prefabricados mediante consideraciones cualitativas, al no poseerse datos específicos. Las obras por empresas previsiblemente ocu-pan más mano de obra que las de ayuda mutua y los programas con participación de prefabri-cados, emplean decididamente menos mano de obra, del orden de la mitad o menos, de los que emplean las técnicas “tradicionales”. Solís fue el programa que empleó menos mano de obra, probablemente debido a la eficiencia del siste-ma y un plazo de obra corto; en cambio, CALPU-SA y MANDUBÍ, los conjuntos que se construye-ron en menos tiempo igualmente emplearon un volumen significativo de mano de obra.

Finalmente, el criterio “Insumos Nacionales”, ante la imposibilidad de llevar el análisis sobre el origen de los insumos a nivel de componentes básicos, debió evaluarse mediante considera-ciones cualitativas, teniendo en cuenta la utili-zación de elementos prefabricados importados (Mandubí), así como el uso masivo de mate-riales naturales (COVIAUTE, La Tablada). Por esa razón se le adjudicó a este criterio una baja ponderación en el resultado final.

El cuadro de 4., en su columna final muestra las evaluaciones económicas globales. La mejor calificación corresponde a dos programas auto-gestionados y el tercero de ellos (COVIAUTE) está también dentro de la mitad mejor, aunque penalizado por su costo/inversión mayor, baja ocupación de mano de obra contratada y, sobre todo, plazo excesivo. En cambio, cinco de los programas por empresa están en el entorno o por debajo de 2 (equivalente a una calificación

“regular”), otros tres por debajo de 2,5 y sólo dos superan la media de 3. El promedio de califica-ción de los programas autogestionados es 3,7,

el de las cooperativas 3,5 y el de las obras por empresa 2,5.

En general existe correspondencia entre la cali-ficación para la inversión inicial total y la global, salvo en los casos de Gamma y Mandubí, que mejoran su baja evaluación en inversión con buenas y muy buenas calificaciones en los de-más ítems, y la ya comentada COVIAUTE.

Estas consideraciones reproducen las obteni-das en otras evaluaciones y muestran la impor-tancia de la gestión por encima de la rebaja de costos en algunos ítems que permite la utiliza-ción de elementos seriados, sin mencionar los problemas de calidad y las dificultades para la evolución de estas construcciones, imprescindi-ble cuando se trata de núcleos básicos.

Otras conclusiones, complementarias, son las siguientes:

i. los programas de esfuerzo propio, individual o colectivo, presentan las menores inversiones unitarias iniciales y están entre los de menor costo de mantenimiento, lo que parece obede-cer a la participación de los destinatarios y un asesoramiento técnico que optimiza la calidad y no la ganancia, por lo que el producto final y el mantenimiento son objeto de una preocupación que no se evidencia en los programas “llave en mano”, cuyo norte es minimizar el costo inicial;

ii. no siempre se cumple que a costo inicial más bajo el costo de mantenimiento sea mayor; esto se observa no sólo en los programas autoges-tionados, sino también en algunos con empresa;

iii. el costo de mantenimiento anual por metro cuadrado, está en el orden de aproximadamen-te el 2 al 5 por ciento de la inversión por metro cuadrado, con un promedio del 3,4%, o sea que prácticamente el gasto en mantenimiento implica una inversión equivalente a la de una vi-vienda nueva semejante al cabo de unos treinta años;

iv. la influencia del área en los costos no es muy clara, quizá como consecuencia de compensa-ciones: una mayor área diluye en el valor por

metro cuadrado el sobrecosto de los servicios, que generalmente no aumentan proporcional-mente con el área, pero en general corresponde a programas de mejores y más costosas termi-naciones;

v. en general se cumple la esperada regla que los programas con plazos de obra más extensos ocupan más mano de obra contratada, pero hay excepciones: CALPUSA, COVIAUTE, Harria-gue, Mandubí;

vi. cinco de los seis programas de mayor inver-sión por metro cuadrado construido están en los primeros lugares en ocupación de mano de obra contratada (quizá porque también están entre los de mayor plazo de obra);

vii. el cruce de los diferentes criterios con el resultado final permite concluir que una evalua-ción rápida podría considerar sólo los criterios de costos (inversión y mantenimiento). Esta conclusión está influida por el hecho que se pon-deró los mismos con un 70% de la calificación final, pero igualmente, la incidencia que esos

Humedades y condensaciones

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dos criterios sobre los demás hace que la con-clusión parezca válida aún con un peso menor en el total;

viii. finalmente, una conclusión metodológica: la evaluación arroja resultados más consistentes y plenamente comparables cuando se analiza un universo de casos semejantes y no cuando existen grandes disparidades entre unos y otros. En ese sentido algunas de las conclusiones obtenidas para Ariel y Confederada, Gamma, COVIAUTE o La Tablada están influidas por sus atipicidades.

5.3. Aspecto social

Lo primero que debe señalarse es que las califi-caciones en el aspecto social son un reflejo del programa, mucho más que del sistema utilizado. El cuadro que presenta esas calificaciones (v. 4.) muestra que de los quince conjuntos evalua-dos, más de la mitad (siete) están por encima de los 3 puntos de calificación (media) y el resto por debajo, pero siempre con más de 2 puntos.

El ámbito familiar es el criterio que tiene, en general, las mejores calificaciones: 3, 4 y hasta más de 4, en los casos de COVIAUTE, “Young 44”, “Solís”, “CALPUSA”, “La Tablada”, “Harria-gue” y “Gamma”. Esta situación puede explicar-se por la incidencia de varios factores:

a. la existencia de espacio personal, que se eva-lúa positivamente, facilitada porque en muchas de las viviendas de estos conjuntos habita un promedio de cuatro personas. Por ello, la mayo-ría de los programas ha sido calificada con 4 y 5, con excepción de “Mandubí” y “Santa Lucía” (3). Por lo mismo, el hacinamiento es bajo y también la calificación en dicho ítem se ubica entre 4 y 5;

b. la percepción sobre la existencia de espacio de encuentro también es alta: entre 4 y 5 puntos en todos los casos, ya que la mayoría de las familias reconocen un lugar común dentro de la vivienda;

c. el grado de satisfacción con respecto a la vi-vienda es alto, en general, lo que se correspon-de, naturalmente, con una situación anterior de habitabilidad bastante precaria.

Estos elementos son los que permiten alcanzar una mejor calificación. No obstante, al analizar los perfiles de los jefes de hogar hay cambios sustantivos, dados fundamentalmente por los ingresos económicos y el grado de escolaridad,

que bajan las calificaciones, lo que de alguna manera se compensa con la buena evaluación de la cobertura en salud, ya que todos los des-tinatarios acceden a un servicio de salud, sea público o privado.

Un panorama totalmente distinto es el del crite-rio ámbito comunitario, ya que sólo COVIAUTE y “La Tablada” calificaron con 3 o más de 3, es-tando los restantes conjuntos entre el 1,63 de

“Young 44” y el 2,70 de “Solís”. Aparece como explicación posible de estos bajos puntajes, la falta de organización social dentro de los con-juntos, así como la no percepción o reconoci-miento de organizaciones sociales del entorno. Se puede concluir también en estos conjuntos la inexistencia de integración social entre los propios vecinos que los habitan, más allá del reconocimiento de vínculos entre ellos. Por otra parte la no percepción de redes sociales del en-torno, expresa la falta de inclusión social en el mismo de los habitantes de los conjuntos.

El asesoramiento técnico es el criterio que pre-senta más baja calificación en el aspecto social, fundamentalmente por su inexistencia o no re-conocimiento por parte de los vecinos. Por otra parte, cuando se lo reconoce, en general no hay buena valoración de los aportes generados. Se destaca igualmente en este ítem COVIAUTE (3,5), pero llama la atención en otros casos que

Desprendimiento de recubrimiento por corrosión de armadurasFisuración en muro exteriorFisuración y rotura de panelesFisuración y condensación interiorFisuración en marcos

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no se reconozca ningún tipo de asesoramiento, cuando en realidad sí lo hubo. Y cuando se lo reconoce, los vecinos se refieren más a algu-nos aportes para el mejoramiento de la vivienda, que a la elaboración de proyectos colectivos y formación para la convivencia y los vínculos con el barrio.

En cuanto a la apropiación, en la mayoría de los casos el padrón original se mantiene en un 60%, con excepción de “Harriague”, “La Tabla-da”, “Tres Cruces” y “San Martín”, donde queda entre 30 y 60 % de los adjudicatarios originales. La situación dominial se reconoce, a su vez, por poseer documentación, pero ella refiere funda-mentalmente a una constancia entregada en el momento de la adjudicación por parte del MVO-TMA o algún recibo de pago (formal o informal)

y no a una formalización de la titularidad de la vivienda.

El estado de conservación del SUM, cuando existe, sólo es bueno en los casos de COVIAU-TE (recién terminado) y Santa Victoria. En gene-ral se encuentran en situación de abandono o en muy mal estado de conservación. Y no siempre se lo usa para los fines que ha sido creado, sino que a veces son administrados por algún vecino para su propio peculio.

6. Conclusiones globales

Nos remitiremos al cuadro final incluido en el parágrafo 4., en que figuran las calificaciones globales, en primer lugar ponderando igual-mente los tres aspectos, y luego dándole peso prioritario sucesivamente a cada uno de ellos. El

diagrama de barras adjunto muestra la misma información, pero en este caso para una ponde-ración igual para los tres aspectos.

Del análisis de estos datos se pueden extraer las siguientes conclusiones:

a. Los tres conjuntos con mejor calificación -entre buena (3) y muy buena (4)- son los que emplearon autoproducción. Son también los únicos que tienen calificaciones de más de 3 en todos los aspectos, y La Tablada y COVIAUTE, los únicos que tienen alguna calificación mayor de 4.

b. Entre las obras por empresa hay una sola con calificación mayor de 3 (Solís). Luego si-guen, con calificación próxima a 3, Young 44 y Mandubí, con fortalezas en lo económico y

documentación, pero ella refiere fundamentalmente a una constancia entregada en el momento de la adjudicación por parte del MVOTMA o algún recibo de pago (formal o informal) y no a una formalización de la titularidad de la vivienda. El estado de conservación del SUM, cuando existe, sólo es bueno en los casos de COVIAUTE (recién terminado) y Santa Victoria. En general se encuentran en situación de abandono o en muy mal estado de conservación. Y no siempre se lo usa para los fines que ha sido creado, sino que a veces son administrados por algún vecino para su propio peculio. 6. Conclusiones globales Nos remitiremos al cuadro final incluido en el parágrafo 4., en que figuran las calificaciones globales, en primer lugar ponderando igualmente los tres aspectos, y luego dándole peso prioritario sucesivamente a cada uno de ellos. El diagrama de barras adjunto muestra la misma información, pero en este caso para una ponderación igual para los tres aspectos.

ASPECTO FÍSICO, ECONÓMICO Y SOCIAL: RELACIONES DE CALIFICACIONESPONDERACIÓN EQUITATIVA ENTRE LOS ASPECTOS

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ASPECTO FÍSICO ASPECTO ECONÓMICO ASPECTO SOCIAL

Del análisis de estos datos se pueden extraer las siguientes conclusiones: a. Los tres conjuntos con mejor calificación -entre buena (3) y muy buena (4)- son los que emplearon autoproducción. Son también los únicos que tienen calificaciones de más de 3 en todos los aspectos, y La Tablada y COVIAUTE, los únicos que tienen alguna calificación mayor de 4. b. Entre las obras por empresa hay una sola con calificación mayor de 3 (Solís). Luego siguen, con calificación próxima a 3, Young 44 y Mandubí, con fortalezas en lo económico y físico, respectivamente, pero debilidades en lo social, y después cinco conjuntos entre 2,7 y 2,8, y los otros cuatro con valores bastante más bajos, en los que pesan las muy bajas calificaciones de Santa Lucía y Ariel y Confederada en lo económico, Harriague en lo físico y Gamma en lo social: las cuatro calificaciones globales más bajas corresponden así a programas que en algún aspecto tienen la calificación más baja.. c. Aún operando con procedimientos distintos para obtenerlas, el promedio de las calificaciones de los tres aspectos es relativamente similar: físico, 3,15; social, 2,84; económico, 2,76.

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físico, respectivamente, pero debilidades en lo social, y después cinco conjuntos entre 2,7 y 2,8, y los otros cuatro con valores bastante más bajos, en los que pesan las muy bajas califica-ciones de Santa Lucía y Ariel y Confederada en lo económico, Harriague en lo físico y Gamma en lo social: las cuatro calificaciones globales más bajas corresponden así a programas que en algún aspecto tienen la calificación más baja..

c. Aún operando con procedimientos distintos para obtenerlas, el promedio de las calificacio-nes de los tres aspectos es relativamente simi-lar: físico, 3,15; social, 2,84; económico, 2,76.

d. En cambio hay una diferencia importante en la dispersión de los valores de las calificaciones: en lo físico van de 2,2 a 4,1, pero el 67% está entre 3 y 4; en lo social van de 2,21 a 3,84, pero trece de quince está entre 2,5 y 3,5; en lo eco-nómico, en cambio, están en el rango 1,77-4,13, ocupando todo el ancho del intervalo. Esto se refleja en las desviaciones estándar respectivas: 0,43; 0,37 y 0,68,

e. El promedio de las calificaciones globales a su vez, es de 2,92, con una desviación estándar de 0,40, que corresponde al intervalo 2,4-3,7.

f. Estos “achatamientos”, que sin duda corres-ponden a compensaciones entre los diferentes criterios al interior de cada aspecto, y luego entre los tres aspectos, muestran la importancia de examinar no sólo los resultados finales sino también los parciales (a nivel de aspectos, de criterios y aún de sub-criterios), ya que los pro-medios ponderados pueden estar escondiendo situaciones inadmisibles. Sin embargo, queda claro que no se obtienen resultados globales buenos si hay falencias en algún aspecto, ni (aunque aquí el efecto se atenúa más) en algún criterio importante.

g. Contra lo que podría esperarse, los mejores resultados económicos no aparecen desme-jorados en lo físico: todos los programas que

tienen calificación de 3 o más en lo económico, también la tienen en lo físico (salvo Young, que igualmente está muy próximo a esa calificación).

h. Las correspondencias entre calificaciones sociales, y físicas o económicas, en cambio, no presentan relaciones muy claras, salvo en los programas con autoproducción, que ostentan las mejores calificaciones en los tres aspectos (excepto COVIAUTE en lo económico).

i. Adoptando diferentes ponderaciones para los tres aspectos se obtienen los resultados que figuran en el cuadro final del parágrafo 4. Las diferencias no son significativas, al punto que las desviaciones estándar son menores a 0,12. Lo mismo sucede con el ordenamiento de los conjuntos al variar las ponderaciones, ya que aunque cambian las calificaciones, las posicio-nes relativas se modifican muy poco: los cuatro conjuntos mejor calificados, lo son en todas las combinaciones de ponderaciones, fluctuando La Tablada entre primera y segunda, y COVIVI-NUE entre segundo y tercero. El mayor cambio se produce para COVIAUTE, cuya más baja evaluación económica hace que cuando se da mayor peso a lo físico o social pasa al primer lugar, pero cuando se prioriza lo económico cae al tercero. En el otro extremo, Santa Lucía, Harriague y Ariel y Confederada ocupan tres de los cuatro últimos lugares en cualquiera de las alternativas.

j. Si se quisiera comparar los sistemas construc-tivos y no los programas, los aspectos a tomar en cuenta deberían ser exclusivamente el físico y económico, o al menos debería darse a és-tos un peso mucho más fuerte, dado que en el social influyen elementos que no tienen relación directa con el sistema constructivo y que esta-rían incidiendo en la comparación. Sin embargo, si se hace ese ejercicio los resultados tampoco varían sustancialmente, lo que tiene mucho que ver con el hecho que los programas con mejor evaluación social también tienen las mejores ca-

lificaciones en los otros dos aspectos.

7. A modo de final

Los resultados de la evaluación contribuyeron a desmistificar algunos supuestos que a veces se dan por ciertos sin el suficiente análisis; a reafirmar algunas conclusiones ya obtenidas en trabajos anteriores; a dar respuesta a algunas preguntas planteadas previamente y a plantear otras nuevas.

Así, la idea que la tecnología y en particular la prefabricación mágicamente siempre reducen costos y tiempos sin afectar calidades; el error de tomar el costo inicial como parámetro casi único para optar entre distintas soluciones; la búsqueda de la economía reduciendo áreas y terminaciones, que luego empobrece y al mis-mo tiempo encarece el uso; la participación de los destinatarios como la clave no sólo para ob-tener mejores resultados sociales, sino también físicos y económicos.

Pero además, los resultados muestran la im-portancia de evaluar antes para no tener que corregir después; de adquirir y sistematizar información sobre lo existente, para no trope-zar eternamente con las mismas piedras, y de considerar el problema habitacional en sus múltiples dimensiones, haciendo centro en las necesidades de la demanda y no en las posibi-lidades e intereses de la oferta Y que para ello deben existir distintas líneas de trabajo y diver-sas opciones, contemplando también la dimen-sión territorial y ambiental en la ciudad que se construye para todos.

En momentos en que la declaración de la emer-gencia habitacional en vivienda hace pensar que, finalmente, se volcarán al sector los re-cursos necesarios para cambiar drásticamente la situación, todo eso puede servir para hacer mejor (y por lo tanto, y también, más) lo que se pueda hacer.

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“Código de Ética de Sociedad de Arquitectos del Uruguay”(Aprobado en Asamblea General 10/08/2006):

“ (…) 2) Contribuir como Profesional Universitario y como ciudadano, al mejoramiento y evolución progresiva de su medio social. Para ello debe-rá estudiarlo constantemente, en especial en la esfera de su actividad, y aplicar su esfuerzo y sus conocimientos íntegramente, sin reserva ni ideas de lucro contrarias a las finalidades de la profesión, teniendo en cuenta siempre el carác-ter docente de su actuación (…)”

Aclaración: donde dice “(…) mejoramiento y evolución pro-gresiva de su medio social (...)” interpretamos que su medio social incluye a todos nuestros compatriotas.

Entre Valores y Costos

de la Vivienda Económica

Ricardo Muttoni

“Explicitando implícitos II”

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A comienzos de los años ´90 la Intendencia Municipal de Montevideo, con el auspicio de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, realizó un llamado a concurso de vivienda económica. La idea era disponer de nuevas tipologías de vi-vienda individual, que sustituyeran el por enton-ces anacrónico plano de la vivienda económica municipal, que ya de económica no tenía nada. Esto se llamó PlanTecho.

