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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA DE ECONOMÍA
Trabajo de titulación, previo a la obtención del título de
economista
Tema:
“El impacto de la inclusión social y su aporte económico de las
personas con capacidades especiales en la ciudad de
Guayaquil”
Autora:
Srta. Viviana Abigail Pinela Álava
Tutor:
Econ. Mauro Tapia, MSc.
Abril, 2019
Guayaquil-Ecuador
II
FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA: ECONOMÍA
UNIDAD DE TITULACIÓN
FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN
TÍTULO Y SUBTÍTULO: “El impacto de la inclusión social y su aporte económico de
las personas con capacidades especiales en la ciudad de
Guayaquil”
AUTOR Viviana Abigail Pinela Álava
REVISOR Econ. Mauro Tapia, MSc.
INSTITUCIÓN: Universidad De Guayaquil
UNIDAD/FACULTAD: Ciencias Económicas
MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Economía
GRADO OBTENIDO: Tercer Nivel
FECHA DE PUBLICACIÓN: Abril 2019 No. DE PÁGINAS: 100
ÁREAS TEMÁTICAS: Sector social
PALABRAS CLAVES/
KEYWORDS:
Inclusión social, discapacidad, políticas públicas, desarrollo
económico.
RESUMEN/ABSTRACT: El objetivo de la investigación es determinar el impacto de la inclusión
social de las personas con capacidades especiales en la ciudad de Guayaquil, enmarcándose en la línea
de investigación fue la de ‘Economía y desarrollo local y regional’. Se analiza a la población con
discapacidad en este cantón de la provincia del Guayas que será objeto de estudio de la investigación
cualitativa, para lo cual se estimó una muestra a la que se aplicó el instrumento de la encuesta para
recabar datos que permitan responder a las premisas de investigación planteadas. Una vez tabulados los
datos, se encontró que este grupo poblacional se enfrenta a diversidad de problemas: discriminación,
inacceso a la educación, falta de accesibilidad en espacios públicos, entre otros; que atentan contra su
posibilidad de ser incluidos en los distintos ámbitos de la sociedad, siendo que la discriminación hacia
estas personas es aún bastante evidente en la ciudad, sumado a esto las dificultades para la accesibilidad
al transporte público y otros espacios, complican la participación de estos individuos en el sistema
económico y social. Concluyendo de que las personas con discapacidad en Guayaquil no han sido, en
su totalidad, sujetos de inclusión social debido a la ineficiencia de las políticas públicas, así como el
tabú que aún existe entre los miembros de la sociedad ante la forma de afrontar esta problemática.
ADJUNTO PDF: SI NO
CONTACTO CON
AUTOR/ES:
Teléfono:
0994999812
E-mail: [email protected]
CONTACTO CON LA
INSTITUCIÓN:
Nombre: Econ. Natalia Andrade Moreira
Teléfono: 042293083 E-mail: titulació[email protected]
III
FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA: ECONOMÍA
UNIDAD DE TITULACIÓN
Guayaquil, 02 de abril del 2019
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR
Habiendo sido nombrado ECO. ELAINE JIJÓN GORDILLO, tutor revisor del trabajo de
titulación “EL IMPACTO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y SU APORTE
ECONÓMICO DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL” certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado
por VIVIANA ABIGAIL PINELA ÁLAVA con C.I. No. 093035237-2 con mi respectiva
supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Economista, en la
Carrera Economía/Facultad de Ciencias Económicas, ha sido REVISADO Y
APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación.
IV
FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA: ECONOMÍA
UNIDAD DE TITULACIÓN
LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO
EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA
OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS
Yo, VIVIANA ABIGAIL PINELA ÁLAVA con C.I. No. 093035237-2 certifico
que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “El impacto
de la inclusión social y su aporte económico de las personas con capacidades
especiales en la ciudad de Guayaquil” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad
Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE
LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una
licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente
obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga
uso del mismo, como fuera pertinente.
__________________________________________
VIVIANA ABIGAIL PINELA ÁLAVA
C.I. No. 093035237-2
*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n.
899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y
centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos
superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de
investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de
investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de
dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento
tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.
V
FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA: ECONOMÍA
UNIDAD DE TITULACIÓN
CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
Habiendo sido nombrado, MAURO TAPIA TORAL tutor del trabajo de titulación
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por VIVIANA
ABIGAIL PINELA ÁLAVA con C.C.: 093035237-2 con mi respectiva supervisión
como requerimiento parcial para la obtención del título de Economista.
Se informa que el trabajo de titulación: “El impacto de la inclusión social y su
aporte económico de las personas con capacidades especiales en la ciudad de
Guayaquil”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa
antiplagio URKUND, quedando el 4% de coincidencia.
https://secure.urkund.com/view/47548626-512160-285105#DYg7agNBEAXvsnEhpv/duopQYIRtNpAShcJ398CjqHqf4/k+rreFIBubihjiSCCJFNLIoOhCBd1iqKOBJlpoo4NhCxNMse2OBZZYYY0Nji9ccMUN3xl44oU3PgSxCCGUKKKJIcm9JoeiFqWUUU4Fl
dQ+m2buHO/z93X+nI+v1+P7uK7Lsphwc8tZEZL99w8=
Econ. Rubén Saldaña Econ. Mauro Tapia, MSc.
C.I. 0704725514 C.I. 0910358969
Gestor de titulación Tutor
VI
FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA: ECONOMÍA
UNIDAD DE TITULACIÓN
Guayaquil, 08 de marzo del 2019
Sr. Economista
Christian Washburn Herrera, MSc.
COORDINADOR DE FORMACIÓN
FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad. -
De mis consideraciones:
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación “El impacto
de la inclusión social y su aporte económico de las personas con capacidades especiales en
la ciudad de Guayaquil” de la estudiante VIVIANA ABIGAIL PINELA ÁLAVA indicando
ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:
• El trabajo es el resultado de una investigación.
• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de
titulación con la respectiva calificación.
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes,
que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final.
Atentamente,
VII
Dedicatoria
Le dedico este título a Dios, mis padres, mis hijos Ismael y Emanuel Tumbaco Pinela,
pilares fundamentales en mi formación profesional, a mis abuelos quienes siempre han
estado conmigo dándome su amor, fortaleza y su constante apoyo en cada paso que
daba, tenía sus sabios consejos para jamás decaer.
VIII
Agradecimiento
Agradecida infinitamente con Dios, sin el nada de esto fuera posible, a mis padres, mis
hijos Ismael y Emanuel Tumbaco Pinela, pilares fundamentales para escalar un peldaño
más en esta vida, sin sus sabios consejos y constante apoyo, no hubiera sido posible este
logro, esto es por y para ellos.
IX
Índice general
Introducción ...................................................................................................................... 1
Capítulo I
Generalidades
1.1 Planteamiento del problema ....................................................................................... 3
1.2 Justificación ................................................................................................................ 6
1.3 Línea y Sublínea de investigación .............................................................................. 8
1.4 Objetivos ..................................................................................................................... 8
1.4.1 Objetivo general.. ................................................................................................ 8
1.4.2 Objetivos específicos. .......................................................................................... 8
1.5 Delimitación ............................................................................................................... 8
Capítulo 2
Marco teórico
2.1 Marco teórico ............................................................................................................ 10
2.1.1 Teoría del capital humano ................................................................................. 10
2.1.2 Teoría de las capacidades .................................................................................. 13
2.2 Marco conceptual ..................................................................................................... 15
2.2.1 Tipos de discapacidad ....................................................................................... 20
2.2.1.1 Grados de discapacidad ............................................................................. 21
2.3 Marco referencial ...................................................................................................... 24
2.3.1 Barreras en el acceso social de las personas con discapacidad ......................... 24
2.4 Marco legal ............................................................................................................... 27
2.4.1 Constitución de la República ............................................................................. 27
2.4.2 Ley Orgánica de Discapacidades ....................................................................... 29
2.4.3 Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades. ........................................... 31
2.5 Marco institucional ................................................................................................... 32
2.5.1 Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades ..................................... 32
2.5.2 Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida ............................................................ 33
2.6 Inclusión educativa y laboral como factor de desarrollo social y económico .......... 33
2.7 Políticas para la inclusión de personas con discapacidad: casos latinoamericanos .. 34
Capítulo III
Marco metodológico
3.1 Metodología de la investigación ............................................................................... 39
X
3.3.1 Encuesta. ............................................................................................................ 41
3.4 Población objetivo .................................................................................................... 41
3.5 Análisis de las encuestas........................................................................................... 43
Capítulo 4
Análisis de resultados
4.1 Incidencia de la discapacidad en el desarrollo económico de las familias de Guayaquil
........................................................................................................................................ 58
4.2 Factores que favorecen la inclusión social de personas con capacidades especiales 61
4.3 Principales consecuencias de la exclusión social de las personas con capacidades
especiales ........................................................................................................................ 64
4.4 Políticas públicas enfocadas a la inclusión social de personas con discapacidad .... 68
Conclusiones ................................................................................................................... 73
Recomendaciones ........................................................................................................... 75
Referencias bibliográficas .............................................................................................. 76
Anexos ............................................................................................................................ 80
XI
Índice de tablas
Tabla 1 Cuadro de operacionalización de variables ........................................................ 9
Tabla 2 Clasificación de las discapacidades según grado de incidencia. ...................... 22
Tabla 3 Tamaño poblacional ......................................................................................... 42
Tabla 4 Incidencia de la discapacidad en el desarrollo económico ............................... 60
Tabla 5 Factores que influyen en la inclusión social de las personas discapacitadas .... 63
Tabla 6 Consecuencias de la exclusión social de las personas con discapacidad ......... 65
Tabla 7 Incidencia de la política pública en la inclusión social de personas con
discapacidad.................................................................................................................... 69
Tabla 8 Cobertura de los programas de protección social del gobierno. Noviembre del
2018. ............................................................................................................................... 70
XII
Índice de figuras
Figura 1 Árbol de problemas. ......................................................................................... 6
Figura 2 Tipos de discapacidades. ................................................................................ 20
Figura 3 Personas con discapacidad en el Ecuador, según tipo. Año 2018. ................. 21
Figura 4 Personas con discapacidad en el Ecuador, según el grado. Año 2018.. .......... 23
Figura 5 Distribución de los encuestados por edad. ...................................................... 43
Figura 6 Distribución de los encuestados según sexo. .................................................. 44
Figura 7 Distribución de los encuestados según estado civil. ....................................... 44
Figura 8 Distribución de los encuestados según sexo. .................................................. 44
Figura 9 Considera que tiene algún grado de discapacidad. . ....................................... 45
Figura 10 Discapacidad según tipo............................................................................... 45
Figura 11 Discapacidad según grado. . .......................................................................... 45
Figura 12 Discapacidad según causa ............................................................................. 46
Figura 13 Deben ser incluidas eficientemente............................................................... 46
Figura 14 Pueden las personas discapacitadas ejercer cualquier actividad .................. 47
Figura 15 Ha sufrido algún tipo de discriminación. ..................................................... 47
Figura 16 Frecuencia de la discriminación. ................................................................... 48
Figura 17 Se encuentra estudiando. ............................................................................... 48
Figura 18 Nivel de estudios actual. ............................................................................... 49
Figura 19 Beneficio de la educación. ........................................................................... 49
Figura 20 Trabaja en la actualidad. ............................................................................... 50
Figura 21 En qué trabaja en la actualidad. .................................................................... 50
Figura 22 Aporte al hogar.............................................................................................. 51
Figura 23 Existen las normativas para la inclusión. ...................................................... 51
Figura 24 Existen dificultades para movilizarse. .......................................................... 52
Figura 25 Transporte público es accesible. ................................................................... 52
Figura 26 Espacios públicos menos accesibles. ............................................................ 53
Figura 27 Como son vistas las personas con discapacidad. .......................................... 53
Figura 28 Utiliza los beneficios de ley. ......................................................................... 54
Figura 29 Frecuencia para utilizar los programas. ........................................................ 54
Figura 30 Ha participado en algún programa. ............................................................... 54
Figura 31 Programa del cual ha participado. ................................................................. 55
Figura 32 Se considera discriminado por la sociedad. ................................................. 55
XIII
Figura 33 Razones para la discriminación..................................................................... 56
Figura 34 Reconocimiento gubernamental .................................................................... 56
XIV
Índice de anexos
Anexo 1 formato de encuesta ......................................................................................... 80
Anexo 2 Políticas para la igualdad en discapacidades ................................................... 83
XV
FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA: ECONOMÍA
UNIDAD DE TITULACIÓN
“EL IMPACTO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y SU APORTE
ECONÓMICO DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES
ESPECIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”
Autora: Viviana Pinela Álava
Tutor: Econ. Mauro Tapia, MSc.
Resumen
El objetivo de la investigación es determinar el impacto de la inclusión social de las
personas con capacidades especiales en la ciudad de Guayaquil, enmarcándose en la línea
de investigación fue la de ‘Economía y desarrollo local y regional’. Se analiza a la
población con discapacidad en este cantón de la provincia del Guayas que será objeto de
estudio de la investigación cualitativa, para lo cual se estimó una muestra a la que se
aplicó el instrumento de la encuesta para recabar datos que permitan responder a las
premisas de investigación planteadas. Una vez tabulados los datos, se encontró que este
grupo poblacional se enfrenta a diversidad de problemas: discriminación, inacceso a la
educación, falta de accesibilidad en espacios públicos, entre otros; que atentan contra su
posibilidad de ser incluidos en los distintos ámbitos de la sociedad, siendo que la
discriminación hacia estas personas es aún bastante evidente en la ciudad, sumado a esto
las dificultades para la accesibilidad al transporte público y otros espacios, complican la
participación de estos individuos en el sistema económico y social. Concluyendo de que
las personas con discapacidad en Guayaquil no han sido, en su totalidad, sujetos de
inclusión social debido a la ineficiencia de las políticas públicas, así como el tabú que aún
existe entre los miembros de la sociedad ante la forma de afrontar esta problemática.
Palabras claves: Inclusión social, discapacidad, políticas públicas, desarrollo
económico.
XVI
FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA: ECONOMÍA
UNIDAD DE TITULACIÓN
“THE IMPACT OF SOCIAL INCLUSION AND ITS
ECONOMIC CONTRIBUTION OF PEOPLE WITH SPECIAL
ABILITIES IN THE CITY OF GUAYAQUIL”
Author: Viviana Pinela Álava
Advisor: Econ. Mauro Tapia, MSc.
Abstract
The objective of the research is to determine the impact of the social inclusion of people
with special abilities in the city of Guayaquil, framed in the line of research was the
'Economy and local and regional development'. The population with disabilities is
analyzed in this canton of the province of Guayas, which will be the subject of qualitative
research, for which a sample was estimated to which the survey instrument was applied
in order to collect data that would make it possible to respond to the research premises
raised. Once the data were tabulated, it was found that this population group faces a
diversity of problems: discrimination, inaccessibility to education, lack of accessibility in
public spaces, among others; that undermine their ability to be included in different areas
of society, being that discrimination against these people is still quite evident in the city,
added to this the difficulties for accessibility to public transport and other spaces,
complicate the participation of these individuals in the economic and social system.
Concluding that people with disabilities in Guayaquil have not been, in their totality,
subjects of social inclusion due to the inefficiency of public policies, as well as the taboo
that still exists among the members of society in the face of this problem.
Key Words: Social inclusion, disability, public policies, economic development.
1
Introducción
El concepto de discapacidad posee diversas aproximaciones debido a lo extenso de su
definición, pues se incluyen diversas dimensiones que pueden replicar sobre esta
circunstancia en la que un individuo presenta, en cierto nivel, privaciones a su
desenvolvimiento cotidiano, ya sea desde el espectro físico, intelectual o psicológico. De
igual forma, el enfoque sobre el cual se considere a una persona como discapacitada ha
trascendido a lo largo de la historia, pasando por diversas etapas, cada una adaptada a los
tiempos demarcados por el progreso de una sociedad mundial y su modo de reconocer la
garantía de los derechos de la población sin distinción alguna.
La discapacidad se configura como una condición, que dependiendo de la gravedad de su
incidencia, puede reflejarse en una limitante importante para la calidad de vida del individuo
que presente algún tipo de deficiencia física, mental o sensorial; aunado a esta noción, se
encuentra el constructo social que gira en torno a esta circunstancia, refiriéndose al entorno
en el cual se desenvuelve aquella persona con discapacidad, en términos infraestructurales,
culturales, educativos, laborales y demás elementos que constituyan una barrera a su
desempeño como miembro activo de la sociedad. De esta forma, este trajo se compone de
cuatro capítulos, que se detallan a continuación:
Capítulo 1: Se muestran los aspectos generales de la investigación, como el
planteamiento del problema, justificación, objetivos y otros elementos que sirvieron para
delinear el propósito de este trabajo.
Capítulo 2: Se exhiben los postulados teóricos en los cuales se infiere sobre la
importancia del desarrollo de las capacidades en los individuos, como medio para lograr el
progreso de la sociedad y la economía. Así también se desprenden los conceptos detrás de
la discapacidad, y el marco legal que existe en el Ecuador para el beneficio de este segmento
poblacional.
Capítulo 3: Se revelan los componentes metodológicos utilizados para el proceso de
investigación científica. Siendo clave el uso de la encuesta para el proceso de recolección
de datos, la misma que fue aplicada a personas con discapacidad en edad de trabajar de la
ciudad de Guayaquil. De igual forma, en esta sección se muestran los resultados alcanzados
por este instrumento, que permiten responder a las premisas de investigación planteadas al
inicio del documento.
2
Capítulo 4: En este capítulo se hace alusión a los resultados logrados mediante la
investigación cualitativa, para lo cual fue necesario partir de las preguntas de investigación
y las premisas esbozadas, en aras de direccionar el análisis a determinar si se ha favorecido
la inclusión social de las personas con capacidades especiales en Guayaquil. Se efectúa una
síntesis que contrasta los datos obtenidos a partir de las encuestas, con los objetivos
demarcados para este estudio, considerando las preguntas del instrumento que mejor se
adapten para cada premisa y así concertar las conclusiones del caso.
3
Capítulo I
Generalidades
1.1 Planteamiento del problema
Según cifras de la OMS en el mundo existen más de mil millones de personas que
viven con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan
dificultades considerables en su funcionamiento (OMS, 2011, pág. 5), lo que denota la
dimensión de este fenómeno a nivel global, resaltando la importancia de su estudio, pues,
según estos datos, cerca del 15% de la población mundial padecen estas dificultades. La
discapacidad es referida como aquella condición que abarca las deficiencias, limitaciones de
la actividad y las restricciones de la participación a las que los individuos que ven
imposibilitado su accionar normal (OMS, 2018). Suponiendo una limitante a sus
capacidades pues las carencias dispuestas por su deficiencia médica, los ubica en una
posición de desventaja, en relación a una persona sin capacidades especiales.
Si bien la capacidad especial supone un inconveniente en la vida del individuo que la
presente, esta no se considera como una consecuencia de la deficiencia. “La discapacidad
no se entiende como un proceso que tiene origen en el individuo, sino más bien en procesos
sociales amplios: en la interacción interpersonal e interinstitucional, en las oportunidades
que ofrece el medio social” (García & Fernández, 2005, pág. 237). Es decir, el constructo
social de considerar a una persona con deficiencias como incapaz, es donde radica el
problema. La discriminación a este segmento poblacional supone una afectación directa a
los derechos humanos elementales, y uno de los factores sociales más graves en un sistema
económico inclusivo, que priorice el desarrollo equitativo e igualitario. De esta forma, la
inclusión de estos individuos se vuelve tarea imperante para un Estado que promulgue el
desarrollo humano a la par del crecimiento económico, buscando garantizar derechos y
estableciendo una sociedad justa para todos.
A nivel ecuatoriano, según cifras del Consejo Nacional para la Igualdad de
Discapacidades (CONADIS), existen 449 mil personas registradas en las bases de datos de
esta institución al mes de noviembre del 2018, de las cuales 245 mil mantienen un grado de
discapacidad igual o mayor al 50%. En Guayaquil, habitan 72.836 de estos individuos, lo
que representa alrededor del 16% del total nacional, lo que indica la amplia proporción de
individuos que se encuentran en un escenario notablemente adverso. Asimismo, se puede
4
resaltar que el 27,69% del total pertenece a un grupo etario menor a los 30 años (CONADIS,
2018).
Con lo cual, el problema parte de la consideración de que no todos los individuos con
capacidades especiales cuentan con una oportunidad para ser incluidos en el ámbito laboral
o educativo, dependiendo del rango de edad en que se encuentren, lo que denota el
inconveniente al que se enfrenta el Estado como garante del cumplimiento de los derechos
de la población. Siendo este quien debe disponer de los mecanismos para que los segmentos
poblaciones de atención prioritaria, sean favorecidos por el abanico de políticas públicas.
En un sentido estrictamente educativo, es imperante identificar las causas detrás de
que en la actualidad existan jóvenes con algún tipo de discapacidad, que no asisten de
manera regular a un centro educativo, bien sea por factores propios a su persona, como lo
puede ser la capacidad económica de su familia, o por el grado de discapacidad que presente;
así como por elementos concernientes a una sociedad que no sea del todo inclusiva,
pudiendo mencionar la falta de personal calificado para comunicarse de manera oportuna
con los estudiantes, infraestructura inadecuada (acceso para discapacitados, entre otros); o
inclusive la desatención del Estado mediante la elaboración de políticas y programas que
favorezcan esta condición de mejora inclusiva.
El problema detrás del inacceso educativo para las personas con capacidades
especiales no solo recae en el hecho de que están dejando de percibir un derecho esencial
para el buen vivir, sino que también denota el grado de desarrollo humano que se mantiene
en la sociedad en cuestión. Lo que influye en los indicadores del caso, exhibiendo inequidad
y desigualdad social, confinando las capacidades de las personas con estas limitaciones, a
estar por detrás de quien lleva su vida sin complicaciones de este tipo, rezagándolos en
diversos ámbitos, restando competitividad y seguramente a vivir a expensas de otros sin
poder superarse económicamente, profesionalmente o académicamente.
Entre las causas dispuestas que dan pie a la problemática planteada se tiene que la falta
de financiación desde el sector público, supone un factor determinante en el entorno sobre
el cual se desempeñan las personas con capacidades especiales. Mediante este enfoque, el
no contar con la preocupación estatal, reflejada en la no asignación de recursos, supone una
agravante para lograr la inclusión social de los individuos referidos. La consecuencia que
puede derivar de esta noción es que no se mejoran los niveles de inclusión social para este
segmento de la población, pues no existe patrocinio del Estado por alterar esta circunstancia.
De igual forma, la capacidad económica de las familias a cargo de una persona en
posición de desventaja, indica una afectación al acceso educativo o laboral que pudiere
5
obtener, pues toda operación de cuidado conlleva la utilización de recursos, lo que en
algunos casos puede suponer un inconveniente para el jefe o jefa de hogar al momento de
adquirir medicinas, medios de transporte u otros bienes o servicios necesarios para la
participación social activa de una persona con capacidades especiales. Con lo cual, el rezago
social que podría tener lugar de existir esta condición, se traduce en un perjuicio para la
sociedad en general, que ve contrariada su grado de desarrollo humano.
