SEGUNDA PARTE La dimensión del municipiozonas central y oriental, tan violentas en los años 40 y...

SEGUNDA PARTE

La dimensión del municipio

Criterios de clasificación y

agrupación de municipios según

rangos de violencia Carlos Miguel Ortiz

Si hasta aquí hemos trabajado series estadísticas de cifras y tasas departamentales, no ha sido porque consideremos que ia unidad básica para estudiar la violencia, o cualquier otra problemática social, sea el departamento sino poroue en nuestro afán de vislumbrar algunas tendencias globales del homicidio y del secuestro desde fines de la clásica Violencia hasta ahora, no pudimos hacerlo más que con la información disponible y ésta, en cualquiera de los casos, no se conserva más que en datos agregados por departamentos. No obstante, estamos convencidos de que el análisis exige adoptar como laboratorio de reflexión el municipio, y que las agrupaciones de municipios que ese análisis suscite, seguramente rebasarán los límites departamentales.

El material más elemental de estudio en los municipios será el constituido por las estadísticas de defunción del Dañe desde 1980 hasta 1995, concretamente en la penúltima de las 56 causas de muerte que esa entidad ha clasificado, a saber el homicidio, cualquiera que sea su modalidad e incluyendo no sólo los homicidios culpables sino, a nuestro pesar, los homicidios culposos; inclusión que desvirtúa un poco nuestro propósito investigativo aunque, de todas maneras, los culposos en Colombia mantienen todavía proporciones bastante pequeñas dentro del conjunto de las muertes violentas. Una vez más, estamos limitados por las fuentes disponibles, pues a nivel municipal carecemos de otra alternativa, ya que el Dañe es una fuente con limitaciones en su recolección y en su sistematización, como la Policía Nacional,

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Seguida paite

cuyas cifras nacionales y departamentales utilizamos en la Primera Parte.

En su libro recientemente publicado1 Camilo Echandía y Rodolfo Escobedo recurrieron a esa fuente. Con base en ella calcularon las tasas por 100.000 habitantes de 1988 a 1991 y establecieron, con relación a la tasa promedio nacional del jjeríodo, dos rangos dc municipios: los que la superaron en más del triple y los cjue la sujjeraron en el doble o más pero en menos del triple. Esta clasificación resulta útil, sobre todo jjuesta en relación con otros aspectos de la violencia distintos del homicidio común. Rodrigo Losada y Eduardo Vélez, por su parte,2 habían trabajado la misma fuente para cl jjeríodo 1979-1986, y establecieron también dos rangos de municipios violentos —aunque construidos de manera diferente—, así como dos rangos de municipios pacíficos: municipios extremadamente violentos, bastante violentos, altamente pacíficos y bastante pacíficos.

Como jjlanteamos en la Introducción, conviene diferenciar el homicidio en general (buena parte de cuyas cifras están constituidas jjor homicidios generados por agresión, venganza, ajuste, etc., en los en-frentamientos simplemente interindividuales) y las muertes violentas utilizadas por organizaciones de diverso tipo, como recurso para el logro de sus objetivos. Por esta razón nos parece útil el estudio que, en el capítulo II, numeral 4 de su texto, Echandía y Escobedo adelantan sobre las cifras de aquello que, siguiendo su fuente de consulta —el DAS—, llaman asesinatos? que no es otra cosa que las muertes violentas provenientes de actores organizados.

1 Camilo ECHANDÍA, Rodolfo ESCOBEDO, Enrique QUERUZ, Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales, Bogotá, Fonade y Universidad Externado, 1997. 2 Rodrigo LOSADA y Eduardo VÉLEZ, Muertes violentas en Colombia 1979-1986, Bogotá, Instituto SER, 1988. "Tendencias de muertes violentas en Colombia". En: Rev. Coyuntura Social, NB 1, Bogotá, diciembre de 1989.

Es necesario advertir que esta denominación de asesinato acuñada por el DAS y retomada en el trabajo de Camilo Echandía y Rodolfo Escobedo no corresponde a la categoría jurídica con la cual se configura un tipo de delito que se distingue del homicidio común por la presencia dc unas características subjetivas del acto, como son la premeditación y la alevosía, que sólo pueden ser establecidas después de un proceso de juzgamiento y no simplemente por el sujeto o la entidad que registra el hecho, como el DAS, el Dañe o la Policía Nacional. Lejos de ello, la denominación es forjada por el DAS —como lo sugieren Echandía y Escobedo— para indicar el ca-

(continúa en la página siguiente)

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Recordemos también, de nuestra Introducción, que entre los actores organizados que se sirven de la muerte violenta como recurso, hemos reconocido una singular importancia al actor organizado que persigue, en últimas, fines políticos: sea en contra del gobierno, régimen, sistema político o establecimiento, sea a favor de un supuesto orden sustentado obsesivamente en las tradiciones, sea en disputa por territorios o controles regionales o locales.

En estos capítulos rastrearemos ese actor a nivel municipal. A semejanza de lo que hicimos en la Primera Parte para los departamentos, pondremos en relación, esta vez en los municipios, las variaciones del homicidio en general —es decir del homicidio no discriminado—, con las muertes ocasionadas por actores políticos violentos (grupos guerrilleros, jjaramilitares y autodefensas y funcionarios del Estado). Lo haremos con la misma discrecionalidad con que io hicimos en ia Primera Parte: no hablaremos de violencia política pura y simplemente, sino de «violencia registrada como política», bajo el criterio y el sesgo de la re-vista Justicia y Paz; pese a todo, la revista fue la única fuente disponible en este campo para hacer un seguimiento por municipios que cubriera al menos una parte de nuestro período de estudio, entre 1988 y 1996.

Hemos estado muy atentos a los dos sistemas aludidos de clasificación de municipios violentos y pacíficos, que corresponden, por lo demás, a dos períodos diferentes; hemos projjuesto un listado resultante de cruzarlos entre sí y con nuestros propios criterios. Éstos consistieron básicamente en examinar cuidadosamente en cada uno de los municipios existentes en el momento de nuestra clasificación (1995), apoyados en las bases de datos disponibles, en las monografías sobre varios de ellos y en otra suerte de recursos cualitativos, cinco factores básicos a los cuales otorgamos diferente peso ponderado, en el siguiente orden descendente:

1) La cuna municipal de la tasa de homicidios entre 1980 y 1993, sus topes máximos y su relación con la tasa nacional.

i ácter organizado del actor o actores de la muerte violenta, trátese de una organización armada de objetivo último político (guerrilla, paramilitares) o de naturaleza eminentemente económica (narcotraficantes). Por momentos parece que la denominación apunta también al carácter público de la víctima, con lo cual se genera cierta ambivalencia en el uso del término. De todos modos, es útil esta discriminación con respecto al resto de los homicidios, siempre y cuando se tengan muy presentes los límites y riesgos de su empleo.

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Seginda parte

2) Los indicadores de presencia y acción de las varias organizaciones guerrilleras entre 1987 y 1993, especialmente la frecuencia del homicidio político (bajo el rubro asesinato) y del secuestro.

3) Los indicadores de presencia y acción de las autodefensas y grupos para-militares, especialmente la frecuencia del homicidio político (bajo el rubro asesinato).

4) La frecuencia de violaciones de derechos humanos por [jarte de funcionarios del Estado.

5) Con un peso ponderado inferior, la existencia de tierras del narcotráfico.

Como resultado de esta combinación de criterios, configuramos las siguientes categorías de municipios:4

CATEGORÍAS DE MUNICIPIOS

Municipios muy violentos

Municipios relativamente violentos

Municipios muy pacíficos

Municipios relativamente pacíficos

Otros municipios con presencia de actores organizados de violencia

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AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS VIOLENTOS POR

CONTIGÜIDAD GEOGRÁFICA

La manera más fácil de agrupar los municijjios escogidos según su relación positiva o negativa con la violencia, es agrujjarlos por departamentos. Bajo este criterio, los departamentos con municijjios muy violentos son, en su orden: Antioquia (7), Boyacá (3), Arauca, Casanare y Meta (2 cada uno), Caquetá y Cauca (1 cada uno).

Los dejjartamentos con municipios relativamente violentos son: Antioquia (11), Meta (6), Santander (5), Boyacá (5); Valle, Casanare, Cundinamarca, Cauca (3 cada uno); Arauca, Caquetá, Córdoba, Cho-

4 Ver el cuadro 1 titulado Clasificación de municipios según rangos de violencia y sus 5 categorías. P. 253.

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có, Bolívar y Caldas (2 cada uno); Cesar, Huila, Norte de Santander, Risaralda y Putumayo (1 cada uno).

En el otro lado de la clasificación, los departamentos con municipios muy pacíficos son, en orden: Boyacá (14), Bolívar (4); Chocó y Santander (3); Atlántico y Nariño (2); Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Magdalena y Meta (1).

Finalmente, los departamentos con municipios relativamente pacíficos: una vez más Boyacá (21), Atlántico (10), Cundinamarca (9), Nariño y Bolívar (8), Magdalena (7), Santander (6), Chocó (2); Casanare, Cauca, Córdoba, Norte de Santander, Sucre y Tolima solamente con 1 municipio relativamente pacífico.

La agrupación por departamentos puede revelar condiciones interesantes, cuando los departamentos son relativamente homogéneos en cuanto a poblamiento, composición etnocultural, tipo de economía, presencia o ausencia de actores organizados de violencia, como el departamento del Atlántico o el del Quindío.

Pero en la mayor parte de los casos, la heterogeneidad interna de los departamentos es grande y se corre el riesgo de efectuar simplificaciones que confunden, más que exjjlican. Por ejemplo, Boyacá aparece simultáneamente cn las cuatro categorías municipales que definimos, pero es porque posee zonas diferentes de muy distinto comportamiento social frente a la muerte violenta. En efecto, la zona occidental, hasta hace un par de años, fue escenario de una larga cadena de vendettas surgidas de la economía de las esmeraldas; en cambio las zonas central y oriental, tan violentas en los años 40 y 50, hoy albergan gran parte de los municijjios muy pacíficos y relativamente pacíficos de nuestra clasificación. Antioquia, a diferencia de Boyacá, no posee ninguna zona de municipios muy pacíficos ni relativamente pacíficos, pero entre sus municipios destacados como muy violentos o relativamente violentos, existen modalidades muy diferentes. Así, la violencia de Medellín es de naturaleza bien distinta a la de Turbo y Apartado; una y otra, a su vez, son distintas de la violencia en el nordeste o en el Bajo Cauca.

Hicimos entonces el ejercicio de tomar en cada departamento las listas, primero de los municipios muy violentos y relativamente violentos, y confrontarlas con los elencos de municipios que integran las diversas subregiones inlradepartamentales bajo un criterio histórico-social, suficientemente sustentado en obras ya conocidas de historiadores y de otros científicos sociales. El resultado fue que en esas dos categorías de violencia, casi todos los municipios reseñados hacen parte de unas

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Segunda parte

pocas y determinadas regiones, bastante bien delimitadas. Fueron pocos los municijjios sueltos o que sólo en números muv bajos de dos o tres, hacen jjarte de una subregión.

En cambio, en las categorías de muy pacíficos y de relativamente pacíficos, así como en las restantes categorías intermedias, la pertenencia de los municipios a una subregión específica es menos frecuente; es decir que dichos municijjios se hallan más dispersos. Puede suceder también que las subregiones homogéneamente violentas estén mejor definidas y demarcadas, justamente por el interés investigativo que suscita el que sean violentas.

De todos modos, entre los dos rangos de pacíficos, llaman la atención los casos de los departamentos de Atlántico y Boyacá: el primero, porque casi la totalidad de municipios del departamento, en nuestra clasificación, se rejjarten en alguno de los dos rangos,5 excluyendo, naturalmente, a Barranquilla; ello es coherente con la caracterización de la curva de homicidios del Atlántico que hicimos en el Capítulo II de la Primera Parte (curvas departamentales). El segundo, Boyacá, porque, si bien su área occidental, con las dos subregiones diferenciadas de Magdalena Medio y Río Minero o zona esmeraldífera, es intensamente violenta, las zonas restantes, central y oriental, se caracterizarían por agrupar municipios muy pacíficos o relativamente pacíficos en mayor cantidad cjue cualquier otro dejjartamento, pese a cjue esos mismos municipios fueron intensamente violentos en los años 1930 y finales del decenio de 1940.

También en el departamento de Bolívar se contabiliza un buen número de municipios entre muy pacíficos y relativamente pacíficos (12), y posee, como Boyacá, su zona álgida, cjue son los seis municipios del sur (Achí, Morales, Santa Rosa del Sur, San Pablo, Cantagallo y Simití), (ICJS de ellos (Morales y Simití) destacados en nuestra clasificación dentro del rango de relativamente violentos; ahora bien, esta zona sur de Bolívar jjrescnta muchos rasgos en común con una subregión bien diferenciada nacionalmente, a saber el Magdalena Medio, que cobija varios dejjartamentos.

7 Sobre los municipios del Atlántico, no coincidimos con la clasificación del trabajo de Camilo Echandía, Rodolfo Escobedo y Enrique Queruz, Op. cit., en la medida en que estos autores consideran los conflictos de tierras como un indicador suficiente [jara clasificarlos como violentos, aúneme los conflictos se den con ausencia de homicidio generalizado. En nuestra combinación de los cinco factores, la tasa de homicidio es el factor al cual asignamos el mayor peso ponderado.

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Como vemos, las subregiones traspasan algunas veces los límites departamentales. Reiteramos que al hablar de subregiones no nos referimos a grupos municipales armados convencionalmente por nosotros bajo criterios exclusivos de indicadores de violencia, sino a subregiones histórico-sociales, estudiadas por sociólogos, historiadores u otros científicos sociales, cuyos municipios coinciden, en proporción significativa, con los de nuestras dos categorías de violentos.

Las subregiones que contienen la mayor parte de los municipios muy violentos y relativamente violentos, de nuestros listados, son las siguientes:

Urabá

En el sentido amplio, abarca el Urabá antioqueño propiamente dicho y el Darién chocoano. La región está compuesta por 14 municipios: 11 de Antioquia y 3 del norte del Chocó,6 de los cuales integra nuestra lista de muy violentos y relativamente violentos una proporción importante, *"» c o n o * " ' o - n A n l - i n n n n \~\ t r o n I * Vi *-»*-• *-\ I M i n*-vi i n n o n l o v o r v í í~\r\ l i o z ^ o m v_ ci 3 <X U d • u n i n i L i ^ v u u i a *J y c u O l I U L U JL. r n i i i t i u i K . J 1 , c n ICÍ I v - t i i w i i , l l a C C I J C I I -

te de nuestras listas de muy pacíficos ni de relativamente pacíficos. Las zonas occidental y noroccidental de Córdoba (5 municipios,)' podrían asimilarse en muchos aspectos a esta subregión del Urabá; con ella mantienen el mayor volumen de su comercio y han compartido actores organizados de violencia, tanto de guerrilla como de paramilitares.

Magda lena Medio

Integrado por La Dorada (Caldas), Puerto Salgar (Cundinamarca), Puerto Boyacá (Boyacá), Cimitarra, Puerto Parra, Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Sabana de Torres, El Playón y Puerto "Wilches, en Santander; Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Puerto Nare, San Luis, San Francisco y Yondó en Antioquia; San Al-

' Antioquia: Apartado, Arboletes, Garepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo, Vigía del Fuerte. Chocó: Acandí, Unguía y Riosucio.

' Valencia y Tierralta en el occidente; Canalete, Los Córdobas y Puerto Escondido, en la costa noroccidental del departamento. Los dos primeros han sido territorio de guerrilla y paramilitares simultáneamente; los tres últimos, de paramilitares e inversiones de narcotraficantes.

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berto en el Cesar. Podrían ser más si se agregan los municijjios del sur de Bolívar, especialmente San Pablo y Simití. De esos 18 municipios, 8 hacen parte de nuestras listas, bien de municijjios relativamente violentos, o de muy violentos; ninguno hace parte de las dos categorías de pacíficos; y los que no clasifican como violentos, de lodos modos son bien conocidos por la presencia, o de guerrillas o de paramilitares o de las dos actores juntamente, como son Puerto Boyacá, Puerto Nare, La Dorada, Puerto Salgar, Cimitarra, Puerto Parra, Yondó.

Sur de Bol ívar

Esta subregión está formada por los 6 municipios ya nombrados8; puede asimilársele al Magdalena Medio (especialmente Simití y San Pablo) o al nordeste antioqueño y Bajo Cauca, zonas con las cuales limita.

Bajo Cauca a n t i o q u e ñ o

Esta subregión está compuesta por 6 municijjios,9 de los cuales 3 se hallan en nuestras listas: 2 muy violentos y 1 relativamente violento.

Nordes t e a n t i o q u e ñ o

Contiene 7 municipios,1" de los cuales 3 son muy violentos y 1 relativamente violento, ninguno pacífico.

Risara lda y n o r t e de l Valle

Esta región interdejjartamental está comjjuesta por: Cartago, Trujillo, Toro, El Dovio, Versalles, Bolívar, Riofrío, La Unión, El Cairo, El Águila, en el Valle; Pereira, Marsella, La Celia, Balboa, La Virginia, en Risaralda. De éstos, Cartago, El Dovio, Trujillo y Marsella son relativamente violentos.

8 Achí, Morales, San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa del Sur, Simití.

Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Taraza y Zaragoza. 10 Amalfi, Anorí, Angostura, Campamento, Remedios, Segovia, Vegachí.

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Río Minero y Río Negro

Esta región interdepartamental está integrada por los 11 municipios de la zona esmeraldífera de Boyacá, de los cuales 7 figuran en nuestras listas de muy violentos o relativamente violentos; se prolongaría en 13 municipios de Cundinamarca, dos de los cuales se hallan en la categoría de relativamente violentos, ninguno en las categorías de pacíficos y varios se conocen por la presencia de actores de violencia como guerrillas y, especialmente, grupos paramilitares."

Ariar i

Esta región del departamento del Meta, contiene 5 municipios,12 de los cuales 3 se hallan en nuestras listas: 2 muy violentos y 1 relativamente violento.

Región del Caguán

Debido a la extensión de los municipios del Caquetá, esta región se reduce prácticamente a dos jurisdicciones: San Vicente del Caguán y Cartagena del Chaira, ambos municipios conocidos por la relación entre guerrilla y colonización13; el segundo de ellos está incluido en nuestra clasificación como relativamente violento.

P i e d e m o n t e c a s a n a r e ñ o

De los 10 municipios que lo conforman,14 tres se hallan en las dos categorías de violentos y ninguno en las de pacíficos.

Los municipios de Boyacá son: Briceño, Buenavista, Caldas, Coper, La Victoria, Maripí, Muzo, Otanche, Quípama, Pauna, San Pablo de Borbur. Los de Cundinamarca son: Pacho, Yacopí, Caparrapí, Topaipí, La Palma, El Peñón, La Peña, Palme, Villagómez, Nimaima, Carupa, Vergara, San Cayetano. El único de los municipios violentos de Boyacá que no está localizado dentro de la zona esmeraldífera del río Minero, es Páez, cuyas características lo acercan a otra de las agrupaciones regionales que hemos diferenciado, a saber el Piedemonte Casanareño. 12 Granada, Fuente de Oro, El Castillo, San Juan de Arama, Mesetas.

' Véase Fernando Cubides, Jaime Eduardo Jaramillo y Leónidas Mora, Colonización, coca y guerrilla, Bogotá, Universidad Nacional, 1986.

4 Aguazul, La Salina, Monterrey, Nunchía, Recetor, Sabanalarga, Sácama, Támara, Tauramena y Yopal.

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Existen otros municipios que presentan contigüidad geográfica entre sí, aunque tal contigüidad no ha sido aún objeto de estudios que la interpreten como de pertenencia a una región histórico-socia! diferenciada; tal es el caso de los municijjios antioqueños de Jardín y Salgar, relativamente violentos, localizados ambos en el occidente del departamento. Angelójjolis constituye, en cambio, un caso más bien aislado, como quiera que está localizado en medio de municipios de JJOCO homicidio (aunque no en la categoría de pacíficos), como son Armenia, Titiribí y Venecia.

En los cajjítulos que siguen nos aproximaremos a varias de las subregiones enumeradas y a los tres núcleos urbanos más importantes del jjaís, jjara tratar de descifrar en sus procesos regionales, comarcales o urbanos de construcción social, eventuales claves de producción de sus violencias.

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Urabá Carlos Miguel Ortiz

La subregión interfronteriza conocida con este nombre, que en realidad cobija dos subregiones, a saber el Urabá antioqueño y el Darién chocoano, es producto de una migración masiva bastante reciente, de escasos 40 años. Los hechos preliminares de esa migración fueron la puesta en funcionamiento de la carretera Medellín-Turbo y la inicia-r -M^ t f i r\^=>\ s^-i-i lf i^rs~\ __f* r í d n c i n f í f \ o r * r i í i v n A r t o r *^f* f i n n c r \ a n r A n i P t i r m c /"/"*_ •^.w^j i i u v , i \_ L4.J. L I V C i_i\„ U c L l I U I I V J 1 y j íX í ex V , A U U I t a i ? v- j . i Í . I I I \ ^ U ¡ J \_*.v, p i * _ / 1 - * * ^ __*._ I V J v,v^

lombianos, pero con préstamos, infraestructura y comercialización, en sus inicios, de la multinacional Frutera de Sevilla.

Sin embargo los primeros procesos de colonización remontan a mucho antes: cartageneros, sabaneros bolivarenses y sinuanos, chocoanos, habían sido colonizadores a comienzos de siglo, roturando tierras tras los pasos de las compañías extranjeras madereras y comercia-lizadoras de tagua y de raicilla; a la sombra de este comercio se fundaron muchos caseríos, que hoy persisten, sumados a los caóticas agrupaciones urbanas que, desde los años 60, crecieron desorbitadamente en el eje de atracción bananero.

Aunque el banano sigue siendo el sector más dinámico de la economía legal de la subregión, ocupa apenas 28.000 hectáreas1 de L052.500 que suman los once municipios del Urabá antioqueño, de los cuales sólo son bananeros Apartado, Garepa, el área norte de Chi-gorodó y la zona intermedia de Turbo.

Grandes haciendas ganaderas (de ganadería extensiva) predominan en el sur de Chigorodó, en el extremo norte de Turbo, en Arboletes y

Esa extensión es la correspondiente a los 299 predios bananeros, que, desde el punto de vista de la propiedad, se aglutinan por grupos empresariales.

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Segunda parte

en los dos extensos municipios del Darién chocoano, a saber Unguía y Acandí; cn Necoclí y San Pedro de Urabá, en cambio, la ganadería aún se halla sustentada en fincas medianas. En total son cerca dc 300.000 hectáreas ocujjadas con ganadería extensiva en el conjunto de los once municipios, y 100.000 hectáreas ocujjadas en agricultura que, además del banano en los municijjios más dinámicos y jjopulosos, comprende la economía campesina típica dc la colonización, en Mutatá y en San Pedro de Urabá, y las chagras ribereñas de los olvidados y carentes municipios de ancestros cimarrones, Murindó y Vigía del Fuerte.

El jjroeeso de concentración ha sido muy notorio, tanto en el área de las grandes haciendas ganaderas como en el corredor bananero cjue se extiende en dirección occidental, de la carretera hasta el mar; en el banano se mantiene en general la finca de 100 a 150 hectáreas como unidad de producción, jjero la concentración opera sobre la apropiación de varias fincas por jjarte de los grujjos empresariales.

Ahora bien, la concentración ganadera, al igual que la bananera, es el resultado de procesos que se iniciaron a comienzos de los años 60. De las 50 mayores fincas bananeras de Turbo, 31 provienen de baldíos titulados sólo en el primer quinquenio de los 60, pese a que la municipalidad data de 1847; en la actual jurisdicción de Apartado, la titulación de baldíos que darían lugar a 26 de las 35 mayores fincas, es de la misma época, cuando, además, apenas si existía Ajjartadó como caserío.

En la zona hoy ganadera, las titulaciones son un poco más viejas aunque no se remontan más allá de los años 1950 en Arboletes y 1940 en Necoclí. Actualmente continúa el proceso, y estamos asistiendo paralelamente a una acentuada concentración, dc la cual, en los años 1980 y 90, han sido beneficiarios cajjitales debidos al tráfico de cocaína. En Arboletes una sola firma, cuyos principales socios son confesos narcotraficantes cjue se acogieron a la política de sometimiento, compró 48 grandes haciendas entre 1981 y 1989,2 simultáneamente con otras muchas compras en Acandí (Chocó) y en el Bajo Cauca antioqueño, mientras otros socios de la misma organización o grupo de Medellín comjjraban en el Magdalena Medio.

