rse LUZ
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD DEL ZULIA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS MAESTRÍA EN DERECHO LABORAL Y ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO INCIDENCIA DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ESPECIAL DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS EN LAS RELACIONES LABORALES EN VENEZUELA Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al Título de Magíster en Derecho del Trabajo Presentado por: Abog. Néstor E. Ortiz C.I. N° 7.886.208 Tutor: Dra. Ana Cristina Muñagorri Maracaibo, Junio 2007
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TRABAJO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS
MAESTRÍA EN DERECHO LABORAL Y ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO
INCIDENCIA DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ESPECIAL DE ASOCIACIONES
COOPERATIVAS EN LAS RELACIONES LABORALES EN VENEZUELA
Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al Título
de Magíster en Derecho del Trabajo
Presentado por: Abog. Néstor E. Ortiz
C.I. N° 7.886.208
Tutor: Dra. Ana Cristina Muñagorri
Maracaibo, Junio 2007
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INCIDENCIA DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ESPECIAL DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS EN LAS RELACIONES LABORALES EN VENEZUELA
AUTOR: ABOG. NESTOR ORTIZ
CÉDULA DE IDENTIDAD Nº: V-7.886.208
DIRECCIÓN: URB. NUEVA DEMOCRACIA, PRIMERA
ETAPA, VILLA PARAISO, Nº. 3-76
TELEFONO: 0261-7541647
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
TUTORA: DRA. ANA CRISTINA MUÑAGORRI
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Ortiz, Nestor (2007). Incidencia del artículo 34 de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas en las Relaciones Laborales en Venezuela. Trabajo Especial de Grado para optar al título de Magíster en Derecho Laboral y Administración del Trabajo. Mención: Derecho Laboral. Universidad del Zulia. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. División de Estudios para Graduados. República Bolivariana de Venezuela. 2007. 85p.
RESUMEN Esta investigación se realizó con la finalidad de evaluar y determinar la Incidencia del Artículo 34 de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas en las Relaciones Laborales en Venezuela. Se trata de una investigación no experimental, de tipo documental, por cuanto la información fue recolectada de fuentes bibliográficas y de investigaciones ya elaboradas en torno a la categoría objeto de estudio. Este tipo de investigación es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales, teniendo como propósito el aporte de nuevos conocimientos. Las técnicas aplicadas fueron la ficha bibliográfica o documental y la entrevista, como instrumento de recolección de datos. La población considerada en el estudio fue la involucrada en las relaciones laborales en el territorio nacional. La investigación es técnicamente viable, ya que cuenta con elementos idóneos para el análisis de la información recolectada, asimismo se manejan técnicas procedentes como la entrevista, la documentación y procedimientos de orden metodológico de carácter científico que permiten obtener información documental primaria y secundaria. Se concluyó: - Violación de derechos de trabajadores asociados a cooperativas que prestan servicio a terceros en Venezuela; - Utilización de cooperativas como instrumento de fraude de la Ley Orgánica del Trabajo y derechos de trabajadores, lo cual perjudica a los sectores que apoyan el cooperativismo en Venezuela, ya que se han visto afectados por la responsabilidad solidaria - Existencia de valores y principios constitucionales y legales que regulan y protegen el trabajo como un hecho social; - Renace el cooperativismo en Venezuela como una de las bases fundamentales del proceso socio-político-económico que lleva a cabo el actual Gobierno Nacional, como parte del modelo de Desarrollo Endógeno; -Necesidad de reformar el artículo 34 de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas. Palabras Claves: Cooperativas; fraude laboral; derechos laborales. Dirección electrónica: [email protected]; [email protected]
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Ortiz, Nestor (2007). Incidencia del artículo 34 de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas en las Relaciones Laborales en Venezuela. Trabajo Especial de Grado para optar al título de Magíster en Derecho Laboral y Administración del Trabajo. Mención: Derecho Laboral. Universidad del Zulia. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. División de Estudios para Graduados. República Bolivariana de Venezuela. 2007. 85p.
ABSTRACT This investigation was made with the purpose of evaluating and determining the Incidence of Article 34 of the Cooperative Associations Special Law in the Labor Relations in Venezuela. It is a non experimental investigation, of documentary type because the information was collected of bibliographical sources and from previous investigations about the analyzed issue. This kind of investigation is a process based on the search, recovery, analysis, critic and secondary data interpretation, that is to say, it is supported in data obtained and registered by other investigators in documentary sources, having as purpose its contribution of new knowledge. The techniques applied in this investigation were the bibliographical or documentary card, and the interview as an instrument of data collection. The population considered in this study is the one involved in all the national territory labor relations. The investigation is technically possible since it is supported on suitable elements for the processing of collected data, likewise recognized techniques are handled like the interview, the documentation and procedures of methodological order of scientific character which allows to obtain primary and secondary documentary data. The following conclusions were obtained: -Violation of rights of associated workers to cooperatives who work to third parties in Venezuela. - Use of cooperatives as a fraud instrument to violate the Venezuelan Labor Law and rights of workers; which aggrieve the sectors that support the cooperatives in Venezuela, because they have been affected by joint responsibility. – Existence of Constitutional and legal values and principles which regulate and protect work as a social fact. -The regime of cooperatives in Venezuela appears again since it represents one of the fundamental bases in the new social-political-economic process which is being executed by the current National Government. - Convenience to amend article 34 of the Cooperative Associations Special Law. Key words: Cooperatives; labor fraud; labor rights. Email: [email protected] [email protected]
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AGRADECIMIENTO
Mi agradecimiento a la Dra Ana Cristina Muñagorri, quien dedicó parte de su tiempo
y todo su conocimiento en la tutoría de este trabajo de investigación.
Lleguen a la Universidad del Zulia y su panel de profesores especial
agradecimiento, a quienes debo mi formación profesional como Abogado y como
Magíster en Derecho Laboral.
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DEDICATORIA
Quiero dedicar la presente investigación muy especialmente a la masa
trabajadora venezolana, la cual requiere de una especial atención por parte del
Estado Venezolano, a fin de procurar mejorar la calidad de vida de nuestros
habitantes y dar gracias a DIOS por poner en mi corazón, en mi mente, las ideas y
razonamientos necesarios para desarrollar este humilde trabajo que espero
contribuya al bienestar social de nuestros trabajadores y al establecimiento de la
Justicia Social.
Especial dedicatoria a mi madre Aracelis Ortiz, quien con gran esmero dedicó su
vida a la formación de hijos, sembrando en ellos grandes valores y principios.
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INDICE GENERAL RESUMEN 4 ABSTRACT 5 INTRODUCCIÓN 11 CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 13 Planteamiento del Problema 13
Formulación del Problema. 26
Objetivos de la Investigación 27
Objetivo General 27
Objetivos Específicos. 27
Justificación de la Investigación. 28
Delimitación de la Investigación.
29CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 31
Antecedentes de la Investigación. 31
Bases Teóricas. 34
Situación Trabajo Asociado. 37
Acuerdo Cooperativo. 37
Responsabilidad Social. 38
Acción Contralora del Estado. 40
Inexistencia de Dependencia Laboral LEAC-LOT. 40
Relaciones Laborales. 44
Características del Derecho del Trabajo 45
Definición de Términos Básicos. 46
Asociado 46 Cooperativismo 46 Cooperativas 46 Cooperativas de trabajo 46 Contrato de trabajo 47 Empresa 47 Trabajador 47
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Trabajador Asociado 47 CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 48 Tipo de Investigación. 48
Diseño de la Investigación. 48
Población. 49
Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos. 49
Matriz de Análisis de las categorías 51
CAPÍTULO IV: MARCO ADMINISTRATIVO 52 Recursos. 52
Cronograma de Actividades. 52
Viabilidad. 53
Operatividad. 53
CAPITULO V 54 1. Hace Excluyente la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, la
aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo a sus asociados?. 54
1.1. Ley Especial de Asociaciones Cooperativas como instrumento
de fraude a la Ley Orgánica del Trabajo. 58
1.2. Elementos valorativos para considerar el reconocimiento de los derechos
laborales de los trabajadores asociados a cooperativas, cuando éstos
prestan servicio a un tercero. 61
2. Motivación del Desarrollo Cooperativo en Venezuela. 66
2.1. Apoyo de Empresas Públicas y Privadas al movimiento cooperativo y efecto
negativo que ha tenido en ellas, debido a la responsabilidad solidaria en el
cumplimiento de las obligaciones laborales. 70
3. Cooperativismo como modelo de Desarrollo Económico Social. 73
4. Efectos nocivos producidos por el Cooperativismo en las relaciones laborales en
Venezuela. 75
Conclusiones 78
10
Recomendaciones 81
Referencias Bibliográficas. 83
11
INTRODUCCIÓN
La entrada en vigencia de la nueva Ley Especial de Asociaciones Cooperativas
mediante Decreto No. 1.440, de fecha 30 de Agosto de 2001, publicado en Gaceta
Oficial No. 37.285, de fecha 18 de Septiembre de 2001, marcó el inicio de un nuevo
modelo de desarrollo socio-económico-productivo, dentro de un régimen
gubernamental con claras y definidas tendencias socialistas, con el firme objetivo de
sustituirlo por el régimen capitalista que por muchos años ha imperado en
Venezuela.
Cuando se analiza el contenido de la Ley Especial de Asociaciones
Cooperativas, puede observarse que la misma tiene ingerencia directa con las
relaciones laborales, que plantea una nueva figura de trabajo asociado y que éste
no se regirá por los principios contenidos en la Ley Orgánica del Trabajo. A tal
efecto dicha ley especial, regula el trabajo asociado de los cooperativistas en el
seno de la cooperativa, sólo que contiene muchas lagunas referidas sobre todo a la
seguridad social de los cooperativistas.
Nacen cooperativas de producción y de servicios. Con el surgimiento y
proliferación de las segundas, se ha generado una problemática social a nivel
mundial y, muy especialmente en Venezuela, se están utilizando éstas para sustituir
la mano de obra asalariada, que goza de la protección del Derecho del Trabajo y
por ende de la tutela del Estado, por la misma mano de obra, pero esta vez
regulada por otra disposición legal, que no garantiza los mismos derechos a los
trabajadores que prestan servicio a un tercero a través de una cooperativa de la
cual son asociados.
El cooperativismo se ha convertido en la opción más utilizada al momento de
darle nacimiento a una persona jurídica con fines comerciales y productivos.
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La falta de formación cooperativa de la población, los beneficios que el Estado
Venezolano ha otorgado a las cooperativas, la prioridad en las contrataciones de
bienes y servicios a las cooperativas, ha convertido el cooperativismo en el
instrumento fundamental de fraude a la Ley Orgánica del Trabajo y a los derechos
de los trabajadores en Venezuela.
Los esfuerzos realizados en la presente investigación, están dirigidos al
análisis exhaustivo de la problemática planteada, a determinar las causas que lo
generan y plantear posibles soluciones que sin pretender asumir la función
legislativa, puedan contribuir a despertar en los órganos competentes el interés en
legislar sobre este particular asunto, que tiende a convertirse en un gran problema
social.
La presente investigación será desarrollada en cinco (05) capítulos contentivos
del Problema Planteado, Marco Teórico, Marco Metodológico, Marco Administrativo
y Resultados de la Investigación, siguiendo las especificaciones metodológicas
establecidas por La Universidad del Zulia.
13
CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Como prefacio al objetivo del presente Capítulo, es relevante hacer un breve
análisis y reseña histórica sobre el Derecho del Trabajo, las relaciones laborales y
los mecanismos utilizados para la precarización de éstas.
El Derecho del Trabajo tiene su génesis en el siglo XVIII, durante la
revolución industrial, periodo en el cual se formaron grandes fábricas e industrias en
las ciudades, lo que trajo como consecuencia el desplazamiento de la población
campesina a las resurgentes metrópolis, en busca de mejores condiciones de vida,
lo cual sumado a los pobladores originarios de éstas, condujo a una crisis social,
debido a la alta demanda de empleo frente a un mercado saturado de mano de obra
y carente de puestos de trabajo. Esta situación generó una serie de agravios para
los trabajadores entre los cuales vale mencionar la explotación indiscriminada del
trabajo a costos nada generosos, condiciones de seguridad, higiene y ambiente
nada saludables, largas jornadas de trabajo.
Toda esta problemática le da entrada al nacimiento del Derecho del Trabajo,
tomando fuerza principios que fueron bandera y soporte fundamental de la
Revolución, como la libertad y la igualdad. No fué un trabajo fácil y costo muchos
años para dar inicio a las primeras regulaciones sobre la materia. Se tiene como
antecedente de la primera ley laboral, la Ley Inglesa de 1802, que regulaba las
condiciones de trabajo de las hilanderías de algodón, se mencionan también las
leyes prusianas y francesa de 1939 y 1841 respectivamente, sin embargo su
consolidación se produce en siglo XX, teniendo un papel protagónico México con su
Constitución de 1917, seguido de la Constitución de Weimar, en las cuales fueron
incorporados los derechos sociales, tales como el derecho al trabajo, la
sindicalización y la huelga. En 1919 nace la Organización Internacional del Trabajo.
El Tratado de Versalles es un tratado de paz, firmado el 28 de junio de 1919 entre
14
los Países Aliados y Alemania en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles,
que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial (llamada entonces La Gran
Guerra) y entró en vigor el 10 de enero de 1920, documento que garantizó los
derechos fundamentales y que perseguía la conquista de la justicia social como
único fundamento de la paz universal y permanente.La experiencia en el mundo del
Derecho del Trabajo, ha significado un avance para el desarrollo de las relaciones
de trabajo bajo cualquier condición, contexto o momento histórico, por cuanto en
éstas prevalece el interés por la dignidad humana y por la generación de los
derechos adquiridos por una parte y, las obligaciones en el quehacer del trabajo de
la otra. Por consiguiente, las legislaciones en materia de derecho laboral han tenido
un contenido eminentemente social bajo cualquier circunstancia en la cual se
produzca la relación de trabajo. Por otra parte existe una tendencia a la
desregulación de las relaciones laborales, a través de diferentes modalidades que
históricamente han surgido y se han mantenido en el tiempo, tales como la
creación de empresas de trabajo temporal, trabajo a domicilio, contratación a través
de terceros (contratos de servicio con sociedades mercantiles, cooperativas, otras),
asunto que ha representado una eterna batalla del Derecho del Trabajo contra
cada nueva realidad que pretende desvirtuar el marco regulatorio y protector del
trabajo como hecho social.
El cooperativismo nace como instrumento protector de derechos
eminentemente sociales, entre ellos el de los sectores de trabajadores, violentados
por sectores económicamente poderosos, sus antecedentes son de más vieja data
que el Derecho del Trabajo. Sin embargo no se ha logrado la proyección de éste, y
por el contrario se ha convertido en un instrumento de solapamiento de las
relaciones laborales.
El cooperativismo ha ejercido un rol, cuyo marco constitucional abarca los
diferentes países con sus diferentes culturas y economías. Estas actúan en la
producción, el mercadeo, el consumo, el ahorro y crédito, la vivienda, la educación,
los seguros, los transportes y otras actividades. A juicio de Varela y Faria (2004), las
cooperativas son consideradas como un sistema que se expande de generación en
generación y esto ha permitido su permanencia y evolución en el tiempo.
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En interpretación del mencionado autor y otros investigadores del
cooperativismo, mediante el estudio y el conocimiento de su historia, se puede
comprender el desarrollo de una lucha social, la cual ha hecho importantes
contribuciones al desarrollo de la humanidad, es por ello, que su historia se remonta
a los orígenes del hombre. Sin cooperación, la especie humana no hubiese logrado
crear civilizaciones ni pueblos, sin embargo las investigaciones realizadas sobre el
contexto histórico del cooperativismo reflejan su origen varios siglos antes de Cristo.
En el siglo –XXV los Egipcios disponían de asociaciones cooperativas para la
administración económica; los Fenicios desarrollaron especies de cooperativas de
seguros mercantiles y navieros en el siglo –XV; se habla de cooperativas de ahorro
y crédito durante la dinastía de Chou en China, en el siglo XIII; en el año -550 en
Babilonia se encuentran las cooperativas de intercambio y comercialización de
productos agrícolas, pero también eran sociedades de créditos blandos para los
pobres que les defendían de los prestamistas, más similares a las actuales; en el
año -45 Julio Cesar prohíbe las cooperativas de los pequeños artesanos, las que se
defendían de la creciente oligarquía.