Se presentaron muchos anteproyectos y algu-nos, muy interesantes. Pero, ¡sorpresa!, ¡en las bases, no se solicitaba el costo de las propues-tas!

El Arq. Rodolfo Livingston nos recuerda que hace sólo 250 años, los arquitectos dejamos de trabajar para los “Reyes y los Papas”. Estas obras debían “mostrar” el poder y la magnificen-cia de los comitentes y por lo tanto el costo no contaba, sino que por el contrario, era importan-te la apariencia del gasto. Esto terminó siendo algo natural en el ámbito de la arquitectura, ya que el costo del metro cuadrado es un dato de la realidad, sobre el cual pensamos que casi no podemos influir. Hoy, parece ser que encontra-mos un sustituto de los Reyes y los Papas: el Estado.

Un cambio de posicionamientoLa elección del tema de tapa del presente núme-ro de esta revista se debe en parte a la decisión del Ministerio de Vivienda de presentar, entre

otras, una línea de financiación para viviendas que no superen los U$S 20.000 o poco más. A mi criterio, con esta medida, el Estado pasa de ser un tomador de precios del mercado, a ser un fijador de precios.

Este cambio de enfoque es un desafío a noso-tros los arquitectos. Y sobre todo a los Institutos de Asistencia Técnica, puesto que está dirigido a las cooperativas de vivienda que ellos aseso-ran. Esta medida involucra también a la Facultad de Arquitectura, porque los sistemas constructi-vos no tradicionales que se empleen, deben ser aprobados por ésta.

Práctica-Teoría-Práctica En lo personal, la práctica profesional nos lle-vó a encarar siempre los aspectos económicos, puesto que comenzamos trabajando como pro-yectistas pero descubrimos que por más que estudiáramos el proyecto, lo racionalizáramos, lo simplificáramos, cuando se lo dábamos a la empresa constructora para cotizar, el precio no bajaba. Por lo tanto pasamos a proyectar y construir. Porque para conseguir trabajo, toda obra tenía que ser económica: tanto sea para sectores pobres, medios y fundamentalmente los ricos, que ponían especial énfasis en los costos.

La práctica de proyectar y construir, el diálogo con los comitentes, con el personal de obra, con los proveedores de los materiales y sobre

todo, los errores cometidos, nos han ayudado a entender algunas lógicas de la producción del hábitat. Y optamos por la Producción Social del Hábitat.

La química y la física han evolucionado mucho en las últimas décadas, evoluciones que lenta-mente, se van incorporando al sistema de cons-trucción tradicional. Y con ello algunas dificulta-des de algunos sistemas constructivos fueron desapareciendo, aunque no desaparecieron las desconfianzas.

Los nuevos métodos de cálculo de estructuras, a su vez, nos permiten realizar cálculos infini-tesimales de las piezas que diseñamos, pero luego los “mayoramos” en un 50% por seguri-dad y otro tanto si la obra no garantiza la buena dirección de la misma. Esto da como resultado entre 70 y 100 kg de acero, o más, por metro cúbico de hormigón.

Sin embargo, hemos visitado una empresa en Brasil que desarrolla una patente portuguesa, que está realizando obras cuya estructura son los revoques, de 7 mm, armados con fibras de vidrio o polipropileno, que revisten unos muros de 80 mm de poliuretano expandido. Esto da como resultado 0,7 kg de fibras por metro cúbi-co de mortero.

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Tampoco es ajeno al tema de los costos, el he-cho que los arquitectos cobramos un porcentaje sobre el costo de la obra, y consciente o incons-cientemente, esto influye. Porque da más tra-bajo lograr un buen proyecto más económico y además se cobra menos.

Y a veces, aunque trabajemos en relación de dependencia, caemos en lo que se ha dado en llamar “la práctica defensiva”, sobre todo por aquello de la responsabilidad decenal.

Consecuencia, todo conspira contra bajar cos-tos.

La compleja estructura de costos de la viviendaComo decíamos, cuando nos referimos a vivien-da económica estamos hablando de costos.

En el Cuadro Nº 1 se presenta la evolución en el último año de los costos de construcción, en pesos uruguayos, para diferentes tipologías de vivienda, según “Costos de Componentes de Obra” de INCA, http://www.inca.com.uy:

En el Cuadro Nº 2, se presenta, según la misma fuente, la estructura de costos correspondiente

Este ejemplo de “costos de componentes de obra”, que tanta utilidad nos ha dado, no refleja sin embargo todas las variables que existen en el precio final de la vivienda. Tan compleja es la cadena de producción y acceso a la vivienda, que una de las últimas crisis económicas mun-diales se originó en uno de los eslabones de ésta: la comercialización, generando la famosa burbuja inmobiliaria.

(Valores en pesos uruguayos)

En todos los casos el costo del metro cuadrado de construcción comprende:a) Materiales, a los que a partir de Julio/07 se elimina el valor COFIS a la facturación.b) Mano de obra según los salarios vigentes incluyendo el monto de leyes sociales:a partir del 1º de Julio de 2007, el porcentaje unificado por aportes a que se refierenlos Artículos 1º y 5º del decreto Ley Nº 14.411 de Agosto de 1975 será del 70 % al que se le debe agregar el porcentaje correspondiente de C.J.P.P.U., 4 % (Ley Nº 17.738)c) El beneficio de la empresa constructora;d) El impuesto al Valor Agregado por todo concepto: 22 % a partir del 1º de Julio de 2007

No se incluye en el costo:a) El valor del terreno o su parte alícuota, yb) Los gastos por impuestos, reposiciones, tasas y conexiones de infraestructura: sanitaria, eléc-trica, gas y Dirección Nacional. de Bomberos, así como los que se generen para presentación de recaudos ante las Intendencias Departamentales, Catastro Nacional y otros organismos estatales en que sea necesario tramitar expedientes.

Cuadro Nº 2Estructura paramétrica del costo de la vivienda

La distribución paramétrica del costo del metro cuadrado de construcción en las diferentes tipo-logías de vivienda consideradas para el mes de Julio de 2011 presenta las siguientes caracte-rísticas:

Mano de Obra.............................................. 25,90 %Leyes Sociales............................................. 19,17 %Materiales..................................................... 43,15 %Beneficios de Empresa.................................11,78 %

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… y cómo reducir esos costosNormalmente, las variables que manejamos para disminuir el costo de la vivienda son: o re-ducimos los metros cuadrados, o disminuimos la calidad de los materiales o las terminaciones. Pero existe una larga lista de componentes del costo de la vivienda económica, sobre los que podríamos incidir. Como por ejemplo: el valor de la tierra; el costo de la ciudad; la tipología y los aspectos culturales que terminan en estereoti-pos; el rubro “varios” en el que, entre otros, se incluye la amortización de equipos y herramien-tas, pero sobre todo cubre los posibles errores en el cálculo de los costos; la mano de obra y las mejoras salariales, así como los beneficios sociales que se han logrado a través de conve-nios con los empresarios; los impuestos y ta-sas; las normativas; los honorarios profesiona-les, que en algunos casos son demasiado bajos si se trabaja bien, pero en muchos casos son excesivamente caros cuando no cumplen con el párrafo citado antes del Código de Ética; los costos administrativos, y la intermediación en todos sus pasos. Pero sobre todo y es el rubro más caro: el valor del dinero, que hace que por cada casa que se construye, se termine pagan-do tres veces su valor.

Sin embargo existen alternativas para reducir los costos de construcción, y éstas están vincu-ladas a los modos de producción de la vivienda. Por ejemplo, si el proyecto y el sistema cons-tructivo facilitan la utilización de mano de obra no calificada, la autoconstrucción, la mano de obra benévola, la ayuda mutua o el voluntariado pueden reducir, según la planilla anterior, hasta cerca de un 40% el costo de construcción.

Básicamente podemos sintetizar los mecanis-mos de producción en dos grandes modalida-des: considerando la vivienda como una mer-cancía, el modo de producción empresarial; o considerando la vivienda como un derecho, el modo de producción social. Toda mejora tec-nológica, que implica disminución de costos, que se ha introducido en la construcción por el modo empresarial, no se trasladó al precio de la vivienda en el mercado, sino que pasó a aumen-tar las utilidades de la empresa, quedando dicho precio condicionado a la oferta y la demanda.

También los años nos han enseñado que la Producción Social del Hábitat, no sólo es más económica, sino que también tiene “saldo peda-gógico” en formación de ciudadanía. En primer lugar y por definición, no tiene fines de lucro: por lo tanto, no existen los beneficios de empresa, tampoco las comisiones de intermediación, así como los costos provenientes de la especula-ción del mercado.

La PSH se ha basado en la autogestión y el tiempo ha demostrado que es muy eficiente. Sólo esta modalidad, a igual calidad, ha logra-do disminuir hasta un 30% del costo final de la vivienda.

Las economías de escala que manejan las grandes empresas, también se pueden obtener en los procesos de producción social, si se lo-gran los niveles de organización necesarios. Y los ahorros que se logran en una gestión eficaz en la actividad empresarial, que por lo general no se reflejan en los costos, también pueden lograrse en la producción social, aunque con mayor dificultad, porque lo que se gana en for-mación ciudadana, tiene un costo en los tiem-

pos de los procesos autogestionarios. Pero esos procesos participativos evitan costos sociales y económicos posteriores.

Hoy, frente a la emergencia socio-habitacional del sector más vulnerable de nuestros compa-triotas, se está desarrollando un sistema de co-gestión entre el Estado y los participantes del Plan Juntos. Que sin tener en cuenta las dona-ciones y la solidaridad, sólo por utilizar el modo de producción social organizado, ha logrado abatir los costos a menos de la tercera parte de lo que algunas empresas están cotizando al Estado.

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OPINIONES DE TéCNICOS

En el país existe ya una experiencia muy impor-tante en la producción cooperativa de vivienda popular a bajo costo. Entre 1993 y 2008, con las reglamentaciones vigentes en la época, nu-merosas cooperativas de “Franja 1” y “Franja 2” construyeron viviendas de buena calidad a valo-res muy similares a los que ahora se proponen, si tenemos en cuenta la evolución de los costos.

Esas experiencias no pueden estar ausentes a la hora de analizar las fortalezas y debilidades de las nuevas propuestas. Por ello VIVIENDA POPULAR quiso recoger también la opinión de técnicos que participaron en las mismas. Para ello les propuso una pauta conteniendo los si-guientes puntos:

-¿Cuáles fueron los factores que hicieron posible construir con recursos sensiblemente menores a los de las otras franjas?

-¿Cuáles fueron las mayores dificultades que se encontraron?

-¿Qué cambios (normativos, organizativos, de procedimientos) podrían favorecer el desarrollo de este tipo de programas?

-¿La experiencia sería repetible hoy?

Lo que sigue son las respuestas obtenidas.

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Nos falta

prensa

Mirna Sierra Mirna Sierra es arquitecta y ha estado durante mucho tiempo vinculada al asesoramiento técnico en equipos multidisciplina-

rios a experiencias de vivienda popular, en especial de cooperativas, y tiene una importante experiencia en programas para

sectores de bajos ingresos. Comenzó trabajando en el Centro Cooperativista Uruguayo y posteriormente lo hizo durante

muchos años en COVIMA, instituto que contribuyó a crear.

Somos campeones en fútbol y todos lo festeja-mos y sobre todo reconocemos las bondades de tener un sistema de juego, una disciplina de equipo, un plan a largo plazo, comunicación, entre las diferentes generaciones y a través del tiempo. Un plan, dice el “Maestro”, que nos tras-ciende como personas. Dice algo así como: “no hago jugadores, elaboro con mis ayudantes un sistema de juego y lo trasmito”. Los jugadores se adhirieron y los resultados están llegando.

¿Qué tiene que ver esto con la vivienda? Creo que casi todo es asimilable. Tenemos un siste-ma, una disciplina, un buen cuerpo técnico, una adhesión de los jugadores, es decir: el coopera-tivismo de ayuda mutua, los institutos que tra-bajan en serio, con técnicos que se juegan, y los jugadores, o sea las familias que creen en el sistema y se juegan por él con el objetivo del triunfo: obtener su vivienda.

Las conferencias de prensa fueron aprove-chadas por el “Maestro” para pedir más apoyo. Nuestras autoridades en todos los foros mues-tran el “milagro” del cooperativismo y algunos lo “venden” en el exterior. Pero internamente no hay tantas notas para mostrar los logros coope-rativos. Ni siquiera hay un medio de prensa en la inauguración de estos verdaderos “milagros a la uruguaya”

Así que hoy en esta nota invitamos a quienes accedan a ella a visitar las cooperativas “Lean-dro Gómez” (COVILG) y COVITRAB en Piedras Blancas (calles Rafael y Tte. Rinaldi); COVIFU,

en Tte. Rinaldi y Cno. Colman (Piedras Blancas también); COVIBLAP, en Las Piedras, calles Colonia y Libres (detrás del Corralón Munici-pal); COVILACAR, en Gruta de Lourdes (Antillas y Curitiba); COVIBAMI, también en Gruta de Lo-urdes: Chicago y Los Ángeles; el reciclaje del Barrio Reus Norte: COVIREAL, en Blandengues y Democracia; “Guyunusa”, en Solymar, cons-truida en barro.

Todas fueron asesoradas por COVIMA, por eso las conocemos bien. Todas surgieron como un desafío a construir viviendas dignas con el mis-mo costo que un núcleo básico evolutivo de la época.

Es posible que cuando visiten estas cooperati-vas encuentren algunas carencias, ya que con el préstamo se construye; se aporta todo el BPS de los obreros; se pagan técnicos, se paga el terreno, y se paga también la infraestructura in-terna, o sea: caminería, redes de agua, electrici-dad, saneamiento, y las respectivas cargas por conexiones; pero todos estos conjuntos cum-plen con las exigencias de aislamiento térmico y calidad de materiales. A veces las familias no pueden con todo, pero tienen asegurada su vi-vienda de calidad.

En resumen: tenemos el sistema; tenemos los equipos técnicos; tenemos los jugadores. ¡Nos falta prensa! Y un poco más de credibilidad de parte de las autoridades, que se podría traducir en menos burocracia, más terrenos, más facili-dades.

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Teresa Buroni es arquitecta, con una larga experiencia de

trabajo en el Centro Cooperativista Uruguayo, en el que

fue Coordinadora del área de Vivienda y Hábitat y participó

activamente de numerosos proyectos de vivienda de inte-

rés social. Asimismo ha integrado la Comisión Asesora de

Vivienda de la Dirección Nacional de Vivienda como repre-

sentante de la Asociación de ONG.

En marzo de 1991, en la revista “Dinámica”, del Centro Cooperativista Uruguayo (CCU) se publi-có una entrevista a integrantes de la cooperativa de vivienda COVIHON, formada en el hogar mu-nicipal localizado en un edificio de la ex fábrica Martínez Reina; algunos de los socios vivían allí desde hacía cinco años. Según uno de los en-trevistados, Jorge,”después de estudiar varias propuestas de vivienda de diferentes ámbitos se decidieron por la del CCU, porque contemplaba sus necesidades, era más barata y más rápida de hacer”.

La tipología era una cáscara dúplex entregada completa o con 40 m2 habitables y ampliable 17 m2 más; muros de 20 cm de espesor; techos de loseta de ladrillo y cubierta de fibrocemento; pisos de alisado de arena y portland; azulejos blancos en baño y cocina; terminación exterior de ladrillo visto, e interior bolseado. Esta tipo-logía, pensada como alternativa a los Núcleos Básicos Evolutivos (NBE) que se ofrecían en esa época con graves carencias de calidad y metraje, se propuso para que implicara la mis-ma inversión teórica que el Ministerio de Vivien-da proponía para los NBE; aunque debe recor-darse que finalmente las empresas lograron precios bastante mayores a las 1.000 Unidades Reajustables (UR) a que aspiraba inicialmente el Ministerio.

Los milagros los hace la gente;

la tecnología, mucho menos

Teresa Buroni

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Como esa experiencia fue exitosa, el CCU cons-truyó varias cooperativas con inversiones en el orden de las 1.100 UR y con la misma tipología básica, aunque con pequeñas modificaciones que iban surgiendo por iniciativa de los grupos o del propio instituto.

Las cooperativas construidas con esos costos fueron COVIHON 1 (1992-94), Hogar 1 (96-97) COVIHON 3 (96-97), COVIMOVI 2 (97-98), CO-VIOSE (99-00), COVIPARNI (01-02). En todos los casos el metro cuadrado habitable implicó una inversión de unas 19 UR, incluyendo todos los costos, honorarios y conexiones.

Los factores que hicieron posible construir 57 m2

habitables por vivienda y un acondicionamiento mínimo del predio, comprendiendo accesos co-munes e individuales, delimitación de espacios externos de uso propio de cada vivienda, fondos y jardines, con inversiones en el entorno de las 1.100 UR fueron varios:

a) coyunturales, tales como:

- la relación UR-dólar-precio de materiales y mano de obra, estable y más bien favorable;

-precio de la tierra comprada o asignada por in-tendencias entre un 2 y 5% del Valor de Tasa-ción (VT) total (en la reglamentación aprobada en 2008 cualquiera sea el precio y aún donación, el MVOTMA descuenta un 10% del VT total por

concepto de terreno, no permitiendo usar esas economías en la obra. Esto ha cambiado en la reglamentación aprobada en julio 2011);

-normativa aplicable por MVOTMA, BHU e in-tendencias flexible aunque exigiendo mínimos habitacionales (hoy se pretende invertir la mitad por unidad, pero exigiendo el mismo estándar que cuesta el doble).

b) Características de los grupos, en cuanto a:

-condiciones habitacionales previas muy preca-rias (sin techo; refugiados en hogar municipal; viviendas en áreas frecuentemente inundables; viviendas muy inadecuadas, o convivencia con-flictiva con otros hogares residentes en la misma construcción);

-la alta necesidad de solución inmediata de los aspectos anteriores llevó a los destinatarios a aceptar los productos propuestos, siendo cons-cientes que los recursos disponibles eran esca-sos y que esto implicaba disposición a trabajar

“tanto como fuera necesario”.

En estos casos de baja inversión disponible no nos encontramos con mayores dificultades a las habituales en cualquier obra construida por ayuda mutua. Fue estricta la elección de materiales y precios, conjugados con un nivel de calidad aceptable, acorde a las inversiones posibles. Se propuso como estrategia acortar el 43

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tiempo de obra a efectos de reducir costos fijos, terminándolas en diecinueve meses: asimismo, la compra de herramientas y maquinaria se re-dujo a lo estrictamente imprescindible, optando por el alquiler cuando la ecuación era favorable a esa opción.

