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INSEGURIDAD MORTAL

ATAQUES CONTRA PERSONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN SOMALIA

Índice AI: AFR 52/016/2008 Amnistía Internacional, octubre de 2008

INSEGURIDAD MORTAL ATAQUES CONTRA PERSONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN SOMALIA

Una creciente oleada de ataques contra personal de organizaciones de ayuda humanitaria, activistas por la paz y defensores y defensoras de los derechos humanos se ha extendido por las zonas central y meridional de Somalia. Entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2008 murieron al menos 40 defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros del personal de organizaciones humanitarias. La violencia selectiva ha obligado a muchas organizaciones humanitarias y de la sociedad civil a suspender programas y retirar a su personal, pese a que se encuentran en medio de una situación de emergencia humanitaria. Como consecuencia, la situación de la población de las zonas central y meridional de Somalia ha empeorado aún más. Quienes atacan a personal de ayuda humanitaria y miembros de la sociedad civil –ya sean grupos armados de oposición, milicias del Gobierno Federal de Transición o bandas de delincuentes– deben rendir cuentas. El Gobierno Federal de Transición y las fuerzas etíopes que le prestan apoyo deben hacer frente a la crisis. La comunidad internacional también debe tomas medidas más efectivas y coordinadas, ya que las fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz son en gran medida ineficaces, y las agendas de los países poderosos son diversas y contradictorias. Amnistía Internacional pide que se refuerce el embargo de armas a Somalia, que los países limítrofes abran sus fronteras a las personas somalíes que solicitan asilo, y que todos los miembros de la comunidad internacional ofrezcan apoyo y refugio a los miembros de la sociedad civil somalí que se ven obligados a huir de su país. Sobre todo, la comunidad internacional debe presionar constantemente y pedir que se produzcan cambios reales, a fin de proteger a la población civil y garantizar el respeto de los derechos humanos.

Foto portada: Personas somalíes desplazadas se reúnen para la distribución de alimentos © Particular

Amnesty International International Secretariat Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X 0DW www.amnesty.org Índice AI: AFR 52/016/2008 Octubre 2008

http://www.amnesty.org/

Índice

Introducción ................................................................................................................................. 2

Contexto ...................................................................................................................................... 3

Ninguna persona está segura ......................................................................................................... 5

Organizaciones de derechos de las mujeres ...................................................................................... 9

Secuestros ................................................................................................................................. 10

Amenazas .................................................................................................................................. 10

¿Quién es responsable? ............................................................................................................... 12

Motivos de los ataques ................................................................................................................ 13

Mayor sufrimiento ....................................................................................................................... 15

Derecho internacional humanitario ............................................................................................... 16

Recomendaciones ....................................................................................................................... 18


Si hasta un hombre bajo puede ver el cielo, ¿cuándo verá la comunidad internacional lo que está ocurriendo en Somalia? Defensor somalí de los derechos humanos exiliado

Introducción Una creciente oleada de ataques contra personal de organizaciones de ayuda humanitaria, activistas por la paz y defensores y defensoras de los derechos humanos se ha extendido por las zonas central y meridional de Somalia. Sólo entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2008 murieron al menos 40 defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros del personal de organizaciones humanitarias. Amnistía Internacional ha investigado 46 casos en los que, según informes, personal de ayuda humanitaria y miembros de organizaciones de la sociedad civil somalí han sido víctimas de homicidio en 2008. Algunas de esas personas murieron durante robos o secuestros que acabaron trágicamente, y en al menos tres casos las víctimas no eran el objetivo de los actos violentos. Sin embargo, la mayoría fueron víctimas de homicidios selectivos. Los datos que contiene este informe se han obtenido de diversas fuentes confidenciales; algunas organizaciones de ayuda humanitaria no pudieron hablar de los ataques con Amnistía Internacional por temor a sufrirlos de nuevo. Debido a estos ataques, algunas organizaciones de ayuda humanitaria y de la sociedad civil se han visto obligadas a suspender programas y retirar a su personal, pese a hallarse en medio de una situación de emergencia humanitaria. A lo largo de este año, muchos defensores y defensoras de los derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil que trabajaban en Mogadiscio se han visto obligados a huir de Somalia por primera vez desde el fin del gobierno de Siad Barre, en 1991. Un defensor de los derechos humanos manifestó a Amnistía Internacional: “Ésta es la primera vez que me he visto obligado a huir de Mogadiscio. Allí viví todos los enfrentamientos anteriores que se produjeron desde la caída del régimen de Siad Barre, y sólo salía del país para asistir a congresos. Ahora he tenido que huir para ponerme a salvo”. Para la mayor parte de la población de las zonas central y meridional de Somalia, la consecuencia de esta violencia contra personal de ayuda humanitaria y miembros de la sociedad civil somalí ha sido un empeoramiento de la situación humanitaria y de los derechos humanos. Las restricciones que sufren los organismos de ayuda humanitaria a la hora de ofrecer sus servicios de emergencia –alimentos, refugio y servicios médicos fundamentales– constituyen uno de los principales factores que contribuyen a la malnutrición y las muertes por inanición o por enfermedades evitables que se han producido de forma generalizada en toda la zona. Un trabajador de ayuda humanitaria afirmó: “No podemos iniciar nuevos programas porque nuestro personal no puede acceder a la zona. En Mogadiscio la malnutrición es grave, pero no podemos actuar con la suficiente rapidez, tenemos que trabajar a distancia, y la calidad se resiente”. Quienes ordenan y llevan a cabo los ataques contra personal de ayuda humanitaria y miembros de la sociedad civil son responsables en parte de la creación de esta crisis humanitaria. Ya sean grupos armados de oposición, milicias del Gobierno Federal de Transición (GFT) o bandas de delincuentes, todos deben rendir cuentas. El GFT y las fuerzas etíopes que le prestan apoyo deben actuar de inmediato para poner fin a la inseguridad que conduce a la crisis humanitaria y de derechos humanos. En caso contrario, ambos

