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Miércoles 02 de Marzo de 2016

Desde

Puerto Escondido

Oaxaca

México

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Cuatro entidades desvían el 63% de los recursos que reciben del gobierno federal De los recursos del Ramo 33 que el gobierno federal transfirió en 2014 a las entidades federativas para educación, salud, seguridad pública o infraestructura, 10 mil 602 millones de pesos se perdieron en Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Veracruz.

La educación es uno de los ramos para los que el gobierno federal entrega dinero a las entidades. // Archivo Cuartoscuro.Archivo Cuartoscuro.

Tania L. Montalvo

marzo 2 2016 08:29

6 de cada 10 pesos que el gobierno federal envío en 2014 a las entidades federativas para temas de educación, salud,

infraestructura, seguridad pública o desarrollo social se perdieron en Oaxaca, Jalisco, Michoacán yVeracruz.

Esos cuatro gobiernos suman el 63% de los recursos estatales del Ramo 33 —Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios— que según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) implican un probable daño a la

Hacienda Pública Federal por desvío o uso irregular.

10 mil 602 millones 315 mil 126 pesos es el total que estas cuatro entidades desviaron de siete fondos diferentes que

entregan recursos a los estados a través del Ramo 33.

Ese monto es equivalente al presupuesto total para este 2016 del programa de Escuelas de Tiempo Completo, cinco veces los

recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito o sólo 35% más que el presupuesto de la Secretaría de Relaciones

Exteriores.

Con el Ramo 33 el gobierno federal transfiere recursos a los estados y municipios para “fortalecer su capacidad de

respuesta y atender demandas de gobierno (…) y apoya a los gobiernos locales en las necesidades de su población”.

Animal Político revisó las auditorías de cada una de las entidades federativas para los siete fondos federales que en 2014

transfirieron recursos del Ramo General 33. El monto total considerado por la ASF como probable daño a la Hacienda

Pública Federal por diversas irregularidades fue de 16 mil 825 millones 488 mil 736 pesos; de los cuáles, el 63.01%

ocurrieron en Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Veracruz.

Este último estado, concentra el 37% de los recursos con uso irregular. Por ejemplo, del Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de las Entidades Federativas —destinado a fortalecer las finanzas públicas estatales— hay un uso irregular

por el 100% de los recursos entregados.

En el sentido opuesto, Querétaro es la entidad con menos irregularidades.Según las auditorías, en la Cuenta Pública

2014 en el estado sólo se presume un daño a la Hacienda Pública Federal por 250 mil 400 pesos.

Ningún estado terminó en ceros en este ejercicio, es decir, en todas las entidades la ASF encontró un probable

daño por uso irregular de recursos federales del Ramo 33 transferidos a los gobiernos locales.

Sin embargo, las entidades todavía pueden hacer aclaraciones sobre los hallazgos del órgano fiscalizador, por lo que estos

montos no son definitivos.

El Fondo para la Seguridad Pública, con más desvíos

En este ejercicio, Animal Político revisó las auditorías a la Cuenta Pública 2014 de siete fondos del Ramo 33:

-Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. FAEB. (Que en 2015 se convirtió en el Fondo de Aportaciones

para la Nómina Educativa y Gasto Operativo).

-Fondo de Aportaciones Múltiples. Destinado a construcción de espacios educativos.

-Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

-Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

-Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. Destinado al financiamiento de obras e inversiones que beneficien

directamente a población en pobreza extrema.

-Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal.

-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

En el caso del Fondo para la Seguridad Pública —recursos destinados, entre otras cosas, al reclutamiento, formación,

selección, evaluación y depuración de los agentes de seguridad pública— destacan entidades como Coahuila, Tamaulipas e

Hidalgo, con entre 32 y 36% de los recursos transferidos con irregularidades.

Otros estados como Coahuila y Morelos presentan probable daño a la Hacienda Pública federal por más de 25%.

En promedio, en los estados se registraron irregularidades en el 11.2% de los recursos federales destinados a este Fondo y

auditados por la ASF.

Otros hallazgos

–En Baja California Sur, para el Fondo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas se presumen irregularidades en

el 99.8% de los recursos entregados.

-En Colima ocurre lo mismo para el 99.6% de los recursos entregados a través del Fondo de Infraestructura Social.

-En Quintana Roo, con el 48.5% de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples ocurrió un posible daño a la Hacienda

Pública Federal.

-Yucatán fue la única entidad que no registró ninguna irregularidad en los recursos de fondos educativos.

-En el Estado de México se presume que ocurrió el 5.3% de las irregularidades en el manejo de estos siete fondos, por detrás

de Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Veracruz.

Rechazan proyecto eólico en Barra Santa Teresa

ROSELIA CHACA

JUCHITÁN, OAXACA.- Alrededor de 316 personas representando a los cuatro grupos de la etnia huave, así como organismos de derechos humanos, civiles y sociales, se pronunciaron contra el proyecto eólico de la empresa Femsa en la Barra Santa Teresa, entre San Mateo del Mar y Santa María del Mar.

El proyecto de la empresa Mareña Renovables denominado “San Dionisio”, en la zona marítima, no está cancelado, está vigente, el gobierno y los inversionistas sólo esperan el momento para retomarlo con otros protagonistas, argumentó Mariano López, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco.

“El proyecto no está cancelado. Existe un amparo, es cierto, pero están esperando el momento preciso para retomarlo, ahora validados por los instrumentos internacionales como el Convenio 169 y sus consultas indígenas. La prueba es que ya no es Mareña Renovable, ahora es un proyecto de Femsa Coca-Cola”, explicó el activista.

Los integrantes de las agrupaciones Defensores del Mar de San Dionisio del Mar y el Grupo Ecologista de Zanatepec, indicaron la firme voluntad y decisión de unir esfuerzos y de buscar la alianza y la unidad con más pueblos, comunidades y organizaciones sociales y civiles, académicos y artistas, para que, entre todas y todos, defiendan el territorio y los bienes naturales del Istmo de Tehuantepec.

“Nos pronunciamos a la no invasión y al despojo agrario del territorio ikoots de San Mateo del Mar, por parte de los pueblos de San Pedro Huilotepec y Santa María del Mar. En San Dionisio del Mar continuaremos resistiéndonos a pesar de los proyectos eólicos y mineros que buscan imponernos sin consultarnos “, manifestó Pedro Orozco Márquez, del grupo Defensores del Mar.

Por su parte los alcaldes mayores de San Mateo del Mar exigieron un alto a la invasión de todos los pueblos ikoots y del Istmo de Tehuantepec, por parte de todos los partidos políticos, bajo el argumento de que dividen a los pueblos, corrompen a las autoridades y destruyen la cultura ancestral y las formas propias de gobierno.

“El proyecto no está cancelado. Existe un amparo, es cierto, pero están esperando el momento preciso para retomarlo, ahora validados por los instrumentos internacionales como el Convenio 169 y sus consultas indígenas. La prueba es que ya no es Mareña Renovable, ahora es un proyecto de Femsa Coca-Cola”.

Sin derecho a liquidación maestros despedidos: SEP

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO.- Los más de 3 mil maestros despedidos por no presentarse a la evaluación de desempeño, en protesta contra una reforma educativa que consideran exclusivamente laboral y administrativa, no tendrán derecho a liquidación correspondiente por sus años de servicio.

Así lo anunció este martes el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, a un día de haber anunciado la separación del servicio de los maestros inconformes.

“La ley en esto es muy clara: al ser la evaluación una obligación, quien no se presente después de haber sido convocado, se separa del servicio sin ninguna consecuencia para el Estado. Es decir, no hay ninguna liquidación. Quedan fuera del servicio sin ninguna responsabilidad para la autoridad. Así

es como lo marca la ley”, sentenció en entrevista al término de su gira promocional en la escuela Asociación de Ferreteros de México, en la capital del país.

Los docentes que quieran apelar su despido, agregó el funcionario, tendrán el “derecho de seguir una ruta jurídica”. Sin embargo, aseguró que la medida es irrevocable y que las manifestaciones de la disidencia en las calles no revertirán la medida.

“Estos 3 mil 360 maestros que, a pesar de haber tenido dos oportunidades, no se presentaron en la evaluación, no tendrán una tercera oportunidad. Es una decisión ya tomada, los despidos tuvieron su efecto a partir del día de hoy”.

Cuestionado sobre los señalamientos de organizaciones civiles a las autoridades por los niños que no contarán con un maestro en el aula, a raíz del despido masivo de profesores sin contar aún con sus sustitutos, Nuño reconoció las afectaciones. Pero matizó:

“Como lo anuncié desde el día de ayer, tenemos un conjunto de maestros que hicieron la evaluación para entrar a ser maestros que quedaron (…). Serán ellos quienes ocupen los lugares de los maestros que hemos dado de baja. Esto es un proceso que tomará algunos días.

“Buscaremos que sea lo menor posible la afectación, para que estén el menor tiempo posible sin maestros, pero aquí lo que es fundamental es que tenemos que cumplir con la ley. Así es este proceso”, concluyó quien fuera jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

Denuncian que el pasado 22 de febrero fueron ‘‘presionados’’

Maestros de primaria de Miahuatlán, obligados a recibir a Nuño

Laura Poy Solano/ LA JORNADA

Oaxaca.- Maestros de la escuela primaria Emiliano Zapata, en Mihuatlán, afirmaron que ‘‘sin anuncio previo y con medidas de presión’’ autoridades educativas locales y municipales exigieron que se abriera el plantel para recibir al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y al gobernador Gabino Cué Monteagudo, quienes el pasado 22 de febrero encabezaron en ese centro educativo el arranque formal del Programa Escuelas al Cien.

Paulina Miguel Pérez, directora de la primaria, aseguró que desde las 7 de la mañana del pasado 22 de febrero la intendente que labora en la escuela le informó que ‘‘toda la manzana que ocupa el plantel –que tiene contiguo un centro de prescolar– se encontraba rodeada por policías federales, granaderos e incluso miembros del Ejército’’.

Esta situación dijo, asustó no sólo al personal docente, sino a los alumnos que cursan sus estudios en dicha primaria, donde se atiende a 222 menores. ‘‘Muchos padres y madres al ver tal despliegue se llevaron a sus hijos, otros no llegaron y los que ya estaban adentro se asustaron, por lo que se dio la indicación de que permanecieran en sus salones’’.

En entrevista, la directora explicó que ‘‘no nos informaron de esta situación, ni mucho menos que llegarían estas autoridades’’, por lo que en un primer momento rechazó su ingreso.

‘‘Hubo amenazas’’

Sin embargo, afirmó, ‘‘hubo amenazas claras por parte de Moisés Robles, director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que no permitirles el acceso implicaba el cese inmediato, porque se trataba de autoridades educativas superiores; incluso el propio presidente municipal de Miahuatlán presionó para que se abriera la escuela’’ a los visitantes.

Narró que al maestro encargado de resguardar el acceso a la escuela –mientras los docentes determinaban qué acción realizar– ‘‘le quitaron el candado de la puerta, y quien realizó esta acción le mostró al compañero un arma como amenaza, mientras la portaba en su cintura’’. Además, informó, ‘‘se bloquearon todas las llamadas, por lo que fue imposible avisar a nuestras familias y a nuestros compañeros de lucha’’.

La directora del plantel aseguró que los docentes se vieron obligados a participar en el acto con el secretario Nuño Mayer, porque ‘‘la amenaza de cese estuvo en todo momento y al tomar la palabra lo que hicimos fue insistir en que se recibiera al comité de la Sección 22 para iniciar un diálogo. Incluso una de las maestras le preguntó por qué entrar de esta manera a la escuela con tanta policía’’, concluyó.

SNTE propone nueva evaluación para maestros despedidos Escrito Por Excélsior

Tras darse a conocer que 3 mil 360 maestros fueron despedidos por haber rechazado

la evaluación de desempeño, el SNTE demandó a la SEP conocer las circunstancias

por las que estos compañeros no se presentaron, así como revisar las fallas técnicas

y de logística que pudieron haber afectado o impedido su asistencia a la evaluación y

en caso de justificación se programe, para estos compañeros, un nuevo proceso de

evaluación.

Asimismo, exigió a las autoridades educativas "que ni un sólo grupo de alumnos de ningún nivel educativo quede sin un maestro, que ninguna escuela quede sin director y subdirector; asimismo, que se acrediten las contrataciones, los nombramientos y los ascensos que los compañeros ya han adquirido; que la propia legislación marca y se garanticen los derechos de los trabajadores para

asegurar la certeza laboral en la asignación de las plazas y horas-clase correspondientes". Ayer lunes, la SEP informó que 2.2 por ciento de maestros de 28 estados fueron despedidos desde hoy martes y ante ello

el SNTE aseguró que brindará asesoría jurídica y demandará que los alumnos de esos más de 3 mil 600 maestros no se quien sin

docente.

Aunado a ello, el sindicato magisterial afirmó que pedirán un efectivo Sistema Nacional de formación, actualización y desarrollo

profesional docente, que contemple programas y cursos gratuitos, pertinentes y de calidad, que no representen un costo para los

maestros.

"El Estado debe cumplir con su obligación de otorgar acompañamiento pedagógico y tutorial a todos los docentes que lo requieran, así como

desarrollar e implementar ya, el Sistema Nacional referido".

El SNTE seguirá fortaleciendo su propio Sistema Nacional de Desarrollo Profesional (SINADEP), para apoyar a todos los agremiados con el

respaldo pedagógico necesario y afrontar con éxito el proceso de la evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el

servicio profesional. Estrategia con la que ya se ha apoyado a más de 400 mil docentes, para que no sólo acrediten sus capacidades y

desempeño, sino que también puedan acceder a los estímulos establecidos en la ley y en los programas respectivos.