" Consulta de los libros de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo, dentro del proyecto de investigación de Carlos Miguel Ortiz, "Urabá: tras las huellas de los inmigrantes (1955-1990)", con la asistencia de John Jaime Correa.

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En la concentración del banano, en cambio, no es por lo menos auscultable la inversión de los traficantes de cocaína. Han sido grupos empresariales de Medellín y Bogotá principalmente los que han ido comprando paquetes de fincas, más algunos grupos endógenos cuyas fortunas iniciales dicen que provienen del contrabando de Turbo y del negocio de la marihuana en los años en que éste pelechó en Urabá, que fueron los últimos de la década de los 70.

En general la extracción andina de estos accionistas bananeros, trátese de los refinados hombres de negocios antioqueños y bogotanos o de los nuevos ricos raizales, contrasta con la pluralidad étnica de los colonizadores que se sucedieron a lo largo del siglo, que —como hemos dicho— eran costeños, bolivarenses, sinuanos, chocoanos, y andinos sólo desde fines de los 50. Esta pluralidad étnica sin integrar, que no se refleja en la concentración como sí en la diversidad cultural de los colonos e incluso de los obreros bananeros de los últimos cuarenta años, puede ser un factor de fragmentación y atomización sobre las cuales podría descansar una parte de la violencia.3

M/ - * m i p r p m n e p m n p r n r \ f * r , w m i P \ r \ c n p r n r v c f*r\ \ r \ c Q l l p 11113.1 I T l d l t C

se exterioriza la violencia tengan una naturaleza claramente interracial; más bien la fragmentación como imposibilidad de una identidad social construida pluriétnicamente y políticamente diversificada, va a culminar en dos direcciones de la violencia: a) una, que lleva a la proliferación del homicidio de múltiples y banales móviles, en lo que baten récord algunos municipios de la subregión desde el comienzo de su existencia (Apartado, Chigorodó, Turbo); b) otra, que favorece el fortalecimiento de los actores organizados de violencia (guerrilla, fuerzas regulares, paramilitares) sobre el fondo de miedo y de ausencia de identidad.

En efecto, en medio de un conglomerado de gentes de diversos orígenes, con mucho de espíritu osado y aventurero, conglomerado amorfo, donde la justicia privada imperaba por absoluta ausencia de la estatal, en un Apartado con muchos empleos que ofrecer, sin institu-

' El citado trabajo "Urabá: tras las huellas de los inmigrantes (1955-1990)" abunda en citas de documentos que reflejan bastante violencia interétnica, al menos verbal; los alcaldes interioranos enviados por Medellín para gobernar localidades urabaenses de mayoría negra o sinuana, a veces llegan a utilizar apelativos de animales, bestias, etc., para referirse a los gobernados, que no ven como pertenecientes a lo que ellos consideran su raza (raza mestiza, con pretensiones de blanca).

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dones a las cuales acudir, con muchos homicidios de fin de semana, prostíbulos a granel y 4.000 prostitutas en vez de médicos, maestros, jueces, autoridad... irrumpe la guerrilla de los años 60. Más politizada que la de ahora, con más credibilidad, realizando en los lugares apartados como ése un trabajo jjarlidista de politización, que hace difícil distinguir, en las veredas y cn los caseríos, guerrilleros de comunistas, elemento utilizado por el Ejército cuando se le envía a defender las fincas bananeras, en donde la politización del Ejército cn la guerra Este-Oeste ayuda a convertir inevitablemente los enfrentamientos locales en batallas de una guerra planetaria y a aumentar su parcialidad.

La guerrilla de los años 60 y 70, en esos territorios lejanos, llega ofreciendo funciones propias de la acción estatal: hacer justicia a su modo, prevenir delitos como el abigeato, tan frecuente, el consumo de droga, etc., castigar infractores, muchas veces con la aplicación unilateral y cruel de la pena de muerte; reducir homicidios del ámbito privado, aunque aumenten los perpetrados por sus propios requerimientos de jjermanencia y desarrollo.

No se crea que sólo los colonos jjobres apoyan la jjresencia guerrillera; no pocos hacendados, ante la proliferación del delito y la inseguridad, y la lejanía e ineficacia de las instancias estatales, deciden colaborar financieramente con cuotas periódicas o circunstanciales, a cambio de su seguridad; los guerrilleros, de su parte, se detienen cada vez menos a examinar éticamente la proveniencia de las contribuciones a la luz de criterios políticos, y cada vez más (sobre todo en los años 80 y 90) van poniendo el criterio económico por encima de todo, hasta resultar jjrotegiendo sin reato poderosos hacendados que les garanticen ingresos de consideración.

El Ejército y la Policía parecen sometidos a la misma lógica y se mueven, más que instilucionalmente, de manera coyuntural hacia donde la jjresión de los políticos de Medellín o Bogotá los lleve en defensa de intereses jjarticulares, principalmente de los bananeros; se conoció inclusive una especie de vacuna del Ejército, en el sentido literal de cuotas periódicas pagadas por los empresarios por vía personal, al margen de los impuestos.

Tal privatización de la función pública de los cuerpos armados, y del quehacer de los funcionarios oficiales, lleva a la corrupción, aumentada con el agigantamiento de los poderes privados acarreado por el narcotráfico, especialmente en Turbo, Arboletes y puertos de embarque de droga; lleva también a la complicidad hacia grupos armados

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irregulares, francamente ajenos a la institucionalidad: los grupos paramilitares, y a la infracción oronda de las normas constitucionales y legales por parte de los agentes del Estado, que —en la misma lógica de la privatización— se consideran ruedas sueltas hasta para delinquir (se conocieron casos de policías que en las noches, vestidos de civil, realizaban atracos a sucursales bancarias en pueblos vecinos).

Hasta hace unos años era frecuente la mentalidad, no sólo en los soldados rasos sino en la oficialidad, de que en guerra (y era la guerra sucia) todo está permitido para lograr el éxito; principio que chocaba con el incómodo y entorpecedor síndrome de Procuraduría, como la oficialidad bautizó el efecto inhibitorio de la vigilancia del Ministerio Público sobre los derechos humanos durante las tareas encomendadas al personal militar. Urabá es una de las zonas con más denuncias sobre violación de derechos humanos por agentes uniformados, según fuentes de la Procuraduría; Apartado y Arboletes son los que presentan, en distintos años, las cifras más altas de violaciones.

En esa lógica de rebatiña de poderes en la cual las fuerzas regulares quedan aprehendidas, los conflictos laborales de las empresas bananeras, inherentes a la relación capital-trabajo en cualquier país del planeta, a fortiori en los del Tercer Mundo, resultan violentizados, es decir traducidos en homicidios, y esto en dos modalidades: en la modalidad del homicidio perpetrado contra dirigentes y activistas, que el trabajo de Echandía, Escobedo, Queruz, con fuentes del DAS, registra como asesinatos, o sea violencia de actores organizados,4 y en la modalidad

Los cuatro municipios bananeros de Urabá, a saber Apartado, Turbo, Garepa y Chigorodó, hacen parte de los municipios de mayor violencia por asesinatos, en primer rango tanto en el período 1987-1989 como en el de 1990-1992, en la clasificación de Echandía-Escobedo-Queruz; simultáneamente, la proliferación de homicidios no selectivos los hace figurar en nuestras listas de violentos: Apartado, Turbo y Chigorodó, en nuestra categoría de muy violentos, Garepa en la de relativamente violentos. Apartado y Chigorodó, junto con Taraza y Segovia en Antioquia, Muzo en Boyacá y Valle del Guamuez en Putumayo, constituyen los 6 municipios de más elevada tasa de homicidios en todo el país, con índices que superan en mucho no sólo las tasas nacionales, sino las tasas de los departamentos con más homicidios (Ver Gráficas 20, 21, 22, 23 y 24, p, 304 a p. 308), No siempre coinciden, como en los municipios bananeros, altos rangos por asesinato con altos rangos por homicidio. Por ejemplo, los municijjios antioqueños de Carolina, Gómez Plata, Don Matías, hacen parte ciel mapa de asesinatos de 1990 a 1992, pero, aunque registran sus homicidios, no sobresalen bajo este criterio ni como muy violentos ni como relativamente violentos. Casos como los de marras parecen explicarse por el advenimiento reciente del narcotráfico a localidades cuya historia no ha sido antes


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Seguida parte

del homicidio anónimo, que se ensaña contra administradores de las fincas, capataces y jornaleros rasos. Ambas modalidades dc homicidio jjroliferan cn los mayores núcleos dc población bananera: Apartado, Turbo, Garepa, Chigorodó y el corregimiento dc Currulao (Turbo). El llamado aquí homicidio anónimo (la segunda modalidad) hace parte, aunque no exclusivamente, de las altas cifras de homicidio que caracteriza a estos municijjios aunque, como dijimos, esas tendencias estadísticas preceden al banano y a la llegada de las tres principales clases de actores violentos organizados.

Pese a que esa cadena de homicidios de la gente común se da finalmente en el marco de un enfrentamiento a muerte de actores organizados y tal vez no existiría en la misma intensidad sin su presencia, no quiere decir que todos obedezcan a jjlanes controlados de uno cualquiera de los tres actores, sino que ese enfrentamiento a muerte crea las condiciones y el pretexto ¡jara hacer valer, por la fuerza, todo género de pretensiones atomizadas y dispersas, que resultan así mezcladas de modo confuso con las reivindicaciones supuestamente colectivas, políticas o sindicales. En otras jjalabras, la disolución de lo colectivo, al amparo de la violencia, en un sinnúmero de estrategias individuales o dicho más descarnadamente, un jjulular del rebusque a través del recurso de la muerte y a la sombra de la violencia política y de sus actores contrincantes.

Por si todo lo anterior fuera poco, se suman las muertes de civiles inermes a causa del enfrentamiento entre grujjos guerrilleros, en una verdadera guerra de territorios. La primera de las organizaciones guerrilleras que se hizo presente en la zona fue las Farc. Desde la segunda mitad de los años 60 se pueden rastrear los gérmenes de su presencia, en lo que fueron inicialmente las llamadas autodefensas campesinas del Partido Comunista, grupos armados con tareas de limpieza de cuatreros y de finanzas y con uso de las armas para cumplirlas. Se formaron en el sector rural de Chigorodó, en veredas de Apartado y del norte de Turbo.

Pero es en 1973 cuando, en cumjjlimiento de las directrices de la IV Conferencia de la organizacitm, se constituye formalmente el primer núcleo del V Frente en el corregimiento de San José de Apartado, localidad que hoy sigue rejjresentando una referencia fundacional, donde, debido al arraigado proceso de jjolitización que jjrecedió, la pre-

paiticularmentc violenta.

76

La dimensión de! municipio

sencia guerrillera no ha tenido las expresiones de violencia, entendida como homicidio y secuestro, que ha tenido en otros lugares de la subregión. Su base de apoyo fueron los colonos desplazados por los inversionistas bananeros, de la franja mediterránea hacia el piedemonte (San José de Apartado está en el pie de la serranía de Abibe).

Desde allí el V Frente realizó un gran proceso de expansión, que no conoció sino el límite que le puso al norte, desde comienzos de los 80, la otra guerrilla fuerte (el antiguo EPL). La frontera fue el límite bananero de Turbo, o sea el corregimiento de Currulao. Hacia el sur, el V Frente se extendió no sólo a Mutatá y al lejanísimo municipio de Murindó, sino que traspasó los límites departamentales, logrando controlar el Darién chocoano, formado por los extensos municipios de Unguía, Riosucio y Acandí, y al sur de Urabá, todavía dentro de Antioquia, los municipios de Dabeiba, Urama y algunos más del occidente antioqueño. El crecimiento dio lugar al desdoblamiento de los Frentes 18 en Córdoba en 1982 y posteriormente el 35, y del Frente 34 en el Chocó en 1985.

Si San José de Apartado fue ei foco de expansión dei V Frente en los años 70, la ofensiva de los 80 y 90 se sustenta especialmente desde Q\ r»QrmJr>«r) corregimiento de Belén de Baürá en Jurisdicción de Mutatá, que es la avanzada de la colonización presente. A diferencia del foco original, Bajirá sí ha visto traducir el crecimiento guerrillero en un incremento notorio de los homicidios, muchos de ellos fruto de las tensiones internas de los militantes, y en especial de las milicias que se han sumido en una rebatiña por controles locales; este aumento del homicidio parece preocupar menos al Ejército, como quiera que supuestamente no pondría de suyo en jaque la seguridad estatal ni los intereses particulares de los influyentes bananeros.

La avanzada de las Farc en Urabá empezó a darse en un momento de enorme decaimiento de las otras organizaciones guerrilleras. El EPL había intentado, sin éxito, penetrar en las mismas áreas rurales durante los 60, pero con su resurgimiento a comienzos de los años 80, que en Urabá precisamente se hizo a costa de una disidencia de las Farc encabezada por el comandante alias Bernardo Gutiérrez (hoy reinserta-do, exsenador de la República), empezó el forcejeo de las dos guerrillas por la penetración de los organismos sindicales (Sintagro y Sintra-banano), por el reclutamiento de votos para sus respectivas alas políticas legales y por el control de territorios. Hasta 1985, al menos, esta guerra aportó sus cifras a la ya ascendente curva de homicidios de los

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Segunda parte

municijjios bananeros. Sindicalistas o simjjlcs obreros simjjatizantes de uno y otro bando fueron sacrificados y, en un acuerdo tácito de las dos guerrillas, se hicieron sumar a las cifras de víctimas, de por sí significativas, de Rombos anticomunistas y grupos jjaramilitares.

He aquí el tercero de los grandes actores de violencia en Urabá: los grupos paramilitares. Configurados con alto perfil desde la época del gobierno de Belisario Betancur, se constituyeron para intimidar con la violencia a los jjresuntos simpatizantes dc las guerrillas, que cada vez más fueron todos los adherentes de corrientes políticas izquierdistas. Paradójicamente, dichos grupos se fortalecieron en el gobierno que planteara un viraje hacia el diálogo y la negociación para el tratamiento del problema guerrillero. En Urabá las jjrirneras masacres — desafortunado signo de estos grupos— se atribuyeron a paramilitares llegados del Magdalena Medio: fueron las matanzas de Honduras y La Negra, en 1988. Luego sucedió la de La Mejor Esquina y, entre 1989 y 1990, las de Pueblo Bello en Turbo, con 42 víctimas, y Gilgal en el municipio de Unguía (Darién chocoano).

En las masacres de Pueblo Bello y de Gilgal el protagonismo ya la pertenece a un grujjo paramilitar de la propia zona hoy muy conocido, Los Táñelas, al mando de Fidel Castaño. Este jjotentado ganadero, que en la época gozaba de estrechos nexos con las comandancias de Ejército y Policía en Urabá, el Darién y Córdoba, mantenía también muy buenas relaciones con la organización de narcotraficantes de Medellín, por lo menos mientras vivió Gonzalo Rodríguez Gacha; después surgirían enfrentamientos que lo llevaron a convertirse en el enemigo número uno del capo Pablo Escobar.

Hoy los paramilitares han avanzado increíblemente en los municijjios de Urabá, incluso en territorios que se consideraban inexpugnables de la guerrilla; han llegado a tener control, no sólo de Turbo sino de Apartado, otrora fortín electoral de la Unión Patriótica, nucleada por el Partido Comunista, de Riosucio en el Darién chocoano y de gran parte de Mutatá, que en su frontera de colonizaje ha sido el nicho ecológico de los hombres del V Frente de las Farc.

Uno de los efectos —quizá el más perverso de esta guerra territorial que actualmente libran los paramilitares y las Farc en Urabá— es el de los desplazados que, huyendo de uno u otro bando, llegan a pequeñas poblaciones primero, más tarde a las ciudades, después de abandonar sus escasos haberes para engrosar las filas dc los indigentes.

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Magdalena Medio Carlos Miguel Ortiz

Esta subregión, que en su variedad de municipios y pluralidad de departamentos interceptados bien pudiera considerarse una verdadera región o constituir de por sí un departamento, tiene una larga historia de colonización cuyos orígenes remontan hasta el siglo pasado.

Los estudios monográficos hablan de varias oleadas migratorias y de dos direcciones principales de poblamiento, que tienen relación con la procedencia etnorregional de los inmigrantes, a saber: los oriundos de las sabanas de los actuales Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar, inmigrantes que también llegaron a Urabá y al Bajo Cauca, se dirigieron hacia la ribera del río y constituyeron la base de lo que con el tiempo sería la cultura ribereña? sustrato principal en la simbiosis cultural del Magdalena Medio; los oriundos de las breñas andinas (antio-queños, caldenses, santandereanos, tolimenses, cundinamarqueses y boyacenses) se internaron en la selva y abrieron mejoras, gran parte de las cuales serían más tarde subsumidas por las haciendas ganaderas, relanzando a los colonos más hacia adentro.

Los primeros focos de colonización fueron, al parecer, La Dorada y Puerto Berrío, a partir de las líneas férreas que empezaron a construirse entre 1870 y 1875, aunque existían desde antes asentamientos dispersos a orillas del río, originados en el leñateo que había promovi-

Esta categoría, y las informaciones históricas aquí retomadas, provienen del trabajo de grupo coordinado por el PNR y publicado por este organismo, Colcultura y el Instituto Colombiano de Antropología, bajo el título Un mundo que se mueve como el río: historia regional del Magdalena Medio, Bogotá, 1994. Sus autores son Amparo MURILLO, María Teresa ARCILA, Manuel Alberto ALONSO, Giovanni RESTREPO y Gloria Estella BONILLA.

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Seguida parte

do la navegación a vapor. Según Carlos Medina, también fue intensa, en esa época, la colonización en el Territorio Vásquez o "Partido (boyacense) del Magdalena", área que cubría el occidente de Boyacá, donde hoy se ubica Puerto Boyacá.2 Así se va desprendiendo y diferenciando el Magdalena Medio, cjue había permanecido selvático, con resjjecto a la región momjjosina o Bajo Magdalena, que fue zona CJJÍ-

céntrica, comercial y [jolíticamente, durante la Colonia española.

Luego, en cl siglo XX, se reactiva la colonización, con el auge de los puertos ferroviarios de Barrancabermeja, Puerto Wilches, Puerto Be-rrío y La Dorada, y bajo el estímulo de las obras y el movimiento comercial impulsados por el petróleo en Barranca en los años 30, en el corregimiento de Casabe (actual jurisdicción de Yondó) y en Puerto Boyacá esjjecialmente desde los años 40.

En los 50, contribuye a las oleadas migratorias el acoso generado por La Violencia bijjartidista. La migración de los 60 revela nuevos polos de afluencia y poblamiento, como son Cimitarra, Yondó, San Pablo.

En la segunda mitad de los 60, al ticmjjo que continúan la migración y la colonización, se hace importante la presencia y actividad de la organización guerrillera, concretamente el IV Frente de las Farc que lideraba Ricardo Franco, un hombre un tanto carismático, desde Barranca hasta La Dorada y en algunos municipios del Magdalena Medio bolivarense y santandereano (Barranca, San Vicente y El Carmen de Chucurí)3 el ELN.

" Véase Carlos MEDINA GALLEGO, Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia: origen, desarrollo y consolidación. El caso "Puerto Boyacá", Bogotá, Ed. Documentos Periodísticos, 1990, p. 72-88. Las otras informaciones son tomadas de la citada monografía del PNR, Un mundo que se mueve como el río: historia regional del Magdalena Medio. Puerto Boyacá fue erigido municipio en 1957 con el nombre inicial de Puerto Gustavo, en honor del entonces Presidente Gustavo Rojas Pinilla (Medina, Op. cit., p. 87-88).

' Tierras en donde otrora había operado la guerrilla liberal de Rafael Rangel, de 1949 a 1933, dirigida por quien, en Barranca, se hubiera proclamado alcalde revolucionario el 9 de abril. Aunque Rangel después hizo política desarmada y electoral, los cuatro años de oposición en armas dejaron honda impronta en esa zona de colonización; se hizo tierra muy favorable para el accionar guerrillero, trátese del MRL o, desde mitad de los 60, del ELN. Es lo que uno oye en el área si aborda el tema con cierto grado de confiabilidad, y coincide con la entrevista (inédita) realizada por Callos Medina a uno de los jefes actuales del ELN, oriundo de la zona. Habría que precisar mucho más qué factores concretos son los que configuran la


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Hacia fines del decenio del 70 empieza a crecer un gran sentimiento de rechazo a las Farc, cuyo IV Frente había sido sustituido por el XI que, en su forcejeo para cumplir altas cuotas económicas a la organización nacional, empezaba a agobiar a los medianos y pequeños cam-jjesinos y colonos con sus contribuciones forzosas, extorsiones y vacunas y a los hacendados con el exagerado incremento de cuotas y secuestros. Ese rechazo benefició, desde comienzos de la década del ochenta,4 el fortalecimiento de grupos paramilitares, auspiciados por el Ejército y financiados por algunos narcotraficantes transformados en hacendados en varios municipios ubicados en el sur de esta vasta región: Puerto Triunfo, La Dorada y, principalmente, Puerto Boyacá.

El informe del director del DAS al Presidente Virgilio Barco en abril de 1989 que, aunque supuestamente confidencial, se filtró a los medios, ' mostraba ya importantes rasgos de organización de los para-militares, la existencia de verdaderas escuelas de entrenamiento con asesores extranjeros como la 081, el rol central del municipio de Puerto Boyacá y de sus políticos, la injerencia de los narcotraficantes de la organización de Medellín y el apoyo de oficiales del Ejército, como el entonces coronel comandante del Batallón Bárbula, acantonado en Puerto Boyacá, quien semanas después de su retiro de filas, fue ultimado.

Hay que advertir que la inversión de narcotraficantes en tierras, no precisamente destinadas a cultivos de coca sino a la ganadería predominantemente extensiva (con alguna introducción de tecnología), provenía de fines de los años 70, aunque por entonces el fenómeno no

favorabilidad de la zona hacia la actividad guerrillera; no olvidemos que allá mismo, específicamente en jurisdicción del municipio recientemente desagregado de San Vicente, El Carmen de Chucurí, se han consolidado también grupos paramilitares. 4 Carlos Medina señala la mitad del año 1982 como época de surgimiento de los grupos paramilitares en el Magdalena Medio con las características que aquí anotamos (Op. cit., p. 170). La cronología de Carlos Medina coincide con la referida monografía del PNR cuando habla de paramilitares en Puerto Berrío, otro de los municipios muy azotado por esta modalidad de grupo armado. En efecto, Gloria Estella Bonilla, en esa monografía, habla de la actuación del MAS o Macelos en Puerto Berrío desde mayo de 1982, cuando difunden un volante con la amenaza de que «iban a matar a todos los comunistas»; en junio habrían empezado a cumplir lo anunciado, dando muerte al jefe del procomunista movimiento Unión Nacional de Oposición, UNO. Véase Un mundo que se mueve como el río, Op. cit., p. 167. 5 El Tiempo, Bogotá, 10 de abril de 1989, p. 3A.

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Segunda parte

había adquirido contornos de violencia. La monografía del PNR cita un número de la revista Alternativa de 1975 en el cual se habla de inversiones de narcos en Puerto Berrío1'; curiosamente el nombre del narco al cual se refiere la revista coincide con el de quien, por la misma época, ensanchaba sus haciendas en el llamado Urabá chocoano, es decir el Darién, y desde allí, —corregimiento de Balboa, municipio de Unguía—, controlaba sus operaciones aéreas de exportación ilícita7: es la historia de nexos entre el Urabá y el Magdalena Medio, que se seguirá repitiendo hasta hoy.

La avanzada de los paramilitares anticomunistas apadrinados por el narcotráfico tuvo lugar con mayor contundencia en el sur del Magdalena Medio, cjue corresponde a los municijjios en donde había sido mayor la inversión de los narcotraficantes en haciendas: Puerto Triunfo, Puerto Boyacá, La Dorada y Puerto Salgar. Para los autores de la monografía del PNR, la linca de demarcación de las dos zonas del Magdalena Medio, la controlada jjor los paramilitares y la controlada por la guerrilla, sería Barrancabermeja; nosotros creemos que hoy día es Cimitarra, y que en el propio municipio dc Cimitarra se diferencian dos zonas: una de grandes haciendas y control casi omnímodo de los jjaramilitares,8 y otra donde prevalece la mediana parcela de colonos y donde se hallan presentes las dos fuerzas en disputa, guerrilla y para-militares.

