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Santiago, uno de julio de dos mil ocho.

Vistos:

En estos antecedentes rol N 3815-06, comparece a fs. 261, Jorge

Molina Inostroza, abogado, en representacin de Margarita del

Carmen Venegas Soto, comerciante, domiciliada en Chilln, calle Ruiz

de Gamboa N 703, Poblacin La Fuente, quien interpone demanda

para que se declare injustificadamente errnea o arbitraria la

resolucin del Tribunal de Garanta de Chilln, por estimar que se

dispuso la prisin preventiva de su defendida, con absoluto desprecio

de la presuncin de inocencia.

Tal situacin se habra producido al aceptar la imputacin de la

Fiscala de ser ella autora del asesinato de su marido, Hugo Alberto

Osses Tapia, hecho ocurrido en Chilln, el 17 de octubre de 2004.A fs. 271, Mara Teresa Muoz Ortzar en su calidad de Abogado

Procurador Fiscal de Santiago, en representacin del Fisco, contest

la accin interpuesta solicitando su rechazo, con costas.

A fs. 281, la Fiscal Judicial de esta Corte, por las razones que ms

adelante se analizarn, considera que no corresponde la declaracin

pedida, porque la situacin descrita no es de aqullas sealadas en el

artculo 19 N 7 de la Constitucin Poltica de la Repblica y porque noreviste caracteres de injustificadamente errnea ni arbitraria.

b A fs. 287, se orden dar cuenta.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que de acuerdo a lo prevenido en el artculo 19 N 7 letra

i) de la Constitucin Poltica de la Repblica, una vez dictado

sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido

sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolucin

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que la Corte Suprema declare injustificadamente errnea o arbitraria,

tendr derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios

patrimoniales sufridos.

SEGUNDO: Que para la aceptacin de una demanda de esta

naturaleza, en primer lugar, resulta necesario determinar si laresolucin de que se trata puede ser objeto de la declaracin que se

pretende.

Al efecto, ha de destacarse que el abogado compareciente requiere,

en la representacin que inviste, la declaracin de error injustificado o

la existencia de arbitrariedad, respecto de la decisin del Juzgado de

Garanta de Chilln que dispuso en contra de su representada la

medida cautelar de prisin preventiva.

Antes de analizar si exista o no mrito para ella, es necesario destacar

que la norma constitucional transcrita en el primer fundamento de este

fallo, autoriza este procedimiento slo respecto de quien ha sido

sometido a proceso o condenado en cualquier instancia, por resolucin

que esta Corte Suprema declare injustificadamente errnea o

arbitraria.

Sobre este particular, cabe hacer presente que en el actual Cdigo

Procesal Penal, por el cual se rigi la situacin en estudio, no existe laantigua resolucin por medio de la cual se someta a proceso a un

inculpado, de manera que esta etapa queda excluida como base de

sustentacin de una accin indemnizatoria. En consecuencia, slo

sera procedente reclamar el derecho a ser indemnizado, una vez

dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, respecto de

quien hubiere sido condenado en cualquier instancia por sentencia que

posteriormente la Corte Suprema declare injustificadamente errnea oarbitraria.

Tal conclusin se refuerza, adems, con la discusin parlamentaria

verificada con motivo de la ltima modificacin de la Carta

Fundamental. En ella y con el objetivo de adecuar el precepto en

anlisis al nuevo sistema procesal penal, se propuso en la Cmara de

Diputados sustituir la frase ?el que hubiere sido sometido a proceso?

por: ?el que hubiere sido privado de libertad, acusado?, lo que revela

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nimo de apertura en la disposicin constitucional, en la direccin de

quien ahora comparece, la que a no dudarlo, no se extiende ahora, al

privado de libertad. El Diputado seor Burgos, por su parte, propuso

reemplazar toda la norma, por la siguiente: ?El que hubiere sido

condenado por resolucin que la Corte Suprema declaremanifiestamente errnea o arbitraria, tendr derecho a ser

indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales

que haya sufrido. La indemnizacin ser determinada judicialmente en

juicio sumario y en l la prueba se apreciar conforme a la sana

crtica?. En tanto los Diputados seores Guzmn y Longton, sugirieron

suprimir la expresin ?injustificadamente?.

