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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO UTESA Área de Ciencias y Humanidades Carrera de Derecho ANÁLISIS DEL RECURSO DE HABEAS CORPUS EN LOS PROCESOS PENALES SOBRE LAVADO DE ACTIVOS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PUERTO PLATA EN EL ÚLTIMO SEMESTRE DEL AÑO 2012 Monografía para optar por el título de Licenciados en Derecho PRESENTADA POR: LEANDRO JAVIER CASTILLO MARTÍNEZ MADELINE MABEL GONZÁLEZ ASESORES: DIGNA ARIAS, M.A. DR. MÁXIMO SANTANA San Felipe de Puerto Plata República Dominicana Agosto, 2013
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO
UTESA Área de Ciencias y Humanidades
Carrera de Derecho
ANÁLISIS DEL RECURSO DE HABEAS CORPUS EN LOS
PROCESOS PENALES SOBRE LAVADO DE ACTIVOS EN EL
DISTRITO JUDICIAL DE PUERTO PLATA EN EL ÚLTIMO
SEMESTRE DEL AÑO 2012
Monografía para optar por el título
de Licenciados en Derecho
PRESENTADA POR:
LEANDRO JAVIER CASTILLO MARTÍNEZ
MADELINE MABEL GONZÁLEZ
ASESORES:
DIGNA ARIAS, M.A.
DR. MÁXIMO SANTANA
San Felipe de Puerto Plata
República Dominicana
Agosto, 2013
INDICE GENERAL
RESUMEN
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I. EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS
1.1 Definición de Hábeas Corpus
1.2 Origen del Hábeas Corpus
1.3 El sentido Jurídico de la Libertad
1.4 Principios Básicos del Hábeas Corpus
1.5 Objetivos del Hábeas Corpus
1.6 La detención
1.6.1 Ilegalidad de la detención
CAPÍTULO II. EL LAVADO DE ACTIVOS EN LA LEGISLACIÓN
DOMINICANA
2.1 Definición del Lavado de Activos
2.2 La complejidad del tipo penal del lavado de activos
2.3 Origen y evolución de la tipificación del lavado de activos en la
República Dominicana
2.3.1 Ley 50-88 del 30 de mayo de 1988
2.3.2 Ley 17-95 del 17 de diciembre de 1996
2.3.3 Ley 72-02 del 29 de mayo del 2002
2.4 La conducta típica del lavado de activos en la Ley 72-02
2.5 El dolo, conocimiento y voluntad
2.6 Situaciones que agravan la punibilidad
CAPÍTULO III. EL HÁBEAS CORPUS EN LA LEGISLACIÓN
DOMINICANA
3.1 La Constitución Dominicana 2010 en relación al Hábeas Corpus
3.2 El Hábeas Corpus en el ámbito internacional
3.3 Ley 5353 del 22 de octubre de 1914 sobre Hábeas Corpus
3.4 Código Procesal Penal y el Hábeas Corpus
3.5 Procedimiento del Hábeas Corpus
3.6 Admisibilidad del Hábeas Corpus
3.7 Ejecutoriedad del Hábeas Corpus
3.8 Competencia en materia de Hábeas Corpus
CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS
RESULTADOS
4.1 Matriz de las variables e indicadores del estudio
4.2 Interpretación del instrumento aplicado al Juez de Primera Instancia
de Puerto Plata
HALLAZGOS
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
APÉNDICE
BIBLIOGRAFÍA
RESUMEN
La Constitución de la República Dominicana, ha garantizado desde su
nacimiento y a través de sus múltiples modificaciones, el derecho a la libertad y
seguridad personal, igual ha ocurrido con el nacimiento de la nueva Carta
Magna. En su última modificación, en el año 2010, otorgó el merecido rango
constitucional a la acción de Hábeas Corpus, lo que irrefutablemente deberá
traer consigo la creación de una Ley Hábeas Corpus, o bien, la asignación de su
conocimiento al tan esperado Tribunal Constitucional, como ocurre en Costa
Rica, o bien, el conocimiento del mismo por éste Tribunal como alzada, ante
los tribunales ordinarios.
La problemática surge, porque a pesar de que el recurso de Hábeas
Corpus, se utiliza con regularidad en los tribunales dominicanos, en los
crímenes de lavado de activos, no es tan común su uso, lo que vulnera el
derecho del imputado. Es en este sentido, que es necesario brindar más
información sobre la relación del recurso del Hábeas Corpus en los casos de
lavados de dinero y cómo éste se puede aplicar.
Es importante esta investigación porque la comunidad debe conocer qué
mecanismos legales se pueden utilizar para que los imputados en este tipo de
delito de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y
sustancias controladas y otras infracciones graves sean favorecidos por el
recurso del Habeas Corpus, ya que esto afecta la administración de la justicia y
la seguridad en la ciudad de Puerto Plata. También es importante de que se
conozcan los mecanismos e instrumentos necesarios para la prevención y
detección del lavado de activos, así como las sanciones penales que se deriven
de su inobservancia, determinando los sujetos obligados.
También es importante este estudio porque el lavado de activos es una de
las acciones delictivas donde cada una de las personas y-o instituciones que
participan en la infracción punible, adquiere una responsabilidad independiente
de la adquirida por otros copartícipes del hecho.
El Tribunal de Primera Instancia de Puerto Plata está dirigido por el
Magistrado José Antonio Núñez. Conoce de los asuntos en materia penal, civil,
comercial, laboral, niños, niñas y adolescentes, de conformidad con la
competencia que les da la ley.
El objetivo general de esta investigación es analizar el recurso de Habeas
Corpus en los procesos penales sobre Lavado de Activos en el Distrito Judicial
de Puerto Plata en el año 2012.
Este es un estudio exploratorio-descriptivo: Exploratorio porque en su
desarrollo cosntruye un marco de referencia teórico y práctico acerca del
recurso de Habeas Corpus y del fenómeno del lavado de activos a la vez que se
familiariza al lector con un tema novedoso y escasamente estudiado;
Descriptivo ya que se analizaron los derechos que garantiza el recurso de
Habeas Corpus, bajo qué condiciones y su fundamento legal
Además se utilizar un tipo de estudio bibliográfico porque este análisis se
apoyó en la Constitución, el Código Procesal Penal, en otras leyes,
resoluciones, decretos y libros relacionados con el recurso de Habeas Corpus y
el lavado de activos; también es de campo porque se entrevistó al Juez del
Tribunal de Primera Instancia, quien es la población de este estudio, mediante
un cuestionario con dieciséis (16) preguntas cerradas.
Este estudio reveló que el magistrado José Antonio Núñez, Juez de
Primera Instancia de Puerto Plata, considera que es muy importante el grado
que reviste el Recurso de Hábeas Corpus para garantizar un derecho
constitucional, manifestando que el derecho a la libertad es el derecho
fundamental que más garantiza la acción de Hábeas Corpus, que está
contemplada en la Constitución Dominicana.
Así mismo, la investigación reveló que el magistrado opinó que la
prueba documental es importante en un proceso judicial sobre lavado de
activos, dentro de las que se encuentran los contratos de venta, cuentas
bancarias, títulos de propiedad, libros de contabilidad y de comercio en general,
documentos de pago, entre otros.
Esta investigación concluye que durante el año 2012, el Tribunal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata no conoció ningún
recurso de Hábeas Corpus para los imputados en los casos de lavado de activos,
lo que evidencia que este es una figura jurídica, que a pesar de estar establecida
en la Constitución Dominicana, no es muy utilizada por los abogados; o en su
defecto, que las detenciones realizadas a los imputados en casos de lavado de
activos, están acorde con lo que establecen las leyes y reglamentos.
INTRODUCCION
La acción de Hábeas Corpus, tiene como finalidad garantizar el respeto a
dos de los principales derechos fundamentales del hombre y la mujer, estos son,
el derecho a la libertad y a la seguridad personal, consagrados en la Carta
Magna en las disposiciones del artículo 40; así mismo, garantiza la
Constitucionalización de todos los actos de los agentes y representantes de los
poderes públicos, y el respeto a las normas y principios que rigen el debido
proceso de ley.
Entre los juristas que han realizados investigaciones se puede señalar al
Lic. Juan Pablo Acosta, con su obra “El Hábeas Corpus (Un Recurso de
Derechos Humanos)”, quien recomendó la derogación de la Ley 5353 porque
en muchos aspectos no estaba acorde con la necesidad de la sociedad; Carlos
Feliz Duran, en su obra “Derechos Individuales”, estableció que la hoy deroga
ley, constituía un mecanismo de corrupción judicial.
En el año 2005 la Escuela Nacional de la Judicatura con el
financiamiento de la USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional) a través de su programa justicia y Gobernabilidad editó el libro
¨Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos¨
en donde se plantea que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI) la
incidencia que tiene el delito de lavado de activos en el Producto Interno Bruto
de América Latina se puede ubicar entre el 2.5% y 6.3% anual.
Esta investigación se justifica porque con el Hábeas Corpus es una
garantía, que como acción, tutela la libertad física o corporal de las personas, es
el instrumento al que tiene derecho toda persona detenida, privada de su
libertad, y aún cuando sienta que la misma podría estar amenazada, dicha
acción puede ser presentada por sí, o representado por cualquier otra persona,
ante el Juez o tribunal competente, cuando entiende que dicha detención es
arbitraria, o ilegal, a fin de que el Tribunal determine sobre dicha arbitrariedad
o ilegalidad.
