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UNIDAD 4 DERECHOS DEBERES LEGALIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

Hacia la cuarta generacin de Derechos Humanos: repensando la condicin humana en la sociedad tecnolgica.

La relevancia de la tica para el anlisis de la tecnologa

La necesidad de continuar pensando nuestra condicin humana para que al ser reconocida como tal, pueda ser respetada, abre la oportunidad de un discurso tico sobre los derechos humanos en una era en la que la tecnologa aparece como condicin esencial de posibilidad y como caracterstica definidora de nuestra sociedad. Como afirma Graciano Gonzlez en su introduccin a Derechos humanos: la condicin humana en la sociedad tecnolgica

(1), una consideracin filosfica de los valores de

razn, dignidad, libertad, igualdad, solidaridad y paz, que expresan dicha condicin, debe realizarse a travs de un discurso que considere los derechos humanos como exigencias morales de realizacin tanto en el nivel personal como en el comunitario. Introducir la tecnologa en este contexto significa atender a la necesidad de traducir dicho discurso en trminos que puedan tambin a abarcar a la ciencia y a la tecnologa como elementos que modifican el concepto de espacio o mbito en el que se manifiestan, profundizan, y desarrollan los derechos humanos. Este nuevo mbito est abriendo nuevas perspectivas para entender, de una forma sustancialmente ms amplia, la declaracin universal de los derechos humanos de 1948. Toda una serie de problemas ticos y jurdicos que tienen que ver con dichos derechos, y que estn pidiendo urgente respuesta, estn a la espera de ser reformulados. De dicha reformulacin, que nos encamina hacia una cuarta generacin de los derechos humanos, es el tema de este artculo.

La necesidad de una cuarta generacin de Derechos Humanos

El desarrollo social y moral del ser humano no ha sido nunca opaco al desarrollo de las realidades tcnicas cientficas. Dichas realidades se constituyen en condicin de posibilidad para el cambio social, la emergencia de nuevos valores, la aparicin de nuevos paradigmas ticos y, en definitiva, el advenimiento de nuevas formas de organizacin social. Es por esa razn que resulta necesario reflexionar constantemente y sobre el sentido de la relacin entre los desarrollos tcnicos y el entorno humano. Resulta evidente constatar que la tecnociencia est presente como uno de los hechos configuradores de la realidad actual, y que el mundo ha cambiado de forma sustancial a partir de ese impulso. Pero tambin debemos entenderlo como un fenmeno multidimensional que proyecta su influencia de una manera directa sobre las realidades morales, psicolgicas y sociales. Es por esta razn que segn el profesor Manuel Maceiras es necesario considerar dos programas de accin distintos pero convergentes. El primero, de carcter terico, estudia la forma en que la tecnociencia est modelando la identidad y la conciencia humanas. Los nuevos medios tcnicos extienden el mbito de la expresin y la comunicacin a otros espacios hasta ahora vedados a los individuos. El segundo objetivo es de carcter poltico pragmtico, y nos previene frente a la necesidad de elaborar polticas coherentes que reconozcan las nuevas necesidades humanas para aprovechar dichos medios, y los nuevos derechos que son inherentes al hecho mismo del vivir en una sociedad tecnolgica, las llamadas exigencias polticas de la tecnociencia.

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Analizar este nuevo marco social nos obliga a hacer algo historia sobre la evolucin de los derechos humanos. Los derechos civiles y polticos de primera generacin, aquellos que inciden sobre la expresin de libertad de los individuos, proceden de la tradicin constitucionalista liberal. Estos derechos estn recogidos en la Declaracin Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los Pactos Internacionales de 1966, a saber, el de los
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Derechos Civiles y Polticos, y el de los Derechos Econmicos, Sociales y Culturales. El derecho a la dignidad de la persona, y a su autonoma y libertad frente al estado, su integridad fsica, las garantas procesales, son derechos que tienen como soporte la filosofa de la ilustracin y las teoras del contrato social. Fue el constitucionalismo y el liberalismo progresista quienes impulsaron la inclusin de dichos derechos en las constituciones de los estados nacionales europeos durante siglo XIX, favoreciendo as la universalizacin de los derechos civiles y polticos bsicos. Se limita as el poder del estado frente los individuos, estableciendo un equilibrio entre institucin y ciudadano.

Los derechos de segunda generacin se incorporan a partir de una tradicin de pensamiento humanista y socialista; son de naturaleza econmica y social, e inciden sobre la expresin de igualdad de los individuos. Los derechos de primera generacin defendan a los ciudadanos frente al poder del estado, pero ahora se exige cierta intervencin del estado para garantizar una acceso igualitario a los derechos anteriormente citados, es decir, para compensar las desigualdades naturales creadas por las ventajas y desventajas de clases, etnia y religin que caracterizan las diferencias sociales de los individuos desde su propio nacimiento. Se peda as que el estado que garantice el acceso a la educacin, el trabajo, la salud, la proteccin social, etc., creando las condiciones sociales que posibiliten un ejercicio real de las libertades en una sociedad donde no todos los hombres nacen iguales. La universalizacin del sufragio y el reformismo social permitieron que las constituciones liberales del siglo XIX pudieran encajar estos derechos. El movimiento obrero y las ideologas de corte internacionalista impulsaron definitivamente la consciencia de la necesidad de extender a todos los ciudadanos, y de forma progresiva, el derecho de educacin, al trabajo, a una salud garantizada por el estado, etc.

Los llamados derechos de la solidaridad constituyen una tercera generacin que se concretiza en la segunda mitad del siglo XX. Esta vez, su motor impulsor ser la accin de determinados colectivos que reclaman legtimos derechos. Se comienzan a configurar en forma de declaraciones sectoriales que protegen los derechos de colectivos discriminados grupos de edad, minoras tnicas o religiosas, pases del Tercer Mundo, que se afectados por alguna de las mltiples manifestaciones que cobra la discriminacin econmico social. En las dos ltimas dcadas del siglo que ya hemos abandonado, estos derechos han ido cobrando un papel cada vez ms importante, y gracias a ellos se ha desarrollado concepto de dilogo Norte Sur, el respeto y la conservacin de la diversidad cultural, la proteccin del medio ambiente, la conservacin del patrimonio cultural del humanidad, etc. Estas polticas radicales, en el sentido italiano del trmino radical, son el reconocimiento de un contexto en el que surgen nuevas necesidades humanas y donde estas exigencias obligan a desarrollar nuevos derechos que garanticen el acceso universal a formas ms avanzadas de ciudadana y civilidad, de libertad y de calidad de vida. La globalizacin econmica, as como la ideolgica y simblica, la transicin de la sociedad de informacin a la sociedad del conocimiento, la integracin del mundo a travs de la extensin universal de los medios de comunicacin de masas, as como los fenmenos de multiculturalismo provocado por los flujos migratorios, son claros sntomas de que algo sustancial est cambiando.

Comienzan a reivindicarse con fuerza los derechos a la paz y a una justicia internacional, a poder intervenir desde instituciones de carcter supranacional en los conflictos armados locales, imponiendo a la paz desde una fuerza legtima. La persecucin sin fronteras de los dictadores, la limitacin del derecho a la inmunidad diplomtica para determinados delitos, y el derecho a crear un tribunal internacional que acte de oficio en los casos de genocidio y crmenes contra la humanidad. El derecho a escoger modelos de desarrollo sostenible que garanticen la va diversidad y que permitan preservar el medio ambiente natural, as como el patrimonio cultural del humanidad. El derecho a un entorno multicultural que supere el concepto de tolerancia, haciendo de la diferencia una ventaja y no un inconveniente.

Estas nuevas condiciones permiten que vayan cristalizando nuevos derechos que aspiran a concretarse en Declaraciones como las anteriores de los derechos civiles y polticos y de los derechos econmicos, sociales y culturales. Se reivindica el derecho a

la paz y a la intervencin desde un poder legtimo internacional en los conflictos armados; el derecho a crear un Tribunal Internacional que acte en los casos de genocidio y crmenes contra la humanidad; el derecho a un desarrollo sostenible que permita preservar el medio ambiente natural y el patrimonio cultural de la humanidad; el derecho a un mundo multicultural en el que se respeten las minoras tnicas, lingsticas y religiosas; el derecho a la libre circulacin de las personas, no slo de capitales y bienes, que permita condiciones de vida dignas a los trabajadores inmigrantes.

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conjunto de derechos va tomando forma en las ltimas dcadas, y abre el camino para un gran reto aadido en el siglo XXI: las nuevas formas que cobran los derechos de primera, segunda y tercera generacin en el entorno del ciberespacio, es decir, la cuarta generacin de los derechos humanos.

La histrica alianza de la tecnologa con el poder

No podemos separar las potencialidades de la tecnologa de las voluntades de las personas que la promueven. Por esta razn, las expectativas una mayor democratizacin de la sociedad requieren una inteligente utilizacin de los medios a nuestro alcance. Por otro lado, una utilizacin perversa de dicha tecnologa tendra una traduccin directa en el menoscabo de las libertades pblicas civiles, en la disminucin de los estndares de vida, y en un desequilibrio cada vez mayor entre poder personal y poder institucional. Por tanto, debemos observar que, al lado de dinmicas positivas, tambin surgen mecanismos de dominacin y ataques a los derechos humanos en este ciberespacio que tienen que ver con la limitacin del acceso a las condiciones tcnicas, econmicas o culturales que permitiran el desarrollo de formas ms avanzadas de participacin pblica y de intercambio y libre expresin de las ideas y creencias. En el mundo real, los ataques a los derechos humanos en forma de acciones polticas tienen una traduccin casi inmediata en trminos de hambre, tortura, discriminacin, flujos migratorios o de refugiados, recorte de libertades civiles, etc. En el ciberespacio, dichas acciones cobran un cierto carcter de invisibilidad frente al escrutinio pblico y, por tanto, la aparente inmaterialidad e invisibilidad de los ataques precisa nuevas formas de anlisis.