La prestación de servicios o dotación de bienes a las personas con capacidades
especiales es tan elemental como para cualquier otro individuo, pues con esta acción son
capaces de garantizar la satisfacción de sus necesidades. De modo tal, que si se presentase
problemas que incidan sobre este contexto, la accesibilidad para los individuos con
capacidades especiales se vería limitada, pudiendo incluso desmotivar al sujeto o a la familia
a su cargo, a no participar en procesos educativos, laborales e incluso de sanidad.
Por otro lado, entre los efectos arraigados por la ineficiencia en los mecanismos e
instrumentos necesarios para lograr la inclusión social de personas con capacidades
especiales, se tiene el inherente al bajo porcentaje de acceso laboral o educativo que registra
la sociedad para con este segmento poblacional. En materia de empleo, las cifras del Consejo
Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) permite denotar que apenas el
19,3% de las personas en esta situación acceden de manera activa a un trabajo en alguna
entidad pública o privada (CONADIS, 2018). Por su parte, el 78% de los niños y jóvenes
con discapacidades en edad escolar, se encuentran insertos en el sistema educativo nacional
(Ministerio de Educación, 2018). Lo que denota que aún existe cierto grado de desigualdad
laboral y educativa para este grupo de la sociedad, pudiendo ser producto de la falta de
acompañamiento de la política pública en torno a la mejora social.
Asimismo, aunado a la ineficiencia gubernamental en el diseño y aplicación de
programas que favorezcan la inclusión social; y las dificultades económicas que pudieren
presentar las familias de un individuo con capacidades especiales, se identifica el posible
rezago académico que sufriría una persona en esta condición, por circunstancias inherentes
a factores económicos. Pues al no contar con los recursos necesarios para matricular a un
niño o joven en el sistema educativo, se produce una brecha educativa entre estos y la
sociedad sin deficiencias de este tipo. De igual forma, se resalta la limitada estela de
oportunidades laborales para este grupo, que por sus características propias (relacionadas
con su discapacidad) o por el entorno de la sociedad en el que se desenvuelve, no encuentra
acceso a este derecho elemental para la calidad de vida.
6
De otro modo, la prestación de los servicios públicos en materia de transporte,
educación, salud, etc. se vuelve trascendental para los individuos en condiciones de
discapacidad y para las familias que disponen su cuidado. Pues estos conllevan un valor
inmaterial para la participación social de este segmento de la población, ya que generan los
mecanismos para la garantía del cumplimiento de derechos y, de cierta forma, fomentan su
inclusividad en el sistema económico. Con lo cual, el recaer en una situación que no
contemple las necesidades de los discapacitados puede conllevar a una agravante en
términos de accesibilidad, pues esta cualidad es vital para el desenvolvimiento de una
persona con capacidades especiales cuya deficiencia física, mental o sensorial suponga una
limitante en un contexto particular, como por ejemplo el subir una escalera o el abrir una
puerta.
Figura 1 Árbol de problemas. Elaboración propia.
1.2 Justificación
La discapacidad, de cualquier tipo, se configura como una adversidad tanto para la
persona que la padece, como para la sociedad en general, debido a lo que conlleva esta
condición de deficiencia, que de no ser abordada de manera oportuna podría incidir de
manera negativa en el desarrollo en un país. Es por esto que el Estado ecuatoriano reconoce
la trascendencia de lograr que este segmento poblacional sea incorporado de manera efectiva
en todos los ámbitos sociales y económicos que concurren, pudiendo destacar la existencia
de un marco normativo y político que ubica a las personas con discapacidad como objeto de
atención prioritaria para el Gobierno, señalando que se “garantizarán las políticas de
prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, se
procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su
Ineficientes mecanismos e instrumentos para la inclusión
social de las personas con capacidades especiales
Disminución de la
asignación de recursos
públicos para la mejora en la
inclusión social
Baja capacidad económica
de las familias
Problemas con la prestación
de servicios públicos a las
personas con capacidades
especiales
Bajo porcentaje de inclusión
social para personas con
capacidades especiales
Rezago académico y escasas
oportunidades laborales en
las personas con capacidades
especiales
Baja accesibilidad a los
espacios y servicios públicos
7
integración social” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 36), realizando
especial énfasis hacia los niños, pues son los que mayor vulnerabilidad presentan.
Bajo este contexto, la inclusión social para las personas con capacidades especiales es
una prioridad para el Estado, pues el derecho a la educación, salud, vivienda y trabajo se
presenta como uno de los determinantes en la calidad de vida de las personas, favoreciendo
su desarrollo íntegro y expandiendo sus posibilidades -profesionales, académicas, laborales-
. Noción que se adapta a lo expuesto por Amartya Sen en su Teoría de las Capacidades, en
lo referente a que el inacceso al sistema de la educación o salud, y demás temáticas sociales,
puede repercutir de manera negativa sobre fenómenos como la pobreza, desigualdad, calidad
de vida, etc. ocasionando una contrariedad para la sociedad y la economía (Urquijo, 2014,
pág. 64).
La educación es una de las herramientas más importantes en la sociedad, a través de
esta los individuos obtienen los recursos cognitivos para poder desenvolverse de manera
acertada en los campos sobre los que actúen. De forma que, negar la posibilidad de que una
persona con capacidad especial pueda acceder a una preparación formal, que le permita
optimizar sus habilidades, destrezas y aptitudes, atenta con esta concepción, más aún cuando
el inconveniente deriva de un escenario donde no existan las condiciones para lograr que
todos tengan las mismas oportunidades para ingresar a alguna institución educativa, sin
diferenciar clase social, etnia, cultura o condición física y mental. Por tanto, es necesario
que existan los mecanismos e instrumentos que permitan favorecer la inclusión de los niños
discapacitados, y que estos actúen de manera eficiente, tratando de influir sobre el mayor
acceso a la educación.
De igual manera, en lo que respecta a la salud o el trabajo, estos elementos son
imperantes en la vida de un individuo sin importar si presenta algún tipo de deficiencia física,
mental o sensorial, o no. A través del acceso universal a todos los derechos establecidos en
la legislación nacional, se podrá conseguir un mayor sentido de igualdad en el cual la
exclusión o discriminación en espacios públicos y privados, sea erradicado a cabalidad.
Con lo expuesto, en el presente trabajo inferirá sobre la medición del impacto que trae
consigo la inclusión social de personas con capacidades especiales para la sociedad
ecuatoriana, delimitando espacialmente la investigación en una localidad en específico,
siendo el cantón Guayaquil. Por tanto, mediante la realización de este estudio se pretenderá
conocer la realidad que atraviesan las personas con capacidades especiales en torno a la
inclusión social que se les presta desde los ámbitos educativos, sanitarios e incluso laborales.
Buscando determinar los efectos negativos que un rezago en el desarrollo cognitivo de
8
dichos individuos, puede ocasionar para su calidad de vida o de preparación profesional.
Proponiendo así una justificación práctica, que deriva en un estudio cualitativo de las
variables inherentes a la inclusión educativa de los sujetos discapacitados en la localidad
demarcada.
La importancia de este trabajo radica en sus implicaciones empíricas, pues mediante
el proceso metodológico a realizar, que contempla la efectuación de una encuesta o
entrevista, se podrán recabar datos concisos del fenómeno a estudiar. Pudiendo así reflejar
las condiciones socioeconómicas que presentan las personas con capacidades especiales que
habitan en el área delimitada.
1.3 Línea y Sublínea de investigación
Línea de investigación: Economía y desarrollo local y regional
Sublínea de investigación: Desarrollo, pobreza y desigualdad
1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo general. Determinar el impacto de inclusión social de las personas con
capacidades especiales en la ciudad de Guayaquil.
1.4.2 Objetivos específicos.
• Analizar la incidencia de la discapacidad en el Ecuador
• Determinar los factores que inciden en la inclusión social de personas con
capacidades especiales.
• Evaluar los principales efectos que conlleva la exclusión social de personas con
capacidades especiales.
• Advertir las políticas públicas impulsadas por el Estado en aras de beneficiar a la
población con capacidades especiales.
1.5 Delimitación
Delimitación espacial: La presente investigación se focalizará en la ciudad de
Guayaquil.
Delimitación social: El objeto de estudio infiere sobre la población con discapacidad
que resida en la ciudad de Guayaquil.
9
Delimitación temporal: El estudio será de tipo transversal, por lo que se efectuará en
el momento de efectuada la investigación, siendo varios meses del 2018 e inicios del 2019.
1.6 Preguntas de investigación
1. ¿Cómo influye la discapacidad en el desarrollo económico de las familias
guayaquileñas?
2. ¿Qué factores influyen para lograr una mayor inclusión social de las personas con
capacidades especiales en el Ecuador?
3. ¿Cuáles son las principales consecuencias que arraiga la exclusión social para la vida
de las personas con capacidades especiales?
4. ¿La política pública impulsada por el Estado ecuatoriano permitió mejorar los
niveles de inclusión social de las personas con capacidades especiales?
1.7 Operacionalización de las variables
Tabla 1 Cuadro de operacionalización de variables
Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores Unidad de
Medida
Variable
independiente:
Inclusión
social
Condición en la cual
se inserta de manera
oportuna a una
persona en un
escenario social del
cual se encontraba
excluida
Procedimientos Leyes, normas,
políticas públicas De intervalo
Accesibilidad
Infraestructura,
espacios,
programas públicos
De intervalo
Variable
dependiente:
Aporte
económico
Se entiende por el
beneficio social y
económico que se
obtiene por la mejora
social de las personas
con discapacidad
Social Empleo, calidad de
vida, desigualdad De intervalo
Económica Ingresos,
producción De intervalo
Elaboración propia.
10
Capítulo 2
Marco teórico
En este apartado se detallarán las principales teorías y preceptos que pueden servir
para enmarcar el concepto de discapacidades dentro del pensamiento económico, como
factor clave para la consecución del desarrollo cualitativo de una economía, partiendo de
una revisión de las nociones iniciadas con la instauración de un nuevo orden mundial, que
desde la corriente filosófica pasó a estimar variables no solo relacionadas con la renta o el
comercio exterior de un país, sino que se dispuso la contemplación de elementos que otorgan
una mayor representación a los individuos y su forma de articularse con el sistema
económico. Con lo cual, se infiere de forma particular sobre la teoría del capital humano y
la teoría de las capacidades, pues son las que mejor se adaptan al propósito de la
investigación planteada.
2.1 Marco teórico
2.1.1 Teoría del capital humano. El momento que se suscitaba para las primeras
décadas del siglo XX fue caótico, pues estuvo marcado por la presencia de conflictos bélicos
que opacaron el progreso de la sociedad y las economías a nivel global, agrupadas en dos
grandes guerras que se configuraron como un hito en la historia de la humanidad.
Puntualmente, en la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar entre los años 1939-1945, que
implicó la participación de las potencias globales como Alemania, Estados Unidos, Francia,
Japón, entre otras; fue cuando se modificó el orden mundial que hasta la fecha primaba. Las
repercusiones de este proceso fueron innumerables, no obstante, entre los efectos derivados
de este suceso se encuentra la puesta en escena de los Acuerdos de Bretton Woods, que
hacen alusión a la conferencia realizada por los representantes de los países más poderosos
del mundo, en la cual concertaron diversas políticas necesarias para lograr la paz.
De acuerdo con Reyes (2010) a mediados de 1944, en New Hampshire (EEUU), se
reúnen personas de 44 naciones, para establecer las bases de los que sería un nuevo orden
económico y financiero (pág. 73). Este contexto, sirvió para que pensadores económicos a
la fecha articularan nuevas teorías considerando el drástico cambio impuesto por esta
conferencia. Siendo uno de estos intelectuales Theodore Schultz (1902-1998), quien con sus
estudios referentes a la explicación que detrás de los fenómenos macroeconómicos que se
11
puedan presentar en una economía, interviene un factor ajeno al capital y trabajo, como lo
es la capacidades y habilidades de los trabajadores (Pérez & Castillo, 2016, pág. 653).
Schultz ha sido catalogado por la teoría económica como el pionero de la noción del
capital humano como un precepto filosófico que busca explicar la importancia de la
preparación de las personas como un elemento determinante en el progreso económico, su
modelo indicaba que:
Calcular la inversión humana a través de su rendimiento más que a través de su coste.
Mientras que cualquier aumento de la capacidad producida por la inversión humana
se convierte en una parte del agente humano y por lo tanto no puede ser objeto de
venta, está, sin embargo, “en relación con el mercado” al afectar a los sueldos y
salarios que puede percibir el agente humano. El aumento resultante de los ingresos
es el rendimiento de la inversión (Schultz, 1972: 23). (Villalobos & Pedroza, 2009,
pág. 275)
Lo denotado por Schultz infería sobre el impacto que conlleva la preparación formal
de una persona en la economía, pudiendo ser reflejado en la mejora salarial para el individuo
que incurra en una mayor cantidad de estudios a su haber. Con esto, se denomina inversión
en capital humano al costo o gasto efectuado por el sujeto para propósitos educativos o
preparatorios, la cual se vería evidenciada en la expansión de la renta en proporción al
rendimiento alcanzado por la magnitud del desarrollo del capital humano. De acuerdo con
Cardona & Montes (2007) “los adelantos y el mejoramiento de la calidad de la población,
son factores determinantes para el bienestar de la población; es por esto que se deben buscar
la adquisición de habilidades por medio de la escolarización e inversión sanitaria” (pág. 13).
Quien continuara con el estudio del capital humano fue Gary Becker (1964) profesor
y economista estadounidense, quien, mediante su aporte científico expresado en su obra
‘Human Capital’, pudo sistematizar las nociones propuestas por Schultz en torno a la forma
de concebir el capital humano dentro del estudio económico. El pensar de Becker demarcaba
que el “desarrollo de una nación se mide por la utilización de los conocimientos, de las
técnicas y de los hábitos de la población” (Villalobos & Pedroza, 2009, pág. 275), con lo
cual, derivó su análisis a tratar establecer las relaciones empíricas de lo que al momento no
se encontraba conformada como una teoría. Se basó en una serie de implicaciones que
consideraba el funcionamiento de la sociedad y la economía y la trascendencia del ámbito
educativo y sanitario como detonante del progreso.
Para Pérez & Castillo (2016) entre los principales postulados impulsados por este autor
se encuentran: que los ingresos suelen aumentar con la edad a una tasa decreciente; las tasa
12
de paro suelen mantener una relación inversa con las cualificaciones de la población; la
distribución de los ingresos mantiene un sesgo mayor en las personas profesionales y
capacitadas. Por tanto, el efecto no de percibir una educación adecuada, o de acceder a una
preparación formal, tendría una implicación social y económica que perjudicaría la
posibilidad de que una nación progrese.
El desarrollo del capital humano mantiene una estrecha relación con el tema de la
productividad empresarial, pues para un establecimiento de este tipo, invertir o destinar
recursos para favorecer la preparación de sus trabajadores, representará en el corto plazo un
beneficio cuantificable en la forma de que sus capacidades permitan hacer los procesos de
producción más eficientes, con lo cual, el rendimiento de la empresa se verá fomentado,
incidiendo positivamente en la vida del individuo que por su perfeccionamiento de
habilidades, verá aumentada su captación de ingresos medidos por el salario; asimismo, la
corporación o empresa al contar con un miembro con mayores habilidades, tendrán un activo
intangible que será determinado por las aptitudes y cualificaciones del sujeto sobre el que
invirtieron capital y tiempo.
Villalobos & Pedroza (2009) señalan el papel relevante de la educación dentro de los
preceptos teóricos que dan sustento al capital humano, pues la concibe como “una inversión
que generará utilidad en el futuro y que favorece de diversas formas al crecimiento
económico” (pág. 279). Por tanto, bajo el enfoque cualitativo del desarrollo económico
dispuesto por las nuevas corrientes del pensamiento, que partieron de la crítica al análisis
peyorativo de la noción liberal y lo que antecedió al concepto de que el crecimiento
económico de una nación debe estimar variables ajenas a la renta como componente
esencial, el papel del Estado como patrocinador del capital humano es vital, pues mediante
la política pública, la educación y la salud, factores trascendentales para el capital humano,
se puede favorecer el contexto de la sociedad, en especial de aquellas personas que se ven
inmersas en una condición desfavorable.
El capital humano puede ser concebido en base a tres componentes principales:
capacidad temprana, que son las cualidades con las que la persona cuenta, pueden ser
adquiridas o innatas; las cualificaciones y conocimientos obtenidos en la educación formal;
y las habilidades, competencias y conocimientos conseguidos a través de la capacitación en
el trabajo (Tovar, 2017, pág. 49), todos estos, en su conjunto, son los determinantes para que
un individuo pueda ver propiciada sus oportunidades de desarrollo y mejora de su calidad
de vida, lo que al final refleja una ventaja para la sociedad.
13
De tal forma, la teoría de capital humano permite inferir sobre los principios que
sostienen la necesidad de que existan las condiciones para que los individuos, sin
diferenciación de clase social, etnia, capacidades físicas, etc. lo cual se adapta al contexto
sobre el cual se desenvuelven las personas con capacidades especiales en el Ecuador, al ser
un grupo de atención prioritaria, el acceso e inclusión en los diversos ámbitos de lo social y
económico del país, se destaca como un proceso trascendental para mejorar su calidad de
vida.
El contar con algún tipo de deficiencia física, mental o sensorial se configura como
una agravante para la preparación de una persona, estando en función del grado de incidencia
de su condición, pues de no existir los mecanismos o instrumentos para que la educación sea
especializada para estos individuos, se puede producir un rezago en su formación,
contrariando los fundamentos de la teoría del capital humano, por ende, esta noción incidiría
con el progreso de la economía desde el corte cualitativo, que reconoce lo imperante de
generar las circunstancias para que la sociedad pueda desarrollarse de manera íntegra y
funcional.
Para continuar con el detalle al respecto del marco teórico en el que se desenvuelve la
temática de estudio, hay que referirse a la denominada Teoría de las Capacidades expuesta
por el ganador del premio Nobel, Amartya Sen.
2.1.2 Teoría de las capacidades. Amartya Kumar Sen, nacido en India en 1933, es
un economista y filósofo que ha realizado grandes aportes a la teoría económico a lo largo
de su trayectoria. Uno de estos trabajos es el que concierne a su postura frente al enfoque de
las capacidades, que lo llevó a ser merecedor del Premio Nobel en el año 1998.
La teoría de las capacidades, como fue denominada esta aproximación teórica al
respecto del bienestar de la población, centra su atención en el desarrollo de la sociedad
como factor determinante del progreso de una nación. El concepto de ‘capacidades’ fue
introducido por Sen por primera vez en una conferencia en el año 1980, en la cual se refería
por este a la “habilidad de una persona para hacer actos o alcanzar estados valiosos”
(Urquijo, 2014, pág. 65), condición que serviría para evaluar y otorgar valor al bienestar, en
medida que la población sea capaz de solventar sus necesidades de todo tipo mediante
esfuerzo propio y en goce de sus derechos.
Es así como a la par de las capacidades, se presentan los conceptos de bienestar e
igualdad como vocablos que interfieren en el desarrollo humano, los mismos que estarán
interrelacionados, y girarán en torno al primero. Partiendo de la noción de que el bienestar
14
no sólo se encuentra demarcado por la posesión de bienes, puesto que estos son solo un
medio para lograr el bienestar (Bedoya, 2011, pág. 284), realzando la importancia de que las
condiciones expresadas por la libertad de una persona, y la capacidad, para efectuar una
acción que les represente algún tipo de utilidad, sean el componente que se busca lograr para
la consecución del desarrollo. Noción de la que Alarcón & Guirao (2013) hacen eco:
El nivel de vida y el bienestar alcanzado viene determinado por el grado de desarrollo
de las capacidades, no por la cantidad de ingresos, ni por sus características ni por la
utilidad que puedan generar sino por la oportunidad de transformar estos ingresos y
recursos en funcionamientos valiosos (Sen, 2004:15). (pág. 148)
Con lo cual, se infiere sobre el bienestar como una cualidad en la vida de una persona
que no depende enteramente de su posición económica en la sociedad, pues las facultades
que los factores inherentes a la renta o los ingresos, no llegan a ser trascendentales si el
individuo no cuenta con la posibilidad de utilizarlos de la manera que el considere oportuna,
en otras palabras, el bienestar se traduce en libertad, lo mismo que se evidencia en la
capacidad, entendida como la potestad propia de la persona, que ante elementos culturales,
sociales, económicos o políticos, puede desenvolverse de manera satisfactoria.
Asimismo, los preceptos de Sen incurrían sobre la promulgación de que el desarrollo
humano es tan esencial como lograr que la producción interna de un país aumente de un año
al otro. Según Alarcón (2015) el enfoque de la teoría de capacidades se asienta en “que el
desarrollo de una sociedad debe medirse en función de lo que las personas que la conforman
pueden realmente ser y hacer, personalmente y en comparación con otros, garantizando la
dignidad humana” (pág. 7). Insertando la connotación de la dignidad como condición
inalienable de la vida de las personas.
El vocablo dignidad deriva del adjetivo digno, que según la Real Academia Española
señala la cualidad de una persona a ser merecedora de algo. Por tanto, la dignidad humana,
lejos de validar el concepto desde un enfoque religioso, contempla aquella condición en la
que los individuos, desde el momento de su concepción, se hacen meritorios de sus derechos
(Valls, 2015, pág. 279), los mismos que se configuran como trascendentales para su calidad
de vida y desarrollo.
Bajo este contexto, el enfoque de capacidades sostiene la necesidad de que las
capacidades de las personas, en todos los sentidos, sean igualitarias para lograr que la
sociedad en general encuentre los procesos para avanzar. “Mejorar la calidad de vida y el
bienestar, pasa por desarrollar sus capacidades, puesto que es aquello que puede llevar a
tener oportunidades en la vida” (Alarcon, 2015, pág. 9).
15
De acuerdo con Urquijo (2014) “cuando Sen introduce el concepto de capacidades,
entiende por dicho concepto el que una persona sea capaz de hacer ciertas cosas básicas”
(pág. 66), la noción ‘básica’ alude a aquellas acciones que son elementales para la vida de
una persona, así como las que implican un proceso más complicado. De modo tal que la
capacidad para movilizarse, la habilidad para alimentarse o vestirse, así como la capacidad
de trabajar y ser un miembro activo de la sociedad, son componentes elementales dentro de
la concepción de Sen. Pues en el caso de que una persona se encuentre limitada en alguno
de estos procedimientos, se enfrenta a un escenario desfavorable, lo que tendrá repercusiones
directas sobre el desarrollo humano.
Bajo este contexto, las discapacidades se presentan como una condición que contrasta
con los preceptos establecidos por Sen en su teoría de las capacidades, pues las deficiencias
físicas, mentales o sensoriales que acompañan al término, de incidencia en la vida de las
personas, puede representar un escenario en el cual el individuo no sea capaz de efectuar
una tarea o acción, denegando su ‘libertad’ de poder realizarla, y contrariando la posibilidad
de su desarrollo personal.