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gobiernos corren peligro de incumplir sus respectivas obligaciones con arreglo al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos: proteger a la población civil somalí frente a los abusos y las violaciones y llevar ante los tribunales a quienes los cometan. Según el derecho internacional humanitario, los grupos armados de oposición también tienen la obligación de no atacar a civiles y de evitar que el personal de ayuda humanitaria y otros miembros de la sociedad civil se conviertan en objetivos indirectos. El aumento de los ataques contra trabajadores de ayuda humanitaria y de la sociedad civil también da fe de los errores de la comunidad internacional en Somalia. Los intentos llevados a cabo por organismos de la ONU y gobiernos donantes para reforzar el Estado apenas han dado fruto; las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) aún no están totalmente desplegadas, y su mandato es demasiado limitado e inadecuado para la situación, por lo que su actuación es en gran medida ineficaz. Las agendas de la comunidad internacional son muy diversas y a menudo contradictorias: algunas naciones dan prioridad a actuar con respecto a personas y grupos a quienes consideran relacionados con el terrorismo internacional; otras trabajan para desarrollar la capacidad del GFT; y otras se centran en apoyar los procesos de paz y reconciliación entre las partes en conflicto. Estas agendas se han complicado aún más por la actuación de los gobiernos de Somalia, motivada por sus propias preocupaciones con respecto a la seguridad y con la aprobación tácita de la comunidad internacional, y por la del gobierno de Eritrea, que intenta librar una guerra “por delegación” en Somalia y mantener a sus rivales etíopes enredados en una obstinada insurgencia. Para que el personal de ayuda humanitaria y la sociedad civil somalí puedan volver a trabajar de modo seguro en el país, la comunidad internacional debe comenzar a dar prioridad a las necesidades de la población de Somalia. El GFT, los grupos armados de oposición y el gobierno de Etiopía no sufren una presión internacional sistemática que garantice que sus fuerzas armadas dejan de cometer abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario. Es preciso que los miembros de la comunidad internacional con influencia en Somalia adopten una postura unánime para pedir la protección de la población civil y el respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. La comunidad internacional debe dar carácter prioritario a las crisis humanitaria y de derechos humanos del centro y el sur de Somalia, que están interrelacionadas. Hasta la fecha, ni el Consejo de Seguridad ni países donantes u organismos de la ONU o multilaterales han tomado medidas efectivas para poner fin a los abusos masivos contra los derechos humanos y a la impunidad por esos abusos, ni tampoco han garantizado que se ofrece ayuda y protección a la población civil vulnerable de las zonas central y meridional de Somalia. Debe prestarse el mismo grado de atención a la rendición de cuentas y al acceso de los organismos de ayuda humanitaria que a las preocupaciones en materia de seguridad regional.

Hombres de la región central de Somalia que

perdieron todo su ganado durante la sequía de 2007.

© Particular

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Contexto Los recientes ataques sufridos por personal de ayuda humanitaria y miembros de la sociedad civil somalí se han producido con el telón de fondo de un conflicto persistente y un empeoramiento de la situación de emergencia humanitaria existente en Somalia. Desde el derrocamiento del ex presidente Mohamed Siad Barre en 1991, la situación de la seguridad en las zonas central y meridional de Somalia se ha caracterizado por un conflicto basado en rivalidades entre clanes, competencia por los escasos recursos y actividades delictivas. En 2004, la conferencia de reconciliación nacional celebrada con motivo del decimocuarto intento de crear un gobierno nacional somalí dio lugar a la creación de instituciones federales de transición, como el Gobierno Federal de Transición encabezado por el presidente Abdillahi Yusuf. En los últimos días de 2006, Etiopía realizó una intervención militar en Somalia para ayudar a las fuerzas del GFT a expulsar a la Unión de Tribunales Islámicos de Mogadiscio y las regiones colindantes, en donde habían mantenido un control efectivo desde junio de 2006. En respuesta, miembros de las milicias de la Unión de Tribunales Islámicos que no habían sido expulsados y oros grupos armados opuestos al GFT lanzaron operaciones de insurgencia contra el gobierno de transición somalí y sus aliados etíopes. En febrero de 2007, tras un comunicado del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la resolución 1744, que autorizaba el despliegue de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Unión Africana, la AMISOM. Sin embargo, el despliegue de estas tropas se ha producido con retraso y de forma parcial, dado que en un principio sólo se enviaron tropas ugandesas, a las que posteriormente se unieron las procedentes de Burundi. Desde el último informe de Amnistía Internacional (Somalia: La población civil, blanco habitual de ataques, Índice AI: AFR 52/006/2008), publicado en mayo de 2008, las fuerzas del GFT y las tropas etíopes que las apoyan han perdido el control de zonas cada vez mayores del centro y el sur de Somalia. Por ejemplo, grupos de oposición armados de la milicia Al Shabab (Juventud) han tomado la localidad de Beletweyne y la ciudad portuaria de Kismayo, importante desde el punto de vista estratégico y económico. Las milicias Al Shabab también han atacado reiteradamente la ciudad de Baidoa, sede del Parlamento Federal de Transición. Además, a comienzos de 2008, fuerzas somalíes que habían recibido formación de las fuerzas armadas etíopes y que, según informes, estaban bajo su control, fueron desplegadas por toda la zona central y meridional de Somalia, aunque, según la información de que dispone Amnistía Internacional, apenas han logrado éxitos militares y su índice de deserciones es elevado. La pérdida de control por parte de las fuerzas del GFT y de las tropas etíopes en Somalia se debe en parte a la campaña coordinada de homicidios llevada a cabo por grupos armados de oposición y dirigida contra partidarios y representantes civiles del GFT. La capacidad del GFT de proteger a sus representantes de escalas inferiores frente a los homicidios selectivos ilegítimos ha disminuido, incluso en Mogadiscio y Baidoa; el GFT se ha mostrado igualmente incapaz de crear un entorno seguro para el personal de ayuda humanitaria y la población civil somalí. De hecho, algunos de los ataques contra personal de ayuda humanitaria y defensores y defensoras de los derechos humanos han sido obra de policía y milicias del GFT, aunque los grupos armados de oposición siguen constituyendo la principal amenaza. Desde el acuerdo de paz auspiciado por la ONU al que se llegó en Yibuti en junio y que fue firmado en agosto de 2008, la posición de las partes en conflicto en Somalia ha cambiado. La Alianza para la Nueva


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Liberación de Somalia, formada en parte por dirigentes de la ex Unión de Tribunales Islámicos, se dividió en grupos que actuaban desde Yibuti y Eritrea. Esta división se ha reflejado en las rupturas de las frágiles alianzas existentes entre los grupos armados de oposición de Somalia, que hasta entonces habían permanecido en gran parte unidos por su oposición militar activa a las fuerzas del GFT y las tropas etíopes. Esto ha llevado a recientes conflictos armados entre grupos armados de oposición que apoyan a la Alianza para la Nueva Liberación de Somalia de Yibuti y otros grupos armados, como las milicias Al Shabab, que han expresado una firme oposición a las conversaciones de paz. Las conversaciones de paz también han desembocado en una mayor desunión en el seno del GFT, entre el grupo encabezado por el presidente Abdullahi Yusuf, opuesto a toda negociación de paz, y otro grupo que apoya las iniciativas del primer ministro Nur Hassan Hussein. Los recientes desacuerdos entre estas dos personas y sus partidarios se han visto agravados por el conflicto causado por la destitución, por parte del primer ministro, del alcalde de Mogadiscio y gobernador regional de Banadir, Mohamed Omar Habab (más conocido como Mohamed Dheere)

Crisis humanitaria La situación humanitaria en Somalia ha continuado empeorando, Informes recientes de la ONU afirman que 3,25 millones de somalíes, el 43 por ciento de la población, necesitarán ayuda alimentaria hasta finales de 2008. En las zonas urbanas, la escasez de alimentos es cada vez mayor. En la actualidad, Somalia sufre la peor sequía que ha padecido la región desde comienzos de la década de 1990, con cuatro estaciones lluviosas consecutivas sin precipitaciones. Esta sequía se suma al rápido aumento del precio local de los alimentos, a la velocidad con que se devalúa el chelín somalí y al incremento global del precio de los alimentos. La situación humanitaria se ha visto agravada por el conflicto armado: en la actualidad hay más de 1,1 millones de somalíes desplazados, de los que 870.000 han quedado desplazados por los enfrentamientos desde comienzos de 2007. (Cifras de la Dependencia de Evaluación de la Seguridad Alimentaria, análisis posterior a la estación de lluvias gu, 22 de agosto de 2008). Es en esta situación desesperada en la que personal de ayuda humanitaria, defensores y defensoras de los derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil son objeto de un número creciente de ataques. En este documento, la expresión “sociedad civil somalí” engloba a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas por la paz y proveedores de servicios comunitarios y de ayuda humanitaria. Muchas personas y organizaciones somalíes participan en actividades que corresponden a varias de estas categorías.