Como resultado de la acción paramilitar en los municipios del sur, prácticamente se corrió de allí la guerrilla, representada por el XI Frente de las Farc. Al observar las curvas de datos de secuestro de 1982 a 1997 en esos municijjios, se constata la tendencia a su notoria disminución, si bien se han dado algunos secuestros atribuibles a los para-militares. La curva de tasas de homicidio también es más baja cjue en los municijjios del norte del Magdalena Medio, aunque no disponemos de elementos suficientes para afirmar cjue se deba al control de los paramilitares; tampoco puede afirmarse que los altos índices de los municijjios del norte se relacionen con la guerrilla o con la coexisten-

' Varios autores, PNR, Op. cit., p. 169. Según la misma monografía, en 1990 el total de hectáreas poseídas por narcotraficantes en Puerto Berrío, ascendía a 50.000.

' Véase Carlos Miguel ORTIZ, "Urabá: tras las huellas de los inmigrantes (1955-1990)", Op. cit. 8 En 1995 se celebró en Cimitarra una reunión con delegados de las distintas zonas del país, para discutir estrategias conjuntas entre los grupos paramilitares.

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cia de los dos tipos de actores: ahí están los casos de Puerto Berrío y Puerto Triunfo, que aun haciendo parte de los municipios con grupos paramilitares, por sus tasas considerables de homicidio pertenecen a nuestra categoría de relativamente violentos.

De todos modos el control paramilitar no ha producido tal disminución de homicidios que permita contar esos municipios en ningún rango de pacíficos y en cambio sí les ha valido a varios de ellos la mención en otra de las variables analizadas por Echandía, Escobedo y Que-ruz, la del asesinato u homicidio proveniente de actores organizados, así como en nuestros listados de violencia, registrada como política: Puerto Triunfo en Antioquia, y en Santander Cimitarra, Puerto Parra y Santa Helena del Opón, que es un joven municipio escindido de Cimitarra. Estos no sobresalen por homicidio en general, sino por el asesinato selectivo.3 Recuérdese en Cimitarra cómo se llegó a exterminar los 7 concejales que pertenecían al Partido Comunista, por ende simpatizantes de las Farc.11'

Otro fenómeno que resulta muy intenso en los municipios del sur, controlados oor los Daramilitares. son las migraciones forzosas. La monografía del PNR refiere cómo la persecución anticomunista, al alcanzar a los simples votantes y simpatizantes de los partidos y movimientos cercanos a las Farc (UNO, Partido Comunista y últimamente Unión Patriótica, UP), causó la expulsión de muchos colonos y campesinos hacia los municipios del norte del Magdalena Medio, prolongando así ese periplo conocido de violencia-colonización-violencia. Efectivamente, los municipios de Yondó, San Pablo, Puerto Wilches, Sabana de Torres, situados al norte, han visto en los años 1980 y 1990 un reimpulso de su colonización, pero también han visto llegar detrás de ella la confrontación armada y la violencia de actores organizados desde el último cuatrienio de la década del ochenta,11 como lo reflejan los mapas de asesinato de Echandía, Escobedo y Queruz.

"' No aparecen tampoco en los listados de municipios con frecuencia de asesinatos Puerto Boyacá, La Dorada ni Puerto Salgar. Barranca, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, El Playón, Puerto Wilches y Sabana de Torres, o sea los municipios del norte del Magdalena Medio, combinan la variable asesinato con altos índices de homicidio. Puerto Berrío no hace parte de los municipios de asesinato, pero sí ostenta —y esto desde muchos años atrás— niveles considerables de homicidio que lo colocan entre los municipios relativamente violentos. 111 Carlos MEDINA, Op. cit, p. 142

Véase Un mundo que se mueve como el río, Op. cit.. p. 25; 135-139; 195-203.

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Segunda parte

Como puede sentirse en las líneas cjue acabamos de escribir, y res-

jjirarse en el ambiente mismo de los municijjios descritos, la presencia

de los actores organizados de violencia, casi siemjjre exteriores a los

municijjios, se hace bastante determinante del rumbo que toma la his

toria local y la historia de la subregión, en sus varias instancias políti

cas, culturales y hasta económicas. Como dice Carlos Medina, en la co

lonización «la violencia ha ojjerado como factor determinante de los

procesos.»12

Resumiendo lo dicho hasta aquí sobre la colonización del Magdale

na Medio vista en conjunto desde sus inicios, podemos resaltar tres ca

racterísticas:

a) La principal característica de los procesos sucesivos de migración y colonización, desde el siglo XIX hasta hoy, es su naturaleza multiétnica, cristalizada en las más diversas expresiones dc la cultura de los mediomag-dalenenses: fenómeno compartido por muchos otros procesos colombianos de colonización, por ejemplo el de Urabá, al cjue nos hemos referido anteriormente.

b) Otra característica, también compartida con Urabá, es la frecuente mezcla del móvil de la violencia junto a otros, desde el siglo pasado, en las oleadas de colonización; las guerras civiles primero, La Violencia de los 50 después, hasta las recientes movilizaciones de los municipios del sur hacia los del norte en los últimos once años, han estado ligadas a estos procesos en el Magdalena Medio tanto como en Urabá.

c) Una tercera característica, muy perceptible, es la insignificancia dc la institucionalidad frente a la dinámica vertiginosa de los intereses y poderes privados; una muestra simbólica es el contraste del Puerto Berrío de 1950 en pleno furor de colonización, con una precaria casucha de alcaldía a la eme se reducían todos los establecimientos públicos, frente a la proliferación de prostíbulos que albergaban la no despreciable cifra de 5.000 prostitutas ': cifra cercana a las 4.000 que reportaría en Urabá el minúsculo corregimiento de Apartado, en 1967.

Digamos, finalmente, que aunque los actores organizados (guerrilla

y Ejército en los años 70, éstos y jjaramilitares en los 80 y 90) han

12 Carlos MEDINA, Op. cit., p, 100, 13 Un mundo que se mueve como el río, Op. cit., p. 150. 14 Garlos Miguel ORTIZ, "Urabá: tras las huellas de los inmigrantes (1955-1990)" Op. cit..

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constituido un factor determinante de la violencia en el Magdalena Medio, es preciso no olvidar que con bastante anterioridad a su presencia en el panorama subregional, se dieron otros factores de violencia: los conflictos de tierras, por ejemplo, datan en el Magdalena Medio por lo menos de los años 1930, y se han dado allí de diferentes maneras: entre colonos y hacendados, colonos y empresas petroleras, colonos entre sí.

La proliferación del homicidio es otro fenómeno que, en casos como el de Puerto Berrío (nuevamente semejante al caso de Apartado, en Urabá), es muy anterior a la presencia de los actores organizados. Estos no inciden en un eventual decremento pero no podemos decir tampoco que por sí mismos lo aumenten. Se trata de procesos de más largo aliento, en donde los componentes culturales pueden arrojar más luces que las explicaciones económicas o políticas.

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Bajo Cauca Antioqueño Carlos Miguel Ortiz

Extendida al norte de Antioquia, entre los ríos Cauca y Nechí, esta subregión que en la jurisdicción municipal actual comprende seis municipios,1 pose una identidad cuyas raíces se remontarían hasta los primeros tiemjjos de la Colonia, como lo estudia Clara Inés García,2

aunque paradójicamente hubo de ser repoblada y recolonizada a partir de los años 40. Su importancia en la Colonia jjrovino, igual que la de otra subregión, el nordeste antioqueño, de la producción de oro, oro que vuelve a ser móvil princijjal en la recolonización de los años 40. Lástima no disponer de estudios cjue analicen, o al menos contabilicen, los fenómenos de homicidio y demás cxjjresioncs de violencia en la época colonial, que pudieran arrojar luces sobre jjrocesos de larga duración conducentes o no al panorama dc la zona en los últimos años.

La recolonización procedente de los años 40 estuvo acompañada de un intenso movimiento migratorio, alimentado jjor corrientes de sabaneros de los actuales dejjartamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. En los 70, bajo el relance de los jjrecios del oro, se suman a las anteriores corrientes, mineros chocoanos y cancanos de la Costa Pacífica, que se instalan principalmente en El Bagre y Zaragoza. En una y otra

El Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial divide esta subregión en dos, reservando el nombre de Bajo Cauca sólo para la agrupación de Cáceres, Gaucasia y Taraza; los otros tres municipios, a saber Zaragoza, El Bagre y Nechí, conformarían la subregión o provincia de Nechí. 2 Clara Inés GARCÍA, El Bajo Cauca antioqueño, Bogotá, Cinep e Iner Universidad de Antioejuia, 1993. Este estudio ha sido la base para la diferenciación cjue hemos efectuado de la subregión del Bajo Cauca y para la caracterización histórica de los elementos que en ella se relacionan con la violencia.

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época, además, fueron significativos los inmigrantes andinos, particularmente antioqueños del nordeste y del norte del departamento, y en menor proporción gentes del Viejo Caldas, tolimenses y vallecauca-nos.3 Varios de los inmigrantes llegaron huyendo de la violencia bipartidista, pero los más, huyendo de la pobreza.4 La migración no sólo se ha dirigido al área rural de los municipios, sino también a sus cabeceras, particularmente en El Bagre y Caucasia, con los problemas derivados cuando ninguna planeación urbana ha sido predispuesta para ello.

Muchos de los mencionados lugares de origen, las sabanas de la Costa Atlántica y los caseríos costeros del Pacífico, tienen en común tanto una tradición pacífica como de pobreza y marginalidad. Otros focos de emigrantes, en cambio, como el caso del Nordeste antioqueño, participan con el Bajo Cauca de los elementos comunes de violencia, lo que ha dado lugar a que algunos estudien las dos subregiones conjuntamente.5

N o p o d e m o s af i rmar e n este m o m e n t o si el i n c r e m e n t o del homi cidio ^t-níFTi^i]^ r\ ec noctí^rinr -A \-A lli^cr^rta He ta<¡ orcraniy^rirmps cruerri-

lleras y del Ejército en el Bajo Cauca, pues no dispusimos de datos municipales sino a partir de 1980, cuando ya guerrillas y Ejército llevaban años de actividad en la zona. Lo que sí es cierto es que, como bien anota Clara Inés García, aunque «el Bajo Cauca renace para sus pobladores a partir de los años 40 (...), nace para Colombia (solamente) en el momento en que se entabla una cruenta lucha entre la guerrilla y el Ejército por el control militar de su territorio.»6

La primera organización guerrillera que actúa en la zona es el ELN a través de su Frente Camilo Torres, al que se le encomienda no sólo esta área sino el territorio contiguo del Nordeste antioqueño, ambas zonas productoras de oro y por tanto de las preferencias del ELN, dedicado a hacer presencia en todos los centros mineros del país. Desde

Para estas informaciones sobre los procesos migratorios, véase Clara Inés García, Op. cit, p. 40-44. 4 Op. cit, p. 49.

Ver, por ejemjjlo, la monografía sobre Antioquia de Rodrigo UPRIMNY, en la serie del Observatorio de la Violencia, del PNR 6 Clara Inés GARCÍA, Op. cit, p. 88.

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Seguida parte

1967 el Frente Francisco Cárnica del EPL, instalado en el Nordeste antioqueño, extiende al Bajo Cauca el «frente político de masas.»7

Con los duros golpes cjue el Ejército propina al ELN entre 1973 y 1974, éste casi desaparece y entran a sustituirlo las Farc; comenzando la década del 80, renace fortalecido el ELN, así que los años 80 y 90 serán de presencia conjunta de las tres guerrillas con una ofensiva inusitada, traducida no sólo en acciones contra el Ejército e instituciones financieras locales sino contra las dos principales empresas {Mineros de Antioquia y la firma francesa OIC) y, más cotidianamente, en secuestros y extorsiones cuyo blanco preferido han sido los hacendados ganaderos y, poco a poco, en el acoso de la vacuna a sectores populares —como los pequeños mineros—. Paralelamente a la acción guerrillera, en los años 80 se dio en la zona una eclosión de movimientos cívicos de origen popular; algunas veces la guerrilla, al interferirlos, los puso en serios peligros, como cuando, en Zaragoza, en 1985, una toma guerrillera casi hace fracasar un movimiento de pequeños mineros.8

El fuego cruzado entre las guerrillas y el Ejército, que acude, más que en salvaguarda de la institucionalidad, al llamado de los particulares (empresas, hacendados), ha generado éxodos de campesinos, en parle a las cabeceras municipales de Caucasia y El Bagre, en parte hacia fuera de la subregión, trasladando a otras partes los problemas jjropios de: carencia de tierra, en el medio rural; hacinamiento y necesidades básicas insatisfechas, cn el crecimiento imprevisto de los cascos urbanos; y fragmentación e insolidaridad social que puede traducirse, a su vez, en más violencia.

Del conjunto de los seis municipios del Bajo Cauca, se destacan dos desde el ángulo que nuestro análisis ha privilegiado, cual es el del incremento del homicidio: son ellos Taraza como muy violento y Zaragoza como relativamente violento.9

Esta es una zona más donde, en los últimos años, los paramilitares, con sus masacres, han sumado terror a la ya tensa situación de violencia de la cual los más afectados son los ciudadanos inermes cjue deben vivir en medio de los fuegos cruzados.

7 Ibid., p. 77. 8 Todas estas informaciones son lomadas de Clara Inés García, Op. cit. 9 Ver Gráficas correspondientes.

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Sur de Bolívar Fernando Cubides

MUNICIPIOS DEL SUR DE BOLÍVAR RELATIVAMENTE

VIOLENTOS: MORALES, SIMITÍ

Pertenecientes ambos a la Asociación de Municipios del Magdalena Medio, contiguos en la ribera izquierda del río, sus pobladores han conformado un movimiento en pro de un reordenamiento del territorio que dé cuenta con más coherencia de su vinculación con los municipios que son epicentro de esta región socioeconómica, (Barranca-bermeja, Aguachica) que con su centro político-administrativo Departamental, Cartagena,1 de la que están distanciados cerca de 14 y 15 horas respectivamente. Respecto de la propuesta acerca de conformar un nuevo departamento denominado del Magdalena Medio cuya capital sería Barrancabermeja, y que incluiría a estos dos municipios, uno de sus autores, Orlando Fals Borda en el último Boletín —el N° 29 de diciembre de 1994— de la Comisión de Ordenamiento Territorial, reconoce que «no alzó vuelo» (p.10); pero la propuesta de una figura intermedia, la Provincia, en este caso la de Aguachica, que incluiría a Morales y a Simití, junto con Santa Rosa Sur y Río Viejo en Bolívar, Gamarra, Aguachica, San Alberto, San Martín, Río de Oro, La Gloria, Pelaya, Pailitas y González en el Cesar, tiene más asidero y apoyo.2

1 Ver Boletín de la Comisión de Ordenamiento Territorial, Ne 12, febrero de 1993. La Asociación creada incluye además los municipios de Rioviejo, Achí, Pinillos, Barranco de Loba, San Martín de Loba, y Santa Rosa. Ver también COT, "Movimientos autónomos para reordenar territorios 1993", Mapa en Análisis Político, N9 20, Bogotá, diciembre de 1993, p. 97.

" Véase la Recomendación R-ol, Bases de Ordenamiento Territorial de la Comisión de Ordenamiento Territorial.

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Segunda parte

En el capítulo dedicado a la historia y geografía de la Violencia, del libro de Germán Guzmán, Fals Borda, y Umaña Luna, La Violencia en Colombia (Mapa N° 17) ajjarece la franja ribereña sobre c! Magdalena partiendo de Simití y de la Ciénaga del mismo nombre en dirección sureste hasta la desembocadura del río Cimitarra en el Magdalena, en territorio del hoy municijjio de San Pablo, como un área donde «esporádicamente hizo su aparición la violencia» en ese período. Las primeras columnas guerrilleras de lo cjue será después el frente José Solano Sejjúlveda se implantan hacia 1970. Con posterioridad a 1986 arriban los frentes 24 y 37 de las Farc. Ambos municipios tienen territorio cn las estribaciones de la Serranía de San Lucas y entre 1974 y 1978, aproximadamente, viven una cierta bonanza marimbera, controlada por la guerrilla, que instaura la campaña de siembra de comida ¡jara limitar las siembras de marihuana y evitar el abandono de los cultivos de pancoger. Existen referencias sueltas a un cierto auge reciente producto de una actividad ilícita {la bonanza gasolinera) pues desde Barranca proviene un ducto en dirección a la Costa que pasa por estos dos municipios. Entrevistas realizadas jjor Carlos Medina Gallego para su libro sobre la historia del ELN3 dan cuenta de conflictos en esta área, entre el ELN y las Farc, en el jjeríodo anterior a la Conformación de la Coordinadora Guerrillera.

En las tres entrevistas a jefes del ELN que se emplearon para dilucidar los propósitos de ese grupo en relación con el territorio, aparece mencionado el sur de Bolívar como parte de su zona estratégica, y frecuentes menciones a Morales, Simití, y San Pablo como poblaciones bajo su influencia. Antes y después de la Asamblea de Campolínea, llevada a cabo en el sur de Bolívar en 1972 y en la que se manifiestan tensiones y disjjutas por el liderazgo y en período inmediatamente anterior a Anorí, el tránsito entre Remedios, Antioquia, y cl territorio de los municijjios dc Morales, Simití y San Pablo, a través de la Serranía de San Lucas, es continuo. A la columna que dirige Lara Parada, tras ser destituido como segundo comandante, se le asigna el área entre Santa Rosa Sur y Simití jjara su consolidación. Como indicador neto de la jjresencia conseguida, en la segunda ronda de los diálogos de Caracas, al discutir las áreas de cese al fuego jjara la Coordinadora Si-

'" Carlos MEDINA GALLEGO, ELN: Una historia contada a dos voces, Rodríguez Quito Ed., Santafé de Bogotá, 1996.

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rnón Bolívar, Morales aparece a partir de la 4a de las propuestas gubernamentales, que incluye 60 sitios de 57 municipios.

En la actualidad, ambos municipios, Morales y Simití, cuentan con presencia de grupos paramilitares, ambos tienen cultivos de coca y laboratorios de procesamiento, y en el caso de Morales, a la presencia de los frentes del ELN y de las Farc se le añade la presencia intermitente de un destacamento del EPL,

Para el período 1979-1986 Simití aparece en la lista de los municipios bastante violentos de la clasificación de Rodrigo Losada. En 1991 se creó en esta subregión un Fondo de Emergencia Social y ambos municipios hicieron parte del PNR. Pertenecientes a la categoría 52, de colonización activa interna, conforman con Santa Rosa y San Pablo la zona más deprimida del departamento de Bolívar. Si el NBI compuesto de Morales en el Censo de 1985 era de 81.8%, en 1993 es de 86.1 %, siendo de los pocos casos en que, en el conjunto del país, hay una desmejora en ese indicador. En Simití se registra una leve mejora en el comportamiento de ese indicador pasando, para el mismo período, del 87.1% al 80.5%.

Al responder a presiones y demandas jjrovenientes de esta subregión, la Asamblea del Departamento de Bolívar, en diciembre de 1994, creó seis nuevos municipios: Hatillo de Loba, Cantagallo, Altos del Rosario, Cicuco y Tisquisio, aun cuando el acto, como suele ocurrir, fue de inmediato demandado, y el ejecutivo departamental se interrogaba acerca de los recursos disponibles, y de la veracidad de las cifras demográficas aportadas por los proponentes. El fundamento de la preocupación era el del ascendiente de la guerrilla sobre el poder local en los nuevos municipios.4 El territorio del cual se segregaron pertenecía a los municipios de San Pablo, Río Viejo, San Martín de Loba, es decir que no afectaba a los dos municipios que aquí consideramos, pero vista la situación de estos municipios en su conjunto, es un caso regional para el cual se hace necesario pensar en la comarca como una unidad, y trascender los límites municipales, e incluso la noción misma de municipio, que para el caso es principalmente administrativa.

La justificación que ofrecen los diputados, la argumentación del gobernador, y las declaraciones de los nuevos alcaldes se jjueden ver en sendas entrevistas en la revista Semana, Bogotá, marzo 21 de 1995.

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Un microcosmos en Boyacá Fernando Cubides

MUNICIPIOS VIOLENTOS: BRICENO, BUENAVISTA Y

MUZO, Y MUNICIPIOS RELATIVAMENTE VIOLENTOS:

MARIPÍ, OTANCHE, PAUNA Y SAN PABLO BORBUR

La continuidad de las muertes violentas en un período de mediana duración jjara esta zona poco extensa de Boyacá ha merecido un tratamiento detallado en la literatura reciente, y muchas crónicas en que se ajjela al color local, que acentúa los rasgos folclóricos. La guerra verde ha dado lugar tanto a una literatura periodística y testimonial, como a un seriado de televisión en que los personajes-tipos más importantes están caracterizados sobre historias reales y cuyo verismo, transformando eso sí, por la naturaleza de la TV, los jjersonajes en estereotijjos, ha registrado gran continuidad y buena audiencia, y hasta donde es perceptible, los protagonistas reales se sienten bien rejjresentados por los personajes de la ficción televisiva (aun cuando en ésta la violencia es jjrcsentada como ejjisódica, de modo tenue y cn su dimensión puramente simbólica). A la hoya del Río Minero, de donde proviene el 80% de la producción de esmeraldas del [jais, en la literatura académica se la considera «un microcosmos en el cual convergen tanto temporal como esjjacialmente, todas las violencias».1 En cuanto a muertes violentas, su significación estadística a lo largo del tiempo lleva a que, por ejcmjjlo, Losada y Vélez la clasifiquen como la jjrimera de las 15 «regiones de Violencia» en cjue agrupan los municijjios contiguos.2

Ver "Continuidad y superposición de violencias: el caso de las esmeraldas" en Colombia Violencia y Democracia, 1987.

" Ver "Tendencias de las muertes violentas en Colombia", en Coyuntura Social NQ

I, Bogotá, diciembre de 1989, p. 119.

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En el ya mencionado capítulo sobre Geografía e Flistoria de las Violencia de los 50, Muzo aparece como uno de los 18 municipios boya-censes particularmente afectados por la violencia. Es Guzmán quien acota, al vuelo: «En Muzo la tensión conflictiva se agudiza por razones de vecindad con Topaipí. Influye también el personal de las minas...» En los parámetros de la época, ya se distinguía la intensidad de la violencia en la zona por sus rasgos y motivaciones particulares, que no eran reducibles o claramente asociados al conflicto partidista.

El compartir el mismo paisaje natural, la hoya del Río Minero, y el tener como fuente de riqueza la minería de la esmeralda, ha llevado a la Comisión de Ordenamiento Territorial, COT, a proponer como nueva Provincia, la número 17 de la Región Central, a la de Muzo. Estaría integrada jjor los municipios de Muzo, Otanche, San Pablo Bor-bur, Coper, Buenavista, Pauna, Maripí, Quípama, Briceño, Tununguá y La Victoria; es una propuesta que proviene de asociaciones gremiales de la subregión, que subrayan el particularismo y el alegato anticentralista.

Para cualquier analista u observador resulta estridente el contraste entre el volumen de riqueza generada por la explotación del recurso esmeraldífero, las cifras que se manejan, y el comportamiento de los indicadores sociales de estos municipios. La de la esmeralda es pues una riqueza aluvional que no se ha traducido en un mínimo mejoramiento de la calidad de vida de la población, que no ha irrigado otros sectores productivos en la propia región. El contraste parece subrayar el carácter ilícito de las formas de apropiación de la riqueza minera. 85.1% es el promedio de población con necesidades básicas insatisfechas para los tres municipios de esta subregión, que clasificamos en la categoría de los más violentos, y 87.5% es el guarismo para los cuatro pertenecientes a la categoría de relativamente violentos.

El contraste es de tal magnitud que de los 18 seleccionados en nuestro criterio como municipios muy violentos, considerando las distintas variables explicadas, dos de los tres más violentos de Boyacá tienen a la vez los dos más altos índices de NBI, y el tercero está muy cerca, en las cifras de 1985. Para el Censo de 1993 se registra una significativa mejoría para el caso de Briceño y Buenavista: el porcentaje de NBI disminuye en cerca del 30% (atribuible sobretodo al componente del acceso a servicios públicos) en tanto que para Muzo la mejora es algo superior al 23% (de 73.3% de la población con NBI en 1985 a 49.1% en

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Segunda parte

1993, en donde también el indicador simple que mejora es el de acceso a los servicios básicos).

