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Viernes 11 de marzo (tarde)

Mesa 6

Causas de la desigualdad: fiscalidad y finanzas

Modera:

Luis Buendía

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Las crisis financiera y económica: coartada para un cuestionamiento

de la cohesión y banalización del mal social

Francisco Rodríguez Ortiz

Universidad de Deusto francisco.rodriguez@deusto.es

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Las crisis financiera y económica: coartada para un cuestionamiento de la cohesión ybanalizacióndelmalsocial Francisco Rodríguez Ortiz: Profesor de Economía-Universidad de Deusto francisco.rodriguez@deusto.es Palabras clave: Crisis, deuda, ajuste, devaluación salarial, desigualdades Clasificación JEL: E61, E64, H63, I39 Abstract: La crisis financiera ha desembocado en una crisis económica que supone una ruptura definitiva con el régimen de acumulación fordista. La gestión de las crisis por parte de las autoridades nacionales y europeas contribuye a agravar las debilidades de las economías europeas y, como se observa, resulta contraproducente para reducir los niveles de déficit y de deuda. Pero, ¿es dicha reducción el objetivo realmente perseguido? ¿No es ello más bien una coartada destinada a culminar un proyecto de liberalización de la economía y de remercantilización de los servicios públicos que se inicia en los años ochenta? En efecto, la gestión de las crisis que se suceden parece más bien ir encaminada a imponer un nuevo modelo competitivo basado en una mayor restricción salarial, una creciente desregulación del mercado de trabajo, una precarización de la relación laboral y un desmantelamiento de los elementos centrales del acervo social europeo. Este cuestionamiento de la legitimidad del Estado en tanto que actor en la sociedad, aparte de tener un importante componente ideológico que hunde sus raíces en las “revoluciones” conservadoras de los años ochenta, resulta ser asimismo económicamente contraproducente y ahonda tanto en un incremento de las desigualdades como en la situación de crecimiento “blando” en el que se halla inmerso la eurozona. Además, las políticas económicas que se han ido imponiendo en los Estados miembros de la zona euro no solo banalizan y legitiman el mal social y llevan a la permanencia de un paro masivo sino que erosionan los principios democráticos.

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1.De la financiarización de la economía a una relectura ideologizada de la crisis… que cuestiona la Democracia

Desde finales de los ochenta los países europeos se hallan en fase de “crecimiento blando”, una fase considerada por muchos como estado de “estancamiento secular” (Summers: 2014, Gordon: 2014). Se caracteriza por la atonía del crecimiento, tendencia al estancamiento-retroceso de los salarios reales y un marcado deterioro de las desigualdades sociales. Pero, esta crisis financiera y económica, pese a hallarse su epicentro en Estados Unidos, ha resultado particularmente virulenta en la zona euro, y ha ahondado en los rasgos negativos asociados a dicho estado prolongado de crecimiento blando. En contra de Estados Unidos, donde la política macroeconómica actúa como un “seguro colectivo de actividad“(Fitoussi, 2005: 99) que aspira a compatibilizar una recuperación más fuerte en el corto plazo con el logro de la estabilidad fiscal a más largo plazo, la política europea, presa de la quimera neoliberal de una “restricción presupuestaria expansiva”, ha elevado la incertidumbre y agravado la crisis (Pisani-Ferry, 2011: 97). Los europeos se han equivocado en todo: diagnóstico, tiempos y terapias. Y, aunque Europa sale oficialmente de la recesión a partir del tercer trimestre de 2013, la recuperación es lenta, irregular, inferior a la de otros ciclos y coexiste con un paro masivo y una fragmentación social ascendente.

Esta crisis no es coyuntural sino estructural. Deriva de las tendencias subyacentes al nuevo régimen de acumulación en el que las finanzas imponen al capitalismo mundial sus formas y contenidos dominantes (Duménil, Lévy, 2000, 67). Las finanzas, creadoras de productos cada vez más sofisticados y de difícil comprensión, incluso para sus emisores, se autonomizan y ganan peso respecto de la economía real. Los bancos de inversión y los hedge funds han llevado su apalancamiento a niveles desconocidos para incrementar su rentabilidad sobre recursos propios y satisfacer a los accionistas de referencia. Cuando estalló la crisis, el valor teórico de los productos financieros estructurados y derivados de crédito de diversa índole, presentados como instrumentos que mejoraban la relación rendimiento/riesgos, excedía en muchas veces el valor de los activos reales (Lordon, 2008: 94). Las instituciones financieras habían creado una pirámide de productos esotéricos alejados del activo de referencia. Al final, estos procesos unidos a las titulizaciones, lo que ha potenciado la creación de un “sistema bancario en la sombra” colocado fuera del balance de los bancos, ha sido un incentivo para la asunción de mayores riesgos y amenazaría la sostenibilidad de gran parte del sistema financiero de los países desarrollados. Así, no solo la transición a lo que Aglietta denomina una economía financiera globalizada agudiza el carácter especulativo del capitalismo sino que las crisis pasan a ser recurrentes desde los años ochenta y van adquiriendo mayor intensidad. Este hecho corrobora que una evolución no traumática del capitalismo requiere un equilibrio, siempre inestable, entre los mercados y el Estado.

“El futuro de la globalización financiera es ahora asunto de los Estados. Depositar las esperanzas en la transformación de las finanzas y de los financieros para ponerlos al servicio de la estabilidad financiera es un vano esfuerzo. Así como también resulta vana la idea de transformar el capitalismo para ponerlo al servicio del progreso social. Desde hace casi dos siglos, el capitalismo ha podido servir de motor al progreso social porque algunos Estados se han organizado para obligarle a ir en esa dirección. Al levantar, cada uno a su manera, unas instituciones para regularlo y una leyes para enmarcarlo, llevando a cabo unas políticas para reglar el ritmo de su actividad, los Estados han logrado, en cierta medida por lo menos, domesticar la fuerza que representa. No puede ser diferente para las finanzas, corazón

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mismo del capitalismo... Colocar a la globalización financiera al servicio del desarrollo económico pasa menos por una reforma de las finanzas o del capitalismo que por una redefinición del papel del Estado en el propio funcionamiento de las finanzas... ¡y del capitalismo!“ (Brender, Pisani, 2009: pp. 120-121).

Visión optimista y necesidad desmentidas por los hechos. Pero lo más destacado desde el punto de vista de nuestro objeto de estudio es que esta lógica financiera que deriva de un proceso de restricción salarial y de endeudamiento privado generalizado impone a su vez, efecto retorno, nuevas restricciones salariales, laborales y sociales. Por lo tanto, evidencia tanto la inviabilidad de un régimen de acumulación basado en una continua expansión del crédito para sostener un crecimiento de la demanda que ya no se apoya en una mejora de los salarios reales y de las condiciones sociales así como su incapacidad para sacar a las economías europeas de la crisis. En efecto, las políticas de ajuste europeas elegidas o impuestas para salir de la misma profundizan en la polarización social y concentración de las rentas en beneficio del capital. Y, ahora, estos efectos negativos difícilmente pueden ser suplidos por un nuevo endeudamiento.