La normativa actual, tanto del MVOTMA como de las intendencias, en nuestra opinión no fa-vorece; más bien complica e inviabiliza, cual-quier propuesta que se escape de la cuadricu-la aprobada por los diversos organismos. Es sorprendente que en un sistema de producción donde no existe lucro, como es el caso de las cooperativas de vivienda, se pretenda por parte del Ministerio alcanzar un producto del mismo nivel que el que actualmente exige el doble de inversión.

No consideramos correcto promover la cons-trucción de vivienda con la mitad de inversión disponible por las cooperativas “normales”. Pri-mero, porque esas inversiones “normales” ya hoy son escasas vista la imparable suba de los costos de construcción, debida a la actual co-yuntura nacional e internacional. Segundo, por-que en los hechos se estaría volviendo a las tan criticadas políticas que producen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, en cuanto la política de subsidio sería la misma para los que accedan a una vivienda de VT “n” y a los que

accedan a una vivienda de VT “2n”. En efecto, no existe discriminación por los ingresos de la familia excepto el tope establecido común a todos los beneficiarios, lo que implica a gran-des rasgos que las familias que accedan a la vivienda de valor “2n” recibirían el doble o más de subsidio que las que accedan a la vivienda de VT “n”, suponiendo que ambas familias por composición e ingresos califiquen en el mismo rango de subsidio necesario.

Las cooperativas que hace unos tres años atrás se negociaron por FUCVAM como de “Franja 1” (inversión UR 1.150), suponiendo que tal opción aceleraría los trámites, a la fecha por lo menos dos casos que entregaron todos los recaudos inmediatamente al acuerdo, no han podido ini-ciar las obras por varios motivos, pero lo más incoherente es que el MVOTMA exige en princi-pio un estándar tanto de la unidad habitacional como de la urbanización de extensos predios aplicando los protocolos disponibles para PPT, cuyos precios superan ampliamente en dos o tres veces las inversiones asignadas a esas cooperativas.

En cuanto a la prefabricación, además de la promesa de reducir significativamente los cos-tos, sin duda es muy probable que acortará los tiempos de obra en el sitio, punto favorable para aumentar la producción y reducir las horas de

trabajo aportadas por la ayuda mutua; no nos consta, sin embargo, que los costos finales sean reducibles a la mitad de los del sistema tradicional.

Los sistemas constructivos prefabricados que exigen inversiones iniciales muy importantes re-quieren, para ser viables económicamente, con-tinuidad en la producción, por lo menos en un mediano plazo; este punto ha sido el obstáculo principal para el desarrollo sostenido y la perma-nencia en el mercado de diversos prefabricados en el país.

En su momento, el movimiento cooperativo de vivienda supo implementar con autonomía, sis-temas prefabricados pesados o intermedios; los resultados están a la vista en varios conjuntos habitacionales de cientos de viviendas, pero la caída de la demanda por falta de financiamiento Covhon 3

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llevó al abandono de tales sistemas y obviamen-te de la obsolescencia de todo el equipamiento.

Para el movimiento cooperativo creemos, sin embargo, que son viables prefabricados que no impliquen importantes inversiones primarias, sino que más bien racionalicen los procedimien-tos, sean de tipo abierto, y muy flexibles en su aplicación, como forma de preservar algunas características positivas de la producción del movimiento cooperativo, tales como: diversidad proyectual, no dependencia de proveedores pre-determinados, y facilidad de absorción de propuestas de los destinatarios.

Sobre la interrogante de si hoy será posible re-petir la experiencia de construcción tradicional de unidades entre 55 y 60 m2, más la urbaniza-ción interna del predio y los servicios comple-mentarios, con una inversión de unas 1.100 UR, es muy difícil contestarla, ya que la coyuntura actual es muy diferente a la descrita al princi-pio: hoy existe una demanda muy alta para los materiales y la mano de obra de construcción, y por lo tanto una suba constante de precios; hay una gran incertidumbre sobre la relación UR/dólar; exigencias de estándares por los organis-mos públicos superiores a los del momento en que se realizaron esas cooperativas; el precio de la tierra ha tenido una tendencia general al alza, según el lugar, pero muy especialmente

de aquellas suministradas por el BHU o las in-tendencias, fuentes éstas históricamente tradi-cionales de aporte de tierra, a lo que se suma el criterio que aplica el MVOTMA que aunque su costo sea nulo para la cooperativa, para aque-llas bajo la reglamentación 2008, el préstamo igual se ve disminuido en un 10%, como si el costo fuera el tope máximo admitido.

Lo que permanece hoy, igual que ayer, es la profunda necesidad de algunos grupos de acce-der a una vivienda digna. Como todos sabemos, la variable de ajuste en el sistema cooperativo financiado por el Estado es primordialmente el aporte de mano de obra de los grupos: mientras los cooperativistas estén dispuestos a trabajar

“todo lo que sea necesario”, sin duda se logrará repetir aquellas experiencias, pero con costos altos para las personas y las familias, ya que su trabajo suplirá más allá de lo estipulado la falta de inversión necesaria.

Covihon 1

Covimovi 2

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OPINIONES DE ORGANIzACIONES

SOCIALES

VIVIENDA POPULAR quiso recoger también la opinión sobre este tema de las organizaciones sociales participantes de la Comisión Asesora de la Dirección Nacional de Vivienda (COAVI). Para ello les propuso una pauta conteniendo los siguientes puntos:

-¿Cuál es la opinión de su organización sobre la conveniencia y viabilidad del nuevo sistema de financiamiento propuesto para las cooperativas de vivienda?

-¿Qué importancia le atribuye para el éxito de ini-ciativas de este tipo, a la utilización de procedi-mientos constructivos o de gestión alternativos?

-¿Su organización participará de estos llama-dos?

-¿Está de acuerdo con la normativa propuesta, o le haría modificaciones y cuáles?

Lo que sigue son las opiniones recibidas.

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Se puede, con

autogestión

Fernando zerboniSecretario General de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM).

Desde su inicio, esta nueva administración del Ministerio de Vivienda (MVOTMA), que asumió en marzo de 2010, ha planteado la posibilidad de la construcción de viviendas de menor cos-to sin menoscabar su calidad, canalizando esa intención a través de una nueva reglamentación, que se aprobará en estos días. Creemos que esto hubiera sido posible sin necesidad de una nueva reglamentación, pues más allá de la ne-cesidad de algunas modificaciones al sistema de financiamiento establecido por la aprobada en 2008, allí estaban todas las condiciones bá-sicas necesarias.

La nueva reglamentación tiene el pomposo título de “Reglamento para la construcción de vivien-das de nueva planta o reciclaje, de producción cooperativa, con desarrollo de procedimientos y/o tecnologías de producción y/o gestión tra-dicionales mejoradas o alternativas”. Para sim-plificar la llamaremos Reglamento 2011. Esta nueva normativa no agrega nada fundamental a lo que ya se tenía y posee una estructura muy semejante a la de la Reglamentación 2008.

Los costos de la vivienda no se establecen en la nueva reglamentación (lo mismo que no se establecían en la de 2008), lo cual es correc-to pues esos valores dependen de situaciones coyunturales y complicaría, si tuvieran que ser ajustados, que se encontraran en el decreto de creación de las nuevas condiciones de prés-

tamos. En su momento, cuando se realizaron los primeros llamados para aplicar la regla-mentación 2008 se planteó que los valores de tasación (inversión estatal más ayuda mutua) serían: 2.000 Unidades Reajustables (UR) para viviendas de dos dormitorios, 2.500 para las de tres y 3.000 para las de cuatro. Estos valores fueron luego ajustados ligeramente (hacia aba-jo) al variar la relación de UR con el costo de construcción.

La Ley 13.728, que da origen al Plan Nacional de Vivienda (y también al FoNaVi) establece que una parte del valor de tasación de las viviendas tiene que se aportado por el futuro destinatario o productor de las mismas. Tradicionalmente, para el sistema cooperativo, el porcentaje se ha fijado en el quince por ciento. Ese aporte puede ser realizado de dos maneras: en dinero o en trabajo, dando así origen a dos tipos de coope-rativas: de ahorro previo o de ayuda mutua.

Las cooperativas agrupadas en FUCVAM apor-tan ese 15 % en trabajo, dando lugar a esas 21 horas de ayuda mutua semanales, que cada fa-milia cooperativista tiene que aportar, a lo largo del proceso de construcción de las viviendas. Esa cantidad de horas surge de dos paráme-tros: por un lado de ese porcentaje de aporte del 15%, y por otro del valor de tasación de la vivienda: o sea si el valor de tasación son 2.000 UR, por ejemplo, lo aportado con trabajo tiene 47

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que ser el equivalente a la cantidad de jornales de un peón de la construcción (incluidos apor-tes sociales) hasta alcanzar las UR 300 (15% de 2.000). Por lo tanto, las 21 horas semanales no son un número antojadizo ni nada que se le parezca.

Cuando se establecieron los valores para la Reglamentación 2008, nuestra Federación planteó que de acuerdo a lo que las coopera-tivas estaban construyendo, esos valores de tasación eran demasiados elevados. En dicha oportunidad se nos contestó que esos valores se desprendían del análisis de todas las licita-ciones realizadas durante el 2008, por supuesto de obras por empresas privadas. Al valor así resultante se le quitó un 30%, suponiendo que ésta era la ganancia y los costos de gestión de esas empresas (lo que no existe en el sistema cooperativo), y se obtuvieron los valores a los que hacemos referencia. Además que dudamos que el margen de las empresas de construcción sea un 30%, lo más importante es que no se consultó el valor por el cual estaban construyen-do las empresas sociales (cooperativas), que estaban bastante lejos de esas cifras.

En efecto, nuestras cooperativas, promedial-mente, estaban construyendo 60 sesenta me-tros cuadrados o algo más (lo que equivale casi a una vivienda de tres dormitorios) por unas UR

1.500. En oportunidad de aplicar el Reglamento 2008 se nos dijo que esos eran los valores, y que no estaban a discusión. Como tantas otras veces nos vimos en la necesidad de aceptar las reglas de juego o quedar fuera. No había lugar a cuestionar.

La Reglamentación 2011 no zanja esta discu-sión, pues no contiene valores de tasación, sal-vo por la declaración expresa, así manifestada por la Ministra, de que apunta a construir más barato. Nos parece muy bueno que se busque hacer economías, siempre y cuando éstas no afecten la calidad de la vivienda, sólo decimos que para ello no era necesaria una nueva regla-mentación, alcanzaba con fijar montos de tasa-ción más bajos.

El reglamento que define las condiciones de las viviendas a construir en el nuevo sistema es igual al que acompaña la reglamentación 2008. No se disminuye la calidad de vivienda, sólo se asigna menos dinero para construir la misma vi-vienda, algo que ya habíamos manifestado era posible. Esto parece una contradicción -que con menos dinero afirmemos poder levantar la mis-ma vivienda- porque evidentemente de alguna manera se debe absorber esa diferencia de di-nero. En nuestro caso, las cooperativas de Ayu-da Mutua y Propiedad Colectiva lo absorbemos a través de una mejor gestión mediante el uso

de toda la potencialidad que tiene la Autoges-tión. Sin la Autogestión, esta afirmación no sería posible: a menor dinero, menor sería la calidad de la vivienda.

Como lo dijimos antes, la reglamentación no es-tablece los valores de tasación, sino que dice simplemente que serán fijados por el MVOTMA. En la presentación de la Ministra se mencionó los valores de 1.100, 1.375 y 1.650 UR, para 2, 3 y 4 dormitorios, lo cual posteriormente se aclaró que correspondía a valores de tasación (o sea que el préstamo sería el 85% de esos montos, cubriéndose la diferencia con el aporte de ayuda mutua). Comparados con la Regla-mentación 1993 (la “Vieja Reglamentación”, que regía en la época de los gobiernos blancos y co-lorados) el promedio 2-3 dormitorios equivaldría a una Franja 1 con mayores costos incluidos, valores por los cuales ya hemos construido vi-viendas completas de buena calidad a lo largo de todo el país.

Se ha planteado además la necesidad de ac-ceder a nuevas tecnologías, a lo cual estamos abiertos, para poder llegar a esos valores. Nues-tras cooperativas han demostrado que eso no es necesario, si se logra la feliz conjunción de, a la tecnología tradicional, desarrollarla o im-plementarla bajo la Autogestión Cooperativa. Pero evidentemente si se accede a formas de

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construcción que, sin disminuir la durabilidad y el confort de la vivienda, nos hagan más rápido o menos pesado el trabajo, estaremos más que contentos de instrumentarlas.

La Federación no se define por ningún sistema tecnológico especial y está dispuesta a utilizar sistemas no tradicionales, siempre y cuando sean aprobados por los organismos pertinentes. Es así que hemos utilizado diferentes propues-tas: madera, barro, bloque autotrabante, dis-tintos prefabricados, cemento proyectado, etc. Todas esas tecnologías se han aplicado con diferentes resultados, y con más o menos éxito.

En definitiva, las cooperativas siempre nos hemos volcado por aquellas técnicas de cons-trucción que nos permitan edificar una vivienda que soporte con éxito y menores gastos de con-servación el paso del tiempo. Allí están nuestras casas con cuarenta años de construidas y un costo inicial en UR muy similar a los que ahora se establecen. Luego esos costos variaron, pero para un estudio serio los deberíamos analizar a la luz de las vicisitudes políticas y sociales que vivió el país, a las cuales no son ajenos.

La nueva reglamentación que plantea el Minis-terio no sólo mantiene la misma definición de producto sino también el mismo sistema de subsidio a la cuota, lo cual había significado un avance fundamental en su momento. Introduce

también otros aspectos que creemos importan-tes, como son:

-los plazos de amortización pueden ser de quin-ce años, aunque se puede optar por plazos más largos, hasta los tradicionales 25 años;

-se admite que el valor del terreno pueda ser más del 10% del costo global (tope en la regla-mentación 2008), llegando hasta un 15%. En ese caso la diferencia es un subsidio de capital. De esta manera no se baja el monto destinado al pago del terreno, lo cual implicaría buscar te-rrenos más alejados del centro de la ciudad, y además, ese 5% adicional para pagar el terreno es un subsidio, o sea que no se devuelve. Esto ayuda a que la cuota resultante sea accesible a las familias;

-por otra parte, si se diera el caso que el terreno valiera menos del 10% del costo global, la dife-rencia se puede aplicar a la obra, algo que no es así en la reglamentación 2008. En ésta, si se usa menos del 10%, la diferencia no se le entrega a la cooperativa y ésta no la puede usar con ningún fin;

-el financiamiento será automático, para el se-mestre siguiente, si hay que ir a sorteos por no ser suficientes los cupos y se pierden dos sor-teos consecutivos. En la reglamentación 2008 esta norma se aplica luego que la cooperativa

pierde tres sorteos y recién para el año siguiente.

Analizada globalmente la nueva reglamentación, si bien existen algunas dudas, el juicio general consideramos que es positivo, aunque hay que esperar su aplicación para poder realizar defini-tivamente esta afirmación.

Por todas estas razones creemos que nuestras cooperativas deben considerar seriamente la posibilidad de presentarse a los llamados que se realicen en el marco de la reglamentación 2011. Hoy existen las dos reglamentaciones: la de 2008 y ésta de 2011. Personalmente creo que si la reglamentación 2011 demuestra su va-lidez, debería plantearse alguna diferencia en-tre ambas reglamentaciones, porque ¿por qué construir por 2.500 UR, lo que se puede hacer por 1.375, llegando así a más gente? Tiene que haber alguna diferencia, o de lo contrario, no de-berían existir ambas alternativas en simultáneo, ya que sería un derroche de recursos.

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Presidente del Plenario de Cooperativas de Viviendas de

Propietarios y Conjuntos Habitacionales (COVIPRO-CH).

En los últimos tiempos se ha avanzado de ma-nera significativa en lo que refiere a las regla-mentaciones, préstamos y régimen de subsidios para el sistema cooperativo de vivienda. Podre-mos discutir, en todo caso, la lentitud de los pro-cedimientos, o si las medidas adoptadas van de la mano con la demanda y con las necesidades existentes en el sistema (en cuestión de prés-tamos son claramente inferiores los recursos destinados hasta ahora a las soluciones habita-cionales que se requieren), lo cual, sin embargo, no debe opacar las mejoras considerables que se registran.

En ese sentido, la reglamentación aprobada recientemente para préstamos a cooperativas que desarrollen tecnologías constructivas y de gestión innovadoras (aunque no excluya a las tecnologías tradicionales) es un paso más en los avances mencionados, que, además, ponen en sintonía la prioridad dada por el gobierno na-cional al tema de la vivienda en general, y en particular, al estímulo y desarrollo del sistema cooperativo. Agreguemos, por otra parte, que los recursos que se volcarán para esta moda-lidad son distintos a los ya existentes, es decir, a las mil viviendas cooperativas anuales que se conceden mediante sorteo por la reglamenta-ción aprobada en 2008 y por lo tanto se suman a ellos.

Avances, interrogantes y observaciones

Sergio Requel

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No obstante, lo resuelto deja brechas abiertas, que obligarán a una supervisión efectiva de los criterios técnicos y la eficiencia práctica de los modelos a emplearse. En principio, lo que re-fiere a la calidad y durabilidad decorosa de la vivienda es una prioridad a atender, que no pue-de ser sustituida por ese pragmatismo liviano -y peligroso- de actuar con urgencia por efectos de la demanda. En todo caso, cuando se habla de exigir a las cooperativas y a sus asesores técnicos un esfuerzo creativo, y de reconvertirse para afrontar las nuevas realidades, también se lo debemos reclamar al Estado, quien ha sido el más conservador y poco eficiente para aportar soluciones de esa jerarquía.

Nuestra preocupación central radica en que el sistema no termine por diluirse detrás de impo-siciones tecnológicas o técnicas, que vayan en detrimento de una solución integral y abarcativa. Si las nuevas modalidades constructivas son las mismas o casi iguales a las viviendas de emer-gencia, estaremos dando un paso atrás cuyas consecuencias son, tal vez, irreversibles. Por otra parte, los nuevos proyectos no deben vio-lentar las disposiciones existentes en lo que tie-ne que ver con los aportes en trabajo o dinero de los cooperativistas, según la modalidad elegida.