Si analizamos la historia de la tecnologa, es probable que veamos cmo habitualmente en su evolucin ha jugado a favor de los poderes constituidos. Como encarnacin de los intereses de aquellos que la promueven, se podra decir que la tecnologa ha sido siempre, al igual que la guerra, una prolongacin de la poltica por otros medios. Sin embargo, la democratizacin de la tecnologa informtica y el constante descenso del coste de acceso la misma han permitido que la tecnologa se encuentre por una vez ms cerca del individuo. Aunque no le guste al poder, el ciudadano de la nueva telpolis se beneficia tanto como las instituciones del avance tecnolgico. Por primera vez contamos con vas de acceso a la informacin que con una inversin mnima permiten un alcance mximo. Esto no supone de manera automtica un elemento democratizador, pero no cabe duda de que es una dinmica que cambia la orientacin concentrada y centralizadora que ha caracterizado hasta el momento a gran parte del desarrollo tecnolgico. Ahora es posible establecer prcticas comunicativas que derrumban los muros de la antigua polis. Este cambio cualitativo trae consigo nuevas oportunidades de autogestin social, control social horizontal y de participacin ciudadana, en pro de una mayor transparencia social. La Red aparece as como uno de los escenarios donde se dirime una de las ms decisivas batallas por la libertad de expresin y, por ende, por los derechos humanos en general.

Las redes telemticas tienen adems una notable capacidad metafrica, una fuerza basada en su carcter sugerente, en su capacidad de actuar como modelo de formas y comportamientos sociales. Internet es, por una parte, un mosaico de oportunidades y riesgos para la tica civil y para los derechos humanos, una propuesta que reclama respuestas jurdicas y polticas. Por otro lado, establece tambin unas expectativas de calidad de vida y de disfrute de la existencia no contempladas por las generaciones anteriores. Dichas expectativas se convierten en parte de nuestro presente, en el patrn por el que juzgamos el carcter fructfero o estril de nuestra existencia. Y esto que es cierto para una parte relativamente reducida del humanidad, reclama por su propia
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esencia una extensin a aquellas bolsas de pobreza que no gozan todava de estos derechos. Las posibilidades que se abren a partir de esta omnipresencia de la tecnologa en la vida social son tantas que una nueva tica reclama una proteccin ms global e imaginativa de los derechos de los individuos. Dichos derechos se englobaran en lo que podra ser considerada una cuarta generacin de derechos humanos, en los que la universalizacin del acceso a la tecnologa, la libertad de expresin en la Red y la libre distribucin de la informacin juegan un papel fundamental.

Derechos humanos en el ciberespacio

En un artculo anterior defenda que probablemente Internet es la estructura social ms democrtica y participativa que las nuevas tecnologas de la comunicacin hayan trado a un mundo que contempla a cincuenta aos de distancia la Declaracin Universal de los Derechos Humanos. Ahora que acabamos de dar la vuelta a la esquina la llegada de un nuevo siglo, no ser el mundo fsico el nico escenario blico donde se libren en las guerras del futuro, donde se diriman las disputas de poder en todas las esferas. Ni el concepto de invasin ni el de esclavitud seguirn siendo los mismos. No ser necesario invadir un pas, ni tampoco poner grilletes en muecas y tobillos atar las manos a sus ciudadanos, si podemos reeducar el deseo, convertirlos en consumidores, colonizar las conciencias a travs de valores implcitos en los productos audiovisuales. Los nuevos colonialismos no obligan a sus provincias al pago de onerosos impuestos, sino que se invaden sus mercados de productos y servicios de todo tipo. En esencia, los mecanismos de dominacin y de limitacin de los derechos humanos en este nuevo espacio de informacin o ciberespacio tienen ms que ver con la limitacin del acceso a las condiciones necesarias (ya sean tcnicas, econmicas o culturales) que permitiran el desarrollo de formas ms avanzadas de participacin pblica y de intercambio y libre expresin de ideas y creencias. Las fronteras dejan de ser barreras impermeables cuando los llamados flujos transfronterizos de informacin (TDF - transborder data flow) las atraviesan a travs de cables y satlites de la misma forma en que los fantasmas atraviesan los muros de los castillos ingleses. En este entorno tcnico y poltico a la vez, que definimos como una nueva esfera de comunicacin y realidad, se est librando probablemente una de las batallas fundamentales por la libertad de expresin. Por ello se hace especialmente relevante hablar de la condicin de los derechos contenidos en Declaracin del 48 en el nuevo entorno del ciberespacio, y de los ataques que pueden sufrir a travs de las tecnologas de la comunicacin y la informacin.

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El gran atractivo de Internet es su naturaleza abierta. Los intentos de restringir el libre flujo de informacin en Internet, as como los intentos de restringir lo que puede decirse por el telfono, supondran una limitacin onerosa y nada razonable de los bien establecidos principios de privacidad y libertad de expresin. La aparente inmaterialidad de los ataques precisa otras formas de anlisis. En el mundo real, los ataques a los derechos humanos en forma de acciones polticas tienen una traduccin casi inmediata en trminos de hambre, discriminacin, flujos migratorios o de refugiados, recorte de libertades civiles, etc. En el ciberespacio, dichas acciones cobran un cierto carcter de invisibilidad frente al escrutinio pblico. La polucin del aire, de la tierra o del agua puede ser mensurada de forma objetiva a travs de dispositivos y aparatos diseados a tal efecto, y los datos as obtenidos pueden constituirse en infraestructura de polticas de regeneracin del medio ambiente. Por el contrario, no resulta tan sencillo medir el grado de contaminacin en una informacin, o detectar en un producto audiovisual el modelo de sociedad o los valores que se transmiten de forma soterrada. No resulta sencillo, por ejemplo, evaluar el impacto discriminatorio que pueda tener una poltica educativa que puede tener como efecto la creacin de distientos niveles de capacidad de acceso y uso de los medios informticos y telemticos por parte de estudiantes de diferentes clases sociales.

La influencia de la tecnologa informtica y el mundo de la cultura present diferentes dimensiones, y puede adems dotar de significado a un conjunto de principios que sin ella acabaran siendo poco ms que una voluntariosa declaracin de intenciones. Si se ha defendido tradicionalmente que las ideas caminan mundo, tambin debemos tener en cuenta que los gobiernos y las empresas que definan los estndares de comunicacin
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de Internet, la telefona mvil global y la televisin va satlite, tendrn en su poder una de las claves fundamentales del poder futuro. La importancia de esta pugna explica el ahnco con que las grandes empresas emprenden iniciativas arriesgadas para conseguir y mantener posiciones de privilegio. Por ejemplo, hemos asistido hace apenas algunos meses al que sin duda no ser el ltimo episodio de la demanda legal contra Microsoft, empresa paradigmtica de este nuevo orden mundial, por querer imponer el estndar mundial de navegacin por Internet con su programa Explorer. De hecho, esta empresa se arriesga a su fragmentacin por la aplicacin de la ley americana anti-monopolios, y no se explicara tan audacia si no fuera de importancia estratgica lo que est en juego. Por otra parte, es una constante en pases donde las libertades fundamentales se encuentran recortadas la existencia de una creciente preocupacin por controlar y limitar el libre flujo de informacin a travs de Internet. Los regmenes dictatoriales hacen frecuentemente una bandera del carcter perverso de la Red al ser, segn ellos, un agujero por el que se cuelan valores propios de sociedades decadentes, amenazadores para la soberana nacional y transgresores de las costumbres y tradiciones nacionales.

Por otro lado, los regmenes democrticos tambin han percibido que Internet aparece como uno de los foros pblicos donde los ciudadanos tienen una mayor capacidad de organizacin horizontal, donde pueden quedar en entredicho los tradicionales intereses de los actores sociales que han monopolizado habitualmente el acceso a los medios de comunicacin, e intentan actuar en consecuencia para mantener su influencia social. En este caso no nos encontramos con medidas empresariales o gubernamentales abiertamente contrarias al derecho a la libre expresin de las ideas, pero s con campaas de sensibilizacin social sobre una serie de conductas delictivas llevadas a cabo a travs de Interne pornografa infantil, propaganda racista, apologa del terrorismo y la violencia, etc que parecen pedir a gritos la censura previa y la catalogacin de los contenidos de las pginas Web en supuesta defensa de los valores morales.

La libertad de expresin como derecho de cuarta generacin

Quiz uno de los aspectos ms relevantes de la tecnologa telemtica en relacin a los derechos humanos hace referencia a la libertad de expresin. En este contexto no sera slo uno de los derechos humanos fundamentales, sino tambin una condicin de posibilidad para la defensa y el desarrollo de los dems derechos. En un nuevo orden en el que la informacin se convierte en el recurso estratgico por excelencia, la falta de libertad de expresin hace que la vida humana pierda una de sus caractersticas ms sustantivas. Tambin surgen otras libertades esencialmente relacionadas con la anterior, a saber, la libertad de pensamiento en todas sus manifestaciones, y la libertad de buscar y recibir informacin. Esto ya aparece reconocido en la Declaracin Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde cobra un papel fundamental el reconocimiento de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religin (art. 18), la libertad de investigar y de recibir informacin (art. 19), y la libertad de opinin y de difundirla sin limitacin de fronteras, por cualquier medio de expresin (art. 19).

El hecho de que Internet se haya democratizado y convertido en una infraestructura tcnica orientada a proporcionar una cobertura de comunicacin barata, horizontal y de mbito global, hace que la libertad de expresin y el resto de las libertades asociadas a ella no slo deban aplicarse en toda su extensin a las actividades personales que se llevan a cabo en la red. Se produce un salto cualitativo, y cobran aqu una relevancia que no poseen en los medios tradicionales de comunicacin. Tericamente cualquiera puede exponer sus opiniones a travs de estos medios. En la prctica, slo los grandes grupos de la comunicacin y aquellos que componen los variados mecanismos del poder social tienen la posibilidad real de hacer or su voz. Por el contrario, en Internet muy pocos medios son suficientes para comunicar una informacin mensaje, para hacerla llegar a todos los rincones del globo. Cualquiera puede crear sus pginas Web y difundir sus ideas a travs de ella, participar activamente en foros de discusin, enviar y recibir mensajes de correo electrnico a un nmero extraordinariamente alto de usuarios con un coste prcticamente nulo. En la red, cualquier ciudadano se convierte en emisor y receptor a un tiempo, y la interactividad y la participacin se revelan como las reglas

bsicas del juego. Con la llegada de Internet, los mtodos de acceso y difusin de informacin han cambiado radicalmente, con grandes consecuencias para las personas, la sociedad civil y los gobiernos.