En Francia Philippe Buchez (1796-1865), fué el precursor de la creación de
cooperativas de producción, bajo la idea que los trabajadores deben confiar en su
propio esfuerzo y no esperar nada del Estado, ni de la filantropía. Sostenía que el
capital de la cooperativa debía ser un fondo permanente, indisoluble e indivisible.
En Alemania, Hermann Schultz (1808-1883) con su teoría, consistente en
agrupar a muchas fuerzas pequeñas para poder enfrentar a la gran industria, creó
así numerosas cooperativas de crédito para pequeños comerciantes. Se le atribuye
la paternidad de la creación de las cajas de ahorro que se distribuyeron por todo el
mundo.
En Inglaterra Robert Owen (1771-1858), fué el primero en utilizar el término
cooperación. Reformador social, mejoró las condiciones de vida de sus propios
obreros, reduciendo horarios de trabajo, logrando el dictado de legislación que
16
limitaba la jornada laboral de mujeres y niños, fundando colonias comunitarias,
basadas en la propiedad colectiva, donde la producción y el consumo se harían en
común. Creía necesario reemplazar la competencia entre los hombres por la
cooperación.
Las primeras cooperativas en España datan de mediados del siglo XIX,
asociadas a las primeras mutualidades obreras. La creación de estas entidades
económicas de producción o de comercialización originó toda una red de solidaridad
e intercambio de experiencias que enriquecería notablemente al movimiento obrero
español. De hecho, la libre asociación de trabajadores prosiguió con las ideas
comunalistas en la agricultura, los gremios medievales de trabajadores urbanos, o
la asociación de colonizadores o emigrantes a finales del siglo XVIII.
En Argentina la creación de cooperativas responde a dos tipos de prácticas
diferentes:
Un grupo, fueron creadas por sectores obreros con el fin de liberarse o, por lo
menos, aminorar los efectos de la explotación capitalista.
Otro grupo, fueron originadas por integrantes de la clase media y clase media
alta, para poder desarrollar su actividad comercial o industrial, enfrentando a las
grandes empresas monopólicas, la banca extranjera y las dificultades económicas.
En 1898 se funda "El Progreso Agrícola de Pigüé", Cooperativa de Seguros y
anexos, creada por colonos franceses que se afincaron en la provincia de Buenos
Aires, cuyo objeto social fué la cobertura del riesgo del granizo sobre los
sembrados.
También en Venezuela el cooperativismo data de muchos años. Se encuentran
antecedentes históricos desde 1842 en el Estado Falcón, en 1903 se conforma la
sociedad cooperativa de ahorro y construcción de Porlamar, sin embargo, la primera
ley en materia cooperativa, se aprobó el 27 de junio de 1910 (Ley de Sociedades
Cooperativas), paseándose por la Ley de Sociedades Mercantiles del 29 de Mayo
17
de 1917, siendo incorporada al texto del Código de Comercio el 29 de junio de
1919, Ley de Sociedades Cooperativas del 17 de Junio de 1942, en la Constitución
de 1947 se regula por primera vez el cooperativismo en el texto fundamental, la
Constitución de 1961 también incluye en su texto el cooperativismo, Ley General de
Asociaciones Cooperativas de 1966, entre los años 1970 y 1980 nace CECONAVE
y surgen las centrales regionales, Ley General de Asociaciones Cooperativas de
1975, la Constitución de 1999 desarrolla en su texto una buena cantidad de
artículos destinados a la promoción, creación y desarrollo de las cooperativas en
Venezuela, en el marco de las denominadas Leyes Habilitantes. Finalmente se
aprueba la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas de 2001, dando paso a un
nuevo auge del cooperativismo, producido a partir de la entrada en vigencia de ésta,
representando dicho cuerpo normativo el punto de atención de la presente
investigación, señalando dicha fecha como inicio y observancia del fenómeno
social objeto de este estudio.
Pueden escribirse grandes tomos de la historia del cooperativismo, sin
embargo, es claro en su objetivo, por la lucha hacia los beneficios socio-
económicos de los participantes en el proceso productivo.
La lucha del cooperativismo por sus objetivos jamás ha cesado, unas veces
contra los gobiernos de derecho y de facto, otras contra los atropellos de los
grandes capitalistas, siempre enmarcada dentro de la búsqueda de la justicia social.
Dentro del plan de la nación del gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías,
se encuentra presente el cooperativismo como un nuevo modelo de desarrollo
económico, significando el primer paso, la aprobación de la Ley Especial de
Asociaciones Cooperativas, mediante Decreto No. 1.440, de fecha 30 de Agosto de
2001, publicado en Gaceta Oficial No. 37.285, de fecha 18 de Septiembre de 2001.
Inmediatamente después de entrar en vigencia la referida Ley, el Gobierno ha
venido tomando medidas en apoyo al cooperativismo, otorgando ventajas
especiales a las cooperativas, tales como exenciones impositivas, prioridad en los
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procesos de contratación de obras y servicios en las empresas y entes del sector
público, desarrollando un programa bandera de formación para el trabajo, conocido
como “Vuelvan Caras”, cuyo objetivo final es la formación de cooperativas, que a su
vez se convertirían en la base del desarrollo endógeno en Venezuela. Topo este
proceso precipitó la constitución de derecho de un número sin precedentes de
cooperativas, encontrándose actualmente registradas ante la Superintendecia
Nacional de Cooperativas más de ciento cincuenta mil cooperativas, a tal efecto se
muestra a continuación, datos de registro de cooperativas emitido por SUNACOOP.
Cooperativas registradas por año desde 1998 hasta junio de 2005
ANúmero de cooperativas registrado
1762
158
2188
2821
22.151
28.067
242.097
220.003
Los cinco estados que concentran mayor número de cooperativas son:
1. Distrito Capital (8.576)
2. Guárico (6.312)
3. Aragua (6.179)
4. Miranda (5.982)
5. Anzoátegui (5.628)
Cifras oficiales (fuente: Sunacoop www.sunacoop.gob.ve).
La Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP), ente regulador,
contralor, formador y promotor del cooperativismo en Venezuela, tiene actualmente
19
la responsabilidad de velar por el fiel cumplimiento de los principios que rigen el
movimiento cooperativo.
Ante este resurgimiento, se ha observado un comportamiento dúctil en el
sector empresarial del país, procurando adaptarse a las nuevas políticas del
Gobierno Nacional, a fin de mantenerse en el mercado productivo de bienes y
servicios, para lo cual muchos se han visto en la necesidad de transformar su
estructura económica pasando de sociedades mercantiles a cooperativas, lo que es
perfectamente viable, siempre que la adopción de esta figura (la cooperativa) este
apegada a los principios y valores rectores del cooperativismo, asunto que en la
realidad no resulta ser así, ya que, la mayoría lo hace con ánimo de gozar de los
beneficios de ley con desviaciones en la practica, cuya ilustración conduce al
objetivo de nuestro presente planteamiento.
Bien se conocen los principios y valores que rigen el cooperativismo
contenidos en los artículos 3 y 4 de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas:
Valores Cooperativos
Artículo 3°. Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua,
esfuerzo propio, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Sus
miembros promueven los valores éticos de honestidad, transparencia,
responsabilidad social y compromisos por los demás.
Principios Cooperativos
Artículo 4°. Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los
cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores son: 1º) asociación
abierta y voluntaria; 2º) gestión democrática de los asociados; 3º)
participación económica igualitaria de los asociados; 4º) autonomía e
independencia; 5º) educación, entrenamiento e información; 6º)
cooperación entre cooperativas; 7º) compromiso con la comunidad. Las
cooperativas se guían también por los principios y criterios de las
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experiencias y los procesos comunitarios solidarios que son parte de
nuestra cultura y recogen la tradición solidaria ancestral que ha conformado
nuestro pueblo.
Cuando se analizan los precitados artículos, puede observarse que el
cooperativismo es un estilo de vida, es una cultura, un modelo de desarrollo socio-
económico totalmente diferente a lo que históricamente se ha vivido en Venezuela,
a excepción de las comunidades indígenas cuya cultura se identifica plenamente
con él.
Para que el cooperativismo se convierta en un modelo de desarrollo socio-
económico exitoso, se requiere la transformación interna del ser, que cada uno de
los habitantes en el territorio venezolano conozca sus bases fundamentales, se
consustancie con su ideología, adecuando su conducta a los principios que lo rigen.
Actualmente, el cooperativismo se ha convertido entre otras cosas en el
escudo protector de los sectores productivos, frente a las obligaciones que le
impone la Ley Orgánica del Trabajo con respecto a los trabajadores. Son muchos
los empresarios que han convertido sus sociedades mercantiles en cooperativas,
con el ánimo de solapar las relaciones laborales, mediante la figura de asociados
adaptada a sus trabajadores. Asimismo, muchas empresas y entes del sector
público y privado utilizan la contratación de cooperativas, de tal manera que
terminan evadiendo las responsabilidades laborales y los derechos de los
trabajadores.
Puede determinarse, como el artículo 34 de la Ley Especial de Asociaciones
Cooperativas, al referirse al régimen del trabajo asociado, hace una enunciación
programática del marco regulatorio del mismo, estando aún sin desarrollar alguno
de los instrumentos citados, amén de que frecuentemente los estatutos sociales de
las cooperativas, adolecen de normas precisas que determinen el desarrollo,
alcance y protección del trabajo asociado, produciéndose así la precarización de la
relación de trabajo.
21
Artículo 34. El régimen de trabajo, sus normas disciplinarias, las formas de
organización, de previsión, protección social, regímenes especiales, de
anticipos societarios y de compensaciones, serán establecidos en el
estatuto, reglamentos, normas y procesos de evaluación, de conformidad
con las disposiciones de la Constitución, esta Ley, y de otras leyes que se
refieran a la relación específica del trabajo asociado, en razón de que se
originan en el acuerdo cooperativo.
Los asociados que aportan su trabajo en las cooperativas no tienen vínculo
de dependencia con la cooperativa y los anticipos societarios no tienen
condición de salario. En consecuencia, no estarán sujetos a la legislación
laboral aplicable a los trabajadores dependientes y las diferencias que
surjan, se someterán a los procedimientos previstos en esta Ley y en otras
leyes que consideren la relación de trabajo asociado.
La ley deja la regulación del régimen de trabajo, sus normas disciplinarias, las
formas de organización, de previsión, protección social, regímenes especiales, de
anticipos societarios y de compensaciones de los trabajadores asociados a lo que
dispongan los estatutos de la cooperativa, los cuales deben ser cónsonos con el
Reglamento de la Ley y demás leyes que regulen la materia, de tal manera, que la
cooperativa deberá establecer un mecanismo operativo y regulatorio que le permita
desenvolverse dentro de los principios y valores que rigen el cooperativismo, de lo
contrario el órgano supervisorio del Estado (Superintendencia Nacional de
Cooperativas), deberá omitir las certificaciones de Cumplimiento para los fines
establecidos en el Reglamento de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, a
aquellas cooperativas que incumplan o se desvíen en su actividad del régimen legal
y, en consecuencia aplicar el régimen sancionatorio establecido en el antes citado
Reglamento.
Cuando se analiza el contenido del único aparte del artículo in comento, se
observa que esta disposición tiende a referirse más a la actividad de las
cooperativas productoras de bienes, en las cuales los asociados normalmente
aportan su trabajo en el seno de la cooperativa, para contribuir al objeto de ésta
(producir bienes) y así poder satisfacer sus necesidades si es el caso o las
22
necesidades del mercado, lo cual generará un beneficio para la cooperativa. Si los
trabajadores asociados solo prestan sus servicios en la esfera interna de la
cooperativa, esta disposición sería perfecta, ya que, la asamblea de asociados en
base a su autonomía e independencia, sus necesidades y capacidad económica
crearía dentro de sus estatutos y conforme a derecho, el marco regulatorio y los
beneficios que por la labor desempeñada recibirían sus asociados.
Ahora bien, fuera del escenario de trabajo asociado interno de las
cooperativas, la aplicación de la citada disposición de la Ley Especial de
Asociaciones Cooperativas, ha generado una situación fáctica, que resulta de muy
difícil regulación a la luz de la Ley Orgánica del Trabajo, ya que se trata de la
proliferación de cooperativas de servicio que sólo aportan el trabajo de sus
asociados para un tercero, que ve bajo esta modalidad la oportunidad de contratar
mano de obra, sin necesidad de establecer vinculo de dependencia laboral con
quien ejecuta la labor, deslaborizando así las relaciones de trabajo, escapando a la
aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo para con estos trabajadores, viéndose así
burlados, a veces en forma consciente y otras inconsciente, los controles del Estado
respecto a la protección del derecho al trabajo, como lo es la inamovilidad laboral
que por varios años se ha mantenido y, en consecuencia el reconocimiento de los
derechos irrenunciables de los trabajadores.
Hoy se ve con preocupación, como entes públicos y privados contratan mano
de obra con las cooperativas de servicio, sin que se reconozca dentro de la
estructura de costos unitarios que soporta el monto total del contrato celebrado
entre las partes, los derechos que de acuerdo al objeto del contrato y la labor que
ejecuten, le corresponden a los trabajadores que ejecutarán la labor,
independientemente que lo hagan trabajadores directos o contratados a través
personas naturales o jurídicas (sociedades mercantiles o cooperativas), tal como lo
prevé la Ley Orgánica del Trabajo en sus artículos 54,55,56 y 57.
Existen quienes hacen uso o constituyen las cooperativas para evadir
deliberadamente la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley especial de Asociaciones
Cooperativas, dejando en el limbo a los trabajadores, quienes desconocen a ciencia
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cierta cual es su condición en el trabajo que desempeñan (trabajadores asociados o
trabajadores regulados por la Ley Orgánica del Trabajo, normalmente les dan una
especie de anticipos societarios, sin embargo estas cooperativas jamás reparten
excedentes, no tienen los fondos obligatorios de Ley, no garantizan seguridad social
a sus asociados, son gerenciadas por grupos minoritarios que a la postre resultan
siendo los propietarios de los medios de producción y patronos de los trabajadores
que por años se hacen pasar por cooperativistas, correspondiéndoles como
consecuencia de las irregularidades con las que manejan su actividad, el peso de la
aplicación sancionatoria del Reglamento, que como éste establece, le corresponde
al Estado a través de la Superintendencia Nacional de Cooperativas
Ahora bien, cuando se está frente a una cooperativa de trabajadores
asociados, que presta servicios a un tercero, puede materializarse perfectamente
una relación de trabajo, desnaturalizándose la figura de la cooperativa, por un
supuesto muy sui generis, que se desarrolla en el marco de una triangulación
ASOCIADO – COOPERATIVA - BENEFICIARIO, con características muy propias
del Derecho Laboral y, del trabajo como un hecho social tutelado por el Estado,
Encontramos allí que (i) el trabajador asociado está bajo una relación de
dependencia subordinada a través de la cooperativa como persona jurídica
contratante y, con el beneficiario del servicio, (ii) existe la ajenidad, el servicio es
prestado para un tercero que es el beneficiario y, (iii) se recibe una contraprestación
por el servicio prestado, que por los actores que conforman la triangulación no hay
claridad de si esa contraprestación viene dada por los anticipos societarios a
cuenta de los excedentes o si son salarios. Un trabajo ejecutado bajo estas
condiciones está regulado por la legislación patria a través de Ley Orgánica del
Trabajo, independientemente que se haga a través de un contrato de servicio
(cooperativa) que tenga como objeto aportar mano de obra al beneficiario, debiendo
garantizarle a quienes ejecuten la labor, los beneficios que de acuerdo a la relación
de trabajo le corresponden por derecho, caso en cual el beneficiario (contratante)
responde solidariamente con el contratista de acuerdo a lo establecido en los
artículos 54, 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica del Trabajo.
24
El trabajador asociado, en el supuesto antes planteado, se encuentra ante una
situación regulada por el derecho laboral, pero por el hecho de ser asociado de la
cooperativa no se le dá el carácter de trabajador protegido por la Ley Orgánica del
Trabajo, debido a que la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas lo desvincula
de esa protección, sin embargo, por las características que rodean el servicio
prestado, deben ó debieran garantizarle tales beneficios equivalentes al de el
trabajador dependiente y, el Estado obligar al beneficiario, aún cuando éste no sea
su patrono directo, a pagar en los costos del servicio, dicho importe, los cuales
recibirá el trabajador de parte de la cooperativa, sin que este hecho transforme su
condición de trabajador asociado de la cooperativa.
