Textos Dictadura y DDHH_UNGS - Calveiro_ Benitez_ Walsh.pdf

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LADICTADURAMILITAR, 1976-1983

Diego Hernn Bentez y Csar Mnaco

El Cono Sur es, hoy, el mbito de las monarquas fundadoras.

Nuestro mbito.

(Carta Poltica, n 31, mayo de 1976)

En la madrugada del 24 de marzo de 1976 el gobierno constitucional de Mara EstelaMartnez de Pern, Isabel, fue depuesto por un golpe de Estado. Luego de un perodo

democrtico de casi tres aos (abierto con el gobierno peronista de Cmpora el 25 de mayo de1973) los militares avanzaron, nuevamente, contra un rgimen constitucional, tomaron el

poder por la fuerza, e implementaron una feroz y sangrienta dictadura que provoc efectosprofundos y permanentes en el pas.

Durante sus ltimos meses, avasallado por la dinmica misma de una crisis mltiple, elgobierno peronista de Isabel estuvo inmerso en un proceso precipitado de desgaste ydeslegitimacin, que se manifestaba en un profundo descontento social y en la

permanentemente amenaza conspirativa de los militares. A medida que los rumores avanzaban,el apoyo de la sociedad hacia el gobierno disminua y las chances a una salida institucional seagotaban. El pas se encontraba sumergido en una crisis econmica de suma gravedad que seexpresaba a travs de una inflacin galopante que desvirtuaba los ndices econmicos. Enconsonancia, se profundizaba una significativa crisis social, ocasionada por el alto grado de

descontento de amplios sectores de la sociedad que se manifestaban a travs de protestas uotros tipos de movilizaciones. A esto se sumaba un factor general ms: una crisis aguda delsistema poltico que afectaba directamente a los partidos. stos eran vistos como actoresincapaces de brindar una solucin al caos, lo cual provocaba, proporcionalmente, unimportante descrdito en el sistema democrtico. Exista, tambin, un superlativo grado deviolencia poltica, vinculada tanto a las luchas intestinas dentro del mismo peronismo, cuantoa la accin de grupos guerrilleros de izquierda que se enfrentaban a las fuerzas de represinestatal y paraestatal. El proceso de radicalizacin de grupos polticos, iniciado a finales de losaos 60, continuaba expresando su lado ms extremo en la accin armada, considerada comoel estadio superior de la accin poltica tradicional. Y aunque stos se encontraban en francadeclinacin en el ltimo ao del gobierno peronista, mantenan cierto protagonismo en laescena pblica que resaltaban con inters los militares. Los ms notorios fueron: Montoneros,

proveniente de un sector del peronismo de izquierda, y el guevarista Ejrcito Revolucionariodel Pueblo (ERP), fraccin armada del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Por otro lado, el contexto internacional no era precisamente una expresin de buenosaugurios. El primer lustro de los aos setenta estaba marcado por la clausura de un excepcional

perodo expansivo de la economa mundial especialmente en el mundo capitalistadesarrollado que, iniciado durante la posguerra de los aos cincuenta, evidenciaba su final

por medio de una considerable desaceleracin de los ndices de crecimiento. Finalizada laetapa de auge, el sistema capitalista comenzara a transitar su reestructuracin, y la mejor

punta de lanza sera el neoliberalismo. En el plano poltico, el subcontinente latinoamericanoevidenciaba un claro desplazamiento de gobiernos democrticos por regmenes de facto. El

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Problemas socioeconmicos contemporneos: textos escogidos

mapa poltico de Amrica Latina, hacia1976, se encontraba signado en gran parte de suterritorio por dictaduras militares.1

El consenso inicial

En lo inmediato, la intervencin de las Fuerzas Armadas sobre la vida institucional delpas cont con la aceptacin de amplios sectores e instituciones de la sociedad. Tuvo laadhesin de la cpula de la Iglesia, de un sector destacado de los partidos polticos(especialmente los partidos conservadores provinciales), de las asociaciones empresarias yde los medios de comunicacin. Pero, por sobre todo, obtuvo el consentimiento de buena

parte de la sociedad.ste fue el arco importante de consenso inicial con que cont el rgimen. Para entender

sus causas es necesario tener presente, en principio, dos elementos centrales. Por un lado,cierta legitimidad de origen a la intervencin de los militares en la vida poltica del pas. staes una caracterstica estructural propia del sistema poltico argentino gestada a partir de lasmismas intervenciones militares. Como sostiene Hugo Quiroga, a partir de 1930 se fueconformando un sistema poltico pretoriano,2 que incorpor en su interior a las FuerzasArmadas como un componente esencial y permanente. Se constituy, de esta forma, unacultura poltica que aceptaba la politizacin de las fuerzas castrenses; las cuales sedesplegaban en el escenario poltico como un actor singular que, debido a su fuerza militar,defina el juego institucional. Por lo tanto, la ingerencia de stas en la vida democrtica del

pas se fue tornando, para la sociedad, como una alternativa siempre posible. Esto denotabay alimentaba, a la vez, una escasa conviccin en los valores de la democracia, y sus tiempos,reflejada en la prdida de legitimidad del orden constitucional.3

El segundo factor explicativo, intrnsicamente ligado al primero, se encuentra en el contexto

inmediato al golpe. Legitimada histricamente su intervencin, la opcin militar se haca cadavez ms fuerte en una situacin que se tornaba cada vez ms crtica. Ya desde varios mesesantes del golpe eran explcitos y pblicos los planteos y reuniones de los jefes militares conel Poder Ejecutivo nacional. El protagonismo de las fuerzas armadas se incrementaba a medidaque aumentaba el desconcierto general que, particularmente, era estimulado y usufructuado

por los mismos sectores castrenses por medio de la exaltacin de su lucha contra lasorganizaciones guerrilleras que, por otra parte, se encontraban ya en un evidente proceso dedeclinacin. De esta forma, el caos general (econmico, social y poltico) fue provocando unaimportante deslegitimacin, no slo del gobierno mismo, sino tambin del sistema democrticoen su conjunto. Se manifestaba evidente un vaco de poder a llenar, que permiti gestar,cada vez ms, un mayor consentimiento sobre un orden militar.

El comienzo del Proceso

Una vez en el poder, el nuevo gobierno de facto dio inicio al denominado Proceso deReorganizacin Nacional (PRN) que tena como meta central realizar una intensareestructuracin del cuerpo social y del Estado. Se constituy como una dictadura institucional

de todo el cuerpo de las Fuerzas Armadas superadora del carcter ordenador de la vidainstitucional del pas de las anteriores intervenciones castrenses (salvo la RevolucinArgentina de 1966).4 A fines de realizar un reparto equitativo de poder y evitar cualquier

personalizacin del mismo se conform un cuerpo colegiado integrado por los comandantesen jefe de las tres armas (Ejrcito, Marina y Fuerza Area): la Junta Militar. Por medio del



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La dictadura militar, 1976-1983 / Diego Hernn Bentez y Csar Mnaco

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artculo 1 del Estatuto del PRN se design a la misma como suprapoder de la Nacin yrgano supremo del Estado, por encima de la Constitucin Nacional. La Junta, a su vez, debaser la encargada de designar al Presidente de la Nacin, ejecutor de las grandes polticastrazadas por el poder supremo, que tendra un mandato de tres aos. El Poder Judicial fueintervenido, y las cmaras legislativas fueron suprimidas, instituyndose en su lugar unaComisin de Asesoramiento Legislativo (CAL).

De la misma forma fueron intervenidas las dems instituciones de gobierno. La finalidaddeterminada desde el inicio fue realizar una profunda militarizacin del Estado, que abarc noslo la administracin central, sino tambin, los organismos descentralizados, las provincias,los municipios, y las empresas estatales. Y si bien se busc desde el inicio una pretendidaequidad en la distribucin de cargos para los diferentes niveles de poder, la histrica relacinde fuerzas que remarcaba el predominio del Ejrcito hizo que ste finalmente prevaleciera en

el reparto. No obstante, las Fuerzas Armadas se erigan como la autoridad unvoca queostentaba el monopolio de toda decisin poltica. Se dispuso la disolucin de todos lospartidos polticos y se estableci el cese inmediato de toda accin poltica. Se determin,tambin, la disolucin de cualquier tipo actividad gremial de trabajadores, empresarios y

profesionales. En fin, se suprimieron las libertades pblicas de los ciudadanos, permaneciactivo el estado de sitio, instituido por el gobierno anterior, y se promulg la pena de muerte

para las acciones contra la patria que nunca lleg a aplicarse.La Junta Militar, integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el brigadier Orlando

Agosti y el almirante Emilio Massera, emprendi el reordenamiento. Luego de cinco das detener en sus manos el Poder Ejecutivo, el 29 de marzo nombr como Presidente de la Nacina uno de sus miembros, Videla, que retuvo a su vez la comandancia sobre el Ejrcito. Tambinse dio a conocer pblicamente el Acta que precisaba a travs de sus ejes centrales losobjetivos bsicos para el iniciado PRN: a) restituir los valores esenciales del Estado; b)

erradicar la subversin; c) promover el desarrollo econmico de la vida nacional basado en elequilibrio y participacin de los distintos sectores; d) posteriormente, instaurar unademocracia, republicana, representativa y federal, adecuada a la realidad y exigencias desolucin y progreso del Pueblo Argentino. Es necesario aclarar, que los mismos no poseanningn tipo de lmite temporal plazos o etapas para su concrecin.

Para el gobierno militar la finalidad ltima era cerrar un ciclo histrico abierto con elperonismo en 1946. Reorganizar una nueva Argentina por medio de una intervencin radicalque modifique profundamente un sistema poltico corrompido, que elimine al Estadodemaggico, y que discipline a una sociedad descarriada. Un Nuevo Orden era necesario,y esto slo lo podra efectuar un agente de cambio, que aunque parte institucional de Argentina,se vea a s misma, y por gran parte de la sociedad, como un organismo inmaculado del germen

populista. Como se observa, una retrica del ordenamiento institucional encubra objetivos

siniestros. Las Fuerzas Armadas, en fin, deban reencausar a la Argentina por la sendaoccidental y cristiana, y el costo para tal cometido se aseguraba elevado.