Comienzan a surgir comunidades de intercambio basadas en fenmenos socio-tecnolgicos como Napster y Gnutella que transforman el concepto de negocio y de intercambio de bienes, poniendo en jaque el sistema de mercado y la separacin de roles entre productor y consumidor. Estas caractersticas son ajenas a la forma tradicional de hacer negocios. Los medios tradicionales que son interactivos no tienen un gran alcance, y los que poseen este alcance son de uno a muchos, es decir asimtricos y escasamente interactivos. No permiten tampoco una relacin P2P (peer to peer, esto es, negocios entre usuarios sin intervencin una empresa que venda o preste un servicio a un consumidor), lo que resulta tcnicamente sencillo y hasta natural en Internet. Los nuevos medios renen las caractersticas de alcance, anonimato, interactividad y reproductibilidad. Dichas caractersticas crean la necesidad del desarrollo de una tica on-line que d razn de los intercambios humanos que se producirn sin mediacin de una presencia fsica, en el contexto del ciberespacio. Sin una pluralidad de fuentes no podramos hablar con propiedad de libertad de pensamiento, conciencia o religin. Sin acceso a medios de alcance internacional no tiene sentido hablar de libertad de opinin y de difusin de las mismas sin limitacin de fronteras. Sin el desarrollo de una nueva tica, no se podr profundizar en los usos solidarios del poder que las nuevas tecnologas ponen en las manos de los individuos.

Se juntan, en este sentido tanto las caractersticas tcnicas de la red, como la voluntad de aqullos que la han popularizado y democratizado, colocndola al alcance de un nmero cada vez mayor de individuos, a un ritmo muy superior al de otras tecnologas tradicionales. Por una parte, todo lo que es digital puede existir la red: la propia naturaleza de la digitalizacin, que homogeneiza todo tipo de datos e informacin, ya sea audiovisual, textual o de cualquier otro tipo, y el progresivo desarrollo y abaratamiento de las tecnologas de la informacin y la comunicacin, hacen que su uso se extienda cada vez ms y sea ms difcil restringir su disfrute a sectores habitualmente desfavorecidos de la sociedad. Por otra parte, la Red tiene un diseo, una topologa y una estructura que responden a una voluntad conscientemente orientada a la promocin de un medio democrtico de libre expresin, voluntad que ha caracterizado la accin de muchas personas que han intervenido en su desarrollo y en la progresiva expansin de sus aplicaciones. No defiendo que la propia esencia de la red pueda ser por s sola un elemento desencadenante de cambio social. Sin embargo, la interseccin de pericia tcnica con una voluntad solidaria de desarrollo y profundizacin de los derechos humanos, puede convertirse en uno de los elementos definidores de los nuevos patrones de calidad de vida en la sociedad futura. Es por ello que el ciberespacio aparece as como uno de los escenarios donde se dirime una de las ms decisivas batallas por la libertad de expresin y, por ende, por los derechos humanos en general. Veremos cmo se llevan a cabo polticas restrictivas de las libertades mencionadas que inciden directamente sobre Internet y los derechos de proveedores y usuarios.

Ataques a los derechos de cuarta generacin a travs de Internet

En mi artculo ya citado expona un catlogo de situaciones de peligro para los derechos de cuarta generacin donde la tecnologa apareca como el elemento clave, ya sea como vehculo o como modelo, para ejercer una accin limitadora o conculcadora de la libertad de expresin. Muestro los puntos principales a continuacin:

Cercenando el acceso y libre uso de la tecnologa se apunta directamente a la libertad de opinin y expresin. Algunos antecedentes son anteriores a los tiempos de Internet. Por ejemplo, en la antigua Unin Sovitica era preceptivo enviar al ministerio correspondiente una prueba de impresin de las mquinas de escribir e impresoras que se utilizaran en el pas. De esta forma el Estado poda identificar fcilmente el origen de un texto subversivo mecanografiado, o el de un texto fotocopiado. Esta huella digital de

estas mquinas compona un fichero tan infame como una nmina de presos polticos. La prohibicin de antenas parablicas para la recepcin de emisiones extranjeras de televisin va satlite en algunos pases islmicos integristas tambin son muestra del miedo a que la tecnologa sea vehculo de transmisin de ideas que pueden hacer tambalear las conciencias, que pueden poner en cuestin el credo y las opiniones oficiales.

En los ltimos aos se ha podido ver cmo el inters regulador de la libertad de expresin por parte de los gobiernos se ha centrado tambin en Internet. En regmenes dictatoriales o en los que los derechos civiles no estn plenamente reconocidos se intenta frecuentemente censurar el acceso a la Red con la excusa de la defensa de los valores culturales autctonos frente a modelos de vida extranjeros. En muchos casos, el envo de correo electrnico al extranjero o la consulta de pginas Web no autorizadas trae consigo fuertes penas o crcel.

El caso de China es especialmente importante, entre otras razones porque afecta a un significativo porcentaje de la poblacin mundial. Las acciones del gobierno de la nacin contra los movimientos en pro de la defensa de los derechos humanos y las libertades civiles, materializadas en la matanza de Tiananmen contra la protesta de estudiantes desarmados, dieron la vuelta al mundo por su crueldad e implacabilidad. Sin embargo, han pasado ms desapercibidas otras iniciativas que inciden en un plano menos visible de la accin poltica. Actualmente, la represin se lleva a cabo a travs de las regulaciones que limitan la libertad de expresin y de acceso a la informacin. Una de estas medidas es la implantacin de cortafuegos (firewalls), barreras informticas que impiden la consulta y la visualizacin de cualquier tipo de pginas Web de dominios extranjeros no autorizados por el gobierno. Antes de entrar por primera vez en Internet todo ciudadano chino est obligado a rellenar un exhaustivo formulario, de tal manera que se garantiza la plena identificacin del usuario en la red, el control gubernamental de cualquier tipo de acceso o intercambio de informacin. Por si dicho control no fuera suficiente, se hace responsables a los proveedores de acceso a Internet de las actividades que los usuarios lleven a cabo a travs de los mismos, y estn obligados a colaborar con las autoridades en la delacin y persecucin de dichas actividades subversivas. Se parte de un principio de presuncin de culpabilidad del internauta, considerndole un enemigo potencial del Estado, y se institucionaliza una nueva forma de censura an ms sofisticada que aquellas que tradicionalmente han caracterizado a los regmenes dictatoriales. En una de las sentencias que han levantado ms controversia en la comunidad internacional, el hacker Hao Jingwen fue condenado a muerte por la corte suprema china por desviar 87.000 dlares del banco estatal Industrial and Commercial Bank of China. Otros hackers han sufrido igualmente graves condenas por actividades de carcter delictivo o poltico realizadas a travs de Internet, como pasar direcciones de correo electrnico de asociaciones en defensa de los derechos civiles a sitios Internet extranjeros, muchas de las cuales entran dentro de la consideracin de delitos contra la seguridad del estado.

Otros pases han adoptado tambin medidas legislativas que limitan el ejercicio de los derechos civiles a travs de las autopistas de la informacin. Los estados miembros de la ASEAN (Asociacin de pases del Sudeste Asitico) formada por Brunei, Indonesia, Vietnam, Singapur, Filipinas, Tailandia y Malasia, firmaron en 1996 un protocolo por el que establecan un marco de cooperacin para limitar el acceso a Internet a sus ciudadanos. El argumento utilizado fue la necesidad de defender las tradiciones culturales y morales de dichos pases frente a la decadencia moral de Occidente, evitando as la exposicin de sus ciudadanos a contenidos informativos que podan generar dudas con respecto a la legitimidad de sus regmenes y gobernantes. Los propios proveedores de acceso a Internet aparecen como responsables de las acciones que los usuarios puedan desarrollar en Internet, con lo que se les De este convierte en nuevos policas de la red.

El gobierno de Vietnam tambin tom medidas legislativas conducentes a implantar la censura previa de cualquier pgina Web proveniente del extranjero. Todos los proveedores nacionales se conectan a travs de una pasarela dotada de un sistema de

filtrado que depura el acceso a cualquier contenido que no resulta del agrado del gobierno. Las autoridades de Hong Kong han llegado a un acuerdo con la asociacin que agrupa a casi la totalidad de los proveedores de acceso Internet en dicho territorio, llamada HKISPA, con el objeto de impedir que sus usuarios puedan colocar en la red materiales obscenos o de carcter indecente. Tambin en otros pases de otras regiones del globo se estn implantando sistemas de cortafuegos y filtrado que suponen un serio riesgo para la libertad de expresin, y que sirven adems para crear una cortina de secretismo sobre las acciones de dichos gobiernos, en contra del espritu de transparencia que rige, al menos en teora, el espritu de la vida social y poltica en las sociedades democrticas

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Sistemas de clasificacin y filtrado: libertad de expresin en la Red(6)

Uno de los problemas que enfrenta la libertad de expresin en los regmenes democrticos nace de la preocupacin de los gobiernos por el control de los contenidos que circulan a travs de Internet. Y una de las claves que articula la accin de los gobiernos en ese sentido es la indistincin entre contenidos ilegales y contenidos inadecuados. En nombre de la proteccin, por ejemplo, de la infancia, se propugnan mecanismos que restringe el acceso a ciertas pginas Web de contenido inadecuado (pornografa, material para adultos, etc.) El problema est en que esta operacin precisa un sistema de clasificacin de contenidos, lo que en la prctica resulta inviable dado el enorme crecimiento del nmero de pginas Web y la diversidad de categoras que presentan. Al final, los filtros de clasificacin acaban prohibiendo el acceso a sitios Internet que no tienen nada que ver con informacin sensible.

