Sistema Interinstitucional de Control de...

Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles

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III MEMORIA ANUAL

(2013/2017)

1) Comisión de Ejecución de la Pena de la Cámara Federal

de Casación Penal –Precedentes del Sistema-:

El 18 de febrero de 2013 el Presidente de la Cámara

Federal de Casación Penal, Gustavo M. Hornos, convocó a

una reunión preliminar de la Comisión de Cárceles. Invitó

a los jueces de la Cámara y a los de los tribunales orales

en lo criminal, de menores y en lo penal económico. En esa

ocasión, se dispuso la modificación del nombre y se

resolvió denominarla “Comisión de Ejecución de la Pena” y,

asimismo, se decidió nombrar secretaria coordinadora de la

Comisión a la Prosecretaria de Cámara Lorena A. Fusco.

En el mismo Acto y en base a una evaluación del

rendimiento histórico de la Comisión, el Presidente

planteó la necesidad y conveniencia de establecer un

Sistema para trabajar en conjunto y coordinadamente con

otras instituciones que se ocupan de la problemática

carcelaria, abarcar un universo más amplio de

investigación, con el objeto de sistematizar información y

esfuerzos, y evitar la duplicación de tareas.

Por otro lado, propuso someter a estudio de los

señores jueces de la Cámara la posibilidad de que el

control de las reglas de conducta de la probation la

realice el magistrado de los tribunales orales en lo

criminal o el juez correccional que la ha dispuesto.

También se dispuso tomar las medidas conducentes a

mejorar el sistema de traslados de los internos desde sus

lugares de detención a los tribunales.

El día 20 de marzo de 2013 el juez Hornos se reunió

con el Director y el Jefe de la División Traslados del

Servicio Penitenciario Federal a fin de tratar la

problemática de los traslados de internos. Se adquirieron

veinte (20) móviles para traslados.

Con fecha 19 de marzo de dicho año se mantuvo una

reunión con el Director de la Unidad 29 del SPF y la Jefa

de Seguridad para analizar su funcionamiento y

particularmente la situación de los traslados.

El día 16 de mayo se reunieron la Comisión y

Subcomisión de Ejecución Penal de la Cámara Federal de

Casación Penal, reunión en la que se resolvió convocar a

otros organismos e instituciones que se ocupan del

monitoreo de cárceles, a fin de que la Comisión se ocupe

del seguimiento y la coordinación del resultado de los

mismos.

El día 15 de junio la Comisión de Ejecución Penal

firmó el anteproyecto de Acordada sobre las Reglas


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Prácticas en materia de Ejecución Penal, que se llevó al

Acuerdo Plenario del 20 de agosto. El anteproyecto

contenía tres reglas prácticas: la primera dirigida a que

se aplicase el trámite abreviado previsto en el art. 465

bis del C.P.P.N. respecto de los recursos que versen sobre

la aplicación de la ley 24.660; la segunda pretendía

recomendar a los jueces que hagan uso de la facultad de

suspender las sanciones disciplinarias recurridas prevista

en el artículo 96 de la ley 24.660; y la tercera disponía

que el órgano jurisdiccional que decida una suspensión del

proceso a prueba sea quien efectúe la supervisión de las

condiciones impuestas. La iniciativa no resultó finalmente

aprobada en el Plenario de la Cámara.

El 14 de agosto se reunió nuevamente la Comisión de

Ejecución Penal de la C.F.C.P con el objeto de continuar

el tratamiento de los temas que le competen.

El 17 de octubre el Presidente se reunió con los

jueces de Ejecución Penal, oportunidad en la que

expusieron algunas de las problemáticas que presenta el

fuero.

El 24 de octubre se firmó el Anteproyecto de Ley de

Reforma de los arts. 293, 493 y 515 del CPPN, sobre

control de las reglas de conducta de la probation, y se

efectuó el envío del mismo al Sr. Ministro de Justicia y

de Derechos Humanos.

Dirección de Control y Asistencia de la Ejecución Penal

(Ex Patronato de Liberados)1:

El 7 de octubre de 2014 y en respuesta a una

convocatoria que le fuera efectuada por el Presidente de

la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la H. Cámara

de Senadores de la Nación, Senador Pedro Guillermo

Guastavino, a fin de exponer sobre el Proyecto de Ley de

la Dirección de Control y Asistencia de la Ejecución

Penal, el juez Gustavo M. Hornos se presentó ante la

Reunión Plenaria de Senadores de las Comisiones de

Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto.

Expresó que la mejor perspectiva de abordaje del tema

de la Ejecución Penal es el que centra el eje del análisis

en el valor persona humana, que no pierde la protección de

la Constitución Nacional por estar privada de su libertad.

Un enfoque desde los derechos y ya no desde las

prohibiciones.

Explicó los principios, valores e ideales con los que

se viene desempeñando en el Sistema de Control de Cárceles

junto con colegas del Poder Judicial, Fiscales, Defensores

y representantes de la sociedad civil y que desde esa

perspectiva analizaría el proyecto sobre el que fue

convocado a exponer.

1 La ley 27.080 se sancionó el 16/12/2014 y se promulgó el 27/01/2015.


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En este sentido, sostuvo que el proyecto cumplía con

los 3 ejes centrales para el cumplimiento de las funciones

esenciales de prelibertad y post penitenciarias: 1)

Garantizar la continuidad y procurar el mejoramiento de la

prestación de funciones, que antes venía desempeñando el

Patronato de Liberados. 2) Que esa Dirección sea oficial y

pública y esté inserta en el ámbito judicial. 3) El

reconocimiento de los derechos adquiridos de los

trabajadores.

Recordó que entre los fines originales y

fundamentales de la Institución está el de contribuir a la

prevención de la criminalidad y de la reincidencia.

Propuso a los señores Senadores interesados hacer un

próximo Encuentro en una Unidad del Servicio Penitenciario

Federal para acercarse en conjunto a la realidad

carcelaria y cumplir así con la cita evangélica “Estuve

preso y me visitaste”.

Y expresó que lo que hagamos por uno, lo hacemos por

toda la sociedad2.

2) Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control

Judicial de Unidades Carcelarias:

Conformación:

En el ámbito de la Comisión y Subcomisión de

Ejecución Penal, conforme lo resuelto en la reunión del 16

de mayo, se llevó a cabo, el 26 de junio de 2013, la firma

del Acta de Conformación del Sistema de Coordinación y

Seguimiento del Control Judicial de las Unidades

Carcelarias, y se realizó su primer Encuentro.

Integración:

El Sistema está integrado por: jueces de diversas

instancias y jurisdicciones; por la Procuración General de

la Nación –Procuraduría contra la Violencia Institucional-

; la Defensoría General de la Nación y la Procuración

Penitenciaria de la Nación.

2 Se encuentra disponible la versión taquigráfica en www.senado.gov.ar

(Acta nro. 45).

http://www.senado.gov.ar/


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El Centro de Estudios Legales y Sociales (C.E.L.S.) y

el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

intervienen en carácter de miembros consultivos.

En el año 2015 se incorporó a los jueces de la Cámara

Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

Y en el año 2017, se incorporó como miembro

consultivo la Asociación Pensamiento Penal (APP).

Objetivo:

El Sistema tiene como objetivo principal garantizar

los derechos de las personas privadas de libertad, quienes

por esa circunstancia no pierden la protección de la

Constitución Nacional (arts. 5.1 CADH y 10.1 PIDCyP;

Principios básicos para el tratamiento de reclusos,

Naciones Unidas, pto. 5°).

Como base del acuerdo con formativo, se destacó el

valor de la Persona Humana como sujeto de tutela.

Los miembros del Sistema se reúnen en Encuentros en

los que se debaten los temas a trabajar. Al día de la

fecha, se han celebrado cuarenta (40) encuentros.

En algunas oportunidades han asistido las autoridades

vinculadas a los puntos tratados, como por ejemplo, el

Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el

Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, el

Director del S.P.F., y el Presidente del Consejo de la

Magistratura.

De esta manera, el Encuentro se ha constituido en una

auténtica Mesa de Diálogo y Trabajo en la que se discuten

los problemas de política penitenciaria de manera directa

y se procuran soluciones inmediatas.

A continuación se resumen los temas tratados en cada uno

de los Encuentros.

ENCUENTROS AÑO 2013

Encuentro I

Se acordó la conformación del Sistema con la

integración y los objetivos propuestos.

Encuentro II

Se convino en implementar una base informática para

cargar los informes de los monitoreos, con el detalle de

los módulos y pabellones de cada unidad, el cupo, las

actividades educacionales y laborales y su capacidad, los

partes diarios e informes semanales, los hechos de muerte,

los hechos violentos y lesiones, y los hábeas corpus.

Se acordó que el Sistema emita Recomendaciones, de

acuerdo a las situaciones que eventualmente se adviertan.


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Se convino en procurar la unificación de los

protocolos para efectuar los monitoreos.

Encuentro III

Se abordó el tema de las muertes en el ámbito del

SPF, y se convino en dictar la primera recomendación con

el objeto de investigar judicialmente todos los

fallecimientos de las personas privadas de libertad.

Luego se trató el tema de los cupos en las unidades

del SPF y la problemática de los traslados.

También se conversó acerca de la base informática con

el responsable de la Dirección de Tecnología de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación.

Encuentro IV

El 29 de agosto de 2013 se entrega la Recomendación I

del Sistema al Director del Servicio Penitenciario

Federal, en presencia del señor Ministro de Justicia de

Derechos Humanos de la Nación, doctor Julio Alak.

Encuentro V

Se resolvió aceptar la solicitud del Colegio Público

de Abogados de la Capital Federal de integrar el Sistema

en carácter de miembro consultivo.

Se convino redactar la segunda Recomendación del

Sistema, dirigida a garantizar el derecho de defensa en el

trámite disciplinario.

Encuentro VI

Se efectuó un balance de lo actuado en el año 2013, y

se debatieron los objetivos para el próximo, entre los

cuales se mencionaron: federalizar el Sistema, invitando a

las Cámaras Federales del interior y recomendar a todos

los jueces que efectúen monitoreos.

Se decidió elegir la autoridad que presida y coordine

el Sistema con miras a la continuación del funcionamiento

del Sistema el año próximo, y por unanimidad convinieron

en nombrar al doctor Gustavo M. Hornos para desempeñar esa

función.

Se convino comenzar a redactar dos próximas

Recomendaciones: una convocando a las Cámaras Federales

del interior y a los tribunales orales federales a que

intervengan en este espacio y repliquen el modelo del

Sistema, y otra sobre la problemática de salud en las

cárceles.

También se planteó la necesidad de recomendar al

Servicio Penitenciario Federal (SPF) la aplicación del

Protocolo de Resguardo de Personas en Situación Especial

de Vulnerabilidad y del Protocolo Para Prevenir

Situaciones de Violencia en Unidades de Jóvenes Adultos.


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Encuentro VII

Fue el primero del año 2014. Ante los hechos de

violencia ocurridos en la Unidad Nro. 6 del SPF, se trató

dicha situación y se dispuso convocar al Director del SPF

y a las autoridades del Ministerio de Justicia.

También se puso de resalto la necesidad de un pronto

nombramiento de los jueces de ejecución penal pendientes.

Y se dejó establecida la necesidad de tomar contacto con

las autoridades del Consejo de la Magistratura a esos

fines y al de la más pronta habilitación de los juzgados

de ejecución ya creados por ley.

Encuentro VIII

En menos de una semana desde la última reunión, los

miembros del Sistema se reunieron con el señor Ministro de

Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Subsecretario

de Relaciones con el Poder Judicial, y el señor Director

del Servicio Penitenciario Federal.

El señor Ministro se refirió al proyecto de ley de

reforma del SPF, y anunció que se construirán

establecimientos carcelarios en Cuyo, Mercedes, Santa Fe

(Coronda) y Córdoba, y una adecuación y ampliación en el

Complejo de Marcos Paz para los presos de lesa humanidad.

Mencionó también el tema de la asistencia post-

penitenciaria, y expresó su opinión de que funcione en el

ámbito judicial.

Se abordó puntualmente la problemática de la Unidad

Nro. 6 y se convocó a un próximo Encuentro para continuar

con el análisis, a celebrarse a los diez días.

Encuentro IX

Se continuó con el tratamiento de la situación de la

Unidad Nro. 6 del SPF. Los miembros del Sistema

coincidieron en que se habían logrado avances a partir de

la mesa de diálogo en que se constituyeron los Encuentros,

sin perjuicio de la necesidad de seguir trabajando sobre

la cuestión de violencia institucional pendiente de

resolver.

Las autoridades del Ministerio de Justicia se

refirieron al problema que representa la circunstancia de

que los médicos del Cuerpo Médico Forense no se trasladen

a las Unidades, y solicitaron que el Sistema analice ese

tema.

También se abordó la cuestión del uso de balas de

goma en la Unidad Nro. 7; de la alimentación en todas las

unidades en general y en el CPF CABA en particular; del

mal estado en que se encuentra el hospital del CPF II de

Marcos Paz, y el tema de los traslados de los internos, en

sus dos aristas: los problemas que se suscitan en los


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traslados diarios a los tribunales o defensorías y la ya

citada a la sede del Cuerpo Médico Forense y, por otro

lado, la discrecionalidad en los cambios de alojamiento,

que se realizan sin previa orden, autorización ni consulta

al juez a cuya disposición está detenido el interno.

Asimismo, se trató el proyecto de la III

Recomendación, y se habló del trámite de las acciones de

Hábeas Corpus, respecto de lo cual se acordó trabajar en

un protocolo guía para el trámite de dicha acción.

Encuentro X

Convocado por las autoridades del Sistema, participó

del Encuentro el Presidente del Consejo de la Magistratura

a fin de tratar la situación de los Juzgados Nacionales de

Ejecución Penal. Se le expresó la necesidad de culminar la

designación de los jueces nacionales de ejecución penal

que se encuentran pendientes en el concurso en trámite, y

de que se proceda a la habilitación de los juzgados de

dicho fuero creados por ley 26.070.

El Presidente del Consejo expuso que a la brevedad se

trataría en el cuerpo que preside la posibilidad de cubrir

temporalmente las vacantes con jueces subrogantes. Poco

tiempo después, el 24 de abril del corriente año, fueron

designados jueces subrogantes los doctores Claudio Marcelo

Vázquez y José Carlos Pérez Arias. El primero juró en tal

carácter ante la Cámara Federal de Casación Penal con

fecha 8 de mayo de 2014, y se encuentra a cargo del

Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nro. 1.

A continuación, en diálogo con el Subsecretario de

Relaciones con el Poder Judicial, se debatió sobre la

persistencia de hechos de violencia en la Unidad Nro. 6;

la problemática de las cloacas y el hacinamiento en el CPF

II; la clasificación de los internos en el CPF II, y la

alimentación en el CPF CABA, respecto de lo cual se acordó

convocar a especialistas en bromatología y nutrición para

efectuar una evaluación de la comida.

Encuentro XI

Se contó con la asistencia del entonces Subsecretario

de Relaciones con el Poder Judicial, Franco Picardi y el

Director del SPF. Se trató el tema del estado de las

condiciones de detención en Unidades del Servicio

Penitenciario Federal, conforme el resultado de los

últimos monitoreos efectuados por integrantes del Sistema,

especialmente la existencia de “retenes” en el CPF

C.A.B.A.

También se debatió acerca del traslado dispuesto por

el Director SPF de parte de los procesados y condenados

por delitos de lesa humanidad del CPF II a la Unidad Nro.

31 del SPF. Las autoridades del Poder Ejecutivo expresaron

los motivos de dicha decisión.


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Asimismo se analizó la cuestión de la sobrepoblación

y nuevamente se abordó el tema de las vacantes de los

jueces de ejecución.

Encuentro XII

Se recordó el primer aniversario del Sistema.

Concurrieron el señor Ministro de Justicia y Derechos

Humanos de la Nación y la Procuradora General de la

Nación, jueces y representantes de las instituciones

miembros, así como autoridades políticas y de escala del

SPF.

En el acto, hicieron uso de la palabra el señor

Presidente del Sistema, la Procuradora General de la

Nación y el Ministro de Justicia, en la que expresaron sus

puntos de vista sobre la conformación del sistema y la

tarea que viene realizando.

La Defensoría General de la Nación –cuya titular se

encontraba en el exterior- estuvo representada por algunos

de los defensores que conforman la Comisión de Cárceles de

la institución.

Asimismo, participaron representantes de organismos

que intervienen en carácter de miembros consultivos y que

otorgan una mirada externa y pública al Sistema, como el

Centro de Estudios Legales y Sociales y el Colegio Público

de Abogados de la Capital Federal.

En ese marco, Hornos recordó que en el acuerdo

establecido un año atrás todos coincidieron en que el eje

de Sistema debía ser “el reconocimiento del valor de la

persona humana privada de su libertad, que no pierde por

esa condición la protección de la Constitución Nacional”.

Además, Hornos destacó: “Queda mucho por hacer

respecto de las condiciones de detención, la salud,

alimentación, educación, inclusión social y otros aspectos


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que hacen a la dignidad de la persona detenida y al bien

común de toda la sociedad”.

Respecto de los logros, remarcó las recomendaciones

realizadas por el Sistema a jueces y fiscales en

alojamientos penitenciarios, así como también la

constitución de una Mesa de Diálogo directo con las

autoridades políticas como mecanismo de discusión y

búsqueda de soluciones inmediatas.

Agregó que la “existencia misma del Sistema

constituye un factor positivo hacia la transparencia de

instituciones caracterizadas por la opacidad, como lo son

las cárceles”.

Encuentro XIII

Se propuso que la Procuvin represente al Sistema en

la Comisión integrada para la investigación de los

fallecimientos sucedidos en el marco del Servicio

Penitenciario Federal.

Se acordó formar una Comisión para la redacción de la

IV Recomendación sobre derecho a la salud.

Se trató la problemática de los presos federales

detenidos en dependencias provinciales y en la Unidad 28.

Encuentro XIV

La reunión fue convocada con carácter urgente en

virtud de los hechos acaecidos el lunes 8 de 2014 en horas

de la noche en el Complejo Penitenciario Federal I –

Ezeiza- Módulo III, Pabellón I, lugar que fuera

monitoreado horas antes por el Sistema y particularmente

objetado en lo referido al régimen que allí se aplicaba a

los internos por considerarlo significativamente opresivo.

Ni bien se enteró de lo sucedido, el juez Hornos se

comunicó con el Director del Servicio Penitenciario

Federal, doctor Emiliano Blanco a fin de pedir un amplio

informe acerca de los hechos.

También se solicitó información acerca de la requisa

efectuada en el lugar y si como consecuencia de ella

resultó con lesiones alguno de los internos y acerca de

los cambios efectuados en las condiciones de alojamiento

del resto de los internos del pabellón y lo relativo a

contención psicológica y atención médica.

Los integrantes de la Procuración Penitenciaria de la

Nación relataron lo sucedido en la Unidad según

información recabada de los propios internos. Que se había

producido una pelea entre internos alojados en el Pabellón

B del Módulo III que motivó el traslado de tres de ellos

al Pabellón I (de sancionados). Que en ese lugar el

interno García Camacho realizó lo que se conoce como

“simulacro de suicido” a fin de ser reincorporado al

Pabellón B. Los internos entrevistados manifestaron que el

nombrado fue encontrado por personal penitenciario pasadas


19

las 22.00hs., ahorcado en el interior de la celda. Que el

celador hizo caso omiso a los pedidos de ayuda de los

internos. Que se realizó la requisa de rigor que culminó

con el hermano del fallecido internado en el Hospital

Penitenciario Central del Complejo I. Que los integrantes

de la Procuración no pudieron entrevistarlo debido a su

estado de sedación.

Tras escuchar la opinión de los miembros presentes,

el doctor Hornos los invitó a concurrir a la reunión

convocada por la señora Procuradora General de la Nación,

Alejandra Gils Carbó ese mismo día a las 14.00hs. en la

sede del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Por la tarde se concretó la dicha reunión3 en la que

estuvieron presentes la señora Procuradora General de

Nación, por el Sistema los jueces Gustavo M. Hornos,

Mariano Hernán Borinsky, Sergio Paduczak, el juez de

ejecución penal Claudio Marcelo Vázquez; los doctores

Ricardo Richiello y Guillermo Todarello por la Comisión de

Cárceles de la Defensoría General de la Nación; la doctora

Eva Asprella en representación del C.E.L.S., por la

Procuración Penitenciaria Leonardo G. Filippini y Ramiro

Gual.