En este sentido, se articulaban el disciplinamiento social, que inclua la reestructuracindel sistema poltico, con una trasformacin econmica que permitiera reforzar, segn sustrminos, el liderazgo de los sectores econmicos ms competitivos, que en realidad resultaronser los que posean un mayor poder de vinculacin con el Estado, y por lo tanto, los msconcentrados de la economa. Pero, aunque lo pareciera, esto no era la expresin de un planhomogneo, unnimemente aceptado por las tres fuerzas, sino ms bien las lneas bsicas deun acuerdo. El mismo devenir del proceso manifestar la carencia de un proyecto orgnico de



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accin, especialmente, por medio de los mltiples conflictos entre, y dentro de las armas, queexpresaban los diversos posicionamientos respecto a la poltica a seguir. El gran elementoaglutinador, que una frentes ante un enemigo comn, era la lucha contra la subversin. Poresta razn, los primeros aos del Proceso estuvieron marcados por el avance de polticasradicales de transformacin. Que como muestra el caso de la economa, no debieron enfrentardemasiados conflictos internos. En cambio, cuando comenz a disminuir la represin, lasdivisiones hacia el interior de las propias armas comenzaron a manifestarse pblicamente.

Al margen de las diferencias, durante los primeros aos de gobierno las Fuerzas Armadasse propusieron gestar y garantizar, segn afirmaban, una nueva repblica donde el desarrolloinstitucional se realizara a travs de una verdadera democracia. El proyecto de fondo implicaba,en el largo plazo, la construccin y consolidacin de un orden estable sobre el cual el podermilitar ejerciera una permanente tutora poltica sobre la nacin. En fin, lo necesario era fundar

una nueva etapa en la vida argentina que diera trmino al ciclo de disputas sectoriales sobrela base de afianzar una nueva hegemona sobre la sociedad.5 De esta forma, y en especialdesde el sector ms afn a Videla, se pretendi generar, en colaboracin con sectores civiles,al actor poltico encargado de mantener en el futuro la continuidad original del proyecto. As,el Movimiento de Opinin Nacional (MON), una convergencia cvico-militar, sera ladescendencia del rgimen. ste garantizara la renovacin necesaria de la clase poltica, yoficiara de heredero legtimo y continuador de un sistema de dominio a largo plazo donde lasFuerzas Armadas contaran con la centralidad.

El terr ori smo de Estado

En febrero de 1975, un ao antes del golpe militar, el gobierno constitucional realiz deforma oficial el ingreso de una de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la insurgencia. A

travs del decreto presidencial N 261/75, que propugnaba la aniquilacin de la subversin,se encomend al Comando General del Ejrcito la funcin de reprimir el foco guerrillero delERP instalado en la selva tucumana un ao antes. Comenz as, al mando del general AntonioBussi quien remplaz al filoperonista Adel Vilas, al breve tiempo de haber asumido, ladenominada Operacin Independencia que inaugurara las tcticas de la desatada guerrasucia contra la insurgencia guerrillera. Se inici de esta manera, previo al golpe militar, unaintensa accin represiva por medio de las fuerzas del Estado especialmente el Ejrcito y la

polica y comandos paramilitares de extrema derecha nucleados en la Triple A (AlianzaAnticomunista Argentina). Estos ltimos eran escuadrones de la muerte organizadosclandestinamente desde un sector del Estado, la Secretara de Bienestar Social a cargo deJos Lpez Rega. Como introduccin a lo que vendra despus, esta ofensiva oficial, y

paraoficial, propiciara ya como mtodo garantizado el asesinato y la desaparicin de una

importantsima cantidad de personas (800 es el nmero aproximado).El asalto al poder por parte de los militares implic inmediatamente una profundaradicalizacin de sus acciones violentas. La represin, convertida en un objetivo central delgobierno, mut hacia una accin sistemtica desde el Estado. Por su parte, el ERP yMontoneros, que estaban diezmados desde el inicio mismo de la dictadura, durante los dos

primeros aos conservaron cierta capacidad para desarrollar acciones armadas contra elgobierno. Pero violentamente se despleg una ofensiva que abarc no slo a las organizacionesarmadas, sino tambin, y sobre todo, a cualquier individuo o grupo sospechado de insurgente.En palabras de un general: primero mataremos a los subversivos, luego a sus colaboradores,



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luego a sus simpatizantes, a los indiferentes y, por ltimo, a los tmidos. 6 La violenciadesplegada se torn implacable y avanz hacia la sociedad en su conjunto por medio de

prcticas ilegales que tenan la finalidad inmediata de procurar, segn las metforas utilizadaspor los propios militares, la extirpacin del cncer alojado en lo ms profundo del tejidosocial. Y en este sentido, los campos de concentracin fueron el quirfano donde se llev acabo dicha ciruga.7 La violencia por parte del Estado no era una novedad en la historiaargentina, y esto puede ser rastreado fcilmente, pero lo indito fue la fuerza descomunal quedespleg a partir de marzo del 76, que, como sostiene Pilar Calveiro, se constituy en un

poder desaparecedorque avanz sobre lo material y lo simblico, sobre los cuerpos y lasideas.

Ms all de los objetivos particulares o colectivos la verdadera destinataria del terror fuela sociedad. Desde el primer momento sta fue el blanco donde pretendi calar el miedo

extremo que como afirma Juan Corradi no slo tuvo el objetivo de controlar, sino tambinde cambiar a los actores sociales. De este modo, el terror se vuelve esencialmente unatcnica de desorientacin, que apunta a privar a los sujetos de la oportunidad de calcular y

prever las consecuencias de sus acciones. Es una forma de poder en la cual la conformidad nogarantiza la seguridad. Su efecto principal es la generacin de una atmsfera de ansiedad una cultura de miedo8 que se desplegaba ms all de los espacios comunes y lograbainsertarse en lo ms profundo de la intimidad, para permitir as, que cualquier comportamientono normal sea sealado inmediatamente como sospechoso; en definitiva, al espacio pblicoclausurado se adicionaba el control microsocial. Y esto slo pudo ocurrir, en gran parte,gracias a la pasividad o inmovilidad producida por el mismo terror, cuanto a la adhesin dealgunos sectores sociales que se encontraban atrados por los postulados bsicos del rgimen.En este marco, el control dictatorial pudo ser desarrollado segn ODonnell por la existenciade una sociedad que se patrull a s misma, refirindose a un grupo amplio de personas que

voluntariamente se ocuparon activa y celosamente de ejercer su propiopathos autoritario.Fueron kapos9 a los que, asumiendo los valores de su (negado) agresor, muchas veces losvemos yendo ms all de los que el rgimen les demandaba.10

El terrorismo de Estado implic una planificacin precisa de las acciones. Unasistematizacin de la represin por parte del poder, que posibilit el reparto literalmentehablando del territorio argentino. La divisin espacial del poder de accin, realizada por losmilitares durante el ltimo ao del gobierno de Isabel y que comprenda la cuadriculacin del

pas en 5 zonas, 19 subzonas y 117 reas, se profundiz estratgicamente a partir del golpe.De esta forma, se produjo unafeudalizacin del poder: cada fuerza tuvo su propio espacioindependiente de operacin, que se conform en parte esencial para una matanzaadministrada. As, la competencia entre las propias fuerzas, que disputaban grados deefectividad y de accin, tuvo un rol determinante en la masacre.

El sistema represivo era llevado adelante por grupos de tareas constituidos generalmentepor oficiales y suboficiales, policas y tambin civiles. Luego de la seleccin del sospechoso,el modus operandi consista de un operativo para conseguir su detencin, generalmente denoche, sobre el domicilio, lugar de trabajo o en la misma calle. As, en el mejor lugar y momentose produca el secuestro, y el inmediato traslado de la vctima hacia algn centro clandestinode detencin. Una vez all, se confeccionaba una ficha o expediente donde se consignaba yevaluaba la informacin obtenida del preso. A continuacin comenzaban los interrogatorios,que implicaban un largo perodo de torturas fsicas y psicolgicas a las que se sumaban como

parte constantes vejaciones y violaciones. El objetivo era quebrar la integridad de la persona,



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demostrarle que sus lazos con el exterior se encontraban absolutamente cortados, que estabacompletamente sola inmersa en las fauces de un poder omnipresente que tena la capacidadde realizar, sin reparos, lo que deseaba sobre su persona. Finalmente el suplicio, que podadurar semanas, meses o aos, cesaba y el prisionero era, la gran parte de las veces, ejecutado

trasferido, en la jerga. El paso posterior era la desaparicin del cuerpo, decisin quecorresponda a los ms altos rangos entre los oficiales que se encontraban al frente de larepresin. En el menos habitual de los casos, determinado por diversas presiones o algunacircunstancia excepcional, el detenido era blanqueado, o sea, su situacin dejaba de serclandestina e ilegal, y se oficializaba. Pasaba a estar adisposicin del Poder Ejecutivonacional, que consista en una medida de excepcin prevista por la Constitucin en casos deguerra externa o conmocin interior, y que prevea la supresin de los derechos y garantasindividuales. Ser colocado a disposicin equivali, en muchas ocasiones, salvar la vida, ya

que de esta manera se haca explcito el registro de la detencin.Otro de los finales posibles, que se dio en un porcentaje sumamente exiguo de los casos,consisti en la liberacin del detenido, que en ocasiones emprenda el camino del exilio. Seregistraron tambin casos de detenidos que pasaron a colaborar con las fuerzas represivas atravs de operaciones de inteligencia u otras actividades. Pero ms all de las posibilidades,una vez detenido se volvan sumamente escasas las chances de sobrevivir. As, la desaparicinde personas se registr como una prctica inaudita y masiva, que alcanzaba a todos lossectores de la sociedad. Que inclua durante el operativo o la detencin la sustraccin demenores o recin nacidos de las detenidas parturientas. A la accin criminal de ocultar todainformacin sobre el paradero del supuesto detenido, y una vez sentenciado su destino, lecontinuaba la dimensin negacionista del final: la desaparicin del cuerpo, y con l delcrimen. Los modos fueron mltiples y variados: desde el entierro en fosas comunes hasta lostristemente clebres vuelos de la muerte. Estos ltimos eran una de las prcticas macabras

de desaparicin utilizada por la Marina, que consista en el traslado en aviones de prisionerospreviamente sedados con pentonaval (como denominaban al barbitrico Pentothal) paraser arrojados al mar.