En la difusión de los resultados de la evaluación, el SNTE también exigió respeto a la ley que protege la privacidad y la protección de los

datos personales de los profesores examinados porque "la evaluación no debe ser utilizada con el propósito perverso de dañar la imagen del

magisterio o estigmatizar la educación pública", acotó.

Al Margen 01/03/16 Escrito Por Adrián Ortiz Romero Cuevas

+ Sección 22: aunque lo niegue, su poder está menguado

+ No están en lucha electoral; sus exigencias, de coyuntura

Ayer, la Sección 22 sitió la ciudad de Oaxaca pero, aunque lo intentó, no logró hacer la demostración de fuerza que pretendía, y mucho menos el desafío a la

reforma educativa que, aunque pobremente, ha mantenido en el discurso. Sí consiguió hacer algunos bloqueos viales, pero según los hechos no hubo aquellas

manifestaciones multitudinarias que en otros tiempos organizaban casi en tiempo real. Así, lejos de demostrar fuerza, dejaron ver que carecen de organización,

de respaldo de sus bases y de capacidad para incidir en la lucha electoral que ya está en puerta.

En efecto, ayer integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizaron bloqueos en carreteras de Oaxaca para

presionar al establecimiento de una mesa de negociación con autoridades del gobierno de Oaxaca. En la capital oaxaqueña, unos 500 maestros bloquearon los

cruceros del Periférico y Símbolos Patrios, así como del Parque del Amor.

Asimismo, según la agencia Quadratín, unos 200 maestros bloquearon el crucero del IEEPO, el del Monumento a la Madre y el de 5 Señores, en el sentido

rumbo a la Avenida Universidad. Los docentes bloquearon, además, la carretera internacional Cristóbal Colón, a la altura del puente del PRI. Fuera de la ciudad

de Oaxaca, los maestros bloquearon el tránsito en el Puente de Fierro en Tehuantepec, en todos sus sentidos, y en Matías Romero, bloquearon el paso Istmo-

Cuenca.

En Tapanatepec bloquearon el paso al estado de Chiapas. En Huajuapan, realizaron un bloqueo en el crucero del Chacuaco, en la carretera federal 190; en

Yucudaa bloquearon el paso a Tlaxiaco. Por su parte, la Supercarretera está bloqueada a la altura de Nochixtlán. También, los maestros bloquearon la carretera

federal 200, tramo Pinotepa-Acapulco, a la altura de la Estancia. Autoridades educativas calculan una participación de 3 mil docentes y personal que busca la

regularización.

Con este conjunto de acciones, pareciera que hubo una gran movilización magisterial. Aunque lo cierto es que sólo fueron contingentes relativamente pequeños

de profesores los que perpetraron todas las acciones antes descritas. En ese sentido, la apariencia fue que el gobierno decidió ser prudente con los profesores al

no impedir que realizaran los bloqueos. Acaso esto pareció como una forma en la que permitieron que esto sirviera como una especie de válvula de escape para

las manifestaciones magisteriales que de todos modos deben ocurrir regularmente.

De hecho, sólo cuando los profesores inconformes comenzaron a tomar acciones violentas, en el crucero del IEEPO, se hizo presente la fuerza pública como una

forma también de demostrar que ante la persistencia de las acciones sí podrían entrar en acción. Al final, lo que pareció fue que el gobierno estatal decidió no

intervenir directamente en las acciones de la Sección 22, y dejar que sean las disposiciones relacionadas con la reforma educativa las que operen para sancionar

a quienes faltaron a clases.

¿Por qué? Porque el IEEPO de inmediato activó diversos canales de comunicación para invitar a la ciudadanía a que realizara la denuncia correspondiente ante

el conocimiento de que algún profesor en cada escuela del estado, se ausentó de sus labores docentes para acudir al llamado de la Sección 22. En el fondo, a

los gobiernos estatal y federal parece que tampoco les preocupan mucho las movilizaciones magisteriales, porque según los hechos todas las variables apuntan

a que el magisterio demanda atención y no está metida, como en otros tiempos, en la lucha electoral ahora que en Oaxaca todo se prepara para la sucesión de

gobernador, y el cambio de autoridades municipales y legisladores locales.

EXIGENCIAS DE COYUNTURA

Básicamente, la Sección 22 realizó la movilización de ayer para hacer públicas dos demandas: la primera es la instalación de la mesa de diálogo con el gobierno

estatal; y la segunda, la exigencia de libertad inmediata e incondicional de los profesores que fueron detenidos el año pasado en el marco de la expropiación del

IEEPO a la Sección 22. Y de hecho, hubo una tercer demanda implícita: el repudio al anuncio hecho el fin de semana por el gobierno federal, de que tiene tres

órdenes de aprehensión más en contra de profesores que retuvieron bienes propiedad del IEEPO, como vehículos y oficinas, luego que se les ordenó

entregárselas el año pasado.

¿Qué tiene de particular este conjunto de demandas? Que ninguna trae aparejada, ni implícitamente, la intención de participar o incidir en el proceso electoral, y

ni siquiera de constituir una señal de que tienen al menos la intención de tener algún tipo de presencia en éste.

Parece que, en realidad, la Sección 22 enfrenta uno de sus escenarios más adversos al sólo poder demostrar desarticulación, baja convocatoria y, además, una

circunstancia en la que el gobierno federal le cambió por completo los factores y las variables de negociación, al pasar del sostenimiento de la paz social y la

gobernabilidad en Oaxaca (lo que negociaban todavía el año pasado al más alto nivel), a la demanda actual, casi implorada, de que establezcan una mesa de

diálogo con el gobierno estatal, quizá por conducto de la Secretaría General de Gobierno, para plantear algunas cuestiones que evidentemente no pasarían por la

negociación de la aplicación de la reforma educativa.

En ese sentido, es significativa la presencia del secretario de Educación Pública la semana pasada: aquí, a una escuela de la Sección 22, vino a decir que no

habrá forma de negociar la reforma educativa y que tampoco se permitirá el condicionamiento de la labor docente a las demandas políticas. Aunque ésta fue la

respuesta de la Sección 22, quedó claro que ni lejanamente tuvo la fuerza de otros tiempos y mucho menos será capaz de convertirse en una factor para que

ahora sí el gobierno estatal, o la federación, decidan establecer canales de comunicación con el magisterio. Al final, parece que su beligerancia sólo los está

llevando a abrir al público sus más profundas debilidades actuales.

REHENES

Llama la atención que ahora la Sección 22 ya no denomina como “presos políticos y de conciencia” a los profesores que se encuentra en prisión. Ahora les da la

calidad de “rehenes”. ¿Rehenes de quién? Según ellos del gobierno federal. ¿No recordarán que ellos tomaban reiteradamente como rehén a la ciudadanía para

—ellos sí— pedir en las negociaciones una especie de rescate? Ahora resulta que el lenguaje del secuestrador, que manejaron permanente, se les vino encima.

Increíble.

CARLOS ORNELAS

Evaluación docente: cifras y símbolos Autores neoinstitucionalistas arguyen que para asegurar el predominio político, el control de los símbolos es tan

importante como el de los otros recursos del poder. Por símbolos entienden el material gráfico, pero más que nada los

mensajes cifrados en ritos, ceremonias y el lenguaje, incluido el corporal: énfasis y ademanes.

02 de Marzo de 2016

Antier, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, ofreció las cifras de la primera evaluación del desempeño de los docentes. La prensa

y los medios destacaron las cifras como la parte medular del informe; y en realidad son importantes. Excélsior sintetizó: “(El) 15.3% de los

profesores no logró el puntaje mínimo y, por tanto, obtuvieron un resultado insuficiente, 36.2% alcanzó un nivel apenas suficiente, es decir, la

puntuación mínima, mientras que 40.5% tuvo una calificación buena y sólo 8% alcanzó un nivel de excelencia”.

Son cantidades alarmantes. Aun con las deficiencias del examen y su aplicación esos resultados indican que algo anda muy mal en la educación

nacional. Sylvia Schmelkes apuntó que no se debe culpar a los maestros, que las fallas son de todo el sistema, también de las autoridades. Pero

su pieza no tuvo resonancia.

Más que en las cuantías y el examen, quiero centrar mi atención en la ceremonia del lunes en el patio del edificio de la Secretaría de Educación

Pública, apropiado para mensajes con carga simbólica.

Parece que el secretario Nuño comienza a perder el sentido de las proporciones. Su pieza oratoria fue larga, reiteró de nuevo los siete puntos de

su estrategia y abundó sobre las bondades de la evaluación.

Al secretario le tomó casi la mitad de su pieza llegar al meollo del mensaje: datos y consecuencias de la evaluación. Tuvo una buena apertura:

“La evaluación no es un fin… ha hecho posible que estemos transitando de un sistema opaco e injusto a otro que privilegia la dedicación y el

esfuerzo personal… A partir de ahora, el mérito será el único criterio para determinar el ingreso, la permanencia, la promoción y el

reconocimiento en el servicio profesional docente”.

Sin embargo, luego le quitó énfasis a lo importante y se embarcó en 10 puntos para detallar su asunto. El discurso perdió eficacia. Mezcló

cuestiones trascendentes (mérito) con retórica sobre las prácticas del pasado inmediato. Su pieza no tuvo un eje articulador, gastó varios cientos

de palabras en agradecimientos, hasta individualizados, para luego hacer el elogio a la Reforma Educativa. Su hablar pausado —con ademanes

reiterativos, repetición de conceptos y tono uniforme— comenzó a hastiar a los escuchas.

El secretario trató de resaltar los aspectos positivos, aunque el anuncio de los más de tres mil docentes que serán despedidos refleja que lo

“punitivo” no desaparece de su raciocinio. Lo grave, desde mi perspectiva, es que perdió el centro. Quiso explicar el asunto con 10 puntos y, al

hacerlo, trató de abarcar mucho y no apretó donde debiera. Y nadie le dijo que después de 20 minutos, la mente del auditorio comenzó a volar

hacia otras latitudes. El secretario no conoce la economía de palabras.

La falta de control discursivo —y por lo tanto simbólico— se notó mucho más después de que el secretario recordó las siete virtudes de la

Reforma Educativa. Fue cuando reconoció que debe haber cambios en el método para aplicar los exámenes. Pero aseguró que ese aprendizaje

lo tomó de las visitas a escuelas cada lunes y a los diálogos que sostiene con maestros. Un desprecio a la academia, la prensa y a las

organizaciones civiles que han detallado esas fallas, tal vez no con el mismo sentido de afectación que los sujetos a la evaluación, pero con

argumentos razonables.

Reconozco que la pieza del secretario Nuño no fue mero artificio verbal. Tuvo sustancia, está metido en su encomienda, pero le falló el control

de los símbolos. Lo que destaca la prensa y los medios son las cifras y una que otra frase, pero la cuestión del mérito —que era el foco de su

pieza— pasó desapercibido.

RETAZOS

La visita de los lunes a las escuelas incurrió en la rutina. Su valor simbólico va a la baja.

El rector Graue quiere rescatar al Auditorio Justo Sierra. Si lo consigue será un mensaje contundente y nos dirá qué puede esperar la

Universidad Nacional Autónoma de México de su rectorado.

Alguien quiere perjudicar a la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, mi Casa Abierta al Tiempo, con tanta amenaza de bomba.

Causan daño, pero ya perdieron eficacia. Dejamos de hacerles caso.

Cancionero

FÉLIX CORTÉS CAMARILLO

Te voy a cambiar el nombre Uno no necesita firmar como Umberto Eco para entender que las cosas se llaman por su nombre. Las modificaciones a

las leyes referentes a la educación en nuestro país fueron un ajuste de cuentas con el sindicato omnipotente de la

maestra Elba Esther Gordillo, para quitarle privilegios de nominación y adjudicación de plazas.

02 de Marzo de 2016

El grave problema de la llamada Reforma Educativa de México es que ni es reforma ni es educativa, y uno no necesita firmar como Umberto

Eco para entender que las cosas se llaman por su nombre. Las modificaciones a las leyes referentes a la educación en nuestro país fueron un

ajuste de cuentas con el sindicato omnipotente de la maestra Elba Esther Gordillo, para quitarle privilegios de nominación y adjudicación de

plazas. De paso, meterla al bote para negarle ostensiblemente el privilegio legal de que la septuagenaria pase el resto de su pena en casa propia,

sin cargo al erario.

En ningún momento la Reforma Educativa aprobada con entusiasmo y seguida con pachorra alude a, o modifica, planes de estudio, estructura

pedagógica, metodología educacional o criterios mayores que pudieran dar base a un nuevo proyecto educativo como el que, en un momento

lejano, hizo Justo Sierra o, mucho más tarde, Torres Bodet. En consecuencia, lo único que se hizo con base en la Reforma Laboral fue

someter al magisterio, casi a huevo, a que pasaran por los exámenes de competencia que en cualquier empresa o gobierno les hubieran

planteado como indispensables.

Los resultados de este experimento, ya se sabe, son lamentables.

Tres mil 360 mentores no se presentaron a examen, pese a las repetidas convocatorias y las insistentes amenazas. Tendrán que perder —si no la

han perdido ayer martes— la plaza del magisterio.

Eso es lo menos importante, aunque no debe ser deleznable: el gremio magisterial, de suyo organizado y agresivo, nunca se ha dejado.

Pero lo peor es que, de los 134 mil 108 profesores que sí acudieron, dóciles, al llamado de la Secretaría de Educación para que se midiera su

preparación y capacidad, solamente 8% obtuvo una calificación sobresaliente. Poco más de la mitad obtuvo apenas calificación de insuficiente

o un pobre suficiente.

Los números, ante la magnitud publicitaria del proyecto, son irrelevantes. Según el Inegi, hay en México un millón 125 mil profesores. En

noviembre, otros 100 mil o 200 mil maestros irán a rendir cuentas de su capacidad. Es previsible el resultado.

