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SISTEMA JUDICIAL, CRECIMIMIENTO ECONÓMICO Y

COMPETITIVIDAD1

La calidad de la administración de justicia es un factor determinante de todo sistema

democrático y tiene un impacto relevante en el desarrollo humano. La independencia

judicial es una característica esencial de los sistemas judiciales: el derecho a una justicia

eficiente, independiente y confiable es un derecho fundamental. Existen varias formas de

consolidarla: la forma como se designan los jueces y los mecanismos de transparencia y

control de la administración de justicia son las más relevantes. Sin embargo, al analizar

particularmente su relación con el desarrollo económico y la competitividad, la eficiencia y

la independencia judicial son variables que se toman una connotación altamente relevante.

En una economía global cada vez más interdependiente los países y las regiones requieren

de instituciones fuertes. Y su fortaleza debe basarse en el equilibrio: éstas no deben ser ni

muy inestables ni extremadamente formalistas puesto que la inestabilidad provoca falta de

acatamiento de las decisiones adoptadas por éstas y hace que se genere desconfianza en los

actores y el formalismo extremo genera barreras al funcionamiento eficiente de las

instituciones y deformación de las relaciones sociales que éstas demarcan con su accionar,

llevando esto a una masiva deserción de los agentes sociales a aplicar las reglas de juego

como medio idóneo para la solución de sus necesidades y generando nuevas formas de

solución a éstas por fuera del sistema formal, lo que desencadenaría en un aumento de los

costos de transacción en toda la sociedad lo cual haría que ésta colapsara.

A medida que los expertos en la relación entre la justicia y la economía exploran el papel

que desarrollan las instituciones en el desarrollo económico muestran que temas como el

apoyo institucional para el crecimiento económico, la protección de los derechos de

propiedad, la reducción de los costos de transacción y la naturaleza y eficacia de las

instituciones de un país desempeñan un papel decisivo en su proceso de desarrollo porque

conforman el entorno dentro del cual se desempeña su economía. (SHERWOOD 1996).

De esta manera, los vencedores de la competencia por el crecimiento económico serán las

naciones que posean mejores instituciones y entre mejor sea el papel de la justicia en

cuanto a eficiencia y confiabilidad mayor será el aporte que éstas hagan al desempeño

económico (LYNCH, 1998).

Es por ello que el aparato de justicia cumple un importante papel en cuanto telón de fondo

para la forma en que los particulares y las organizaciones se comportan fuera del sistema

formal e igualmente influye en la evolución de la sociedad y sus normas, a la vez que sufre

sus efectos (Banco Mundial, 2001).

1 Documento preparado por Dany Oviedo Marino y Erick Oviedo Avendaño. Componente de Monitoreo. Programa de

Apoyo a la Justicia en el Distrito de Barranquilla.

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En términos generales, existe una amplia literatura sobre la interacción entre justicia y

desarrollo económico especialmente ligada al análisis económico del derecho. Sin embargo,

este es un tema en el que no abundan los estudios empíricos y en el que existe un acuerdo

generalizado en que el desarrollo económico depende del funcionamiento de muchos otros

factores y que una justicia ineficiente puede convertirse en una limitante, pero también los

casos particulares muestran que una justicia eficiente y confiable no es suficiente para

lograrlo. Un Estudio del Banco Mundial realizado a principios de los 90 en Argentina,

Brasil, España, Filipinas, Perú y Portugal, demuestra que el impacto de la variable

administración de justicia en el crecimiento económico (específicamente en los factores

inversión, condiciones de crédito y empleo) varía en razón de entre un 10% y un 35%2.

En sentido general, esa literatura ha planteado que los sistemas legales cumplen tres

funciones básicas con efectos en el crecimiento económico. En primer lugar definen y

protegen los derechos de propiedad privada promoviendo la inversión y la competencia. En

segundo plano establecen los marcos que rigen el intercambio de estos derechos tanto entre

los agentes privados como entre éstos y el Estado y complementariamente desarrollan las

normas previstas para el ingreso y existencia en el mercado. (CASTELLAR, 1996).

De esta manera, el aseguramiento de los derechos de propiedad por un sistema de justicia

eficaz y eficiente estimula la inversión. Esto es especialmente claro cuando los derechos de

propiedad dependen en buena parte del Estado (MESSICK, 1999), sobretodo en sistemas

tan formalistas como el nuestro.