Por otra parte, la crisis del modelo de crecimiento centrado en el poder omnímodo de unas finanzas “creativas” y desreguladas ha revelado las debilidades del entramado comunitario. No solo la Unión Monetaria Europea (UME), en la que ningún Estado miembro tiene el control formal sobre la moneda única y que, según términos de Aglietta, no expresa un “espacio público común”, no permite responder a una situación de crisis mayor sino que actúa como catalizador de la misma al carecer de la necesaria integración fiscal, al rechazar ser una unión de transferencias y la comunitarización de parte de la deuda pública, al carecer de una verdadera Unión Bancaria, de un prestamista de último recurso que atenúe el poder de los mercados financieros, al estar encorsetadas las políticas presupuestarias etc. Se observa también que la integración monetaria, en contra de lo afirmado cuando se concibe y presenta el proyecto en sociedad, ha actuado como factor que incrementaba las heterogeneidades y desequilibrios nacionales. Europa, que prima una gobernabilidad débil e inestable mediante los mercados, ha entronizado unas reglas comunes restrictivas aplicables por separado a cada uno de los Estados miembros, una restricción que no se ve compensada por la emergencia en paralelo de unos instrumentos de regulación macroeconómica de ámbito supranacional para hacer frente a eventuales shocks económicos adversos. La integración mediante los mercados de bienes y de capitales ha creado en la zona euro unas fuertes interdependencias que ninguna institución pública es capaz de gestionar, debilidad denunciada por Fitoussi.

“Al privilegiar un modo de integración tendente a encerrar las prerrogativas de los Estados en unas normas cada vez más restrictivas y coercitivas, la Unión Europea ha vaciado poco a poco de contenido a la soberanía nacional sin por ello impulsar una soberanía europea. Así pues, el gobierno de Europa es mucho más un gobierno mediante las reglas que un gobierno mediante las elecciones (choix)” (Fitoussi, 2013: 126).

“Cuando las democracias nacionales aceptan atarse las manos para permitir a la cosa pública devenir europea, pero que la cosa pública a escala de Europa no está gobernada según los principios de la democracia, existe un déficit democrático tanto en el seno de las naciones como en el de la Unión” (Fitoussi, 2013: 125).

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Rodrik reconoce que sin unas instituciones transnacionales poderosas, resulta imposible fijar las normas necesarias para sustentar unos mercados verdaderamente mundiales. “La zona euro se enfrenta a estos mismos dilemas, en una forma todavía más acentuada. Dicho de manera sencilla, la decisión a la que debe hacer frente la Unión Europea es la de optar entre unión política o menos unión económica. Si los dirigentes de la zona euro no están dispuestos a convencer a sus electores de que compartan una comunidad política y un futuro común, o no son capaces de hacerlo, tendrán que renunciar a la moneda común (al menos, algunos de sus miembros). La única alternativa es debilitar la democracia, que es el mayor logro histórico de la región” (Rodrik, 2012:46).

Una vez deriva la crisis financiera en crisis económica, agravada esta por la vulnerabilidad de las instituciones financieras arrastradas por sus prácticas arriesgadas y excesivo apalancamiento, iba a desestabilizar las finanzas públicas de los países europeos. La intensidad adquirida por la recesión y evitar una crisis sistémica han inducido una gran reactividad de los poderes públicos entre 2008 y 2009, tanto más cuanto que la política monetaria va a tardar a encarar el reto planteado y va a ser mucho menos audaz que la norteamericana, británico o japonesa. Atajar la Gran Recesión ha llevado a los gobiernos a dejar jugar los estabilizadores automáticos, impulsar planes de estímulo y socializar una parte significativa de la deuda privada, sobre todo la de las entidades bancarias. El Estado procedió a un reciclaje del ahorro bajo forma de gasto público para atenuar el alcance de la depresión. Se estableció, transitoriamente, un nuevo equilibrio entre el Estado y el Mercado (Stiglitz, 2010: 230) debido a que, como destaca Pisani-Ferry, al ser considerada la estabilidad financiera como un bien público, el Estado siempre asume el papel de asegurador de última instancia (Pisani-Ferry, 2011: 91). Así pues, en contra del relato actual de la crisis, el deterioro de los déficits públicos y de las ratios de endeudamiento, exceptuando el caso griego, no solo no ha sido el desencadenante de la crisis sino que proviene de unos comportamientos privados poco disciplinados así como de las necesidades de regulación macroeconómica en la fase más contractiva del ciclo económico. El fraude actual consiste en alterar, debido a fuertes condicionantes ideológicos, el relato de lo acaecido para relativizar el papel desempeñado por las instituciones financieras y errores de las instituciones reguladoras. “Las flaquezas del sector privado han terminado creando un pasivo en el sector público que los ciudadanos europeos se ven ahora obligados a enjugar, soportando unos programas de austeridad que no contribuyen a mejorar la situación sino a empeorarla. En todos estos países, la crisis fiscal ha sido una consecuencia de la crisis financiera que ha acabado por recalar en sus costas, no su causa. Decir que se trata de su raíz causal es confundir deliberadamente, y por motivos políticos, la causa y el efecto” (Blyth, 2014: pp. 155-156). La crisis no se debe a una falta previa de disciplina fiscal para atender las necesidades de un Estado del bienestar “sobredimensionado”. Sin embargo, se profundiza en esta lectura ideológica de las causas de la crisis para lograr reducir a su mínima expresión el papel del Estado, para recortar las políticas sociales y remercantilizar parte de los servicios públicos básicos. El Presidente del BCE no tenía reparos en evidenciar los objetivos perseguidos. Afirmaba, en una entrevista concedida al Wall Street Journal en febrero de 2012, que “la Europa social está acabada”. Nada novedoso debido a que la UME persigue desde su génesis el adelgazamiento del Estado del bienestar para responder, erróneamente, a los retos competitivos de la mundialización (Rodríguez, 1997). La reinterpretación actual pretende también legitimar las políticas “austeritarias” que suponen el mayor cuestionamiento desde la posguerra de los pilares centrales del Estado de bienestar. Así, la capacidad de acción pública y el