La conveniencia social de este estudio, es que, las actividades ilícitas se
han diversificado cada día más por lo que se hace más difícil poder detectarlas,
sin embargo, a través de esta investigación se conocen las formas que se
utilizan para el lavado de activos, así como las leyes, reglamentos, resoluciones
y decretos vigentes en la República Dominicana que regulan el lavado de
activos y de igual manera, el recurso de Habeas Corpus cuando se aplica para
obtener la libertad de los imputados en este tipo de delito.
El objetivo general de esta investigación es analizar el recurso de Habeas
Corpus en los procesos penales sobre Lavado de Activos en el Distrito Judicial
de Puerto Plata en el año 2012.
También esta investigación se plantea los siguientes objetivos
específicos:
Analizar la importancia de la aplicación del Habeas Corpus en los
procesos por lavado de activos.
Identificar los elementos de pruebas que se admiten en los procesos
penales por violación a la Ley 72-02.
Determinar los efectos jurídicos por el otorgamiento del Habeas Corpus
en este tipo de procesos penales.
Este estudio está delimitado a la relación que existe entre el recurso de
Hábeas Corpus y el lavado de activos de los casos llevados ante el Tribunal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata durante el año 2012.
La dificultad que presentó este trabajo fue buscar la oportunidad de que
el Magistrado del Tribunal de Primera Instancia concediera la entrevista para la
recolección de los datos.
Esta investigación se desarrolló en cuatro capítulos:
En el Capítulo I se analizó el recurso de Hábeas Corpus, definición,
origen, sentido jurídico de la libertad, principios básicos del Hábeas Corpus ,
objetivos así como la detención.
En el Capítulo II se presentó un análisis del lavado de activos en la
legislación dominicana, definición de lavado de activos, la complejidad del tipo
penal de este crimen, origen y evolución de su tipificación en el país; así mismo
se presenta la conducta típica del lavado de activos en la Ley 72-02, el dolo,
conocimiento y voluntad y las situaciones que agravan la punibilidad.
En el Capítulo III se trató el Hábeas Corpus en la legislación
dominicana, la Constitución, el Hábeas Corpus en el ámbito internacional, la
derogada Ley 5353, el Código Procesal Penal. De igual forma, se presentó el
procedimiento de este recurso, su admisibilidad, ejecutoriedad y la
competencia.
En el Capítulo IV se analizaron los resultados y se presentaron la matriz
de las variables e indicadores del estudio, al igual que la interpretación del
instrumento aplicado al Juez de Primera Instancia de Puerto Plata.
CAPÍTULO I. EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS
El habeas corpus es un instrumento procesal de origen anglosajón que
tiene por finalidad la protección de la libertad personal de los individuos,
institución que ha tenido un enorme desarrollo en muchos otros países tanto de
common law, como ajenos a este sistema jurídico. El habeas corpus, como
instrumento protector de la libertad personal, independientemente de los países
de tradición jurídica anglosajona, ha sido adoptado por algunas naciones
europeas e iberoamericanas, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
1.1 Definición de Hábeas Corpus
El Habeas Corpus es un Procedimiento especial urgente cuya finalidad es
poner a disposición judicial a una persona detenida ilegalmente.
Tavolari (2003) señala que el concepto de Hábeas Corpus identifica al
derecho que posee todo ciudadano que se encuentra detenido y a la espera de
comparecer de manera inmediata y pública ante un tribunal o una autoridad.
Los jueces, al oír el testimonio del detenido, determinan si el arresto es legal o
ilegal y, por lo tanto, pueden decretar que finalice. El Hábeas Corpus, por lo
tanto, constituye una institución de orden jurídico que busca evitar los arrestos
arbitrarios y que garantiza la libertad personal del individuo. El recurso suele
emplearse para impedir abusos por parte de las autoridades ya que obliga a dar
a conocer la situación del detenido ante un juez.
El hábeas corpus es una institución jurídica que persigue "evitar los
arrestos y detenciones arbitrarias". (Flores, 2005). Esta definición se basa en la
obligación de presentar a todo detenido en un plazo perentorio ante el juez, que
podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo
suficiente de arresto.
La Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 7.6
dispone que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad
tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida
sobre la legalidad de tal amenaza.
1.2 Origen del Hábeas Corpus
El Habeas Corpus se remota a la época del Imperio Romano, durante la
cual se conoció como Homine Libero Exhibendo y cuyo objetivo era el de
exhibir al hombre libre que se detiene con dolo o Quem liberum dolo malo
retines, exhibeas. Esta era una acción que se otorgaba contra todo aquel que
retuviera a una persona que tenía derecho a su libertad. Un Pretor finalmente
decidía si la acción del demandado se había o no realizado de mala fe.
Posteriormente, el pueblo inglés a través de varias luchas logró
imponerlo en el año 1215 en lo que se llamó la Carta Magna. Aparece en el
derecho histórico español como el denominado “recurso de manifestación de
personas” del Reino de Aragón en el Fuero de Aragón de 1428, y en las
referencias que sobre presuntos supuestos de detenciones ilegales se contienen
en el Fuero de Vizcaya de 1527, más tarde en la Ley Inglesa de 1640 y en el
Acta Hábeas Corpus de 1679.
La institución del Hábeas corpus estaba concebida como una forma de
evitar agravios e injusticias cometidas por los señores feudales contra sus
súbditos o personas de clase social inferior.
1.3 El sentido Jurídico de la Libertad
El hábeas corpus, en el derecho comparado, tutela dos derechos
fundamentales: la libertad individual relativa a su libertad de movimiento y, por
tanto, a no ser objeto de detenciones arbitrarias; y el derecho a la integridad
personal, a no ser objeto de daños en su persona, como lesiones, tortura o
muerte. En ese sentido, tiene como propósito el reponer las cosas al estado
anterior a la privación, perturbación o amenaza de dichos derechos, por lo cual
tiene un carácter sumario (urgente) y potencialmente eventual, en tanto se
autoriza desde que aparece posible una violación eventual a estos derechos,
para evitar que la violación se torne irreparable. Lógicamente, de tornarse
irreparable la violación, la acción de garantía pierde su objeto (sustracción de la
materia) además de poco deberes en las constituciones mundiales.
La libertad individual, como elemento inseparable de la personalidad
humana, se convirtió en un derecho cuando el Estado se obligó a respetarla. Ya
dicho factor no tenía una mera existencia deontológica, sino que se tradujo en
el contenido mismo de un principio existente.
En lo que se refiere al ámbito social, político y jurídico, posiblemente
uno de los términos más nombrados y a la vez con un mayor número de
acepciones es el de libertad. En el concepto de Hábeas Corpus, también es uno
de los vocablos más presentes y se trata de una facultad o quizás la capacidad
humana de actuar de una u otra forma siendo fiel a aquello que la persona crea
conveniente.
Esto significa que la libertad es un espacio donde no existen las
coacciones o impedimentos externos para el desarrollo completo de un
individuo; un acto que es ejecutado con el dominio absoluto de las facultades
por parte de un individuo, es un hecho concebido en libertad.
Pero no es un concepto que deba entenderse sólo en un sentido
individual; se trata también de un asunto social y político. De este modo, las
acciones de una persona son juzgadas de acuerdo a las leyes y al contexto legal
en el que se las realice.
De acuerdo a Acosta (1996) el Hábeas Corpus “es una de las garantías
que regula los derechos fundamentales de un individuo y depende de un
mandato constitucional.” Es decir que toda persona que se viera privada de su
libertad o que sintiera amenazada su seguridad individual, puede solicitar a un
juez con jurisdicción en la zona en cuestión un mandamiento de Hábeas Corpus
a través del cual se le restituya su libertad.
Es importante, dejar claro que el Hábeas Corpus no es un procedimiento,
sino un proceso. Su finalidad es velar por la libertad de una persona y las
resoluciones tomadas a partir de él responden a esta exigencia.
1.4 Principios básicos del Hábeas Corpus
La regulación del habeas corpus responde a cuatro principios básicos:
Principio de agilidad:
El procedimiento de habeas corpus es extraordinariamente rápido,
reduciendo su máxima duración a veinticuatro horas.
Sencillez y carencia de formalismos:
Es un procedimiento bastante sencillo, ya que consiste en la
comparecencia del detenido ilegal ante el juez. Además la asistencia de
Abogado y Procurador no es preceptiva.
Generalidad:
Comprende tanto la pluralidad de sujetos legitimados para instar el
procedimiento, como que ningún particular o agente de la autoridad puede
sustraerse al control judicial en la detención de las personas, es decir, no podrán
oponerse a un procedimiento de Hábeas Corpus.
Universalidad:
Hace referencia a que se puede instar cualquier privación de libertad. La
universalidad provoca que esta tutela no se limite a los supuestos de
detenciones ilegales, sino también a cualquiera que, aun siendo legal, se
prolongue ilegalmente. A estos efectos se entiende por personas ilegalmente
detenidas.
1.5 Objetivos del Habeas Corpus
Los fines del Hábeas Corpus son:
Fin preventivo:
Toda persona que pueda ver amenazada su libertad de forma ilegal, tiene
derecho a solicitarlo a fin de que se examine aquel factor que la intimida;
Fin reparador:
La persona que se vea ilegalmente privada de su libertad puede solicitar
la rectificación del caso en el que se encuentra vinculada y el juez deberá
restituirle su libertad;
Fin genérico:
Responde a aquellas circunstancias que no se hallen contempladas en los
fines anteriores y la persona afectada podrá solicitar la rectificación de su caso
si ha sido privada de su libertad o seguridad de formas ilegales.