No parece razonable, por ejemplo, hablar de

tiempos muy breves de construcción -seis meses, como hemos escuchado- sin que eso tenga una relación directa o una concordancia cierta con el aporte de ayuda mutua que debe realizarse. Si afirmamos lo anterior es porque sabemos los efectos nefastos que se tienen a mediano plazo. El sistema de cooperativas que representamos constituyó un gran negociado para algunos y una calamidad para muchos, cuyo desarrollo fue consecuencia no sólo de intereses políticos del momento, sino de subje-tividades personales y colectivas, que alentaron la prostitución del sistema. Pensar, nuevamen-te, en empresas que ya empiezan a difundir y ofrecer nuevas tecnologías, constituye un riesgo que, por lo menos, debemos atender con los su-ficientes recaudos.

A estas inquietudes debemos agregar por lo me-nos dos más: una de ellas es que la comisión en-cargada de otorgar el DAT (Documento de Ap-titud Técnica del sistema) no la integra alguien directamente vinculado al sistema cooperativo. En su composición, esta ausencia nos parece un desatino. Lo segundo tiene que ver con que las soluciones que comiencen a construirse no sea una forma más de guetización y segrega-ción espacial y edilicia. Habrá que estudiar de manera particular y jerarquizada la integración a la trama urbana de los emprendimientos, y en

especial el derecho a la ciudad y de la ciudad (como afirmó el Arq. Raúl Vallés oportunamen-te) de las familias que integren esos grupos.

Lo anterior, indefectiblemente, tiene que ver con el acceso al suelo, uno de los grandes obstácu-los para el desarrollo del proyecto cooperativo. Veremos los adelantos que puedan observarse con relación a la Cartera de Tierras del Estado (tema que merecería un artículo aparte) y su eficiencia para estimular de manera adecuada las disposiciones que antes mencionamos y que constituyen un avance, como también ya expu-simos. Lo que no cabe duda es que sin acceso a la tierra, cualquiera de los postulados que re-sulten, serán apenas una modesta contribución, en algunos casos incluso anecdótica.

En síntesis, si bien respaldamos esta reglamen-tación que constituye una línea más de présta-mos y que se la vincula a innovaciones tecno-lógicas para el sistema cooperativo, tenemos interrogantes y observaciones que iremos anali-zando con especial atención. Quizás las mismas ayuden a rediscutir parámetros del cooperativis-mo de vivienda en su vastedad y riqueza, actua-lizando la mirada y su significación. Hacerlo con altura, sin prejuicios y con honestidad intelectual, seguramente nos permitirá potenciar una herra-mienta cada día más imprescindible.

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PROyECTOS DE MEjORAS DE háBITAT EN EL BARRIO “LAS CABAñITAS” *Laura Bozzo, Valeria Estéves, javier Marrero, Leticia Musto, Marcelo Pérez, Beatriz Rocco**

* Trabajo basado en el informe de evaluación presentado al Consejo Directivo Central de la UR por el Grupo Universitario de Trabajo con el Plan “Juntos”.

**El Grupo Universitario de Trabajo con el Plan “Juntos”, equipo que trabajó en la experiencia que se describe, estuvo integrado, por:

Equipo PIM: Blanca Acosta, Cecilia Lombardo, Javier Marrero, Leticia Musto, Verónica Nusa, Marcelo Pérez.

Facultad de Arquitectura: Laura Bozzo, Marcos Bracco, Valeria Estéves, Enrique Neirotti, Luis Oreggioni, Raúl Vallés.

Facultad de Ciencias Sociales (Depto. Trabajo Social): Beatriz Rocco.

Instituto Superior de Educación Física: Loreley Conde.

Centro de Formación Popular del Oeste de Montevideo: Sabrina Verger, Mariana Menéndez, Nicolás Rodríguez.

Programa APEX-Cerro: Clara Píriz

Responsables Institucionales: Pro Rector de Extensión: Humberto Tommasino; Decano Facultad Arquitectura: Gustavo Scheps.

Los estudiantes que participaron en el trabajo fueron: Marcos Alfaro. Alejandra Almeida. Lucía Alvárez.

Anahí Bermúdez. Adriana cáceres. Laura Caldas. Leidy Castelnoble. Cecilia Céspedes. Santiago Conde. Valeria Cosero. Magdalena Costa. Karen Cuelho. Flavia Duarte.

Florencia Dumas. Betiana Epifanio. Naybi Ferreira. Analía Galli. Margaret Godoy. Andrea Grebliunas. Anahína Hourcade. Karina Lens. Laura López. Magdalena Mangeney.

Verónica Olivera. Valentina Posada. Tatiana Rimbaud. Luciana Rodríguez. Ignacio Roel. Tania Trigo. Valentín Trinidad. Waldo Vela. Andrea Yohai.

EXTENSIÓN

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Antecedentes

El Programa Integral Metropolitano (PIM) traba-ja en el Barrio “Las Cabañitas” desde 2008, a través del Proyecto de Extensión “Recreando la alimentación” y una práctica curricular del Insti-tuto Superior de Educación Física (ISEF).

En 2008 el PIM, en conjunto con los servicios universitarios de Agronomía, Veterinaria, Cien-cias-Geografía, Nutrición y Ciencias Sociales,

puso en marcha el proyecto “Alimentando Sobe-ranía”, que abordó la realidad social, nutricional y productiva de quince asentamientos del Cen-tro Comunal Zonal 9, entre los cuales se incluía

“Las Cabañitas”. Tal conocimiento fue comparti-do con distintos actores y en particular con los vecinos, lo cual, entre otras cosas, posibilitó que se planteara la inclusión de Las Cabañitas en el Plan Juntos (PJ).

En 2010, la Universidad de la República (UR) y el PJ establecieron acuerdos de trabajo, preser-vando y delimitando roles y funciones de cada uno. Se conformó el Grupo Universitario de Tra-bajo con PJ, en la órbita del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM) y se definió buscar sinergias y aprendizajes en el contexto de “Las Cabañitas”, “Torre 8”, “Coviso-cial”, “Colagel” y el conjunto proyectado por el

El Barrio

Las Cabañitas se compone de 62 casas, que habitan 217 vecinos, con un promedio de edad de 21 años. El 51,6% son hombres y el 48,6% mujeres, según los datos de los relevamientos de Asentamientos Irregulares realizados por el Proyecto Alimentando Soberanía-Programa Integral Metropolitano (PIM), en el zonal 9, en 2008.

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PJ en Luis Batlle Berres y Ruta 5.

El trabajo en “Las Cabañitas” se propuso incluir formación, planificación, coordinación, trabajo de campo y espacios de reflexión-evaluación, a partir de un abordaje familiar para el mejora-miento del hábitat inmediato de cada familia, que contribuya al proceso general de fortalecimiento de la organización barrial y la integración social de la zona. La modalidad de abordaje familiar se implementó mediante duplas de estudiantes de Trabajo Social y de Arquitectura, con super-visión de una dupla docente social-arquitectura.

Se implementaron espacios de formación, inter-cambio de experiencias y planificación con estu-diantes, docentes y el equipo del PIM.

La duración del trabajo fue de dos meses (no-viembre y diciembre de 2010).

Los objetivos del trabajo

Como objetivos generales, se establecieron los siguientes:

-Continuar consolidando espacios de formación integrales que promuevan el intercambio-apren-dizaje y diálogo de saberes, entre disciplinas y disciplinas-comunidad.

-Desarrollar el ejercicio proyectual en conjunto con los habitantes.

-Captar generalidades que superen la particula-ridad de cada familia y puedan dar a conocer características del barrio, en cuanto a recursos, servicios, problemáticas, potencialidades y pro-puestas.

A su vez, se definió como objetivos específicos, los siguientes:

-Realizar un relevamiento socio-arquitectónico de las particularidades de cada familia, poten-

cialidades y condiciones de habitación.-Realizar un anteproyecto de mejora del hábitat inmediato, apropiado y apropiable por los habi-tantes, propuesto entre la dupla de estudiantes y cada familia, centrado en sus necesidades y deseos, e integral en tanto espacio-tiempo (más allá del alcance y limitaciones del PJ).

En cuanto al rol desempeñado por la UR, la mis-ma aportó al desarrollo del PJ y el barrio, asu-miendo su autonomía, en tanto no es ejecutora de la política pública, y con acciones que están de acuerdo con los objetivos planteados. Ade-más aportó en observación, reflexión y propues-ta sobre el proceso.

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El proceso desarrollado

2010-noviembre/diciembre -Coordinación del Grupo de Trabajo y elabora-ción colectiva de material de apoyo.

-Instancias de formación, información e integra-ción con los estudiantes.

-Relevamientos-Procesamiento de la información que derivará en la propuesta arquitectónica y de la informa-ción familiar en un informe escrito.

-Derivación y/o aporte de información ante de-mandas de vecinos.

-Encuentro periódico de monitoreo, consultas y ajustes de los trabajos entre estudiantes, docen-tes y eventualmente con integrantes de PJ.

-Encuentro de los docentes del Grupo de Traba-jo, de monitoreo del proceso y evaluación de las actividades.

-Entrega de anteproyectos de estudiantes a las

familias destinatarias y al Grupo Universitario de Trabajo con el PJ.

2011-enero/febrero(por parte del Grupo de Trabajo con el PJ)

-Recopilación de los trabajos y sistematización de la información.

-Entrega de datos al PJ.-Síntesis de la información en un mapa para te-ner una lectura ágil de las principales caracterís-ticas del barrio.

-Reuniones de evaluación interna.-Diseño de cuestionario de evaluación estudiantil, de las actividades relativas a las duplas de tra-bajo y a la situación familiar y barrial.

-Procesamiento de la evaluación estudiantil.-Presentación en una asamblea con el barrio de lo desarrollado, y evaluación por parte de la po-blación de Las Cabañitas.

-Redacción de informe final.

Los actores

Además del equipo del Plan Juntos, participaron en el traba-jo 38 de las familias del Barrio y 33 estudiantes de la Univer-sidad de la República, 16 de Arquitectura y 17 de Trabajo Social, contando con el corres-pondiente apoyo docente insti-tucional.

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Observaciones primarias sobre la experien-cia

- Se desarrolló un trabajo proyectual transdisci-plinar entre equipos de estudiantes y vecinos.

- Se observó una demanda importante de activi-dades de formación e intercambio de saberes, reflejada en el compromiso y la dedicación de los estudiantes y en la demanda de continuidad de los trabajos.

- La carga horaria de dedicación resultante supe-ró las estimadas previamente.

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- El cronograma propuesto fue restringido y el trabajo intenso, características que influyen ne-gativamente sobre la calidad del trabajo.

- Los productos finales cumplen y superan los objetivos, a pesar de dificultades experimenta-das.

Conclusiones primarias

- Se desarrolló un proceso de alta calidad y com-promiso.

- Resultó una experiencia positiva en múltiples

dimensiones, de acuerdo: - a las evaluaciones de los estudiantes;- al trabajo hecho por los estudiantes con los ve-cinos;

- al vínculo creado entre las duplas de estudian-tes y los vecinos;

- al vínculo desarrollado entre PJ y estudiantes;- a la demanda de información y de definición de criterios necesarios para llevar a cabo el trabajo desde el equipo hacia el PJ;

- al trabajo desarrollado por el Grupo de Trabajo

con el PJ;- al aporte hecho por la UR en el marco de tra-bajo con PJ.

La arquitectura, en este sentido, es una cues-tión eminentemente política.

A partir de lo mencionado y de las propuestas hechas por los vecinos, surgen múltiples líneas de trabajo en las que la UR podría aportar al proceso que continúa desarrollando PJ en Las Cabañitas:

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- seguir las obras desde roles técnicos;- colaborar con la organización del trabajo de obra y en visualizar tareas que aportan indirec-tamente a la misma (niños, olla popular);

-compartir instancias de obra.

Propuesta de trabajo para 2011

Objetivos generales:- Fortalecer procesos vinculados a la organiza-ción del hábitat.

- Promover relaciones que tiendan a la integra-ción barrial a partir de la reivindicación de dere-chos de forma colectiva.

- Promover y acompañar las mejoras materiales para un hábitat digno.

- Producir conocimiento respecto al impacto del plan de atención a la emergencia habitacional y al aporte universitario en experiencias asocia-das a una política de la producción social del hábitat.

- Implementar Espacios de Formación Integral (EFI) en torno a estas problemáticas.

Componentes:

-Investigación:

a) Sistematización de la experiencia, a fin de entender y dar cuenta tanto de la acción pública

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en la temática, como de la relación Universidad-política pública.

b) Realización de una Investigación-Acción Par-ticipante (IAP) que aborde el hábitat y fragmen-tación territorial.

-Enseñanza:

a) a partir de los cursos de estudiantes avanza-dos de Psicología, ISEF y Trabajo Social se con-forma un EFI que tiene como eje la realización de la IAP mencionada.

-Extensión:

a) Además de las actividades previstas en el EFI que realiza la IAP, se propone continuar el trabajo con los estudiantes de Arquitectura y Trabajo Social que participaron durante 2010: acompañamiento de las familias en la mejora de sus viviendas y su vinculación a las redes barriales.

b) Actividades de trabajo del propio equipo de campo del PIM con la organización vecinal de Las Cabañitas, así como el resto de asenta-mientos y barrios de la zona.

Se prevé en la planificación del Grupo de Traba-jo algunas actividades:

-Talleres con docentes, vecinos y estudiantes, con el fin de conceptualizar las características que hacen a un hábitat digno, para sensibilizar en el uso y mantenimiento de las construcciones nuevas en el barrio y sobre el acondicionamien-to del hábitat en el barrio (espacio privado-espa-cio público).

- Elaboración de un manual de uso, manteni-miento y mejoras de las construcciones nuevas.

- Seguimiento, por parte de estudiantes, de las obras de los proyectos diseñados por ellos.

- Acompañamiento en las relaciones intravecina-les del barrio Las Cabañitas.

- Mejora de las redes interzonales y el relaciona-miento con barrios anexos.

- Elaboración de los proyectos territoriales y ar-quitectónicos que involucran el realojo y el área de trabajo y hábitat rural proyectados en torno al barrio Las Cabañitas.

- Estudio de la incidencia que los proyectos te-rritoriales provocan sobre barrios anexos y su vínculo con Las Cabañitas.

- Elaboración de propuestas que vinculen el há-bitat y el trabajo (en particular cría de animales y reciclaje de residuos).

- Reflexionar y realizar propuestas respecto al uso y potencial de los espacios públicos en con-

textos de precariedad.Se aspira a reforzar el equipo de trabajo actual y ampliarlo a otras disciplinas, lo cual permitirá cumplir con los distintos componentes mencio-nados.En cuanto a los objetivos propuestos para 2011, se avanza en:

-Talleres de seguridad en obra y primeros auxi-lios

- Construcción de un mapa relacional y de servi-cios, que amplía la mirada sobre la zona.

- Proyecto de actividades para niños- Diseño de estrategias de abordaje del espacio público

- Diseño de un taller de revisión y profundización de los anteproyectos elaborados en noviembre-diciembre.

- Instancias de formación e intercambio entre equipos vinculados al PJ y FUCVAM.

- Comienzo del trabajo de sistematización partici-pativa de la experiencia.

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Una experiencia de cooperación internacional

* Marta Solanas Domínguez es sevillana, arquitecta y tiene un Máster en Gestión Social del Hábitat. Entre mayo y noviembre de 2011 realizó una estadía en Montevideo, en la cual estudió

a fondo nuestro modelo cooperativo de vivienda, que fue el tema de su trabajo final para obtener la Maestría en Cooperación Internacional y Políticas de Desarrollo de la Universidad Paris

1-Sorbona. El presente artículo es un apretadísimo resumen del texto de ese trabajo preparado por la propia autora.

Marta Solanas Domínguez*

La transferencia del cooperativismo uruguayo de vivienda por ayuda mutua a otras latitudes

INVESTIGACIÓN

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0. De las cooperativas y la coopera-ción (internacional)...En las próximas líneas queremos mostrar el carácter de la cooperación internacional del pro-grama que la Federación Uruguaya de Coope-rativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) desarrolla, transfiriendo su experiencia a otros países de la región latinoamericana.

Nuestra puerta de entrada serán sencillamente las definiciones de “cooperativa”, “coopera-ción” y “cooperar”, entendiendo que plantean las bases de la experiencia del cooperativismo de vivienda uruguayo, dentro y fuera del país. Esto es: acción colectiva, intereses comunes a un grupo, intercambio y reparto equitativo de los beneficios que se logran están siempre pre-sentes en las propuestas y realizaciones de las cooperativas.

Como continuación de esta trayectoria local, los cooperativistas uruguayos dan el salto y traspa-san fronteras.

Comencemos pues por las definiciones, que nos abrirán el camino:

cooperativo, -a1

1 Diccionario María Moliner de uso del español, edición

electrónica, Versión 3.0, Madrid, 2008. Las cursivas son

nuestras.

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1. adj. De cooperación.

2. f. (Sociedad cooperativa) *Organismo cuyo fin es suministrar ciertos artículos o servicios a sus asociados en condiciones beneficiosas.

* Establecimiento comercial en que se venden los artículos suministrados por la cooperativa.

* Asociación para llevar a cabo algo en común o defender intereses comunes.

cooperación

f. Acción de cooperar.

(en cooperación) * Aplicado a la manera de tra-bajar o hacer alguna cosa, entre varios.

cooperar (del lat. cooperāri)

intr. (a, en, con) *Ayudar o influir. Unir la propia acción o influencia a otras para producir cierto resultado:

* Colaborar en el desarrollo de un país extranjero.

1. Tejiendo redes...La vocación internacionalista de FUCVAM tiene su raíz en el origen del sindicalismo y de las dis-tintas modalidades asociativas del país, que sur-gieron a finales del siglo XIX. Así, la Federación tuvo prontamente contactos con organizaciones más allá del contexto nacional, inicialmente ob-teniendo financiación necesaria para afianzarse, en un tiempo de dictadura en que estaba “aco-sada como institución contestataria y referente de los trabajadores organizados”2. Más adelan-te se establecieron vínculos más amplios.

… la creación de SELVIP

En 1990, se reunieron en Uruguay un grupo de organizaciones, invitadas a las actividades del vigésimo aniversario de FUCVAM. Frente a la instalación de una cultura profundamente indivi-dualista, pasiva, asistencialista y discriminatoria, y al neoliberalismo reinante en las políticas de América Latina, “(…) otra globalización, con un signo diferente al de la economía neoliberal, se estaba poniendo en marcha”3. Se acordó crear una “articulación/red latinoamericana” que pro-

ponía la “incorporación de organizaciones con experiencia concreta en la producción social y material de vivienda y equipamiento comunita-rio”4. SELVIP, Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular, nació en 1991, en Sao Paulo. Esta Red se convertiría en miembro de HIC-AL, (Coalición Internacional del Hábitat-América Latina), organización a la que se sumaría poco más tarde la misma FUCVAM.

