México, D.F., 9 de junio de 2015. Versión Estenográfica de la Mesa 2: “El Acceso a los Documentos Históricos Confidenciales. México en el Contexto Internacional”, durante el Seminario Internacional El Acceso a los Archivos Confidenciales Históricos realizado en el Auditorio “Alonso Lujambio” del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Presentador: Damos inicio ahora a la Mesa 2, denominada “El Acceso a los Documentos Históricos Confidenciales”. Las personalidades que nos acompañan en esta mesa son Michael Evans, Analista del Archivo de Seguridad Nacional, de la Universidad George Washington; la maestra Sara González Hernández, Exdirectora General del Archivo General de la Nación, de Colombia. Y modera esta mesa la doctora Issa Luna Plant, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien a continuación le cedemos el uso de la palabra. Dra. Issa Luna Pla: Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos en este día de discusiones largas e interesantes sobre el tema de los archivos históricos y con el interés de contribuir en el debate y, desde luego, de generar una comunidad también de pensamiento y de trabajo que se dedica a estos temas de los archivos, para fomentar también la cercanía entre estas partes y promover, desde luego, además del diálogo, pues promover un conocimiento científico y un conocimiento más apegado a las normas y a los principios internacionales. Esta mesa justamente tiene ese objetivo central, tenemos a dos expertos internacionales que el día de hoy nos van a exponer ampliamente su experiencia como investigadores, su experiencia como defensores de los archivos a nivel internacional, valga decir que ambos son expositores que aunque están trabajando desde su campo y su país, pues son también promotores de los archivos y la protección

de los archivos a nivel internacional y desde muchos frentes han estado promoviendo esta materia en muchas ocasiones. Sin más, les recuerdo que estaremos pasando papeletas para hacer preguntas, las que estaremos recibiendo y nos piden también los organizadores que guarden el folio, porque hay una modalidad que es muy interesante, que se va a implementar dentro de este seminario, que será la de subir todas esas preguntas a un micrositio. En este caso vamos a poder no solamente generar nuestra discusión aquí, sino que también vamos a tener un espacio en un micrositio, en el que esas preguntas se van a subir y vamos a tener oportunidad de conocerlas y de interactuar. Sin más, presento al primer expositor de esta mesa, él es Michael Evans, es Analista Senior del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington. Esta organización privada se dedica a promover la protección de los archivos y la apertura de los archivos no solamente a nivel en Estados Unidos, sino a nivel mundial y ha promovido diferentes casos en particular vinculados con las violaciones graves a los derechos humanos. Pero valga también decir que dentro de esta organización, su director Thomas Blanton y también su colabora para México, genuinamente la doctora Kate Doyle, ha estado constantemente trabajando en estos temas de archivos y de protección de la transparencia en México y en diferentes países. Así que Michael Evans, es un placer contar aquí con usted, su organización no es ajena a México y ha contribuido mucho en la transparencia y el acceso a la información de los mexicanos. Entre otras cosas, también Michael Evans está dedicado a escribir artículos sobre materia de una investigación en Colombia, de un caso en particular titulado “Chiquita” y pues tenemos un expositor de gala. Por lo que le paso la palabra sin más y esperamos también contar con su paciencia, porque su español es muy bueno, pero un poco lento.

Bienvenido, Michael. Michael Evans: Gracias. El placer es mío. Gracias al INAI, a UNAM, al Archivo General de la Nación, por invitarme a participar en este foro muy importante. Bueno, sin más preámbulos voy a empezar. Después de haber trabajado durante casi 20 años en el mundo de acceso a la información, yo he aprendido a ser paciente. Mi esposa y yo tenemos dos hijos pequeños en casa, y yo le digo a ella que después de haber tenido una larga carrera peticionando al Gobierno y Gobiernos para divulgar información secreta, que esta experiencia me ha preparado mejor que nada para afrontar las pruebas sin fin de la paternidad. Hemos estado leyendo un montón de libros para padres y es fascinante cómo se aplican esas mismas lecciones en un sentido general, a la práctica de acceso a la información. Las tácticas dilatorias, los argumentos ilógicos. La paciencia es, sin duda, una virtud en estas dos situaciones. Pero al mismo tiempo la paciencia finalmente se agota. Un padre de familia al igual que un solicitante de acceso a la información necesita escoger sus batallas sabiamente. Hoy voy a decir a ustedes, a cerca de algunos de los retos que nos enfrentamos como peticionarios y las batallas que hemos elegido en la guerra para recuperación de memoria histórica. Así que ahora les pido a ustedes que por favor sean pacientes, porque francamente yo no hablo español muy bien. Así que por favor tengan paciencia conmigo mientras yo hago algunos puntos sobre el acceso a los archivos históricos en Estados Unidos y las lecciones que veo para

acceso a la información en México, desde la perspectiva de alguien que tiene experiencia en el uso tanto de estas dos leyes. La industria del secreto. Para familiarizarme con las experiencias de la audiencia, me gustaría empezar con dos preguntas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han presentado una petición para la desclasificación de información en México? Bueno, 20, 15. Y ¿cuántos han presentado una petición de desclasificación a una FOIA en Estados Unidos? Uno. Bueno. Si es así, entonces ustedes saben lo frustrante que puede ser un proceso puede ser para la persona común y corriente. Esta diapositiva muestra a lo que nos enfrentamos. El Gobierno de Estados Unidos crear alrededor de 15 millones nuevos secretos cada año, a un costo de siete billones de dólares. Una comisión legislativa, a fines de los años 90, encontró que el secreto en Estados Unidos fue excesiva y lo caracterizó como una forma de regulación. La Casa Blanca de W. Bush, perdió millones de e-mails importantísimos. Y ya es evidente, hace meses que el Departamento de Estado, hasta muy reciente, no tenía un plan formal para la retención y gestión de e-mails, hasta este año. Además, la comunidad de inteligencia en Estados Unidos, la CIA y las otras agencias de inteligencia en Estados Unidos, tiene presupuestos secretos de como 52.6 billones de dólares. El punto esencial es que hay simplemente demasiados secretos, y esto cuesta mucho en términos de dólares y la democracia. Cuando todo es secreto, nada es secreto, cuando todo es secreto, la burocracia no entiende la diferencia entre lo que es verdaderamente sensible y lo que no. Consideré por un momento el fenómeno de WikiLeaks.

Vivimos en una época donde los gigabites de información, pueden ser filtrados en un abrir y cerrar de ojos. Vivimos en una época cuando un solo denunciante, puede salir con un par de discos duros y llenos de datos, y exponer las actividades de colección de inteligencia más sensible de los Estados Unidos, de la agencia de seguridad nacional. Consideré también el impacto que las relaciones de Wert Snowden, han tenido en estos programas. Dadas las recientes acciones del Congreso de los Estados Unidos con la intención de limitar por la primera vez, la colección masiva de datos telefónicos para la NSA, ahora parece claro que el señor Snowden ha sido reivindicado. En efecto, lo que Snowden ha hecho es nada menos que exponer las prácticas de recopilación de inteligencia no legales, que habían sido creadas y llevadas a cabo en secreto total, como parte de este presupuesto secreto. Antes de continuar, quiero confrontar y refutar la idea sostenida por muchos, que en gran medida considera que la desclasificación de documentos sobre los asuntos diplomáticos, operaciones militares o archivos de la inteligencia, la desclasificación de estos tipos de archivos, como una amenaza a la seguridad nacional. Y en ese sentido, de una manera puede ser muy embarazoso para agregar otra posición nacional, y por supuesto hay buenas razones para mantener la información en secreto, incluso después de que han pasado décadas. Pero voy a hablar de algunas de esas buenas razones más, pero ahora quiero exponer otra proposición. Los estados nacionales, que se niegan a establecer un sistema regular oportuno y razonable para la desclasificación automática de la información histórica o de carácter histórico, incluyendo la inteligencia