1.6 La detención
La detención es una medida cautelar personal que consiste en la
privación temporal de la libertad ambulatoria, ordenada por una autoridad
competente, salvo el caso de delito flagrante.
La detención se caracteriza por existir una privación de la libertad.
Tiene como finalidad la que establece la ley, que normalmente, se refiere
a la puesta a disposición de una persona ante el juez competente. Esto puede
ocurrir por haber cometido un delito (o ser sospechoso de ello), quebrantado su
condena, fugado estando detenido o en prisión preventiva, o porque de otra
manera su comparecencia judicial se pudiere ver demorada o dificultada.
Habitualmente existen límites y requisitos legales, como plazos y formas, que
es necesario cumplir.
Acosta (1996) señala que la detención es por definición una situación
temporal. Esto significa que no es una decisión definitiva y que debe
desembocar finalmente en la puesta a disposición de la persona detenida ante el
juez, o bien en la puesta en libertad pasado el plazo máximo de detención
autorizado por la ley.
El motivo de dicha temporalidad es que la detención se realiza
normalmente en una fase en la que no existe todavía una decisión judicial que
permita la privación de la libertad (ya sea a través de la prisión preventiva o,
mediante la condena a una pena privativa de libertad).
Al no haber decisión judicial, no ha existido tampoco la posibilidad de
que el detenido ejerza su derecho a la defensa. Si la situación de detención se
prolongase indefinidamente, se podrían conculcar los derechos fundamentales
de la persona sin que hubiese ningún control judicial (tal y como ocurre en
estados no democráticos, o en situaciones de guerra o de vacío legal).
En un sentido amplio, con el término detención, se suele significar la
privación de libertad que sufre una persona, ya en el contexto de un proceso
penal o fuera de éste, por diversos motivos. El fundamento de tal concepción
radica, esencialmente, en permitir el disfrute del estatuto de derechos del
detenido, por parte de toda persona privada de libertad. Para aquella, el acento
se debe poner en la situación de hecho de privación de libertad, siendo
irrelevantes las denominaciones puntuales con que las nombre el ordenamiento
jurídico.
1.6.1 Ilegalidad de la detención
González (1999) define la detención ilegal como aquella realizada sin
cumplir los requisitos que legalmente se establezcan. Supone un abuso de
autoridad, y en los estados de derecho existen medidas para defenderse.
Al procedimiento para solicitar la interrupción de una detención ilegal se
le denomina habeas corpus.
De las disposiciones de los tratados internacionales de derechos
humanos, se desprende que la detención contraria a derecho puede ser de dos
clases: ilegal o arbitraria. Esta distinción se realiza por la Convención
americana de derechos humanos y por el Pacto internacional de derechos
civiles y políticos de la manera siguiente:
a) La detención ilegal está dispuesta en el artículo 7.2 (Comisión Americana de
los Derechos Humanos): “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo
por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones
Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. En
términos similares, el artículo 9.1 del Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos, prescribe: “Nadie podrá ser privado de su libertad salvo por
las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”.
b) La detención arbitraria, por su parte, se contiene en el artículo 7.3 de la
Comisión Americana de los Derechos Humanos: “Nadie puede ser sometido a
detención o encarcelamiento arbitrarios”. La idea se contiene también en el
artículo 9.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en la
parte que indica: “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias”.
CAPÍTULO II. EL LAVADO DE ACTIVOS EN LA LEGISLACIÓN
DOMINICANA
El Lavado de Activos es el acto por el cual el empelo ilícito de recursos
son disimulados para hacerlos aparecer como adquiridos de forma lícita. Este
delito no se realiza inmediatamente, sino que se hace mediante etapas para su
inserción en la economía nacional. Algunos factores han incidido en que el
Lavado de Activos se haya convertido en uno de los fenómenos criminales del
momento al utilizar métodos especiales para envolver el origen ilícito de
activos.
2.1 Definición del Lavado de Activos
El Art. 3 de la Ley 72-02 señala que “incurre en Lavado de Activos la
persona, que a sabiendas de que los bienes, fondos o instrumentos son el
producto de una infracción grave: a) Convierta, transfiera, transporte, adquiera,
posea, tenga, utilice o administre dichos bienes; b) Oculte, encubra o impida la
determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el
movimiento o la propiedad de dichos bienes o de derechos relativos a tales
bienes; y c) Se asocie, otorgue asistencia, incite, facilite, asesore en la comisión
de alguna de las infracciones tipificadas en este artículo, así como el eludir las
consecuencias jurídicas de sus acciones”.
Esta definición que hace la Ley 72-02 conjuga una serie de actividades
que van desde el acto directo, ya sea adquirir, poseer o utilizar dichos bienes
provenientes del lavado de activos hasta prestar asistencia o facilitar que dicho
delito se lleve a cabo.
Cordero (1996, P. 26) en su obra El Delito de Lavado de Capitales,
define este comportamiento delictivo como el proceso a través del cual, bienes
de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de
haber sido obtenido de forma lícita. Esta definición del autor confirma la
complejidad del delito de lavado de activos porque se mezclan bienes obtenidos
de forma legal con bienes provenientes de actividades ilícitas, lo que trae como
consecuencia que el mismo sea, en algunas ocasiones, difícil de detectar.
De acuerdo al país, existen diferentes denominaciones para el lavado de
activos. En idioma inglés se utiliza la expresión “money laundering”;
“blanchiment” en francés; “blanchissage” en suizo; “geldwasche” en alemán;
“reciclaggio”; en italiano y “branqueamento” en portugués.
Traducciones de algunas de esas expresiones se han trasladado a los
países de habla hispana que utilizan las siguientes expresiones: “Lavado de
Dinero, Lavado de Activos, Blanqueo de Capitales, Blanqueo de Dinero,
Legitimación de Capitales”.
Aranguez (2000, P. 18) define el lavado de activos referido a recursos
procedentes del tráfico de drogas, como un conjunto de operaciones
comerciales o financieras que procuran la incorporación al Producto Nacional
Bruto de cada país, sea de modo transitorio o permanente, de los recursos,
bienes y servicios que se originan o están conexos con transacciones de macro
o micro tráfico ilícito de drogas.
Gómez, (1996, P. 21), otro jurista español define el lavado de activos
como aquella operación a través de la cual el dinero de origen siempre ilícito es
invertido, ocultado, sustituido o transformado y restituido a los círculos
económico-financieros legales, incorporándose a cualquier tipo de negocio
como si se hubiese obtenido de forma lícita.
Para Álvarez (1998, P. 65) el lavado de activos es definido como un
conjunto de métodos legales o ilegales, un modus operandi, de complejidad
más o menos variable según las necesidades del lavador, la naturaleza, el
empleo de los fondos, a fin de integrar y disimular los fondos fraudulentos en
la economía legal.
Todos estos autores citados anteriormente coinciden en que el lavado de
activos no es una actividad aislada, sino que es un conjunto de actividades, de
métodos que se integran para introducir el producto de actividades ilícitas en la
economía nacional.
2.2 La complejidad del tipo penal del lavado de activos
El fenómeno del lavado de activos comporta una serie de actividades
muy particulares y especiales, que lo diferencian de manera significativa de las
demás actividades criminales. El crimen de lavado, como toda infracción penal,
debe ser analizado partiendo de los elementos que lo componen y tipifican
como tal.
La incorporación de este tipo penal a la legislación de la República
Dominicana se origina en la criminalidad organizada y en sus orígenes, al
crimen relacionado con el narcotráfico.
La ley que reprime el lavado de activos en la República Dominicana, se
manifiesta no sólo a través de un tipo penal que remite siempre a un verbo
típico, sino que se presenta de un modo mucho más complejo, teniendo en
cuenta de que se trata de varias formas de regulación a distintas conductas. No
hay un solo tipo penal de lavado de activos sino varios. Es posible que ante un
mismo proceso de lavado de capitales un sujeto activo sea responsable de
“adquirir”, otro sujeto activo de “ocultar” y otro de “otorgar asistencia”, y todos
serán autores (coautores o autores “paralelos”) con relación a los mismos
fondos de origen delictivo.
2.3 Origen y evolución de la tipificación del lavado de activos en la
República Dominicana
El origen y la evolución de la tipificación del crimen de lavado de activos
en la República Dominicana, parte de la línea de acción trazada por la
comunidad internacional, que ha impactado de manera significativa en el
ordenamiento jurídico penal, dando origen a normativas que han ido
adaptándose a la realidad jurídico-penal del país.
Para poder abordar el origen de la tipificación del lavado necesariamente
hay que partir de la Convención de Viena. En la República Dominicana
comenzó a verse la necesidad de tipificar el lavado de activos partiendo de la
urgencia de impedir que los bienes procedentes del crimen previo del
narcotráfico fueron insertados o colocados en la economía nacional dando la
apariencia de haber sido obtenidos de forma legítima.
El Código Penal del 1884 no prevé dentro de sus artículos el tipo penal
de lavado de activos. Son leyes especiales, a partir de la década de los años 80
que vienen a llenar este vacío. Sin embargo, debe señalarse que es precisamente
en esa década cuando los países del mundo empiezan a preocuparse para que
sus respectivos ordenamientos jurídicos tipifiquen la infracción que nos ocupa
partiendo casi todos de la Convención de Viena de 1988.