La Ley Especial de Asociaciones Cooperativas para el momento de su entrada
en vigencia, sólo hace una enunciación de los mecanismos de protección social que
las cooperativas, en unión con otras o en coordinación con sus organismos de
integración, podrán establecer sistemas y mecanismos de Protección Social, más
no garantiza en forma determinativa, un mínimo de protección por seguridad social
para los trabajadores asociados de las cooperativas, lo que si ha ocurrido posterior
a la referida LEAC, al ser promulgados los subsistemas de seguridad Social
referidos a la Ley Orgánica de Seguridad Social, cuando por ejemplo la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y su
Reglamento al determinar el ámbito de aplicación de la misma, incluye dentro de su
protección a quiénes presten labores para las cooperativas.
Asimismo, la gran mayoría de las cooperativas no garantizan a sus asociados
una distribución equitativa de los anticipos societarios que por derecho le
corresponden, tampoco les garantizan la equivalencia de lo que en igualdad de
condiciones les correspondería como derechos mínimos consagrados en la Ley
Orgánica del Trabajo por cuanto no le es aplicable.
Ante este escenario de incumplimiento de los principios cooperativos, los
asociados (trabajadores) de las cooperativas no gozan de la protección del
Ministerio del Trabajo, debido a que éste no es el órgano competente para regular
las relaciones existentes entre cooperativas y sus asociados, no está presente
25
hasta los momentos la sindicalización de estos trabajadores asociados, sin que esto
signifique que exista una limitante para ello, ya que no debemos dejar de destacar
los objetivos comunes entre el movimiento cooperativo, y la organización sindical,
como es la cogestión correspondiendo a la lucha sindical, el logro de la participación
de los trabajadores en la toma de decisiones de la empresa, que en la cooperativa
funciona como un principio básico. Asimismo en materia de seguridad social, como
antes se señala, hay poca regulación por parte de los instrumentos legales que
tutelan las relaciones cooperativas y tiene limitados elementos supervisorios la
Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP), para brindarle
protección a los trabajadores asociados a las cooperativas.
La relación de trabajo en Venezuela, regulada por la Ley Orgánica del Trabajo,
tiene un valor económico significativo para los sectores productivos, debido a los
costos asociados a la seguridad social, representando en este momento la Ley
Especial de Asociaciones Cooperativas una verdadera alternativa para minimizar
sus costos, pero su desviación transgrede un derecho constitucional como lo es la
protección del trabajo como un hecho social y la evasión de responsabilidades.
El uso desviado como antes hemos señalado, de la figura de la Cooperativa
hace que Venezuela, se encuentra en este momento ante un alarmante fraude a la
Ley Orgánica del Trabajo por parte de los sectores productivos, utilizando como
instrumento legal de protección la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas,
situación que histórica y actualmente ha afectado y afecta a muchos países en el
mundo.
Paradójicamente, el cooperativismo nace en protección a los derechos de los
trabajadores y sectores productivos explotados, y actualmente es utilizado como
instrumento para violentar los derechos de sus protegidos.
Mantenerse silentes ante esta situación es una irresponsabilidad por parte del
Estado y, demás protagonistas del punto en cuestión, debiendo iniciarse un proceso
26
de reestructuración del proceso de desarrollo cooperativo, a fin de evitar en un
futuro no muy lejano una explosión social de la masa trabajadora.
Es necesario iniciar estudios que enfoquen esta problemática a fin de contribuir
al planteamiento de posibles soluciones a los órganos encargados de legislar sobre
esta materia, así como a los diferentes sectores afectados por tan grave situación.
Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, por lo tanto es necesario
que los órganos competentes se aboquen a la búsqueda de alternativas viables,
orientadas a la regulación del trabajo asociado a nivel de las cooperativas para
garantizar la protección de sus asociados, cuando éstos prestan un servicio a
terceros a través de la Cooperativa.
Hechas estas consideraciones, la presente investigación, está orientada a
analizar la incidencia que tiene el artículo 34 de la Ley Especial de Asociaciones
Cooperativas en las relaciones laborales en Venezuela, tomando como referencia el
trato a trabajadores asociados que prestan servicios a terceros, aportando mano de
obra por intermediación de un contrato a través de la cooperativa y en virtud de ello,
procurar la regulación de esta situación fáctica como un problema social y la
protección de sus derechos con ocasión del trabajo que realizan.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Una vez expuestas las consideraciones precedentes, presentamos a
continuación la formulación del problema, mediante las siguientes interrogantes:
1.- ¿Cuál es la incidencia que tiene el artículo 34 de la Ley Especial de Asociaciones
Cooperativas en las relaciones laborales en Venezuela?
2.- ¿Es el cooperativismo un instrumento para el fraude a la Ley Orgánica del
Trabajo?
27
3.- ¿Cuales son los elementos valorativos para considerar el reconocimiento de los
derechos laborales de los trabajadores asociados a cooperativas, cuando éstos
prestan servicio a un tercero?
4.- ¿Cual es la razón de ser del desarrollo del cooperativismo en Venezuela?
5.- ¿Apoyo de empresas públicas y privadas al movimiento cooperativo y efecto
negativo que ha tenido en ellas, debido a la responsabilidad solidaria en el
cumplimiento de las obligaciones laborales?
6.- ¿Es el cooperativismo un nuevo modelo de desarrollo económico?
7.- ¿Qué efectos nocivos ha producido el cooperativismo en las relaciones laborales
en Venezuela?
8.- ¿Existen soluciones posibles a la problemática actual entre el cooperativismo y
las relaciones laborales en Venezuela?
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General
Determinar la incidencia del artículo 34 de la Ley Especial de Asociaciones
Cooperativas, en las relaciones laborales del sector carbonífero en el Estado Zulia.
Objetivos Específicos
1. Identificar la situación laboral de los trabajadores asociados de las cooperativas
que prestan servicios a terceros en Venezuela.
1.1. Evaluar el cooperativismo como un instrumento para el fraude a la Ley
Orgánica del Trabajo.
28
1.2. Elementos valorativos para considerar el reconocimiento de los derechos
laborales de los trabajadores asociados a cooperativas, cuando éstos
prestan servicio a un tercero.
2. Determinar la razón de ser del desarrollo del cooperativismo en Venezuela.
2.1. Apoyo de empresas públicas y privadas al movimiento cooperativo, y efecto
negativo que ha tenido en ellas, debido a la responsabilidad solidaria en el
cumplimiento de las obligaciones laborales.
3. Analizar el cooperativismo como un nuevo modelo de desarrollo económico.
4. Determinar los efectos nocivos que ha producido el cooperativismo en las
relaciones laborales en Venezuela.
5. Proponer soluciones a la problemática actual existente entre el cooperativismo y
las relaciones laborales en Venezuela, destinadas a la regulación de la nueva
realidad, con criterios de carácter técnico-jurídico que faciliten el establecimiento
de premisas orientadas a la reforma del artículo 34 de la Ley Especial de
Asociaciones Cooperativas.
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El presente trabajo se justifica, porque contiene aspectos inherentes al derecho
del trabajo, y a las relaciones laborales de los trabajadores asociados a las
empresas cooperativas prestadoras de servicios a terceros en Venezuela, tomando
en cuenta para ello, el marco normativo constitucional, principios de la doctrina del
Derecho al Trabajo y del Derecho Cooperativo, la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley
Especial de Asociaciones Cooperativas.
A nivel práctico, la investigación ofrece una visión específica sobre las
relaciones de trabajo y los derechos del trabajador asociado a una cooperativa,
frente a una problemática no regulada por nuestro ordenamiento jurídico, que
amenaza la paz social en el país.
29
Desde el punto de vista teórico, el trabajo ofrece conceptualizaciones básicas a
nivel de la norma constitucional, de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas
(LEAC) y la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), las cuales permitirán al investigador
obtener y manejar con apoyo de la doctrina y de la jurisprudencia laboral y
cooperativa, elementos de la técnica jurídica, para el establecimiento de premisas
de análisis orientadas a la búsqueda de interpretaciones del artículo 34 de la LEAC,
basadas en el espíritu de establecer criterios que contribuyan al enriquecimiento
reformativo del mismo.
A nivel metodológico, la investigación presenta procedimientos de carácter
estrictamente documental en el manejo de categorías, subcategorías y unidades de
análisis mediante el uso racional del método de información bibliográfica que facilite
la construcción de criterios e interpretaciones para el establecimiento de resultados
concretos mediante el tratamiento cualitativo de los datos obtenidos.
Desde el enfoque académico, el trabajo brindará la posibilidad de construcción
de nuevos enfoques de interpretación en las relaciones de trabajo asociado dentro
del cooperativismo, bajo una perspectiva social y humanista, basado en el espíritu
del Derecho del Trabajo, logrando con ello la adquisición de nuevos conocimientos
en materia laboral y cooperativa, sirviendo de apoyo al mismo tiempo para el
desarrollo de futuras investigaciones inherentes al tema.
En lo personal, este trabajo le permitirá al investigador la búsqueda de un
modelo ideal en la discusión actual de las relaciones de trabajo asociado en el
ámbito de las empresas o asociaciones cooperativas, contribuyendo al mismo
tiempo al crecimiento humano y al desarrollo de otros profesionales en el ejercicio
diario de la profesión de abogado, ligado tanto al Derecho Laboral como al Derecho
Cooperativo.
DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se llevó a cabo en la Dirección de Postgrado e Investigación
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia-LUZ,
30
tomando como referencia de análisis la incidencia del artículo 34 de la Ley Especial
de Asociaciones Cooperativas en las relaciones de los trabajadores en Venezuela.
Comprende una duración que abarca el período correspondiente (marzo de
2005 a junio de 2007).
El área temática se corresponde con la línea de investigación del Derecho al
Trabajo, sustentado conceptualmente en el marco legal por la Constitución Nacional
de la República Bolivariana de Venezuela (1999), Ley Orgánica del Trabajo (1997),
Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (2001), y doctrinariamente por Ossorio
(2001), Varela y Faria (2004), Bernardoni de Govea, entre otros.
31
CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
El marco teórico, según Ortiz y García (2005,p.84) “es el conjunto de principios
teóricos que guían la investigación estableciendo las unidades relevantes para cada
problema a investigar”. Esto permitirá, la incorporación de conceptualizaciones
legales inherentes al objeto de estudio, sustentándolas con los criterios de análisis.
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Los antecedentes de la investigación, constituyen un segmento del trabajo,
donde se recurre a investigaciones previamente realizadas para obtener
información del objeto de estudio. Para Ortiz y García (2005), solo se incluye este
apartado cuando el problema que se está investigando, requiere de la inclusión de
cierta información antecedente, la cual no tiene cabida en el marco histórico o en el
situacional.
Iniciando con los antecedentes, se consultó el trabajo de investigación
presentado por; Aristiguieta, (2003) bajo el titulo: “El cooperativismo en Venezuela
como una modalidad de desarrollo económico y como garantía de justicia social
para los trabajadores”. El propósito consistió en evaluar los alcances logrados por
el Cooperativismo en el sector productor e industrial de las cooperativas instaladas
en la industria petrolera de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo y sus beneficios
a los trabajadores. El tipo de investigación fué de carácter descriptivo documental,
con un diseño no experimental de campo.
La población estuvo constituida por noventa (90) trabajadores asociados, se
aplicó un instrumento tipo encuesta en su modalidad de cuestionario, constituído
por treinta y ocho (38) ítem bajo una escala de respuestas tipo Likert. Validado por
cinco expertos en las áreas de cooperativas y metodología de la investigación
respectivamente. Contó con un índice de confiabilidad de 0.90, calculado mediante
el coeficiente de alfa crombach. Los resultados evidenciaron la necesidad de
32
discutir el trato recibido por los trabajadores de asociaciones cooperativas
prestadoras de servicios a terceros, en ese sentido, los datos se agruparon
estadísticamente y se presentaron en tablas de distribución de frecuencias
absolutas y relativas.
Las conclusiones arrojaron, que las cooperativas debieran incorporar mejoras
sustanciales en los beneficios recibidos por los trabajadores asociados o no
asociados, incluyendo en sus estructuras de costos ante los terceros, lo relativo a
los beneficios de sus trabajadores asociados equivalentes al de un trabajador para
trabajo igual, en tal sentido, se recomienda establecer mecanismos de control y
regulación por parte de entes gubernamentales, hacia la búsqueda de alternativas
que permitan incorporar en la Ley de Asociaciones y Cooperativas un mejor
tratamiento a las relaciones laborales.
Este trabajo aporta elementos importantes a la variable relaciones laborales,
por cuanto contiene precisiones de orden laboral que pueden ajustarse a la
seguridad social de los trabajadores que prestan servicios a empresas cooperativas,
brindándole con ello un mayor bienestar y calidad de vida.
Por otra parte, se revisó el trabajo expuesto por Mogollón (2004), bajo el título:
“Papel de las cooperativas en el crecimiento económico, las garantías y beneficios
de sus trabajadores afiliados”. El propósito, consistió en analizar la importancia que
tienen las asociaciones cooperativas para el crecimiento económico, garantizando
los beneficios a sus trabajadores en el área de la construcción de la ciudad de
Maracay. El tipo de investigación, fué de tipo descriptivo de aplicación documental,
prospectiva, y el diseño no experimental, transversal de campo.
Los sujetos de la muestra lo conformaron ciento diez (110) trabajadores
asociados a cooperativas del sector construcción y veinte (20) coordinadores, a
quienes se le aplicó un instrumento tipo encuesta, bajo la versión de cuestionario,
constituido por treinta (30) reactivos mediante una escala de respuesta de selección
múltiple.
33
El mismo fué validado por el juicio de cinco (5) expertos en las áreas de
educación cooperativista y de investigación. Dicho instrumento constó con un índice
de confiabilidad de 0.91, calculado bajo el método de alfa crombach. Los resultados
se organizaron estadísticamente y presentados en tablas de distribución de
frecuencias absolutas y relativas.
Las conclusiones arrojaron la existencia de beneficios adquiridos por los
afiliados, los cuales no están regulados por la Ley Orgánica del Trabajo, por lo
tanto, no se suman al cómputo de sus prestaciones sociales, anteponiendo para ello
la condición estatutaria suscrita por el asociado. A tal efecto, se recomienda una
revisión urgente de carácter laboral sobre el funcionamiento de las cooperativas
mediante un diagnóstico jurídico y técnico, utilizando para ello una metodología
específica de la técnica jurídica.
Este trabajo aporta elementos de orden jurídico, que permiten interpretar bajo
criterios legales el contenido del artículo 34 de la vigente Ley Especiales de
Asociaciones Cooperativas, donde se ignoran los derechos del trabajador tendentes
a obtener garantías y beneficios de tipo social y económico.
Seguidamente, se consultó la tesis doctoral de Muñagorri de Méndez (1999),
bajo el título: “Sistemas alternativos a la relación laboral en Venezuela. El caso de
las cooperativas de trabajo asociado”. El propósito fué conocer nuevos aspectos de
la organización social en relación al proceso de producción (el hecho económico) a
partir del estudio del modelo real y modelo ideal (funcionamiento y condiciones) bajo
las cuales se produce la relación de producción.
Su enfoque teórico consistió en el análisis de la tercerización como fenómeno
propio de la tendencia globalizante, la cual encuentra su expresión en la
descentralización del proceso productivo de las empresas, mediante mecanismos
por los cuales el empleador no realiza la actividad en forma directa con su personal
dependiente, sino a través de terceras personas naturales o jurídicas en los que se
destacan la subcontratación y la intermediación.
34
El tipo de investigación fue considerado de carácter documental en atención al
diseño de investigación, dicho estudio se desarrolló dentro de la investigación a
partir de la observación documental bibliográfica y hemerográfica, recolectándose
de artículos de noticias y de prensa información representativa emanada de la
Superintendencia Nacional de Cooperativas, así como el análisis de dos casos
venezolanos de cooperativas de trabajo asociado, examinando los factores
motivacionales de la asociación. El análisis se centró entorno a las consecuencias
jurídicas y fácticas del modelo cooperativista en contraste con el modelo laboral,
con el objeto de establecer las diferencias, punto de colisión y convergencia entre
estos, abordado en su contribución teórica y legislativa la situación del
cooperativismo en Venezuela y la relación real del sistema.