…los primeros pasos con el SCC

En este contexto se dio el vínculo con el SCC, Centro Cooperativo Sueco5. El encuentro entre ambas organizaciones produjo la alianza estra-tégica que haría posible la difusión de la expe-riencia uruguaya a otros países del continente6. El primer convenio se hizo en 1998. Al ver que los resultados eran positivos, se amplió a seis países: Bolivia, El Salvador, Guatemala, Hondu-ras, Nicaragua y Paraguay.

2. Afianzando camino, avanzando paso a paso...

“toda la estructura de la sociedad no está hecha para que fácilmente podamos existir y cómoda-mente acceder a una vivienda digna según los pilares de nuestro modelo (propiedad colectiva, ayuda mutua, autogestión y asistencia técnica)”

(Federación Salvadoreña de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FESCOVAM, “El Salvador: La plataforma y las herramientas para conquistarla.”, en SCC, Una década construyen-do solidaridad y autogestión. Ediciones del SCC, San José, Costa Rica, 2010).

Con esta reflexión de los cooperativistas salva-doreños vislumbramos los límites del coopera-tivismo en otros países, muy otros que en Uru-guay, donde si bien es difícil insertarse en un sistema socio-económico neoliberal, la acepta-ción, difusión y reconocimiento del cooperativis-mo son mucho mayores que en otras latitudes.

… las bases del Programa

La primera transferencia de esta asociación es-tratégica FUCVAM-SCC se realizó en Paraguay.

2 DAMBRAUSKAS, Alicia, GONZÁLEZ, Gustavo, “La irra-diación latinoamericana de la experiencia”, en NAHOUM, Benjamín, comp., Una historia con quince mil protagonistas, Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua uruguayas, Montevideo, Intendencia Municipal de Montevideo-Junta de Andalucía, 2008. 3 Íbid.4 SELVIP, “Documento sobre la SELVIP. Secretaría Latinoa-mericana de la Vivienda Popular. La vía Urbana”. Buenos Aires, ELAH, 2006. Consulta en línea: http://www.elah.org.ar5 El Centro Cooperativo Sueco es una organización sin fines de lucro y sin afiliación política ni religiosa. Está integrado por unas sesenta compañías y organizaciones, las cuales tienen su origen en el movimiento cooperativo sueco. Desde su establecimiento, en 1958, la “ayuda para la autoayuda” ha sido el lema de la organización.Sus objetivos: Apoyar los esfuerzos de mujeres y hombres pobres para incrementar sus ingresos, mejorar sus condicio-nes de vida, defender sus derechos y organizarse. Fortale-cer el desarrollo democrático y económico de las organiza-ciones contrapartes. Contribuir al desarrollo de sociedades democráticas y justas. (Tomado de www.sccportal.org).6 DAM BRAUSKAS Y GONZÁLEZ, op. cit.

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Como en el caso uruguayo, las cooperativas que se conformaran tendrían asesoramiento técnico de un equipo multidisciplinario, que se crearía al interior de alguna de las organizaciones con las que SCC-FUCVAM trabajan desde años atrás. En este caso, CIPAE (Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia), con larga trayectoria en programas de apoyo a sectores de bajos in-gresos y experiencia previa en vivienda.

La transferencia responde a un concepto, de fondo, significativo: la construcción social del conocimiento. Por ello, las capacitaciones las implementan los cooperativistas de FUCVAM. La primera fase correspondía con una capacita-ción inicial, en Paraguay. En una segunda fase, equipos técnicos y habitantes visitaban Uruguay, insertándose en las cooperativas habitadas y en construcción. Existe en todos los actores la convicción que la vivencia del lugar -viviendas, conjunto, entorno- y el diálogo directo con quie-nes lo realizaron es una base fundamental, una manera como ninguna otra de explicitar en qué consiste la vida cooperativa, cómo se logra el objetivo y qué producto se alcanza.

La estrategia general busca concretar proyectos piloto. Éstos mostrarán -como las tres cooperati-vas pioneras en Uruguay- que el sistema funcio-na, es apropiado y apropiable. Simultáneamen-te, se inicia el camino de la “incidencia política”: acciones para la creación de espacios a los que lleguen demandas, reivindicaciones de ciuda-danos con necesidad de un hábitat adecuado: espacios de visibilidad de estos problemas.

En Paraguay se sentaron las bases de la me-todología que pusieron en marcha FUCVAM y SCC. En el camino latinoamericano se encon-traron las dificultades y peculiaridades que des-cribimos a continuación:

En Bolivia la “cultura indígena” impregna los pro-yectos. El concepto “propiedad colectiva” no es una innovación, sino una idea propia, tradicio-nal, de las poblaciones implicadas. La realidad económica y laboral, informal en la mayoría de las familias, provoca una gran imprevisibilidad

y el proceso deviene inestable. Las mujeres se convierten en las protagonistas principales de los grupos cooperativos, lo que se repetirá en todos los países.

Los primeros pasos hacia la región centroameri-cana, mostraron rápidamente cómo esta región

-percibida desde los países del sur del continen-te como bastante homogénea- plantea particu-laridades propias en cada país, diferenciadas, significativas y relevantes para la propuesta que se plantea.

En Guatemala se subrayan las grandes diferen-cias entre las clases sociales más ricas y los sectores más empobrecidos. El proyecto coope-rativo se resiente en cuanto a diálogo entre los actores que deben relacionarse. El intercambio de pareceres, de demandas y las tomas de de-cisión colectivas se hacen más difíciles.

En El Salvador, se da una “ruralización” de un modelo que nació en el medio urbano. El sis-

tema se flexibiliza y adapta a la forma de una cooperativa de implantación dispersa.

En Honduras la experiencia estuvo marcada por dos problemáticas propias del país: la co-optación de los líderes y la corrupción. Esto no impidió que se creasen los espacios para poder intervenir de la forma deseada, destacándose que en alguno de los programas el gobierno lo-cal correspondiente dio apoyo material y político a la experiencia.

En Nicaragua, país marcado por relaciones so-ciales especiales -los vínculos de solidaridad son fuertes- la afinidad con un modelo coopera-tivo autogestionario de viviendas fue de rápida emergencia. Los grupos mostraron fuertes lide-razgos y capacidad de organización, lo que re-dujo los tiempos. Se dieron buenos acuerdos y articulaciones con los municipios, que cedieron los terrenos.

A través de esta muestra sintética del camino

Ayuda Mutua en Bolivia

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realizado desde Paraguay hasta Nicaragua, es posible destacar cómo los primeros pasos de la experiencia en cada país permitieron encon-trarse con las diferencias entre ellos. El descu-brimiento se hacía a medida que las nuevas realidades aparecían en el camino de los coope-rativistas uruguayos. Volvemos a apoyarnos en las palabras de Dambrauskas y González para tratar de comprender el significado de estos ha-llazgos, desde el punto de vista uruguayo:

“Un movimiento en su génesis totalmente urbano, sustancialmente de lucha sectorial y con lideraz-gos masculinos, ha extendido (…) su ámbito de acción incorporando experiencias rurales, ha ampliado su concepción hacia la búsqueda de soluciones integrales y ha mudado el género de sus liderazgos, como producto de las transfor-maciones en las condiciones económicas, so-ciales y aún familiares de sus integrantes. Un modelo de matriz uruguaya y por tanto, de génesis básicamente occidental, ha transitado el continente para darse un baño de latinoame-ricanidad, y en esa simbiosis con las culturas ancestrales de nuestra América, se ha visto re-creado y enriquecido, abriendo el abanico de la posibilidad y la versatilidad, sin perder la esen-cia de sus principios fundacionales”.7

3. … Cerrar para volver a abrir. Algu-nas conclusiones y otras preguntas La mayor motivación al indagar acerca de esta experiencia fue su carácter de transferen-cia “Sur-Sur”. Acostumbramos a comprender la cooperación internacional como un flujo de elementos (materiales, económicos u otros) del

“Norte” hacia los “Sures”. De hecho, es habitual que consideremos un “Norte” y diversos “Sures”. Esta experiencia muestra un cuadro de relacio-nes más complejas y en múltiples direcciones. De un “Sur” hacia otros “Sures”, todos distintos entre sí y con características y contextos dife-renciados.

7DAM BRAUSKAS Y GONZÁLEZ, op. cit.

Cooperativa “Casa de Oro”, El Paraíso, Honduras

Barrio cooperativo “Itá”, Paraguay

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Nos preguntábamos al comenzar el trabajo: ¿cuál es la cooperación internacional en este caso? ¿quién coopera? ¿quién intercambia? ¿quién aporta qué? ¿quién obtiene qué?

Hemos visto en el transcurso del trabajo como muchas veces la “cooperación internacional” es identificada en este caso -por actores impor-tantes del proceso- con el SCC, en la medida que éste es la organización que -situada en “el Norte”- financia el intercambio. La “cooperación” termina siendo identificada con “la financiación”.

Sin embargo, las cooperativas y la cooperación comparten una misma raíz, un mismo significa-do. Hablamos de intercambio, de acción colec-tiva, de fines comunes. En este sentido, insisti-mos en que la actividad de FUCVAM fuera de Uruguay se presenta como una continuación absolutamente natural de las actividades que ellos mismos realizan en el país para desarrollar el cooperativismo.

Por otra parte, observamos en el cooperativis-mo de vivienda una constante experimentación. No podemos comprenderlo como una experien-cia cerrada, ya comprobada y delimitada en una envolvente definida; que por tanto se puede transmitir como un todo completo y definitivo en otros lugares, para que otras personas reciban conocimientos también definidos y definitivos.

En la medida en que el propio cooperativismo uruguayo inventa constantemente nuevas so-luciones, nuevos límites, consideramos que “el modelo” es mucho más flexible como “modelo transformable” y, en consecuencia, más apro-piado y “apropiable” por otros colectivos.

Vemos también cómo la lucha por unas mejores condiciones para el cooperativismo de vivienda continúa incluso en Uruguay. Si bien FUCVAM es un actor con un peso político y social fuerte, y con una capacidad innegable de crear espacios de diálogo, la tarea no está acabada. Por esta razón, FUCVAM sale reforzada de los intercam-

bios con organizaciones de otros países. Esta experiencia internacional le confiere un peso mayor, más motivos para ser escuchada y te-nida en cuenta.

De la misma manera, en la otra punta del mun-do, el SCC cumple también con el principio co-operativo de la educación en términos de vida cooperativa, ampliando su ámbito de incidencia.

Comprendemos que la estrategia puesta en marcha, que trata de responsabilizar a los pro-pios grupos que se conforman de las tareas de creación de marcos jurídicos, de políticas de vivienda y hábitat en general, del logro de la financiación estatal -a través de la incidencia política- sería un primer paso correcto, hacia un cambio global en términos de hábitat y en consecuencia, un cambio social.

Finalmente, consideramos que la cooperación que tiene lugar en estas experiencias sirve para reforzar a todos los actores que participan en ellas, con aportes distintos, provenientes de lugares y de conocimientos diferentes. Todos aportan, todos reciben, todos construyen hacia un objetivo común.

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Complejización del ejercicio de la arquitectura en la rehabilitación

de barriadas

* Texto redactado por José Mª López Medina a partir de la experiencia colectiva del equipo, cuya oficina permanente en Polígono Sur está integrada por José Ignacio

Monsalve, Marina Lagos, Cristina Rubiño, Belén Jiménez y José Carlos Santaella

Surco Arquitectura*

Reflexiones en torno a la experiencia en el Polígono Sur de Sevilla

“Rehabilitación es gestión, gestión transversal, gestión interdisciplinar, es decir, desconocimiento, sorpresa, inseguridad, duda, en definitiva, es interactuar en edificios existentes con vecinos viviendo y donde ellos son los verdaderos protagonistas.”

José Linares (2010)

EXPERIENCIAS

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La política andaluza de intervención en barrios se ha concretado hasta ahora en la figura de las Áreas de Rehabilitación de centros históricos o de barriadas periféricas de vivienda social. En el segundo caso se ubica la experiencia de Surco Arquitectura, en las áreas de Polígono Sur (Se-villa) y Cartuja, La Paz, Almanjáyar (Granada), pero más centrada en la primera y especialmen-te en la barriada Martínez Montañés.

El Polígono Sur se inscribe en las operaciones de producción de vivienda social de los años ´60 y ´70. Su condición inicial de contenedor de pobres y su aislamiento urbanístico marcaron el comienzo de un proceso de deterioro que termi-nó desembocando en una acusada situación de exclusión y estigma social (Torres, 2005).

Desde 2005, todo el ámbito se administra me-diante el Plan Integral del Polígono Sur, una apuesta por un modelo de gestión basado en la participación ciudadana y la coordinación insti-tucional.

La barriada Martínez Montañés, construida en-tre 1978-79, consta de 1424 viviendas de pro-piedad pública en régimen de alquiler. Es la que presenta mayores cotas de deterioro físico y marginación social, debido a los problemas de inseguridad y exclusión que genera la venta de drogas y armas en algunos bloques, que empuja a las familias más normalizadas a abandonar el barrio cuando su situación se lo permite.

El deterioro físico fue causa y efecto de un pro-longado incumplimiento de responsabilidades de mantenimiento, tanto por parte de los inquili-nos como de la propiedad, que durante años se desentendió del cobro de alquileres (lo mismo ocurrió con las compañías de suministro en una parte del barrio).

Cuando la Empresa Pública de Suelo de Anda-lucía emprende la rehabilitación y regularización del barrio, los bloques presentaban patologías y deficiencias de gravedad y se decide acometer obras de rehabilitación integral -tanto en zonas comunes como en las viviendas- que en la ma-yor parte de los casos se ejecutan sin realojar a

POLÍGONO SUR

SEVILLA

los residentes. Esto exige que la ejecución sea compatible con el uso del edificio y genera un escenario para el arquitecto que trasciende la la-bor técnica y pone el acento en la gestión global del proceso de rehabilitación.

Sobre esta experiencia plantearemos una re-flexión acerca de la complejización que experi-menta el ejercicio de la arquitectura, cuando se inserta en cuadros de problemas multidimensio-nales. Hablamos de la complejidad en el sentido en que lo propone Morin (1990): en la medida en que la parte arquitectónica del problema revela fuertes conexiones con otras de sus componen-tes, la intervención disciplinar tiende a compleji-zarse en la misma medida.

El enfoque del trabajo se apoya en varias premi-sas conceptuales:

-Concebir la intervención como un satisfactor si-nérgico (Max-Neef, 1998), para incidir, al tiempo que se satisface la necesidad habitacional, en otros ejes de la transformación del barrio.

-Plantear la relación de asistencia técnica entre arquitectos y vecinos desde la conveniencia de construir juntos, en lo posible, tanto la necesidad como el satisfactor (Pelli, 2006).

-Entender que el rol del arquitecto debe ampliar su radio disciplinar para sumar al diseño de ob-jetos, el diseño y la gestión de procesos (Pelli, 2010). Es preciso sustituir el programa del pro-yecto, un concepto lineal y estático, por la idea de una estrategia de proyecto y obra, dinámica y adaptativa (Morin, 2002).

Desde esa perspectiva el ejercicio de la profe-sión consistirá no sólo en diseñar un objeto ar-quitectónico y dirigir su ejecución, sino también en diseñar y gestionar un proceso social ligado al anterior.

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Si detallamos todos sus atributos, el objeto del trabajo adquiere sucesivas capas de compleji-dad hasta completar el siguiente enunciado:

Diseñar y gestionar tanto el producto físico como el proceso de intervención sobre un edificio de viviendas de los años 70, habitadas, de propie-dad pública en alquiler, en un barrio en rehabili-tación especialmente degradado y en el contex-to de un plan integral para todo el polígono.

Si bien la condición de intervenir sobre viviendas habitadas es el factor determinante, cada una de esas capas introduce sus propias variables e incrementa la complejidad de la actuación. Por otro lado la cita de José Linares “Rehabilitación es Gestión” nos servirá para entender cómo cada atributo induce criterios de proyecto y ge-nera implicaciones y oportunidades de gestión social.

1. La edad del edificio y la obsolescencia física o normativa de algunos elementos ya definen un alcance muy elevado de la intervención, tanto en zonas comunes como dentro de las vivien-das. Además de resolver patologías, es preciso renovar las instalaciones y la cubierta, demoler elementos autoconstruidos, introducir refuerzos estructurales, instalar o renovar ascensores y sustituir revestimientos y carpinterías.

2. Sin duda el hecho de ejecutar las obras con las viviendas habitadas es el factor diferencial de la actuación del arquitecto. Exige invertir un alto porcentaje de la dedicación del equipo en el manejo de las relaciones con los vecinos.

En la fase de proyecto es conveniente diseñar hojas de ruta que expliquen los tiempos y com-promisos del proceso. También se hace uso de técnicas de participación y de expresión gráfica adecuadas para trasladar y debatir las solucio-nes.

A veces es preciso recurrir a soluciones no ha-bituales, cuya ejecución sea compatible con el uso residencial. Por ejemplo, la sustitución de las cubiertas con las últimas plantas ocupadas implica extremar las precauciones para evitar filtraciones en periodos de lluvia; la renovación de instalaciones no puede interrumpir el sumi-nistro, luego se ejecuta la nueva manteniendo la antigua en servicio... y un largo etcétera, que merecería un desarrollo específico.

Algunas de estas operaciones dentro de las vi-viendas son muy dificultosas con aquellos veci-nos que sienten la reforma, sin haberla deman-dado, como una ingerencia de la administración. En ese sentido las actitudes y grados de satis-

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facción con el resultado son muy diversos y así se refleja en su posterior mantenimiento.

En general el trabajo exige una predisposición a construir relaciones de confianza y cercanía con los vecinos, lo cual implica adoptar una actitud de escucha activa. Además han resultado clave factores como tener la oficina implantada en el barrio y atender las reparaciones de emergen-cia, que exigen la presencia casi continua de un/a arquitecto/a en el terreno.