De tal forma, la circunstancia en que una persona muestre una agravante a su calidad
de vida, puede articularse como un limitante al desarrollo humano que se persigue bajo un
enfoque progresista y socialista como un proceso transformador de la estructura social, que
suele contemplar la injustica, representada por la inequidad y desigualdad, en cualquier
ámbito, como factor inherente al progreso de una economía. Con lo cual, se reconoce la
necesidad de que el Estado, como patrocinador y garante del cumplimiento de los derechos
de cada miembro del país, sea capaz de generar los mecanismos e instrumentos para lograr
que las personas con capacidades especiales dispongan de un tejido social que propicie sus
libertades de poder efectuar una tarea pese a su condición desventajosa, basándose en los
principios de que el bienestar se encuentra demarcado por la potestad del sujeto de resolver
sus necesidades en el marco personal de manera propia.
2.2 Marco conceptual
Para comprender el concepto de discapacidad existen diversas aproximaciones que se
pueden realizar debido a lo extenso de su definición, pues se incluyen diversas dimensiones
que pueden replicar sobre esta circunstancia en la que un individuo presenta, en cierto nivel,
privaciones a su desenvolvimiento cotidiano, ya sea desde el espectro físico, intelectual o
psicológico. De igual forma, el enfoque sobre el cual se considere a una persona como
16
discapacitada ha trascendido a lo largo de la historia, pasando por diversas etapas, cada una
adaptada a los tiempos demarcados por el progreso de una sociedad mundial y su modo de
reconocer la garantía de los derechos de la población sin distinción alguna. Con lo cual,
durante este epígrafe se buscará detallar varios enfoques que se le otorgan al concepto de
discapacidad, sintetizando el aporte de varios autores y de organismos supranacionales que
hacen de esta condición su objeto de atención.
Es importante recalcar que la discapacidad y su atención, ha cobrado mayor
significancia en la actualidad, pues los modelos económicos han sufrido alteraciones que
han colocado al ser humano como imperantes dentro de la estructura de cualquier nación,
pues la consecución de su desarrollo debe ir a la par del crecimiento económico, para
alcanzar un sistema que progreso de manera armoniosa. Dicho precepto se ajusta a las
corrientes del pensamiento que se fueron generando a medida que aparecían críticos a la
noción establecida por el capitalismo, pues al solo considerar el ámbito cuantitativo, mas no
el cualitativo, se mostraba como contrapartida a la tendencia de pensar de que acumular
riquezas y aumentar la producción, es señal de desarrollo. Este enfoque de derechos y
capacidades, permitió otorgar mayor reconocimiento a las clases desfavorecidas, entre ellos
los pobres y las personas con discapacidades, favoreciendo su inclusividad e igualdad.
De esta forma, en lo que respecta a las fases históricas detrás del concepto de
discapacidad, se pueden reconocer cuatro, la primera establecida en una época en la que
existían culturas y grupos de personas que no proseguían un formato de una sociedad
ordenada o desarrollada, dicho periodo puede referirse a una era donde primaban las
creencias para establecer un orden social, otorgándole un enfoque religioso, lo que según
Aparicio (2012) supuso que las personas con discapacidad fueran apreciadas como
individuos que habían sido castigados por algún mal cometido (pág. 131), llevando a un
escenario de exclusión y rechazo antes estos individuos.
Para esta fecha, la discapacidad era concebida como un trastorno o anomalía, llevando
al empleo de prácticas que involucraban preceptos que hasta cierto punto escapan al
entendimiento científico, como chamanes, brujos y demás, con el afán de tratar de corregir
estas adversidades en la vida de estas personas, buscando reinsertarlos a los grupos y
colectivos de personas, los mismos que manifestaban su inconformidad ante dichos sujetos.
Por tanto, inicialmente la discapacidad no solo consistía en la imposibilidad para realizar
determinada acción, sino que era catalogada como una condena, que obligaba al individuo
a sumergirse en una vida de culpa y rechazo total.
17
La segunda etapa para llegar al reconocimiento de la discapacidad como algo más que
un deterioro que priva a una persona, surge bajo un corte técnico y de secularización, pues
el progreso de la sociedad se fue generando a medida que existían nuevos modelos, que
implementaban una idea que iba más allá de basar todos los ámbitos de la vida en la
religiosidad. Con esto, Santofimio (2016) señala que a partir del siglo XV la discapacidad
se disponía como un efecto de algún tipo de accidente o fenómeno natural, suscitado en la
vida del sujeto, que precisaban de tratamiento o manejo para tratar de apaciguar sus
consecuencias. Siendo así que se consideró la confinación y ejercicios terapéuticos para
atender a los discapacitados, en aras de propiciar una alteración positiva a su calidad de vida.
No fue hasta finales del siglo XIX, que la condición de discapacidad cobró un sentido
del todo asistencial y de carácter médico, pues con el avance de la ciencia y la academia,
sumado a los recursos tecnológicos generados por la revolución industrial, se pudo incidir
sobre el estudio de esta circunstancia en las personas, identificando su incidencia mediante
el análisis y consideración de factores físicos -que responden a elementos biológicos,
químicos, perinatales- y psíquicos -procesos cognitivos, socialización, aprendizaje-. Con lo
cual se le otorga una forma y cuerpo al espectro de la discapacidad, determinando su cuidado
y tratamiento médico como modo de aplacar la magnitud del inconveniente en la vida de
una persona que presente deficiencias de algún tipo.
No obstante, lejos de erradicar el efecto de estigma social que causare la discapacidad,
para la época aún se mantenía aquel rechazo que desde tiempos inmemorables ha demarcado
la vida de dichos individuos. Dicho contexto obedecía a las tendencias políticas, religiosas
e inclusive económica que existían y que establecían los patrones de comportamiento entre
los grupos poblacionales, creando conceptos de discriminación y exclusión. La creación de
los denominados centros especiales de educación y de labor para las personas
discapacitadas, fue una forma de lograr su inclusión en el sistema (Valencia, 2014, pág. 24).
Como se mencionó anteriormente, las teorías sociales han sido responsables de
proponer o expandir los preceptos que engloban los elementos de un sistema económico, el
énfasis recae en que bajo nuevas consideraciones que escapan a la obsolescencia de un
modelo marcado por la prevalencia del capital financiera sobre el humano, se crearon los
incentivos para promulgar una noción más universal al respecto del papel de la sociedad,
como un todo, en la consecución del progreso, pudiendo referirse de manera directa a la
teoría del capital humano dispuesta por académicos como Gary Becker o la teoría de las
capacidades expuesta por Amartya Sen. Lo que modificó la estructura esencial del orden
18
mundial, resaltando nuevos elementos como la educación o la salud, como propiciadores del
desarrollo.
Por tanto, a la par del génesis de dichas corrientes del pensamiento, que data desde
mediados del siglo XX, la discapacidad como un concepto, fue articulándose de manera
adecuada, basándose en un origen social de la condición, relacionándola con aspectos de
prevención, rehabilitación e inclusión de todo tipo (educativa, laboral, sanitaria). De modo
que, el Estado, como garante del cumplimiento de los derechos de las personas, se
presentaría como determinante en la consecución de la mejora de la sociedad, fundamentada
en la práctica keynesiana, que sostuvo su trascendencia, el resultado observable fue reflejado
en el impulso a sectores de salud y educación, efectuados mediante asignaciones
presupuestarias que aumentarían su alcance, estableciendo pautas que permitirían el acceso
equitativo y universal para los individuos, sin importar su clase social, raza, creencias y si
presentan discapacidad o no.
De igual forma, la puesta en práctica del socialismo, como modo de organización de
las personas, que derivó en lo que hoy en día se conoce como popular y solidario, motivó la
agrupación de individuos con características u objetivos en particular, creándose las
asociaciones, sindicatos o cualquier otra formación social, que visibilice a un segmento
poblacional, destacando a los discapacitados, así como a sus familiares y amistades, que se
juntaban para luchar por el reconocimiento de este grupo que ha sufrido infortunios, no solo
físicos o psíquicos, pues el rechazo y la exclusión, pueden definirse por sí solas, como
fenómenos sociales de amplia incidencia.
Con lo expuesto, a continuación, se procederá a detallar las definiciones que se
manejan en la actualidad al respecto de la discapacidad. Según Padilla (2010) la
discapacidad es:
Una situación heterogénea que envuelve la interacción de una persona en sus
dimensiones física o psíquica y los componentes de la sociedad en la que se
desarrolla y vive. Incluye un sinnúmero de dificultades, desde problemas en la
función o estructura del cuerpo, pasando por limitaciones en la actividad o en la
realización de acciones o tareas, hasta la restricción de un individuo con alguna
limitación en la participación en situaciones de su vida cotidiana. (pág. 384)
Este concepto abarca un gran campo de los elementos que integran la condición de
discapacidad, pues señala que las dimensiones física o psíquica de una persona estará en
función de las características dispuestas por la sociedad en la que el individuo se
desenvuelve, interacción que estará delimitada por las limitaciones propias del cuerpo o la
19
mente del individuo, las mismas que definirán su posibilidad e imposibilidad de realizar
determinada acción.
De igual forma, la Organización Mundial de la Salud (OMS), como entidad
supranacional que se encarga de poner en el centro de la atención a la salud, determina a la
discapacidad como un “término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la
actividad y las restricciones de la participación”(OMS, 2018), por lo que se contemplan tres
extensiones del vocablo en cuestión, la primera refiriéndose a un sentido estrictamente del
cuerpo y los problemas que arraiga consigo una carencia determinada. Por otro lado, las
limitaciones de la actividad señalan la dificultad para ejercer alguna acción o tarea, ubicando
al sujeto discapacitado en una situación en la que no puede valerse por sí mismo para
efectuarla. Por último, la dimensión que indica la restricción a la participación de la persona
en contextos esenciales de su vida, dispuestas por la gravedad de su discapacidad.
Pudiendo apreciar que la discapacidad según la OMS es un fenómeno complejo y de
amplio espectro, que involucra tanto a la incapacidad para realizar una tarea, provocada por
el problema físico o psíquico corporal que pudieren presentar, así como las cualidades de la
sociedad en la que se desenvuelve, denotando el reflejo de la interacción restringida por su
condición.
De igual manera Hernández (2015) indica que la discapacidad se la define como “la
restricción o falta (debido a una deficiencia) de la capacidad para realizar una actividad en
la forma o dentro del margen que se consideran normales para un ser humano” (2015, pág.
49), este enfoque abarca el concepto desde un corte relativo, pues indica que la discapacidad
está determinada por la diferencia en el proceso de acción de una persona sin deficiencias y
otra que presente carencias de cualquier tipo. Lo que permite identificar a este término como
una condición en la que una persona no puede desenvolverse de manera similar a lo que lo
haría un individuo ‘normal’.
Como comentario adicional se puede hacer mención a la noción de minusvalía o
persona minusválida, que abarca un concepto más incidente de la deficiencia que una
persona podría presentar en su cualidad física o intelectual. Con lo cual la minusvalía indica
una “situación desventajosa en que se encuentra una persona determinada, como
consecuencia de su discapacidad” (Valencia, 2014, pág. 20), es decir, es una condición en
la que un sujeto, pese a su discapacidad, sufre mayores problemas que una persona que
actuaría de forma normal en la realización de una acción o tarea.
20
2.2.1 Tipos de discapacidad. La discapacidad puede verse exhibida de distintas
formas, cada una con sus deficiencias particulares que suponen una adversidad para la vida
de las personas que la padecen. De forma que en este apartado se detallará de breve manera
cuales son los cinco grupos de discapacidad que se estudian desde el enfoque médico, con
la finalidad de conocer más acerca de la problemática de estudio.
Figura 2 Tipos de discapacidades. Adaptado de (CIAPAT, 2014). Elaboración propia.
La figura no. 2 muestra a los cinco grandes segmentos que engloban a la discapacidad.
El primero es aquel que se atribuye a la carencia motora del individuo, entendiéndose como
“cualquier restricción o falta de capacidad (como consecuencia de una deficiencia física)
para llevar a cabo una actividad de la manera o el nivel considerado normal para un individuo
en su situación sociocultural específica” (Muñoa, 2015, pág. 8), es decir, es la condición en
la que el cuerpo del individuo, por presentar alguna adversidad, limita su accionar. Esta
discapacidad puede generarse de diversas formas como una lesión o afectación al sistema
nervioso o locomotor, las mismas que pueden derivarse de factores metabólicos, infecciosos,
traumáticos, etc.
Para conocer un poco más acerca de la realidad de la discapacidad en el Ecuador, a
continuación, se presentará una figura que permita identificar la incidencia de esta condición
según el tipo de deficiencia que presente el individuo que forma parte de los registros de la
CONADIS, como entidad encargada de recabar y mantener actualizada la información
estadística y empírica del ámbito en cuestión. Dicha síntesis servirá para denotar que
deficiencia es la de mayor frecuencia en la sociedad ecuatoriana, lo que determinará el
enfoque que debe cobrar la orientación de la política pública en función de garantizar la
accesibilidad particular para cada caso.
Tipos de discapacidades
MotoraSensorial auditiva
Sensorial visual Visceral Mental
21
Figura 3 Personas con discapacidad en el Ecuador, según tipo. Año 2018. Adaptado del CONADIS.
Expresado en número de personas y porcentajes. Elaboración propia.
La figura no. 3 permite identificar que la discapacidad física es la que mayormente
afecta a este grupo poblacional, pues en los registros de la CONADIS consta que 211.052
individuos presentan esta deficiencia, lo que representó el 47% del total. Esta categoría se
manifiesta mediante la complicación motora en el cuerpo del individuo, pudiendo ser de
origen cerebral, espinal, osteoarticular, vascular o muscular. Por su parte, el segundo tipo de
discapacidad de mayor frecuencia es la que alude al campo intelectual, pues el 22% de la
distribución corresponde a esta complicación, equivalente a 101 mil habitantes. De igual
forma se exhibe la participación de la discapacidad auditiva y la visual con un 14% y 12%
respectivamente.
Por último, se encuentra a la discapacidad psicosocial, que engloba a 22.371
individuos, concentrando el 5% del total de la población en cuestión. Esta noción que forma
parte de una consideración de deficiencia mental, se presenta como una afectación al modo
de pensar o razonar de la persona que padece dicha condición, por lo que comúnmente suele
ser invisibilizada, no por su falta de síntomas, sino que no recae en otra categoría expuesta.
2.2.1.1 Grados de discapacidad. Otra forma de clasificar la discapacidad y su
incidencia en la vida de persona, es evaluar el grado de deficiencia que muestre en su
estructura o funciones corporales, y su afectación en el desarrollo de las actividades y su
participación en la sociedad. Con lo cual, la Clasificación Internacional del Funcionamiento
de la Discapacidad y de la Salud (CIF) señala que existen 5 categorías en los que un
discapacitado recae según la gravedad de su condición, tal como se muestra en la tabla a
continuación.
211.052 ; 47%
101.142 ; 22%
63.767 ; 14%
53.599 ; 12%
22.371 ; 5%
Física Intelectual Auditiva Visual Psicosocial
22
Tabla 2 Clasificación de las discapacidades según grado de incidencia.
Grado Incidencia Gravedad
0-4% Ninguno, insignificante No hay problema
5-24% Poco, escaso Problema ligero
25-49% Medio, regular Problema moderado
50-95% Mucho, extremo Problema grave
95-100% Total Problema completo
Adaptado de la CIF. Elaboración propia.
El proceso de calificación del grado de discapacidad en los individuos estará en
consideración de la autoridad de salud pública de cada país, lo que demarcará las escalas de
manera uniforme en base a las circunstancias presentes en cada sociedad, como puede ser el
aspecto demográfico, económico o cultural. De forma que, de manera universal el CIF señala
que entre 0-4% una persona con deficiencias no es considera discapacitada como tal, pues
la incidencia de esta condición es nula o insignificante para su vida, no generando problema
alguno en su participación y actividad cotidiana.
A partir del 5% de discapacidad, es cuando se empieza a denotar un inconveniente en
la vida de los individuos que recaen en esta situación, pues hasta el 24% se reconoce que
existe un problema ligero reflejado en una incidencia poca y escasa, pero que sin duda limita
el accionar del sujeto. Al 25-49% de discapacidad se presenta una adversidad moderada, con
una afectación media o regular en el desempeño de la persona, exhibiendo para esta
categoría un problema de salud que influye en la sociedad en términos generales. En los dos
últimos segmentos la discapacidad es realmente grave, llegando a ser incluso total, pues a
partir del 50% y más, la vida de la persona se encuentra comprometida a no poder valerse
por sí mismo, denotando un problema grave o completo.
Esta medición permite obtener una idea clara acerca de la situación que muestre el
segmento de la población en condiciones de discapacidad, pues su atención debe ser
prioritaria por parte del ente público, buscando de cierta forma apaciguar el impacto de las
deficiencias causadas en su estructura corporal o sus funciones sensoriales. Por tanto, la
calificación es primordial para identificar qué proporción de discapacitados son los que
mayores inconvenientes presentan en términos de salud y afectación.
En el Ecuador, la calificación del grado de discapacidad es realizada por profesional
técnico y médico de la autoridad sanitaria nacional, en este caso siendo el Ministerio de
Salud Pública la entidad encargada de dicha operación, quien otorgará el certificado o
documento que certifique dicha deficiencia. La necesidad de efectuar este proceso radica en
poder identificar a aquellos individuos cuya condición sea más agravante, de aquellos que
23
no poseen una mayor incidencia; pues la normativa interna del país dispone una serie de
lineamientos que buscan favorecer la calidad de vida de los discapacitados, pudiendo
mencionar al Reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades, que dispone que a partir
del 30% de discapacidad, una persona puede gozar de beneficios tributarios, tarifas
preferenciales de transporte, reducción del costo de servicios básicos, etc.
De esta forma, en la figura a continuación se podrá evidenciar la composición de la
población con capacidades especiales en el Ecuador, según el grado de discapacidad que
presenten.
Figura 4 Personas con discapacidad en el Ecuador, según el grado. Año 2018. Adaptado del CONADIS.
Expresado en número de personas y porcentajes. Elaboración propia.
En la figura no. 4 se presenta la distribución de las personas con discapacidad en
Ecuador según la gravedad de su condición, para lo cual se aclara que, según lo estipulado
en la ley, menos del 30% de deficiencia física, mental o sensorial no es considerada
discapacidad como tal. De modo que se aprecia que 204 mil personas, aproximadamente, se
ubican en el segmento de 30% a 49%, lo que indica un problema moderado para las personas
bajo este umbral. Dicha categoría concentró el 45,26% del total. Asimismo, se observa que
un 34,75% de la población con capacidades especiales en el país presenta una condición de
discapacidad del 50-74%.
La inflexión se realiza al considerar el grado de discapacidad a partir del 75%, que es
cuando ya la situación del individuo se ve comprometida por su deficiencia. Lo que
constituye un grave problema para la salud y la participación social del sujeto en este grupo.
El 19,99% de la distribución muestra un grado entre el rango de 75% al 100%, equivalente
45,26%; 204.544
34,75%; 157.046
13,99%; 63.225
6,00%; 27.116
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
30% a 49% 50% a 74% 75% a 84% 85% a 100%
Nú
mer
o d
e p
erso
nas
Grado de discapacidad
24
a 90 mil ecuatorianos. Este conjunto social es el que mayor inconveniente presenta al
momento de acceder a los servicios públicos, debido a que su circunstancia es diferenciada
en comparación a una persona con menor grado de incidencia, lo que por lo general se
configura como el segmento que no logra ser insertada de manera satisfactoriamente en el
campo laboral o educativo
2.3 Marco referencial
2.3.1 Barreras en el acceso social de las personas con discapacidad. Como se ha
podido presentar en apartados anteriores, la discapacidad se configura como una condición,
que dependiendo de la gravedad de su incidencia, puede reflejarse en una limitante
importante para la calidad de vida del individuo que presente algún tipo de deficiencia física,
mental o sensorial; aunado a esta noción, se encuentra el constructo social que gira en torno
a esta circunstancia, refiriéndose al espectro en el cual se desenvuelve aquella persona con
discapacidad, en términos infraestructurales, culturales, educativos, laborales y demás
elementos que constituyan una barrera a su desempeño como miembro activo de la sociedad.
De modo que en este epígrafe se pondrá en evidencia las principales dificultades que se
suscitan en una economía y que desfavorecen a este grupo de personas.
• Políticas y normas insuficientes: La política pública definida como “una estrategia
con la cual el gobierno coordina y articula el comportamiento de los actores a través
de un conjunto de sucesivas acciones intencionales, que representan la realización
concreta de decisiones en torno a objetivos colectivos, socialmente relevantes”
(Torres & Santander, 2013, pág. 55), se configura como un factor trascendental para
la consecución de mayores igualdades en la sociedad, pues el abanico de
instrumentos, en materia fiscal, comercial, tributaria, etc., del que dispone el Estado,
tiene los alcances para lograr alterar el orden social y económico que rige en el país.
De tal forma, el que las políticas y normas que integran el marco nacional, no
prosigan una orientación social que permita favorecer a los grupos prioritarios, se
establece como una agravante a los intereses de las personas con capacidades
especiales, debido a que si el sector público no genera un ambiente que contemple
su inclusividad y participación activa en los ámbitos sociales y económicos,
difícilmente se pueda incidir sobre el desarrollo humano de estos individuos y, en
general, de la sociedad.
25
• Actitudes negativas: Desde un sentido enfocado en la percepción individual de la
persona, la discapacidad puede ser concebida bajo una idea errónea de que es un
factor que limita al individuo y lo ubica en una posición de dependencia e
incapacidad, con lo cual, el matiz actitudinal de la sociedad, puede repercutir
negativamente sobre la mejora social de la población con deficiencias que los
catalogue como discapacitados. Las creencias y prejuicios que aún existen en la
sociedad, se configuran como obstáculos para el acceso a la educación, salud, trabajo
y lo social, de personas con capacidades especiales, pues bajo el concepto de
considerar a jóvenes y adultos como menos productivos o insuficientes en su
accionar, se atenta contra la inclusividad adecuada de este grupo de la población.
Perjudicando su capacidad de desarrollarse académicamente o laboralmente, por la
actitud negativa de empleadores, maestros y demás actores que sostienen su rechazo
a estos individuos.
• Prestación insuficiente de servicios: Los servicios de salud, educación y
participación social son factores elementales para garantizar un nivel de vida digno
en una persona, por lo que, el Estado, como prestador de estos servicios públicos
debe generar las condiciones para que la sociedad pueda acceder de manera eficiente
a los mismos, realzando la trascendencia de esta condición para las personas con
discapacidad, pues dichos sujetos son particularmente vulnerables a las potenciales
deficiencias que se encuentren en el sistema sanitario, educativo o social del país.
Con lo cual, que exista una prestación insuficiente de servicios se establece como
una adversidad para la inclusión social de este segmento de la población.
• Problemas con la prestación de servicios: Similar a lo expuesto en el párrafo
anterior, los problemas que pueden derivar de la prestación de servicios ineficientes,
repercuten significativamente sobre el desarrollo de las personas con capacidades
especiales. Esta noción se da lugar cuando la administración pública encargada de la
provisión de servicios mantiene inconvenientes estructurales, ligados a una mala
administración, falta de personal o la baja calidad de estos. Asimismo, entra en
consideración la preparación y capacitación de los individuos que se encargan de
realizar la gestión para que el alcance del Estado sea universal, pues de no existir una
cualidad competente de su parte, las personas, en especial las discapacitadas, pueden
ver afectado su consumo de servicios de salud, educación y demás.