sensible, este tipo de información, lleva el riesgo de perder el control de su propia historia y de su narrativa nacional. Déjame explicar lo que quiero decir con esto. México, al igual con todos los países, debe abarcar y examinar abiertamente su historia nacional, y la historia que comparte con otras naciones. Eso para que no pierda el control de la narración compartida. En otras palabras, dicen que la historia la escriben los vencedores, pero visto de otro modo, la historia siempre refleja los sesgos y los prejuicios de las fuentes archivísticas disponibles. El acceso a los archivos es igual que el acceso a la historia, es precisamente por eso que la historia internacional normalmente refleja el punto de vista de los Estados Unidos. Los que afirman que una mayor transparencia debilita la seguridad nacional, a menudo no entienden esta dinámica básica. Sin embargo, es obvio que algunos secretos son necesarios, pero al mismo tiempo es igualmente innecesario que existan instituciones, tanto en el ámbito público y privado, que existen para desafiar y frenar la industria de secreto. Para funcionar con eficacia, las complejidades de los Estados Unidos y el sistema secreto de desclasificación requieren la existencia de contrainstituciones para garantizar así que las Agencias Gubernamentales estén proporcionando el máximo nivel posible de Transparencia. Ausente este tipo de presión, la tendencia entre la burocracia es destruir, retrasar y negar. ¿Entonces cuál es el papel de nuestro Archivo, el Archivo de Seguridad Nacional?

Hemos presentado más de medio millón de este millón 985 en este esfuerzo por desafiar el Secreto de Gobierno, formar el Debate Público, garantizar la Rendición de Cuentas del Gobierno y defender el Derecho a Saber. Hemos llevado a cabo 14 Auditorías de la práctica de Transparencia de las Agencias del Gobierno Federal y para nuestras demandas para el correo electrónico de la Casa Blanca, desde Reagan hasta Obama, han captado cientos de millones de mensajes y han establecido un estándar para la preservación digital que el resto del Gobierno aún no ha logrado. Como sabemos, por las noticias recientes del Departamento de Estado, esto ocurrió cuando Hilary Clinton era la encargada de esa oficina del Gobierno de Estados Unidos. En los Estados Unidos tenemos dos herramientas básicas para hacer nuestro trabajo: El primero se llama la Ley de Libertad de Información; esa es la Ley de Acceso Fundamental en los Estados Unidos y fue aprobada por el Congreso en los años sesentas, después de más de 10 años de debate. Un congresista llamado John Moss fue el cambio de la Ley; él estaba en contra del secreto excesivo durante las primeras décadas de la Guerra Fría y él dijo “la luz del sol es el mejor desinfectante”. Esa Ley fue firmada de mala gana por el Presidente Lyndon B. Johnson, dicen que él se fue “pateando y gritando”, no sé si existe la expresión en español. Esa Ley aseguraba el acceso público a documentos gubernamentales y federales, esa información se puede solicitar por medio de una carta, un fax o con medios electrónicos, depende de la Agencia. No tenemos algo central como el INAI. Se puede apelar a las respuestas adversarias y utilizar las Cortes para presentar demandas y esto para las Agencias del Gobierno.

Hay nueve exenciones que aplican al acto y se puede ver esto en el monitor: El primero es en la información relacionada con Seguridad Nacional, que puede representar una amenaza. Hay un estándar. Hay otra limitación como, por ejemplo, la información relacionada a procesos deliberativos, a que es muy pero muy problemático acceder a la privacidad personal, esencialmente a Datos Personales. Son categorías muy generales con un amplio margen. Pero hay algunos aspectos positivos sobre la desclasificación, hay una prueba de balance entre la seguridad y el interés público. Esta es muy importante, la presunción de divulgación. El gobierno y no el solicitante tiene el peso de responsabilidad de justificar por qué no puede divulgar la información. Como aquí en México. El gobierno tiene que entregarle la información, si no puede citar una de las nueve exenciones de la ley. No hay cargos para búsquedas y copias de documentos si usted se califica como institución educacional o como reportero. Las agencias del gobierno tiene que revisar los documentos responsables línea por línea para determinar las partes de documentos que pueden ser liberadas y los que van a ser tachados. Y por orden presidencial, no por ley, sino por orden presidencial se supone que los documentos de archivo mayor, de los archivos históricos que son mayores de 25 años de edad, deben ser desclasificados automáticamente mediante un conjunto mucho más estrecho de exenciones. Hay exenciones que aplica a documentos de más de 25 años de edad, pero son mucho más estrechos. Hay ciertos aspectos negativos también.

En nuestra ley no pertenecen los sujetos obligados, este no pertenece al congreso, no pertenece a la oficina ejecutiva del presidente que es muy importante y lamentable, ni las cortes nacionales, solamente las agencias federales del gobierno. Muchos de los estados en nuestro país también tienen sus propias leyes de acceso, pero estamos hablando de lo nacional. La aplicación de exenciones es muy variable y muy subjetiva. No excepción específicamente para información relacionada a derechos humanos. Eso es algo que queremos hacer, pero ha sido muy difícil. Toma mucho tiempo, en muchos casos, para tener éxito más tiempo que aquí con la CIA o del Departamento de la Defensa, dependiendo como complicado es su petición, se puede tomar muchos años en recibir la respuesta a su petición. Puede ser muy costoso para personas que no se califique como institución educacional o periodista. Por ejemplo, en este año, hace unos meses una peticionaria de México, peticionó a la DEA para el documento sobre el “Chapo Guzmán” y la DEA respondió diciendo: Que va a costar como 1.4 millones de dólares para cumplir con la petición. Es muy raro, pero es un ejemplo muy pertinente. Tenemos extensiones especiales para documentos operacionales de agencias de inteligencia. Esto también es muy lamentable y hemos visto muchos casos en que estos tipos de documentos que son informes operacionales de la CIA o de la DEA es muy fácil desclasificarlos y en algunos casos de desclasificación proactiva por parte del Presidente Clinton y otros, ese tipo de documentos han sido desclasificados. También tenemos el Gloma. El Gloma es un tipo de respuesta de la agencia, don donde agencias en ciertos casos tienen la opción de no confirmar, ni negar si documentos responsivos existen o no existen.

Es el hecho de si la agencia tiene la información o no. Es propio. Es considerado muy sensible. También tenemos el abuso de ciertas exenciones administrativas. Por ejemplo, perdimos el año pasado, no sé cuándo, un caso contra la CIA para el último volumen de la historia de la CIA, de la historia de Bahía de Cochinos que está en Cuba. Y esto fue negado no por razones de Seguridad Nacional o datos personales, pero por razón de que es deliberativo. Fue un borrador de un informe solamente, y por eso fue considerado como parte del proceso deliberativo. Ese es un documento de los años 60. Pero bueno. Es para nosotros esta lucha, una lucha necesaria. La FOIA, como todas las leyes de acceso es un mecanismo primario para separar lo que debe ser público de los secretos legítimos. La FOIA es una herramienta esencial de vigilancia pública y contabilidad en contra de la “epistémica” de ese secreto en Estados Unidos. En una mano hay secretos legítimos y cuando estamos hablando de archivos históricos, hablamos de secretos legítimos que son documentos sobre el diseño de armas nucleares, movimientos de tropas, fuentes de información sensibles. Algo que puede, solamente las cosas que pueden afectar al presente. Los ilegítimos, cosas embarazosas, la incompetencia, mala conducta, corrupción, venalidad, violaciones de derechos humanos, ese tipo de cosas. Para nosotros la FOIA llena el espacio entre el sistema normal de desclasificación y el presente. Maneja los documentos más recientes en los archivos nacionales de la Nación. Son de los años 70. Pero hay otras formas de desclasificación en Estados Unidos. El Departamento de Estado tiene una serie de libros que se llaman FONbations at The United States, hay un volumen nuevo sobre