3 Conforme Acta del 10/09/2014.

También se sumaron a la reunión el Subsecretario de

Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios,

Franco Picardi y el Director del SPF, Emiliano Blanco.

Concretamente, desde el Sistema se planteó:

1) La necesidad de cesar con este tipo de prácticas

sistemáticas, específicamente en lo que respecta al

alojamiento de internos con resguardo de integridad física

en pabellones de sancionados. Y exigir que siempre que

existan lugares sectorizados (sancionados y/o RIF) se

apliquen los Protocolos correspondientes

2) Que se considera al asunto como un conjunto de

circunstancias en las que se produce la muerte de García

Camacho y no como un hecho aislado y fundar la

investigación en la Comisión contra la Tortura

3) Se advirtió que el problema se centra en la

gobernabilidad dentro de la Unidad, especialmente en los

denominados “mandos medios” y por ello resulta en

necesario deslindar las responsabilidades de aquellos

funcionarios que tuvieron participación activa en el hecho

en el que se produjo el fallecimiento del interno para

aplicar las sanciones administrativas correspondientes.

Encuentro XV

Se convocó a los fines de proyectar las filmaciones

enviadas por el Director del CPF I en relación a los


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hechos acaecidos el lunes 8/09/2014 en horas de la noche

en el Módulo III, Pabellones “I” y “B” de ese Complejo.

En la pantalla de la Sala de Acuerdos de la C.F.C.P.

se exhibieron ambos videos. Y se expidieron a pedido de la

Fiscalía que estaba investigando el caso copias

certificadas del informe de Monitoreo realizado a raíz de

la visita del 8 de septiembre.

En el Encuentro, Hornos expresó que lamentablemente

la trágica realidad había dado la razón a la creación del

Sistema y a los pasos dados hasta aquí como por ejemplo la

I Recomendación y que por ello es necesario reafirmar con

decisión, determinación y perseverancia los compromisos

asumidos por el Sistema respecto de la protección de los

derechos de las personas privadas de la libertad.

Se acordó hacerle saber al señor Ministro de Justicia

de la Nación la imperiosa necesidad de que se disponga el

más pronto fin a lo que este Sistema ha calificado como

prácticas sistemáticas, específicamente en lo que respecta

al alojamiento de internos en celdas individuales durante

la mayor parte del día sin que esa modalidad responda a

sanciones, ni que estén formalmente bajo la modalidad

“Resguardo de Integridad Física” (RIF), con las

formalidades que cada una de estas requieren.

También, se habló del proyecto de IV Recomendación

que abordaría la problemática del acceso a la salud de los

privados de la libertad.

Encuentro XVI

Se ultimaron detalles para la firma definitiva de la

IV Recomendación del Sistema sobre derecho a la salud y

atención médica.

Se conversó sobre el resultado de los Monitoreos

realizados en la Unidad 17 –Candelaria- y otros lugares de

alojamiento de personas privadas de la libertad en el

ámbito federal de la provincia de Misiones.

Se conversó sobre las dificultades que habían tenido

algunos miembros del Sistema en oportunidad de monitorear

las condiciones de alojamiento en Complejo Penitenciario

Federal II.

ENCUENTRO XVII

El 27 de octubre de 2014, se realizó el décimo

séptimo Encuentro en la sede de la Defensoría General de

la Nación.


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En la ocasión, los miembros del Sistema emitieron la

IV Recomendación, sobre “Derecho a la salud. Acceso

efectivo a la prestación de servicios de asistencia médica

de las personas privadas de libertad".

En el acto de rúbrica estuvieron presentes la

defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; el

presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano

Hernán Borinsky; el presidente de la Comisión de Ejecución

Penal de ese tribunal, Gustavo M. Hornos; los jueces

integrantes Mirta López González, Sergio Paduczak, Martín

Vázquez Acuña; el procurador penitenciario Francisco

Mugnolo y los directores Ariel Cejas Meliare y Carlos

Acosta, los jueces de ejecución penal Axel López y Marcelo

Peluzzi. Por la Procuración General de la Nación –

Procuraduría contra la Violencia Institucional-, Abel

Córdoba: Ricardo Richiello y Marcela Piñero, por la

Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la

Nación; Eva Asprella, en representación del CELS;

Guillermo Fanego, en representación del Colegio Público de

Abogados de la Capital Federal, y funcionarios invitados

especialmente para la ocasión.

El juez Hornos recordó el objetivo fundamental de

protección de los derechos humanos de las personas

privadas de libertad –núcleo central conformador de este

espacio plural e interinstitucional-, destacando el valor

de la persona humana -que no pierde por su detención la

protección de la Constitución Nacional y las leyes-, como

objeto de tutela.

Destacó el derecho a la salud como un derecho vital,

inherente y esencial, sin el cual no se pueden alcanzar

los demás.

Recordó que ya desde su origen el Sistema se había

propuesto emitir una recomendación referida a la

asistencia médica efectiva en lugares de encierro -luego

de la que protege el Derecho a la Vida-, pero que la

realidad había marcado otra agenda, cargada de urgencias,

violencias y necesidades, y que había sido esa misma

realidad la que a través de los numerosos Monitoreos había

demostrado que la atención medica era deficitaria.

Que, en efecto, numerosas circunstancias retrasan,

dificultan o impiden el acceso a medidas de prevención,

diagnóstico y asistencia médica en las Unidades de

detención o en Centros extramuros.


25

La defensora general de la Nación expresó su

reconocimiento y agradeció a los miembros del Sistema por

la labor realizada. Se refirió especialmente al Sistema

como un espacio de consolidación de derechos para las

personas privadas de libertad y puso a disposición de sus

miembros el ámbito de la Defensoría General para futuros

encuentros.

El documento que, como en otras oportunidades también

fue firmado por la Procuradora General de la Nación,

Alejandra Gils Carbó, recomienda al ministro de Justicia y

Derechos Humanos, al ministro de Salud y a la ministra de

Desarrollo Social lo imperioso de generar dispositivos

institucionales de atención que garanticen el acceso a la

salud de las personas detenidas.

Se señala la necesidad de establecer condiciones

sanitarias elementales, como alimentación, agua limpia y

potable en cantidad suficiente y adecuada.

También se tuvo en cuenta la perspectiva de género,

respecto de la necesidad de cubrir la problemática

específica de la salud de la mujer y de los niños alojados

en Unidades con sus madres, cuyo interés superior debe

primar.

Asimismo, se analiza la problemática relativa a los

adictos detenidos y se prevé la accesibilidad de las

personas detenidas a la prevención y tratamiento

específico e integral de enfermedades infectocontagiosas.

Y, en este sentido, se convoca a jueces, fiscales y

defensores a que realicen monitoreos periódicos de las

condiciones de promoción, prevención y asistencia de la

salud, que permitan acciones efectivas de contralor y

sanción.

Por último, los miembros del Sistema le solicitan a

la Corte Suprema de Justicia de la Nación la oportuna

intervención de personal del Cuerpo Médico Forense en las

unidades de detención, en el ámbito de su incumbencia.

Hornos destacó el papel que ha venido desempeñando

cada uno de los miembros del Sistema y el sacrificio

personal de sus miembros. E invitó a los presentes a

extender la protección de nuestra Constitución Nacional

sobre los que más la necesitan, especialmente sobre los

que creen en su espíritu y sus principios aún sin conocer

su letra.

Encuentro XVIII

Se trata el tema de la existencia de lugares de

detención precarios y de distintos habeas corpus

presentados.

En lo que respecta a los monitoreos realizados en la

Unidad 17 –Candelaria- y otros lugares de alojamiento de

personas privadas de la libertad en el ámbito federal de


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la provincia de Misiones, estuvo presente el cotitular de

la Comisión de Cárceles de la DGN de Misiones, Gustavo

Vargas. Se refirió a la Mesa de Dialogo convocada por los

jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas. Y

se afirmó que el objetivo debe estar encaminado a que no

haya detenidos federales en Escuadrones.

Se propuso relevar cantidad y lugar de alojamiento de

detenidos a disposición de la justicia federal en otros

servicios penitenciarios.

ENCUENTRO XIX

El un nuevo Encuentro se hizo entrega de la IV

Recomendación emitida por el Sistema sobre “Derecho a la

salud. Acceso efectivo a la prestación de servicios de

asistencia médica de las personas privadas de libertad” al

Ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Julio C.

Alak, quien estuvo acompañado por el subsecretario del

área, Franco E. Picardi, y por el director nacional del

Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco.

En la oportunidad, el presidente del Sistema recordó

el objetivo fundamental de este espacio plural e

interinstitucional de proteger los derechos humanos de las

personas privadas de libertad.

En este sentido, destacó la lucha por la dignidad

dentro de las cárceles, entendida como el reconocimiento

de las prerrogativas de la persona de las que no se ve

privada por la pena. En este caso, el derecho a la salud,

que es vital, universal y esencial. Especialmente, resaltó

la necesidad de su cumplimiento efectivo en la realidad.

Señaló que el documento que, como en otras

oportunidades, también fue firmado por la procuradora

general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y por la

defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez,

recomienda al ministro de Justicia y Derechos Humanos, al

ministro de Salud y a la ministra de Desarrollo Social lo

imperioso de generar dispositivos institucionales de

atención que garanticen el acceso a la salud de las

personas detenidas.


29

También se tuvo en cuenta la perspectiva de género,

respecto de la necesidad de cubrir la problemática

específica de la salud de la mujer y de los niños alojados

en Unidades con sus madres. Se analiza la problemática

relativa a los adictos detenidos -se prevee la

accesibilidad a la prevención y tratamiento específico e

integral de enfermedades infectocontagiosas- y a la

correspondiente a otros colectivos diversos dentro de las

cárceles.

El ministro expresó su reconocimiento y agradeció a

los miembros del Sistema por la tarea realizada. En este

sentido, resaltó la importancia que había tenido en el

último año el Sistema de Control de Cárceles en la

evolución de la política penitenciaria e invitó a los

participantes a continuar en esa labor.

También hizo entrega de un informe sobre la situación

de las personas privadas de libertad, en el que se expresa

preocupación por la duración de los procesos, punto sobre

el que solicita la intervención del Sistema.

Luego hicieron uso de la palabra otros funcionarios

asistentes y en un intercambio de opiniones todos

coincidieron en resaltar la importancia de este espacio

interinstitucional para el mejoramiento de las condiciones

de detención y la modernización de la política

penitenciaria.


Encuentro XX

Se dio la bienvenida a este espacio a la doctora

Garrigós de Rébori en representación de la Cámara Nacional

de Casación Penal en lo Criminal y Correccional.

El Presidente del Sistema hizo una breve presentación

de la conformación del Sistema y una reseña de las

actividades realizadas. Recordó el objetivo fundamental de

este espacio plural e interinstitucional de proteger los

derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Destacó la lucha por la dignidad dentro de las cárceles,

entendida como el reconocimiento de las prerrogativas de

la persona de las que no se ve privada por la pena. Se

refirió a la necesidad de continuar acercándose a la

realidad para transformarla significativamente.


31

Encuentro XXI

El 13 de marzo de 2015 fue recibido el ministro de

Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el subsecretario

de Relaciones con el Poder Judicial, Nicolás Soler; junto

con el Director Nacional del Servicio Penitenciario

Federal, Emiliano Blanco, y otras autoridades.

El ministro había solicitado la reunión al titular

del Sistema, con el objeto de exponer la preocupación

existente acerca del creciente número de personas privadas

de su libertad, su categorización y las alternativas de

abordaje a las distintas problemáticas.

Se intercambiaron puntos de vista y perspectivas

acerca de la problemática relativa a las condiciones de

detención y a la adecuación de la política penitenciaria a

los estándares internacionales de protección y garantía de

los derechos humanos. Todos los asistentes resaltaron lo

valioso del espacio interinstitucional para estos fines.

En este punto se evaluó la necesidad de evitar todo

hecho de violencia u opresión, también se refirieron a la

situación de la salud y fue tratada la necesidad de

habilitar la infraestructura de los juzgados de ejecución

penal pendientes.

ENCUENTRO XXII


33

El 3 de abril de 2015 asistió al Encuentro la

Presidenta del Consejo de la Magistratura, doctora

Gabriela A. Vázquez.

Durante la reunión, el juez Hornos puso en

conocimiento a la Presidenta del CMN sobre la situación de

las unidades carcelarias y la labor realizada por el

Sistema. Entre los temas tratados, se presentaron las

distintas recomendaciones propuestas por el Sistema en

relación a los derechos humanos de las personas privadas

de su libertad.

Por otra parte, la Dra. Gabriela Vázquez informó

sobre las diferentes gestiones realizadas para la puesta

en funcionamiento de los Juzgados Nacionales de Ejecución

Penal Nº 4 y 5 de la Capital Federal.

Encuentro XXIII

Fueron recibidos Amerigo Incalcaterra -representante

regional del Alto Comisionado para Derechos Humanos de

Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile- y René

Mauricio Valdés -representante residente del Programa de

Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) y coordinador

residente de Naciones Unidas en Argentina-.


35

En el acto el juez Hornos recordó los objetivos del

Sistema e hizo una breve reseña de sus principales actos,

El representante del Alto Comisionado resaltó lo

valioso del espacio interinstitucional para discutir temas

vinculados a las condiciones de detención y a la

adecuación de la política penitenciaria a los estándares

internacionales de protección y garantía de los derechos

humanos y referenció la situación en la región de América

del Sur.

En tanto, el representante residente del PNUD destacó

que es un espacio único en Latinoamérica, por sus

características y conformación, y sostuvo que se trataba

de un modelo a seguir en otros países de la región y que

debía considerarse la posibilidad que se replique el

Sistema en otros países.

Luego de un intercambio de ideas sobre distintas

propuestas de apoyo al Sistema de parte de Naciones

Unidas, se acordó continuar en conversaciones y consolidar

la relación y el trabajo en común en procura de los

principios fundamentales sobre los que existe sustancial

coincidencia.

ENCUENTRO XXIV

Se celebraron los dos años de conformación del Sistema. El

martes 30 de junio de 2015, se realizó en la Sala de

Acuerdos de la Cámara Federal de Casación Penal un acto

por el segundo aniversario del Sistema Interinstitucional

de Control de Unidades Carcelarias.

Participaron jueces integrantes de esa Cámara y de

otras instancias; fiscales; defensores; miembros de la

Procuración Penitenciaria de la Nación, del Colegio

Público de Abogados de la Capital Federal, del CELS y de

Naciones Unidas, entre otros funcionarios; la presidenta

del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, y el

ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,

Julio C. Alak.

ENCUENTRO XXV

Se realizó el 20 de mes de agosto de 2015. En la

oportunidad, se presentó la doctora María Eugenia Múgica a


37

cargo de la Oficina de Personas Privadas de la libertad

dependiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación,

quien comienza su exposición explicando el motivo de su

contacto con el Sistema. Así, Mugica explicó que a partir

del hecho en el que falleciera el joven Diego Borjas en el

Instituto Agote en diciembre de 2014, la Defensoría del

Pueblo realiza -a través de la Oficina de Personas

Privadas de la libertad- un control colaborativo con la

Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Hornos hizo una reseña de las medidas tomadas por el

Sistema desde la primera visita al Agote y de los dos

Monitoreos efectuados al Centro de Régimen Cerrado Manuel

Rocca. Se leyeron las recomendaciones formuladas con

motivo del Monitoreo efectuado al Instituto Rocca.

Los miembros acordaron en que la situación de los

jóvenes privados de la libertad se encuentra en estado

crítico. Que es inaceptable que se produzcan muertes

evitables. En concreto, se acordó realizar una

recomendación de carácter amplio que incluya a todos los

jóvenes privados de la libertad.

En el Encuentro también se señalaron las falencias

relativas a condiciones de detención de mujeres en

distintos puntos del país. Hornos recordó que luego de la

visita al CPF IV, el Sistema hizo fuertes recomendaciones

vinculadas a la salud de las mujeres privadas de la

libertad y todos coinciden en que es importante hacer una

recomendación de carácter general.

ENCUENTRO PULSERAS ELECTRÓNICAS

Una comitiva del Sistema Interinstitucional de

Control de Cárceles concurrió el 5 de octubre de 2015 a

las oficinas del Programa de Asistencia de Personas Bajo

Vigilancia Electrónica, que funciona bajo la órbita de la

Dirección de Readaptación Social dependiente de la

Subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial y

Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos de la Nación.

El 6 de julio de 2015 se instrumentó en el ámbito de

la Dirección Nacional de Readaptación Social el mecanismo

de vigilancia electrónica de arrestos domiciliarios.

El programa, que tiene capacidad para vigilar

mediante el sistema electrónico a 400 personas, ya lleva

22 pulseras en funcionamiento, dispuestas por jueces de

distintos fueros nacionales y federales.

El Sistema estuvo representado en la ocasión por su

presidente, Gustavo M. Hornos; por el juez de la Cámara

Federal de Casación Penal Mariano Hernán Borinsky; el juez

de la Cámara Federal de La Plata Antonio Pacilio; el juez

de tribunal oral Sergio Paduczak; el cotitular de la


Nación, Maximiliano Dialeva Balmaceda; el director de

Legales de la Procuración Penitenciaria de la Nación,


39

Carlos Acosta, y la secretaria del Sistema, Lucía

Gallagher.

Fueron recibidos por el coordinador del programa,

Pablo Pontoriero, y por el titular de la Dirección de

Readaptación Social, Cristian Negro Frer, quienes

explicaron en la oficina de monitoreo todas las cuestiones

técnicas relativas al funcionamiento de las pulseras

electrónicas y contestaron todas las dudas de los

asistentes.

ENCUENTRO XXVI

Realizado el 3 de noviembre de 2015. Se informó a

miembros presentes sobre el monitoreo a las unidades del

SPF ubicadas en la provincia de Salta en los próximos

días. Por otra parte, los representantes de la

Defensoría del Pueblo de la Nación, especialmente

preocupados por la situación de los niños/as que quedan en

situación de desamparo luego de que su madre, padre o

ambos ingresan a un establecimiento penitenciario,

sugieren la implementación de políticas que generen mayor

flexibilidad en la concesión de los arrestos domiciliarios

a personas con hijos menores de 18 años.

Sobre el punto, los presentes advierten y coinciden

en la necesidad de fortalecer y promover desde el Sistema

al programa de arrestos domiciliarios concedidos bajo

vigilancia electrónica.

Se plantea la problemática de las requisas a visitas

(familiares). Vinculado al modo en que se hacen las

requisas, la jueza López González informa sobre el dictado

de un fallo reciente sobre una acción de habeas corpus

interpuesta en virtud a una serie de medidas vinculadas

con los comparendos judiciales de internas de la comunidad

“trans” (transexuales, travestis, transgénero).

Se trata el tema de la recomendación del Sistema

sobre género. Se suman a la Comisión de Género conformada

en el Encuentro XXV por los jueces Paduzack y Vázquez

Acuña; la jueza Mirta López González y la coordinadora del

aérea de encierro de Procuvin, Bárbara Franco. Se

presentan puntos de contacto entre la Recomendación

relativa a mujeres y aquella referida a niñez.


41

ENCUENTRO XXVII

El 26 de noviembre de 2015 los miembros del Sistema

se reunieron en un nuevo Encuentro. Fue convocado,

principalmente, a los fines de exponer los resultados

preliminares de los monitoreos realizados en la provincia

de Salta los días 19 y 20 de noviembre del corriente.

En primer lugar, se refieren a lo observado en el

Escuadrón 20 “Oran” de la Gendarmería Nacional. Señalan la

falta de mantenimiento y la necesidad de refaccionar los

sectores de alojamiento e instalaciones sanitarias. La

situación y condiciones de detención de los varones y

mujeres alojados en el Escuadrón presentan serias

deficiencias que deben ser atendidas con urgencia. El día

de la inspección no se verificó sobrepoblación. Sin

embargo, el número de detenidos varía cada día y hubo

casos en los que se alojaban a 30 (treinta) personas en un

lugar que debería contar con capacidad para alojar a un

máximo de 12 (doce) personas.