Los datos proporcionados por los organismos de derechos humanos dan cuenta de laexistencia durante la dictadura de ms de 500 centros clandestinos de detencin. Los msrelevantes de acuerdo a la cantidad de detenidos que alojaban fueron los siguientes: laEscuela de Mecnica de la Armada ESMA (Capital Federal), Campo de Mayo el campito(Gran Buenos Aires), que posea en su interior 4 establecimientos clandestinos, La Perla(Crdoba), El Vesubio (La Matanza) y Club Atltico (Capital Federal). Segn estimaciones

provistas por los organismos de derechos humanos en relacin con las denuncias recibidasel monto fue de 30.000 personas detenidas-desaparecidas durante el Proceso.

La composicin de las vctimas fue diversa: militantes polticos y sociales, estudiantes,

delegados gremiales, sacerdotes, intelectuales, activistas de organizaciones de derechoshumanos, y otros. De acuerdo a las estimaciones realizadas en 1984 por la Comisin Nacionalsobre la Desaparicin de Personas (CONADEP), la distribucin del total de desaparecidos

por sectores fue la siguiente: 30,2 % de obreros, 21 % de estudiantes, 17,9 % de empleados,10,7 % de profesionales, 5,7 % docentes y 1,3 % de actores y artistas. Esta distribucincoincide en sus ms altos ndices con el desarrollo, durante los aos previos a 1976, de lossectores ms altamente movilizados.

Por ltimo, se debe mencionar que esta represin estatal traspas las fronteras nacionalesy extendi su accionar sobre varios pases de Amrica Latina. El denominado Plan Cndor,



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del cual participaban las dictaduras de Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y de la propiaArgentina, fue un claro ejemplo de mutua colaboracin represiva. ste consisti en unacoordinacin contrainsurgente que posibilit una accin represiva extra fronteras; laconformacin de un espacio comn de represin. Adems, las fuerzas militares argentinastuvieron un cardinal protagonismo en Centroamrica, al oficiar como asesores e instructoresde contrainsurgencia en Nicaragua; o participando en operaciones clandestinascontrarrevolucionarias en Honduras y El Salvador.

La polti ca econmica

Desde mediados de la dcada del cincuenta, tras el derrocamiento del primer proyectonacional-popular del pas, la Argentina se vio sumida en una notable agudizacin de su crisisinstitucional, producto entre otras razones, del incremento de los desequilibrios econmicos.Debido a un proceso inflacionario constante se profundiz la puja distributiva entre el Estado,sectores sindicales y empresariales, creando un clima de gran inestabilidad incapaz de sentarlas premisas mnimas de viabilidad poltica y un funcionamiento econmico correcto paraciertos sectores del capital. El cual debe ser entendido como la expansin o reproduccin dela acumulacin del capital, especialmente por parte de grandes unidades econmicas, que ental proceso van transformando y eliminando a otros actores del sector. Es decir, un crecimientodesigual y desigualizante en principal beneficio de unidades mono u oligoplicas, cuyaacumulacin subordina los comportamientos econmicos y la distribucin general de recursosen el resto de la sociedad.11 En este sentido, quienes deciden si el comportamiento econmicoes correcto, o no, depender del poder que tienen aquellos que analizan tal situacin.

En los meses previos al golpe, la persistente inflacin y el muy elevado dficit fiscal,cubierto en gran medida con emisin monetaria, anticipaba medidas urgentes. El ministro de

Economa de entonces, Celestino Rodrigo, intent poner en marcha, a principios de junio de1975, el ltimo plan de mejora econmica en democracia. ste consisti en producir una fuertedevaluacin para corregir el desequilibrio en la balanza de pagos, y un incremento en lastarifas pblicas para mejorar la situacin fiscal. Estas medidas, que principalmente causaronuna fuerte cada del salario real, se conoceran como el Rodrigazo, y tuvieron un enrgicorechazo del sector sindical que termin con las ambiciones del ministro y su principal asesor,el banquero Ricardo Zinn, que buscaba por medio de este proceso licuar la deuda del sector

privado. A partir de aqu comenz una aceleracin inflacionaria que dio lugar a un sistemaeconmico lleno de incertidumbres y alto desequilibrio, debido al uso permanente de prcticasde reajuste.

Como ya se ha mencionado, las Fuerzas Armadas que tomaron el gobierno coincidan enque era necesario terminar definitivamente con una Argentina sumida en el caos, producto de

la creciente irrupcin de conflictos sociales, provenientes de sectores radicalizados y de unsindicalismo indisciplinado. La causa de fondo de los problemas que aquejaban al pas eraclara: la existencia de un gobierno populista que produjo prcticas sectoriales srdidas y deentorpecimiento al desarrollo de las potencialidades nacionales, dando poder a una claseobrera, que por sus crecientes conflictos e intervenciones, propici un Estado dbil incapazde impedir la propagacin de ideologas de izquierda. Esta visin estaba acompaada por un

permanente temor a la generalizacin de la violencia y evaporacin de orden pblico, quejunto a una desafeccin por las prcticas democrticas, potenci en amplios sectores de lasociedad el repliegue individual y la visin salvadora de la cruzada militar.



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El diagnstico era claro y se encontraba extensamente aceptado en los sectoresoligrquicos y empresariales de orientacin librecambista, sobre los que confluan las nuevasideas tecnocrticas y tecnocientficas del mbito econmico mundial.12 Cabe volver a sealarque, durante la dcada del 70 el sistema econmico internacional se encontraba atravesandouna crisis que dio lugar a un cambio a nivel mundial del modelo histrico de acumulacin, quese haba caracterizado por su alta tasa de ocupacin, una importante cantidad de reformassociales y ampliacin del Estado, que conformaba el sistema de integracin y desarrolloconocido como Estado Benefactor (o Welfare State). Esta fraccin del poder econmico va a

persuadir al sector militar sobre la necesidad de imponer un nuevo modelo de orientacinliberal. La nueva alianza, compuesta por el sector rural tradicional, el capital financiero y elsector industrial concentrado de bienes de exportacin, junto a algunos mercadointernistascon capacidad de diversificacin, dejar atrs a la vieja alianza de industrialistas concentrados

del gobierno de Ongana. Ahora tendr su oportunidad de cambiar el sistema de acumulacinconsolidado hasta entonces y someterlo as al tratamiento neoconservador y a la lgicaordenadora del mercado.

El gobierno militar implement su accin en dos frentes. Por un lado, el militar, tendientea barrer con los actores que dentro de la poblacin, potencialmente o de hecho, secomportaban, en sus palabras, subversivamente. Por otro lado, el econmico, que implicabaterminar con el modelo de sustitucin de importaciones y as desterrar definitivamente elsistema obrero industrial consolidado bajo el peronismo. El cambio fundamental consisti enla erradicacin y modificacin absoluta de los sustentos estructurales e institucionales de lossectores populares, de tal modo que la experiencia de activacin social, pasada y presente, novuelva a repetirse. Por lo tanto, junto al aniquilamiento, desaparicin y tortura de personas,se reubic a la clase trabajadora, poltica e institucionalmente en una posicin subordinada.

No slo se coart a las organizaciones polticas y corporativas mediante la limitacin jurdica,

como veremos ms adelante, sino que principalmente, se llev a cabo una reforma econmicaque suprimi las posibilidades funcionales de su posible desarrollo a futuro. En definitiva, ysiguiendo a Adolfo Canitrot, la economa sirvi a un plan poltico de disciplinamiento social.13

Jos Alfredo Martnez de Hoz, miembro de la burguesa rural e industrial y presidente delConsejo Empresario Argentino, asumi como jefe del equipo econmico, designado por el

presidente Videla, con la firme conviccin de que los sectores militares configuraban el aliadoesencial para reorganizar polticamente al pas e implementar un proyecto econmico demagnitud. Para ello, se propuso terminar definitivamente con el modelo redistribucionista que

propiciaba una fuerte presencia estatal sustentando a una organizada clase trabajadora y aun sector empresario de orientacin mercado internista. Dicho modelo, que segn el discurso

proveniente de diversos sectores, se encontraba sumido en una crisis terminal, deagotamiento, consolidara an ms la salida liberal-conservadora que propona el equipo

econmico. En el primer ao de gestin, Martnez de Hoz y su equipo slo esbozaron algunasmedidas de devaluacin y control del gasto pblico. Esto logr que la situacin econmicamejore levemente todava bajo el viejo esquema, el cual pareca estar lejos de agotarse, ya quea pesar de la inflacin presentaba an un ritmo de crecimiento constante sostenido por elahorro interno y una intacta capacidad industrial. A pesar de los indicios de bonanza, en 1977las reglas del juego econmico cambiarn para siempre. Las nuevas medidas terminaron conel perodo de recomposicin econmica, que por otro lado, podra haber continuado con sufuncionamiento por varios aos ms. Sin embargo, la prioridad no era el crecimiento econmico,ni su estabilidad, sino la transformacin radical del sistema anterior, an en perjuicio, en el