Si los que enseñan a nuestros hijos demuestran tal deficiencia en su preparación, ¿qué esperamos de nuestros muchachos? Esto es mucho más

crítico y preocupante que el déficit y pérdidas en la operación de Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad. Si uno de los

graves errores de los regímenes mexicanos durante 70 años fue atar nuestro futuro al precio del petróleo, fue mucho peor el no anclar un

proyecto de nación a la educación de nuestros niños y niñas.

Solemos decir que la peor de nuestras lacras sociales es la violencia, la impunidad, la delincuencia organizada o no, la corrupción y el descaro.

No es así: la peor deuda que tenemos los mexicanos como sociedad es con nuestros hijos. No hemos sido capaces de otorgarles el privilegio

merecido de una educación de calidad. Ignorantes, mal preparados, sin nociones de civismo y con aprendizaje escaso de ciencias, van a caer

inevitablemente en la violencia, la corrupción, el narcotráfico y la impunidad.

Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto.

Y es un secreto de desamor.

NADA POR ENCIMA DE LA LEY

Procede remover a paristas del Hospital de Juchitán

REYNALDO BRACAMONTES RUIZ

Porque aun cuando están plenamente enterados que existe un problema de urgencia médica mundial por el virus del zika, y que los 27 casos confirmados hasta ahora en la entidad, se encuentran en la región del Istmo de Tehuantepec, procede el cese inmediato de los médicos, enfermeras y demás trabajadores paristas del Hospital General "Macedonio Benítez Fuentes" de la Ciudad de Juchitán.

Las reflexiones en ese sentido, fueron vertidas este lunes por el Maestro en Derecho del Trabajo por la UABJO, Alberto García Santos, quien expresó que por más justas que resulten las demandas de un grupo de trabajadores de la salud, sus movilizaciones jamás podrán estar por encima del interés general de la población.

Al igual que la educación, la salud es un valor supremo, y quienes atenten contra ello, deben ser castigados, reforzó el también Secretario de Organización y Acción Política del Sindicato Autónomo de Trabajadores y Empleados de Oaxaca de Juárez.

Para el estudioso del derecho laboral, los médicos paristas que bloquearon las oficinas centrales de los Servicios de Salud Pública de Oaxaca, y que al fracasar en su chantaje de hablar directamente con el mandatario Gabino Cué, retornaron a Juchitán, pero no para reanudar el servicio, faltaron a su ética profesional.

Para el estudioso del Derecho, los médicos, enfermeras y demás trabajadores paristas, rompieron su Juramento Hipocrático.

Ilustró que el Juramento Hipocrático, es el documento más famoso de la ética médica por el que el médico se compromete a dedicarse totalmente a la vida, en toda circunstancia, con independencia del cargo social, la edad y la inteligencia.

Es deber del médico, mantener la vida, y nunca encausarla, reforzó la legisladora ejuteco.

El laborista agregó que el hecho de que un trabajador este sindicalizado, no significa ser "intocable", y sus actos fuera de la ley, no son sinónimo de impunidad.

En entrevista, el experto en derecho laboral, subrayó que el virus del zika pude salirse de control en el Istmo, si el gobierno de Oaxaca, no aplica la ley.

Para el universitario, la Secretaría de Salud, está obligada a trabajar muy fue para proteger la salud de los mexicanos y de los oaxaqueños.

Un policía no apto mató a corresponsal de NOTICIAS

YURI SOSA

Jorge Armando Santiago Martínez, primer comandante del segundo turno policial del municipio de Santiago Jamiltepec, y presunto autor material del asesinato del corresponsal de NOTICIAS en la Costa, Marcos Hernández Bautista "no era apto" para cumplir con sus funciones como policía, señaló el gobernador Gabino Cué Montegaudo.

Al lamentar que el presunto responsable del asesinato de quien también fuera dirigente de Morena, el mandatario estatal expresó que "en su momento señalaron que el mando policíaco no era apto".

Sin embargo Cué Monteagudo negó conocer si el policía municipal contaba con la certificación correspondiente para ejercer el puesto que ocupaba.

El gobernador se limitó a indicar que la administración estatal trabajará para sacar de las corporaciones policíacas a los elementos coludidos con el crimen o que no tengan preparación para ejercer su puesto.

El corresponsal de NOTICAS en la Costa fue ejecutado el pasado 21 de enero a la orilla de la carretera federal número 200 en jurisdicción de San Andrés Huaxpaltepec, Jamiltepec.

Por los hechos, elementos de las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata (FERI) de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detuvieron al presunto responsable el pasado 25 de febrero.

Contrabando de café afecta a cafeticultura en Oaxaca 2 MARZO, 2016 DESPERTAROAX

Agencia Reforma

Se calcula que la producción nacional de café para el ciclo 2015-2016 sea 17 por ciento menor respecto al ciclo pasado, mientras las importaciones ilegales de este grano

por la frontera sur crecen.

Según Fernando Celis, asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, cada vez más se importa café de contrabando proveniente de Centroamérica,

especialmente de Honduras, antes de 2014, calculó, dichas importaciones eran de 200 a 300 mil sacos de 60 kilos cada uno por ciclo, pero para el actual periodo podrían

llegar hasta un millón.

“Ya se tenía en años anteriores importaciones ilegales, pero no de tal escala, lo que hay es un aumento muy fuerte; ahora, no sale publicado oficialmente, pero en los

medios del café y cuando nos reunimos, lo dicen los mismos productores de Chiapas, los mismos industriales, el gobierno lo reconoce. Extraoficialmente el gobierno lo

sabe también”, aseguró.

En México se producen aproximadamente 5.2 millones de sacos por ciclo, pero para este año se calculan 2.5 millones, por la roya y la edad de algunos cafetales.

Los cafeticultores están preocupados de que las importaciones ilegales desplacen a la cosecha mexicana, ya que su producto es más barato, pero de menor calidad, destacó

Ofelio Ángeles, presidente del Sistema Producto Café de Oaxaca.

A 3 meses de elecciones, 35 conflictos municipales en Oaxaca: Segego

Â

Jaime GUERRERO

Oaxaca, México; 02 de marzo, 2016.- En medio del proceso electoral de

gobernador, diputados y alcaldes, el Secretario General de Gobierno, Carlos

Santiago Carrasco, reportó 35 conflictos en igual número de municipios por disputas

económicas y administrativas entre los Ayuntamientos y sus agencias.

Sin embargo, el responsable de la política interna, advirtió que no van a permitir que

se genere inestabilidad social y política en Oaxaca por los procesos internos de los

partidos.

A tres de meses de las elecciones de gobernador, 25 diputados locales de mayoría,

17 plurinominales y 153 alcaldes que se rigen por la vía de los partidos políticos,

Santiago Carrasco, afirmó que tienen las condiciones para que en Oaxaca se

desarrolle el proceso electoral sin ningún problema.

Santiago Carrasco, aseguró que se atienden los conflictos económicos y

administrativos entre las agencias presidencias municipales y no son cuestiones

que pongan en riesgo el proceso electoral.

Y en medio de los procesos internos de selección de los candidatos a cargos de

elección popular, llamó a los partidos políticos y sus actores, conducirse en el

marco del derecho, mientras que el Gobierno del estado será respetuoso de los

procesos internos y los estatutos de cada fuerza política.

“No nos metemos en la vida interna de los partidos”, aseguró.

No obstante, advirtió que cuando trastocan la convivencia de los oaxaqueños es cuando tienen que intervenir para garantizar que exista una convivencia armónica en Oaxaca.

El responsable de la política interna, advirtió que no van a permitir que se genere inestabilidad social y política en Oaxaca por los procesos internos de los partidos, “es nuestra

obligación y deber velar para que haya paz y tranquilidad en el Estado”.

Santiago Carrasco, desestimó que los hechos violentos en el proceso interno del PRD, mermen la participación ciudadana en las urnas, “porque son jaloneos normales en los

partidos para definir quiénes son sus candidatos y posterior a ello todos llega a la normalidad”.

Destacó que han evaluado la participación del magisterio, y prueba de ello es que integrantes de la Sección 22 del SNTE se han registrado en institutos políticos para contender por

cargos de elección popular.

En el caso de las organizaciones sociales, dijo que siempre han participado en distintos procesos y participan en distintos organismos políticos, por tanto en la sucesión

gubernamental no será la excepción y están en su derecho de hacerlo.

Santiago Carrasco, indicó que al gobierno del estado, lo que le corresponde hacer, conjuntamente con el gobierno federal y municipales, garantizar que el proceso electoral se dé

bajo un clima de paz y tranquilidad.

Robó y quemó material electoral, ahora se registra

como precandidato LA REDACCIÓN

Antonio Sarabia, quien operó la quema de urnas y material electoral durante la jornada electoral del 7 de junio de 2015, para beneficiar en los resultados electorales a su hermano y actual diputado federal priista Carlos Sarabia, es precandidato a la presidencia municipal de Pinotepa Nacional por el PRI.

El “pelón” Antonio Sarabia fue videograbado y fotografiado cuando irrumpía en los edificios donde se colocaron las casillas electorales en la

jornada federal del año pasado robando urnas en las cuales se colocaban los votos para elegir al diputado federal por ese distrito con

cabecera en Pinotepa Nacional; pese a ello, su hermano Carlos Sarabia lo negaba y afirmaba en una entrevista a una televisora nacional que

se deslindaran responsabilidades.

Pinotepa Nacional fue uno de los distritos electorales federales que fueron impugnados por irregularidades durante la jornada electoral,

porque no se instalaron la totalidad de las casillas para que constitucionalmente fuera válida la elección y porque hubo hechos violentos,

entre ellos, la quema del material electoral.

El PRI aprovechó el llamado al boicot electoral que hizo la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el

marco de su jornada de lucha; otras versiones afirman que tanto el PRI como la dirigencia sindical estaban involucrados para favorecer a

los candidatos priistas: algo que ocurrió en los distritos de Pinotepa Nacional, Teotitlán de Flores Magón y Juchitán de Zaragoza, entre

otros.

Aun con todas estas irregularidades el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró como válidas las elecciones.

Como premio, “El pelón Sarabia”, Antonio Sarabia tiene aspiraciones para ser presidente municipal de Pinotepa Nacional y ocupar el cargo

que ya ocupó su hermano Carlos Sarabia.

La Procuraduría General de la República ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca actuaron contra Antonio Sarabia, aun

cuando existen videos, testimonios y otras pruebas que demuestran que orquestó y participó físicamente en el robo y destrucción de material

electoral durante la jornada del 7 de junio del año pasado.

Despertares – Por Ojo de Halcón 2 MARZO, 2016 DESPERTAROAX

Despertares – Por Ojo de Halcón

José Murat pretende tambalear la candidatura de Alfonso Gómez Sandoval para la presidencia municipal, le ofreció la candidatura a la oportunista Martha

Alicia Escamilla, incondicional de él y de Moreno Sada con quien tienen proyecto conjunto. ¿Hasta dónde llegará la perversidad y traición del loco Murat?

♦♦♦

Se da en los hechos la reelección del viejo Murat con la imposición de la candidatura de su junior mexiquense, con la designación de candidatos adiputados locales y

presidentes municipales. El arbitrario Murat quiere volver a imponer su dictadura en Oaxaca, por eso quiere controlar todo, para que todos se le sometan y someter a

Oaxaca, pero la mayoría de oaxaqueños no lo van a permitir.

♦♦♦

Se siente la venganza y traición a Eviel, respaldó al junior mexiquense y le dieron una puñalada trapera, no han reincorporado al PRI, ni han propuesto a candidaturas de

elección popular a integrantes del equipo de Eviel. Será que no hacen falta o será preferible la fractura del PRI?

♦♦♦

La ruptura de Eviel y del mexiquense Alejandro Murat pronto se reflejará en las filas priistas y en las votaciones, ante la falta de cumplimiento de acuerdos. Eviel

cumplió y enfrente no cumplen. No es interés personal, sino partidista e institucional, lo que se percibe es que el mexiquense y su padre no quieren sumar, sino restar y

dividir.

♦♦♦

El candidato mexiquense Alejandro “sin apellido”, no quiere saber nada de la historia muy negra de su padre, su papá ahora quisiera ser Mickey Mouse para que

olviden todo lo que es y todo lo que hizo, pero el pueblo tiene memoria ante tanta atrocidad cometida por él.

♦♦♦

Habrán notado los priistas y los oaxaqueños que las propuestas del mexiquense Alejandro son muy parecidas a las hechas por Eviel, a falta de creatividad y

originalidad todo se piratean los Murat, es normal cuando se carecen de ideas y se desconoce a Oaxaca. El viejo Murat ya está desfasado y se agarra de todo lo que puede,

inclusive de un clavo ardiendo, su derrota es anunciada.

♦♦♦

Gabino Cué como presidente de CONAGO puede reposicionar su imagen política a nivel estatal y nacional con lo cual podría beneficiar indirectamente a Estefan

Garfìas.

En Oaxaca, violaciones de Estado de forma “masiva y

sistemática” en 2006: Comisión de la Verdad (informe) Llama a retomar las indagatorias contra el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz y otros funcionarios involucrados.

Foto: Max Núñez/ Cuartoscuro Redacción AN

Se reproduce íntegro el resumen ejecutivo del informe presentado esta semana por la Comisión de la Verdad, titulado “¡Ya Sabemos! No más impunidad en Oaxaca”, el cual aborda el conflicto iniciado en 2006 en dicha entidad:

“¡Ya Sabemos! No más impunidad en Oaxaca”

No me gusta recordar lo que pasó en 2006, porque cuando recuerdo lloro.

Pero sí me gusta llorar, porque para mí es como un descanso.

Testimonio CVO

El día de hoy la Comisión de la Verdad de Oaxaca concluye formalmente sus trabajos de investigación sobre los hechos que motivaron violaciones a los derechos humanos acontecidos en los años 2006 y 2007. En el transcurso de este día se hará entrega del informe a los tres poderes del Estado y se realizarán todos los trámites administrativos para el cierre de la gestión.