También en el Escuadrón 20, se presentaron otras

problemáticas vinculadas al uso del teléfono, las salidas

al patio y la mala calidad de la comida que, además, no se

adecua al clima imperante en la región. Preocupa la

situación de quienes no reciben visita/ropa/elementos

personales, en particular los ciudadanos extranjeros

(bolivianos y peruanos) que no tienen contacto con el

consulado de sus respectivos países.

El sector de las mujeres carece de privacidad, y el

baño no se encuentra en condiciones, no hay agua caliente.

Resultó preocupante el modo en que las mujeres compran sus

efectos personales a través de un Gendarme que hace de

intermediario, y no les entrega recibo ni factura por lo

adquirido.

En lo que respecta al sector destinado al alojamiento

de imputados miembros de fuerzas de seguridad, es crítico

el estado en el que conviven las tres personas allí

alojadas que no tienen libre acceso a sanitarios ni agua.

Se trata de un espacio reducido improvisado como celda con

colchones en el piso, sin ventilación ni luz natural.

Se plantea la situación de las personas detenidas a

cargo del juez Raúl Reynoso y aquellas vinculadas a la

investigación en virtud de la cual, el magistrado en

funciones, se encuentra imputado en una causa por

asociación ilícita. Al respecto, los presentes acuerdan

consultar vía oficio de estilo a las autoridades de la

Cámara Federal de Apelaciones de Salta a fin de que

informen las medidas que se tomaran con el objeto de

evitar la afectación del trámite de los procesos con

detenidos.

La médica psiquiatra Sobredo señala que la interna

Aparicio (detenida en el sector de mujeres del Escuadrón),


43

a quien entrevistó especialmente por una presunta

depresión, fue excarcelada.

Se concluye en que el lugar no es apto para el

alojamiento de personas en forma permanente ni tampoco

para el cupo establecido. Que el sector debe adecuar sus

condiciones a las establecidas en el fallo “Rivera Vaca”

para el Escuadrón de Tartagal en la provincia de Salta.

Seguidamente se postularon las observaciones

relevadas en la inspección realizada en el Complejo

Penitenciario Federal del Noroeste Argentino. Allí, se

monitoreó tanto el Instituto Correccional de Mujeres como

el Instituto Federal de Varones.

Los presentes advirtieron sobre la alarmante

situación de las mujeres, en particular la referida a

atención médica y a requisas, tanto de las internas como

de sus familiares.

Sobre el punto, la médica Sobredo señala las

principales deficiencias advertidas en el SAM (Sector de

Atención Médica) de la Unidad, las que coinciden con las

quejas relevadas por el resto de los miembros de la

Comitiva. Las quejas más graves y preocupantes se refieren

al médico ginecólogo. Llama la atención que las mujeres no

puedan optar por ser atendidas por personal femenino, que

no haya en el Complejo una médica ginecóloga.

Otro tema que la Comitiva destaca se refiere a la

gran cantidad de mujeres a las que les faltaban piezas

dentales. Las entrevistadas dijeron que el especialista

optaba, en todos los casos, por extraer las piezas

dentales que consideraba dañadas. Circunstancia que la

Comitiva pudo corroborar a partir de las entrevistas. En

este caso, la doctora Sobredo señala que se trata de una

materia específica y sugiere contactar a un especialista

en odontología a fin de que brinde asesoramiento sobre el

punto. Se informa sobre la presencia de una médica clínica

en el sector de las mujeres que habría sido reasignada a

dicho Instituto luego de ser denunciada por vejaciones

cometidas en el marco de las requisas en el Instituto

Federal de Varones.

A pesar de tratarse de una Unidad relativamente

nueva, en lo edilicio, se observaron también algunas

deficiencias en las instalaciones de los pabellones de

varones, como gran cantidad de vidrios rotos, faltan luces

en algunos pabellones, falta calefacción en pabellones de

mujeres y se observaron humedades en los baños y cocinas.

La gran cantidad de insectos revela la falta o

deficiente fumigación de los sectores de alojamiento.

Preocupa especialmente la presencia de víboras, roedores e

insectos en el sector de madres.

Se advirtieron serios problemas en el modo en que se

hacen las requisas a las mujeres alojadas en el Complejo,

tales como maltratos verbales, desnudos totales y


45

filmaciones que exceden lo necesario para cumplir con el

protocolo de requisas.

Se remitieron los oficios a las autoridades

correspondientes.

ENCUENTRO XXIX

Se realizó el 18 de diciembre de 2015. Concurrió el

subsecretario de relaciones Institucionales con el Poder

Judicial y Asuntos Penitenciarios, Juan Bautista Mahiques.

Se expusieron los temas que preocupan a la agenda

penitenciaria tales como sobrepoblación, traslados,

alimentación y la necesidad de habilitar los juzgados de

ejecución.

Asimismo, se hizo entrega a las autoridades del Ministerio

de las recomendaciones emitidas por el Sistema.


ENCUENTRO XXX

El primer Encuentro del año se hizo el 4 de febrero

de 2016, en la Cámara Federal de Casación Penal. Los

presentes propusieron actualizar, sobre la base de lo

actuado, los objetivos del Sistema, y elaborar una

sistematización de la metodología de trabajo para el año.

Se resaltó la importancia de la continuidad y

permanencia del Sistema cuyo carácter interinstitucional

viene dando interesantes resultados y los señores miembros

ratificaron el compromiso de las instituciones que

representan en relación a la continuidad del Sistema de

Control de Cárceles y también respecto de la Presidencia

que continuará a cargo del juez Gustavo M. Hornos.

ENCUENTRO XXXI

El 29 de febrero de 2016 en el Salón Ramella del

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,

los miembros del Sistema fueron convocados específicamente

por las autoridades del Ministerio de Justicia de la

Nación a la I Reunión de la Mesa de Trabajo de Estudio y

Análisis para la reforma del Sistema Penitenciario

Federal, a la que asistieron el Ministro de Justicia y

Derechos Humanos, German Garavano –en la apertura- y el

Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y

Asuntos Penitenciarios Juan Bautista Mahiques, el Director

del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco y

numerosos funcionarios del Ministerio, así como

representantes de Organizaciones no gubernamentales

invitadas.

Por el Sistema, estuvieron presentes: el Presidente

del Sistema y juez de la Cámara Federal de Casación Penal

Gustavo M. Hornos; el juez de la Cámara Federal de

Casación Penal Mariano Hernán Borinsky; el Secretario de

la Cámara Federal de Casación Penal Javier Carbajo; el


47

juez de la Cámara Nacional de Casación Penal Pablo Jantus,

los jueces de Cámara Antonio Pacilio, Martín Vázquez

Acuña, Sergio Paduczak y Cristina Deluca Giacobini; la

jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal

y Correccional Mirta López González, los jueces de

ejecución penal Vilma Isabel Bisceglia, Marcelo Peluzzi,

María Jimena Monsalve, José Perez Arias y Axel López, la

ex jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Elsa Porta; el

señor Fiscal General a cargo de la Procuvin, Miguel

Palazzani; el Procurador Penitenciario de la Nación doctor

Francisco Mugnolo y también por la Procuración

Penitenciaria de la Nación, el director general Ariel

Cejas Meliare y el director de legales Carlos Acosta,

Mariana Lauro y Rodrigo Borda; en representación de la

Defensoría General de la Nación, los cotitulares de la

Comisión de Cárceles Guillermo Todarello y Gustavo Vargas;

por el Programa contra la Violencia Institucional de la

DGN, Daniela Dibilio; y por el CELS, la doctora Paula

Litvachky.

Asimismo, se hizo presente, en representación de la

Asociación de Familiares de Detenidos, su titular Andrea

Casamento.

En primer lugar, tomó la palabra el Ministro de

Justicia, quien enfatizó en que la reforma del Servicio

Penitenciario Federal (SPF) es uno de los temas

prioritarios de la gestión, y destacó a la Mesa de Trabajo

como una importante iniciativa en esa dirección. Sostuvo

que el debate sobre el proyecto de reforma del SPF ha sido

incluido dentro del Programa “Justicia 2020”, el cual

determina los ejes de gestión en materia de Justicia para

los próximos 5 años. Puso el acento en la necesidad de que

la reforma del SPF sea concebida como una oportunidad para

toda la sociedad, que contemple un abordaje integral hacia

la reinserción social de las personas privadas de su

libertad.

En esta perspectiva, manifestó que el desafío

planteado es por un lado, profundizar la especialización

del personal del SPF, en términos de seguridad, y por otro

lado, trabajar sobre un área de servicio civil de

readaptación para lograr los objetivos proyectados de la

mejor manera posible.

Seguidamente, el Subsecretario Juan Mahiques realizó

un diagnóstico de las falencias estructurales del SPF que

plantean un enorme desafío de cara al futuro:

sobrepoblación; la dificultad de conciliar la lógica

castrense con la de rehabilitación; vulneración de los

derechos de las personas privadas de la libertad y del

personal penitenciario; altos niveles de conflictividad y

violencia; corrupción; ineficiencia e ineficacia de los

programas de tratamiento –cuando los hay–;

discrecionalidad; carencia de abordaje de los riesgos y

necesidades de las personas cuando recuperan su libertad;


49

entre otros. Resaltó que resulta indispensable profundizar

el desarrollo de políticas penitenciarias para la

integración social, promoviendo las mejoras necesarias

para lograr la reinserción de las personas condenadas, el

adecuado tratamiento de los procesados y la efectiva

coordinación de la asistencia post-penitenciaria. Expresó

que se impone la necesidad de repensar al SPF, generando

herramientas y mecanismos ágiles para mejorar

sustantivamente las condiciones de detención de las

personas privadas de libertad alojadas en el ámbito

federal. Señaló que la reforma integral del Sistema

Penitenciario Federal constituye una deuda pendiente de

nuestra democracia y el Estado de Derecho.

Hornos se refirió particularmente a la Humanización

del Poder, a la reinserción social de las personas

privadas de su libertad y a la necesidad de transparentar

la opacidad propia de la institución carcelaria como ejes

centrales de la mesa de diálogo. Resaltó la necesidad de

impulsar un cambio de paradigma en la concepción del

Servicio Penitenciario Federal, que establezca como

prioridad la humanización de las cárceles, y que promueva

la reinserción social de las personas privadas de su

libertad, a través de un enfoque multidisciplinario,

intensivo e integral. Afirmó que debía replantearse el

sistema desde una visión antropocéntrica, tendiente a

reconocer los derechos humanos de las personas privadas de

su libertad. Recordó que desde la creación del Sistema se

procuraba erradicar cualquier situación que tienda a la

vulneración de los derechos y garantías de los detenidos

reconocidos en la Constitución Nacional y en los

Instrumentos de Derecho Internacional.

Luego el resto de los magistrados y funcionarios

presentes también intercambiaron puntos de vista con el

ministro y señalaron las perspectivas acerca de la

problemática relativa a las condiciones de detención y a

la adecuación de la política penitenciaria a los

estándares internacionales de protección y garantía de los

derechos humanos.

Las autoridades del Ministerio escucharon las

propuestas de los miembros del Sistema de Control de

Cárceles y coincidieron en que era indispensable


51

profundizar el desarrollo de políticas penitenciarias para

la integración social, promoviendo las mejoras necesarias

para lograr el aseguramiento de los derechos de las

personas privadas de su libertad.

ENCUENTRO XXXII

El 29 de marzo de 2016, concurrieron al Salón Ramella

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la

Nación, convocados específicamente por las autoridades del

Ministerio de Justicia de la Nación a la II Reunión de la

Mesa de Trabajo de Estudio y Análisis para la reforma del

Sistema Penitenciario Federal los integrantes del Sistema

de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de

Unidades Carcelarias, a la que asistieron el Secretario de

Justicia Santiago Otamendi y el Subsecretario de

Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios

Juan Bautista Mahiques –en la apertura- y numerosos

funcionarios del Ministerio, así como representantes de

Organizaciones no gubernamentales invitadas. Por el

Sistema, estuvieron presentes: el Presidente del Sistema y

juez de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo M.

Hornos; el juez de la Cámara Federal de Casación Penal

Mariano Hernán Borinsky; el Secretario de la Cámara

Federal de Casación Penal Javier Carbajo; el juez de

Cámara Martín Vázquez Acuña; la jueza de la Cámara

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

Mirta López González, los jueces de ejecución penal Vilma

Isabel Bisceglia, Marcelo Peluzzi, María Jimena Monsalve,

la ex jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del

Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Elsa Porta;

el señor Fiscal General a cargo de la Unidad de Litigio

Oral Estratégico, Abel Córdoba; en representación de la

Procuvin la doctora Bárbara Franco; por la Procuración


Cejas Meliare y el director de legales Carlos Acosta Y

Rodrigo Borda; en representación de la Defensoría General

de la Nación, los cotitulares de la Comisión de Cárceles

Ricardo Richiello y Gustavo Vargas; como coordinador del

Programa contra la Violencia Institucional, Nicolás Laino;

la coordinadora de la oficina de personas privadas de la

libertad de la Defensoría del Pueblo de la Nación María

Eugenia Múgica y el director del área legal y técnica

Mariano García Blanco; y por el CELS, la doctora Eva

Asprella. Concurrió en representación del Colegio Público

de Abogados de Capital Federal José María López.

Asimismo, se hizo presente, en representación de la

Asociación Pensamiento Penal, Mariano Gutiérrez.

Comenzando el acto, el Secretario de Justicia dio una

palabras de bienvenida y explicó que la Mesa de Trabajo se

realizaba en el contexto de las tareas que -desde el

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- se estaban

realizando para lograr la Reforma del Sistema Judicial.

Destacó la importancia de la dinámica que tienen las mesas

de trabajo, ya que fomentan el debate, permitiendo ponerse


53

en el lugar del otro y lograr una visión compartida y

consensuada, para lograr el objetivo ambicioso que se

pretende. Manifestó que desde el Ministerio, se

garantizará la conducción política para recibir

propuestas, generar proyectos y atender las cuestiones que

se desarrollan en planos de gestión y capacitación. La

sociedad, debe tener como objetivo la inclusión real del

condenado, utilizando como medio para lograr ese fin al

Servicio Penitenciario Federal y al sistema judicial. De

este modo, se logrará reducir la reincidencia delictiva.

Por último, resaltó la importancia de revalorizar el rol

esencial que cumple el agente penitenciario en el proceso

de inclusión social, a través de la capacitación.

Seguidamente, tomó la palabra Subsecretario de


Juan Bautista Mahiques, quien realizó un resumen de las

principales conclusiones y recomendaciones obtenidas en la

I Mesa de Trabajo de Estudio y Análisis para la Reforma

del Servicio Penitenciario Federal, realizada el pasado 29

de febrero.

Asimismo, el Subsecretario informó que se están

orientando los esfuerzos necesarios para lograr el

mejoramiento del Servicio Penitenciario Federal,

impulsando, entre otras cosas, una auditoria externa e

interna del Servicio Penitenciario Federal, el trabajo

mancomunado que permita avanzar hacia un proyecto de ley

orgánica del SPF, la profundización de los programas de

política criminal penitenciaria para la integración social

en las áreas de Trabajo, Educación, Salud, Deportes,

Cultura, y hacia los grupos considerados vulnerables; el

perfeccionamiento y transparencia en los proceso de

contrataciones, a través de la universalización del

proceso de licitaciones del SPF; la puesta en

funcionamiento de esta mesa de trabajo, con sus aportes

contribuirá a los desafíos planteados.

Asimismo, propuso la realización de reuniones

temáticas de expertos, que permitan abordar las temáticas

con mayor precisión, en pos de consolidar el proceso de

transformación del SPF.

Luego el Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de


Esteban Mahiques, organizó el debate sobre la base de tres

ejes temáticos: I PLENARIO. La población penitenciaria

desde una visión antropocéntrica: del enfoque punitivo

hacia la integración social. II PLENARIO. El personal

penitenciario desde una visión antropocéntrica: hacia la

revalorización de su función social y III PLENARIO. La

percepción social de la cárcel y de la víctima.

Respecto de la continuidad de la metodología de

trabajo, se propuso formar comisiones que se reunirán para

el tratamiento de los temas específicos desde un abordaje

que contemple los elementos institucionales y normativos a


55

tener en cuenta para para la reforma integral del Servicio

Penitenciario Federal. Para ello, se convocará a reuniones

de expertos en las siguientes temáticas: 1) El sistema

penitenciario como institución estatal: organización,

ingreso del personal penitenciario y formación. 2)

Infraestructura de alojamiento, cuidado de la salud en el

ámbito penitenciario: atención médica y alimentación. 3)

Derechos humanos de los internos. 4) La administración de

la pena y el régimen de tratamiento penitenciario. 5)

Análisis criminológico.

ENCUENTRO XXXIII

Se realizó el 14 de abril de 2016 en la sede de la

Defensoría General de la Nación donde estuvieron

presentes: la señora Defensora General de la Nación,

doctora Stella Maris Martínez, el Presidente del Sistema y

juez de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo M.

Hornos; los jueces Pablo Jantus, Antonio Pacilio, Mirta

López González, Cristina Deluca Giacobini y Sergio

Paduczak, la ex jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones

del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Elsa

Porta; el señor Fiscal General a cargo de la Unidad de

Litigio Oral Estratégico, Abel Córdoba; en representación

de la Procuvin el fiscal José Nebbia; por la Procuración


Cejas Meliare y el director de legales Carlos Acosta; los

cotitulares de la Comisión de Cárceles de la DGN Ricardo

Richiello, Gustavo Vargas; Guillermo Todarello,

Maximiliano Dialeva Balmaceda, Alejandro Fillia, Santiago

Finn y Benjamín Solá y la coordinadora de la Comisión

Julieta Sofía Gramajo; como cotitular de la Comisión de

Niños, Niñas y Adolescentes de la DGN, Damián Muñoz; como

coordinador del Programa contra la Violencia

Institucional, Nicolás Laino y la secretaria de Programa

Daniela Dibilio; la coordinadora de la Comisión de Género

de la DGN Raquel Asensio y en representación de la

secretaria general de coordinación de la DGN Gabriel

Marnich.

Asimismo se encuentran presentes la coordinadora de

la oficina de personas privadas de la libertad de la

Defensoría del Pueblo de la Nación María Eugenia Múgica y

el director del área legal y técnica Mariano García

Blanco; y por el CELS, la doctora Eva Asprella. Concurrió

en representación del Colegio Público de Abogados de

Capital Federal José Console. Asimismo se encuentran

presentes la responsable de la Oficina de la Mujer de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación María Delia

Castañares y la secretaria letrada Gabriela Pastorino.

En la oportunidad la Defensora General dijo unas

palabras introductorias de reconocimiento a los miembros

del Sistema por la tarea que viene llevando a cabo y de

reafirmación de su continuidad.

El Presidente Hornos anunció, en referencia a la VI

Recomendación, que le había hecho saber sobre el proyecto


57

a la señora Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia

de la Nación, quien dispuso enviar al Encuentro a la

responsable de la Oficina de la Mujer, María Delia

Castañares. Por su parte, la secretaria de la Oficina de

la Mujer manifestó que iba transmitir a la señora Ministro

las cuestiones que tratadas en el Encuentro, así como la

modalidad de trabajo del Sistema.

Luego se refirió al reciente fallo dictado por la

Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto ratificó

la competencia de la Procuración Penitenciaria de la

Nación para inspeccionar centros de alojamiento de niñas,

niños y adolescentes. Señaló que en el dictamen fiscal, el

Procurador General había hecho especial referencia a la II

Breve Memorial Anual del Sistema donde se muestran –tras

los monitoreos efectuados a distintos institutos-

transgresiones a las Reglas de las Naciones Unidas para la

protección de los menores privados de la libertad,

evidenciando la necesidad de mayores controles externos.

La Defensora General elogió el fallo y alentó a

continuar trabajando en ese sentido. Se refirió al

reciente Protocolo aprobado judicialmente para la requisas

realizadas sobre el cuerpo y las pertenencias de personas

trans. Destacó que se trataba del primero en el mundo y

que había dos puntos principales: 1) Reconocer la realidad

de una persona trans y 2) Difundir el Protocolo. Sobre el

punto, se hace entrega a la secretaria copia de la

Resolución DGN 454/16 en cuanto recomienda los integrantes

del Ministerio Público de la Defensa instar a la

aplicación y control de los estándares establecidos en la

“Guía de Procedimiento de `visu médico` y de `control de

registro` de Personas Trans en el Ámbito del Servicio

Central de Alcaidías”, cuya copia se adjunta.