Los resultados constituyen aproximaciones que pueden servir de fundamento
para la construcción de modelo de desarrollo social. Se concluye que las
cooperativas son un modelo de producción económica distinto del capitalista, donde
el beneficio de los asociados es más importante que la acumulación de capital. El
trabajo aporta una experiencia, mediante la cual se pueden establecer mecanismos
de control sobre el cooperativismo en sentido jurídico y social en beneficio de los
trabajadores.
BASES TEÓRICAS
Desde la perspectiva de Tamayo y Tamayo (2003,p.145) las bases teóricas
“constituyen un conjunto de proposiciones lógicamente articuladas que tienen como
fin la explicación y predicción de las conductas de un área determinada de
fenómenos”. Por lo tanto, concluye este autor: “se puede deducir que el marco
teórico es el marco de referencia del problema”.
El movimiento cooperativista en Venezuela, ha evolucionado durante más de
un siglo, desde sus inicios surgieron como un modelo económico alternativo donde
prevalecen distintos intereses tanto de los promotores como de los trabajadores
asociados, sin embargo, en el transcurso del tiempo hasta la Ley de Cooperativas
35
de 1966 los esfuerzos institucionales o particulares se han visto poco reforzados por
parte del impulso del Estado, a pesar de las iniciativas particulares, estas
organizaciones no lograron consolidarse definitivamente para establecer entre los
sectores sociales más necesitados una vigencia y proyección absoluta.
Según la exposición de motivos del decreto con fuerza de Ley Especial de
Asociaciones Cooperativas (2001), se abre una posibilidad real para la constitución
y desarrollo de las cooperativas, promoviendo la organización flexible de ellas y
estableciendo normas para el desarrollo del trabajado asociado, impulsando los
procesos de integración cooperativa con sistemas de educación, información y
comunicación, lo cual fortalece la función contralora a través de la Supertendencia
Nacional de Cooperativas (SUNACOOP), quien establece las modalidades de
promoción, protección y desarrollo por parte del Estado, definiendo al mismo
tiempo, las condiciones de participación del pueblo tanto en lo económico como en
lo social.
Las cooperativas se han desarrollado en Venezuela sin contar con un marco
regulatorio que respondiese a su realidad. En la Constitución de 1961 se hace
referencia a ellas en un contexto que las colocaba entre organizaciones de poca
trascendencia a ser protegidas y tuteladas, sin establecerles ningún papel
protagónico en el desarrollo de nuestra sociedad. La ley de cooperativas de 1966
nace más como iniciativas de organismos internacionales que como resultado de un
proceso nacional. La reforma de 1975 no modificó el sentido general de la ley.
Las cooperativas eran vistas en el ordenamiento jurídico sustentado en la
constitución de 1961, como entes dedicados a solucionar pequeños problemas
comunitarios, como sujetos de protección y de tutela, incapaces de desarrollar por
sí solas grandes empresas, y a las que expresamente se le vedaban campos de
acción en el desarrollo económico y social. Se establecieron limitaciones para
constituir bancos, aseguradoras, fondos y empresas cooperativas para atender la
seguridad social. Otros sectores sociales encontraban en las leyes facilidades para
desarrollar actividades en esas materias y, a la vez, la certeza de que no tendrían
36
competencia seria porque no estaba permitida una opción asumida por trabajadores
o usuarios de los servicios.
Basadas en estas consideraciones, la Constitución Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela (1999) establece en el Título III, de los deberes, derechos
humanos y garantías, Capítulo VII, de los derechos económicos, en el artículo 118:
“…el derecho de los trabajadores y el de la comunidad para desarrollar
asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas…”. Establece,
asimismo, la Constitución de 1999, en el Capítulo IV del mismo Título III, en el
artículo 70, que “…son medios de participación y protagonismo del pueblo en
ejercicio de su soberanía, en lo social y económico…las cooperativas en todas sus
formas…”
Asimismo, en el ya citado artículo 118 “…estas asociaciones podrán
desarrollar cualquier tipo de actividad económica…” y “…la ley reconocerá las
especificidades de estas organizaciones, en especial las relativas al acto
cooperativo, al trabajo asociado y a su carácter generador de beneficios
colectivos…”. En el artículo 184 referido a los procesos de descentralización y
transferencia de los servicios, que los Estados y Municipalidades gestionen, en sus
numerales 3,4 y 5, impulsa “la participación en los procesos económicos
estimulando las expresiones de la economía social, tales como las cooperativas…”,
“la participación de los trabajadores y trabajadoras y comunidades en la gestión de
las empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios”.
Asimismo, “la creación de organizaciones, cooperativas y empresas
comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social,
propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas donde aquellas
tengan participación”. En el Título VI, del sistema socioeconómico, en el artículo 308
establece: “el Estado protegerá y promoverá… las cooperativas… con el fin de
fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular”.
Ahora bien, desde el punto de vista del objeto de estudio de esta investigación,
37
se hace necesario resaltar la situación de la relación laboral de los trabajadores
asociados en una cooperativa, donde se evidencia la inexistencia de una relación
de trabajo entre los asociados debido a lo contenido en artículo 34 de la Ley
Especial de Asociaciones Cooperativas, ya que no es una relación laboral sino una
relación asociativa y, que el desvío en la desnaturalización de la figura
COOPERATIVA, ha facilitado la deslaborización de las relaciones de trabajo.
Situación Trabajo Asociado
Respecto al trabajo asociado, los trabajadores asumen una condición donde
adquieren derechos y obligaciones, sin embargo, esta situación desde la
perspectiva del artículo 34, tal como se interpretó en líneas precedentes, tiene una
remuneración de acuerdo a los excedentes de la cooperativa durante un
determinado período económico, no obstante, el artículo 35 de la Ley Especial de
Asociaciones Cooperativas (LEAC), establece lo siguiente: “Los asociados que
aportan su trabajo tienen derecho a recibir, periódicamente, según su participación
en la cooperación y lo que prevean los estatutos o reglamentos internos, anticipos
societarios a cuenta de los excedentes de la cooperativa”.
El trabajo asociado debe originarse en un acuerdo cooperativo, para que se
desarrolle en equipo, con igualdad, disciplina colectiva y autogestión. Estos equipos
podrán conformarse atendiendo y respetando las diferencias individuales, de credo,
religión, uso y costumbre, de sexo, del trabajo de menores, del trabajo de la mujer
embarazada, capacidades físicas e intelectuales, incapacidades o discapacidades
físicas o motoras y capacidades, destrezas y habilidades adquiridas.
Acuerdo Cooperativo
La cooperativa es una empresa asociativa, conformada por la voluntad de sus
asociados, con el propósito de obtener un beneficio por igual a todos los que la
integran. Según Varela y Faria (2004), el origen de la cooperativa se ubica en la
presencia de necesidades comunes de un grupo de personas que toman la decisión
de satisfacerlas conjuntamente, organizando una empresa con sus propios recursos
38
y bajo gestión democrática. La cooperativa tiene un carácter social en cuanto
satisface las necesidades de los asociados y la comunidad en general. La
cooperativa tiene un carácter económico y realiza operaciones productivas con fines
de beneficio y desarrollo. La cooperativa también tiene un carácter jurídico o legal,
ya que es una empresa de hecho y derecho cooperativo.
Responsabilidad Social
La responsabilidad social, es un concepto altamente significativo de orden
humano, representado por acciones o actividades de personalidades o instituciones,
las cuales incluyen en sus políticas el cumplimiento de hechos o contribuciones que
benefician a la persona humana. En este sentido, constituye una filosofía de
carácter sociológico que toma muy en alto el tema de lo social como mecanismo de
desarrollo y de avance, fundamentándose en el individuo.
A juicio de Guedez (2006), la responsabilidad social desde sus orígenes
históricos tiene una vinculación con la respuesta estratégica asumida por las
empresas para sintonizarse con las exigencias de la realidad contemporánea. En tal
sentido, esta fundamentación está asociada en el por qué? y el para qué? de la
responsabilidad social empresarial.
Respecto al ¿por qué?, está asociada a las razones o motivos que promueven
una acción, por lo tanto, las causas de la responsabilidad social empresarial se
relacionan con las ideas de retribuir, compartir, contribuir y corresponsabilizar. Tales
organizaciones, deben efectuar estas acciones de alguna manera a la sociedad que
las ha aceptado, aportando todo lo necesario. Por su parte, el ¿para qué? está
vinculada al análisis de los cuatro (4) conceptos que mejor reportan el propósito de
la responsabilidad social empresarial. Tales como, identidad, imagen, reputación y
posicionamiento; estos elementos son importantes por cuanto dichas
organizaciones están obligadas a mantenerse activas en un contexto geográfico y
comercial, y eso las conlleva al mantenimiento progresivo de políticas adaptadas al
cumplimiento de exigencias impuestas por ella misma como una filosofía de acción.
39
Tal como se ha visto, el enfoque de este autor, la responsabilidad social
persigue un principio ético y práctico, donde las organizaciones empresariales están
llamadas a cumplir un protagonismo social determinante, como una exigencia de su
propia rentabilidad, y cumplir así con la retribución que deben ofrecer al entorno en
el cual se desenvuelve, como una forma de retribuir el espacio y la afectación al
medio ambiente natural, por lo tanto, tienen una misión social que las hace
perdurables en el tiempo.
A diferencia del hecho empresarial, la responsabilidad social representa una
exigencia de la sociedad, reclamando de las instituciones públicas o privadas un
servicio asistencial que va más allá de lo económico, garantizando los derechos
fundamentales del hombre, bajo condiciones de justicia social, de equidad y de
distribución de las riquezas.
En este caso, a la responsabilidad social se le ha dado, a criterio de
Schwartzman (2001), un carácter más pedagógico que participativo, más formador
que propulsor de políticas de asistencia al ser humano o a las comunidades, por lo
tanto, no solamente es un problema de carácter académico sino una iniciativa
institucional..
Bajo estas consideraciones, el cooperativismo como propulsor de la justicia
social de la inclusión y de la garantía de los derechos de los trabajadores, debe
tener la precaución del mantenimiento de políticas orientadas al enriquecimiento de
valores éticos y morales, como una estrategia de vinculación con la comunidad, es
por ello, que la responsabilidad social rescata este principio y a la vez constituye un
elemento importante a tomar en cuenta en cualquier reforma estatutaria o legal
emprendida.
La responsabilidad social representa uno de los valores fundamentales del
Estado, tal como lo prevé el artículo 2 de Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela.
40
Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de
Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la
igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en
general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo
político.
La responsabilidad social es un valor que atañe no solo al Estado, también
extiende su alcance a todos y cada de los habitantes, a personas naturales y
jurídicas.
Acción Contralora (Estado)
El Estado Venezolano, como tutor de derechos y ente regulador de la relación
de trabajo asociado existente entre los trabajadores asociados y las asociaciones
cooperativas, debe estar abocado a la búsqueda de soluciones prácticas a cualquier
problemática jurídica que afecte derechos individuales, colectivos o difusos de la
población. En este sentido, el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y el de
Economía Popular a través de SUNACOOP, deberían consolidar esta búsqueda
para garantizar los deberes, derechos, responsabilidades y las obligaciones que
implica la prestación del trabajo asociado referido al acto cooperativo desarrollado
por las cooperativas.
Inexistencia de Dependencia Laboral LEAC-LOT
La relación de dependencia laboral en los instrumentos que se analizan a
continuación, contienen diferencias básicas y estructurales. Se debe entender que
la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, no fue creada para regular las
relaciones laborales en Venezuela, menos aún para sustituir a la Ley Orgánica del
Trabajo, estos dos instrumentos legales tienen objetivos muy claros y definidos, la
primera procura la organización y desarrollo de sectores productivos, el crecimiento
de la economía social y participativa, mientras la segunda, establece un marco
regulatorio de las relaciones laborales en Venezuela, que garantice un mínimo de
41
derechos a los trabajadores.
Si se entra en la esfera de una cooperativa de producción de bienes, no tiene
relevancia el planteamiento, debido a que se está frente a un ente que genera
productos para satisfacer necesidades propias y del mercado, con una mano de
obra obtenida del trabajo de los asociados, quienes no tienen relación de
dependencia laboral con dicha empresa, su condición es de trabajadores asociados.
Ahora bien, cuando se está frente a una cooperativa de servicios, que usualmente
aportan mano de obra a quienes requieren de sus servicios, se presenta un
problema, tanto para la cooperativa como para el receptor del servicio, en cuanto a
la consideración que debe dársele a los trabajadores asociados de las cooperativas
que ejecutarán el servicio solicitado.
Para el ente receptor del servicio, interpretan que los trabajadores asociados
son trabajadores contratados a quienes debe garantizarles los derechos laborales
independientemente del tipo de empresa con la cual haya contratado, generalmente
señalan en las especificaciones del servicio solicitado, bajo qué normativa se va a
regular el trabajo desarrollado por los trabajadores (LOT, Convención Colectiva), sin
embargo, la realidad indica, que este no es el trato que internamente se les da a los
trabajadores asociados en las cooperativas, cuando prestan un servicio para un
tercero a través de la cooperativa.
Normalmente no se les da el trato de trabajadores sino de asociados, razón
por la cual no les son reconocidos sus derechos como trabajadores a la luz de la
Ley Orgánica del Trabajo, siendo el deber ser, tratarlos como trabajadores
contratados a través de la cooperativa por parte de la beneficiaria, debiendo aplicar
en estos casos el precepto constitucional señalado en el artículo 91 CRBV, que
dice: “se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo”, de la misma manera
debe garantizarle el marco legal de la seguridad social que corresponde a todo
trabajador, y de ser aplicables a la situación particular, lo contenido en los artículos
54, 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica del Trabajo.
42
Ahora bien, para la cooperativa se presenta otra disyuntiva, que es, cómo
presentar su oferta de servicios, ya que, las personas que prestarán el servicio
solicitado son asociados de la cooperativa, por lo que bajo esa figura no existe
relación de dependencia laboral entre ellos, sin embargo, estas personas prestarán
un servicio para un tercero, que en todo caso entra en el marco regulatorio de la
Ley Orgánica del Trabajo y la Constitución, por lo que debe garantizarles un
mínimo de derechos, que por demás son irrenunciables, derechos que ó bien, están
cubiertos por la cooperativa a través de los anticipos y excedentes, ó a través del
pago del beneficio del servicio, donde han debido incluirse como costos las
referidas prestaciones.
Cuando una cooperativa presenta una estructura de costos para ofrecer un
servicio de mano de obra a un tercero, debe reflejar en la misma, la estimación de
los derechos de los trabajadores, por la prestación del servicio, tal cual lo prevé la
LOT, sin que esto signifique que dejen de ser asociados de la cooperativa, en ese
momento, están prestando un servicio a un tercero, servicio al cual la Ley le otorga
una serie de beneficios y, que por ende reportara una utilidad adicional para la
cooperativa como ente contratante y responsable del servicio, que será distribuido
de conformidad con la LEAC y los estatutos que la rigen, como excedentes
societarios.
La practica indica que las cooperativas por exigencias de los entes solicitantes
del servicio, presentan sus estructuras de costos al momento de hacer su oferta, sin
garantizar a sus trabajadores asociados el mínimo de derechos que por el trabajo a
realizar le otorga la Ley, de tal manera, que este grupo de trabajadores asociados
en ese momento histórico se convierten en trabajadores contratados para un tercero
a través de la cooperativa, que debiendo gozar de los mismos derechos laborales
aplicables que cualquier otro trabajador, la praxis muestra la triste realidad de la
violación de tan sagrados derechos.
La razón dice, que el hecho de que sea un trabajador asociado a una
cooperativa, no hace excluyente la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo
43
cuando un asociado cooperativista a través de dicha empresa cooperativa, presta
sus servicios a un tercero, en el sentido ya expresado, que debe hacerse la
estimación de los conceptos que laboralmente le pertenecen, incluyéndolos en la
estructura de costos presentado por la contratista (cooperativa) al beneficiario del
servicio (tercero), preservándole al trabajador su condición de asociado de la
cooperativa, siempre que dicha labor tenga las características de una relación de
trabajo (prestación del servicio subordinado, ajenidad, remuneración), que hace
aplicable la asimilación a los beneficios que le corresponden a un trabajador
dependiente. Tal situación mantiene a la persona como asociado, para lo cual
deberá tener aplicación la LEAC, y durante la prestación del servicio al tercero
gozará de los beneficios que le otorga la LOT, en lo que respecta a la prestación del
servicio contratado, para lo cual guardando la estructura de la cooperativa, recibirá
los pagos correspondientes a través de la figura de anticipos societarios.