Lora (1996, P. 47) ha puntualizado que la prevención y represión del
lavado de activos parte en la República Dominicana del trasiego de las drogas,
como lo han expresado unos autores. “la situación geográfica dominicana hace
del país uno de los denominados “países puentes de las drogas”, otros factores
de índole social y económicos como son la emigración dominicana a los
Estados Unidos, la vinculación con el narcotráfico y el crimen organizado de
las colonias de inmigrantes dominicanos y la repatriación de sus ganancias
ilícitas a través de canales diversos, o evidenciadas en inversiones de las más
variadas características y dimensiones, han incluido a la nación dominicana en
el listado de países de alto riesgo en lo referente al lavado del dinero”.
2.3.1 Ley 50-88 del 30 de mayo de 1988
La primera ley especial dirigida a reprimir y prevenir el narcotráfico en
la República Dominicana fue la Ley 168 del 12 de mayo de 1975. Esta
disposición, sin embargo, no tipificaba el crimen del lavado de activos, en
ninguno de sus artículos, además de que resultaba ineficaz en aquellos
momentos como instrumento legal para prevenir y reprimir el tráfico de drogas.
La Ley 50-88 del 30 de mayo de 1988 viene a derogar la antigua ley 168
y a incorporar al ordenamiento jurídico penal el tipo de “lavado” en su artículo
58, cuando expresa que se considera como delitos graves “la adquisición,
posesión, transferencia o “lavado” de dinero o cualesquiera otros valores, así
como las ganancias derivadas de o usadas en el tráfico ilícito”. Como puede
apreciarse de la trascripción de ese artículo, la Ley 50-88 incorpora por primera
vez en el ordenamiento jurídico tres verbos rectores, Adquirir, Transferir y
Poseer, que se presentan en el mismo artículo como la conducta típica que crea
la infracción de “lavado”.
2.3.2 Ley 17-95 del 17 de diciembre de 1996
Una vez la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito
de Estupefaciente y Sustancias Psicotrópicas fue ratificada por el Congreso
Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo, se generó toda una corriente
dirigida a adaptar el marco jurídico dominicano al más importante instrumento
jurídico de carácter internacional en materia de drogas y lavado de activos.
Las iniciativas legislativas de ese entonces dieron origen dos años más
tarde, a la Ley 17-95 del 17 de diciembre de 1995. La misma introduce varias
modificaciones e inserta 17 artículos, que prevén todo lo relacionado al lavado
de activos en la República Dominicana.
Para los fines de este tema, se considera de interés ver los artículos 99,
100 y 101 de esa ley, que describen los verbos que tipifican el lavado y que
fueron asumidos más tarde por la ley 72-02:
Artículo 99. El que a sabiendas, por omisión o comisión convierta o
transfiera bienes que sean producto de un delito de tráfico ilícito de
drogas controladas o delitos conexos, previsto en esta ley, será
sancionado con reclusión de 2 a 5 años y multas de RD$50,000.00
(Cincuenta mil pesos) a RD$100,000.00 (Cien mil pesos con 00/100).
Artículo 100. Toda persona que adquiera, posea, transfiera, tenga o
utilice bienes a sabiendas de que tales bienes hayan sido producto de
un delito de tráfico de drogas controladas o delitos conexos previstos
en esta ley, será sancionada con reclusión de 2 a 5 años y multas de
RD$50,000.00 (Cincuenta mil pesos) a RD$100,000.00 (Cien mil
pesos con 00/100).
Artículo 101. Toda persona que a sabiendas ocultase, encubriese, o
impidiere la determinación real de la naturaleza, origen, ubicación,
destino, movimiento o propiedad de bienes o de derechos relativos a
tales bienes que hayan sido producto e un delito ilícito de tráfico de
drogas o delitos conexos previstos en esta ley serán sancionado con
reclusión de 2 a 5 años y multas de RD$50,000.00 (Cincuenta mil
pesos) a RD$100,000.00 (Cien mil pesos con 00/100).
Párrafo. Son delitos conexos para los fines de la presente ley las acciones o
actividades establecidas en los artículos 99,100 y 101 encaminadas a facilitar
el lavado de dinero.
2.3.3 Ley 72-02 del 29 de mayo del 2002
La Ley 72-02 del lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de
drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves viene a adecuar el
marco jurídico dominicano a los lineamientos internacionales en lo que
respecta al lavado de activos y a recoger en un solo cuerpo jurídico todo el
sistema normativo sobre la materia. Esta disposición derogó de manera expresa
el párrafo del artículo 76 y los artículos del 99 al 115 de la ley número 50-88,
modificados, por la ley 17-95.
Con relación a la historia legislativa en asunto de lavado en la República
Dominicana debe señalarse que existe en el Congreso un anteproyecto de
código penal, en el cual se le da un tratamiento diferente desde el punto de vista
penal a la infracción criminal. Ese proyecto de ley incorpora la figura penal
objeto de estudio en los artículos 453 al 461.
2.4 La conducta típica del lavado de activos en la Ley 72-02
Son las conductas que se presentan en el delito del lavado de activos,
las cuales se presentan a continuación:
La Conversión o Transferencia: La conversión y transferencia son
actos que en definitiva suponen la transformación de unos bienes a
otros, lo que conlleva a la ocultación del ilícito origen de estos. Sobre él
término típico conversión existen varios puntos de vista, por lo que es
conveniente ver en detalles en qué consiste la conversión de los bienes
procedentes de crímenes graves.
El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, de Guillermo
Cabanellas, define la conversión como “la transformación de un acto
nulo en otro eficaz mediante la confirmación o convalidación” o también
la “acción o efecto de convertir” y convertir es “cambiar, modificar o
trasformar algo.”
La transferencia es definida en el mismo diccionario como “paso o
conducción de una cosa de un punto a otro”, también como “el traspaso
de un derecho de una persona a otra conservando el derecho de su
identidad”. Por ejemplo, la transferencia electrónica de una cuenta
bancaria a otra.
Transporte: En el artículo 3 de la ley 72-02, el segundo y tercer verbos
empleados son los de transferir y transportar podrían confundirse como
verbos sinónimos para el caso del lavado, por lo que resulta importante
hacer algunas precisiones partiendo de las acepciones gramaticales que
brinda Blanco (1996, P. 165). Según él, transferir es “pasar o mudar algo
/ conducir de un punto a otro, transportar, transmitir / enajenar, traspasar
/ en especial transmitir el dominio o derecho sobre algo”. En cambio,
transporte es visto en el diccionario mencionado como “traslado,
conducción de personas o cosas entre dos lugares”.
Cuando se emplea el verbo transportar podría decirse que el legislador se
refiere de manera particular al traslado como tal de bienes o productos de
infracciones graves. Esta conducta podría asimilarse a la establecida en
el artículo 8 de la ley 72-02 cuando impone sanciones para “la persona
nacional o extranjera, que al ingresar o salir del territorio nacional por
vía aérea, marítima o terrestre portando dinero o títulos valores al
portador o que envié los mismos por correo público o privado cuyo
monto exceda la cantidad de diez mil dólares (US$10,000.00), moneda
de los Estados Unidos de América u otra moneda extranjera o su
equivalente en moneda nacional no la declare o declare falsamente su
cantidad en los formularios preparados al efecto”.
La Adquisición: Implica toda compra, cambio o permuta de bienes, que
podrían ser valores mobiliarios, obtención de empresas. Es el acto por el
cual uno se hace dueño de una cosa. Esta conducta solo se establece para
terceros, es decir, que no cubre al autor del delito que dio origen al
lavado.
La Posesión: Propiamente, posesión es el poder de hecho y de derecho
sobre una cosa material constituido por elemento intencional o animus
(la creencia y propósito de tener las cosas propias) y el elemento
físico o corpus (la tenencia o disposición efectiva de un bien material).
El verbo siguiente a la posesión es tener, que se observa en ocasiones
como sinónimo a poseer, pero si se establece una medición en la relación
originada entre el hombre y la cosa puede diferenciarse la tenencia, la
posesión y, si se quiere, la propiedad sobre una cosa. Algunos han
definido la tenencia,“a la ocupación corporal y actual, sin título que
permita disfrutarla ni adueñarse de ella sin buena fe, clandestinamente o
por una mera tolerancia del dueño reconociendo el dominio ajeno.
Mientras la posesión, como ya se dijera, agrega el hecho de hacer la cosa
como propia o el propósito de consolidar la situación”.
Utilizar o Administrar: El verbo utilizar en el caso del lavado de
activos se asimila al uso o usufructo de activos, sacando beneficios de
estos aunque pertenezcan a otra persona, es decir, “servirse de una
persona o cosa con determinada finalidad.” Algunos han llegado a
argumentar que la utilización de los bienes provenientes de crímenes no
constituye “per se” lavado de activos sino “un aspecto económico del
delito que debe ser tratado en cualquier esquema de lucha contra el
blanqueo de fondo”.
Con relación al verbo administrar éste ha sido empleado en otras
legislaciones, aunque en realidad fue incorporado en la legislación
dominicana por influencia del reglamento modelo de la CICAD. El
término administrar en derecho civil significa la “acción de administrar
un bien, un conjunto de bienes o un patrimonio”. Gramaticalmente se
define como “ordenar, disponer, organizar en especial la hacienda o los
bienes”.