Es sensible a este resjjecto que los estudios sobre esta subregión sean ricos en abordar los aspectos cualitativos del problema, pero no aborden mínimamente los indicadores básicos. De la crónica roja cjue ausjjició la leyenda en torno a los principales bandidos de la zona (desde Efraín González hasta Fl Mexicano, pasando jjor el Ganso Ariza y Gilberto Molina) como también de la historia oral ajjlicada a algunos de los protagonistas más recientes, jjuede decirse que son exhaustivas en la consideración de los actores individuales, realzados con frecuencia a proporciones legendarias, pero que omiten una consideración así fuere elemental de la situación social en su conjunto y de los comjjo-nentes más prosaicos.

Así es como la guaqucría —que es una institución en la zona—, la formación de grujjos rivales [jara su explotación y para cl tráfico de la esmeralda, como los de Coscuez, de Gilberto Molina y El Mexicano, la projjagación del cultivo de la coca, el arribo de los frentes XI y XXIII de las Farc, se siguen con minuciosidad en la literatura a que nos referimos, y todo ello resulta necesario para comjjrender la conformación reciente de un municipio como Quíjjama (1986). Es necesario, mas no suficiente.

En la literatura que mencionamos al comienzo se han hecho algunas referencias comprobables a las sumas fabulosas que ban amasado los principales beneficiarios del negocio. Se ha establecido con veracidad en qué medida el auge de un núcleo nuevo de poblamiento como Quípama e incluso la construcción de un carreteable entre Quíjjama, Paime y Pacho (clave para destaponar la zona conectándola con Zijja-quirá y con Bogotá) dependieron de decisiones de algunos individuos de la cúpula del negocio, que las tomaron a favor de sus intereses privados.

La profusión de detalles no parece haber dejado esjjacio para una explicación, así fuere incipiente, acerca de los mecanismos mediante los cuales la riqueza generada se drena hacia otras zonas u otros sectores de la producción. Se encuentran tan sólo alusiones, por ejemplo a la trasferencia de capitales acumulados en la explotación de las esmeraldas hacia el jjrocesamiento y comercialización de la coca, y hav personajes y anécdotas que lo ilustran. No existen sin embargo estimativos acerca del volumen de un mercado —que es en su mayor parte clandestino— o un princijjio de explicación acerca de las formas de

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distribución de un ingreso tan significativo a juzgar por la fase terminal del proceso (según se infiere de los datos sobre exportación y valor agregado).

Las demarcaciones territoriales entre grupos, como la surgida en torno a la quebrada la Mioca, los códigos ocultos que rigen la guaque-ría y la sumisión en las cuerdas de guaqueros, formas de organización como los Comités Regionales y la polarización entre los pobladores de dos municipios como Coscuez y Borbur, que alternan períodos de crudo enfrentamiento con otros en que se firman solemnes acuerdos de paz con presencia de los comandantes de Brigada y de Batallón y del obispo de Chiquinquirá, expresan bien las características de una subcultura de la ilegalidad que se ha formado a lo largo de al menos cinco decenios, ¿ n tooo caso, ia acogioa que encuentra aquí ia propuesta de conformar una provincia habla tanto de la homogeneidad que ha configurado la actividad minera, como lo que para la amalgama de los intereses comarcales ha significado la recurrencia de actos violentos, el grado de tolerancia hacia ellos, y las estrategias de adaptación de sus habitantes. Solemnizado con la presencia del obispo de Chiquinquirá, y con el aval de la clase política departamental, se llevó a cabo hace tres años un pacto de paz entre los distintos grupos ligados a la esmeralda, que en términos generales ha sido respetado. Hasta donde se puede seguir en las estadísticas, dicho pacto se ha traducido en una disminución de las homicidios para el período en que ha estado vigente, pero es temprano para afirmar que se consolide como tendencia y que lleve a bajar la tasa de tal manera que la comarca esmeraldífera deje de ser ese microcosmos del que hablaban los violen-tólogos. Al menos tres de los municipios que la integran (Briceño, Buenavista y San Pablo Borbur) continúan apareciendo en los listados con altas tasas de homicidio selectivo.

En aras de comprender el microcosmos que es la región esmeraldífera, un interrogante básico a responder es porqué la riqueza generada por la esmeralda no ha redundado en un mejoramiento, así fuere modesto, de la calidad de vida de la población que la trabaja. De cualquier modo, junto con el análisis por municipio, en el caso de estos 7 municipios, para explicar los niveles de violencia, se deben considerar los factores de contigüidad: la distribución espacial y temporal de los agentes, de los medios y de los hechos producidos en un ámbito de comarca, en lo que es común a todos ellos, es imperativo.

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Caguán Ana Cecilia Olaya

La colonización no crea un espacio nuevo para una sociedad que está deseosa de encontrar un mundo menos injusto.

En: Colonización, coca y guerrilla

Al departamento del Caquetá se le ha considerado el laboratorio donde se mezclan toda serie de conflictos fruto de un activo proceso de colonización. El proceso de mayor ocupación esjjacial tiene sus inicios en la exjjlotación y comercialización del caucho, la misma que estimule') la fundación de los primeros centros urbanos: Florencia, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, y encontró en el dejjartamento del Huila el principal mercado para sus productos.

El proceso migratorio imprimió una dinámica de poblamiento heterogéneo en cuanto a la procedencia de los inmigrantes; colonos provenientes en su mayoría del Huila, Tolima y Caldas. En este sentido, Cartagena del Chaira, municipio catalogado actualmente como relativamente violento, se consideró desde su creación en 1985 como un polo de desarrollo en el proceso colonizador.

En la historia del poblamiento del Caquetá, la región del Caguán (alto, medio y bajo Caguán) fue considerada como de colonización armada, ya que desde su constitución, las Farc han traducido en la región la coexistencia de diferentes formas de organización: jjor un lado la organización legal de las cooperativas campesinas de los años 60, y jjor otro la organización en frentes guerrilleros cjue convierten la región en escenario de confrontación armada.

La guerrilla ha adquirido en los últimos años funciones político-militares que se desdibujan cuando el cultivo de coca y arnajjola jjro-vocan un flujo migratorio incontrolado en la región y traen consigo la

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especulación, la búsqueda de ganancias extraordinarias vinculadas a la rentabilidad y a las condiciones de producción de los cultivos ilícitos, que ni la organización guerrillera ni el Estado con su precaria acción son capaces de controlar.

Por otra parte, los obstáculos que enfrenta el departamento del Caquetá y algunos municipios cercanos del Huila en su participación en el crecimiento del país, se encuentran en la característica de los suelos pobres para la actividad agrícola, la ausencia de vías de comunicación, de agroindustria que produzca excedentes y a los altos precios de los productos de la canasta familiar, como reflejo de la actividad ilegal y las grandes cantidades de circulante que maneja.

Es el II frente de las Farc el que tiene un radio de acción en la subregión del Alto Caguán y parte del territorio del Huila. Según uno de sus voceros,1 «el problema regional está constituido por la decadencia del arraigo a la tierra, el desestímulo a la producción agrícola, del cultivo de frijol, plátano, maíz...»

De otra parte, los pobladores del territorio de las que se consideraron por un tiempo las repúblicas independientes (Marquetalia, El Pato, Riochiquito) no es que se nieguen a cualquier tipo de intervención estatal, o que confronten d esquema c»e producción imperante; ios propios voceros del frente guerrillero ya mencionado reconocen que el poblador del alto Caguán, en particular, sobrevive en espera de la presencia del gobierno y sus programas de inversión para la región, mientras logra mantenerse entre la violencia militarista y guerrillera.

En su discurso ideológico, tratan de devolver la confianza en la opción guerrillera como alternativa de cambio. Sin embargo, esta alternativa se ha venido devaluando por las cruentas acciones que dejan cientos de víctimas en una gtierra que no diferencia la población civil; en la región del Caguán, específicamente, esta situación se hace crítica. La guerrilla ha cometido errores, que ha venido solucionando en ei interior de la misma organización, y ha provocado cambios a nivel de la base, que la hace más beligerante para evitar los descalabros en que se ha visto comprometida la organización misma. Sin embargo, lo que significó la presencia subversiva, asumida por el colono como «el rae-

Ana Cecilia OLAYA, Condiciones actuales y posibilidades de desarrollo de la región del Pato-Alto Cagián, Bogotá, 1992, Tesis para optar al grado de economista, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Economía.

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Segunda parte

dio para garantizar su supervivencia social y política2», ahora significa —especialmente jjara el poblador reciente— la jjrincipal causa ¡jara el maltrato y la incursión armada de la fuerza pública, que atrepella vidas y bienes en pos de dar alcance al frente guerrillero.

2 J J . GONZÁLEZ y Pablo CASTAÑEDA, "El Caquetá: de la colonización armada a la colonización coquera", mimeografiado.

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El valle del Ariari: otro caso claro de

contigüidad Fernando Cubides

Como afirmábamos antes, siendo la unidad de análisis el municipio, hecha la selección de las cuatro categorías se hace necesario examinar con más detalle el caso de municipios contiguos que aparecen en la categoría de los más violentos, siguiendo la pista de los factores regionales, trasmunicipales, que pudieran estar presentes en los índices de violencia.

Al tiemoo oue ha renacido un interés muv definido en la regiones. 1 1 J o

se suele señalar las ambigüedad característica del concepto de región; en una esfuerzo por dar una definición unívoca, la Comisión de Ordenamiento Territorial lo considera como el segundo nivel territorial después de la nación. En este caso, a las áreas que abarcan el territorio de 2 o más municipios se las denominará subregiones.

MUNICIPIOS MUY VIOLENTOS DEL ALTO ARIARI

(META): EL CASTILLO Y SAN JUAN DE ARAMA

San Juan de Arama fue la zona de repliegue de los grupos guerrilleros liderados por Fléctor Morales antes de la amnistía de 1953. Tras ella, mediante el programa de colonización que se esboza, que conllevaba un ajjoyo económico para el traslado de los excombatientes al Ariari, la dotación gratuita de herramientas y préstamos para iniciar los asentamientos, se estableció en esta zona una relativa paz. Sin embargo, al momento de hacer el balance de las fuerzas guerrilleras que actuaban en el llano y su sitio de ubicación, quedaban por amnistiar la persona y los seguidores de Dumar Aljure, quien había sido desertor del ejército y por esa razón no podía acogerse a la amnistía tal cual fue concebida

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Seguida parte

entonces. En el recuento que hacen dc la ubicación de las distintas columnas guerrilleras al momento dc iniciarse la amnistía, Guzmán y Fals Borda ubican las fuerzas de Dumar Aljure en San Juan de Arama. Por su jjarte, los dos últimos capítulos de Las guerrillas del Llano de Franco Isaza muestran el grado de fragmentación a los que está sujeto el movimiento guerrillero dc los llanos al inicio de la amnistía, fragmentación que se acentúa tras la muerte de Guadalupe Salcedo.

El tratamiento diferencial que reciben los antiguos guerrilleros es origen de las primeras tensiones en plena vigencia de la amnistía de 1953. Las crónicas han reconstruido en líneas generales lo que hubo de común en la colonización del Alto Ariari.1 Igualmente, las entrevistas hechas aplicando la técnica de las historias de vida indican las tensiones y diferencias que mencionábamos: en los reíalos compilados por Molano en Siguiendo el corte se deslizan las versiones paralelas. Mientras el Tuerto Giraldo, el cacique jjolítico del Ariari, protagonista del primero de los relatos, se autoexime de cualquier participación en la suerte de Dumar Aljure, otro de los entrevistados le atribuye una connivencia con el ejército en el propósito de liquidarlo que le permitiría por cierto deshacerse de un fuerte competidor. En el conjunto de estas crónicas y relatos son descritos los procesos migratorios asociados, y la forma en que la subregión se convulsionó con posterioridad a la amnistía de 1953 con un nuevo tipo de enfrentamiento: entre los colonos dirigidos por líderes de orientación comunista, Pastor Ávila y Plinio Murillo, y grupos dispersos que practicaban el bandolerismo. Mientras que en el piedemonte de La Uribe a Medellín del Ariari se desarrolló una colonización basada en la autodefensa armada, en el Medio Ariari la colonización cjue intentó dirigirse, inaugurada en 1959 y que aspiraba a distribuir 79.000 hectáreas en torno a las parcelaciones de Avichure y Canaguaro, había fracasado claramente hacia 1961. Un fracaso sobre el cual hay un diagnóstico muy útil y muy actual elaborado por el Incora.2

En particular [jara estos municipios, ver Alfredo MOLANO, "Aproximación al proceso de colonización de la región del Ariai i-Güejar-Guayabei o", en La Macarena: Reserva biológica de la humanidad. Centro Editorial Universidad Nacional, Bogotá, 1989.

" Véase Víctor Daniel BONILLA, La colonización del Meta y sus problemas, Mimeógra-fo, Archivo del Incora.

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La conclusión gruesa que se establece es que para 1972, el fracaso de los distintos planes auspiciados estaba corroborado por un proceso de concentración de la propiedad agraria, claramente perceptible en los Llanos de San Martín, pero también evidente en el área de los dos municipios a los que venimos refiriéndonos. Ambos pertenecen en las categorías del Dañe a la colonización activa de frontera, y aunque San Juan de los Llanos (que fue el primer nombre de San Juan de Arama) aparece en las crónicas fundado a comienzos del siglo XVI, aquella fundación no dio lugar a un asentamiento continuo a lo largo del período colonial; su poblamiento continuo proviene del período republicano, particularmente de fines del siglo XIX, en que la llamada trocha Sanjuanera y el camino entre San Martín y el Huila activan la explotación ganadera. Hasta 1921, cuando se funda el municipio de La Uribe, San Juan de Arama es apenas un caserío en su jurisdicción; en el Censo de 1985, aunque ya es municipio, el cómputo total de pobladores es de apenas 3264.3

Para los municipios del Ariari, la construcción del puente Guillermo León Valencia sobre el río Ariari en 1966 le imprime una dinámica particular al poblamiento y lo reorienta en sentido suroccidental partiendo de Granada (anteriormente llamada con el muy descriptivo Boca de Monte). A fines de los 80, ya ha adquirido una fisonomía completamente urbana: es la segunda ciudad del departamento del Meta.

Al agrupar por contigüidad los municipios con alto índice de violencia en el período que estudian. Losada y Vélez definen como la 9a

de las regiones de violencia a la del Alto Río Ariari, compuesta por los municipios de El Castillo, Puerto Lleras, Fuente de Oro, San Juan de Arama y Lejanías.

Mientras que la elevación de El Castillo a municipio data de 1976, y su importancia demográfica es mayor (10.649 hectáreas en el Censo de 1985), en el período más reciente ha sido más activa la colonización en el territorio de San Juan de Arama, pues una porción de éste hizo hasta 1989 parte de la llamada Reserva Biológica Integral de La Macarena, de la que 35.400 hectáreas pertenecen hasta ese año a su jurisdicción. Los cultivos de marihuana, que se propagaron hasta 1978 más o menos, y el cultivo de la coca, difundido a partir de ese año, se con-

' Ver José AVELLANEDA NAVAS, "San Juan de los Llanos, primera ciudad de los Llanos Orientales", en Los Llanos: una historia sin frontera. Academia de Historia del Meta, Villavicencio, 1988.

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Seguida parte

virtieron en los móviles del poblamiento: San Juan se convierte en cl punto de penetración y el eje a partir del cual se van creando los cuatro municijjios que rodean el territorio de lo que es hoy el Parque Nacional Natural de la Macarena.

La inclusión de San Juan de Arama en el rango de los más violentos municijjios del país tiene que ver en gran medida con lo que era su extensión anterior, previa a la creación de los municipios de Vistaher-mosa (creado en 1969), Mesetas (creado en 1981), y el recientemente vuelto a crear La Uribe, (que prácticamente había desajjarecido en 1951 y es elevado de nuevo a municipio en 1990). De allí que aparezca en forma tan protuberante en las estadísticas históricas que utiliza Rodrigo Losada para el período 1979-1986.

La dinámica del poblamiento en estos municijjios es mayor, y muy significativamente, en el jjeríodo 1973-1985. Correspondiente al período de máxima influencia de la Unión Patriótica, San Juan de Arama, y los restantes 4 municijjios cjue rodean el territorio de lo cjue era hasta 1989 la Reseña Biológica integral de La Macarena, así como el municipio de El Castillo, eligen alcaldes de dicha agrupación en 1988, en la primera elección popular de alcaldes. Casi simultáneamente a esa consolidación política de la izquierda, los datos aportados en el trabajo de Alejandro Reyes muestran cómo la subregión del Alto Ariari en la ribera izquierda, correspondiente a Castilla la Nueva, San Martín y Granada, registra altos niveles de inversión en tierras por parte de narco-traficantes, y en el segundo de estos municipios la presencia de El Mexicano y de sus testaferros es ostensible. Es esc poder regional nuevo, en alianza con poderes tradicionales del latifundismo en los Llanos de San Martín, el que más amenazado se siente por la consolidación de la influencia política de la Unión Patriótica en los cinco municijjios que rodean La Macarena, zona geográfica que desde la imjjlantación de la guerrilla en las riberas del río Duda y el Guayabera, teniendo a La Uribe como epicentro, viene siendo su vanguardia legal.

La expansión del latifundio como jjroducto de inversión del narcotráfico hacia el Medio y Bajo Ariari, y la exjjansión de la influencia política de la izquierda, en este caso la Unión Patriótica, que se convierte en la vocera de los intereses de los colonos y de los medianos jjropie-tarios, tiene en el territorio de estos dos municijjios su zona de encuentro. Para el jjeríodo que abarca nuestro estudio, jun to con El Castillo, el municijjio con un mayor índice de muertes violentas es Vis-tahermosa. A raíz de la masacre de Piñalito (21 de febrero de 1988),

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vereda hoy de Vistahermosa, se inicia una serie de muertes selectivas: alcaldes, candidatos a alcaldes, dirigentes y cuadros medios de la Unión Patriótica, racha que tendrá su mayor índice en Vistahermosa y El Castillo.

En 1990 se intenta llevar a cabo en la cabecera municipal de El Castillo una experiencia del todo inédita: un encuentro entre voceros de los grupos paramilitares y de autodefensa y voceros de la guerrilla: promovido por la alcadesa María Mercedes Méndez (quien después, al terminar su período, sería asesinada) y pese a las buenas intenciones del Vicario Apostólico del Ariari y de los delegados del PNR, el encuentro no tuvo efecto. Voceros oficiosos de ambas organizaciones armadas argüyeron condiciones de seguridad. Por fallido que fuera, lo que se expresa en ese encuentro es la territorialidad que adquiere el conflicto armado en esta subregión. Con anterioridad al Urabá o al Magdalena Medio, la nítida demarcación entre la zona de consolidación del latifundio ganadero y la de los frentes activos de colonización es correlativa a la de los grupos de autodefensa y la de la presencia y control guerrillero. El hecho de que el territorio de la Antigua Reserva de la Macarena y el de estos dos municipios en particular aparezca mencionado en todas las propuestas de negociación y desmovilización (o de despeje, como se denomina en la retórica oficial desde 1994) es en sí mismo elocuente.

Lo que tienen en común ambos municipios en el aspecto de política local es el haber tenido un claro predominio electoral de la izquierda, y a la vez ser el punto de confluencia de la expansión del latifundio restaurado por la inversión del narcotráfico y de la mediana propiedad en una medida importante auspiciada por el cultivo de la coca como materia prima y amparada por la guerrilla.

Así como El Castillo, San Juan de Arama/Vistahermosa evidencia la presencia de tres frentes de las Farc, de paramilitares, de tierras de narcotraficantes. En cuanto a cultivos ilícitos, mientras San Juan de Arama/Vistahermosa se caracteriza por la rápida propagación de la coca y la presencia de laboratorios para su procesamiento, El Castillo revela la presencia de cultivos de amapola, para la cual su zona superior a 1200 msnm es apta.

En cuanto a porcentaje de la población con NBI, según el censo de 1985 y de población en miseria, es muy semejante para estos dos municipios; las variaciones entre 1985 y 1983 no son todo lo significativas que pudiera esperarse del hecho de que ambos fueron incluidos en los

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Segmda parte

jjrogramas del PNR. Para cuando la serie de asesinatos colectivos se inicia (con la matanza de Piñalito) el éxodo de jjoblación es ya notorio, y lo atípico es que se registra de la cabecera hacia la zona rural, como ocurre particularmente en Vistahermosa, desenglobado como decíamos, de San Juan de Arama. Vistahermosa, por cierto, bien puede ser estudiado como un caso muy representativo de los efectos demográficos de la violencia selectiva y de móviles políticos de la etapa más reciente del país. Su núcleo urbano, de cuyo surgimiento sirvió como cronista en 1968 el geógrafo alemán Wolfgang Brücher (en su texto monográfico La colonización de la selva pluvial en el piedemonte amazónico de Colombia, publicado por el Agustín Codazzi en 1974, pero escrito en 1968), registra un rápido crecimiento a favor de las bonanzas marimbera y coquera en los Llanos, y de la ocujjación de las tierras baldías de la Reserva Biológica de La Macarena. Luego de la matanza de Piñalito (uno de sus núcleos urbanos veredales), del asesinato de dos candidatos a alcalde y dc un alcalde en funciones, presencia un rájjido jjroeeso de despoblamiento, y por más de un año, después de 1987 se convierte en un auténtico pueblo fantasma, un pueblo a lo Rulfo. En una visita de trabajo durante esc período, contabilizarnos al menos la cuarta parte de las casas deshabitadas (de las principales cuatro calles). Los grujjos de paramilitares se habían enseñoreado de las calles. En cambio Puerto Lucas, antes un caserío a orillas del Río Güejar y vereda de Vistahermosa, en territorio controlado por la guerrilla, albergaba la población expulsada y había cobrado gran dinamismo.

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Ciudades y áreas metropolitanas:

Medellín Carlos Miguel Ortiz

Los procesos migratorios de montañas y pueblos de Antioquia hacia Medellín han sido importantes a lo largo del siglo XX. Se habla, por ejemplo, de una oleada entre 1912 y 1918, motivada por la naciente industria y las condiciones específicamente citadinas (servicios, establecimientos educativos); así mismo, de otro movimiento migratorio de 1951 a 1964, relacionado además de los factores anteriores con La Violencia y más claramente protagonizado por inmigrantes pobres.1

La violencia ha sido uno de los factores expulsores de esta migración, pero no el único; las estadísticas demográficas, incluso, no permiten deducir que sea el factor más importante: si bien es cierto que la tasa de crecimiento de Medellín entre 1951 y 1964 (años de La Violencia) fue de 59.4% (inferior a las de Bogotá y Cali, que fueron 70% y 71.4% respectivamente), la de 1938 a 1951 había sido de 62.6%. El caso es que la pequeña ciudad de 30.000 habitantes en 1898, ha alcanzado 79.000 en 1918, 168.000 en 1938, 718.000 en 1964 y L419.000 en 1985.2

Lo que hoy llaman comuna nororiental y comuna noroccidental (que en verdad son las comunas 1, 2, 3 y 4 en el primer caso; 5 y 6 en el segundo,)3 es el producto de esas sucesivas migraciones; normalmente se

1 Documentos de la Oficina de Valorización Municipal de Medellín: Alonso SALAZAR y Ana María JARAMILLO, Medellín: las subculturas del narcotráfico, Cinep, Santafé de Bogotá, 1992 (p. 21-27). 2 José Olinto RUEDA, "Historia de la población de Colombia: 1880-2000", en Nueva Historia de Colombia, Bogotá, Ed. Planeta, 1989, tomo V (p. 357-396),

En datos estimados de 1988, las comunas 1, 2, 3 y 4 (nororientales) sumaban (continúa en la página siguiente)

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Segunda parte

olvidan otras zonas también construidas por la migración de los años 1960 y siguientes, que comparten similitudes con aquellas aunque tienen más necesidades, como son la comuna 8, en los cerros centroricn-tales (barrios Llanaditas, Villatina,...) y la parte montañosa de la comuna 13, centroccidental (barrios míseros de El Salado, Nuevos Conquistadores, La Independencia 1 y 2).