26
• Financiación insuficiente: Desde un sentido coyuntural, la capacidad de
financiamiento que dispone un gobierno, es esencial para la consecución de la mejora
social de las personas con capacidades especiales, pues los instrumentos de la
política fiscal, como el gasto y la inversión, infieren directamente sobre el entorno
desigual que existe al realizar un contraste entre una persona sin deficiencias de
cualquier tipo, frente a quien no cuente con la misma suerte. Con lo cual, de no existir
una financiación oportuna y eficiente, las condiciones para lograr la inclusión social
de los grupos de atención prioritaria, no podrá lograrse, ya que, el Estado no cuenta
con los recursos para que su prestación de servicios alcance una cobertura total de la
población más necesitada.
• Falta de accesibilidad: La accesibilidad es un término utilizado para “referirse a la
posibilidad de llegar a donde se requiere ir o alcanzar aquello que se desea” (Alonso,
2007, pág. 16), en el espectro de la discapacidad, este vocablo mantiene una
connotación un tanto diferente, pues alude a la supresión de barreras mediante
intervenciones tangibles que modifiquen características específicas del entorno, en
aras de propiciar un desenvolvimiento pleno de las personas con capacidades
especiales. De esta forma, una de las principales limitantes a las que se enfrentan
estas personas, es al no contar con espacios públicos y privados que sean
infraestructuralmente adecuados, pudiendo mencionar, a modo de ejemplo, una
rampa para que un individuo que se encuentra ‘obligado’ a transitar en una silla de
ruedas, pueda trasladarse o acceder a un determinado sitio. Por tanto, la falta de
accesibilidad en el sistema de transporte o en los medios de comunicación, se
configura como un obstáculo en la vida de las personas con capacidades especiales,
que pueden desmotivarse a realizar cualquier acción que conlleve su interacción con
estos elementos.
• Falta de consulta y participación: Según el informe elaborado por la OMS (2011)
muchas personas con discapacidad están excluidas de la toma de decisiones en
cuestiones que afectan directamente a su vida (pág. 10), lo que atenta contra su
derecho de participación social e inclusión. Esta circunstancia en la que un individuo
con capacidades especiales se encuentra distanciada de manera involuntaria del
contexto en el que se desenvuelve, se refleja en el escaso reconocimiento que se le
otorga a este segmento poblacional, que, al no tener voz dentro de la toma de
decisiones, no pueden plasmar sus necesidades y requerimientos oportunamente. Por
27
lo que, la exclusión, desde esta perspectiva, no infiere en un cambio al orden social
en el que se desarrollan las personas de este grupo, pues no los integra a las
condicionantes que determinan su progreso.
• Falta de datos y pruebas: La toma de decisiones desde el Estado depende en gran
parte del conocimiento de la realidad que se desee abordar, la misma que puede ser
apreciada mediante la conformación de estadísticas y datos que infieran sobre la
temática en particular y denoten las cualidades del fenómeno de estudio. De tal
formal, el enfrentarse a un escenario en el cual no se dispongan de las cifras
referentes a la incidencia de la discapacidad en una sociedad, dificultará las
aproximaciones gubernamentales en torno a favorecer la accesibilidad y el nivel de
bienestar de dichas personas, pues no existe un diagnóstico adecuado que vislumbre
la magnitud del problema y que permita actuar en función de esto.
2.4 Marco legal
En este apartado se inferirá sobre los documentos normativos que han permitido
establecer un marco sobre el cual las discapacidades se han configurado como prioridad de
atención de la política pública en el Ecuador, reconociendo la entera necesidad del Estado
por disponer los recursos para que estas personas en condición de deficiencia de salud, sean
capaces de desarrollarse al igual que cualquier otra persona en el país. Por tanto, se hará un
breve detalle de los aspectos relevantes de la Constitución y demás leyes que abarquen el
tema de la discapacidad.
2.4.1 Constitución de la República. En el año 2008, el Ecuador experimentó una
serie de cambios al sistema económico y social, impulsadas por la expedición de la Carta
Magna mediante la instauración de la Asamblea Constituyente en la ciudad de Montecristi.
Con este proceso, se establece una nueva orientación a la política pública, reconociendo al
ser humano como pieza elemental dentro de la consecución del desarrollo, realzando la
importancia del cumplimiento de los derechos de las personas, como instrumento para
alcanzar el buen vivir. En el Capítulo II de la Constitución, se muestran los diferentes
derechos de los que goza la sociedad ecuatoriana, tales como agua y alimentación, ambiente
sano, cultura y ciencia, educación, entre otros. Pudiendo destacar el que infiere sobre el
aspecto educativo, abordado en el artículo 27, mismo que señala que:
La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el
marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la
28
democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y
diversa, de calidad y calidad; impulsará la equidad de género, la justicia, la
solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la
iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades
para crear y trabajar. (Constitución del Ecuador, 2008, pág. 27)
Con lo cual, en el país la educación se configura como un derecho inalienable de la
población, siendo uno de los factores determinantes para lograr el desarrollo de las
capacidades de la sociedad, en su conjunto. Este ámbito ha cobrado trascendencia a partir
de la puesta en vigencia de la Constitución actual, pues se señalaba la necesidad de que
desde el Estado se propiciara el escenario sobre el cual la política gubernamental se
enmarcara en lograr la mejora socioeconómica, en especial en la garantía del acceso a la
salud, la educación, vivienda y trabajo como factores imperantes en el avance de la nación.
Lo que se ajusta a la temática de la presente investigación, que trata acerca de la
inclusión educativa de las personas con discapacidades, debido a que se reconoce que existe
un fundamento legislativo que ubica al derecho a la educación como foco de atención. De
igual forma, la Carta Magna establece en otra sección la noción de los derechos de las
personas pertenecientes a los grupos de cuidado prioritaria, entre los que se reconoce a los
individuos de la tercera edad, niños y jóvenes, mujeres embarazadas y a los discapacitados
y personas con enfermedades catastróficas.
En su Capítulo III, Sección Sexta se dedican varios artículos a especificar los derechos
inherentes a este grupo de personas con deficiencias, entre ellos: atención especializada en
las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud; rehabilitación integral y la
asistencia permanente; rebajas en los servicios de transporte; exenciones en tributos; entre
otros (Constitución del Ecuador, 2008, pág. 37). Algunos de los que se vuelve necesario
resaltar es el inciso séptimo del artículo 47, que indica que las personas con discapacidad
merecen un derecho a:
Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración
y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la
educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de
atención especial la educación especializada. Los establecimientos educativos
cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán
un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo.
(Constitución del Ecuador, 2008, pág. 37)
Con lo expuesto, el sistema educativo ecuatoriano debe considerar ajustar su estructura
en función de garantizar un acceso inclusivo para las personas con discapacidad,
29
dependiendo el grado de deficiencia mostrada con su condición, el esquema de enseñanza
será especializado para quien así lo requiriera. En otras palabras, la legislación interna infiere
sobre la necesidad de que los actores de la educación a nivel nacional establezcan los
mecanismos para permitir que la circunstancia adversa en la salud física, mental o sensorial
de una persona, no se una limitante para sus posibilidades de desarrollo educativo.
Esta disposición se articula dentro de lo establecido en el Art. 275 de la Constitución,
que menciona que el desarrollo del país deriva de la garantía de los derechos del buen vivir,
para las personas, comunidades y pueblos que componen la nación.
2.4.2 Ley Orgánica de Discapacidades. Este documento de ley expedido mediante
Registro Oficial No. 796, con fecha del 25 de septiembre del 2012, posee el objeto “de
asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad
y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad” (LOD, 2012, pág. 6), articulando los lineamientos hacia el deber de los actores
públicos y privados por favorecer la calidad de vida de las personas con deficiencias de
cualquier tipo que priven sus capacidades.
La Ley Orgánica de Discapacidades (LOD) se configura como un esfuerzo
gubernamental normativo para lograr el establecimiento de un sistema que proteja y coloque
en el foco de atención a este segmento de los grupos de atención prioritaria que identifica la
Constitución de la República, teniendo entre sus principales finalidades el eliminar las
barreras físicas, actitudinales, sociales y comunicacionales a las que se enfrentan los
discapacitados; así como garantizar y fomentar su inclusividad en los procesos de
participación de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado.
En el artículo 6 de la LOD se define, para propósitos de la ley, el concepto de persona
con discapacidad, el mismo que alude a:
Toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado,
ve restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para
ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria. (LOD, 2012, pág. 8)
Dicha conceptualización señala la circunstancia a la que se resiste una persona con al
menos una deficiencia que atente contra su accionar cotidiano, frenando su capacidad física,
mental o sensorial para valerse adecuadamente en sus tareas o labores, sin importar el grado
de complejidad de estas.
De igual forma, en este texto se establecen los parámetros de calificación y
acreditación de las personas con discapacidad, señalando la trascendencia que la autoridad
30
sanitaria nacional mantiene en aras de llevar un registro actualizado y completo de la
discapacidad en el Ecuador. A su vez, se distingue al Consejo Nacional de Igualdad de
Discapacidades (CONADIS), como entidad que velará por el correcto funcionamiento del
sistema de calificación de la discapacidad.
En lo que respecta al aspecto educativo de la normativa en cuestión, la Sección Tercera
demarca los elementos inherentes a este derecho elemental en la formación de los
discapacitados. Resaltando el artículo 28 que indica que:
La autoridad educativa nacional implementará las medidas pertinentes, para
promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales que
requieran apoyos tecnológicos y humanos, tales como personal especializado,
temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad física,
comunicacional y espacios de aprendizaje en un establecimiento de educación
escolarizada. (LOD, 2012, pág. 11)
Con lo cual, se puede apreciar que existe un marco legislativo que impulsa la mejora
inclusiva de las personas con discapacidades, en el sistema educativo nacional, sea este el
regular o especializado, según sea el caso que el individuo lo requiriera. Considerando
factores técnicos, infraestructurales y de comunicabilidad como elementos necesarios para
lograr que este derecho sea cumplido a cabalidad por los establecimientos fiscales y
particulares repartidos a lo largo del territorio. De igual modo, se menciona el papel que
juega el Estado, representado en este caso por el Ministerio de Educación, como ente
regulador del sector educativo, quien hará prevalecer las normas señaladas en la legislación.
Asimismo, se infiere sobre el carácter de accesibilidad a este derecho de forma directa.
La accesibilidad, según la Real Academia Española, es aquella cualidad que posee un
elemento en términos de que es posible acceder a este de manera fácil y eficiente. Por lo
cual, esta circunstancia demarca la condición en la que una persona puede acceder de manera
próspera a un derecho humano. De acuerdo con López (2011) la accesibilidad puede ser
concebida como una característica del entorno, que permite a una persona a relacionarse con
este de forma amigable, respetuosa y segura (pág. 41). Por tanto, es la interacción saludable
entre el individuo y el objeto o el ambiente en el que se desenvuelve, en su contexto personal.
Por lo que, en el artículo 33 de la LOD se reconoce la trascendencia de esta cualidad
en torno a las personas con discapacidades y su lugar en el sistema educativo nacional,
determinando que:
La autoridad educativa nacional en el marco de su competencia, vigilará y
supervisará, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, que las
instituciones educativas escolarizadas y no escolarizadas, especial y de educación
31
superior, públicas y privadas, cuenten con infraestructura, diseño universal,
adaptaciones físicas, ayudas técnicas y tecnológicas para las personas con
discapacidad; adaptación curricular; participación permanente de guías intérpretes,
según la necesidad y otras medidas de apoyo personalizadas y efectivas que
fomenten el desarrollo académico y social de las personas con discapacidad. (LOD,
2012, pág. 11)
Lo cual demarca que la Cartera de Estado responsable del ámbito educativo a nivel
interno, será quien propicie el cumplimiento de los parámetros de rigor, en función de
garantizar la accesibilidad para los grupos de atención prioritaria, con especial énfasis en los
que presentan algún tipo de deficiencia que limite su calidad de vida. Convirtiendo en
imperante el contar con la infraestructura adecuada para que estas personas puedan
desenvolverse académicamente de manera armoniosa e inclusiva.
2.4.3 Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades. A través del Decreto
Ejecutivo 194 publicado en el Registro Oficial Suplemento 109 de octubre del 2017, se
expide este reglamento, el mismo que infiere sobre la LOD antes descrita.
Una de las finalidades para la aplicación de esta normativa, fue el de puntualizar
aspectos relevantes del proceso de calificación de las discapacidades efectuado en el
Ecuador, para lo cual considera un sinnúmero de lineamientos que persiguen esclarecer el
sistema de registro de esta condición y la estimación de su incidencia en la población.
Pudiendo resaltar que el artículo 1 del texto legislativo presentado en este epígrafe,
indica que las deficiencias mentales, físicas, intelectuales o sensoriales que presente una
persona, deberá representar una proporción equivalente al 30% de discapacidad, quedando
a consideración de la autoridad sanitaria nacional su identificación. Esta noción permite de
cierta forma separa la discapacidad permanente y grave, de la circunstancia leve, que pudiere
afectar a un individuo, teniendo su finalidad en reconocer adecuadamente la intensidad del
problema presente en la sociedad.
De igual forma, se puede hacer mención al artículo 11 que infiere sobre las becas de
educación superior que son entregadas a las personas con discapacidad por parte de las
instituciones universitarias y no universitarias, señalando la obligatoriedad de considerar a
este grupo de estudiantes con deficiencias como objeto de la ayuda económica que refleja
una beca. Asimismo, el artículo 12 muestra la disposición de la normativa por garantizar la
inclusión laboral de estas personas, identificando la necesidad y obligatoriedad de que las
empresas mantengan entre sus filas de mano de obra a individuos con discapacidades,
siempre y cuando tengan un mínimo de fuerza laboral, delimitado por la ley, y una ocupación
32
adecuada que pueda ser realizada por estos individuos. De no ser acogida a cabalidad,
sanciones y multas pueden hacerse presentes entre los entes privados.
Bajo el contexto detallado inherente al marco legal sobre el cual la discapacidad se
desenvuelve como una condición debidamente reconocida y abordada, se pudo apreciar los
alcances que mantienen las normativas en cuestión. Disponiendo de los mecanismos y reglas
para que el sistema económico y social establezca instrumentos y factores para favorecer la
inclusividad y equidad de las personas con discapacidad.
2.5 Marco institucional
En este epígrafe se mencionarán las principales instituciones que funcionan alrededor
de la atención a la discapacidad en el Ecuador, las mismas que se vuelven trascendentales
para lograr que este grupo de individuos encuentren los mecanismos e instrumentos que
favorezcan su inclusión y participación en la sociedad.
2.5.1 Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades El CONADIS fue
creado en el año 1992, mediante la Ley 180 en el Registro Oficial No. 996, con el objetivo
de ser la entidad rectora del ámbito de la discapacidad en el Ecuador, diseñando, articulando
y coordinando acciones para que el sector público y privado logre la atención, prevención e
inclusión de las personas que presenten deficiencias que los lleven a ser catalogados dentro
de este grupo. La misión de dicha institución es:
Formular, transversalizar, observar, realizar el seguimiento y la evaluación de las
políticas públicas en materia de discapacidades, en todo el territorio nacional, en
todos los niveles de gobiernos y en los ámbitos público y privado; con el fin de
asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad y sus familias; promoviendo, impulsando, protegiendo y garantizando
el respeto al derecho de igualdad y no discriminación. (CONADIS, 2018)
Esta entidad de carácter público, se configura como esencial para disminuir la brecha
de desigualdad y exclusión presente en la sociedad en el tema de las discapacidades, pues
su accionar repercute a estos factores negativos que agravan la problemática social a la que
se enfrentan las personas con capacidades especiales a nivel nacional. A su vez, una de las
funciones que prosigue la CONADIS es la de promocionar y fortalecer las organizaciones
conformadas por personas con discapacidades, acción reflejada desde la década de 1990,
mediante el apoyo a federaciones como:
• Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (FENEDIF);
• Federación Nacional de Ciegos del Ecuador (FENCE);
33
• Federación Nacional de Sordos del Ecuador (FENASEC);
• Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con Discapacidad Intelectual,
Parálisis Cerebral, Autismo y Síndrome de Down (FEPAPDEM); y
• Federación Nacional de ONG para la Atención de las Discapacidades (FENODIS).
2.5.2 Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida. Esta entidad inició su operación
recientemente en el Ecuador, bajo el régimen del presiente Lcdo. Lenin Moreno, quien
mediante Decreto Ejecutivo No. 11 con fecha de 25 de mayo de 2017, dispusiera su creación.
Esta institución adscrita a la Presidencia de la República sería encargada de proseguir el plan
de trabajo delineado por la Misión “Las Manuelas” y en coordinación para la
implementación de la Misión “Toda Una Vida” que se han convertido en programas
referenciales del gobierno actual. La Secretaría cuenta con la misión de:
Garantizar el acceso progresivo de las personas a sus derechos en todo el ciclo de
vida, a través de la generación de políticas públicas para el desarrollo social y
humano de la población; y, proponer, coordinar y ejecutar de forma eficiente, eficaz
y transparente el Plan Toda una Vida, dirigido a grupos con necesidades básicas
insatisfechas y en riesgo. (Secretaría Técnica PTUV, 2018)
Esta institución parte de la iniciativa impulsada a partir del 2013 por el entonces
vicepresidente de la república Lenin Moreno, quien hiciera hincapié en la necesidad de dotar
de mejores posibilidades a las personas con discapacidad en el Ecuador, siendo él alguien
que presenta esta condición, acogió bajo su tutela el impulso a dicho programa denominado
Misión Solidaria Manuela Espejo, que alcanzara una amplia cobertura en términos de
atención a los individuos con capacidades especiales a lo largo y ancho del territorio
nacional.
2.6 La inclusión educativa y laboral como factor de desarrollo social y económico
Los preceptos que integran la noción de desarrollo social y económico orbitan
alrededor del ser humano como factor que mide el progreso de una sociedad. La garantía de
derechos, por tanto, es una de las circunstancias que se presentan como trascendentales para
esta premisa, pues a través del acceso a cuestiones como la salud, educación, trabajo,
vivienda, entre otros, se propicia un impulso íntegro de las capacidades de las personas que
conforman un país.
En un sentido particular, lo educativo y laboral, pueden entenderse como elementos
esenciales en la vida de la sociedad, pues a través de estos un individuo encuentra por un
lado una forma para prepararse y capacitarse formalmente, lo que repercutirá en sus
34
habilidades para participar activamente en el sistema económico y social; y, por otro lado,
dispone de un medio de subsistencia con el cual suple sus necesidades básicas. Por tanto,
garantizar que la población de una nación sea capaz de acudir de manera satisfactoria a un
centro de enseñanza y que pueda mantenerse ocupado en un trabajo, representará un
escenario en el cual el desarrollo humano se ve favorecido.
En lo que respecta a las personas con capacidades especiales, esta condición es
evidentemente similar, pues son integrantes de la sociedad y gozan de los mismos derechos
que cualquier otra persona. No obstante, al mostrar cierto grado de deficiencia, su entorno
se debe ajustar a sus exigencias, pues de no existir las circunstancias favorables, el acceso
educativo y laboral para estos individuos puede ser menoscabado. De modo tal, para hacer
frente a esta problemática, se reconocen dos conceptos: inclusión educativa e inclusión
laboral, concepciones que se configuran como necesarias para la consecución de la mayor
participación social de las personas con capacidades especiales.
El término inclusión se usa “para referirse a situaciones en las cuales se incorpora a
un individuo en un grupo cuando éste, por determinado motivo o circunstancia, no ha
logrado ingresar en él y se encuentra en una situación de exclusión” (Navarrete, 2015, pág.
17), la aclaración recae en que esta acción se aplica sobre personas cuando el entorno no
contempla acción alguna sobre su interés, es decir, se inserta al sujeto en el conjunto del cual
no pertenece por razones indistintas. Por lo que, este vocablo es particularmente utilizado
para explicar el contexto en el que se desenvuelven las personas con capacidades especiales,
que hasta el siglo pasado no contaban con políticas adecuadas para su mejoramiento.
De tal forma, la inclusión educativa alude a la forma en que se logra que una persona
pueda acceder al sistema educativo de manera eficiente; asimismo, la inclusión laboral, por
su parte, señala la noción de que sea incorporado al mercado laboral de manera justa y
oportuna. Según Mareño (2015) en el marco del ámbito laboral “la accesibilidad es el
requerimiento básico para el ejercicio pleno y efectivo de los derechos fundamentales por
parte de todas las personas, como derecho a participar en los circuitos de producción,
intercambio y consumo de bienes y servicios” (pág. 413). El generar las condiciones para
consolidar el acceso de personas con capacidades especiales a la educación y el trabajo, se
articula como una meta necesaria para alcanzar los objetivos de desarrollo de cada nación.
2.7 Políticas para la inclusión de personas con discapacidad: casos latinoamericanos
La discapacidad ha sido una condición social que ha existido desde el principio de los
tiempos, si bien, su reconocimiento como una patología de salud más que como un castigo
35
divino, es relativamente reciente, es una problemática que no deja de trascender para el
análisis socioeconómico de la actualidad, pues las connotaciones que derivan de este
fenómeno poseen incidencia en el progreso de una sociedad, que de no ser abordado de
manera oportuna, podría representar una agravante en la consecución del desarrollo humano.
A partir de la presentación de nuevas teorías que ofrecieron una aproximación distinta
a las corrientes del pensamiento económico, el marco en el que la discapacidad se
desenvolvía se extendió, realzando la importancia del fomento social como factor del
desarrollo económico; a su vez, el avance tecnológico y de salud que ha acompañado el
proceso de globalización alrededor del mundo, dispone un escenario distinto a lo que fuere
el génesis de dichos preceptos teóricos. Un contexto sobre el cual la deficiencia física,
mental o sensorial que se presenta en una persona ya no se vuelve un reflejo de una
incapacidad demarcada por la discapacidad, o por las circunstancias del entorno, sino que
pasa a ser una situación debidamente abordada por los Estados, como promotores del
cumplimiento de los derechos básicos para una vida digna, denota el avance de la sociedad
mundial en torno a la eliminación de cualidades negativas como la exclusión o la
desigualdad, que afectan a este grupo poblacional que se enfrentan a un sinnúmero de
barreras.
Por tanto, es evidente la creciente preocupación que se ha generado en décadas
recientes por lograr la inclusión social y económica de las personas con capacidades
especiales, todo esto sustentado en consideraciones de que el desarrollo de una economía
debe, de manera imperante, perseguir la erradicación de problemas estructurales como la
pobreza, inequidad, inasistencia escolar, desnutrición y demás nociones que se configuran
como adversidades para el sistema económico de un país. Por lo cual, los Estados ocupan
un rol protagónico, pues la política que dichos entes manejan son claves para alterar esta
disposición, generando bajo esta orientación de carácter social las herramientas para que las
personas discapacitadas puedan gozar de los mismos beneficios que cualquier otra persona,
contemplando todos aquellos aspectos que podrían incidir positivamente en el fomento de
sus capacidades.