Los sistemas de clasificacin y filtrado de los contenidos que se pueden encontrar en Internet no parecen ser soluciones adecuadas. La pre-censura inspirada e impuesta por el gobierno no es muy diferente de la censura La introduccin y el desarrollo de sistemas de clasificacin y filtrado del contenido de Internet que es legal pero a la vez considerado nocivo u ofensivo para ciertos grupos de personas ha estado precedido por la popularizacin de planteamientos autorreguladores favorecidos por los gobiernos europeos. Estas nuevas tecnologas se han presentado e introducido como un medio para evitar una omnipresente regulacin pblica del contenido de Internet por parte de los gobiernos, pero, sin embargo, existen numerosos problemas asociados con la utilidad y uso de los sistemas de clasificacin y filtrado.

La utilidad de estos sistemas est limitada a ciertas partes de Internet. Estos sistemas han sido diseados para la World Wide Web, pero resultan intiles para otros sistemas de comunicaciones de Internet, tales como los entornos de charla virtual (chat), los servidores de transferencia de ficheros (FTP), los grupos de discusin de Usenet, los sistemas de real-audio y real-video, que pueden incluir transmisiones de sonido e imgenes en directo, la telefona Internet, y, finalmente, los sistemas de correo electrnico. Estos sistemas no pueden ser clasificados, por consiguiente, la presuncin de que los sistemas de clasificacin pueden hacer de Internet un entorno ms seguro para los menores es errnea, pues el contenido de la WWW representa slo una fraccin de todo el contenido de Internet. Incluso cuando la tecnologa de clasificacin sea aplicable, no est claro qu tienen en la cabeza los reguladores respecto a qu tipo de contenido debe ser clasificado. Por ejemplo, segn la Internet Watch Foundation, existe toda una categora de asuntos peligrosos que requiere clasificaciones y existe informacin relacionada con las drogas, el sexo, la violencia, informacin sobre deportes peligrosos como el puenting y materiales con ideologas que fomentan el odio. Por lo tanto, los sistemas de clasificacin no sern, de ninguna forma, una solucin completa al contenido considerado nocivo para los menores.

Aparte de los problemas tcnicos, existe el contexto moral. Cada sociedad tiene valores diferentes, y formas diferentes de aplicar dichos valores. Tambin tiene criterios acerca de lo que es permisible y lo que no lo es. En algunos pases existe una exacerbada sensibilidad sobre contenidos de carcter ertico o sexual, mientras que se permite la exhibicin no clasificada de imgenes de extrema violencia o violencia psicolgica.
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Otros pases son ms restrictivos en relacin a contenidos violentos, pero ms permisivos en cuanto a contenidos erticos. El reto ser establecer formas de armonizar las diferentes sensibilidades nacionales con el carcter global del fenmeno de las autopistas de la informacin. Los sistemas de clasificacin privados plantean serios problemas de libertad de expresin, y adems acrecientan los riesgos de una censura arbitraria por parte de gobiernos o de instituciones privadas que se arrogan un papel protector de sectores sociales que requieren especial cuidado. Estos sistemas de clasificacin y filtrado se pueden llegar a utilizar para excluir puntos de vista minoritarios y sitios reivindicativos ms que para proteger a los menores. Internet es un maravilloso recurso para los usuarios en lnea, incluidos los menores, y es responsabilidad de los padres decidir a qu pueden aquellos acceder. Por consiguiente, los padres deben ser informados y capacitados para aprovechar los recursos de Internet en lugar de crear un pnico moral que disuada del acceso a la red.

Por ltimo, dichos sistemas son fabricados en los Estados Unidos, y por tanto no representa en los criterios morales ms extendidos en la sociedad europea. Lo mismo podramos decir al respecto de otras reas geogrficas, que poseen sus propios criterios ticos. Parece pues, que la tarea de educar a nuestros menores corresponde a los padres, y no a compaas privadas norteamericanas. Por otro lado, slo en los pases dictatoriales la tutela de los menores es un asunto de gobierno, y no de las familias. Para defender los derechos humanos de los menores parece mejor responsabilizar a los padres, no a los censores.

De la racionalidad instrumental a la racionalidad tecnolgica

Al entrar en juego un nuevo elemento definidor de la ciudadana, asistimos a la aparicin de nuevas estructuras sociales que se encuentran actualmente en un perodo de incubacin, nuevas formas de interrelacin humana que se manifiestan amplificadas por mor del avance de la tecnologa, nuevas comunidades virtuales cuyo patrn de adscripcin no es el territorio, ni la lengua compartida, sino un nuevo modelo visionario de la sociedad que encuentra en la comunicacin no-presencial un elemento de unin entre individuos. Quiz una de las consecuencias ms importantes de dicho avance tecnolgico consiste en la promocin de una nueva ecologa del conocimiento caracterizada por la primaca del conocimiento cientfico, el poder universalizante de la tcnica, y el desarrollo y extensin a prcticamente todos los mbitos de la actividad vital humana de una forma de pensamiento llamada racionalidad tecnolgica. Este tipo racionalidad ya fue anticipado por los autores de la escuela de Frankfurt, quienes destacaron la primaca de una llamada racionalidad instrumental, que consista en una inversin entre fines y medios. Segn esta inversin, eran los medios los que movan a la actividad humana en nuestra sociedad, dejando en un papel secundario a los fines, que tradicionalmente cumplan dicha funcin. La racionalidad tecnolgica supone un nuevo paso en la evolucin de dicha racionalidad instrumental, y se caracteriza por el hecho de que la funcionalidad como caracterstica fundamental impone valor en hechos y acciones. No es preciso conocer la estructura si se conoce la funcin, y el carcter prctico obtiene una posicin privilegiada frente a la fundamentacin terica. La llegada de las nuevas tecnologas de informacin supone la extensin a todos los puntos del planeta de dicha racionalidad tecnolgica.

Los autores de la escuela de Frankfurt sealaron que la dominacin de unos hombres sobre otros no termina con la lucha de clases, ya que dicha dominacin puede cobrar formas ms sutiles y oscuras, ms difciles de identificar, algunas de las cuales estn esencialmente relacionadas con la naturaleza de la ciencia y la tecnologa. La ms importante de dichas dominaciones tendra que ver con dicha racionalidad cientfica tecnolgica, que cobrara un papel de metfora y modelo para la sociedad. Uno de los ejemplos paradigmticos del dominio de esta razn instrumental configuradora es la llegada de la sociedad de informacin o sociedad post-industrial, en la que el positivismo cientfico se convierte en ideologa. Es una sociedad cuyos fines aparecen definidos por los medios (competencia, optimizacin, controlabilidad), y el instrumento se convierte en un fin en s mismo, en el modelo como en el caso de la informatizacin de la sociedad, o el de la ciberntica como modelo de organizacin social.

La crtica de la razn instrumental de Marcuse y Horkheimer denunci en su momento los mecanismos de dominacin que operan en la tecnologa moderna, que se extiende hasta la prdida de la independencia del pensamiento moral con respecto al pensamiento cientfico. Marcuse afirmaba que la tecnologa poda haber sido un poderoso instrumento de cambio histrico, ya que la accin humana podra haber liberado a la naturaleza de su insuficiencia. La historia es la negacin de la naturaleza, sola repetir Marcuse. Sin embargo, ese proceso de cambio y liberacin se ha distorsionado por una ciencia y una tecnologa que se han transformado frecuentemente en formas especficas de control y dominacin, trabajando no ya en la consecucin de una transformacin del hombre o de la historia, sino en aras de un proyecto especfico: el control tcnico de la naturaleza. Si la tecnologa ofreca hasta ahora un mayor control del hombre sobre su vida cotidiana, al mismo tiempo impeda que el hombre se encontrara asimismo ms all de la alienacin de un mundo artificializado.

No obstante, este anlisis no se puede extender de una forma homognea a todo desarrollo cientfico y tcnico, y quiz la tecnologa telemtica aporta elementos que permitira la promocin de una sociedad ms libre, ms humana, que necesitar no slo de un nuevo sistema tecnocientfico, sino de un conjunto de metforas de identidad y accin que no estn tan slo incardinadas en formas tradicionales entender la ciencia y la tecnologa. El desarrollo de un nuevo conocimiento, de una nueva consciencia, de una nueva valoracin del ser humano, nacera de la experiencia de la naturaleza como la totalidad de la vida por proteger y cultivar, y la tecnologa podra aplicar este conocimiento a la reconstruccin del entorno vital en el que se desarrolla la vida humana. A partir de aqu podra buscarse una teora de la autoemancipacin, de reconocimiento de los valores humanos, que permita buscar alternativas a la relacin de los hombres entre s, y a la relacin del ser humano con la naturaleza mediatizada por el desarrollo y la extensin de las formas tecnocientficas actuales.

El proyecto de Habermas tambin podra tener una clara aplicacin al problema de la extensin y profundizacin de los derechos humanos. Segn l, estamos dirigindonos hacia una sociedad racional, que presenta como caractersticas fundamentales una profunda interdependencia de ciencia, tecnologa e industria, y la extensin del imperio de la racionalidad tecnolgica a un nmero cada vez mayor de reas de la vida humana. los asuntos humanos son definidos en muchas ocasiones como problemas tcnicos. La poltica se convierte as en la eliminacin tcnica de las disfunciones sociales, evitando cualquier tipo de riesgo que pueda afectar al sistema. En un nivel ms cercano al individuo, una praxis primordialmente formada por relaciones estratgico-instrumentales provoca una distancia insalvable entre sujetos, distancia que no puede ser eliminada por meras relaciones de dominio y control. La propuesta de Habermas ir orientada a poner en evidencia las limitaciones intrnsecas de unas relaciones asimtricas, no respetuosas de los derechos del hombre, y a reconocer por otro lado, las potencialidades democratizadoras que estn inscritas de la propia tecnologa. Como infraestructura que nos permitira edificar un sentido ms global y slido de los derechos humanos, se propone sustituir la racionalidad instrumental por una racionalidad o coordinacin comunicativa. Estas nuevas pautas de coordinacin de la accin humana se podran interpretar como una nueva generacin de derechos humanos basados en nuevos canales y cdigos no reduccionistas que, empleados al servicio del hombre, podran ayudar a restituir el rol de la interaccin respetuosa entre seres humanos, devolviendo a la tcnica su papel instrumental en un mundo ms humanizado. Por otro lado, la tecnologa ya no puede concebirse ms como una simple infraestructura. Tiene adems un papel superestructural como parte integrante de la ideologa dominante en la cultura occidental. Pero tambin es una herramienta fundamental en la lucha por la justicia social, puesto que quienes controlan el poder tecnocientfico definen a partir de ste la naturaleza y el uso adecuado de los medios tcnicos, que se definen a su vez como lenguaje de poder.