A partir de la entrega del informe se iniciará un proceso de edición y publicación del mismo a fin de que el pueblo de Oaxaca conozca la versión de los acontecimientos investigados por esta Comisión. Este día, para cumplir con los principios de justicia, verdad y máxima publicidad, presentamos un Resumen Ejecutivo donde damos cuenta de los principales contenidos del Informe:

La CVO inició sus funciones en septiembre de 2014, mes en el que ocurrió la ejecución y desaparición forzada de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En esas fechas, de conformidad al Decreto legislativo 2056, el titular del Poder Ejecutivo tomó protesta a la comisionada y comisionados que integran este organismo del Estado. Es importante destacar que las Comisiones de la Verdad son organismos oficiales instituidos para investigar e informar de la pauta de las violaciones a los derechos humanos en el pasado. Por lo regular, las expectativas que provocan son casi siempre desproporcionadas con lo que se puede esperar de ellas.

Sin embargo, las Comisiones de la Verdad buscan recordar y reivindicar la dignidad de las víctimas, plantear programas de reparación integral, promover la justicia, así como fortalecer el Estado de derecho y la futura protección de los derechos humanos. Asimismo, pueden resultar herramientas eficientes y eficaces de contraste cuando el Estado busca tergiversar la “verdad histórica” con la finalidad de encubrir o exagerar la realidad, no sólo ante acontecimientos graves como en el conflicto de Oaxaca en 2006, sino también en la cotidianidad, a través de un aparato de comunicación social que tiene como misión generar todos los días propaganda en lugar de información.

Basta identificar que el presupuesto total de 18 millones 173 mil pesos ejercido por la CVO durante su periodo legal de existencia, entre septiembre de 2014 y febrero de 2016, equivale al gasto que hizo el gobierno federal para publicitarse en medios de comunicación en tan sólo tres días.

Para esta investigación, la CVO recurrió tanto al método inductivo como deductivo. En el primer caso, porque se partió de la observación y registro de hechos, para después realizar un análisis de los mismos, y posteriormente, obtener una generalidad a partir de ello. Dado que no fue suficiente con el método inductivo, se acudió al método deductivo debido a que proporciona principios generales ya existentes, que al momento de analizar nuestro objeto de estudio podrá proporcionarnos principios secundarios que demostrarán la veracidad de los principios generales. Asimismo, la investigación recurrió tanto a fuentes primarias como a fuentes secundarias.

Una vez clasificadas las fuentes, se pasó a elaborar los documentos que serían considerados insumos para el desarrollo de la investigación: cronología, antecedentes y contexto social del movimiento de 2006, caracterización del movimiento y mapas de ubicación. Paralelamente, se fueron elaborando listas de víctimas de violación de derechos humanos con nombre, datos generales, edad, profesión, sexo, derecho violentado, hecho que lo ocasionó y fecha. Es preciso aclarar que son varias listas, debido a que cada una pertenece a la institución que la elaboró. No obstante, la CVO elaboró la propia a partir de la investigación.

Así, las etapas de la investigación consistieron en: 1) fundamentación teórica y análisis de los antecedentes del impacto psicosocial en Oaxaca por los hechos ocurridos en los años 2006 y 2007; 2) realización de entrevistas y toma de testimonios; 3) una muestra por conveniencia de la información proporcionada fue sistematizada en el software Atlas.ti y Excel; 4) análisis de la información sistematizada; 5) redacción del informe final de impacto psicosocial. A algunos de los casos seleccionados en la muestra por conveniencia se les aplicó el cuestionario de Evaluación de Calidad de Vida de la Organización Mundial de la Salud.

Por lo tanto, este esfuerzo investigativo puede considerarse un estudio de tipo descriptivo, cualitativo-cuantitativo; que privilegia la perspectiva –o marco teórico- psicosocial del daño y el afrontamiento, enlazado a lo político que tienen las violaciones a los derechos

humanos; ya que no es posible aislar uno y otro elemento (contexto político, social, histórico, jurídico, de derechos humanos, de daño y de afrontamiento), pues por ejemplo, una medida jurídica y social como lo puede ser la sanción a los responsables contribuye en muchos sentidos al proceso de reparación del daño emocional y a la reconciliación del Estado con la sociedad; con lo cual se contribuye a garantizar que nuevas violaciones no vuelvan a ocurrir; todo lo cual es hablar de una sociedad que busca su bienestar y la salud para todos sus integrantes.

Si el capítulo 1 de este informe se centra en la denuncia de las víctimas por las cuales la CVO lleva a cabo este trabajo, el objetivo del capítulo 2 es estudiar el comportamiento del Estado, evidenciando el empleo de su maquinaria para sofocar el movimiento social de 2006-2007, argumentando el mantenimiento tanto la paz social como el Estado de Derecho. Por su parte, en el capítulo 3 se revisa lo que fue la actuación de las autoridades en el ámbito de Procuración y administración de justicia. Particularmente, en relación a los Derechos al debido proceso, a la seguridad Jurídica y el acceso a la Justicia. Mientras tanto, en el capítulo 4 se explican las consecuencias psicosociales que arrojaron como resultado el que a diez años de distancia prevalezca un daño psicosocial, tal y como lo manifiestan los testimonios individuales y colectivos tomados por la CVO. Un daño que se ha preservado, y se le agregan nuevos daños, ante la impunidad que ha rodeado los hechos desde aquel entonces. Finalmente se presenta un capítulo de Conclusiones y uno de Recomendaciones, así como un amplio apartado de Anexos.

Algunas conclusiones:

A partir del 14 de junio de 2006, tras la instrumentación de un operativo por parte del Gobierno estatal con el objetivo de desalojar el zócalo, el movimiento magisterial contó con el apoyo de más personas inconformes y organizaciones que conformarían a la postre el movimiento social. El objetivo común fue la destitución de Ulises Ruiz Ortiz como gobernador. Se demandó se le sometiera a juicio político y se decretara la desaparición de poderes. El movimiento se dio a la tarea de incrementar las acciones colectivas, entre ellas, la toma de instituciones, el bloqueo de carreteras, la instalación de barricadas, los paros sindicales y las manifestaciones. Ante dicha estrategia del movimiento social, el Gobierno estatal recurrió a todos los medios legales e ilegales, decantándose en mayor medida por los segundos para tratar de contener la inconformidad generalizada.

La CVO pudo registrar que las autoridades instrumentaron diversos operativos. Primero entre la coordinación de las instituciones de seguridad estatales, y después mediante la coordinación entre instituciones estatales y federales. Esto último, tras la aprobación de la intervención de la PFP en Oaxaca el 28 de octubre de 2006. Los operativos fueron los siguientes: Operativo 14 de junio, Plan General de Operaciones Antibloqueo (20 de julio a 20 de agosto de 2006), Limpieza de Vialidades (21 y 22 de agosto de 2006), Plan Hierro (1 al 27 de octubre de 2006), Plan Rector de Operaciones “Juárez” (28 de octubre de 2006 al 24 de enero de 2007) y Guelaguetza (1 de julio al 1 de agosto de 2007). Los operativos fueron una respuesta del Estado frente al descontento ciudadano, pero estos, más que aminorar la inconformidad, hicieron que el conflicto escalara y se profundizaran sus consecuencias.

El Estado violó de manera masiva y sistemática los siguientes derechos humanos: violación del principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales; detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes; así como también incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves de derechos humanos. La tortura fue sistemática y generalizada, dado que el tiempo que duró el conflicto hubo una frecuencia casi diaria de detenciones acompañadas de esta práctica. Por lo anterior se puede presumir la existencia de crímenes de lesa humanidad.

A casi diez años de los hechos ocurridos en 2006 y 2007, la población oaxaqueña no ha tenido conocimiento de la cantidad de recursos públicos que se erogaron para publicitar al Gobierno de Oaxaca en medio de la crisis social. Asimismo, se desconoce el monto destinado a los distintos medios de comunicación que lo recibieron bajo el concepto de publicidad oficial. Esta situación está directamente relacionada con temas de transparencia, acceso a la información y gasto público.

Aparte de emplear mecanismos de represión física, psicológica y técnica contra los medios comunitarios y alternativos, el aparato estatal utilizó técnicas de contrainformación, como lo fueron el portal electrónico www.oaxacaenpaz.com y la denominada Radio Ciudadana, a través de los cuales se instrumentaron estrategias de persecución, hostigamiento y estigmatización en contra de periodistas independientes y dirigentes del movimiento social. Al respecto, la CVO pudo establecer, a través de testimonios, la relación directa entre el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, así como el secretario de Obras Públicas, Eviel Pérez Magaña, y el secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, con la creación y operación ilegal de la llamada Radio Ciudadana, en la cual podrían haberse usado recursos públicos.

La CVO logró registrar que al menos 33 periodistas, comunicadores o miembros de los medios de comunicación fueron agredidos físicamente, algunos en más de una ocasión. Asimismo, fueron ejecutados al menos dos periodistas entre octubre y diciembre del año 2006, Bradley Roland Will y Raúl Marcial Pérez. En 2007 fueron ejecutados tres voceadores de un diario local en el Istmo de Tehuantepec. Un número indeterminado de comunicadores de medios alternativos fueron agredidos, amenazados o coartados en su libertad de expresión e información.

A casi una década de los acontecimientos se sigue sin tener estadísticas fiables y concretas. Esta CVO presenta en sus anexos los nombres de 373 víctimas, sin incluir a familiares ni a otras víctimas que, por diversas razones, no se han presentado a declarar ante ninguna instancia.

Durante sus trabajos, la CVO tomó, de manera formal y exhaustiva, el testimonio de 263 personas entre mayo de 2015 y febrero de 2016, de los cuales el 61% fueron individuales y 39% se recopilaron en sesiones colectivas. Del total, el 38.4% se trató de víctimas directas, el 60.83% fueron testimonios o informantes y el 0.7% presuntos perpetradores. La razón del bajo porcentaje de víctimas directas posiblemente se deba a los siguientes factores: el primero es la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales actuales, la cual fue heredada por la CVO, ya que es un órgano autónomo del Gobierno del Estado de Oaxaca, el mismo que violentó sus derechos humanos. El segundo fue la presencia de la PFP, en 2015, para que pudieran celebrarse las evaluaciones de la reforma educativa rechazada por el

movimiento magisterial oaxaqueño. En estos operativos policiales realizados durante los trabajos de la CVO hubo algunas detenciones y persecuciones de personas que ya habían sido víctimas en el conflicto del 2006 y 2007. La misma CVO registró en sus oficinas dos incidentes de seguridad provocados por agentes de las fuerzas federales.

Con el fin de garantizar su derecho de audiencia, la CVO solicitó formal y públicamente la comparescencia de 68 funcionarios relacionados con el conflicto, incluyendo al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz. Solamente atendieron este llamado el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, y el exsecretario de Salud estatal, Martín Vázquez Villanueva. En el apartado de anexos de este informe, se mencionan los nombres de los 154 funcionarios de los tres ámbitos de gobierno que las víctimas entrevistadas por la CVO señalan de manera directa como perpetradores o participantes del conflicto.

Con respecto a los casos estudiados por la CVO de los homicidios de las siguientes personas: Arcadio Fabián Hernández, Eleuterio José Jiménez Colmenares, Lorenzo Sampablo Cervantes, Alejandro García Hernández, Emilio Alonso Fabián, Esteban López Zurita, Bradley Ronald Will, Raúl Marcial Pérez y Alberto Jorge López Bernal, existen elementos suficientes para sostener que se trató de ejecuciones extrajudiciales, es decir, crímenes de Estado. Esto ya que responden a una forma de operar que, se presume, siguió una ruta de acción en varios de los casos: la selección de la persona o personas, seguimiento y vigilancia, ejecución y, por último, falta de acopio y eliminación de pruebas que conlleven a encontrar a los autores, especialmente, el material y, por ende, el intelectual.

La CVO considera que, al igual que todas las ejecuciones extrajudiciales que se realizaron durante el conflicto, la del periodista Bradley Roland Will continúa en la impunidad; sin una línea de investigación que dé como resultado el acceso a la justicia, así como a la verdad, para dar nombre y castigo tanto a los autoridades materiales como intelectuales de la misma.

Durante el conflicto de 2006-2007 en Oaxaca, las detenciones respondieron a un patrón de actuación por parte del Estado. En primer lugar fueron realizadas de manera arbitraria y acompañadas por tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura. En su gran mayoría fueron realizadas por grupos armados ilegales, los cuales llevaban a las personas detenidas a sitios desconocidos, donde las torturaban. El siguiente paso era entregarlos a alguna autoridad, la cual volvía a torturarlas, y ésta, a su vez, las ponía a disposición del Ministerio Público. Después de la entrada de la PFP a la ciudad de Oaxaca, fueron incluidos en esta cadena de custodia, elementos del Ejército, bajo el formato de “personal COMISIONADO a la Secretaría de Seguridad Pública”, según información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con la información recabada por esta CVO, tanto en documentación oficial como mediante la recolección de testimonios, existen elementos para señalar al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, el secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segrestre Ríos; el director de la Policía Ministerial estatal, Daniel Camarena Flores; y el coordinador de Seguridad, Vialidad y Tránsito Municipal, Aristeo López Martínez, en una serie de agravios cometidos contra Emeterio Marino Cruz, los cuales incluyen la tentativa de homicidio calificado, abuso de autoridad, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, entre otros.

Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, operado por la Secretaría de Gobernación, la de Defensa Nacional y Presidencia de la República, se tienen documentadas 216 personas desaparecidas de 2005 a julio de 2015, en 35 de los 570 municipios que componen el estado de Oaxaca. De estas cifras, 97 desapariciones se registraron durante el periodo de gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y 119 desde el inicio del gobierno de Gabino Cué Monteagudo hasta julio de 2015. De las 216 desapariciones, 18 pertenecen al fuero federal y se encuentran en el periodo de 2005 a julio de 2015; mientras que 198 corresponden al fuero común, registradas en el periodo de 2007 y 2015. De esas cifras, 115 son varones y 101 mujeres, la media de edad es de 27 años. Es importante que las autoridades estatales no minimicen esta problemática que ha crecido en los años recientes en todo el país. Para poder descartar que se trate de desapariciones forzadas, el Estado debe aclarar la situación de estas 216 personas.

En su testimonio dado a esta CVO, el expresidente Vicente Fox Quesada declaró la presión que recibió por parte de su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa, para enviar las fuerzas federales a Oaxaca, ya que de esto dependía garantizar que el PRI estuviera presente en la toma de protesta presidencial efectuada el 1 de diciembre de 2006. Sin embargo, Fox Quesada asumió ante la CVO la decisión y responsabilidad del operativo efectuado, así como también explicó que esta decisión rompió un paradigma que existía en la institución presidencial después de la masacre de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México, el cual impedía a los mandatarios de la República ordenar la represión directa en contra de un movimiento social. Fox Quesada consideró que el operativo implementado en Oaxaca el 29 de octubre de 2006 acabó con lo que consideró “el síndrome presidencial de Tlatelolco” (“ningún presidente quería ser Gustavo Díaz Ordaz”) y aseguró que, en continuación con ello, su sucesor, Felipe Calderón, mantuvo y acrecentó las acciones represivas directas en contra de los movimientos sociales bajo el contexto del combate a las drogas.

Esta caracterización hecha por el expresidente, sumada a otros testimonios y análisis recabados por la CVO, permiten considerar que el Estado mexicano ensayó en 2006 en Oaxaca un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo fortalecer la impunidad y cuya aplicación en los años siguientes a nivel nacional derivó en lo que ahora es denunciado y visibilizado como una crisis nacional de derechos humanos, la cual tiene como epicentro la ejecución y desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.

Se establece la responsabilidad del Senado de la República ya que atendió la solicitud de desaparición de poderes en el estado privilegiando los intereses políticos enmarcados en la sucesión presidencial de 2006, en lugar de procurar la estabilidad, seguridad y paz en el estado de Oaxaca, donde se cometieron una serie de violaciones graves a los derechos humanos, luego de su negativa.

Las violaciones a los derechos humanos que se dieron durante el conflicto deberían tener como consecuencia que la víctima pueda solicitar al Estado la reparación integral del daño por las responsabilidades en que incurrieron sus órganos institucionales. Sin embargo, en reparaciones económicas y simbólicas, solamente algunos han sido beneficiados; pero en el caso de la responsabilidad penal, la víctima busca la justiciabilidad de esas violaciones, y si no hay justicia de esa índole se sigue dando la impunidad, violentándose el derecho a la verdad y acceso a la justicia.

La CVO registró, a lo largo de estos diez años, dos procesos de reparación hacia las víctimas del conflicto. Uno a través del fideicomiso F/2001442 conseguido por la dirigencia de la Sección XXII mediante negociación con la Secretaría de Gobernación en 2006, por la cantidad de 5 millones de pesos, mismos que fueron destinados a 16 deudos de personas que fueron víctimas de homicidio durante los años 2006 y 2007 en Oaxaca. Otro es el fondo gestionado por la Coordinación de Derechos Humanos del gobierno de Oaxaca a partir de una demanda civil, lo que derivó en un acuerdo con el Gobierno estatal, por 11 millones de pesos para 64 víctimas, que presuntamente recibieron 170 mil pesos cada una.

En general, ambos se desarrollaron de manera incompleta, parcializada, sin garantizar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, lo cual en lugar de reparar el daño contribuyó a la división y confrontación entre víctimas, ya que estuvieron enfocados principalmente a la indemnización económica, sin considerar premisas aún más relevantes para la reparación del daño, como lo serían la investigación eficaz de los acontecimientos que vivió Oaxaca en el 2006-2007, con la publicación y difusión de la verdad sobre esos hechos, el juicio y sanción a los responsables, la realización de medidas de carácter simbólico para las víctimas y la comunidad, así como el establecimiento de medidas que garantizaran la no repetición de violaciones a derechos humanos.

La enorme mayoría de las víctimas de violación de derechos humanos que entrevistó la CVO coincide en señalar que el gobierno encabezado por Gabino Cué Monteagudo no brindó justicia, debido a que los perpetradores no han sido sancionados y a que las víctimas no han sido reparadas de manera integral. Ambas cosas fueron parte de las promesas del gobierno de la alternancia. Las víctimas señalan que se sienten engañadas, pues ha sucedido todo lo contrario, los presuntos perpetradores fueron premiados con puestos en el gobierno de la alternancia y, a últimas fechas, algunos de ellos o ellas se han postulado como candidatos para ocupar puestos públicos en las siguientes elecciones. Esta CVO considera que el mantener a los perpetradores y encubridores del conflicto del 2006 y 2007 en cargos públicos, es algo que fortalece la impunidad y daña el proceso de transición democrática.

No hubo un real aporte para la justicia transicional durante el actual gobierno de Gabino Cué Monteagudo, pese a que se creó la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así como la Fiscalía de Investigación en Delitos de Trascendencia Social y esta misma Comisión de la Verdad, ya que todo ello resultó insuficiente, debido a que estas acciones no fueron acompañadas de un proceso de depuración de los cuerpos policiacos y de procuración de justicia, así como de judicialización de los perpetradores; esto ya que tanto en la Fiscalía General de Oaxaca, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Secretaría de Seguridad Pública y el Tribunal Superior de Justicia, quedaron perpetradores de derechos humanos que participaron en el conflicto del 2006 y 2007.

La CVO convocó a dar su testimonio al sector empresarial, así como a ciudadanos que se sintieron lastimados por las acciones del movimiento social. A pesar de insistir en la importancia de escuchar a todas las voces involucradas en los acontecimientos y, en especial a la ciudadanía que no tomó una posición a favor de ningún grupo, en este sector prevaleció el desdén en torno al conflicto del 2006 y 2007.

Después de 10 años de impunidad, las víctimas y la comunidad oaxaqueña han demostrado de lo que son capaces para recuperarse y sanar, así como extender sus redes de apoyo, a pesar de los obstáculos del Estado. Han demostrado que tienen muchos recursos internos y externos para sobrellevar las adversidades, para sanar, seguir desarrollándose y crecer como personas y como comunidades. Los testimonios recolectados por esta CVO revelan su resistencia para seguir adelante y no dejarse vencer.

Recomendaciones:

La Comisión de la Verdad recomienda a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social que, como resultado de la profusa información que brinda el presente informe, retomen las indagatorias en contra del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz; el exsecretario de Gobierno, Jorge Franco Vargas; la exprocuradora, Rosa Lizbeth Caña Cadeza; el exdirector de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; y el exdirector de la Policía Ministerial, Manuel Moreno Rivas; así como demás integrantes de su gabinete y funcionarios municipales, especialmente los encargados de procuración de justicia y seguridad pública. Esto con el fin de que se finquen las responsabilidades penales por delitos y violaciones graves a los derechos humanos, en especial de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes que se detallan ampliamente en este informe.

Estos delitos cometidos no solo son imprescriptibles, sino que, dadas las características de sistematicidad con que se cometieron, pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Es necesario señalar que una de las principales medidas de reparación para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos es el enjuiciamiento y sanción a los responsables, perpetradores y operadores de los crímenes cometidos.

La Comisión de la Verdad recomienda a la Procuraduría General de la República revisar las demandas penales dirigidas en contra de las administraciones federales, de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, por su responsabilidad en los hechos del conflicto social oaxaqueño. En el conflicto de Oaxaca, la intervención de fuerzas federales, la participación de las instancias de administración de justicia y la injerencia de los aparatos de inteligencia a nivel nacional fue una responsabilidad directa de estos dos expresidentes.

Asimismo, se recomienda a la Procuraduría General de la República, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, revisar la actuación de los ex funcionarios federales Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Ardelio Vargas Fosado, señalados por las propias víctimas y actores en el conflicto social como responsables de dirigir las acciones represivas contra manifestantes en el Operativo Juárez de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2006.

La Comisión de la Verdad recomienda al Congreso del Estado y a la Secretaría de la Contraloría iniciar los procedimientos administrativos de inhabilitación de la función pública y separación del cargo a funcionarios señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos. Todo esto con base en lo que establece la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

En la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, caso Oaxaca 1/2007, se establece la responsabilidad de los siguientes funcionarios: Alma López Vásquez, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, Pedro Ismael Díaz Laredo, Manuel Moreno Rivas, Jorge Alberto Quezada Jiménez, Heliodoro Díaz Escárraga, Margarito López Aragón, Joaquín Darío Berges y Dorantes, Víctor Amado Alonso Altamirano, Jorge Aquino Reyes, Andrés Quevedo Martínez, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Sergio Segreste Ríos y Daniel Camarena Flores. La depuración del personal de las instituciones públicas, en particular en los sectores de seguridad y justicia, es uno de los componentes de una estrategia efectiva y legítima de justicia transicional.

La Comisión de la Verdad recomienda al gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, realice las gestiones necesarias que garanticen el cese de los funcionarios que ocupan actualmente cargos en su gobierno y que tuvieron responsabilidades en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los años 2006 y 2007, según las investigaciones de esta Comisión y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos nombramientos han fomentado y consolidado la impunidad, además de que han sido un factor que ha inhibido a las víctimas a buscar la verdad y justicia.

La Comisión de la Verdad recomienda al Congreso federal y local, a la Secretaría de la Contraloría y a los Consejos Ciudadanos de dichos organismos autónomos, revisar la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal Derechos Humanos de Oaxaca (ahora Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca), así como de sus titulares y visitadores del periodo 2006 y 2007, para establecer las medidas de sanción necesarias. De acuerdo a la información obtenida por esta Comisión se presume su omisión, negligencia y falta de compromiso institucional en la defensa de los derechos humanos de las víctimas del conflicto social, esta información, cabe mencionar, está debidamente documentada y fundamentada en el presente informe.

La Comisión de la Verdad recomienda impulsar acciones legislativas orientadas a instaurar una nueva institucionalidad y un pacto sociopolítico, mediante las cuales se garantice plenamente la no repetición de las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. El respeto a los derechos humanos, el combate contra la impunidad y el restablecimiento del Estado de derecho tendrán que ser los ejes de este nuevo orden jurídico y de una profunda reforma democrática del Estado.

La Comisión de la Verdad recomienda dotar de mayores facultades y atribuciones a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social y/o establecer la Vicefiscalía de Derechos Humanos encargada de dar continuidad a los crímenes cometidos durante el conflicto social de 2006 y 2007, así como también de la atención de las víctimas. Para los cargos de fiscal y vicefiscal se deberán nombrar a profesionales que cumplan el perfil de pleno conocimiento en la materia de derechos humanos y justicia transicional, y cumplir con la certificación profesional de servidores públicos encargados de la procuración de justicia.

Asimismo, a efectos de acotar la intervención del Ejecutivo en el Poder Judicial, se recomienda al Congreso del Estado promover la reforma de los artículos 79 y 102 de la Constitución local para eliminar las facultades del gobernador en las propuestas del nombramiento de magistrados.

La Comisión de la Verdad recomienda a la Coordinación de Atención a los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo impulsar medidas de reparación del daño a través de la restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y las garantías de no repetición de las víctimas. Articular una propuesta que refleje adecuadamente el potencial que tienen las medidas de reparación establecidas en las convenciones internacionales de derechos humanos, retomando los contenidos fundamentales del Plan Integral de Reparación del Daño de junio de 2012 propuesto por organizaciones de atención a víctimas y el Gobierno del Estado. La Comisión recomienda al Poder Legislativo armonizar la legislación estatal en materia de atención a víctimas y la instalación del Sistema Estatal de Protección a Víctimas, así como una Unidad de Evaluación de Riesgo para las Víctimas.

La Comisión de la Verdad reconoce los esfuerzos que han realizado las organizaciones ciudadanas defensoras de los derechos humanos y recomienda continuar este empeño siempre con un espíritu de colaboración y de no revictimización.

Es fundamental preservar la memoria de las víctimas, por ello una medida reparadora consiste en construir una narrativa histórica que fortalezca la dignidad de las personas que sufrieron agravios o fueron lastimadas o afectadas en sus personas, bienes o patrimonio. La Comisión de la Verdad recomienda instaurar un Museo de la Memoria sobre los acontecimientos de 2006 y 2007 que tenga como propósitos fortalecer los valores de la tolerancia, la no violencia y el respeto a los derechos humanos; asimismo, que busque advertir sobre los riesgos del olvido, la indiferencia —o la discriminación— y violencia sobre aquellos hechos.

La Comisión recomienda a la Secretaría de Cultura y al Instituto Estatal de Educación Pública impulsar una cultura de paz y respeto a los derechos humanos en las escuelas e instituciones educativas en su nivel básico a través de la currícula escolar y de las artes visuales, la literatura, la música, la danza, entre otras, que preserve la memoria como una forma material y simbólica de restablecer el tejido social lastimado por los hechos traumáticos acontecidos en el pasado reciente.

De la misma manera, se recomienda a las distintas asociaciones religiosas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los medios de comunicación y al sector empresarial, coadyuvar en acciones orientadas a la cultura de paz y reconciliación social.