Dicha protección de la propiedad está íntimamente ligada a la garantía institucional

ofrecida por el sistema judicial para el cumplimiento, tanto de los contratos privados como

con el Estado. A este respecto se afirma que los agentes privados tendrán incentivos para

realizar inversiones de largo plazo y/o altamente especializadas si existen garantías de que

los contratos en que se regulan sus operaciones serán finalmente respetados a través de su

reconocimiento y aplicación irrestricta por un aparato de justicia imparcial y profesional.

Cuando los intercambios tienden a ser limitados en valor y extensión, es más oportuno

apelar a mecanismos informales que socialmente permiten el cumplimiento de las garantías

básicas para ese intercambio. La situación cambia en economías más sofisticadas donde se

precisan acuerdos de largo plazo y existe un sistema de producción y comercialización

intensivo el cual tiende a beneficiarse y fortalecerse con los aportes de un sistema judicial

eficaz, eficiente, predecible e independiente (CASTELLAR, 1996).

Así, las garantías en torno al cumplimiento de los contratos reducen los costos de

transacción y esto a su vez estimula a los agentes económicos a aumentar el número y la

amplitud geográfica de las transacciones de mercado. Esta situación permite superar los

límites de mercados estrechos generalmente fundados más en las relaciones personales y de

confianza entre los agentes económicos, los cuales, por lo demás, son comunes en países

como Colombia y en especial en Barranquilla.

2 SHERWOOD, Robert. JUDICIAL PERFORMANCE. Its Economics Impact in Seven Countries. World Bank. 1996.

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Es de mostrar cómo en los últimos años nuestra ciudad ha visto reducida su competitividad

con respecto a otras ciudades colombianas por dejar de brindar, cada vez con mayor

magnitud, estas garantías a la propiedad privada y a la inversión, tal como lo demuestra el

Banco Mundial en términos de la facilidad de hacer negocios y en el cumplimiento de los

contratos, siendo superada por economías nacionales aún más pequeñas que la nuestra. (Ver

tabla No 1 y 2)

Tabla No 1

Tabla No 2

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En segunda instancia, el poder judicial tiene igualmente un rol de garantizar el

mantenimiento de las políticas macroeconómicas consideradas fundamentales para el

crecimiento. En efecto, la mayoría de los países incluye en su ordenamiento legislaciones

que buscan limitar la acción oportunista o discrecional de los gobiernos, generando de esta

manera mayor estabilidad del sistema vía institucionalidad.

Esto se realiza generalmente por medio de leyes que ponen límites a la discreción de los

funcionarios públicos, que establecen la forma y oportunidad para reformar o cambiar el

marco legal y que crean mecanismos institucionales independientes para su debida

aplicación el cual generalmente es el sistema de administración de justicia.

De esta manera, un poder judicial independiente forma parte de los dispositivos

institucionales a los cuales apelar a fin de garantizar el control de la discrecionalidad

administrativa o el cambio repentino e injustificado del ordenamiento jurídico en el que se

establecen los marcos legales o regulatorios de la política económica (LEVY y SPILLER,

1994) (BRUNETTI y WEDER, 1997).

Sin embargo, nuestro país y más precisamente Barranquilla se ha caracterizado por una

larga costumbre de realizar reformas cortoplacistas que se eliminan unas a otras en lapsos

de tiempo muy cortos sobre los términos en que se desarrollan las inversiones y en cuanto

al establecimiento de impuestos, lo cual reduce la estabilidad institucional para las

inversiones a largo plazo. Como ejemplo claro de este problema podemos afirmar que el

sector productivo asentado localmente ha tenido que lidiar con tres reformas tributarias

durante los últimos tres gobiernos, situación que obviamente genera desincentivos a la

inversión duradera existente y ahuyenta las nuevas iniciativas de inversión de los agentes

económicos.

Se precisa entonces un balance entre las certidumbres y rigideces de la estructura legal y la

flexibilidad en su debida administración, la cual es necesaria para afrontar los desafíos de

una realidad cambiante y de relaciones económicas cada vez más complejas. Este balance,

siguiendo el análisis aquí considerado, puede ser tarea de un poder judicial fuerte e

independiente, que podría encargarse de ampliar la flexibilidad de la política económica sin

que se pongan en cuestión los derechos de los actores privados nacionales o internacionales

(CASTELLAR, 1996).