Con la introducción de esta conducta en el marco jurídico dominicano
se busca no excluir del crimen a cualquier persona que se haga cargo de
los bienes o intereses producto del crimen organizado. El Acápite B, del
artículo 3 de la Ley 72-02 recoge tres conductas importantes, ocultar
encubrir e impedir. Algunos expertos en sus estudios han dedicado un
análisis detenido a estas conductas con especial atención a las dos
primeras. Los verbos ocultar y encubrirlos asimilamos del artículo 3.1 de
la Convención de Viena que los describe.
El Encubrimiento: El caso del encubrimiento, previsto en la Ley 72-
02 es diferente al encubrimiento regulado por la codificación
napoleónica que se adoptó en 1884. Esta diferencia la presenta la
Convención de Viena y la CICAD en su reglamento. En estas
disposiciones comete la infracción solo aquel que sin haber tenido
participación en un crimen determinado y sin concierto previo a la
perpetración de cualquier crimen contribuye con el autor del mismo, con
el propósito de asegurar el resultado del crimen, evitar el castigo
o para obstaculizar el desempeño de la justicia.
Algunas legislaciones han adoptado el término disimular por entender
que el vocablo encubrimiento es asimilado por algunos como sinónimo
de ocultación. Es castigable el auxilio a los criminales que han cometido
un crimen grave para que se beneficien de los bienes de tales
violaciones. En este sentido y de acuerdo al acápite B, el encubrimiento
no ha de recaer directamente sobre los bienes que tengan origen ilícito,
sino sobre determinadas circunstancias propias de tales bienes, que son
la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la
propiedad de dichos bienes o de derechos relativos a tales bienes. El
encubrimiento puede desdoblarse en actos positivos y pasivos. Se
referirá a actos positivos, cuando la acción recaiga sobre el objeto
regulado en el tipo o que sin incidir en tal objeto favorezca su
aprovechamiento. Cuando los actos son pasivos se podría verlos al
momento de silenciar hechos que permitan a los responsables del crimen
previo disfrutar de los bienes.
Asociarse, otorgar asistencia, incitar, facilitar y asesorar: Con estos
verbos las legislaciones contemplan, en ocasiones de modo reiterativo,
todas las posibilidades para lavar activos, con el objetivo de que no
exista posibilidad alguna de que el crimen pueda consumarse. Con
relación al primer término “asocie”, este tipo de crimen puede ser
perpetrado por una sola persona, pero es frecuente que en su ejecución
intervengan varias, que se distribuyen entre sí la tarea de realizar el
hecho típico, es decir, situación de autoría. Tanto la asociación como la
confabulación son entendidas como un concierto de voluntades ya para
la comisión de un delito ya para perjudicar a terceros.
Con relación al verbo incitar se debe ver a partir de la inducción, que es
asimilada a la instigación. Es instigador el individuo que de manera
directa, crea en otro la decisión de llevar a cabo una conducta
dolosamente típica y antijurídica.
La Convención, al referirse al instigador, subraya “instigar o inducir
públicamente a otros”. De este modo se tiene previsto en el
ordenamiento jurídico, la Ley 72-02, y en la convención de Viena como
figura autónoma a la incitación o instigación pública o privada a la
comisión de la infracción que prevé el mismo marco jurídico.
Los verbos asistir, facilitar y asesorar son vistos como “figuras
residuales” partiendo de que el legislador, a medida de que evolucionan
los métodos empleados para lavar los activos, considera necesario
ampliar las conductas típicas del crimen, con el propósito de que estas
comprendan o recojan la mayor cantidad de conductas posibles.
2.5 El dolo, conocimiento y voluntad
La comisión, en principio, lleva consigo lo que se ha denominado el
elemento moral o subjetivo.
El elemento moral es necesario para que la acción castigada o reprochada
pueda ser imputada a su autor. Para establecer la culpabilidad debe
manifestarse en el hecho delictuoso la acción antes señalada.
Al igual que todas las infracciones dolosas, en el lavado el sujeto activo
en el proceso se inicia con el planteamiento, la decisión de que cometerá tal
acción hasta que logra su realización. La dogmática penal ha visto el fenómeno
anterior, en grados o etapas de la progresión criminal, que tiene su origen en el
inicio de la idea criminal hasta su total ejecución. Es lo que se conoce en
derecho penal sustantivo como “inter criminis”.
Partiendo de lo anterior, se puede decir que el carácter del lavado de
activos es esencialmente doloso. La condición para que se tipifique la
infracción de conocer la procedencia de los bienes, objeto de lavado de activos,
es señalada como razón fundamental, con lo que la ausencia del conocimiento
determina, en muchos casos, la atipicidad.
Para cumplir con el principio de culpabilidad en el lavado se requiere la
conciencia y la voluntad de llevar a cabo una de las conductas típicas. Se trata
de doloso, no solo en el sentido de la propia acción sino también de la acción
antecedente. El conocimiento del autor no sólo debe referir al hecho de que
interviene en la inversión o tráfico de una cosa o de un capital obtenido por
otro.
El sujeto debe conocer el origen de los bienes a sabiendas de que son el
producto de una infracción grave. Este conocimiento integra el dolo
2.6 Situaciones que agravan la punibilidad
El artículo 21 de la Ley 72-02, con una técnica legislativa muy discutible
establece un conjunto de circunstancias agravantes, entre las que se encuentran:
la participación en grupos criminales, el haber cometido el hecho en asociación
de dos o más personas, cuando el autor hubiese ingresado al territorio nacional
sin autorización o ilegalmente, cuando fuese funcionario público, cuando fuese
reincidente, o en los casos de empleos de menores. Ahora bien, lo que lejos está
de ser claro es la consecuencia normativa precisa de estos agravantes, teniendo
en cuenta que el artículo 21 establece que en estos casos los autores caerán bajo
la esfera de los artículos 56, 57 y 58 del Código Penal.
Sin embargo, estas tres normas se refieren en forma exclusiva a la
reincidencia y a sus consecuencias punitivas. Una lectura más o menos
razonable tendría que concluir que en los casos de estos agravantes, el autor
será tratado con el régimen de la reincidencia, más allá, de que efectivamente,
en los hechos, haya habido tal recaída en el delito.
CAPÍTULO III. EL HÁBEAS CORPUS EN LA LEGISLACIÓN
DOMINICANA
El recurso de habeas corpus en la legislación dominicana además de
reconocer los derechos y garantías fundamentales por medio de la Constitución,
muestra una presencia de garantías de los derechos humanos que asisten a los
individuos durante la acción judicial y que son parte del constitucionalismo
moderno.
3.1 La Constitución Dominicana 2010 en relación al Hábeas Corpus
Según la Constitución Dominicana: “Toda persona privada de su libertad
o amenazada de serlo, de manera ilegal, arbitraria o irrazonable, tiene derecho a
una acción de habeas corpus ante un juez o tribunal competente por si misma o
por quien actúe en su nombre, de conformidad con la ley, para que conozca y
decida, de forma sencilla, efectiva, rápida y sumaria, la legalidad de la
privación o amenaza de su libertad”.
Este artículo 71 provee al individuo del derecho de solicitar protección o
el restablecimiento de los derechos que por ley garantizan su seguridad de
forma rápida y de manera efectiva ante la vulneración de los mismos.
La efectiva garantía de los derechos de la persona según la constitución
Dominicana, se basa en la existencia de mecanismos prácticos y disponibles de
forma que se prevenga su violación e inobservancia, para el pleno disfrute de
los ciudadanos del país. Como garantía jurisdiccional especial de protección a
los derechos humanos, el habeas corpus dispone los derechos fundamentales de
la persona física.
La regulación del habeas corpus surge de un mandato constitucional, lo
que establece una obligación de los poderes públicos ante los ciudadanos, el
cual pone a disposición de las personas un órgano jurisdiccional competente
para el restablecimiento del derecho constitucional que haya sido violentado
sobre restitución de libertad en los casos de detenciones no justificadas
legalmente o que hayan sido producto de condiciones ilegales.
La acción de habeas corpus se resuelve con la comparecencia del
detenido ante el juez en un plazo perentorio donde el ciudadano privado de su
libertad expone sus alegatos contra las causas y condiciones de su detención
para que el magistrado resuelva sobre la conformidad al derecho de la
detención.
3.2 El Hábeas Corpus en el ámbito internacional
En el plano internacional sobre los derechos del individuo, diversas
organizaciones promueven el derecho de acceso al hábeas corpus mundial,
donde se aboga por establecer una jurisdicción que abarcaría todas las naciones
como esencia de los derechos humanos. Esta proposición de habeas corpus
mundial, para su efectiva ejecución necesitaría un tribunal internacional que
vele por el cumplimiento de las garantías de las personas frente a las
detenciones ilegales, actos de tortura y barbarie, entre otros.
Sobre los derechos humanos documentos internacionales como la
Declaración Universal de los Derechos Humanos hacen hincapié en el
reconocimiento de derechos como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948, donde el artículo 3 plantea: “que todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie podrá ser
arbitrariamente detenido, preso, ni arrestado o desterrado”. Este articulado no
es más que el reconocimiento de las garantías fundamentales del individuo que
al igual que la Constitución de la mayoría de los países ofrece protección a la
persona de ser privado de su libertad o de ser maltratado.
Por su parte el artículo 9 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles
y Políticos, añade “que toda persona ilegalmente detenida tendrá el derecho
efectivo a obtener reparación”. En cuanto a esta garantía, se entiende que al
momento de presentarse ante el tribunal y se demuestre a conformidad el
arresto ilegal, el detenido será puesto en libertad de inmediato.