La llegada de Internet ha alterado la gramtica de este lenguaje de poder, y ha supuesto la democratizacin y popularizacin de los mtodos de acceso y distribucin de informacin. Las reglas de su produccin y difusin han cambiado radicalmente, con profundas consecuencias tanto para la sociedad civil como para instituciones y

gobiernos. Su carcter global marca una distancia fundamental con respecto a los medios de comunicacin de masas. Dichos medios de comunicacin tradicionales pueden llegar a tener un carcter global, pero su expansin se realiza siempre a travs de fuertes inversiones y grandes costes financieros y de infraestructura. Sin embargo, Internet es global por naturaleza, y difcilmente podra cobrar un carcter localista sin perder sus propias caractersticas definitorias. Las redes temticas transcienden las fronteras nacionales de una manera nica y novedosa, que no puede ser igualada por ninguna de las tecnologas anteriormente implantadas, abriendo una nueva va para el debilitamiento de las barreras a la libertad de expresin y a la libre circulacin de ideas. De una manera distinta a la de cualquier medio precedente, Internet permite a cualquier persona con un ordenador y una conexin a la Red comunicarse instantneamente con otras personas en cualquier parte del mundo. Estas caractersticas nicas son las que nos ofrecen una esperanzada de promocin de las libertades relacionadas con la informacin, esencial para el desarrollo tanto de la democracia como de la sociedad civil, en un grado antes impensable.

Me uno as a aquellos que no ven en la tecnologa un elemento salvfico, pero que reconocen la imposibilidad de separar la condicin tecnolgica de la condicin humana. Esta concepcin tecno-realista tiene tambin su refrendo en el pensamiento de Javier Echeverra en varias de sus obras. Concretamente, en Cosmopolitas domsticos manifiesta que "desde el punto de vista del fomento de las libertades individuales y de la creacin de una ciudad igualitaria, el cambio ms profundo y ms esperanzador que se est produciendo en las casas proviene de las redes temticas". ms adelante afirma tambin que Aristteles seala la pluralidad como una caracterstica constitutiva de la polis y que este pluralismo es tambin constitutivo de la actual Internet: "(...) En esta red de redes se prefigura una estructura civil de nuevo cuo en la que mltiples individuos, grupos e instituciones actuarn como contrapeso los unos de los otros. As como en una estancia anterior afirmbamos que haba que democratizar la televisin, en esta instancia conviene hacer otra propuesta: hay que defender los principios la democracia civil que estn vigentes en Internet, y en todo caso difundirlos y profundizar en ellos".

(7)

Estrategias para aceptacin global de los derechos humanos

Internet es global de por s. A diferencia de otros medios de comunicacin de masas, no necesita transformaciones estructurales para ampliar su radio de accin. Supera con facilidad las barreras impuestas por las fronteras nacionales, y a ello une inmediatez e interactividad, caractersticas que se unen a su naturaleza abierta. Los intentos de reducir el libre flujo de informacin a travs de las redes temticas se traducen automticamente en intentos por limitar el alcance de los derechos de cuarta generacin. Por tanto, la defensa del derecho de libertad de expresin en Internet cobra un papel fundamental en una sociedad que tiene en el conocimiento la base de su riqueza. El problema se plantea ahora de la siguiente forma: Cmo podemos promocionar los derechos de cuarta generacin, en un mundo donde el poder aparece cada vez ms concentrado y ms apartado de las instancias polticas tradicionales? En una sociedad donde el valor del eficiencia y la funcionalidad es mximo, y se constituye como rasero para juzgar la mayora de las acciones humanas, Cmo podemos introducir la necesidad de universalizar el acceso a los medios de comunicacin y la libre expresin a travs de los mismos?

En una conferencia pronunciada en el Primer Congreso Internacional sobre Tecnociencia y tica

(8), suger la posibilidad de utilizar para responder a estas preguntas

un interesante argumento del profesor Ramn Queralt,(9)

una tesis de corte aparentemente pragmtico que busca el mejor camino de introduccin de nuevos valores en una sociedad dominada por la racionalidad tecnolgica. Segn Queralt, La tica occidental se ha presentado con demasiada frecuencia como un enfrentamiento entre poder y deber, es decir entre poder hacer y deber hacer, creando una sospecha de coercin a la libertad personal, cuando sta es vivida como una de las conquistas irrenunciables del hombre contemporneo. En el caso de la tecnologa, la tica aparece como un elemento extrnseco de control, enfrentado con el sistema tecnolgico, que denuncia sus excesos y limita los caminos por los que su desarrollo debe transcurrir. Por
http://www.oei.es/revistactsi/numero1/bustamante.htm#7a#7ahttp://www.oei.es/revistactsi/numero1/bustamante.htm#8a#8ahttp://www.oei.es/revistactsi/numero1/bustamante.htm#9a#9a

otro lado, el concepto de deber se encuentra francamente disociado del concepto de felicidad humana, mientras que la tecnologa ha ido ocupando con mayor fuerza dicho espacio hedonista, principalmente a travs del proyecto de la Ilustracin, segn el cual la ciencia y la tecnologa eran claves en la promocin de la felicidad humana, estado que se consegua a travs del dominio racional del mundo y de la superacin de las carencias que la naturaleza haba impuesto al hombre.

El argumento de Queralt afirma que la mejor forma de introducir vectores ticos en la sociedad es demostrando su adecuacin a una racionalidad tecnolgica, paradigma de la sociedad del conocimiento. Segn esta racionalidad, la pregunta primordial es el para qu y no el porqu, y el criterio fundamental de validez es la utilidad, la eficacia, la contribucin a una eficiencia que se extiende a todas las facetas de la actividad humana. Si aplicamos esa estrategia a la promocin y defensa de los derechos humanos de cuarta generacin, veramos cmo una sociedad que no est dispuesta a aceptar de buen grado limitaciones a su poder, podra aceptar valores que no se introducen simplemente por la bondad de sus postulados, sino por su contribucin a la eficacia y su propio equilibrio interno. Se destacara, por tanto, la dimensin del criterio de eficacia operativa como instrumento de metodologa tica. En otras palabras, se tratara de presentar a la libertad de accin y expresin que caracteriza a Internet como un elemento que contribuye esencialmente a la eficacia y al equilibrio de una sociedad tecnolgica. De esta forma el sistema no mirar con recelo a los vectores ticos que estos derechos vayan introduciendo, pues no se presentarn como enfrentados a l, sino como coadyuvantes a su desarrollo. Una vez aceptados inicialmente, comenzaran a funcionar y a producir efectos beneficiosos dentro del sistema desde el punto de vista tico. En otras palabras, se tratar de justificar la libertad de expresin en las redes telemticas y la universalidad de acceso a las mismas porque es eficaz para el criterio social de eficacia operativa, porque va a aumentar el volumen de intercambios a travs del comercio electrnico, porque va a abrir nuevos mercados de distribucin de bienes y servicios, porque va a dar al ciudadano una mayor sensacin de proximidad con respecto al Estado, y por tanto de participacin democrtica, etc.

Esta estrategia es la que se denomina el Caballo de Troya al revs, dado que la introduccin de esta cuarta generacin de valores se lleva a cabo porque el sistema lo percibe como un bien, como un elemento que aumentar su funcionalidad, y es al revs porque su finalidad no es destructiva sino constructiva. Podra objetarse el carcter prctico de esta estrategia, y el hecho de que presenta un riesgo notable, a saber, el de la instrumentalizacin de los derechos humanos en funcin de un criterio pragmtico de eficacia operativa, desnaturalizando su dimensin tica y antropolgica fundamental. Sin embargo, no debemos olvidar que se trata de un riesgo calculado. Al defender la conveniencia de la libertad de expresin y otras libertades afines en el ciberespacio no se pretende un reduccionismo tico, sino introducir vectores ticos que operaran desde dentro del sistema sin enfrentarse en un momento inicial a los criterios mercantilistas que definen nuestra sociedad. En segundo lugar, la justificacin filosfica de dichos derechos al modo tradicional no quedara en ningn caso excluida, sino que sera desarrollada en una fase posterior, cuando la receptividad institucional fuera mayor una vez demostrada su contribucin a los fines de la eficacia. Cuando estos derechos formen parte de las exigencias de los ciudadanos, cuando estn integrados en nuestra vida cotidiana, ser muy difcil cercenarlos. Un derecho solo llega a ser verdad cuando se universaliza y se conquista de forma efectiva por todos los individuos en un momento histrico determinado, y a la naturaleza de este momento histrico le corresponde la democratizacin de la tecnologa como un nuevo norte en el camino hacia un concepto de ciudadana que englobe a todos los seres humanos y garantice su calidad de vida. Lo que puede parecer un engao, resulta ser, a fin de cuentas, todo lo contrario. Una tica que permita fundamentar la necesidad y la oportunidad de la extensin de los derechos humanos de cuarta generacin sin distinciones entre pueblos e individuos, es una de las condiciones esenciales para la supervivencia del gnero humano. Y no debemos olvidar que sin vida pocos negocios se pueden hacer.