Bien claro es artículo 34 LEAC, al referirse a los trabajadores asociados que
aportan su trabajo en las cooperativas, no tienen vínculo de dependencia con la
cooperativa y, los anticipos societarios que reciben no tienen condición de salario,
no debiendo ser así, cuando lo aportan para un tercero a través de la cooperativa,
caso en el cual, deberá garantizarle el receptor del servicio todos los derechos
consagrados para un trabajador dependiente en forma equivalente.
El trabajo como tal, tiene unas características muy peculiares y además goza
de la tutela del Estado, por lo que la condición de trabajador no se pierde
independientemente a través de quien se preste (sociedades mercantiles,
cooperativas, personal, entre otros).
El cooperativismo es un modelo socio productivo promocionado y desarrollado por el
actual Gobierno Nacional, como una de las banderas del proceso revolucionario, que
pretende darle mayor participación a la población en el desarrollo económico del país, en la
procura de mejorar su calidad de vida e incentivar en los trabajadores asociados el sentido de
pertenencia hacia los medios de producción, no debiendo entenderse que es el espíritu de la
LEAC, el proscribir lo consagrado en la LOT para los trabajadores, ni hacer excluyente su
44
aplicación equivalente, cuando un cooperativista se encuentre en condición de trabajador a
través de la cooperativa.
Relaciones Laborales
Las relaciones laborales en Venezuela, tradicionalmente han estado reguladas
por la legislación laboral a través de sus procesos de reformas, donde las
obligaciones de una parte y otra se inician con el contrato de trabajo para lo cual
según Ossorio (2001), representa una idea principalmente derivada de la doctrina
italiana, según la cual el mero hecho de que una persona trabaje para otra en
condiciones de subordinación, contiene para ambas partes una serie de derechos y
obligaciones de índole laboral, con independencia que exista o no, un contrato de
trabajo. Desde esta perspectiva, el autor Napoli (1960) citado por el presente autor,
establece que puede existir una relación de trabajo sin contrato, pero no un contrato
sin relación de trabajo; de donde resulta que aquella es el contenido del contrato, y
éste su continente. Esta distinción es inexistente y carente de efectos jurídicos,
porque en la relación de trabajo, existe un contrato, aunque sea de índole tácita
representado por el hecho de que una persona acuda a trabajar y otra acepte su
trabajo.
Las relaciones laborales las define Bernardoni de Govea, (2004), en sentido
estricto, como el conjunto de interrelaciones que surgen entre los empleadores o
patrones y sus organizaciones y los trabajadores, bien sea individual o
colectivamente, bien sea actuando directamente, o través de sus organizaciones,
por el hecho o con ocasión del trabajo, y en sentido amplio como un sistema de
relaciones de trabajo que comprenden también las relaciones que se entablan
entre operadores, trabajadores y las organizaciones que conforman, con el Estado,
motivadas por el trabajo.
Puede apreciarse como la competencia global y la difusión de la tecnología e
información, están reorganizando el trabajo en torno a la gestión descentralizada, la
individualización del trabajo y el empleo a corto plazo, y a tiempo parcial, afectando
las relaciones laborales. Cada vez más los trabajadores deben ser capaces de
45
cambiar de empresa e incluso de ocupación, a medida que se redefinen las
funciones de los empleos. Pero la flexibilidad laboral tiene un precio. Separa a los
trabajadores de las instituciones, empleos a largo plazo y comunidades estables
que en el pasado sirvieron de apoyo a las expansiones económicas, así como al
cuidado y desarrollo de la siguiente generación.
Por otra parte, en las últimas décadas ha tenido una gran difusión la creación
de cooperativas de trabajo asociado, las cuales a juicio de Iranzo y Richter (2005),
constituyen mecanismos de evasión laboral, desvirtuando su concepción original.
Para estos autores, las cooperativas están siendo constituidas con la finalidad de
poner el trabajo de sus asociados a disposición de un tercero, quien establece una
relación con ella de naturaleza civil o mercantil.
Lo particular de esta forma de relación es que los trabajadores, al ser
asociados de la cooperativa, reciben una participación en el excedente que ésta
produce, pero por ello mismo no tienen con ella una relación de carácter laboral y
tampoco son considerados trabajadores de la empresa que recibe sus servicios. Por
otra parte, en la práctica, son organizaciones que se constituyen a instancias de los
empleadores y para realizar las tareas que éstos les encomiendan. Como no están
sujetas al marco regulatorio de la legislación laboral, sus miembros no gozan de
ningún derecho o protección social y por ese mismo hecho, aunque existen leyes
particulares que las regulan, las cooperativas se mueven en un terreno donde es
muy difícil la intervención del movimiento sindical, no obstante que el denominador
común de ambas formas asociativas, es la reivindicación de los derechos de sus
miembros.
Características del Derecho del Trabajo
1.- Disciplina de orden público social, protectora del trabajador.
2.- Garante de condiciones mínimas de trabajo, inderogables y de carácter
progresivo.
46
3.- La contratación a tiempo indeterminado y la estabilidad en el trabajo representan
la regla general del derecho al trabajo, representando la temporalidad en el
contrato la excepcionalidad.
4.- La subordinación jurídica como elemento central del contrato de trabajo y eje de
la disciplina, consistente en el poder del patrono para la dirección y disciplina en
la empresa, y la obligación del trabajador de sujetarse a ese poder de dirección.
5.- Regulación y control de las relaciones colectivas en el trabajo.
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
Asociado. Según el diccionario de la Real Academia Española lo define
como: “persona que forma parte de una asociación o compañía”. Pueden
encontrarse distintas definiciones de asociado en la legislación venezolana, muy
especialmente en el artículo 18 de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas.
Cooperativismo. El Cooperativismo es una doctrina económico social, basada
en la conformación de asociaciones económicas cooperativistas, en las que todos
los miembros son beneficiarios de su actividad, según el trabajo que aportan a la
actividad de la cooperativa. El trabajo que aporta cada socio de una cooperativa se
convierte en beneficio para él mismo y, para todo el grupo de trabajo conformado
por todos los miembros de la cooperativa. El Cooperativismo promueve la libre
asociación de individuos y familias con intereses comunes. Su intención, es poder
construir una empresa en la que todos tienen igualdad de derechos y en la que el
beneficio obtenido se reparte entre sus asociados según el trabajo que aporta cada
uno de sus miembros.
Cooperativas. La Enciclopedia Libre Wikipedia, la define como: “una
asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer
frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes
por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada.
La diversidad de necesidades y aspiraciones (trabajo, consumo, crédito, entre otros)
47
de los socios, que conforman el objeto social o actividad cooperativizada de estas
empresas, define una tipología muy variada de cooperativas”.
Cooperativas de Trabajo. Es una asociación de personas que se reúnen para
trabajar en común, con el esfuerzo mancomunado de todos, con el fin de mejorar su
situación social y económica, dejando de ser asalariadas para transformarse en
dueñas de su propio destino, poniendo el capital y el trabajo al servicio del hombre,
revirtiendo la modalidad de otros tipos de empresa.
Contrato de Trabajo. De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del
Trabajo en su artículo 67, puede definirse el contrato de trabajo como aquel
mediante el cual una persona se obliga a prestar servicios a otra bajo su
dependencia y mediante una remuneración.
Empresa. De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio en su
artículo 200, pueden definirse las compañías o sociedades de comercio como
aquellas que tienen por objeto uno o más actos de comercio. Sin perjuicio de lo
dispuesto por leyes especiales, las sociedades anónimas y las de responsabilidad
limitada tendrán siempre carácter mercantil, cualquiera que sea su objeto, salvo
cuando se dediquen exclusivamente a la explotación agrícola o pecuaria.
Trabajador. De conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley
Orgánica del Trabajo, se entiende por trabajador la persona natural que realiza una
labor de cualquier clase, por cuenta ajena y bajo la dependencia de otra.
Trabajador Asociado. Persona que trabaja cooperativamente para producir
bienes y/o servicios, para satisfacer las necesidades del medio, sin que exista
relación de dependencia laboral entre él y la cooperativa para la cual es asociado.
El trabajador asociado a la cooperativa tiene dentro de este régimen, una doble
condición, (i) la de ser miembro de la cooperativa y (ii) ser trabajador, sin embargo
no puede confundirse la relación trabajador asociado- cooperativa con la relación
trabajador-patrono, ya que el vinculo de relación del individuo con respecto a la
cooperativa es asociativa y no de subordinación, otro aspecto resaltante, es el
48
principio de vinculación directa, que obliga al trabajador asociado a realizar su labor
directa y personalmente en su cooperativa.
49
CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
En este Capítulo, se fundamenta la esencia del propósito de la investigación,
debido a que en él se incorporan las unidades de análisis o de exploración, la
técnica e instrumento de recolección de datos, las técnicas para el análisis de los
resultados, así como el procedimiento de la investigación. Según Arias (2006), la
metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación que serán utilizadas
para llevar a cabo la investigación. Es el “cómo” se realizará el estudio para
responder al problema planteado.
TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación consiste en la ubicación del desarrollo del discurso
metodológico en un contexto lógico donde se pueda describir, la o las variables
objeto de estudio en forma clara. A este respecto, Ortiz y García (2005), señalan
que en toda investigación es importante enmarcar el tipo de la misma para orientar
su desarrollo concreto.
Por lo tanto, este tipo de investigación se considerará documental, por cuanto
la información se recolectará de fuentes bibliográficas y de investigaciones ya
elaboradas en torno a la categoría objeto de estudio, es decir, las relaciones
laborales en el ámbito de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (artículo
34). Para Arias (2006), este tipo de investigación es un proceso basado en la
búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es
decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales.
Como en toda investigación, señala el autor, el propósito de este diseño es el aporte
de nuevos conocimientos.
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño de una investigación, está referido a lo que debe hacer el
50
investigador según lo plantea Hernández, Fernández y Baptista (2006), para
alcanzar sus objetivos de estudio y para contestar las interrogantes de conocimiento
que se ha planteado.
En referencia a este aspecto, la investigación posee un diseño no experimental
por cuanto se realiza sin manipular deliberadamente las categorías: Artículo 34 de
la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, y las Relaciones Laborales. Según
Hernández, Fernández y Baptista (2006), en un estudio no experimental no se
construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no
provocadas intencionalmente por el investigador.
POBLACIÓN
La población en una investigación, constituye el universo sobre el cual se
seleccionarán los sujetos, para la búsqueda de los datos o informaciones
necesarias requeridas, para localizar la comprobación de los objetivos inicialmente
propuestos por el investigador durante el desarrollo del estudio en particular. A este
respecto, Tamayo y Tamayo (2003, p.176), dice: la población es “la totalidad de un
fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de
población que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un
determinado estudio”. En este sentido, el investigador, seleccionará, a su criterio, el
número de integrantes de la misma, lo cual le permitirá fácilmente manejar la
población escogida.
TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
La técnica de investigación utilizada en la presente investigación, será la ficha
bibliográfica o documental, y como instrumento de recolección de datos, la
entrevista, por cuanto facilita la búsqueda de información en fuentes documentales
y específicamente, porque se caracteriza por su profundidad, es decir, indaga en
forma amplia en gran cantidad de aspectos y detalles, por lo tanto, es
imprescindible para el investigador utilizar un número pequeño de personas para las
entrevistas.
51
A juicio de Arias (2006), la entrevista más que un simple interrogatorio es una
técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y
el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera, que el
entrevistador puede obtener la información requerida. Para el trabajo en el proceso
de búsqueda de información se utilizará la entrevista estructurada, la cual se realiza
a partir de una guía prediseñada que contienen las preguntas, las cuales serán
formuladas a las personas entrevistadas.
52
CUADRO MATRÍZ DE ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS
OBJETIVO GENERAL: Determinar la incidencia del artículo 34 de la Ley Especial
de Asociaciones Cooperativas en las relaciones laborales en Venezuela.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS UNIDADES DE ANÁLISIS
Identificar la situación laboral de los trabajadores asociados a las cooperativas que prestan servicios a terceros.
Situación Trabajo Asociado
Acuerdo Cooperativo Responsabilidad Social Acción Contralora (Estado)
Caracterizar las relaciones laborales de los trabajadores asociados en las cooperativas que prestan servicios a terceros.
Artículo 34
Condición Laboral
Anticipos Societarios – salarios Inexistencia de dependencia Laboral LEAC-LOT
Determinar vacíos legales contenidos en el artículo 34 de las Ley Especial de Asociaciones respecto de los trabajadores asociados a cooperativas que prestan servicio a terceros
Regulación de nueva Realidad (vacío legal)
Falta de Regulación en las relaciones contractuales entre las Empresas Cooperativas y Terceros
Proponer criterios de carácter técnico jurídico que faciliten el establecimiento de premisas orientadas a la reforma del artículo 34 de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas.
Relaciones Laborales
SE MOSTRARÁ EN LOS RESULTADOS
53
CAPÍTULO IV
MARCO ADMINISTRATIVO
RECURSOS
En esta fase se cuenta con recursos humanos, materiales, técnicos, financiero.
Los recursos humanos, están conformados por el participante, por la tutora y por el
asesor técnico externo. Los recursos técnicos, están conformados por la
computadora y los demás elementos didácticos. Los recursos materiales, papel,
tinta, lápices, entre otros. Los recursos financieros, son los aportes económicos del
participante estimado durante la realización del proyecto.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Semanas / Meses
Mayo Junio
Actividad
6
Arqueo
Bibliográfico
Planteamiento
y Objetivo
Marco Teórico
Marco
Metodológico
Elaboración de
Instrumento
Validez del
Instrumento
Recolección de
Datos
Procesamiento
54
de Datos
Redacción y
presentación
del Borrador
Final
Presentación
del Trabajo
de Grado
Fuente: Ortiz, 2007
VIABILIDAD
El anteproyecto que se expone, es viable desde el punto de vista técnico,
porque el investigador cuenta con los equipos correspondiente al sistema
informático para el tratamiento de la información recolectada, asimismo, manejará
técnicas procedentes como la entrevista y la documentación. En este mismo orden,
el proyecto es factible en cuanto a la duración en su desarrollo, el cual se estima
culminarlo el 22 de Junio de 2007.
OPERATIVIDAD
Operativamente, el proyecto es factible, porque maneja procedimientos de
orden metodológico de carácter científico, los cuales permiten obtener información
documental de fuentes primarias y secundarias. Igualmente, es realizable en el
tiempo estimado para su ejecución, de tal modo, que corresponde al tutor del
trabajo de investigación, la elaboración de los ajustes académicos y metodológicos
considerados convenientes para tal efecto.
55
CAPÍTULO V
Determinado el Objetivo General en el presente trabajo de investigación, se
hace necesario el exámen de los objetivos específicos enunciados en el Capitulo I,
en la procura de un resultado productivo y provechoso para el lector, que permita
establecer criterios en pro de la Justicia Social.
Cuando se le da lectura al artículo 34 de la Ley Especial de Asociaciones
Cooperativas, se determina, que se excluye a los trabajadores asociados a las
cooperativas, de la regulación de la Ley Orgánica del Trabajo, sin embargo, resulta
pertinente preguntarse como opera en la praxis, para lo cual es pertinente formular
la siguiente interrogante con su subsiguiente análisis y comentarios.
1.- Hace excluyente la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, la aplicación de
la Ley Orgánica del Trabajo a sus asociados?.
Para responder a este planteamiento se debe entender que la LEAC no fué
creada para regular las relaciones laborales en Venezuela, menos aún para sustituir
a la LOT, estos dos ordenamientos legales tienen objetivos muy claros y definidos,
el primero procura la organización y desarrollo de sectores productivos, el
crecimiento de la economía social y participativa, mientras el segundo establece un
marco regulatorio de las relaciones laborales en Venezuela, que garantice un
mínimo de derechos a los trabajadores.