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papel regulador del Estado son recortados según se va asentando una gobernanza económica que refuerza el poder de los mercados financieros, un poder invocado precisamente por la Comisión Europea para justificar las políticas de austeridad extrema en la eurozona “omitiendo” que cuando el poder político hace cesión de sus obligaciones de control y de regulación macroeconómica, los mercados financieros operan de forma desestabilizadora. Y, consecuencia de ello, “La especulación parece actuar al prorrata de la amplitud del déficit público, aunque no tenga ninguna responsabilidad directa en la génesis de la crisis” (Boyer, 2011: 115). Reflejo también de este enfoque ideológico que se ha impuesto entre gobernantes y academia, sí bien ahora empieza a ser matizado debido a los resultados alcanzados, es que el ajuste fiscal privilegia un enfoque poco equilibrado que concede la primacía al recorte del gasto social con medidas que “no responden a un plan pensado y racional sino a impulsos movidos por un objetivo oculto de naturaleza ideológica: aprovechar la crisis financiera y sus efectos sobre el déficit público para reducir el Estado del bienestar” (Costas, 2012: 21). El ajuste ha surtido efectos tanto más negativos cuanto que se ha centrado de forma prioritaria en la contracción de los gastos. Resulta aberrante que, tras haber sido rescatados con cargo a los erarios públicos paneles enteros de los sistemas financieros en varios países, y ello sin contrapartidas políticas y de servicio social, la inversión pública en educación, investigación y sanidad, que redunda en una mejora futura de la productividad, sea computada como gasto público en la definición de déficit. Las reformas habrían de conceder la prioridad a la necesaria reindustrialización, a un reparto primario de la renta más equitativo y al empleo, base del modelo social, establecer prioridades justas en el gasto social así como una distribución equitativa de sus fuentes de financiación.

Fuente: Comisión Europea. Octubre 2013. En cuanto a los Estados periféricos, siendo Grecia y las humillaciones impuestas al primer gobierno de Syriza el más claro exponente de ello, viven bajo un régimen de

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autonomía recortada y tutelada que cuestiona los principios democráticos1 . Y, además, estas políticas son ineficientes y fuentes de dolor social cuando no de crisis humanitaria. Así, el PIB griego ha caído un 28% entre 2007 y 2014 y, tras un breve paréntesis, la economía ha retornado a una dura recesión en 2015. Y, obviamente, la contracción del PIB no solo imposibilita estabilizar la ratio de deuda/PIB sino que esta no cesa de empeorar. Europa ha ninguneado a las autoridades griegas y, temerosas de un eventual contagio político, toda vez que desde hace tiempo Grecia es percibida más como un problema geopolítico que económico y financiero, ha optado por una dura intransigencia que servía de anuncio para navegantes de otros lares. Se observa pues que Europa ha dejado de ser un proceso de cesión voluntaria de competencias. Se impone un creciente intergubernamentalismo asimétrico en el que, por primera vez, un país ejerce en solitario la hegemonía y dicta sus opciones de política económica a los demás. Para Beck, Europa puede optar entre dos formas opuestas de integración y cooperación: “la participación igualitaria (reciprocidad) o la dependencia jerárquica (hegemonía)” (Beck, 2012: 78). En mi opinión, la actual gobernanza europea, más que “germanización del proyecto europeo” (Beck, 2012), refleja una europeización de la política conservadora alemana cuyo compromiso con el proyecto de integración europeo tiende a ser muy rebajado al primar un enfoque nacionalista de salida de crisis no extrapolable al resto de Europa, ser rechazadas iniciativas comunitarias destinadas a estimular la inversión, demanda y mejora de la productividad total de los factores así como impedir realmente a los socios, pese a la relativa flexibilidad que se detecta en 2015, tener políticas presupuestarias más activas. También es objeto de ira de las autoridades germanas el nuevo rumbo tomado por la política del BCE ahora preocupado por el retorno al estancamiento secular y la deflación. 2.Creciente restricción salarial y desigualdades suplidas por el endeudamiento privado

Esta crisis estructural expresa el agotamiento de un régimen de acumulación insostenible. Los gobernantes, con independencia de sus supuestos anclajes ideológicos, apelan desde los años ochenta a las restricciones provenientes de la globalización y han socavado las bases de la relación salarial fordista tanto más cuanto que el desarrollo y expansión de las nuevas tecnologías plantea en la actualidad interrogantes en torno a si, en contra de las dos revoluciones industriales, toda destrucción es creativa, por lo menos en lo que atañe al empleo. Los empleos destruidos por las nuevas tecnologías, que afectan nuestros hábitos de consumo, podrían resultar ser más cuantiosos que aquellos vinculados a las nuevas actividades, tanto más cuanto que es relativamente escaso el empleo directo en las empresas que soportan los nuevos sistemas tecnológicos y su innovación. También han contribuido a socavar las bases de la relación salarial fordista en las economías europeas la caída del muro de Berlín, que ha intensificado la ofensiva del capital contra las condiciones salariales y sociales vigentes en las economías desarrolladas, así como la creciente competencia proveniente de las economías emergentes y una

1El Ministro de Finanzas, Varufakis, emuló a Roosevelt y afirmó tras el vergonzoso Eurogrupo informal del 24 de abril de 2015, en el que todos cargaron contra él y renunciaron a las formas mínimas de educación: "Son unánimes en su odio hacia mí. Y yo doy la bienvenida a su odio".