Son tiempos en los que an se mantiene una falsa dicotoma entre lo terico y lo pragmtico. En esta divisin de las dos culturas: la de humanistas, que considera que la

tecnologa es un simple instrumento, y que no constituye un objeto digno de reflexin filosfica; y la de los tecnlogos, que olvidan las dimensiones sociales, histricas y ticas que estn esencialmente imbricadas en su trabajo. Como ya defendiera Norberto Bobbio

(10), la cuestin de los derechos humanos en nuestro tiempo no es la de su

fundamentacin, sino la de su proteccin. No es un problema filosfico, sino poltico. Y diciendo poltico decimos tambin tcnico, puesto que como ya demostr Langdon Winner en su famoso artculo Hacen poltica los artefactos?, la tecnologa, a pesar de mostrarse como una instancia neutral, encarna formas de poder y autoridad, y an en su diseo se encuentran pautas que van a ordenar la vida social de muy diferentes maneras. Cuando se intenta imponer una ideologa que cambia nuestras vidas reaccionamos ante dicha amenaza, pero la tecnologa puede hacer esa misma labor presentndose como si fuese apoltica. De ah que las tecnologas sean como las leyes: una vez promulgadas, tienden a perdurar. Una vez implementada una tecnologa, tambin obedece a una inercia que la hace permanecer, ordenando nuestra forma de producir, de vivir, de relacionarnos. Quiz no es el momento de elaborar listas de derechos humanos y de definir su naturaleza y fundamento, de saber si son derechos absolutos, relativos, sujetos o no al devenir histrico. Es el momento de identificar cul es la forma ms segura de garantizarlos, de utilizar la tecnologa como motor de democratizacin y promocin de estos derechos, para impedir que las declaraciones solemnes se queden en un simple flatus vocis.

Hablar de derechos humanos supone hablar de calidad de vida y de acceso a mejores condiciones para disear y realizar nuestra propias vidas, reconociendo en ellas algo mucho ms digno que la simple existencia biolgica. Hablar de calidad de vida y no mencionar a la tecnologa es como hablar del desierto sin mencionar la arena. Si la informacin es poder, la tecnologa puede ser una poderossima infraestructura de liberacin para el hombre. Liberacin no de las insuficiencias de su naturaleza, sino de sus propios miedos: de su miedo a la diferencia y a reconocer en los otros la misma apelacin a la dignidad. Quiz la clave para el desarrollo de estos derechos humanos de cuarta generacin est en un concepto simple pero paradjico: el concepto de archipilago. Por definicin, un archipilago es un conjunto de islas unidas por aquello que las separa. Tambin, los seres humanos estamos profundamente unidos por aquello que nos diferencia los unos de los otros. En el valor de esta diferencia, y en el reconocimiento de la misma, se encuentra el principio de unidad que permitir extender universalmente los estndares de calidad de vida de los que hoy en da slo unos pocos gozan, y con los que muchos suean. Siguiendo con la metfora, la tecnologa ser ese conjunto de instrumentos que nos permita otear el ocano, viajar de una isla a otra ya sea un cuerpo o en alma , y tambin contemplar las lejanas estrellas en el cielo de la noche.

El Salvador: Cules son los derechos del trabajador

Los trabajadores salvadoreos poseen derechos que deben ser respetados por los

empleadores de acuerdo con el Cdigo de Trabajo y el Ministerio de Trabajo del pas.

En El Salvador, el trabajador debe conocer cules son sus derechos para hacerlos respetar; la igualdad de salarios es uno de ellos. Los trabajadores que se desempean en la misma empresa con iguales tareas deben percibir la misma remuneracin. El monto del salario depende de lo que considere el empleador pero nunca podr ser inferior al mnimo vigente. En relacin a la jornada laboral, el horario diurno no debe exceder las 8 horas y la semana las 44 horas. En tanto, la jornada nocturna y la que involucra a tareas consideradas de riesgo debe ser de hasta 7 horas. En caso de trabajar horas extras, por la noche o en das feriados nacionales, recibirn un monto aparte. A su vez, por cada 6 das semanales trabajados corresponde 1 de descanso. Adems,
http://www.oei.es/revistactsi/numero1/bustamante.htm#10a#10ahttp://www.adnmundo.com/contenidos/laboral/elsalvador_derechos_trabajador_salrio_indemnizacion_despidos_vac.htmlhttp://www.adnmundo.com/contenidos/laboral/elsalvador_derechos_trabajador_salrio_indemnizacion_despidos_vac.html

corresponden 15 das de vacaciones remuneradas ms una prima del 30 por ciento del salario de esos 15 das luego de un ao de trabajo continuo en la misma empresa. Para gozar de vacaciones, el trabajador debe acreditar un mnimo de 200 das trabajados. Las vacaciones no se pueden recompensar con dinero. En caso de maternidad, se reconoce el derecho a un descanso remunerado antes y despus del parto como la conservacin del empleo. Llegado el 12 de diciembre, si el trabajador tiene una antigedad de 3 aos tendr derecho a un aguinaldo equivalente a 10 das de salario; si est en la compaa por un perodo de 3 a 10 aos le corresponde una cifra equivalente al de 15 das; y si permanece hace ms de 10 aos, 18 das de salario. Los trabajadores que no tengan un ao trabajado debern recibir un proporcional. El trabajador puede perder el aguinaldo si en 2 meses, consecutivos o no, se ausentaron ms de 2 veces sin justificacin. Los trabajadores tienen derecho a una indemnizacin en el caso de despido sin causa justa, equivalente al salario bsico de 30 das por cada ao de servicio y proporcionalmente por fracciones de ao hasta un lmite de 5 salarios mnimos. En ningn caso la indemnizacin puede ser menor al salario de 15 das. El salario mnimo es inembargable, excepto por cuota alimentaria. En lo que exceda el salario mnimo, la remuneracin se podr embargar hasta en un 20 por ciento. Otro derecho corresponde a la seguridad social que es un servicio pblico de carcter obligatorio.

DERECHOS DE LA MUJER.

Casi la mitad de la poblacin salvadorea --48.2 por ciento-- no conoce los derechos de las mujeres, segn revela un sondeo nacional realizado por el Instituto Universitario de Opinin Pblica de la Universidad Centroamericana Jos Simen Caas (UCA), coordinado por el Movimiento de Mujeres y auspiciado por la Asociacin de Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas). El sondeo, llevado a cabo entre los das 16 y 24 de octubre de 1999, con una muestra nacional de 1,251 entrevistas a mujeres y hombres de zonas urbanas y rurales de los catorce departamentos de la Repblica, tena por objetivo, en trminos generales, conocer la opinin de los y las salvadoreas sobre la problemtica de la mujer en El Salvador.

Al 51.8 por ciento de personas que dijeron conocer los derechos de las mujeres se les pidi que mencionaran uno. Una cuarta parte de la poblacin seal el derecho de "no ser maltratada", un 19.8 por ciento dijo "derecho a ser respetada", el 14.8 por ciento hizo referencia a la libertad e independencia de las mujeres y un 10.2 por ciento mencion "la igualdad". Otros derechos citados en menor porcentaje fueron: el derecho a trabajar, derecho a servicios sociales y a participar en poltica.

Por otro lado, el 21.7 por ciento de la poblacin femenina considera que es el maltrato o la violencia intrafamiliar el problema que ms afecta a las mujeres en el pas; el 9.4 por ciento seala la situacin econmica, un 7.6 por ciento dijo que era el acoso sexual y las violaciones, un 7.4 por ciento indic la infidelidad y un 17.2 por ciento no supo identificar un problema. Otras respuestas proporcionadas en menor cantidad fueron: falta de educacin, el desempleo, la discriminacin de la mujer, el machismo, el libertinaje de las mujeres y la paternidad irresponsable. Los resultados generales muestran una variedad de respuestas en torno a este tema, pero todas ellas centradas en el machismo, la infidelidad y problemas familiares y la economa. Entre las causas de los problemas anteriores las mujeres entrevistadas mencionaron ms comnmente: el machismo (16 por ciento), la infidelidad por parte del hombre (12.5 por ciento), la falta de educacin (10.6 por ciento), el desempleo (9.2 por ciento) y un 7.4 por ciento no pudo mencionar la causa del problema.

La encuesta tambin mostr el escaso conocimiento que tiene la poblacin

salvadorea sobre las acciones o servicios del gobierno dirigidos a mujeres, despus de tres aos de haberse firmado el compromiso de aplicar la Poltica Nacional de la Mujer. El 84.2 por ciento dijo no conocer servicio o accin alguna y solamente un 15.8 por ciento de las y los entrevistados afirm conocer alguno. De estos ltimos, casi una tercera parte; es decir, el 31.3 por ciento seal como accin o servicio del gobierno a la Procuradura General de la Repblica, una cuarta parte cit a la Secretara Nacional de la Familia e ISDEMU, un 10.1 por ciento dijo CEMUJER o Casa Morada y un 9.1 por ciento nombr a la PDDH. Con menor frecuencia fueron citadas las siguientes: la FGR, los Juzgados de Familia, el Cdigo de Familia, la PNC y el proporcionar proteccin y consejera para mujeres. Lo anterior pone de manifiesto cierto grado de confusin que existe en la poblacin, al mencionar como gubernamental a una organizacin de mujeres como lo es CEMUJER. Tambin se les consult sobre la efectividad de dicho servicio o accin para mejorar la situacin de las mujeres, a lo que el 65.2 por ciento dijo haber sido algo o muy efectivo, el 29.3 por ciento consider que ha sido poco o nada efectivo y un 5.6 por ciento no supo dar

respuesta.

En la misma lnea, menos de la mitad de los y las entrevistadas --46.2 por ciento-- manifest haber escuchado sobre la existencia del ISDEMU. Este dato aunado con el poco conocimiento de las acciones y servicios del gobierno en beneficio de la mujer salvadorea, muestra que dentro de la poblacin no hay una conciencia clara de que el gobierno posee instituciones encargadas de velar por los derechos de las mujeres y por la aplicacin de la Poltica Nacional de la Mujer.

Dentro del mismo contexto, se encontr que porco ms de dos terceras partes de las mujeres salvadoreas (67.2 por ciento) se sienten poco o nada apoyadas en su vida diaria por los servicios que le ofrece el gobierno; como por ejemplo: asesora legal en caso de violencia intrafamiliar, paternidad irresponsable, salud sexual y reproductiva, etc. Y prcticamente slo tres de cada diez mujeres (29.9 por ciento) manifestaron sentirse mucho o algo apoyadas por los servicios que brinda el Estado.