La señora Defensora también se refirió a la especial

situación de los menores víctimas en causas de torturas o

apremios ilegales -y en todo sumario que se forme donde un

menor aparezca como víctima de un delito- y a la imperiosa

necesidad de contar con la presencia y asistencia efectiva

del Asesor de Menores e Incapaces. Sobre el punto, se hace

entrega a la secretaria copia de lo resuelto en el Acuerdo

General celebrado el 7 de abril de 2016 en la Cámara

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

ENCUENTRO XXXIV

El 15 de junio de 2016, se reúnen en la Cámara

Federal de Casación Penal los miembros del Sistema de

Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades

Carcelarias. Se encuentran presentes: los jueces de Cámara

Sergio Paduczak, Mirta López González y Cristina Deluca

Giacobini; la jueza de ejecución penal Vilma Bisceglia y

la secretaria Laura Vera; el fiscal a cargo de la Unidad

de Litigio Estratégico, Abel D. Córdoba, el fiscal “ad

hoc” a cargo de la Procuraduría contra la Violencia

Institucional, José Nebbia; la ex jueza de la Cámara de


59

Apelaciones del Trabajo Elsa Porta, la prosecretaria Ana

Albornoz Chávez y la secretaria del Sistema, Lucia

Gallagher.

El Presidente del Sistema Gustavo M. Hornos se hizo

presente y anotició a los señores miembros que no iba ser

posible que participara del Encuentro por encontrarse

realizando audiencias orales ante la Sala I de la Cámara

Federal de Casación Penal, que si bien habían sido fijadas

en el horario matutino se habían demorado.

Los miembros presentes acordaron convocar al señor

Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,

Germán Garavano a fin de hacerle entrega de las seis

Recomendaciones emitidas por el Sistema, particularmente

de la VI referida a “Género en contextos de encierro -

Derechos de las mujeres privadas de la libertad”.

Asimismo, se propone remitir mediante oficio de

estilo al señor Ministro el temario actualizado con las

cuestiones más urgentes, algunas de las cuales ya han sido

adelantadas al Subsecretario de Relaciones Institucionales

con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, Juan

Bautista Mahiques en el Encuentro XXIX. En ese temario, se

incluirá: 1) la puesta en funcionamiento de los juzgados

de ejecución penal, 2) del Comité Nacional contra la

Tortura, 3) la situación carcelaria en la provincia de

Mendoza.

En lo que respecta a las inspecciones realizadas en

las unidades provinciales de Mendoza los miembros

presentes acordaron cerrar los informes y unificar la

información a la brevedad a fin de remitir a las

autoridades las observaciones y recomendaciones

correspondientes.

El fiscal Nebbia señaló que desde la Presidencia y

Vice de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de

Diputados de la Nación convocaron a Procuvin para comenzar

a trabajar en un proyecto de ley sobre registro de

detenidos. Allí, el fiscal propuso que el Sistema también

sea convocado a dicho espacio, lo que tuvo acogida

favorable, motivo por el cual nos avisarán cuando sea la

próxima reunión. Adjunta un informe donde se explica la

problemática.

Los presentes concuerdan en avanzar sobre el proyecto

de VII Recomendación del Sistema, referida a los niños,

niñas y adolescentes en contextos de encierro.

Los miembros presentes acuerdan realizar un monitoreo

carcelario al Complejo Penitenciario Federal I, en los

próximos días, previo al inicio de la feria de invierno.

Asimismo, los miembros presentes proponen realizar un

monitoreo en las unidades de la provincia de Córdoba en el

mes de agosto/septiembre, fecha a confirmar.

ENCUENTRO XXXV


61

Se realizó en la ciudad de Córdoba, a los trece días

del mes de septiembre de 2016 en el Ministerio de Justicia

y Derechos Humanos. Se encontraban presentes el señor

Ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Luis

Angulo, el secretario de Gestión y Organización

Penitenciaria, doctor José Ricardo Piñero, y por el

Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles los

señores jueces doctor Mariano Hernán Borinsky y Sergio A.

Paduczak; el cotitular de la Comisión de Cárceles de la

Defensoría General de la Nación; Jorge Perano, la

representante de la delegación local de la Procuración

Penitenciaria de la Nación, Roxana Gauna y el médico

German Carballo; en representación del C.E.L.S., el doctor

Mariano Lanziano y la secretaria del Sistema, Lucía

Gallagher.

Luego de los Monitoreos efectuados en el Complejo

Carcelario Nº1 “Reverendo Francisco Luchese” y en el

Establecimiento Penitenciario Nro. 3 (mujeres) ambos

ubicados en Bouwer, los miembros presentes del Sistema,

manifestaron al señor Ministro y al secretario la

preocupación en torno a distintas situaciones advertidas

durante las inspecciones. En particular, dos que merecen

especial y urgente tratamiento. La primera referida a los

mecanismos de aplicación de las sanciones disciplinarias.

Los jueces Borinsky y Paduczak advirtieron sobre una

práctica generalizada y sistemática de aplicación de

sanciones de modo informal. En este sentido, señalaron la

necesidad de flexibilizar el régimen de vida de aquellas

personas que se encuentran alojadas en los denominados

pabellones para “internos con dificultades conductuales”.

Resulta de enorme gravedad el modo de intervención del

personal encargado de la seguridad cuando denominan y

actúan en presuntos focos de conflicto, entre los que se

cuentan diversas situaciones como cuestiones de

convivencia, diferentes modos de expresión de las

emociones o bien en cuestiones disciplinarias. Es así que

problemas de distinta etiología, que requieren diferentes

soluciones, son insistentemente controlados mediante el

aislamiento y la utilización de psicofármacos y sujeción a

camillas en el sector de sanidad, no como un medio

terapéutico, sino como un modo de control y castigo.

Ese tipo de intervenciones configuran situaciones del

mayor riesgo para la violación de derechos fundamentales

de las personas detenidas, para evitar el control judicial

de las medidas disciplinarias y para un certero daño en la

salud mental de los detenidos así tratados.

Al respecto, los miembros sugirieron que se prohíban las

medidas de sujeción respecto de las personas sancionadas o

consideradas conflictivas. Y que se garantice –como regla-

el acceso de todos los internos/as a los patios externos,

por, al menos, el tiempo establecido como estándar

internacional para el ejercicio físico al aire libre (una

hora por día, conforme lo disponen las Reglas Mínimas para


63

el Tratamiento de los Reclusos- Reglas Mandela-). Y la

provisión de elementos de recreación deportivos y otros,

para ser utilizados en los patios internos del pabellón.

La segunda cuestión urgente planteada, se refiere a las

medidas de seguridad tomadas en relación a las mujeres a

quienes se las sujeta a una cama y son esposadas

inmediatamente luego de dar a luz. Circunstancia que

surgió de las entrevistas con las internas y que fue

confirmada por las autoridades del Establecimiento de

mujeres.

Por otra parte, se planteó la preocupación por el

suministro de la comida tanto por su mala calidad como por

su baja cantidad. Se advirtió que, al igual que en otras

unidades carcelarias del país, la comida proporcionada a

los internos no se corresponde con la que figura en el

menú facilitado por las autoridades y que, tampoco es

entregada en horarios adecuados.

Asimismo, en relación a las mujeres privadas de la

libertad, se sugirió garantizar el acceso a los servicios

médicos de todas las detenidas alojadas en el

Establecimiento en tiempo y forma adecuada y según la

especialidad que requieran. También respecto de sus hijos.

Que se arbitren los medios necesarios para la asignación

de un pediatra y obstetra de manera permanente. En

relación a los niños se hizo hincapié en la calidad y en

la cantidad de leche que reciben. En algunos casos, las

madres señalaron que se le había entregado leche en mal

estado o vencida.

Se propuso la instalación de al menos una línea telefónica

para evitar focos de conflicto en los pabellones y para

asegurar la efectiva comunicación de los detenidos/as con

el exterior.

Los miembros presentes apoyaron la iniciativa del proyecto

de ley para la implementación del Mecanismo Local de

Prevención de la Tortura y otros tratos penas crueles,

inhumanos o degradantes. En esa dirección, consideraron

oportuno reafirmar la posibilidad de ingreso a todos los

establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario

de la provincia de Córdoba a los organismos de control -

Procuración Penitenciaria de la Nación y la Defensoría

General de la Nación- a fin de que continúen con la tarea

de monitorear los establecimientos carcelarios

provinciales.

Por último, se realizaron otros señalamientos de carácter

general que serán ampliados en oportunidad de remitirse el

informe de monitoreo final.

El señor Ministro y el secretario reafirmaron su

compromiso con el respeto por los Derechos Humanos de

todas las personas privadas de la libertad en el ámbito

del servicio penitenciario de la provincia, mediante el

dictado de medidas acorde al aseguramiento del


65

cumplimiento de todos los derechos y garantías

constitucionales y convencionales.

ENCUENTRO XXXVI

El 3 de noviembre de 2016, se reunieron en la Cámara

Federal de Casación Penal los miembros del Sistema de

Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades

Carcelarias. Se encuentran presentes: el presidente Gustavo

M. Hornos, el juez Daniel E. Morin de la Cámara Nacional de

Casación Penal, el juez de la Cámara Federal de Apelaciones

de La Plata Antonio Pacilio, los jueces de Cámara Sergio

Paduczak y Mirta López González; el fiscal a cargo de la

Unidad de Litigio Estratégico, Abel D. Córdoba, el fiscal a

cargo de la Procuraduría contra la Violencia Institucional,

José Nebbia; los Defensores Públicos Oficiales Guillermo

Todarello, Ricardo Richiello y Gustavo Vargas por la

Comisión de Cárceles de la DGN, el Director General de

Protección de Derechos Humanos en cárceles, Ariel Cejas

Meliare, la doctora Eva Asprella por el CELS y en

representación del CPACF, el doctor José Console, y los

secretarios de Cámara Nahuel Perlinger y Lucía Gallagher.

En lo que respecta a las inspecciones realizadas en

las unidades provinciales de la provincia de Córdoba los

miembros presentes acordaron cerrar los informes y unificar

la información a la brevedad a fin de remitir a las

autoridades las observaciones y recomendaciones

correspondientes.

El fiscal Nebbia señaló que desde la Presidencia y

Vice de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de

Diputados de la Nación convocaron a Procuvin para comenzar

a trabajar en un proyecto de ley sobre registro de

detenidos federales. Allí, el fiscal propuso que el Sistema

también sea convocado a dicho espacio, lo que tuvo acogida

favorable, motivo por el cual el Presidente del Sistema

acudirá a la próxima reunión de Comisión. Se adjunta un

breve informe donde se explica la problemática.

Paduczak pone en conocimiento de los señores miembros

el proyecto para la poner en funcionamiento una página web

del Sistema. Para ese fin, se solicitará al Consejo de la

Magistratura que facilite al Sistema la información

necesaria para acceder a registrar un dominio web que será

gestionado a través del sitio obligatorio para Argentina,

Nic.Ar. El dominio será inscripto bajo el siguiente nombre:

www.sistemacontrolcarceles.gob.ar, y permitirá que el

Sistema pueda contar con un sitio en internet donde estén

cargados todos los monitoreos y principales actividades que

realiza. De esta forma, presentará información en distintos

formatos (texto, imágenes y videos) y estará asociada a las

páginas principales de las instituciones que lo conforman.

Entre las múltiples características, la página desarrollará

un mapa con sistema de navegación que permitirá acceder a

los distintos Complejos penitenciarios y Unidades del país.

El Dr. Console ofrece acercar la propuesta al representante

del CPACP ante el Consejo.

Los presentes concuerdan en remitir vía correo


67

electrónico las observaciones y modificaciones al proyecto

final de VII Recomendación del Sistema, referida a los

niños, niñas y adolescentes en contextos de encierro.

Asimismo, se dispuso cerrar el informe de monitoreo

realizado al Complejo Penitenciario Federal de Jóvenes

Adultos de Marcos Paz y remitir los señalamientos y

observaciones a las autoridades pertinentes, haciendo

especial énfasis en la situación de los recién ingresantes

respecto de los que se encuentran hace más tiempo en la

Unidad Residencial II (ex Módulo 5).

La jueza López González acompaña un pedido de incorporación

al Sistema de la Asociación Pensamiento Penal presidida por

el doctor Adrián Martín. Los miembros presentes concuerdan

en que podría incorporase en carácter de miembro consultivo

externo y a esos efectos acuerdan en convocar a su

presidente a un próximo Encuentro del Sistema.

Asimismo se propone la incorporación al Sistema como

miembro del Comité Provincial contra la Tortura. Los

miembros intercambian opiniones sobre las funciones del

Sistema y su relación con los establecimientos

penitenciarios principalmente en la provincia de Buenos

Aires. Sugieren convocar al Presidente de la Comisión

Provincial por la Memoria a fin de estudiar la posibilidad

de realizar actividades en conjunto. Asprella puso en

conocimiento de los Miembros la preocupación del CELS por

los proyectos de reforma de la ley 24.660, se

intercambiaron opiniones e ideas al respecto y los

presentes coincidieron en seguir de cerca la problemática y

el avance de los proyectos en el Congreso de la Nación.


ENCUENTRO XXXVII

El Sistema se reunió con el ministro de Justicia y

Derechos Humanos, Germán Garavano y le hizo entrega de una

recomendación referida a los derechos de los niños, niñas

y adolescentes en conflicto con la ley penal. Se trata de

la VII Recomendación emitida por el Sistema de Control de

Cárceles y contiene una serie de señalamientos, entre

ellos, la necesidad de implementar una nueva ley penal

juvenil que se adecue a la normativa internacional.

Además, se destaca que la protección de los derechos

individuales de los niños privados de su libertad debe

garantizarse mediante inspecciones regulares y otras

formas de control llevadas a cabo, de conformidad con las

normas internacionales, la legislación y los reglamentos

nacionales. Del encuentro, que se realizó en la Cámara

Federal de Casación Penal, participaron los jueces Mariano

Hernán Borinsky, Luis F. Niño, Daniel Morin, Sergio

Paduczak, Martín Vázquez Acuña y Vilma Bisceglia. Además,

se encontraban presentes el procurador penitenciario de la

Nación, Francisco Mugnolo; el director de legales, Carlos

Acosta; el fiscal de Procuvin Félix Crous y los defensores

Guillermo Todarello, María Morabito y Nicolás Laino, del

Programa de Violencia Institucional de la Defensoría


69

General de la Nación. También estuvieron Eva Asprella, en

representación del CELS; José Console, en representación

del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y

la secretaria del Sistema, Lucía Gallagher. También

asistió Virginia Barreyro, de la Dirección de Control y

Asistencia de Ejecución Penal, y el director nacional de

Políticas contra la Violencia Institucional de la

Secretaría de Derechos Humanos, Matías E. Garrido.

El ministro Garavano, concurrió con el jefe de

gabinete de la subsecretaría de asuntos penitenciarios,

Esteban Mahiques. Se refirió a algunas cuestiones de la

realidad carcelaria y acompañó el informe que también fue

presentado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación

sobre la situación del Servicio Penitenciario Federal.

Los miembros presentes participaron en el intercambio

de puntos de vista y señalaron las perspectivas acerca de

la problemática relativa a las condiciones de detención y

a la adecuación de la política penitenciaria a los

estándares internacionales de protección y garantía de los

derechos humanos.

ENCUENTRO XXXVIII

El 26 de abril de 2017, se reúnen en la Cámara

Federal de Casación Penal los miembros del Sistema. Se


71

encuentran presentes: se encuentran presentes el

presidente del Sistema, Gustavo M. Hornos, el juez de la

Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional

Daniel E. Morin, el juez de la Cámara Federal de

Apelaciones de La Plata Antonio Pacilio, los jueces de

Cámara Sergio A. Paduczak y Cristina DeLuca Giacobini y la

jueza de ejecución Vilma Bisceglia; el fiscal a cargo de

la Procuraduría contra la Violencia Institucional, José

Nebbia y Laura Coehlo del área de Comunicaciones; el

defensor público oficial Guillermo Todarello, cotitular de

la Comisión de Cárceles, Luciano Hazan y Daniela Dibilio

del Programa de Violencia Institucional de la Defensoría

General de la Nación; el director general de protección de

Derechos Humanos en cárceles de la Procuración

Penitenciaria de la Nación Ariel Cejas Meliare y la

doctora Eva Asprella en representación del CELS.

También se encuentra presentes la doctora Mirta López

González junto al secretario general de la Asociación

Pensamiento Penal Fernando Gauna Alsina y Magali Huñis del

área de Cárceles; y la secretaria delegada de ejecución

Marion L. Vecino.

Asimismo, concurrieron las doctoras María Delia

Castañares, titular de la Oficina de la Mujer de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación, y Gabriela Pastorino

jefa de la unidad de capacitación de la OM a fin de dar

una devolución de las conclusiones sobre los talleres de

género que se realizaron durante los meses de enero,

febrero y marzo al personal penitenciario que presta

funciones en el Complejo Penitenciario Federal IV de

Ezeiza y en las Unidades 31 y 19.

Ello, en el marco del compromiso asumido

recientemente con la OM y el Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos de la Nación destinado a brindar

capacitación en cuestiones de género al personal que

presta funciones en los establecimientos penitenciarios

que alojan mujeres. Las funcionarias de la OM acompañaron

el resumen de los talleres realizados hasta la fecha. Se

adjunta al expediente.

Y, en relación también a las mujeres privadas de la

libertad, Hornos enfatizó en la necesidad de continuar el

seguimiento de los programas de salud propios del género

para que todas ellas tengan efectivo acceso a los mismos.

Hornos puso en conocimiento de los señores miembros

que el proyecto la página web del Sistema se encuentra en

su etapa final. Para ese fin, se realizará un evento de

presentación el jueves 11 de mayo en la Facultad de

Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Paduczak

recordó que la herramienta permitirá que el Sistema pueda

contar con un sitio en internet donde estén cargados todos

los monitoreos y principales actividades que realiza. De

esta forma, presentará información en distintos formatos

(texto, imágenes y videos) y estará asociada a las páginas


73

principales de las instituciones que lo conforman. Entre

las múltiples características, la página desarrollará un

mapa con sistema de navegación que permitirá acceder a los

distintos Complejos penitenciarios y Unidades del país.

Seguidamente, toma la palabra el doctor Gauna Alsina

en representación de la Asociación Pensamiento Penal, cuya

incorporación al Sistema como miembro consultivo se

formaliza en este Encuentro. En primer lugar, agradeció la

incorporación al Espacio y propuso la realización de

cursos de capacitación que permitan la difusión de las

recomendaciones y actividades que realiza el Sistema.

Resaltó la experiencia de los modelos de encarcelamiento

alternativo –entre ellos, la cárcel de Punta de Rieles en

Uruguay-.

Por último, convocó a los miembros presentes a la

presentación de Víctimas por la Paz que se realizará el

viernes 28 de abril a las 14hs. en el Senado de la Nación.

La secretaria del Sistema informa sobre la

convocatoria a participar por el premio “Poliedro por la

Paz 2017” organizado por la Comisión Nacional de Justicia

y Paz (organismo de la Conferencia Episcopal Argentina).

Los miembros presentes acuerdan presentar la postulación

del Sistema en la categoría Defensa de la Dignidad Humana.

ENCUENTRO XXXIX

El 8 de mayo de 2017 el Grupo de Trabajo sobre la

Detención Arbitraria de la ONU -creado por la antigua

Comisión de DDHH en 1991 y que en la actualidad tiene como

secretaría técnica la Oficina del Alto Comisionado de

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), cuyo

representante Regional para América del Sur es Amerigo

Incalcaterra- mantuvo una reunión con el Sistema

Interinstitucional de Control de Cárceles como parte de su

misión en la Argentina, con el objeto de intercambiar

opiniones y experiencias acerca de las normas

internacionales de derechos humanos referidas a las

cuestiones vinculadas a las personas privadas de la

libertad.

La comitiva estaba integrada por su presidente, Mr.

Sètondji Roland Adjovi; la oficial asociada de Derecho

Humanos ACNUDH Ginebra Margarita Nechaeva y personal de

apoyo.


