Un virreinato llamado Tlaxcala

28 | EMEEQUIS | 10 de marzo de 2008

Historias de un viejo y antiguo retrato del poder

llamado Tlaxcala

un virreinatoEn el gobierno de Héctor Ortiz Ortiz, el nepotis-mo no es algo mal visto: tres de sus hermanos trabajan con él. Tampoco es extraño que con

dinero público se compren bienes para ser entregados sin costo a particulares y que en ellos se instalen hospitales. Ni mucho menos que esos hospitales tengan contratos con el gobierno local. Por ello nadie se asombra de

que el “gober” haya asignado a “su” gente dos tareas: colarse en diversos partidos e incluso crear dos pequeños partidos locales afines al gobernador. Qué decir, además, de la pensión

vitalicia que el gobernador cobra como ex rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y qué de los empresarios amigos que reciben contra-tos públicos y de muchas otras cosas más. Esta es la historia de un virreinato llamado Tlaxcala.

Fátima Monterrosa / enviada

Ilustración: Marco Alberto González

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llamado Tlaxcala

un virreinato


T

laxcala, Tlaxcala.– En este estado la historia no camina ni los relojes

políticos sirven, al menos no el del gobernador. El tiempo parece haberse perdido en las viejas

construcciones tlaxcaltecas. El tiempo no avanza y el poder se ejerce a la antigua usanza, con añejas prácticas que en Tlaxcala siguen más vivas que nun-ca: nepotismo, “regalo” de bienes públicos a parti-culares, amiguismo, creación artificial de “partidos bonsai” afines al gobernador, entrega de contratos a empresarios amigos.

Y en el centro de ese antiguo retrato, el goberna-dor: Héctor Ortiz Ortiz, un militante priista de toda la vida que súbitamente abrazó los colores de sus an-tiguos adversarios para llegar al poder arropado con las siglas del PAN.

Por eso no asombra que este pequeño estado aún funcione con los vicios del pasado, como si se tratara de un auténtico virreinato, en el que el nepotismo es apreciado como algo natural.

Por ello, a nadie extraña que Rodolfo, Serafín y Efraín, todos de apellidos Ortiz Ortiz, ocupen cargos en el gobierno de su hermano mayor.

Tampoco nadie hace mucho ante los modos en que el gobernador “instaló” a algunos de los inte-grantes de su círculo más cercano en posiciones cla-ve: en el Congreso del estado, en el Órgano de Fisca-lización, en el Instituto de Información Pública, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y en diversas dependencias formalmente autónomas.

Y, por supuesto, pocos reparan en la sagaci-dad del mandatario: cuadros políticos cercanos a él crearon de manera expedita dos pequeños partidos políticos locales: Partido Socialista (PS) y Partido Alianza Ciudadana (PAC), este último con el mismo nombre de la coalición de partidos que llevó al poder a Ortiz Ortiz en 2004.

Héctor Ortiz, quien no respondió a las solicitu-des de entrevista hechas por emeequis, es conside-rado por sus opositores políticos como el otro“gober precioso”, no sólo por la antigua amistad que tiene con el poblano Mario Marín, sino por las prácticas poco transparentes de su gobierno.

Al menos por eso ha sido criticada su adminis-tración, pues empresarios del estado argumentan que la licitación de obras públicas está amañada, pues éstas son ganadas por empresas cuestionadas y de reciente creación.

✱ ✱ ✱El 10 de agosto de 2005 el apoderado legal del gobier-no de Tlaxcala ingresó una solicitud de compra al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), una dependencia del gobierno federal, para participar en la licitación para adquirir un inmueble ubicado en la colonia San Buenaventura Atempa, en la capital tlaxcalteca.

En su papel de representante legal, Orlando San-tacruz Carreño adquirió las bases de la convocatoria pública DECBI Nº 08/05 y registró al Gobierno del Estado de Tlaxcala, como persona moral, para par-ticipar en la licitación de un edificio que arrastraba problemas jurídicos.

Los propietarios del inmueble –con una super-ficie y construcción de más de 2 mil cuadrados– no pudieron pagar a Nacional Financiera (Nafin) un cré-dito de 8 millones de pesos. El inmueble fue embar-gado y entregado al SAE para su venta.