3. El hecho de tratarse de viviendas de pro-piedad pública en alquiler exige mantener la inversión pública en unos márgenes econó-micos sensatos y, al mismo tiempo, obliga a conjugar la deseable homogeneidad de criterios del parque público con la heterogeneidad de si-tuaciones existentes. Lo mismo cabe decir del equilibrio entre la racionalidad técnica, frente a las singularidades de cada vivienda: aun siendo viviendas de alquiler es frecuente que exista un sentimiento de propiedad ya que en su mayoría están ocupadas desde hace años y han experi-mentado mejoras que en algunos casos se ve-rán alteradas por las obras, lo que es una fuente permanente de situaciones a negociar. En este sentido la intervención supone una oportunidad de contribuir a la clarificación de roles entre in-quilinos y propietarios.

4. Al estar todo el barrio en rehabilitación se deben evitar los agravios comparativos entre comunidades. Al ser vivienda pública, la defini-

ción de criterios generales de intervención para todos los bloques de la barriada puede entrar en conflicto con otras premisas igualmente desea-bles, como por ejemplo la apertura de márgenes de participación vecinal en el diseño, o la dife-rencia entre los grados de autogestión de dis-tintas comunidades, que puede hacer funcionar unas soluciones en unos bloques y en otros no.

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5. Tratándose de un barrio especialmente de-gradado y estigmatizado emergen objetivos transversales, como su re-simbolización a tra-vés de la renovación arquitectónica. Aquí apa-recen puntos de conflicto cuando se procura equipararlo al resto de la ciudad en términos de tratamiento formal y constructivo, porque si bien se dan problemas de convivencia y episodios de vandalismo, no podemos adoptar por siste-ma soluciones que contribuyan al estigma social.

Por otro lado, tampoco pueden consentirse situaciones irregulares, como la ocupación de cuartillos autoconstruidos en planta baja, que cada vecino utilizaba para fines muy diversos, muchos de ellos para guardar ciclomotores. Con el objetivo de recuperar la planta baja para usos colectivos y tras una intensa negociación, se acordó construir trasteros en la nueva cubier-ta y dejar en planta baja unos pequeños recin-tos enrejados para guardar los vehículos, bau-tizados como taquimotos. En ese sentido, una solución técnica puede generar un problema y otra puede resolverlo. Ese es también el tipo de creatividad que la sociedad exige a la profesión.

En general, el grado de dificultad de las obras varía en cada bloque, dependiendo de los ve-cinos que lo habitan. Las situaciones más con-flictivas se dan con una minoría que no está interesada en que cambie la situación del barrio. En muchos de estos casos, como la finalización de las obras marca la reanudación del cobro de los alquileres, se multiplican las quejas sobre la calidad de la ejecución, para evitar o atrasar el pago. Por otro lado, residen en el barrio perso-nas con enfermedades mentales o altos niveles de drogodependencia que les incapacita para mantener una vivienda, lo cual da lugar a situa-ciones que se han de coordinar con los servicios de atención social.

Es interesante observar cómo al principio las obras de urgencia se desarrollaban bajo la presión de unos vecinos habituados al conflicto como forma de relación, y a la amenaza como recurso para lograr beneficios de la administra-ción. No ceder a las presiones y mantener los criterios de actuación a lo largo del tiempo ha sido fundamental para sentar unas reglas del juego que ya están asumidas. Asimismo, la me-diación en conflictos derivados de servidumbres entre viviendas (ejemplo: el baño que moja el piso inferior) ha sido clave para construir con-fianza en el técnico y su forma de proceder, pa-sando el problema de la avería a un segundo plano.

6. Finalmente, operar dentro de un Plan Integral requiere coordinar intervenciones y conjugar distintas lógicas: la técnica (estado de la edifi-cación), la social (grado de autogestión de la co-munidad) y la administrativa y económica (con-tratación por bloques o por grupos). Por ejemplo, la conveniencia de dinamizar la actividad co-mercial -y con ella el uso de la calle- aconsejaba reservar locales en planta baja para tal fin. Pero si la creación de comercios es más lenta que la habilitación del local, éste queda expuesto a posibles ocupaciones irregulares, luego se ideó

un diseño reversible que permitía una fácil con-versión del uso comercial al residencial según la demanda.

Por último, entrar en cada vivienda ofrece la oportunidad de compartir información para co-ordinar actuaciones con otros dispositivos de intervención (servicios sociales, salud mental, compañías de suministro, servicios de limpieza, policía…). Pero, sobre todo, abre la oportunidad de modificar, junto a las condiciones de habitabi-lidad, las formas de relación técnica-ciudadana, tal como afirma Víctor Pelli (2005): “el proceso, con criterios de participación y de respeto -no sometimiento- del punto de vista del receptor (…), empieza a funcionar como un reductor de la parte de pobreza que no es carencia sino ex-clusión”.

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(2005) Entrevista a Víctor Pelli, publicada en http://arquisocial.org/tiki-read_article.php?articleId=56 , con-sultada el 14 de julio de 2011.

TORRES GUTIÉRREZ, F. José (2005) El análisis territorial aplicado al estudio de zonas urbanas marginadas: el caso de Polígono Sur de Sevilla. Sevilla. Junta de Andalucía.

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LOS CENTROS SOCIALES OCUPADOS AUTOGESTIONADOS, EN EL CONTEXTO DEL ESTADO ESPAñOL*

* Este artículo forma parte del trabajo del grupo de investigación del proyecto: «Arquitectura y Autogestión. Estudio crítico de las condiciones generadas por la práctica autogestionada en la

arquitectura y el espacio público», Ministerio de Ciencia e Investigación, España, Universidades de Córdoba y Sevilla.

** Pablo Rabasco es español, Doctor en Historia del Arte y pese a su juventud tiene un extenso currículo que incluye estudios, conferencias, publicaciones e investigaciones en el tema de su

especialidad. Pero tiene además una importante militancia social, en la cual destaca su pertenencia a la Coordinadora de Colectivos Sociales de Córdoba, “Córdoba Solidaria”, formada por 52

colectivos y de la cual fue miembro de la Junta Directiva y posteriorjmente presidente.

Pablo Rabasco**

Autogestión, arquitectura y desobediencia civil

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Dentro del debilitamiento acusado de los Es-tados occidentales y de los modelos sociales que de éstos se derivan, se define una serie de derechos fundamentales que, como el de la vivienda digna, se han visto agredidos de forma casi irrecuperable. Al mismo tiempo, otros derechos como el acceso a la propiedad privada y el libre uso de ésta, se constituyen como base fundamental para el desarrollo de las políticas neoliberales.

Se trata de una estrategia desigual, que ne-cesita de una articulación legal eficiente para afianzar sus intereses en el ámbito de las fi-nanzas y de la especulación. Así, la propiedad privada se establece como el derecho mejor protegido dentro de los contextos jurídicos y represivos occidentales.

La propiedad privada del suelo, de los inmuebles y cada vez más del espacio público, supeditada en muchas ocasiones a la especulación urbana, no se ha vinculado en ningún momento a otros derechos fundamentales, como el del acceso a una vivienda digna, sino que, por el contrario, atenta sustancialmente contra la coexistencia de ellos.

Los gobiernos no han entrado en competencia con las entidades financieras para asegurar una serie de derechos dependientes en buena parte del sistema: al contrario, su actitud es servicial y atenta hacia éstos, y el acceso a la vivienda se sitúa en un entramado especulativo, donde tienen la última palabra las entidades bancarias.

La creación de instituciones supranacionales como el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio, otorga credibilidad, seguridad y estabilidad a un sistema que se apoya en construcciones no democráticas sostenidas con fondos públicos, fondos que sirven para crear un sistema de seguridad especulativo, cuya base es la propiedad inmobiliaria, a la que gran parte de la ciudadanía no puede acceder de una forma justa, sino mediante préstamos e hipotecas que condicionan nuestras formas de trabajo y nuestras estructuras sociales.

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En cierto modo, sufragamos la seguridad de un sistema que atenta contra nuestros propios derechos como ciudadanos, y alimentamos la confianza en los mercados especulativos, que como sabemos son sumamente frágiles, tal y como se ha demostrado en la crisis financiera y social de 2008.

En este contexto, en el que los derechos sociales se ven fuertemente agredidos, surge una serie de reacciones: la desobediencia civil; la ocupación, en el contexto del derecho a la vivienda y los derechos sociales, se presentan como armas poderosas para evidenciar los salvajes mecanismos del sistema.

El 1 de enero de 1994 un nutrido grupo de guerrilleros indígenas se hacía con una parte del territorio de Chiapas, coincidiendo con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (ALCA). Surgía así el primer movimiento de acción consciente contra las políticas neoliberales: la ocupación territorial será allí la base para una nueva construcción social.

Así, en el contexto zapatista, el territorio ocupado no muestra tanto las debilidades de un sistema, como la contundencia de las acciones militares de los Estados en defensa de ese mismo sistema. La fuerza del movimiento está en las formas de articulación y en el buen gobierno de ese territorio, no en el hecho mismo de su ocupación física. Se trata de posibilitar la autogestión territorial, y de hacer visible que ésta se fundamenta en una apertura con otros muchos movimientos preexistentes. La estrategia rizomática propone, a través de nuevos modos de comunicarnos, de compartir

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Manifestación en defensa del CSOA Casa das Atochas

CSOA, La Invisible, Málaga

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conocimiento y experiencias, una forma nueva de expansión.

Más tarde, los sucesos de Seattle y el fortalecimiento demostrado en Génova se entienden desde la necesidad de conciliar las transformaciones locales en una red de estrategias globales, cada vez más accesibles a la multitud mediante nuevas formas de articulación: redes sociales, medios alternativos de difusión como Indymedia, posibilitan el libre acceso y la libre construcción de la subjetividad de los acontecimientos. El discurso, a partir de ahora, se centrará en la violencia flexible del posfordismo, la precariedad laboral y sus consecuencias a escala global y territorial en las diferentes formas sociales

En este contexto, en el estado español se expande el modelo de articulación local mediante los Centros Sociales Ocupados Autogestionados (CSOA). El punto de partida es la ocupación: la ocupación como herida abierta en el sistema de protección de la propiedad privada y de los sistemas financieros que en ella se apoyan. Se evidencia así una provocación seria en el contexto de la ciudad, presentando una lectura abierta y autogestionada en un contexto obvio y accesible que forma parte del tránsito urbano.

Se entiende la autogestión como una experiencia generalmente colaborativa, que propone un uso del espacio distinto. Sugiere una arquitectura y urbanismo desde unas condiciones de partida diferentes de las de la práctica privada, normalizada y/o legislada, y que se propone obviando o modificando estas condiciones, inventando otras más cercanas,

que constituyen finalmente formas políticas que atañen al individuo, al entorno social y medioambiental.

El escenario de esta arquitectura autogestionada debe ser abordado desde el sentido de la metrópolis y desde ese punto enfrentado a las diversas condiciones del entorno en el que surge. Con este fin, entendemos que el entramado de significados parte de la condición posmoderna de la ciudad, ya que la metrópolis es la consecuencia de un sistema económico y tecnológico que, describiendo este escenario urbano concreto y definidor de nuestro tiempo, atañe directamente a las condiciones de vida de entornos no metropolitanos a partir de una misma condición: la estructura productiva (materias, cognitiva…), la interlocución mass-mediática y el ser-consumidor, escenario que los situacionistas ya predefinieron en su momento.

Como señala Negri: “La Metrópolis es a la multitud lo que, antes, la Fábrica era a la clase obrera”. La ciudad se transforma en escenario de la fatal flexibilidad de los procesos de

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Richard Stallman en La Invisible CSOA, Universidad Libre Experimental. Málaga, 2008.

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producción: la ciudad, sinónimo de lo público, de lo compartido y lo común, se ha visto agraviada y comercializada. Es en esta ciudad donde se potencia una nueva realidad que se ha nombrado abiertamente como la Segunda Generación de los CSOA.

Si ahora la metrópolis es el escenario de la dispersión social, el CSOA sería una evidencia de la existencia de una serie de intereses comunes, no especulativos, asociados a la necesidad vitalista y compleja de un desarrollo que estaría por encima de las ventajas deslumbrantes del ser-consumidor. El sistema rizomático que se desenvuelve por debajo de los acontecimientos es la evidencia de un estrato del ser-biopolítico, que se articula en la multitud a pesar de la contundencia de la propia metrópolis.

El movimiento/disidencia de los Centros Sociales Okupados de segunda generación se ha constituido como una de las experiencias más interesantes en el ámbito de la arquitectura, la ciudad y la autogestión en España en la última década. Procesos como los de Casas Viejas, La Fábrica de Sombreros, Sin Nombre, San Bernardo (Sevilla), Casa de Iniciativas, La Invisible (Málaga), El Patio Maravillas, Eskalera Karakola, CS Seco, El Laboratorio (Madrid), PabellónSur, Juan XXIII (Córdoba), CSA Atreu (A Corunha), o Ateneu Candela (Barcelona) son sólo algunas de las múltiples facetas demostradas por este movimiento.

La práctica de una democracia radical, alternativa a las fórmulas participativas y/o representativas, evidencia debilidades y procesos complejos en cada una de las experiencias. Pero más allá

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CSOA, La fabrica de sombreros, Sevilla

Huerta del Rey Moro, Sevilla

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de los procesos vitales y en movimiento, en la experiencia observada del estado español podemos comprobar ciertas prácticas comunes que visibilizan procesos atentos a esta nueva situación: los movimientos feministas, de inmigrantes, precarios, de cultura libre, comunicación, consumo, y formas biopolíticas, forman una enorme caja de herramientas subjetivas, abiertas, improvisadas y salvajes.

Los movimientos feministas han construido un lugar de lucha abierta en los CSOA. Con especial incidencia en la práctica concreta de la kasa de mujeres La Eskalera Karakola, y dentro de una realidad muy concreta como es la del barrio de Lavapiés en Madrid, otras muchas experiencias han ido desarrollándose en los últimos años. Feministas Nómadas, que en torno a la experiencia del CSOA La Casa Invisible de Málaga, han construido desde la creatividad un campo real de transformación, es una de las experiencias más interesantes de las activas a la fecha de hoy. Del mismo modo, Maribolheras Precarias han participado de forma activa en la construcción subjetiva del CSOA Ateneu Candela o recientemente en la Casa das Atochas en Corunha, generando un movimiento amplio y diverso en Galicia.

Las estrategias más complejas de articulación urbana llevada a cabo por los migrantes y los movimientos de precarios reflejan la necesidad de reconocernos en un lugar determinado de la ciudad, que atienda las necesidades de estos colectivos, pero que funcione a su vez como lugar de encuentro, de ocio y de intercambio. Los CSOA han sostenido experiencias muy valiosas en este sentido, siendo de especial interés el desarrollo en el entorno de la Casa

de Iniciativas o La Invisible de Málaga con el funcionamiento de la Oficina de Derechos Sociales (ODS), proyecto llevado a cabo por la Coordinadora de Inmigrantes y por Precari@s en Movimiento de Málaga.

Se trata en definitiva de superar el concepto de asistencialismo por el de acciones colectivas en defensa de derechos y de acciones concretas en el contexto de la lucha contra la precariedad. Del mismo modo, la experiencia de la ODS Patio Maravillas (Madrid) viene trabajando sobre el eje Fronteras-Ciudadanía como exhibición de un sistema violento y deshumanizado. Apoyar las necesidades y acudir a las estrategias planteadas por los migrantes, es atentar contra el propio sistema que los desplaza hacia los márgenes.

Asimismo, en los últimos años, las experiencias contraculturales han encontrado en buena parte de los CSOA un espacio para la creación y el intercambio activo de experiencias artísticas. Es más, éste fue el empuje fundamental para que una experiencia más politizada como es la de la Casa de Iniciativas, diera lugar a una nueva ocupación en el caso de la Casa Invisible, donde la cultura libre y nuevos modos de difusión y producción han ido expandiéndose a través del modelo propuesto por Creadores Invisibles.

Del mismo modo la Universidad Libre Experimental (ULEX) se ha construido como alternativa al estancado funcionamiento de las instituciones académicas, pasando a constituirse como un intercambio de conocimientos libres y anómalos. De esa forma, los conceptos ya planteados desde la tesis del Capitalismo del Conocimiento (Antonella Corsani) son heridos y

desarticulados en este entorno.

Los CSOA han sostenido experiencias desde donde se definen otros espacios emergentes como los hacklabs que se han extendido constituyéndose como lugares de intercambio neotecnológico al amparo de la defensa del software/hardware libre, los derechos sociales y la comunicación horizontal. Ejemplos como Kernel Panic, RAM (Barcelona), Kaslab (Vallecas, Madrid), A Casa Encantada (Galiza), HackArena (Sevilla) o Colina Roja (Granada), están ligados a estos procesos de autogestión y son parte indispensable a la hora de entender los modos de relación y de intercambio de experiencias colaborativas entre CSOA.

Esta visión enlaza necesariamente con el uso de espacios que generan economías y formas de consumir diferentes, y alternativas a los modelos reglados. La constitución de espacios cooperativos de trabajo hace visible otras formas de autofinanciación, de relación con los trabajadores y con el propio medio.

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Rescate de la función habitacional en el Centro histórico de San Salvador

Premio Dubai 2010 de Mejores Prácticas:

Equipo del Centro histórico de FUNDASAL

El pasado año la ONG salvadoreña FUNDASAL y las cooperativas del Centro Histórico de San Salvador obtuvieron el Premio Dubai que otorga Naciones Unidas a las mejores prácticas en materia de programas habitacionales para mejorar la calidad de vida de la población.

El presente artículo da cuenta de las características del programa llevado adelante, que apunta a la rehabilitación de viejas edificaciones de esa zona por la propia población ocupante, empleando un modelo autogestionario, con ayuda mutua y propiedad colectiva, al estilo de las

cooperativas uruguayas.

LATINOAMéRICA

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IntroducciónDesde la fundación de la capital salvadoreña hasta mediados de la década de los 60, no ha-bía un “centro” de San Salvador. El centro era la ciudad toda y desempeñaba múltiples funcio-nes: allí estaban las principales oficinas del Go-bierno Central y Municipal, la empresa privada y familias acaudaladas.

Con el traslado de los sectores de altos ingresos hacia otras zonas de más prestigio, la creación del Centro de Gobierno, centros comerciales en la periferia, y la destrucción provocada por su-cesivos terremotos, el centro ha ido quedando despoblado. En la actualidad, sólo el 11% de su suelo es utilizado para vivienda, especialmente en asentamientos populares como mesones, condominios y comunidades marginales, predo-minando el uso comercial, formal e informal, que utiliza un 75% de la ciudad histórica.