75

El presidente del Sistema, Gustavo M. Hornos, resaltó

la trascendencia y la importancia que para el espacio

interinstitucional que preside tenía la visita del Grupo.

Explicó cómo estaba integrado el Sistema y cuál era su

principal objetivo.

En este sentido, Hornos resaltó que los monitoreos

realizados conforme a los estándares internacionales –

Reglas Mandela- constituyen una herramienta fundamental de

detección y protección de violaciones a los derechos

humanos así como, la posibilidad de otorgar acceso a una

justicia inmediata y directa al afectado.

Roland Adjovi explicó que su misión estaba dirigida

centralmente a la prevención de detenciones arbitrarias.

Se interesó por el funcionamiento del Sistema en

territorio y efectuó una serie de preguntas sobre el

alcance que se le asignaba al término lugar de detención a

fin de ser monitoreado por miembros del Sistema; se

discutieron puntos sobre la herramienta del habeas corpus,

sobre la organización del sistema legal argentino y la

aplicación de las normas legales relevantes. Por ejemplo,

la aplicación de las Reglas Mandela y su valor legal; todo

ello con amplia intervención de todos los miembros

presentes.


77

Del encuentro participaron los jueces de la Cámara

Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, Ángela E.

Ledesma y Mariano Hernán Borinsky; de la Cámara Nacional

de Casación Penal Luis F. Niño y Daniel Morín; el juez de

la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata Antonio

Pacilio; la jueza de ejecución penal Vilma Bisceglia; el

fiscal José Nebbia; la coordinadora del área de encierro

Bárbara Franco; la médica psiquiatra Laura Sobredo, ambas

de la Procuraduría contra la Violencia Institucional; el

defensor público oficial Ricardo Richiello, por la

Asociación Pensamiento Penal Mirta López González; Eva

Asprella, en representación del CELS, y Carlos Acosta,

director de Legales de la Procuración Penitenciaria de la

Nación. Asistió como actuaria la secretaria del Sistema,

Lucía Gallagher. Además se encontraban presentes otros

funcionarios y empleados de la Cámara Federal de Casación

Penal.

ENCUENTRO XL

El 11 de mayo de 2017, se reúnen en el Salón Azul de

la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

los miembros del Sistema de Coordinación y Seguimiento de

Control Judicial de Unidades Carcelarias. Se encuentran

presentes: El presidente del Sistema Gustavo M. Hornos; la

procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la

defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; el

procurador penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo,

el juez del Tribunal Oral en lo Criminal N°22, Sergio A.

Paduczak; los jueces de la Cámara Nacional de Casación

Penal Luis F. Niño y Daniel E. Morín; los fiscales Félix

Crous y José Nebbia; la coordinadora del área de encierro

Bárbara Franco; la médica psiquiatra Laura Sobredo, Laura

Coehlo y Luis Villanueva del área de Comunicaciones de la

Procuraduría contra la Violencia Institucional de la

Procuración General de la Nación ; el defensor público

oficial Guillermo Todarello y la prosecretaria Julieta

Gramajo, por la Asociación Pensamiento Penal la doctora

Mirta López González; Eva Asprella, en representación del

CELS, Ariel Cejas Meliare y Carlos Acosta, director

general de Protección de Derechos Humanos en Cárceles y

director de Legales de la Procuración Penitenciaria de la

Nación, respectivamente. Asimismo se encuentran presentes

la doctora Alicia Tate integrante del Consejo de la


79

Magistratura; la doctora María Delia Castañares, titular

de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia

de la Nación; los recientemente nombrados secretarios

delegados de ejecución: Marion L. Vecino, Yamila Massad,

Juan Ignacio Milano Lingua, Luis López Lo Curto y

Francisco Mitchell; así como también otros funcionarios y

empleados del Poder Judicial, del Ministerio Público

Fiscal, de la Defensoría General de la Nación, de la

Procuración Penitenciaria, estudiantes y público en

general.

En la oportunidad, se realizó el lanzamiento del

sitio web del Sistema que despliega un mapa que

sistematiza las inspecciones realizadas desde su creación

en el año 2013; las recomendaciones emitidas y un amplio

registro multimedia que permite conocer la tarea llevada

adelante por el Sistema.

En primer lugar, se proyectó un breve video de

presentación del sitió. Luego expuso la Procuradora Gils

Carbó quien indicó que las cárceles están alejadas de los

lugares de reinserción social que indica la ley y repasó

distintas situaciones a las que son sometidos a diario las

personas privadas de la libertad. Y concluyó que nadie

puede esperar una sociedad segura mientras se violen los

Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad.


81

Seguidamente, la defensora general de la Nación,

Stella Maris Martínez realizó un análisis crítico del

sistema penitenciario al que caracterizó como "colapsado".

Luego, el procurador penitenciario de la Nación

destacó el sitio web del Sistema como una forma de “abrir

las puertas de las cárceles”, lo que definió como "el

mejor control y la mejor forma de proteger a las personas

privadas de la libertad". El titular del organismo apuntó

que "hay jueces que no quieren ir a las cárceles" y que la

sociedad "no sabe cómo se impone la pena privativa de la

libertad".

Por su parte, el juez Paduczak, resaltó que el sitio

web fue realizado por el equipo de la Dirección de

Comunicación Institucional de la Procuración General de la

Nación, encabezado por Laura Coelho. Recordó que hace unos

15 años comenzaron con la publicación de fotografías sobre

la realidad de las cárceles argentinas, como forma de

alertar a legisladores, funcionarios políticos y

judiciales y la sociedad en general sobre la situación de

abandono edilicio y las violaciones a los Derechos Humanos

que sufren las personas alojadas en los penales.

El cierre estuvo a cargo del juez Hornos quien

comenzó agradeciendo, en su carácter de Presidente,

especialmente a las autoridades de la Casa pues en Derecho

es donde todos se sienten cómodos, locales e iguales.

Destacó que el Sistema Interinstitucional de Control

de Cárceles quedó conformado en base a una propuesta

realizada desde la Presidencia de la Cámara Federal de

Casación Penal en el año 2013 en el que se cumplían 30

años de la recuperación definitiva de las instituciones

democráticas; el año de la Campaña Nacional y de la

creación del Mecanismo contra la Tortura, y a 200 años de

la Asamblea del Año XIII que dispuso quemar los

instrumentos de tortura en la plaza pública. Así hoy la

plaza pública, señaló Hornos, es también digital. Resaltó

que el Sistema tuvo siempre vocación de apertura y


83

participación de la sociedad civil, que la página que se

presenta se encuentra con la línea de publicidad de los

actos de gobierno en sentido republicano y facilita el

acceso de todos al sistema de justicia de una manera

entendible especialmente para los más vulnerables

aportando así una más eficaz y realista protección. Afirmó

que la Justicia debe contribuir al diseño de un país más

justo y, en este sentido, en el Sistema tienen escrito un

plan que pretenden cumplir que se llama Constitución

Nacional.

MONITOREOS4:

Desde su conformación, el Sistema ha efectuado varios

monitoreos en distintas Unidades del Servicio

Penitenciario Federal –SPF- (CPF I, CPF IV, U. 31, CPF II,

Unidad Nro. 7, y CPF C.A.B.A, Unidad Nro.6, Unidad 17,

CPFNOA).

En el año 2016 se monitorearon unidades dependientes

del Servicio penitenciario provincial que alojan detenidos

federales (Córdoba y Mendoza).

4 Los Informes y Actas de monitoreo pueden consultados en

www.sistemacontrolcarceles.gov.ar

http://www.sistemacontrolcarceles.gov.ar/

Ello sin perjuicio de las múltiples visitas que los

miembros del Sistema han efectuado desde su propio rol y

como partícipes de este espacio interinstitucional. A

fines de 2014, los miembros del Sistema comenzaron a

monitorear Institutos de Menores.

En cada uno de los monitoreos efectuados por el

Sistema se ha redactado un Acta y un informe y se han

efectuado requerimientos generales o señalamientos

concretos. Debe destacarse, entre ellos, las efectuadas en

el CPF II, en el CPF IV y en el CPF C.A.B.A. En estas

últimas, sin perjuicio de otras circunstancias señaladas

se produjeron las siguientes situaciones:

En la visita al CPF IV, el 11 de septiembre de 2013,

en el Sector de sancionadas –cuya apertura debió ser

requerida-, se advirtió a una interna –joven adulta- con

lesiones visibles en el rostro, por lo que los miembros

del Sistema mantuvieron una entrevista con ella, y

requirieron al Director del Complejo un exhaustivo informe

médico acerca de las lesiones. La joven finalmente no

recibió sanción alguna, y a los pocos días obtuvo la

libertad condicional.

Asimismo, en el Sector A del Módulo VI (ex U. 27)-

destinado a Psiquiatría-, se observó a una interna

adormecida en una de las celdas individuales, con signos

de haber recibido una fuerte medicación. Se requirió al

Director del Complejo un exhaustivo informe médico y

psiquiátrico de la interna, y al responderlo se informó


85

que ese mismo día fue dada de alta y reintegrada a la

Unidad Nº 31.

En el CPF II, el 20 de septiembre de 2013, -luego de

varias horas de recorrida- se constataron serias

irregularidades en el Pabellón 7 del Módulo I del

Complejo, en el que se encontraban detenidos en celdas

individuales doce hombres, cuyo estado no cumplía ni

lejanamente con los estándares mínimos de condiciones de

alojamiento en respeto a la dignidad humana.

Consecuentemente, se requirió la inmediata clausura del

Pabellón. Ante dicha intimación, el Director del Complejo

dispuso el realojamiento inmediato de todos los internos –

previa revisión médica y psicológica-. El Sector fue

refaccionado con el objeto de adecuarlo a las pautas

humanísticas reclamadas.

En el monitoreo efectuado al Complejo Penitenciario

Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ex Unidad

2), efectuado el 26 de mayo de 2014, los miembros del

Sistema advirtieron la existencia de “retenes” –en los

sectores de locutorios-, por lo que labraron un acta

señalando que los mismos constituyen -por sus condiciones

de falta de higiene, sanitarios y camas- lugares

incompatibles para el alojamiento de personas privadas de

libertad. Las autoridades del SPF aceptaron el

señalamiento y convinieron en trasladar a los internos

provisionalmente a una sala de usos múltiples y a una sala

del Hospital, y se comprometieron a no habilitar retenes

para alojamiento en el futuro.

El Sistema, representado en la ocasión por su

Presidente Gustavo M. Hornos, el juez Sergio Paduczak; por

el Ministerio Público Fiscal, el titular de la Procuvin

Abel Córdoba; y por la Defensoría General de la Nación

Ricardo Richiello y Nicolás Toselli.

En una visita que se extendió por más de ocho horas,

los magistrados se dirigieron a los sectores considerados

más conflictivos de la histórica cárcel, en los que

advirtieron y efectuaron los correspondientes reclamos

respecto de deficiencias de índole diversa y de distinta

gravedad.

Además, reclamaron la incorporación a la Comitiva del

Cuerpo de Médicos del Complejo, quienes atendieron las

principales urgencias en el mismo momento.

Al relevar sectores conocidos como “retenes” ubicados

en la entrada de todos los pabellones, encontraron

alojadas a personas sin las mínimas condiciones que exige

la pauta constitucional y legal.

Así establecieron que en esos retenes de pequeñas

dimensiones se encontraban personas sin camas, ni baños,

ni las mínimas condiciones de higiene. Los internos hacían

sus necesidades fisiológicas dentro de esos sectores

cerrados en baldes, botellas o bolsas que permanecían en


87

el lugar. No recibían su comida puntualmente ni contaban

con ninguna posibilidad de realizar actividades de

estudio, laborales o de recreación física o mental.

Fueron convocadas las autoridades del Servicio

Penitenciario Federal, presentándose el Director General

de Régimen Correccional y el Jefe de la Región Centro a

los que junto con el Director de la Unidad se les efectuó


89

el SEÑALAMIENTO de que esos sectores son incompatibles con

el alojamiento de personas.

Las autoridades del Servicio aceptaron ese

señalamiento y convinieron en trasladar a los internos

alojados en los retenes -provisionalmente- a una sala de

usos múltiples con baños, provista de camas y a una sala

del Hospital especialmente acondicionada al efecto.

También se comprometieron a no habilitar a los retenes

para alojamiento en el futuro, efectuar revisiones médicas

de cada interno trasladado y comunicar a los jueces de la

causa de lo actuado.

La situación encuadra en deficiencias estructurales

que presenta la realidad del Servicio Penitenciario

Federal relativas al incremento geométrico producido en

los últimos meses.

El lunes 27 de abril de 2015 a un año de aquella

clausura de “retenes”, los miembros del Sistema volvieron a

monitorear el Complejo Penitenciario Federal CABA. Se trató

de una visita dirigida a monitorear los Sectores de

Alojamiento Transitorio (S.A.T.), los que fueron dispuestos

como resultado del Monitoreo realizado por miembros de este

Sistema el 26 de mayo de 2014. También, se trató de un

seguimiento para verificar la no habilitación de sectores

inapropiados para el alojamiento de personas en los antes

denominados “retenes” y se observaron también las

condiciones generales de alojamiento de los internos.

El lunes 8 de septiembre de 2014, concurrieron al

Complejo Penitenciario Federal I –Ezeiza-, sin previo

aviso, por el Sistema, los señores jueces Gustavo M.

Hornos, Sergio Paduczak y Marcelo Vázquez; y los

cotitulares de la Comisión de Cárceles de la Defensoría

General de la Nación los secretarios letrados Guillermo

Todarello y Alejandro Filia, los representantes de la

Procuvin, Abel Córdoba y Roberto Cipriano García,

acompañados por la médica Laura Sobrero; el subdirector de

la Procuración Penitenciaria Leonardo Filippini, con la

asistencia como actuaria de la secretaria de Cámara Lucía

Gallagher.

Principalmente se pudo constatar en los pabellones de

sancionados (Módulo III, pabellones I y J) que la

iluminación es mala, en el espacio común solo funcionaban

dos lámparas de las tres que hay. El ingreso de luz solar

es insuficiente y había humedades. Las duchas estaban

completamente tapadas y los internos debían destaparlas

personalmente y hay un inodoro en la zona común.

Los internos allí alojados no habían ingerido

alimentos desde el domingo, la comida proporcionada por el

Servicio tenía olor a podrido. No recibían desayuno, sólo

comían una vez al día. Ingerían la comida en mal estado.

Hay un pequeño patio al aire libre que estaba cerrado

con candado. Estaba muy sucio, incluso se encontró una rata

muerta.


91

Las celdas son oscuras, los internos permanecían 23

horas en las celdas.

En el pabellón se advirtió una situación irregular

respecto del tratamiento que se les daba a los internos.

Que el tratamiento no era acorde al Protocolo para la

implementación del Resguardo de Personas en Situación de

Especial Vulnerabilidad en las Unidades Carcelarias

(Protocolo RIF).

Por ello, en una reunión en el salón común del

pabellón, el juez Hornos previa consulta de opiniones de

los miembros de la Comitiva y en su presencia le señaló al

Director del Complejo acompañado por el Celador del

pabellón y el oficial a cargo del Protocolo RIF, que debía

flexibilizarse el régimen de las personas alojadas

provisoriamente, aumentar el tiempo de salida de las

celdas, por resultar la situación en exceso opresiva.

También se requirió la revisación médica de los allí

alojados.

En esa dirección, recordó las modalidades de

resguardo y comprometió al encargado a que se realicen los

informes médicos periódicos y que se flexibilicen las

medidas de encierro de manera tal que los internos puedan

salir de sus celdas, al menos, dos horas por día. Asimismo,

Hornos solicitó la habilitación de las duchas y del patio,

previa limpieza y desinfección.

La situación en pabellón “I” era idéntica a la

descripta. Se trata de un pabellón de sancionados y de

internos con RIF. Algunas celdas de abajo estaban

inundadas. La suciedad y la basura acumulada era notoria.

Las celdas del piso de arriba estaban vacías. La

situación advertida en el pabellón I, fue similar a la del

J. Los internos de las celdas 2 y 5 manifestaron estar en

huelga de hambre, circunstancia que no surge del parte del

día entregado a la Comitiva. Que hasta las 15hs. la dieta

líquida no había sido entregada.


93

Los días 25 y 26 de septiembre de 2014, una Comitiva

del Sistema viajó a Misiones para efectuar un monitoreo a

la Unidad 17 “La Candelaria” y a los lugares de

alojamiento de presos federales.

En lo que respecta a los Destacamentos, se señaló que

las personas privadas de su libertad a disposición de la

justicia federal deben estar debidamente alojadas en

Unidades del Servicio Penitenciario Federal o, en su caso,

provinciales; adecuadas y en cumplimiento de las normas

nacionales e internacionales al respecto (arts. 18 y 75,

inciso 22 de la Constitución Nacional, arts. 5.1 de la

C.A.D.H. y 10.1 del P.I.D.C.yP.; Principios básicos para

el tratamiento de reclusos y Ley 24.660).


95

Sin perjuicio de ello, se resaltó que los lugares no

son adecuados para el alojamiento de los internos: no

tienen recreos, no realizan tareas laborales, ni

educativas, carecen de los elementos mínimos para la

habitabilidad por lo que la práctica de alojamiento en

dichas dependencias debería ser descartada.

Todos los lugares son lúgubres, inhóspitos, carecen

de ventilación y de iluminación. En lo inmediato hay que

hacer tareas de reparación de pintura, provisión de agua

caliente, elementos de higiene general y personal,

colchones y alimentación adecuada. Y el establecimiento de

régimen de recreos con salida al exterior diarios y por

varias horas.

Es evidente que las condiciones de encierro,

resultan indignas, inhumanas e intolerables. Grandes

índices de hacinamiento, falta de higiene y ventilación

son algunas de las fallas detectadas que atentan contra el

trato digno a los reclusos. La permanencia en aquellos

espacios es opresiva e irrespirable.

La situación observada no se corresponde con el

mínimo respeto por la dignidad de las personas, siendo las

condiciones de encierro un evidente fracaso del sistema

utilizado en los escuadrones de la fuerza de seguridad.

Debe procurarse la provisión de colchones,

instalaciones sanitarias adecuadas, partidas

presupuestarias que sean suficientes para la alimentación

y el adecuamiento del lugar de visita donde pueden

concurrir niños.

Todo ello más allá de recalcar que el alojamiento

debe ser transitorio y por un tiempo no mayor a 48 horas

Esta problemática no es nueva y lleva años en la

región sin solución. Dichas condiciones son

permanentemente denunciadas desde hace muchos años por la

Procuración Penitenciaria y por la Comisión de Cárceles de

la Defensoría General de la Nación por lo que demanda el

mayor de los esfuerzos para hallar una urgente solución.

Todas estas cuestiones fueron detalladas

personalmente por el Sistema a la Cámara Federal de

Posadas en una reunión llevada adelante el día 25 de

septiembre de 2014.


97

Tras el lamentable hecho en el que resultara

internado en el Hospital del Quemado un joven alojado en

el Centro de Régimen Cerrado Dr. Luis Agote, el 1º de

diciembre de 2014 una Comitiva del Sistema

Interinstitucional de Control de Cárceles, integrada por

el juez Hornos, el fiscal Córdoba y la fiscal de menores

María Fernanda Poggi, concurrió, sin previo aviso, a dicho

centro a fin de efectuar una completa inspección.


99

Horas después de la visita se produjo el lamentable

fallecimiento del joven a causa de las extensas quemaduras

y la afectación de su sistema respiratorio que sufriera en

el incendio en cuestión.

El menor había sido alojado en un calabozo sin

sanitarios, en solitario y sin aireación, con motivo de

una sanción impartida por las autoridades del instituto.

Los integrantes recorrieron todo el centro e

inmediatamente dispusieron la clausura del sector de

calabozos donde había sucedido el incendio que provocara

la muerte del joven.

Como resultado de ese monitoreo, se formularon una

serie de señalamientos a la directora a cargo y a las

autoridades de la Secretaria Nacional de Niñez,

Adolescencia y Familia. Especialmente se le señaló

enfáticamente la imperiosa necesidad de adecuar el régimen

de sanciones a las Reglas de las Naciones Unidas para la

Protección de los Menores Privados de Libertad, y en

particular se le exigió que cumpla con la regla 67, en

cuanto se prohíben estrictamente todas las medidas

disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano o

degradante, incluidos los castigos corporales, la

reclusión en celda oscura y las penas de aislamiento o de

celda solitaria, así como cualquier otra sanción que pueda

poner en peligro la salud física o mental de los niños,

niñas o adolescentes.