El veto presidencial posterior, propuso reemplazar la expresin

?sometido a proceso? por ?acusado?, pero este cambio, en definitiva,

no logr el qurum de aprobacin, entendindose rechazado.

No prosper, en consecuencia, la alternativa de hacer procedente la

indemnizacin para el caso de ordenarse una prisin preventiva.

TERCERO: Que, finalmente, es til considerar que an cuando la

prisin preventiva era una consecuencia posible del auto de

procesamiento, en el antiguo sistema penal inquisitorial, la presuncin

de inocencia de una persona quedaba ms debilitada por el imperio deaqulla resolucin, porque se proceda de inmediato a ?filiar? a esa

persona, quien deba ser remitida al Servicio de Registro Civil e

Identificacin a confeccionar o completar su prontuario, con lo cual esa

resolucin (el auto de procesamiento) -que era eminentemente

provisoria- quedaba registrada, sin embargo, en un documento de

carcter pblico, fuera ste su extracto de filiacin o su certificado de

antecedentes, trmite que constitua para el afectado un gravamenmayor.

En cambio, en el actual sistema procesal penal, de corte ms

garantista, la formalizacin es una instancia ante el juez de garanta,

para poner en conocimiento de la persona respecto de quien se dirige

una investigacin, la existencia de aqulla y la posibilidad de la

intervencin de un defensor, pero que en ning 'fan caso altera el peso

de la prueba, que era lo que significaba -por regla general- un auto de

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procesamiento.

CUARTO: Que la prisin preventiva no es ms que una medida

cautelar, cuyo objetivo, como su nombre lo dice, es cautelar a la

persona del imputado mientras se desarrolla la investigacin y hasta

que se cumplan sus objetivos, pudiendo extenderse hasta el juicio oralsi ello se estima como necesario o revestido de fundamento que lo

haga plausible.

Es efectivo, como lo sostiene el Consejo de Defensa del Estado, que

no resulta atinente la denuncia que se hace de grave vulneracin o

desprecio absoluto de la presuncin de inocencia, porque la prisin

preventiva no tiene por objeto anticipar el cumplimiento de una

condena, sino que simplemente constituye una medida conservadora o

de cautela de aquellos intereses que resultan superiores dentro de la

investigacin de un delito que, en este caso, resulta de la mxima

gravedad y que autoriza la restriccin de ciertas garantas

constitucionales en miras a la prosecucin de un fin superior. Es, por

ello mismo, que la prisin preventiva se encuentra limitada a

situaciones especficas que deben ser evaluadas en cada caso

particular.

QUINTO: Que en la situacin en estudio no se ha dictado sentenciacondenatoria sino, por el contrario, tal como lo reconoce el

compareciente, el fallo fue absolutorio, razn por la cual, no se ha

verificado ninguno de los dos supuestos en los que el Constituyente

previ la posibilidad de pronunciar la declaracin de existir un error

injustificado o la existencia de una resolucin arbitraria.

SEXTO: Que aunque las razones expuestas son suficientes para

rechazar la solicitud de fs. 261, es posible an, agregarconsideraciones de fondo, para arribar a la misma decisin, si se tiene

presente que ni an en el caso que la declaracin pedida fuera

procedente respecto de la prolongacin errada de una prisin

preventiva, podra ser pertinente declarar la existencia de un error de

esa entidad o su arbitrariedad.