El SAE decidió subastar el inmueble bajo la mo-dalidad de Ad-Corpus, es decir con problemas lega-les y bajo las condiciones físicas en que se encuentre.

Fue cuando Orlando Santacruz Carreño, quien actualmente se desempeña como coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso local, presentó al SAE una oferta económica para adquirir la propiedad.

El entonces representante jurídico del gobierno cumplió todos los requisitos de la convocatoria pú-blica e incluso realizó un depósito en garantía de 10 mil pesos, con un cheque del gobierno del estado.

En la solicitud de compra pidió en caso de ganar la licitación el inmueble se escriturara a nombre del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.

Y así fue. El SAE le otorgó el inmueble al gobier-no de Tlaxcala por haber presentado una oferta de 3 millones 225 mil pesos.

De acuerdo con la convocatoria, el pago del in-mueble y la escrituración se tendrían que realizar en un plazo de cinco días hábiles. Sin embargo, se pos-tergó seis meses debido a los problemas jurídicos que tenía el inmueble.

El gobierno de Tlaxcala encontró la salida: pagó otros tres millones de pesos a los antiguos propieta-rios para que retiraran la demanda que habían pre-sentado por considerar que se les había despojado del inmueble sin razón.

Una vez solucionado el problema, se solicitó al SAE formalizar la escrituración de la propiedad a fa-vor del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Pero 28 días después, Orlando Santacruz envió otro oficio al Administrador Jurídico del SAE para pedirle que dejara sin efecto el “anexo 1” y acreditar el inmueble a nombre de un particular: Pablo Jaime Tizatl Gutiérrez, un médico anestesiólogo acusado


de ser responsable de la muerte de un paciente por negligencia médica en junio de 1996, en el hospital del IMSS de Tlaxcala.

“Me permito informar a usted que a petición del Gobierno de Tlaxcala se solicita se escriture el in-mueble a favor del C. Pablo Jaime Tizatl Gutiérrez, el cual tiene su domicilio en Emperador número 3, Zacatelco, Tlaxcala”, señala el oficio con fecha 16 de enero de 2006.

Funcionarios del SAE cumplieron las órdenes del apoderado legal del gobernador Héctor Ortiz: la propiedad fue escriturada a nombre de Jaime Tizatl Gutiérrez. Las copias de las escrituras se encuentran en poder de emeequis.

El registro de la propiedad no se realizó en Tlax-cala, sino en el Distrito Federal. Funcionarios del SAE dijeron ante el Notario Público número 14 que Jaime Tizatl Gutiérrez había comprado el inmueble bajo la modalidad de Ad-Corpus.

En la escritura pública número 41 mil 901, el director corporativo del SAE, Sergio Hidalgo –a la fecha es Oficial Mayor de la Secretaría de Ha-cienda– y Adrián Fajardo Castellanos, quien ocu-paba el puesto de asesor legal del SAE, certifica-ron la propiedad a nom-bre de un particular y no del gobierno de Tlaxcala, a pesar de que fue pagada con recursos públicos.

El inmueble fue re-modelado y se instaló el hospital privado de es-pecialidades Humanitas, cuyos directivos y admi-nistradores son los médicos Alejandro Tizatl Juárez y Ramos Hernández Reyes.

Recientemente, el hospital Humanitas firmó un convenio con el gobierno del estado para prestar servicios de salud a los trabajadores de la adminis-tración estatal.

Orlando Santacruz es hoy coordinador de la fracción parlamentaria del PAN. Pero no recuerda nada.

–¿El gobierno del Estado compró un edificio en más de 3 millones de pesos en agosto del 2005, y usted pidió al SAE poner a nombre de Jaime Tizatl Gutiérrez la propiedad que se había adquirido con recursos públicos?

–No recuerdo.–¿No recuerda?–Es que eran tantos los trámites que hacíamos

que no me acuerdo. Realizaba tantos trámites que no me acuerdo, ya tiene tiempo, por lo que usted me

dice. Estoy muy cansado por una sesión muy larga de trabajo. Y la verdad es que ahorita no recuerdo.

–¿Cómo abogado, podría decir por qué le pidió al SAE escriturar la propiedad a nombre de un parti-cular y no a nombre del gobierno del estado?