Los que en los años 30 eran barrios obreros, fruto de una migración que tuvo la posibilidad de ser absorbida por sectores económicos formales, de manufactura y de obras y servicios públicos, que volaron por Gaitán en los años 40, cn los 60 ya presentaban una diferente composición social, de estratos medios-bajos, y buena jjarte de los habitantes estaban ocupados en la economía informal. Nos referimos a las comunas 3 y 4, algunos de cuyos barrios, Aranjuez, Manrique, Campo Valdés, fueron, en los años 60, el habitat de aquel delincuente singular conocido como camaján, malevo, evocado en el tango y la salsa (Sangre maleva, Pedro Navajas.)4

Precisamente estos mismos barrios, en los años 80, que para entonces no eran los más jjobres y gozaban de buena cobertura de servicios públicos, serían el lugar en el que pelacharan las primeras y más importantes bandas de sicarios utilizadas jjor el narcotráfico; la relación entre lo uno y lo otro no ha sido aún estudiada.

Durante los años 60, empero, el homicidio cn Medellín no parece haberse extendido como acaecería en la década de los 80; las tasas de Medellín en los 60 y 70 (hasta 1978) no son superiores a las de otras ciudades y se hallan contenidas en los límites de las tasas del país. Los homicidios se concentraban entonces en zonas de la ciudad a las que también se confinaba la prostitución, el barrio Guayaquil en el centro y las zonas de tolerancia de Lovaina, Las Camelias y Moravia: zonas con caracteres semejantes a los de los crecientes poblados de las áreas ru-

432.500 habitantes, o sea el 26.6% de los habitantes de la ciudad sin contar sus corregimientos ni los municipios vecinos del área metropolitana; las comunas 5 y 6 (norocciclentales) sumaban 259.000 habitantes, o sea el 15.9% de la ciudad (Planeación Metropolitana de Medellín, Departamento de Estadística Metropolitana). La población total estimada de la ciudad de Medellín, a fecha 30 de junio de 1988, era de 1*625.868 habitantes. El censo de 1993 desvirtuó parcialmente esas estimaciones, al arrojar un total de habitantes inferior al previsto: 1'594.967 habitantes. 4 Víctor Manuel VILLA, Deja que aspiren mis hijos, Medellín, Universidad de Antioejuia, 1989, mimeo.

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rales de colonización, donde se gastaba el dinero de las bonanzas, se quebraban las normas, se zafaban las coyundas de la sanción social y del vínculo familiar, cabía la tolerancia como escape a los rígidos esquemas de la ética paisa del trabajo y la sobriedad.

La antigua comuna 3, que hoy correspondería aproximadamente a las 8 y 10 juntas, donde están comprendidos, entre otros barrios, el centro, Guayaquil y la periferia de las breñas centrorientales (Villatina) sigue siendo, entonces como ahora, la zona de tasas más altas de homicidio y más acelerado y vertical crecimiento de las mismas año tras año.5 Los años 70 vieron también la conformación de redes urbanas de las guerrillas en algunos barrios, pero esta presencia de actor organizado de violencia realmente no alteró en nada los índices más o menos estables, y relativamente poco altos, de los homicidios. A lo mejor esa presencia dejaría sus trazas para lo que, en los años 90, va a ser el fenómeno de las milicias.

Los homicidios de Medellín marcan la pauta y dirección de las curvas de homicidios del departamento de Antioquia, y a tono con la tendencia nacional empiezan a elevarse en 1979 de manera vertiginosa desde 1984 y aún más desjjués de 1987.°

V, 1V/.3 l l i U H l ^ I L / H J J d d Cll \^Cl 111V, LI V-fL/V-ílll-ÍJUlCI., i l C l t l LU 1 1 I U \ , J 1 1 C I J l l l l U l L U

neamente a Medellín una tendencia parecida, aunque con una curva de tasas algo por debajo de Medellín, cercana a la de Bello; los restantes municipios (Bello, Envigado, Sabaneta, La Estrella) tienen el punto de inflexión un poco después, en 1985; Sabaneta presenta la curva más baja, pero con análoga tendencia progresiva.

Confrontadas las curvas de las tasas de homicidio en los restantes municipios de Antioquia distintos a los del área metropolitana, el movimiento de la curva de tasas de homicidio es muy disparejo, y en general no presentan la analogía con el país y con el conjunto del departamento que sí presentan Medellín y su área metropolitana. Esta constatación lleva a suponer que, en la dirección que toman las cunas del país y de Antioquia en los años 80, están pesando bastante los datos de Medellín metropolitano.

3 Planeación Metropolitana de Medellín, Departamento de Estadística Metropolitana. 6 Ver Gráfica 25, p. 309.

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Segunda parte

Los últimos años de la década del 70, cuando la curva conoce su primer ascenso, son de deterioro nacional de la economía, aumento del desemjjleo y en particular de crisis de la industria, la que se sintió con más intensidad en la capital industrial del país, 31 de cuyas empresas se declararon en 1979 en concordato.7 Pero son años igualmente de subida de precios e incremento del volumen de operaciones en el narcotráfico, del boom de la marihuana y de la consolidación del tráfico coquero. En la Primera Parte tuvimos ocasión de analizar la curva {jara el caso de Antioejuia y ver cómo, de 1979 a 1981, las tasas dc homicidio suben allí como en los departamentos de la Costa Atlántica, que también fueron exjjortadores de marihuana en esos tres años; jjero en estos departamentos, a diferencia de Antioquia, las curvas volverían a descender al final de la bonanza de marihuana.

Los dos puntos de más fuerte subida de la curva cn la ciudad de Medellín, 1984 y 1988, coinciden con la cronología de las guerras del Estado con el narcotráfico, en el gobierno Betancur y en el gobierno Barco respectivamente. Alcanza en 1991 el punto máximo de 470 homicidios anuales por 100.000 habitantes, tasa fuera de todo parámetro: la tasa más alta del país —a su vez la más alta del planeta— fue, también en 1991, de 82, e incluso la tasa de Antioquia ese año, muy por encima de la del país, alcanzó 245. Comparada con las ciudades del mundo de más alta tasa, Medellín las sobrepasa en mucho.8 Su curva desde 1984 sólo está por debajo de algunos municipios antio-queños (Ajjartadó, Chigorodó, Segovia, Taraza), de Muzo en la zona esmeraldífera de Boyacá y del Valle del Guamuez en Putumayo.

Existen, pues, elementos para trabajar la hipótesis de que la jjroli-feración del homicidio cn Medellín desde 1979, muy intensificada des-

' Alonso SALAZAR y Ana María JARAMILLO, Op. cit., p. 30. Mario ARANGO JARA-MILLO, Impacto del narcotráfico en Antioquia, Medellín, Ed. J.M. Arango, 35 edición, 1988, p. 88. 8 Un artículo de la revista Coyuntura Social compara la tasa de Medellín en 1987 (el artículo, equivocadamente, la atribuye a 1988) con las más altas tasas de ciudades en el mundo en 1990: Ciudad del Cabo 64.7; El Cairo 56.4; Alejandría 49.3 (Revista Coyuntura Social, NQ 5, diciembre de 1991, p. 51). La tasa de Medellín en 1987 es 190.9, pero lo correcto es hacer la comparación con la tasa de 1990 (de la cual el autor no disponía en ese momento): 415.0. En el mismo año la tasa de Cali fue 80 (también por encima de las extranjeras, aunque más ligeramente) y la de Santafé de Bogotá 52.0.

108


de 1984, tiene que ver con un actor violento organizado: el narcotráfi

co.

Nunca antes actor organizado alguno había mostrado tanta capacidad de inducir rapidísimos procesos de expansión y generalización del homicidio común, o sea de tener efectos sobre la violencia inorgánica. Es obvio que de los 7.000 y más muertos por año en Medellín, sólo una pequeña parte ha dependido directamente de la organización narcotraficante, en forma de homicidios selectivos {asesinatos), de víctimas del terrorismo y, en un grado un poco mayor, de los ajustes de cuentas y vendettas internas. Pero muchísimos más son los homicidios que tienen relación indirecta con el narcotráfico, bien sea por el impulso que dio a la organización y proliferación de las bandas de sicarios (sólo una parte de las cuales dependía del narcotráfico), por la circulación de armas que promovió y la mentalidad armamentista,2 por la corrupción de agentes del Estado que acentuó, por la organización que transplantó a otras modalidades delictivas también usuarias de la violencia,10 en fin por el modelo cultural que introyectó, punto éste que, no por ser menos cuantificable en estadísticas, es menos decisivo para explicar las propias cifras.

En los años 80 ya el homicidio de Medellín no se concentra sólo en Guayaquil y las zonas de tolerancia, sino que se desparrama por casi toda la ciudad, sin perdonar a El Poblado, el barrio de la burguesía tradicional, habitado también desde los años 80 por mañosos que se enriquecieron súbitamente. El citado artículo de la revista Coyuntura Social presenta las curvas comparativas de homicidios, entre 1981 y 1990, de las 6 comunas en que estaba dividida anteriormente la ciudad,

9 Según datos de 1988 de la Oficina de Planeación Metropolitana (Departamento de Estadística Metropolitana), ia primera causa de mortalidad en la ciudad de Medellín fue "Ataque con arma de fuego y explosivos", cuya tasa alcanzó al 1.3% del total de habitantes. La causa denominada "Ataque con instrumentos cortantes y punzantes" ocupó, en cambio, el tercer lugar (el segundo correspondió a los infartos) y su tasa por habitantes fue 0.2%. 10 Mario ARANGO JARAMILLO aporta cifras interesantes en este sentido: «No deja de llamar la atención de que a pesar de haber sido 1987 un año de reactivación económica, se incrementaron también los delitos, especialmente los económicos. Por ejemplo, mientras en 1984 se registraron 10 atracos a instituciones bancadas, en 1987 llegaron a 72, (...) y en los cuatro primeros meses de 1988 se registraron 15 asaltos bancarios por mes, contra un asalto mensual en 1984. Igualmente, en 1987 se contabilizó el mayor número de robo de automotores y motocicletas, para un total de 1140». Mario ARANGO JARAMILLO, Op. cit, p. 141.

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Seginda parte

aunque el autor advierte que dichas curvas dc tasas provienen de los registros de homicidios según el lugar dc la ciudad donde ocurrieron, 10 cual revela mucho menos elementos que si se clasificaran según barrios de residencia de las víctimas o de los victimarios."

Para efectos de la desagregación barrial del fenómeno, nos parece más significativo el censo, por barrios, de las bandas de sicarios, que ensayan Alonso Salazar y Ana María Jaramillo; lo hacen para el año tope de 1991.

Las bandas constituyen otro de los actores violentos organizados, que apenas en parte guarda nexos directos con el narcotráfico12; las bandas, o sus sicarios más o menos en conexión con ellas, serán protagonistas de muchos de los homicidios, aunque tampoco allí se agotan las cifras, pues debemos admitir que un buen número de homicidios todavía puede hacer parte de la violencia inorgánica (desafortunadamente no existen fuentes discriminadas que permitan, en este punto, un tratamiento diferenciado).

Según Salazar y Jaramillo, de las 153 bandas existentes en el área melrojjolitana en 1991 (122 dentro de la jurisdicción municipal de Medellín), 87 jjertenecen a la zona nororiental (comunas 1, 2, 3 y 4), 16 a la noroccidental (comunas 5 y 6), 8 a la centroccidental, 6 a la su-roccidental y 4 a la centroriental. En las comunas de la zona nororiental se hallan los barrios con mayor número de bandas, como Aranjuez en donde se contabilizan 42, y Manrique con 12. Dentro de los municipios del área metrojjolitana sobresale Bello, con 19 bandas en total, 11 de las cuales se localizan en el barrio Niquía, limítrofe con la comuna 5 de Medellín. Estos barrios, tanto de Medellín como de Bello, tienen en común no ser de los más jjobres ni piratas (subnormales) ni tener grandes carencias en sus servicios públicos; están clasificados en el estrato socioeconómico 3 según la Oficina de Planeación, como sus homólogos de las comunas noroccidentales.

Aranjuez, Manrique, Bello (Niquía) no sólo sobresalen jjor el número de bandas sino por la violencia de ellas, el poder que ostentan y

11 Op. cit, p. 48, Gráfica 2 (p. 286).

Varios de los primeros enganches entre el narcotráfico de Medellín y los sicarios se hicieron a través de establecimientos legales, que para el efecto se conocieron como las oficinas (Véase Carlos Miguel ORTIZ, "El sicariato en Medellín: entre la violencia política y el crimen organizado", en Revista Análisis Político, Ne 14, Bogotá, septiembre-diciembre 1991, p. 62).

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la particularidad de haberse conectado con el narcotráfico. En ese triple aspecto fueron bastante conocidos Los Priscos y Los Monjes en Aran-juez y La Ramada en Niquía. También en barrios de estratos más bajos se conocieron bandas famosas, como la de Los Nachos en los barrios Popular 1 y 2 (de estrato 1).

Las bandas de sicarios empezaron a decaer después de 1991, por las matanzas entre ellas, en menor grado por operativos formales o clandestinos de la Policía, y sobre todo por acción de las milicias, que se convierten en su principal enemigo. En muchas ocasiones, no obstante, los miembros de las bandas han optado ¡jor ingresar a las milicias, promiscuidad que ha acarreado efectos disolutorios en la disciplina supuestamente unívoca de éstas, y actualmente inciden, como factores disociadores, en la moral de los milicianos reinsertados y en sus letales querellas.

Las milicias en general aparecieron en los barrios con una oferta de seguridad para los habitantes, agobiados por las bandas de sicarios. Aunque en su estructuración muestran rasgos de las redes urbanas de apoyo de guerrillas de los años 70, y en su discurso casi todas coinciden en un izquierdismo que acusa deudas ideológicas con las principales organizaciones guerrilleras (unas más radicales, las cercanas al ELN, y otras menos, las cercanas a las Farc o Milicias Bolivananas), pretenden ser autónomas respecto a aquéllas y se presentan ante la población sólo como opción de seguridad barrial.

Según el grado de disponibilidad hacia la negociación, las milicias existentes en Medellín y su área metropolitana en 1995 podrían agruparse en tres grandes tendencias13:

a) Las que, de hecho, firmaron los acuerdos de Santa Helena, dos grandes grupos con presencia en muchos barrios de la zona noroi iental, a saber: las Milicias Del pueblo y para el pueblo, el grupo más intransigente de los dos, de inclinaciones ELN y disidentes de las milicias ultrai radicales que en este momento se asientan en la periferia centroccidental de la ciudad,

13 Entrevistas con Gloria de Ortiz, animadora de procesos de reinserción de mili-

Nombre del corregimiento de Medellín donde se concentraron los milicianos durante el proceso de negociación, y nombre también con el cual se conocen los acuerdos que de allí resultaron.

111

Segunda parte

y las milicias Del Valle de Aburra, de corle Milicias Bolivarianas (pro Farc).

b) Las que, teniendo un discurso político radical y opuesto a la negociación encaminada a desmovilizarse, estarían sin embargo, dispuestas en 1995 a negociar algunos asjjectos puntuales de alcance barrial, que podría hacer más vivible -pensamos- la cotidianidad de los vecindarios; son de estilo Milicias Bolivarianas, y podríamos estar refiriéndonos a las que controlan barrios como Belén-Altavista y El Picacho, en las zonas sui occidental (comuna 16) y noroccidental (comuna 6) respectivamente.

c) Finalmente las más radicales y militaristas, de afinidades con el ELN, que no aceptaban ningún tipo de negociación; en 1995 controlaban barrios poco conocidos en el boom publicitario, que son mucho más pobres que los de las llamadas comunas nororiental y noroccidental: los barrios míseros de los cerros centroccidentales a los que antes hicimos referencia: El Salado, Nuevos Conquistadores, La Independencia 1 y 2. En sus territorios habían extinguido totalmente las bandas de sicarios y, a la vez, habían hecho retirar a todas las instituciones del Estado.

Ajjroximadamente a jjartir de 1993, se empezó a configurar un nuevo tipo de banda opuesta a las milicias en forcejeo con ellas por el control de los barrios; participaba de los rasgos de estructuración y disciplina de las milicias, aunque sin ningún discurso político, y a la vez de los rasgos delincuenciales de la antigua banda de sicarios que hoy tiende a extinguirse y que fue afectada jjor los goljjes ¡Jiopinados a la organización del narcotráfico; no se dedicaba sistemáticamente a delinquir, como lo hacía aquélla, pero no tenía reato en recurrir esporádicamente a algún robo de auto o a algún atraco bancario si lo requería para financiarse.

Su fin primordial era la oferta de seguridad, como las milicias con las cuales competía, y, consecuentemente con ello, excluía cualquier conducta delictiva dentro de sus jjropios barrios. Tienen de las milicias la logística organizativa y el dominio sobre la comunidad basado en el miedo. De esta manera lograron, por ejemplo, controlar actividades, como en los barrios 12 de octubre (noroccidente), el transjjorte colectivo, tan vital para los habitantes.

La curva general de la tasa de homicidios en Medellín, de manera semejante al movimiento de la curva del país y de la curva del departamento de Antioquia, desjjués del tojje máximo alcanzado cn 1991 inició su descenso; {jara el último año sobre el que tenemos información disponible, el de 1995, Medellín había logrado casi rccujjerar el nivel de 1988, con 280 homicidios por 100.000 habitantes.

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Cali (más Yumbo, Jamundí,

Candelaria, La Cumbre y Viajes)

Fernando Cubides

El comportamiento de las tasas de muertes violentas y de delito en general ha sido objeto de un seguimiento continuo para el caso de Cali, posiblemente como para ninguna otra ciudad de Colombia. Centros académicos como el Cidse de la Universidad del Valle y entidades municipales como Desepaz han contribuido a formar una base de datos y, sobre ella un acumulado de conocimiento que se ha plasmado en varias publicaciones y en análisis comparativos de gran utilidad, aun cuando acerca de los enfoques metodológicos no haya habido la misma continuidad. Es Cali la ciudad sobre la que existe una bibliografía más amplia y que abarca un período mayor, sustentada en un compilación de datos hecha con un mismo criterio y con rigor. Los sociólogos Alvaro Camacho y Alvaro Guzmán crearon una escuela de investigadores que, antes de la Comisión de Estudios sobre la Violencia de 1987, había aportado los primeros análisis rnicrorregionales y de violencia en el ámbito urbano, sustentados en una base empírica exhaustiva.

Basados en los estimativos acerca del comportamiento de la distribución del ingreso hace dos décadas hechos por Miguel Urrutia y que, para el caso de varias ciudades, y de modo particular para Cali, indican el drástico deterioro en la ¡jarticipación de los estratos medios y bajos de las condiciones sociales de la ciudad en los 70, los mencionados investigadores toman éste como el hito histórico inicial del problema, aunque ninguno de ellos pretenda que ello explique por sí mismo el incremento en los distintos tipos de violencia, y dentro de ellos —de modo muy destacado— el de la violencia homicida. Descartan pues la

113

Segunda parte

tesis estructuralista, jjara lo cual les basta establecer la comparación con otras urbes colombianas v latinoamericanas en que una todavía mayor concentración del ingreso no se ha traducido en incrementos significativos de violencia.

También una explicación centrada en el crecimiento demográfico, en la mayor densidad de población y la jjresión sobre la infraestructura urbana, es descartable a partir de las comparaciones: no parece existir una correlación significativa entre el tamaño de las ciudades y sus tasas de violencia. El primero de los sociólogos mencionados, Camacho Guizado, al introducir el enfoque comparativo aporta un criterio conceptual cjue posibilita la clasificación de los delitos y de la violencia homicida en la esfera pública o cn la esfera privada.1 Un sistema que, además, permite establecer correlaciones entre los agentes (o actores) que ejercen la violencia, su origen social, sus móviles y las características correspondientes de sus víctimas. La concepción de las dimensiones pública y privada de la violencia está centrada en las motivaciones de quienes la perpetran, en los roles asumidos por las víctimas y, cuando por su forma involucra el orden social, sólo se corresponde de modo muy aproximado con aquella otra categorización que distingue la violencia organizada de la violencia difusa.

Para cuando la Comisión de Estudios sobre la Violencia en Colombia analiza el problema, en 1987, después de Medellín, es Cali la ciudad que tiene la tasa más alta de homicidios. Pero si se adoptaba el con-cejjto de criminalidad real que abarca todo tipo de delitos, Cali mostraba las tasas más altas del país: 70.1 jjor mil, en tanto que dicha tasa es 58,3 para Medellín y 54.7 para Bogotá. Siendo, en cuanto a número de muertes violentas, bastante inferior a Medellín, Cali mostraba ya un rasgo singular, atíjjico, cn el comportamiento de las cifras de criminalidad: mientras que la cifra general de delitos se mantenía estable, pese al crecimiento de la población, dentro de ella el jjeso específico de los homicidios se incrementaba significativamente.

Un alto grado de homicidios, que en la clasificación que hacían posibles las categorías de Camacho Guizado, se ubicaban predominan-

"Public and prívate climensions of Urban Violence in Cali" in: Violence in Colombia, Editado por Charles BERQUIST, Ricardo PEÑARANDA y Gonzalo SÁNCHEZ, Scholarly Resources Inc. Delawaie 1992. (Versión inglesa de Pasado y presente de la violencia en Colombia. Incluye datos actualizados y análisis complementarios, y un orden expositivo más claro).

114


teniente en la esfera privada, pertenecerían en suma a esa violencia instrumental, en la denominación que adoptan nuestros capítulos históricos. Parecía hasta muy recientemente que en tanto que para Medellín ese tipo de violencia adquiría la magnitud de un problema de orden público de primer orden —se politizaba— (era el tiempo de máxima confrontación entre organismos de seguridad y las organizaciones criminales asociadas al llamado Cartel de Medellín) en Cali el mismo tipo de violencia declinaba. Y ello parecía corroborado con las especulaciones acerca del bajo perfil con el que las organizaciones de narcotráfico con asiento en la ciudad manejaban el negocio y sus proyecciones.

La explicación que construyen Camacho Guizado y Guzmán, centrada en el caso de Cali, se presenta con el mayor grado de elaboración en una obra conjunta: Colombia: Ciudad y violencia, en cuya primera edición, de mayo de 1990, las tendencias que habían observado con antelación se confirmaban. Ello les permite acentuar el contraste en la comparación con Medellín y a la vez subrayar las características singulares de la violencia en Cali:

Es notable al respecto que los hechos de violencia para la ciudad de Cali havan dictriiniii^'^ notablemente ciesoués de 1986 mientras nue en el resto del país las cifras siguen aumentando, y particularmente en Medellín, hasta hoy, la dinámica de la violencia parece incontenible"

Apreciación optimista que se sostenía a la luz de los datos, los cuales señalaban para los dos años inmediatamente anteriores al que marcaba el descenso, un incremento importante de la violencia, y de las muertes violentas en dos de sus modalidades organizadas: en 1985 como producto de la confrontación con el M-19, que había propiciado la formación de milicias en barrios marginales, y en 1986 como un año en que los grupos de limpieza social, que interpretaban a su modo la consigna Cali limpia, Cali linda y se ensañaban con los grupos minoritarios y desclasados; a partir de allí el descenso era perceptible.

No obstante, vista en un período de mayor duración, la curva de muertes por causa 55 de Cali, tiene un comportamiento semejante al de otra de las áreas metropolitanas: Bogotá. El punto más bajo es el

Op. cit p. 235.

115

Segunda parte

año 1988, pero a partir de allí muestra un crecimiento sostenido en los años 90 y 91 y la singularidad pierde su efecto.

Un análisis minucioso de un semestre en un año más reciente, 1993, hecho por el projjio Guzmán corrobora dicha pérdida de singularidad: la violencia organizada y —dentro de ella— la violencia de móviles políticos o ubicable en la esfera pública, gana en imjjortancia en Cali. Aun cuando sobre la base de una comparación con otras áreas del Valle del Cauca, particularmente el Norte y el Centro del Valle, que incluyen a polos de violencia como Trujillo, el Dovio y Cartago, jjertenecientes los tres a la categoría relativamente violentos de las que elaboramos, en cuanto a homicidio, la posición del área metropolitana de Cali desciende a tercer lugar en ese breve período. Se trata de un espejismo si se tiene en cuenta el auge comprobable de la violencia organizada y que dispone de instrumentos de mayor calibre y soíísticación; por ello la conclusión del autor se halla a tono con esos hechos:

La aparición de cuerpos en botaderos de la ciudad, las señales dc tortura y sevicia, la racionalización de la violencia llevada a sus extremos, incluso acudiendo al terror: creemos que esta forma de violencia es la cjue caracteriza la coyuntura por la cjue atraviesa la ciudad.'

El incremento de las muertes producidas por armas más sofisticadas, y una constatación empírica que aporta la pericia del legista, le permite inferir a Guzmán «formas más organizadas que subyacen a la acción». La coyuntura de la que se habla antes está corroborada por estudios de opinión que indican sin lugar a dudas una percepción generalizada de inseguridad jjartir de entonces, es decir en los últimos dos años.