101

Se remarcó la necesidad de flexibilizar el régimen y

condiciones de privación de libertad de los adolescentes

alojados en el Centro, debiendo asegurarse el acceso a la

educación, la recreación y a actividades de estimulación

social acordes a la edad y las preferencias de los jóvenes

allí alojados que aseguren su desarrollo y la preservación

de su salud integral.

Como resultado del Informe de ese Monitoreo, se

dispuso clausurar el Instituto y trasladar a los jóvenes

allí alojados Centro de Régimen Cerrado “Dr. Manuel

Rocca”.

El 16 de marzo de 2015 una Comitiva del Sistema

integrada por el juez Hornos, el fiscal Abel Córdoba

(titular de la Procuvin) y Roberto Cipriano García, y

otros miembros del equipo de dicha dependencia, concurrió,

sin previo aviso, al Centro de Régimen Cerrado “Dr. Manuel

Rocca” a fin de efectuar una completa inspección. En

carácter de actuaria asistió la secretaria de Cámara Lucía

Gallagher.

Los integrantes recorrieron todo el Centro e

inmediatamente requirieron el realojamiento de tres

jóvenes que se encontraban en un sector denominado

“Enfermería Planta Baja” en razón de la situación de

encierro, falta de ventilación y luz adecuadas y el

hacinamiento que presentaba el lugar.

Como resultado de ese monitoreo se formularon una

serie de señalamientos al director a cargo y a las

autoridades de la Secretaria Nacional de Niñez,

Adolescencia y Familia; se le señaló enfáticamente la

imperiosa necesidad de flexibilizar el régimen y


alojados en el Centro, debiendo asegurarse el acceso libre

de los jóvenes a las instalaciones sanitarias durante las

24 horas, para evitar que los jóvenes pasaran más de 9

horas diarias sin acceso a baños.

Ante la especial situación de brote de parotiditis

por la que atravesaba el Centro, el Sistema señaló que se

debía efectuar una inminente consulta especializada a fin

de establecer la posibilidad de reanudar las actividades

educativas, culturales y físicas.

Se destaca que el Director Nacional a cargo de la

Dirección Nacional para Adolescentes Infractores de la Ley

Penal de la SENNAF informó que como resultado a las

observaciones formuladas mediante memo 76/2015 se ordenó a

los Directores de todos los Centros Socioeducativos de

Régimen Cerrado que deberán instruir al personal del

Cuerpo de Seguridad y Vigilancia y a los Equipos de

Intervención Técnica para que cumplan con pautas de

funcionamiento del descanso de los jóvenes de manera tal


103

que durante el horario nocturno tengan libre acceso a los

sanitarios y provisión de agua.

El lunes 4 de mayo se hizo presente en el “Instituto

de Seguridad y Resocialización”, Unidad nº 6 del Servicio

Penitenciario Federal, ciudad de Rawson, provincia del

Chubut, a los fines de realizar un monitoreo una Comisión

del Sistema. Se trata de un establecimiento “cerrado”

clasificado como de máxima seguridad –uno de los tres que

existen en el país, junto con la Unidad 7 de Resistencia y

la U 9 de Neuquén-. Aloja personas de género masculino,

mayores de veintiún años, procesados y a condenados a las

penas más largas de prisión.

El monitoreo procuró controlar de manera inmediata

las reales condiciones de alojamiento, mediante la

recorrida no guiada y la observación directa de la

estructura material de alojamiento y sanitaria, el

relevamiento de aspectos como el trato y el régimen de

vida, la alimentación, la atención médica y también las

calificaciones y el debido proceso en el régimen

sancionatorio administrativo; así como el acceso a los

períodos de la progresividad.

La Comisión estuvo integrada por los jueces Gustavo

M. Hornos –Presidente-, Martín Vázquez Acuña y Sergio

Paduczak; el fiscal general titular de la PROCUVIN, Abel

Córdoba; el defensor público general Ricardo Ricchiello;

el director de Protección de los DD.HH. de la Procuración

Penitenciaria Nacional, Ariel Cejas Meliare, y la

secretaria de Cámara Lucía Gallagher.


105

El 1° de junio de 2015, el Sistema, representado en

la ocasión por su presidente, el juez Gustavo M. Hornos;

el titular de la Procuvin, Abel D. Córdoba; el cotitular

de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la

Nación Ricardo Richiello; las integrantes del Equipo de

Género de la Procuración Penitenciaria de la Nación

Josefina Alfonsín y Verónica Manquel, y la secretaria de

Cámara Lucía Gallagher efectuó un monitoreo al Complejo

Penitenciario Federal IV de Ezeiza.

En la jornada, que se extendió hasta pasadas las 21,

los miembros de la comitiva se entrevistaron con una

interna que el pasado viernes había intentado suicidarse

colgándose en uno de los baños con una sábana; asistida

por una de sus compañeras de pabellón, salvó su vida luego

de estar dos días internada en un hospital extramuros.

Con especial interés en aspectos asistenciales

vinculados a las problemáticas propias del género

femenino, la Comitiva también visitó distintos sectores

del complejo en los que advirtieron y efectuaron los

correspondientes reclamos.


107

Las observaciones se refirieron principalmente a la

atención médica con especial consideración de la cuestión

de género y en este sentido se reclamó la puesta en

práctica de programas destinados a la efectiva realización

de exámenes ginecológicos preventivos –tales como

mamografías, papanicolau y ecografías- y de prevención de

enfermedades infectocontagiosas de todas las mujeres

alojadas en el complejo, salvo que no presten su

consentimiento debidamente informado.

Por otra parte se requirió la más pronta instalación

de un aparato desfibrilador para urgencias cardíacas.

Las autoridades del Servicio Penitenciario Federal,

el Director Nacional y la Directora de la Unidad visitada,

manifestaron que aceptaban el señalamiento y se

comprometieron a que las mujeres privadas de su libertad

tuvieran acceso a los programas de salud propios del

género.

La Dirección informó que se actualizarían los

controles ginecológicos de las internas de conformidad con

lo recomendado por este Sistema.

El 16 de julio de 2015 el Representante Regional del

Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas


109

acompañando al Sistema Interinstitucional de Control

Judicial de Unidades Carcelarias recorrió el Complejo

Penitenciario Federal I

En este caso, se visitó junto con Amerigo

Incalcaterra -Representante Regional del Alto Comisionado

para Derechos Humanos de Naciones Unidas con sede en

Santiago de Chile- el Complejo Penitenciario Federal I de

Ezeiza.


Presidente el juez Gustavo M. Hornos, el juez Sergio

Paduczak, el Director de Protección de Derechos Humanos en

Cárceles de la Procuración Penitenciaria Ariel Cejas

Meliarie, las integrantes del Equipo interdisciplinario de

Procuvin Bárbara Franco y la médica Laura Sobredo, los

defensores Gabriela Maceda y Maximiliano Dialeva

Balmaceda; y actuó como secretaria Lucía Gallagher.

Además, acompañaron al Representante de la ONU, las

doctoras Nora Luzi, Coordinadora de Gobernabilidad

Democrática del Programa de Naciones Unidas para el

Desarrollo y Valeria Luciana Guerra, asesora técnica en

Derechos Humanos de la ONU.

En una jornada que coincidió con el festejo por el

Día del Agente Penitenciario, la Comitiva recorrió los

pabellones de extranjeros en los que el Representante de

la ONU pudo entrevistarlos y ver las condiciones en que se

encuentran.

Posteriormente la Comitiva se dirigió a la Unidad

Residencial III donde visitaron los pabellones destinados

a personas con especial situación de vulnerabilidad,

sancionados y el Pabellón B, considerado entre los más

conflictivos del Complejo y en el que ocurrieron varios

hechos trágicos que son objeto de investigación.


111

También recorrieron las instalaciones donde funciona

el programa PRISMA (Programa Interministerial de Salud

Mental Argentino).

El Representante del Alto Comisionado resaltó lo

valioso del Espacio interinstitucional para adecuar la

política penitenciaria a los estándares internacionales de

protección y garantía de los Derechos Humanos.

Tras el lamentable hecho en el que falleciera un

adolescente alojado en el Centro de Régimen Cerrado Dr.

Manuel Rocca, el 3 de agosto de 2015 una comitiva del

Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles realizó

una completa inspección de las instalaciones del centro.

En un hecho del que todavía se desconocen los

detalles, luego de un corte de luz se desató un incendio y

el joven L.S. murió y su compañero de celda D.B se

encuentra internado en el Hospital del Quemado -quien a

pesar de haber pasado días con pronóstico reservado y

asistencia respiratoria mecánica, desde el sábado respira

por sus propios medios y evoluciona favorablemente-.


113

Del monitoreo participó el fiscal de Menores a cargo

de la causa penal, Pablo Aragón, junto su secretario

Alejandro Campagnoli, el prosecretario Nicolás Romero y

funcionaros de la Procuvin y otros miembros del Sistema.

Actuó como secretaria Lucía Gallagher.

Estuvieron presentes las autoridades políticas de la

SENNAF, el secretario Claudio Franchelli y la

subsecretaria Marisa Graham.

Durante la visita se constató el cambio de los

colchones por unos nuevos con tratamiento ignífugo así

como de las luces de emergencia.

Desde el Sistema se transmitió la preocupación -

compartida con las autoridades- por evitar hechos trágicos

como el recientemente ocurrido y se señaló la posibilidad

de instalar un sistema alternativo generador de luz y se

insistió en recomendaciones anteriores acerca de la

flexibilización de los horarios de encierro en los

dormitorios; así como en la necesidad de que los celadores

presten mayor atención a los requerimientos que pudieran

tener los menores, particularmente durante esa situación.

Es decir, una mejor gestión de la protección de los

menores en lapsos de mayor privación de la libertad.

No es la primera vez que el Sistema interviene en

cuestiones vinculadas a las condiciones de detención de

menores. El Instituto Rocca ya había sido monitoreado por

el Sistema en el mes de marzo y en esa oportunidad se

realizaron fuertes observaciones y señalamientos al


115

director a cargo y a las autoridades de la Secretaría

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Se señaló enfáticamente la necesidad de flexibilizar

el régimen y condiciones de privación de libertad de los

adolescentes alojados en el Centro, debiendo asegurarse el

acceso libre de los jóvenes a las instalaciones sanitarias

durante las 24 horas, especialmente durante el horario

nocturno, donde se pudo constatar que los jóvenes pasaban

más de 9 horas diarias sin acceso a baños y agua. También

se remarcó la exigencia de que los colchones fueran de

tratamiento ignífugo.

También había inspeccionado el Instituto Agote, en el

que se había producido otra muerte, en donde se clausuró

el sector, produciéndose luego el cierre de la

institución.

El 17 de noviembre una reducida Comitiva del Sistema

Interinstitucional de Control de Cárceles integrada por su

presidente, el juez Gustavo M. Hornos, la secretaria de

cámara Lucía Gallagher y el asistente Nicolás Herbin,

concurrió, sin previo aviso, al Instituto General José de

San Martín, en el barrio de Flores.

Se trata de un centro de régimen cerrado mixto que

depende de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y

Familia donde se encontraban a la fecha del monitoreo

alojados jóvenes de entre 16 y 17 años, 26 varones y 2

mujeres, a partir del cierre del Instituto Inchausti.


117

La Comitiva fue recibida por la licenciada en

psicología Lorena López quien, además de ser la Directora

del Instituto, tiene una amplia experiencia en centros de

detención de niñas en conflicto con la ley penal. La

Directora refirió que la mayor dificultad que existe es la

relativa al tratamiento de enfermedades psiquiátricas que

algunos chicos presentan.

Junto a la Directora se recorrieron los sectores de

alojamiento denominados ambientes convivenciales y los

talleres donde los jóvenes se encontraban realizando

distintas actividades recreativas.

Como en otras oportunidades, el Sistema monitoreó las

condiciones de vida y alojamiento, atención médica,

higiene, alimentación, educación y régimen de actividades

escolares y recreativas y acceso de visitas. También fue

examinado el estado bromatológico de los alimentos, la

fecha de vencimiento, así como su efectiva entrega a los

jóvenes.

En el instituto se brinda enseñanza primaria y

secundaria además de diferentes talleres como pintura,

música, y también con el objeto de profundizar el uso del

idioma y promover el pensamiento independiente funciona un

taller de comunicación llamado “Motivados” en el cual los

jóvenes actúan como locutores de radio y hacen reportajes

con invitados especiales.


119

A diferencia del régimen de vida observado en otros

institutos inspeccionados por el Sistema, donde se señaló

enfáticamente la necesidad de flexibilizar el régimen y


debiendo asegurarse el acceso libre de los jóvenes a las

instalaciones sanitarias durante las 24 horas; en el caso

se advirtió que todos los niños y niñas alojados en el

Instituto San Martín tienen acceso a sanitarios y agua

también durante noche.

También se advirtió que los colchones eran nuevos y

con certificado de tratamiento ignifugo. Al respecto, dijo

la Directora que habían sido entregados en el mes de

agosto en oportunidad de realizarse el recambio de

colchones en todos los institutos.

De esta manera el Sistema Interinstitucional reafirmó

su compromiso con la situación de los niños, niñas y

adolescentes frente a la ley penal.

Una Comitiva del Sistema que en la oportunidad estuvo

integrada por los jueces Mirta López González, Martín

Vázquez Acuña y Sergio Paduczak; la médica psiquiatra

Laura Sobredo, integrante del equipo interdisciplinario de

Procuvin; los defensores públicos oficiales Benjamín Solá

y Maximiliano Dialeva Balmaceda; el delegado de la

Procuración Penitenciaria Nacional Facundo Giubergia y el

médico Pablo Briones, y la secretaria del Sistema de

Control de Cárceles, Lucía Gallagher.

El jueves 19 de noviembre de 2015, la Comitiva se

hizo presente en el Escuadrón 20 de Orán, provincia de

Salta. Ubicado a 320 kilómetros de la capital salteña

aloja -bajo custodia de la Gendarmería Nacional- a

detenidos federales, principalmente imputados por

infracción a la ley de drogas.

En la segunda jornada (20/11/2015) de monitoreo, y

con especial interés en aspectos asistenciales vinculados

a las problemáticas propias de las mujeres privadas de la


121

libertad, la comitiva también visitó el Complejo

Penitenciario Federal del Noroeste. El CPF III está

ubicado en General Güemes, y tiene capacidad para alojar

aproximadamente a 294 varones y 200 mujeres.

Este relevamiento, que tuvo en cuenta las

características y particulares circunstancias de los

lugares de alojamiento, produjo un informe detallado y

formuló fuertes señalamientos y recomendaciones en

particular relacionados con la situación de las mujeres.

MONITOREOS AÑO 2016

El miércoles 10 de febrero de 2016 una Comitiva del


integrada por su presidente, el juez Gustavo M. Hornos, el

fiscal a cargo de la Unidad de Litigio Estratégico, Abel

D. Córdoba, el fiscal a cargo de la Procuraduría contra la

Violencia Institucional, José Nebbia y la coordinadora del

área de encierro Bárbara Franco; el defensor público

oficial Guillermo Todarello, cotitular de la Comisión de

Cárceles de la Defensoría General de la Nación y el

director de legales de la Procuración Penitenciaria de la

Nación, Carlos Acosta, con la asistencia como actuaria de

la secretaria del Sistema Lucía Gallagher, concurrió, sin


123

previo aviso, al Complejo Penitenciario Federal II de

Marcos Paz.

En primer lugar, se inspeccionó el Pabellón 7 del

Módulo 1 destinado al alojamiento de internos que se

encuentran bajo el Protocolo de Resguardo de Personas de

Especial Vulnerabilidad, de internos sancionados y de

aquellos que, por sus características personales y

antecedentes se presentan como los más conflictivos y

difíciles de alojar en otros sectores del Complejo.

En la oportunidad, se constató que el Pabellón 7 se

encontraba mal iluminado, en un estado de notoria suciedad

en todos sus sectores, los pasillos, el SUM, los patios,

en cada una de las celdas, incluso, había en el piso

comida podrida, restos de bolsas y plásticos, colillas de

cigarrillo, entre otros; y el sector se encontraba

parcialmente inundado circunstancia que alcanzaba algunas

de las celdas.


125

También se comprobaron diferentes circunstancias como

la falta de funcionamiento de los inodoros y las canillas

de las celdas individuales -por lo que no tenían donde

hacer sus necesidades ni tomar agua- y falta de suministro

de luz eléctrica. En un caso, faltaba el colchón.

Por otra parte, en el sector de baños comunes corría

permanentemente agua caliente de las duchas por lo que

tampoco resultaba utilizable (en el piso había frutas) y

el sector de los inodoros se encontraba clausurado.

Además, los internos allí alojados no habían recibido

ningún alimento al momento de las dos visitas que hizo la

Comitiva –la primera a las 12.30hs y la segunda a las

15hs.-. El régimen de vida del sector era de 23 horas de

encierro con una hora para salir al patio, hablar por

teléfono.

Por estas circunstancias, brevemente detalladas, se

consideró que el Pabellón 7 no estaba en condiciones

conforme estándares mínimos de alojamiento y en respeto a

la dignidad humana.

Consecuentemente, se requirió el inmediato

realojamiento de los internos con las medidas de seguridad

que cada uno requiera, previa alimentación y revisión

médica y el Director del Complejo se comprometió

refaccionar el sector con el objeto de adecuarlo a

condiciones de vida dignas.

Asimismo, la Comitiva recorrió el Módulo V del

Complejo Federal de Jóvenes Adultos de Marcos Paz. Fueron

acompañados por las autoridades del Complejo.


127

Allí se constató que los internos permanecían en las

celdas durante doce horas, en algunos casos sin acceso a

sanitarios ni agua, y que durante el día debían permanecer

en el salón común donde no había sillas ni comodidades

suficientes para todos. Según las autoridades, todos los

días salen una hora al patio externo del pabellón.

Por esos motivos, se les señaló la imperiosa

necesidad de flexibilizar el régimen de vida de los

jóvenes allí alojados.

En ambos casos, también se remarcó la necesidad de

brindar oportuna atención médica y que se establezca un

mecanismo preventivo eficiente contra la epidemia

transmitida por mosquitos.

El 23 de febrero de 2016, una Comitiva del Sistema

realizó un monitoreo sorpresivo al Complejo Penitenciario

Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ex Unidad 2

de Devoto). En la oportunidad, asistieron los jueces

Gustavo M. Hornos, Mirta López González y Sergio Paduczak,

el fiscal a cargo de la Unidad de Litigio Estratégico,

Abel D. Córdoba y Mara López Legaspi, integrante de esa

Unidad Fiscal; el fiscal ad hoc a cargo de la Procuraduría

contra la Violencia Institucional, José Nebbia; el

defensor público oficial Ricardo Richiello, cotitular de

la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la

Nación, y el director de Protección de Derechos Humanos en

cárceles de la Procuración Penitenciaria de la Nación,

Ariel Cejas Meliare, con la asistencia como actuaria de la

secretaria del Sistema Lucía Gallagher.

Finalizada la recorrida, se realizó una reunión con

el subdirector interinamente a cargo del Complejo en la

que Hornos destacó las deficiencias advertidas por la

Comitiva durante toda la recorrida.


129

En primer lugar, y como cuestión urgente se señaló

que no es posible habilitar sectores que no reúnan

requisitos mínimos para el alojamiento de personas y se

convino en la necesidad de realojar a los internos que

estaban en retenes con urgencia respetando todas sus

garantías, seguridad y previa revisación médica. Se trata

de sectores de pequeñas dimensiones donde se habían

alojado personas sin camas, ni baños, ni las mínimas

condiciones de higiene y salubridad. Los internos hacían

sus necesidades fisiológicas dentro de esos sectores

cerrados en baldes, botellas o bolsas que permanecían en

el lugar. No recibían su comida ni contaban con ninguna

posibilidad de realizar actividades de estudio, laborales

o de recreación física o mental.

