UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS...
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UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CARRERA DE DERECHO TESIS PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: ABOGADA DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA TEMA: LA EXHIBICION DE LOS DETENIDOS ANTE LA PRENSA VIOLA DERECHOS CONSTITUCIONALES AUTOR: TEC. ANYA VERONICA AYALA ALBAN TUTOR: AB. NELSON CAMPBELL SUAREZ. Msc AÑO 2014
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UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
CARRERA DE DERECHO
TESIS PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:
ABOGADA DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA
TEMA:
LA EXHIBICION DE LOS DETENIDOS ANTE LA PRENSA VIOLA
DERECHOS CONSTITUCIONALES
AUTOR:
TEC. ANYA VERONICA AYALA ALBAN
TUTOR:
AB. NELSON CAMPBELL SUAREZ. Msc
AÑO
2014
II
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR
Ab. Nelson Campbell Suárez, en calidad de tutor de tesis, designado por
disposición de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, certifico que la
Srta. Anya Verónica Ayala Albán, ha culminado con su trabajo investigativo
previo a la obtención del título de abogado con el tema:
LA EXHIBICION DE LOS DETENIDOS ANTE LA PRENSA VIOLA
DERECHOS CONSTITUCIONALES.
Quien ha cumplido con todos los requerimientos exigidos por lo que se aprueba
el mismo.
Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, facultando al interesado la
sustentación para la evaluación por parte del jurado respectivo.
Babahoyo, 17 Septiembre del 2014.
Atentamente,
Ab. Nelson Campbell Suárez.
TUTOR DE TESIS
III
DECLARACIÓN DE AUTORÍA.
Anya Verónica Ayala Albán, por mis propios derechos legales declaro que el
presente trabajo investigativo, el mismo que se refiere a ―LA EXHIBICION DE
LOS DETENIDOS ANTE LA PRENSA VIOLA DERECHOS
CONSTITUCIONALES‖, ha sido realizado bajo mi responsabilidad y tomando
las medidas necesarias para que los temas investigados, ideas,
recomendaciones, etc., sean de mi autoría.
Anya Verónica Ayala Albán.
IV
DEDICATORIA
Mi tesis va dedicada de manera especial a mis Padres, mi hijo y mi hermana:
A mis padres por su confianza, por su apoyo, por su lucha constante para que
yo salga a adelante.
A mi hijo para que sea ejemplo de vida y de superación, ya que no hay
obstáculo en el mundo que se pueda vencer.
A mi hermana, por no haberme abandonado nunca y estar siempre ahí en el
momento justo y en el tiempo perfecto; todo mi esfuerzo y mi trabajo es
dedicado a ustedes.
Anya Verónica Ayala Albán
V
AGRADECIMIENTO
El agradecimiento es un valor que a medida que nuestros días pasan debe irse
convirtiendo en un estilo de vida, en esta ocasión el llegar al final de mi carrera
me lleva a agradecer a varias personas que han colaborado de una u otra
manera para el cumplimiento de mi meta.
En lo primordial agradezco a Dios, guiador y luz de mi camino, que me ha
permitido superar obstáculos para continuar bajo cualquier circunstancia
presentada.
A mis padres, apoyo fundamental de mi vida, con quienes comparto penas y
alegrías y a quienes les debo no solo la vida, sino también la mujer, el ser
humano que soy gracias a ellos.
A mi compañera diaria, mi querida hermana Lorena, que sin dudarlo ha
acompañado mis locuras mis, caídas y mis levantadas, quien ha tolerado mi
genio y con quien compartí las aulas hasta llegar juntas al culmino de nuestra
carrera.
A mi pequeño gran hijo, por tolerar mi ausencia; la misma que pronto será
recompensada con los frutos que cosechemos juntos.
A mis maestros de mí querida Universidad por haberme brindado los
conocimientos necesarios para poder desarrollar la tesis.
Anya Ayala Albán
VI
INDICE
PORTADA I
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR II
DECLARACIÓN DE AUTORÍA III
DEDICATORIA IV
AGRADECIMIENTO V
INDICE VI-VII
RESUMEN EJECUTIVO VIII-IX
INTRODUCCIÓN 1
CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 6
1.1. Análisis histórico de la actividad de la prensa frente a la
presunción de inocencia 6
Libertad de prensa 6
Presunción de Inocencia 7
Significado de Presunción de Inocencia 11
El derecho a la información y sus límites 13
Los usos periodísticos 14
1.2. Derechos constitucionales a la intimidad, privacidad y la imagen 16
La intimidad 17
La vida privada y el derecho a la privacidad 19
Derecho a la privacidad y al honor 21
Derecho a la integridad personal 22
Diferencia entre privacidad e intimidad 22
Garantismo, detención y políticas públicas 23
El ser presentado a la prensa en la perspectiva garantista 26
El ser presentado a la prensa en la perspectiva del periodismo
Penal 27
1.3. Devaluación de las garantías procesales 35
1.4. Conclusiones parciales del capítulo 38
CAPITULO II. MARCO METODOLÓGICO Y PLANTEAMIENTO
DE LA PROPUESTA 40
2.1. Caracterización de la investigación 40
2.2. Descripción del proceso metodológico : 40
Población y muestra 41
VII
Metodología 42
Procesamiento de datos 43
Tabulación 44
2.3. Planteamiento de la Propuesta 51
2.4. Conclusiones parciales del capítulo. 53
CAPÍTULO III. VALIDACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE
RESULTADOS DE SU APLICACIÓN 54
3.1. Procedimiento de aplicación de resultados 54
3.2. Análisis de los resultados finales de la investigación 55
3.3. Conclusiones parciales del capítulo 57
CONCLUSIONES GENERALES…………………………………………………… 57
RECOMENDACIONES GENERALES……………………………………………… 58
BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………….…59
ANEXOS
VIII
RESUMEN EJECUTIVO
Desde hace varias décadas, la información de sucesos ha adquirido una
relevancia de primer orden en la prensa, y con ello, un papel destacado en el
debate público, lo que evidencia la necesidad de reflexionar con mayor
intensidad sobre el trabajo que realizan los periodistas y las periodistas, y cómo
sus notas contribuyen a formar los imaginarios sociales del mundo del delito y
la impartición de justicia.
Muchas veces los medios de comunicación, principalmente en la ―nota roja‖, en
su legítimo afán de informar, amplían la dimensión y gravedad del conflicto
llegando a lesionar la presunción de inocencia de una persona, así como a
ejercer una decisiva influencia sobre el mundo del delito ante un conglomerado
social que se conmueve al leer o escuchar notas informativas sobre la
culpabilidad de un imputado.
En los tiempos actuales es frecuente que miembros del Ejército o la policía,
luego de la captura de un sujeto, faciliten a las fuentes periodísticas y
televisivas condiciones propicias para captar imágenes y hacer interrogatorios
públicos sin reparar que miles de personas, se forman una opinión que señala
una culpabilidad sin el debido cuidado de respetar las garantías personales y
jurídicas del indiciado. Frente al impacto en la opinión pública, la prioridad
informativa centra su atención, como caja de resonancia, en el sentir social del
crimen.
Las demandas informativas no pueden devaluar los derechos fundamentales,
ni crear juicios paralelos. Encontrar un equilibrio entre la información y las
garantías procesales continúa siendo un reto pendiente en la actividad
periodística.
IX
ABSTRACT
For decades, information has got high importance on press, and thus a
prominent role in public debate, demonstrating the need to analyze the work
done by journalists, and how their reports contribute to creating a social
perception in the world of crime and the administration of justice.
Many times the media, especially in the "red notice" in its legitimate right to
inform, expand the scale and seriousness of the conflict coming to injure the
presumption of innocence of a person as well as to have a high influence on the
world crime, in front of a social group that is affected when reading or hearing
information about the guiltiness of a defendant.
Nowadays, members of the army or the police after they get the delinquent,
usually facilitate journalists the information, pictures or interviews without being
conscious that many people make particular idea of the situation, which does
not respect the personal and legal guarantees of the accused. In front the
impact on public opinion, the information sources focuses their attention on the
social perception of the crime.
Informative demands cannot devaluate fundamental rights or create parallel
judgments. Finding up the balance between information and due process
remains a pending challenge in journalism.
1
INTRODUCCIÓN.
La Constitución declara en su artículo primero ―El Ecuador es un Estado
Constitucional de Derechos‖. La pregunta salta de inmediato, ¿por qué se
incluye tal definición en el artículo sobre la naturaleza del Estado, dejando de
lado la definición de 1998 del ―Estado de derecho‖? Parecería que se intenta
superar la noción del Estado de Derecho, que tiene la connotación de que la
sociedad se rige por el derecho vigente. La nueva definición coloca
directamente lo ―constitucional‖ como centro del acuerdo jurídico político de la
sociedad y única inmediatamente ―de derechos‖, en plural que supone que el
Estado es garante de ellos. En suma, se trata de dar más fuerza a la relación
entre sociedad y Estado y a la vez profundizar la vigencia y garantía de
derechos.
El derecho al buen nombre es esencialmente un derecho de valor porque se
construye por el merecimiento de la aceptación social, esto es, gira alrededor
de la conducta que observe la persona en su desempeño dentro de la
sociedad. La persona es juzgada por la sociedad que la rodea, la cual evalúa
su comportamiento y sus actuaciones de acuerdo con unos patrones de
admisión de conductas en el medio social y al calificar aquellos reconoce su
proceder honesto y correcto. Por lo tanto, no es posible reclamar la protección
al buen nombre cuando el comportamiento de la persona no le permite a los
asociados considerarla como digna o acreedora de un buen concepto o
estimación.
La tutela de la persona humana se refiere a todo lo que el sujeto tiene y a todo
lo que el sujeto es. El hombre y la mujer cuentan con un conjunto de atributos
de la personalidad, cuya privación ocasionaría el desmedro de la misma. Los
derechos personalísimos, también llamados derechos de la personalidad,
corresponden a toda persona por su condición de tal, desde antes de su
nacimiento y hasta después de su muerte, y de los que no puede ser privada
por la acción del Estado ni de los particulares. Estos derechos personalísimos
protegen como bien jurídico a los presupuestos o atributos de la personalidad
del hombre como tal: la vida, la salud, la integridad psicofísica, la libertad, la
privacidad de los seres humanos. En un orden jerárquico de derechos, el valor
vida está antes que los otros valores que emanan del hombre. De la misma
2
manera se hallan protegidos el derecho a la salud y la integridad física, que se
encuentran subsumidos en el derecho a la vida.
El Derecho a la intimidad, se funda en una concepción humanista, que procura
aportar elementos de razonabilidad en la inevitable tensión individuo-
comunidad.
Como se dice de los tratados que he investigado para el trabajo que estoy
aplicando, de la naturaleza misma del hombre deriva su sociabilidad, pero
también de ella emana el derecho a una esfera personal inalienable y a un
ámbito familiar íntimo no susceptible de ser invadido por los demás y mucho
menos de someterse al escrutinio público.
La persona no puede estar sujeta de modo permanente a la observación y a la
injerencia de sus congéneres, inclusive tiene derecho a reclamar de sus
propios familiares aun de los más allegados, el respeto a la soledad en ciertos
momentos, la inviolabilidad de sus documentos personales y de su
correspondencia, así como la mínima consideración respecto de los problemas
y circunstancias que desee mantener en reserva; con mucha razón Molinero
César dice: ¨ La injerencia de cualquier persona en la vida privada familiar debe
ser considerada como un allanamiento de morada¨, de tal modo que el principio
del respeto a la intimidad está situado en el corazón mismo de una auténtica
democracia.
La situación problemática surge ya que la exhibición y presentación de los
detenidos ante los medios de comunicaciones constituyen una práctica que
debe ser corregida en el sistema penal, fundamentalmente porque; viola
DERECHOS Y GARANTIAS; es deber del agente aprehensor entregar
inmediatamente ante un juez, quien es la autoridad judicial competente; a la
persona detenida, tal como lo establece la Convención Interamericana de
Derechos Humanos; en segundo plano y no menos importante esta
problemática genera la dificultad que conlleva a la defensa en su trabajo, ya
que rotula como ―delincuente‖ a una persona que aún no ha sido legalmente
declarada culpable, he aquí el escogitamiento de este tema a fin de encontrar
una pronta solución al problema planteado.
3
Generando un problema científico al preguntarse ¿Cómo influye la
presentación de los detenidos ante la prensa, en la conservación de sus
derechos constitucionales como el del Buen Nombre y la presunción de
inocencia?
La presente investigación tiene su objeto de estudio en la Constitución de
República del Ecuador; y convenios internacionales de derechos humanos,
normas penales cuyo campo de acción será la sociedad y la administración de
justicia como ente regulador del derecho.
Este trabajo investigativo maneja la línea investigativa de la protección de
derechos y garantías constitucionales, toda vez que se enmarca
fundamentalmente en la protección de derechos consagrados en la Norma
Suprema así como en la normativa internacional en relación a la Convención
interamericana de Derechos Humanos.
Su objetivo general será analizar el cumplimiento de las garantías del debido
proceso y la presunción de inocencia de los detenidos exhibidos ante la prensa
cuando no existe juicio previo.
Específicamente:
Aplicar las normas constitucionales del debido proceso y
derecho a la legítima defensa al momento de la detención.
Corregir las prácticas de aprehendimiento, presentación y
publicación de personas por la policía en el sistema penal.
Mejorar la visión social y percepción de inseguridad por parte
de la ciudadanía a través de la aplicación adecuada de la
justicia.