México y América Central de los años 69 hasta como 74, que me parece muy interesante. Se trata de usualmente, cosas de nivel muy alto, negociaciones entre los dos países, reuniones con el Presidente de México y Henry Kissinger, por ejemplo. Ese tipo de información. Pero la realidad es que algunas agencias estadounidenses hacen un buen trabajo con la desclasificación proactiva. Tanto es así que WikiLeaks ahora en realidad trata de tomar el crédito para las relaciones que se han hecho de forma rutinaria por el Departamento de Estado. Ustedes han oído posiblemente de los cables de Kissinger que se hicieron públicos por primera vez en el sitio web del Departamento de Estado. Los cables de Carter que WikiLeaks publicó hace como dos semanas o menos, fueron liberados también, sólo un par de semanas atrás por WikiLeaks, también fueron desclasificados por el Departamento de Estado en el marco de su proceso de revisión histórica de desclasificación normal. Es decir que WikiLeaks, esta organización de filtraciones y revelaciones muy importantes, está en este momento utilizando y como reformulando en una manera información que fue desclasificado, de una manera rutinaria del Departamento de Estado, y que ya está en el sitio web del Departamento de Estado. Afortunadamente, tenemos otra herramienta en los Estados Unidos, que podemos usar, que especialmente útil en la desclasificación de archivos históricos. Eso se llama en los Estados Unidos, Mandatory Declassification Review o Revisión Desclasificación Obligatoria. En los Estados Unidos hay documentos que tienen más de 25 años de edad, están sujetos a desclasificación automática.

Esto no significa que cada documento se desclasificó y se libera automáticamente cuando cumple 25 años, pero sí significa que son muchos más limitadas las extensiones que aplican a esos archivos. Después de 25 años, los documentos deben ser detenidos, si revelan, por ejemplo, la identidad de una fuente humana confidencial, información que puede ayudar en el desarrollo o el uso de armas de destrucción masiva, como siete más, pero en contraste a las extensiones que aplican en el caso de Mandatory Declassification Review, que aplican a documentos de carácter histórico, son mucho más limitados. Quiero hablar un poquito del trabajo que estamos haciendo en este momento sobre México y compartir unas lecciones. Así como los Estados Unidos y México comparten una frontera común, los dos países también, en cierta medida comparten una historia común. Para los historiadores y archiveros en México, esto es extremadamente importante, porque a pesar de todos sus defectos en muchos casos, parece que todavía es mucho más fácil para investigar la historia secreta de las fuerzas de seguridad mexicanas o la guerra contra las drogas en México y otras cuestiones de las políticas de México, desde el Norte de la Frontera. Tenemos aquí unos ejemplos sobre la masacre de San Fernando, en Tamaulipas, en noviembre de 2013, en coordinación con medios en México, publicamos como 30 documentos desclasificados sobre masacres, estas masacres recientes. Ese reportaje en proceso y los documentos en nuestro sitio web, generaron más que como 50 historias adicionales de prensa aquí en México y en América Central. Lo de los informes, o algunos de los informes son de la DEA y de la FBI, informes de inteligencia sobre cómo empezaron la coordinación entre los Zetas y este grupo de militares especializados que formaron a las Zetas originalmente.

Dice que a los orígenes de las Zetas están con las fuerzas especiales, militares en México y se puede leer, el documento está en inglés, pero hay algunos documentos, como cuatro o cinco documentos sobre ese origen de los Zetas en el Ejército Nacional de México. El Consulado de los Estados Unidos en Matamoros, en un cable, dijo que el Festival oficial en Tamaulipas lo fueron minimizando el descubrimiento de los cuerpos, cientos de cuerpos en fosas comunes y se fue tratando de minimizar también la responsabilidad del Estado. Otro cable de la Embajada en México dice que los carteles operaron casi con una impunidad total porque están trabajando con fuerzas de seguridad locales que fueron comprometidas. Hay otros ejemplos pero yo no voy a describir. Otro eje es muy interesante, cuando en 2005 el FBI dijo que el Gobierno Mexicano no va a tener éxito en controlar las actividades de Los Zetas pero bueno. Asimismo, recientemente también hemos tenido un cierto éxito en el descubrimiento del primer documento del expediente relacionado con la Masacre de San Fernando, del año 2011, donde los miembros de la Policía Municipal de aquél lugar fueron pagados por el grupo criminal de Los Zetas para ayudar con los secuestros y actuar como vigías o “halconeo” durante sus operaciones ilegales. Esa fue otra petición que se hizo aquí en México para tomar acciones por parte de los Comisionados del IFAI o del viejo IFAI. Se pueden ver los detalles. Desde hace tiempo nos hemos abocado para este tipo de Ley en los Estados Unidos y estoy hablando de una profesión que obliga al Gobierno de divulgar información porque se trata de Derechos Humanos o violaciones de Derechos Humanos, los llamados Human Right Information Act. Pero el Congreso no logró pasarlo más sin embargo, estas 6profesiones legales ya representan el arte de transparentar en el mundo, exactamente por la razón explicada aquí.

Esa información muestra que se trata de violaciones de Derechos Humanos, violaciones que afectan a toda la sociedad. Sobre la razón para divulgar este tipo de información -y son las palabras de un juez mexicano en el caso de la Fundación para la Justicia, del Estado Democrático de Derecho- para este expediente sobre San Fernando, él dijo que la importancia es evitar la impunidad y la repetición de este tipo de actos en el futuro. Muy importantemente el juez declaró como excepción a la Reserva de la Averiguación Previa, aquellos casos extremos en los cuales el delito perseguido es de tal gravedad que hay interés público en mantener la Averiguación Previa en Reserva. Esto se ve superado por parte de la exigencia de la sociedad en su conjunto para conocer todas las diligencias que se han llevado a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables. Este lenguaje me parece que se puede aplicar en muchos otros casos, incluyendo casos de la “Guerra Sucia” y es un argumento también manteniendo en secreto información por otras razones, porque incluyen datos personales, por ejemplo. Pero para terminar con una nota positiva, quiero destacar el compromiso de México con la Alianza Para un Buen Gobierno, para ampliar el acceso de la ciudad a los servicios públicos en línea y en desarrollo de herramientas de democracia digital, para que el gasto de gobierno más transparente, haciéndolos disponibles en línea. Esa es parte de la Estrategia Nacional Digital aquí en México. Yo estoy muy contento de anunciar que en los próximos meses y años, tenemos la intención de trabajar muy cerca con el INAI, con Artículo 19 y otros grupos, la Facultad de la Universidad Iberoamericana, Amnistía Internacional y a través de los buenos oficios aquí en INAI, en una iniciativa que contempla nada menos que para establecer a las cuentas históricas definitivas de los casos más emblemáticos de violaciones de derechos humanos en México durante los últimos 50 años.

Quiero destacar un poco el tipo de información que podemos llevar a cabo en México, para destacar otro de los éxitos que hemos tenido en otras partes del mundo. Por ejemplo, en el caso del Presidente Alberto Fujimori, en Perú. Una de nuestras analistas fue parte del equipo de persecución, hablando o dando testimonio sobre los contenidos de documentos desclasificados de los Estados Unidos, sobre el Sistema de Inteligencia oculto, secreto, en Perú. Documentos, testimonios de nuestra organización fue muy importante. Un cable de la Embajada de los Estados Unidos describe un plan de contra-subversión con dos niveles. Uno de carácter público, que enfatizó derechos humanos y otro plan secreto que incluye asesinatos extrajudiciales. Esto no fue la evidencia, la más importante evidencia en el caso, pero fue muy importante. Y también quiero hablar un poquito, hemos visto la manera como países distintos han manejado la cuestión de información considerada sensible, por ejemplo, de la divulgación de documentos que tienen datos personales. En un caso extremo las autoridades encargadas de los archivos de la policía secreta, en Alemania, después de la “Guerra Fría” tomaran la decisión de divulgar casi toda la información sobre gente que ha colaborado con el régimen comunista. En la otra mano tenemos ejemplos en donde gobiernos decidieron ocultar casi todos los archivos históricos por la misma razón. Yo quiero sugerir que gobiernos enfrentando esta cuestión se van mucho más al lado de divulgación. Lo que hemos visto aquí en México, hablando de la decisión de cerrar archivos relacionados a la “Guerra Sucia”, resguardado en el Archivo General de la Nación por razones de datos personales, me parece que