Si se entra en la esfera de una cooperativa de producción de bienes, no tiene
relevancia el planteamiento, debido a que se está frente a un ente que genera
productos para satisfacer necesidades propias y del mercado, con una mano de
obra obtenida del trabajo de los asociados, quienes no tienen relación de
dependencia laboral con dicha empresa, su condición es de trabajadores asociados.
Ahora bien, cuando se está frente a una cooperativa de servicios, que usualmente
aportan mano de obra a quienes requieren de sus servicios, se presenta un
problema, tanto para la cooperativa como para el receptor del servicio, en cuanto a
la consideración que debe dársele a los trabajadores que ejecutarán el servicio
solicitado. Para el ente receptor del servicio, estas personas son trabajadores
56
contratados a quienes deben garantizarles los derechos laborales
independientemente del tipo de empresa con la cual hayan contratado,
generalmente señalan en las especificaciones del servicio solicitado, bajo que
normativa se va a regular (LOT, Convención Colectiva), sin embargo, la realidad
indica que este no es el trato que se le da a los trabajadores asociados a las
cooperativas, cuando éstas prestan un servicio para un ente determinado.
Normalmente no se les da el trato de trabajadores, sino de asociados, razón por la
cual no les son reconocidos sus derechos como trabajadores dependientes, no de
la cooperativa, sino trabajadores contratados a través de la cooperativa por parte de
la beneficiaria, debiendo aplicar en estos casos el precepto constitucional señalado
en el artículo 91 CRBV, que dice: “Se garantizará el pago de igual salario por igual
trabajo”, de la misma manera debe garantizarle la seguridad social que corresponde
a todo trabajador. Ahora bien, para la cooperativa se presenta otra disyuntiva,
cómo presentar su oferta de servicios, ya que, las personas que prestaran el
servicio solicitado son asociados de la cooperativa, por lo que no existe relación
laboral entre ellos y la cooperativa, sin embargo, estas personas prestarán un
servicio para un tercero, regulado por la Ley Orgánica del Trabajo y la Constitución,
por lo que debe garantizarles un mínimo de derechos, que por demás son
irrenunciables.
La practica indica que las cooperativas por exigencias de los entes
solicitantes del servicio, presentan sus estructuras de costos al momento de hacer
su oferta, sin garantizar a sus trabajadores asociados el mínimo de derechos que
por el trabajo a realizar le otorga la Ley, de tal manera que este grupo de
trabajadores asociados en ese momento histórico, se convierten en trabajadores
contratados para un tercero a través de la cooperativa, que deben gozar de las
mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador, más la praxis muestra la
triste realidad de la violación de tan sagrados derechos.
La razón indica, que el hecho de que se trate de un trabajador asociado a una
cooperativa, no hace excluyente la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo,
cuando un asociado cooperativista a través de dicha empresa cooperativa presta
sus servicios a un tercero, siempre que dicha labor tenga las características de una
57
relación de trabajo (prestación del servicio bajo subordinación, ajenidad,
remuneración). Tal situación mantiene a la persona como asociado, para lo cual
deberá tener aplicación la LEAC, y durante la prestación del servicio al tercero
gozará de los beneficios que le otorga la LOT, en lo que respecta a la prestación del
servicio contratado.
Bien claro es artículo 34 LEAC, al referirse a los trabajadores asociados que
aportan su trabajo en las cooperativas, no tienen vínculo de dependencia con la
cooperativa y los anticipos societarios que reciben no tienen condición de salario, no
siendo así cuando lo aportan para un tercero a través de la cooperativa, caso en el
cual deberá garantizarle el receptor del servicio, todos derechos consagrados para
un trabajador dependiente.
Esta situación no está lo suficientemente clara para quienes son receptores de
los servicios que prestan las cooperativas, quienes pretenden darles un trato
diferente a los trabajadores asociados, considerando que éstos no tienen el carácter
de trabajadores y por lo tanto, no tienen por que garantizarles los mismos derechos
de los trabajadores dependientes, que se rigen por la Ley Orgánica del Trabajo, con
aplicación consecuente de ser el caso, de los beneficios que por convención
colectiva pudieran corresponderle. En casos como el planteado, los trabajadores
asociados a las cooperativas que prestan servicios a otro ente, deben gozar de las
mismas prerrogativas que el resto de los trabajadores, la condición de asociado es
sólo respecto a la cooperativa de la cual son miembros, más esta situación no hace
excluyente el otorgamiento de los beneficios a los cuales tienen derecho, que como
hemos expresado deben estar estimados en los costos del servicio presentado por
la cooperativa (contratista).
Cuando una empresa va al mercado de trabajo a solicitar los servicios
técnicos-profesionales (mano de obra) requeridos para una labor específica, realiza
previamente una evaluación de los costos asociados a dicha labor, para lo cual,
elabora una estructura de costos, que garantiza entre otras cosas, el pago a los
trabajadores que ejecutaran el servicio solicitado, de acuerdo a lo establecido en la
ley y de ser aplicables los beneficios de las respectivas convenciones colectivas
58
existentes. La empresa procura el servicio bajo un costo estándar, garantizando a
los trabajadores, que han de ejecutar la labor, los mismos beneficios,
independientemente de que laboren para una sociedad mercantil, para una
cooperativa o cualquier otra modalidad.
La cooperativa que suministra mano de obra a otra empresa pública o privada,
debe garantizarle a cada trabajador asociado, que laboraría para la beneficiaria del
servicio bajo la modalidad de contratado por intermedio de la cooperativa, los
beneficios que la solicitante ofrezca para los trabajadores que ejecutarán la labor,
los cuales deben ser cónsonos con los derechos garantizados por la Ley Orgánica
del Trabajo. En este caso la condición de asociado es de la persona respecto a la
cooperativa, más no de la persona con respecto al ente receptor y beneficiario del
servicio, para quien sería un trabajador contratado a través de la cooperativa.
Cuando se ejecuta una labor que tiene las características propias de una
relación de trabajo, quien la recibe (beneficiario) paga una contraprestación que en
derecho laboral se llama salario, pero además debe garantizarle al trabajador una
serie de beneficios que se generan con ocasión del trabajo (vacaciones, bono
vacacional, seguro social, vivienda, régimen prestacional de empleo, etc.). Todos
estos beneficios se otorgan con ocasión del trabajo y la condición humana de quien
lo presta, más no por la configuración jurídica de la persona a través de la cual es
contratado.
La cooperativa debe hacer llegar al trabajador asociado, todos los beneficios
que por la labor que presta éste a un tercero le corresponden, haciendo uso de uno
de los principios rectores del cooperativismo como lo es la equidad. A manera de
ejemplo, si una cooperativa de servicio tiene cien asociados en su seno, y ésta logra
colocar en el mercado de trabajo cincuenta asociados, y el beneficiario del servicio
ofrece para éstos un paquete de beneficios con ocasión del trabajo a realizar, tales
como: vacaciones, bono vacacional, caja de ahorro, utilidades, HCM,
adiestramiento, otros, la cooperativa deberá hacer llegar dichos beneficios solo a
estos trabajadores, y el remanente recibido por la cooperativa, resultante luego de
haber ésta cancelado los anticipos societarios, con ocasión de ese servicio se
59
convertirán en excedentes, distribuyéndose de acuerdo a la Ley Especial de
Asociaciones Cooperativas, los estatutos y demás normativa aplicable, en los que
participaría el trabajador en su condición de trabajador asociado.
El trabajo como labor ejecutada o a ejecutarse, tiene unas características
perfectamente determinadas y además goza de la tutela del Estado, por lo que la
condición de trabajador no se pierde, indistintamente a través de quien se preste
(sociedades mercantiles, cooperativas, personal, etc.).
El cooperativismo es un modelo socio productivo promocionado y desarrollado
por el actual Gobierno Nacional, como una de las banderas del proceso
revolucionario, que pretende darle mayor participación a la población en el
desarrollo económico del país, en la procura de mejorar su calidad de vida e
incentivar en los trabajadores asociados el sentido de pertenencia hacia los medios
de producción, que no pretende desplazar lo consagrado en la LOT para los
trabajadores, ni hace excluyente su aplicación cuando un cooperativista se
encuentre en condición de trabajador a través de la cooperativa.
Debe la Superintendencia Nacional de Cooperativas en coordinación con el
Ministerio del Trabajo, ante la flagrante violación de los derechos de los
trabajadores, producto de la manipulación o errada interpretación de la LEAC,
emitir una resolución administrativa que deje suficientemente clara esta situación.
Toda esta problemática requiere hacer un análisis sobre la utilidad que se le
está dando a la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas en los sectores
productivos en su interacción con las relaciones laborales, sirviendo como escudo,
subterfugio, para evadir la regulación y protección del trabajo como un hecho social
tutelado por el Estado, encontrando reales situaciones de fraude que en
oportunidades es casi imperceptible, debido a la utilización de figuras e
instrumentos jurídicos que le dan la apariencia de legalidad.
1.1.- Ley Especial de Asociaciones Cooperativas como instrumento de fraude a la
Ley Orgánica del Trabajo.
60
¿Es el cooperativismo un instrumento para el fraude a la Ley Orgánica del Trabajo?
Se denomina fraude de ley a una situación en la cual para evitar la aplicación
de una norma jurídica que no le favorece o no le interesa, una persona se ampara
en otra u otras, llamadas normas de cobertura, y busca dar un rodeo que le permita
sortear la prohibición o las obligaciones que le imponía la norma vulnerada.
El Derecho prohíbe el fraude de ley. Los actos realizados al amparo del texto
de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o
contrario a él, se consideraran ejecutados en fraude de ley, y no impedirán la debida
aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.
Por tanto, la sanción al fraude de ley es la aplicación de la norma burlada y
cualquier otra que disponga el ordenamiento jurídico.
No siempre es fácil determinar la existencia de fraude a la ley, hay
situaciones donde resulta casi imperceptible, ya que, están apoyados en
instrumentos legales que ajustan a derecho una situación determinada, sobre este
particular resulta pertinente resaltar lo indicado por la obra de Inanzo; Consuelo y
Richter, Jacqueline, La Subcontratación Laboral. “
“La barrera entre el fraude y el incumplimiento no siempre es fácil de
determinar. En términos generales se puede sostener que todo fraude
implica un incumplimiento, pero no todo incumplimiento es fraude. Incluso
el incumplimiento es más fácil de probar, pues no es necesario desmontar
un artificio creado –muchas veces con alto grado de sofisticación- para
evadir la legislación laboral. Por los casos estudiados pudimos apreciar
cómo la mayoría de las veces, el uso de las formas de subcontratación
laboral, pretende reducir costos laborales esquivando las obligaciones que
están implícitas en la relación de trabajo y, en esa medida, son formas de
fraude. Pero no siempre es fácil distinguir cuándo existe la voluntad
expresa de evadir, anular, el peso de la ley. En todo caso, el incumplimiento
se refiere más específicamente a las circunstancias en que se recurre a
61
formas permitidas por la legislación de forma tal que se atenúen las
obligaciones que ellas conllevan”.
Se ha convertido en una práctica muy usual en los últimos años, desde el
resurgimiento del movimiento cooperativista en Venezuela a finales del año 2002
con la aprobación de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas y, muy
especialmente después del paro petrolero, la contratación de servicios de mano
de obra a través de cooperativas.
Muchas empresas han persuadido a sus trabajadores para que se constituyan
en cooperativas y, luego bajo esta modalidad contratarlos para que presten el
servicio que antes prestaban como trabajadores, ofreciéndoles mejores ingresos,
posibilidades de crecimiento como empresa, autonomía e independencia.
Sectores de trabajadores desempleados han encontrado en las cooperativas
una forma de ubicarse en el mercado de trabajo bajo las condiciones que le ofrezca
la demanda del servicio.
Así, el sector que demanda mano de obra en el mercado de trabajo, ha
encontrado en el cooperativismo y en la LEAC una forma de minimizar costos,
aumentando consecuentemente sus ingresos, a costa de los derechos de los
trabajadores, que organizados en cooperativas acuden a ofrecer sus servicios a
quien requiera de ellos, sólo que se ven obligados a presentar ofertas por su labor
que no les garantizan los derechos mínimos consagrados en la Constitución y en la
Ley Orgánica del Trabajo, debido a que por su condición de cooperativistas no se
les permite establecer en sus estructuras de costos los conceptos devenidos de la
relación de trabajo, tales como antigüedad, vacaciones y bono vacacional, utilidad o
bonificación de fin de año, seguro social obligatorio, política habitacional, en algunas
oportunidades violaciones a las regulaciones de las jornadas trabajo, y las normas
de seguridad, higiene y salud, horas extraordinarias, entre otras, por el sólo hecho
que pertenecen a una cooperativa, y entre está y sus asociados no existe relación
de dependencia laboral.
62
Esta situación se ha convertido en una práctica nacional, que se está
convirtiendo en una bomba de tiempo, que a la postre tendrá como resultado una
explosión social. Venezuela es un país, en el cual la población ha despertado y está
consciente de sus derechos, por lo que al percatarse de esta situación, con toda
seguridad reaccionará exigiendo de empleadores y Estado el resarcimiento
correspondiente.
El cooperativismo nace con el ánimo de dar protección a algunos sectores
debilitados de los medios de producción (pequeños y medianos productores y
trabajadores), algo muy similar al objetivo del nacimiento del sindicalismo.
Actualmente podemos ver algunos sectores fortalecidos con el resurgimiento del
cooperativismo, como se evidencia con la reactivación de empresas de sectores
productivos importantes por parte del Estado, a través de la cogestión con los
trabajadores organizados en cooperativas. Otro caso es la incorporación al sector
productivo de los egresados de la misión “Vuelvan Caras”, a través de la
conformación de cooperativas y financiamiento del Estado. Sin embargo, hay un
sector que se ha visto gravemente afectado, como lo es el laboral, al ser utilizado, al
entender de esta autoría, a través de una errada interpretación del artículo 34 de la
LEAC, que finalmente se convierte en una violación de los derechos de los
trabajadores.
Esta realidad no es ni ha sido sólo venezolana, ha estado presente en
muchos países, como Argentina, Brasil, Perú, Chile, México entre otros. En todos
ha existido siempre la pretensión del sector empleador de desregularizar el trabajo
como un hecho social, evadiendo de esta manera la protección que le da el Estado
a los trabajadores a través de los diferentes dispositivos legales, a través del
ordenamiento jurídico laboral.
Existen en el ordenamiento jurídico venezolano, una serie de principios y
valores de carácter legal y constitucional que sirven de soporte para procurar
controlar este flagelo que atenta contra el derecho de los trabajadores y que a
continuación se hace una breve exposición sobre ellos, resaltando su valía ante la
problemática planteada.
63
1.2.- Elementos valorativos para considerar el reconocimiento de los derechos
laborales de los trabajadores asociados a cooperativas, cuando éstos prestan
servicio a un tercero.
Cuando se hace un análisis referido a la violación del derecho al trabajo, es
necesario acudir al ordenamiento jurídico patrio, para determinar la tutela del
referido derecho por parte del Estado, para lo cual se resaltan disposiciones de
carácter constitucional y legal que se convierten en guardianes de los derechos del
trabajador.
El artículo 89 CRBV representa dentro del ordenamiento jurídico venezolano
el instrumento tutelar del derecho al trabajo:
Artículo 89. El Trabajo es un hecho social y gozará de la protección del
Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones
materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para
el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes
principios:
Intangibilidad y progresividad de los derechos
1. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad
y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones
laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias.
Irrenunciabilidad de los derechos
2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo
o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo
es posible la transacción y convenimiento al término de la relación
laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.
Interpretación más favorable
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3. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias
normas, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la
más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se
aplicará en su integridad.
Nulidad de actos inscontitucionales
4. Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a esta Constitución
es nulo y no genera efecto alguno.
Prohición de discriminación
5. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad,
raza, sexo o credo o por cualquier otra condición.
Prohibición del trabajo de adolescentes
6. Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su
desarrollo integral. El Estado los protegerá contra cualquier explotación
económica y social.
Se observa como el constituyente desarrolla una norma programática que
tiene como objeto proteger el trabajo como un hecho social que gozará de la
protección del Estado, estableciendo una serie de principios que deben
prevalecer ante toda relación de trabajo.