La hipótesis planteada es regulación de los medios de comunicación en
cuanto a una verdadera concepción de la ―libertad de expresión‖; en relación a
que la constitución garantiza en sus Arts. 16, 17, 18 premisas fundamentales
sobre libertad de expresión; sin embargo amparándose en estas; se violan
derechos fundamentales como el buen nombre y la presunción de inocencia al
que gozamos todos y todas los ciudadanos del estado ecuatoriano.
4
De aquí que justifico la presente investigación haciendo un recuento histórico,
ya que en los tiempos actuales son innumerables las condenas, solicitud de
pena de muerte, cadena perpetua y de sentencias en las calles que piden
muerte en el acto -hipotéticamente hablando-; es que a diario gritamos:
¡crucifíquenlo! y con ello revivimos la condena a Jesucristo.
La opinión pública, en muchas ocasiones, logra influenciar al Estado, en
especial a las autoridades judiciales y, por supuesto, a la sociedad en general.
Lo cierto es que siempre emite juicios, acusaciones, y trata, inclusive, de
demostrar culpabilidad violando con ello el derecho de la Presunción de
Inocencia.
Este hecho podemos verlo a diario, principalmente en los procesos penales,
donde muchos imputados, cuya culpabilidad todavía no está definida por un
tribunal, son sentenciados en un ―juicio previo‖ por los grandes usurpadores del
aparato judicial, jueces y fiscales de todos los casos públicos: los medios de
comunicación.
Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará la metodología
científica; y se podrán adoptar las modalidades cualitativa y cuantitativa, en
dependencia del problema y de la base científica que le sustenta.
La tesis se desarrollará con la siguiente estructura:
CAPITULO I
MARCO TEORICO
CAPITULO II
MARCO METODOLOGICO Y PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA
CAPITULO III
VALIDACION Y/O EVALUACION DE RESULTADOS
CONCLUSIONES GENERALES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS
5
Una vez que se desarrolle la presente investigación se consolidará un
fundamentado aporte teórico logrando reprimir la exhibición de detenidos ante
la prensa sin que haya existido juicio previo con el que se demuestre su
culpabilidad, con una significación práctica en el campo jurídico, ya que al no
poner en evidencia pública al sospechoso o presunto autor de un delito, esta
persona que en algunos casos suele ser inocente puede volver a la sociedad
sin que haya quedado estigmatizado o señalado como un delincuente sin serlo;
garantizando el derecho constitucional al buen nombre y presunción de
inocencia.
6
CAPITULO I. MARCO TEORICO
1.1. ANALISIS HISTORICO DE LA ACTIVIDAD DE LA PRENSA
FRENTE A LA PRESUNCION DE INOCENCIA. Desde el surgimiento de las primeras civilizaciones humanas, las sociedades
han sido influenciadas por la opinión pública. Muestra de ello, eran las
condenas que recibían los esclavos y gladiadores en las arenas romanas, pues
la decisión de si los perdedores debían morir o vivir era influenciada a través de
las aclamaciones que hacían los espectadores de dichos eventos.
1.1.1. La Libertad de Prensa
No cabe duda que dentro de un Estado Constitucional de Derecho la libertad
de prensa juega un rol trascendental. Prensa libre, en la república; libertad que
debe ser defendida con toda firmeza y siempre, porque allí precisamente se
sostiene la democracia, si no la más perfecta, al menos de las conocidas, la
mejor forma de gobernar y convivir. ―Yo prefiero una procelosa libertad a una
esclavitud tranquila‖, recuerda la famosa arenga al pueblo romano.-La libertad
de expresión conlleva necesariamente el derecho a recibir información y de esa
forma conocer las opiniones ajenas. De allí en más, sobrevendrán los
comentarios, las críticas, las apreciaciones personales o grupales; sin
limitaciones, en este maravilloso juego de las libertades individuales. Porque
justamente, como dice Rosa Luxemburg: ―la libertad de opinión es siempre la
libertad de aquél que no piensa como nosotros‖.
La lucha por la libertad de expresión u opinión es tan vieja como viejo son las
diferentes formas de autoritarismo y totalitarismo que debió sufrir la humanidad.
Sin perjuicio de ello los autores coinciden como punto de partida una
declaración escrita del reconocimiento de libertades fundamentales del hombre
en la Carta Magna de 1215.
Pero el paso trascendente en la materia lo dio la Declaración de los Derechos
del hombre y del Ciudadano de 1789 cuando expresamente estableció que: ―la
libre comunicación de opiniones es uno de los derechos más preciados del
hombre y que todo ciudadano podrá hablar, imprimir libremente, salvo su
responsabilidad por el abuso de esta libertad en el caso determinado por la
ley‖.
7
La mayor parte de la Constituciones modernas incorporan normas que de
alguna manera intentan proteger la libertad de expresión y la libertad de
prensa, dos caras de la misma moneda.
Esta libertad se encuentra contemplada en nuestra Carta Magna a través de
una interpretación sistemática de los artículos 384,39, 45.1
Pero no cabe duda que a partir de la reforma constitucional de 1998 que
incorpora los Tratados sobre Derechos Humanos, con jerarquía Constitucional,
este derecho cuenta con un reconocimiento y protección expreso.
En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en los artículos 18 se
protege la libertad de pensamiento, y de manifestar creencias o religión y; en el
artículo 19 ampara la libertad de expresión. En la Declaración Universal de
Derechos Humanos, artículo 18; en la Convención Americana de Derechos
Humanos, el artículo 13 reza ―Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento y expresión... derecho que comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole‖. Asimismo en el inciso 2
dice que ―... este derecho no podrá estar sujeto a la censura previa; sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por ley
y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación
de los demás... ‖.
El problema se plantea cuando la libertad de prensa colisiona con otros
derechos de raigambre constitucional, provocando un conflicto de valores. Son
los llamados ―casos difíciles‖, donde la complejidad de los intereses o los
valores en juego, impide dar soluciones generales o predeterminadas. Se
produce una superposición de derechos con jerarquía constitucional que obliga
al intérprete a discernir sobre cual prevalece en el caso concreto.
En numerosas oportunidades a través de la información que brindan los medios
de comunicación se producen serias afectaciones al derecho a la intimidad o al
derecho al honor, o a ambos a la vez.
1.1.2. Presunción de Inocencia.
Otra cuestión no menor es el posible enfrentamiento entre la libertad de prensa
y la presunción de inocencia de una persona que no ha sido condenada.
1Ver. Constitución de la República del Ecuador 2008.
8
Los autores, al igual que la libertad de expresión, se remontan como primer
antecedente de esta garantía a la Carta Magna inglesa de 1215, que dispone
que nadie puede ser apresado ni despojado de sus derechos hasta tanto se
acredite su culpabilidad en un juicio.
En 1776, la Declaración de Derechos del Estado de Virginia, sección VIII,
establecía que ningún hombre podía ser justamente privado de su libertad sino
por la ley de la tierra o el juicio de sus pares. También el Art. 9° de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789,
preveía que todo hombre se presume inocente hasta que haya sido declarado
culpable. Igualmente está prevista en las enmiendas V y XIV de la Constitución
de los Estados Unidos de América como secuela del debido proceso legal
(conf.Gregorio Badeni. Presunción de inocencia, excarcelación y caución. La
Ley01/03/2006, 11).
En forma expresa se encuentra prevista en diversos tratados internacionales
sobre derechos humanos mencionados en el Art. 76, num. 2, de la
Constitución.
El Art. XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre establece que se presume que todo acusado es inocente hasta que se
pruebe que es culpable en un debido proceso legal.
El Art. 14, inc. 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Adla,
XLVI-B, 1107) ordena que toda persona acusada de un delito tiene derecho a
que se presuma su inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad conforme a
la ley.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Adla, XLIV-B, 1250), en
suArt. 8°, inc. 2, reza que toda persona acusada de un delito tiene derecho a
que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad.
El Art. 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que toda
persona acusada por un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia,
hasta tanto se pruebe su culpabilidad en un proceso legal.
Si bien no he encontrado antecedentes jurisprudenciales sobre conflictos
derivados de la libertad de prensa y la presunción de inocencia, la cuestión no
ha pasado desapercibida para la doctrina.
9
Señala Carlos Edwards: ―...también se produce una verdadera estigmatización
social del denunciado o imputado de un delito, como consecuencia de la falta
de concientización por parte de la comunidad sobre los alcances del estado de
inocencia. Efectivamente, cuando los medios de comunicación social anotician
a la opinión pública sobre la comisión de un hecho, presuntamente delictivo,
suministrando los nombres de los (presuntos) autores, el común de la
población asocia al denunciado con el concreto autor del hecho, aunque recién
estemos en el comienzo de la investigación.2
El denunciado, una vez que su nombre salta a la opinión pública, estará
definitivamente estigmatizado por la sociedad, ya que se lo relacionar, de por
vida, con el autor del presunto hecho delictivo, aunque luego resulte absuelto.
Ante esta distorsión práctica de la aplicación del estado de inocencia, resulta
imprescindible que los operadores del sistema penal, apliquen concretamente
esta garantía y concienticen a la comunidad sobre su alcance.‖ (Garantías
constitucionales en materia penal. Ed. Astrea 1996. Pág 130).
Abel Fleming y Pablo López Viñals también se refieren a la cuestión
expresando:―No puede negarse que la magnitud de la publicidad que supone la
propagación del proceso por los medios de comunicación genera efectos para
los sujetos que en él intervienen en los derechos a la intimidad y al honor, por
solo mencionar los más evidentes. En este sentido es lógico pensar en la
necesidad de preservar al imputado que en juicio sigue siendo amparado por la
presunción de inocencia de no quedar marcado por una primera impresión de
la sociedad que más allá de las resultas del proceso seguirá siempre viéndolo
como el acusado, el sospechoso; por su parte, también debe ser respetada
para que su exposición social no implique una profundización del daño ya
sufrido...‖(Garantías del imputado, Ed RubinzalCulzoni. Año 2007, Pág. 623.)
Por su parte, Manuel Jaén Vallejo, Profesor titular de Derecho Penal, letrado
delTribunal Supremo del Reino de España, presidente del Instituto
Iberoamericano de Política Criminal y Derecho Penal Comparado, (Publicado
en LexisNexis, Bs. As.2004, fasc. 2) ha advertido que ―Un fenómeno de
especial trascendencia en el proceso penal, por la incidencia que puede llegar
a tener tanto en el derecho a la presunción de inocencia como en el derecho a
2CARLOS EDWAR, Análisis Constitucional y Prensa.
10
ser juzgado por un juez o tribunal imparcial, es el de los ―juicios paralelos‖, en
el que, por un lado, se debe valorar siempre el hecho de vivir en una sociedad
que está configurada por la expresión libre de opiniones, y por otro lado, la
necesidad de respetar aquellos derechos fundamentales‖. ―A nadie se le oculta
que la atención pública que supone la publicación de algunas noticias, en
especial cuando se produce la apertura de diligencias judiciales, incluso con
privación provisional de libertad de presuntos culpables, genera juicios
paralelos, favorecidos por los medios de comunicación, los mass media, cuyas
consecuencias son muchas veces irreparables, ¡más graves que la posible
condena.‖
Cita también el autor a un destacado procesalista, FaustinHelie, quien ya en
1866 indicaba refiriéndose al aspecto disfuncional de la investigación criminal,
que ―es más fácil formular una acusación que destruirla, como es más fácil abrir
una herida que curarla‖. ―No es de extrañar, pues, que algunas legislaciones,
como la austriaca y la alemana, prevean la punibilidad de las informaciones
indebidas sobre investigaciones previas a un proceso penal, y que en otras los
juicios paralelos puedan desembocar en una anulación de lo actuado, como
ocurre en Estados Unidos‖ –dada la eventual influencia en los jueces o
miembros de un jurado-. ―De todos modos, la creación de esos ―delitos de
prensa‖ es difícilmente compatible con el necesario respeto del contenido
esencial de la libertad de información, pues, como dice Bacigalupo, ―se hurta al
ciudadano el conocimiento de sucesos de interés público sobre los que tiene
derecho a formarse una opinión‖.
Hassemer ha señalado, ―que los medios de comunicación y la justicia penal
nunca han coexistido armónicamente‖, y es que, en verdad, los medios de
comunicación, por un lado, no sólo pueden sino que deben informar sobre
cuántos procesos puedan resultar de relevancia e interés público, y la justicia
penal, de otro lado, debe asegurar el respeto a los derechos esenciales en el
proceso, tales como el de defensa, imparcialidad e independencia de los jueces
y tribunales, y, por supuesto, la presunción de inocencia, mientras que no se
dicte una sentencia condenatoria.
Bacigalupo ha puesto de manifiesto que del principio de presunción de
inocencia se debe deducir un deber del Estado de custodiar a la prensa
11
mediante medidas positivas para que ésta se mantenga en sus informaciones
sobre procesos pendientes dentro del marco de la objetividad.
La presunción de inocencia, en el marco de esta propuesta, operaría no sólo
como un derecho frente al Estado, sino como un derecho frente a otros
ciudadanos que disponen de medios capaces de estigmatizar a una persona de
manera análoga a la que el Estado podría lograr con la pena, pero –para peor-
sin sujeción a los presupuestos que legitiman la pena estatal. Sin duda que el
ámbito donde se producen estos ataques a la presunción de inocencia, no es
otro que el de las empresas periodísticas o mass media. Presunción esta que,
como se ha manifestado antes, representa una de las características más
significativas del proceso penal liberal y del actual modelo del debido proceso,
reconocida como derecho de todo acusado en los convenios de derechos
fundamentales.