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acentuación de su desindustrialización asociada a los procesos de deslocalización. Asimismo, al pasar a ser economías de servicio, las ganancias de productividad son menores y generan menos empleo y salarios más bajos. Paralelamente, los efectos negativos asociados a la creciente moderación salarial han sido contrarrestados mediante el endeudamiento generalizado de los agentes privados, lo que hace que el nuevo régimen de acumulación sea particularmente frágil y vulnerable. En efecto, el sistema financiero ha de apoyarse en unas políticas monetarias acomodaticias de bajos tipos de interés, lo que propicia una explosión de préstamos arriesgados a prestatarios con ingresos irregulares, medios o bajos. Ello ha potenciado la financiarización de la economía y ha debilitado al Estado frente a los mercados financieros, lo que se visualiza con nitidez una vez estalla la llamada crisis de la deuda soberana. La acumulación de deuda privada, mucho más que la pública, muy encauzada antes del estallido de la crisis financiera, ha detentado un papel central en esta Gran Recesión (Blyth, 2014: 14). Como apunta Grauwe (2011): “Desde 1999 hasta 2007, las familias de la eurozona aumentaron su grado de endeudamiento desde alrededor del 50% del PIB hasta el 70%. El crecimiento de la deuda bancaria en la eurozona fue aún más espectacular, y llegó a superar el 250% del PIB en 2007. Sorprendentemente, el único sector que no experimentó un aumento de su nivel de deuda durante ese periodo fue el sector público, que vio reducirse su deuda desde el 72% hasta el 68% del PIB. Irlanda y España, que hoy son dos de los países con los problemas más graves de deuda gubernamental, experimentaron las reducciones más drásticas en sus proporciones de deuda gubernamental antes de la crisis. También son estos los países con mayor acumulación de deuda privada”. Así, ruptura respecto de la situación prevalente hasta mediados de los ochenta, en que las ratios deuda total/PIB (sector público y privado) tendían a ser estables, estas se empiezan a deteriorar a partir de dicha fecha. Ello hace que “el tema central de la política presupuestaria sea la del ritmo de desendeudamiento público ulterior, subordinado al ritmo de desendeudamiento privado. La articulación de las políticas monetaria y presupuestaria pasa a ser el pivote de una estrategia de desendeudamiento” (Aglietta, 2014a: 34). Larrouturou (2012: 32) subraya que las economías desarrolladas han vivido un periodo prolongado de prosperidad al haber asumido un “compromiso fordista”. Debido a que se garantizaban unas reglas colectivas que institucionalizaban una progresión regular de los salarios y de los impuestos, las economías no necesitaban deuda, ni privada ni pública, para crecer regularmente. Pero la cruzada neoliberal, a la que se sumaron los gobernantes “socialdemócratas”, desembocó en un estancamiento-retroceso de los salarios reales que dejaron de recoger los beneficios provenientes de las mejoras de la productividad. Así, pese a aumentar la tasa de la población asalariada, disminuyó la parte de los salarios en el valor añadido, situación que se agrava con la crisis y medidas de devaluación salarial interna. Los beneficios de las grandes empresas, plusvalías financieras y retribuciones exorbitantes de algunos colectivos han aumentado a un ritmo muy superior a la media de los salarios durante los años de bonanza. Luego, tras la crisis, el paro masivo, precariedad y trabajo a tiempo parcial han recortado aún más la evolución de los salarios. Se ha producido una redistribución inversa: desde las rentas colocadas en la base hacia aquellas que se hallan en la cúspide. Para Sapir, en una lógica de más largo plazo, el origen de la crisis financiera no se halla tanto en la finanza como en el modelo de reparto proveniente de la globalización mercantil y tipo de apertura de los sistemas productivos a la competencia internacional. Luego, segunda fase, la crisis se ha ido

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expandiendo debido a los excesos de un capitalismo que tiende a ser dominado por la finanza globalizada (Sapir, 2011: 225). Además, paralelo a la regresión salarial, ha sido una contrarrevolución fiscal que aligeraba la presión sobre las rentas superiores y las del capital, abriéndose también el abanico de las desgravaciones y deducciones para las empresas. Resulta oportuno recordar que el aumento de la deuda en Europa, moderado antes de la crisis financiera, no ha provenido de una subida del gasto público, cuyo peso relativo en el PIB ha mermado desde la segunda mitad de los años noventa, sino de una evolución insatisfactoria de los ingresos. Este giro dado a la política tributaria, que limitaba su equidad y la suficiencia del sistema, llevó a los gobiernos de los países desarrollados a acudir al endeudamiento para cubrir gastos. Un hecho destacado por Borrell y Missé (2012: 41): “Es cierto que en los últimos 10-15 años las democracias occidentales han sustituido la exigencia fiscal por el endeudamiento”. La crisis de las deudas públicas en la eurozona resulta de la crisis financiera que la precedió y de “unos mecanismos de degradación de los presupuestos públicos inducidos por treinta años de bajadas de impuestos y de competencia fiscal” (Coriat, Coutrot, Lang, Légé, Sterdyniak, 2012: 11-12). De ahí el poder ascendente de unos mercados financieros erigidos en la principal fuente de financiación de los Estados, tanto más cuanto que los de la eurozona han optado por despolitizar la política monetaria y supeditarse al poder de un banco central “independiente” al que se prohíbe actuar como prestamista de último recurso. Así, desde los ochenta, con mayor o menor intensidad según los países, la mejora del nivel de vida de franjas importantes de la población ya no se basaba tanto en un progreso de los salarios reales sino que provenía del acceso a una financiación barata y generosa que produjo un efecto riqueza ficticio, tanto más cuanto que tendían a apreciarse los activos adquiridos. Ello permitía, dinámica destructiva, acceder a nuevas fuentes de crédito. Las familias elevaron sus inversiones y consumo muy por encima de sus ingresos reales, dinámica de endeudamiento que afectó también a las empresas y entidades financieras (Artus, 2007). Como analizaran Stiglitz (2012), Rajan (2011), Attali, Aglietta etc. la progresión desmedida del endeudamiento era la única manera disponible para desconectar el crecimiento del consumo del de los salarios reales. Fitoussi 2013: 106) señala que el crecimiento de las desigualdades no es casualidad. Es el “fruto envenenado de una concepción particular de la “virtud económica” que coloca en el corazón de las políticas públicas a la competencia fiscal y social”. Por otra parte, el poder de las finanzas hace que los accionistas institucionales exigen una rentabilidad sobre recursos propios desconectada de la tasa de crecimiento efectiva. Van a llevar el apalancamiento financiero a unos niveles que resultarán destructivos cuando estalla la crisis financiera y exigen endurecer las restricciones salariales para maximizar la rentabilidad (Aglietta, Berrebi, 2007:131). El endeudamiento privado ha sido la contrapartida, en un entorno de bajos tipos de interés y de apreciación de los activos, a la institucionalización de una política salarial regresiva que ha agravado las desigualdades sociales en los países desarrollados. Una política que iba gestando la formación de una burbuja inmobiliaria/financiera, lógica destructiva descrita por Minsky, que estallaría en cuanto la política monetaria pasara a ser menos permisiva (Cohen, 2013: 38). El carácter insostenible de este modelo de acumulación, que ya no descansaba de forma prioritaria en la modernización simultánea de la producción y de las instituciones sociales, como bajo el reinado del modelo fordista, sólo podía desembocar en una crisis mayor, habida cuenta la

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naturaleza de los mecanismos creados para alcanzar los objetivos de rentabilidad financiera (Gaffard, Sarraceno, 2009: 76). 3. Cuestionamiento creciente del Estado del bienestar… consustancial a la UME basado en imprecisiones conceptuales