Un soldado de las fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz (AMISOM) patrulla en mayo de 2007. © Particular



Ninguna persona está segura Resulta intolerable e incomprensible que trabajadores de ayuda humanitaria, que luchan para salvar vidas y aliviar el sufrimiento humano en uno de los entornos más duros del mundo, se conviertan en objetivos y mueran.

Declaración pública de Mark Bowden, coordinador de asistencia humanitaria de la ONU para Somalia

Los ataques contra personal de ayuda humanitaria, defensores y defensoras de los derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil somalí se intensificaron en 2008, especialmente durante junio y julio. Aunque estos ataques no son generalizados ni constantes, está claro que el personal de ayuda humanitaria ya no goza de la protección limitada que tenía anteriormente, basada en su condición de proveedores imparciales de alimentos y servicios de emergencia a la comunidad o como defensores de la paz y los derechos humanos. En 2008, estos ataques se han convertido en uno de los rasgos definitorios del conflicto en Somalia, y el aumento significativo de los ataques contra este grupo recuerda a un aumento similar de ataques contra periodistas que se produjo en 2007, tal y como se documenta en el informe de Amnistía Internacional Somalia. Journalists under attack (marzo de 2008, Índice AI: AFR 52/001/2008). Amnistía Internacional ha investigado numerosos casos de ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos y ha recopilado la siguiente lista de personas que han muerto mientras llevaban a cabo su trabajo en Somalia. La información que aparece en esta lista y en el informe se ha obtenido de diversas fuentes confidenciales, mediante, por ejemplo, numerosas reuniones con miembros de la sociedad civil somalí y organizaciones de ayuda humanitaria que se celebraron en julio, agosto y septiembre de 2008. Algunos casos no aparecen en esta lista por temor a que su inclusión pueda propiciar nuevos ataques:

Mohamoud Ahmed, guarda de la organización Daryeel Bulsho Guud (DBG), murió el 2 de enero de 2008 cuando 40 hombres fuertemente armados irrumpieron en las instalaciones de la organización en Mogadiscio y saquearon sus oficinas.

El 7 de enero de 2008, Isse Abdulkadir Haji, empleado de la Fundación Zam Zam, murió abatido

por disparos realizados por desconocidos en el distrito Yaaqshiid de Mogadiscio.

Victor Okumu, cirujano keniano, Damien Lehalle, logista francés, y Billan, conductor, todos ellos pertenecientes a la delegación de Médicos sin Fronteras (MSF) en los Países Bajos, murieron el 28 de enero de 2008 cuando su vehículo fue alcanzado por una bomba colocada al borde de una carretera de Kismayo. El periodista somalí Hassan Kafi Hared, que pasaba por allí, también murió.

El 13 de febrero de 2008, el responsable de un convoy contratado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) murió abatido por disparos realizados en un control de carretera ilegal en Bu'ale, en el sur de Somalia.

Niños somalíes jugando a la guerra, Mogadiscio, agosto de 2008 © Particular


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El 12 de marzo de 2008, un empleado de MSF España murió cuando un vehículo de esa organización fue atacado en la carretera entre Balcad y Mogadiscio. Varios hombres armados abrieron fuego contra el automóvil de MSF y otros vehículos, incluido el del comisario de distrito del GFT en Balcad, que probablemente era el objetivo del ataque.

El 18 de marzo de 2008, un conductor que trabajaba para la oficina de seguridad de las ONG murió abatido por disparos en Galkayo; su vehículo fue robado.

El 23 de marzo de 2008, un jardinero de la clínica de Aldeas Infantiles SOS murió durante los combates que se produjeron cerca de la clínica. Tras los enfrentamientos, tropas etíopes ocuparon durante varios días el hospital, que acababa de abrir de nuevo sus puertas después de permanecer cerrado durante tres meses debido a la situación de inseguridad.

Dos británicos, Daud Hassan Ali y Rehana Ahmed, y dos kenianos, Gilford Koech y Andrew Kibet,

todos ellos profesores del colegio británico del Proyecto Educativo de la comunidad de Hiran, murieron el 14 de abril de 2008 durante un ataque perpetrado por milicias Al Shabab contra Beledweyne.

El 7 de mayo de 2008, un conductor contratado por el Programa Mundial de Alimentos murió abatido por disparos cuando un convoy de 12 camiones que transportaban alimentos del PMA fue detenido en un control de carretera 30 kilómetros al norte de Galkayo.

El 17 de mayo, unos hombres armados enmascarados mataron a Ahmed Moalim Bario, director de la organización somalí de ayuda humanitaria Horn Relief, cuando llegaba a su casa en Kismayo.

Mohammed Abdulle Mahdi, presidente de la Asociación para el Cuidado de Mujeres y Menores en

Beletweyne y miembro de la junta directiva de la Red de Agentes no Estatales del sur de la zona central, murió el 11 de junio de 2008 cuando unos hombres armados abrieron fuego contra su automóvil mientras viajaba hacia Mogadiscio. El conductor también murió.

El 12 de junio de 2008, Hassan Abdi, conductor contratado por el PMA, murió cerca de la localidad de Leego cuando transportaba ayuda alimentaria desde Mogadiscio hasta las regiones de Bay y Bakool.

El 7 de junio de 2008, Nasteh Dahir Farah, periodista de la BBC y vicepresidente del Sindicato Nacional de Periodistas Somalíes, murió abatido por disparos en Kismayo.

El 22 de junio de 2008, hombres armados no identificados mataron en Beledweyne a Mohamed Hassan Kulmiye, activista por la paz del Centro para la Investigación y el Desarrollo. Murió en el lugar de los hechos tras recibir varios disparos en la cabeza.

Siyaad Mohamed Owroow, presidente de la organización de ayuda humanitaria ASAL, murió el 30 de junio de 2008 cerca del mercado de Bakara, en Mogadiscio.



El 2 de julio de 2008, Abdikarin Sheikh Ibrahim, presidente del Comité de Ayuda a Huérfanos Somalíes, murió abatido por los disparos realizados por unos hombres armados cuando se dirigía a su casa desde el mercado de Bakara.