es nada más que un esfuerzo deshonesto de ocultar esta historia. Elevando fantasmas que datos personales serían divulgados injustamente. Puedo ver que en Guatemala ellos tomaron la ruta de divulgación. O sea, después de que la información fue divulgada por filtración, toma la posición de que “vamos a divulgar el resto del archivo”. Estoy hablando de este famoso diario militar. Es un registro de personas interrogadas, y en muchos casos asesinadas por una impunidad de inteligencia del Ejército guatemalteco en los años 80. Ese documento que contiene como 100 páginas así, fue filtrado en Guatemala y publicado por nuestra organización. Así, como documentos desclasificados, este documento extraordinario forma parte clave central de casos en Guatemala, España y también en la Corte Interamericana contra los entonces líderes en Guatemala, especialmente contra el presidente Ríos Mont. Pero ustedes pueden ver que ese documento no es el único documento de este tipo. En Guatemala ya tenemos millones de documentos sobre la “guerra sucia”, algunos archivos de la Policía Nacional que fueron descubiertos hace años en la ciudad de Guatemala. Y este archivo lo he trabajado con autoridades en Guatemala para preservar, digitalizar esta colección de documentos sobre la “guerra sucia”. Pero la lección, como es muy evidente que archivos de este carácter de represión, quieren ver la luz del sol. Hemos visto cómo han aparecido archivos parecidos en Paraguay, sobre la Operación Cóndor. En Argentina, Chile y también otros países. La lección es que es mejor que el Estado reconozca esta realidad, tome control del proceso de divulgación de una manera abierta, y en el proceso gana el respeto y el agradecimiento de un público que quiere conocer su propia historia, y asegurar que las víctimas de la represión

no sufran otra violación de sus derechos humanos, la negación del derecho de saber. Para terminar, tengo unas conclusiones y recomendaciones. En conservación del acceso a los archivos históricos se debe empezar con una presunción de divulgación. La presunción inicial debe ser que la información es pública. Segundo. Dado la falta de acceso a documentos mexicanos sobre o relativamente sobre la represión, documentos desclasificados de Estados Unidos quedaron como las fuentes, a mí me parece, más importantísimas sobre este tema. Desde mi punto de vista, esta realidad es una vergüenza nacional para México. Los mexicanos deben tomar control de su propia historia y de su patrimonio nacional. Más que archivos solos, se necesita construir una cultura de transparencia en México, que enfoque en la preservación y acceso público a documentos históricos lo más pronto posible. También, no es adecuado tener leyes solamente. Se necesitan instituciones fuera del Gobierno dedicadas a transparencia, desclasificación y mejorando el funcionamiento del Sistema de Desclasificación y vigilando lo mismo. Hay que construir vínculos y protocolos entre archiveros, expertos en derechos humanos, abogados, jueces, fiscales para aumentar el uso, la utilización de este tipo de información en cortes nacionales e internacionales. El Sistema de Archivos, hay que tener criterios específicos, gobernando desclasificación y clasificación también. Estos criterios deben aplicar a todas las agencias del Gobierno en la misma manera. Y también, por último, para promover el máximo nivel de preservación y acceso en el futuro al patrimonio nacional, todas las agencias de

gobierno deben ser obligados a crear registros bajo la supervisión del Archivo General de la Nación, o INAE, de todos sus documentos clasificados en la Reserva. Y con esto voy a terminar mi ponencia y tomar cuestiones, después de la ponencia de Sara. Dra. Issa Luna Pla: Muchas gracias a Michael Evans por su extraordinaria experiencia que nos ha compartido. Ahora cedo la palabra a la maestra Sara González Hernández. Ella es socióloga, por la Universidad de Lasalle de Colombia. Maestra en investigación interdisciplinaria en ciencias sociales y también se ha desempeñado como Directora del Archivo General de Colombia, donde además ha fungido como Presidenta de la Asociación Latinoamericana de los Archivos, del año 2003 al 2005, en donde pudo palpar y conocer la situación de los archivos en todo el Continente Latinoamericano. Además de ser docente en prestigiosas universidades de Colombia ha escrito numerosos artículos y libros. Bienvenida desde Colombia, maestra. Mtra. Sara González Hernández: Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Quisiera agradecer la convocatoria que me han formulado los organizadores de este evento, en particular del INAI, la doctora Ximena, el doctor Acuña y el maestro Eduardo Bonilla. Muchas gracias a ustedes, a la doctora Mercedes de la Vega, a quien tengo la oportunidad de conocer hoy. He conocido a varios Directores del Archivo General de la Nación de México, quienes han desempeñado importantes papeles en la archivística internacional. Lo mismo al Instituto de Investigaciones de la UNAM, me parece que es un ejemplo de interdisciplinariedad e interinstitucionalidad este evento.

Y vemos que los archivos no están solos, y que aquí sí se cumple el verso tan bello que dice que: “Un corazón solitario no es un corazón”. Entonces, están todos unidos para dictar unas leyes pertinentes para superar algunos, yo no diría que conflictos, más bien diría hacer ajustes que siempre las leyes lo necesitan. Entonces, presentaré una visión un poco diferente a la de mis compañeros, a la de Michael, que es un activista en los archivos de derechos humanos, para recordar que el tema de la clasificación de los archivos no es un tema de ahora. Encontré este documento bastante divertido, de Fray Bartolomé de las Casas, cuando era Obispo de Chiapas, en 1559. Entonces, él dice: “Esta historia, deseo, yo, Fray Bartolomé de las Casas, Obispo que fui de Chiapas, en confianza a este Código Gregoriano, pidiendo en claridad…” Quien me puede ayudar a leer, porque desde aquí no se ve muy bien, no sé si alguien me pueda ayudar. Si me hace favor de leer solamente lo de la Clasificación que aparece en la pantalla. Asistente: “1559: Esta historia dejo yo, Fray Bartolomé de las Casas, Obispo que fui de Chiapa, en confianza a este Colegio de San Gregorio, rogando y pidiendo por caridad al Padre fiador y conciliador del que por tiempo fueren que a ningún seglar la den para que ni dentro del Colegio y mucho menos de fuera de la lea por tiempo de cuarenta años desde este de sesenta, que entrará comenzados a …(está tachado)… contar sobre lo cual les encargo la conciencia y pasados aquellos cuarenta años, si vieren que conviene para el bien de los indios de España, la puedan mandar imprimir para Gloria de Dios y manifestación de la verdad principalmente” Creo que con eso, ¿no? Dra. Sara González Hernández: Muchas gracias. Entonces, vemos que el tema de la Clasificación es un tema que se remite al comienzo de la llegada de los españoles a nuestro territorio.

Un segundo punto que quiero dejar bastante claro es que los Archivos Históricos, como todos sabemos, constituyen esperas de acceso al conocimiento, de los quehaceres que determinan la vida de las instituciones públicas y privadas y de quienes las dirigen y manejan. Hablando hoy con Michael y en otras ocasiones, hemos visto que si nosotros no conservamos nuestros Archivos abiertos al público, abiertos a las investigaciones, nos vamos a ver abocados a que sean otros quienes escriban nuestra Historia. En el caso de Colombia, por ejemplo, la mayor información sobre el tema de la pérdida del Canal de Panamá está en los Archivos Diplomáticos de Francia porque resulta que Francia siempre ha tenido una política archivística bastante fuerte y allá, hasta ahora, hasta la actualidad, ningún diplomático puede salir al exterior sin antes haber sido capacitado en el tema de Archivos. Es decir, saben qué deben enviar, cómo lo deben enviar, cuál es la información primordial. Por eso en este momento, sobre el tema de los Archivos del Canal de Panamá, toda la información se encuentra en los Archivos de Francia. Respecto a otro punto que también trae a colación Michel, podemos ver cómo una empresa aparentemente inofensiva, una empresa bananera que se llama Chiquita Brans, apoyó durante siempre -y dependiendo del momento histórico- a la guerrilla, apoyó a los paramilitares, apoyó al Gobierno. Michael tuvo el acierto de entregar estos documentos en Colombia a finales del año pasado, eran aproximadamente nueve mil documentos que no tenía Colombia y que ahora se encuentran en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Con estas consideraciones, vamos a empezar a hablar de lo que consideramos son Archivos Confidenciales. Yo comparto la idea de la persona que habló anteriormente, de Artículo 19, sobre el hecho de que el tema de Archivos Históricos Confidenciales es antagónico porque si son históricos es porque ya han perdido su valor administrativo, judicial, etcétera.