Las necesidades y demandas de las víctimas deben ser retomadas de la investigación realizada por la Comisión de la Verdad y atendidas en una estrategia integral otorgando los recursos materiales y humanos necesarios y suficientes, y por el tiempo apropiado para la reparación del daño y la reconciliación con la sociedad. La Comisión recomienda a las instancias especializadas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a fin de precisar las áreas más sensibles del daño psicosocial, aplicar la Evaluación de Calidad de Vida de la Organización Mundial de la Salud o utilizar cualquier otro método que permitan determinar, de manera fiable, las áreas más afectadas por las violaciones a los derechos humanos en las víctimas y sus familias.

La Comisión de la Verdad recomienda, además de la reparación material y económica, como medidas simbólicas de reparación: a) promover la declaración pública de reconocimiento de responsabilidad sobre toda violación a los derechos humanos, en especial de las víctimas del conflicto, pero también de otros sectores afectados durante este periodo, como los migrantes, los pueblos indígenas, las niñas y niños, las mujeres; b) un memorial para las víctimas del conflicto; y c) establecer fechas conmemorativas en actos oficiales.

Esta Comisión también propone garantizar el restablecimiento de la dignidad de las víctimas, de quienes hayan sufrido difamación a su persona, incapacidad total o parcial, o que hayan perdido la vida, mediante la realización de acciones públicas de contenido simbólico como son: rotulación de calles o plazas públicas, proyectos comunitarios en su memoria u otras acciones creativas que tengan un contenido emblemático y un fin comunitario.

La Comisión de la Verdad, como resultado de la investigación realizada y de la información aportada por testigos e informantes, tiene identificada una serie de domicilios donde presuntamente se localizan fosas donde se habrían llevado a cabo inhumaciones clandestinas de activistas sociales o, bien, de militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR). La Comisión recomienda a la Procuraduría General de la República, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a continuar la investigación iniciada por la Comisión de la Verdad, y llevar acabo las diligencias de resguardo e inspección de dichos lugares. La desaparición forzada de personas es un tema fundamental en la agenda pública del estado y del país.

La Comisión de la Verdad recomienda a la Fiscalía General del Estado esclarecer los 29 casos de desaparición de personas que tuvieron lugar en los años 2006 y 2007. Es importante señalar que la cifra de personas desaparecidas registradas de manera oficial se incrementó en Oaxaca a partir de ese periodo. Sin duda alguna, la desaparición de personas y las personas no localizadas constituyen hoy el más grave signo de la crisis de derechos humanos que atraviesa este país.

La Comisión de la Verdad recomienda a la Fiscalía General del Estado profundizar en la investigación y cumplimentar las seis órdenes de aprehensión giradas en contra de los autores materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial del activista Arcadio Hernández Santiago, cuyo caso fue consignado por la Fiscalía de Investigación en Delitos de Trascendencia Social con apoyo de esta Comisión. Por su parte, al Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Ocotlán de Morelos, para que con los elementos que existen en el proceso judicial emita sentencias condenatorias.

La Comisión de la Verdad recomienda a la Fiscalía de Investigación en Delitos de Trascendencia Social reforzar y consignar las averiguaciones iniciadas con relación a los crímenes de 2006 y 2007. Debido a la información que esta Comisión, como órgano coadyuvante ha aportado, se recomienda agilizar las diligencias necesarias para la consignación de los casos de ejecución extrajudicial de José Eleuterio Jiménez Colmenares y el caso de tortura cometido en contra de Emeterio Marino Cruz.

La Comisión de la Verdad recomienda a la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación transparentar los recursos públicos otorgados por el Gobierno federal en la minuta suscrita el 27 de octubre de 2006, e iniciar una investigación en relación al Fideicomiso de Inversión y Administración para el Apoyo a Familiares de los Caídos en el Conflicto Social de 2006 No. F/2001442. De acuerdo a las investigaciones realizadas se presume la existencia de un fraude cometido en la administración de dichos recursos. Este fideicomiso fue administrado por un comité integrado por representantes de la Sección XXII y la dirección del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

Durante el conflicto social se cometieron agravios en contra de 33 comunicadores y la ejecución de dos periodistas. Por otra parte, 20 personas defensoras de derechos humanos sufrieron hostigamiento y persecución. La Comisión recomienda a la Defensoría Especializada en Defensores y Periodistas de Oaxaca diseñar los protocolos de actuación y las medidas cautelares para que no se vuelvan a repetir estos hechos. A raíz de estos acontecimientos, es necesario crear medidas legislativas, administrativas y de otra índole para asegurar que los derechos y libertades para el trabajo de defensa de los derechos humanos estén efectivamente garantizados por el Estado y sus instituciones. Se recomienda a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca esclarecer plenamente la ejecución del periodista norteamericano Bradley Roland Will, la consignación de los autores materiales e intelectuales de este hecho.

La Comisión de la Verdad recomienda al Ejecutivo estatal, a través de la Coordinación de Atención a los Derechos Humanos, a coordinar las acciones necesarias con la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ejecutivo federal para garantizar que Ramiro Aragón Pérez, quien recibió asilo político en Estados Unidos, pueda regresar al país con plenas garantías de respeto a su libertad e integridad.

La Comisión de la Verdad recomienda al Poder Ejecutivo cumplir con las obligaciones asumidas por el Estado mexicano de proteger y garantizar los derechos humanos y el derecho a la seguridad de la población, a partir del diseño e implementación de políticas públicas integrales que desarrollen acciones específicas y planes estratégicos en el plan operativo, normativo y preventivo. Recomienda también asegurar estándares especiales de protección que requieren aquellas personas en situación de vulnerabilidad frente a la violencia o el delito, como son las niñas, niños y adolescentes, las mujeres, la población indígena y afrodescendientes, y las personas migrantes y sus familias, sin perjuicio de las obligaciones de proteger los derechos humanos de toda la población bajo su jurisdicción.

La intervención de las fuerzas armadas durante el conflicto social de 2006 y 2007 en Oaxaca tiene que sentar un precedente importante a nivel nacional para establecer una clara distinción entre las funciones de defensa nacional, a cargo de las fuerzas armadas, y del derecho a la seguridad, a cargo de las fuerzas policiales. La Comisión recomienda a las autoridades federales: Congreso de la Unión, Secretaría de Gobernación y Comisión Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, regular los procedimientos policiales que involucran el uso de la fuerza pública mediante la legislación y los protocolos de actuación. Así como también capacitar a las fuerzas policiales en materia de estándares internacionales de derechos humanos y establecer mecanismos de control interno y externo para investigar los casos en que las fuerzas de seguridad hagan uso de medios letales.

La Comisión de la Verdad recomienda a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a las Secciones XXII y LIX, garantizar en todo tiempo, por encima de intereses políticos y gremiales, el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes. La Comisión recomienda al Ejecutivo estatal, a través del Sistema de Protección de los Derechos de la Niñez, impulsar las políticas públicas necesarias para garantizar el interés superior del niño como valor supremo. Durante el conflicto social de 2006 y 2007, la población más desatendida y vulnerada fueron las niñas y los niños de Oaxaca.

La Comisión de la Verdad recomienda a los medios de comunicación públicos, privados, sociales y comunitarios, contribuir al restablecimiento del tejido social afectado por los hechos que polarizaron a la sociedad oaxaqueña a través de contenidos informativos basados en un código de ética que dignifique a las personas participantes en el conflicto social y a las víctimas de estos acontecimientos. Se recomienda especialmente a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CorTv), medio público local, impulsar acciones que contribuyan a difundir los contenidos de este informe en las lenguas indígenas de estado y producir contenidos informativos y pedagógicos de la verdad histórica de Oaxaca.

La instauración de esta Comisión es un paso importante para garantizar el derecho a la verdad en el estado de Oaxaca. Es preciso profundizar en los principios de la justicia transicional, como son: justicia, verdad, reparación y no repetición. Para ello se tendrán que impulsar las reformas legislativas y las políticas públicas que eliminen los obstáculos legales y de facto que impidan el seguimiento de los procesos judiciales en relación a las violaciones a los derechos humanos. Es por ello que la Comisión de la Verdad recomienda al Congreso del Estado y a la Secretaría de Finanzas aprobar los recursos suficientes, mediante la Ley de Ingresos y Egresos para el periodo 2016-2017, para dotar de equipo especializado y personal que garantice que las instituciones de procuración de justicia atiendan y den cauce a las demandas de justicia y reparación.

Corresponde al Ejecutivo estatal, a través de las secretarías y órganos autónomos, adoptar las medidas necesarias para clasificar, sistematizar, preservar y tener a disposición los archivos históricos relacionados con los esfuerzos emprendidos en la búsqueda de la verdad. Cabe señalar que existe información reservada y testimonios protegidos por la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. De la misma manera, corresponde también al Ejecutivo invertir los recursos financieros para impulsar campañas del presente Informe para que el pueblo oaxaqueño conozca los resultados alcanzados y se dé cumplimento efectivo a las recomendaciones formuladas en un plazo razonable.

Se recomienda al Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y a las organizaciones de la sociedad civil estatales y nacionales, diseñar los mecanismos y procedimientos necesarios para dar cauce y seguimiento a las recomendaciones derivadas del presente informe.

La Comisión de la Verdad recomienda a las víctimas del conflicto social de 2006 y 2007 seguir extendiendo sus redes de apoyo para continuar desarrollándose y creciendo tanto como personas como colectivos a pesar de los diversos obstáculos impuestos por el Estado.

Hasta que Oaxaca no atienda las secuelas del conflicto iniciado en 2006 parece difícil que puedan solucionarse sus problemas de la actualidad ni los de los años que sigan, ya que mientras que las víctimas han sido olvidadas, estigmatizadas e incluso criminalizadas, los perpetradores de violaciones a los derechos humanos gozan de impunidad, gracias a lo que parece una amnistía de facto.

Es por ello que este informe se titula: “¡Ya sabemos!”. Porque una vez que la sociedad esté consciente de los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo oaxaqueño, lo que sigue para las víctimas del conflicto es la justicia y la reparación integral del daño. Con este documento de denuncia, esta Comisión de la Verdad dice no a la impunidad en Oaxaca.

(Ver cronología)

Sólo cuatro estados se transparentan; ocho entidades rinden

cuentas mal Michoacán, Querétaro, Yucatán y Tamaulipas entregan los informes completos del ejercicio de recursos

02/03/2016 05:57 LETICIA ROBLES ROSA

Cumplen. Sólo cuatro estados entregaron en tiempo y forma sus informes sobre recursos federales ejercidos entre 2014 y 2015.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) aprobó reducir su gasto y prever

ahorros por siete millones 87 mil 207 pesos.

Con el acuerdo de los Lineamientos en materia de Austeridad, Disciplina del Gasto para 2016, el cual entró en vigor ayer, se esperan medias

específicas para bajar el costo de operaciones administrativas.

Los ahorros se harán mediante topes presupuestales sujetos a criterios de racionalidad, y con medidas para reducir el costo en productos

alimenticios, telefonía celular, asesorías, energía eléctrica y vehículos, entre otros.

Pese a las prórrogas otorgadas y el apoyo técnico, sólo Michoacán, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán cumplieron totalmente con todas las

normas para la rendición de cuentas en torno de entrega de subsidios, proyectos presupuestales y cuentas públicas de sus poderes Ejecutivo,

Legislativo y Judicial, así como de sus órganos autónomos y sector paraestatal.

En contraste, otros ocho estados, Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas, no

pudieron satisfacer totalmente alguna de las tres grandes áreas de requerimiento de información.

Según el informe entregado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac) al Senado, aún es necesario respaldar con más dinero

a los estados y municipios para que avancen en la armonización contable que les permita presentar correctamente sus cuentas.

Hay otro grupo de 15 estados que presentó de manera correcta la mayoría de sus cuentas, pero todavía tienen problemas de incumplimiento en

algunas: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Puebla,

Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz.

Hay también un grupo de cinco entidades que entregó parcialmente sólo una de las tres grandes áreas de rendición de cuentas, que son los casos

de Campeche, Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Tabasco.

De los 51 reportes de información que deben entregar, sólo Michoacán, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán cumplieron cabalmente, y de los

ocho que no lo hicieron, cuatro no entregaron algunos.

El más incumplido fue San Luis Potosí, con 14 reportes incompletos y tres que no entregó. Aguascalientes entregó 11 reportes incompletos;

Baja California Sur entregó 11 informes incompletos y cinco no los presentó; Colima falló en 14 reportes, 11 de ellos incompletos y tres sin

presentar.

Durango, siete reportes incompletos; Morelos sumó nueve, cuatro incompletos y cinco sin entregar. Nayarit tuvo cinco reportes incompletos,

mientras Zacatecas sumó 12 reportes incompletos.

Tres áreas

Los informes incluyen tres áreas de rendición de cuentas. Una, que se organiza con 35 reportes trimestrales en siete puntos: pago de ayudas y

subsidios, programas, dinero federalizado a salud; fondos federales a seguridad; obligaciones pagadas con fondos federales; gasto federalizado

y gasto educativo.

La segunda son 10 reportes anuales sobre Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos, así como los calendarios de ingresos, egresos y avance.

La tercera área son seis informes de resultados generales, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos y sector paraestatal.

Dinero Crece la deuda a zona de alarma: 9 billones

Los banqueros se inquietan

Un extraño beneficio de la devaluación

ENRIQUE GALVÁN OCHOA

¿C ómo va a ser pagada la deuda pública si Pemex cayó (por lo menos) en crisis de liquidez? Y las grandes reservas de petróleo están agotadas. El

gobierno mexicano dio a conocer un dato: el saldo histórico de la deuda –sumando la interna y la externa– al último mes de enero llegó a 9 billones

de pesos (8 billones 904.7 mil millones para decirlo con exactitud). Cuando la administración de Peña Nieto entró en funciones, en diciembre de

2012, la deuda era de 6 billones, aproximadamente. Eso significa que cada año agregó un billón. Irónico: la devaluación es un bumerán que pegó al

propio gobierno. Nadie ha perdido tanto dinero con la devaluación como el gobierno. La interrogante ahí está: ¿cómo va a pagar? Los banqueros, los

acreedores se están poniendo nerviosos. Bancomer lamenta que el plan de rescate de Pemex esbozado por el director José Antonio González Anaya

ignorara el aspecto financiero. Y los bancos Deutsche Bank y Barclays dicen que el tamaño del endeudamiento es crítico.