Osman Ali Ahmed, jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Somalia, murió el 6 de julio de 2008. Le dispararon cuando salía de una mezquita de Mogadiscio tras la oración de la tarde, y murió de camino al hospital. Su hermano también resultó gravemente herido a causa de los disparos.

El 7 de julio de 2008, Ahmed Saalim, conductor contratado por el PMA, murió a causa de los disparos recibidos al producirse un enfrentamiento entre escoltas del convoy y agentes de policía en un control de carretera en la región de Bajo Shabelle.

Ali Jama Bihi, activista por la paz y mediador entre las milicias de los clanes Darod y Hawiye, murió el 9 de julio de 2008. Dos hombres armados le dispararon, causándole la muerte, cuando salía de la oración del amanecer en Galkayo.

Mohamed Muhamoud Qeyre, subdirector de la organización DBG, murió el 11 de julio de 2008. Dos hombres armados le dispararon tres veces en la cabeza y el costado cuando repartía ayuda a personas desplazadas somalíes en el corredor de Afgooye.

El 11 de julio de 2008, Mohamud Ahmed Roble, trabajador de una organización local de ayuda humanitaria, murió en la localidad de Galharei, en Somalia central. Dos hombres le dispararon cuatro veces cuando salía de su casa.

El 11 de julio de 2008, Ali Bashi Alore, presidente de la Agencia Somalí de Rehabilitación y

Desarrollo (SORDA), organización benéfica con sede en Mogadiscio, recibió varios disparos cuando repartía alimentos a desplazados internos en el campo de Taredishe, 13 kilómetros al sur de Mogadiscio. Fue trasladado a un hospital de Yibuti, en donde murió.

El 13 de julio de 2008, un contratista del PMA murió en un almacén de alimentos de Bu'ale, en el

sur de Somalia, tras enfrentarse a las autoridades locales que impedían que los camiones abandonasen el almacén a menos que pagase 30 dólares estadounidenses por cada uno de ellos.

Safhan Moalim Muktar, director ejecutivo de la Organización de Jóvenes Somalíes del Sur, murió el

14 de julio en Baidoa. Su vehículo fue robado.

El 18 de julio de 2008, unos jóvenes armados dispararon contra tres ancianos que colaboraban en el reparto de alimentos en un campo de desplazados internos a las afueras de Mogadiscio. Uno de los ancianos murió en el acto y los otros dos en el hospital.

El 6 de agosto de 2008, unos hombres armadas mataron a Abdulkadir Yusuf Kariye, director del Centro para Huérfanos de Lafole (véase el recuadro infra).


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El 12 de agosto de 2008, Adan Quresh, miembro del personal local de World Vision International, murió a causa de los disparos recibidos cuando pasaba por una zona de la localidad de Wajid, en el sur de Somalia, en la que se produjo un enfrentamiento entre grupos armados.

El 15 de agosto de 2008, Abdulkadir Diad Mohamed, responsable adjunto de asuntos económicos

del PMA, y su chófer personal, Mohamed (que no era empleado del PMA), murieron en Dinsur, en el sur de Somalia. En un primer momento, Abdulkadir fue detenido por miembros de un grupo armado de oposición y murió por los disparos recibidos cuando intentaba escapar. Tras disparar contra Abdulkadir hicieron lo mismo con su chófer, que también murió; una tercera persona que se encontraba con ellos pudo huir.

Muerto por protestar contra los ataques a personal de ayuda humanitaria El 6 de agosto de 2008, Abdulkadir Yusuf Kariye (más conocido como Kariye), director del Centro para Huérfanos de Lafole, en Afgooye, se encontraba en su casa cuando unos hombres no identificados le dispararon seis veces. Fue trasladado rápidamente al hospital, pero murió poco después. Kariye llevaba dirigiendo el orfanato desde 1991; antes de su muerte había participado en la organización de protestas por los ataques contra personal de ayuda humanitaria, como el sufrido por tres ancianos de un clan que el 18 de julio de 2008 murieron abatidos por disparos realizados por un grupo de cinco hombres armados. Los ancianos habían participado en el reparto de ayuda humanitaria de emergencia a desplazados internos en la zona de Afgooye. En el orfanato de Lafole, Kariye había ofrecido ayuda a cientos de desplazados internos y a más de 300 huérfanos. Inmediatamente después de su muerte, otros trabajadores de ayuda humanitaria de la zona recibieron amenazas de muerte en las que se les advertía que no continuasen con las protestas.

Niños y niñas somalíes de familias huidas de Mogadiscio protestan por el homicidio de unos trabajadores de ayuda humanitaria, julio de 2008. © Particular



Organizaciones de derechos de las mujeres Durante el conflicto más reciente en Somalia se han producido violaciones generalizadas de los derechos de las mujeres, y miembros de diversos grupos armados, incluidas las fuerzas del GFT y el ejército etíope, han cometido violaciones y agresiones sexuales. (Para más información, véase el informe de Amnistía Internacional Somalia: La población civil, blanco habitual de ataques, Índice AI: AFR 052/006/2008.) Ha habido pocos homicidios de miembros de la sociedad civil dirigidos contra mujeres. Sin embargo, aunque el número ha sido escaso, estos homicidios selectivos de mujeres son significativos: indican que las antiguas normas de la cultura somalí, que tradicionalmente impedían el homicidio selectivo de mujeres en los conflictos, se han debilitado aún más, tal y como demostró el homicidio de Medina Mahamoud Elman, entre otros.

El homicidio de Medina Mahamoud Elman Medina Mahamoud Elman murió el 15 de noviembre de 2007. Era dirigente de Pioneras de la Paz y la Vida (HINNA), organización de derechos de las mujeres con sede en Mogadiscio. HINNA, creada en 2001, se ocupaba de abrir bloqueos de carreteras obra de las milicias, desmovilizar a miembros de las milicias y contratarlos como personal del hospital materno infantil que se inauguró en 2003. Medina fue abatida por disparos cuando repartía ayuda alimentaria en el campo para desplazados internos de Elasha, a las afueras de Mogadiscio. Murió antes de que pudieran trasladarla a un hospital en el extranjero. Otra activista de derechos de las mujeres manifestó a Amnistía Internacional: “Antes de que la mataran había recibido amenazas telefónicas en las que le decían: ‘Debes dejar de hablar de la paz y quedarte en casa’. Ella no tenía miedo y continuó con su trabajo a pesar de estas amenazas”. Las activistas de los derechos de las mujeres han sufrido un número creciente de amenazas en 2008, principalmente por parte de grupos armados de oposición islámicos. Una de ellas afirmó: “Al Shabab nos amenaza, diciendo: ‘¿Por qué engañan a las mujeres con derechos falsos? ¿Por qué animan a las mujeres a salir de sus casas?’”. Otra activista de los derechos de las mujeres contó a Amnistía Internacional las amenazas que le habían transmitido a través de su familia: “Una persona de Al Shabab le dijo a dos de mis familiares: ‘¿Por qué