No solo los salarios han perdido peso en renta nacional, sin que ello elimine el paro masivo en Europa, sino que la crisis es utilizada como coartada para culminar el cuestionamiento del pacto social implícito entre Capital, Trabajo y Estado, cuya proyección más elaborada se plasmó en Europa en el Estado del bienestar. Se ha producido un vuelco en la filosofía que ha sustentado el proyecto de integración europea: deja de ser percibido como un factor de crecimiento destinado a asentar el progreso social y, por el contrario, la integración y la tendencia a la mundialización de los procesos productivos, bajo la egida del capital financiero, son utilizados para imponer a los Estados naciones unos ajustes socioeconómicos regresivos. La productividad total de los factores ha tendido a decrecer, la natalidad ha bajado paralelamente a un envejecimiento de la población, el desempleo es masivo, el trabajo va asociado a la precariedad y al auge del tiempo parcial y está peor remunerado. Las condiciones económicas, demográficas, laborales y sociales han variado sustancialmente y producirían, si no se consideran factores como la tasa real de empleo, productividad, inmigración, reforma fiscal amplia, financiación de las políticas sociales vía presupuesto, niveles salariales, lucha contra el fraude “tolerado” etc., la necesidad de un mayor volumen de gasto público/PIB cuestionando la viabilidad del Estado de bienestar. De ahí derivaría el ineludible recorte de las pensiones públicas y potencial atribuido a los fondos privados por capitalización. Además, la globalización es invocada como coartada. Como apunta Sotelo, “el éxito que ha tenido el concepto de globalización tiene que ver con los altos contenidos ideológicos al servicio de una sola causa: justificar el desmontaje del Estado del bienestar y reducir al mínimo el Estado social” (Sotelo, 2010: 310). Naïr señala que las políticas de austeridad implementadas no solo aspiran a sanear el sistema económico, sino que se enmarcan en una “estrategia de dominación para cambiar el modelo social” (Naïr, 2014: 23). Competir con países en los que se ha impuesto un régimen de desregulación, de impuestos bajos y de baja protección social lleva a los Estados con economías sociales de mercado a recortar los componentes centrales del Estado del bienestar (Gray, 2000: 115-116) para atenuar su creciente desindustrialización. Los sistemas de protección social pasan a ser tanto más frágiles en muchos países europeos cuanto que las sucesivas contrarreformas fiscales introducen incertidumbres sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo. La ofensiva desatada contra los gastos sociales es una expresión de la ofensiva larvada contra los impuestos y las políticas surgidas de la crisis dañan aun más los equilibrios económicos al persistir en toda Europa un paro masivo, problema acuciante en España y Grecia laboratorios predilectos para los experimentos de la troika. Asimismo, como subrayan Amendola y Gaffard en referencia a la instrumentación de la política presupuestaria:

“Puede ocurrir que los déficits públicos de hoy sean la contrapartida necesaria a los endeudamientos privados excesivos de ayer y que sean la condición para los excedentes de mañana. Se trata de revelar el encadenamiento de los desequilibrios más que abogar por un equilibrio sistemático que no tiene ninguna posibilidad de existir” (Amendola, Gaffard, 2012: 16).

Según los análisis liberales el paro provendría de las disfunciones en las instituciones del mercado de trabajo y sus explicaciones del mismo “van a resultar

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determinantes en la orientación de las propuestas europeas en términos de lucha contra el paro” (Bruyère, Issehane, 2013: 106), pese a que empeoran el paro estructural. Así, en la actualidad, el nuevo mantra en Europa para reencontrarse con el crecimiento, tras “descubrir” la Comisión Europea y el Fondo Monetario que los multiplicadores de crecimiento estaban equivocados (infravalorados) y que su política de austeridad extrema solo generaba más recesión, pasa por intensificar las “reformas estructurales”, fundamentalmente la desregulación del mercado de trabajo a cambio de flexibilizar el proceso de ajuste presupuestario. Esta lógica es llevada al extremo en la periferia europea inmersa en una política contraproducente a medio plazo de deflación salarial interna. Europa solo podría ser competitiva recortando los salarios, el acervo social e institucionalizando el empleo precario. Pero, como ocurre con las devaluaciones monetarias, las salariales solo surten efecto si son aplicadas por un número limitado de países. Mayor es el número de países económicamente unidos que se decanta por dicha estrategia y más negativamente se verán afectadas la demanda y el crecimiento del conjunto. Para Keynes, que atiende al circuito económico global, una reducción de los salarios, que contribuye a rebajar los costes de producción e incide en la rentabilidad potencial, es susceptible no obstante de trabar el retorno al equilibrio en el mercado de trabajo si reduce el volumen de la demanda solvente, más aún si no se puede devaluar y persiste una situación de desendeudamiento y de restricción crediticia. Al final, el consumo se contrae e influye negativamente en la inversión de las empresas y en el empleo. Para que la rentabilidad potencial del capital sea real, han de ser creadas unas condiciones favorables tanto del lado de la oferta (expectativas de rentabilidad) como del de de la demanda. La salida de la crisis requiere estrategias nacionales coordinadas y un plan de reactivación europeo que estén orientados a crear estas condiciones favorables tanto del lado de la oferta como de la demanda.

“El capitalismo no rima espontáneamente con pleno empleo: cuando el crecimiento es fuerte y pasa a ser escaso el número de trabajadores en búsqueda de un empleo, los salarios suben y los beneficios bajan. ¿Por qué seguir produciendo e invirtiendo en tales condiciones? Si, por contra, los salarios bajan y la demanda es insuficiente, las empresas ya no tienen motivo para desarrollar la actividad. El crecimiento de la actividad requiere, por tanto, innovación, una tasa de beneficio suficiente y una demanda sostenida. Un equilibrio mecánico que no se alcanza espontáneamente mediante los mecanismos de mercado. Motivo por el cual, si vienen a faltar las instituciones y una política económica adecuada emprendida a nivel pertinente, el capitalismo tiende a pasar por períodos de crecimiento seguidos por otros de sobreproducción marcados por la deflación, el paro y la miseria. Keynes, que creía en las virtudes del mercado, lo había comprendido a la perfección: sin impulso del Estado, la economía se muestra incapaz de estabilizarse en el nivel de pleno empleo” (Frémeaux, 1998: 79).

El problema radica en que Europa, que no cuenta con su especialización sectorial y competitividad en sectores “fuera de precio”, está encarando sus problemas de oferta aplicando unas recetas germanas. Pero esa contracción salarial radical y recortes de prestaciones hacen que el consumo se resienta negativamente, lo que incide en la inversión, productividad total de los factores y en el empleo. El enfoque debe ser más equilibrado para que las llamadas reformas estructurales no contribuyan a deprimir aún más la demanda. No cabe duda de que el estímulo de la oferta ha de pasar por la prioridad concedida al empleo, inversión e innovación.