Debido a ello, la disminución paralela en los delitos no violentos tamjjoco podría interpretarse como un síntoma alentador, pues más bien podría atribuirse, y Guzmán acoge esa interjjretación, no a su menor ocurrencia efectiva, sino a que se denuncia menos. Al examinar las estadísticas judiciales jjara los años 1991, 1992 y 1993, sumados Cali y Yumbo los distritos más poblados, encontramos:

• Alvaro GUZMÁN et a l , "Violencia urbana y seguridad ciudadana en Cali" en Revista Foro Ne 22, noviembre de 1993.

116


ETAPA DE INICIACIÓN DE SUMARIO

Total delitos

1991 1992 1993

12.084 8.966 8.462

91-93

29.542

Vida/integridad

91

4.794

92 93 91-93

3.324 2.268 10.386

ETAPA DE CALIFICACIÓN DE SUMARIO

Procesos

1991 1992 1993 9 | .

93

13.517 17.413 13.306 44.296

Providencias

Resolución acusatoria

91

1.904

92

1.514

Cesación de procedimiento

93

3.504

+ 91 92 93 91-93

6.812 10.094 15.553 4.468 29.995

ETAPA DE SENTENCIA

Total procesos:

1991 1992 1993 9 1 -

93

3.S4S 2.S74 2.028 8.147

Sentencias:

Absolutorias

91

544

92

427

93

183

91- 91 93

1.154 2.972

Condenatorias

92 93 91-93

2.141 1.828 6.941

Fuente: Estadísticos judiciales. Dañe

Mientras que en mediciones más detalladas como las que elabora Guzmán, para los años 90, 91 y 92, para los cuales obtiene tasas de homicidio por 10.000 habitantes y de delito total, también por 10.000, que registran un incremento, y por lo menos un comportamiento estable de la tasa de delito total, esas variaciones van en sentido contrario de las que registra la estadística judicial en por lo menos la primera de las etapas (en el segmento: vida e integridad) que debiera ser la más sensible al respecto.

Lo anterior corresponde a la pauta nacional y por ende parece dar la razón a quienes subrayan la impunidad como el factor de los factores de la violencia, tras comprobar la escasa relación existente entre la estadística criminal y la estadística judicial.

En conjunto, la estadística obtenible obliga a poner puntos suspensivos a la percepción corriente según la cual las organizaciones delictivas que actúan en Cali y su área metropolitana, particularmente las del narcotráfico, promueven y practican menos la violencia que sus homologas de ciudades como Medellín, y conduce a abandonar algunas de las apreciaciones derivadas de un contraste entre estas dos ciudades que durante coyunturas anteriores, hacía énfasis en la escasa asocia-

117

Seguida parte

ción entre el delito general y el delito violento como una singularidad de Cali.

Pero hay otra estadística, la de las armas en tenencia y porte, que también corrobora la jjérdida de singularidad de Cali en el sentido de la disminución de la violencia, e ilustra la tendencia contraria: en cuanto al número de instrumentos para el ejercicio de la violencia, Valle como departamento, y Cali y su distrito industrial, están bastante jjor encima del resto del jjaís, y en forma notoria por encima de departamentos como Antioejuia, incluyendo armas como fusil y subame-tralladora. Tanto en tenencia como en porte de armas, y dentro de ellas las más eficaces (pistola, fusil, subametralladora) el Valle se lleva la palma; en el plano nacional, Valle es, de lejos, cl departamento más armado, y sólo aparece superado, en términos absolutos, por un conglomerado urbano como Bogotá DC.'

La ventaja de Cali es que ha existido una continuidad en el tratamiento de la violencia, expresada ya en el hecho de que se hayan constituido grupos y entidades especiales para ello, y que en el conocimiento de la dimensión empírica se registren en la forma de una mejo r cobertura y confiabilidad dc las estadísticas a nivel municipal; la percepción más generalizada en cambio, y la actitud jjredominante en la clase dirigente regional hasta hace muy poco, tendió a subvalorar los hechos de violencia que ocurrían en su entorno, y a emplear con largueza el estereotipo según el cual las organizaciones de narcotraficantes con asiento en la ciudad no emjjleaban la violencia y en eso supuestamente radicaba su contraste con las dc Medellín. Un estereotipo que cuando se lo emplea por parte de voceros oficiosos de los grupos de narcotraficantes entraña toda una mixtificación ideológica, una operación exculpatoria.

En un evento reciente, en que particijjaron asesores de la Alcaldía de Cali y se jjresentó el modelo explicativo con el que actualmente se llevan a cabo las investigaciones sobre violencia urbana, centrado en los conceptos de actitudes y disjjosiciones, se establecía a la vez ({Jor jjarte del investigador Alfred MacAllister, de la Universidad de Austin, Texas) una cornjjaración escueta de tasas de homicidio por cien mil habitantes, en ciudades rejjiesenlativas del continente americano y la

4 Ver los cuadros 1 y 2 del artículo de Patricia Bulla, "Control de armas y seguridad ciudadana" en La violencia de las armas en Colombia, Juan Gabriel TOKATLIÁN y José Luis RAMÍREZ, Eds., Bogotá, septiembre de 1995, p. 241 y 242.

118


cifra de Cali (90.9) aparecía como la segunda en importancia, siendo

superada tan sólo por Medellín.5

3 Alfred Me ALLISTER, "Homicide Rates in American Cities and States", Seminario sobre Seguridad y Convivencia en Ciudades Colombianas, Santafé de Bogotá, diciembre 4 y 5 de 1997.

119

Santafé de Bogotá Ana Cecilia Olaya

A jjartir de la década del 50, Bogotá tuvo un gran dinamismo demográfico como consecuencia —en jjarte— de los jjrocesos migratorios provenientes principalmente dc Boyacá y Cundinamarca; así, para 1956 Bogotá abarcaba el 7% de la población nacional.1

El auge demográfico significó, además, la presencia de otras tendencias modernizantes: los servicios públicos, que buscan acelerar su ritmo y aumentar su cobertura; el uso masivo del automóvil; los avances tecnológicos, que entre otras cosas han permitido el tratamiento de enfermedades, sobre todo de cierto tijjo antes consideradas no tratables. El desarrollo vial se hizo presente con la construcción de la Avenida Caracas desde la década del cuarenta y de la carrera décima en los cincuenta, proyectos que se constituyeron en los nuevos ejes de la malla urbana.

En el marco nacional, la población —en relación al total del p a í s -representa el 10% en los años 60 y el 18% en los 90: es una ciudad de gran imjjortancia dentro del ámbito nacional desde el punto de vista urbano, de prestación de servicios y de administración pública. En lo económico, a nivel nacional la imjjortancia de Bogotá se refleja a través de su contribución al Producto Interno Bruto, en el cual ha participado con cerca del 21%; allí se genera el 25% del valor agregado y el 28% del empleo industrial.

Teniendo cn cuenta la composición de los subsectores industriales, se encuentra que Bogotá presenta una mayor diversificación frente a las princijjales ciudades y sus princijjales sectores son la producción de

Varios autores, Bogotá 450 años: Retos y realidades, Bogotá, 1988.

120


alimentos, fabricación de bebidas, fabricación de sustancias químicas y construcción de material de transporte.

En el período intercensal 1985-1993, la evolución en la superación de las Necesidades Básicas Insatisfechas muestra deterioro en el ritmo que mostró la ciudad con respecto al período 1973-1985. Mientras en 1985 el 18.5% de la población bogotana estaba en situación de pobreza, en 1993 la pobreza es del 13.6%. De los 5 indicadores de NBI, el hacinamiento crítico es el que tiene una mayor incidencia en la reducción del número de hogares pobres.

POBREZA Y CALIDAD DE VIDA EN SANTAFÉ DE BOGOTÁ

Según el Censo de 1993, la ciudad capital alberga cerca del 15% de la población total del país, con una población de 4.9 millones de personas, de los cuales el 17% se encuentra en situación de pobreza y el 3.5% en situación de miseria. Como antecedente, existe un estudio que se desarrolló exclusivamente en la ciudad de Bogotá, y en el cual el Dañe aplicó la metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas: la encuesta de pobreza y calidad de vida en Santafé de Bogotá, realizada durante los meses de noviembre y diciembre de 1991, a las 19 alcaldías menores de Santafé de Bogotá, que nos permitirá hacer un seguimiento más detallado que para otras ciudades del país del comportamiento de la calidad de vida.

Los resultados que arroja muestran que de 1T94.648 hogares en diciembre de 1991, 153.777 (12.9%) son pobres. En cuanto a los hogares en miseria en Bogotá, la mayor parte se registra en las alcaldías de San Cristóbal y Ciudad Bolívar. De los indicadores de pobreza, el que más incide es el hacinamiento crítico; le sigue la alta dependencia económica y la inasistencia escolar. La mayor concentración de población se presenta en Engativá y Kennedy, donde el tamaño medio del hogar es de 5.3 personas, mientras en Teusaquillo y Chapinero la población pobre es mucho menor y el tamaño medio del hogar es 4.0 personas. Ya ejue el indicador de servicios inadecuados toma en cuenta el acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado, Ciudad Bolívar y San Cristóbal presentan un mayor déficit de estos servicios. En cuanto al servicio de energía, el déficit no es significativo, ya que muchos de los hogares acceden al servicio a través de conexiones piratas.

121

Segmda parte

Teniendo en cuenta que la infraestructura del barrio y los servicios comunales que existen cerca de la vivienda constituyen jjarte del sentido de pertenencia a un entorno y a una comunidad, donde la seguridad y la confianza son esenciales dentro del concepto mismo de bienestar, las alcaldías de mayor pobreza son las que declaran no contar con Cais de Policía, ni con jjarques infantiles y con deficiente servicio de transporte en cl barrio o cerca de la vivienda.

En cuanto a la recreación y el esjjarcimicnto también relacionados con la calidad de vida, se puede observar que aunque las administraciones distritales se preocupen por ofrecer diversidad cultural (teatro, conciertos, eventos literarios, etc.) la tendencia es a preferir la cultura en privado y a domicilio; esto es congruente con la inseguridad y el riesgo que implica la asistencia a espectáculos masivos o tener que recorrer largas distancias. Esto es corroborado por los resultados arrojados por la encuesta mencionada, en donde se jjreguntaba a la jjobla-ción ocupada si dedicaba por lo menos una vez al mes a actividades como hacer deporte, asistir a cine, oír música, ir a discotecas, salir a jjasear o leer: como resultado, se obtuvo cjue el 80% de la población ocupada, pobre al igual que la no pobre, realiza alguna de las actividades mencionadas, l a s preferencias se concentran en oír música y leer. Esta tendencia se observa también en las ciudades de Medellín y Cali; sin embargo, en esta última la preferencia es oír música, seguida de salir a pascar.

VIOLENCIA EN SANTAFÉ DE BOGOTÁ

En 1984 El Dañe hizo una investigación sobre criminalidad real (denunciada o no denunciada) en 11 ciudades del país, a través de la Encuesta Nacional de Hogares. Las conclusiones de ésta destacan la jjropensión de la ciudad a ser violenta. La tasa media de criminalidad real obtenida con la investigación llega a 45 delitos por cada mil personas 4.5% y su incidencia en Santafé de Bogotá es del 54.7 % delitos por mil habitantes.

En una ciudad de nadie y de todos, que acumula anualmente por migración 10 habitantes jjor cada mil, sin transporte eficiente, sin parques, sin teatros, sin lugares de encuentro, contaminada, no debe entonces sorjjrendernos lo jjreocupantc que debe significar vivir en esta ciudad, en términos de violencia —callejera e intrafamiliar—, de delin-

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cuencia juvenil, de maltrato a los menores, de indigencia, de crisis en sus servicios sociales.

Las tasas de homicidio por 100.000 habitantes, en Bogotá, muestran que hasta 1988 este delito disminuía de año en año. Sin embargo, 1988 marca un incremento inusitado de las tasas de homicidio, que recuerdan la siniestra amenaza que sobre esta ciudad blandió el narcotráfico en la década del 90.

De acuerdo con Medicina Legal y de acuerdo con el número de necropsias que se realizan al año, entre 1991 y 1993 hay una tendencia creciente en el número de muertes violentas catalogadas como homicidios: en el 93 se presenta un aumento del 16.3%, o sea 7.409 muertes violentas con respecto al año anterior; a partir de 1994 se evidencia un cambio en la tendencia: entre 1994 y 1995 la reducción de las necropsias llega al 5.9 % (288 casos). Del mismo modo, las localidades de Santa Fe, Kennedy y Ciudad Bolívar son las que presentan el mayor número de muertes violentas. De otra parte, durante 1996 y el primer semestre del 97 el homicidio registra una disminución del 9%. La información suministrada también revela que las víctimas están entre 15 y 29 años. Llama la atención, además, otro aspecto revelador: en la mayoría de muertes violentas, el alcohol estaba asociado tanto a víctimas como a agresores.

Otra muestra de la actitud violenta de los bogotanos es la escandalosa cifra de lesiones personales, en distintos niveles de gravedad, que generan no sólo limitaciones definitivas a sus víctimas sino importantes pérdidas en términos de desempeño laboral y gastos tanto al patrimonio familiar como de los recursos precarios de las entidades de salud. Según la Subdirección de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, el costo promedio de atención de pacientes por eventos asociados con hechos violentos es de $1'236.469 y éstos representaron en 1993 el sexto lugar de casos atendidos con un 3.5% frente al 2.5% de 1988.

De acuerdo con los casos recibidos por Medicina Legal durante 1993, 22.234 personas menores de 30 años sufrieron lesiones personales por distintas causas, de las cuales se destacan: violencia común: 11.784, violencia intrafamiliar: 6.455 y accidente de tránsito: 3.391.

En lo relacionado con la violencia contra el menor, de acuerdo con los estudios del Instituto de Medicina Legal, durante 1993, 5.815 menores de 18 años fueron reconocidos por lesiones personales. Según la Fiscalía, en los primeros diez meses de 1993 se realizaron 1.026 levan-

123

Segunda parte

tamientos de cadáveres de menores de 15 años; en 1995 se realizaron 3.799 dictámenes de lesiones no fatales por maltrato al menor: en la mayoría de casos el agresor era el jjadre, la madre del menor o un familiar cercano.

Así mismo, la Fiscalía informó en diciembre de 1993 sobre la identificación de 107 de las pandillas juveniles que ojjeran en la ciudad. En 1992, 2.032 delitos fueron cometidos por menores de 21 años, cifra que en el 93 ascendió a 2.140; los delitos más destacados son el hurto calificado y agravado y las lesiones jjersonales.

En 1981 el número de asaltos bancarios era de 24; en 1989, de 84; jjasó a 518 en 1993, es decir, un incremento de más del 600%. El promedio de robo de automotores en cada año del período 1981-1989 fue de 2.471, pasando a 6.248 carros hurtados en 1993. Los homicidios aumentan en forma alarmante: de 822 en 1983, pasaron a 2.307 en 1989 y a 5.612 en 1993, lo que pone en evidencia un agudo incremento de la violencia homicida.

Pero la justicia jjenal va cn dirección contraria: el número de delitos contra la vida e integridad personal que entran en la etajja de iniciación de sumarios entre 1991 y 1993 disminuye: de 5.965 delitos que iniciaron sumario en 1991, en 1993 esta cifra ajjenas alcanzó los 3.209 delitos.

En Bogotá, la violencia tiene múltijjles exjjresiones y motivaciones, asociadas a condiciones comunes de las grandes ciudades del mundo, que podrían caracterizar el Síndrome de gran ciudad. Aquí se concentra gran ¡jarte de las actividades económicas y la jjoblacicín del país, situaciones que facilitan la organización criminal, el anonimato, la corrupción, el auge de la economía informal, y posibilita el delito y su encubrimiento, la proliferación dc armas, la oferta y consumo de bebidas embriagantes y droga, coadyuvantes de conductas antisociales.

En la búsqueda de explicaciones a estas tendencias y manifestaciones de violencia, se dice que son producto de rasgos culturales negativos como el machismo, la crisis familiar y la autoridad ¡jaterna, y en el caso de la juventud, hasta ahora, de la falta de jjolíticas y jjrogramas que le ofrezcan alternativas y opciones para ¡jotenciar sus habilidades constructivamente.

Además, resulta incuestionable que en el crecimiento dc la violencia y la delincuencia tiene que ver la crisis no superada de la justicia con su carga de morosidad c impunidad, sustituida por las vías de hecho. La información de la justicia penal ofrece las siguientes cifras: se

124


dictaron entre 1991 y 1993 3.798 sentencias absolutorias, 13.122 condenatorias y 900 cesaron de procedimiento, lo que muestra un nivel de ineficiencia del 5% en el aparato judicial en el capital del país2

También se debe señalar que aún es débil la aceptación y práctica de mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la conciliación, ante la prevalencia de una cultura litigiosa.

Todo lo anterior nos permite afirmar que en Santafé de Bogotá, la violencia, en la mayoría de sus manifestaciones, tiene un carácter económico y social. Es el resultado del progresivo aumento de la delincuencia y del ejercicio de la justicia por mano propia, producto de la impunidad y la intolerancia.

Finalmente, a pesar de los hechos que enrarecen y enturbian la cotidianidad ciudadana con todas las expresiones de violencia descalificante que medran la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad, es interesante mencionar que en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 1993, que preguntó a los jefes de hogar cómo consideraban actualmente las condiciones de vida en el hogar, se pudo apreciar que a pesar de ser una percepción totalmente subjetiva y teniendo en mente lo crudo de la realidad tratada anteriormente, los resultados fueron muy interesantes: el 73% de los iefes de hosar consideran oue las condiciones de vida en el hogar son agradables; el 25% considera que sus condiciones son regulares y sólo el 2% que son desagradables. La apreciación no especificaba condiciones económicas, de salud, o de seguridad, pero a jjesar de lo sórdido de la realidad vivida, parece que mantiene la esjje-ranza en un futuro mejor para los hogares.

• Dañe, Estadísticas de Justicia.

125

Violencia, delito y justicia Ana Cecilia Olaya

En la teoría económica, la microeconomía projjone algunos elementos explicativos cjue consideran que el delito se incrementa cuando el proceso de crecimiento económico es más acelerado.

Así, a pesar de que el Código Penal estipule penas y sanciones para ICJS delincuentes, el crimen — que tiene como base un análisis de costo beneficio— se expande, alentado ¡Jor el rezago y la lenta efectividad de las instituciones judiciales para aplicar justicia. En este sentido, el delincuente como sujeto que asume individualmente sus decisiones, se encuentra con la ventaja de que los costos de delinquir son muy bajos, dada la baja probabilidad de ser capturado y en el caso de ser capturado, la remota posibilidad de ser condenado; de esta manera la impunidad se erige como un mecanismo perturbador que jjrovoca desconfianza e incredulidad en las instituciones que administran justicia y no permite que los delitos sean denunciados e ingresen al sistema judicial. Entonces, lo que rejjresenta una ventaja en la relación costo beneficio para el delincuente individualmente, para el conjunto de la sociedad es una pesada carga que acarrea altos costos y ofrece expectativas desfavorables a la inversión, corno elemento básico para una economía en crecimiento. Distintos enfoques coinciden en afirmar que cuanto más claras y transparentes las normas y más eficaces las instituciones judiciales, más rápido crecerá el país.

En Colombia sólo un jjequeño porcentaje del total de delitos cometidos se denuncia a las autoridades: en 1985 esta cifra fue de 20.9%, en 1991 26.3% y en 1995 alcanzó el 31,5%, según la información de la encuesta de hogares (módulos sobre criminalidad real etapas 50 y 72).

A continuación podemos hacer un seguimiento de los datos disponibles sobre justicia jjenal para el período 1990-1995. Esta información

126


nos aproxima al plano de la justicia penal departamental y municipal. Es de aclarar que esta información no corresponde al número de delitos cometidos exactamente en este período, pero sí a los que iniciaron proceso penal en esos años.

Esta fuente corresponde a las estadísticas de justicia del Dañe, que se elaboran tomando la información suministrada por las unidades de Fiscalía y los juzgados del país. Presenta un alto grado de confiabilidad, pues no es sólo el conocimiento de un delito sino es el resultado de la decisión de un juez que ha sabido los pormenores del supuesto delito. La información da cuenta de las resoluciones de apertura de instrucción, providencias de calificación y sentencia.

Entre los delitos por títulos del código penal que se mencionan en este apartado están los delitos contra la vida y la integridad personal, entre los se cuentan: el homicidio, que en materia penal se reconoce como quitarle la vida a otra persona y las lesiones personales; también se hace una comparación de éstos y los delitos contra el patrimonio económico, que comprenden el robo y el atraco.

In ic iac ión de s u m a r i o s ( c r i m i n a l i d a d a p a r e n t e )

Esta etapa corresponde a la indagación preliminar de los hechos. El juez debe adelantar las pesquisas necesarias para establecer si el hecho ocurrió y si está catalogado como delito por el Código Penal. El sumario se inicia a través de la providencia auto de cabeza de proceso.

Calif icación de s u m a r i o s ( c r i m i n a l i d a d legal)

Iniciado el sumario, el juez abre la investigación y ordena la práctica de diligencias. Hace una calificación provisional del delito mientras concluye la etapa investigativa.

Sen tenc ias ( c r i m i n a l i d a d t r a t a d a )

En esta etapa se relacionan las formas como culmina el juicio o causa, bien sea con una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria y por último las providencias de cesación de procedimiento.

Durante el período 90-95, en el país 916.493 delitos entraron en la etapa de iniciación del sumario; de éstos, 120.179, el 30%, correspondían a delitos contra la vida e integridad personal.

127

Seguida parte

Los departamentos de Antioquia, Valle y Bogotá afirman la tendencia de mantener los mayores índices de violencia, además de ser los que tienen mayor particijjación dentro del total de delitos que entran a ser conocidos jjor la justicia penal.

Antioquia y Bogotá están muy cercanos al promedio nacional, pero Valle —aunque con un menor número de delitos que Antioquia— es el que presenta un porcentaje más alto de delitos contra la vida e integridad personal (34%), en relación al total de delitos que iniciaron jjroeeso en este período.

ETAPA DE IN IC IAC IÓN DE SUMARIO.

Delitos

Contra la vida

Homicidio

Lesiones personales

Contra el patrimonio

To ta l delitos

Fuente: Dañe,

Antioquia

41.597

9.654

27,258

50.596

140.798

Estadísticas de Justicia.

1990-1995

Valle

39.594

7.689

27.797

37.318

117.691

Bogotá

29.316

5.502

21.804

51.551

115.515

Total Nacional

275.637

58.889

197.296

325.215

916.493

Es de resaltar que a pesar de la importancia que para este análisis cobran las cifras dc los delitos contra la vida, son los delitos contra el patrimonio económico los que tienen una mayor particijjación dentro del proceso penal. En este sentido, surge la hipótesis, de que las jjrefe-rencias de los ciudadanos se orientan a no denunciar hechos violentos, jjor la desconfianza que tienen las víctimas en las instituciones del Estado o porque se desconoce cómo opera la administración de justicia. La encuesta del Dañe sobre criminalidad real muestra la razón más importante ¡jara no denunciar: la inoperancia de la justicia, que en 1985 representó el 42,5%, en 1991 el 25.4%, cifra que se mantiene para 1995.

De otra jjarte, si analizamos el total de delitos contra la vida, el homicidio, como exjjresión extrema de la violencia, no es el delito que tiene mayor representación dentro del total de delitos que comprende este título del Código Penal; por el contrario, en su mayoría éstos corresponden a lesiones personales (71,5%) mientras el homicidio apenas alcanza a ser el 21.3% del total de delitos contra la vida e integridad personal a nivel nacional.

128


Según la encuesta del Dañe, esta diferencia puede responder a las consideraciones que las víctimas o los familiares de las víctimas hagan acerca de la posibilidad de aportar pruebas contundentes a sus denuncias. En el caso del homicidio, cuando el autor es desconocido los familiares no denuncian, bien sea por miedo a las represalias o por que prefieren hacer justicia por propia mano.