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de oposicin al equipo econmico, provenientes de diversos sectores, entre los que seencontraban algunos militares. El temor a una posible recesin, causada por stas, fue larazn por la cual en 1978 se inici la segunda etapa del plan econmico, que dur hasta lacrisis de 1981. Esta nueva etapa ser conocida como la apertura financiera y conducir a otratransformacin esencial en el modelo econmico vigente hasta entonces. Consisti

principalmente en una rebaja de los aranceles para las importaciones y una acentuacin en laquita de trabas a los movimientos de capitales. Estas cruciales medidas del plan econmico

produjeron una competencia de productos externos con el sector industrial interno, hastaentonces protegido. Se logr, de este modo, someter a los formadores de precios internos yal sector asalariado al carcter subordinante del mercado e iniciar as un proceso dedesindustrializacin del sector industrial medio. Al verse afectado el papel de control delEstado, en relacin al manejo del proceso de transferencia intersectoriales, y ceder

progresivamente en su accin distribucionista a favor de los empleadores, se logr un deteriorodel salario real para los trabajadores. A estos factores debe sumarse el contexto represivofuncional al plan econmico, que logr amordazar al sector obrero y llevar adelante las reformas.De esta manera, se consum una disminucin en la participacin de los asalariados en elProducto Bruto Interno (PBI) sin antecedentes desde la irrupcin del peronismo en adelante.Los asalariados perdieron el equivalente a 13 puntos porcentuales del PBI en circunstanciasen que este ltimo permaneci prcticamente constante. Esto trajo una cada del poder decompra de los asalariados y por consiguiente una contraccin del mercado interno. Ms an,en 1977 se profundiz la distribucin regresiva del ingreso a pesar de que el PBI se habaincrementado, disminuyendo un 25% la participacin de los asalariados en este ltimo. Adems,la tasa de desocupacin tendi a aumentar progresivamente, auque el gobierno militar se

preocup por mantener cierta legitimidad mediante el sustento del pleno empleo.A pesar de las medidas tomadas, el proceso inflacionario lejos de apaciguarse contino

y produjo una sobre valoracin cambiaria, es decir, un dlar barato, que trajo consigo laconsolidacin de la especulacin y ganancia financiera. El atraso cambiario provoc unamayor estimulacin a la invasin de artculos externos, perjudicando as a las ya golpeadasIndustrias de Sustitucin de Importaciones (ISI), que despojadas de la proteccin estatal ysus beneficios crediticios e impositivos debieron en un alto porcentaje cerrar sus puertas. Se

produjo adems el fenmeno conocido cmo plata dulce, una corta bonanza de consumopara sectores de clase media debido al fcil acceso de artculos importados y viajes al exterior.Pero por sobre todo, el dlar barato y la facilidad de movimientos de capitales, tras laeliminacin de sus controles de ingreso y egreso del pas, indujo una gran especulacinconocida como bicicleta financiera. sta consisti en la obtencin de dlares mediante el

pedido de crditos en el extranjero, que luego se cambiaban por pesos y se los colocaba en unplazo fijo a un inters que oscilaba entre el 9% y el 25%, cuando en el exterior slo se pagaba

entre el 3% y el 7%. Al cabo de seis meses a un ao se retiraba el plazo fijo, se lo transformabaen dlares, se reintegraba el crdito pedido y se obtena una suculenta ganancia que luego sefugaba al exterior. Este mecanismo era facilitado por la tablita, que aseguraba previsibilidada la especulacin, como tambin medidas de seguro a posibles quiebres bancarios. As, sefugaron del pas miles de millones de dlares, producto de las gigantescas bicicletas realizadas

por capitales extranjeros golondrinas o sea, de mero carcter especulativo y sectores nacionalespertenecientes a grupos empresariales ligados en gran parte a funcionarios del gobierno.

Otro proceso esencial de carcter paradjico tuvo lugar durante el gobierno militar en eltranscurso de los aos de reforma econmica. Si el lema liberal era achicar el Estado para



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agrandar la Nacin la prctica econmica de Martnez de Hoz no escatim en gasto paraembarcarse en grandes obras pblicas. Este proceso fue el eje central del crecimiento de unempresariado nacional parasitario que termin de imponerse por sobre sus pares tras un largo

perodo de luchas, alianzas y crecimiento inestable. La denominada patria contratistaconsisti en un mecanismo de redireccin selectiva de contratos para obras pblicas ydesarrollo blico hacia empresas privadas con estrecha vinculacin al gobierno. Estemecanismo de privatizacin perifrica dio cuantiosos beneficios a grandes grupos localesmediante diversas prcticas prebendarias. Estos grandes grupos formaron parte de la fraccinconcentrada de la burguesa industrial de carcter transnacional diversificado e integrado,que junto al capital extranjero, sintetizaron sus proyectos histricos en un nuevo proyectodominante que constituy la base social fundamental de la dictadura militar.14 De tal modo,se procedi a una desindustrializacin selectiva, donde slo se beneficiaron estas grandes

industrias de bienes intermedios y de capital concentrado pertenecientes a rubros comocelulosa, siderurgia, aluminio o petroqumica.15

El tipo de funcionamiento econmico, constituido sobre una base crediticia externa consobrevaluacin cambiaria, no dur mucho. Se inici as, hacia el final de la dictadura, unacrisis del modelo que provoc paulatinos intentos de reajuste entre 1981 y 1983; etapa conocidacomo de ajuste catico. Durante este proceso, la consolidacin de la deuda externa fue elaspecto ms significativo que el proyecto militar dej dentro del campo econmico, ya sea

por la magnitud de tal hecho, as como por sus consecuencias a largo plazo. Como ya se hacomentado anteriormente, dentro del sistema financiero internacional exista un exceso deliquidez de fcil disponibilidad para los pases en desarrollo, esto llev a un endeudamientomasivo de los estados latinoamericanos en general. Pero el caso argentino present sus

propias caractersticas distinguindose de los dems pases de la regin. Por un lado, fue elpas que ms tardamente concret su internacionalizacin financiera, y el que ms velozmente

se endeud. Por otro lado, fue adems el pas que menos inversiones productivas tuvodentro de ese perodo de endeudamiento. De tal manera, el endeudamiento externo seconstituy como una indita apropiacin de excedentes por parte de una minora que posibilitel saqueo del Estado a gran escala.

La deuda se adquiri fundamentalmente para financiar no slo el dficit fiscal, sino enmayor calidad, el crecimiento del sector privado bajo la patria contratista y la especulacinfinanciera externa e interna. La crisis econmica iniciada ya a fines de 1980 comenz con lainestabilidad del sistema, que ante la primera duda de desajuste provoc la fuga de grandescantidades de divisas. Segn Daniel Aspiazu, aunque esta fuga de capitales se origin por lainestabilidad y el miedo a una devaluacin, su causa principal se debi a que los acreedoresinternacionales solicitaron la garanta de sus prstamos a los deudores privados nacionalesmediante la creacin de activos financieros en el exterior. Mientras que puertas adentro la

deuda contrada por los grupos privados pas a manos del Estado. Este punto esencial dio elinicio a otro proceso de gran endeudamiento, ya que si bien ste era creciente y el mismoestaba dirigido a sostener las cuentas del Estado, a partir de 1979 la deuda externa Argentinacomenz a crecer escandalosamente. Hacia febrero de 1981, el plan econmico haba cado yaen un proceso de profunda crisis que terminara con el mandato de Videla y el alejamientodefinitivo de Martnez de Hoz del Ministerio de Economa.

Roberto Viola asumi la presidencia una vez finalizado la etapa de Videla. Pero lleg alpoder debilitado debido a la oposicin de varios frentes internos, a lo que se sumaba, adiferencia de la administracin anterior, la ausencia en su gabinete de una figura preponderante.



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Esto se not especialmente en el rea econmica, donde el dominio del superministro Martnezde Hoz fue un rasgo definitorio de la gestin videlista. Lorenzo Sigaut no comparta el estilocentralizado de la conduccin econmica de su antecesor, por lo que dio autonoma a variosministerios que antes dependan de Economa, accin que fragment y debilit el poder de sugestin an ms. En abril de 1981, elimin la tablita y estableci un tipo de cambio fijo, a lavez que produjo fuertes devaluaciones junto a otras medidas que tendieron a desacelerar el

proceso de apertura econmica. Con estas disposiciones Sigaut intentaba recomponer elpanorama financiero que emerga descontrolado y que reafirmaba a su mentor, Martnez deHoz, como el nico capaz de dirigirlo; situacin que oblig al nuevo ministro a recurrir areiterados contactos y consejos de su predecesor. Ya a los tres meses de su gestin, Sigauttuvo una agudizacin de la crisis econmica, una fuerte oposicin interna, tres grandesdevaluaciones y la renuncia de las cpulas de los bancos Nacin y Central. Un golpe interno,

perpetrado en diciembre de 1981 por el sector militar disconforme con la poltica dialoguistahacia sectores civiles y con el cambio econmico como producto de esta estrategia deacercamiento, alej a Viola del gobierno, y a Sigaut del Ministerio de Economa, para dar lugara la fraccin dura conducida por Galtieri. El tercer gobierno del Proceso adopt recetaseconmicas netamente ortodoxas, la presencia del nuevo ministro, Roberto Alemann, significel retorno al enfoque liberal de Martnez de Hoz, interrumpido por la flexibilizacin de Sigautdurante la gestin de Viola.