Paradójicamente, el cuestionamiento del modelo social europeo (MSE), principal signo de identidad de la construcción europea, aprovecha la crisis de las deudas

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públicas pese a que la crisis económica lo hace aún más necesario para contener la tendencia de las fuerzas del mercado a quebrar aún más la cohesión social. Para los neoliberales, el MSE, que tan buenos logros ha permitido alcanzar en lo económico y en lo humano, habría pasado a ser una rémora para la competitividad y el desarrollo económico de Europa. Sin embargo, resulta de interés destacar que esta crítica al MSE, pese a limitar el incremento de las desigualdades sociales el dinamismo económico, viene de lejos y se recrudece con el proyecto de moneda única. Relevante resulta desde el punto de vista teórico destacar que la propia lógica de ajuste de la UME conllevaba un cuestionamiento de los niveles de protección social y una creciente desregulación de las relaciones laborales en la eurozona. La UME, al desaparecer la herramienta de ajuste cambiario, sólo resultaría favorable para el empleo si fuera pareja con una desindexación salarial radical, una elevada flexibilidad en los procesos de negociación colectiva, una rebaja de las cuotas patronales y de los niveles de protección social. De ahí que recuperar competitividad precio, a falta de especialización en los sectores más dinámicos, cuya competitividad se coloca fuera de precio, suponga privilegiar la estrategia de intensa devaluación salarial interna2. A ello se añade desde 2012 la constitucionalización de un tratado fiscal (Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza) que, basado en el concepto impreciso de déficit estructural toda vez que ello requeriría determinar el desfase entre el llamado crecimiento potencial, de imposible e imprecisa medición real, y el crecimiento real, impide de hecho que la política presupuestaria sea contracíclica. El problema radica en que no existe teoría económica convincente que permita evaluar rigurosamente la producción potencial y su valoración empírica puede diferir ampliamente según el tipo de análisis que se haga. Para los economistas de la oferta, las rigideces en los mercados harían que la producción potencial, cuyo crecimiento ha sido revisado a la baja a lo largo de la recesión, fuera cercana a la real. La parte coyuntural del déficit sería débil. Todo déficit tendería a ser estructural, lo que obligaría a una mayor restricción presupuestaria según lo recogido en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. Este enfoque no es compartido por los keynesianos. Contemplan la posibilidad de que exista una insuficiencia de demanda efectiva. Así, la producción real podría caer por debajo de su nivel potencial y ser el grueso del déficit de tipo coyuntural. Según Wolf, “nadie sabe cuál es la balanza estructural o ajustada al ciclo. Peor aún, cuanto más esencial es saberlo, menos conocible se revela: a saber cuando la economía está experimentando un auge” (Wolf, 2015: 135). Wolf nos proporciona el mejor ejemplo de dicha inevitable imprecisión y utiliza para ello estimaciones del FMI absolutamente divergentes referidas a la balanza fiscal estructural de España y de Irlanda entre 2000 y 2007, unos cambios de apreciación que derivan del propio estallido posterior de la crisis.

“En las estimaciones de 2008, el FMI declaró que Irlanda había logrado un sano superávit estructural medio del 1,3% al año entre 2000 y 2007. La cifra -es necesario enfatizarlo- era una estimación que pretendía tener en cuenta el hecho de que Irlanda había disfrutado de un gran auge. Se creía que. España había logrado un superávit medio estructural del 0,5% al año durante este período. Se pensaba que ambos países, en otras palabras, habían tenido

2En España, la reforma laboral, como recuerda el Banco de España, ha contribuido a moderar aún más los salarios. Según el INE, la fuerte caída del empleo y de los salarios han llevado las rentas salariales del 50,3% del PIB en 2008, mínimo histórico, al 44,2% en 2012. Mientras tanto, las rentas empresariales escalaban del 44,2% hasta el 46,1%. Una tendencia que no es específica a España.

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una sólida posición fiscal que emanaba de un largo período de política fiscal disciplinada-. Entonces, cuatro años después, el FMI decidió que para ese mismo período de ocho años la balanza fiscal estructural media entre 2000 y 2007 era cuatro puntos porcentuales peor de lo que habían pensado en 2008: durante ese período, Irlanda había tenido un déficit estructural medio del 2,7% del PIB. Para España, la imagen era bastante parecida, sólo que no tan extrema: la diferencia entre las estimaciones de abril de 2008 y abril de 2012 del déficit estructural medio es del 1,7% del PIB anualmente. El primer superávit se había transformado en un déficit fiscal estructural medio del 1,2% del PIB. De nuevo, es una gran diferencia” (Wolf, 2015: 135-136).

Asimismo, convendría que los gastos de inversión fueran financiados mediante el endeudamiento. La verdadera “regla de oro de las finanzas públicas” justifica que las inversiones públicas, utilizadas durante muchos años y generadoras de riqueza, pueden ser financiadas mediante endeudamiento público. El déficit financia unas inversiones que permitirán posteriormente estabilizar o reembolsar la deuda. Aglietta (2012: 115y siguientes) apunta precisamente que “lo peor se halla en la definición de la regla de oro” adoptada en el nuevo pacto de estabilidad presupuestaria al recoger el concepto de saldo estructural el conjunto de los gastos, incluidos los de las inversiones públicas. Al tener que ser respetado, de hecho, el equilibrio presupuestario, ello significa que las inversiones del Estado han de ser autofinanciadas con ingresos corrientes. “Es como si se prohíbe a las empresas endeudarse y se les fuerza a asumir sus inversiones mediante autofinanciación. Entonces, al desaparecer cualquier posibilidad de innovación debido a esta fuerte restricción financiera, desaparecería cualquier crecimiento y desaparecería también el propio capitalismo”. Este Tratado, que prolongó el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento y el llamado “Semestre Europeo”, culmina unas actuaciones presupuestarias nacionales restrictivas. La fórmula de ajuste subyacente a la UME requiere más paro y una mayor precariedad laboral y social. Fue claramente expuesta a partir de 1996 por Otmar Issing, economista jefe del Bundesbank y, luego, miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

“La unión social en el debate social europeo significa especialmente una armonización de los estándares sociales, y, lo que es más, al nivel más alto posible. La unión social requiere un gran número de regulaciones más estrictas del mercado de trabajo. La unión monetaria requiere lo contrario: una flexibilidad considerablemente mayor en el mercado de trabajo” Issing, 1996: 40).

Enfoque compartido por Mundell, teórico de las áreas monetarias óptimas y gran inspirador del proyecto de integración monetaria europea. La UME resultaría incongruente con un nivel elevado de protección social, percibido como ineficiente, y con un empleo de calidad que mantuviera estándares elevados de retribución.

“La UEM no eliminará el problema del desempleo en Europa, debido a unos excesivos impuestos, un mercado de trabajo regulado en exceso y una red de protección social que ha superado los límites de la eficiencia y de la capacidad fiscal. No obstante, la moneda única trabajará en la dirección de un menor desempleo. Sin la supuesta arma de la política de tipos de cambio, los gobiernos tendrán que hacer hincapié en el futuro a la reforma de las disposiciones microeconómicas que han protegido a los trabajadores, en parte a costa de los desempleados” (Mundell, 1998: 15).