1.1.3. El significado de la presunción de inocencia
Lapresunción de inocencia es un principio fundamental de la justicia y un signo
de civilización, de ahí la importancia de que la actividad periodística sea
respetuosa con su cumplimiento y ayude a su entendimiento social, pues
entenderla y aplicarla es la primera regla de la cultura de la legalidad. Como
dice Luigi Ferrajoli en Derecho y razón, losderechos de los ciudadanos están
amenazados no sólo por los delitos, sino también por las penas arbitrarias. «La
presunción de inocencia no solamente es una garantía de libertad y de verdad,
sino además una garantía de seguridad o si se quiere de defensa social: de
esa ―seguridad‖ específica ofrecida por el Estado de Derecho y que se expresa
en la confianza de los ciudadanos en la justicia; y de esa específica ―defensa‖
que se ofrece a éstos frente al arbitrio punitivo.3» La presunción de inocencia
forma parte de las garantías procesales, es decir, los principios de legalidad a
cumplir en las diferentes etapas del proceso penal.
No son formulaciones retóricas, sino valores que hay que aplicar para que los
órganos judiciales actúen con imparcialidad e independencia. Conforman los
protocolos de calidad, los filtros que el sistema judicial desarrolla para verificar
3FERRAJOLI, L. (2004). Derecho y razón. Madrid: Trotta, p. 549.
12
y conseguir su buen funcionamiento, y hacer que la capacidad sancionadora
del estado, el iuspuniendi, se desarrolle con el debido proceso.
Están referidas tanto en la Carta Constitucional como en los instrumentos
internacionales.
Las garantías fundamentales que refieren los tratados internacionales más
significativos son el derecho de tutela efectiva, la prohibición de la indefensión y
el derecho a juicio con todas las garantías. Sobre la tutela judicial y el derecho
a la defensa, se construyen muchas de las demás garantías procesales como
la imparcialidad y la presunción de inocencia, las que se aplican desde el inicio
hasta el final del proceso.
El incumplimiento de alguno de estos aspectos produce indefensión en la
persona acusada; parcialidad e injusticia que debe evitar la autoridad judicial
ejerciendo su tutela sobre el principio de legalidad.
En muchos países, la garantía de la presunción de inocencia se cita de forma
expresa en la Constitución, en otros, de forma indirecta, y en todos los
ordenamientos jurídicos aparece de forma explícita cuando las bases del
estado son democráticas.
Desde el punto de vista jurídico, lo que refiere la norma constitucional y la Ley
de enjuiciamiento penal o códigos penales y de procedimiento es una cosa
sencilla: todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es la
posición de ventaja que la justicia atribuye al ciudadano, la calidad de persona
inocente; algo que el acusado no tiene que demostrar, le basta con la pasividad
absoluta, con mantener silencio, pues son los que acusan los que deben
demostrar lo dicho. De entrada, laLey le reconoce la inocencia y pone
condiciones estrictas para que sea desposeído de dicha consideración.
Dicha presunción sólo puede quitarse con la actividad probatoria realizada con
todas las garantías.
Cabe recordar que la prueba se practica fundamentalmente en la etapa final del
proceso judicial y que no se consideran como tal las diligencias policiales
realizadas en la pre-instrucción o etapa pre-procesal, ya que sólo sirven para
fundamentar la acción policial ante el juzgado y nunca para la condena. Las
pruebas son únicamente aquellas que aparecen en el auto judicial, de lo
contrario quod non est in actis non est in mundo, y en la vista pública el juez
13
deberá considerar que existe la carga probatoria suficiente para demostrar los
hechos imputados.
Esta dimensión jurídica del término es la que recoge el Diccionario de la lengua
española en su vigésima segunda edición, cuando define el término presunción
de inocencia como «la que se aplica a toda persona, aun acusada en un
proceso penal, mientras no se produzca sentencia firme condenatoria». Es
decir, la presunción —el «hecho que la ley tiene por cierto sin necesidad de
que sea probado», según precisa también el diccionario— es una cualidad que
sólo remite a la inocencia y nunca a la culpabilidad. Los jueces y fiscales tienen
clara la dimensión del término, pero su uso resulta cuando menos
contradictorio en el ámbito informativo.4
1.1.4. El derecho a la información y sus límites
La libertad de información ha sido históricamente uno de los aportes más
importantes del pensamiento ilustrado, que contempló su ejercicio como una
conquista social: el derecho de los ciudadanos a estar informados. Un derecho
que hay que interpretarlo como derivado de la libertad de expresión, pero
dotado de una especificidad basada en que la información es transmisión de
hechos y, por esta razón, como dice Marc Carrillo, la titularidad de este derecho
«no sólo corresponde al profesional de la información, sino también a cualquier
persona, entidad o colectivo social que puede transmitir su versión sobre unos
hechos acaecidos5.» Además, señala el autor, nunca habrá que olvidar que el
derecho a la información es un elemento objetivo de las sociedades modernas.
Resulta importante para el periodismo y, sobre todo, para el funcionamiento
democrático. Un bien social que la comunidad tiene que defender y cuidar.
El respeto y la defensa que cada sociedad muestre hacia la libertad de
expresión y de información dirá mucho de sus principios democráticos y de su
implicación en la defensa de las libertades. Estamos ante un derecho que
figura en las leyes fundamentales y en l norma jurídica de la mayoría de los
países, como también en los convenios, acuerdos y tratados de ámbito
internacional. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos
4Diccionario de la lengua española en su vigésima segunda edición
5CARRILLO, M. (2007). «Configuración general del derecho a comunicar y recibir información veraz: Especial
referencia a las relaciones entre poder judicial y medios de comunicación ». Justicia y medios de comunicación. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, p. 14.
14
establece en su famoso artículo 19: «Todo individuo tiene derecho a la libertad
de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa
de sus opiniones, el de investigar y recibir informacionesy opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».
Estamos, como ya han dicho numerosos juristas, ante derechos fundamentales
que pueden entrar en conflicto cuando los profesionales de la comunicación
desarrollan su labor informativa, y ante el cual la autoridad judicial deberá
decidir cuál de ellos tiene preferencia. Interpretación jurídica que se hace
contemplando la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como también la
doctrina internacional.
La doctrina internacional tiene como brújula tres textos fundamentales: la
Declaración universal de derechos humanos (1948), el Convenio europeo para
la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales (1950),
conocido como Convenio de Roma, y el Pacto internacional de derechos civiles
y políticos (1966).
Todos ellos reconocen como derecho universal el recibir y difundir información.
El derecho a la información está amparado y limitado a la vez por la norma
jurídica de ámbito nacional y los acuerdos supranacionales. Sus limitaciones
clásicas son las referencias a la intimidad y el honor, pero también puede verse
afectado cuando colisiona con otros derechos individuales y las normas
relativas al funcionamiento de los organismos del Estado. De forma genérica, el
derecho a la información puede ser vetado por cuestiones que afecten a la
seguridad del Estado, al orden público y a la protección de la intimidad. En el
ámbito penal, son los elementos que preservan el correcto funcionamiento de
la justicia y que conocemos como las garantías procesales, entre las que ocupa
un lugar destacado la presunción de inocencia.
1.1.5. Los usos periodísticos
Nada podrá medir el poder que oculta una palabra. Contaremos sus letras, el
tamaño que ocupa en un papel, los fonemas que articulamos con cada sílaba,
su ritmo, tal vez averigüemos su edad; sin embargo, el espacio verdadero de
las palabras, el que contiene su capacidad de seducción, se desarrolla en los
15
lugares más espirituales, etéreos y livianos del ser humano.6» Con esta bonita
expresión, quiere el periodista Álex Grijelmoinvitarnos a reflexionar sobre la
importancia del lenguaje en el periodismo, la capacidad de seducción que
tienen las palabras y el poder que transmiten. Los profesionales de la
información relatan el mundo con vocablos, hilos que tejen el manto de la
comunicación mostrando aquello que ven, lo que les fue dicho en documentos
escritos y visuales o simplemente lo que dijeron otras voces. Las cosas que
habitan en el mundo no se explican por ellas mismas; no emanan de ellas las
palabras que las describen, ni tampoco su significado. Serán los periodistas y
las periodistas, con su esfuerzo de entendimiento y de explicación, los que
toman unas palabras y dejan otras en ese viejo oficio de narrar y proponer
significados para entender la realidad, escuchando a las fuentes más o menos
próximas y a los testimonios más o menos certeros.
Un ciudadano detenido por la policía, ¿es presunto culpable o presunto
inocente?, ¿existe la presunción de culpabilidad?, ¿podemos afirmar que una
persona es un presunto asesino? Son algunos de los dilemas a resolver, en
párrafos anteriores, se dijo que lo que designa la semántica y el sentido de la
justicia como presunción de inocencia es la condición de inocente que tiene la
persona mientras que no se demuestre lo contrario, y eso debe determinarlo la
autoridad judicial. Lo que presume la justicia es la inocencia y no la culpabilidad
del imputado. Por lo tanto: no hay lugar para el presuntodelincuente.
Los miembros de la Real Academia Española han dejado muy clara la
definición del término cuando el adjetivo presunto acompaña al sustantivo
inocente.
En el ámbito jurídico no se pueden separar, son palabras hermanadas y su
encadenamiento construye el concepto judicial referido a la condición del
imputado. Siempre es inocente la presunción cuando está en los aposentos de
la justicia.
Si las separamos, podemos hacer con ellas otros usos que remiten a
significados diferentes, incluso contrarios al que estamos diciendo. Empecemos
por la palabra presunción. La buscamos en el diccionario y vemos que puede
tener dos significados. El primero refiere que es la «acción y efecto de
6 Periodista Álex Grijelmo
16
presumir», y las personas pueden presumir de muchas cosas. En la segunda
acepción, leemos:«Hecho que la ley tiene por cierto sin necesidad de que sea
probado». Aquí remite al ámbito jurídico, ya explicado. No hay duda, si se
utiliza presunto para referir los asuntos de ley, debe ir acompañado del
inocente y sólo tiene un significado; pero será diferente si lo tomamos para
otras cuestiones: podemos decir que tal persona era un presunto médico o que
tenía un presunto amigo.
Nada que objetar a tales usos, pues el lenguaje lo permite.
La cosa parece clara hasta que se analiza el relato periodístico, entonces las
certezas se tuercen al crecer en los terrenos de los usos cotidianos, como si no
permitiéramos que fueran por el camino acertado, el que tanto le costó hacer al
pensamiento civilizado. Así las cosas, parece claro que muchas veces los
periodistas utilizan el término en una forma coloquial que poco tiene que ver
con la precisión del lenguaje.
Ciertamente, hubo tiempos peores, cuando los periodistas y las periodistas se
resistían a utilizar el término presunto y simplemente decían en sus
informaciones que la policía había detenido al asesino, al agresor o al ladrón.
Así lo habían dicho las fuentes policiales y lo creían los reporteros que no
mantenían una sana distancia con ellas, ni eran cuidadosos en el manejo de
los derechos.
Después, con la llegada de la prensa democrática, creció la corrección en el
lenguaje y se consolidó el respeto a los derechos ciudadanos. La prensa
empezó a utilizar el presunto, aunque con escasa fortuna en los titulares, y en
las redacciones de los periódicos se argumentaba que los titulares eran
demasiado cortos y muchas las prisas periodísticas. En la actualidad, es
habitual que los periodistas y las periodistas usen el presunto —aunque no
siempre lo hagan de forma correcta—, pero todavía descubrimos informaciones
donde ni siquiera asoma la presunción.
1.2. DERECHOS CONSTITUCIONALES A LA INTIMIDAD, PRIVACIDAD
Y LA IMAGEN
El art. 23 de la constitución en sus numerales 8 y 10 dicen lo siguiente ¨sin
perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los
17
instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las
personas los siguientes:
8.- El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y
familiar. La ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona;
24.- El derecho a la identidad, de acuerdo con la Ley¨
1.2.1.La intimidad
Como he señalado el derecho ala intimidad protege la vida privada del
individuo y de su familia.
Esta disposición reconoce la necesidad de toda persona se conservar su
existencia con el mínimo de injerencia de los demás, para así lograr la
tranquilidad del espíritu, paz interior y el desarrollo de su personalidad.
La regulación de la intimidad en su aspecto inmaterial, es un tema de
actualidad, especialmente si tenemos en cuenta la relevancia del bien jurídico
protegido ¨intimidad¨.
En la Declaración Universal de los derechos Humanos en el año de 1948 se lo
incorpora como una de las garantías fundamentales del ser humano, es por tal
un derecho inherente al desenvolvimiento y realización del humano como tal.
El Art. 23 numeral 8 de la Constitución protege este derecho, porque el
Asambleísta Constituyente quiso cautelar la privacidad y el buen nombre de las
personas, estimando que se trata de valores íntimamente vinculados a la
personalidad humana, que deben ser protegidos como bienes jurídicos
específicos y además considero que debe existir la intimidad, pues sólo así el
hombre puede desarrollar todas sus capacidades.
En el trabajo, que saldrá a publicación en pocas semanas sobre el Juicio
Especial por la Acción de Habeas Data, hago un estudio detallado sobre este
importante tema.
1.2.2. Qué comprende el Derecho a la Intimidad
18
El contenido mínimo del Derecho a la Intimidad, puede formularse como el
derecho en no participar en la vida colectiva, el derecho de aislarse de la
comunidad de cierto modo y durante cierto tiempo, a establecer una relación
cero, a disfrutar de un espacio para respirar, a ejercer un derecho de
anonimato o también como se dice en doctrina, a tener derecho a un círculo de
vida exclusiva, a no ser conocido en ciertos aspectos por los demás, un
derecho en definitiva a la propia personalidad.