Los ganadores

Obvio: los ganones de la devaluación han sido los malos mexicanos (López Portillo dixit) que sacaron sus dólares de México cuando la cotización

estaba a 12.90 pesos. Sin embargo, hay un grupo de buenos mexicanos: nuestros paisanos. No dejan de enviar dinero. Los mil 932 millones de

dólares que enviaron a sus familias el mes pasado se multiplicaron en su valor en pesos gracias a la devaluación. Con base en el tipo de cambio en

enero de 2015 contra el de enero pasado, el valor de las remesas tuvo un incremento de 50 por ciento: es decir, en 2015 las remesas fueron por 23 mil

620 millones de pesos contra el equivalente en 2016 de 35 mil 548 millones. Los paisanos son los únicos que nunca nos fallan.

La delicia de no ser billonario

Si no formas parte de la lista de Forbestienes un motivo para estar contento: no perdiste miles de millones de dólares el año pasado y eso te pone a

salvo de las trompetillas. La fortuna total de los 14 mexicanos que aparecen en la nueva edición de la revista se redujo 30 por ciento, al pasar de 142

mil 900 millones de dólares en 2015 a 99 mil 600 millones en 2016. Carlos Slim fue el más raspado, su capital se achicó en 27 mil 100 millones.

También sufrieron disminuciones las fortunas de los tycoonsde la televisión, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego. En cambio, crecieron las de

los dueños de Coca-Cola y Cervecería Cuauhtémoc. ¿Cómo es que, en general, les fue tan mal? En parte por la devaluación. Algunas compañías

están fuertemente endeudadas en dólares. En fin, el dinero va y viene…

Ombudsman.Social

Asunto: ratolandia en Coyoacán

Vengan todos al Parque Ratolandia (antes llamado Frida Kahlo), junto a la iglesia de La Conchita. El delegado, Valentín Maldonado, le ha dado

especial atención a dicho parque criando centenas de ratas (que más bien parecen canguros, por lo bien alimentadas). Con decirles que la basura

generada durante los últimos tres meses no ha sido retirada para que sirva de alimento a sus animalitos. ¡Felicidades para ese eficiente servidor

público! Vamos a hacer proselitismo para que su partido político gane las próximas elecciones. Se lo merecen.

Octavio R. Valdés Vega

R: Es uno de los delegados perredistas que ganó bajo sospecha de fraude, pero le obsequió el triunfo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación. Los roedores de cuatro patas no son tan dañinos como los de dos, dicen por ahí.

Twitteratti

Veracruz y el estado de México librando una encarnizada batalla por el premio a la entidad más violenta.

@RobNilo

Más despidos, 10 mil en Pemex y 3 mil 600 en la SEP… el México de las reformas.

@vocesdeperiquin

Panistas hipócritas. ¿Pondrían el Periscope en la oficina del delegado de Benito Juárez? Payasos.

@Jaspelazuli

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

galvanochoa@gmail.com • Foro:http://elforomexico.com/encuestas/

Astillero Todos somos sospechosos

De Ayotzinapa a Tierra Blanca

Mismo esquema: incinerar, tirar

A confesión de Estado…

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

TRABAJOS EN SAN LÁZARO. El salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro lució semivacío ayer, durante la sesión ordinaria de la Cámara de DiputadosFoto Cristina Rodríguez

E n el inmenso historial de barbaridades que se cometen a diario en México ha destacado la de Tierra Blanca contra cinco jóvenes de Playa Vicente,

que de fin de semana habían ido a festejar un cumpleaños al puerto de Veracruz y al regreso, el pasado 11 de enero, fueron secuestrados por policías

estatales y luego, según ahora se da como virtual verdad oficial, asesinados y sus restos dispersados.

El motivo de tal tragedia, según ha dicho el subsecretario de Derechos Humanos (vaya broma) de la Secretaría de Gobernación (vaya pretensión),

Roberto Campa Cifrián, pinta de fúnebre cuerpo entero lo que sucede en este infierno disfrazado de país. Cinco jóvenes viajando en un mismo

automóvil, fuertes, tal vez insensatamente contentos con la vida, le parecieron sospechososal verdadero gobierno de la República, es decir, a los

portadores de insignias de poder civil que en contubernio con el dominante crimen políticamente organizado deciden vida o muerte, libertad o

cárcel, normalidad o dolor extremo, paz u horror. Es una de las partes más duras, más terribles, reconoció Campa al ser entrevistado por Adela Micha

en un noticiero de radio de Grupo Imagen, pues el automóvil donde viajaban los cinco jóvenes traía placas del Distrito Federal y les parecieron

sospechosos a los policías-capos-políticos-empresarios-gobernantes que deciden la suerte de los mexicanos en cada localidad y en la nación entera.

La cruda confesión de inviabilidad institucional hizo reflexionar al subsecretario Campa, en particular respecto de la importancia de que los

criminales (es decir, los otros) desechen la suposición de que desaparecer a sus víctimas significa desaparecer el delito. Esta convicción, añadió el

filosofal subsecretario, deriva precisamente de la situación de impunidad, porque en otras ocasiones han desaparecido personas y no ha ocurrido

nada. ¿Se refería el profundo subsecretario Campa a Jesús Murillo Karam, la verdad histórica y Ayotzinapa? Sí, pero no desde ese ángulo, pues

exhortó a llegar al fondo en los casos Ayotzinapa y Tierra Blanca yhacer el mayor esfuerzo para concluir la investigación y sancionar a todos los

responsables. No, pues sí.

En ese duro esfuerzo por aparentar que algo importante se hace contra lo que a fin de cuentas no se combate ni extermina porque forma parte

sustancial de la conformación actual de los poderes en México, el propio Enrique Peña Nieto había presionado el lunes para que se apruebe el mando

único policiaco en cada una de las entidades del país. El exhorto fue enviado por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y Los Pinos al

Poder Legislativo, para que se avance en el tema que, a fin de cuentas, no es más que un juego más de apariencias con el que se simulan atención

y soluciones al cáncer institucional que mezcla financiamientos electorales, corrupción extrema desde los poderes públicos, salvajismo de

loscárteles impunes y una guerra por el control del mercado del crimen desde filas policiacas, militares y políticas.

Los jóvenes de Playa Vicente, sospechosos como lo somos todos en México, fueron interrogados, golpeados, privados de la vida y desaparecidos,

según la relatoría de Campa, quien en otra parte de sus declaraciones sintetizó los hechos al decir que los cinco fueron quemados, molidos y sus

restos tirados al río. No deja de haber un guiño hacia el caso de Iguala en las declaraciones presuntamente hechas con autenticidad por un octavo

policía veracruzano detenido. En Tierra Blanca se estaría confirmando el método extendido de incineración de cuerpos y dispersión en ríos de lo que

de ellos quedara. Así fue en Tierra Blanca como así debería haber sido en Cocula, sería el mensaje desprendible de las palabras del policía que, como

en casi todos los casos similares sabidos en México, son absolutamente susceptibles de acomodo (por la buena o por la mala) al gusto del cliente, que

es quien tiene el mando.

Pero, por sí misma, esa confesión de parte releva la necesidad de dar prueba de que el actual es un Estado en desahucio. No solamente es asunto

del gobernador de la entidad, Javier Muerte, ni de los operativos del comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, o los crucifijos de la

televisiva procuradora Arely Gómez o los discursos de Osorio Chong o Peña Nieto. El Estado mexicano está quemado, molido y sus restos tirados

por doquier.

Astillas

Las desgracias no vienen solas. Al declive nacional se ha sumado la infamante caída de Carlos Slim Helú, quien en esta ocasión ha dejado los lugares

preponderantes de la riqueza mundial (pasó del segundo al cuarto lugar, según Forbes), en un seco golpe al orgullo de esta patria poblada de decenas

de millones de personas en situación de pobreza en diversos grados pero bendecida con la aparición, de entre sus desigualdades e injusticias, de un

multimillonario de primerísimos niveles. No estaría mal convocar a un Carlotóno promover alguna otra medida de solidaridad y apoyo al demeritado

multimillonario emblemático…

En Michoacán se ha anunciado que habrá una muy fuerte sanción contra el responsable de que un helicóptero del gobierno estatal hubiera sido

utilizado para transportar a la televisiva Belinda durante la visita del papa Francisco. ¿Se castigará a Silvano Aureoles (gobernador enamoradizo,

según su compañero de partido, el senador Barbosa), quien se fotografió con gusto con la mencionada Belinda? No. El presunto responsable de tomar

esas decisiones es un agente de la Secretaría de Seguridad Pública del estado…

Ya tomó posesión al frente de la Profeco el mexiquense Ernesto Nemer, quien ganó fama en semanas anteriores al tomarse, siendo subsecretario

de Sedesol, una foto con el niño bolero quesiempre le lustra el calzado cuando va a San Cristóbal de Las Casas…

Y, mientras Hillary Clinton y Donald Trump avanzan en el proceso de sus postulaciones, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

Fax: 5605-2099 •juliohdz@jornada.com.mx

México SA Pemex: deceso moderno

Partidos sumisos, cómplices

Qué horror: ¿Slim pobre?

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

E n su feroz cuan desenfrenada batalla cotidiana por demostrar públicamente cuál de ellos es el más oportunista y tiene la cara más dura, las empresas

privadas conocidas como partidos políticos ahora se rasgan las vestiduras, ponen el grito en el cielo y exigen que rueden cabezas, al tiempo que

utilizan a sus borregos en San Lázaro para demandar que alguien les explique por qué Petróleos Mexicanos se fue por el caño.

Lo mejor del caso es que entre las urgencias de los partidos políticos y sus borregos en San Lázaro destaca la de citar urgentemente a… Emilio

Lozoya, es decir a quien ya no es director general de Petróleos Mexicanos, y que cuando ocupó la oficina principal de la torre de Marina Nacional

gozó de todas las atenciones, cordialidades, servilismos y aprobaciones de esas mismas empresas privadas y sus acólitos en el Legislativo, quienes

evitaron hasta la ignominia rozar con el pétalo de una rosa la comparecencia al personaje que hoy defenestran.

Lozoya debe estar muerto de la risa. Sin hueso, sí, pero con gruesa liquidación monetaria en el bolsillo y liberado de toda responsabilidad por el

brutal infarto financiero y productivo que provocó a Pemex. Todavía a finales de 2015 y principios de 2016, cuando era ya imposible de ocultar la

delicadísima situación de la ex paraestatal, los señoritos de San Lázaro hacían circo, maroma y teatro para posponer, una y otra vez, la comparecencia

de dicho personaje y evitar a toda costa la delministro del (d) año, Luis Videgaray, corresponsable del hundimiento de Petróleos Mexicanos.

Y ahora que ya se fue es cuando exigen la comparecencia de Lozoya, su otrora intocable. Parece que empresas y acólitos no se enteraron (tal vez

por andar en los moches) de que tres semanas atrás se dio el relevo en la oficina principal de la empresa productiva del Estado. A José Antonio

González Anaya le encargaron la complicadísima tarea de ejercer como una suerte de doctor Frankenstein, con la idea de reunir la pedacería que dejó

Lozoya, rearmar al cadáver y retornarlo a la vida, en la medida de lo posible.

Pero partidos y borregos –que aprobaron todas las leyes, modificaciones y modernizaciones que condujeron a la muerte inducida de Pemex–

creen que con una simple comparecencia –la de quien sea, finalmente– el asunto se arregló y la ex paraestatal, después del infarto múltiple, se curará,

total y rápidamente, con una simple aspirina.

En el recuento de daños no sólo Lozoya, el ministro y el inquilino de Los Pinos son culpables. Allí están los del Pacto por México y sus

legisladores, quienes a cambio de favores, posiciones, huesos, moches, impunidad y conexos se abrieron de par en par para que lareforma energética

saliera adelante con celeridad y, desde luego, porconsenso.

A ellos súmense los cinco inquilinos de Los Pinos previos a Peña Nieto, todos ellos, como éste, totalmente neoliberales. De Miguel de la Madrid

a Calderón descuartizaron a la ex paraestatal y el actual dio la puntilla, siempre con la modernidad como pretexto, mientras la inversión productiva

decrecía y el saqueo y la corrupción alcanzaban proporciones terroríficas.

Como se ha comentado en este espacio, la creciente dependencia de las finanzas públicas del ingreso petrolero comenzó con el cambio de modelo

económico, con la llegada a Los Pinos de Miguel de la Madrid y la tecnocracia.

La Auditoría Superior de la Federación lo ha documentado a detalle:de 1938 (año de la expropiación cardenista) a 1984, el importe total anual de

los impuestos, derechos y aprovechamientos pagados por Pemex y sus organismos subsidiarios no tuvo representatividad en relación con el producto

interno bruto. A partir de 1985 (con Miguel de la Madrid) comenzó a incrementarse la carga tributaria (a la paraestatal) al igual que la proporción

respecto del PIB, al pasar de 0.1 por ciento ese último año a 7.6 por ciento en 2012, con Felipe Calderón, de tal suerte que Pemex fue utilizado como

caja grande para tapar los agujeros fiscales abiertos por el gran capital.

Todos los cambios, decían, son para bien de Pemex y del país. No hubo inquilino de Los Pinos ni tecnócrata de medio pelo que no repitiera como

perico aquello de “estamos empeñados en hacer de las entidades del sector energético un ejemplo de eficiencia y de productividad para beneficio del

pueblo de México, que es su dueño… Es firme el propósito del gobierno federal de apoyar el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos… Pemex logró

consolidarse como la gran empresa nacional de todos los mexicanos. Los cambios en Pemex han sido para su fortaleza, para hacer de ella una

industria eficiente y competitiva que sirva mejor a los mexicanos”. Y de allí al no se privatizará ni un tornillo de la ex paraestatal.