Consultado el diccionario de la Real Academia en su Edición 22ª, sobre el
significado de principio, se encuentran varios conceptos entre los cuales se resaltan
los siguientes: “Cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales
por donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes”. “Norma o idea
fundamental que rige el pensamiento o la conducta”. Considerando ambos
conceptos puede observarse que los principios contenidos en el referido artículo
constitucional representan las bases fundamentales sobre los que se sostiene el
derecho al trabajo, sobre los cuales deben girar todas las disposiciones que regulan
el trabajo como un hecho social.
65
El principio de la intangibilidad y progresividad de los derechos, contenido en el
numeral 1 del referido artículo, establece que en las relaciones laborales prevalece
la realidad sobre las formas o apariencias, lo que representa una verdadera
novación, un elemento esencial al momento de evaluar hechos que violentan
derechos fundamentales como el trabajo y un duro golpe a las acciones de fraude a
la Ley Orgánica del Trabajo a través de la simulación de relaciones mercantiles,
arrendaticias, cooperativas y otras, y que está en perfecta consonancia con lo
indicado en el artículo 2 de Ley Orgánica Procesal del Trabajo (prioridad de la
realidad de los hechos). Este principio acabó los esquemas jurídicos ortodoxos,
abriendo la posibilidad a los operadores jurídicos (jueces) de ser más proactivos en
la búsqueda de la verdad, al momento de fallar en una causa, haciendo gala al
principio inquisitivo que debe tener cada juez en el ejercicio de su labor
sentenciadora, tal como lo prevé el artículo 5 Ejusdem.
Bien conocidas son en Venezuela, las sentencias dictadas por el Tribunal
Supremo de Justicia, en reclamaciones laborales que involucraron a grandes
empresas relacionas con bebidas gaseosas y el sector transporte, que terminaron
dictaminando la existencia de una relación de trabajo, solapada en una relación
mercantil.
La irrenunciabilidad de los derechos laborales, principio que habla muy bien de
la tutela del derecho de los trabajadores por parte del Estado, y que tiene su
génesis en la praxis patronal de someter a sus asalariados a fuertes presiones de
todo tipo, que terminaban haciéndolos ceder a sus pretensiones de lograr
renuncias anticipadas al trabajo, transacciones laborales ante Inspectorías del
Trabajo y Tribunales de instancias bajo condiciones totalmente desfavorables para
el débil jurídico (trabajador), emisiones de recibos de pago con información irreal,
etc. A pesar de la existencia de este principio, se siguen dando transacciones y
convenimientos entre trabajadores y patrones que reconocen porcentajes muy bajos
de lo que realmente corresponde al trabajador, utilizando como argumento lo
contenido en la parte in fine del numeral contentivo de este principio constitucional.
66
Resulta pertinente traer a colación lo señalado por el Dr. Mervy González, en
su obra “La Irrenunciabilidad, la transacción y otros temas laborales”, sobre la
irrenunciabilidad”: “ … Son irrenunciables las normas e igualmente los derechos que
están matizados por el llamado Orden Público. …. , no solamente son
irrenunciables los derechos que consagran las normas jurídicas, sino que estas
mismas son también irrenunciables cuando consagran situaciones y relaciones que
favorezcan a los trabajadores”.
La interpretación más favorable, principio que en este tipo de situaciones
resulta de gran utilidad, al no ser precisa la Ley Especial de Asociaciones
Cooperativas en la regulación del derecho de los trabajadores asociados, cuando
éstos prestan servicio a terceros a través de un contrato mediante el cual
suministran mano de obra. Ante la flagrante violación de un derecho fundamental
con carácter constitucional, como es el trabajo, como hecho social, se hace
necesario acudir a estos principios rectores del Derecho del Trabajo, mediante el
cual se puede determinar qué ley debemos aplicar para regular estas relaciones,
quedando claro que, ante la duda la balanza se debe inclinar hacia la norma que
más beneficie al trabajador, que en este caso sería la Ley Orgánica del Trabajo.
La nulidad de actos inconstitucionales, principio que procura desarticular toda
acción tendente a la violación de los derechos del trabajador, por lo que cualquier
acción evasiva quedará viciada de nulidad y sin efecto.
Prohibición de discriminación, pareciera no aplicar este principio a la
problemática planteada en este estudio, sin embargo, la realidad nos dice que
efectivamente existe discriminación, ya que, no reciben el mismo trato los
trabajadores contratados en forma directa o a través de sociedades mercantiles,
que los contratados por intermedio de las cooperativas, éstos últimos por lo general
son coartados de los beneficios de la seguridad social y la legislación laboral.
El artículo 86 de la CRBV, incluye el trabajo como parte de la seguridad social
a que tiene derecho toda persona, reconociendo entre otros la protección en
contingencias de riesgo laboral, pérdida de empleo y desempleo, derechos que en
67
la problemática planteada se han perdido. Puede observarse que el Estado,
extiende el alcance de de su protección a toda persona, de tal manera que esta
disposición también incluye a los trabajadores asociados a las cooperativas. Puede
apreciarse como el Estado ha ido progresivamente incorporando a los trabajadores
asociados a las cooperativas, al sistema de seguridad social que normalmente solo
le es otorgada a los trabajadores regulados por la Ley Orgánica del Trabajo, cuando
revisamos el artículo 4 de la Ley del Régimen Prestacional de Empleo, en su
numeral 5, que viene a sustituir la Ley de Paro Forzoso, se encuentran incluidos
dentro del ámbito de aplicación de la Ley, los miembros de las asociaciones
cooperativas.
El artículo 87 de la CRBV, garantiza el derecho al trabajo, para lo cual el
Estado adoptará las medidas necesarias a fin de que toda persona pueda obtener
una ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le
garantice el pleno ejercicio de este derecho.
2.- Motivación del Desarrollo Cooperativo en Venezuela.
¿Cual es la razón de ser del desarrollo del cooperativismo en Venezuela?
Las iniciativas colectivas de la economía social conocen un desarrollo sin
precedentes en varios países latinoamericanos. El auge del cooperativismo está
ligado a la crisis de los modelos actuales de desarrollo y al incremento de los
problemas ligados a la pobreza, la inequidad social, la debilidad de las instituciones.
En Venezuela, el desarrollo de la economía social, en particular de las cooperativas,
está recibiendo un importante apoyo del gobierno del Presidente Hugo Chávez
Frías, electo en diciembre de 1998. La obligación por parte del Estado de promover
y proteger las organizaciones de Economía Social está prevista en la Constitución
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999.
Deben las cooperativas responder a los intereses y el progreso de la
comunidad, tal como lo señala el séptimo principio del cooperativismo. El
cooperativismo se centra en las necesidades y deseos de los asociados, trabajar
68
para conseguir el desarrollo sustentable de sus comunidades, desarrollo éste que
atiende las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones para atender a sus propias necesidades.
Las cooperativas están obligadas por sus principios fundamentales y por la
ley a realizar y promover de un modo permanente la educación de sus asociados,
entendiéndose como tal , (i) la planificación y evaluación de la acción cooperativa
cotidiana y permanente; (ii) el diseño colectivo de estructuras y procesos
organizativos que propicien el desarrollo de valores democráticos y participativos;
(iii) los programas de formación, asistencia técnica, investigación, promoción y
capacitación; (iv) programas y sistemas de formación en materias propias del
cooperativismo; (v) validación de las experticias adquiridas por los cooperativistas
en su trabajo cooperativo.
Puede extraerse de La Constitución Nacional de la República Bolivariana de
Venezuela, aprobada en 1999, el apoyo que el actual Gobierno Nacional está dando
al cooperativismo, dedicando una buena cantidad de artículos a la promoción y
desarrollo de las cooperativas, resaltándose los siguientes:
Artículo 118. Se reconoce el derecho de los trabajadores y de la
comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo.
Estas asociaciones podrán desarrollar cualesquier tipo de actividad
económica, de conformidad con la ley. La ley reconocerá las
especificidades de estas organizaciones, en especial, las relativas al acto
cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios
colectivos.
El Estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar
la economía popular y alternativa.
Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en
ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el
referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa
69
legislativa. Constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea
de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante,
entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención
ciudadana, la autosugestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus
formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la
empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores
de la mutua cooperación y la solidaridad.
La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los
medios de participación previstos en este artículo.
Artículo 184. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los
Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y
grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa
demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo:
1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda,
deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas
industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas,
prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de
servicios públicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos
contenidos estarán orientados por los principios de interdependencia,
coordinación, cooperación y corresponsabilidad.
2. La participación de las comunidades y ciudadanos y ciudadanas, a
través de las asociaciones vecinales y organizaciones no
gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las
autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboración de los
respectivos planes de inversión, así como en la ejecución, evaluación y
control de obras, programas sociales y servicios públicos en su
jurisdicción.
3. La participación en los procesos económicos estimulando las
expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de
ahorro, mutuales y otras formas asociativas.
70
4. La participación de los trabajadores y trabajadoras y comunidades en la
gestión de las empresas públicas mediante mecanismos
autogestionarios y cogestionarios.
5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de
servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social,
propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas donde
aquellas tengan participación.
6. La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las
parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de
garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de
los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios
y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos
estadales y municipales.
7. La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a
los establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población.
Artículo 308. El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana
industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la
empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación
comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de
propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del
país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará la capacitación, la
asistencia técnica y el financiamiento oportuno.
Establece la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, en su exposición de
motivos, que la Constitución de 1999 expresa un proyecto de país, en el cual
nuevos actores desarrollan y asumen protagonismo, donde los procesos
económicos y sociales, también son llevados adelante por empresas gestionadas
en forma democrática, por sus trabajadores y los usuarios de los servicios que
prestan. Un proceso de transformación de nuestra sociedad debe incluir la
transformación de la economía, impulsando un sector de economía democrática,
con participación protagónica de nuevos actores. La Constitución relata el papel de
la economía Social y Participativa, la Economía Asociativa de la que son parte
71
fundamental las cooperativas como soporte de esas transformaciones. Se necesita
una nueva ley que regule este sector tan fundamental para las transformaciones
planteadas. No puede hacerse solo una reforma. El contexto constitucional y el país
son ahora completamente distintos. La voluntad manifiesta de un Estado que cree
en la importancia de la incorporación de la población en el desarrollo nacional con
nuevas empresas gestionadas participativamente, exige el establecimiento de un
nuevo marco regulatorio para este sector. Estas son parte de las razones que
motivaron la aprobación de la nueva Ley Especial de Asociaciones Cooperativas.
2.1.- Apoyo de Empresas Públicas y Privadas al movimiento cooperativo y efecto
negativo que ha tenido en ellas debido a la responsabilidad solidaria en el
cumplimiento de las obligaciones Laborales.
El Estado venezolano ha legislado en materia relacionada con el apoyo al
movimiento cooperativo, creando condiciones realmente motivadoras para la
creación y desarrollo de cooperativas en el país, para lo cual (i) ha dado incentivos
fiscales a las cooperativas, (ii) ha dado prioridad a la pequeña y mediana empresa,
a las cooperativas, unidades productivas comunitarias, empresas de producción
social, en los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios en
las empresas y entes indicados en el artículo 2 de la Ley de licitaciones, (iii) ha
obligado a las contratistas que prestan servicios a las empresas del Estado a
contribuir con la promoción y desarrollo de empresas de producción social (EPS),
mediante una contribución porcentual de su utilidad y presentación de ofertas para
proyectos sociales junto con su oferta técnico-económica.
Las empresas en las que el Estado tiene participación, entes públicos y buena
parte del sector privado se alinean con los objetivos del Gobierno Nacional en esta
materia, procurando a todo evento darle participación a las cooperativas en las
diferentes obras y servicios a contratar.
Bien conocida es la responsabilidad solidaria entre las empresas beneficiarias
que contratan un servicio específico, y las contratistas que lo prestan, al momento
72
de responder sobre los pasivos laborales que se generen durante la ejecución del
contrato. El deber ser dice, que obra el solicitar fianza de fiel cumplimiento y fianza
laboral a la empresa contratista que preste un servicio, a fin de garantizar la buena
ejecución del servicio u obra contratada, y resguardar así los intereses de las
empresas beneficiarias en caso de incumplimiento.
Cuando el servicio lo presta una cooperativa de hecho y de derecho, apegada
a los más estrictos valores y principios cooperativistas, al inicio todo resulta un mar
de felicidad y armonía, el problema se presenta cuando se conjugan una serie de
factores en una cooperativa, tales como (i) falta de formación cooperativa de los
asociados, (ii) ausencia de valores y principios cooperativos, (iii) contratación con
seudo cooperativas, (iv) relaciones de trabajo solapadas bajo la figura del trabajo
asociado, (v) ausencia de fianzas laborales, debido a que la beneficiaria del
servicio, confiada del acto cooperativo, no exige a la cooperativa las respectivas
garantías y los finiquitos de pago de los pasivos laborales generados a favor de los
trabajadores asociados, ya que, está ante la presencia de una cooperativa que no
se rige por la Ley Orgánica del Trabajo para la regulación de las relaciones de
trabajo con sus asociados, sino por la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas.
Es casi una máxima de experiencia en Venezuela, el hecho de que las
empresas mercantiles han emigrado desde el punto de vista legal, del mercantilismo
al cooperativismo, pero de hecho siguen funcionando como una sociedad mercantil,
normalmente con capitales ficticios o irrisorios. Los socios de la sociedad mercantil,
son ahora los asociados de la cooperativa. Los trabajadores los asocian a las
cooperativas o los organizan en otras cooperativas para que le presten servicio, con
un nuevo elemento, como lo es el hecho de que los trabajadores asociados a las
cooperativas no tienen garantizadas los derechos irrenunciables que la Ley
Orgánica del Trabajo , su Reglamento, así como la cobertura que las leyes de
seguridad social otorgan a los trabajadores dependientes, por cuanto se rigen por
las Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, quedando en buena medida
violentado estos derechos equivalentes que deberían llegar a los trabajadores
asociados de las cooperativas.
73
Cuando la beneficiaria de una obra o servicio, que le es prestado a través de
un acto cooperativo simulado, se ve involucrada en un problema de responsabilidad
solidaria, frente a una eventual reclamación de los derechos laborales de los
trabajadores de la contratista, que es una aparente cooperativa con aparentes
trabajadores asociados, siendo lo cierto, que es una seudo cooperativa (sociedad
mercantil) y sus asociados terminan siendo realmente trabajadores, habiéndose
generado en este caso pasivos laborales, que no han sido honrados por la
contratista, sin la existencia de una garantía (fianza laboral), por fungir la contratista
como cooperativa y no regirse por la Ley Orgánica del Trabajo, por lo que
eventualmente, se va a ver afectada patrimonialmente y sin argumentos de defensa
frente al Estado para justificar que ha cumplido cabalmente frente a la contratista
sus obligaciones contractuales, ya que, nuestra Constitución prevé la
responsabilidad social en su artículo 2 y la solidaridad establecida en la Ley
Orgánica del Trabajo en sus 54,55,56 y 57, asimismo le da prioridad la Constitución
a la realidad de los hechos sobre las formas o apariencias en su artículo 89, lo que
traduce inexorablemente que la beneficiaria, ante el incumplimiento y muchas veces
la insolvencia de la contratista (seudo cooperativa), y la inexistencia de garantías,
se vea en la imperiosa necesidad de asumir, por su responsabilidad solidaria ante
los trabajadores y el Estado, los pagos de los pasivos laborales generados durante
la ejecución del contrato, que ya había honrado a la contratista, por encontrarse
inmersos en la estructura de costos que normalmente soportan el monto del costo
total del contrato.
Juega un papel importante en este asunto, la labor de la Superintendencia
Nacional de Cooperativas, como ente rector de la actividad cooperativa en nuestro
país, ya que, es el órgano competente para fiscalizar, auditar, controlar, regular y
sancionar a las cooperativas en su labor. Resulta cuesta arriba para las empresas
que contratan obras y servicios con cooperativas, realizar esta labor ante la
corresponsabilidad que le da la ley frente a los trabajadores, y la responsabilidad
social frente a la comunidad y al Estado. Debe el Estado asumir una posición más
enérgica con los responsables directos de este tipo de irregularidades, debido a que
esta situación atenta contra los objetivos fundamentales del Gobierno Nacional,
74
como lo es la democratización del empleo, un desarrollo endógeno sustentable, una
mejor redistribución de la riqueza. Existe hoy por hoy, cierto temor de contratar con
empresas cooperativas ante la incertidumbre de si éstas son o no realmente
cooperativas, siendo la tendencia actual, conformar los paneles de empresas
invitadas a licitar con sociedades mercantiles, para minimizar los riesgos.