O sea que el Derecho a la intimidad, protege jurídicamente un ámbito de
autonomía constituido por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relacione
filiales, familiares, la situación económicas, las creencias religiosas, la salud
mental y física; y, en suma las acciones. hechos o datos que teniendo en
cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad,, están reservadas al
propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un
peligro real o potencial a la intimidad.
Estimado lector, se creó el Derecho a la Intimidad, por el respeto que todos
debemos a la vida privada de las personas, es por tal un derecho a la
personalidad que no puede ser vulnerado en caso alguno.
El Derecho a la Intimidad es típicamente anglosajón y mejor dicho
angloamericano, apareció en los Estados Unidos de América en 1890 y ha
evolucionado conforme lo ha hecho la tecnología en una sociedad
progresivamente informática.
No existen varios tratados Internacionales sobre el Derecho a la Intimidad y
que han sido suscritos por nuestro país, lo mencionó en detalle en la obra que
sobre el Habeas Data estoy preparando.
1.2.2.1. Sobre la importancia de este Derecho
El señor doctor Gonzalo Zambrano Palacios, en el prólogo al libro que sobre
este tema escribe la Srta. Dra. Diana Andrade dice: ¨Empero el derecho a la
intimidad que comprende una garantía básica de la persona, no ha merecido el
tratamiento conceptual que lo estructura debidamente. Se lo considera adscrito
a las garantías esenciales del hombre¨; mientras que la Dra. Andrade señala ¨la
19
intimidad siendo un derecho tácitamente reconocido en la historia y en la
costumbres aun de los llamados pueblos ¨bárbaros¨ no han merecido un
tratamiento especial, dentro de las llamadas ¨buenas costumbres¨ y peor una
Ley expresa que lo consagre, proteja y garantice penado a los que se
atrevieren a violarlo o tan siquiera lastimarlo¨.
En resumen este derecho garantiza la protección del respeto a la honra de la
persona y a la de su familia; y se lo protege porque es un derecho que tiene
toda persona humana a que sea respetada su vida privada y/o familiar, el
derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la zona de su vida privada.
1.2.3. La vida privada y el derecho a la privacidad
Sobre la vida privada, el tratadista Novoa Monreal dice: ¨está constituida por
aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones de una persona que
anormalmente está sustraídas al conocimiento d extraños u cuyo conocimiento
por estos puede turbarla moralmente por afectar a su pudor o su recato a
menor que esa misma persona asienta a ese conocimiento; mientras que el
americano Cooley dice: ¨es el derecho del hombre a ser dejado a solas¨ .
El art. 11 inc. 2do. del Pacto de San José de Costa rica señala: ¨Nadie puede
ser objeto de ingerencias, arbitrariedad o abusos a su vida privada o en la de
su familia¨.
Sobre el Derecho a la Privacidad, Thomas Emerson indica: ¨El derecho de
privacidad es el derecho del individuo para decidir por si mismo en que medida
comparece con los demás sus pensamientos, sus sentimientos y los hechos de
su vida personal¨, mi distinguido amigo doctor Alfonso León decía cuando le
preguntaba algo sobre su vida privada ¨ocupa ti andarivel¨ ,esto es que no te
metas en cuestiones que no son de ti incumbencia.
1.2.3.1. Qué abarca el derecho a la privacidad
En doctrina se dice abarca lo siguiente:
a) El respeto a la vida privada de las personas.
b) El respeto a la vida pública de las personas
20
c) Se asegura el respeto a la honra, honor o buen nombre de la persona y
la de su familia; y,
d) La limitación al derecho de publicación.
1.2.3.2. Qué se entiende por familia
Al tratar sobre estos temas, mis alumnos del Sexto Curso de la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, me preguntan, que se
entiende por familias; y, yo les he manifestado que el concepto de familia
abarca el cónyuge, los ascendientes, los descendientes y los parientes
colaterales por consanguinidad o por afinidad, desgraciadamente me ha sido
imposible localizar los antecedentes que tuvo el Asambleísta Constituyente
para dictar estas garantías, pero lo que pienso que abarca este principio sobre
el grupo familiar es el padre, la madre y los hijos menores de edad, estimando
que un atentado en la honra de aquellas o de estos implica una violación del
derecho a la honra del jefe de familia, quien puede accionar en su defensa; y
esto es obvio porque la familia tiene derecho a la protección de las Sociedad y
del Estado.
1.2.4. Derecho a la Intimidad y al Honor
Cifuentes define el derecho a la intimidad como ―el derecho personalísimo que
permite sustraer a la persona de la publicidad y de otras perturbaciones a sus
sentimientos y vida privada, limitado por las necesidades sociales y los
intereses públicos (Elementos de Derecho Civil ED. Astrea, Pág.59). Mientras
que el derecho al honor, según el prestigioso Profesor, se subdivide en una faz
subjetiva relacionada a la propia dignidad y autoestima, mientras que el
aspecto objetivo está dado por la estima que tienen los demás de una persona,
en mérito a sus virtudes y talentos.
El Pacto de San José de Costa Rica protege ambos derechos en el artículo 11
cuando dice: ―1)Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad
personales. 2)Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en
su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni
de ataques ilegales a su honra o reputación. 3) Toda persona a la protección
de la ley contra esas injerencias o esos ataques.‖
21
El derecho de informar y su reverso el derecho de recibir información, podría
entrar en colisión con los derechos a la intimidad y el honor, cuando a través de
los medios de prensa se informa la comisión de un delito penal,
individualizando al autor y los detalles del hecho que se encuentra bajo
investigación.
Marcela Basterra en su trabajo ―¿Son el derecho a la vida privada, al honor y a
la propia imagen un límite válido para la libertad de prensa?(Revista Etcétera.
México. Noviembre 2006), considera que resulta conveniente utilizar los
criterios propuestas por RodneySmolla para resolver este tipo de conflictos.
Sostiene la autora: ―RodneySmolla permite visualizar aquellos casos de
conflicto; así establece cuatro combinaciones posibles a cerca de la
información de una persona: 1) de interés público y no privada; 2) de interés
público y privada; 3) no privada y no de interés público y 4) privada y no de
interés público.
Dentro de esta perspectiva, el interés público que puede provocar la
información sobre la comisión de un delito-sobre todo cuando ha impactado en
la opinión pública-, parece estar por encima de los intereses privados. Es decir
las expectativas que pueda tener una persona con relación a su vida privada,
intimidad y honor, ceden ante el derecho de recibir y producir información sin
censura previa.
La Convención Americana de Derechos Humanos le ha dado un lugar de
privilegio a este derecho. En su artículo 13 sostiene que la libertad de
pensamiento y de expresión no puede estar sujeta a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la
ley, con el fin de lograr el respeto a los derechos o a la reputación de los
demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la
moral públicas.
Los incisos 4 y 5 del artículo antes señalado establecen dos excepciones: ―4.
Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de
la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5.
Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo
22
de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u
origen nacional.‖
Como se observa del articulado no se encuentra contemplada la posibilidad de
que otros derechos, también amparados por la Convención, puedan enervar de
alguna manera, la libertad de prensa e información que ocupa un lugar
superlativo dentro de la escala de valores de este Tratado Internacional.
En igual sintonía La Corte Nacional de Justicia ha elevado a la libertad de
prensa a un lugar preponderante aún a costa de otros derechos de jerarquía
constitucional.
En general los autores sostienen que dentro de los medios de protección de los
derechos personalísimos juega un papel destacado la llamada acción inhibitoria
que preventivamente impide un ataque no comenzado pero sí amenazado.
Sostiene Santos Cifuentes (Ob. Cit. Pág. 37): ―El temor que se produzca la
primera trasgresión y antes que ella se materialice, permite requerir la
protección de la justicia‖.
1.2.4.1. El derecho a la integridad personal
En el ámbito del Sistema Interamericano, la Convención Americana
deDerechos Humanos contempla el derecho de toda persona a que se
respetesu integridad física, psíquica y moral y, al mismo tiempo, establece que
latortura y los tratos o penas crueles inhumanos y degradantes son
conductasque violan este derecho3. La tortura y los tratos o penas crueles
inhumanosy degradantes son dos conductas diferenciadas que violan o atentan
contrael derecho a la integridad personal.
1.2.4.2. Diferencias entre privacidad e intimidad
La privacidad es más amplia que la intimidad.
La intimidad protege la esfera en que se desarrollan las facetas más
singularmente reservadas de la vida de la persona, como el domicilio, las
comunicaciones. etc.
La Privacidad constituye un conjunto más amplio, mas global de facetas de su
personalidad que este tiene derecho a mantener en reserva.
23
1.2.5. Garantismo, detención y políticas públicas
Después de la Segunda Guerra Mundial, varios Estados del mundo pactaron
en sus constituciones la recepción ineludible del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, acogidos bajo de cuestionamientos a las denominadas
―leyes de emergencia‖ promulgadas desde la denominación –en algunos
casos– de Derechos Fundamentales. Esta fue la consecuencia de la llamada
―Segunda Ola de Democratización‖, de donde partió el compromiso estatal de
tutelar, de manera efectiva y cierta, los derechos de las personas.
A fines de los años setenta, la cultura jurídica italiana de izquierda –conectada
con el pensamiento penal liberal– produce una serie el Estado (Ferrajoli, 2000:
41).
En aquel entonces se implantaron políticas de seguridad que, entre otras
medidas represivas, buscaban cerrar el paso a organizaciones políticas –como
las Brigadas Rojas– en su lucha por tomar el poder.
Aquellas legislaciones acrecentaron aún más el poder del Estado en detrimento
de las personas; se suprimieron varios derechos fundamentales, como la
libertad personal, que se la divorció de su vínculo jurídico con un debido
proceso legal.7
Ante el palpable resquebrajamiento de los derechos de las personas por parte
del Estado, se propuso una urgente y efectiva técnica normativa de protección
de derechos fundamentales, al que se denominó, sencillamente, como
garantismo.
Se habla de garantismo para poner límites al poder –todos los poderes– del
Estado –en materia penal al poder punitivo–; y, de fomentar una cultura de
profunda crítica al positivismo jurídico, que lleva en su seno el germen de su
potencial invalidez: reflejo de la abismal diferencia entre normatividad y
efectividad. A partir de este ―control de efectividad‖ se trata de evitar
arbitrariedades de tipo judicial o policial, como una limitación del poder de la ley
por parte de otra ley (Ferrajoli, 2001: 335).
El garantismo se funde en el Estado de Derecho, pues salta a la vista la
concepción de una―autonomía‖ de los derechos fundamentales como pactos de
no agresión establecidos en laConstitución. Se trata de cultivar un derecho
7Una visión ―escéptica‖ adoptada por Zaffaroni, que trata acerca de laconstrucción de garantías sin dejar de negar la
deslegitimación del derecho penal (Anitua, 2006:449-461)
24
penal mínimo, caracterizado por la aplicación de los principios adaptables a la
―ley del más débil‖, como lo es en el delito el ofendido, en el proceso el
imputado y en la pena el condenado (Ferrajoli, 2001: 109).
Los derechos humanos actúan, tanto para limitar al poder punitivo –función
negativa–, como para tutelar los derechos de las personas por medio del
derecho penal –función positiva– (Baratta, 2004: 299).
Por esta razón Zaffaroni advierte en no adjetivar y confundir la relación entre
derecho penal y garantismo, al decir que: ―Referirse a un derecho penal
garantista en un estado de derecho es una grosera redundancia, porque en él
no puede haber otro derecho penal que el de garantías, de modo que todo
penalista, en ese marco, se supone que es partidario de las garantías, esto es,
garantista‖ (2006: 228).
El Ecuador no ha sido distante del garantismo a nivel normativo. Encontramos
que la vigente Constitución Política establece –como plazo razonable– que la
detención nodurará más de veinticuatro horas.
El plazo razonable de la detención en nuestro país se reduce a un tiempo
menor en comparación con otras legislaciones de América Latina,sin embargo
de que las condiciones de encierro provisional reproducen las mismas lógicas
de hacinamiento, precariedad y corrupción, como parte de una realidad
sobrediagnosticada –pero poco considerada– en los estudios político-
criminales de la región.
El mencionado plazo es parte de una medida cautelar en la que se pretende
investigar –en el marco del esclarecimiento de la verdad– a una persona
implicada, o que se la haya implicado, en la comisión de un delito flagrante. Se
trata de arrestos o capturas cuyo ―reproche‖ genera el deseo de evitar la fuga o
impunidad de quien a la vista –―con las manos en la masa‖– quebrantó la
norma.
Es un plazo que no sólo condiciona el nacimiento o el ocaso de un día. Dentro
de las veinticuatro horas de detención aparecen algunos actores, que, a
diferencia de los operadores de justicia, construyen parte de la agenda pública
en materia de seguridad. Por medio de la prensa la sociedad civil conoce la
otra parte de la sociedad, aquella que posiblemente adecua su conducta a tipos
penales –y que por ende tiene su libertad en entredicho frente al poder penal.
Se coloca en la cosa pública la vida e imagen de todos los ciudadanos
25
aprehendidos, de aquellas personas que mientras no obtengan una sentencia
judicial condenatoria ejecutoriada deberán gozar del principio de presunción de
inocencia –que más bien se instituye jurídicamente como un estatus–, al igual
de otros derechos como la privacidad, la honra y el buen nombre.