De tal forma, en este epígrafe se realizará una descripción de los principales programas
y planes que se han realizado en varias naciones latinoamericanas, que han sido creados
como un instrumento para favorecer la discapacidad y sus efectos en la sociedad.
En esencia, este enfoque gubernamental por generar las condiciones propicias para las
personas con discapacidad, empieza con la gestión de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (ALBA), entidad que se fundó en el año 2004 y que comprende
36
a diversos países de la región latinoamericana. Con su puesta en marcha de “un programa
de atención integral de alto impacto bajo el liderazgo técnico cubano” (Monje, 2013, pág.
601) en el 2006 en las naciones constituyentes, se estableció el marco sobre el cual se
crearían estos procedimientos en las sociedades de la región.
Venezuela emprendió en el 2008 la denominada ‘Misión Solidaria José Gregorio
Hernández’, que partió de la realización de un estudio exhaustivo de la totalidad de la
población para identificar la incidencia de la discapacidad y de las enfermedades
consideradas como catastróficas. Bolivia y Nicaragua para el 2009 optaron por seguir este
camino, creando la ‘Misión Solidaria Eustaquio “Moto” Méndez’ para el pueblo bolivariano
y la ‘Misión Todos con Vos’ para la sociedad nicaragüense, bajo el mismo enfoque de
realizar un diagnóstico de la discapacidad en el territorio de cada país, teniendo el apoyo de
personal médico cubano. Con esto, se observa que los gobiernos que han tenido lugar en
estas economías, acataron la disposición del ALBA por inferir sobre la ayuda social a este
grupo poblacional que ha sido históricamente olvidado.
En el caso del Ecuador, la discapacidad es objeto de particular atención para el Estado,
por su relevancia socioeconómica que representa para la consecución del buen vivir
impulsada por la Constitución y los objetivos de desarrollo que se mantienen. De manera
puntual, se puede hacer referencia a tres programas que han buscado incidir en una mejoría
de la calidad de vida de las personas con capacidades especiales, los mismos que serán
detallados en este apartado con la finalidad de conocer como la política, como instrumento,
infiere sobre la situación de este grupo poblacional.
Bono de Desarrollo Humano
El Bono de Desarrollo Humano (BDH) vio su implementación a finales del siglo XX,
esta medida fue adoptada por el entonces gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000) como
instrumento para aplacar el impacto social y económico que conllevó la eliminación parcial
del subsidio al gas licuado de petróleo (GLP) (Pacheco, 2015, pág. 2) para la época. El retiro
de este subsidio supuso una agravante para las familias ecuatorianas que se disponían a
adquirir el derivado del petróleo a su precio normal, lo que atentaría contra la economía
doméstica. Bajo este contexto, el BDH tenía como objetivo beneficiar la operación de
consumo de tres segmentos contemplados como vulnerables: madres de familia jefas del
hogar, personas de la tercera edad y personas discapacitadas -en condiciones de pobreza-; a
37
través de una transferencia monetaria condicionada1 otorgada por el Estado, cuyo valor, en
la actualidad, asciende a US$ 50,00.
Esta ayuda económica de relevancia social, se configura como una posibilidad para
que las personas que conforman los tres grupos señalados, puedan cubrir sus necesidades
más básicas de salud, educación, alimentación y vestimenta, disponiendo de los recursos
fiscales para que la sociedad en posición de desventaja, obtengan un mínimo de dinero con
el cual financiar su operación de consumo. Por tanto, el BDH permite lograr la inclusión
económica de las personas con capacidades especiales que se encuentren bajo el umbral de
la pobreza.
Misión Manuela Espejo
Este programa fue implementado en el Ecuador en el 2009, luego de que la reforma a
la Constitución estableciera las bases para el cambio social que se ha evidenciado en el
sistema ecuatoriano. La misión solidaria, que fue como se denominó a este proceso, consistía
en la investigación social y clínica realizada para recopilar la información geo-referencial
de todas las personas con capacidades especiales en el país, pues “la mayoría de las personas
con discapacidad se encontraba desprotegida, en situación de pobreza y excluida de la
sociedad y el Estado, debido -en gran parte- a la ausencia de una política pública integral
que garantice sus derechos” (Vicepresidencia del Ecuador, 2012, pág. 18). Bajo este
contexto, desde el conjunto de entidades gubernamentales y el abanico de políticas públicas,
se impulsó esta misión, que tendría como objeto de atención a ese grupo de individuos con
deficiencias físicas, mentales o sensoriales.
De acuerdo con Monje (2013) el plan de trabajo de la misión se encontraba
estructurado en 4 etapas de actuación: diagnóstico, respuesta, prevención e inclusión (pág.
602), bajo estos lineamientos se pudo inferir sobre la identificación de cada una de las
personas que presentaran estas condiciones desfavorables, con lo cual, el Estado incidió de
manera inmediata y directa sobre la vida y entorno de los individuos merecedores del plan.
La Misión Manuela Espejo se convirtió en política de Estado y llegó a arraigar
reconocimientos internacionales por el trabajo realizado por el gobierno en aras de la mejora
social de las personas con discapacidad en el país.
1 La transferencia monetaria condicionada hace referencia a los programas de asistencia social impulsados
por los gobiernos que tienen como objetivo el otorgamiento de recursos a personas que cumplan criterios de
selección, los cuales serán utilizados para acceder a bienes o servicios esenciales, como lo puede ser la
educación, salud o alimentación.
38
Entre los resultados alcanzados para el inicio de esta misión se tiene que se
identificaron alrededor de 220 mil personas a lo largo y ancho del Ecuador, otorgando
diversidad de bienes como: camas, colchones, sillas de rueda, lentes, prótesis, audífonos; así
como servicios médicos, de rehabilitación, etc. lo cual coadyuvó a de alguna forma a su
calidad de vida. Asimismo, se implementaron Centros de Atención Integral Manuela Espejo
(CAIMEs) en las diferentes provincias del país, y fábricas de prótesis y ortesis para dotar a
las personas cuyo grado de discapacidad volvía imperante esta percepción (Vicepresidencia
del Ecuador, 2012, pág. 602).
En la actualidad, el nombre del programa se adaptó a Misión Las Manuelas, debiendo
su continuación al régimen del presidente Lcdo. Lenin Moreno, quien fuere el promotor de
esta iniciativa en su etapa de vicepresidente constitucional en el periodo 2007-2013.
Bono Joaquín Gallegos Lara
Mediante Decreto Ejecutivo No. 422 publicado en el Registro Oficial No. 252 con
fecha del 6 agosto de 2010, se crea el Bono “Joaquín Gallegos Lara”, como un instrumento
que sirva para la atención integral de la discapacidad favoreciendo su integración social. El
instrumento consiste en la entrega de US$ 240,00 al individuo responsable del cuidado de
la persona con discapacidad severa y profunda en situación crítica que los ubica en un
escenario de no poder valerse por sí mismos. De igual forma, se contempla como
beneficiario de este mecanismo a las personas con enfermedades catastróficas y raras;
también se destina a niños y niñas menores de 14 años que padezcan del Virus de
Insuficiencia Humana (VIH). De acuerdo con cifras del Registro Interconectado de
Programas Sociales (RIPS) en el país existen 28.675 beneficiarios de este bono, el 89,27%
de las cuales corresponden a personas con capacidades especiales (RIPS, 2017).
Esta transferencia condicionada sirve para de alguna forma contribuir con la economía
del hogar de una persona con deficiencias físicas, mentales o sensoriales severas, ya que, el
cuidado de un individuo con un elevado grado de discapacidad puede absorber tanto tiempo
como dinero de sus familiares. Otro aspecto a destacar es que el gobierno ecuatoriano
efectúa, a la par del desembolso monetario, entrega de medicinas, capacitación en salud,
higiene, rehabilitación, derechos, etc. a los encargados de percibir el bono en representación
del beneficiario, lo que coadyuva a constituir un marco en el cual el desarrollo de esta acción
sea íntegro y consciente de las capacidades que deben poseer los que se aventuran a
efectuarla.
39
Capítulo III
Marco metodológico
En este capítulo se presentarán los aspectos metodológicos que dan sustento al
desarrollo de esta investigación. Desprendiendo elementos como el alcance que mantendrá
el trabajo, el enfoque y el tipo de estudio a realizar. De igual forma, se detallarán las técnicas
e instrumentos a utilizar para las diversas etapas que demarcan una investigación científica,
identificando las fuentes primarias y secundarias desde donde provinieron los datos
necesarios para inferir sobre las preguntas y objetivos planteados.
3.1 Metodología de la investigación
Para iniciar con este epígrafe, es imperante mencionar que el enfoque será de tipo
descriptivo. Dicha aproximación es la que “utiliza la recolección y análisis de los datos para
afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de
interpretación” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2017, pág. 7). Esta dirección se ajusta a
la temática que se busca analizar, la misma que relaciona el impacto y el aporte económico
de la inclusión social de las personas con capacidades especiales en la ciudad de Guayaquil.
Con lo cual, se espera alcanzar una síntesis que permita conocer más acerca del objeto de
estudio desde un punto de vista que denote las circunstancias del fenómeno en el contexto
natural en el que se desenvuelve, sin centrar el estudio en la revisión de variables que puedan
ser cualificadas estadísticamente.
Las características dispuestas por este enfoque señalan la necesidad de emplear
instrumentos que se ajusten a las consideraciones expuestas, como lo puede ser la entrevista
o la encuesta efectuada con la finalidad de resaltar cualidades o aspectos relevantes del
contexto de estudio. Debido a que la discapacidad refleja un escenario en el que una
proporción de la población presenta una condición de desventaja por factores físicos,
mentales o sensoriales, es trascendental poder inferir sobre esta circunstancia de manera
directa, realzando la participación de los individuos que para este caso se encuentren
enmarcados en la delimitación social y espacial del trabajo.
Luego de definir el enfoque que se prosigue en esta tesis, es turno de detallar los
alcances de la investigación, los mismos que representan el tipo de estudio a realizar. Con
lo cual se identifica el: descriptivo, exploratorio y correlacional.
40
Según Hernández et al (2017) el alcance descriptivo es aquel que pretende “especificar
propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice (…)
únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta
sobre los conceptos o las variables a las que se refiere” (pág. 92). Por tanto, a través de esta
orientación se buscará establecer cualidades acerca del entorno de la sociedad ecuatoriana
en materia de discapacidades, identificando los instrumentos y mecanismos existentes para
lograr la inclusión de estas personas; así como las condiciones socioeconómicas que
mantiene este grupo poblacional con deficiencias inherentes a su estructura corporal.
Asimismo, será necesario reconocer los efectos que conlleva la inclusión social de este grupo
de individuos para el desarrollo económico del país, y en un sentido particular, para la ciudad
de Guayaquil.
De igual forma, el tipo de investigación exploratoria es aquella que se realiza para
examinar un tema o problema poco estudiado, del cual no se cuente con mucha información,
y que tenga relevancia científica (Tam, Vera, & Oliveros, 2008, pág. 147). Esta noción
indagatoria sobre un objeto de estudio relativamente desconocido, sirve para generar
información al respecto de la temática en cuestión, lo que servirá para futuras
investigaciones, sirviendo desde un sentido empírico con los datos y resultados recabados.
Por tanto, se pretende incidir sobre el tópico de la discapacidad en Guayaquil y el efecto de
la inclusividad social para este grupo, que no ha sido abordada de manera recurrente por la
comunidad científica, por lo que acceder a información que reflejen un marco general de la
problemática, se vuelve una ardua tarea.
De modo tal que uno de los propósitos que se plantean alcanzar, es el de medir el
impacto o beneficio económico que conlleva consigo la inclusión social de las personas con
capacidades especiales en la localidad delimitada. Es decir, se evaluará el contexto en el cual
el aumento o disminución en los niveles de inserción laboral, educativa e incluso sanitaria,
de este grupo poblacional, se traduce en un impacto negativo o positivo para el desarrollo
económico de las familias en la ciudad de Guayaquil.
Cabe destacar que se recurrirá a la investigación de campo para la etapa de recolección
de información al respecto del objeto de estudio, pues mediante este proceso se logra
identificar aspectos esenciales para las preguntas y objetivos planteados. Este tipo de
investigación precisa del empleo de instrumentos de indagación como las encuestas y
entrevistas, por su impacto sobre los individuos que comprenden el contexto a estudiar.
También es necesario señalar que la investigación a realizar posee un diseño no
experimental y transversal. Debido a que no se manipularán intencionadamente las variables
41
o covariables que integran el objeto de estudio; y se recolectarán datos en un solo momento,
describiendo y analizando la incidencia del fenómeno en el instante en el que ocurre.
Finalmente, se establece que la investigación será básica, pues se encargará de generar
conocimiento al respecto de la temática de la discapacidad en el Ecuador, contribuyendo con
la comunidad científica en su afán de obtener más recursos empíricos en torno al problema
socioeconómico que puede arraigar la falta de inclusión de estos individuos al sistema social
y económico.
Un método de investigación se define como el “conjunto de procedimientos que se
puede seguir con el propósito de llegar a demostrar la hipótesis, cumplir con los objetivos o
dar una respuesta concreta al problema que identificó” (Vásquez, 2016, pág. 5). El modo de
efectuar la investigación, responde a circunstancias preestablecidas para un estudio
científico, estas se encuentran demarcadas por las cualidades del procedimiento a utilizar,
pudiendo ser inductivo, deductivo, analítico y sintético, entre otros.
De modo tal que se percibe al modo inductivo como el que se ajusta acordemente a
este trabajo. El mismo que según Sierra (2012) denota “el proceso que parte del estudio de
casos particulares para llegar a conclusiones o leyes universales que explican un fenómeno”
(pág. 11). Quien continúa al referirse que “utiliza la observación directa de los fenómenos y
las relaciones entre éstos, se complementa con el análisis para separar los actores más
elementales de un todo y examinarlos de forma individual” (Sierra, 2012, pág. 11). A
diferencia del método deductivo que parte de una premisa general para llegar a una
conclusión particular.
Por lo tanto, en la presente investigación se utilizará el método descriptivo utilizando
la técnica de la encuesta.
3.3.1 Encuesta. Una encuesta corresponde a “la técnica que permite revelar muchas
propiedades referidas a muchos individuos y que permite recolectar datos sobre actitudes,
creencias y opiniones” (Orler, 2010, pág. 216). Su utilización favorece la recolección de
datos del fenómeno o circunstancia a estudiar, abordando a los sujetos que lo integran y
buscando determinar su postura o aproximación ante este.
3.4 Población objetivo
Para inferir sobre la población de estudio, de la cual desprenderá la muestra sobre la
cual se aplicarán las encuestas del caso, en la tabla a continuación se presentan las cantidades
42
respecto a la población del cantón y a la participación que mantiene el grupo de personas
con discapacidades frente al total, así como a las fuentes de donde provino cada cifra.
Tabla 3 Tamaño poblacional
Indicador Cantidad Fuente
Población de Guayaquil 2.713.908 (INEC, 2010)
Población discapacitada en Guayaquil 73.264 (CONADIS, 2018)
Población discapacitada en Guayaquil en edad de trabajar (15-
65 años) 51.506 (CONADIS, 2018)
Adaptado del INEC, CONADIS. Expresado en número de personas. Elaboración propia.
El cantón Guayaquil cuenta con una población de 2.713.908 personas según las cifras
presentadas por el INEC. De esta cantidad, se infiere sobre aquella proporción que presenta
características propias de las personas con capacidades especiales, que corresponde al
número de 73.264 personas. Las mismas que comprenderán la población universal del
estudio dispuesto en este trabajo. De este segmento se tomarán en consideración aquellas
que se encuentren en edad productiva, es decir, que pertenezcan al grupo etario de 15 a 65
años. Determinando que 51.506 personas se encuentran en este rango de edad.
Determinación del tamaño muestral
De esta forma, a partir de estos datos, 51.506 personas con algún grado de
discapacidad en edad productiva, el cálculo de la muestra que será utilizada para el proceso
de recolección mediante la aplicación de la encuesta respectiva. Se hará mediante la fórmula
para poblaciones finitas, la misma que se expresa de la siguiente forma:
𝑛 =𝑍² ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁
(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
Donde:
N= Población; 51.506
P= Probabilidad de éxito; 0,5
Q= Probabilidad de fracaso; 0,5
E= Margen de error; 5%
Z= Nivel de confianza; 1,96
n= Muestra;
43
Reemplazando los valores en la fórmula dejaría como resultado:
𝑛 =1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 51.506
(51.506 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
𝑛 = 381
Por tanto, para que la recolección de datos sea representativa considerando la
población objetivo, se plantea la necesidad de efectuar 380 encuestas a los individuos con
capacidades especiales que se encuentren en edad productiva y que residan en Guayaquil.
3.5 Análisis de las encuestas
Preguntas de información general
Con base en la muestra estimada para la aplicación de las encuestas, en este epígrafe
se presentarán los resultados recabados por cada una de las preguntas que conformaba este
instrumento, contemplando su análisis de manera sistemática y ordenada, exhibiendo las
frecuencias relativas para cada interrogante planteada.
Edad
Rango de edades %
17-23 25,9%
24-30 22,2%
31-37 22,2%
38-44 14,8%
45-51 7,4%
52-58 3,7%
59-65 3,7%
Figura 5 Distribución de los encuestados por edad. Adaptado de las encuestas. Elaboración propia.
La edad más frecuente entre las personas discapacitadas en Guayaquil que fueron parte
del estudio, es la que se encontraba en el rango de 17-23 años, agrupando al 25,9% de los
encuestados. Un 22,2% se concentró entre los 24 y 30 años, así como otro 22,2% entre las
que poseían 31 a 37 años. Las personas mayores a 38 años representaron un conjunto del
29,6%.
25,9%
22,2%22,2%
14,8%
7,4%3,7% 3,7%
17-23
24-30
31-37
38-44
45-51
52-58
44
Sexo
Sexo %
Masculino 56%
Femenino 44%
Figura 6 Distribución de los encuestados según sexo. Adaptado de las encuestas. Elaboración propia.
En lo que respecta a la distribución por sexo, se pudo determinar que el 56% de las
personas encuestadas pertenecían al sexo masculino, frente al 44% del sexo femenino.
Estado civil
Estado civil %
Soltero 64%
Casado 36%
Figura 7 Distribución de los encuestados según estado civil. Adaptado de las encuestas. Elaboración propia.
Por su parte, en lo inherente al estado civil de las personas con discapacidad
encuestadas, se obtiene que el 64% eran solteras y un 36% eran casados. Los individuos con
mayor edad son los que presentaban una relación marital.
Pregunta d: Nivel de estudios
Nivel de estudios %
Universitario 28%
Secundario 40%
Primario 28%
Ninguno 4%
Figura 8 Distribución de los encuestados según sexo. Adaptado de las encuestas. Expresado en porcentajes.
Elaboración propia.
El nivel de escolaridad entre los sujetos que formaron parte de la encuesta se concentra
en el grado secundario, pues el 40% de estos mencionaron a este como su máximo estudio
alcanzado. Frente a un 28% que sostuvo haber cursado o estar cursando la universidad. Un
28% solo presenta un nivel de enseñanza primario, y apenas un 4% no registra escolaridad
alguna.
56%
44% Masculino
Femenino
28%40%
28%
4%
0%
20%
40%
60%
Po
rcen
taje
s
45
Preguntas de información específica
Pregunta 1:
¿Considera usted que posee algún grado de discapacidad?
Figura 9 Considera que tiene algún grado de discapacidad. Adaptado de las encuestas. Expresado en
porcentajes. Elaboración propia.
El 84% de los encuestados supo comentar que, si se perciben como discapacitados,
debido a las deficiencias o inconvenientes que conlleva su condición. No obstante, un 16%
comentó que no se consideran discapacitados, pues su grado no es tan elevado como
representar un problema claro.
Pregunta 2
¿Qué tipo de discapacidad presenta?
Tipo de discapacidad %
Visual 16%
Visceral 4%
Motora 32%
Mental 8%
Auditiva 40%
Figura 10 Discapacidad según tipo. Adaptado de las encuestas. Expresado en porcentajes. Elaboración
propia.
En lo que respecta al tipo de discapacidad más recurrente entre los encuestados, se
obtiene que la discapacidad auditiva es la que más se hace presente entre la población de
estudio, pues un 40% de estos manifestaron esta condición.
Pregunta 3
¿Qué grado de discapacidad presenta?
Grado de discapacidad %
95-100 8%
5-24 28%
50-95 20%
25-49 16%
0-4 28%
Figura 11 Discapacidad según grado. Adaptado de las encuestas. Elaboración propia.
Considera que tiene
discapacidad %
Si 84
No 16
16%4%
32%
8%
40%
0%10%20%30%40%50%
Po
rcen
taje
s
8%
28%20% 16%
28%
0%
20%
40%
95-100 5-24 50-95 25-49 0-4
Po
rcen
taje
s
Grados de discapacidad
46
El grado de discapacidad más común entre as personas discapacitadas encuestadas es
entre 0-4% y 5-24% pues cada uno concentró el 28% de la distribución de manera respectiva.
Estos son los menores grados que pueden presentar los individuos, y por los cuales no son
considerados discapacitados por la normativa para ser sujetos de beneficios tributarios y
demás que percibe la ley. Por su parte, un 20% mantiene un nivel de deficiencia entre el 50-
95%; así como un 16% entre 25-49% y apenas un 8% presenta una condición crítica al ser
discapacitado en un 95-100%.
Pregunta 4
¿Causa de la discapacidad?
Causa de la discapacidad %
Nacimiento 32%
Accidente 44%
Enfermedad 24%
Figura 12 Discapacidad según causa. Adaptado de las encuestas. Expresado en porcentajes. Elaboración
propia.
Entre las principales causas detrás de la deficiencia que provoca la discapacidad en las
personas, se obtuvo que un accidente ha provocado que el 44% de los individuos recaigan
en esta condición. Mientras que un 32% nació con el problema que afecta su vida; asimismo,
un 24% sostuvo que una enfermedad ha sido la detonante de su discapacidad.
Pregunta 5
¿Considera que las personas con discapacidad deben ser incluidas de manera eficiente
en todos los ámbitos de la sociedad?
Considera que deben ser incluidas %
Si 88%
No 12%
Figura 13 Deben ser incluidas eficientemente. Adaptado de las encuestas. Expresado en porcentajes.
Elaboración propia.
Para medir la percepción de las personas con discapacidad ante la necesidad de que
este grupo poblacional sea incluido de manera activa y oportuna en todos los ámbitos de la
sociedad, se indagó mediante la pregunta 5 del formulario. La misma que permitió obtener
el resultado de que el 88% de los encuestados comentaron que es imperante que se persiga
esta orientación, pues al ser miembros de la sociedad, no debería ser diferente que estos
individuos sean integrados de manera oportuna en los distintos ámbitos de la sociedad;
32%
44%
24%
0%
20%
40%
60%
NACIMIENTO ACCIDENTE ENFERMEDAD
Po
rcen
taje
s
47
mientras que un 12% sostuvo que no es primordial que esto suceda, porque para ellos la
discapacidad, dependiendo de su grado de incidencia, si se vuelve una limitante para algunas
labores o tareas.
Pregunta 6
¿Considera usted que las personas con discapacidad pueden ejercer cualquier
actividad?