Resulta impostergable para el Estado promover a la mayor brevedad, el
rescate de la ética y la moral como valores fundamentales en la conformación de
toda sociedad. Es evidente que sin la consolidación de estos elementos en el
interior del ser, no es posible lograr una sociedad llena de justicia social, por más
reformas, planificaciones, programas, leyes e intenciones que se tengan. El
cooperativismo es un nuevo modelo productivo, basado en una economía social,
donde el trabajo representa el más alto valor en la cadena productiva, que requiere
en nuestro país cambios culturales radicales, ya que, la mayor parte de la sociedad
venezolana nació, creció y se formó en un mundo netamente capitalista, por lo que
es responsabilidad del Estado crear conciencia cooperativa en la población, y
fomentar los valores del Socialismo del Siglo XXI que hoy promueve. Titánica labor
tiene el Gobierno Nacional frente a su pretensión de establecer un modelo socialista
en Venezuela, al tener no solo que dar a conocer a la población el modelo a
instaurar mediante el adoctrinamiento, sino también, crear en ella la convicción de
que representa la mejor opción y debe por ende adecuar su accionar con apego
irrestricto a los valores y principios que lo rigen. No resulta suficiente conocer de
cooperativismo para instaurarlo, es necesario adecuar nuestra conducta a sus
preceptos, para lo cual se requiere convicción.
3.- Cooperativismo como modelo de Desarrollo Económico Social.
¿Es el cooperativismo un nuevo modelo de desarrollo económico?
El desarrollo económico consiste en crear dentro de una economía, la
capacidad necesaria para hacer frente a los retos y oportunidades que pueden
presentarse en una situación de rápido cambio económico, tecnológico y social. No
se trata solo de un simple incremento de la actividad y productividad económica,
75
sino de transformaciones estructurales, el proceso implica profundas modificaciones
y las estructuras evolucionan hacia formas superiores.
Cuando se habla de cooperativismo y desarrollo, debe entenderse que lo
económico deja de ser lo primordial, aquí entra en juego otro tipo de desarrollo, el
desarrollo sustentable o duradero, que va más allá de lo económico e incluye el
crecimiento social y cultural, capaz de atender y resolver problemas críticos de la
sociedad como el desempleo, la inserción laboral, distribución equitativa de la
riqueza, pobreza, etc.
El modelo de desarrollo tradicional ha consistido en la aplicación del modelo de
desarrollo de concentración-difusión, que tiene su origen en desarrollo polarizado,
en el cual el desarrollo es liderado por las grandes empresas, de manera que
producen grandes desigualdades territoriales, al producirse un fuerte crecimiento
económico en las grandes ciudades donde están ubicadas, frente al
empobrecimiento de las zonas rurales. A fin de solventar esta situación surge la
teoría de la difusión que complementa el modelo de concentración-difusión, en el
sentido que el crecimiento producido en las grandes ciudades se difundirá
territorialmente. De tal manera que el desarrollo se extienda por todas las regiones
y sobre todo a las zonas rurales, este modelo también tuvo sus problemas, ya que
alteraba el funcionamiento de los mercados de trabajo, abandono del campo,
saturación de las ciudades. Nace entonces el modelo de desarrollo endógeno,
según el cual el crecimiento se lleva a cabo aprovechando el conjunto de recursos
humanos y naturales propios de una zona determinada, y que presenta las
siguientes características: 1.- El territorio es un agente de transformación social y no
simplemente un soporte físico del desarrollo. 2.- El desarrollo potencial de una zona
depende de sus propios recursos. 3.- Ofrece una perspectiva macroeconómica y de
producto. 4.- Relevante protagonismo y actuación del gobierno sobre todo local, sin
desestimar la participación del regional y nacional. 5.- Es necesaria la actuación del
sector público y los agentes privados a través de una interacción colectiva.
76
El desarrollo endógeno va a seguir teniendo en el futuro mayor aplicación,
además de ir consolidando una importante cuota de mercado en el ámbito de la
inserción social por el trabajo.
Las empresas de la economía social pueden dentro de su ámbito de actuación,
favorecer el desarrollo endógeno. Los procesos de desarrollo en la forma de
empresas cooperativas, asociaciones, juegan un papel importante en el desarrollo
local.
Las empresas de la economía social (entre ellas cooperativas) desempeñan un
papel institucional como factor de desarrollo endógeno, por su apego al territorio, su
carácter formativo empresarial y la especial implicación que exige de sus
trabajadores o clientes en la gestión de la empresa, lo que constituye una
herramienta útil para el fomento de las actividades empresariales eficientes y
rentables en zonas deprimidas.
La economía social, desde el punto de vista del desarrollo endógeno, se
puede definir como economía de valor de uso, la cual trata de cómo satisfacer las
necesidades de las personas y aprovechar los recursos humanos, de
conocimientos, culturales, sociales, materiales, económicos y ecológicos, para
aumentar o mantener la calidad de vida de los miembros de una comunidad
determinada.
La fuerza del cooperativismo como parte de la nueva economía social, reside
en las oportunidades que crea de movilizar a las personas en pro de objetivos
concretos y comunes, además el compromiso de las personas aparece como el
elemento principal en dicho proceso, bien porque buscan un puesto de trabajo,
porque están directamente implicados en el trabajo o en los ideales cooperativos o
porque tienen el convencimiento moral de la solidaridad.
Puede evidenciarse que el cooperativismo se sale del enfoque tradicional del
modelo de desarrollo económico que por décadas ha imperado en Venezuela,
adaptándose al modelo de desarrollo endógeno, que significa crecer de adentro
hacia fuera, de abajo hacia arriba, de lo local a lo nacional.
77
4.- Efectos nocivos producidos por el Cooperativismo en las relaciones laborales en
Venezuela.
Le tendencia histórica del cooperativismo con respecto a las relaciones
laborales en el mundo y por ende en Venezuela, ha sido, desde la consolidación del
Derecho del Trabajo con preeminencia sobre éste, la desregulación y
deslaborización del trabajo como derecho y como un hecho social, convirtiéndose
en anatema, imprecación de los derechos de los trabajadores, desnaturalizándose
la verdadera razón de ser de su génesis.
Resulta lamentable el rumbo que se le ha dado al cooperativismo en
Venezuela, por parte de muchos sectores productivos, cuando el Gobierno
Nacional, ha tenido por este medio, la intención de democratizar los medios de
producción, desarrollar el sentido de pertenencia de los trabajadores asociados,
mejorar la calidad de vida de la población.
Con el resurgimiento del cooperativismo en Venezuela, se produjo un éxodo de
las sociedades mercantiles a la modalidad de cooperativas, en principio por los
incentivos fiscales, seguidamente por las ventajas otorgadas en los procesos de
contratación que se llevan a cabo en los entes señalados en el artículo 2 de la Ley
de Licitaciones y, la posibilidad de evadir la aplicación de la Ley Orgánica del
Trabajo a las relaciones de trabajo que se llevan a cabo a través de cooperativas o
por intermediación de éstas.
El Derecho del Trabajo le ha tocado enfrentar flagelos que han atentado
contra su existencia y marco regulatorio, tales como: el arrendamiento de servicios,
empresas de trabajo temporal, trabajo a domicilio, tele trabajo, contratos
mercantiles, seudo cooperativas, entre otros.
La Organización Internacional del Trabajo, consciente de esta triste realidad,
ha procurado regular a través de las Conferencias y Convenciones realizadas, el
asunto in comento, tal como se evidencia de la Conferencia Internacional del
Trabajo, celebrada del 31 de mayo al 16 de junio de 2006, al manifestar:
78
1. Los Miembros deberían formular y aplicar una política nacional
encaminada a examinar a intervalos apropiados y, de ser necesario, a
clarificar y a adaptar el ámbito de aplicación de la legislación pertinente, a
fin de garantizar una protección efectiva a los trabajadores que ejercen su
actividad en el marco de una relación de trabajo. …… b) Luchar contra las
relaciones de trabajo encubiertas, en el contexto de, por ejemplo, otras
relaciones que puedan incluir el recurso a otras formas de acuerdos
contractuales que ocultan la verdadera situación jurídica, entendiéndose
que existe una relación de trabajo encubierta cuando un empleado como
si no lo fuese, de una manera que oculta su verdadera condición jurídica,
y que pueden producirse situaciones en las cuales los acuerdos
contractuales dan lugar a que los trabajadores se vean privados de la
protección a la que tienen derecho
En el año 2002 (OIT, 2002:4), La Organización Internacional del Trabajo se
percata de la problemática existente en las relaciones laborales, debido a la
utilización de las cooperativas para evadir la aplicación de la legislación laboral,
razón por la cual hace un llamado a los gobiernos a crear una política y un marco
jurídico para el sector cooperativo, que les permita: “ Velar porque no se puedan
utilizar cooperativas para evadir la legislación del trabajo, ni ello sirva para
establecer relaciones de trabajo encubiertas, y luchar contra las seudo
cooperativas, que violan los derechos de los trabajadores, velando porque la
legislación del trabajo se aplique en todas las empresas”.
En gran medida, el cooperativismo se ha convertido en un subterfugio para evitar la
regulación y aplicación de las normas protectoras de las relaciones de trabajo en Venezuela.
79
CONCLUSIONES
Hecho el análisis del objetivo general y los objetivos específicos que se fijaron
en el presente trabajo de investigación, se han visualizado una serie de
problemáticas sociales, devenidas del contenido del artículo 34 de la Ley Especial
de Asociaciones Cooperativas y la consecuente necesidad de reformularlo, a fin de
evitar se sigan violentando los derechos de los trabajadores asociados a las
cooperativas que prestan servicio a terceras personas a través de una relación
contractual entre la cooperativa y el beneficiario del servicio (tercero).
Se pudo constatar en el recorrido de la investigación que:
1. Los trabajadores asociados de las cooperativas que prestan sus servicios a
terceros en Venezuela, mediante una relación contractual establecida entre la
cooperativa y el tercero beneficiario, ven violentados sus derechos mínimos
garantizados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por
la misma Ley Orgánica del Trabajo, ya que, el contenido del artículo 34 de la Ley
Especial de Asociaciones Cooperativas es utilizado hoy, como instrumento de
desregulación de la relaciones laborales. No existe una clara delimitación sobre
la norma regulatoria aplicable a estas personas, encontrándose éstos en las
mayoría de las oportunidades, desamparados tanto ante la Ley Orgánica del
Trabajo, como ante la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas.
2. El cooperativismo al igual que otras figuras perfectamente legales, como el
arrendamiento, relaciones mercantiles, entre otras, han servido como
instrumentos de fraude a la Ley Orgánica del Trabajo y por ende a los derechos
de los trabajadores, convirtiéndose en un verdadero flagelo para el Derecho del
Trabajo, creando una crisis social extremadamente bien peligrosa para la paz en
Venezuela y en el mundo.
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3. Existen una serie de principios y valores, constitucionales y legales que regulan
y protegen el trabajo como un hecho social, que permiten darle una solución a la
problemática planteada, garantizando un mínimo de derechos a los trabajadores
asociados a las cooperativas, cuando éstos se encuentren prestando servicios
de mano de obra para un tercero a través de la cooperativa, sin que esto
signifique la perdida de la condición de asociado para convertirse en trabajador
dependiente de la cooperativa.
4. El cooperativismo en Venezuela renace a raíz un nuevo esquema socio-político-
económico, contenido en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela aprobada en 1999, y la puesta en marcha de un proceso
revolucionario que lleva a cabo el actual Gobierno Nacional a través de la
implementación del Socialismo en Venezuela, que procura entre otras cosas de
democratización de los medios de producción.
5. Los sectores productivos y los de servicios, públicos y privados en Venezuela,
han brindado apoyo a las nuevas políticas de Estado, apoyando la promoción y
desarrollo del cooperativismo, sin embargo les ha tocado degustar un sabor
amargo, al tener que responder en forma solidaria a las reclamaciones de los
trabajadores asociados a las cooperativas, cuando éstos de una u otra forma
han visto violentados o burlados sus derechos, sin instrumentos legales que los
amparen, viéndose en la mayoría de casos, en la necesidad de tomar acciones
anárquicas en contra de los beneficiarios del servicio para forzar una solución
inmediata al problema.
6. El cooperativismo representa una de las bases fundamentales en el proceso
socio-político-económico que lleva a cabo el actual Gobierno Nacional, en la
búsqueda de la democratización de los medios de producción y del empleo,
procurando implementar un modelo de desarrollo endógeno que le permita
combatir la pobreza y obtener un Estado de justicia social plena.
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7. El cooperativismo en Venezuela, paradójicamente se ha convertido en
instrumento de violación de los derechos de los trabajadores, aún cuando el
objeto de su génesis es precisamente defender el derecho de grupos afectados
por la violación de sus derechos. Es actualmente utilizado el cooperativismo
como escudo para solapar las relaciones laborales entre trabajadores y
empleadores, representando esto una grave amenaza a la paz social en el país.
El estudio realizado en la presente investigación, ha logrado avizorar una
problemática social que resulta prioritario atender, para evitar que siga creciendo
una inmensa bola de nieve que terminaría al final del camino en una crisis social
incontrolable, por lo que amerita en lo inmediato tomar acciones que le den un coto
a la problemática existente.
Debe el Estado a través de sus instituciones jurídicas, plantear alternativas
dirigidas a regular estas situaciones, procurando dejar la menor cantidad de
espacios abiertos que permitan desregularizar las relaciones laborales en
Venezuela.
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RECOMENDACIONES
El resultado de la investigación, hace necesario hacer algunas
recomendaciones dirigidas especialmente dirigidas a la desarticulación de la
problemática que aqueja a los trabajadores asociados de las cooperativas, que
prestan servicios a terceros a través de un contrato de servicio (suministro de mano
de obra) entre la cooperativa y el tercero beneficiario, quienes bajo la figura del
cooperativismo han visto violentados sus derechos por el nacimiento de una nueva
realidad no regulada por el Derecho del Trabajo, ni por el Derecho Cooperativo.
El Estado venezolano ha venido incorporando en los diferentes regímenes
sociales de protección de los derechos de los trabajadores, a los trabajadores
asociados a las cooperativas, tal como se evidencia de la Ley Orgánica Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, Ley del Régimen Prestacional de
Empleo, sin embargo, queda mucho camino por andar en este asunto, debido a
que aún se mantiene la tendencia a desregulizar las relaciones laborales por
intermedio de las cooperativas.
Sin considerar como única alternativa al problema existente, la investigación
realizada por esta autoría se permite recomendar la reforma del artículo 34 de la
Ley Especial de Asociaciones Cooperativas en los siguientes términos:
Artículo 34. El régimen de trabajo, sus normas disciplinarias, las formas de
organización, de previsión, protección social, regímenes especiales, de
anticipos societarios y de compensaciones, serán establecidos en el estatuto,
reglamentos, normas y procesos de evaluación, de conformidad con las
disposiciones de la Constitución, esta Ley, y de otras leyes que se refieran a la
relación específica del trabajo asociado, en razón de que se originan en el
acuerdo cooperativo.
Los asociados que aportan su trabajo en las cooperativas no tienen vínculo de
dependencia con la cooperativa y los anticipos societarios no tienen condición
83
de salario. En consecuencia no estarán sujetos a la legislación laboral
aplicable a los trabajadores dependientes y las diferencias que surjan, se
someterán a los procedimientos previstos en esta Ley y en otras leyes que
consideren la relación de trabajo asociado.
Parágrafo Único: Cuando los trabajadores asociados a cooperativas presten
sus servicios a un tercero, y en dicha prestación se encuentren presentes los
elementos fundamentales que configuran la relación de trabajo dependiente
regulado por la Ley Orgánica del Trabajo, dicha cooperativa deberá
garantizarles a sus trabajadores asociados, mientras dure la prestación del
servicio, el mínimo de derechos aplicables a todo trabajador dependiente, sin
que ello signifique la pérdida de su condición de asociados para con la
cooperativa, siendo en este caso el tercero beneficiario del servicio
solidariamente responsable de los derechos correspondientes a los
trabajadores asociados respecto del trabajo ejecutado.
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