Una mujer ciega sostiene en brazos a su nieta en el campo de desplazados internos de Elasha en abril de 2008. La mujer tuvo que huir de Baidoa en 1998 y de Mogadiscio en 2007. © Particular


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está su familiar asesorando a víctimas de la violencia?’ Les dijo: ‘Debe permanecer al margen’. Así que dejé de ir al lugar en donde desempeñaba mi trabajo ayudando a niños. Cuando era muy necesario, me tapaba la cara, como un ninja, e iba allí. Pero cuando estaba en la zona de terapia se veía que había alguien en ella, y la gente sabía que era yo, aunque llevase la cara tapada. Así que tuve que dejarlo”. Las organizaciones de derechos de las mujeres también han sufrido amenazas al organizar eventos. “Estábamos organizando un acto para el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer). Distribuyeron folletos que decían: ‘Dejen de preparar el 8 de marzo o las mataremos’. Después recibí una llamada telefónica en la que me dijeron: ‘Te vamos a matar’. Nosotras creemos que algún día hay que morir, así que continuamos trabajando. Celebramos el acto y criticamos las amenazas contra las organizaciones de mujeres.”

Secuestros Desde comienzos de 2008, al menos 23 representantes de la ONU, personas que realizaban tareas de ayuda humanitaria y miembros de la sociedad civil somalí han sido secuestrados. Hasta el 10 de septiembre de 2008, al menos 12 de esas personas aún permanecían cautivas. Algunas de las personas secuestradas fueron liberadas con relativa rapidez, pero, según informes, otras tuvieron que esperar al pago de considerables sumas de dinero, especialmente en los casos de ciudadanos europeos. En 2008, los secuestros se extendieron por toda Somalia. En 2007 se recibieron informes de casos aislados, pero en 2008 en las zonas central y meridional de Somalia y en Puntlandia se produjeron secuestros e intentos de secuestro en los que, según los informes, participaron diversos grupos armados. Organizaciones que investigan el secuestro de miembros de su personal también han informado de que en ocasiones las personas secuestradas han sido vendidas o transferidas entre grupos armados y trasladadas a una gran distancia. Muchas organizaciones de ayuda humanitaria han respondido a los secuestros suspendiendo temporalmente el envío de personal internacional a Somalia, retirando al que ya estaba allí o restringiendo estrictamente su circulación dentro del país. Esto ha hecho que las organizaciones de ayuda humanitaria dependan en gran medida del personal somalí, que también se ha convertido en objeto de crecientes amenazas.

Amenazas Desde el ataque de Estados Unidos contra Dhusamareb, el 1 de mayo de 2008, y la firma del acuerdo de paz de Yibuti en junio de este mismo año, la seguridad de los defensores y defensoras de los derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil somalí ha empeorado considerablemente. Además de los homicidios citados anteriormente, miembros de la sociedad civil reciben amenazas habitualmente, tanto de personas no identificadas como de otras que afirman ser miembros de grupos armados de oposición. En

Miembros de la milicia Al Shabab en Mogadiscio antes de un ataque contra el palacio presidencial, mayo de 2008. © Particular



algunos casos, a los miembros de la sociedad civil les resulta imposible determinar quién es exactamente la persona que les está amenazando. Una persona dedicada a la defensa de los derechos humanos manifestó a Amnistía Internacional: “Con estas amenazas anónimas soy como una persona que lucha contra un genio. Si supiera de quién se trata no tendría que irme, porque podría solucionarlo”. Otra afirmó: “Al principio pensé que las amenazas eran simplemente obra de personas que intentaban echarme del trabajo para poder pedir mi puesto. Pero después mis familiares me dijeron que se trababa de Al Shabab, así que tuve que pasar inadvertido, porque cuando Al Shabab amenaza lo hace de verdad”. Un destacado activista somalí de los derechos humanos contó a Amnistía Internacional: “Recibía amenazas telefónicas en las que me decían que dejase de hacer lo que hacía contra el islam. Si alguna vez te hace una advertencia uno de estos grupos, significa que te van a matar”. Las amenazas se han transmitido de diversas formas. Mientras que en 2007 la mayor parte se hacían llegar por vía telefónica o se transmitían de boca en boca, últimamente se han utilizado otros métodos, como folletos. Un folleto distribuido en Mogadiscio este año amenazaba a la Coalición de Organizaciones Populares de Mujeres (COGWO), MSF Holanda, el PNUD y las organizaciones somalíes de ayuda humanitaria Saacid y DBG. Poco después de la distribución de este folleto moría Mohamed Muhamoud Qeyre, subdirector de DBG. El 14 de julio, un hombre que se identificó como Sheik Mohamud también utilizó la emisora de radio Voice of Peace de Mogadiscio para amenazar a las organizaciones defensoras de la paz y los derechos humanos y al personal de ayuda humanitaria, afirmando: “O dejan de trabajar o morirán, porque están arruinando la comunidad al hablar de derechos falsos. En el islam, los derechos humanos están muy claros”. Testigos presenciales han contado a Amnistía Internacional que, el 8 de agosto de 2008, un predicador de la mezquita de Abuhurada, en el mercado de Bakara, afirmó: “Los gobiernos occidentales rechazaron a todas las ONG islámicas, así que nosotros tenemos que rechazar a todas las ONG occidentales y de la ONU y a las ONG locales que tienen relaciones con los occidentales”. Organizaciones de ayuda humanitaria también han informado a Amnistía Internacional de que en los últimos meses han circulado por Mogadiscio listas negras. Aunque la autenticidad de estas listas es a menudo sospechosa, en la situación de inseguridad que se vive en Somalia deben investigarse hasta las amenazas que pueden ser infundadas, pero que, como medida de precaución, han llevado a la retirada temporal de personal.


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¿Quién es responsable?

En el pasado, después de unas cuantas semanas, por lo general sabías quién era responsable de un ataque y las cosas podían aclararse. Ahora nadie está seguro de quiénes son los asesinos.