En efecto, para ello resulta primordial que dicha resolucin sea

injustificadamente errnea, de suerte tal que no es suficiente con que

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haya sido ?errnea?, o sea, equivocada, inexacta, desacertada o

continente de un juici

o falso, sino que es indispensable que sea ?injustificada?. Esta

exigencia tiene tal dimensi 'f3n porque la exige la actividad de juzgar,

como lo es tambin cualquiera otra realizada por el ser humano, yaque est expuesta a incurrir en equivocaciones o desaciertos, los

cuales son explicables precisamente a causa de las limitaciones

inherentes a la naturaleza del hombre, de cuyas virtudes y defectos

participan, como es obvio, los jueces.

SPTIMO: Que es til precisar cundo puede estimarse que un error

en que se ha incurrido en una sentencia, resulta ser ?injustificado.? En

este caso, el diccionario se limita a decir que injustificado es lo ?no

justificado? (Diccionario de la Lengua Espaola, 21 Edicin), por lo

que se debe delimitar lo que ha de entenderse por ?justificado?. Arroja

un poco de luz sobre este punto el significado que se da al antnimo,

al expresar que es lo ?conforme a justicia y razn?; a su turno, explica

que ?justificacin?, en su tercera acepcin, es la ?prueba convincente

de una cosa?, agregando luego en el mismo sentido que ?justificar?,

en su segunda significacin, supone ?probar una cosa con razones

convincentes, testigos o documentos.? De lo expuesto, puedededucirse que una resolucin o sentencia es injustificadamente

errnea, cuando los razonamientos que la conducen al resultado

inexacto no convencen (no son convincentes), cuando no son

susceptibles de una explicacin razonable (racional) cuando, en fin,

son contrarios a la lgica, a los dictados de la experiencia y a los

conocimientos ms difundidos sobre la materia respecto a la cual

versa.OCTAVO: Que es importante para percibir con claridad cada situacin,

que en el actual sistema procesal, a diferencia del anterior, el

Ministerio Pblico es el encargado de dirigir en forma exclusiva la

investigacin de los hechos constitutivos de delito, los que determinan

la participacin punible y los que acreditan la inocencia del imputado,

en la forma prevista por la Constitucin y la ley. Los fiscales ejercen y

sustentan la accin penal pblica en la forma sealada por la ley y con

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ese propsito practican todas las diligencias que fueren conducentes al

xito de la investigacin y dirigen la actuacin de la polica, con estricta

sujecin al principio de objetividad consagrado en la Ley Orgnica

Constitucional del Ministerio Pblico.

En este orden de ideas, formalizada una persona por un delito, es elMinisterio Pblico quien presenta, agrega e invoca los antecedentes

pertinentes y existentes en su carpeta de investigacin que, en su

concepto, hagan procedente decretar, mantener o revocar una medida

cautelar de prisin preventiva. Por su parte, a la defensa corresponde,

poner en evidencia aqullos antecedentes que hagan desaconsejable

o innecesaria la medida requerida o pedir otra que satisfaga las

necesidades de que se trata.

Al juez de Garanta corresponde, por su parte, hacer una valoracin de

aquellos antecedentes que han sido aportados por ambas partes y que

le permiten adoptar una decisin sobre la pertinencia de decretar,

mantener o revocar tal o cual medida cautelar.

NOVENO: Que en el presente caso, segn se desprende de lo

manifestado por las partes, el Ministerio Pblico dispona del

testimonio de tres vecinas que haban escuchado a la imputada

expresar su intencin de dar muerte a su cnyuge; adems, del dichode otros tantos funcionarios aprehensores que habran odo (ocultos

en el domicilio de una de esas deponentes) cuando la imputada trat

de intimidar a una de esas testigos para que omitiera informacin a la

Polica acerca de lo que aqulla haba odo; a lo cual se habran

agregado las circunstancias que rodearon el hecho y que la inculpada

cobr un documento con la firma falsificada del occiso, poco despus

de su muerte.La defensa, en tanto, procur desvirtuar la verosimilitud de lo

aseverado por esas vecinas, demostrando su inestabilidad sicolgica,

animadversin y distancia temporal, como tambin, el sufrimiento

moral y fsico que

enfrentaba la acusada dentro del establecimiento carcelario en que se

encontraba.