A la adversidad econmica, que continu, se le sum la crisis poltica iniciada tras laderrota en Malvinas. En medio de este escenario catico se produjo otro hecho importantedentro de las transformaciones econmicas efectuadas durante la dictadura militar. Comoamigo del general Horacio Liendo, y con Jos Mara Dagnino Pastore ahora al frente delMinisterio de Economa, asumi la direccin del Banco Central Domingo Cavallo. ste, enmedio de un descalabro econmico y poltico, puso en marcha una medida que tendi a la

licuacin de pasivos, conocida como la estatizacin de la deuda privada. Y que consisti, ensuma, en beneficiar a las empresas privadas mediante un seguro de cambio. Es decir, elEstado se haca cargo de la diferencia de sus deudas en moneda extranjera que habanadquirido tras el auge inflacionario. El gobierno pag, de esta manera, la deuda contrada porvarias empresas privadas que posean sus gruesos capitales en el exterior, tras haberlosfugado en el momento lgido de la crisis. Entre las empresas beneficiadas se encontraban lasfiliales argentinas de sociedades multinacionales como Renault Argentina, Mercedes-BenzArgentina, Ford Motor Argentina, IBM Argentina, City Bank, el First National Bank of Boston,el Chase Manhattan Bank, el Bank of America, el Deustsche Bank. Por consiguiente, la deuda

privada que rondaba los 15.000 millones de dlares se estatiz en un 90 %; por lo que la deudaexterna pas de 8.500 millones de dlares en 1976, a 25.000 millones en 1981, para terminar a

principios de 1984 en 45.000 millones.

En definitiva, la poltica econmica de la dictadura puede sintetizarse entonces en undecidido cambio de rumbo tendiente a eliminar las bases estructurales que posibilitaron unasociedad con un importante grado de integracin, debido, especialmente, al alto grado deequidad en la distribucin del ingreso y la riqueza. Los rasgos ms sobresalientes que operaronsobre esta realidad fueron: una desindustrializacinselectiva que condujo a una desocupacinestructural y a un incremento de la precariedad laboral; una importante concentracin decapitalen pocos actores econmicos, vinculados centralmente a la patria contratista; lahegemona del capital financiero por sobre las actividades productivas; y un sustancialendeudamiento externo, vinculado estrechamente al nuevo sistema de dominacin. El xito



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pblico por la aparicin de sus hijos. Luego surgieron Abuelas de plaza de Mayo y Familiaresde Detenidos Desaparecidos por Razones Polticas. Tambin emergieron organismos como elCentro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Movimiento Judo por los DerechosHumanos, a los que debemos sumar la Liga Argentina por los Derechos del Hombre(originariamente fundada en 1937 y vinculada al Partido Comunista).

Este conjunto de organismos conform el denominado movimiento por los derechoshumanos y se ubic paulatina y pblicamente como la principal resistencia hacia el gobiernomilitar; y aos ms tarde, como un sujeto poltico fundamental en la transicin hacia lademocracia. Las rondas semanales realizadas en Plaza de Mayo por las Madres eran su msclara manifestacin. Dentro de un espacio pblico clausurado y una sociedad silenciada lasorganizaciones por los derechos humanos comenzaron a alzar una voz denunciante delcomportamiento criminal y terrorista del Estado. La definicin de la violencia en trminos de

violaciones a los derechos humanos como afirma Elizabeth Jelin fue el paso que permitiintroducir la dimensin jurdica en el conflicto poltico. En un momento en que no exista unmarco de referencia interno que permitiera establecer una nocin de estado de derecho, lanocin internacional de derechos humanos se torn especialmente significativa.17

Lejos de ser homogneo, el movimiento expresaba en su interior la tensin propia deenfrentarse al poder. Divididos entre los que proponan oposicin y lo que pregonabancautela. Pero ms all de estas diferencias, las actividades se unificaban en dos direcciones:como ya se dijo, propiciaban la difusin y denuncia pblica de las violaciones realizadas porel Estado, que inclua una importante propagacin de las mismas en el plano internacional,donde se buscaba conseguir solidaridad y apoyo en la lucha contra el rgimen dictatorial. Porotro lado, ofrecan solidaridad y contencin a las vctimas y sus familiares. Construan basesde datos recopilando informacin sobre las personas detenidas, colaboraban activamente enla bsqueda, como tambin asesoraban legalmente a los familiares, como por ejemplo, en la

interposicin de un habeas corpus18 en la justicia.Es necesario destacar que la Iglesia Catlica se encontr, oficialmente, por fuera de esta

situacin. Por el contrario, hasta entrado varios aos brind, de alguna manera u otra, apoyoal gobierno, y en numerosas ocasiones defendi la situacin establecida. sta fue una evidenteausencia por su legitimidad y poder que pes sobre el movimiento y su desarrollo. Mssignificativa an si se la compara con el caso chileno. All la Iglesia Catlica logr instituir unaVicara de la Solidaridadque colabor activamente en la exigencia de respeto a los derechoshumanos por parte del gobierno del dictador Augusto Pinochet. En Argentina, la colaboracinde grupos catlicos slo fue a partir de acciones individuales o colectivas, por fuera de ladecisin tomada por la jerarqua. A travs de esta forma lateral participaron loablementealgunos obispos y numerosos sacerdotes, religiosas y laicos, que llegaron a tener un papeldestacado en la lucha contra el terror estatal. Por ltimo, cabe destacar las diversas

manifestaciones desarrolladas en barrios perifricos del Gran Buenos Aires, como de muchospueblos y ciudades del interior del pas, que menos evidentes y conocidos que el movimientode derechos humanos, participaron activamente del reclamo de personas detenidas odesaparecidas.

Uno de los sectores de la sociedad que ms sufri la represin fue la clase trabajadora.Inmediatamente ocurrido el golpe, y debido a cierto temor a una reaccin obrera, una de lastempranas acciones de los militares fue sitiar las principales plantas fabriles del reametropolitana de Buenos Aires y de otros grandes cinturones industriales del interior. Seintervinieron los sindicatos y obras sociales, se suspendi de forma indefinida toda actividad



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sindical y qued suprimido el derecho a huelga. A estas medidas las acompa una notoriapersecucin sobre los trabajadores, que implic la desaparicin fsica de un importante nmerode ellos, en especial de los militantes gremiales gran parte delegados fabriles provenientesdel peronismo combativo o de la izquierda. Por sobre toda esta violencia directa desplegadasobre la clase trabajadora se adicionaron los cambios radicales implementados por el equipoeconmico, que tena como uno de sus objetivos centrales, como ya se dijo, el debilitamientodel sector laboral por medio del congelamiento de los salarios en articulacin con un notablergimen inflacionario. Se aspiraba, en el mediano y largo plazo, a la eliminacin de la plenaocupacin del mercado laboral a travs de un proceso de desindustrializacin. La finalidadera provocar la desestructuracin del poder poltico y control de instancias estatales que elmovimiento obrero, a travs de la dirigencia sindical, haba logrado alcanzar durante el ltimotramo del gobierno peronista de Isabel.

La reaccin inmediata de las cpulas sindicales fue un repentino repliegue que se expresdurante los primeros aos en un sustancial inmovilismo. El inconformismo de la situacineconmica y represiva, y la ausencia de iniciativas de centralizacin de luchas a nivel nacional,en gran parte, produjeron en numerosas ocasiones una multiplicidad de acciones de protestasdentro de los mismos lugares de trabajo. Las bases obreras desarrollaron huelgas y otrostipos de luchas novedosas repertorios no tradicionales que crecieron paulatinamente hastaalcanzar su pico mximo en 1981. Se fue conformando asimismo, lentamente, unmovimientomolecular de resistencia que evidenciaba un descontento hacia el gobierno y sus polticas. Yfueron surgiendo mecanismos inditos que revelaban una gran capacidad de adaptacin alas nuevas circunstancias. Por ejemplo, ante la imposibilidad de eleccin de representantes,que era una de las prohibiciones realizadas por el gobierno, cumplida celosamente por losempleadores, surgi el fenmeno del delegado provisorio (delegado elegido al margen delos procedimientos legales, que no era reconocido por la empresa) que tena la funcin de

articular los reclamos de sus compaeros. En suma, desde los inicios mismos del proceso sefue desplegando dentro de los mbitos de trabajo una variedad de luchas que tenan comofinalidad, en la mayora de los casos, demandas de orden salarial, reivindicacin de lascondiciones de trabajo, y defensa y restauracin de la organizacin sindical fabril.

Por su parte, los sindicatos inicialmente se agruparon, de manera cambiante, en dostendencias: dialoguistas y combativos. En abril del 79, luego de la disminucin de tres aosde altsima violencia estatal, el sector combativo de los sindicatos la Comisin de los 25convoc a la primera huelga general registrada durante la dictadura. Inmediatamente elgobierno intent impedirla encarcelando a los organizadores, pero sta pudo ser realizadaigual e implic el retorno de la protesta social masiva dentro de un espacio pblico clausurado.A medida que el deshielo avanzaba, que el miedo lentamente retroceda, el movimientoobrero comenz a tener mayor protagonismo.

Por ltimo, se debe resaltar que los militares no dejaron de lado dentro de su plansistemtico de represin el aspecto cultural y educativo. Se practic una estricta censura enmanifestaciones artsticas de todo tipo que incluy la prohibicin de pelculas, intervencinde editoriales, secuestro de revistas y persecucin y censura de variados artistas populares.Tambin se realizaron grandes quemas de libros y publicaciones, como la realizada en Sarandel 30 de agosto de 1980, donde se quemaron ms de un milln y medio de libros del CentroEditorial de Amrica Latina (CEAL). A pesar de esto, a fines de los setenta, con el denominadodeshielo, comenzaron a observarse indicios de oposicin y resistencia a la dictadura. Elrock nacional y el circuito under fueron claros exponentes se esto. Como tambin lo fue un



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cine que se animaba, cada vez ms, a presentar producciones de tono poltico, y un movimientoteatral Teatro Abierto que lograba paulatinamente enfrentar el miedo. As, el campo culturalempez, a partir de los ochenta, a ser una herida cada vez ms profunda e insoldable entre elrgimen y la sociedad.