–Le puedo decir que no recuerdo.–En el inmueble que usted adquirió como apo-

derado legal del gobierno ahora se encuentra el hos-pital privado Humanitas. Con ese dato usted debe recordar esa compra.

–No, no sabría decirle, no recuerdo.

No es el único caso poco transparente en el que el ahora diputado estuvo involucrado.

En julio del 2006, el gobierno del estado trans-formó al auditorio Adolfo López Mateos, que era utilizado como recinto de actos oficiales. Por orden de Santacruz Carreño cambió de giro: en él se instaló un “antro”.

Ante los cuestionamientos de los medios de co-

municación locales, el entonces apoderado legal del gobierno confirmó que el lugar había sido concesio-nado por 70 mil pesos mensuales porque sólo se uti-lizaba dos días al año.

El corporativo “Grupo Artístico del Altiplano” instaló la discoteca bar Rumba–Café en el inmueble que fue construido durante el sexenio del presidente López Mateos.

Con cupo para mil 500 personas, formaba parte del Centro Expositor de Tlaxcala y ha sido remozado con recursos públicos para ser utilizado durante la Feria de Tlaxcala.

✱ ✱ ✱Aunque formalmente el gobierno del estado es de fi-liación panista, lo cierto es que la mayoría de los fun-cionarios se formó en las filas del PRI.

Hace más de 30 años, Beatriz Paredes, Alfonso Sánchez Anaya, Héctor Ortiz Ortiz y Mariano Gon-zález Zarur formaban parte del equipo fuerte priista.

Funcionarios del sae cumplieron las órdenes

del apoderado legal del gobernador Héctor

ortiz: la propiedad fue escriturada a nombre de

jaime tizatl gutiérrez, a pesar de que los tres

millones de pesos pagados eran públicos


las pruebas no mienten Estos son los documentos que prueban sin lugar a dudas las maniobras para entregar sin costo a particulares los bienes adquiridos en seis millones de pesos por el gobierno de Tlaxcala con recursos públicos


La primera ruptura se presentó hace una dé-cada, cuando Alfonso Sánchez Anaya renunció al priismo por haber sido marginado del proceso para postular candidato a la gubernatura. Sánchez Anaya participó como candidato del PRD y ganó.

La historia se repitió hace tres años. Y el prota-gonista fue Héctor Ortiz Ortiz, quien renunció al PRI al perder la elección interna con Mariano González Zarur. Ante ello, Ortiz se postuló como candidato del PAN y le arrebató la gubernatura al PRD.

Héctor Ortiz nació en Oaxaca, pero desde hace 37 años inició su carrera en Tlaxcala. Fue cobijado por Beatriz Paredes, la hoy dirigente nacional del PRI, quien lo colocó en diversos cargos partidistas.

Fue dirigente juvenil, líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, presidente del Comité Estatal del PRI, asesor jurídico de la Con-federación Nacional Campesina, legislador y alcalde de Tlaxcala. Y cuando su madrina política fue go-bernadora fungió como secretario de Educación.

Durante ese tiempo, intercaló su carrera polí-tica con la academia en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), en donde que es utilizada por la fa-milia Ortiz como un bastión político.

En dos ocasiones, Héctor Ortiz ha sido rector de la UAT en dos ocasiones –1983-1987 y 1999-2000–. Y por ello cobra una pensión vitalicia.

En 2004, cuando era alcalde de Tlaxcala solicitó licencia y se lanzó a buscar la candidatura del PRI a la gubernatura.

Perdió la elección interna en ese partido, pero pronto fue postulado por el PAN. Ganó la elección y desde hace tres años se encuentra al frente de la ad-ministración tlaxcalteca, al que sus críticos llaman el virreinato.

✱ ✱ ✱A Héctor Ortiz le ha costado retomar la doctrina ética de don Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN.

Aunque es panista desde apenas hace tres años,

las prácticas priístas se encuentran bien arraigadas en su administración.

Tres estampas familiares apuntalan las líneas de arriba:

1) En el directorio del Hospital Infantil de Tlax-cala aparece el nombre del director administrativo: Rodolfo Ortiz Ortiz.

El nombre del administrador del hospital, inau-gurado en abril de 2007 por el presidente Felipe Cal-derón y el secretario de Salud José Ángel Córdova, no llamaría la atención si sus apellidos no coincidieran con los del gobernador del estado.