Como puede verse, el sistema de justicia adquiere un importante rol en términos

especialmente económicos. Este papel, sin embargo, no puede sobrevalorarse ya que el

aporte del poder judicial depende o se corresponde con otras circunstancias igualmente

importantes y por lo general ajenas al mismo y es por ello, que existen diferencias en el

peso de la administración justicia en cuanto al crecimiento económico, según cada

economía según observamos arriba.

Así por ejemplo, en economías con inflaciones altas o inmanejables, los actores

económicos tienen incentivos para realizar transacciones de corto plazo

independientemente de que exista un sistema judicial eficaz e imparcial, tal como le

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sucedió a nuestro país a finales de los 80 y principios de los 90 cuando la inflación llegó a

niveles del 32%.

Gráfico No 1

Fuente: Cálculos de los autores.

Pero también es cierto que los regímenes que prestan débil apoyo a la inversión y al

cumplimiento de los acuerdos contractuales entre los privados rara vez estarán en

condiciones de suministrar condiciones propicias para el crecimiento económico sostenido,

razón por la cual, las industrias de alta tecnología, o aquellas que se benefician de

inversiones especializadas y duraderas en el tiempo –y que son las que más aportan al

desarrollo y al crecimiento económico-, huyen de los regímenes de gran inseguridad para la

inversión y la contratación hacia sistemas más seguros.

Es por esto que en los últimos años se ha evidenciado el interés de organismos

internacionales como la Organización de Estados Americanos, el Banco Mundial y el

Banco Interamericano de Desarrollo en la relación existente entre la justicia y el

crecimiento económico y la competitividad, lo cual ha generado un posicionamiento del

tema a nivel nacional y local debido a lo preocupante de los resultados que hemos obtenido,

pues por obvias razones las empresas –en la toma racional de decisiones- por lo general

buscan maximizar su utilidad y esto se refleja en dónde éstas realizan las inversiones a

largo plazo o con alto componente tecnológico, que son en fin, los lugares donde se genera

crecimiento económico.

Cuando las empresas están analizando los posibles países o ciudades en donde asentar su

inversión una de las razones que sopesan, entre otras, es el respeto y acatamiento eficaz de

las reglas de juego, las cuales deben ser garantizadas por la justicia, tal como es el caso de

la capacidad del sistema legal para poder garantizar el cumplimiento de los contratos o la

protección efectiva de la propiedad intelectual.

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Lo anterior igualmente se aplica para los agentes nacionales o extranjeros que quieren

invertir en Barranquilla puesto que si este interés en lo local no encuentra garantías para

establecerse o mantenerse puede comenzar a ver más allá de las fronteras, llevando a

acrecentar o consolidar el problema de fugas de capital o desaceleración de la inversión que

afecta a muchos países subdesarrollados.

Consideradas las anteriores relaciones es posible determinar las características básicas de

un sistema judicial para que pueda cumplir con sus funciones en términos del crecimiento y

desarrollo económico así como su implementación en nuestro sistema judicial:

Eficiencia y eficacia: el aparato de justicia debe contar con un uso adecuado de sus recursos

humanos y financieros que permita una justicia pronta y no excesivamente cara. En

realidad, de esta realización depende que se lleven a cabo efectivamente la protección de la

propiedad y el cumplimiento de los contratos.

En el caso de Barranquilla y a nivel nacional la eficiencia y la eficacia judicial se ven

afectadas por la evidente falta de juzgados -lo cual incluye jueces, empleados judiciales e

infraestructura- para poder estar a la par de la demanda de la sociedad por el servicio de

justicia, la cual ha sobrepasado a la oferta institucional en algunas jurisdicciones como la

civil y la penal, que por falta de recursos no han podido absorber en debida forma la gran

cantidad de procesos que llegan anualmente (ver gráfico No 1).