El pr incipio del fi n

Como ya se ha afirmado, desde fines de los setenta y durante los primeros meses de lanueva dcada, se inici un proceso de desgaste del gobierno militar que se que manifestabaen la apertura paulatina de los espacios pblicos, y en el surgimiento de voces disonantesdesde la sociedad. Las causas de esta lenta transformacin se hallaban en el fracaso manifiestode la poltica econmica y de los proyectos polticos de sucesin; pero especialmente, en ladisgregacin interna del rgimen. La lucha contra la subversin era un importante factor decohesin hacia el interior de las Fuerzas Armadas, como tambin fue sustancial el grado delegitimidad que propiciaba hacia la sociedad. Una vez agotada la tarea militar comenzaron asurgir disidencias ante la incapacidad de establecer bases mnimas de acuerdo alrededor delos objetivos del rgimen.

Los ejes de oposicin se centraron en distintos grupos, conformados, en primer lugar,por Videla y Viola, que desde el ejrcito constituan una fraccin sumamente fuerte pero nodel todo dominante. Un segundo grupo se encontraba encabezado por los generales CarlosSurez Mason y Luciano Benjamn Menndez, a los que se sumaba, entre otros, el jefe de la

polica de la provincia de Buenos Aires, coronel Ramn J. Camps. Este sector clave en lastareas ms sucias de la represin aseveraba que sta deba continuar hasta sus ltimasconsecuencias. Practicaron su propia experiencia estatista frustrada en el Ministerio dePlaneamiento y conformaron el sector burcrata del Ejrcito que al frente de las principales

empresas del Estado defendan intereses propios ante al avance liberal de la economa deMartnez de Hoz. Un tercer grupo estuvo dirigido por Emilio Massera, que desde la Armada se

propuso conformar un frente poltico propio que obstaculiz primero a Videla y luego a Viola,criticando las medidas econmicas y oponindose a toda estrategia poltica del sectordialoguista. Los dems oficiales de la Armada tampoco simpatizaban con la figura de Viola,

principalmente por el carcter populista del nuevo presidente. Sin embargo, ste encontrarun apoyo espordico en el almirante Armando Lambruschini nuevo comandante en jefe dela Armada a partir de septiembre del 78, quien no comparta el perfil poltico que Masserahaba otorgado a la Armada.

El 29 de marzo de 1981, en medio de una crisis econmica y en medio de un desgastesignificativo de gobierno se alej de la presidencia Videla. Lo sucedi, luego de una complejanegociacin interna iniciada seis meses antes, el hasta entonces comandante en jefe del

Ejrcito, general Roberto Viola. Una vez asumido el poder, el mando del ejrcito pas a manosde Leopoldo Fortunato Galtieri, un frreo opositor del novel presidente y exponente delsector duro de los militares. El corto perodo de gobierno de Viola, de poco ms de ochomeses, represent la clara situacin de crisis interna del Estado autoritario y de reconstituciny demanda de la sociedad civil que atropellada culturalmente comenzaba a recomponer unespacio democrtico y a reconquistar el respeto de s misma, luego de varios aos deautoritarismo militar.19

Es as como de hecho la prohibicin poltica termin en 1981. Especialmente con laconstitucin de la Multipartidaria que, impulsada por el radicalismo, tena la intencin de



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convocar a los partidos polticos, las entidades empresariales y los sindicatos. Ante elpretendido ensayo poltico del gobierno stos coincidieron en no acordar una salidacondicionada por los militares. El paso de los meses los fueron convirtiendo en los nicosdepositarios de la legitimidad poltica, principalmente al incorporar en su repertorio demandasvinculadas con los derechos humanos. Y si bien represent un factor dinmico en el universo

poltico, que critic con dureza al gobierno y configur una oposicin estructurada, no logrconformar una alianza antidictatorial que precipitara la cada del rgimen.

Este despertar poltico, que ligaba, aunque sutilmente, gobierno y sociedad, encontrabaun obstculo en la dimensin econmica. Conciente del problema, la introduccin de cambioseconmicos se torn para Viola una estrategia de acercamiento poltico. As pretendi realizaralgunos cambios sustanciales, design como ministro del rea a Lorenzo Sigaut y se convoca sectores empresariales a participar de la gestin. La intencin era aliviar la situacin de los

empresarios locales golpeados por la crisis financiera y la devaluacin; pero su designiofracas. No pudo conquistar el apoyo necesario de buena parte del empresariado argentino.Adems, los grupos econmicos y financieros argentinos, plenamente identificados con la

poltica econmica de Martnez de Hoz, percibieron con inquietud los cambios efectuadospor el ministro Lorenzo Sigaut, especialmente en materia de poltica financiera.

Las pretendidas reformas en la economa en conjuncin con el fomentado dialoguismoincrement exponencialmente la difcil relacin entre el gobierno y la cpula militar. Violacont slo con el respaldo de los sectores moderados del Ejrcito y de la Fuerza Area. Y amedida que pasaban los das su poder se iba debilitando, tanto como aumentaba el de la JuntaMilitar, donde el autoritarismo reaccionario, cuya principal figura era la del jefe del Ejrcito,Galtieri, buscaba impedir cualquier tipo de apertura democrtica. En esta interna de poder elindudable perdedor era el presidente. Entre rumores de golpe interno y una supuestaenfermedad que lo deposit en el Hospital Militar, Viola fue alejado de la presidencia. En los

das siguientes el gobierno qued interinamente en las manos de Horacio Liendo, ministro delinterior. Mientras tanto el sector de los duros impulsaba a la presidencia a Galtieri, que

posea el apoyo de la Armada y de los Estados Unidos. Finalmente, la Junta emplaz a Violaa presentar su renuncia y nombr al jefe del Ejrcito como su sucesor. La cada de Viola cerrtoda negociacin y dio paso a los sectores que pretendan restituir de algn modo la coherenciaque el Proceso tuvo durante sus primeros aos.

La guerr a

Desplazado Roberto Viola, el 22 de diciembre de 1981 asumi la presidencia Leopoldo F.Galtieri, fiel representante del ala dura del rgimen que pretenda continuar con el Proceso ensus trminos originales. Su objetivo central era recomponer el dominio autoritario sobre la

sociedad. Por lo que necesitaba eliminar los enfrentamientos internos y revertir el proceso dedesgaste que sufra el gobierno frente a la sociedad. De la mano de Roberto Alemann, comovimos, la economa volvi a ser reencausada en los trminos de la ortodoxia liberal. A lasacciones del nuevo gobierno se contrapona una sociedad y sus instituciones que continuabancon su paulatino despertar. Se incrementaban las presiones de los partidos polticos para unaapertura democrtica, de igual forma que lo hacan las demandas del movimiento de derechoshumanos, que reclamaba cada vez con mayos fuerza por la suerte de los miles de desaparecidos.Otro destacable actor que ya haba comenzado a tener un notable protagonismo era el sindical.La accin gremial tendi a normalizarse desde fines de 1980, cuando fue unificada la CGT y



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designado como secretario general Sal Ubaldini. A partir de ese momento las tensiones entrela confederacin y el gobierno fueron en aumento. Se produjo un paro en el 81, y una masivamovilizacin a San Cayetano durante ese mismo ao; y el 30 de marzo del 82 un paro nacionalcon movilizacin hacia Plaza de Mayo, que sufrira una dura represin por parte del gobierno.

Por el contrario, el plano internacional mostraba sugestivos cambios para el rgimen.Durante este mismo ao, 1981, asume como flamante presidente de los Estados Unidos elrepublicano Ronald Reagan. El cambio de administracin proyect una poltica exteriorinversamente opuesta a la del gobierno de Carter. Apoy los gobiernos duros de la regin,y en el caso particular de la Argentina levant las sanciones provistas por el gobierno anteriora causa de las violaciones a los derechos humanos. Este gesto, en conjuncin con la ayudaargentina en Centroamrica, que perpetraba el trabajo sucio que el Congreso estadounidenseimpeda a sus propias tropas, fortalecieron en Galtieri la idea de una Argentina estratgicamente

aliada al pas del norte.En esta coyuntura fue ideado el plan de recuperacin de las islas Malvinas, que como eldel Beagle fue impulsado desde la Marina. ste, en un marco externo que se lea comoaltamente favorable, propiciaba ante los conflictos internos una fuga hacia delante de ladictadura, que esperaba a travs de esta accin recuperar la legitimidad perdida. La recuperacinmaterializaba los reclamos histricos realizados por la Argentina desde 1833, momento en quelas islas fueron ocupadas por los ingleses. En 1965, la Organizacin de Naciones Unidas(ONU) haba dispuesto la negociacin entre las partes, pero sta haba sido desoda por GranBretaa. De acuerdo a los clculos estratgicos del gobierno militar, la recuperacin tendra laadhesin inmediata de los Estados Unidos, con los cuales el pas se encontraba alineado.Ante este apoyo, Gran Bretaa cedera la soberana, y sin necesidad de acciones blicas, sehabra recuperado el archipilago.

Como sostiene Luis Alberto Romero, desde la perspectiva de los militares la recuperacin

de las islas permitira: unificar las Fuerzas Armadas, ganar el apoyo de la sociedad y dar porcerrado el conflicto creado con Chile por el Canal del Beagle, ya que no se haba aceptado nirechazado la propuesta ofrecida por el Vaticano, que oficiaba de mediador en el litigio con el

pas lindante. Uno de los supuestos fue confirmado de inmediato, ya que iniciada la operacinfue sumamente extenso el apoyo brindado por la sociedad en su conjunto, incluyendo elamplio arco de los partidos polticos, y los sindicatos, que poco despus de haber efectuadouna huelga se movilizaron en apoyo a la decisin tomada por la cpula militar.