Ninguno de los argumentos de la defensa convenci al Juez de

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Garanta, quien mantuvo la prisin por prcticamente un ao, la que

slo fue dejada sin efecto cuando se dio a conocer el veredicto

absolutorio.

DCIMO: Que, sin embargo, la ponderacin que hace el juez al decidir

la prevalencia de una garanta constitucional por sobre otra, cuandoopta por restringir la libertad personal ante la necesidad del Estado de

investigar un delito, no conlleva necesariamente, un acto arbitrario o

injustificadamente errneo, debiendo admitirse que tal situacin no

aconteci tampoco en el presente caso.

UNDECIMO: Que cabe agregar que de acuerdo a lo expresado por la

Comisin Constituyente en la sesin 119, ?el error judicial debe ser

manifiesto, craso, que es el que no admite excusa ni razn para

explicarlo? y, por su parte, la arbitrariedad, corresponde a un acto o

proceder contrario a la justicia, la razn o las leyes y dictado por la sola

voluntad o el capricho.

DUODECIMO: Que valga agregar en esta parte, que la disposicin

constitucional que se analiza, no contempla como nicos requisitos, el

haber sido una persona procesada o condenada y luego sobreseda o

absuelta, sino que se exige que alguna de aqullas dos primeras

decisiones sea injustificadamente errnea o bien, arbitraria y ello esevidente, porque el auto de procesamiento es esencialmente

revocable, lo que hace de su esencia la posibilidad de dejarlo sin

efecto con nuevos antecedentes; y el derecho al recurso, cualquiera

que sea el promovido, tiene por objeto propio, la enmienda de la

decisin impugnada, lo que puede verificarse por una distinta

ponderacin de los antecedentes de hecho, o bien, por una diferente

interpretacin del derecho, sea en la calificacin de los hechosestablecidos o en sus circunstancias.

Estas modificaciones posteriores, no implican necesariamente, como

algunos han querido entender, que los jueces hayan errado o hayan

actuado con desidia o con falta de cuidado.

En el proceso, que constituye una serie de actos encadenados,

intervienen distintos actores y tanto sobre el juez como sobre las

partes, sea fiscal, defensa o querellante, pesa la obligacin de

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contribuir de mejor manera al esclarecimiento de los hechos que se

investigan y juzgan. Tanto peor en el sistema antiguo, donde existi

siempre la crtica a la doble tarea que deba cumplir el juez, como

ahora, mejor, donde se alivia la tarea con dos entes autnomos y

separados donde el margen de error se ha reducido, precisamente porla intervencin de mayores sujetos al alero de un procedimiento ms

garantista que el anterior, pero donde los seres humanos siguen

siendo la base que sustenta la estructura, no exenta por lo tanto de la

posibilidad de error, por su simple naturaleza humana, cuya

responsabilidad ha de asumir el Estado, cuando tal error supera los

lmites de aquello que es razonable, o como reza la Carta

Fundamental, injustif icadament e errneo o arbitrario.

DECIMOTERCERO: Que tales defectos no se aprecian en el caso de

autos.

Por estas consideraciones, y de conformidad, adems, con lo prescrito

en el artculo 19 N 7, letra i), de la Constitucin Poltica de la

Repblica y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia,

se rechazan tanto la solicitud del Fisco en orden a declarar inadmisible

el libelo de autos; como tambin la demanda de fojas 261, sin costas.