Y como todo por servir se acaba y acaba por no servir, fue tal el saqueo a Pemex durante más de tres décadas que a la ex paraestatal no le dejaron

otro camino que el endeudamiento, y sus distintos directores llevaron la deuda al infinito y más allá, sin considerar la posibilidad de que el festín de

los precios elevados llegaría a su fin, a la par de la capacidad financiera de la empresa para atender a sus dos amos: la Secretaría de Hacienda y la

banca acreedora. Mataron, pues, al único consorcio público capaz de financiar el desarrollo nacional.

Todo ello con la venia (léase la complicidad) de partidos políticos y acólitos en San Lázaro, que hoy exigen la comparecencia del fulano, hoy

desempleado, que se negaron a citar para los mismos efectos cuando estaba en funciones.

En fin, habrá que ver si el doctor Frankenstein corona y si Pemex soporta la política de los electroshocks. Ojalá que así sea, porque el país, ahora

más que nunca, necesita a Petróleos Mexicanos. Empresas como esta no nacen en maceta, pero sí los politiquillos, legisladoretes,

corifeos,modernizadores y demás fauna que han llevado a la ruina al país.

Las rebanadas del pastel

Pobre hombre: dice Forbes que Carlos Slim cayó hasta el cuarto lugar en la lista anual de ricos entre los ricos, puesperdió 27 mil millones de dólares

en 2015. Qué lástima, un quebranto más para el país, pero ¿realmente perdió el titipuchal de dinero que dice Forbes, o simplemente el magnate lo

retiró del alcance de los mirones, es decir, lo sacó del mercado bursátil, donde por ley debe hacer pública su tenencia accionaria? ¿No será en realidad

que esa lanaperdida está en otro lado, justo donde el magnate no está obligado a reportarla ni tienen derecho los fisgones de meter las narices?

Twitter: @cafe-vega

D.R.: cfvmexico_sa@hotmail.com

Usos y costumbres

Peras Y Manzanas

VALERIA MOY

La semana pasada se anunció el dato del crecimiento de la economía mexicana en 2015. Crecimos 2.5 por ciento en relación con el año anterior. Como todo, esto puede

verse como el vaso medio lleno o medio vacío. Podríamos pensar que 2.5 por ciento es un buen número en un entorno global complicado en el que vemos varias

economías emergentes creciendo a una tasa menor o decreciendo.

He llegado a escuchar incluso, que lo que sorprende es que estemos creciendo. Lo que es un hecho es que el país lleva creciendo a tasas de alrededor de 2.0 por ciento

durante décadas. Ese crecimiento no ha sido suficiente para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Una economía emergente, como lo somos, tiene mayor margen

para crecer.

Podría ser que hubiéramos crecido 2.5 por ciento porque fue un año complicado, pero no es el caso. El crecimiento ha sido mediocre por lo menos en los últimos 20 años.

También salieron los datos de pobreza. Independientemente de que el índice haya subido o bajado, la realidad es que sigue habiendo 51 millones de mexicanos a los que

no les alcanza su ingreso laboral para adquirir la canasta básica alimentaria.

¿Qué pasa en el país que no podemos salir de este estancamiento?

¿Cuáles son las opciones? No hay una solución única o una política mágica que nos permita entrar en una dinámica de crecimiento sostenido. Son muchas cosas, ninguna

suficiente, pero todas necesarias.

A la luz de estos resultados, he participado en diversos foros en los que, inevitablemente se llega al tema de la corrupción. No es un tema ajeno a nadie.

Hay un ánimo en la sociedad de hartazgo frente a las prácticas rampantes de sobornos, moches, mordidas, tráfico de influencias, conflicto de intereses, uso indebido de

recursos, y cualquiera que caiga en el amplio espectro de la corrupción. La corrupción cuesta en dinero, en tiempo, en recursos. Pero también cuesta en todo lo que no

vemos: los proyectos de inversión que no se hacen, las pequeñas empresas que no nacen por los costos asociados, el gasto público que pudo haber sido eficiente pero

terminó en la champaña y el caviar de algún funcionario, las obras públicas que se pudieron asignar a una empresa con menores costos y más calidad, pero que se

entregaron a un cuate o por un compromiso político. Cuando los proyectos se asignan bajo criterios de favoritismo y no bajo criterios de eficiencia, se sacrifica la

productividad. Tendremos proyectos caros y malos. La corrupción cuesta en crecimiento.

Lo que más me llama la atención es que estas prácticas se vean como un hecho. En repetidas ocasiones, he escuchado la frase “es que sonusos y costumbres”. Creo que el

presidente no se da cuenta del daño que hace cuando dice que la corrupción es cultural. Extraña forma de justificarla.

No. La corrupción no es parte de nuestros “usos y costumbres”. Los usos y costumbres los determinamos cada uno de nosotros. Uno decide si va a sobornar o a ceder ante

un soborno. Nosotros decidimos si enseñarle a nuestros hijos que está bien sobornar a un agente de Tránsito, si está bien estacionarse en triple fila aunque violemos la ley,

si está bien corromper. No se los tenemos que decir, lo ven todos los días en nuestras acciones.

Me rehúso a pensar que así son las cosas y que no hay nada qué hacer. No es cultural. Si todos estamos hartos, si a todos nos indignan los actos de corrupción, seamos

consistentes y no caigamos en esas prácticas, por menores que nos parezcan. La corrupción no es un fenómeno que ataña únicamente al sector público, ni a altos niveles

de ingreso, ni a las cúpulas del poder. Nos atañe a todos en cualquier ámbito y en todos los niveles.

El entramado de la corrupción seguramente alcanza niveles insospechados, por eso nadie se ha atrevido a tomar en serio el tema.

¿Podremos hacerlo nosotros?

¿Nos daremos cuenta de que nos tiene detenidos como país? Hoy tenemos la oportunidad de exigir. En mayo los legisladores tendrán que presentar los cambios

regulatorios que den origen al Sistema Nacional Anticorrupción y hay iniciativas ciudadanas presionando por los cambios. Depende de nosotros impedir que, por

omisión o desidia, forcemos a nuestros hijos a vivir en medio de la corrupción e impunidad.

Demostremos que merecemos más.

La autora es profesora de Economía en el ITAM e investigadora de la Escuela de Negocios en Harvard.

Twitter: @ValeriaMoy

ENCUESTA NACIONAL DE EL FINANCIERO

Desconfía del INE el 58% de los electores; voto duro, sólo 33% En la tercera entrega de la Encuesta Nacional de El Financiero, se observa un electorado desconfiado, siendo los jóvenes el sector con mayor indiferencia. Alejandro Moreno

Más de la mitad de los ciudadanos encuestados por El Financiero afirmaron que no confían en el INE. (Cuartoscuro)

El 60% del electorado mexicano se define a sí mismo como un votante convencido, que siempre va a votar. Sin embargo, el 69% desconfía de las elecciones y el 58%

expresa desconfianza en el INE.

Por otro lado, el 33% de los electores en el país se considera leal a algún partido, manifestando que siempre suele votar por el mismo, mientras que el 40% se dice

cambiante, a veces apoya a un partido y a veces a otro. Incluso un 20% se autonombra como votante indeciso, reconociendo que le resulta difícil elegir una opción

política.

Así lo indica la Encuesta Nacional de El Financiero, realizada del 17 al 22 de febrero con entrevistas cara a cara en vivienda a 1,400 adultos en las 32 entidades

federativas. Los resultados tienen un margen de error de +/- 2.6%.

Según el estudio, el 17% de los entrevistados se describe como apático políticamente, ya sea porque es abstencionista y no vota (6%) o porque la política le resulta

indiferente o no le atrae.

Tanto la lealtad a un partido como la actitud participativa son más altas entre los electores de mayor edad, mientras que los jóvenes son más propensos a calificarse como

indiferentes e indecisos.

El estudio también revela que 58% de los entrevistados se identifica con algún partido político, considerándose priistas el 27%, panistas el 12%, perredistas el 8%,

morenistas otro 8%, verdes 2%, de otro partido 1%. En contraste, 39% es apartidista (no se identifica con ninguno) o apolítico (no sabe).

Da clic sobre la imagen para ver la encuesta completa:

CIDH: La impunidad masiva, que ha durado décadas, es la causa de la crisis de DDHH en México

Por Redacción / Sin Embargo marzo 2, 2016 - 11:17h 0 Comentarios

La Comisión Interamericana presentó este día un informe en el que destacó las desapariciones forzadas, las

ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la inseguridad y la violencia contra periodistas y de fensores de derechos

humanos como las principales problemáticas que el Gobierno de México ha minimizado. Esta crisis en derechos

humanos, dice el informe, se agravó desde que en 2006 el entonces Presidente Felipe Calderón emprendió la llama

guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, agrega, el principal desafió viene desde más atrás. La CIDH dice que este

desafío es la impunidad que se remonta desde los años sesenta en el contexto de la llamada “Guerra Sucia”.

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).– El gran desafío del Estado mexicano radica en romper “el ciclo de impunidad imperante”

que persiste en el país desde hace décadas y así poder lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los

responsables de violaciones de derechos humanos, plantea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe

“Situación de Derechos Humanos en México”.

http://infogr.am/ddhh_mexico-19310

La CIDH, un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), constató, después de que siete de sus

integrantes visitaran en octubre al país, los “niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas [de

violaciones a sus derechos humanos] y a sus familiares”.

La Comisión analizó “situaciones específicas de preocupación”, como las ocurridas en Iguala, Guerrero, con la desaparición de los

normalistas de Ayotzinapa; en Tlatlaya, Estado de México, con la ejecución de 22 personas por parte de elementos del Ejército; y

en Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, en el que perdieron la vida 42 civiles en un supuesto enfrentamiento con autoridades.

El presidente de la CIDH, el estadounidense James Cavallaro, dijo a la agencia Efe que ante lo planteado en el informe es necesario que el

Gobierno de México que reconozca la “gravedad de la crisis de derechos humanos que enfrenta” y no trate de “minimizarla hablando de

casos aislados”.

De acuerdo con el reporte, “la falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto

de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”.

Detalla que México atraviesa por una “crisis de graves violaciones de derechos humanos” la cual, “es en parte consecuencia de la

impunidad que persiste desde la “Guerra Sucia” y que ha propiciado su repetición hasta hoy en día”.

El organismo internacional, que no emitía un informe sobre México desde 1998, dijo que la situación de derechos humanos en el país se

agravó desde que el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó una campaña contra el crimen organizado en 2006.

No obstante, dijo, en la presente administración, que encabeza Enrique Peña Nieto, no ha habido cambios sustanciales en relación a las

políticas de seguridad y a los niveles de violencia.

La Comisión manifestó su preocupación ante las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación

de inseguridad de las mujeres, la niñez, las personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de

asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos.

Explicó que estas violaciones son constantes en las personas que buscan verdad y justicia, situación que ha generado un amedrentamiento

en la sociedad mexicana.

“Las barreras en el acceso a la justicia, y la inoperancia en muchos casos con la impunidad resultante, han debilitado el Estado de

Derecho y constituyen desafíos urgentes”, dice el reporte.

Recordó que las mismas cifras oficiales reconocen que de diciembre de 2006 a noviembre de 2012 se cometieron 102 mil 696 homicidios

en el país. Dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas hizo referencia a 151 mil 233 hasta agosto de 2015.

Detalló además que hasta el 30 de septiembre de 2015, el Estado tenía reportadas 26 mil 798 personas “no localizadas” o desaparecidas a

nivel nacional.

La CIDH dijo que las desapariciones forzadas de personas han ocurrido en México en diferentes momentos y con diversas intensidades,

como en el contexto de la llamada “Guerra Sucia” y actualmente, indicó, ha aumentado en forma dramática en el país.

Dijo que es especialmente grave la información amplia y consistente recibida por el organismo sobre la existencia de una práctica de

desapariciones forzadas a manos de agentes del estado o con la participación, aquiescencia, o tolerancia de las mismas.

Indicó que las cifras aportadas por el Estado a organismos internacionales apuntan a que en México sólo se han emitido seis sentencias en

el ámbito federal por el delito de desaparición forzada. Además destacó las fallas en las investigaciones sobre desapariciones, las cuales

son graves y múltiples.

“Muchos casos de desaparición no se denuncian debido a la desconfianza de los familiares en la capacidad de respuesta del Estado o su

temor a sufrir represalias, y en los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias”, dijo.

La Comisión también manifestó su preocupación ante la práctica de la tortura, la cual calificó de “alarmante”. Dijo que el Estado

mexicano informó que la Procuraduría General de la República (PGR) contaba, al mes de abril de 2015, con 2 mil 420 investigaciones en

trámite sobre tortura, y que existen sólo 15.

La Comisión coincidió con otros organismos internacionales al señalar que en México la tortura es generalizada, y se presenta

frecuentemente entre el momento de una detención, que, dijo, suele ser arbitraria y antes de que la persona detenida sea puesta a

disposición de un juez.

Dijo que incluso en la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, uno de los asuntos de mayor perfil en materia de derechos

humanos en los últimos años, el 77 por ciento de las personas investigadas mostraban lesiones corporales, un indicio, por lo menos, de la

existencia de apremios ilegales y posibles torturas perpetradas en su contra.

Ante estas situaciones el órgano adscrito a la Organización de Estados Americanos recomendó un paquete de medidas para alcanzar esa

meta, como adoptar una Ley general sobre desaparición y otra sobre tortura y otros tratos crueles y mejorar el Registro Nacional de

Personas Desaparecidas.