La Convención América sobre Derechos Humanos agrega por su parte
que, nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados
Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, en estas se reconoce algunas
garantías para los individuos privados de su libertad.
3.3 Ley 5353 del 22 de octubre de 1914 sobre Habeas Corpus.
La Ley 5353 de hábeas corpus del 22 de octubre de 1914 establece en su
artículo 1 lo siguiente:
"Todo el que por cualquier causa haya sido privado de su libertad en la
República Dominicana tiene derecho, sea a petición suya o de cualquiera
persona, excepto cuando haya sido detenido por sentencia de Juez o Tribunal
competente, a un mandamiento de hábeas corpus con el fin de averiguar cuáles
son las causas de la prisión o privación de su libertad y para que en los casos
previstos se le devuelva ésta. El mandamiento de hábeas corpus podrá ser
requerido, expedido y entregado cualquier día; pero el caso no será visto sino
en día hábil o habilitado especialmente al efecto. En caso de enfermedad
comprobada o por cualquier otro motivo justificado, la audiencia será celebrada
sin la presencia del impetrante, el cual se hará representar sin necesidad de un
poder, por un abogado o por cualquier defensor que postule en su nombre."
Actualmente la Ley 5353 de hábeas corpus del 22 de octubre de 1914,
fue derogada por el Nuevo Código Procesal Penal Dominicano (Ley 76-02),
rigiéndose de este modo por el Título VII del CPP, en los artículos 381 hasta el
392.
3.4 Código Procesal Penal y el Hábeas Corpus
El Código Procesal Penal establece todo lo que se relaciona al Hábeas
Corpus en sus artículos 381 al 392.
El artículo 381 establece que toda persona privada o cohibida en su
libertad sin las debidas formalidades de ley o que se viere inminentemente
amenazada de serlo, tiene derecho, a petición suya o de cualquier persona en
su nombre, a un mandamiento de habeas corpus con el fin de que el juez o
tribunal decida, sin demora, sobre la legalidad de la medida de privación de
libertad o de tal amenaza. No procede el habeas corpus cuando existan
recursos ordinarios o pueda solicitarse la revisión de las medidas de coerción.
3.5 Procedimiento del Hábeas Corpus
El artículo 382 del Código Procesal Penal señala que la solicitud de
mandamiento de habeas corpus no está sujeta a formalidad alguna y puede ser
presentada por escrito firmado o por declaración en secretaría, por la persona
de cuya libertad se trate o por su representante, en lo posible con indicación de:
El nombre de la persona en cuyo favor se solicita;
El lugar en donde se encuentre;
El nombre o designación del funcionario o la persona que haya adoptado
la medida de privar, cohibir o amenazar en su libertad física a otra o el
encargado del recinto en el cual se encuentre;
Una breve exposición de las razones por las que se invoca que la medida
que le priva, cohíbe o amenaza en su libertad es ilegal;
La mención de que no existen recursos ordinarios ni es posible la
revisión de la medida conforme a las reglas del Código Procesal Penal.
Esta solicitud puede ser presentada cualquier día. Luego, si procede, el
juez o tribunal ordena la presentación inmediata del impetrante. Una vez oído
el impetrante, resuelve inmediatamente sobre la acción o fija una audiencia sin
demora innecesaria, siempre dentro de las 48 horas siguientes, para lo cual
dispondrá que el funcionario demandado comparezca a los fines de que
exponga los motivos legales que justifiquen su actuación.
3.6 Admisibilidad del Hábeas Corpus
Aun en el caso en que haya orden de funcionario competente y de que
figure en esa orden la indicación de la causa de la prisión, el juez de la causa
debe examinar si aparecen indicios de culpabilidad en atención a la imputación
que se le hace al acusado, ya que la acción de Habeas Corpus es inadmisible
sólo cuando existe una sentencia condenatoria que haya adquirido la autoridad
de la cosa irrevocablemente juzgada.
La solicitud de inadmisibilidad de la acción de habeas corpus, bajo el
fundamento de que la misma no está basada en la violación de los derechos
tutelados por el habeas corpus, debe ser rechazada, pues dicha solicitud toca el
fondo del asunto y para adoptar una decisión al respecto es necesaria,
previamente, la sustanciación de la causa.
Debe declarase inadmisible el habeas corpus incoado sin que se haya
recurrido en apelación la sentencia que impone la pena privativa de libertad, al
disponer el Art. 381 del Código Procesal Penal que el Hábeas Corpus no
procede cuando existen recursos ordinarios para impugnar la decisión.
3.7 Ejecutoriedad del Hábeas Corpus
El artículo 384 del Código Procesal Penal estipula que el mandamiento de
habeas corpus debe ser cumplido y ejecutado, sin que haya lugar a su
desconocimiento por defectos formales. Cualquier persona a quien se haya
entregado el mandamiento se considera como su destinatario, aún cuando se
haya dirigido con un nombre o generales equivocados o a otra persona,
siempre que bajo su guarda o disposición se encuentre la persona en cuyo
favor se expide o le haya sido encargada la ejecución de un arresto que se
pretenda ilegal.
Decretada la libertad o el cese de la medida que la amenaza, ningún
funcionario puede negarse a cumplir lo dispuesto por el juez o tribunal, bajo
pretexto alguno. El funcionario que se niegue a cumplir, retarde o ejecute
negligentemente la libertad decretada en virtud de un mandamiento de habeas
corpus, se hace reo de encierro ilegal y procede su destitución y persecución
penal por este hecho, sin perjuicio de la acción civil por los daños y perjuicios
a que hubiere lugar.
3.8 Competencia del Hábeas Corpus
Según establece el artículo 72 de Código Procesal Penal, los jueces de
primera instancia conocen de modo unipersonal del juicio por hechos punibles
que conlleven penas pecuniarias o pena privativa de libertad cuyo máximo
previsto sea de dos años o ambas penas a la vez. Son igualmente competentes
para conocer de modo unipersonal de las acciones de Hábeas Corpus que le
sean planteadas y de los hechos punibles de acción privada.
CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS
RESULTADOS
El capítulo cuarto presenta la matriz de las variables e indicadores del
estudio, la interpretación del instrumento aplicado, al igual que los hallazgos,
conclusiones y recomendaciones.
El objetivo general planteado es analizar el recurso de Habeas Corpus en
los procesos penales sobre Lavado de Activos en el Distrito Judicial de Puerto
Plata en el año 2012.
La libertad personal es un derecho humano, inalienable e inherente a las
personas, por ello las Constituciones de los Estados que han logrado su
independencia, regulan la garantía a éste preciado derecho, así como los
Tratados o Pactos Internacionales que entre ellos adoptan.
La acción de Hábeas Corpus, tiene como finalidad garantizar el respeto a
dos de los principales derechos fundamentales del hombre y la mujer, estos son,
el derecho a la libertad y a la seguridad personal, consagrados en la Carta
Magna en las disposiciones del artículo 40; así mismo, garantiza la
Constitucionalización de todos los actos de los agentes y representantes de los
poderes públicos y el respeto a las normas y principios que rigen el debido
proceso de ley.
La acción de Hábeas Corpus, se encuentra regulado en las disposiciones
de los artículos 381 al 392 del Código Procesal Penal. Esta regulación en la
normativa procesal penal derogó la Ley 5353 del 14 de octubre de 1914. Si
bien es cierto, que en algunos aspectos se verifican retrasos, los avances que
tuvo son más significativos y los futuros avances mucho más.
Es en este sentido que se plantean las siguientes preguntas de
investigación: ¿Qué importancia reviste este recurso como forma de garantizar
un derecho constitucional? ¿De qué forma se promueve la libertad como
garantía con este recurso? ¿Han sido arbitrarias las detenciones de los
imputados por lavado de activos? ¿Qué grado de aceptación tienen las pruebas
documentales en estos procesos penales? ¿Cuál es la incidencia de la prueba
testimonial en los procesos por lavado de activos? ¿De qué forma se presentan
los peritajes en los procesos penales por lavado de activos? ¿Cuántos casos de
Habeas Corpus han sido admitidos en este tribunal? ¿Es susceptible de
apelación la decisión emanada por el tribunal? ¿De qué forma afecta la
admisibilidad del Habeas Corpus el proceso penal por Lavado de Activos?
La población del estudio es el Juez de Primera Instancia de Puerto Plata a
quien se entrevistó mediante un cuestionario con preguntas cerradas.
4.1 Matriz de las variables e indicadores del estudio
Objetivos
Específicos
Variables
Definición de
variables
Indicadores
Objetivos de los indicadores
Fuentes
1. Analizar la
importancia de la
aplicación del
Habeas Corpus
en los procesos
por lavado de
activos.
1.1 Importancia
aplicación del
Habeas Corpus
1.1.1. Se refiere a la
relevancia que reviste
para el proceso
judicial utilizar este
recurso del Habeas
Corpus.
1.1.1.1 Derecho
constitucional
1.1.1.2 Garantía de la
libertad
1.1.1.3 Legalidad de la
detención
1.1.1.1.1.1 Analizar la importancia
de este recurso como forma de
garantizar un derecho constitucional.
1.1.1.1.2 Determinar de qué forma se
promueve la libertad como garantía
con este recurso.
1.1.1.1.3 Evaluar si la detención de
los imputados por lavado de activos
han sido arbitrarias.
1.1.1.1.1.1 Instrumento aplicado al
Juez de Primera Instancia de
Puerto Plata.