El 2 de abril se efectiviz la ocupacin de las islas, y al da siguiente se declar la soberanaargentina sobre las Malvinas, Georgia y Sandwich del sur. En lo sucesivo fue nombradogobernador del recuperado territorio Mario Benjamn Menndez. En Gran Bretaa, la reaccindel gobierno conservador de Margareth Tatcher, que utiliz el inesperado conflicto paraconsolidarse internamente, no se hizo esperar. Se alist de inmediato a parte de la Fuerza

Naval y se dispuso una zona de exclusin martima alrededor de las islas. La ComunidadEuropea brind su solidaridad a la potencia insular, y el Consejo de Seguridad de la ONUdeclar a Argentina como pas agresor y exigi el inmediato retiro de las islas. El pas comenzabarepentinamente a estar aislado, la pretendida aprobacin de los Estados Unidos se hacaesperar. A travs de su secretario de Estado, Alexander Haig, el gobierno de Reagan propusoa las partes una salida negociada que, considerada como inaceptable por los militaresargentinos, fue inmediatamente desestimada. La reaccin de los EE.UU. implic una sancineconmica para la Argentina y la asistencia logstica para su aliada en la OTAN, Gran Bretaa.Entonces el gobierno militar fue en busca de la solidaridad de pases del tercer mundo que



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desearan condenar el imperialismo britnico. El respaldo explcito lo obtuvo de variospases latinoamericanos incluida la socialista Cuba pero no el compromiso militar; comotambin consigui un tibio apoyo de la Unin Sovitica. Mientras tanto los combates areonavales avanzaban el las islas, y el podero britnico pronto mostr su diferencia. La rendicinargentina se produjo el 14 de junio, un poco ms de dos meses de comenzada la ofensiva. Elsaldo fue de 650 argentinos muertos, en su mayora soldados, y ms de un millar de heridos.

La retir ada

El desastre de Malvinas catapult el rgimen militar hacia su final e inici el proceso detransicin democrtica sin necesidad de pactar un traspaso de poder. La derrota desat unacrisis interna profunda, y la sociedad aument su presin sobre un gobierno desgastado porlos aos y acusado, ahora de manera masiva, de mltiples violaciones a los derechos humanos.Al fracaso militar se sumaban el fracaso econmico, que comenz a exteriorizarse iniciada lanueva dcada, y el incumplimiento de los objetivos polticos que imposibilitaron gestar la tanansiada descendencia al rgimen. En este contexto es investido como presidente ReinaldoBignone, el 1 de julio de 1982, sucesor de Galtieri y encargado de hacer transitar al pas haciala democracia. Impuesto su nombramiento por el Ejrcito, provoc la salida de la Marina y laFuerza Area de la Junta y su inmediata disolucin. Por primera vez desde marzo del 76 elEjrcito qued slo con el poder poltico.

La sociedad, por su parte, comenzaba a ocupar el espacio pblico y viva una visiblerepolitizacin. La ilusin de la democracia, y su prxima realidad, empezaba a enclavarsesobre amplios sectores. Hubo una intensa participacin en poltica, declarada en el aumentode afiliacin a los partidos, o a travs de movilizaciones que expresaban demandas odescontentos. Algunas de las ms manifiestas fueron los denominados vecinazos surgidos

en el Gran Buenos Aires a fines de 1982. stos eran la accin directa de vecinos que, pormedio de movilizaciones, demandaban soluciones a determinados problemas o expresabansu descontento por el aumento de las tasas municipales.

Por otro lado, el horror producido durante esos aos se haca cada vez ms pblico. Elmovimiento por los derechos humanos coloc el problema de los desaparecidos y la demandade verdad en el centro del debate. Un eje esencial para la poltica renacida que impregnaba desentido y valoracin tica al debate pblico. Adems, esta situacin impuls las primerascrticas claras y evidentes de los partidos polticos hacia el rgimen autoritario. La Iglesia,cmplice y ajena por mucho tiempo a los reclamos, comenz a alejarse del gobierno y emitisus primeras tibias crticas. Los sindicatos continuaban con las presiones y convocaron,entre 1982 y 1983, una serie de paros generales.

Restituida la Junta Militar tres meses despus de su disolucin, el soberano militar logr

rearticular parte de sus fuerzas para encarar la concertacin. El objetivo era acordar el manejodel futuro gobierno constitucional para garantizar no ser juzgados. Abierto el proceso dedesintegracin del orden autoritario, slo queda el camino de la negociacin para evitar unasalida humillante. De esta forma presentaron su primera propuesta de negociacin en noviembredel 82, que fue ampliamente rechazada por los partidos polticos y por la sociedad en general.La respuesta manifiesta fue una masiva marcha civil en defensa de la democracia; presionado,el gobierno fij la fecha para las elecciones. Pero los militares no cedan a una entrega delgobierno sin un convenio previo, y en abril del 83 emitieron elDocumento final de la Junta

Militar, donde fijaban los puntos bsicos de negociacin para la transicin (lucha contra el



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terrorismo, desparecidos, plan econmico, deuda externa, conflicto Malvinas, diferendo Beagley otros). Nuevamente la clase poltica remarc su negativa. Especialmente sobre la exigenciade los militares sobre dos puntos: la responsabilidad por los excesos de la guerra sucia, y suinsercin en el futuro gobierno civil. Las Fuerzas armadas harn su ltimo intento en septiembre

por medio de una ley de autoamnista que estableca: extinguidas las acciones penalesemergentes de delitos cometidos con motivacin o finalidad terrorista o subversiva, desde

el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Pero fue impugnada por inconstitucionalpor la Multipartidaria. La intensa movilizacin de la sociedad como asegura Romero, enconsonancia con la propia debilidad de las Fuerzas Armadas, sumidas en un proceso veloz dedeslegitimacin y conflictos internos, constituyen la ms firme explicacin para el fracaso deun pacto entre la dirigencia poltica y los militares que implicaba correr el teln sobre el

pasado y asegurar una transformacin no traumtica del rgimen de facto en otro civil.

En definitiva, no hubo una transferencia exitosa del poder. Para los militares sta serealiz dentro del ms absoluto fracaso. Como asegura Quiroga, la transicin democrtica enArgentina no se abre paso mediante un pacto.No hay transicin pactada; no hay un pacto

fundante para la constitucin de un nuevo rgimen, pero tampoco hay una ruptura total

con el rgimen anterior. Algunos de los elementos del antiguo rgimen prevalecern comosaldo en el nuevo orden poltico. Y es aqu donde revela inters la hiptesis de pacto

postergado, de un pacto diferido en el tiempo, que crea una situacin no clausurada, sinoms bien suspendida. Los sacudones militares en tiempo de la democracia que derivan en lasleyes de obediencia debida y punto final, como en el indulto presidencial, pueden explicarseen clave de pacto postergado.20

En este contexto poltico se aprestaban los principales candidatos partidarios para encararla reconstitucin de un gobierno democrtico. La recomposicin del peronismo y su aparato

poltico estuvo, en buena mediada, guiada por los lderes sindicales de mayor protagonismo

durante esta etapa de transicin, y propugnaban como candidato al constitucionalista taloLuder. Por el lado de la Unin Cvica Radical se encontraba Ral Alfonsn, distinguido delresto de los polticos por sus fuertes crticas a los militares, su notable reclamo por losdesaparecidos, y su compromiso de justicia para los responsables del horror. Estos puntosfueron sustanciales para su futuro triunfo electoral, especialmente en contraposicin a lasintenciones de negociacin manifestadas por el peronismo, y denunciadas por el candidatoradical como un pacto cvico-militar.

Las elecciones se llevaron a cabo el 30 de octubre de 1983. La UCR logr computar el 52% de los votos, y el nuevo presidente asumi el 10 de diciembre de 1983. Finalizaba as laetapa ms sangrienta nunca vivida por la Argentina, donde el recurso permanente a la muerteestuvo asociado a la imposicin de transformaciones estructurales sobre la economa, la

poltica, la cultura y la sociedad en su conjunto.

Notas:

1 Las haba en: Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Per, Nicaragua, El Salvador, Hait,Guatemala y Granada. En buena medida en Repblica Dominicana y Honduras, y con una fachada civilen Colombia.2 Elpretorianismo implica la aceptacin de la participacin de los militares en la esfera poltica del pas.As, el sistema poltico argentino, entre 1930 y 1983, funcion en la realidad histrica a travs de unaarticulacin que combin en su estructura los gobiernos militares con los gobiernos civiles, en: Quiroga,Hugo,El tiempo del Proceso. Conflictos y coincidencias entre polticos y militares. 1976-1983, Rosario,



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Homo Sapiens-Fundacin Ross, 2004, pp. 35-39.3 Quiroga, Hugo, El tiempo del Proceso, en Suriano, Juan,Dictadura y democracia,Nueva HistoriaArgentina, Tomo X, Buenos Aires, Sudamericana, p. 39.4 El carcter ordenador de determinadas dictaduras implicaba, una vez diagnosticado el supuesto desordeninstitucional, restablecer el funcionamiento normal del sistema. Como lo indica Quiroga: las fuerzasarmadas se piensan garantes de la continuidad de lo que entienden son los principios, valores y normasconstitutivas de la Nacin, esto es, se reclaman tutores tanto de la decisin colectiva que selecciona algobernante como de la integridad del Estado justifican as su accin golpista en aras de la defensa de laruptura del orden constitucional. Se visualizan a s mismas como los vectores que indican el rumbo delEstado nacional. De esta forma, en 1930 echan por tierra un rgimen democrtico; en 1943 se vislumbrannacionalistas y derrocan a un gobierno conservador; en 1946 dan su apoyo al gobierno de Pern; aosms tarde lo derrocan; en 1962 se oponen la participacin electoral del peronismo; en 1966 y 1976procuran desde un nuevo tipo de golpe de Estado reestructurar la sociedad y el Estado argentinos,en Quiroga, Hugo,El tiempo del Proceso, op. cit., p. 42. Vase tambin el artculo de Marcelo