Se previene que el Abogado Integrante Sr. Hernndez tuvoexclusivamente en vista, para rechazar la accin constitucional

impetrada, los razonamientos siguientes:

1.- Que si bien el texto del artculo 19, N 7, letra i) de la Carta

Fundamental descarta la posibilidad de extender la reparacin del error

judicial a otras hiptesis que el procesamiento o la condena

injustificadamente errneos o arbitrarios en sede penal ? quedando por

tanto excluidas medidas de cautela personal como la citacin o ladetencin ? es lo cierto que la enumeracin

de los derechos constitucionales no se agota en la mencin que hace

ese precepto. En efecto, el bloque constitucional de derechos se

completa, en nuestro ordenamiento, con aqullos que se encuentran

garantizados por los tratados internacionales ratificados por Chile y

vigentes, segn la remisin que formula el inciso 2 del artculo 5 de la

sealada Carta, alcance que torna obligatorio recurrir a la consulta del

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derecho convencional de los tratados a fin de indagar si sus normas

complementan o amplan la esfera de proteccin constitucional.

2.- Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos,

promulgado por decreto supremo N 778 (Relaciones Exteriores), de

30 de noviembre de 1.976 y publicado en el Diario Oficial de 29 deabril de 1.989, dispone, en su artculo 10.5: ?Toda persona que haya

sido ilegalmente detenida o presa, tendr el derecho efectivo a obtener

reparacin?. Esta disposicin, naturalmente, importa un compromiso

de los Estados Partes de respetar y garantizar tal derecho, as como

una opcin de toda persona para interponer un recurso efectivo en

caso de violacin del mismo, conforme a lo que prescribe el artculo 2

del mismo instrumento internacional.

Por su parte, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

provee un sistema peculiar de interpretacin de sus disposiciones,

dentro del cual se insertan los principios de buena fe y del sentido

finalista de sus mandatos. Conforme a ellos, un tratado debe

interpretarse de buena fe segn el sentido que haya de atribuirse a sus

trminos, en el contexto de stos y teniendo en cuenta su objeto y fin,

segn lo ordena el artculo 31.1 de la Convencin de Viena sobre

Derecho de los Tratados, no siendo permitido a los Estadossuscriptores incumplir un acuerdo de esta naturaleza invocando para

ello su derecho interno, como tambin lo prescribe el artculo 27 de la

citada Convencin.

En este escenario, ninguna disposicin propia del derecho interno

nacional podra desconocer o restringir en su esencia el derecho

efectivo que el artculo 9.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Polticos confiere a todas las personas, en el supuesto alldesignado, para obtener reparacin por las secuelas daosas anejas a

su detencin o prisin ilegal.

3.- Que la recurrente pretende radicar la fuente de su derecho a la

indemnizacin impetrada en la ilegalidad de la prisin preventiva

librada en su contra por el juzgado de garanta que le impuso tal

medida cautelar personal, luego de formalizada la investigacin en su

contra por el Fiscal.

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Su accin no aparece dirigida, entonces, contra una sentencia

condenatoria o contra una resolucin que la someti a proceso

?institucin sta que la mayora de la doctrina hace equivalente al auto

de procesamiento, en el antiguo sistema de procedimiento penal- sino

respecto de una medida decretada a travs de una resolucin judicialfundada encaminada a asegurar la finalidad del procedimiento o la

seguridad del ofendido o de la sociedad, cuando las dems cautelares

personales fueren estimadas insuficientes para estos objetivos por el

juez.

4.- Que la formalizacin de la investigacin representa un presupuesto

que debe anteceder necesariamente a la solicitud de prisin

preventiva, conforme al artculo 142 del Cdigo Procesal Penal.

Por su parte, ni la formalizacin de la investigacin ni la acusacin

constituyen gestiones jurisdiccionales, sino actuaciones del Ministerio

Pblico que, como tales, no imputan ejercicio de la funcin

jurisdiccional, por serle ella vedada a este organismo autnomo,

conforme a los artculos 83 de la Constitucin Poltica de la Rep fablica

y 1 de la Ley Orgnica Constitucional N 19.640, de 1999.