A pesar que un día es ―casi nada‖, puede ser el tiempo suficiente para
exacerbar la vergüenza y empujar a una persona, en el marco de un
espectáculo informativo, hacia una impune degradación de su ser. Aunque las
agencias penales no puedan mantener a una persona detenida por falta de
‗elementos de convicción‘, bastarán un par de minutos para impregnar en ella
una marca indeleble para el resto de su vida.
A partir del 12 de agosto de 2008, el Ministerio de Gobierno y Policía emitió un
decreto donde se prohibían la publicación de imágenes violentas –contentivas
en accidentes, crímenes omuertes.Luego se extendió la prohibición de
publicación de imágenes a personas aprehendidas o procesadas penalmente.
El Ministerio Público objetó esta medida justificándose en los altos índices de
criminalidad, que para la segunda semana de octubre de 2008, habían
ocupado las primeras planas de los principales medios de comunicación del
país.
Como consecuencia, el 23 de octubre de 2008 el Ministerio de Gobierno y
Policía reculó sobre su decreto emitido meses atrás, autorizando nuevamente a
la policía judicial la presentación, ante los medios de comunicación, de las
personas detenidas –aprehendidas– en delito flagrante, además de quienes se
vincularan a organizaciones delictivas, como excepción a la regla de que:
―algunas veces se habían presentado a personas inocentes‖.
El presente trabajo no se refiere a la naturaleza del delito flagrante. Pretende
iniciar una reflexión –en el marco de las garantías de las personas detenidas–
acerca de la colisión entre el derecho a la información y la protección de la
honra de las personas aprehendidas por la policía. El período de la venganza
pública no es más que un aditamento histórico para sus ―conclusiones‖.
Veremos si la pifia y los prejuicios comulgan en un escenario impregnado de
sensacionalismo, paralelamente dentro de una normativa constitucional que
considera a las personas privadas de su libertad como grupos de atención
prioritaria (Art. 52 Constitución Política del Estado). Se trata también, de un
debate que busca poner en cuestión a la actual Política Criminal del país,
26
sujeta ahora bajo el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana;[8] de discutir los
enfoques de la detención acerca de ¿qué es ser presentado?; y, finalmente, de
yuxtaponer crítica y propuesta para la reformulación de las políticas públicas en
materia de seguridad.
1.2.5.1. El ser presentado en la perspectiva garantista
Toda persona detenida a causa de una infracción penal será llevada sin
demora tras su detención ante un juez u otra autoridad determinada por la ley
[…].8
Uno de los episodios más significativos en la memoria cristina de nuestros
pueblos, fue sin duda, la presentación del detenido Jesús de Nazareth ante el
procurador romano Poncio Pilato, comparecencia que llevó más tarde al
controvertido juicio que decidió públicamente la liberación de Barrabás y la
crucifixión de Jesús. Sin embargo, lo relevante para el caso fue la entrega física
del detenido Jesús ante una autoridad; entrega que se tradujo en su momento
en la obligación de Roma y en el ―derecho‖ de una persona a ser presentado.9
1.215 años después, el mundo vería en la Inglaterra del Rey Juan nacer la
afamada CartaMagna, y en ella, la cláusula XLVI que protegía la libertad de los
hombres contra posibles arbitrariedades –contradictoriamente en un reino que,
para la época, aún mantenía la esclavitud.
Empero, el habeas corpus, cuya esencia trae consigo el hecho físico de
presentar el cuerpo de un detenido ante una autoridad, y en su presencia
resolver el restablecimiento o no de su libertad para evitar su ilegalidad, tuvo
sus debatibles orígenes. Algunos comentan que esta garantía nació en la
Petición de Derechos o Bill of Rigths hecha por Carlos I de Inglaterra en 1628,
otros en los Fueros Españoles, para finalmente llegar al Acta de Hábeas
Corpus de Inglaterra de 1679 (Ábalos, 1993: 319-324). En todos los casos, lo
que se refleja de su naturaleza es la cesación inmediata de una detención
ilegal, y no sólo la característica de presentar a un detenido.
En la actualidad, nuestra legislación establece que, antes de cumplirse las
veinticuatro horas de detención, toda persona detenida deberá ser presentada
8Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o
Prisión, Principio 37 9Por supuesto que en pleno Imperio Romano no se pueden hablar de garantías. La referenciaes sólo histórica.
27
ante su jueza o juez natural. El derecho a ser presentado no debe entenderse
como el hecho de presenciar físicamente al detenido frente a una autoridad. Es
el derecho a comparecer y comprender de todas las actuaciones del proceso.
Esto implica que se deben reunir condiciones objetivas y subjetivas, las que se
traducen en obligaciones –prestaciones positivas– del Estado. La condición
objetiva consiste en la obligación del Estado para llevar –trasladar– al detenido
o detenida, desde el centro de detención provisional, ante una autoridad. Con
la condición subjetiva se debe propender a la asistencia psicológica y jurídica
del detenido. De esta manera la persona detenida puede informarse percibir,
comprender y comunicarse con el mundo procesal –sistema penal– que lo
requiere. Se debe a su vez facilitar una confrontación transparente, como el
derecho a permanecer físicamente –ver, oír, preguntar– frente a quien declara
en su contra, sea éste agente fiscal, acusador particular, testigo o perito,
permitiendo también la realización de un interrogatorio cruzado.
Es preciso señalar la distinción entre poner a disposición y entregar al detenido
ante una autoridad (Salido Valle, 1997: 120). La primera característica no
necesariamente implica presentar física o materialmente al detenido. Se puede
entender como el hecho de reducirlo a un simple expediente para ―comparecer‖
a través de un atestado o parte policial. Por el contrario, entregar implica llevar
a la persona detenida ante una autoridad, como la obligación que tiene el
Estado para custodiar y presentar a tiempo a las personas capturadas,
obligación que deben cumplir tanto los funcionarios que lo custodian como los
que lo requieren, pues el Estado, a través de los operadores de la justicia
penal, se coloca en posición de garante.
Hay que destacar el estudio sobre el cómputo del traslado del detenido ante
una autoridad, lo que implica controlar su tiempo. De ello depende saber, si la
detención comienza con la captura o con la redacción del parte policial en la
búsqueda de los ―elementos de convicción‖. Esto supone el acompañamiento y
el ―rol‖ de la policía judicial, quienes son los facultados para elaborar el parte
informativo o atestado.
La presentación del detenido para practicar una confrontación se soslaya
jurídicamente, cuando el objeto o los sujetos del proceso tienen la ―protección
de reserva‖. Se trata de la defensa judicial de bienes jurídicos como la honra o
la seguridad del Estado: por ejemplo, al tratarse de delitos contra la libertad
28
sexual, cuando las supuestas víctimas sean menores de edad. No obstante, en
los casos de juzgamiento por delitos contra la seguridad del Estado, lo que se
pretende es ocultar información, en unos casos –promover el silencio como
―una forma de ejercer y mantener el poder‖ (Ávila, 2007: 27)–, y en otros, dar
rienda suelta al denominado derecho penal del enemigo (Jakobs, 1996: 50;
Silva Sánchez, 2001: 163). Esto es: ocultar, distraer y confiscar la presencia del
detenido al calificarlo como enemigo del Estado. De esta forma se lo sustrae de
sus garantías judiciales, imponiéndole jueces sin rostros, testigos de
identificación reservada, incomunicación y aislamiento celular, intercepción de
llamadas telefónicas o juzgamientos en ausencia.
La entrega y presentación del detenido ante una autoridad permite evitar la
posible comisión e impunidad de maltratos, como torturas, y –en el peor de los
casos– de desapariciones forzadas de personas. Se trata de una garantía que
permite la rendición de cuentas de quienes, a nombre del Estado, detienen y
encierran a las personas, encontrándose además en posición de garantes
frente al detenido y a sus familiares, tal como lo ha señalado la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en su dictamen del 19 de Marzo de
1999 al sostener que:
El Estado, al privar de la libertad a una persona, se coloca en una especial
posición de garante de su vida e integridad física. Al momento de detener a un
individuo, el Estado lo introduce a una ―institución total‖, como es la prisión, en
la cual los diversos aspectos de su vida se someten a una regulación fija, y se
produce un alejamiento de su entorno natural y social, un control absoluto, una
pérdida de intimidad, una limitación del espacio vital y, sobre todo, una radical
disminución de las posibilidades de autoprotección.
La presencia de una persona privada de su libertad ante una autoridad permite
hacer un examen de control de garantías, tanto físico como jurídico, mientras
está –o estuvo– bajo custodia de la policía judicial. Al mismo tiempo, se le
permite al detenido informarse sobre las garantías judiciales que lo asisten, por
ende, al comparecer el detenido ante el juez se cumple con una doble función:
a) Que el detenido conozca sus derechos y la manera de ejercerlos dentro del
sistema penal, mediante la percepción del proceso penal con todos los sujetos
procesales que forman parte del iuspuniendi, consiguiendo –de ser el caso–
29
preguntar y repreguntar al funcionario o acusador particular que lo imputa,
sobre el estudio de la veracidad o falsedad de los argumentos que lo acusan; y,
b) Que la autoridad competente del órgano judicial haga un examen de
efectividad de derechos, desde preguntarle al detenido sobre la violación o no
de sus garantías –para descartar también posibles maltratos–, hasta razonar
sobre la factibilidad o procedencia de los ―elementos de convicción‖ sobre los
hechos con que se pretenda imputar para seguir encarcelándolo – cambiar la
medida cautelar por prisión preventiva.
En las detenciones administrativas –o detenciones propiamente tales– el
Estado a través de la fuerza pública puede abusar más que en las detenciones
judiciales o prisión preventiva. En la aprehensión, captura o arresto no hay juez
ni autoridad para exencionar esta medida cautelar, sólo existe el anhelo de
eficiencia de la policía judicial frente al fenómeno criminal. La detención tiene
raigambre administrativo-policial en tanto la persona aprehendida sea
presentada ante una autoridad judicial, momento en que el poder ejecutivo deja
de ser su tutor, pasándolo luego al poder judicial, dando origen a una
transferencia de poder.
Mientras se mantenga a una persona privada de su libertad, aún sin
comparecer ante su juez natural, éste tiene la obligación de vigilar que su
esfera no sea invadida por parte de los demás poderes, como el ejecutivo y
legislativo, e incluso por la misma prensa –―cuarto poder‖. Tiene que razonar
acerca de la constitucionalidad de la detención, del proceso y dentro de él, del
juicio y la investigación, como una forma de acercarse a la ciudadanía en la
transformación de juez magistrado a juez ciudadano, o simplemente juez de
garantías (Ferrajoli, 2001: 574).
El ser presentado implica una ubicuidad de derechos, entre ellos, el ser
defendido. Se asume el cumplimiento de los derechos a guardar silencio, no
declarar en contra sí mismo –nemo se detegere– y no autoincriminarse, que
deberán ser garantizados por el Estado –prestaciones negativas– a través de
los funcionarios encargados de dirigir la investigación procesal y pre procesal
penal, y de custodiar al detenido. No obstante, la no autoincriminación puede
ser vulnerada no sólo por una precipitada declaración de culpabilidad por parte
del detenido; también puede trasgredirse por la falta de observancia en el
tratamiento del Estado frente al detenido, como cuando no garantiza la
30
realización de un interrogatorio transparente y en asistencia de un abogado
para su defensa.
Bidart Campos sostiene que: ―la confesión no debe ser forzada ni arrancada
por la fuerza, sino espontánea y voluntaria‖ (Bidart Campos, 1968: 484).
Aunque la confesión se constituya como la ―reina de las pruebas‖, no quiere
decir que guardar silencio se convierta en un indicio de mala fé para una
colaboración eficaz con la justicia, pues si ha de obtenerse una confesión, ésta
tiene que ser por sobre todo voluntaria.10
La historia de las detenciones, y de los interrogatorios para obtener
confesiones, se ha desarrollado y grabado por medio de maltratos o torturas.El
maltrato a los detenidos debe entenderse como el causamiento intencional de
dolores o sufrimientos graves –físicos o mentales– promovidos por funcionarios
públicos, para obtener cualquiera de los siguientes resultados:
i) Ejercer coacción o intimidación, como el uso de la fuerza para
someterlo al arresto;
ii) Obtener información propia o de un tercero;
iii) Sustraer una confesión, obligándolo a autoincriminarse;
iv) Ejercer castigos por un acto supuestamente cometido o por una
sospecha; y,
v) Practicar cualquier tipo de discriminación, tanto racial como regional
o socioeconómica.11
El avergonzamiento público promovido por la policía ante los medios de
comunicación es una forma de maltrato psicológico –la incriminación aparece
en las crónicas de los medios de comunicación. Por esta razón, el abogado
defensor debe convertirse también en un defensor de derechos humanos,
entendiendo que la defensa no se agota sólo con el asesoramiento y la
representación, sino también con el trato digno del detenido, lo que implica
garantizar un cautiverio sin torturas, autoincriminaciones, ni cualquier forma de
maltrato (Coriolano, 2005: 122).
1.2.5.2. El ser presentado en la perspectiva del “periodismo penal”
10
una pena y una forma de hacer retractar o abjurar la voluntad y la expresión de las personas. (Maier, 2004: 675-676).
Periodismo sin garantismo, JV Paladines. 11
Art. 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos oDegradantes, ratificado por el
Ecuador el 30 de Febrero de 1988.Periodismo sin garantismo, JV Paladines.