Defensor somalí de los derechos humanos Todas las partes en el conflicto de Somalia han matado a miembros del personal de ayuda humanitaria y de la sociedad civil. En la mayoría de los casos, estas personas fueron víctimas de ataques deliberados y selectivos, aunque al parecer en ocasiones se produjeron errores de identidad. En algunos casos las víctimas se encontraban en el lugar y momento equivocados. La identidad y afiliación de los responsables de los homicidios está cada vez menos clara. Muchas organizaciones y numerosos miembros destacados de la sociedad civil somalí han manifestado a Amnistía Internacional que esta confusión ha agravado aún más la inseguridad que sienten. Los homicidios más recientes han sido obra de uno o varios hombres armados. En la mayor parte de los casos, los informes describían a los autores como hombres jóvenes de entre 15 y 25 años de edad. De las 46 muertes investigadas por Amnistía Internacional, sólo en unos pocos casos se conocía el nombre de las personas presuntamente responsables. En muchos casos no está claro a qué grupos armados pertenecen los atacantes, y surgen diversas teorías sobre quién está tras el ataque. En algunos de los casos investigados por Amnistía Internacional, varios testigos o personas que investigaron los homicidios insistieron en que los atacantes eran fuerzas armadas de oposición, mientras que otros afirmaban que se trataba de fuerzas del GFT que se hacían pasar por miembros de grupos armados de oposición; algunos sugirieron que las razones reales de los ataques eran enemistades o competencia empresarial. Tal y como manifestó a Amnistía Internacional una persona dedicada a la defensa de los derechos humanos, “todas las partes (en conflicto) manipulan; matan a miembros destacados de la sociedad civil y culpan a la otra parte”. Muchos miembros de la sociedad civil somalí y de organizaciones de ayuda humanitaria en ese país han manifestado a Amnistía Internacional que esta falta de claridad alimenta la violencia, especialmente en los casos en que, según informes, los motivos de los homicidios son venganzas personales o competencia por oportunidades empresariales. En este contexto de confusión deliberada, las tradiciones somalíes de pagar una indemnización y de que el clan responda ante la comisión de delitos, tradiciones que anteriormente impedían la impunidad por las acciones violentas, ya no tienen poder disuasorio efectivo. Los responsables de los homicidios pueden contar con el hecho de que la culpa recaerá sobre las milicias de Al Shabab o del GFT, que sirven de prácticos chivos expiatorios, lo que evitará que se vean obligados a pagar una indemnización. Sin embargo, en aproximadamente la mitad de los homicidios de personal de ayuda humanitaria, defensores y defensoras de los derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil cometidos en 2008, algunas personas cercanas a las víctimas han informado a Amnistía Internacional de que se conoce la afiliación de los atacantes o se puede determinar con bastante seguridad. En la mayor parte de estos



casos, los informes indican que los atacantes eran miembros de grupos armados de oposición, como las milicias Al Shabab y las diversas milicias pertenecientes a la Alianza para la Nueva Liberación de Somalia (a las que a menudo aún se denomina Tribunales Islámicos). Según los informes recibidos, el segundo lugar en cuanto a número de atacantes corresponde a milicias de clanes o bandas delictivas pertenecientes a clanes, que cometen actos de bandidaje o extorsión, mientras que un pequeño número de homicidios son obra de milicias del GFT o de tropas etíopes.

Motivos de los ataques Aun en los casos en que se conoce a qué grupo pertenecen los atacantes, su motivación no siempre está clara. Grupos armados de oposición islámicos han advertido claramente a muchos miembros de organizaciones de la sociedad civil somalí de que se han convertido en objetivos debido a su trabajo, En concreto, organizaciones de mujeres han sido acusadas de enseñar a las mujeres “derechos falsos” o a “salir de sus casas“ (véase el recuadro). Igualmente, la muerte de algunos activistas por la paz somalíes ha sido consecuencia directa de su trabajo, lo que supone una ruptura de las tradiciones somalíes que consideran su posición como inviolable e infringe claramente el derecho internacional humanitario. Estos ataques aumentaron tras el anuncio del acuerdo de paz de Yibuti, ya que los grupos armados que fueron excluidos o decidieron boicotear el proceso de paz intentaron vengarse de miembros de la sociedad civil somalí por participar en la promoción del acuerdo. Un activista por la paz manifestó a Amnistía Internacional que había sido amenazado por un miembro de un grupo armado de oposición que le dijo: “Nos has dividido, así que eres nuestro enemigo”, refiriéndose a la escisión que se había producido en las fuerzas contrarias al GFT una vez firmado el acuerdo de Yibuti. Otros miembros de la sociedad civil vinculados al GFT han muerto por esta vinculación, como parte de una campaña más amplia y encubierta de grupos armados de oposición para matar a dirigentes civiles del GFT. Según los informes, cientos de civiles han muerto por su relación con el GFT, por motivos tan triviales como servir té a milicias del GFT o fuerzas etíopes, según información obtenida de los boletines de actualización del Grupo de Protección de la ONU y en entrevistas con organizaciones de ayuda humanitaria. Los motivos de los ataques contra personas dedicadas a tareas de ayuda humanitaria han causado gran preocupación entre las organizaciones que prestan esta ayuda, ya que, para garantizar la seguridad de su personal y de las organizaciones asociadas, deben valorar la posibilidad de que su personal sea objetivo de grupos armados de oposición únicamente por su trabajo. En la actualidad, muchas organizaciones de ayuda humanitaria no creen que su personal se haya convertido en objetivo de grupos armados de oposición simplemente por ofrecer servicios y ayuda humanitaria de emergencia; en consecuencia, han considerado que pueden continuar ofreciendo servicios y ayuda indispensables en las zonas central y meridional de Somalia. Sin embargo, la cantidad de personas dedicadas a tareas de ayuda humanitaria que han muerto o ha sufrido ataques en 2008 indica claramente que la naturaleza de su trabajo ya no les ofrece protección. Aunque las razones varían de un ataque a otro, pueden extraerse algunas coincidencias.


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Distribución de ayuda alimentaria por una organización humanitaria somalí en Madina, Mogadiscio, mayo de 2007. En la actualidad esta ayuda está amenazada. © Particular

En primer lugar, los informes indican que un número creciente de ataques se produce por motivos económicos; por ejemplo, con amenazas y actos de violencia para que los contratistas que distribuyen ayuda humanitaria paguen una “cuota” y secuestros de vehículos y personal de ayuda humanitaria para pedir un rescate por ellos. Los contactos de Amnistía Internacional creen que estos ataques son obra de diversos grupos armados que actúan de modo independiente y entre los que hay milicias y poderosos dirigentes locales pertenecientes a clanes, grupos armados de oposición y milicias vinculados al GFT, y elementos de milicias Al Shabab que actúan en la región del bajo y medio Juba controlada por Hassan Abdullahi Hersi al Turki (Hassan Turki). En segundo lugar, puede que el motivo de algunos ataques haya sido el deseo de grupos de oposición de acabar con las personas a quienes consideran espías de las fuerzas armadas etíopes o del GFT. Estas sospechas son generalizadas en los grupos de oposición encabezados por personas a las que el gobierno de Estados Unidos ha calificado como sospechosas de terrorismo, como ocurre con los jefes de Al Shabab Abu Mansour Robow y Hassan Turki. Para muchas organizaciones de ayuda humanitaria, las sospechas de los grupos de oposición con respecto a su imparcialidad y neutralidad han desembocado en ataques contra su personal, secuestros, interrogatorios de los trabajadores somalíes y agresiones físicas. Las sospechas se intensificaron tras los misiles lanzados por Estados Unidos contra Doobley, en el sur de Somalia, el 3 de marzo de 2008, y el ataque estadounidense contra Dhusamareb que se produjo el 1 de mayo y en el que murieron nueve personas, incluido el jefe de Al Shabab Aden Hashi Farah “Ayro”. Desde estos ataques, personas dedicadas a tareas de ayuda humanitaria han contado a Amnistía Internacional que tienen miedo de salir del país porque a su regreso probablemente se las acusaría de espionaje. También contaron que otros trabajadores de ayuda humanitaria habían sido detenidos, interrogados y atacados por miembros de Al Shabab y otros grupos armados de oposición que los acusaron de espiarlos. En tercer lugar, muchas personas atribuyen el aumento de la violencia contra personal de ayuda humanitaria y miembros de la sociedad civil a la creciente incertidumbre con respecto a la situación de la seguridad en Somalia. Los grupos armados de oposición, que anteriormente se habían mantenido unidos en su lucha contra las fuerzas del GFT y las tropas etíopes, se fragmentaron aún más tras las conversaciones de paz de Yibuti. Las divisiones han llevado a recientes conflictos armados entre grupos de oposición que apoyan a la Alianza para la Nueva Liberación de Somalia, que actúa desde Yibuti, y otros grupos como las milicias Al Shabab.