Cavarozzi en la presente compilacin.5Ibd., p. 66.6 Declaraciones del gobernador de facto de Buenos Aires, Ibrico Saint Jean, el 28 de mayo de 1977.7 Calveiro, Pilar,Poder y desaparicin. Los campos de concentracin en la Argentina, Buenos Aires,Colihue, 2006, p. 11.8 Corradi, Juan, El mtodo de destruccin. El terror en la Argentina, en Quiroga, Hugo y Tcach, Csar(comps.),A veinte aos del golpe. Con memoria democrtica, Rosario, Homo Sapiens, 1996.9Kapos: prisioneros de los campos de concentracin nazi que colaboraban con la disciplina en losmismos.10 ODonnell, Guillermo, Democracia en la Argentina. Micro y macro, en Oszlak, Oscar (comp.),Proceso, crisis y transicin democrtica /1, Buenos Aires, CEAL, 1984, p. 17.11 ODonnell, Guillermo,El Estado burocrtico-autoritario. Triunfos, derrotas y crisis, 1966-1973,Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982, p. 36.12 Al respecto, Mariana Heredia observa que la circulacin de estas nuevas ideas dentro del campo liberalcomienzan a surgir a partir de la Revolucin Libertadora, en 1955. Desde esos momentos la renovacindel campo del conocimiento econmico cobra fuerza mediante la imagen del erudito o experto eneconoma, y a travs de una creciente profesionalizacin del rol del economista como resultado de lasnuevas ideas provenientes bsicamente de los EE.UU., que circulaban a nivel local por medio defundaciones y asesoras vinculadas al mundo empresario y estatal, que tomaron impulso, especialmente,por un retroceso en la regin de escuelas o corrientes econmicas propias. Heredia, Mariana: ElProceso como bisagra. Emergencia y consolidacin del liberalismo tecnocrtico: FIEL, FM, CEMA, enPucciarelli, Alfredo (coord.),Empresarios, tecncratas y liberales. La trama corporativa de la ltimadictadura, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.13 Canitrot, Adolfo, La disciplina como objetivo de la poltica econmica. Un ensayo sobre el programaeconmico del gobierno argentino desde 1976, enDesarrollo Econmico, vol. 19, N 76, Buenos Aires,enero-marzo de 1980, pp. 453-475.14 Aspiazu, Daniel; Basualdo, Eduardo y Khavisse, Miguel, Capitanes de la industria o generales de

la economa?, enEl Periodista, N 85, Buenos Aires, 1986, p. 4.15 Segn las apreciaciones realizadas por Aspiazu, Basualdo y Khavisse se expresa: El origen demuchos de estos grupos se remonta a la poca del modelo agroexportador y a la primera etapa de laindustrializacin sustitutiva, aunque algunos (los menos) se integraron en la segunda etapa de sustitucinde importaciones. De esta manera, estos capitales se conformaron sobre la base de la fraccin de laoligarqua que se diversific y expandi hacia la produccin industrial (Bunge y Born, Braun, Menndezy Garobaglio y Zorroaqun) a los que se agregaron despus durante la dcada de 1930 y de 1940 otrosgrupos econmicos formados en la actividad industrial o en la explotacin petrolera (Celulosa Argentina,Astra y Perz Companc) a los cuales se le agregaron otros de reciente formacin (SOCMA, Bridas yArcor). Por otro lado, hay empresas transnacionales (ET) que en su proceso de acumulacin mundial,



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se expandieron en el pas mediante la instalacin de mltiples firmas controladas, cuyas actividadesestaban integradas y/o diversificadas. Este tipo de ET proviene mayoritariamente de la primera osegunda sustitucin de importaciones (Ford, Pirelli, Bayer o Renault), y en menor medida de la etapaagroexportadora (Brow Boveri y Dreyfus), en Aspiazu, Daniel; Basualdo, Eduardo y Khavisse, Miguel,op. cit., p. 5.16 Verbitsky, Horacio, Malvinas. La ltima batalla de la tercera guerra mundial, Buenos Aires,Sudamericana, p. 112.17 Jelin, Elizabeth, Los derechos humanos entre el Estado y la sociedad, en Suriano, Juan (dir.),Dictadura y democracia (1976-2001), Nueva Historia Argentina, Tomo X, Buenos Aires, Sudamericana,2005, p. 527.18 El habeas copus consiste en una garanta constitucional que permite proteger la libertad de laspersonas frente a un acto u omisin de autoridad pblica que implique ilegtimamente: limitacin de lalibertad personal, amenaza actual de la libertad, agravacin de las formas o condiciones en que se cumplela privacin de la libertad. Establece, ante la detencin ilegal de una persona, que un tribunal de justicia

determine su situacin: si debe continuar el arresto ya legal, o si se procede a la liberacin.19 Quiroga, Hugo,El tiempo del Proceso...op. cit., p. 67.20 Quiroga, Hugo,El tiempo del Proceso op. cit., p. 331 (subrayado del autor).

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SOMOSCOMPAEROS, AMIGOS, HERMANOS*

Pilar Calveir o

Entre 1976 y 1982 funcionaron en Argentina 340 campos de concentracin-exterminio,distribuidos en todo el territorio nacional. Se registr su existencia en 11 de las 23 provinciasargentinas, que concentraron personas secuestradas en todo el pas. Su magnitud fue variable,tanto por el nmero de prisioneros como por el tamao de las instalaciones.

Se estima que por ellos pasaron entre 15 y 20 mil personas, de las cuales aproximadamenteel 90 por ciento fueron asesinadas. No es posible precisar el nmero exacto de desapariciones

porque, si bien la Comisin Nacional sobre la Desaparicin de Personas recibi 8960 denuncias,se sabe que muchos de los casos no fueron registrados por los familiares. Lo mismo ocurrecon un cierto nmero de sobrevivientes que, por temor u otras razones, nunca efectuaron ladenuncia de su secuestro.

Segn los testimonios de algunos sobrevivientes, Juan Carlos Scarpatti afirma que porCampo de Mayo habran pasado 3500 personas entre 1976 y 1977; Graciela Geuna dice que enLa Perla hubo entre 2 mil y 1500 secuestrados; Martn Grass estima que la Escuela de Mecnicade la Armada aloj entre 3 mil y 4500 prisioneros de 1976 a 1979; el informe de Conadepindicaba que El Atltico habra alojado ms de 1500 personas. Slo en estos cuatro lugares,ciertamente de los ms grandes, los testigos directos hacen un clculo que, aunque parcial

por el tiempo de detencin, en el ms optimista de los casos, asciende a 9500 prisioneros. Noparece descabellado, por lo tanto, hablar de 15 o 20 mil vctimas a nivel nacional y durantetodo el periodo. Algunas entidades de defensa de los derechos humanos, como las Madresde Plaza de Mayo, se refieren a una cifra total de 30 mil desaparecidos.

Diez, veinte, treinta mil torturados, muertos, desaparecidos... En estos rangos las cifrasdejan de tener una significacin humana. En medio de los grandes volmenes los hombres setransforman en nmeros constitutivos de una cantidad, es entonces cuando se pierde lanocin de que se est hablando de individuos. La misma masificacin del fenmeno actadeshumanizndolo, convirtindolo en una cuestin estadstica, en un problema de registro.Como lo seala Todorov, un muerto es una tristeza, un milln de muertos es una informacin.1

Las largusimas listas de desaparecidos, financiadas por los organismos de derechos humanos,que se publicaban en los peridicos argentinos a partir de 1980, eran un recordatorio de quecada lnea impresa, con un nombre y un apellido representaba a un hombre de carne y huesoque haba sido asesinado. Por eso eran tan impactantes para la sociedad. Por eso eran tanirritativas para el poder militar.

Tambin por eso, en este texto intentar centrarme en las descripciones que hacen losprotagonistas, en los testimonios de las vctimas especficas que, con un nombre y un apellido,con una historia poltica concreta hablan de estos campos desde su lugar en ellos. Cadatestimonio es un universo completo, un hombre completo hablando de s y de los otros. Serasuficiente tomar uno solo de ellos para dar cuenta de los fenmenos a los que me quieroreferir. Sin embargo, para mostrar la vivencia desde distintos sexos, sensibilidades, militancias,lugares geogrficos y captores, aunque har referencia a otros testimonios, tomar

* Publicado en Calveiro, P., Somos compaeros, amigos, hermanos, en Poder y desaparicin. Loscampos de concentracin en la Argentina, Buenos Aires, Colihue, 1998, pgs. 29-53 y 169-174 (notas).



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bsicamente los siguientes: Graciela Geuna (secuestrada en el campo de concentracin de LaPerla, Crdoba, correspondiente al III Cuerpo de Ejrcito), Martn Grass (secuestrado en laEscuela de Mecnica de la Armada, Capital Federal, correspondiente a la Armada de la RepblicaArgentina), Juan Carlos Scarpatti (secuestrado y fugado de Campo de Mayo, Provincia deBuenos Aires, campo de concentracin correspondiente al I Cuerpo de Ejrcito), ClaudioTamburrini (secuestrado y fugado de la Mansin Ser, provincia de Buenos Aires,correspondiente a la Fuerza Area), Ana Mara Careaga (secuestrada en El Atltico, CapitalFederal, correspondiente a la Polica Federal). Todos ellos fugaron enms de un sentido.

La seleccin tambin pretende ser una muestra de otras dos circunstancias: laparticipacin colectiva de las tres Fuerzas Armadas y de la polica, es decir de las llamadasFuerzas de Seguridad, y su involucramiento institucional, desde el momento en que la mayorade los campos de concentracin-exterminio se ubic en dependencias de dichos organismos

de seguridad, controlados y operados por su personal.No abundar en estas afirmaciones, ampliamente demostradas en el juicio que se siguia las juntas militares en 1985. Slo me interesa resaltar que en ese proceso qued demostradala actuacin institucionallas Fuerzas de Seguridad, bajo comando conjunto de las FuerzasArmadas y siguiendo la cadena de mandos. Es decir que el accionar antisubversivo serealiz desde y dentro de la estructura y la cadena jerrquica de las Fuerzas Armadas.Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las rdenes escritas de los comandossuperiores, afirm en Washington el general Santiago Ornar Riveros, por si hubiera algunaduda.2 En suma, fue la modalidad represiva del Estado, no un hecho aislado, no un exceso degrupos fuera de control, sino una tecnologa represiva adoptada racional y ce

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