Independencia: la independencia interna y externa de los jueces y del poder judicial influye

de manera definitiva en la imparcialidad y en el apego efectivo a las leyes a la hora de su

aplicación. De la debida independencia depende el papel de la administración de justicia a

la hora de controlar los potenciales abusos administrativos, defender la aplicación debida de

los contratos con la administración y contribuir, según sus competencias, a la credibilidad

política y regulatoria.

Sin embargo, según el Consejo Nacional de Competitividad, la percepción de

independencia judicial en Colombia se ha reducido en los últimos años y Dejusticia

advierte que en Colombia “se ha ejercido una influencia indebida en el poder judicial

porque se han promovido una serie de reformas que redundan en la disminución del poder

de control político por parte del poder judicial, y porque se ha pretendido influir el curso

de acción futuro de las corporaciones judiciales”3.

Accesibilidad: la planeación y organización del servicio de justicia debe superar los varios

obstáculos de costos, pertenencia social, idioma, distancia, etc., que impiden un acceso fácil

y ampliado al sistema judicial y de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos

que le están adjuntos. De las posibilidades de acceso depende que cualquier agente

económico, pequeño o grande, cuente con las ventajas que le puede ofrecer un sistema de

justicia a la hora de proteger sus derechos de propiedad o garantizar el cumplimiento de los

contratos (SHERWOOD, 1994).

3 REVELO Rebolledo, Javier. La Independencia Judicial en Tiempos de Uribe. Dejustcia. Bogotá 2008.

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Predictibilidad y Confiabilidad: la primera característica hace referencia a la existencia y

uso de las fórmulas legales que permiten el tratamiento igual de los casos iguales y la

creación de precedentes jurisprudenciales que establezcan referentes para la decisión de los

casos similares. Una situación como esta facilita la planeación de los actores privados dado

que su existencia posibilita el cálculo racional de las decisiones o de los controles frente a

la administración.

En nuestro sistema, la predictibilidad muchas veces no se cumple aún cuando las altas

cortes han realizado grandes esfuerzos en unificar la jurisprudencia, pues al definirse

constitucionalmente que en Colombia los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley,

no está definido de manera formal un sistema de precedentes vinculante capaz de evitar que

los jueces fallen en contravía de la jurisprudencia de sus superiores jerárquicos, sumado al

hecho de la sobre regulación de aspectos singulares.

Por su parte, la confianza en el sistema de justicia es en buena parte producto de las

anteriores características, pero es igualmente fundamental para considerar el papel de la

administración de justicia en el crecimiento. Si aquél no cuenta con niveles mínimos de

confianza y respeto y estos no se ven fortalecidos en el tiempo, su rol estará muy diezmado

y en la práctica este papel puede ser asumido por instancias privadas, no siempre actuando

dentro del Estado de Derecho. Según análisis realizados por algunos profesionales del

derecho en Colombia existe un “muy bajo grado de confianza en la justicia”4, lo que

obviamente impacta de manera negativa en la competitividad pues ello demuestra que los

actores no ven de manera amistosa al sistema judicial.

Ahora bien, el desarrollo de las características enunciadas está asociado en buena parte a la

existencia de un ordenamiento jurídico que establezca y desarrolle instrumentos legales y

regulatorios claros, públicos y detallados donde se reconozca la propiedad, se enmarque la

acción de la administración, se estructure cómo y de qué forma se pueden cambiar o regular

las leyes y se enmarque el ejercicio de libertad contractual privada y con el Estado.

Sin un ordenamiento jurídico adecuado en contenido y en técnica, el papel del sistema de

justicia se relativiza y finalmente se complejiza al tener que llenar los vacíos o

incongruencias de sistemas legales exorbitantes y redundantes o pobremente construidos

como en el caso colombiano. Ejemplo de esto es la demasiado abundante legislación sobre

estos temas y el alto nivel de modificación de las normas que los regulan, por lo que urgen

medidas que racionalicen la legislación y potencien las capacidades de la administración de

justicia.

4 MARTÍNEZ NEIRA, Néstor Humberto, «La Justicia en Colombia», en Jornadas Venezolanas de Derecho Público, Bogotá,

Universidad Extemado de Colombia, 1996, p. 465

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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MESSICK, R., Judicial Reform and Economic Development: A Survey Issues, The World

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SHERWOOD, Robert. JUDICIAL PERFORMANCE. Its Economics Impact in Seven

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