Pueden ejercer cualquier
actividad %
Si 92%
No 8%
Figura 14 Pueden las personas discapacitadas ejercer cualquier actividad. Adaptado de las encuestas.
Expresado en porcentajes. Elaboración propia.
Para indagar acerca de la autopercepción de la discapacidad como una limitante o
como una condición de salud, se elaboró la pregunta 6, la misma que muestra que un 92%
de las personas con discapacidad encuestadas manifestaron de que todas las actividades
pueden ser ejercidas por dichos individuos, pues dependiendo su grado de deficiencia, habrá
labores que puedan y otras que no puedan ser efectuadas. Un 8% comentó que, no es posible
que un individuo con capacidades especiales se dedique a cualquier actividad, pues no
siempre su condición le permitirá efectuar cualquier tarea.
Pregunta 7
¿Usted ha sido objeto de algún tipo de discriminación en algún momento de su vida?
Ha sufrido discriminación %
Si 84%
No 16%
Figura 15 Ha sufrido algún tipo de discriminación. Adaptado de las encuestas. Expresado en porcentajes.
Elaboración propia.
La discriminación se configura como un menoscabo a la integridad psicoemocional de
la persona, así como una limitante para su inclusión social efectiva. Por tanto, para recabar
datos acerca de esta connotación se diseñó la pregunta 7. Contemplando la discriminación
como uno de los mayores inconvenientes a los que se enfrentan las personas con
discapacidad, se obtuvo en el estudio de que el 84% de los encuestados ha sido en algún
punto de su vida objeto de discriminación por parte de otra persona. Apenas un 16% comentó
92%
8%
SI
NO
48
su negativa ante esta situación, denotando así el grave problema de la segregación en la
sociedad ecuatoriana para con este grupo de personas.
Pregunta 8
¿Con que frecuencia usted ha sido objeto de algún tipo de discriminación en algún
momento de su vida?
Frecuencia de la discriminación %
Siempre 8%
Rara vez 40%
Nunca 12%
Frecuentemente 40%
Figura 16 Frecuencia de la discriminación. Adaptado de las encuestas. Expresado en porcentajes.
Elaboración propia.
Reconociendo a la discriminación que sufren las personas con capacidades como un
factor dañino para su desarrollo, se buscó conocer la frecuencia de la discriminación que
sufren los discapacitados, mediante la pregunta 8, la misma que permitió recabar que el 40%
de los encuestados indicó que esta situación es frecuente en su vida, mientras que otro 40%
señaló que es rara la vez que sucede. Un 8% manifestó que es siempre discriminado a los
lugares que acude. Apenas un 12% señaló de que nunca percibe este trato.
Pregunta 9
¿Usted está estudiando actualmente?
Estudia actualmente %
Si 36%
No 64%
Figura 17 Se encuentra estudiando. Adaptado de las encuestas. Expresado en porcentajes. Elaboración
propia.
La educación para todas las personas es un medio para capacitarse y poder alterar su
condición de vida, de modo que, para conocer en qué magnitud este derecho es percibido
por los encuestados se indagó al respecto de cuantos estudian y cuantos no. Para inferir sobre
el porcentaje de la población con capacidades especiales que, forma parte del universo de
estudio, se encuentra estudiando, se obtuvo de que un 64% de los encuestados afirmaron el
encontrarse asistiendo de manera regular a clases. Mientras que un 36% no lo hacía.
8%
40%
12%
40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Po
rcen
taje
s
49
Pregunta 10
¿En qué nivel usted está estudiando actualmente?
Nivel que estudia %
Superior 28%
Secundario 16%
Primario 20%
Ninguno 36%
Figura 18 Nivel de estudios actual. Adaptado de las encuestas. Expresado en porcentajes. Elaboración propia.
En lo concerniente al nivel de estudios que cursan las personas discapacitadas
encuestadas, se obtuvo que el 28% de estos se encuentra asistiendo a un centro de enseñanza
superior; frente al 20% que recién cursa estudios primarios y un 16% que asiste a la
educación secundaria. Cabe destacar que un 36% de los encuestados no se encuentra
asistiendo a ningún centro de formación, en concordancia que lo recabado en la pregunta 9.
Con lo cual, se puede apreciar que existe una relativa baja escolaridad entre los miembros
de este grupo poblacional consultado, lo cual puede estar explicado por la gravedad de su
condición.
Pregunta 11
¿Cómo le beneficia la educación en el desarrollo de sus actividades diarias?
Beneficio obtenido de la educación %
Socializar 12%
Ninguno 8%
Motivación personal 56%
Mejorar habilidades 24%
Figura 19 Beneficio de la educación. Adaptado de las encuestas. Expresado en porcentajes. Elaboración
propia.
La educación es imperante para favorecer el desarrollo de la sociedad, pues otorga las
herramientas y conocimiento para que los individuos sean capaces de afrontar la vida desde
otra perspectiva. Respecto al beneficio obtenido de la educación por parte de las personas
discapacitadas, se obtiene que la motivación personal es el principal factor de incidencia en
la consideración de los encuestados, seguido del mejoramiento en sus habilidades y
capacidades como elemento que provoca el estudio en la vida de las personas.
28%
16%20%
36%
0%
10%
20%
30%
40%
Po
rcen
taje
s
12% 8%
56%
24%
0%
20%
40%
60%
Po
rcen
taje
s
50
Pregunta 12
¿Se encuentra trabajando en la actualidad?
Se encuentra trabajando %
Si 60%
No 40%
Figura 20 Trabaja en la actualidad. Adaptado de las encuestas. Expresado en porcentajes. Elaboración
propia.
Para conoce la situación laboral de las personas con discapacidad encuestadas, se
procedió a diseñar la pregunta 12, la misma que indagó acerca de si se encontraba laborando
en la actualidad. Permitiendo obtener que un 60% de los individuos manifestó el dedicarse
a alguna ocupación que le representara un empleo, bien sea remunerado o no remunerado.
Mientras que el 40% restante comentó que no ejecuta ninguna labor de este tipo.
Pregunta 13
¿En qué trabaja en la actualidad?
Actividad realizada %
Servicios 20%
Otra 16%
Ninguna 28%
Comercio 28%
Agricultura 4%
Educación 4%
Figura 21 En qué trabaja en la actualidad. Adaptado de las encuestas. Expresado en porcentajes. Elaboración
propia.
En lo que respecta a la ocupación que efectúan las personas con discapacidad, se
obtuvo que el 28% se dedica a actividades relacionadas con el comercio de bienes, un 20%
presta su mano de obra para empresas de servicios y una pequeña parte se dedica a labores
agrícolas o educativas. Un punto a resaltar es que un 28% comentó que no trabaja,
contrastando con los resultados expuestos en la pregunta 12; dicho contexto se explica por
el 16% de los individuos que señalaron una ocupación menor como un modo de trabajo,
pudiendo ser la preparación de alimentos una de las principales por su recurrencia en la
distribución.
20%16%
28% 28%
4% 4%
0%5%
10%15%20%25%30%
Po
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taje
s
51
Pregunta 14
¿De qué manera su trabajo le permite aportar a su hogar?
Manera de aportar al hogar %
Ninguna 28%
Medicamentos 16%
Alimentos/Vestimenta 4%
Alimentos/Vestimenta/Medicamentos 4%
Alimentos 48%
Figura 22 Aporte al hogar. Adaptado de las encuestas. Expresado en porcentajes. Elaboración propia.
Entre las personas discapacitadas que comentaron haber trabajado, se obtiene que el
principal aporte a su hogar derivado de su ocupación, se encuentre ligada a la provisión de
alimentos para los miembros de la vivienda, siendo el 48% de los encuestados los que
atribuyeron este factor como el de mayor impacto. La dotación de medicamentos fue otro
de los beneficios que se obtienen de esta circunstancia, pues el 16% sostuvo que esa es su
forma de contribuir con su hogar. Asimismo, se aprecia la dotación de vestimenta como otro
aspecto con el cual se ayuda a la economía familiar.
Pregunta 15
¿Considera que en el país existen las normativas necesarias para favorecer la inclusión
social de las personas con discapacidad?
Considera que se favorece la
inclusión social %
Si 68%
No 32%
Figura 23 Existen las normativas para la inclusión. Adaptado de las encuestas. Expresado en porcentajes.
Elaboración propia.
En el campo de la aplicación de las normativas destinadas a abordar el grupo de
personas con discapacidad en el Ecuador, se obtuvo mediante esta pregunta que el 68% de
las personas encuestadas considera que no existen los instrumentos legales para favorecer la
inclusión social de este grupo a la sociedad. Mientras que un 32% comentó que si existen
las condiciones del caso.
28%16%
4% 4%
48%
0%10%20%30%40%50%60%
Po
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s
52
Pregunta 16
¿Encuentra usted dificultades para movilizarse fuera de su hogar?
Dificultades para movilizarse %
Si 64%
No 36%
Figura 24 Existen dificultades para movilizarse. Adaptado de las encuestas. Expresado en porcentajes.
Elaboración propia.
Para abordar el aspecto concerniente a la accesibilidad que existe en el medio
ecuatoriano para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad a los servicios
públicos y a el entorno infraestructural, se obtuvo que un 64% de las personas encuestadas,
debido a su condición o por factores externos, muestra dificultades al momento de
movilizarse fuera de su hogar. Mientras que un 36% comentó que no existen inconvenientes
para su interacción.
Pregunta 17
¿Considera que el transporte público es accesible para personas con discapacidad?
Transporte accesible %
Si 44%
No 56%
Figura 25 Transporte público es accesible. Adaptado de las encuestas. Expresado en porcentajes.
Elaboración propia.
Bajo el mismo criterio, la pregunta 17 permitió conocer la percepción de la población
ante la accesibilidad en el medio de transporte, mostrando que el 56% considera al transporte
público como de fácil acceso para los discapacitados, pues incluyen vehículos que tienen los
mecanismos para permitir el uso de este servicio. Por otro lado, un 44% sostuvo que esta
condición no se cumple, agravando la condición de estas personas. Este contexto depende
en gran medida del tipo de discapacidad y grado que presente cada individuo.
53
Pregunta 18
¿Cuál de estos espacios públicos considera menos accesibles?
Lugares menos accesibles %
Parques 16%
Otro 16%
Oficinas públicas 24%
Hospitales 4%
Escuelas 16%
Centros comerciales 24%
Figura 26 Espacios públicos menos accesibles. Adaptado de las encuestas. Expresado en porcentajes.
Elaboración propia.
Respecto a que espacios públicos son los que menor accesibilidad poseen para las
personas con discapacidad, un 24% de los encuestados sostuvo que los centros comerciales,
en muchos casos, no cuentan con las características para transitar de manera adecuada en
sus instalaciones. Asimismo, otro 24% comentó que las oficinas públicas no son del todo
accesibles, debido a sus cualidades de infraestructura. Los parques y escuelas son otros de
los espacios con baja facilidad de acceso para este segmento de la población.
Pregunta 19
¿Desde su apreciación, las personas con discapacidad son vistas cómo?
Como son vistas %
Necesarios 8%
Otros 12%
Limitados 80%
Figura 27 Como son vistas las personas con discapacidad. Adaptado de las encuestas. Expresado en
porcentajes. Elaboración propia.
La apreciación de la mayoría de los encuestados ante como la sociedad los percibe,
permitió recabar que el 80% considera que se los señala como individuos limitados, que no
son capaces de ejercer una acción de manera eficiente. Mientras que un 8% identifica a los
miembros de este grupo poblacional como necesarios para el sistema, más que nada por lo
exigido en la ley.
16% 16%
24%
4%
16%
24%
0%5%
10%15%20%25%30%
Po
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s
8% 12%
80%
0%
50%
100%
NECESARIOS OTROS LIMITADOS
Po
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s
54
Pregunta 20
¿Hace uso de alguno de los beneficios estipulados por la ley ecuatoriana para las
personas con discapacidad?
Utiliza los beneficios %
Si 52%
No 48%
Figura 28 Utiliza los beneficios de ley. Adaptado de las encuestas. Expresado en porcentajes. Elaboración
propia.
Para conocer el radio de acción de los instrumentos públicos utilizados por el Estado
para de alguna forma contribuir con la situación de las personas discapacitados, se obtuvo
que el 48% de los encuestados no hace uso de los beneficios estipulados en la ley, mientras
que un 52% si recae en esta práctica.
Pregunta 21
¿Con qué frecuencia utiliza los beneficios estipulados por la ley ecuatoriana para las
personas discapacitadas?
Frecuencia en el uso de beneficios %
Siempre 16%
Rara vez 48%
Nunca 24%
Frecuentemente 12%
Figura 29 Frecuencia para utilizar los programas. Adaptado de las encuestas. Expresado en porcentajes.
Elaboración propia.
El 48% de la muestra de personas discapacitadas encuestada señaló que rara la ocasión
en la que hacen uso de los beneficios que estipula la ley para este segmento de la población.
Mientras que un 24% comentó que nunca los utiliza. Así también, se aprecia que un 16%
acceden a estos mecanismos siempre y un 12% de manera frecuente.
Pregunta 22
¿Ha participado en algún programa de gobierno diseñado para personas con
discapacidad?
Ha participado de algún programa %
Si 56%
No 44%
Figura 30 Ha participado en algún programa. Adaptado de las encuestas. Expresado en porcentajes.
Elaboración propia.
16%
48%
24%12%
0%20%40%60%
Po
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s
55
Un 56% de los encuestados comentó haber sido participe de algún programa o plan de
gobierno destinado a favorecer la condición de las personas con discapacidad en el país. Por
su parte, un 44% manifestó que no han sido parte de dichos mecanismos para de alguna
manera coadyuvar con su situación.
Pregunta 23
¿En qué programa del gobierno diseñado para personas con discapacidad usted ha
participado?
Programa que participa %
Otro 8%
Ninguno 36%
Gallegos Lara 12%
BDH 44%
Figura 31 Programa del cual ha participado. Adaptado de las encuestas. Expresado en porcentajes.
Elaboración propia.
Para comprender la incidencia de los instrumentos gubernamentales en torno a la
mejora de las condiciones de las personas con discapacidad, se preguntó acerca de la
participación de las personas con discapacidad en este sentido. Obteniendo que el 44% de
los entrevistados son beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, mientras que un 36%
no forma parte de ningún programa. El Bono Joaquín Gallegos Lara coadyuva con la
condición del 12% de la muestra analizada.
Pregunta 24
¿Usted se considera discriminado por la sociedad?
Se considera discriminado %
Si 68%
No 32%
Figura 32 Se considera discriminado por la sociedad. Adaptado de las encuestas. Expresado en porcentajes.
Elaboración propia.
Para comprender en que magnitud la discriminación afecta a las personas con
discapacidad, se elaboró la pregunta 24 del cuestionario, la misma que permitió obtener el
resultado de que el 68% de los sujetos de estudio comentaron que sí se considera
discriminado por la sociedad. Mientras que un 32% manifestó de que no le sucede.
8%
36%
12%
44%
0%
20%
40%
60%
Po
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s
56
Pregunta 25
¿Cuáles son las razones por las que la sociedad los discrimina?
Razones para discriminar %
Tabús/opinión 8%
Tabús 16%
Opinión Mal Formada 16%
No entendimiento 16%
Ninguno 4%
Falta de enseñanza 40%
Figura 33 Razones para la discriminación. Adaptado de las encuestas. Expresado en porcentajes.
Elaboración propia.
Entre las principales razones que explican el escenario de discriminación que sufren
las personas con capacidades especiales, se pudo obtener que un 40% considera que el
problema deriva de la falta de enseñanza en los centros educativos acerca de lo que es la
discapacidad y cómo se presenta en un individuo. Asimismo, se evidencia la falta de
entendimiento y los tabús que aún persisten en la sociedad, para explica el escenario de
discriminación que sufren.
Pregunta 26
¿Considera que las personas con capacidades especiales están debidamente
reconocidas por las autoridades públicas?
Reconocimiento estatal %
Si 32%
No 68%
Figura 34 Reconocimiento gubernamental Adaptado de las encuestas. Expresado en porcentajes. Elaboración
propia.
En lo que respecta a la consideración acerca de si las personas con capacidades
especiales han sido debidamente reconocidas por la autoridad pública, el 68% de los
encuestados manifestaron de que el Estado no lo hace de manera oportuna; mientras que un
32% comentó que si se sienten visibilizados por el gobierno.
Mediante la aplicación de la encuesta se buscó inferir sobre cada una de las premisas
de investigación demarcadas al inicio del documento. Diversas preguntas fueron
conformadas con la finalidad de abordar los factores que integran cada proposición
científica, articulándose para recabar datos inherentes a las circunstancias que presentan las
personas con capacidades especiales en la ciudad de Guayaquil en lo concerniente a su
participación social y el cumplimiento de sus derechos.
8%16% 16% 16%
4%
40%
0%10%20%30%40%50%
Po
rcen
taje
s
57
En lo que respecta a la determinación de la incidencia de la discapacidad en el
desarrollo económico de las familias guayaquileñas, se pudo constatar que esta condición
puede suponer un menoscabo para los hogares que tienen en su interior un individuo con
una deficiencia de este tipo, debido a que el cuidado de una persona con capacidades
especiales implica un gasto para la atención de salud y el equipamiento necesario para su
movilidad, uso sensorial, u otro aspecto. Por tanto, el desarrollo económico se puede ver
minado por la presencia de la discapacidad, para lo cual se indagó al respecto del grado de
discapacidad, condición laboral, aporte económico al hogar, y demás conceptos que
permiten comprender la implicación de esta situación en las familias de la localidad.
Desde otra arista, parte de la encuesta se enfocó en dilucidar aquellos factores que
contribuyen a lograr una mayor inclusión social de las personas con discapacidad en
Guayaquil, lo cual permitió conocer el contexto que atraviesa este grupo poblacional en
torno a la accesibilidad a los espacios públicos, la discriminación que existe, el acceso
educativo y laboral, y otros aspectos que coadyuvan a que los individuos que presentan estas
carencias, ya sean, físicas, sensoriales o intelectuales, sean capaces de ser insertados de
manera adecuada al acontecer social y económico del cantón y del país.
En lo que concerniente a los efectos que conlleva la exclusión social de estas personas
con capacidades especiales, se pudo comprender luego de la aplicación de la encuesta que
las consecuencias se relacionan con la discriminación que sufren estos grupos, la misma que
compromete su participación en los distintos ámbitos sociales, privándolos del derecho a
integrarse en las colectividades de manera satisfactoria; así también se tiene que la
imposibilidad de ingresar a un trabajo y aportar a su hogar, se vuelve trascendental, pues se
les otorga un papel de improductividad en el cual pueden llegar a sentirse incapaces de
contribuir con su calidad de vida y la de su familia. Afectando su capacidad psicosocial y su
salud mental, en el caso de que las condiciones interpuestas por la sociedad sean graves.
El instrumento de recolección de datos también permitió conocer al respecto de la
incidencia de la política pública en torno a la mejora de la inclusión social de las personas
con discapacidades, logrando determinar que programas dispuestos por el Estado son los de
mayor acogida, la frecuencia en que estos individuos hacen uso de estos instrumentos, y la
manera en que estos contribuyen a aligerar la carga económica que conlleva el cuidado de
un discapacitado.
58
Capítulo 4
Análisis de resultados
4.1 Incidencia de la discapacidad en el desarrollo económico de las familias de
Guayaquil
La noción de desarrollo económico se ha establecido como un precepto teórico que ha
buscado contrastar los postulados del análisis clásico de la economía, que solo consideraba
variables cuantitativas ligadas a la producción como determinantes del progreso de una
economía. Lejos de reconocer la trascendencia que mantienen otros aspectos, como la
educación, trabajo, reducción de la pobreza, y otras circunstancias; en la consecución de la
evolución de la economía. La necesidad de incluir nuevas variables al estudio económico
dio pie al surgimiento de la corriente del pensamiento que buscaría explicar como el
desarrollo económico es lo que una nación debe perseguir, como medida de avance de la
sociedad, pues se establece como “el proceso de transformación de la sociedad o proceso de
incrementos sucesivos en las condiciones de vida de todas las personas o familias de un país
o comunidad” (Castillo, 2011, pág. 2).
De tal manera, el desarrollo económico puede evaluarse a través de la mejora social,
expresada mediante el cumplimiento de los derechos de la población, así como por el
desarrollo de sus capacidades inherentes a su preparación, o su inserción en el mercado
laboral para que sean capaces de aportar al sistema productivo. Bajo este sentido, es
primordial favorecer a la población, en su conjunto, para que sean sujeto de los elementos
sociales y económicos atribuibles por el esquema constitucional, que se configuran como
imperantes para lograr el buen vivir en la sociedad, debido a que sería una muestra clara de
que se ha alcanzado un cierto nivel de desarrollo al garantizar una cobertura total de los
derechos.
De esta forma, la mayor complejidad se da al incluir a las personas en condición social
desfavorable, como pueden ser las que se encuentran debajo del umbral de la pobreza, así
como a las personas de la tercera edad o las personas con capacidades especiales.
Destacando la atención que debe ser prestada hacia estos segmentos poblacionales, debido
a que, en la mayoría de los casos, no pueden hacer prevalecer sus derechos por circunstancias
59
interpuestas por la sociedad y el sistema económico. Por tanto, serán estos grupos los más
susceptibles a no lograr un desarrollo íntegro en su calidad de vida.
La discapacidad vista como un agravante a la salud de la persona, conlleva una serie
de factores que pueden percibirse como negativos para el desarrollo de las familias que
tienen a su cargo un individuo con capacidades especiales, quizás uno de los más
importantes es el que se encuentra ligado al aspecto económico. Pues el cuidado implica
costos, los mismos que estarán en función del grado de discapacidad presente en la persona,
pudiendo ser más representativos en un hogar donde sea crítica la condición, debido a que
se necesitarán más medicinas, visitas periódicas al médico, o la adquisición de equipos para
facilitar la accesibilidad e inclusión de los individuos. Este gasto compromete el flujo de
ingresos del que pudiere disponer una familia, pues se ven en la obligación de destinar sus
recursos a contribuir con la mejoría de la condición del miembro con capacidades especiales.
Bajo este esquema, el desarrollo económico de las familias en Guayaquil puede verse
limitado y hasta frenado por la incidencia de la discapacidad, ya que se prescindirá del gasto
en otros ámbitos como puede ser el educativo, perjudicando la obtención de capacidades y
habilidades para el resto de los integrantes del hogar, o incluso la misma persona con
discapacidad. Considerando de que el acceso a los derechos es un componente esencial
dentro de la concepción del desarrollo económico, este menoscabo puede ser evidente entre
estas familias.
De esta forma, considerando de que un 8% de las personas con discapacidad
encuestadas (Pregunta 3) muestran un grado crítico, es decir, de 95-100%; y un 20%
presentan una condición de discapacidad que afecta del 50-95% de su estructura, se denota
que una importante proporción de los hogares en Guayaquil, con un miembro con
discapacidad en su interior, se encuentran inmersos en un escenario en el que el cuidado de
la persona puede suponer un elevado costo para la economía doméstica, pudiendo perjudicar
sus niveles de consumo, gasto en educación, entre otras atenuantes de la mejora socia. La
situación expuesta ha sido más notoria en los casos que la discapacidad haya sido congénita,
pues dichos hogares se han enfrentado toda la vida a estos costos sociales y económicos
arraigados por la condición. De forma que un 32% de los encuestados señalaron que desde
su nacimiento presentan una complicación física, intelectual o sensorial.