La expulsión de habitantes del centro se ha rea-lizado en forma acelerada. Por ejemplo, a me-diados de los ́ 60 había 750 mesones, que alber-gaban un gran número de familias de obreros y artesanos. En el 2000 se contabilizaron 50, pero después de los terremotos del 2001 quedaron

35 totalmente deteriorados, en los que habitan 350 familias dedicadas a la venta ambulante.

Muchos sectores reconocen la importancia de rehabilitar el Centro Histórico de San Salvador (CHSS), pero uno de los factores principales de revitalización es recuperar la función habitacio-nal y la organización social perdida, comenzan-do por la urgente tarea de humanizar el hábitat de sus actuales pobladores. Ante esta situación, la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vi-vienda Mínima (FUNDASAL) ha implementado el Cooperativismo de Vivienda por Ayuda Mu-tua, modelo retomado de la exitosa experiencia en Uruguay.

La metodología de acompañamiento promueve la organización social como un instrumento de participación autogestionaria, que permite invo-lucrar directamente a los pobladores en la bús-queda de su propio desarrollo. Esta experiencia, desarrollada desde 2005, se denominó “Rescate de la Función Habitacional en el Centro Histórico de San Salvador y su Contribución a una Ciudad Equitativa y Sustentable”, la cual fue presentada en 2010 en la convocatoria realizada por la Or-

ganización de las Naciones Unidas para el Pre-mio Internacional Dubai a las Buenas Prácticas para Mejorar las Condiciones de Vida, siendo seleccionada entre las 10 Mejores Prácticas a nivel mundial.

Premio a las Mejores Prácticas para mejorar las condiciones de vidaEl Premio Internacional de Dubai para las Me-jores Prácticas fue establecido durante la Con-ferencia Internacional de Naciones Unidas que convocó Dubai del 19 al 22 de noviembre de 1995, con 914 participantes de 95 países, para reconocer las mejores prácticas con impacto po-sitivo en mejorar el ambiente vivo.

Uno de los resultados más importantes de la mencionada conferencia fue la adopción de la Declaración de Dubai, que estableció los principios guías y los criterios distintivos para identificar las mejores prácticas dignas de re-conocimiento y de propagación. Posteriormen-te, la Declaración de Dubai fue adoptada por la Conferencia de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat II) y por la

Complejo Habitacional “San Esteban” - Antes y Despues

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Asociación Mundial de Ciudades y Autoridades Locales, que se realizó en Estambul, Turquía, en junio de 1996.

Para otorgar las distinciones, en cada ciclo un Comité Internacional independiente de peritos técnicos identifica buenas y mejores prácticas, y un jurado internacional selecciona a los ga-nadores del premio a partir de esa lista. Como resultado de ocho ciclos sucesivos del Premio desde 1996, hoy la Base de Datos de Mejores Prácticas cuenta con más de 2.700 buenas y mejores prácticas de más de 140 países. Desde 2006, el Premio Internacional de Dubai otorga 12 premios: 10 para Buenas Prácticas y 2 para Transferencia de Buenas Prácticas.

Mejores Prácticas es un concepto creado por Naciones Unidas y por la Comunidad Inter-nacional que define un conjunto de iniciativas exitosas que buscan mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad de las ciudades y las comu-nidades. Para que una iniciativa sea considera-da una “mejor práctica” debe tener un impacto tangible en la mejora de la calidad de vida de las personas, ser resultado de una asociación

entre actores del sector público, privado y de la sociedad civil, y ser sostenible desde el punto de vista cultural, social, económico y ambiental.

Su utilidad es ser un instrumento para mejorar la política en materia pública, basándose en lo que efectivamente funciona. También influyen en el aumento del grado de conciencia de los responsables por la formulación de políticas y de la comunidad sobre las posibles solucio-nes a problemas de tipo social, económico y ambiental; otro aspecto importante a tomar en cuenta es compartir y transferir el conocimiento y la experiencia, a través del aprendizaje y de un sistema de red. Además son utilizadas como memoria institucional, es decir, como una ma-nera de aprender de las experiencias de otros, como herramienta para ayudar a los políticos a desarrollar sus programas de trabajo y como facilitador de la cooperación técnica entre comu-nidades.

Las Mejores Prácticas están insertas en el com-promiso del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábi-tat) con la descentralización. Esto porque entien-

de que las ciudades de los países en desarrollo todavía no cuentan con las herramientas nece-sarias que les demanda el desarrollo económi-co moderno y que siguen siendo relativamente dependientes de sistemas políticos burocráticos muy centralizados, los cuales frecuentemente no responden a las necesidades urbanas. La idea de descentralización, incluida en la Agenda Hábitat, es preparar a las autoridades locales y a sus socios para asumir responsabilidades cada vez mayores, lo cual supone el diseño de un programa que pueda funcionar directamente con las autoridades locales, así como con los gobiernos nacionales.

Por lo tanto, y a medida que el mundo se vuelve cada vez más urbano, se torna esencial que los diseñadores de las políticas entiendan el poder de la ciudad como un agente organizador para el desarrollo nacional. Consecuentemente, los programas como el de Mejores Prácticas se proyectan para asistir a estos diseñadores y a sus contrapartes en la evaluación de las condi-ciones urbanas y las tendencias, con el objetivo de articular las estrategias que fortalecerán las ciudades.

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Las Mejores Prácticas determinan soluciones innovadoras a problemas complejos, divulgan ejemplos de éxitos acerca de cambios en el sistema, promueven el uso de la memoria ins-titucional y dan publicidad a las organizaciones y proyectos que pueden ayudar para su finan-ciamiento y estimular el diseño de guías para el desarrollo de políticas. Sin embargo, las Mejores Prácticas deben superar la poca homogeneidad acerca de la demanda más la divulgación de la oferta, las pocas conformidades en la documen-tación, los escasos recursos para evaluación externa, las dificultades en la diseminación y los inconvenientes en la transferencia en contextos sociales, culturales y económicos diferentes1 .

La iniciativa del rescate de la función habitacional en el CHSSLa situación del hábitat en el centro de la ciudad de San Salvador fue una preocupación que en el 2000 llevó a FUNDASAL y a la Alcaldía Mu-nicipal de San Salvador, a coordinar una inves-tigación de campo denominada “Diagnóstico de la situación de la vivienda, el comercio informal y el patrimonio cultural en el CHSS”. La investi-

gación fue ejecutada según la especificidad de ambas instituciones: FUNDASAL estudió la pro-blemática de la vivienda, mientras que la Alcal-día se responsabilizó del estudio del comercio informal y del patrimonio cultural. Los principales resultados de ese esfuerzo conjunto están siste-matizados en dos publicaciones: “El Centro His-tórico de San Salvador, cultura e identidades” (2004) y “Hábitat en el Centro Histórico de San Salvador” (2005).

La constatación de la evidente vulnerabilidad del hábitat de familias de bajos recursos ubicadas en asentamientos populares del CHSS, funda-mentó la decisión institucional de organizar un equipo multidisciplinario, dedicado al estudio profundo de la situación y a la propuesta de alternativas, buscando soluciones a los proble-mas identificados. La metodología de acompa-ñamiento de FUNDASAL promovió la organiza-ción social como un instrumento de participación autogestionaria, que permite involucrar directa-mente a los pobladores en la búsqueda de su propio desarrollo.

Así se logró la organización de más de doscien-

tas familias en cinco cooperativas de vivienda por ayuda mutua, modelo de trabajo retomado por FUNDASAL a partir de la exitosa experien-cia de Uruguay. Desde 2003, año en que inició la formación del primer grupo denominado Aso-ciación Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mu-tua del CHSS (ACOVICHSS), hubo necesidad de gestionar ante el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, modificaciones o inter-pretaciones al marco legal existente, el cual no contempla este tipo de cooperativas, específica-mente, la figura de la propiedad colectiva, que es uno de los ejes fundamentales del modelo. Para 2010 se han formado cinco cooperativas en la misma área de la ciudad.

Ante la complejidad de la situación del CHHS, FUNDASAL concluyó que la búsqueda de solu-ciones a la problemática de esa zona emblemáti-ca se debe dar por ser el origen de la ciudad, por haberse desarrollado allí importantísimos acon-tecimientos históricos, por el acervo patrimonial tangible e intangible que todavía se conserva y que le da identidad a la salvadoreñidad. No pue-de, ni debe ser asumida únicamente por institu-ciones gubernamentales, más bien hace falta, la

1 www.mejorespracticas.unhabitat-rolac.org.

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participación de la ciudadanía en forma activa, solidaria y consciente. En 2005 se convocó a di-versas instituciones a buscar conjuntamente for-mas creativas para apoyar el Centro Histórico; así surgió el pluralista movimiento interinstitucio-nal que dio origen al Foro Permanente por el De-sarrollo Integral del CHSS, cuyos sustanciales análisis y aportes han apoyado decididamente a poner a éste en la agenda nacional.

Desde esa fecha hasta 2010, las cooperativas formadas en el Centro Histórico, el referido Foro y FUNDASAL han unido esfuerzos para mejorar la situación de esa área de la capital, siendo un signo esperanzador de que hay interés y volun-tad para buscar un mejor futuro, a fin de lograr que las autoridades correspondientes, naciona-les o municipales, asuman el enorme desafío de trabajar con continuidad política para la recupe-ración del centro de San Salvador.

Componentes y resultados del pro-yectoAnte la crítica situación del hábitat, deterioro y abandono de la ciudad antigua, FUNDASAL

implementó el proyecto “Rescate de la Función Habitacional del Centro Histórico”, con cuatro ejes: Organización Social, Incidencia Política, Gestión del Suelo, y Proyectos de Vivienda. Los objetivos de dicho proyecto son la búsqueda de soluciones colectivas entre ciudadanos e institu-ciones; volver a la ciudad construida, evitando el crecimiento expansivo con graves daños al medio ambiente; apoyar la permanencia de re-sidentes empobrecidos de asentamientos popu-lares, y asegurar el ejercicio de ciudadanía y sus derechos. La estrategia utilizada para cumplir estos objetivos radica en abrir espacios de parti-cipación a partir de un movimiento social amplio, integrado por habitantes, instituciones y otros actores. Los resultados de cada componente se describen a continuación:

Organización social. La organización de habi-tantes permitió reconfigurar el tejido social y la reinserción en la estructura urbana como po-bladores con derecho a la ciudad, respetando la estructura de usos de suelo heredada. Dicha organización se basa en el movimiento coope-rativista, capacitado y autogestionario, con alta potencialidad para la reconstrucción del tejido

social en los barrios antiguos y para gestionar activa y eficientemente proyectos enmarcados dentro de su accionar, además de replicar su experiencia y multiplicar aportes. Las familias habitantes utilizaron esta organización para el ejercicio de ciudadanía y gestión de un hábitat digno.

Las cooperativas del CHSS se han integrado a la organización de cooperativas de vivienda del país y se interrelacionan con otros sectores co-operativos. El marco legal cooperativo regula la participación igualitaria sin distinción de sexo, creencias religiosas o políticas; solamente pre-cisa aceptación y puesta en práctica de princi-pios y valores colectivistas. En la cooperativa, los asociados tienen oportunidad de ser electos para asumir cargos en órganos de administra-ción y de ejecución del proyecto en tareas admi-nistrativas, constructivas y capacitación

Es así como más de 200 familias, con 75% de mujeres jefas de hogar, conformaron cinco coo-perativas de vivienda por ayuda mutua, cuatro de las cuales han concluido su proceso de le-galización y establecieron una red social para

Mejoras en Mesón “La Décima”

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autogestionar el mejoramiento del hábitat.

Incidencia política. El calificativo de Centro His-tórico, acuñado por el proyecto, ha ingresado en el imaginario colectivo y en la agenda de insti-tuciones y medios de comunicación. Visibilizar el CHSS y la gravísima situación de sus pobla-dores empobrecidos provocó modificaciones en políticas públicas. Es así como el Vice-Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU) lo in-cluyó en la formulación del Plan Parcial para el CHSS con metodología participativa propuesta por el Foro Permanente. La Alcaldía de San Salvador reactivó la oficina técnica del Centro Histórico, la cual facilitó el acceso al suelo a la ACOVICHSS, con lo que se fundamentó la ges-tión ante la Agencia Española para la Coopera-ción Internacional para el Desarrollo (AECID), siendo construida por la municipalidad una plaza contigua al edificio San Esteban.

El Juzgado de Inquilinato, a su vez, suspendió el desalojo del Mesón “La Décima”, permitien-do negociar su compra. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ejecutó la terracería para un nuevo proyecto de vivienda cooperativista loca-lizado en las afueras del CHSS. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), máxi-ma gremial empresarial de El Salvador, propuso desarrollar el CHSS como un nodo urbano. La Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad el Decreto de Declaratoria del Centro Histórico de San Salvador como Bien Patrimonial en 2008.

Dicha declaratoria es uno de los logros más im-portantes del Foro Permanente: de esta mane-ra esa zona de la capital salvadoreña tendrá el marco oficial a partir del cual se facilitará la ges-tión y apoyo para la creación e implementación de programas y proyectos que lleven a mejorar sus condiciones actuales. Esta declaratoria fue considerada un hito en la historia de El Salvador por los diputados del pleno legislativo. El proce-so de declaratoria se inició el 3 de julio de 2007, con la entrega de la pieza de correspondencia

y culminó exitosamente, de forma oficial, el 18 de julio de 2008, fecha en la cual, la honorable Asamblea Legislativa, a propuesta de la Comi-sión de Cultura y Educación, aprobó por unani-midad el decreto número 680, “declarando un área consolidada de la ciudad de San Salvador como Centro Histórico”, elevando de esa mane-ra a Ley de la República la importancia cultural e histórica del casco más antiguo de la ciudad capital.

El perímetro declarado como Centro Histórico fue ampliamente estudiado, analizado y pro-puesto por el Plan Maestro de Desarrollo Urba-no (PLAMADUR, 1997), elaborado por un con-sorcio ítalo-salvadoreño que integró un amplio equipo de profesionales nacionales y extranje-ros. Dicho perímetro está conformado por el Mi-crocentro, el Centro Ciudad y el Centro Conso-lidado. Es importante tomar en cuenta la férrea voluntad del Foro Permanente para consensuar una visión de futuro, estrategias globales e ins-trumentos de planificación operativa, enfatizan-do integralidad y coordinación interinstitucional.

Gestión del suelo. En 2010, FUNDASAL, el Foro Permanente y la Federación Salvadoreña de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FESCOVAM) entregaron al VMVDU la pro-puesta de decreto de Transferencia de Terrenos en Desuso del CHSS. Este decreto promueve el traspaso de terrenos estatales que se en-cuentran en desuso a cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Otro logro importante es la conformación por parte de FUNDASAL de un banco de tierras que posibilite la seguridad de los habitantes de escasos recursos económicos del CHSS; esto se realizó con el apoyo del Cen-tro Cooperativo Sueco (SCC) para sus mejoras temporales, ofreciendo asistencia técnica para la ejecución del proyecto de vivienda en altura de ACOVICHSS.

Proyectos de vivienda. ACOVICHSS en coordi-nación con FUNDASAL, la Alcaldía Municipal de

San Salvador y la AECID desarrollaron el pro-yecto “Vivienda Cooperativista para las Familias habitando en mesones del Centro Histórico, ba-rrio San Esteban, San Salvador”, que consiste en la construcción de apartamentos en dos com-plejos habitacionales, en dos predios ubicados en la 6ª Calle Oriente y 2ª Calle Oriente, ambos propiedad de ACOVICHSS.

Los alcances del proyecto fueron oficializados en un Acuerdo Marco firmado por las cuatro instituciones anteriormente mencionadas, el 24 de noviembre de 2006. Los beneficiarios son grupos familiares ubicados principalmente en el sector informal de la economía, residentes en cinco mesones del CHSS, todos ellos orga-nizados en ACOVICHSS, quienes han suscrito el concepto de usuarios de la vivienda, con lo cual se garantizará el acceso al hábitat construi-do para los asociados actuales y sus herederos en el futuro, tal como está concebido el modelo cooperativista de vivienda por ayuda mutua, en el cual la propiedad colectiva es una de sus prin-cipales características.

El proyecto comprende la construcción de apar-tamentos unifamiliares de uno, dos y tres dor-mitorios, servicios básicos domiciliares de agua, energía eléctrica y sanitarios; en edificios de dos y cuatro niveles respectivamente. El primer edificio está ubicado en el inmueble denomina-do “San Esteban” y el segundo en el “Renacer”. Por la dimensión del terreno, en San Esteban se construyó un local comercial y área de uso comunitario.

El proyecto de ACOVICHSS cambió la imagen urbana del barrio San Esteban, de insalubres mesones al moderno edificio de apartamentos con su plaza contigua, conviviendo en forma reglamentada y ordenada. Los miembros de la cooperativa aumentaron sus capacidades para emplearse como obreros de la construcción, asegurando mejoras de sus niveles de ingreso y estabilidad. En 2008, el proyecto “Vivienda

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cooperativista para familias del Centro Histórico” ganó el Premio Nacional de Urbanismo, otorga-do por el VMVDU.

Dichos proyectos garantizan el acceso a la vi-vienda para habitantes de mesones del CHSS que incluyen un alto componente de subsidio y crédito blando. Con la recuperación del crédito a quince años, contraído por ACOVICHSS con FUNDASAL, se constituyeron dos fondos sos-tenibles: uno de socorro, para apoyar contin-gencias de asociados para el pago de cuotas, y otro revolvente, para nuevos emprendimientos. Cada nuevo proyecto aumenta la posibilidad de ampliar el fondo.

TransferibilidadLa experiencia compartida con el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) ofreció a FUNDASAL

la fundamentación y tecnologías sociales para promover el rescate de la función habitacional del CHSS. El modelo organizativo de los habi-tantes y el concepto de propiedad colectiva, que garantiza la sostenibilidad de los proyectos, fue tomado de la experiencia de la Federación Uru-guaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), la cual asignó un asesor de alto nivel para capacitar a los equipos técnicos.

La publicación de cuatro libros y diecisiete bole-tines “Carta Urbana” ha permitido que la situa-ción del CHSS, su problemática, avances en los diferentes proyectos que se han desarrollado, y parte de su historia, además del modelo de trabajo de FUNDASAL, sea conocido y asumido por otros actores.

También se estableció un convenio de coopera-ción entre FUNDASAL y la Alcaldía de Suchitoto, ciudad intermedia de la zona central, localizada

en el departamento de Cuscatlán. El objetivo de esta asociación es apoyar un proceso de capa-citación y desarrollar el Programa Habitacional del municipio. Se ha realizado investigación téc-nica y legal del primer proyecto de vivienda de interés social, con la participación organizada de sus habitantes.