Las autoridades de la Unidad se comprometieron a

realojar a los internos alojados en “retenes” en los

denominados Sectores de Alojamiento Transitorio (SAT) o en

los pabellones en los casos que fuera posible. Se trata de

espacios con sanitarios, ventilación, y acceso a agua

corriente las 24 horas, están ubicados a la salida de cada

Celular.

El acondicionamiento de los SAT es el resultado de la

inspección realizada por el Sistema en mayo de 2014, donde

se constató que esos sectores funcionaban como retenes con

condiciones inhabitables (sin provisión de agua corriente,

ni luz eléctrica, leve ingreso de luz solar, sin camas, ni

cocina ni baño).


131

Asimismo, se advirtió sobre la imperiosa necesidad de

que todas las personas alojadas en el Complejo accedan

efectivamente a las prestaciones de asistencia médica en

tiempo y forma y ligado a ello que se garantice el

suministro de las 4 (cuatro) comidas, y que sean adecuadas

tanto en calidad como cantidad, y en horarios adecuados.

Además se transmitieron a las autoridades las quejas

de los internos relativas al acceso al trabajo y a la

dificultad que eso les genera en la vida en la cárcel.

Asimismo se observó gran cantidad de cucarachas en

todos los sectores visitados, estos insectos han formado

sus nidos y la fumigación es ineficiente, ello sumado a

que la entrega de elementos de higiene personal y de

limpieza es una vez por mes en el mejor de los casos,

circunstancias que en conjunto producen potenciales focos

infecciosos que afectan a los allí alojados.

Se advirtió sobre el pésimo estado de los colchones y

sobre la circunstancia de que en algunos pabellones

completos en su capacidad se pudieron contabilizar hasta

diez camas sin colchón.


133

Por último, se señaló que correspondía flexibilizar

el régimen de vida de los Pabellones de manera tal que se

garantice –como regla- el acceso de los internos a los

patios externos y el ejercicio físico al aire libre, por,

al menos, el tiempo establecido como estándar

internacional.

El 9 y 10 de junio de 2016, una Comitiva del Sistema

integrada por los jueces Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán

Borinsky, Mirta López González, Martín Vázquez Acuña y

Sergio Paduczak; el fiscal José Nebbia, a cargo de la

Procuvin, junto a la médica psiquiatra Laura Sobredo,

integrante de su equipo, y la secretaria Bárbara Franco;

el defensor público oficial Alejo Amuchástegui, el

secretario de la Defensoría Pablo Mesa y la secretaria del

Sistema de Control de Cárceles, Lucía Gallagher asistió

recorrió las Unidades Penitenciarias de la provincia de

Mendoza.

También acompañó a la Comitiva el procurador

penitenciario de la provincia de Mendoza, Fabricio

Imparado.

Por la mañana del jueves 9 de junio, el Sistema fue

recibido en la Sala de Acuerdos de la Suprema Corte de

Justicia Mendoza por su presidente, Pedro Jorge Llorente,

y los ministros Omar Alejandro Palermo y Mario Adaro,

acompañados por el procurador general de la provincia,

Rodolfo González. Asimismo, estuvieron presentes

autoridades del Servicio Penitenciario Provincial.

Asistieron el presidente de la Cámara Federal de

Mendoza, Juan Antonio González Macías, y los jueces

federales Alejandro Piña, Daniel Petrone y el fiscal Dante

Vega.


135

Hornos resaltó la trascendencia de los monitoreos

como instrumento de prevención y protección de derechos

humanos en contexto de encierro, particularmente en

relación con los altos objetivos del Sistema.

En tanto, los ministros de la Corte provincial

expresaron su coincidencia sustancial con los principios

fundamentales de naturaleza tutelar procurados por el

Sistema. Se intercambiaron opiniones y todos coincidieron

en la importancia de que autoridades federales y

provinciales colaboren en mejorar la situación carcelaria

y en la necesidad de monitorear los establecimientos

carcelarios periódicamente.

Cerca del mediodía, la comitiva se hizo presente en

el Complejo I Boulogne Sur Mer y en el penal de San

Felipe, donde funciona también una unidad de jóvenes

adultos.

Es la primera vez que el Sistema monitorea unidades

pertenecientes a servicios penitenciarios provinciales. En

ellos se aloja alrededor de 650 detenidos federales,

entre unas 5000 personas privadas de libertad.


137

En la segunda jornada de monitoreo (viernes 10 de

junio de 2016), y con especial interés en aspectos

asistenciales vinculados a las problemáticas propias de

las mujeres privadas de la libertad, la comitiva también

visitó “El Borbollón”(Unidad III Penal de Mujeres), un

antiguo convento que aloja exclusivamente a mujeres y en

donde se hizo entrega de la VI Recomendación emitida por

el Sistema, referida a la problemática de género en

contextos de encierro y dirigida a garantizar los derechos

de las mujeres privadas de la libertad.

Además, los miembros del Sistema inspeccionaron el

Complejo Penitenciario Provincial III “Almafuerte”,

ubicado en la localidad de Cacheuta, Luján de Cuyo.

MONITOREOS AÑO 2017

El 13 de marzo de 2017, el Sistema visitó el Complejo

Penitenciario Federal de Jóvenes Adultos de Marcos Paz,

junto al subsecretario de la Juventud (dependiente del

Ministerio de Desarrollo Socia), Pedro Robledo, con el fin

de brindar talleres de capacitación a los jóvenes allí

alojados.


139

El subsecretario recorrió junto a su equipo –Camila

Crescimbeni y Donato Belli- y los miembros del Sistema los

pabellones del Módulo V del Complejo Federal de Jóvenes

Adultos de Marcos Paz.

El Sistema y la Subsecretaría han pensado en la

articulación de políticas púbicas dirigidas a las

condiciones de vida de los jóvenes en prisión y,

particularmente, a su capacitación y educación con vistas

a su progresiva integración a la comunidad.

También se acercarán actividades culturales,

deportivas y recreativas a los jóvenes para evitar su

ociosidad excesiva.

Sin perjuicio de ello, los miembros efectuaron el

monitoreo conforme los estándares internacionales en los

distintos pabellones que conforman el Módulo 5 y

efectuaron varios señalamientos y reclamos, algunos de

urgente solución, como la falta de agua en determinadas

celdas, baños tapados y otros.


141

Centralmente, se efectuó un reclamo de

flexibilización de las condiciones de vida de los jóvenes

alojados en celdas individuales en el Pabellón VIII, que

permanecían en sus celdas por un tiempo excesivo

diariamente.


presidente, el juez Gustavo M. Hornos; la jueza de

ejecución penal Vilma Bisceglia; el defensor oficial

Enrique Comellas, de la Comisión de Cárceles; Daniela

Dibilio, del Programa de Violencia Institucional, ambos de

la Defensoría General de la Nación; la coordinadora del

área de encierro, Bárbara Franco; Juan Manuel Introzzi, de

la Procuraduría contra la Violencia Institucional de la

Procuración General de la Nación; Marina Chiantaretto, de

la Procuración Penitenciaria de la Nación, y la secretaria

del Sistema, Lucía Gallagher.


143

De este modo el miércoles 21 de junio de 2017 se

realizaron actividades culturales, deportivas y

recreativas con los jóvenes y se entregaron mantas,

camisetas de fútbol estampadas, pelotas, colchonetas,

mesas de ping-pong, metegoles, mesas y sillas de plástico

y juegos de cubiertos y vasos.

El 21 de marzo de 2017 el Sistema inspeccionó el

Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres de Ezeiza,

junto a la directora de la Unidad de Derechos Humanos,

Género, Trata y Narcotráfico del Consejo de la

Magistratura, Alicia Tate; y, por disposición de la

vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación, Elena Highton de Nolasco, también participaron del

monitoreo la coordinadora de la Oficina de la Mujer, María

Delia Castañares, y el secretario letrado Roberto Ares.

En diciembre de 2016, el Sistema asumió el compromiso

en el marco de la Recomendación N° VI el 24 de mayo de

2016, de realizar, en conjunto con la Oficina de la Mujer,

un seguimiento de los talleres sobre perspectiva de género

para todo el personal del Servicio Penitenciario Federal

que cumple funciones en los establecimientos

penitenciarios donde se encuentren alojadas mujeres


145

brindados por la Oficina de la Mujer y de los impactos que

pueda tener en el personal penitenciario.

En ese marco, los miembros del Sistema y de la

Oficina de la Mujer se constituyeron en el Complejo IV con

el fin de inspeccionar los sectores más conflictivos del

complejo. El monitoreo se llevó a cabo con una perspectiva

y desde una mirada igualitaria de género, teniendo

especialmente en cuenta la violencia estructural y las

prácticas discriminatorias contra la mujer, profundizadas

en casos de poblaciones vulnerabilizadas, como son las

mujeres que se encuentran privadas de su libertad,

conociendo que existen necesidades particulares y

complejidades diferentes a las de los hombres en condición

de encierro, que deben ser atendidas, conceptualizadas y

abordadas también de modo diferente.

Asimismo, los miembros efectuaron el monitoreo

conforme a los estándares internacionales en los distintos

pabellones que conforman el Complejo y efectuaron varios

señalamientos y reclamos, algunos de urgente solución,

como el mejoramiento de lo relativo a la atención médica,

particularmente en lo referente a brindar una pronta

respuesta ante los requerimientos de las internas, y la

insistencia en la realización de los exámenes propios del

género.

Además, se efectuó un reclamo de flexibilización de

las condiciones de vida de las mujeres alojadas en los

sectores de aislamiento, que permanecían en sus celdas por

un tiempo excesivo diariamente y se realizaron reclamos en


147

lo que respecta a la falta de suministro de agua caliente

y otros.


presidente, el juez Gustavo M. Hornos; el defensor oficial

Guillermo Todarello, de la Comisión de Cárceles de la

Defensoría General de la Nación; el fiscal José Nebbia, de

la Procuraduría contra la Violencia Institucional de la

Procuración General de la Nación; el director general de

protección de derechos humanos, Ariel Cejas Meliare;

Mariana Lauro, del equipo de género, ambos de la

Procuración Penitenciaria de la Nación; la secretaria

delegada Marion L. Vecino y la secretaria del Sistema,

Lucía Gallagher.

El 30 de mayo de 2017, una comitiva del Sistema

Interinstitucional de Control de Cárceles, integrada por

el juez Daniel E. Morin y otros funcionarios del Poder

judicial, por personal de la Procuración Penitenciaria de

la Nación, de la Procuvin y de la Comisión de Niños, Niñas

y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación,

concurrió sin previo aviso al Instituto General José de

San Martín, ubicado en Parque Chacabuco, a fin de

interiorizarse sobre lo ocurrido en las primeras horas del

lunes 29 de mayo donde se produjo un conflicto que

concluyó con la fuga de siete jóvenes.


149

Se trata de un centro de régimen cerrado mixto donde

se encuentran alojados jóvenes de entre 16 y 17 años, 22

varones y 6 mujeres.

La comitiva fue recibida por la directora del

Instituto, Lorena López, y por Alicia Blasco, directora

nacional de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.

Se recorrieron los sectores de alojamiento donde se

produjeron los hechos y se mantuvieron entrevistas

confidenciales con los jóvenes quienes, provisoriamente,

se encontraban alojados en un sector que no había sido

alcanzado por los destrozos.

Asimismo, se visitó el sector donde se alojan las

seis adolescentes, quienes no participaron del conflicto

pero que indirectamente se encuentran afectadas por la

suspensión de las actividades (escuela y talleres) y

quienes refirieron que a pesar de haber estado acompañadas

en todo momento pasaron momentos de miedo y confusión. Las

jóvenes manifestaron la necesidad de retomar las clases y

solicitaron ropa y elementos de recreación para los

momentos de ocio.


151

Como resultado del monitoreo, se pudo constatar que

había jóvenes durmiendo en colchones en el piso sin

sábanas ni frazadas suficientes, que no tenían acceso

libre a sanitarios ni agua; por ello, se solicitó el

inmediato realojamiento a sus respectivos ambientes

convivenciales, con más la provisión de sábanas, frazadas

y ropa acorde al clima imperante y también se pudo

verificar que algunos sectores de los dañados ya podrían

ser rehabilitados.

Además, se señaló que se deberán efectuar los

arreglos correspondientes a fin de reanudar las

actividades educativas, culturales y físicas a la

brevedad.

Por otra parte, desde el Sistema se gestionó la

entrega de 30 frazadas para los jóvenes.

El lunes 26 de junio se realizó en el Centro Cultural

del Complejo Penitenciario Federal N° 4 de Ezeiza el

taller de cierre para el personal jerárquico del Servicio

Penitenciario Federal que la Oficina de la Mujer (OM) de

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cargo de

Elena Highton de Nolasco, brinda al personal del Servicio

Penitenciario Federal mediante el convenio realizado entre

la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos de la Nación y el Sistema Interinstitucional de

Control de Cárceles.

La Oficina de la Mujer y el Sistema habían asumido

además el compromiso en el marco de la VI Recomendación

emitida por el mencionado organismo de realizar, en

conjunto, un seguimiento de los talleres sobre perspectiva

de género para todo el personal del Servicio Penitenciario


153

Federal que cumple funciones en los establecimientos donde

se encuentren alojadas mujeres brindados por la OM y de

los impactos que pueda tener.


presidente, el juez Gustavo M. Hornos; el defensor oficial

Guillermo Todarello, cotitular de la Comisión de Cárceles

de la Defensoría General de la Nación; Mariana Lauro,

coordinadora del equipo de género y diversidad sexual de

la Procuración Penitenciaria de la Nación, y la secretaria

del Sistema, Lucía Gallagher. También asistió la

secretaria delegada asignada al Complejo IV, Marion L.

Vecino. Por el Ministerio de Justicia participó la

directora a cargo de la Dirección Nacional de Readaptación

Social, Fiorella Canoni.

Finalizado el acto, la comitiva del Sistema recorrió

distintos sectores del complejo, en particular, el

pabellón que aloja personas trans junto a las funcionarias

de la Oficina de la Mujer María Delia Castañares y

Gabriela Pastorino.


155

Como en otras oportunidades, el monitoreo se llevó a

cabo con una perspectiva y desde una mirada igualitaria de

género, teniendo especialmente en cuenta la violencia

estructural y las prácticas discriminatorias profundizadas

en casos de poblaciones vulnerabilizadas, conociendo que

existen necesidades particulares y complejidades

diferentes, que deben ser atendidas, conceptualizadas y

abordadas también de modo diferente.

RECOMENDACIONES:

El Sistema acordó pronunciarse mediante

Recomendaciones5.

I Recomendación

El 27 de agosto del año 2013 se emitió la primera, en

la que se procuró la protección del derecho esencial y

primero del hombre: la Vida, recomendando al Servicio

Penitenciario Federal, que en todos los casos de

fallecimiento de personas privadas de libertad, se

disponga como primera medida la inmediata intervención del

juez y del representante del Ministerio Público Fiscal

5 Las Recomendaciones pueden ser consultadas en:

www.sistemacontrolcarceles.gob.ar y en

www.consejomagistratura.gov.ar

http://www.sistemacontrolcarceles.gob.ar/


157

competentes –según corresponda- a fin de que se instruya

causa en la que se deberá investigar ese deceso de manera

imparcial y exhaustiva.

Por su parte, el Director SPF por oficio de fecha 24

de junio 2014, puso en conocimiento la creación de una

Comisión independiente y multiorgánica (SIC) para

investigar los fallecimientos de las personas privadas de

su libertad e invitó a representantes del Sistema a

participar.

II Recomendación

Fue suscripta el 30 de octubre de 2013, se dirige a

asegurar el derecho de defensa de los internos en el

proceso disciplinario.

Así, se recomendó al Servicio Penitenciario Federal

que comunique el inicio del procedimiento disciplinario de

manera inmediata al juez interviniente y al defensor

público oficial o al letrado particular que asista al

interno, debiéndose indicar con precisión y antelación no

menor a cinco días hábiles el lugar, la fecha y la hora en

la que se celebrará la audiencia a la que se refiere el

art. 40 del decreto 18/97 –la cual deberá ser fijada,

preferentemente, en día hábil-,a los efectos de permitir

su asistencia a tal acto.

Asimismo, se recomendó el efectivo cumplimiento del

plazo previsto en el art. 97 de la ley 24.660 para la

notificación al juez y a la defensa de las sanciones y

recursos que eventualmente se interpongan, así como la

comunicación inmediata a ambos de la medida de aislamiento

provisional que eventualmente se disponga.

Se recomendó a los señores Defensores Públicos

Oficiales que arbitren los medios necesarios a fin de

garantizar la debida asistencia letrada que permita

ejercer de manera eficaz los actos de defensa que

correspondan durante el procedimiento disciplinario, y se

sugirió a los señores abogados defensores particulares, a

través del Colegio Público de Abogados de la Capital

Federal, la consideración de adoptar idéntico temperamento

en procura de mejor garantizar los derechos de sus

asistidos.

Se recomendó a los señores jueces a cargo de la

ejecución de la pena o jueces competentes, que arbitren

los medios necesarios a fin de hacer uso, con carácter de

regla general sujeta a excepciones fundadas, de la

facultad que les otorga el artículo 96 de la ley 24.660,

de disponer efecto suspensivo de las sanciones hasta que

ellos resuelvan acerca de su validez, y asimismo, que esa

facultad de suspensión sea ejercida también respecto de la

medida cautelar de aislamiento provisional prevista en el

art. 35 del decreto 18/97.


159

Por último, se puso en conocimiento del Señor

Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la

conveniencia de efectuar modificaciones en el Reglamento

de Disciplina para Internos (Decreto 18/97), adaptándolo a

aquellas recomendaciones con el objeto expreso de mejor

asegurar el efectivo ejercicio de derecho de defensa en el

trámite disciplinario –cuestión que se encuentra a estudio

en el marco del caso “Guillermo Patricio Lynn vs.

Argentina” ante la CIDH-, y que los integrantes del

Sistema ofrecen su colaboración para dicha tarea.

III Recomendación:

Se emitió el 21 de mayo del corriente año. Se

recomendó a los señores jueces de las Cámaras Nacionales y

Federales y de los Tribunales Orales Nacionales y

Federales y a los representantes de los Ministerios

Públicos, que efectúen monitoreos periódicos en los

establecimientos carcelarios próximos a su asiento, y que

se envíen los resultados de los mismos a los fines para

los que ha sido conformado este Sistema.

IV Recomendación:

Se emitió el 27 de octubre de 2014. Se recomendó y

señaló al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, al

Ministro de Salud y a la Ministra de Desarrollo Social, lo

imperioso de generar dispositivos institucionales de

atención que garanticen el acceso a la salud de la persona

detenida:

a. El desarrollo efectivo de acciones de promoción y

prevención de la salud que considere la epidemiología de

la población detenida y los efectos propios del encierro

en el deterioro potencial de la salud.

b. La independencia profesional que asegure que la

asistencia en salud sea llevada delante de modo autónomo

de las cuestiones disciplinarias, del régimen

penitenciario, de la ejecución de la pena o de las

evaluaciones periciales.

c. El acceso a los profesionales de la salud de modo

independiente de los dispositivos de seguridad de los

lugares de encierro.

d. La igualdad en la asistencia, mensurable por medio de

estándares de acceso a la salud igualitarios en relación

con la población general.

e. El consentimiento informado del paciente y

confidencialidad de todas las intervenciones en salud.

f. Los controles pertinentes de la competencia profesional

con estándares igualitarios a las demás instituciones

estatales de salud.

Particularmente se puso en conocimiento del Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos, la necesidad y conveniencia

que personal de salud externo al Servicio Penitenciario


161

Federal designados por el Ministerio de Salud hagan

inspecciones regulares, informen a dicho organismo y

asesoren respecto de:

a) La cantidad, calidad, preparación y distribución

de los alimentos efectivamente provistos a las personas

detenidas; así como la asequibilidad de agua limpia y

potable en cantidad suficiente.

b) Las condiciones sanitarias, la calefacción, la

iluminación y la ventilación de todas las instalaciones

del establecimiento;

c) Condiciones de las celdas, la calidad y el aseo de

las ropas y de la cama de los reclusos;

d) Que las autoridades tengan en cuenta los informes

y consejos del personal de salud a fin de adoptar

inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan

dichas observaciones.

e) La implementación y articulación de un programa

estratégico que permita asegurar la protección de la salud

de las personas con uso problemático de drogas privadas de

su libertad, así como la oferta de diferentes modelos de

intervención de eficacia comprobada sobre la base de la

diversidad, los varios contextos en que se presentan las

problemáticas, las características de la dependencia y la

singularidad de las personas.

f) Que implemente una logística que permita a las

personas privadas de su libertad y a sus visitas para el

acceso efectivo a los métodos de prevención de las

enfermedades de trasmisión sexual (preservativos masculino

y femenino, gel, y otros dispositivos barrera).

g) Que deben asegurarse los dispositivos necesarios

para la promoción, prevención, tratamiento y

rehabilitación de la salud de las mujeres atendiendo a su

condición de tal y a la epidemiologia de esa población, y

alcance estándares igualitarios al resto de la sociedad.