Ahora, haciendo una comparación con la información de delitos contra el patrimonio jjara el período 1990-1995, podemos observar que en Antioquia y Bogotá, esta cifra tiene una mayor participación que los delitos contra la vida que inician proceso penal. Se puede considerar que este comportamiento responde a que este delito, en particular, es más fácil de denunciar, pues no representa mayor riesgo para las víctimas, ni es necesario presentar pruebas contundentes para su denuncia. Si tomamos la información de ios delitos conocidos por ¡ajusticia penal durante el período 90-95 para el departamento del Valle, en donde los delitos contra la vida son más numerosos que los delitos contra el patrimonio, podemos observar que Cali, Palmira, Buenaventura, Tuluá y Buga son los municipios que tienen una mayor participación en el total departamental:

ETAPA DE INICIACIÓN DE

Cali

Palmira

Buenaventura

Tuluá

Buga

Total Valle

SUMARIO. DEPARTAMENTO DEL

Contra la vida e integridad

19.783

3.151

2.948

1.723

I.SSI

39.594

VALLE. ! 990-! 995


19.106

2.720

2.335

2.016

2.202

37.318

Total de delitos

61.526

9,168

7.055

5.910

5.692

117.691

Fuente: Dañe, Estadísticas de Justicia

A excepción de Cali, los cuatro municipios restantes no hacen parte de las listas de municipios considerados muy violentos o relativamente violentos, lo que sugiere que se prefiere recurrir a la justicia en aquellos municipios donde el nivel de violencia no es extremo, como para permitir a los ciudadanos acercarse y hacer uso de los mecanismos encargados de administrar justicia.

Otra observación interesante es que, contrario a las consideraciones anteriores, sobre la participación de los delitos contra la vida dentro del total de delitos que inician proceso penal y replicando el com-

129

Seguida parte

portamiento del total del departamental, en los municipios de Cali, Palmira y Buenaventura el total de delitos contra la vida es mayor que el total de delitos contra el patrimonio económico en el período 90-95.

Para el departamento de Antioejuia estas consideraciones son totalmente contrarias. Los municijjios que mayor participan dentro del total de delitos que son conocidos por la justicia jjenal coinciden, a excepción de Caldas, en ser aquellos que consideramos en nuestras listas como violentos o relativamente violentos.

Por otro lado, en estos cinco municijjios se mantiene la misma tendencia del total departamental y del total nacional: los delitos contra el patrimonio representan un porcentaje más alto que el total de delitos contra la vida; por lo cual nuevamente se confirma la hipótesis sobre las alternativas a las cuales resjjonde el denunciar o no los actos delictivos.

ETAPA DE IN IC IAC IÓN

Medellín

Bello

Itagüí

Envigado

Caldas

T o t a l A n t i o q u i a

DE SUMARIO. DEPARTAMENTO

Contra la vida e

integridad

18.479

1.841

952

890

705

41.597

DE ANTIOQUIA. i 991


27.170

1.877

1.617

1.467

1.058

50.596

•1995

Total de delitos

61.110

5.666

4.159

3.448

2.670

140.803

Fuente: Dañe, Estadísticas de Justicia

Ahora tomemos, para el mismo período, el comportamiento de tres departamentos que son considerados como pacíficos o relativamente pacíficos: Atlántico, Boyacá y Nariño:

ETAPA DE IN IC IAC IÓN

Contra la vida

Homicidio

Lesiones

personales

Contra el

patr imonio

T o t a l de l i t os

DE SUMARIO.

Atlántico

6.334

1.219

4.719

9.676

26.531

1990-1995

Boyacá

11.811

2.369

8.753

7.725

28.549

Nariño

10.235

2.235

7.687

7.742

32.303

Total Nacional

275.637

58.889

197.296

325.215

916.493

Fuente: Dañe, Estadísticas de Justicia.

130


Como era de esperarse, el total de delitos para estos departamentos es mucho menor: apenas alcanza a ser el 3% del total nacional para este período; igualmente, y siguiendo el mismo comportamiento detectado a nivel nacional, la mayoría de delitos contra la vida e integridad personal se concentran en las lesiones personales, pero por una razón diferente a la mencionada para los municipios violentos, y es que si en general estos departamentos no presentan altos índices de violencia como para ser catalogados como violentos (donde el nivel homicidios es uno de los componentes para integrar las listas) es de suponer que los delitos contra la vida, que conoce la justicia penal, sean las lesiones personales.

A excepción de Atlántico, los departamentos de Boyacá y Nariño siguen la tendencia nacional y de los departamentos considerados violentos: los delitos contra el patrimonio tienen una participación menor que los delitos contra la vida, dentro del conjunto de delitos que son conocidos por la justicia penal en el período 90-95.

La conclusión es obvia: si estos municipios son considerados pacíficos o relativamente pacíficos es porque representan bajos índices de violencia y los pocos delitos que inician sumario principalmente son las lesiones personales —que pueden explicarse por la naturaleza o poca gravedad de este delito— que, como se mencionó anteriormente, resulta más probable que éstos se pongan en conocimiento de la justicia. Dentro del proceso penal, la etapa de calificación del sumario es competencia de las fiscalías, y como lo veremos a continuación resulta ser el cuello de botella, dentro de la justicia penal.

Recordemos que en esta etapa se abre formalmente la investigación y también resulta ser el momento en que la mayoría de procesos prescriben: es la primera manifestación de la impunidad. Para el período 1990-1995, F039.998 procesos entraron a la etapa de calificación y la mayoría se concentró en delitos contra el patrimonio y delitos contra la vida e integridad personal.

En concordancia con la etapa de iniciación del sumario, en la calificación el número de delitos contra el patrimonio sobrepasa el de delitos contra la vida e integridad personal; entre los departamentos considerados como violentos, Antioquia supera al Valle y Bogotá y entre los 3 representan aproximadamente el 50% del total de procesos que entran a esta etapa del proceso penal.

En los departamentos considerados como pacíficos y relativamente pacíficos, este comportamiento varía. Como es lógico, en ellos el núrae-

131

Seguida parte

ro de procesos que entra a calificación es muy bajo, jjero es de resallar que los delitos contra la vida y contra el patrimonio jjarticijjan en la misma proporción dentro del total de procesos que entran a esta eta-jja por estos delitos.

Durante el jjeríodo 90-95 fue mayor el número de procesos que entró a la etapa de calificación que los que entraron a la etapa de iniciación de sumario. Esta situación es pertinente en el momento de analizar la deficiencia en esta etapa de primordial importancia dentro del proceso penal. En esta etapa, a nivel Nacional y los departamentos considerados como violentos siguen el mismo comjjortamiento que en la etapa dc iniciación. Sin embargo, para los departamentos considerados pacificas y relativamente pacíficos no es así.

Dentro del proceso penal la etapa de calificación permite detectar el mayor obstáculo que enfrenta la justicia: del total de procesos que entra a la etapa de calificación, sólo el 20% termina en resolución acusatoria y continúa a la etapa de sentencia, mientras el 77% culmina en cesación de procedimiento. Dentro de las causas de cesación, la pres-crijjción (vencimiento de términos) es la que concentra la mayor cantidad. A nivel nacional, en el período 90-95, el 4 1 % dc los sumarios terminaron en esta etapa por prescripción.

En el período 90-95, en los tres departamentos considerados como violentos se concentra aproximadamente el 20% del total de procesos que terminó en cesación en el país; en Antioquia y Valle, además, el 50% de los procesos, que terminaron en cesación tuvieron por causa la prescripción, mientras en los departamentos considerados pacíficos y

ETAPA DE CALIF ICACIÓN DE SUMARIOS.

CAUSAS DE CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO, I 990 - I 995

Departamentos

Violentos/Pacíficos

Total nacional

Antioquia

Valle

Bogotá

Boyacá

Nariño

Atlántico

Fuente: Dañe, Estadisti

Total de

cesación

1 039.998

208.956

160.234

140.164

39.440

26.053

13.781

zas de ¡usada

Causas de cesación

Prescripción

329.140

84.999

67.178

45.958

2.095

8.302

3488

Inocencia

49.242

4.967

6.725

7.011

996

1.899

1.771

Desistimiento

73.050

3,708

6.638

27.789

2.66

6.138

1.767

132


ETAPA DE CALIFICACIÓN

Municipios violentos

Medellín

Bello

Envigado

Itagüí

Cali

Palmira

Tuluá

Buga

Cartago

Fuente: Dañe,

DE SUMARIOS. 1990-1995

Total Procesos

124.827

10.251

4.461

6.424

82.554

8.642

14.853

9.806

5.716

Lstodíst/cas de justicia.

Resolución

acusatoria

14.610

1.063

733

1,198

16.240

1.733

2.888

1.399

1.109

Cesación

106,656

8.842

3.557

4.827

64.558

6.778

11.705

8.183

4.519

relativamente pacíficos esta causa de cesación apenas alcanzó el 20%.

Durante el período 90-95, el número de procesos que entraron a etapa de calificación en Antioquia fue mayor que en el Valle; sin embargo, en cuanto al número de resoluciones, el Valle sobrepasa a Antioquia. A nivel municipal, a Medellín, le siguen los municipios de Ita-gm, o d i o y iLnvígado, consioera^ios los municipios mas violentos utCt departamento de Antioquia. También los 4 municipios sobrepasaron el 70% del total de cesaciones del departamento.

Para el Valle, los municipios de Cali, Palmira, Tuluá y Buga son los que tienen una mayor participación dentro del total de procesos que entran a etapa de calificación durante este período: al igual que en Antioquia, en los municipios del Valle un 70% de los procesos terminan en cesación.

La etapa de sentencia, es la conclusión del proceso penal, es aquella donde se producen resultados; los análisis insisten en que en esta parte del proceso se logra la disminución de los niveles de criminalidad, fortaleciendo la probabilidad de castigo (sentencia) para los delincuentes; esto significa que al aumentar el riesgo de condena se deben reducir los índices de violencia. Sin embargo, el desempeño de esta etapa no refleja jjor sí sola la eficiencia de la justicia en materia penal: es competencia de los jueces, y a diferencia de las etapas de iniciación de sumarios y calificación, la mayoría de delitos que inician esta etapa se resuelven con una sentencia condenatoria o absolutoria, pero no es el argumento ni la consideración aislada para analizar niveles de

133

Segmdaparte

eficiencia, máxime si se recuerda que durante la etapa de calificación es donde la mayoría de los jjroccsos (77%) termina jjor cesación de procedimientos. Esto significa que sólo un 23 % de estos delitos entra en la etapa final del jjroeeso, y es sobre éstos que se dictamina sentencia (Ver cuadro en la página siguiente).

Efectivamente, si comparamos el total de ¡jrocesos que entran a cada una de las etajjas que comjjeten a la justicia penal (jjeríodo 90-95) es en esta última, en la etapa de sentencia, donde un menor número de delitos no solamente entra a ser conocido jjor la justicia sino que es aquel sobre el cual se tiene que proferir un veredicto. Para este jjeríodo, el total de providencias equivalen al 25% de delitos que inician sumario y al 22% de procesos que entran a la etajja de calificación; a jjesar de la baja particijjación de esta etapa, se puede observar que la mayoría de providencias termina en sentencias condenatorias y la cesación de procedimientos no es significativa.

Antioquia, Bogotá y Valle concentran aproximadamente la mitad de las jjrovidencias que entran en la etapa de sentencia entre 1990 y 1995 a nivel nacional. En este sentido, se mantiene la tendencia que mostró la etapa de iniciación del sumario; aunque con esta información no podemos saber cuántos delitos corresjjonden a homicidios, sí se puede ajjreciar que en materia de justicia penal los dejjartamentos con altas tasas de violencia tienen una mayor jjarticijjación en relación con los delitos que entran a ser tratados jjor el aparato judicial.

Durante el período 1990-1995, en esta etajja Antioquia mantiene un mayor número de providencias que entran a sentencia y que terminan cn cesación de procedimiento. Para el Valle, el porcentaje de senten-

ETAPA DE SENTENCIA.

Departamentos

violentos/

pacíficos

Antioquia

Valle

Bogotá

Atlántico

Boyacá

Nariño

Total nacional

1990-1995

Absolutorias

5.561

4.091

6.683

380

1.282

1.062

34.652

Condenatorias

38.178

28078

28.977

1.486

5.493

5.448

197.411

Cesación

procedimiento

556

160

237

95

107

97

2.425

Total

Providencias

44.295

32.329

35.897

1.961

6.882

6.607

234.488

Fuente: Dañe, Estadísticas de Justicia.

134


cia que termina por cesación de procedimiento es menor, Esto puede significar que si en el departamento del Valle los delitos contra la vida e integridad personal están por encima del promedio nacional, cuando éstos llegan a la etapa de sentencia casi en su totalidad son fallados con sentencia absolutoria o condenatoria.

En los departamentos considerados como pacíficos y relativamente pacíficos, el total de providencias que entra a sentencia en este período es muy bajo y mantiene la misma tendencia que los departamentos considerados violentos, en cuanto a que es mayor el número de sentencias condenatorias que absolutorias en los cinco años referidos.

Finalmente, si el rezago de la justicia contribuye a mantener altos niveles de criminalidad y facilita el incremento de la impunidad, es posible concluir que aunque la desigualdad social no siempre se refleja en altos niveles de violencia, la inoperancia de la justicia —en este caso de la justicia penal— puede ser un multiplicador imjjortante cuando se analizan los índices de violencia.

135

Necesidades básicas insatisfechas:

su dinámica y la violencia en el

municipio colombiano Ana Cecilia Olaya

INTRODUCCIÓN

La interpretación de fenómenos sociales a través de variables económicas, y viceversa, es un objetivo que, en la actualidad, buscan las instituciones y los organismos de planeación e investigación a nivel nacional e internacional. La realidad interpretativa evidencia que unos y otros dirigen de manera individual sus objetivos y propósitos; es el caso de ia construcción de indicadores sociales —léase estadísticas sociales— en el camjjo social y de las matrices insumo-producto en los análisis económicos.

Organismos internacionales como Naciones Unidas, y nacionales como Planeación Nacional y el Dañe, están conformando grupos in-terdisciplinarios e interinstitucionales para conseguir metodológica y sistemáticamente que los estudios sectoriales que tradicionalmente han tenido un manejo estadístico incompatible, se puedan analizar uno en función del otro, valga decir, las estadísticas sociales en función de las económicas.

La principal diferencia radica en la identificación de los agentes que son materia de estudio: agentes económicos y sociales, cjue no encuentran una interpretación ni cuantitativa ni cualitativa, conjunta en el conglomerado de los estudios sectoriales.

Para el caso, la matriz de las cuentas nacionales identifica productores y consumidores del producto nacional (sectores financiero, no financiero, empresas, hogares). En las estadísticas sociales, cada sector,

136


educación, salud, empleo, justicia... identifica sus propios agentes: individuos u hogares a los que se dirige el bienestar o que presentan insatisfacción de necesidades básicas. Conscientes de este sesgo que aqueja el universo de la investigación y, a riesgo de quedar en el limbo meramente descriptivo, a continuación se mencionan las características del desarrollo económico del país, que las fuentes existentes en su momento han permitido reflejar a nivel municipal.

POBREZA Y CRECIMIENTO EN COLOMBIA

La dinámica del crecimiento socioeconómico colombiano se ha caracterizado por mantener formas de organización de los procesos económicos, sociales y culturales en donde resalta la capacidad misma del sistema para sostenerse, pese a la complejidad en que se desenvuelve En este sentido, se favorece la formación de estructuras geoeconómi-cas, bajo la lógica de la centralización y el avance de la urbanización, manteniendo actividades del sector agropecuario, mientras se rezagan tanto zonas rurales como áreas periféricas que no tienen el mismo dinamismo o el mismo potencial de las áreas que participan activamente en la acumulación de capital.

Hasta finales de la década del 60, las políticas de reformismo agrario fueron la constante que guió la política económica colombiana. Sus propósitos: retener la población en el campo para evitar la marginali-dad y el desempleo en las ciudades. En este contexto la economía colombiana se enmarca en la coexistencia de dos sectores: uno agrario, caracterizado en gran medida por una organización precapitalista de producción, y otro urbano con marcada propensión capitalista, productor de bienes manufacturados e industriales. De otra parte, la evolución de los niveles de vida y las relaciones con las fuerzas productivas muestran una lenta evolución hacia el mejoramiento de los índices de pobreza.

Así, junto a los 4 polos semindustrializados: Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, persisten Armenia y Pereira como los centros de comercialización del café, y se mantienen: Buenaventura (puerto principal sobre el océano pacífico) Girardot (principal puerto sobre el Magdalena y enlace con Bogotá).

A nivel espacial, la década del 60 muestra cambios importantes: el crecimiento de Bello, motivado por el desplazamiento industrial, el de Barrancabermeja por el aumento de las exportaciones petroleras; Va-

137

Seguida parte

lledupar cobra importancia por el florecimiento de la producción de algodón, Villavicencio por la ganadería extensiva, Pereira sigue siendo centro comercializado!" de café, a la vez que fueron las ciudades que más crecieron y fueron el escenario de la violencia de los 50.

Para 1964, el censo mostró la tendencia que posteriormente se mantendría —aunque no en todos los casos—: los dejjartamentos que crecieron a tasas superiores al promedio, coincidieron en ser departamentos industriales: Antioquia, Atlántico, Cundinamarca y Valle; de agricultura mecanizada: Magdalena y Valle, o ganaderos: Bolívar, Córdoba y Meta.

En 1972 se introdujeron jjolíticas de atracción urbana, como el incentivo al sector de la construcción, que presionó a la clase trabajadora urbana, que en esc momento afrontaba jjroblcmas de desempleo, subempleo y salarios reales jjor debajo de los necesarios para subsistir. El ritmo que traía la economía y su dinámica de industrialización se desaceleró, en buena ¡jarte por la pérdida dc competencia exlerna de las exportaciones manufactureras, que fueron desalojadas jjor productos extranjeros.

Entretanto, a nivel latinoamericano surgió el propósito de ahondar en el análisis de los problemas sociales de los países en desarrollo, con el fin de diseñar estrategias orientadas a impulsar el crecimiento y el desarrollo. De esta manera, a partir de 1984 el Banco Mundial JJUSO en marcha la aplicación de encuestas nacionales de pobreza. En Colombia el Dañe ajjlicó la metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, sobre la información del Censo 1985, y utilizó retrospectivamente este mismo jjatrón a la información censal de 1973 —la conservó, asimismo, para el Censo 1993—. Esto jjermite contar con un marco de referencia de 3 censos para hacer los análisis correspondientes a lo que ha sido la evolución de la pobreza en los jjeríotlos intercensales (1973-1993).

Para 1973, entonces, la población colombiana sumaba 19'959.580 personas (sin incluir indígenas); en promedio sólo 29,5% de las personas a nivel nacional satisfacía sus necesidades básicas. Los valores extremos en los indicadores simples corresponden así: el mayor, a viviendas con hacinamiento crítico (34.2%) y el menor a personas en viviendas con alta dejjendencia económica (29%). El censo de 1973 muestra que la población colombiana ya se distribuía princijjalmente en las cabeceras municijjales, y las condiciones de jjobreza se acentuaban en aquellas donde la densidad de jjoblación era menor. En este

138


sentido, el estudio Indicadores de pobreza muestra que el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas alcanzaba el 66.8% para las cabeceras de hasta 2.500 habitantes (aproximadamente el 3% de la población total), mientras en las cabeceras de más de 500 mil habitantes el índice de NBI era del 54%.

Sólo 7 de los departamentos presentan un porcentaje de población pobre por debajo del promedio nacional. Son: Antioquia (64.2), Atlántico (59.8%), Bogotá (56.9%), Caldas (61.6%), Quindío (61.9%), Risaralda (61.8%) y Valle (62%). En condición de miseria (presencia de dos o más de los indicadores de NBI), se encontró el 45% de la población colombiana.

Los departamentos con mejores niveles de vida son los que reúnen altos índices de urbanización e industrialización y / o dinámica de producción cafetera, los departamentos industriales, los de agricultura mecanizada.

CONDICIONES DE POBREZA: CENSO 1973

Desde su conformación, las ciudades han llegado a constituir un sistema metropolitano, que se expande siguiendo las características del sistema de producción y adaptan sus espacios de acuerdo a la población que los habita; en este contexto sobresale Antioquia, no sólo como importante zona industrial con el área metropolitana más desarrollada del país, sino con los mejores índices de satisfacción de las necesidades básicas de su población.

De 957 municipios del país en 1973, Envigado, en el departamento de Antioquia, área metropolitana de Medellín, registró el porcentaje más alto de satisfacción de las Necesidades Básicas de su población (el 60%); también se distinguen 4 ciudades metropolitanas: Bogotá, Medellín. Cali, Barranquilla y 9 capitales departamentales: Manizales, Popayán, Pereira, Santa Marta, San Andrés, Bucaramanga, Armenia, Pasto eIbagué.

En el área urbana, a nivel de indicadores el de personas en viviendas con características físicas inadecuadas representa el porcentaje más alto (28.6%); el más bajo lo representa el indicador de personas en viviendas sin servicios básicos (12%). En lo rural, el porcentaje más alto corresponde a personas en viviendas sin servicios básicos (60%) y el más bajo a personas en viviendas con características físicas inadecuadas (35.3%).

139

Seginda parte

Durante 1973 se jjresenta el nivel más bajo en las tasas de homicidios, situación que se mantiene hasta 1975,' y la pobreza a nivel departamental muestra que más del 95% de población tiene Necesidades Básicas Insatisfechas y están en los siguientes departamentos: Boyacá, Norte de Santander, Sucre, Chocó, Nariño, Cauca, Cundinamarca, Casanare, Bolívar, Arauca, Antioquia, Magdalena, Córdoba.

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS SEGÚN LOS CENSOS DE 1985 Y 1993

La década del 80 es la de un país que crece entre la dicotomía de lo rural como signo del atraso, asimilado a la producción agrícola con tecnología obsoleta, con bajos niveles de productividad e inelasticidad en la demanda y lo urbano como signo de progreso, intcrrelacionado con la urbanización, que jjosibilita que mercancías y servicios jjuedan ser producidos y comercializados más eficientemente.

Pero (juizás lo que en realidad marca esta época son las crisis: la deuda externa, la caída de las exjjortaciones, la crisis de los servicios públicos, los altos niveles de desempleo y la búsqueda de la reconstrucción de un estado desprestigiado e ineficiente. Por todo esto bien ha dado en llamársele la década pérdida, expresión válida para América Latina en su conjunto.

A pesar de este oscuro panorama, el conjunto de la economía sobresale como la de mejor descmjjeño en Latinoamérica, con una merma en el crecimiento jjoblacional, con una tasa de desempleo por encima del 10% y un auge inusitado del sector informal como medio dc subsistencia para enormes masas dc jjoblación.

En cuanto a los indicadores de necesidades básicas por municipios, en 1985, de los 1.017 investigados, 758 jjresentaron más del 50% de la jjoblación con Necesidades Básicas Insatisfechas. Sólo 5 dejjartamentos del jjaís tienen en este período más de la mitad de sus municipios erm Necesidades Básicas Satisfechas. Son éstos: Bogotá DC], Caldas, Quindío, Risaralda y Valle.

Entre los dejjartamentos que tienen mayor número de municipios, están Antioquia (122), Boyacá (121), Cundinamarca (144); este último, a pesar de no hacer parte dc los 5 departamentos donde la mayoría de

1 Rodrigo LOSADA y Eduardo VÉLEZ, Muertes violentas en Colombia, Op. cit.

140


sus municipios tiene cubiertas sus necesidades básicas, muestra una mejor situación relativa respecto a los otros dos. Boyacá es el otro extremo: con 2'759.709 de personas menos que la población antioqueña y con 1 municipio menos (según el Censo 85), presenta 30 municipios más que en Antioquia en donde más del 50% de su población tiene Necesidades Básicas Insatisfechas.

La magnitud de la pobreza en Colombia en 1985 es de cerca del 46% del total poblacional y el 22.8% de los colombianos se consideran en situación de miseria. De los indicadores simples, el que presenta el valor más alto es el de Viviendas con carencias de servicios públicos, equivalente a 21.8% de las personas. Le siguen los indicadores de Hacinamiento crítico donde se ubica el 19,4% de las personas, el de Alta dependencia económica con un 15.9%, Viviendas inadecuadas 13.8% y el de Inasistencia escolar 11.5 %.

En 12 departamentos del país, más del 50% de su población satisface sus necesidades básicas. Estos son:

DEPARTAMENTOS

Bogotá

Quindío

Valle

Risaralda

Caldas

Antioquia

% DE PERSONAS CON

NBI

23.5%

30.7%

32.9%

33.9%

36.1%

40.4%

Tota l Naci

DEPARTAMENTOS

Atlántico

Santander

San Andrés

Huila

Meta

Cundinamarca

onal: 46.0%

% DE PERSONAS CON

NBI

4 i .5%

43.6%

44.2%

48.7%

47.7%

48,9%

Como se observa, son 9 los departamentos de Colombia que se encuentran por debajo de la media nacional (46%) de personas en situación de carencia (incluyendo censo indígena). Se distinguen: Bogotá, que representa el menor porcentaje de viviendas en miseria el 26.4% con relación al total nacional.