Consecuencia de lo anterior es que no existe en el nuevo proceso

penal un trmite o actuacin judicial asimilable al auto deprocesamiento, de manera que los comportamientos errneos o

arbitrarios en que pueda incurrir el Ministerio Pblico con motivo de las

diligencias a que hemos hecho referencia, compro

metern eventualmente la responsabilidad fiscal con arreglo al artculo

5 de la Ley N 19.640, pero no quedan bajo la cobertura de la norma

constitucional que regula la indemnizacin del error judicial ni

requieren de la previa declaracin de esta Corte Suprema, en elprocedimiento que esa disposicin menciona.

5.- Que, con el mrito del razonamiento que antecede, no parece

discutible colegir que, en clave terica, toda persona ilegalmente

detenida o presa tiene derecho a ser indemnizada por los daos,

materiales o inmateriales, que haya experimentado con ocasin de la

ilegalidad cometida en la detencin o prisin libradas en su contra.

Encontrndose tratado en los prrafos 3 y 4 del Ttulo V del Libro I

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del Cdigo Procesal Penal (artculos 125 a 138 y 139 a 153) los

presupuestos, requisitos, lmites e hiptesis en que procede o no

procede cada una de estas cautelares, la infraccin de cualesquiera de

esos preceptos autorizar al afectado para reclamar la pertinente

reparacin, previo sometimiento del caso a la consideracin de estaCorte, que es la llamada a decidir si el juez respectivo incurri o no en

la contravencin legal que se le imputa, pero sin entrar al anlisis de si

la resolucin atacada es o no injustificadamente errnea o arbitraria.

Para arribar a tal conclusin es menester recordar que la norma

convencional de derecho internacional habilita para requerir reparacin

efectiva por las detenciones u rdenes de prisin preventiva que se

expidan contra un imputado, con tal que sean ilegales, condicin que

es menos exigente que el error injustificado o la arbitrariedad, cuya

existencia debe constatar la Corte como presupuesto para la posterior

determinacin, en juicio sumario, de la especie y monto de los

perjuicios que se persigan, dentro del mecanismo y en las hiptesis

previstas en la Constitucin.

Correlacionando la disposicin constitucional con el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Polticos de manera que entre ellosexista la debida correspondencia y armona, parece razonable exigir la

intervencin de este mximo tribunal a fin de sujetar al mismo

mecanismo comn a todos los eventos de error judicial presunto ?

tanto los contemplados en el artculo 19, N 7,letra i) como aqullos

previstos en el derecho internacional y, particularmente, en el artculo

9.5 del tratado internacional antes citado ? ya que esta modalidad

procesal no tiene por qu afectar la esencia del derecho a obtenerreparacin efectiva que el instrumento internacional referido asegura.

Empero, exigir que, adems, la orden de detencin o prisin preventiva

ilegal sea injustificadamente errnea o arbitraria para justificar la

procedencia de la accin constitucional, importara adicionar un

requisito sustantivo que el derecho internacional no postula, debiendo

pues centrarse el examen en la sola circunstancia de la ilegalidad.

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6.- Que, con todo, la actora no ha proporcionado antecedentes de

ninguna especie que avalen su pretensin de ser ilegal la prisin

preventiva que debi soportar, la que fue dispuesta por autoridad

competente, en ejercicio de sus facultades y dentro de los supuestos

que la ley autoriza. De este modo, no cabe sino concluir que lapretensin reparatoria hecha valer carece de fundamento, lo que

mueve a quien previene a coincidir, en cuanto al fondo, con la decisin

de rechazar la accin intentada.

Regstrese y archvese.

Redaccin del abogado integrante Sr. Carrasco Acua y de su

disidencia, su autor.

Rol N 3815-06.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres.

Nibaldo Segura P., Jaime Rodrguez E., Rubn Ballesteros C. y los

abogados integrantes Sres. Oscar Carrasco A. y Domingo Hernndez

E. No firma el Ministro Sr. Rodrguez y el abogado integrante Sr.

Hernndez, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo

del fal lo, por estar en comisin de servicios y ausente,respect ivamente.

Autorizada por la Secretaria Subrogante de esta Corte Suprema do

a Carola Herrera Brummer. r

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