Una forma de contribuir con este contexto que se genera al interior del hogar, al no
contar con los suficientes recursos económicos para solventar la discapacidad, es la
prestación de políticas públicas enfocadas a destinar dinero a la economía de las familias al
cuidado de un individuo con capacidades especiales. La incidencia de estos mecanismos en
60
la población objetivo del presente estudio efectuado en Guayaquil, será expuesto a mayor
detalle en apartados subsiguientes.
Tabla 4 Incidencia de la discapacidad en el desarrollo económico
Premisa 1: ¿Cómo influye la discapacidad en el desarrollo económico de las familias guayaquileñas?
- ¿Considera que las personas con discapacidad
deben ser incluidas de manera eficiente en todos
los ámbitos de la sociedad?
Si No
88% 12%
- ¿Considera usted que las personas con
discapacidad pueden ejercer cualquier actividad?
Si No
92% 8%
- ¿Desde su apreciación, las personas con
discapacidad son vistas cómo?
Limitados Necesarios Otros
80% 8% 12%
- ¿Con qué frecuencia utiliza los beneficios
estipulados por la ley ecuatoriana para las personas
discapacitadas?
Siempre Rara vez Nunca Frecuentemente
16% 48% 24% 12%
Elaborado con base en las encuestas aplicadas. Expresados en porcentajes. Elaboración propia.
Partiendo de la primera premisa de investigación planteada al inicio de este trabajo,
en la tabla no. 4 se exhiben los resultados de las preguntas efectuadas a las personas con
capacidades especiales que conformaron la muestra de estudio, considerando aquellas
interrogantes que mejor se adaptan al postulado planteado. De modo que, se tiene que dentro
de este grupo poblacional existe una amplia consideración acerca de la necesidad de incluir
a estos individuos en el sistema social de manera oportuna, pues se parte de la estimación
de que estas personas son plenamente capaces de efectuar cualquier actividad que se
propongan, siempre y cuando existan los factores que favorezcan su accesibilidad, y que el
grado de deficiencia que presenten, no sea crónico.
Los beneficios e instrumentos por el Estado para tratar de apaciguar los efectos
económicos que conlleva la discapacidad en las familias que tengan a su cuidado a una
persona con estas cualidades, son elementos trascendentales para favorecer el progreso de
este grupo social, debido a que, según su funcionamiento, puede coadyuvar al acceso a
medicinas, preferencias en el pago de servicios, servicios de salud, etc. De esta forma, se
pudo recabar que la utilización de estos componentes no es tan relevante dentro de la
población encuestada, debido a que la mayoría no accede a dichos programas, o es rara la
vez en la que optan por valerse de los mecanismos gubernamentales.
61
4.2 Factores que favorecen la inclusión social de personas con capacidades especiales
La inclusión social puede definirse como el “proceso por el cual se alcanza la igualdad,
(…) para cerrar las brechas en cuanto a la productividad, a las capacidades (educación) y el
empleo, la segmentación laboral, y la informalidad, que resultan ser las principales causas
de la inequidad” (Muñoz & Barrantes, 2016, pág. 17). Esta definición permite vislumbrar la
estrecha relación entre la equidad y la inclusión, pues mediante la integración de todas las
personas a los diversos ámbitos de la sociedad, se promueve su participación en las
operaciones económicas llevadas a cabo en el sistema, así como al desarrollo de sus
habilidades y maneras de efectuar su ocupación laboral.
La atención a los grupos prioritarios como pueden ser los pobres, los niños y jóvenes
y las personas con discapacidad, se vuelve imperante si se espera mejorar los niveles de
inclusión social de estos grupos. El Estado, como actor trascendental en el sistema
económico, es responsable de esbozar sus instrumentos y políticas hacia la adecuación de
un marco que permita lograr dicha concepción. De modo que se identifica, desde un sentido
general, a las políticas públicas como el principal factor para lograr este proceso. Más aún
si se trata de fomentar la mayor participación de los individuos que se enfrentan a un
contexto no favorable, arraigado por circunstancias inherentes a su persona, como puede ser
la presencia de una discapacidad; o por elementos que competan al entorno político y
económico que se dispone en la sociedad.
Desde un sentido más particular, se reconoce a la educación como un factor para
favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad. Según Ramírez (2014)“la
inclusión va más allá de incorporar a los niños en la escuela, implica que las personas se
incorporen en la sociedad a través de la escuela, es decir, que ésta sea un medio” (pág. 68).
Este comentario aduce a que el acceder de manera satisfactoria a un centro de enseñanza no
es todo lo que implica la inclusión, pues su dimensión abarca el espectro más cercano a la
integración del individuo con la sociedad, reconociendo a la educación como un mecanismo
o instrumento para que la persona sea capaz de insertarse en el ámbito social del país, que
se encuentra ligado con los campos económicos, productivos y culturales.
Uno de los preceptos psicosociales que coadyuvan a que las personas con capacidades
sean sujeto de inclusión, es el referente a la aceptación de su condición, y que, a partir de
esto, sean capaces de inmiscuirse en los asuntos de su entorno. Aunque simple, la motivación
y el deseo de superación puede repercutir positivamente para que un individuo busque
acceder a los diferentes espacios en los que se puede desenvolver, indiferentemente del
62
grado de su condición. De esta forma, se puede aludir a los resultados recabados por la
encuesta, que muestran que el 92% de las personas con capacidades especiales interrogadas
en la ciudad de Guayaquil, considera que este grupo de personas puede ejercer cualquier
actividad (Pregunta 6), siempre y cuando el grado de discapacidad no sea crítico. Dicho
contexto, permite evidenciar que existe un cierto nivel de deseo de superación y renuencia
ante el rol interpuesto por el pensamiento obsoleto de que los discapacitados no son capaces,
coadyuvando a que dichos sujetos sean idóneos para realizar un trabajo, o para estudiar.
Asimismo, se infiere en la consideración de que la sociedad debe incluir a las personas de
este segmento, obviando y erradicando la discriminación, que se configura como un
atenuante para la inclusión social. Pudiendo comentar que el 88% de los encuestados
determinan que efectivamente todas las personas con algún tipo de discapacidad deben ser
incluidas en los diversos ámbitos del país.
De igual forma se infiere sobre el elemento laboral como factor determinante para
lograr la inclusión social de las personas con discapacidad, pues un empleo u ocupación es
elemental para la calidad de vida de la persona, no sólo por el hecho de que se articula como
un miembro productivo de la sociedad, sino que se contribuye con su salud emocional. Esta
acotación se vuelve necesaria debido a que existirán casos en la que la condición de
deficiencia, ya sea física, intelectual o sensorial, se presente como un causante de la
resignación del individuo, enmarcándose en un contexto sobre el cual no quiere ni busca
participar en el entorno en el que está inmerso. Por tanto, el trabajo se configura como un
factor que contribuye de manera directa con la inclusión social de este grupo poblacional,
pues otorga los recursos y capacidades para que el sujeto se interrelacione, aporte a su hogar
y, desde un sentido productivo, sea provechoso para la economía en su conjunto.
Otra forma de abordar la inclusión social es a partir del aspecto cultural y de la
recreación, pues estas áreas provocan la integración y el dinamismo social, aunando a
personas o grupos de estos a perseguir un interés en común. Es tal la importancia de esta
aproximación que la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades que rige en el
Ecuador destina una sección de las políticas contempladas para este propósito, pudiendo
citar el desarrollo de programas que han perseguido favorecer estos campos entre la
población con capacidades especiales. Pudiendo citar el caso de la creación del Registro
Nacional de Artistas con Discapacidad (RNAD), que motivó la inserción de estos individuos
al medio cultural del país: asimismo, el fortalecimiento de las Federaciones Deportivas de
Personas con Discapacidad Física, Visual, Auditiva e Intelectual, ha sido una medida que ha
favorecido la inclusión social de este grupo. De modo que, a través del deporte y el arte, la
63
población, indistintamente de su clase social, raza, religión o si es discapacitado o no, pueden
agruparse e integrarse de manera oportuna.
Tabla 5 Factores que influyen en la inclusión social de las personas discapacitadas
Premisa 2: ¿Qué factores influyen para lograr una mayor inclusión social de las personas con capacidades
especiales en el Ecuador?
- ¿Usted ha sido objeto de algún tipo
de discriminación en algún momento
de su vida?
Si No
84% 16%
- ¿Se encuentra trabajando en la
actualidad?
Si No
60% 40%
- ¿Usted está estudiando actualmente? Si No
84% 16%
- ¿En qué nivel usted está estudiando
actualmente?
Superior Secundario Primario Ninguno
28% 16% 20% 36%
- ¿Con qué frecuencia usted ha sido
objeto de algún tipo de discriminación
en su vida?
Siempre Rara vez Nunca Frecuentemente
8% 40% 12% 40%
- ¿En que usted trabaja en la
actualidad?
Comercio Servicios Otras Ninguna
28% 20% 24% 28%
- ¿Cuáles son las razones por las que la
sociedad los discrimina?
Tabús Opinión mal No entendimiento Falta de enseñanza
16% 24% 16% 44%
Elaborado con base en las encuestas aplicadas. Expresados en porcentajes. Elaboración propia.
La inclusión social se configura como un proceso menester para los grupos
poblacionales con elevada vulnerabilidad, debido a que, mediante su inserción adecuada en
los ámbitos de la sociedad, se puede garantizar el cumplimiento de sus derechos, en aras de
mejorar su calidad de vida, pese a las adversidades que presentan por su deficiencia física,
mental o sensorial. Es por esto que la discriminación generada hacia estos individuos se
interpone con la consecución de su inclusión efectiva, dando lugar a que 8 de cada 10
personas con capacidades especiales, en Guayaquil, sean objeto de esta práctica excluyente
que atenta contra las posibilidades de participación y acción social.
El entorno dispuesto para las personas con discapacidades se vuelve dificultoso para
su desarrollo, más aún cuando estos no asisten de manera activa a un centro de enseñanza
formal o no cuentan con una ocupación a la cual dedicarle su tiempo, permitiéndoles generar
ingresos para contribuir con sus hogares. De esta forma, el que no accedan a estos derechos
compromete la mejora de inclusión social para los discapacitados, pues dificulta su
formación e integración en la colectividad.
La ineficiente inclusión social puede ser explicada tanto por la falta de procedimientos
y mecanismos que propicien dicha connotación, así como por la renuencia de la población
hacia el trato a estos grupos, lo que se refleja en la ya mencionada discriminación. Este
64
suceso negativo se explica por los tabús prevalecientes en la sociedad, así como por la falta
de enseñanza al respecto de la discapacidad, sus causas y efectos, en los establecimientos
educativos de los distintos subniveles del sistema nacional de educación.
4.3 Principales consecuencias de la exclusión social de las personas con capacidades
especiales
La discapacidad desde su concepción, como una condición de deficiencia, presenta
problemas para el individuo que la padece que afectan su calidad de vida, esta situación
dependerá del grado y el tipo de discapacidad que se manifiesta. De modo que, la dificultad
implícita a la que se enfrentan estas personas, es de por sí su carga más grande, ya que en
muchos casos la limitación que les arraiga su circunstancia es determinante para su modo en
que realiza tareas y acciones tanto cotidianas como las que conllevan cierto nivel de
dificultad. No obstante, existe otra barrera a la que se enfrentan estas personas, la misma que
se encuentra representada por la exclusión social que puede derivar en el sistema social en
el que se encuentra inmerso.
Según Rizo (2006) “el concepto de exclusión social aparece ligado al de ciudadanía y
por lo tanto excluido será aquel que no pueda gozar de sus derechos y obligaciones
plenamente” (2006, pág. 4). Este vocablo sugiere que existe un contexto en el cual un
determinado número de individuos no accede de manera oportuna a sus derechos,
configurándose como una agravante para la consecución del desarrollo que se prosigue
desde la orientación expuesta por la Constitución de la República y la noción del buen vivir
que esta demarca.
La exclusión social se puede evidenciar de distintas formas, la discriminación es una
forma de excluir a una persona, el no adecuar los espacios públicos para garantizar la
accesibilidad o el que el sistema de transporte no contemple mecanismos para el acceso
prioritario, son todas maneras con las que se puede evaluar la exclusión. La exclusión se
compone como un “proceso multidimensional y politizable, por cuanto tiene causas y
consecuencias políticas, económicas, culturales y temporales, y puede y debe atajarse desde
las políticas públicas, las prácticas institucionales e incluso la acción colectiva” (Rizo, 2006,
pág. 4). La connotación expuesta permite identificar lo imperante de las políticas públicas
en torno a lograr disminuir el nivel de exclusión social en un país, sin embargo, se reconocen
también los procesos sociales articulados por el funcionamiento y comportamiento de la
65
sociedad como determinantes en esta circunstancia, ya que, el rechazo de otras personas
probablemente sea la forma más clara de exclusión.
De esta forma, las personas con discapacidad son propensas a sufrir los estragos
derivados de la exclusión social, que puede darse a través la negativa de la sociedad,
integradas por los agentes económicos, a dotar de oportunidades relacionadas con la
educación, trabajo, salud, vivienda, transporte y demás aspectos necesarios para el
desenvolvimiento oportuno de los individuos.
De acuerdo con Bel (2002):
La exclusión social hace especial hincapié en el carácter estructural de un proceso
que excluye a parte de la población, de las oportunidades económicas y sociales. El
problema no reside tan sólo en las disparidades entre los más favorecidos y los más
desfavorecidos de la escala social, sino también en las que existen entre quienes
tienen un lugar en la sociedad y los que están excluidos de ella. (pág. 4)
Esta apreciación aduce que la exclusión social no sólo viene dada por el espectro de
la desigualdad económica que clasifica las clases sociales al interior de la sociedad, sino que
contempla la disparidad que existe entre quien posee un lugar en el sistema, por no presentar
una discapacidad; y quien se enfrenta a un contexto desfavorable por una circunstancia
interpuesta por causas que escapan a su comprensión. De esta forma, las consecuencias de
la exclusión social están dadas por lo que se le niega a los que la padecen, siendo las
oportunidades inalcanzables su mayor consecuencia.
Tabla 6 Consecuencias de la exclusión social de las personas con discapacidad
Premisa 3: ¿Cuáles son las principales consecuencias que arraiga la exclusión social para la vida de las
personas con capacidades especiales?
- ¿Considera que el transporte público es accesible
para personas con discapacidad?
Si No
44% 56%
- ¿Considera que las personas con capacidades
especiales están debidamente identificadas por las
autoridades públicas?
Si No
32% 68%
- ¿Cuál de estos espacios públicos considera menos
accesibles?
Centros
comerciales
Oficinas
públicas Parques Otros
24% 24% 16% 36%
- ¿De qué manera su trabajo le permite aportar a su
hogar?
Medicamentos Alimentos Vestimenta Ninguna
16% 48% 8% 28%
Elaborado con base en las encuestas aplicadas. Expresados en porcentajes. Elaboración propia.
Un problema que arraiga la exclusión es la falta de accesibilidad para las personas
discapacitadas, pues este componente es primordial para que los individuos que muestran
este tipo de inconvenientes o deficiencias, sean capaces de integrarse a la sociedad de
66
manera activa. Bajo este criterio un 64% de los encuestados (Pregunta 15) supieron comentar
que las circunstancias dispuestas por el sistema económico y social en Guayaquil, les
representa una dificultad para salir de su hogar, pues estos consideran que conlleva una
gestión bastante pesada el hecho de movilizarse fuera de su vivienda para ejecutar un
determinado acto administrativo o de cualquier otra índole, como salir a la tienda a comprar.
Asimismo, se puede inferir en que el transporte público que existe en la localidad no
es del todo favorable para las personas con discapacidad, en especial de aquellas que sufren
una deficiencia física o visual, pues al parecer las unidades de buses y taxis no cuentan con
los mecanismos inherentes a la estructura vehicular para facilitar el acceso inclusivo. A su
vez, el trato ofrecido por los conductores de estos medios de transporte no es del todo
óptimo, generando recelo y, hasta cierto punto, discriminación para estas personas. Es por
esto que el 56% de los encuestados manifestó que le falta mucho al sistema de transporte
para ser adecuado para la población con discapacidad.
Fuera del esquema de transporte, otra situación que se evidencia entre el segmento
poblacional de estudio, es que existen inconvenientes al momento de intentar acceder a los
centros comerciales, y oficinas públicas, en gran medida porque dichos espacios no
consideran la implementación de elementos infraestructurales que propicien el tránsito
inclusivo de estos individuos. Esta circunstancia supone una contradicción a lo dispuesto
por la política pública estatal, que señala la obligatoriedad de la aplicación de las Normas
INEN2 en el aspecto de accesibilidad en las edificaciones públicas. Estos elementos técnicos
sirven para rediseñar los bienes inmuebles utilizados por el Estado para la prestación
servicios públicos, en aras de contribuir con el acceso e ingreso de las personas con
discapacidad y movilidad reducida.
Desde otra arista, la exclusión social puede ser explicada por la razón de que gran parte
de la población reconoce a los individuos con capacidades especiales como limitados,
refiriéndose a la imposibilidad que presentan algunos para realizar determinadas acciones
debido a su condición. Y no como miembros activos de la sociedad que gozan de los mismos
deberes y derechos que cualquier otra persona. Contexto que se vuelve una especie de tabú
y mala formación, pues no se cuenta con el conocimiento del caso para infundir una opinión
acertada. Consultándole a los sujetos que formaron parte del proceso de recolección de
datos, acerca del porqué las personas no son consecuentes con la situación que atraviesan
2 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2243. Accesibilidad de las Personas con Discapacidad y Movilidad
Reducida al Medio Físico. Vías de Circulación peatonal.
67
los discapacitados, estos supieron señalar que la falta de enseñanza al respecto de la temática
es la razón número uno para que exista escenarios d discriminación y, por ende, de exclusión.
La cultura que la gente posee acerca del tema de la discapacidad, es casi nula, de modo que
se puede aludir a la falta de campañas de sensibilización y concientización como factores
que explican este bajo nivel de entendimiento.
La discriminación concebida como “un fenómeno social que vulnera la dignidad, los
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas” (CNDH, 2012, pág. 5) se
vuelve tanto un factor como una consecuencia de la exclusión. Puesto que la mentalidad de
las personas se adapta a lo que observa, en el hipotético caso de que un niño vea a su madre,
discriminando o menospreciando a una persona con discapacidad, este niño moldeará su
actitud basado en este ejemplo, provocando una discriminación generacional, y
perennizando esta circunstancia negativa entre la sociedad. Por su parte, el excluir del
empleo, o la educación, del transporte o de los servicios de salud a una persona con
capacidades especiales, supone un escenario en el que se vea discriminado, por no poder
acceder a derechos tan elementales para su desarrollo íntegro. Bajo este esquema, los
resultados recabados por las encuestas permitieron comprender que la discriminación hacia
este grupo aún perdura en Guayaquil, pues el 68% de los individuos comentaron sentirse
discriminados hoy en día.
Otra de las consecuencias que provoca la exclusión social, puede ser el rezago
académico en los individuos con discapacidad, pues al no ser capaces de acceder a un centro
de enseñanza de manera adecuada; y no sólo por el hecho de que no pueda obtener un cupo;
sino que existen componentes como: el diseño curricular no sea especializado para instruir
a una persona ciega o con problemas auditivos; o debido a que no existen los accesos
adecuados para la movilización óptima de los individuos; se verán desmotivados de asistir
a una institución a capacitarse formalmente. Afectando su capacidad para que en un futuro
cuenten con los conocimientos pertinentes para obtener un trabajo y valerse por sí mismos.
De acuerdo a los datos recolectados, se denota que un 64% de las personas discapacitadas
encuestadas (Pregunta 9) no se encuentra estudiando en la actualidad, exhibiendo la
magnitud de la problemática. No obstante, entre los que, si estudian, se menciona que la
motivación personal es el factor que los impulsa a asistir a clases y capacitarse.
En un sentido similar, se puede hacer mención a la consecuencia de la exclusión en
torno al trabajo entre la población discapacitada, pues el no poder contar con una fuente de
sustento para coadyuvar en el hogar, puede suponer un deterioro a la calidad de vida del
individuo, llegando a incluso a repercutir en la pobreza y desigualdad del país. Este contexto
68
se dispone como una agravante para la sociedad, no sólo por el desempleo que se genera,
sino que se limita el desarrollo económico de la familia al cuidado del individuo con
capacidades especiales.
De esta forma, se aprecia que un 60% de los encuestados (Pregunta 12) se encuentra
trabajando, ya sea un empleo formal donde perciba un sueldo adecuado y cumpla su jornada
laboral establecida; o realice una ocupación que lo catalogue como empleado, como puede
ser el realizar tareas domésticas, bajo el enfoque de la economía del hogar y el trabajo no
remunerado. En cualquiera sea el caso, gran parte de las personas con discapacidad que
trabajan, contribuyen a su hogar mediante la compra de alimentos, medicamentos y
vestimenta, conscientes de que su condición, en algunos casos, implica un desembolso de
dinero importante para su cuidado.
4.4 Políticas públicas enfocadas a la inclusión social de personas con discapacidad
La inclusión social engloba al proceso mediante el cual se favorece la integración de
las personas, o un grupo de estas, en un ámbito de la sociedad. Su consecución es de vital
importancia debido a que se genera un marco de derechos entre la población, que favorezca
su desarrollo íntegro. De modo que, para lograr dicho propósito, existen diversos
mecanismos e instrumentos que abordan el contexto en el cual existe un grado de exclusión
y lo revierten, esto haciendo alusión al término de políticas públicas, que se pueden definir
como:
Un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados
necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados (…) por una
institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el
comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación
percibida como insatisfactoria o problemática (Roth, 1999:14). (Benito, 2017, pág.
81)
De esta forma, la política pública refleja el accionar del Estado ante su aproximación
a una problemática que se espera resolver o confrontar. Partiendo de los postulados que se
reconocen en la Constitución donde se identifica al gobierno como garante de los derechos
de las personas en el país, para lo cual, orientará los factores hacia la mejora social y
económica de quienes integran el sistema nacional.
En lo concerniente a las políticas diseñadas para de alguna forma favorecer la inclusión
de las personas con discapacidad, se pueden mencionar varios programas e instrumentos que
han sido impulsados por el Estado para tratar de incorporar a este grupo poblacional de
69
manera íntegra y bajo criterios de igualdad a los aspectos sociales. La Agenda Nacional para
la Igualdad de Discapacidades (2017-2021) es un documento que permite contemplar la
orientación que espera mantener la política en aras de garantizar un marco que propicie el
desarrollo íntegro de la población discapacitada. Este mecanismo contempla 12 políticas
(Ver anexo no.2) las mismas que abarcan aspectos inherentes al cumplimiento de los
derechos de estas personas, como son la salud, educación, trabajo, así como a mecanismos
como la sensibilización, participación, prevención y otros, para garantizar su inclusión en la
sociedad.