1.1.1.1.1.2 Instrumento aplicado al
Juez de Primera Instancia de
Puerto Plata.
1.1.1.1.1.3 Instrumento aplicado al
Juez de Primera Instancia de
Puerto Plata.
2. Identificar los
elementos de
pruebas que se
admiten en los
procesos penales
por violación a la
Ley 72-02.
2.1 Elementos de
pruebas
2.1.1 Son las
evidencias que
permiten que llevar
ante los tribunales los
casos por Lavado de
Activos.
1.1.1 Prueba
documental
2.1.1.2 Prueba
testimonial
2.1.1.3 El peritaje
2.1.1.1.1 Identificar qué grado de
aceptación tienen las pruebas
documentales en estos procesos
penales.
2.1.1.1.2 Evaluar la incidencia de la
prueba testimonial en los procesos
por lavado de activos
2.1.1.1.3 Identificar la forma en que
se presentan los peritajes en los
procesos penales por lavado de
activos.
2.1.1.1.1.1 Instrumento aplicado al
Juez de Primera Instancia de
Puerto Plata.
2.1.1.1.1.2 Instrumento aplicado al
Juez de Primera Instancia de
Puerto Plata.
2.1.1.1.1.3 Instrumento aplicado al
Juez de Primera Instancia de
Puerto Plata.
3. Determinar los
efectos jurídicos
por el
otorgamiento del
Habeas Corpus
en este tipo de
procesos penales.
3.1 Efectos jurídicos 3.1.1 Son los
resultados que se
logran cuando se
aplica el recurso del
Habeas Corpus en
estos procesos por
Lavado de Activos.
3.1.1.1 Admisibilidad
3.1.1.2 Apelación
3.1.1.3 Continuidad del
proceso
3.1.1.1.1. Identificar cuántos casos
de Habeas Corpus han sido
admitidos en este tribunal.
3.1.1.1.2 Determinar si la decisión
emanada por el tribunal es
susceptible de apelación.
3.1.1.1.3 Analizar de qué forma
afecta la admisibilidad del Habeas
Corpus el proceso penal por Lavado
de Activos.
3.1.1.1.1.1 Instrumento aplicado al
Juez de Primera Instancia de
Puerto Plata.
3.1.1.1.1.2 Instrumento aplicado al
Juez de Primera Instancia de
Puerto Plata.
3.1.1.1.1.3 Instrumento aplicado al
Juez de Primera Instancia de
Puerto Plata.
4.2 Interpretación del instrumento aplicado al Juez de Primera Instancia
de Puerto Plata
El Juez del Tribunal de Primera Instancia de San Felipe de Puerto Plata
al ser entrevistado sobre “El Recurso de Hábeas Corpus en los Procesos
Penales Sobre Lavado de Activos en el Distrito Judicial de Puerto Plata”,
manifestó que es muy importante el Recurso de Hábeas Corpus para garantizar
un derecho constitucional, considerando que el Derecho a la Libertad es el
derecho fundamental que más garantiza la acción de Hábeas Corpus
Sobre la forma de garantía del recurso de Hábeas Corpus como garantía
de libertad, el magistrado Núñez manifestó que es un derecho protegido y que
la amenaza de perder la libertad de manera arbitraria es una razón para recurrir
en acción de Hábeas Corpus.
Ante la inquietud sobre qué elementos hacen ilegal la detención de un
imputado, el magistrado José Antonio Núñez expresó que ésta se produce
cuando la detención no se hace conforme a las leyes. Asimismo, expresó el
magistrado Núñez que la exageración de los ingresos legítimos, es la forma
más utilizada para el lavado de dinero a través de los negocios legítimos.
Por otra parte, el magistrado opinó que la prueba documental es
importante en un proceso judicial sobre lavado de activos. De igual modo,
manifestó el entrevistado que como pruebas documentales las más aceptadas
son: contratos de venta, cuentas bancarias, títulos de propiedad, libros de
contabilidad y de comercio en general, documentos de pago, contratos de
arrendamientos de muebles e inmuebles entre otros.
Con respecto a la importancia de las pruebas testimoniales el magistrado
Núñez considera que es algo importante en un proceso judicial sobre lavado de
activos. Acerca de la importancia del peritaje en los procesos sobre lavado de
activos, el magistrado entrevistado asegura es algo importante y sobre la
presentación de los peritajes en el proceso penal explica que estos son
presentados por escrito.
En cuanto a la admisibilidad de casos conocidos por el magistrado
Núñez, éste expresó haber conocido entre 10 a 20 casos en el pasado año por
acción de hábeas corpus y sobre lavados de activos.
Ante la susceptibilidad de apelación a las decisiones en casos de hábeas
corpus el Magistrado José Antonio Núñez reveló que siempre son apelables.
En lo que al plazo establecido por ley para el depósito de apelación de hábeas
corpus, el magistrado Núñez contestó que dicho plazo no debe ser más de 5
días.
De acuerdo al Magistrado Núñez, el proceso no puede ser afectado,
puesto que la protección de los derechos fundamentales no puede estar sujeto a
que el imputado se pueda ausentar o no para ser favorecido por una acción de
Hábeas Corpus.
HALLAZGOS
Utilizando como punto de partida el estudio realizado sobre el recurso de
Hábeas Corpus en los procesos penales sobre lavado de activos en el Distrito
Judicial de Puerto Plata, se presentan los siguientes hallazgos:
De acuerdo al objetivo No. 1 “Analizar la importancia de la aplicación
del Hábeas Corpus en los procesos por lavado de activos”, el estudio reveló
que el magistrado José Antonio Núñez considera que es muy importante el
grado que reviste el Recurso de Hábeas Corpus para garantizar un derecho
constitucional, manifestando que el derecho a la libertad es el derecho
fundamental que más garantiza la acción de Hábeas Corpus.
Por otro lado, acerca del recurso de Hábeas Corpus como garantía de
libertad, el magistrado Núñez manifestó que es un derecho protegido y que la
amenaza de perder la libertad de manera arbitraria es una razón para recurrir en
acción de Hábeas Corpus.
Estos hallazgos coinciden con la Ley 5353 Sobre Hábeas Corpus y la
Constitución de la República Dominicana (2010), que en Artículo 71 establece
que toda persona privada de su libertad o amenazada de serlo, de manera
ilegal, arbitraria o irrazonable, tiene derecho a una acción de hábeas corpus
ante un juez o tribunal competente, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, de conformidad con la ley, para que conozca y decida, de forma
sencilla, efectiva, rápida y sumaria, la legalidad de la privación o amenaza de
su libertad.
En cuanto a los elementos que hacen ilegal la detención de un imputado,
el magistrado José Antonio Núñez expresó que ésta se produce cuando la
detención no se hace conforme a las leyes. Este hallazgo está de acuerdo con el
acápite 1 del artículo 40 de la Constitución Dominicana que señala “toda
persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal, por lo tanto nadie
podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y
escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito.
En otro orden, expresó el magistrado Núñez que la exageración de los
ingresos legítimos, es la forma más utilizada para el lavado de dinero a través
de los negocios legítimos. Esta revelación se corresponde con los métodos
aplicados de lavado de activos que según un estudio realizado por la institución
Justicia y Gobernabilidad (2005) se utilizan para el lavado de activos. Son
entidades legalmente constituidas que exageran los ingresos legítimos así como
los gastos legítimos.
De acuerdo al objetivo No. 2 “Identificar los elementos de pruebas
que se admiten en los procesos penales por violación a la 76-02”, el estudio
reveló que el magistrado opinó que la prueba documental es importante en un
proceso judicial sobre lavado de activos. De igual modo, manifestó el
entrevistado que como pruebas documentales las más aceptadas son: contratos
de venta, cuentas bancarias, títulos de propiedad, libros de contabilidad y de
comercio en general, documentos de pago, contratos de arrendamientos de
muebles e inmuebles entre otros.
Estos hallazgos están de acuerdo el artículo 305 del Código Procesal
penal relativo a “Fijación de audiencia y soluciones de los incidentes”, se
expresa que: “En el mismo plazo de cinco días de la convocatoria, las partes
comunican al secretario el orden en que pretenden presentar la prueba. El
secretario del tribunal notifica de inmediato a las partes, cita a los testigos y
peritos, solicita los objetos, documentos y demás elementos de prueba y
dispone cualquier otra medida necesaria para la organización y desarrollo del
juicio”.
Con respecto a la importancia de las pruebas testimoniales el magistrado
Núñez considera que es algo importante en un proceso judicial sobre lavado de
activos. Estos hallazgos están de acuerdo con el Artículo 386 de la Ley
5353 de Hábeas Corpus (1978), al acreditar al imputado de la privación ilegal
de libertad al escuchar los testigos interesados en la acción y utiliza lo referente
a la responsabilidad penal del imputado.
Acerca de la importancia del peritaje en los procesos sobre lavado de
activos, el magistrado entrevistado asegura es algo importante y sobre la
presentación de los peritajes en el proceso penal explica que son presentados
por escrito.
De acuerdo al objetivo No. 3 “Determinar los efectos jurídicos por el
otorgamiento del Hábeas Corpus en este tipo de procesos penales”: el
estudio reveló que el magistrado Núñez no ha conocido casos por acción de
habeas corpus en el pasado año por acción de hábeas corpus y sobre lavados de
activos.
Otro hallazgo con relación a la susceptibilidad de apelación es que las
decisiones en los casos de hábeas corpus son apelables siempre, con un plazo
establecido por ley para el depósito de apelaciones debe no ser mayor de 5 días.