Es importante tomar en cuenta que el VMVDU asumió la metodología participativa propues-ta por el Foro Permanente para la formulación del Plan Parcial del Centro Histórico, habiendo convocado a dicha instancia a participar en el proceso de planificación, por medio de diver-sos talleres desarrollados para la definición de la consultoría y diagnóstico. Las universidades participantes en el Foro y otras del país han so-licitado a FUNDASAL temáticas del CHSS para incorporarlas en propuestas de trabajos de in-vestigación, aula, graduación o apoyo en horas sociales.

Complejo Habitacional “Renacer”

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La población interesada en la conformación de cooperativas va en aumento. Al conocer los lo-gros de las primeras cinco cooperativas, otros 260 habitantes de barrios antiguos del CHSS reconocen el modelo organizativo como estra-tegia viable para luchar por el mejoramiento del hábitat en sus barrios. Estas familias se han in-corporado de lleno a movilizaciones y al proceso de información y sensibilización para organizar cooperativas de vivienda

Lecciones aprendidasEn cuanto a las lecciones aprendidas, las hay de diversa índole. Como ejemplo, el CYTED coordinó con FUNDASAL el Subprograma Tec-nologías de Vivienda de Interés Social durante la década de los 90. A través de esta coordi-nación se conocieron diversas experiencias de países y ciudades que avanzaron en desarrollar centros históricos, tomando como lecciones el retorno a la ciudad construida y no contribuir a la expansión urbana horizontal que perjudica el ambiente.

El rescate de la función habitacional del CHSS contribuye a hacer ciudad sobre ciudad y a lu-char contra la profundización de la pobreza, de-lincuencia, violencia, deterioro ambiental y mani-festaciones extremas de degradación de la vida, como: mendicidad, prostitución, drogadicción, niños en la calle y personas sin techo viviendo en calles y portales. La importancia de potenciar la producción social del hábitat en áreas centra-les ha adoptado herramientas de planificación participativa para la gestión local del hábitat, teniendo presente que la vivienda en centros históricos representa un desafío tecnológico y social que debe ser asumido.

Además, a partir del Foro Permanente se ha he-cho necesaria la coordinación de actores ante la complejidad de la problemática del CHSS, de ahí la importancia de la existencia de una instan-

cia de esta naturaleza para que articule actores, realice debates y propuestas a partir de las cua-les se promueva la planificación urbana concer-tada y se concientice a la sociedad y el Gobierno de la necesidad de un marco legal que asegure el derecho humano a la vivienda y a la ciudad, con una institucionalidad fuerte, mecanismos de participación para organizaciones de pobladores en niveles decisorios y con financiamiento es-tructural para vivienda de interés social.

Se retomó de la FUCVAM la experiencia del cooperativismo de vivienda por ayuda mutua, por su potencialidad de fortalecimiento de la participación autogestionaria en un movimiento social amplio de la población, buscando el me-joramiento de su hábitat, la gestión de la ciudad y soluciones a los problemas nacionales y el establecimiento de redes sociales y estructuras organizativas autogestionarias, con adecuada asistencia técnica y apoyo financiero de la co-operación internacional.

Proyecciones a futuroUna de las principales proyecciones es el conti-nuar con la motivación en la búsqueda consen-suada de una visión de futuro para el CHSS y el diseño de estrategias globales e instrumentos de planificación operativa, con un fuerte énfasis en la integralidad y la coordinación indispensa-ble para sumar esfuerzos tendientes al rescate, recuperación, revitalización, rehabilitación, en fin, su desarrollo integral. Para lograrlo es indis-pensable tomar en cuenta el espacio construido, las áreas públicas, la vivienda social y comer-cial, la actividad económica, la vialidad, el trans-porte y la imagen urbana.

La conformación pluralista y multidisciplinaria del Foro Permanente le perfila como un espacio de alta potencialidad para velar por la continui-dad de los objetivos estratégicos a lo largo del tiempo y por la ejecución coordinada de los pro-

gramas y proyectos definidos, garantizando su sostenibilidad más allá de los tiempos políticos de las administraciones locales, así como trazar puentes para la concurrencia y coordinación en-tre los actores y sectores involucrados o vincula-dos con el desarrollo integral del CHSS. El Foro Permanente analizará el Plan Parcial del CHSS y su factibilidad de implementación. Dicho plan lo generó el VMVDU.

Es importante tomar en cuenta que el desarrollo de proyectos habitacionales dentro del área en cuestión será uno de los objetivos a continuar implementándose para el futuro. Dentro de esta perspectiva se continuará con la búsqueda de terrenos para este fin y se generarán perfiles de proyectos en los terrenos que actualmente posee FUNDASAL en el CHSS; además se ha dado la presentación ante la cooperación inter-nacional para el desarrollo de un proyecto de vivienda para la Asociación de Cooperativa de Vivienda de “Barrio Concepción” (ACOVICON). Para ello se cuenta con el apoyo de estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid.

La replicabilidad del proceso del rescate de la función habitacional del CHSS se realizará en otros centros históricos de ciudades salvado-reñas como Santa Ana, Metapán y Usulután. Estas futuras intervenciones se realizarían con-juntamente con la Secretaría de Cultura de El Salvador, instancia gubernamental que apoya la restauración y difusión del patrimonio cultural del país. A nivel político, uno de los puntos cen-trales es el impulso del decreto de Transferencia de Terrenos en Desuso del CHSS, que fue en-tregado al VMVDU en 2010.

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¿Solución para los Sin Techo o para las empresas?

El Plan “Minha Casa, Minha Vida”

Mariana Fix y Pedro Fiori Arantes/União Nacional por Moradia Popular*

* Mariana Fix es arquitecta y urbanista (FAU-USP), y máster en Sociologia (FFLCH-USP), realizando actualmente un doctorado en el Instituto de Economia de la UNICAMP. És autora de “Parceiros da Exclusão: duas histórias da construção de uma nova cidade em São Paulo” y “São Paulo Cidade Global: fundamentos financeiros de uma miragem”, ambos de Editora Boitempo.

Pedro Fiori Arantes es arquitecto y urbanista, máster y doctorando de la FAU-USP. Es coordinador de USINA, asesoría técnica de movimientos populares en políticas urbanas y habitacionales, y asesor del curso “Realidade Brasileira” de Vía Campesina. Es autor de “Arquitectora Nova” (Editora 34-2002) y organizador de la compilación de textos de Sérgio Ferro, “Arquitetura e trabalho

livre” (CosacNaify, 2006).

La União Nacional por Moradia Popular es la organización más importante de movimientos por vivienda popular de Brasil, con filiales en diecinueve estados de dicho país. Es fundadora e integrante de la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular (SELVIP) y de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC).

Hace dos años el gobierno brasileño, por entonces todavía comandado por Luis Inácio Lula Da Silva, lanzó el Pacote “Minha Casa, Minha Vida” con el doble propósito de crear empleo, como política anticíclica para superar la crisis que entonces habíamos importado de Estados Unidos y Europa, y mejorar

la situación habitacional del país, por entonces -y ahora- dramática. Las organizaciones populares se enteraron del Plan por los diarios.

Dos años después, ¿qué logró y que no logró el Plan? VIVIENDA POPULAR armó este informe uniendo la introducción y las conclusiones de un jugoso trabajo de los investigadores brasileños Pedro Arantes y Mariana Fix, realizado en la época del lanzamiento del Plan, y una declaración, muy reciente, de

la União Nacional por Moradia Popular, que en sus reivindicaciones va exponiendo, punto a punto, las carencias del Plan.

El tema tiene un especial interés para nosotros, uruguayos, en momentos en que se está proponiendo aplicar aquí políticas similares

Las aclaraciones a pie de página son nuestras.

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Como o governo Lula pretende resol-ver o problema da habitaçãoO pacote habitacional lançado em abril de 2009, com a meta de construção de um milhão de moradias, tem sido apresentado como uma das principais ações do governo Lula em reação à crise econômica internacional -ao estimular a criação de empregos e de investimentos no se-tor da construção-, e também como uma política social em grande escala.

O volume de subsídios que mobiliza, 34 bilhões de reais (o equivalente a três anos de Bolsa-Família), para atender a população de 0 a 10 salários mínimos de rendimento familiar, é, de fato, inédito na história do país -nem mesmo o antigo BNH1 dirigiu tantos recursos à baixa ren-da em uma única operação-. Por isso, o governo Lula tem destacado que o investimento, apesar de focado na geração de empregos e no efeito econômico anti-cíclico, tem um perfil distributi-vista, ao contrário do que faria a oposição -que provavelmente executaria obras diretamente de interesse do capital-.

O objetivo declarado do governo federal é dirigir o setor imobiliário para atender à demanda ha-bitacional de baixa renda, que o mercado por si só não alcança. Ou seja, é fazer o mercado ha-bitacional finalmente incorporar setores que até então não tiveram como adquirir a mercadoria moradia de modo regular e formal. Se as “clas-ses C e D” foram descobertas como “mercado” por quase todas as empresas nos últimos anos, ainda havia limites, numa sociedade desigual e de baixos salários, para a expansão no acesso a mercadorias caras e complexas, como a mo-radia e a terra urbanizada.

Com o pacote habitacional e o novo padrão de financiamento que ele pretende instaurar, esses limites pretendem ser, se não superados, alar-gados por meio do apoio decisivo dos fundos públicos e semi-públicos, de modo que a imen-sa demanda por moradia comece a ser regular-mente atendida pelo mercado.

Para os mais pobres, o subsídio é alto (entre 60% a 90% do valor do imóvel) e o risco de des-pejo, no caso de inadimplência, é zero (a única penalidade é não receber o título da moradia enquanto não forem quitadas as prestações). Para os demais, que entram em financiamen-tos convencionais, mas também subsidiados, o governo estabeleceu um “fundo garantidor” para fornecer um colchão público no caso de inadim-plência dos nossos mutuários subprime 2.

Isso quer dizer que o “pacote de bondades” é generoso para todos os que conseguirem nele entrar, empresários ou famílias que necessitam de moradia. Para as construtoras, a promessa é que “haverá para todos, grandes e pequenos”, como se manifestou um empresário da cons-trução em seminário da categoria. Entretanto, para os sem-teto, o atendimento previsto é para apenas 14% da demanda habitacional reprimi-da, do nosso déficit habitacional de ao menos 7,2 milhões de casas. Mas parece claro que, no caso de “sucesso” desse novo sistema produtor

da mercadoria-habitação colocado em marcha, o programa poderá deixar de ser conjuntural para se tornar estrutural e prolongado no tempo.

O problema da moradia é real e talvez seja um dos mais importantes no Brasil. Contudo o “Min-ha Casa, Minha Vida” o formula falsamente, não a partir das características intrínsecas ao proble-ma, mas sim das necessidades impostas pelas estratégias de poder, dos negócios e das ideo-logias dominantes -como já afirmou o sociólogo Gabriel Bolaffi em sua interpretação certeira so-bre o BNH-. Ou seja, o pacote alçou a habitação a um “problema nacional” de primeira ordem, mas o definiu segundo critérios do capital, ou da fração do capital representada pelo circuito imobiliário, e do poder, mais especificamente, da máquina política eleitoral.

1 Banco Nacional de Habitação, equivalente a nuestro BHU.2 Incumplimiento de los clientes con historial de crédito deficiente.

Manaus - AMFOTO: J.Whitaker, H. Galrão

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Como definiu Florestan Fernandes, constituem “problemas nacionais” aqueles “desajustamen-tos” que em um momento histórico determina-do “são identificados e reconhecidos como ‘si-tuações problemáticas’ por aqueles grupos que possuem poder de decisão”. Problemas reais são transformados em “falsos problemas”, ex-plica Gabriel Bolaffi, cuja “solução” é pensada para assegurar a manutenção das estruturas de poder e de produção mercantil. Assim, “for-mulam-se problemas que não se pretende, não se espera e nem seria possível resolver, para legitimar o poder, e para justificar medidas desti-nadas a satisfazer outros propósitos”.

Impressiona, no pacote do governo Lula, a ca-pacidade de articular um problema social real, a falta de moradias, à mobilização conformista do imaginário popular, o que lhe trará dividendos políticos e eleitorais, assim como aos interesses capitalistas -seja nos ganhos especulativos com a renda fundiária, seja na produção do valor, em um setor abundante em mais-valia absoluta-.

O circuito imobiliário é rico em combinações de diferentes modalidades de acumulação: rentis-mo, expropriação, captura de fundos públicos e espoliação urbana. Ele integra diversos meios, lícitos e ilícitos, de se obter dividendos: superfa-turamento de obras; modificação na legislação

em benefício próprio (sempre em detrimento do planejamento urbano); licitações fraudadas; co-rrupção; redução da fiscalização; financiamento de campanhas eleitorais; baixa taxação e regu-lação da renda fundiária; uso de fundos públi-cos, semi-públicos e financiamentos subsidia-dos; predação ambiental; apoio à remoção de favelas e à expulsão de pobres e moradores de rua; produção de territórios anti-urbanos em en-claves fortificados (condomínios fechados); estí-mulo à compra por campanhas de marketing (o sonho da casa própria, o desejo de status social etc); baixos investimentos nas forças produtivas (em pré-fabricação, máquinas e capital fixo); super-exploração nos canteiros de obra, etc.

A capacidade de gerir espaços caóticos e pre-carizados de produção para extrair o máximo de rentabilidade faz com que nossas construto-ras exportem tecnologia de gestão para outros setores da economia, como uma espécie de vanguarda da flexibilização produtiva. Por sua vez, o circuito imobiliário é igualmente uma das conexões fundamentais da financeirização da economia e do capital fictício (em suas várias formas e, agora, na de ações de empresas imo-biliárias S.A.) com a base real da produção do valor e de acumulação física de riqueza no te-rritório, aliada a formas de acumulação por des-possessão, de privatização de fundos públicos e da riqueza social.

Daí a necessidade de “colocar o problema nos seus verdadeiros termos”. A transformação efetiva das cidades, dos usos e direitos sociais que ela propicia -a cidade como expressão da cidadania e não dos negócios imobiliários-, só se dará por meio de um programa radical de “reforma urbana”. Programas de reforma urbana muito sensatos, social-democratas ou democrá-tico-populares já foram formulados no Brasil nos últimos 50 anos, mas sem grande, ou mesmo nenhuma efetividade. Alguns chegaram a ser parcialmente realizados, em algumas adminis-trações municipais do antigo PT, em períodos curtos e quase sempre sofrendo reversões pos-teriores.

Campinas - SPFOTO: J.Whitaker, H. Galrão

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Leis, Planos e o Estatuto da Cidade foram apro-vados, mas são pouquíssimo implementados na prática -foram, aliás, redigidos de modo que se tornassem inaplicáveis na escala e rapidez ne-cessárias para uma reforma urbana-. Por isso é possível afirmar que a reforma urbana brasileira não se realizou e foi, inclusive, barrada -a des-peito dos esforços de movimentos populares e de técnicos progressistas-, de forma ainda mais contundente do que a reforma agrária.

Essa impossibilidade da reforma urbana no Bra-sil só pode ser explicada na chave de Florestan Fernandes, quando afirmou que, no contexto histórico de uma sociedade na qual “as reformas não têm como se realizar”, a transformação so-cial (e das cidades) deve ser concebida dentro de um projeto socialista. Contudo, no caso das cidades, um programa socialista nunca foi for-mulado no Brasil, dado o atraso, o idealismo ou o pragmatismo das discussões nesse campo. É preciso, no entanto, que ele seja imaginado co-letivamente pelas forças de esquerda, sob pena de assimilarmos novas derrotas e acumularmos resignações, sem termos uma perspectiva clara do que fazer e pelo que lutar.

Dia Nacional de Mobilização pelo Direito à Moradia-19 de maio de 2011Proclama A União Nacional por Moradia Popular vai às ruas, neste 19 de maio de 2011, para reafirmar aluta pelo Direito à Moradia e à Cidade, na defesa da participação popular, da reforma urbana e da autogestão nas políticas públicas.

Não podemos assistir calados à tragédia urbana que se abate sobre nossas cidades, com mil-hões de famílias vivendo em áreas de risco, bai-rros sem infra-estrutura, ameaçadas de despejo e excluídas de nossas cidades. Defendemos a autogestão como um avanço de qualidade na produção habitacional e na organização das famílias. Queremos avançar para que o Brasil tenha uma política habitacional e urbana que inclua todos e todas.

Para isso, exigimos:

1. Uma política habitacional e urbana que pro-duza cidades includentes e sustentáveis, e que priorize a população de baixa renda e não des-crimine os idosos, as mulheres, pessoas com deficiência, uniões homoafetivas.

2. Aprovação da PEC da Moradia3, garantindo

recursos estáveis para o Fundo de Habitação

3. Fortalecimento e Consolidação do Sistema Nacional de Habitação, com a centralização dos recursos da habitação no Fundo Nacional, com controle social e fortalecimento do Conselho das Cidades e Conselho Gestor.

4. Apoio à produção habitacional autogestio-nária, com a destinação de recursos para a construção de 400 mil moradias em parceria com associações e cooperativas e a desburo-cratização do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Transparência e apoio dos órgãos governamentais para a aprovação de projetos populares. Interlocução permanente com o Mi-nistério das Cidades e Caixa. Edital de Habili-tação permanente para as entidades populares. Destinação de recursos para assistência técni-ca, capacitação e aquisição de terras para as entidades populares.

5. Urbanização e Regularização das favelas e áreas ocupadas, com participação popular.

6. Criação de uma Política Fundiária para Habi-tação Popular, com a criação de banco de terras e o estímulo à produção de moradias populares em áreas urbanas bem localizadas e urbaniza-das.

7. Destinação de terras e edifícios ociosos da União4 e autarquias para Moradia Popular.

8. Nenhuma família sem casa devido aos mega-projetos, Copa e Olimpíada. Imediata suspen-são de remoções e reintegrações de posse, com a abertura de canais de participação e investimentos para mitigar os impactos sobre a população mais pobre.

Um país rico é aquele que distribui a riqueza para todos e todas.

3 Propuesta de enmienda constitucional para la vivienda, que procura la asignación de fondos directos para la ejecu-ción de proyectos populares autogestionarios.4 Persona jurídica de derecho público que representa al go-bierno federal brasileño.

Rio Branco - ACFOTO: J. Whitaker, H. Galrão

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