31
La tarea del derecho penal –del legislador que crea las normas– es observar
ciertos comportamientos que lesionen bienes jurídicos penales, para,
posteriormente, considerarlos como hechos punibles; aunque en la praxis aún
no exista una definición que nos conduzca a diferenciar lo que es –y lo que no
es– un bien jurídico penal. Los bienes jurídicos penales serían entonces como
los conceptos teóricos que usamos en las matemáticas, como el valor cero que
nadie puede explicar, pero que sirve, programáticamente, para la realización de
conceptos como el uno o el tres.
Se cree que si los ―bienes jurídicos penales‖ son vulnerados por
comportamientos reprochables, típicamente establecidos, serán reprimidos
gracias al auxilio de la conciencia normativa social (Bacigalupo, 2004: 38). Bajo
este paradigma, parecería que toda la sociedad está interesada en proteger los
bienes jurídicos establecidos por el legislador, más aún, cuando su aparente
violación resulta a la vista de todos, es decir, se constituya de manera in
fraganti.
Inmediatamente, el visible trasgresor del bien jurídico –o el que desafecto con
su conducta la norma– es aprehendido para que sea procesado por el sistema
penal. Sin embargo, cuando se reprocha la comisión de delitos flagrantes no se
lo hace por preservar la convivencia o custodiar el interés público, sino, por
defender los intereses de los ciudadanos considerados individualmente. Con
ello decimos que la percepción de flagrancia es vista desde la individualidad,
desde lo privado, como el poder reactivo que no defiende el orden social, sino,
la seguridad de sus bienes, en otras palabras, la propiedad privada.
Esta es la naturaleza que ha llevado a la dogmática penal a tipificar conductas
bajo la sombra del republicanismo, aquella filosofía que posiblemente esconda
en su seno una cruda y palpable forma de tipificar la exclusión social. Por un
lado, bajo esta filosofía se plantea el ideal de promoción de la libertad; mientras
por otro, se la autolimita con efectos negativos, convirtiendo a la detención en
una válvula de escape, tal como señala Pettit cuando dice que: ―los procesos
penales suelen aterrorizar al inocente no menos que al culpable, levantando un
fantasma que induce pavor por doquier‖ (1999: 204).
La flagrancia percibida desde la ciudadanía –y estudiada por el Derecho
Penal– se convierte en un arma de doble filo, pues el estado de flagrancia, es
decir, el momento de comisión del delito, no es perceptible a simple vista. Para
32
su consumación o agotamiento el supuesto violador de la norma penal –―bien
jurídico‖– tiene que poner término a su conducta (Londoño, 1983: 6). Por
consiguiente, la flagrancia no es calificada por los aprehensores. Sus
construcciones necesitan ser avaladas por el Estado a través de la fuerza
pública, quienes en definitiva, reafirman su autoridad con el uso de la violencia
legítima, pues toda violencia por fuera de este orden – incluida la aplicada por
la ciudadanía aprehensora– deviene en ilegítima. La policía reafirma el
monopolio weberiano de la violencia y se constituye, aparentemente, in situ
flagrancia, como la primera institución que acude al lugar del hecho delictivo
(Marchiori, 2004: 24).
En este ambiguo contexto aparece una nueva agencia, los medios de
comunicación cuya actuación se debate al momento de publicitar la
constitución de la flagrancia. Esta ―constitución‖ es difícil de establecer, pues no
se sabe a ciencia cierta si la prensa procede a impregnar las imágenes de:
¿―delincuentes‖ reales o potenciales? Así, los medios de comunicación se
conectan como ―mediadores‖ entre la realidad social y las experiencias
individuales o colectivas (Sáez, 2005: 21), construyendo una nueva clientela
para el sistema penal: las personas expectantes.
Se induce hacia una percepción pública de seguridad ciudadana, donde el
público-―víctima‖ aparece como rival de las personas aprehendidas y
espectacularizadas, lo cual condiciona, a mediano plazo, hacia la construcción
de tipos penales de percepción ciudadana La noticia se estructura entonces
como un ‗reality show‘ (Dammert, 2005: 61), generando tipos ideales de
sociedades seguras sobre la base de la conducción temática de la información
periodística. El sensacionalismo de las noticias policiales encuentra un
momento clave en la persecución y descubrimiento de los ‗delincuentes‘
(McQuail, 1998: 366); no obstante, que poco interese hacer un seguimiento del
caso para saber si las personas capturadas o aprehendidas fueron imputadas-
acusadas-condenadas o no.
Quizá en este momento también comience a fallar el sistema penal, pues si
una persona supuestamente ha lesionado un bien jurídico, lo cual se traduce
en el causamiento de daño a una víctima, ¿por qué no se permite su directa
resolución? Hulsman –al igual que Mathiesen yChristie– sostienen que los
―delitos‖ no existen materialmente, son mitos o construcciones semánticas que
33
responden a entelequias creadas por legislador, pues lo que en realidad se
presentan son problemas o conflictos entre individuos o colectividades al
interior de la sociedad –‗no existe una realidad ontológica del delito‘ (Hulsman,
1993: 76).
La genealogía de los males del sistema penal proviene, precisamente, de la
confiscación delEstado a estos problemas, donde las partes involucradas no
pueden participar en su resolución, negándoles incluso su propia existencia
jurídica, como en el caso de la víctima, donde el sistema acusatorio oral público
la ha relegado simplemente al papel de testigo (Hulsman, 1993: 79).
El Estado, además de confiscar los conflictos de la ciudadanía, genera sus
propios métodos de procesamiento y responsividad. Las personas con condena
son tratadas como enfermos al procurárseles un sistema de rehabilitación que
asegure a la sociedad su alejamiento del ―contagio criminal‖. La criminología
clínica se entremezcla con el racialismolombrosiano en legislaciones como la
nuestra, que establecía que: ―A cada uno de los internos se le aplicará el
expediente estandarizado, a nivel nacional, que contendrá los siguientes
apartados:
a) Datos estadísticos;
b) Resumen procesal;
c) Investigación socio-familiar;
d) Estudio somatométrico y antropológico;
e) Estudio medio;
f) Estudio sicológico y psiquiátrico;
g) Estudio del delito; y,
h)Índice de peligrosidad‖.
Hulsman reflexiona sobre el planteamiento de diversos métodos para la
solución de los conflictos o ―delitos‖. En su ejemplo de los cinco estudiantes
que conviven en un mismo departamento, Hulsman clasifica las variables que
pueden suceder en la composición del daño al momento que uno de los
estudiantes rompe el televisor común, así por ejemplo tenemos que:
a) Un miembro de esta pequeña comunidad estudiantil planteará la
expulsión del compañero que arruinó el televisor;
b) Un segundo incitará que el compañero sea tratado por medios clínicos y
psicológicos con el objeto de rehabilitarlo;
34
c) Un tercero propondrá que el compañero causante del daño indemnice o
pague el televiso estropeado; y,
d) Un cuarto aprovechará la oportunidad para la conciliación entre todos los
miembros.
Como se observa, la expulsión o confinación del estudiante al destierro o
presidio no es la única salida. Las instituciones penales no hacen nada más
que ocultar las diferencias naturales entre los ciudadanos, llevándolos
centrífugamente a la lógica del iuspuniendi. El Estado debe garantizar la
composición del daño en la relación ofensor-ofendido, y no solo esperar que el
aprehendido en flagrancia sea confiscado corporalmente –prisionizado–, para,
tal vez durante meses, provocar el olvido de la acción y la condena por
bagatelas.
Roxin sostiene que, donde no es posible la despenalización, se pueden
implantar métodos o alternativas a la condena judicial. Para este autor,
Alemania ha dado un paso adelante con la aplicación de la diversión,
consistente en el establecimiento de prestaciones en favor de la comunidad,
cuyo efecto puede llevar incluso a la renuncia de la acción penal (Roxin, 2008:
347).
Si cada detención por flagrancia tuviera un escenario inmediato de
composición, sin duda, evitaríamos a la justicia el resolver conflictos de ínfima
importancia jurídica y social.
Sin embargo, en la ontología del sistema penal que estigmatiza al capturado,
existe una especie de ―posición preferente‖ del derecho a la información –al
sobreponerse sobre los demás derechos fundamentales. Esta ‗estigmatización‘
del sistema penal hacia el reo se refleja en el proceso penal ecuatoriano
cuando confiere, a manera de nombres, los estatus procesales. Así, las
personas sujetas a la investigación criminal podrán llamarse sospechosas,
imputadas, acusadas o condenadas, como categorías bajo las cuales son
atendidas en el ‗debido proceso‘.
Las categorías de sobreseído o absuelto constituyen la excepción, pues antes
del sobreseimiento se es –aunque uno no quiera serlo– sospechado o
imputado. Se elimina ‗procesalmente‘ el nombre y se suplanta por su estatus
penal.
35
Esto refleja que el dominio de la naturaleza comienza por los seres humanos,
sobre todo al momento de nombrar las cosas.
El nombramiento es una forma del iuspuniendi de ―apropiarse‖ de la parte más
debil del proceso penal. Este bautizo del sistema penal hacia los capturados es
aprovechado por los mass medias, en donde la intimidad y el honor de las
personas tienden a ceder ante el privilegio periodístico de informar a la
sociedad, sobre todo al momento de recibir epítetos como ―delincuentes
aprehendidos‖ (Laporta, 2004: 98).
Weber hablaba de la constitución de un orden de Derecho, al decir que: ―está
garantizado externamente por la probabilidad de la coacción (física o psíquica)
ejercida en un cuadro de individuos instituidos con la misión de obligar a la
observancia de ese orden o de castigar su trasgresión‖ (2002: 27). La lógica
informativa genera su propia racionalidad, que, extendida a la sociedad,
impregna una disciplinización centrífuga de los aparatos del Estado en su
misión de sancionar a los culpables. Empero, lo que se desarrolla es una real
presunción de culpabilidad, mediante la estimulación de mensajes de odio
hacia los usuarios de la prensa, negándole a la sociedad la realidad de los
conflictos en un marco de libertad.
La libertad es exclusiva en los medios de comunicación por el hecho de
convivir en un orden democrático (Shapira, 2004: 87). Sin embargo, no se
juzga sobre una base de proporcionalidad al momento de publicar las
imágenes de las personas aprehendidas, a quienes incluso, se les coloca
apelativos injuriosos o insultantes. Se exacerba doblemente la pasionalidad de
las presuntas víctimas, apareciendo una nueva percepción de protección contra
el sospechado al encerrarlo en un centro carcelario, quizá como una forma de
legitimación del derecho penal, donde las cárceles cumplirían la ―función social‖
de cuidar a los delincuentes.12
1.3. LA DEVALUACIÓN DE LAS GARANTÍAS PROCESALES
En la conceptualización analizada se observa que un abuso periodístico del
dolor, del lenguaje de sentimiento, pueden construir una gran visibilidad del
drama, y resultan muy útiles las exclamaciones de los familiares y de las
12
Periodismo sin garantismo, JV Paladines.
36
personas próximas a las víctimas o los victimarios, aunque digan palabras
vacías de significado y cientos de veces ya escuchadas.
La construcción de la sospecha y la culpabilidad se refuerza con la publicación
de los nombres y las imágenes de personas que la policía relaciona con los
hechos, lo cual afecta a su derecho a la intimidad y devalúa sus garantías
procesales.
En algunos casos, los periodistas identificaron a los detenidos o simples
sospechosos, narraron datos de su vida privada y reprodujeron sus fotografías.
Fueron mostrados como los culpables cuando, a lo sumo, eran imputados.
Algunas de estas prácticas son posibles porque las autoridades no protegen
suficientemente las garantías de los detenidos, aunque es su deber por tratarse
de funcionarios públicos.
La práctica de los funcionarios policiales de permitir a los periodistas que
fotografíen a los detenidos devalúa gravemente la presunción de inocencia y
pone a los ciudadanos acusados en una posición de indefensión, pues se
construye ante la opinión pública una relación directa entre ellos y el cuerpo del
delito, cuando todavía ni han pasado a disposición judicial. Se dice a la
sociedad que ya fueron detenidos los culpables cuando jurídicamente queda
por demostrar su relación con los hechos.
La práctica de mostrar a los detenidos continúa siendo muy habitual en países
con una escasa cultura de la legalidad, donde los imputados son coaccionados
por las autoridades policiales para que, al ser mostrados ante la prensa,
empuñen las armas supuestamente incautadas o tomen entre sus manos los
objetos incriminatorios. Se les obliga a actuar en una escenografía acusatoria
que se construye con el detenido y los elementos del delito; hecho que es una
declaración extrajudicial de culpabilidad, absolutamente contraria a la
presunción de inocencia y a la imparcialidad que debe regir en las actuaciones
penales. Este proceder recuerda la antigua función infame de la justicia
inquisitorial, cuando los acusados eran expuestos en la plaza pública para ser
sometidos al escarnio y a la vergüenza ciudadana. En el ámbito español no
ocurren ahora esas cosas, pero todavía los medios de comunicación continúan
37
siendo una especie de plaza pública donde se exponen los conflictos penales
sin el respeto a las garantías procesales13.
La visibilidad que aporta la prensa va mucho más allá de la necesaria
transparencia que los medios deben dar a la administración de justicia, pues
afecta a la imparcialidad del proceso y a los derechos individuales de las
personas involucradas. Es una visibilidad que se ajusta más a la lógica del
espectáculo que al interés público por la comprensión de los hechos.
Un querer ver sin límites que ha sido estudiado por Gérard Imbert y que
desvela un voyeurismosocial por la tragedia, alimentado por los medios, «un
ver por ver que puede generar en mira perversa»14.