En otro mbito, se pidi la opinin de los y las salvadoreas respecto al avance en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: el 60.9 por ciento considera que ha habido algunos o muchos avances, un 37 por ciento opina que los avances han sido pocos o ninguno y un 2.1 por ciento dijo no saber. Por otro lado, y en porcentajes similares a los anteriores, el 61.3 por ciento de las personas abordadas cree que durante los ltimos aos han aumentado algo o mucho los servicios para informar, asesorar y ayudar a la mujer, mientras un 36.3 por ciento considera que han habido pocos o ningn cambio al respecto y un 2.5 por ciento no respondi. En estas respuestas se encontraron algunas diferencias entre hombres y mujeres, ya que los hombres dieron con ms frecuencia valoraciones positivas, en contraposicin a las mujeres que respondieron en un porcentaje mayor que no haban visto muchos avances al respecto.

Violencia contra la mujer

En general, el 32 por ciento de la poblacin consider que "los malos tratos" es el tipo de agresin que ms afecta a las mujeres de su vecindario; el 28.5 por ciento dijo que no existe ninguna agresin en contra de las mujeres; el 19.9 por ciento cree que es la violacin sexual; un 11.1 por ciento opina que es la agresin fsica y un 6.4 por ciento seal el acoso sexual como la principal agresin que sufren las mujeres de su comunidad.

Adems, se pregunt slo a las mujeres, si saban dnde acudir para hacer una demanda en caso de que le hayan violado algn derecho como mujer, a lo que el 41.8 por ciento declar no saber adnde acudir en esos casos y el 58.2 por ciento de las mujeres respondieron de forma afirmativa. La proporcin de entrevistadas que desconocen dnde acudir a emitir una demanda es considerable, y ese desconocimiento se evidencia ms entre aquellas que poseen menos educacin formal y que pertenecen a los estratos ms bajos de la poblacin (obrero y rural).

Actitudes hacia el machismo

El sondeo tambin trat de recoger opiniones que registraran en cierta medida las actitudes de la poblacin hacia el machismo. As, los datos revelan que el 63.6 por ciento de los y las abordadas estaban algo o muy de acurdo con la afirmacin de que "la mujer debe conformarse con lo que el compaero le da", el 29.6 por ciento declar estar algo o muy en desacuerdo con la frase y un 6.7 por ciento se mostr indeciso.

Adems, 7 de cada 10 entrevistados/as estuvieron de acuerdo o algo de acuerdo en que "la mujer debe estar siempre dispuesta a complacer a su marido"; en cambio, slo el 22.2 por ciento dijo estar algo o muy en desacuerdo con dicha frase.

En general, las mujeres se mostraron menos de acuerdo que los hombres ante estas afirmaciones. Sin embargo, el alto apoyo a estas ideas por parte de las personas es una expresin de las actitudes machistas existentes en la sociedad. En el caso especfico de las mujeres, esto se relaciona con sus menores expectativas tanto en el mbito pblico (acceso a educacin, empleo, etc.)

Personas que estn de acuerdo con...

"La mujer debe estar dispuesta siempre a complacer a su marido", 70.4%

"La mujer debe conformarse con lo que el compaero le da", 63.6%

"La violencia en la casa es un asunto en el que nadie debe meterse", 53.7%

como en el privado (toma de decisiones, falta de autoestima, etc.). Finalmente, poco ms de la mitad de las y los salvadoreos --53.7 por ciento-- creen que "la violencia en la casa es un asunto en el que nadie debe meterse"; por el contrario, un 37.7 por ciento manifest estar algo o totalmente en desacuerdo con esa afirmacin, el resto no supo dar su opinin. Esta tendencia puede sugerir, no slo el desconocimiento de la poblacin acerca de las leyes en contra de la violencia intrafamiliar, sino la fuerte creencia de que la violencia es un asunto privado. Esta concepcin no slo mantiene el problema dentro del hogar, sino que dificulta la posibilidad de denuncia por parte de sus vctimas ms frecuentes --las mujeres y los nios--.

Situacin laboral

Las mujeres que no poseen un trabajo remunerado alegan como principal razn para no trabajar fuera del hogar el cuidado de hijos e hijas en un 43.4 por ciento de los casos, un 11.2 por ciento indic que no necesitaba hacerlo, el 9.9 por ciento sostuvo que su pareja no se lo permita, un 8.9 por ciento seal que no encontraban trabajo, entre otras respuestas. Al mismo tiempo casi una tercera parte de ellas reclama apoyo institucional en el cuidado de sus hijos/as para posibilitar su insercin en el mercado laboral, un 18.3 por ciento dijo que le hace falta experiencia, un 16.6 por ciento necesita formacin y un 11.8 por ciento considera que hacen falta ms ofertas de empleo, entre otros.

Participacin ciudadana

La encuesta revel que, en trminos generales, las mujeres participan menos que los hombres enlas organizaciones de la sociedad salvadorea. Un 77.6 por ciento de la poblacin salvadorea no participa de ninguna organizacin o asociacin. Del 22.4 por ciento de las personas que participan, pertenecen en mayor medida a una organizacin religiosa (15.1 por ciento) y slo pequeos porcentajes afirmaron participar de alguna poltica, comunitaria o gremial entre otras. Las mujeres participan en organizaciones religiosas en un porcentaje un poco mayor que los hombres, pero stos a su vez

pertenecen en mayor medida que la poblacin femenina a asociaciones polticas, comunitarias o gremiales.

Comunicacin

El sondeo trat de recoger la opinin sobre la imagen que los medios de comunicacin dan de la mujer. En este sentido, casi dos terceras partes de la poblacin entrevistada; es decir, el 63.4 por ciento cree que la imagen que dan de la mujer es muy buena o buena y una cuarta parte (25.5 por ciento) considera que es mala o muy mala. El resto no supo dar una opinin. De acuerdo a los datos los hombres poseen una valoracin ms positiva sobre la imagen de la mujer en los medios, ya que un 68.9 por ciento de la poblacin masculina la califica como buena o muy buena frente a un 58.1 por ciento de las mujeres.

Desde las organizaciones de mujeres se han llevado a cabo investigaciones que explican la falta de concientizacin que las mujeres tienen con respecto a su imagen. La baja autoestima, el maltrato sistemtico y la inexistencia de otros modelos alternativos de referencia, permiten entre ellas la aceptacin de su imagen como objeto sexual, frecuentemente explotada en los medios.

En general, los resultados del sondeo revelan la diversidad de problemticas que enfrentan las mujeres salvadoreas producto, muchas veces, de una sociedad patriarcal y una cultura predominantemente machista. A esto se suma el desconocimiento que muchas mujeres poseen no slo de sus derechos sino de las entidades encargadas de velar por ellos; en donde la falta de educacin formal y el nivel socioeconmico juegan un papel determinante.

Aunque hay una percepcin, por parte de los salvadoreos, de un aumento en las oportunidades y servicios brindados a las mujeres, estos no parecen estar incidiendo y favoreciendo lo suficiente a esta poblacin de mujeres en su vida cotidiana y mucho menos propiciando su desarrollo.

DERECHOS A LA SEGURIDAD SOCIAL.

La justiciabilidad del derecho a la seguridad social en el

mbito nacional y el sistema interamericano de proteccin

de los derechos humanos

La seguridad social desde una perspectiva general

La seguridad social es definida como un derecho humano fundamental y, al mismo tiempo, como un instrumento de justicia social. Para cumplir con estas finalidades, sta debe basarse en los principios fundamentales de universalidad, solidaridad, igualdad, suficiencia, participacin y transparencia.

En su concepcin moderna, la seguridad social es considerada un componente insoslayable del sistema de proteccin social integral de la persona humana. Implica asegurar los ingresos indispensables para que las personas puedan vivir con dignidad y decoro. Desde esta perspectiva, tanto los aspectos institucionales como administrativos de la seguridad social deben estar al servicio del fin superior que constituye el bienestar general de la poblacin. Esta condicin es, al mismo tiempo, un pilar esencial de los derechos humanos primordiales.1
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Para atender a los objetivos que le son propios, la seguridad social se ha perfilado histricamente con una vocacin universalista dirigida a abarcar, de la manera ms global posible, el conjunto de riesgos sociales a los que est expuesta normalmente la totalidad de la poblacin. Con ese afn, los modernos sistemas de seguridad social se organizan, en lo bsico, alrededor de tres ejes ineludibles: la liberacin de la necesidad, como objetivo general; la garanta de seguridad econmica a todos los miembros de la comunidad para el acceso a una vida digna, y la amplitud de instrumentos aplicables a este fin, con preferencia por los seguros sociales y la asistencia social.2

1 Jorge Bernedo Alvarado, Informe Regional sobre la Situacin de la Seguridad Social

como un Derecho Humano en Amrica Latina, Lima, Plataforma Sudamericana de

Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PSDHDD), julio de 2000, prrafo 1.

2 Ver Recomendacin nm. 67 de la OIT sobre "La Seguridad Social de los Medios de

Vida".

Desde esta perspectiva, el Convenio nm. 102 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), de 1952, conocido tambin como "Norma Mnima en Seguridad Social", refiere que la seguridad social ha de comprender, como mnimo, los siguientes aspectos:

Asistencia mdica preventiva o curativa.

Prestaciones monetarias de enfermedad.

Prestaciones de desempleo.

Prestaciones de vejez.

Prestaciones en caso de accidente de trabajo y de enfermedad profesional.

Prestaciones familiares.

Prestaciones de maternidad.

Prestaciones de invalidez.

Prestaciones de sobrevivientes.

Estas normas mnimas, as como otros instrumentos de proteccin de la OIT, contemplados entre los antecedentes del Convenio N 102, especialmente la Recomendacin 67 "Sobre la Seguridad de los Medios de Vida" (1944), permiten reconocer una completa definicin respecto a los alcances de la seguridad social desde la perspectiva de su mbito de proteccin. As, la seguridad social puede ser definida como:

La proteccin que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de

medidas pblicas, contra las privaciones econmicas y sociales que de otra manera

derivaran de la desaparicin o de una fuerte reduccin de sus ingresos como

consecuencia de la enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad

profesional, desempleo, invalidez, vejez o muerte; y tambin la proteccin en forma de

asistencia mdica y de ayuda a las familias con hijos.3
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3 OIT, Introduccin a la Seguridad Social, Ginebra, 1984, p. 3.