Lo propio, en relación a los niños encerrados con sus

madres en los establecimientos penitenciarios. Igual

previsión debe contemplarse para la población

perteneciente a colectivos diversos (LGBTIQ).

h) Establecer un adecuado y activo Programa de

Prevención de Suicidios, en función de la continua

producción de casos en diversas unidades carcelarias.

i) Normativizar la entrega de psicofármacos, mediante

el desarrollo e implementación de un protocolo de entrega

que incluya prescripciones, destinatario, modos de entrega

precisos y reporte de efectos secundarios. Establecer que

sólo personal sanitario puede prescribir y distribuir

medicamentos. Al mismo tiempo, reafirmar la prohibición de

que personal de seguridad disponga y suministre

medicación.


163

j) Establecer registros de atenciones médicas

personalizadas en consultorios dentro de las unidades

carcelarias.

k) Se disponga de los recursos e instrucciones

necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la

ley 26529 “Derechos del paciente en su relación con los

profesionales e instituciones de la salud”. Se ha

observado entre otras cuestiones, el incumplimiento de las

disposiciones referidas a la obligatoriedad y modalidad de

registrar en la correspondiente historia clínica toda

actuación realizada al paciente por profesionales y

auxiliares de la salud.

l) Posibilitar que las personas detenidas asistan, en

tiempo y forma, a los turnos programados en instituciones

de atención de salud extramuros.

Particularmente se puso en conocimiento del

Ministerio de Salud de la Nación, la conveniencia de

implementar sistemas de supervisión y/o auditoria

independientes de los órganos de custodia, que evalúen

periódicamente el funcionamiento de la prestación de

asistencia de la salud en cárceles, institutos de menores,

neuropsiquiátricos y toda institución de encierro.

Se recomienda al Ministro de Salud de la Nación y al

Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se

haga efectivo el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan

estratégico de salud integral en el Servicio Penitenciario

Federal 2012-2015, resolución conjunta 10/2013 del

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y resolución

conjunta 77/2013 del Ministerio de Salud, aprobación

publicada en el Boletín Oficial el 30 de enero de 2013.

Se recomienda también a jueces de las Cámaras

Nacionales y Federales y de los Tribunales Orales

Nacionales y Federales y a representantes de los

Ministerios Públicos, que realicen monitoreos periódicos

de las condiciones de promoción, prevención y asistencia

de la salud, que permitan acciones efectivas de contralor

y sanción, ante el incumplimiento de la normativa antes

mencionada.

Por último se solicitó a la Corte Suprema de Justicia

de la Nación la oportuna intervención de personal del

Cuerpo Médico Forense en las unidades de detención en el

ámbito de su incumbencia, ante casos de violencia

institucional o muertes por cualquier causa y conforme lo

disponga la autoridad judicial competente.

V RECOMENDACIÓN:

Con el objeto de procurar contribuir al diseño de un

instrumento jurídico eficaz y accesible para las personas

privadas de su libertad y remarcar las características de

la acción constitucional autónoma y expedita, el Sistema

de Control de Cárceles produjo una serie de señalamientos


165

de Buenas Prácticas para los Procedimientos de Hábeas

Corpus Correctivo.

Se trata de la V Recomendación del Sistema, que en

esta oportunidad se reunió en la Sala de Acuerdos de la

flamante Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y

Correccional, que estuvo representada por su presidenta,

María Laura Garrigós de Rébori; el vicepresidente, Horacio

L. Días, y el juez Daniel Emilio Morin, reafirmando su

incorporación al espacio interinstitucional que tiene como

objetivo la protección de los derechos humanos de las

personas privadas de su libertad.

En el mismo sentido y con idéntico alcance participó

del acto el juez de la Cámara Federal de Apelaciones de La

Plata Antonio Pacilio.

En el Encuentro de rúbrica también estuvieron

presentes el presidente del Sistema de Control de

Cárceles, Gustavo M. Hornos; los jueces integrantes

Mariano Hernán Borinsky, Sergio Paduczak, Martín Vázquez

Acuña; por la Procuración General de la Nación –

Procuraduría contra la Violencia Institucional- el fiscal

Miguel Palazzani y Bárbara Franco; el cotitutar de la


Nación, el defensor Guillermo Todarello; Leonardo

Filippini, por la Procuración Penitenciaria de la Nación;

Mariano Lanciano, en representación del CELS; Guillermo

Fanego, en representación del Colegio Público de Abogados

de la Capital Federal, y funcionarios invitados

especialmente para la ocasión, Paula Gorsd y María

Virginia Barreyro y la secretaria del Sistema, Lucía

Gallagher.


167

Hornos resaltó la importancia de la reunión en esa

sede y del instrumento elaborado entre todos los miembros

en base a la jurisprudencia y doctrina internacional y

nacional sobre la materia, a un relevamiento del diferente

trámite que se viene imprimiendo a estas acciones en todo

el país y a las necesidad expresadas por las personas

privadas de su libertad a través del acercamiento en los

numerosos monitoreos realizados por miembros del Sistema.

El documento que, como en otras oportunidades,

también fue firmado por la señora defensora pública

general, Stella Maris Martínez, tiene como objetivo

principal de las instituciones comprometidas otorgar a la

acción de naturaleza constitucional la mayor eficacia para

la tutela jurisdiccional de los derechos de las personas

privadas de su libertad.

En este sentido, se tiene en cuenta la especial

situación en la que se encuentran las personas privadas de

la libertad, a los efectos de peticionar ante las

autoridades.

Es evidente que el contexto de encierro los coloca en

condiciones de desventaja en comparación con quienes se

encuentran en el medio libre.

Así, cualquier circunstancia que pueda redundar en

una afectación de derechos de los internos debe ser

examinada con esta perspectiva, ya que frente a

determinadas problemáticas no pueden asimilarse

situaciones imaginables en la vida libre a las condiciones

imperantes en el marco de la privación de libertad.

El documento busca unificar criterios de

procedimiento a fin de superar las desigualdades

susceptibles de traducir, según el caso concreto, una

limitación o bien conculcar derechos fundamentales de las

personas privadas de la libertad y consecuentemente el

agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de

detención (art. 43 CN).

VI RECOMENDACIÓN

Abarca las múltiples circunstancias de la cuestión de

género en contextos encierro. Se trata de un trabajo

elaborado tomando en cuenta los más modernos estándares

internacionales de Protección de la Mujer privada de la

libertad y de sus particulares circunstancias de salud,


169

familia, educación y trabajo, desde la perspectiva de la

cuestión de género.

El documento fue firmado por las máximas autoridades

del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio

Público Fiscal, por jueces de diversas instancias del

fuero federal y nacional, por la Procuración Penitenciaria

de la Nación y órganos consultivos como el CELS y el

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; y se

entregó a las autoridades que se encuentran políticamente

a cargo de los centros de detención de mujeres.

El 22 de diciembre de 2016 la Corte Suprema de

Justicia de la Nación firmó convenio con el Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Sistema de

Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de

Unidades Carcelarias, sobre derechos de las mujeres

privadas de la libertad -género en contextos de encierro-.

Fue suscripto por la vicepresidenta del Máximo

Tribunal, Elena Highton de Nolasco; el ministro de

Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el

presidente del Sistema de Control de Cárceles, Gustavo

Hornos, en un acto que se realizó en el Salón Presidencial

del Palacio de Justicia.


171

En ese marco, la Corte Suprema, a través de la

Oficina de la Mujer, organismo del Máximo Tribunal que

encabeza Highton de Nolasco, se comprometió a la

realización de talleres sobre perspectiva de género para

todo el personal del Servicio Penitenciario Federal que

cumple funciones en las unidades en donde se encuentren

alojadas mujeres privadas de la libertad.

En tanto, el Ministerio de Justicia se comprometió a

la participación del personal del Servicio Penitenciario

Federal en los talleres que serán dictados por la Oficina

de la Mujer, con carácter de obligatoria. Mientras que el

Sistema de Control de Cárceles se comprometió, en el marco

de la recomendación N° VI emitida por el mencionado

organismo el 24 de mayo de 2016, a realizar, en conjunto

con la Oficina de la Mujer, un seguimiento de la actividad

y de los impactos que la misma pueda tener en el personal

penitenciario.

VII RECOMENDACIÓN

Firmada a fines de 2016, la VII recomendación se

refiere a los derechos de los niños, niñas y adolescentes

en conflicto con la ley penal. Contiene una serie de

señalamientos, entre ellos, la necesidad de implementar

una nueva ley penal juvenil que se adecue a la normativa

internacional.

Además, se destaca que la protección de los derechos

individuales de los niños privados de su libertad debe


173

garantizarse mediante inspecciones regulares y otras

formas de control llevadas a cabo, de conformidad con las

normas internacionales, la legislación y los reglamentos

nacionales.

Como en otras oportunidades, la Recomendación fue

entregada al Ministro de Justicia en el primer Encuentro

del año 2017 que se realizó en la Cámara Federal de

Casación Penal y del que participaron los jueces Gustavo

M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky, Luis F. Niño, Daniel

E. Morin, Sergio Paduczak, Martín Vázquez Acuña y Vilma

Bisceglia. Además, se encontraban presentes el procurador

penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo; el director

de legales, Carlos Acosta; el fiscal de Procuvin Félix

Crous y los defensores Guillermo Todarello, María Morabito

y Nicolás Laino, del Programa de Violencia Institucional

de la Defensoría General de la Nación. También estuvieron

Eva Asprella, en representación del CELS; José Console, en

representación del Colegio Público de Abogados de la

Capital Federal, y la secretaria del Sistema, Lucía

Gallagher. También asistió Virginia Barreyro, de la

Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, y el

director nacional de Políticas contra la Violencia

Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos, Matías

E. Garrido.

II ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL SISTEMA:

El martes 30 de junio de 2015 se realizó en la Sala

de Acuerdos de la Cámara Federal de Casación Penal un acto

por el segundo aniversario del Sistema Interinstitucional

de Control de Unidades Carcelarias.

Participaron jueces integrantes de esa Cámara y de

otras instancias; fiscales; defensores; miembros de la

Procuración Penitenciaria de la Nación, del Colegio

Público de Abogados de la Capital Federal, del CELS y de

Naciones Unidas, entre otros funcionarios; la presidenta

del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, y el

ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,

Julio C. Alak.


175

El presidente del Sistema, Gustavo M. Hornos,

manifestó que en esa misma Sala hace dos años las

instituciones que lo conforman habían convenido en la

creación de un espacio interinstitucional, plural, en el

que se respeten las ideas y las funciones de cada uno con

vocación de permanencia para la mejor protección de los

derechos humanos de los privados de su libertad.

Además, resaltó los objetivos principales que

llevaron a la conformación y rememoró algunos de las

principales actividades realizadas en estos primeros años,

así como cuál fue la realidad que encontraron al realizar

los numerosos monitoreos a lo largo de todo el país que

han incluido a los institutos de menores.


177

En tanto, el ministro de Justicia y la titular del

Consejo de la Magistratura, así como la presidenta de la

Cámara, tuvieron palabras de apoyo y resaltaron la valiosa

actuación del Sistema al que consideraron un factor

positivo en la política penitenciaria nacional.

Hornos expresó la importancia de haber constituido

también una mesa de diálogo con las autoridades políticas

del Servicio Penitenciario, en la que pudieron ser

solucionados de manera directa e inmediata los numerosos

conflictos o controversias planteadas como consecuencia de

las visitas efectuadas.

Señaló también que procuran cumplir con la cita

bíblica “estuve preso y me visitaste”, y que lo que hacen

por uno lo hacen por todos.

ANEXO:


179

1) PROYECCIÓN INTERNACIONAL- EL SISTEMA EN NACIONES

UNIDAS:

El juez Gustavo M. Hornos fue invitado especialmente

por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas

para los Derechos Humanos en América del Sur a exponer en

la Secretaria de Derechos Humanos del Gobierno Federal de

Brasil con sede en la ciudad de Brasilia en una

conferencia Taller de Buenas Prácticas con el Comité

Nacional de Prevención y Combate contra la Tortura.

En el acto participaron autoridades de la República

Federal de Brasil, el Ministro Jefe de Estado de la

Secretaría de Derechos Humanos y Presidente del Comité

Nacional contra la Tortura en Brasil, Pepe Vargas, y el

señor Amerigo Incalcaterra, Representante Regional para

América del Sur del ACNUDH; así como invitados de diversos

países de la región. También estuvo presente el Director

General de Protección de Derechos de la Procuración

Penitenciaria, Ariel Cejas Meliare.

Hornos expuso desde la perspectiva de juez a cargo de

la Comisión de Ejecución Penal de la Cámara Federal de

Casación Penal y Presidente del Sistema Interinstitucional

de Control de Unidades Carcelarias, relatando las razones

que llevaron a la conformación del Sistema, sus objetivos

principales, las actividades que ha venido realizando

particularmente la metodología de realizar Encuentros que

se han constituido en Mesa de Diálogo para la solución

directa e inmediata de problemas de la agenda

penitenciaria; las cuatro Recomendaciones de carácter

general que se han dictado y el relevamiento de la

realidad carcelaria que el Sistema ha venido haciendo en

todo el país mediante Monitoreos sin aviso previo con el

objeto de transformarla significativamente.

Los asistentes se manifestaron particularmente

interesados en el tema de la cuestión de género en las


181

prisiones y la situación de los menores privados de su

libertad.

En la oportunidad Hornos destacó que procuran cumplir

con la cita bíblica “Estuve preso y me visitaste”.

2) El Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles

recibió un reconocimiento internacional

El Instituto Internacional de Derechos Humanos,

Capítulo para las Américas, otorgó al juez Gustavo M.

Hornos el Premio 2015. Hornos preside y fue el impulsor

del Sistema, que tiene como fin la protección de los

Derechos Humanos de los privados de su libertad

El 15 de diciembre de 2015, en el Salón de Actos del

Consulado General de Perú en la Argentina, con la

presencia del embajador de Perú y otros representantes

diplomáticos el Instituto Internacional de Derechos

Humanos -Capítulo para las Américas- sede del Institut

International Des Droits de L'Homme, que fuera fundado por

el Premio Nobel de la Paz René Cassin luego de la segunda

guerra mundial, en Estrasburgo, Francia, primer instituto

de Derechos Humanos de la historia, que por primera vez

actúa en América, conmemoró el Día Internacional de los

Derechos Humanos.

En la oportunidad, se le hizo entrega al juez Gustavo

M. Hornos el Premio 2015 del Capítulo para las Américas

del Instituto Internacional de Derechos Humanos por su

defensa de la dignidad de las personas como magistrado y

presidente del Sistema de Coordinación y Seguimiento de

Control Judicial de Unidades Carcelarias.

El juez Hornos lo aceptó el reconocimiento como

presidente del Sistema y en nombre de todos sus miembros

que sí lo merecen por su trabajo esforzado en procura de

la protección de los Derechos Humanos de las personas

privadas de su libertad.

3) SEMINARIOS Y CONGRESOS:


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El 8 de agosto de 2016, el presidente del Sistema

Interinstitucional de Control de Cárceles, Gustavo M.

Hornos, expuso en el seminario “La gestión integral de los

sistemas penitenciarios a la luz de las Reglas Mandela”,

realizado en el salón Azul de la Facultad de Derecho de la

Universidad de Buenos Aires, organizado por el Ministerio

de Justicia y Derechos Humanos.

Junto al procurador penitenciario de la Nación,

Francisco Mugnolo, y a Ramiro Badía, director general de

Asuntos Jurídicos y Negociación Internacional de la

Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la

Nación, Hornos se refirió al Sistema relatando las razones

que llevaron a su conformación en el año 2013.

Recordó los objetivos principales del Sistema, las

actividades que ha venido realizando, particularmente la

metodología de realizar encuentros que se han constituido

en mesas de diálogo para la solución directa e inmediata

de problemas de la agenda penitenciaria, las

recomendaciones de carácter general que se han emitido y

el relevamiento de la realidad carcelaria que el Sistema

ha venido realizando en todo el país, mediante monitoreos

-sin aviso previo- con el objeto de transformarla

significativamente.

Resaltó los monitoreos –efectuados conforme a los

estándares internacionales entre los que se destacan las

Reglas Mandela- como medida de prevención y protección de

los derechos humanos y expuso como la

interinstitucionalidad del Sistema constituye un espacio

de protección desde distintas perspectivas.

Hornos sostuvo que el desafío inmediato y actual

respecto de las condiciones de vida de la cárcel

constituye la efectiva y real aplicación de la

Constitución Nacional y de los estándares internacionales

-las Reglas Mandela- en el espacio carcelario.

En tanto, el 11 y 12 de agosto, se realizó en el Aula

Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de

Buenos Aires el IV Congreso de Ejecución Penal. Junto al

juez Eugenio Sarrabayrouse y la defensora pública oficial

Florencia Hegglin, Hornos disertó sobre la jurisprudencia

de los tribunales superiores en materia de ejecución

penal.

El presidente del Sistema recordó que el control

judicial amplio y eficiente resulta ineludible a la luz de


185

la ley vigente, y además un factor altamente positivo para

el logro de los fines que procuran las normas de ejecución

de las penas privativas de libertad. Señaló que el rol

asumido de tutela de derechos a la vida, a la dignidad y a

la integridad personal de las personas privadas de

libertad es el que ha venido reafirmado por vía

jurisdiccional desde su incorporación a la Cámara Federal

de Casación Penal.

Ensayó, a modo de tesis, que la protección más

transcendente y eficaz de la persona privada de su

libertad es el acceso directo, real y efectivo al sistema

judicial.

El 18 de octubre de 2016, el presidente del Sistema,

expuso en el panel “Aplicación de las Reglas Mandela y la

Responsabilidad de los operadores del Sistema Penal en el

control de su cumplimiento”, realizado en el marco de la

Diplomatura en Ejecución Penal y Cuestiones Penitenciarias

de la Universidad de San Isidro Dr. Plácido Marín.

Junto a la procuradora general de la Nación,

Alejandra Gils Carbó; al juez Sergio A. Paduczak, al

defensor público oficial Juan Ignacio Pérez Curci y al

director general de la Procuración Penitenciaria, Ariel

Cejas Meliare, Hornos se refirió al Sistema relatando las

razones que llevaron a su conformación en el año 2013.

Destacó que la conformación del Sistema constituye

una alianza interinstitucional y con representantes de la

sociedad civil.

Señaló que los monitoreos carcelarios sin aviso

previo –efectuados conforme a los estándares

internacionales entre los que se destacan las Reglas

Mandela- constituyen una herramienta de prevención y

protección de los derechos humanos y expuso cómo la

interinstitucionalidad del Sistema cobra especial vigencia

como espacio de protección desde distintas perspectivas en

territorio.

Hornos sostuvo que el desafío inmediato y actual

respecto de las condiciones de vida de la cárcel

constituye la efectiva y real aplicación de la

Constitución Nacional y de los estándares internacionales


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-las Reglas Mandela- en el espacio carcelario. Pacificar

el espacio carcelario contribuye a pacificar a la

sociedad.

CONCLUSIÓN: Transformar la realidad:

El control amplio y efectivo de la ejecución de la

pena privativa de la libertad constituye una propuesta de

cambio cultural en el ámbito judicial; así como una

evolución de la perspectiva de abordaje de las cuestiones

penitenciarias y las condiciones de detención, mirar tras

los muros desde la óptica de los Derechos y ya no de las

prohibiciones.

Debemos continuar el relevamiento de la realidad,

transparentar la opacidad, y a partir de ese conocimiento,

actuar para transformarla significativamente.

Se trata de la Humanización del Poder.

Buenos Aires, 26 de junio de 2017.-


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