¿Quiénes poseen Archivos Confidenciales? Aquí hemos hablado de que quien posee Archivos Confidenciales es casi siempre el Estado, pero yo no creo -todos lo sabemos- que por ejemplo, los Archivos de las empresas, los Archivos de los sindicatos, los Archivos de las comunidades laicas y religiosas, de las familias y de otros grupos generadores de información no sean importantes para la construcción de la Historia de un país. Entonces, al abordar el tema de los Archivos Clasificados es necesario abarcar todo el conjunto y no simplemente limitarnos a los archivos del estado, porque la información es sistémica y esa información puede encontrarse en cualquier archivo. Nos hablaban de los archivos confidenciales de Guatemala, donde en las listas que menos pensaban que estuviera la información, como el registro de gasolina de unos automóviles, ahí se encontró quiénes eran los culpables de muchos crímenes, quiénes estaban involucrados en esos crímenes. Y a quién se le ocurre o a quién se le hubiera ocurrido pensar que unos documentos de una gasolinera pudieran aportar una prueba contra alguien en ese caso. Entonces creo que nuestras leyes deben ser mucho más generosas, en el contenido mucho más amplias en su capacidad de influir en la sociedad. Vamos a plantear algunas consideraciones generales. Los archivos confidenciales son documentos que por lo general ocultan el dolor y el castigo. Y en consecuencia, son destruidos tan pronto como ocurren las crisis y los cambios políticos dentro de los estados o dentro de las familias, porque en las familias también tenemos nuestros archivos confidenciales. Lo saben y conocen muy bien los partidarios de las dictaduras y de los regímenes antidemocráticos y quienes han hecho de la infidelidad un acto de confidencialidad.

Por eso son tan importantes tanto los archivos familiares y personales, como los archivos de la represión y la inquisición. Un caso cercano es el del historiador español Francisco Espinoza Maestre, quien ha dejado un relato dramático de lo que era necesario hacer y dejar de hacer, para acceder en los años 80 a los archivos que daban cuenta de lo realizado por la dictadura franquista, durante los 40 años de gobierno. Ustedes saben que recientemente fue creado el “Archivo de la Guerra Civil Española”, que tiene su sede en Salamanca y que ha causado toda clase de luchas internas, porque había documentos de Cataluña, que los catalanes no querían entregar al Archivo General de la Guerra Civil Española, por temor a que se destruyeran o se ocultaran o fueran mal utilizados. Hay varios casos de archivos españoles bastantes importantes. En el Departamento de Asuntos Exteriores, un investigador alemán tuvo que acudir a la Audiencia Nacional, para que le permitieran consultar los expedientes de los nazis protegidos por Franco, porque también se aducía que eran documentos privados. Los archiveros que habían callado las brutalidades y crímenes del régimen, mantenían confidencialidad de los archivos para salvaguardar el honor y la intimida de las personas y gobernantes tan progresistas como Felipe González, decidieron mejor no hablar del pasado. Y otros más apasionados con la España de la transición, prefirieron una necesaria suspensión de la memoria. Es decir, “borrón y cuenta nueva”. O como decimos en Colombia ahora con el problema de las negociaciones de paz, “suspensión de la memoria, perdón y olvido”. Es evidente que sin los archivos confidenciales no es posible construir imágenes más o menos acertadas del rostro de la economía de un país de la sociedad, de la cultura y la política, ni los ritmos de sus movimientos cíclicos que contribuyan a dar luz a las coyunturas expansivas o depresivas de nuestro presente o de una época pasada.

Tampoco es posible hablar con certeza del carácter de quienes como empresarios, intelectuales, políticos o personas normales han dado muestras de ser amantes de la discrecionalidad y del engaño. Por ello, cuando hablamos de archivos confidenciales y de cómo acceder a ellos, estamos en la boca de un punto negro, en una galaxia desconocida que deberá ser objeto de mayor preocupación y conocimiento por parte de los trajinantes de los archivos, de la investigación y de las ciencias afines. Archivos privados. Confidencialidad o escándalo. Sabemos que fueron dos fondos básicos, el de inquisición infidencias del Archivo General de la Nación de México, los que permitieron a Manuel Esparza reconstruir aventuras amorosas de los monjes Dominicos de la Orden de los Dominicos en el siglo pasado. Igualmente Frederick Katz encontró en el Archivo General Amaru, una carta de Salas Barraza, diputado de la Legislatura de Durango, quien manifestó: “Yo voy a matar a ese bandido”, y el bandido era nada menos que Francisco Villa. El investigador lo consideró como un crimen de Estado. En Colombia, un papel enviado a los criminales del General Antonio José de Sucre, en las montañas de Berruecos, comprometió al General Ovando como autor intelectual del crimen de quien era el héroe de Ayacucho y sería el sucesor de Bolívar. Ustedes imagínense esos documentos tan importantes que permanecieron ocultos durante tanto tiempo. La desclasificación o levantamiento de la reserva. Con la desclasificación de los archivos, la condición de confidencialidad puede desaparecer, pero queda el testimonio que fundamenta el discurso sancionatorio de la justicia. Es evidente que cuando algo confidencial se desclasifica y se pone al servicio de los investigadores, su contenido pierde el aroma de

desagrado, de misterioso, de secreto, de desconocido, pero el impacto de lo privado que se hace público dependerá de los traumas que pueda causar en las instituciones y las personas. Y son estos temores los que privilegian el aislamiento de los llamados archivos confidenciales. Vale la pena preguntar si los archivos confidenciales son referencias para dirimir conflictos y abrir caminos para la convivencia ciudadana. Por ejemplo. En la relevación de los archivos confidenciales del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el tema de WikiLeaks, hicieron mella en las relaciones internacionales, pero una mella casi nada importante que se derivó en que la Unión Soviética resolviera retornar a la máquina de escribir, para preservar la privacidad de su diplomacia en detrimento de la internet. Y Estados Unidos hizo la promesa de que no vigilarían, nunca más en secreto, a los Gobiernos amigos. Posiblemente en el futuro, también los enamorados tendrán que encontrar, volver a escribir a mano para evitar que todas sus declaraciones de amor sean usadas por la oposición y los medios, si el destino les depara un cargo político. Ustedes saben que apenas aparece un candidato, salen todos esos documentos que han estado en la internet. Bueno, otros aspecto relacionado con los archivos clasificados y que es un tema bastante espinoso es el de los custodios. Los custodios no siempre son archivistas, me gusta más usar la palabra custodios. Custodio es el que protege, el que cuida. Pero resulta que esos custodios muchas veces hemos, y caigo en ese mundo, hemos debido aceptar que existen documentos ciegos, papeles mudos, un universo de registros que es y no es, al que no le debemos poner atención. Por eso, quienes preservan, organizan, conservan archivos confidenciales, muchas veces deben renunciar a su democratización, hacer del silencio un principio de solidaridad con los gestores y actores