Pero su paso por el cargo no ha sido inmacula-do. A pesar de que es un hospital del gobierno estatal, Rodolfo Ortiz fue acusado por la dirigencia del Sin-dicato de la Secretaría de Salud de Tlaxcala, de con-tratar a los trabajadores sin ningún tipo de seguridad social ni prestaciones de ley.

2) Serafín Ortiz es otro de los hermanos menores del jefe del Eje-cutivo Estatal que ha en-contrado acomodo en las estructuras públicas de Tlaxcala.

Y lo hizo en una ins-titución educativa teóri-camente autónoma, en la que sin embargo los ape-llidos Ortiz Ortiz equi-valen a hablar de mando real.

No habían pasado 10 meses desde que arrancó

el periodo de Héctor Ortiz como gobernador cuan-do Serafín siguió los pasos de su hermano mayor y asumió la Rectoría de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

En una jugada estratégica, el gobernador, quien también es presidente del Patronato de la Universi-dad, ofreció al entonces rector Sandino Lelis Sán-chez ser el titular de la Subsecretaría de Educación Media y Superior en la administración estatal.

Sandino Lelis aceptó la oferta del gobernador y de inmediato renunció al cargo tres años antes de que venciera su periodo. Y Serafín Ortiz Ortiz se convir-tió en rector.

3) Efraín también lleva los apellidos Ortiz Or-tiz. Y también trabaja en la Universidad. Cuando su hermano Serafín fue nombrado rector, Efraín recibió un ascenso: escaló de manera inmediata a la Secreta-ría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural.

Rodolfo Ortiz, el director administrativo del

no habían pasado 10 meses desde que arrancó

el periodo de Héctor ortiz como gobernador

cuando serafín siguió los pasos de su hermano

mayor y asumió la rectoría de la universidad

autónoma de tlaxcala

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hospital infantil, también pasó por la universidad. Fue director del Departamento de Derecho a pesar de que es licenciado en administración, con lo que violó la ley orgánica de la UAT, en la que se estipu-la sin lugar a dudas que ese cargo será ocupado por abogados.

La familia ha encontrado buena acogida en la Universidad. Rodolfo, como Héctor, conserva su plaza de académico. Lo mismo ocurre con Guadalupe Lozano Tovar, actual esposa del gobernador, quien mantiene su plaza de tiempo completo en el Depar-tamento de Medicina, aunque no imparta clases.

Mientras que la ex esposa de Héctor Ortiz, de nombre Sandra Juárez, tiene una plaza de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Económi-cas–Administrativas y al mismo tiempo trabaja en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Por si fuera poco, el actual rector de la UAT, Se-

rafín Ortiz, es dueño de la Escuela de Argumentación Jurídica y el gobernador es fundador de la Facultad Libre de Derecho en Apizaco. Las dos escuelas tienen convenios de revalidación de materias con la UAT.

Aunque tiene un carácter educativo y público, la ins-titución no rinde cuentas sobre el manejo de los re-cursos que recibe cada año. Este 2008 la Universidad tiene un presupuesto de 436 millones de pesos.

La sección de transparencia en la página de in-ternet de la Universidad no existe –se encuentra en construcción–, por lo que se desconocen los detalles del manejo de los recursos que recibe la institución.

Los resultados de una evaluación que aplicó la consultora nacional Aregional a todas las universi-dades en el país son elocuentes: la Universidad Au-tónoma de Tlaxcala se encuentra entre los últimos lugares del Índice de Transparencia y Acceso a la in-

El gobernador del estado de Tlaxcala, Héctor Ortiz, el presidente Felipe Calderón y el alcade de Tlaxco.

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formación de las Universidades Públicas.La máxima casa de estudios de Tlaxcala ocupó

el lugar 30 a nivel nacional, con una calificación de 58.8 puntos, frente a la Universidad de Guadalajara, que obtuvo la primera posición con 95 puntos.

✱ ✱ ✱No en balde a Héctor Ortiz Ortiz le llaman el “otro gober precioso”: el gobernador de Tlaxcala mantiene una estrecha amistad con el su colega de Puebla.