Por otro lado, el proceso según reveló el magistrado que cuando el imputado es
favorecido por una acción de hábeas corpus no puede afectar el proceso, puesto
que la protección de los derechos fundamentales no puede estar sujeta a que el
imputado se pueda ausentar o no.
Estas revelaciones se corresponden con el artículo 19 de la Ley de
Hábeas Corpus que establece que la Corte de Apelación para conocer el recurso
de apelación en esta materia de Habeas Corpus, y por violación a la Ley 168
sobre Drogas Narcóticas, deberá estar integrada por la totalidad de los jueces
que la componen. El recurso contra la decisión de la corte no tendrá carácter
suspensivo de la ejecución de la sentencia. Por la urgencia que significa el
recurso, la Corte deberá fijar la audiencia en un plazo no mayor de 5 días".
CONCLUSIONES
Luego de analizar los hallazgos de esta investigación, se presentan las
siguientes conclusiones:
La importancia del Habeas corpus radica en el objeto de su función, es
decir, en la salvaguarda de uno de los valores fundamentales del Estado de
derecho: la libertad personal. Sin la existencia de este mecanismo, la libertad
sería simplemente un postulado formal y la vigencia del Estado de derecho
quedaría en entredicho.
Este recurso es un derecho protegido y cuando un individuo ve
amenazada su libertad, que está contemplada y garantizada por la Constitución
Dominicana, recurre en acción de Hábeas Corpus en búsqueda de que se le
respete el derecho fundamental. En este sentido, esta es una figura jurídica que
reviste mucha importancia para garantizar y mantener el Estado de Derecho en
la República Dominicana.
Por otro lado, la investigación concluye que la detención de una persona
de forma ilegal no es algo permitido bajo la Constitución ni la legislación
dominicana. De acuerdo a las Constitución Dominicana, cualquier prisionero
detenido por más de 48 horas sin que una autoridad competente haga una
presentación formal de cargos tiene derecho a solicitar una audiencia de Habeas
Corpus. La decisión del juez para otorgar la libertad está sujeta a apelación por
un fiscal. Un acusado que obtiene su libertad con un habeas corpus debe
permanecer en el país hasta que se resuelvan los cargos definitivamente.
La investigación concluye que el lavado de activos es aquella operación a
través de la cual el dinero de origen siempre ilícito (procedente de delitos que
revisten especial gravedad) es invertido, ocultado, sustituido o transformado y
restituido a los circuitos económicos financieros legales, incorporándose a
cualquier tipo de negocio como si se hubiera obtenido en forma lícita. Es
evidente los negocios legales que se utilizan para el lavado de activos utilizan
mecanismos diversos para ocultar este crimen, dentro del cual se encuentra el
abultamiento de los ingresos legales para sustentar el dispendio de dinero.
De igual forma, el estudio concluye que los documentos pueden ser
apreciados no solo como “medio de prueba”, sino como objetos materiales, que
presentan en sí, recogida y fijada, la manifestación de un pensamiento, de una
voluntad o la enunciación de un hecho propio o la narración de un
acontecimiento, llevado a cabo por una persona o personas conocidas o
conocibles, y se excluyen de esta clasificación como objeto de prueba, los
papeles que durante el procedimiento se certifican como declaraciones o
acontecimientos procesales o en que simplemente se integran declaraciones, ya
que estos constituyen documentos procesales.
Así mismo, se destaca que el peritaje es el medio de prueba idóneo
cuando en el proceso penal se presentan cuestiones para cuya solución es
preciso poseer determinados conocimientos científicos, técnicos o artísticos,
para comprobar hechos de cierta naturaleza, por ejemplo en los casos de
violación, establecer en el caso de lavado de activos, el encubrimiento de los
hechos delictivos previos al lavado, por medio de la moderna tecnología en el
ámbito digital, y sus consecuencias económicas en la industria del
entretenimiento; configurar las características de algunos hechos para dejar
tipificada la infracción como en las asociaciones del crimen organizado, su
naturaleza, características y modo de operar.
Otra conclusión es que en el año 2012 el Tribunal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Puerto Plata no ha conocido ningún recurso de Hábeas
Corpus relacionados a procesos de lavado de activos; esto puede significar que
todas las detenciones han sido realizadas de forma legal o que no se han
comenzado ningún proceso penal por el crimen organizado del lavado de
activos en este municipio.
RECOMENDACIONES
Como parte final de esta investigación se proponen las siguientes
recomendaciones:
Al Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata:
Continuar defendiendo los derechos fundamentales de los imputados
impartiendo justicia en los procesos penales que conozca, para de esta
forma garantizar el Estado de Derecho que debe imperar en el país.
A los abogados en ejercicio en Puerto Plata:
Ampliar sus conocimientos acerca del recurso de Hábeas Corpus para
poder garantizar una justicia equitativa e igualitaria para los imputados.
Exigir a las autoridades pertinentes seguir los lineamientos para detener a
las personas de acuerdo a lo que establece la Constitución Dominicana y
las leyes al respecto.
Utilizar los medios de pruebas documentales y periciales en los casos de
lavado de activos, ya que son considerados como los dos tipos de
pruebas más aceptadas y reconocidas.
APENDICE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO
U T E S A
Recinto Puerto Plata
Somos Madeline González y Leandro Castillo somos estudiantes de la
carrera de Derecho, como exigencia parcial para optar por el título de
Licenciados en Derecho, estamos investigando “El Recurso de Hábeas Corpus
en los Procesos Penales Sobre Lavado de Activos en el Distrito Judicial de
Puerto Plata”. Agradecemos su atención y tiempo así como, sus repuestas
sinceras al responder estas preguntas.
Derecho Constitucional
1. ¿Qué grado de importancia reviste el Recurso de Hábeas Corpus para
garantizar un derecho constitucional?
a) Muy importante
b) Importante
c) Algo importante
d) Nada Importante
2. ¿Cuál derecho constitucional considera usted que es el que más garantiza
este recurso?
a) Derecho a la libertad
b) Derecho al debido proceso
c) Derecho a un proceso rápido
d) Derecho a la integridad personal
Garantía de la Libertad
3. ¿De qué forma garantiza el recurso de hábeas corpus la libertad de la
persona?
a) Convenciones Internacionales son de aplicación directa
b) Es un derecho protegido
c) La audiencia y decisión del juez son obligatorios
d) No excluye otros derechos
4. ¿Es la amenaza de perder la libertad de manera arbitraria una garantía
para recurrir en acción de hábeas corpus?
a) Sí
b) No
c) A veces
d) Probable
Legalidad de la detención
5. ¿Qué elementos hacen ilegal la detención de un imputado?
a) La falta de pruebas
b) La no existencia de una orden judicial
c) Simple sospecha
d) Detención no se hace conforme a las leyes
6. ¿Según su consideración ¿cuál es la forma más utilizada para el lavado
de dinero a través de los negocios legítimos?
a) Archivos bancarios
b) Exageración de los ingresos legítimos
c) Exageración de los gastos legítimos
d) Utilización de los depósitos en efectivo
e) Incremento patrimonial no justificado
Prueba documental
7. ¿Qué importancia reviste en un proceso judicial sobre lavado de activos
la prueba documental?
a) Importante
b) Algo importante
c) Poco importante
d) Nada importante
8. ¿Qué tipo de pruebas documentales son las más aceptadas?
a) Contratos de ventas
b) Cuentas bancarias
c) Títulos de propiedad
d) Libros de contabilidad y de comercio en general
e) Documentos de pago
f) Contratos de arrendamientos de muebles e inmuebles
Prueba Testimonial
9. ¿Qué importancia reviste en un proceso judicial sobre lavado de activos la
prueba testimonial?
a) Importante
b) Algo importante
c) Poco importante
d) Nada importante
El Peritaje
10. ¿Qué importancia reviste en un proceso judicial sobre lavado de
activos el peritaje?
a) Importante
b) Algo importante
c) Poco importante
d) Nada importante
11. ¿De qué forma se presentan los peritajes en el proceso penal sobre
lavado de activos?
e) Por escrito
f) Mediante presentación en power point
g) Por email
h) Todas las anteriores
Admisibilidad
12. ¿Cuántos casos por hábeas corpus en procesos de lavados de activos
ha usted conocido en el pasado año?
e) 1-10
f) 11-20
g) 21-30
h) 31-40
i) 41-50
j) Más de 50
13. ¿De los casos por hábeas corpus que ha conocido en procesos de lava
dos de activos en el pasado año cuanto han sido rechazados?
k) 1-10
l) 11-20
m) 21-30
n) 31-40
o) 41-50
p) Más de 50
Apelación
14. ¿Son susceptibles de apelación las decisiones en los casos de hábeas
corpus?
q) Siempre
r) Casi siempre
s) A veces
t) Nunca
15. ¿Qué plazo establece la ley para depositar un recurso de apelación de
hábeas corpus?
u) __________________
16. ¿En qué forma se afecta el proceso cuando el imputado es favorecido
por una acción de habeas corpus?
v) La no presentación del imputado
w) El retraso en el reconocimiento de loso casos
x) El archivo del expediente
y) Todas las anteriores
z) Otras. Especifique._______________________________
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![[CONSTITUCIONAL] Habeas Corpus](https://static.fdocuments.co/doc/165x107/54df3d6d4a79595e428b4722/constitucional-habeas-corpus.jpg)