de esos archivos y apostar a cierta complicidad que fundamenta la razón de ser de los archivos confidenciales. Pero, sabemos también que la limitación a la consulta es muy grave. La limitación a la consulta de documentos genera prácticas de impunidad, de injusticia, de corrupción, de arbitrariedad y de falta de transparencia. Entonces, hay que llegar a un acuerdo entre esos dos puntos, y yo privilegiaría el segundo, es decir, la apertura, la consulta pública para evitar esos problemas. El caso de Colombia, que yo creo que es muy cercano para todos ustedes, somos un país, yo no diría que de legistas, sino un poco de leguleyos, que nos hemos dedicado a hacer leyes y de ver la manera cómo las infringimos. Pero al ver esos niveles tan altos de corrupción y de impunidad, pues esto ha hecho que el Gobierno se haya preocupado por emitir varias leyes relacionadas con el acceso a los documentos. Quisiera que viéramos un poco qué ha pasado a nivel internacional. Noventa países tienen leyes de acceso a la información o de transparencia, le dan varios nombres, pero dentro de ellos hay cinco que producen como cierta inquietud: España, Malta, Luxemburgo y Chipre. El primer país que emitió su Ley de Transparencia, fue Suecia y lo hizo en 1766 y estamos en el 2015. Noruega lo hizo en 1970; Eslovenia lo hizo a raíz de la separación de los países de la Unión Soviética y de la Glasnost y la Perestroika, que además la apertura y la reconstrucción del país, emitió la Ley en el 2003 y como dato curioso, la Ley incluye la multa a las entidades gubernamentales que ocultan información. Creo que es una de las únicas leyes que incluyen este tema. En China, China la emitió en el 2007 y tiene muy poco reconocimiento a los derechos de la información.

Y México, pues no les voy a contar todo el cuento, pero sí veo que hay unos temas bien importantes de la Ley de Acceso a la Información de México, y es como la creación del IFAI-INAI. En Colombia, en el 2014, fue emitida la Ley de Transparencia, pero no le crearon un doliente, como decimos nosotros. Entonces, ¿quién la va a materializar? Ustedes han tenido la suerte de que la Ley contempló quién se dedicará a darle vida a esa Ley. Como ustedes lo han dicho y no lo digo yo, para evitar problemas de interpretación, tiene sus problemas, claro, es una ley nueva, una ley que hay que reglamentar, pero tiene muchas cosas muy beneficiosas. Dentro de ellas es la creación de esta entidad tan importante, con esa categoría en la administración pública, con los recursos para hacerlo, porque si no la dotan de recursos, pues no se haría nada, con esa planta de personal tan capacitada, especialistas, y otro punto bien importante, es que la ley de ustedes contempla que el IFAI o el INAI, junto con el Archivo General de la Nación de México, van a definir la política archivística de los documentos clasificados o reservados, y el acceso a esa información. Esto es bien importante, porque si no se crea un conflicto de intereses entre las instituciones que después no los salva nadie, no lo supera nadie y es muy agradable ver sentadas aquí en una misma Mesa a la Comisionada del IFAI, y a la Directora del Archivo General de la Nación, actuando conjuntamente y viendo cómo solucionan los problemas de acceso a la información. Y hoy pues he tenido, no sabía que se va a crear el Sistema Nacional de Transparencia. Eso yo creo que es muy importante, porque es llevar la normatividad a todo el país. Ustedes saben que existe a nivel de los archivos, el Sistema Nacional de Archivos.

Realmente por acá estaba José Antonio Ramírez de León, que fue uno de los Directores del Sistema Nacional de Archivos de México, pionero en América Latina, pero realmente en Colombia este Sistema Nacional de Archivos no ha tenido mucha repercusión. Allá se crean los Archivos, ellos tienen autonomía administrativa pero tienen que seguir la legislación del Archivo General y esto es muy difícil que lo hagan. Pero ya a nivel del INAI y del Archivo General de la Nación, en cuanto a la aplicación de la normatividad a través del Sistema Nacional de Transparencia, yo creo que ustedes van a llegar bastante lejos. En el caso colombiano, existen muchísimas Leyes. Yo creo que Bolívar se equivocó cuando dijo que Venezuela era un Cuartel y Colombia era una Universidad. Sí, era una Universidad pero de Leyes nada más; las Universidades eran o de Medicina o de Leyes y las de Leyes eran muchísimo más; entonces, tenemos una tradición legislativa completamente amplia, se contradicen, etcétera. He traído algunos ejemplos de Leyes que tienen que ver con el tema de la Conferencia: En el año 2000 surgió la Ley General de Archivos -la Ley 594- y quiero enfatizar en que todos ustedes saben que la situación de Colombia es una situación muy difícil en torno al conflicto que viene desde los años de 1945 hasta ahora. En aquél entonces nadie se imaginaba cómo en un país con tantos problemas de conflicto interno, un Director de un Archivo y su equipo podría convencer al Senado o al Congreso de la República de que aprobaran una Ley de Archivos. Esto era un poco incongruente pero la tenacidad del Director, del doctor Jorge Palacios y su equipo, en aquella su época, lo lograron Esta Ley ha tenido muchos problemas: Esta Ley ha tenido deficiencias, se considera que fue una Ley hecha para tiempos de paz

en medio de un conflicto pero existe y en consecuencia, es necesario desarrollarla. Luego vino la Ley de Protección de Datos Personales en el año 2012, la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia y también la Ley de Transparencia y Acceso a la Información -que ya les comentaba que es la más reciente- en el año 2014. Como anteriormente alguien decía aquí, la Ley General de Archivos establece el acceso y la consulta de documentos porque fue creada para todos los Archivos del país; pero además del acceso y la consulta a los documentos, dice que hay documentos que son confidenciales. Las autoridades responsables de los Archivos Públicos y Privados garantizan el Derecho a la Intimidad Personal y Familiar, honra el buen nombre de las personas y demás Derechos consagrados en la Ley. Pero inmediatamente, otro Artículo habla de la Reserva Legal sobre cualquier documento y dice que cesará a los 30 años de su expedición. Esto en la Ley General de Archivos. Pero dice algo que nos puede aclarar un poco la situación acá: “Cumplidos éstos -o sea, los 30 años- el documento por este solo hecho no adquiere carácter histórico y podrá ser consultado por cualquier ciudadano y la autoridad que tenga su posesión adquiere la obligación de expedir, a quien lo demanda, copias o fotocopias del mismo”. Asimismo, la Ley estableció algunas restricciones que están referidas más a la salud del documento que a criterios políticos y entonces, dice que habrá restricciones por razones de conservación: “Cuando los documentos históricos presenten deterioro físico, tal que su estado de conservación impida su acceso directo, las instituciones suministrarán la información contenida”, no se puede ocultar aduciendo el problema de conservación. Entonces, dice: “…suministrará la información contenida en éstos mediante un sistema de reproducción que no afecte la conservación del documento”.

Más tarde entonces, esto fue en el 2000, en el 2014 salió la Ley de Transparencia, en el sentido de que se crea y ratifica el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Luego esta ley fue reglamentada en el 2015. El objeto de esa ley es regular el derecho a la información, pero también las excepciones a la publicidad de esa información. Entonces como se dijo aquí, hay una contradicción y es necesario ponernos de acuerdo. ¿O se permite el acceso no se le da prioridad a las excepciones en esa publicación? Tuve la oportunidad de participar antes de que saliera la ley en una audiencia púbica para presentar el proyecto de ley a los periodistas, a los investigadores de las distintas ramas de las ciencias sociales. Resulta que uno de los principios que tiene esa ley es bastante discutido, porque dice: Predomina el Principio de Máxima Publicidad y que no podrá ser reservada o limitada, sino por disposición constitucional o por disposición legal de conformidad con la ley y que se deberá adoptar el criterio de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Quién me puede decir cuáles son las categorías para aplicar el criterio de razonabilidad? ¿Razonabilidad para quién? ¿Para quién requiere la información o para quien la quiere ocultar? Entonces, por ejemplo, los periodistas en Colombia se opusieron muchísimo a algunos artículos de esa ley, porque no está claro. Y yo creo que en cuestión de leyes no se debe dejar nada a la imaginación, todo debe ser muy concreto, debe tener plazos, debe tener términos precisos, debe manejarse en un contexto razonable. Lo mismo de proporcionalidad. ¿La proporcionalidad de qué, para qué? Entonces estos dos principios de nuestra ley crean bastante discusión.