Héctor Ortiz y Mario Marín son compadres des-de hace muchos años. Fueron compañeros durante sus estudios de preparatoria en la ciudad de Puebla. Y juntos iniciaron su militancia en el Partido Revo-lucionario Institucional.

Esa cercanía se mantiene a pesar de que Ortiz Ortiz ya no pertenece al PRI les ha permitido llegar a acuerdos sui generis: el hermano y el cuñado del gobernador Tlaxcala encontraron acomodo en la ad-ministración de Puebla –el primero fue delegado del ISSSTE y el segundo fue subprocurador de Justicia–. Ortiz correspondió con el gobernador de Puebla: el hermano de Mario Marín Torres –Miguel Ángel– es director del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Es-pecializada de la Salud.

Pero no todo ha sido terso: Eduardo Lozano To-var, el cuñado del gobernador de Tlaxcala, renunció a la Subprocuraduría de Justicia de Puebla pues estu-vo involucrado en la detención ilegal de la periodista Lydia Cacho. Se refugió en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde imparte clases actualmente.

✱ ✱ ✱

Político con una larga carrera, el gobernador instaló a sus principales operadores en el Congreso del Esta-do, en el Órgano de Fiscalización y en varios partidos políticos de reciente creación.

Aprovechó las elecciones locales realizadas en noviembre de 2007 para colocar a sus principales colaboradores como candidatos sin distingo de par-tidos. Fueron postulados ya fuera por el PAN, el PT, por Convergencia, Nueva Alianza, o los locales Par-tido Socialista y Alianza Social.

Los hombres del gobernador llegaron al Congre-so y hoy presiden las principales comisiones: Fiscali-zación, Finanzas, Asuntos Políticos, Gobernación y Justicia, entre otras.

Por el PAN se encuentran los diputados:• Florentino Flores Xelhuantzi, ex auditor Superior de Fiscalización. • Víctor Hugo Cahuanzin González, ex subcontralor del Ejecutivo.• Antonio Murias Buñuelos, ex secretario de Fomento Agropecuario. • Edilberto Sánchez Delgadillo, ex oficial mayor del Gobierno del Estado.

• Orlando Santacruz Carreño, ex director jurídico del gobernador.

Por Convergencia: Juan José Temoltzin, quien como magistrado de la sala electoral del Tribunal Superior de Justicia, ava-ló el triunfo del actual gobernador, que había sido impugnado por el PRI y PRD. Cuando Héctor Ortiz asumió la gubernatura designó a Temoltzin como subprocurador de Justicia del Estado. Actualmente es diputado local.

Por el Partido Socialista: Hace 13 meses el Instituto Electoral del estado otorgó el registro al Partido Socialista de Tlaxcala. Entre los creadores se encuentran funcionarios del gobierno estatal, el dirigente local del Partido del trabajo, Víc-tor Morales Acoltzin, y la senadora panista Rosalía Peredo Aguilar, quien ocupó un cargo en la actual administración.

El partido, creado en menos de diez días, fue creado y fundado por el entonces director del Institu-to Estatal de Protección Civil, Roberto Núñez Baleón.

Hoy, Núñez Baleón es diputado local por el PS y tiene como compañero de bancada a Luis Salazar Corona, ex militante del Partido del Trabajo.

De igual manera, se constituyó el Partido Alian-za Ciudadana, que lleva el nombre de la coalición de partidos que llevó al poder a Héctor Ortiz en las elec-ciones de 2004.

✱ ✱ ✱Macario Saucedo Morales, diputado del PRD, no puede creer lo que vive.

“Pensamos que se habían superado las etapas del oscurantismo, de la antidemocracia. Nos regre-samos. Quién va a vigilar que los ayuntamientos y el gobierno apliquen bien los recursos, si los amigos del gobernador están a cargo de las comisiones de Fisca-lización, Auditoría y Vigilancia.

“Estamos viviendo algo muy parecido a un vi-rreinato. Vamos hacia atrás y es lamentable”.

Aún más: “Durante la pasada legislatura, desde Palacio de Gobierno lograron controlar al diputado del PRD, Faustino Blas Domínguez, quien presidía la Comisión de Finanzas y Fiscalización”.

En las dos últimas semanas que le quedaban como diputado, el perredista aprobó sin revisión de por medio los dictámenes de las cuentas públicas del primero y segundo años del Ejecutivo Estatal y de las administraciones municipales.