El derecho fundamental que tiene toda persona a la presunción de inocencia y
a las garantías procesales son una conquista de la civilización, y los medios,
además de respetarlos, deberían contribuir a su difusión social. La defensa de
tales derechos nos protege contra la impunidad y las tentaciones de prácticas
policiales y judiciales contrarias a la legalidad. ¿Cómo superar tales
deficiencias? En algunos casos, será suficiente con introducir pequeños
cambios en el lenguaje, en otros, se necesita de la formación de los
profesionales para cambiar determinadas ideas en torno a las cuestiones
planteadas.
En el lenguaje, las alternativas al uso incorrecto de la presunción son muchas,
las personas detenidas por la policía pueden ser catalogadas de acusadas,
imputadas, indiciadas, supuestos autores de, detenidas en relación con…
Además, los periodistas deberían abstenerse de construir la sospecha o la
culpabilidad de los acusados mediante las declaraciones de la policía o de los
ciudadanos.
Nunca deberían reproducir la imagen de los detenidos hasta que estos fueran
considerados culpables, como tampoco facilitar su identidad ni divulgar datos
relativos a su vida privada.
Conseguir que se respeten los derechos de aquellos que son despreciados por
la sociedad es la mejor forma de fortalecer los valores democráticos,
transparentar el funcionamiento de la justicia y evitar el caer en prácticas 13
Ver BARATA, F.; LARA, M. (2009). Nota[n] Roja. La vibrante historia de un género y unanueva manera de informar.
Ciudad de México: Debate. 14
IMBERT, G. (2004). La tentación de suicidio. Madrid: Tecnos, p. 97.
38
contrarias al proceso de civilización que tantos años ha costado construir.
Como señalaba hace más de una década Amparo Moreno, los medios son
unas poderosas maquinarias de creación de pautas de lectura sobre la realidad
social.15
Los medios deben hacer efectivo del principio de publicidad, transparentar la
justicia ante la ciudadanía, pero hacerlo desde una posición de respeto a los
derechos.
Aun minimizando los riesgos de influencia de los ―juicios paralelos‖ en jueces
profesionales, como lo son la mayoría de los sentenciantes de nuestro, dados
su formación y su cabal conocimiento de la esencial importancia que en un
proceso justo tienen el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a ser
juzgado imparcialmente, y aun cuando desde ya largo tiempo se analice la
publicación con la lente de la real malicia –método a posteriori y por lo tanto
tardío para la protección de derechos básicos-, es necesaria la reflexión e
imperiosa la armonización.
Uno de los caminos posibles a seguir para disminuir la tensión entre la libertad
de prensa y la presunción de inocencia, es regular por ley los estándares
mínimos que deben respetarse cuando se informa sobre personas que transita
una investigación penal.
No existen, a mi criterio, objeciones constitucionales si se establecen ciertas
limitaciones a la libertad de prensa, que permitan compatibilizar tal derecho con
otro también de jerarquía constitucional.
Así entonces, los medios de comunicación al momento de identificar a una
persona bajo proceso deberían distinguir el grado de probabilidad de
culpabilidad que pesa sobre el sujeto, es decir, no es lo mismo ser denunciado,
indagado, procesado o con acusación fiscal, o condenado por sentencia aún no
firme.
1.4. CONCLUSIONES PARCIALES DELCAPITULO
El Derecho a la intimidad, se funda en una concepción humanista, que procura
aportar elementos de razonabilidad en la inevitable tensión individuo-
comunidad.
15
Amparo Moreno, Larealidad de la prensa devoradora, 2009
39
Como se dice de los tratados que he investigado para el trabajo que estoy
aplicando, de la naturaleza misma del hombre deriva su sociabilidad, pero
también de ella emana el derecho a una esfera personal inalienable y a un
ámbito familiar íntimo no susceptible de ser invadido por los demás y mucho
menos de someterse al escrutinio público.
También sería relevante tener en cuanta si la información se refiere a un
particular o a un funcionario público, y este último caso, si resulta imputado de
un delito común o de uno cometido en ejercicio de sus funciones.
Estos son sólo algunos parámetros de una ley que la sociedad necesita, luego
claro está, de un serio y amplio debate.
La persona no puede estar sujeta de modo permanente a la observación y a la
injerencia de sus congéneres, inclusive tiene derecho a reclamar de sus
propios familiares aun de los más allegados, el respeto a la soledad en ciertos
momentos, la inviolabilidad de sus documentos personales y de su
correspondencia, así como la mínima consideración respecto de los problemas
y circunstancias que desee mantener en reserva; con mucha razón Molinero
César dice: ¨ La injerencia de cualquier persona en la vida privada familiar debe
ser considerada como un allanamiento de morada¨, de tal modo que el principio
del respeto a la intimidad está situado en el corazón mismo de una auténtica
democracia.
40
CAPITULO II. MARCO METODOLÓGICO Y PLANEAMIENTO DE
LA PROPUESTA.
2.1. Caracterización de la investigación:
La presente investigación se desarrolla en la Ciudad de Babahoyo, Provincia
de Los Ríos, frente a la comunidad periodística de la Provincia, la Policía
Nacional y los administradores de Justicia Penal y tiene como principal objetivo
crear un cambio en la comunidad periodística a que se respete la presunción
de inocencia del detenido que aún no ha sido juzgado.
La finalidad esta propuesta es hacer prevalecer la normativa constitucional
vigente así como la aplicación de la ley de medios en caso de incumplimiento
de derechos de terceros por parte de los medios de comunicación de la
Provincia de Los Ríos.
Estando comprometidos a preservar el derecho a la honra y al buen nombre de
los ciudadanos del País.
2.2. Descripción del proceso metodológico
El primer paso es tomar una capacitación a los periodistas de Los Ríos, Policía
Nacional y Administradores de Justicia a fin de fortalecer lazos
interinstitucionales entre estos para entender un amplio espectro de ideas que
coadyuven al respeto de la normativa constitucional vigente.
La capacitación permite educar al personal, hacerse menos resistente a los
cambios que se generan al adherir a la norma, a ensamblar los procesos de
manera más eficiente, permite sensibilizar a la organización para crear un
sistema gerencial moderno, que sea capaz de adaptase rápidamente al
requerimiento de cliente.
La metodología de la investigación es cualitativa porque ayuda con los
diferentes modelos que se presentan dentro del marco teórico sobre la
regulación de información y la facilitación que la policía brinda para emitir una
información sin respetar las garantías del debido proceso.
41
El tipo investigación es de carácter descriptivo, bibliográfico, aplicado y de
campo.
Descriptivo porque define, analiza e interpreta el entorno actual y los procesos
que se están analizando; además, brinda propuestas realizables para encontrar
la solución del problema por el que se investiga.
Es bibliográfico porque se utiliza información extraída de textos de varios
autores con temas referentes a administración de justicia, derechos humanos, y
demás bibliografía referente al tema.
Es aplicado ya que se encamina a la solución práctica del problema
generalizable o no, en este caso se busca llegar a los intervinientes a fin de
que reformulen su práctica informativa para evitar transgredir derechos de las
personas.
De campo ya que estudia cuantitativa-cualitativamente el comportamiento del
objeto a estudiar
2.2.1. Población y muestra
Población: .- La presente investigación se lo realizo en la ciudad de Babahoyo,
Provincia de Los Ríos, sus habitantes, Policía Nacional, Periodistas y
administradores de justicia.
Muestra.- En la investigación a desarrollar, la población utilizada en la
investigación es finita porque abarca la localidad provincial, aunque su
incidencia podría ser nacional. La muestra de estudio corresponde a las
denominadas muestras probabilísticas, a los intervinientes de la investigación.
Se determina el tamaño de la muestra utilizando la siguiente fórmula que tiene
en cuenta, la desviación estándar, la probabilidad de éxito y de fracaso, el
margen de error y el margen de confianza de la investigación:
Formula finita
42
En donde:
N= Tamaño de la población
Z2= desviación estándar (2.06)2
P= Probabilidad de éxito (0.8)
Q= Probabilidad de fracaso (0.2)
E2= Error permisible (0.04)2
Aplicación de la formula
La población de la cual se extrajo la información necesaria para realizar
investigación fue de 417 encuestados.
2.2.2. Metodología de la investigación
El método que se utilizo para la recolección de la información es el método
inductivo-deductivo porque permitió alcanzar los objetivos propuestos.
Inductivo porque se analizaron otros factores como por ejemplo el estudio o la
aplicación de un modelo de gestión de la calidad. Deductivo, porque se
describe toda la estructura dela empresa purificadora de agua ―Brisas del
Cristal‖para su futura aplicación.
43
También se utilizo el método analítico-sintético, ya que este método permitió
realizar un análisis de los procesos de los servicios que ofrece la empresa a
sus clientes. Así también se utilizo el método histórico-lógico, ya que permitió
alcanzar de manera científica los sucesos y situaciones del pasado
delaempresa y compararlas con los hechos actuales, los cuales permitieron
realizar un análisis profundo de la situación.
Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta. Esta
técnica de investigación de campo se lo realizo a los habitantes, Policía
Nacional, Periodistas y administradores de justicia a través de una serie de
preguntas cerradas diseñadas para conocer cuáles son sus expectativas y su
nivel de aceptación respecto al tema.
2.2.3. Procesamiento de Datos.
Cada incógnita será presentada al encuestado a fin de obtener información,
esto ayudará a realizar un análisis sobre lo que tenemos actualmente y lo que
se debe proponer un modelo aplicación de Prensa Garantista de derechos.
44
2.2.3.1. Tabulación gráfica del análisis de las encuestas
ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS
Es importante tomar en consideración la opinión pública ya que esta es el
sustento de nuestra propuesta, y se comprueba que el publicar o exhibir a
alguna persona detenida por cualquier índole lo esti8gmatiza, el 87% de los
encuestados refieren que quienes aparecen como sospechoso, ―presuntos
autores de un delito‖ son culpables, y esto que ninguno de ellos ha dado algún
tipo de seguimiento para establecer si aquella persona fue o no sentenciada y
declarada como tal.
1¿Cree usted que todos los detenidos presentados ante la prensa son
culpables?
Descripción Número de Encuestados
SI 380
NO
37
Total
417
NO 23%
SI 87%
Gráfico N° 1
45
Análisis e interpretación de datos
En lo relacionado a la opinión sobre si se debe o no presentar a los detenidos
el 55% coinciden que si ya que de esta manera dicen pueden identificarlos de
otros delitos, pero esto no representa un análisis amplio, toda vez que el 23%
dice que no y reconocen que no es prudente presentarlo, así como el 22%
dicen no saber sobre si se debe o no hacerlo.
2¿considera usted que se debe presentar a los detenidos ante la
prensa?
Descripción Número de Encuestados
SI 128
NO 70
NO SABE 63
Total 417
no sabe 22%
no 23%
si 55%
Gráfico N° 2
46
3¿cree usted que el presentar a una persona ante la prensa como autora
de un delito, se afecta a su entorno familiar?
Descripción Número de Encuestados
a) Si 351
b)No 66
Total 417
Análisis e interpretación de datos
El 87% reconoce que indiscutiblemente se afecta a la familia de aquella
persona que es presentada ante los medios por presuntamente se autor del
cometimiento de un delito.
87%
13%
Gráfico N° 3
a)Si
b)No
47
4¿De las siguientes opciones donde ha podido ver a personas que
cometen delitos?
Descripción Número de Encuestados
INTERNET 77
DIARIOS 112
TELEVISION 218
Total
417
Análisis e interpretación de datos
Era importante preguntarle a los encuestados el medio por el cual observan la
presentación de los sospechosos, en este caso la mayoría observan a través
de medios televisivos, seguidos por los diarios y e un menor número a través
del internet, sin embargo todos ellos forman la prensa y sin lugar a dudas todos
presentan al sospechoso desconociendo si este es o no culpable, es decir
vulnerando la presunción de inocencia.
INTERNET 22%
DIARIOS 23%
TELEVISION 55%
Gráfico N° 4
48
5¿sabe usted que el presentar a los sospechosos a la prensa vulneran
la presunción de inocencia?
Descripción Número de Encuestados
SI 80
NO 87
NO SABE 202
Total 369
Análisis e interpretación de datos
En esta pregunta el 55% de los encuestados respondieron NO SABER qué se
vulnera la presunción de inocencia, perteneciendo estas respuestas a personas
de la comunidad, es decir a ciudadanos comunes y corrientes, quienes en
algún momento podrían ser objeto de tales abusos.
SI 22%
NO 23%
NO SABE 55%
Gráfico N° 5
49
6¿Ha observado usted por la televisión o por el diario a los detenidos en
un delito?
Descripción Número de Encuestados
a)Si 417
c)No 0
Total 417
Análisis e interpretación de datos
El 100% de los encuestados reconocen haber observado en algún momento la
presentación de un sospechoso ante la prensa.
100%
0%
Gráfico N° 6
a)Si
c)No
50
7¿Cuándo ve un detenido ante la prensa, piensa usted que se va
disminuyendo los índices de inseguridad?
Descripción Número de Encuestados
a) No 351
b) Si 66
Total 417
Análisis e interpretación de datos
Muy a pesar de que la pretensión de los medios es establecer una especie de
control sobre los índices de inseguridad al presentar a un sospechoso, la
realidad que manifiesta la ciudadanía es otra muy distinta a esta pretensión ya
que el 87% de encuestados reconocen no sentirse más seguros con el hecho
de ver por la prensa que se ha detenido a alguien.