Otro principio es el de la transparencia, el de la buena fe, el de la facilitación; que es facilitar el ejercicio del derecho de Acceso a la Información Pública, pero excluyendo las exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. El principio de no discriminación. Pues que a todo el mundo se le debe dar acceso, en igualdad de condiciones. El principio de gratuidad. Ese busca que la información pública sea suministrada de forma gratuita y que no se podrá cobrar valores adicionales al costo de reproducción de la información. Sobre eso tenemos un texto muy bonito de la Ley Militar de 1930, que decía: “Que quien pida copias, debe traer el papel y pagar el tiempo del trabajo del funcionario que lo haga y no crear problemas en las oficinas que van a suministrar la información”. Ojalá pudiéramos volver a esas condiciones y no ahondar en estos problemas. Otro es el principio de celeridad, de eficacia, de calidad de la información. Y nos dice algo bien importante, y es el principio de la divulgación proactiva de esa información. Es decir, que las entidades que tengan información clasificada deben difundirla en forma rutinaria, deben estar informando constantemente qué tienen, qué les ha llegado y cómo se puede consultar. No les voy a leer las definiciones, porque eso ustedes la saben de sobra, pero quisiera compartirles un poco la experiencia ya en el tema documental. El Artículo 20 de la Ley de Transparencia, dice y ratifica una solicitud que hizo alguien presente esta mañana, que los sujetos obligados deben mantener un índice actualizado sobre los documentos e informaciones calificadas como clasificadas y darlos constantemente, ponerlos al servicio de los interesados. Entonces, es bien importante tener estos índices, pues el índice incluirá la denominación de la información, la motivación de por qué se

considera clasificada, individualizar el acto en que conste tal calificación –no podemos decir que es una información calificada sin tener un argumento legal fuerte para poderlo soportar-. La documentación clasificada debe ser objeto del mismo procedimiento archivístico que cualquier otra, pero cuando se hace un inventario de esta información clasificada o reservada, pues se debe incluir una categoría que diga “categoría de la información clasificada o no clasificada y medio de conservación, tiempo o periodo de clasificación, y cuando se va a dar a la consulta por parte de la entidad” Y quisiera compartir con ustedes, Michael es asesor de este tema, y es que ninguna de las leyes que he mencionado contemplaba el acceso a la información sobre violación a los derechos humanos. ¿Cómo es que se llama el Centro? Centro Nacional de Memoria Histórica de Derechos Humanos y Graves Violaciones a los Derechos Humanos y la Historia del Conflicto. Se le incluyó el tema de la historia del conflicto porque ninguna otra ley lo contemplaba. Y yo he asistido a varias reuniones de ellos, y estaba invitada a esta reunión la Coordinadora del Archivo, desafortunadamente no pudo venir porque ellos están haciendo un documento que creo, va a tener una gran repercusión y es una política pública de archivos, de derechos humanos y del conflicto. Por lo menos en Colombia esta es la primera vez que se trabaja el tema desde un punto de vista académico, desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista social y en el marco del conflicto, porque estamos con el conflicto vivo. Implica varias consideraciones. Algunas de ellas por ejemplo: ellos están elaborando un protocolo de gestión de archivos con el Archivo General de la Nación, pero hay un conflicto de intereses ahí, porque la Ley dice que el Archivo General de la Nación es el ente rector de la política archivística en el país, pero si no contempla el tema de derechos humanos pues es necesario que alguien le ayude, una entidad especializada en eso.

Ellos han recibido unas declaraciones de desmovilizados, de la guerrilla o de los paramilitares, y es un fondo que se llama Acuerdos de la Verdad. Estos Acuerdos de la Verdad tienen una restricción de consulta de reserva por 10 años, porque son documentos que actualmente están activos, que son parte de toda la normatividad para acceder a beneficios, para restaurar la memoria de las víctimas, etcétera, pero tiene un pequeño inciso que dice que el Presidente de la República tiene la potestad de aumentar el plazo de reserva por 15 años más. Ustedes saben que las decisiones de los Presidentes, cuando son de un momento a otro, son un poco peligrosas, porque no conocen todo el proceso, los antecedentes. Entonces, de un plumazo, de un momento a otro puede decir “se cierran estos archivos por 15 años más”. Bueno, el Archivo del Centro Nacional de Memoria Histórica, creado en el año 2012, tiene un artículo muy importante que dice que se debe priorizar la protección, preservación y consulta de los documentos de derechos humanos para evitar el silenciamiento, la sustracción, destrucción y falsificación de los hechos en los procesos de impunidad. Todo lo que permanece oculto es muy factible de destrucción, de sustracción, falsificación. Las normas contemplan la máxima atención a las víctimas a sus familiares. Ellos dicen que pueden conocer las causas, los actores, las prácticas y eso facilita la labor de la justicia, la no impunidad y es garantía de no repetición. Yo no estoy de acuerdo con quien dice que es necesario mirar hacia atrás para no repetir el pasado. Yo creo que todos necesitamos mirar hacia atrás para aprovechar lo que hicieron antes de nosotros, lo que hicieron bien y potencializarlo, sacarlo adelante. Entonces, los archivos tienen esa doble misión.

Hay una metáfora muy bonita y dice que cuando nosotros vamos conduciendo un automóvil y vamos a rebasar al que viene adelante, qué es lo primero que hacemos para poder avanzar: mirar hacia atrás para hacerlo con seguridad. Entonces, eso debemos hacer nosotros, consultar los archivos para no repetir los errores del pasado, pero también para aprovechar lo que han hecho bien. El archivo de derechos humanos, se hace para recuperar la memoria, para la investigación, para la reparación de las víctimas, y establecer responsabilidades penales. Esto quiere decir que son archivos activos, son archivos vivos. El Centro Nacional de Memoria Histórica, se ha basado en todas sus consideraciones y en su política, en las declaraciones de derechos universales a la verdad y a la justicia de la ONU, de 2005, a la resolución de no impunidad, a la declaración universal sobre derechos humanos, de la reunión de la UNESCO, de noviembre de 2011, y dice que hay que facilitar la consulta, salvaguardando los derechos humanos. Hay que establecer acuerdos de cooperación para restituir los archivos que es lo que se está haciendo con el Centro donde trabaja Michael. Hay que apoyar a las personas para saber si están enlistados estatales para que impugnen su permanencia en esos listados. Resulta que la reserva bancaria existe, y si uno se atrasa en el pago de una cuota, aparece en rojo y no puede volver a pasar su tarjeta. Pero qué pasa si aparece en un listado estatal de unan forma que no es legal, que lo han confundido con otro que tenga un homónimo. Entonces, las personas tenemos derecho de saber si estamos o no en esos listados. Y hay algo bien importante y es que contempla que quien cause daño o deterioro a los archivos de derechos humanos, incurre en una falta

gravísima que para el derecho colombiano eso es bastante elevado y es objeto de sanciones disciplinarias y legales. Entonces, me parece que a las leyes siempre hay que darles esta potestad, si no, quedamos en letra muerta. Bueno, quiero terminar esto por ahora y pues decir que si tienen preguntas y yo puedo responderlas, pues con mucho gusto lo haré, porque una cosa es que tengan preguntas, pero otra cosa es que yo pueda responderlas. Dra. Issa Luna Pla: Bueno, seguramente sí podrá. Llegó solamente una pregunta y yo quiero redondear también la idea en relación a algunos cuestionamientos que surgieron de la Mesa anterior quizá podemos cuadrarlos mejor en esta mesa. Ciertamente no hay un solo país o quizás no es una práctica legislativa en los países de que las leyes de archivos solamente se dediquen a la gestión y a la documentación, sino que también por lo que hemos visto en esta exposición, todas las leyes consideran también la práctica de la apertura y de la confidencialidad de la información. Y veíamos que no es una práctica tan clara, por lo que nos estaban exponiendo, pues hay criterios y hay mecanismos, no solamente para que los Gobiernos reserven información o la clasifiquen como Datos Personales sino también para que cuando la abran, la difundan y busquen el mejor aprovechamiento de esa información. Michael Evans nos pone algunos ejemplos muy concretos en esa materia. La pregunta es: ¿Cuáles son los países de América considerados como que tienen la mejor o el mayor avance en materia de Acceso a la Información y de Archivos Gubernamentales? Yo abonaría también a esta pregunta -y pediría la participación de ambos- el abordar sobre cuál es esa forma en la cual sería idealmente útil un mecanismo de apertura y de cierre de información.