La seguridad social desde la perspectiva de los derechos humanos

Como derecho humano fundamental, la seguridad social fue reconocida, en primer lugar, por el Artculo 22 de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos (1948)4 y luego por el Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (1966), que estableci, en su Artculo 9, que "Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social".5

En nuestro mbito regional, es decir, en Amrica, se refieren al derecho a la seguridad social tanto el Artculo XVI de la Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948),6 como el Artculo 9 del Protocolo Adicional a la Convencin Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). Este ltimo indica que la seguridad social debe contribuir a que los/as no capacitados/as obtengan los "medios para llevar una vida digna y decorosa", as como que "cuando se trate de personas que se encuentren trabajando, el derecho a la seguridad social cubrir al menos la atencin mdica y el subsidio o jubilacin en casos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad, antes y despus del parto".

Es importante subrayar que el derecho a la seguridad social guarda una ntima conexin con los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud de las personas, haciendo por ello un todo indisoluble que, tal como sostiene el prembulo del Protocolo de San Salvador al referirse a la naturaleza interdependiente e indivisible de todos los derechos humanos, "encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana".

4 Declaracin Universal de Derechos Humanos (DUDH), Artculo 22: "Toda persona,

como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante

el esfuerzo nacional y la cooperacin internacional, habida cuenta de la organizacin y

los recursos de cada Estado, la satisfaccin de los derechos econmicos, sociales y

culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad".

5 Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (PIDESC),

Artculo 2.1: "[...] Cada uno de los Estados parte en el Pacto se compromete a adoptar

medidas para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en

particular la adopcin de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos por

l reconocidos".

6 Declaracin Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), Artculo XVI:

"Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las

consecuencias de la desocupacin, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de

cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite fsica o mentalmente para

obtener los medios de subsistencia".

Esta relacin se confirma cuando los artculos 4 y 5 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos (CADH) hacen coherente referencia a que "toda persona tiene derecho a que se respete su vida y a que [...] se respete su
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integridad fsica, psquica y moral; o a no "ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes".

El marco de proteccin del derecho humano a la seguridad social es, sin embargo, ms amplio de lo descrito, ya que ha sido consagrado, adicionalmente, en varios otros instrumentos internacionales de defensa y promocin de los derechos de la persona. Tal es el caso de la Convencin sobre los Derechos del Nio, de la Convencin sobre la Eliminacin de todas las formas de Discriminacin contra la Mujer (Convencin de la Mujer), o el del amplio abanico de convenios y recomendaciones de la OIT, en particular, el ya mentado Convenio nm. 102. Todos estos elementos permiten definir, de manera ms precisa y completa, el contorno contemporneo de la seguridad social y sus objetivos. As:

La Seguridad Social es la proteccin que la sociedad proporciona a sus miembros,

mediante una serie de medidas pblicas, contra las privaciones econmicas y sociales.

[...] La Seguridad Social tiene como objetivo proteger a todos los miembros de la

sociedad frente a todas las contingencias a que se exponen a lo largo de la vida. Por

ejemplo, la salud, vejez, cargas familiares, accidentes de trabajo, invalidez, muerte o

desempleo, tienen que ser garantizados obligatoriamente por el Estado, siendo este

responsable de su cumplimiento, asegurando el carcter redistributivo de la riqueza con

justicia social.7

La mayor parte de pases de Amrica Latina ha ratificado e integrado, en su derecho interno, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que se refieren a la seguridad social como un derecho fundamental. Asimismo han incorporado, en la mayor parte de sus constituciones, el derecho a la seguridad social como un derecho fundamental de todas las personas sometidas a su jurisdiccin.8

7 OIT, Seguridad Social, Gua de Educacin Obrera, Ginebra, 1995, p. 6.

8 As, por ejemplo, la Constitucin colombiana define, en su Artculo 48, la Seguridad

Social como "[...] un servicio pblico de carcter obligatorio que se prestar bajo la

direccin, coordinacin y control del Estado, en sujecin a los principios de eficiencia,

universalidad y solidaridad [...]". La del Ecuador seala, en su Artculo 55, que "la

seguridad social ser deber del Estado y derecho irrenunciable de todos sus habitantes.

Se prestar con la participacin de los sectores pblico y privado, de conformidad con la

ley". La Constitucin venezolana refiere, en su Artculo 86, que "toda persona tiene

derecho a la seguridad social como servicio pblico de carcter no lucrativo, que

garantice la salud y asegure proteccin en contingencias de maternidad, paternidad,

enfermedad, invalidez, enfermedades catastrficas, discapacidad, necesidades

especiales, riesgos laborales, prdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad,

vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsin

social. El Estado tiene la obligacin de asegurar la efectividad de este derecho, creando

un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario,

eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de

capacidad contributiva no ser motivo para excluir a las personas de su proteccin. Los

recursos financieros de la seguridad social no podrn ser destinados a otros fines [...]".
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Neoliberalismo y seguridad social

La reforma de los sistemas de seguridad social constituye hoy uno de los temas centrales de la agenda poltica de la mayora de pases del mundo, as como de los organismos multilaterales de mbito mundial y regional. La razn de ello se debe, ms que nada, al notorio impacto que estos sistemas tienen en el mbito de las economas locales, dada la magnitud del patrimonio y recursos financieros que administran, as como las severas dificultades que confrontan, en cuanto a sus aspectos de gestin, cobertura y desempeo. Esta preocupacin guarda relacin, a la vez, con el nfasis manifiestamente privatizador impuesto para tratar estas problemticas en los pases en los que la ideologa neoliberal orienta el gobierno de las polticas pblicas.

En este contexto, la mayor parte de las reformas que han tenido lugar se han producido en Amrica Latina y, ms recientemente, en algunos pases de Europa Central y del Este. Las mismas se han concentrado en el mbito de los sistemas de jubilacin y han sido generadas, en gran medida, a partir del modelo impulsado por el Banco Mundial, cuyas premisas esenciales fueron definidas en el informe "Envejecimiento sin crisis" (1994), en el que se propuso el desmantelamiento de los regmenes pblicos para sustituirlos por otros, basados en los siguientes tres pilares:

Un primer pilar administrado por el sector pblico y financiado por impuestos y

con una pensin mnima.

Un segundo pilar de ahorro personal u ocupacional obligatorio, administrado por

el sector privado.

Un tercer pilar, similar al segundo, pero opcional.

Teniendo como teln de fondo los Programas de Ajuste Estructural, impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a los pases altamente endeudados, ambas entidades presionaron intensamente a los gobiernos para que efectuaran reformas que permitieran reemplazar los tradicionales esquemas de financiamiento, basados en sistemas de reparto o prima media escalonada (el caso de Per), por sistemas de capitalizacin individual, organizados de modo que cada individuo, a partir de su particular capacidad de ahorro, sustentara su jubilacin.

Formalmente, los regmenes basados en la capitalizacin individual y la administracin de sociedades annimas con fin lucrativo reposan en el concepto de propiedad individual sobre los aportes, difiriendo cada trabajador una parte de su salario actual para su consumo en el futuro, con sus respectivos intereses. Empero, este esquema no asegura una cobertura de proteccin acorde con los estndares exigidos en el campo del derecho a la seguridad social, tal como lo ha sealado en su oportunidad la OIT:

[...] la evolucin hacia regmenes de pensin basados en el aporte de contribuciones

aumenta la inseguridad. En Europa oriental, en particular, los problemas consisten en la

falta de reglamentacin de los mercados de pensiones privados y de las reglas para el

clculo de las anualidades.

Las repercusiones generales sobre el nivel de las pensiones sern ms evidentes dentro

de 20 o 30 aos, pero la introduccin de cuentas de ahorros individuales ya ha puesto de

relieve las importantes desventajas del sistema.9

La reforma ha sido parte de los drsticos cambios ocurridos durante las dcadas pasadas en los paradigmas de desarrollo tradicionalmente implementados en la regin y han erosionado gravemente el rol del Estado como garante de los sistemas de seguridad social, en particular en lo que se refiere a las condiciones de acceso y disfrute por los ciudadanos de lo que las normas internacionales previamente citadas reconocen como derechos humanos universales.

Como fue dicho antes, ms all de su funcin inmediata, relacionada con el objetivo de proteger a todas las personas de la necesidad, los sistemas de seguridad social constituyen mecanismos de justicia social. Por encima de todo, por su funcin de vas de redistribucin de la renta nacional. Gracias a ello, operan como instrumentos de legitimacin poltica y social de los sistemas econmicos en los que se desarrollan. Y debido a esto, la proliferacin creciente de reformas privatizadoras de la seguridad social en Latinoamrica ha significado enormes impactos en las polticas econmicas y sociales de los pases implicados.

Las reformas econmicas de sello neoliberal implementadas en los aos noventa han reducido radicalmente el papel del Estado en la financiacin y cobertura de las prestaciones de la seguridad social, limitando su condicin de garante primario del carcter universal de estas prestaciones.

9 Ver http://www.ilo.org/public/spanish/protection/ses/download/docs/2003_1.pdf

(p. 4).

Las experiencias ms espectaculares se han producido, primordialmente, en los sistemas de jubilacin, lo que ha implicado una expansin creciente de la funcin desempeada por los fondos de pensiones privados en las prestaciones de jubilacin y seguros por accidente o enfermedad profesional.10 Con la privatizacin de stos y, en menor grado, con la de los sistemas de salud, los gobiernos de la regin no slo han procurado resolver los problemas financieros de tales sistemas en el largo plazo, sino que en consonancia con el inters de grupos de inters transnacional han procurado ampliar las tasas de ahorro interno para otorgar mayor solidez a los mercados nacionales de capitales y asegurar(se), con ello, una fuente cautiva y segura de financiacin, que minimice su dependencia de capitales extranjeros, no siempre accesibles, inestables o caros.

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONOMICOS,

SOCIALES Y CULTURALES "PROTOCOLO DE SAN SALV

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