La crisis suscita unas respuestas radicales que resquebrajan los pilares del Estado de bienestar, estrategia presentada como defensiva para adecuarse a los retos competitivos de la mundialización. Habermas (2012: 123) alude a los fenómenos conjuntos de la globalización y autonomización de los mercados respecto de los

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Estados para explicar las nuevas tendencias de la acumulación del capital: creciente incertidumbre e inestabilidad económica, concentración de la renta, empobrecimiento de amplias capas de la sociedad y una pérdida de consistencia de los mecanismos de protección social para franjas crecientes de la población. Para Ramonet, las “sádicas” políticas de austeridad son mantenidas, pese a su estrepitoso fracaso, porque forman la columna vertebral de una estrategia destinada a desbaratar el Estado del bienestar, tanto más cuanto que la privatización y remercantilización de los servicios sociales constituye una fuente de enriquecimiento de los consorcios financieros (Ramonet, 2012). Las políticas de oferta por las que se han decantado las autoridades europeas, que impiden la reindustrialización, entran en conflicto con las exigencias sociales y rompen el anterior contrato social, base de la ciudadanía moderna en Europa y elemento de cohesión de sus sociedades.

“La tutela de los mercados, el endurecimiento de la coerción que se impone a los gobiernos nacionales, la reducción de sus pretensiones redistributivas, son otros tantos elementos que vienen a modificar el sistema equitativo de nuestras sociedades, por un retorno a los principios teóricos y por una desaparición progresiva del terreno democrático. La globalización no sólo incrementa en el sistema equitativo la parte correspondiente al mercado y reduce la de la democracia, sino que lo hace en nombre de la eficacia del mercado, de un orden superior al de la democracia. Eso es lo que se ha dado en llamar impotencia de la política” (Fitoussi, 2004: 91).

La nueva orientación dada a las políticas fiscales y presupuestarias en Europa cuestionan además los propios cimientos de la Democracia y de la convivencia ciudadana. La razón económica ha impuesto en primer lugar la falsa “despolitización” de la política monetaria siendo utilizada la “independencia” del BCE para endurecer el sesgo de la política monetaria si la política salarial no es suficientemente “razonable”. El carácter ilusorio de dicha “independencia” ha sido denunciado por Martín Seco y a tal punto es independiente el BCE que cualquier programa de “ayuda” a un país va asociado a una dura condicionalidad que pasa por imponer unas reformas estructurales de inspiración liberal. ¿Está inscrito en el orden natural de las cosas que una institución “ademocrática” pueda determinar la política económica de los gobiernos?

“Lo cierto es que la independencia casi nunca existe, y cuando a una institución se la libera del poder democrático y del control de los ciudadanos, termina dependiendo de otros intereses y poderes mucho más bastardos” (Martin Seco, 2013: 31).

Ahora toca “despolitizar” la política presupuestaria mediante la constitucionalización de unas reglas irracionales de equilibrio presupuestario. La exigencia de eficiencia técnica requeriría que se colocase dicha política al margen de los debates políticos pese a que las reglas presupuestarias constituyen uno de los pilares básicos de la legitimidad democrática de los gobiernos.

“Así, cualquier regla constitucional que tiende a hacer perenne una discriminación o un modo de coordinación es mala; cualquier regla que deja a los electores libres de decidir sus modos de coordinación es buena…La coherencia de una sociedad heterogénea es producto de un procedimiento político consciente de sus miembros. La cuestión del Estado adquiere entonces su total relevancia y, con ella, la de la democracia. Cualquier tentativa para limitar la democracia cuestiona entonces la estabilidad de la sociedad.

Si fuera adoptada esta medida de “constitucionalización” de una regla que limita el déficit presupuestario, representaría un ataque evidente a los principios democráticos y, además, si nos viésemos incapacitados para respetar dicha regla, casi seguros que nos veríamos confrontados a una crisis financiera mayor” (Sapir, 2012: 120).

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Angela Merkel acuñó en septiembre de 2011 el concepto esclarecedor de “markt conforme demokratie” definido, según Ramonet (2012), de la siguiente manera: “La elaboración del presupuesto del Estado es una prerrogativa fundamental del Parlamento, pero hay que hallar vías para que ese requisito democrático esté en conformidad con el mercado”. Surgiría una tensión permanente entre valores económicos (eficiencia, beneficio, competitividad…) y valores sociales (justicia, sostenibilidad, bien común…). Sin embargo, por “lógico” que parezca el razonamiento liberal, cuya presencia mediática es arrolladora y determinante en el desempeño de las políticas de los gobiernos europeos, no se puede establecer una relación de causa a efecto entre eficiencia económica y protección social. Los Estados europeos que carecen de mayor dinamismo y que más padecen los efectos negativos asociados al sobreendeudamiento privado son aquellos cuyos gastos en materia de política social absorbe una parte menor de su riqueza. ¿Sería posible retornar al pacto keynesiano anterior a la contrarrevolución ideológica de los años ochenta, pacto que ha cimentado los derechos ciudadanos? Esa opción resulta poco viable tras las constitucionalización de las reglas irracionales de equilibrio presupuestario anteriormente mencionadas y tiene difícil encaje con la lógica de ajuste económico que subyace a la UME.

“El pacto keynesiano no sólo se ha roto, sino que el discurso de la financiarización total lo ha convertido en políticamente imposible –lo mismo que a la socialdemocracia- al subordinar e incluso al constitucionalizar, como en el caso español, una ortodoxia presupuestaria y una subordinación de lo social a lo financiero, que hace imposible los típicos intercambios políticos desmercantilizadores que garantizaban en la era keynesiana, y aunque en decadencia también en el ciclo neoliberal ascendente, un cierto control social del mercado y una cierta redistribución positiva de rentas y riesgos. Posdemocracia, pues, para una sociedad posmoderna, fragmentada, precarizada, individualizada, de derechos sociales y laborales en declive, y donde el incremento de la desigualdad social y el desgaste de las clases medias se hace ya inocultable” (Alonso, 2014: 110).

La gestión europea de la crisis plantea el problema del nivel de cohesión social con el que vamos a salir de la misma a sabiendas de que las políticas seguidas en la zona euro desde su génesis hacen que ha mermado la participación de las rentas salariales en la renta nacional. Por no mencionar la tendencia a la concentración extrema de la riqueza en el 1%, o incluso 0,1%, de la población (Piketty, 2013). Este proceso de concentración impide una salida por lo alto de la crisis que permita reabsorber el paro masivo y dotar al empleo de estabilidad y calidad. Esa desigualdad creciente agravada por la crisis y políticas erróneas para supuestamente salir de la misma acaba provocando un déficit de demanda y la necesidad de apuntalarla mediante el endeudamiento privado y/o público así como interno o externo. El consumo privado va a seguir siendo débil y la contracción de la tasa de ahorro no permitirá compensar de forma significativa la caída de la renta disponible bruta que se ha producido en muchos países (Antonin, Blot, Le Bayon, Schweisgut, 2013: 67). Asimismo, la perniciosa desigualdad social se ve agravada en la actualidad por el fuerte deterioro de los servicios públicos ofertados debido a la drástica poda del gasto público.