¿Cómo podría funcionar esto, dentro de estos marcos jurídicos, en el contexto americano? Michael, podemos empezar contigo y después pasamos con la maestra para luego cerrar la Mesa con la finalidad de ser puntuales porque ya están aquí nuestros expositores para la siguiente Mesa. Michael, por favor. Sr. Michael Evans: Yo solamente tengo experiencia esencialmente de los Estados Unidos, Colombia y México; tengo colegas con mucha experiencia que se encuentran trabajando con Leyes en otros países. Me parece que Perú tiene un modelo bastante bueno, no sé si Sara tiene algunos comentarios sobre la cuestión de cuál es el país en América Latina con el mejor avance en esta materia. Dra. Sara González Hernández: En general, en América Latina no hay Leyes que contemplen los Archivos clasificados, las mejores prácticas. Existe por un lado el Archivo General de la Nación pero afortunadamente en varios países han surgido organizaciones muy valiosas como en Chile la Vicaría de la Solidaridad, la cual se fundó durante la época de Pinochet y continúa trabajando en el tema y ha logrado posicionarse y ha logrado actuar con el Archivo General de la Nación para crear condiciones de Acceso a esa Información. Pero el que podamos hablar de mejores o peores prácticas, creo que es algo muy difícil porque cada país ha tenido una historia o un contexto bastante diferente y como ustedes ven, no se parece en nada -por ejemplo- la situación de Brasil a la situación de Colombia, como tampoco la situación de México a la situación de Colombia. Es que Colombia, a pesar de lo que decían los gobiernos anteriores, donde consideraban que no había conflicto, negaban por completo el conflicto, fue hasta que llegó el Presidente Santos -y yo no soy santista- en que al menos se reconoció la existencia del conflicto: Había muertos cada quince días en distintas regiones pero no era

conflicto, yo no sé a qué se debía, era como que una cosa extraterrestre. Entonces, hablar de mejores o peores prácticas es bastante complicado; yo creo que hay experiencias que se pueden asimilar y compartir, pero no hay como que una corriente en que digamos “este es primer lugar, este llegó en segundo lugar y este en tercer lugar”. No, porque las experiencias son diferentes y cada país ha dado respuestas diferentes. Dra. Issa Luna Pla: Bueno, preguntan también quién debiera regular los Archivos Privados y en qué momento deben de convertirse en Públicos; preguntan cuál es la experiencia en sus países. ¿Cómo se deben regular los Archivos Privados y cuándo deben de ser Públicos? Sr. Michael Evans: Bueno, no hay regulaciones sobre Archivos Privados. Pregunta: Perdón, le voy a hacer la pregunta, es mi pregunta. Una disculpa: Es importante este tema porque los entes públicos recabamos mucha información y los Archivos Privados son los de los Bancos, está el tema de instituciones públicas como los Hospitales. Por eso la pregunta es qué pasa con toda esa información. Yo tengo la experiencia en el tema del Sistema Bancario donde mucha información se digitaliza desde hace muchos años pero qué pasa con esa información. ¿Se va a la basura o quién la regula? Debiera regular el Estado, esa información debiera pasar a la Memoria Histórica del propio país porque también forma parte de ese acervo, de esa Memoria que nos sirve, como decía tú y la maestra, en algún momento para la toma de decisiones, de qué estamos haciendo mal y más en los temas financieros.

Sr. Michael Evans: Claro que esta es una cuestión muy importante y muy relevante. Yo voy a hablar un poquito del caso de “Chiquita”, porque resulta de sus acciones en Colombia, primeramente fue investigado por el Departamento de Justicia, en los Estados Unidos. Esas fueron investigaciones muy amplias y como parte de esas investigaciones la compañía fue obligada a entregar mucha información de sus propios archivos a esas entidades, agencias del Gobierno de los Estados Unidos. Y después de la investigación fue obvio, no sé si fue obvio, pero es evidente que fue la posible de sacar esos documentos del gobierno, porque resulta de que están en los archivos de los Estados Unidos, hay la posibilidad de obtenerlos usando la Ley Nacional de Transparencia. Pero sobre bancos, claro que es la misma agencia, compañías, públicos, los que están en corporaciones internacionales, grandes. Tiene obligación de informar de aspectos de sus negocios y esos también son archivos que están dentro de los archivos de Estados Unidos y hay la oportunidad de obtenerlo. Pero tenemos también en los Estados Unidos, por lo menos una extensión que cubre información relacionada a prácticas de negocios sensibles. Es difícil obtener este tipo de información aún de los Estados Unidos, cuando el gobierno lo tiene. Pero en el caso de Chiquita tuvimos bastante éxito en obtener la información, pues resulta que fueron una investigación. Pero es algo muy interesante. Después de Chiquita y nuestra experiencia de Chiquita, tenemos la idea de hacer investigaciones adicionales a este tipo, enfocado por lo menos en casos que como HSBC aquí en México, que fue lavado de dinero por los cárteles y también Wachobia, definitivamente a la oportunidad de obtener ese tipo de documentos. Pero hay otra cosa que son documentos de las cortes. Pero los documentos de las cortes no son parte del Sistema Nacional de

Archivos y Transparencia. Es decir, que hay la posibilidad de obtenerlo, pero sí es un sistema muy distinto. Dra. Issa Luna Pla: Bueno, también bienvenido para la conferencia también del doctor Ibarra Palafox, que justamente hablará sobre un libro en el que recapitula todo el rescate de la banca. Le va a interesar. Y para cerrar la mesa, solamente le pido a la maestra González, si puede responder la última pregunta que tiene que ver con ¿Cómo se protegen los datos personales dentro de los archivos históricos, cuando tiene que ver con violaciones graves? Me Imagino. Mtra. Sara González Hernández: La ley contempla datos sensibles, una categoría que dice: “Datos sensibles exceptuados de la reserva, no tienen ninguna reserva si se van a usar para la investigación histórica estadística, científica, sin evidenciar la identidad de su autor”. También son datos sensibles que sí se exceptúan, los que impiden la administración efectiva de la justicia. Es decir, sí hay procesos en curso, pues no podrá haber divulgación de esos datos. Los derechos de la infancia y la adolescencia, la estabilidad macroeconómica y financiera del país y datos sobre salud pública. Esos son datos sensibles que tienen distintos manejos. Ustedes recuerdan un escándalo que hubo, grandísimo, en Francia porque publicaron la noticia de que el Presidente Mitterrand había muerto por cáncer, que eso a nosotros nos parece algo muy común. Que no debería tener confidencialidad, pero la familia protestó porque resulta que es un dato de salud que debería estar abarcado o estar protegido por la ley, por más de 150 años. Ese dato de salud pública. Entonces, en Colombia son solamente esos los datos sensibles. Dra. Issa Luna Pla: Pues muchas gracias a ambos por compartir sus experiencias, por viajar hasta México para celebrar este foro. Estamos muy agradecidos en nombre de todo el Comité de organización de este evento. Y gracias a ustedes también por su atención.

Daremos unos minutos solamente, antes de pasar a la siguiente mesa. Presentador: Le pedimos a la doctora Luna Pla que, por favor, entregue los reconocimientos a nuestros panelistas. Concluye así la mesa número 2, y los invitamos a permanecer en sus lugares para la realización de la mesa número 3. Aprovechamos este momento para agradecer a las personas que nos siguen por el #gestión y archivos. Se han registrado 214 personas que nos siguen aquí, vía internet en México; cuatro en Canadá y una en Colombia. Muchísimas gracias a todas estas personas que nos siguen a través de internet.

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