87%
13%
Gráfico N° 7
a)Si
b)No
51
Conclusiones de la tabulación gráfica, con todos estos datos y la información
respectiva se muestra en general, por qué las personas encuestadas dan su
opinión acerca de las alternativas que eligieron:
Con todos estos datos y la información respectiva se muestra en general, por
qué las personas encuestadas dan su opinión acerca de las alternativas y que
existe un desconocimiento sobre los derechos fundamentales, los periodistas,
los agentes policiales, los operadores de justicia, saben y reconocen sobre esta
vulneración y aceptan en algún momento haber colaborado para la aplicación y
desarrollo de tal vulneración, sin embrago la ciudadanía desconoce que esta
práctica vulnera un derecho del que todos gozamos, lo que viabiliza la
propuesta planteada en este trabajo investigativo.
2.3. Propuesta
El Garantismo del sistema de los derechos fundamentales Los poderes,
siguiendo a Ferrajoli, sean de carácter público o privado tienden a acumular el
poder de forma absoluta.
Por sí sola, la expresión Estado de derecho se refiere únicamente al conjunto
de poderes que conforman el Estado, es decir, a los poderes públicos que se
encuentran sujetos a lo dispuesto por la ley y que a través de las instituciones
públicas están obligados a cumplir con la huella de todo constitucionalismo: el
respeto a las garantías. Es de este modo vertical entre Estado y ciudadanos
que se ha desenvuelto el paradigma garantista del Estado de derecho, no
obstante, dicho tipo de relación también existe entre poderes privados, en su
mayoría económicos, y ciudadanos indefensos ante éstos.
El Estado de derecho, según el lente ferrajoliano, se ha extendido de diversas
formas junto con su sistema de garantías al derecho privado, lo que aún es una
carencia en una teoría del Estado de derecho y de los derechos fundamentales
en relación con los poderes privados. Una noción ampliada del Estado de
derecho bien puede satisfacer esta penuria, pero hoy en día relaciones
asimétricas entre potestades privadas y ciudadanos amenazan el respeto a los
derechos fundamentales.
Es por ello que la necesidad de revitalizar la noción de los derechos
fundamentales en un Estado constitucional de derecho sobresale como un
52
quehacer apremiante para dimensionar su importancia y, en consecuencia, su
valor en el orden jurídico. Asimismo, para abonar en su protección a través de
garantías secundarias y procedimientos en manos de instituciones con
capacidad de sanción y control constitucional en caso de presentarse alguna
violación.
En la actualidad en nuestro país se ha promulgado la tan criticada Ley de
Medios, criticada esta por los mismos medios; la que sanciona el linchamiento
mediático; de aquí que la propuesta planteada es casi 100% aplicable al
pretender establecer LA REVITALIZACION DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES ANTE LA PRENSA Y LA NO APARICION DEL
SOSPECHOSO ANTE ELLA.
A nivel global, el salto del constitucionalismo rígido a un constitucionalismo de
escala internacional es un tránsito obligatorio dados los procesos de
integración económica y política que han venido en aumento en los últimos
años. Sin lugar a dudas estos procesos conllevan el debilitamiento de las
constituciones nacionales, empero, éstos deben convertirse en la oportunidad
de redimensionar las cartas y convenciones de derechos humanos como base
incluso de un constitucionalismo sin Estado, no al margen de éste sino de
carácter supra estatal.
Por tanto, para hacer frente a los poderes privados que hoy ponen en vilo el
diseño de los países democráticos, un orden constitucional de derecho
ampliado al plano supranacional se apetece como el modelo idóneo.
El Objetivo general de lo que se propone es Prohibir la exhibición ante la
prensa del detenido que no haya sido declarado culpable por un tribunal de
garantías penales.
Cuyos Objetivos Específicosson
Respetar la normativa constitucional vigente
Hacer prevalecer los Tratados internacionales que nos garantizan un
estado constitucional de derechos y justicia.
Sancionar el incumplimiento de la prohibición.
El proponer este modelo garantista se justifica en cuanto a que de esta
manera se logrará limitar los abusos de la prensa que se ha desarrollado a lo
largo de los años; haciendo concientizar a la comunidad la idea de Estado de
derecho. Empero, lo que a la fecha sigue siendo ausencia no sólo en el plano
53
institucional sino también en la reflexión teórica, es el apuntalamiento de la
tutela de los derechos fundamentales frente a los poderes privados, esto es, un
constitucionalismo de derecho privado; al establecer sanciones las mismas que
ya se encuentran contempladas en la Ley de comunicación en vigencia sin
duda alguna lograrán detener las innumerables violaciones por parte de la
prensa al derecho constitucional de presunción de inocencia.
2.4. Conclusiones parciales del capítulo
La presunción de inocencia no se ha consolidado en el panorama doctrinal y en
la práctica jurídico-política de una forma pacífica. Ha tenido que librar una dura
batalla. Ha soportado amplias objeciones. Ha debido depurar dialécticamente
sus fundamentos.
Como es bien conocido, las principales objeciones doctrinales a la presunción
de inocencia germinaron en torno a la escuela positivista italiana de Derecho
Penal, y especialmente en el pensamiento de Bettiol y Manzini.
De las investigaciones realizadas y planteadas en este trabajo, mucha gente
desconoce sobre el tema, y su consecuencia podría afectar en el momento en
que ellos sean víctimas de la mala utilización de los medios de prensa para
agrandar una noticia, y tachar o estigmatizar a una persona que no haya sido
legalmente declarada como culpable.
54
CAPITULO III. VALIDACION Y/O EVALUACION DE
RESULTADOS DE SU APLICACIÓN
3.1 Procedimiento de la aplicación de los resultados de la investigación
La presentación y publicación de personas aprehendidas por la policía ante los
medios de comunicación es una práctica que debe ser corregida en el sistema
penal, en especial por las siguientes razones:
Viola derechos y garantías.-
La policía debe entregar inmediatamente ante un juez –autoridad judicial– a las
personas detenidas, tal como lo exige el artículo 7(5) de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos. Para ello, hay que dejar en claro que
―poner a disposición‖ no es lo mismo que ―entregar‖, pues bajo esta primera
fórmula se puede prescindir de la presencia física del detenido con
simplemente remitir los atestados o partes policiales a la autoridad. Sin
embargo, al ser presentados los capturados primero ante los medios de
comunicación, se conculcan derechos y garantías como la presunción de
inocencia, la defensa, la honra, el buen nombre, la propiedad de la imagen
personal, entre otros.
Dificulta la defensa.-
Presentar a una persona ante los medios de comunicación y rotularla como
―delincuente‖ dificulta el ejercicio del derecho a la defensa. Cuestiones como la
―aparición‖ noticiosa de los antecedentes penales o el registro de detenciones
indisponen la tutela judicial efectiva del detenido. Los operadores de justicia no
dejarán subjetivamente de concebir a la persona procesada como un desviado.
Esto reduce las expectativas reales de la defensa técnica del procesado; no se
descarta que, tanto jueces como fiscales, se sientan presionados por la noticia
criminal construida por los medios de comunicación.
Cosifica al procesado.-
55
Las personas presentadas no sólo que son afectadas moral y
psicológicamente, sino que son cosificadas, es decir rebajadas insensiblemente
al plano de objetos de la información y no sujetos con dignidad humana.
El avergonzamiento público, determinado aún más por la exposición del cuerpo
obligado a uniformarse de delincuente, marca un momento lesivo en la vida del
procesado, pues aunque sea absuelto o sobreseído, la sociedad (entorno
familiar, amistades o barrio) no dejará de tratarlo como un ―bicho raro‖. A ello
se suma la latente discriminación que son víctimas, devenida en forma de
estereotipos construidos sobre los detenidos. No es raro entonces que se
manipulen delictualmente categorías sospechosas de discriminación como la
nacionalidad, la procedencia étnica, el origen regional, la condición
socioeconómica, el pasado judicial, la edad o las características físicas.
Aumenta la percepción de inseguridad.-
El aumento de noticias de delito contribuye a la elevación de la sensación
térmica de inseguridad; mientras más personas capturadas aparezcan ante los
medios, mayor es la percepción de inseguridad. La eficacia de las agencias
policiales en su lucha contra el crimen es desplazada por la sensación de
sentirse cada vez más vulnerable frente al delito. Esta no es una simple
coincidencia, sino una deliberada estrategia de los medios de comunicación
para influir –predeterminar– la política criminal del país, pues actualmente ésta
no es fruto del consenso multiagencial del Estado y la sociedad civil, sino del
arrinconamiento del poder público por parte de la prensa.
3.2 Análisis de resultados finales de la investigación
La constante aparición de noticias de delito es un escenario para tomar
distancia con la gobernabilidad en materia de seguridad. Algunos actores
políticos tratarán de ―explicar‖ el fracaso de la prevención del delito, para
señalar con el dedo al gobierno y plantear muchas veces propuestas
descabelladas respecto del Estado de Derecho. A ello se suma la construcción
de una nueva cultura política, en la que la ciudadanía deja de preocuparse por
la exigibilidad de derechos sociales, sustituyéndola por la demanda de ―más
56
seguridad‖. Esto no elimina a su vez la aparición de corporativismos, pues ante
el aparente aumento de la criminalidad las agencias judiciales y de seguridad
exigirán el incremento de su personal, remuneración y equipamientos, sin la
base de ningún estudio técnico. Esto seduce la política, que termina por ceder
ante estas demandas. Al final, el coste por el incremento de patrulleros,
uniformes, equipamiento o personal no lo paga la cooperación internacional,
sino todos los contribuyentes.
La exposición de los detenidos ante los medios es comparable históricamente
con la Picota Pública, eliminada en Europa a fines del siglo XVII, y que
consistió en la exhibición pública ante la comunidad del cuerpo de una persona
reprochada por el poder punitivo. Cuatrocientos años después, existen medios
menos vejatorios para evitar la impunidad en la comisión de delitos. Las
presuntas víctimas pueden reconocer al supuesto victimario a través de
mecanismos como la Cámara de Hessel o la Ronda de Imputados, muy usados
en el resto del mundo, sobre todo en países desarrollados.
Por muchas razones, la exposición mediática de las personas aprehendidas
por la policía debe ser abolida. El arresto, captura o detención no puede ser
más un escenario para exacerbar la degradación humana de la sociedad.
3.3. Conclusiones parciales del capítulo
Estudiar la aprehensión nos ha llevado a observar ―pequeños‖ detalles que se
le escapan a la eficacia del garantismo constitucional en el Ecuador. A su vez,
nos conduce hacia el estudio de la detención en su circulación por las
instituciones del Estado, que actúan en los fenómenos de prisionización,
ineficacia del principio de presunción de inocencia y construcción de la política
criminal a través de más medias. Sobre este último punto hemos esbozado
algunas consideraciones en cuanto a dos perspectivas distintas del derecho u
―obligación‖ a ser presentado.
La vigente Constitución de la República no es sorda al garantismo en la
detención.
Protege a las personas aprehendidas como uno de los sectores vulnerables de
la sociedad, sin embargo muchos hacen caso omiso a esta garantía, y es ese
incumplimiento que nos lleva a plantear una propuesta de cambio.
57
CONCLUSIÓN GENERALES
Si los medios de comunicación social están para servir a la libertad, ellos
mismos deben ser libres y usar correctamente esa libertad. Su situación
privilegiada les obliga a estar por encima de las meras preocupaciones
comerciales y servir a las verdaderas necesidades e intereses de la sociedad.
Si bien existen normativas públicas sobre los medios de comunicación social,
adecuadas a la defensa del bien común, a veces el control gubernamental no lo
es.
En particular los reporteros y comentaristas tienen el grave deber de seguir las
indicaciones de su conciencia moral y resistir a las presiones que les empujan
a ―adaptar‖ la verdad para satisfacer las exigencias de los poderes económicos
o políticos.
En concreto es necesario, no sólo encontrar el modo de garantizar a los
sectores más débiles de la sociedad el acceso a la información que necesitan,
sino también asegurar que no sean excluidos de un papel efectivo y
responsable en la toma de decisiones sobre los contenidos de los medios, y en
la determinación de las estructuras y líneas de conducta de las comunicaciones
sociales.
La democracia es hacer lo que manda la mayoría siempre respetando a las
minorías, y el vivir en libertad, es hacer lo que quieras siempre dentro del límite
de las leyes, o sea solo lo que las leyes te permiten, hasta ahí llegan tus
libertades.
La exigencia moral fundamental de toda comunicación es el respeto y el
servicio a la verdad. La libertad de buscar y decir la verdad es un elemento
esencial de la comunicación humana, no sólo en relación con los hechos y la
información, sino también y especialmente sobre la naturaleza y destino de la
persona humana, respecto a la sociedad y el bien común, respecto a nuestra
relación con Dios.
58
Los medios masivos tienen una irrenunciable responsabilidad en este sentido,
pues constituyen la escena donde hoy en día se intercambian las ideas y
donde los pueblos pueden crecer en el conocimiento mutuo y la solidaridad.
RECOMENDACIONES GENERALES
Confrecuencia los medios prestan un valiente servicio a la verdad; pero a veces
funcionan como agentes de propaganda y desinformación al servicio de
intereses estrechos o de prejuicios de naturaleza nacional, étnica, racial o
religiosa, de avidez material o de falsas ideologías de tendencias diversas.
Ante las presiones que empujan a la prensa a tales errores, es imprescindible
una resistencia ante todo por parte de los propios hombres y mujeres de los
medios, pero también de la Iglesia y otros grupos responsables.
59
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ANEXOS
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DETENIDOS PUESTOS ANTE LOS OJOS DE LA PRENSA DE FECHA
DICIEMBRE 20 DEL 2013
65
DETENIDOS PUESTOS ANTE LOS OJOS DE LA PRENSA DE FECHA
MARZO 14 DEL 2014