Recogiendo agua: los recursos locales se han agotado debido al número de personas desplazadas que huyen de Mogadiscio. © Particular

Estas divisiones han causado una mayor inseguridad en toda Somalia, especialmente en las zonas central y meridional del país. A las organizaciones de ayuda humanitaria les resulta difícil identificar quién controla una zona concreta o valorar si las garantías de seguridad que les dan los dirigentes serán respetadas en la práctica por jefes de subgrupos locales que son jóvenes y relativamente inexpertos. Según la información que algunas organizaciones de ayuda humanitaria han facilitado a Amnistía Internacional, los riesgos son considerablemente mayores en las zonas en disputa, en las que determinados grupos armados pueden intentar atacar a las organizaciones para demostrar que los grupos armados oponentes no tienen capacidad para ofrecer protección local a las operaciones de ayuda humanitaria ni para garantizar la seguridad en la zona.

Mayor sufrimiento Las amenazas, los secuestros y los homicidios de personas que realizan tareas de ayuda humanitaria y miembros de la sociedad civil somalí constituyen violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Sin embargo, las consecuencias de estos ataques no sólo afectan a las personas que los sufren, sino a los 3,25 millones de somalíes que actualmente necesitan ayuda humanitaria de emergencia. Los ataques contra personal de organizaciones de ayuda humanitaria nacionales e internacionales las colocan en una situación imposible: se ven obligadas a sopesar los riesgos que corre la vida de su personal y las organizaciones asociadas locales frente a la malnutrición, la inanición y las enfermedades que sufrirán millones de somalíes si su ayuda no llega. Teniendo en cuenta las necesidades cada vez más apremiantes de la población local, en la actualidad el acceso de la ayuda humanitaria al sur y el centro del país es insuficiente. Organizaciones de ayuda humanitaria han contado a Amnistía Internacional que han suspendido programas, retirado a personal internacional y reubicado a personal local debido a las amenazas contra su seguridad. Según la ONU, el número de personas extranjeras que trabajaban en Somalia se redujo a la mitad entre enero y agosto de


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2008. (Informe periódico de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, 1 al 31 de agosto de 2008.) Relacionado con esto está el hecho de que el coste de enviar ayuda humanitaria a Somalia ha aumentado considerablemente. Al incremento en los costes de envío de alimentos se han sumado además las amenazas contra la seguridad terrestre y marítima, los controles de seguridad ilegales, los controles de carreteras y otras formas de extorsión utilizadas tanto por autoridades como por los grupos armados. En agosto de 2008, la ONU informó de que había al menos 325 bloqueos de carreteras en Somalia, la mayor parte de ellos al mando de policía del GFT o de milicias de clanes, y que en casi todos se exigía el pago de una tarifa o de dinero a cambio de protección antes de permitir el paso de los vehículos que transportaban ayuda humanitaria. Además, los ataques han paralizado a menudo la actividad de organizaciones locales de la sociedad civil somalí. Dado que hace mucho tiempo que el gobierno se muestra incapaz de controlar las zonas central y meridional de Somalia, estas organizaciones han cubierto las lagunas existentes al ofrecer servicios que por lo general en otros países corren a cargo del Estado, como hospitales y centros de atención a la salud, servicios de orientación, escuelas y centros de formación, programas de desmovilización y desarme, ayuda alimentaria y para la vivienda y recogida de basura. Todos estos servicios se han visto afectados por los ataques armados. Las campañas de amenazas e intimidación por parte de diversos grupos armados han impedido que miembros de la sociedad civil documenten violaciones y abusos contra los derechos humanos y les den respuesta, ofrezcan educación y otros servicios fundamentales o trabajen para restablecer la paz y promover la reconciliación en sus comunidades asoladas por el conflicto.

Derecho internacional humanitario El derecho internacional humanitario regula la actuación en caso de guerra e intenta proteger a la población civil, a otras personas que no participan en las hostilidades y también los bienes civiles en épocas de conflicto armado. Somalia es Estado Parte en los Convenios de Ginebra de 1949. Además, todas las partes en un conflicto armado, incluidos los grupos armados que no pertenecen a las fuerzas de un Estado, deben respetar determinadas normas fundamentales del derecho internacional humanitario aplicables a los conflictos armados no internacionales, incluidas las aplicables a la conducción de las hostilidades en virtud del derecho consuetudinario internacional.

Todas las partes en el conflicto de Somalia están obligadas, como mínimo, a aplicar el artículo 3 de los cuatro Convenios de Ginebra (artículo 3 común), que establece las protecciones en situaciones de conflicto armado no internacional y protege a todas las personas que no participan activamente en las hostilidades. El artículo 3 común establece que la población civil y otras personas que no participen directamente en las hostilidades “serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad”: además, establece la obligación de cuidar a las personas enfermas y heridas y la prohibición del homicidio ilegítimo, la tortura, los tratos humillantes y degradantes, los delitos de índole sexual, como la violación, y las ejecuciones extrajudiciales. El artículo 3 común también acepta y protege los ofrecimientos de asistencia humanitaria imparcial, y establece que en un conflicto armado que no sea de índole internacional, “un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto”.



Por lo tanto, el artículo 3 común y el derecho consuetudinario internacional obligan a todas las partes en conflicto en Somalia a proteger a la población civil y a todas las demás personas que no participan en el conflicto. Todas las partes en un conflicto armado, incluidos los grupos armados que no pertenecen a las fuerzas armadas del Estado, tienen la responsabilidad de distinguir entre población y bienes civiles, que no deben ser atacados, y objetivos militares, que, en función de determinadas condiciones, pueden ser atacados. Según el derecho internacional humanitario, al personal de ayuda humanitaria se le considera población civil y nunca debe ser atacado.