El Valle y los departamentos del Viejo Caldas presentan porcentajes de viviendas en miseria con relación a viviendas con Necesidades Básicas Insatisfechas, que se ubican entre el 30 y el 39%. En cuanto a los cinco indicadores simples, en el Valle estos están por debajo de los promedios nacionales.

141

Segunda parte

En el Quindío, el porcentaje de viviendas con alta dependencia económica es ligeramente superior al promedio nacional; los otros cuatro indicadores son inferiores. En los departamentos de Caldas y Risaralda, los indicadores de dependencia económica y de inasistencia escolar son sujjeriores al nacional.

De las 1.017 cabeceras municijjalcs, solamente 4 tienen más de 500.000 habitantes; en éstas el 25.6% de las jjersonas en promedio presentan Necesidades Básicas Insatisfechas, y el 8% son consideradas en situación de miseria. El indicador de mayor intensidad es personas en hacinamiento crítico, 15.6%.

En las 830 cabeceras cuya población es menor a los 10.000 habitantes (82% respecto del total), en promedio el 45% son jjersonas con Necesidades Básicas Insatisfechas y el 26% lo conforman jjersonas en miseria. El indicador de mayor intensidad es de personas en viviendas con servicios básicos inadecuados, 18%.

Como se puede observar, el departamento de Antioquia se encuentra por debajo de la media nacional, con un 40% de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas. Sin embargo, su dinamismo no alcanzó a sobresalir entre los departamentos que evolucionan más rápidamente hacia el mejoramiento de las necesidades básicas.

Según el Censo 93, el 62.8% de las personas —a nivel nacional— satisface sus necesidades básicas; el otro 37.2% presenta por lo menos una carencia. La proporción de jjersonas con NBI en 1993 es 18.4 puntos jjorcentuales menor con relación a 1985. En otras palabras, el índice de pobreza del país para 1993 es la mitad del que se presentó a nivel nacional en 1985.

Según la incidencia de la pobreza, 11 departamentos registraron un porcentaje de jjoblación pobre por debajo del jjromedio nacional (37.2%). Estos son: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Caldas, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Santander, Valle, San Andrés y Providencia. En este grupo, el mejoramiento de las condiciones de pobreza es más significativo en: Bogotá, Quindío, Risaralda, Valle y Providencia; a excepción de Providencia, en este grujjo se encuentran aquellos deparlamentos que en el 85 mostraron mejores condiciones de vida respecto al total nacional.

Ya desde el 85 Bogotá sobresale en la superación de las necesidades básicas insatisfechas y en 1993 lo confirma manteniendo el menor NBI (17.3%) a nivel departamental. A nivel municijjal, se calculó el índice de pobreza para 1.029 municijjios (12 más que en 1985) y de és-

142


tos, 552 presentaron más del 50% de la población en situación de carencia, lo que indica que en el 54% de los municipios del país la pobreza se encuentra presente en más de la mitad de sus habitantes. Envigado continúa siendo el municipio que presenta un menor porcentaje de pobreza (9.2%).

Los mayores índices de pobreza se concentran en la región Caribe y Pacífica y a excepción de La Guajira en este grupo se incluyen los departamentos que mostraron condiciones de pobreza más altos en 1985 son: Chocó, Córdoba y Sucre.

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA DE 1973 A 1993

Los diferentes niveles de desarrollo de las condiciones de vida a nivel departamental y municipal permiten aproximarse a las desigualdades particulares dentro del territorio nacional. En las últimas décadas, Colombia dejó de ser un país predominantemente rural y agrícola gracias al avance de la urbanización. Sin embargo, las políticas de industriali-7 q r Í Q t i y r r í i r i m i p n Í Q n p ] c^»r̂ f r \ r *"JÍ3 J~p i j a ^ t i i r p r n inry T'=13X'~>Í1 CF1 ISS Clll"

dades suficientes oportunidades de empleo para los campesinos que llegaban del campo, con lo que se evidenciaba el contraste entre la dinámica de crecimiento y la miseria, donde grandes masas de población viven por debajo del nivel mínimo de subsistencia.

Durante el período 1973-1985, el país creció más rápido en lo urbano (50.5%), que en lo rural (14%). En las cabeceras municipales las condiciones de vida eran más favorables que en los campos. La proporción de población pobre en los centros urbanos no llegaba a 60%; en el medio rural, superaba 88%. En los 12 años comprendidos entre 1973-1985 hubo regiones que no lograron integrarse a la dinámica y evolución de mejoramiento de las condiciones de vida del país; es el caso de: Chocó, Córdoba y Sucre, y en general la Amazonia y la Ori-noquia colombiana. Sin embargo, es preciso mencionar que en la región central del país también se encuentran municipios con más del 95% de su población en situación de pobreza. Es el caso de los municipios de Cundinamarca: Pulí, Guataquí, con el 95.3% y el 97.7% de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas.

Las diferencias en la evolución de los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas, si bien es cierto que muestran una disminución de los niveles de pobreza desde 1973, (el 67% según el Censo 73, 46% según el Censo 85 y 37% según el Censo 93) este comportamiento no

143

Segunda parte

ha sido homogéneo a lo largo del territorio nacional. Como se verá a través de este análisis, los cambios en los niveles nacional y departamental no se distribuyen de la misma manera que a nivel municipal; por el contrario, en muchos de los casos se jjresenta la tendencia contraria: deterioro de las condiciones de vida y aumento de la pobreza.

Con fines comparativos, aquí se agrupan los municipios de acuerdo a los ritmos de evolución en la satisfacción dc las Necesidades Básicas Insatisfechas, con los cuales se clasificó la evolución en la superación de la pobreza para el jjrimer período intercensal aquí considerado (1973-1985). Esto significa imponer una condición drástica jjara la catalogación de los municijjios, ya que se consideran bajo la misma óptica la disminución relativa dc la pobreza, que en el primer período alcanza a nivel nacional un 35%, con una disminución de las situaciones de carencia, que en el segundo período interccnsal (1985-1993) alcanza el 18%. Sin embargo, con este ejercicio se pretende una mayor aproximación a los municipios de mayor dinamismo, máxime si se considera que sea cual fuere el ritmo en que evolucione la satisfacción de las necesidades básicas, las condiciones de pobreza están en constante superación y ésta sigue disminuyendo a través del tiemjjo. En tal sentido consideramos los municipios de acuerdo a los siguientes criterios:

• Muy dinámicos: Cuando presentan una disminución relativa del 50% de la población pobre.

• Dinámicos intermedios: Cuando la disminución relativa de la población con NBI oscila entre el 30% y el 49.9%.

• Lenta superación: Cuando la superación de las condiciones de carencia se ubica entre el 15% y el 29.9%.

• Estancados: Si la disminución relativa de las condiciones dc pobreza está entre el 0% y el 14.9%.

• Aumento progresivo de la pobreza: Cuando no hay disminución relativa de la pobreza y por el contrarío se presenta un índice positivo entre 0.1% y más.

Para el primer jjeríodo intercensal se diferencian grujjos de jjoblación que responden con dinamismo al mejoramiento de los niveles de vida. Este grupo lo integran 10 municipios de Antioquia, 10 de Cundinamarca, 4 del Valle, 4 del Quindío, 4 de Santander, 4 de Caldas, 2 Tolima. De aquí se desprende la afirmación según la cual las cajjitales tienden a comportarse dinámicamente: lo demuestran Bogotá, Cali, y Bucaramanga. Sin embargo, esta apreciación se desvirtúa en el interva-

144


lo 85-93: en este período ninguna capital de departamento mantuvo este comportamiento.

Bogotá tuvo un aumento de la población menor al que se proyectaba con base en el Censo 85, y también una disminución en el ritmo de superación de la pobreza: revierte el dinamismo al pasar a ser un municipio catalogado como de lenta superación. Cundinamarca se mantiene dentro del grupo de los muy dinámicos con 8 municipios (Sesquilé, Cucunubá, Suesca, Cota, Cogua, Guatavita, Lenguazaque y Chía) que presentaron una disminución de la pobreza entre 63 y 51%, pero es preciso aclarar que hubo relevo de municipios, y los muy dinámicos del período (73-85) no son los mismos que para el período 85-93 integran esta categoría. Por el contrario, los primeros sólo alcanzan a sostenerse en la categoría dinámica intermedia (Tenjo, Sopó y La Calera), los 7 restantes rezagan su dinamismo: Facatativá, Zipaquirá y Ta-bio; Girardot se estancó; reversaron totalmente su evolución Cajicá, Sasaima y Mosquera, que pasaron de ser municipios muy dinámicos a presentar aumentos progresivos de pobreza.

Santander tiene un comportamiento similar a Cundinamarca, si bien es cierto que mantiene su participación dentro del grupo de los muy dinámicos con 3 municipios (1 menos que en el período 73-85), catalogados como de lenta superación en el período de comparación: Albania, Guavatá, y San Benito; este último muestra un comportamiento muy dinámico en la superación de la pobreza, ya que pasó de ser un municipio estancado durante el primer período intercensal a ser un municipio muy dinámico en el segundo período de comparación. Los municipios que fueron relevados: Girón, San Gil, Bucaramanga y Flo-ridablanca no solamente cedieron en la dinámica de superación que tuvieron en el primer período de comparación, sino que disminuyeron sus niveles de bienestar, medidos a través de los NBI, hasta catalogarse como municipios de lenta superación, luego de haberse considerado muy dinámicos.

Antioquia, que junto a Cundinamarca aportaba una mayor participación en la superación de las Necesidades Básicas Insatisfechas, no se comporta de la misma manera con la nueva condición impuesta y reversa totalmente su dinamismo, transformando radicalmente el ritmo de evolución de sus municipios, 4 de los cuales presentan aumento relativo de la pobreza; 21 presentan índices intermedios en la evolución de la satisfacción de las necesidades básicas (entre los que se encuentran

145

Segmda parte

Envigado), mientras el resto de los municipios se reparten igualmente entre el estancamiento y la lenta superación.

Es de mencionar el caso de Floridablanca, el municipio que muestra un ritmo más acelerado en la sujjeración de las necesidades básicas en todo el país durante el primer período intercensal mencionado y pasa a ser un municipio de lenta superación en el segundo jjeríodo in-tercensal, cediendo su posición frente a Sesquilé en Cundinamarca.

En orden de importancia le seguían Envigado y Sabaneta (considerados a lo largo de este análisis como muy violentos), que también merman su dinamismo: Sabaneta un poco menos, manteniéndose dentro del grupo de los de dinamismo intermedio, pero Envigado —a pesar de presentar sólo el 9.2% de personas con NBI—, conforma el grupo de municipios de lenta superación de la pobreza en el período (85-93). Esto como testimonio de la hipótesis de Mauricio Rubio, que sostiene cjue en Colombia la alta y creciente criminalidad ha afectado en forma permanente el potencial de desarrollo económico del país,2 que es el reflejo de una situación de inseguridad y de las altas tasas de violencia, que no aportan el ambiente projjicio de respeto por la vida y la propiedad privada (es lo que se desprende de su análisis).

Comparando la evolución de la pobreza en ambos jjeríodos intercensales se observan cambios desfavorables, que llaman la atención en la búsqueda de la causalidad entre pobreza y violencia, para lo que algunos autores proponen que la violencia es el resultado del acelerado crecimiento económico (princijjal razón [jara conservar la misma catalogación de dinamismo en ambos períodos intercensales).

Mientras en el primer período el 30% de los municipios se encontraba en la categoría de dinámicos intermedios, la mayoría concentrados en el centro del país y algunos municipios del Meta, Arauca y Caquetá, cn el segundo jjeríodo intercensal más del 30% de los municipios se encuentran en la categoría de lenta superación. En su gran mayoría corresponden a municipios de Antioquia, Cundinamarca y Boyacá (siendo los 2 primeros los que más participaron del dinamismo en la superación de las Necesidades Básicas Insatisfechas en el período 73-85).

Entre uno y otro período intercensal se incrementó el número de municijjios que presentaron aumento progresivo dc la jjobreza. Mientras en el primer período 11 municipios presentaban un comporta-

" Revista Coyuntura económica, marzo de 1995.

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miento negativo en cuanto a la superación de las condiciones de pobreza, para el segundo período el número llega a 85, y Cauca y Nariño aportan la mayoría de municipios así catalogados, que al contrario de reducir los niveles de pobreza, presentan un mayor número de personas con necesidades básicas insatisfechas.

Este aumento relativo de las condiciones de pobreza muestra que, contrario a la percepción de la evolución homogénea en el mejoramiento de la condiciones de vida, a nivel municipal las diferencias en el desarrollo se ahondan más. Además el dinamismo va perdiendo su capacidad de sostener los niveles de desarrollo alcanzado, a tal grado de presentar un aumento en el índice de necesidades básicas, en vez de un mejoramiento en las condiciones de pobreza, como es el caso de 4 municipios de Antioquia: Dabeiba, Alejandría, Jardín, y Valparaíso; de otros 4 en Santander: Jordán, Cepita, Cabrera y Palmar; de 4 en Cundinamarca: Páratebueno, Cajicá, Sasaima, y Mosquera, y de Ginebra en el Valle, entre otros. Sin embargo, no se puede olvidar que esta última categoría (la de los municipios que aumentan la pobreza) es la que se puede ver más afectada al imponer los mismos ritmos de dinamismo para ambos períodos intercensales. En este sentido, hay que tener presente que la superación de la pobreza medida a través de los indicadores de NBI, tiene un techo máximo que, llegado un grado tai de mejoramiento de las condiciones de carencia, no es posible superar. Si, por el contrario, se quiere identificar la evolución en la satisfacción de las Necesidades Básicas Insatisfechas, se tendrían que establecer nuevas categorías de dinamismo acordes con la disminución relativa de la pobreza que experimentó el país y que para el período 85-93 fue del 35.3%.

Hasta el momento únicamente se ha mencionado el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas como exploración indirecta de la riqueza de los departamentos y municipios del país en cuanto a potencial para la superación de carencias, pero otra variable de inclusión obligada es el PIB departamental, que para el presente análisis comprenderá el período 1980-1996 en cuanto hace a la participación porcentual dentro del PIB nacional, ya que nos permite medir el valor total de la producción de bienes y servicios generados por todos los agentes económicos en un año. Esto para contrastar la evolución de los indicadores de pobreza frente a lo que ha sido la evolución de la producción nacional o el crecimiento global de la economía, particularmente la participación de los departamentos y, hasta donde lo permita la información disponible, la participación municipal, con la in-

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formación de la Encuesta Anual Manufacturera3 de la década de los 80 que nos jjcrmite acercarnos al comportamiento del sector industrial ya cjue representa el renglón más dinámico del comercio mundial hacia el cual se han cifrado las expectativas de crecimiento económico, y sin embargo no muestra la misma evolución a nivel nacional, y a nivel municipal es muy desigual, concentrándose en algunas ciudades.

Esto principalmente para demostrar que a pesar de los esfuerzos teóricos y empíricos para darle una lejgica económica al fenómeno de la violencia, no es posible demostrar contundentemente ninguna de las hipótesis a las que a continuación se mencionan.

La participación del Producto Interno Bruto departamental entre 1980 y 1995 parece sustentar lo anterior, por lo menos en la primera década: en 1981 se presenta el jjrimer punto de inflexión; el porcentaj e del PIB antioqueño alcanza una particijjación dentro del PIB nacional sujjerior al 16%, y sólo llega a recuperarse en 1988, donde participa con el 16.16% —el más alto a lo largo de 16 años mencionados— participación cjue vuelve a caer por debajo del 15% y aún no ha recuperado, lo cual resulta consistente con la curva de violencia, que para este departamento muestra un ascenso desde 1984 hasta 1991. La relación entre estas dos variables cambia a partir de este año, donde hay un descenso de la violencia; del mismo modo, la particijjación del PIB departamental disminuye hasta los niveles más bajos del período, lo cjue en este orden de ideas indica que la reflexión pierde contundencia.

«LOS CONFLICTOS Y LA VIOLENCIA SON MAS FRECUENTES EN LAS ÁREAS DE MAYOR DINAMISMO»

Retomando el primer instrumento de análisis, el indicador de NBI, para el período 73-85, se tiene la primera excejjción en los municipios de Antioquia: Entremos, Carolina, La Ceja, Rionegro, y Jardín, con más del 70% de la población con necesidades básicas satisfechas, con niveles de violencia, pero no al punto de considerarlos en la categoría de los municipios más violentos.

' La encuesta anual manufacturera incluye entre otros: café elaborado, tabaco elaborado, productos lácteos, textiles confecciones y cueros, papel e imprenta, químicos y cauchos, bebidas, productos de la refinación del petróleo, maquinaria y equipo, material de transpone.

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Por otro lado, departamentos que además de ser dinámicos tienen el 70% de sus necesidades básicas satisfechas, en su mayoría no coinciden con nuestra categoría de muy violentos, aunque sí tienen presencia de agentes organizados de violencia. En Cundinamarca: Tabio, Cajicá, Zipaquirá, Sopó. En Quindío: Buenavista, Armenia y Calarcá. San Gil en Santander. Parece, pues que esta premisa no resulta del todo evidente.

En este contexto, seguiremos con el análisis de los municipios que se caracterizan por la menor o mayor evolución en sus niveles de vida, y además hacen parte de las cuatro categorías planteadas a lo largo del estudio; buscaremos abordar las diversas explicaciones de la violencia a nivel municipal, en especial las de la tipología municipal. Aquí resulta importante hacer la comparación con las capitales y si las áreas metropolitanas se consideran o no violentas.

Continuando con el departamento de Antioquia, la producción bruta del departamento en el sector manufacturero se concentra en más del 50% en su capital, Medellín, (catalogada dentro del grupo de muy violentos). El 30% restante de la producción departamental para la década del 80 lo aportan los municipios de Bello, Envigado, e Itagüí, nuevamente municipios que integran la categoría de muy violentos.

En este caso, la hipótesis se cumple (aunque sólo para el primer período intercensal, pues si recordamos, todos los municipios antioque-ños ceden su dinamismo y ninguno se sostiene como muy dinámico en el segundo período intercensal).

Santander, uno de los departamentos que se considera muy dinámico en los dos períodos intercensales estudiados, y que dentro del escenario de la violencia aporta a la catalogación más violenta, en la producción manufacturera de los 80 muestra que el municipio que más aportó es uno catalogado como relativamente violento: Barrancabermeja, que si bien no es un municipio considerado muy dinámico, sí sobresale por aportar más del 60% de la producción manufacturera del departamento, gracias a la actividad petrolera (mientras Bucaramanga, considerada como muy violenta, sólo aporta algo más del 20% del total de la producción departamental. En cuanto a la participación porcentual dentro del PIB nacional, Santander además de su dinamismo en la superación de la pobreza se coloca en el quinto departamento en importancia por su aporte al producto nacional.

En la comparación de la curva de violencia con la evolución del PIB departamental, se puede advertir que a partir de 1980 y hasta 1990 su

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ajjorte al PIB nacional mantiene una misma tendencia, a excepción de 1987, año en que se jjresenta la mayor ¡jarticipación de los 10 años considerados; en tanto, la curva dc violencia muestra desde 1985 un ascenso vertiginoso, que jjara 1988 se ubica en cl jjunto más alto de las dos últimas décadas. En general, mientras la violencia aumenta Santander logra mantener sus niveles de particijjación dentro del crecimiento de la economía nacional.

En el departamento del Valle, es Cali, jjrecisamente el único municipio considerado muy violento y además presenta más del 70% de su jjoblación con necesidades básicas satisfechas, Además, mantiene durante la década del 80 una participación de más del 40% dentro de la producción bruta del sector manufacturero del dejjartamento. Por otra parte, Tuluá, Calima, y Ginebra, municijjios considerados como muy dinámicos en el período 73-85, no integran la categoría de muy violentos y su particijjación en la producción anual manufacturera durante el período considerado es mínima.

Si se compara la curva de violencia del Valle con la ¡jarticipación del PIB dejjartamental dentro del PIB nacional, la curva muestra que 1984 fue crítico en el aumento de la violencia. Además, se enmarca en un período en que la {jarticipación porcentual del Valle muestra un descenso que inicia en 1981, y muestra su punto más bajo en 1990, donde el porcentaje de participacicSn al PIB nacional alcanza el 11.16%, el más bajo del período 80-95; en otras palabras, mientras la acumulación de riqueza disminuye, la curva de violencia asciende, en concordancia con la reflexión de Rubio que menciona que la continua violencia afecta el crecimiento económico, pero no valida la hipótesis que inicialmente se estaba contrastando.

Otra de las afirmaciones que se han hecho en el estudio de la violencia municipal manifiesta que «la ausencia de conflictos y violencia es mayor en los municipios más atrasados y de menor actividad económica». Esto equivale a considerar que los municijjios catalogados como pacíficos son atrasados y de menor actividad económica. En este punto, retomamos los municipios cjue a lo largo del jjresente análisis hemos catalogado como muy pacíficos. Con el estricto filtro que se consideró para la determinación de la dinámica en la superación de la pobreza a nivel municijjal, observaremos si la ajjreciación mantiene su validez.

En la determinación de los municipios catalogados como muy pacíficos, los pertenecientes a Boyacá y Cundinamarca parecen ser los más

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resistentes a la tendencia de proliferación de la violencia. Para el período 85-93, 12 de los 123 municipios boyacenses mostraron una disminución de sus necesidades básicas insatisfechas del 50% y más, 4 de los cuales además son catalogarlos como muy pacíficos (Oicata, Motavi-ta, Cerinza, y Sora): se debe tener presente que, al igual que Cundinamarca, este departamento sufre un relevo de municipios que en el período 73-85 mostraron el mayor dinamismo.

La participación de Nobsa (considerado como muy pacífico) dentro de la producción bruta del sector manufacturero de Boyacá provoca contradicción con la hipótesis planteada anteriormente. Nobsa, durante la década del 80, aporta más del 50% de la producción total del departamento, seguido por Duitama, que no presenta índices de violencia que permitan considerarlo dentro de la clasificación de municipios violentos, y que participa con más dei 20% de ia producción departamental.

La comparación de las curvas de violencia de este departamento y la evolución de la participación del PIB departamental dentro del producto nacional durante el período 1980-1995 alcanza aleo más del 3% conservando una tendencia de participación constante, diferente a lo que se puede observar en la curva de violencia que no ofrece una tendencia uniforme en las tasas de violencia. Algo de resaltar es el punto de inflexión que se presenta en 1981, cuando la violencia desciende de manera importante hasta 1983. Particularmente, es en 1981 en donde se presenta el mayor aporte del PIB departamental al producto nacional a través de los quince años considerados.

Finalmente, confrontaremos si la afirmación planteada se comprueba para el departamento de Cundinamarca, considerado como muy pacífico de acuerdo a los niveles de violencia, y en donde 8 de sus municipios presentan un porcentaje de superación de la pobreza superior al 50% y 40 más presentan una evolución de las condiciones de pobreza que los cataloga como de dinamismo intermedio. Además en la conformación del PIB nacional, Cundinamarca se ubica en el cuarto lugar después del Valle del Cauca, con una participación porcentual del más del 6% anual en el período 80-95. Del mismo modo, es interesante apreciar que la participación más alta la alcanza en el año 88 (6.7%) y conserva esta tendencia en el resto del período.

Contrastando lo anterior con la curva de violencia, a partir del 88 ésta empieza a ascender —aunque muy por debajo de la tasa nacional— . Sin embargo, este ascenso no parece influir la evolución de la parti-

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cipación del PIB departamental jjara el mencionado jjeríodo. En cuanto a la jjarticijjación de la jjroducción manufacturera en la década del 80, más del 60% de la jjroducción departamental se concentra en los municijjios de Soacha, Sibaté y Mosquera (que no presentan índices de violencia).

Con las anteriores reflexiones esperamos tener las pautas para confirmar lo que se mencionó en apartes anteriores: el fenómeno de la violencia tiene una dinámica propia, que no es posible definir explícitamente por la concurrencia de otro fenómeno diferente a su propio dinamismo.

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SEGUNDA PARTE La dimensión del municipiozonas central y oriental, tan violentas en los años 40 y...

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