De modo que, en el ecuador varios instrumentos o procesos públicos se han impulsado
en la última década para tratar de coadyuvar con el desarrollo social de las personas inmersas
en esta condición de discapacidad. Destacando la creación de un sinnúmero de campañas
para capacitar a la población acerca de las dimensiones que engloba el concepto de
discapacidad, así como la difusión de los derechos de estos individuos.
Tabla 7 Incidencia de la política pública en la inclusión social de personas con discapacidad
Premisa 4: ¿La política pública impulsada por el Estado ecuatoriano permitió mejorar los niveles de
inclusión social de las personas con capacidades especiales?
- ¿Hace uso de alguno de los beneficios estipulados por las
leyes ecuatorianas para las personas con discapacidad
Si No
52% 48%
- ¿Ha participado en algún programa de gobierno diseñado
para personas con discapacidad?
Si No
56% 44%
- ¿Considera que en el país existen las normativas necesarias
para favorecer la inclusión social de las personas con
discapacidad?
Si No
68% 32%
- ¿Cómo le beneficia la educación en el desarrollo de sus
actividades diarias?
Socializar Motivación
personal
Mejora
habilidad Ninguna
12% 56% 24% 8%
- ¿En qué programa del gobierno usted ha participado
diseñado para personas con discapacidad?
BJGL BDH Otro Ninguno
12% 44% 8% 36%
Elaborado con base en las encuestas aplicadas. Expresados en porcentajes. Elaboración propia.
Quizás una de las políticas públicas que mayor impacto ha causado, en este sentido,
fue la creación de la denominada Misión Solidaria Manuela Espejo, que se configuraría
como un programa mediante el cual se obtendría un diagnóstico acerca de la discapacidad
en el país, pudiendo favorecer a la población en cuestión mediante la dotación de
instrumentos (prótesis, equipos de asistencia) y servicios de salud y acompañamiento. Este
contexto permitió identificar la magnitud que representa este grupo demográfico en torno a
su situación social y económica en la que se desenvuelven. Así también se destaca la
creación de la campaña “Con Pie Derecho” que era un proceso de salud, basado en el criterio
70
de detección temprana, con el cual se revelaría al momento de que un bebé nazca, si presenta
algún grado de deficiencia física, intelectual o sensorial.
Se pueden seguir mencionando una infinidad de políticas o medidas que fueron
adoptadas por el sector público, en su conjunto, para contribuir con la protección y atención
de las personas con discapacidad. Sin embargo, para propósitos del análisis se hará hincapié
en lo que se relaciona a la política de protección y seguridad social, que entre otras cosas
considera la utilización de las transferencias monetarias condicionadas como el Bono de
Desarrollo Humano (BDH) y el Bono Joaquín Gallegos Lara (BJGL) como principales
instrumentos para esta finalidad. Por tanto, para contrastar los resultados recabados mediante
la investigación de campo se hará una revisión al respecto de la cobertura que poseen estos
instrumentos a nivel nacional y cantonal, y de manera particular sobre la muestra estimada
para el estudio.
Para inferir sobre esta circunstancia hay que recalcar que, entre las personas con
discapacidad encuestadas, un 48% señaló de que no utiliza alguno de los beneficios que se
contemplan en las diversas normativas y programas diseñados por el gobierno para favorecer
la calidad de vida de las personas (Pregunta 20). Sin embargo, un 56% de los individuos
afirmaron haber participado en algún programa de gobierno, que se expresa
mayoritariamente en el BDH o el BJGL. Este contexto permite evidenciar que la ayuda
gubernamental no mantiene una cobertura total en el área demarcada para este estudio, lo
cual se adapta a lo presentado por las cifras de beneficiarios a nivel global y en Guayaquil,
tal como se muestra en la tabla a continuación.
Tabla 8 Cobertura de los programas de protección social del gobierno. Noviembre del 2018.
Indicador Nacional Guayaquil Estudio
Población discapacitada (Personas) 453.956 73.264 380
Beneficiarios del BJGL (Personas) 29.531 3.145 46
Proporción beneficiarios del BJGL (Porcentajes) 6,51% 4,29% 12%
Beneficiarios del BDH (discapacitados) (Personas) 111.033 16.827 167
Proporción beneficiarios del BDH (Porcentajes) 24,46% 22,97% 44%
Adaptado del (CONADIS, 2018), (RIPS, 2017). Expresado en número de personas y porcentajes. Elaboración
propia.
La tabla no. 8 muestra la cantidad de personas con capacidades especiales en el
Ecuador que forman parte de las estadísticas del CONADIS, así como la cifra para el cantón
Guayaquil. Asimismo, se identifica la cantidad de beneficiarios del BJGL y del BDH a los
mismos niveles de desconcentración. En lo que respecta a la incidencia del BJGL se exhibe
que a noviembre del 2018 existían 29.531 personas con discapacidad a nivel que eran
71
perceptores de la transferencia mensual que otorga al gobierno de manera directa al
individuo con deficiencia, o a su cuidador, lo que representó un 6,51% de la distribución.
Por su parte, a nivel de Guayaquil, existieron 3.145 individuos representando una
participación del 4,29% del total. Este resultado contrasta con lo recabado al aplicar la
encuesta, pues se aprecia que el 12% de la muestra estimada señaló ser objeto de esta ayuda
estatal, agrupando a 46 personas de las 380 que englobaba el estudio cualitativo.
En lo que respecta al BDH, este instrumento posee la cualidad de que es otorgado a
personas con discapacidad que se encuentren bajo el umbral de la pobreza, condición que lo
lleva a ser seleccionado como beneficiario de la transferencia mensual de US$ 50,00. De
modo que, se aprecia que un 24,46% de la población discapacitada en el país es beneficiaria
del BDH, lo que correspondió a una cantidad de 111.033 personas a lo largo del territorio.
Esto refleja que cerca de 1 de cada 4 individuos con capacidades especiales es pobre, ya sea
por cuestiones inherentes a que su condición lo ha catapultado a este escenario, o nació en
un ambiente de pobreza. A nivel del cantón, el resultado es similar, pues se muestra que el
22,97% del total de personas con discapacidad en Guayaquil son objeto de la prestación
económica contemplada por el BDH, lo que equivalió a 16.827, según las cifras del Registro
Interconectado de Programas Sociales (RIPS).
Los datos recabados permitieron conocer que un 44% de los encuestados dijeron ser
beneficiarios del BDH, lo que se adapta a la consideración de que se eligieron
principalmente hogares de zonas y sectores urbanos de amplia concentración demográfica,
donde generalmente la pobreza es un fenómeno de elevada incidencia. Esta cuestión permite
comprender que los programas públicos, diseñados para contribuir con el segmento de la
población que presente algún tipo de discapacidad, han sido de principal aporte a las familias
cuyos recursos económicos no son suficientes, debido al gasto que implica el cuidado y
atención de un individuo con capacidades especiales.
No obstante, cabe la siguiente aclaración al respecto del 44% de los hogares que
conformaron la muestra en este estudio, que no son beneficiarios del BDH o el BJGL. Puesto
que no significa que necesariamente cuenten con la capacidad financiera para vivir
tranquilos sin riesgo de caer en una circunstancia de pobreza, sino que puede ligarse a la
situación de que el Estado no ha actualizado la base del registro de beneficiarios, o que no
existe la predisposición de los cuidadores o personas con discapacidad, para iniciar la gestión
y trámites para aplicar para estos programas.
Sin embargo, no hay que desconocer la importancia que poseen estos instrumentos
para contribuir con el hogar de un discapacitado, debido a que la carga económica que
72
conlleva su condición puede ser un detonante para otros problemas ligados a la pobreza y la
desigualdad. Partiendo de uno de los objetivos de la transferencia monetaria condicionada
(BDH), que es motivar la inserción escolar de las personas discapacitadas que son
beneficiarias, se puede denotar que esta noción mejora la inclusión social de dicho segmento
poblacional, al menos en el ámbito educativo.
Desde una aproximación distinta, y más centrada en el espectro laboral en el que se
inmergen las personas con discapacidad, se resalta el papel que ha mantenido la Ley
Orgánica de Discapacidades como documento que establece el marco legislativo para
orientar los lineamientos y parámetros de la política gubernamental, destacando el artículo
47 de la Ley, que estipula que la persona natural o jurídica que cuente con un número de
empleados de 25 o más, se encuentra en la obligación de incorporar a personas
discapacitadas hasta alcanzar al menos el 4% de su nómina en representación relativa. Lo
que, en teoría, debería favorecer la inclusión laboral de estos individuos, pero que contrasta
con lo recabado en la encuesta aplicada, pues se obtuvo que el 4 de cada 10 (Pregunta 12)
personas con discapacidad en edad de trabajar en Guayaquil no acceden a este derecho, si
bien pueden existir muchas razones para que se genere esta condición, es importante
mencionar el hecho de que esto puede causarse por la discriminación que existe para estas
personas, pues el 84% (Pregunta 7) sostuvieron de que en alguna etapa de su vida han sido
objeto de este mal trato.
Con lo expuesto en este apartado, se puede inferir en que las políticas públicas no han
sido tan efectivas en el sentido de lograr favorecer la inclusión social de las personas con
discapacidad en los distintos ámbitos de la sociedad guayaquileña. Evidenciando
inconvenientes en la accesibilidad en la infraestructura pública, así como en el transporte y
la interacción social, plasmando un elevado nivel de discriminación persistente.
73
Conclusiones
Según las estadísticas del CONADIS en el Ecuador, al mes de diciembre del 2018,
existen 451.931 individuos con discapacidad registrados, de los cuales un 47% presenta
complicaciones físicas; un 22% intelectuales; 14% auditivas; 12% visuales; y un 5%
psicosociales. En lo que respecta al grado de discapacidad, un 45% presenta con una
condición de gravedad del 30-49%; un 35% del 50-74%; un 14% del 75-84%; y el restante
6% del 85-100%. En términos comparativos con la población nacional, se tiene que la
discapacidad alude al 2,66% de los ecuatorianos.
Los factores que inciden en la inclusión social de personas con capacidades especiales
se encuentran ligados con varios aspectos, uno de estos es la accesibilidad, referida como
la capacidad de las personas para acceder a utilización de servicios elementales como el
transporte, educativos o sanitarios, que les permite interactuar con el resto de personas. A
su vez, el ser capaces de insertar a dichos individuos al mercado laboral, es determinante
para la consecución del cumplimiento de sus derechos, así como para otorgarles las
capacidades para ser miembros activos de la sociedad.
Entre los efectos que genera la exclusión social de las personas con discapacidad se
tiene a la discriminación, como una cualidad de la sociedad que expresa cierto grado de
rechazo hacia las personas por marcadas diferencias de tipo socioeconómico, salud, razas,
etc. Esta segregación afecta el aspecto psicoemocional de los individuos y les deniega
toda posibilidad de ser incluidos de manera oportuna en los diversos ámbitos sociales y
económicos del país. A su vez, esta circunstancia repercute sobre la capacidad de este
grupo de personas para ejercer un trabajo, del cual puedan subsistir o contribuir en su
hogar; o bien no les permite acceder a un centro de enseñanza regular, en el cual puedan
capacitarse y desarrollar sus conocimientos.
De acuerdo con los resultados obtenidos mediante la encuesta efectuada, se denota que
los instrumentos y mecanismos dispuestos por el Estado ecuatoriano para favorecer la
inclusión social de las personas con discapacidad, no son utilizados por la totalidad de los
individuos que conformaron la población objetivo. Cerca de la mitad es beneficiaria de
programas como el BDH o el Bono Joaquín Gallegos Lara, lo que sirve para contribuir
con recursos económicos en el cuidado de su condición.
Los objetivos de la investigación se cumplieron a cabalidad luego de efectuado el
método científico y la encuesta a las personas con capacidades especiales en Guayaquil,
permitiendo comprender la incidencia de esta condición en la población local y nacional,
74
así como los factores que repercuten en la inclusión y exclusión social, respectivamente.
Asimismo, se pudo conocer la eficiencia de las políticas públicas en torno a la mejora de
la situación socioeconómica de este grupo poblacional, las mismas que buscan coadyuvar
con la calidad de vida tanto de la persona con deficiencia física, sensorial o intelectual,
así como para su familia o representante encargada de su cuidado.
Una de las circunstancias encontradas a través de esta investigación es la
concerniente a la accesibilidad de los espacios públicos para las personas con
discapacidad, logrando conocer que no todas las instituciones gubernamentales cuentan
con espacios que favorezcan la movilidad de estos individuos, pese a que la ley establece
la obligatoriedad de incorporar estos elementos en las infraestructuras estatales. Por tanto,
se vuelve necesario identificar qué lugares son los que presentan estas características, y
en lo posible modificar este contexto, en aras de permitir la mayor participación de estas
personas en el acontecer social y económico del cantón.
75
Recomendaciones
Se recomienda a la comunidad científica el incursionar en la elaboración de estudios
que permitan esclarecer las circunstancias a las que se enfrenta el grupo poblacional de
personas con discapacidad en el Ecuador, que pueden atentar contra su inclusión social.
Se recomienda a los individuos con capacidades especiales, o sus familiares, el
denunciar ante la autoridad pública los casos de discriminación que puedan sufrir por
parte de otras personas del medio social. Así también, señalar en que empresas del
gobierno aún no existen las condiciones de infraestructura que permitan la accesibilidad
de estas personas a un servicio determinado.
Se recomienda al Ministerio de Educación iniciar campañas de difusión y
concientización en escuelas y colegios para abordar la explicación de la discapacidad no
como una limitante en las personas que la presenten, sino como una condición que
necesita ser atendida de manera íntegra sin desconocer o distinguir a los individuos.
Generando mayor entendimiento y conocimiento acerca de las dimensiones de esta
situación.
Se recomienda al Ministerio de Inclusión Económica y Social el crear campañas de
difusión dirigidas a las personas con discapacidad o a sus familiares/cuidadores, al
respecto de los derechos, beneficios y mecanismos que existen para su mejora social.
Exponiendo los métodos para hacer uso efectivo de estos instrumentos, en aras de que
sean capaces de acceder de manera eficiente a los mismos.
Se recomienda a la Agencia Nacional de Tránsito iniciar con la identificación y
registro de las unidades vehiculares, que conforman el sistema de transporte público, para
determinar cuántas no son de fácil acceso para las personas con discapacidad, con la
intención de alterar dicha circunstancia que limita la capacidad de movilización de estos
individuos.
76
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80
Anexos
Anexo 1 formato de encuesta
Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Económicas
Encuesta dirigida a los representantes de personas con discapacidad de la ciudad
de Guayaquil.
Tema: El impacto de la inclusión social y su aporte económico de las personas con
capacidades especiales en la ciudad de Guayaquil
Responsable: Viviana Abigail
Objetivo: Medir el impacto de la inclusión social de las personas con capacidades
especiales en Guayaquil.
Información general:
Edad: _______ Sexo: ______ Estado civil: _____________
a. Nivel de estudios que posee:
Primario_____ Secundario__ Universitario___
Otros: ¿Cuál? __________
b. Sector de la ciudad donde habita
Suburbio____ Centro______ Norte______
Barrio marginal_____ Otro_____
Información específica:
c. ¿Considera usted que posee algún grado de discapacidad?
Si_____ No____
d. Qué tipo de discapacidad presenta el individuo:
Física ___ Intelectual___ Auditiva____
Visual___ Visceral____
e. ¿Qué grado de discapacidad presenta?
0-4%_____ 5-24%____ 25-49%_____
50-95%_____ 95-100%_____
f. Causa de la discapacidad:
Nacimiento o congénita____ Accidente_____ Enfermedad_____ Otra_____
81
Preguntas de indagación:
1. ¿Considera que las personas con discapacidad deben ser incluidas de manera eficiente en
todos los ámbitos de la sociedad?
Si____ No____
2. ¿Considera usted que las personas con discapacidad pueden ejercer cualquier actividad?
Si____ No____
3. ¿Ha sido objeto de algún tipo de discriminación en algún momento de su vida? ¿Con qué
frecuencia?
Si______ No_____
3.1 ¿Con que frecuencia?
Nunca___ Rara vez___ Frecuentemente___ Siempre___ No responde____
4. Se encuentra asistiendo a clases:
Si_____ No____
4.1 ¿Qué nivel?
Primario_____ Secundario____ Superior_____ Otro______
5. Si estudia ¿Cómo le beneficia el nivel de educación en el desarrollo de sus actividades
diarias?
Mejorar habilidades_____ Motivación personal______ Socializar______ Otro_____
6. Se encuentra trabajando?
Si_____ No____
6.1 ¿En qué?
Comercio____ Servicios______Agricultura y actividades primarias_____ Otra________
7. Si trabaja. ¿De qué manera su trabajo le permite aportar a su hogar?
Alimentos_____ Medicamentos____ Vestimenta______
Pagar médicos_____ Otra_______
8. ¿Considera que en el país existen las normativas necesarias para favorecer la inclusión social
de las personas con discapacidad?
Si____ No____
9. ¿Encuentra usted dificultades para movilizarse fuera de su hogar?
Si____ No____ Tal vez_____
82
10. Considera que el transporte público es accesible para personas con discapacidad?
Si____ No____
11. Cual de estos espacios públicos considera menos accesibles?
Escuelas___ Hospitales___ Oficinas públicas___ Centros comerciales____
Parques ___ Otro___
12. Desde su apreciación, las personas con discapacidad son vistas como:
Limitados____ Necesarios_____
13. Hace uso de alguno de los beneficios estipulados por las leyes ecuatorianas para las personas
con discapacidad?
Si_____ No_____
13.1 ¿Con que frecuencia lo utiliza?
Nunca____ Rara vez____ Frecuentemente___ Siempre___
14. ¿Ha participado en algún programa de gobierno diseñado para personas con discapacidad?
Si___ No___
14.1 Si respondió si a la pregunta anterior: ¿Cuál programa?
Bono Joaquín Gallegos Lara___ Bono de Desarrollo Humano____ Otro_____
15. ¿Cuáles son las razones por las que la sociedad los discrimina?
No entendimiento de la condición____ Tabús___ Opinión mal formada____
falta de enseñanza en las escuelas y colegios____ Otro_______
16. ¿Considera que las personas con capacidades especiales están debidamente identificadas por
las autoridades públicas?
Si____ No____
83
Anexo 2 Políticas para la igualdad en discapacidades
Categoría Medidas impulsadas
Política 1
Sensibilización
Promover el reconocimiento de los
derechos de las personas con
discapacidad, el respeto a su dignidad
y la debida valoración
Campañas de difusión: Arte y discapacidad;
cuentos infantiles; videos de historias de
vida; vallas publicitarias; cuñas radiales.
Política 2
Participación
Fomentar el ejercicio de los derechos
sociales, civiles y políticos, y de las
libertades fundamentales de las
personas con discapacidad
"Escuela de Líderes y Lideresas para la
Participación Política de Personas con
Discapacidad"; Campaña "Tienen Derecho a
Votar"; módulo de capacitación "Control
Social".
Política 3
Prevención
Contribuir a la prevención de
discapacidades, así como al
diagnóstico precoz y atención
temprana
Misión Solidaria Manuela Espejo; programa
"Con Pie Derecho".
Política 4 Salud
Garantizar a las personas con
discapacidad ejercer su derecho a la
salud
Equipos de calificación de discapacidad del
Ministerio de Salud; Registro Nacional de
Discapacidades; Misión Manuela Espejo;
entrega de equipos (audífonos, prótesis);
Manual para la Atención Integral en Salud
Sexual y Reproductiva para Personas con
Discapacidad
Política 5
Educación
Garantizar a las personas con
discapacidad una educación inclusiva
de calidad y con calidez, así como
oportunidades de aprendizaje a lo
largo de la vida
Entrega de computadoras tiflotecnologías;
creación de los Manuales de Criterios de
Evaluación, Estrategias Pedagógicas y
Adaptaciones Generales; programa "Aulas
Hospitalarias"; creación de Unidades de
Apoyo a la Inclusión (UDAI); validación de
los Modelos de Educación Especializada y
el Modelo de Educación Bilingüe Bicultural
para Personas Sordas; Evaluaciones para la
Educación Superior alternativas y
adaptativas;
Política 6
Trabajo
Salvaguardar y promover el derecho
al trabajo de las personas con
discapacidad, sin discriminación y en
igualdad de condiciones que los
demás
Ley Orgánica de Discapacidades
obligatoriedad de contratación de al menos
el 4% de personas con discapacidad;
fomento al emprendimiento productivo
(créditos preferentes); campañas de
asistencia técnica, acompañamiento y
asesoría para autoempleo y empoderamiento
económico.
84
Política 7
Accesibilidad
Asegurar el acceso de las personas
con discapacidad al medio físico, a la
comunicación y a la información
Creación de los Comités Técnicos INEN;
Normativa Técnica Ecuatoriana de
Accesibilidad al Medio Físico y al Entorno
Construido; obligatoriedad de la aplicación
de las normas INEN en toda edificación
pública; sitios de parqueo para personas con
discapacidad; capacitación a los conductores
de transporte público para mejorar la
atención de usuarios con discapacidad;
construcción de vivienda Misión Manuela
Espejo y Proyecto Juntos Por Ti;
Certificación de Competencias Laborales
para Intérpretes de Lengua de Señas
Ecuatoriana
Política 8
Turismo, cultura,
arte, deportes y
recreación
Garantizar a las personas con
discapacidad el acceso y disfrute del
turismo, de la cultura, del arte, del
deporte y de la recreación
Elaboración de la Guía de Turismo
Accesible; proyecto de capacitación "Por un
Turismo para Todos"; creación del Registro
Nacional de Artistas con Discapacidad
(RNAD); fortalecimiento de las
Federaciones Deportivas de Personas con
Discapacidad Física, Visual, Auditiva e
Intelectual; ejecución de la Carrera Inclusiva
5k.
Política 9
Protección y
seguridad social
Garantizar a las personas con
discapacidad el acceso a la protección
y seguridad social
Atención de las personas con discapacidad
en los programas de protección social;
transferencias económicas del BDH y el
Bono Joaquín Gallegos Lara; capacitación a
los cuidadores de los beneficiarios del
Gallegos Lara.
Política 10
Legislación y
justicia
Garantizar a las personas con
discapacidad el acceso efectivo a la
justicia, sin discriminación y en
igualdad de condiciones que las
demás
Aplicación de la Normativa Técnica
Ecuatoriana INEN de Accesibilidad al
Medio Físico en las unidades judiciales a
nivel nacional; capacitación de operadores
de justicia en el "Manual de Atención de
Derechos de Personas con Discapacidad en
la Función Judicial"; desarrollo de las
"Rutas y Protocolos para la Protección de
Derechos para Personas con Discapacidad".
Política 11 Vida
libre de violencia
Prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra personas con
discapacidad, sus familiares y
cuidadores
Capacitación de personas con
discapacidades para la difusión de derechos
y medidas de acción afirmativa; elaboración
de formatos accesibles para la difusión de
las normas jurídicas.
Política 12
Enfoque de
discapacidades
en la política
pública
Promover, garantizar y desarrollar la
institucionalidad y políticas públicas
con equidad para personas con
discapacidad
Implementación del Clasificador Orientador
del Gasto; no se ha logrado un mayor
cambio en este sentido
Adaptado de Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Elaboración propia.