El derecho internacional que gobierna los conflictos armados ofrece protección aún más concreta para las personas que realizan tareas de ayuda humanitaria. Según algunas disposiciones del derecho internacional humanitario, pueden emprenderse operaciones de ayuda humanitaria imparciales que se realicen sin distinción; los Estados han reconocido que estas disposiciones sobre la protección del personal de ayuda humanitaria son reflejo del derecho internacional consuetudinario, actualmente incorporado en el artículo 8.2.b.iii del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que establece que dirigir intencionalmente ataques contra personal participante en una misión de asistencia humanitaria constituye un crimen de guerra. El principio de que los jefes o superiores pueden ser responsables de los actos cometidos por personas bajo su mando y control efectivos es tan aplicable a los dirigentes de grupos armados no estatales como a los de las fuerzas armadas. Con respecto a los crímenes de guerra, la cuestión de si un perpetrador pertenecía a las fuerzas armadas de un Estado, un grupo armado o cualquier otra entidad apenas tiene relevancia; toda persona responsable de esos delitos puede y debe ser procesada. Los Estados deben tomar medidas efectivas para limitar los riesgos de seguridad que pueda correr el personal de ayuda humanitaria, y tienen la obligación de eliminar las violaciones del derecho internacional y procesar a los responsables de crímenes de guerra, crímenes que también pueden ser enjuiciados en otros países en aplicación del principio de la jurisdicción universal. El GFT, el gobierno etíope y la comunidad internacional deben garantizar que se investiga a todas las personas sospechosas de haber cometido crímenes de guerra en Somalia y que, cuando existan indicios admisibles suficientes, se las procesa en juicios con las debidas garantías, sin que exista la posibilidad de recurrir a la pena de muerte. Además, todas las personas supervivientes y sus familias deben tener la oportunidad de buscar y obtener una reparación.

Hombre desplazado cerca de Hawlwadak, Mogadiscio, abril de 2008. © Particular


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Recomendaciones Al Gobierno Federal de Transición

Que ponga fin de forma inmediata a todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y suspenda de sus funciones en las fuerzas del GFT a toda persona implicada en estas violaciones, mientras se lleva a cabo una investigación pronta, efectiva e imparcial y se procesa a los responsables en juicios que reúnan las debidas garantías y en los que no quepa la posibilidad de imponer la pena de muerte.

Que tome todas las medidas necesarias para garantizar, sin discriminación alguna, el suministro de ayuda humanitaria a las personas desplazadas en función de las necesidades existentes.

Que elimine todos los bloqueos de carretera y demás restricciones al suministro de ayuda humanitaria por parte de las organizaciones que la ofrecen, y tome todas las medidas necesarias para garantizar la entrega de ayuda humanitaria, sin trabas ni discriminación, a la población civil vulnerable de Somalia, incluidas las personas desplazadas, en función de las necesidades existentes.

A los grupos armados que se oponen al Gobierno Federal de Transición

Que se abstengan de realizar ataques selectivos contra personal de ayuda humanitaria, miembros de la sociedad civil y otras personas, tales como representantes civiles del Gobierno Federal de transición, y respeten plenamente las disposiciones del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, incluidas las que establecen que se permita el acceso de la ayuda humanitaria.

Que suspendan la participación en actividades militares de toda persona implicada en violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos mientras se lleva a cabo una investigación.

Al gobierno de Etiopía y a las fuerzas armadas etíopes desplegadas en Somalia Que pongan fin de forma inmediata a todas las violaciones del derecho internacional humanitario y

de los derechos humanos y suspendan de sus funciones en las fuerzas armadas etíopes a toda persona implicada en estas violaciones mientras se lleva a cabo una investigación pronta, efectiva e imparcial y se procesa a los responsables en juicios que reúnan las debidas garantías y en los que no quepa la posibilidad de imponer la pena de muerte

Que tomen todas las medidas necesarias para garantizar, sin discriminación alguna, el suministro de ayuda humanitaria a las personas desplazadas en función de las necesidades existentes.

A las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria que trabajan en Somalia

Que garanticen que el personal local y las organizaciones asociadas del país reciben la formación y el apoyo necesarios para trabajar de modo efectivo en una situación de mayor riesgo, con medidas como asistencia médica de urgencia y dispositivos de evacuación de heridos.

Que continúen manteniendo los criterios de independencia, imparcialidad y neutralidad fundamentales para las organizaciones de ayuda humanitaria que trabajan en zonas de conflicto y promuevan estos criterios de modo que se puedan transmitir fácilmente a los grupos armados de Somalia.



A las Naciones Unidas Que garanticen la distinción transparente y claramente probada entre la actuación imparcial,

independiente y neutral de las agencias de la ONU que ofrecen asistencia humanitaria y cualquier tipo de actividad política o de desarrollo llevada a cabo por órganos de la ONU.

Que refuercen el embargo de armas impuesto por la ONU a Somalia y tomen medidas más decididas para asegurar que será respetado plenamente por los Estados de la región, con medidas como aumentar la capacidad y los recursos del Grupo de Supervisión de la ONU y la ampliación de su mandato en lo relativo a investigar, documentar y poner al descubierto las transferencias de armas; enviar a observadores de la ONU a puertos marítimos y aéreos; hacer cumplir el requisito de presentación de solicitudes de exención; y estudiar la posibilidad de prohibir la entrada de aviones, embarcaciones y vehículos terrestres propiedad de personas, empresas o Estados de los que se haya denunciado que han violado el embargo de armas

Que establezcan una comisión internacional de investigación u otro mecanismo similar encargado de investigar las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas en Somalia en 2007 y 2008 y de identificar las violaciones cometidas desde 1991 que puedan considerarse crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.

Que, junto con la Unión Africana, garanticen que la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) y cualquier otra misión subsiguiente de mantenimiento de la paz de la ONU reciben el mandato de proteger a la población civil –incluidas mujeres, menores, minorías somalíes discriminadas y personas desplazadas internamente–, e incluyen un sólido componente de derechos humanos con la capacidad de vigilar, investigar y denunciar públicamente las violaciones de derechos humanos.

A la comunidad internacional Que, al decidir la política a seguir con respecto a Somalia, den prioridad al suministro seguro de

ayuda humanitaria en ese país, por encima de cuestiones relativas a Somalia como el reforzamiento del Estado, la lucha contra el terrorismo, la seguridad regional u otros asuntos.

Que apoye la creación de mecanismos encargados de investigar las violaciones del derecho

internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas en Somalia en 2007 y 2008 y de identificar las violaciones cometidas desde 1991 que puedan considerarse crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.

Que ofrezca apoyo y refugio a los miembros de la sociedad civil somalí que se ven obligados a huir de su país, con medidas que incluyan soluciones innovadoras como la tramitación acelerada de documentos de viaje o la concesión anticipada de permisos de viaje.

Que garantice la protección de los refugiados somalíes que han huido de la persecución y el pleno respeto de sus derechos humanos, como exigen las normas de derecho internacional que rigen el trato debido a las personas refugiadas.

Que dote de los fondos y el personal necesarios a los programas de ayuda humanitaria de emergencia, a fin de que puedan responder a las necesidades de la población civil somalí vulnerable tanto en Somalia como en el resto de la región.

Somalia. Inseguridad mortal. Ataques contra los defensores …...a la inseguridad que conduce a la...

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