Durante los tres años de la legislatura, Faustino Blas Domínguez se había negado a aprobar los dictá-menes, pero antes de concluir su periodo avaló más de 200 cuentas públicas sin realizar ninguna obser-vación.


Además aprobó la cuenta pública del año 2007 que sería revisada por la legislatura entrante y tam-bién palomeó el presupuesto de los nuevos diputados.

✱ ✱ ✱Los amigos y cercanos del mandatario estatal han recibido las bondades de su administración.

Tal es el caso de Jesús Luévano Escalona, un em-presario dueño de Empresarios Unidos de la Cons-trucción SA y de Jade Consultor y Constructor, que respaldó la candidatura de Héctor Ortiz.

Luévano Escalona se convirtió en asesor en ma-teria económica de la administración local. Y siendo funcionario de gobierno, sus empresas fueron bene-ficiadas con obras públicas.

De acuerdo con la licitación 58004002–014–06, Empresarios Unidos de la Construcción SA obtuvo la construcción de un distribuidor vial en el crucero Tlaxcala–Santa Ana.

Recientemente, Luévano Escalona –a quien sus críticos le llaman “el Car-los Ahumada de Tlaxca-la”– se estrenó como uno de los propietarios de la Universidad Metropoli-tana de Monterrey, cam-pus Tlaxcala, que inició sus actividades en sep-tiembre de 2006.

Otra compañía fa-vorecida es Painco SA, propiedad de David Ta-ylor Torres, un empresa-rio poblano que mantiene cercanía con Víctor Ca-novas Moreno, jefe de la Oficina del Gobernador.

Taylor Torres también es propietario de la cons-tructora e inmobiliaria DAP SA, que estuvo involu-crada en el accidente que causó la muerte de 32 per-sonas en la Sierra Negra poblana.

El escándalo estalló cuando se reveló que la em-presa no cortó de manera adecuada el cerro que sepultó a un camión de pasajeros, el 4 de julio del año pasado, donde viajaban estudiantes y padres de familia.

La empresa dejó inconcluso la construcción del camino donde ocurrió la tragedia, aunque cobró 145 millones de pesos.

Las constructoras de David Taylor extendieron su red a Tlaxcala, donde han realizado varias obras bajo el nombre de Painco SA. El gobernador Ortiz Ortiz reconoció públicamente que ha otorgado obras a la empresa acusada de la tragedia en la sierra po-blana.

Pero no a todos los empresarios les ha ido bien. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria

de la Construcción (CMIC) en la entidad, Eduar-do Monroy Maldonado, denunció que las empresas tlaxcaltecas han quedado fuera de la ejecución de obras públicas.

Aseguró que las principales obras públicas se han otorgado a constructoras que han incumplido con las fechas de entrega estipulados en el contrato y que in-cluso han utilizado materiales de mala calidad.

De hecho, denunció que la Secretaría de Obras Públicas (Secoduvi) del estado los obliga a participar en las licitaciones para simular que se realiza de ma-nera transparente, pero al final entrega las obras a las empresas que presentan las ofertas más altas y liga-das a funcionarios del gobierno del estado.

Y es que la funcionaria encargada de adjudicar las obras, es Teresita Salas Lozano, prima de la es-posa del gobernador, quien desempeña el cargo de directora de la Unidad de Concursos y Precios Uni-tarios de la Secoduvi.

Las actas de fallo de las obras adjudicadas carecen

de las firmas de los representantes de la Contraloría del Ejecutivo Estatal y del Órgano de Fiscalización Supe-rior. Sólo aparece la firma de Teresita Salas Lozano y de algunos representantes de las constructoras.

Hace más de un mes, el presidente Felipe Calde-rón acusó en Tlaxcala a las pasadas administraciones priistas de no invertir en la construcción de carrete-ras por corrupción, falta de dinero e ineficacia.

El diputado local del PRI, Aristeo Lira, considera que el gobierno de Tlaxcala no ha invertido los recur-sos que recibe de la Federación, y la entidad presenta rezagos en materia de infraestructura.

“Habla de modernizar las carreteras, pero las han descuidado. Ha arreglado unas pero abandona-do la gran mayoría. Habla de la salud, pero el famoso seguro popular no es efectivo en las zonas rurales”.

✱ ✱ ✱En el gobierno de Tlaxcala desconocen el significa-do de transparencia y rendición de cuentas a pesar

la funcionaria encargada de adjudicar las

obras, es teresita salas lozano, prima de la

esposa del gobernador, quien desempeña el

cargo de directora de la unidad de Concursos

de la secretaría de desarrollo urbano


de que existe una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Apenas hace dos meses se instaló la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, pero todavía no funciona al cien por ciento.

Y aquí otra vez aparece el tema de los amigos y familiares: entre los tres integrantes de la Comi-sión de Acceso a la Información se encuentra Alma Inés Zamora Gracia, ex directora de Organización y Gestoría del DIF estatal y amiga de la esposa del gobernador.

Aunque los discursos oficiales van en sentido contrario, hay un hecho irrebatible: el gobierno de Tlaxcala se encuentra en el último lugar a nivel na-cional, de acuerdo con una exhaustiva evaluación que realizó la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

En la evaluación que fue aplicada a 29 estados y a la Federación, Tlaxcala salió reprobada con un porcentaje de 13.26 en términos de transparencia y rendición de cuentas.

La entidad gobernada por Héctor Ortiz registró

opacidad, falta de transparencia en el manejo y en-trega de los recursos públicos.

Además, de acuerdo con el estudio presentado en noviembre de 2007, el gobierno local se niega a entregar información a los ciudadanos: el ejecutivo tlaxcalteca registra cero por ciento en la calidad de respuesta a los ciudadanos (en términos directos: no entrega la información solicitada), en su sitio de internet “presenta información no actualizada, confusa y deficiente”.

La Comisión de Acceso a la Información Públi-ca y Protección de Datos Personales no ha dado res-puesta a ninguna de las solicitudes que ha recibido.

El director del periódico digital e–consulta,

Edgardo Cabrera, acusó a los comisionados de pro-teger al gobierno al negar información a la ciudada-nía en general.

“Todas las solicitudes de acceso a la informa-ción pública han sido rechazadas. Todo lo que pides lo niegan, ya seas medio de comunicación o ciuda-dano. Los comisionados no dan información porque están al servicio del gobernador”

✱ ✱ ✱

Así como no existe vigencia de la ley de transpa-rencia, los periodistas que mantienen una actitud crítica hacia el gobierno estatal han sido blanco de ataques.

Las reporteras Leticia Alamilla y Diana Mu-ñoz, de los periódicos digitales e–consulta y comu-nícate, fueron agredidas en octubre de 2007 por el subsecretario de Seguridad Pública, José Leopoldo Martínez González y sus guardias de seguridad, cuando trataban de entrevistarlo.

Las reporteras presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de los funcionarios públicos que las golpearon.

Tres meses después, Leticia Alamilla fue ame-nazada de muerte por tres sujetos que trata-ron de agredirla cuando manejaba su vehículo acompañada de su hijo de nueve meses de edad en la comunidad de Gua-dalupe Ixcotla, en el mu-nicipio de Chiautempa.

Los hombres des-cendieron de los vehí-culos portando bates de béisbol y golpearon el carro de la reportera. Uno de ellos, con pistola en mano, la amenazó de muerte.

“Uno me gritó que me iba a romper la madre, que ya sabía que era una periodista y que me iba a cargar la chingada. Me dijo que sabía dónde vivía y que tenía hijos, que me iba a morir si no le paraba a mis pendejadas” declaró la reportera en la denuncia penal que presentó ante la Procuraduría de Justicia del Estado.

No es el único caso. El 11 de enero del 2008, Juan Luis Cruz Pérez, reportero de La Jornada de Tlaxcala, fue agredido por dos legisladores.

Los ex diputados del PRD, Faustino Blas Do-mínguez, y del PAN, Pedro Tepuacho Rodríguez, golpearon al reportero por haber publicado que los integrantes de la Gran Comisión se otorgaron un millonario bono al haber concluido la legislatura.¶

aunque los discursos oficiales van en sentido

contrario, hay un hecho irrebatible: el gobierno

de tlaxcala se encuentra en el último lugar

a nivel nacional en términos de transparencia

y rendición de cuentas

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