4.Cambiar de policy-mix para abrir nuevos horizontes

Dockès (2009: 56) apunta acertadamente que esta crisis estructural ha originado un cambio en el régimen de acumulación y que retornar al anterior modelo de crecimiento es imposible. Por una parte, el sobreendeudamiento de los varios agentes privados resulta insostenible a largo plazo y, por otra parte, el capital y los gobernantes persiguen una salida de crisis que pasa por un deterioro mayor de las

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condiciones salariales y laborales que sesga contra el desendeudamiento de dichos agentes privados al conllevar, más aún si la economía entra en deflación, un incremento del peso real de la deuda. Indudablemente, resulta tarea imposible estabilizar las grandes deudas públicas cuando la deflación eleva el valor real de la deuda y ralentiza el crecimiento económico. La propia OCDE advertía en su Informe de otoño de 2014 de que los riesgos de deflación eran cada vez más preocupantes en la zona euro, lo que afectaría muy negativamente a la inversión y al consumo. Además, como apunta Wolf, “la dispersión en inflación entre países acreedores y deudores necesaria para acelerar el ajuste en la competitividad no está sucediendo suficientemente rápido, porque el nivel de inflación es demasiado bajo” (Wolf, 2015: 433). Una inflación baja puede ser buena para un país considerado individualmente pero ese beneficio se esfuma cuando los precios se mueven incluso por debajo del 1% en las economías centrales más competitivas. La receta “bajos salarios-baja inflación” sólo genera mayor inestabilidad económica en los países de la eurozona. De hecho, los riesgos crecientes de deflación unidos a la necesidad de precipitar una depreciación del euro para dinamizar algo el crecimiento de la eurozona son los dos elementos que explican que el BCE acordara incrementar el carácter acomodaticio de su política monetaria a partir de marzo de 2015, tras haber dado ya muestras de mayor flexibilidad entre junio y septiembre de 2014. Sin embargo, aunque puedan ser acciones necesarias, los mercados y sus gobernantes se equivocan al focalizar su atención sobre la política monetaria y magnificar sus potencialidades. Las limitaciones y soledad con la que opera la política monetaria la incapacitan para sacar a Europa de su estado crónico de “crecimiento blando”. Añadido a ello el hecho de que estas políticas al inundar a las economías de liquidez, sin que sean restablecidas las condiciones de rentabilidad de la economía real, pueden suscitar incluso efectos indeseados en el precio de los activos financieros contribuyendo a engordar las deudas, cuando convendría aminorarlas, lo que actúa como un freno para la demanda sostenible e impide que las economías vuelvan a transitar por la senda de una acumulación productiva. Por otra parte, el impacto del QE sobre la inflación y la actividad va a ser menor al alcanzado en Estados Unidos debido a que los tipos de interés ya están en cero y a que la financiación de las empresas norteamericanas es más tributaria de los mercados de capitales respecto de la situación vigente en la zona euro. Además, el problema central de los bancos ya no es la falta de liquidez para conceder préstamos a la economía (Aglietta, 2014b: 77). Al estar inmersa Europa en una crisis prolongada de crecimiento, la ruptura de los canales de transmisión de la política monetaria responde a la insuficiencia de demanda solvente por parte de las empresas (sobre todo las Pymes) y familias, al necesario desendeudamiento privado, tendencia al envejecimiento de la población, paro masivo, baja retribución de los nuevos empleos, restablecimiento del balance de las entidades financieras etc. De ahí deriva también la “paradoja del ahorro”. Según Keynes, cuando los agentes se decantan por el ahorro, se reduce la demanda, la producción y las rentas. Ello produce a su vez un efecto retorno negativo en el consumo y en el propio ahorro. Y, la producción y las rentas seguirán cayendo hasta que el ahorro deseado se ajuste a la inversión pero la magnitud de esta última variable también ha caído mientras se contraía la economía. Y ello ha provocado a su vez una nueva contracción de la economía. Así pues, paradoja: un mayor apetito por el ahorro puede alentar una profunda recesión de la que resulta difícil escapar. Y será tanto más difícil salir de este círculo vicioso cuanto que los tipos de referencia del banco central son

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cercanos a cero. Lo que debería llevar a conceder mayor protagonismo al impulso fiscal.

Así pues, la zona euro necesita otro mix de política económica. La solución a los males europeos pasa más por los estímulos fiscales para reactivar la demanda y la demanda de crédito, más aún cuando la política monetaria está inmersa en la trampa de la liquidez. Los tipos de interés y la liquidez ya no inducen unos crecimientos de la inversión que faciliten una aproximación dinámica a un pleno empleo que actuaría como acelerador de dicha inversión. Agotados los márgenes de actuación de una política monetaria, conviene convencerse que la lucha contra el estancamiento económico requiere también una nueva política salarial que ponga término a la falacia de la devaluación salarial competitiva. Ello es un imperativo económico que permitiría, además, atenuar la tendencia creciente al deterioro de las desigualdades sociales. De no transitar por esta nueva senda, la inversión privada seguirá siendo poco receptiva a la abundancia de liquidez y seguiremos encerrados en el escenario del “estancamiento secular”. La situación económica actual requiere que la crisis sea encarada con unas respuestas poco ortodoxas alejadas de las recetas neoliberales tan queridas por los gobernantes europeos.

Se ha de aceptar que los países con mayor tasa de crecimiento pueden sostener un mayor coeficiente deuda/PIB al permitir extraer un mayor excedente primario y recortar la ratio del lado del numerador y del denominador (Buiter, Corsetti, Roubini, 1993). Por exceso de ortodoxia y condicionantes ideológicos derivados de la entelequia liberal de la “restricción presupuestaria expansiva”, pese a estar muy condicionado el deterioro actual de las finanzas públicas por la debilidad económica, Europa ha omitido una lección básica de la Hacienda Pública: en contra del “sentido común”, el gasto público tiene un cometido contracíclico y ha de moverse en sentido contrario al del de los agentes privados. Resulta ideología, económicamente contraproducente, afirmar que la política de ahorro del sector público ha de ser ejemplarizante. Cuando las empresas se niegan a invertir y los hogares han de ahorrar, incumbe al sector público incurrir en déficits cuya sostenibilidad depende del crecimiento futuro (Mathieu, Sterdyniak, 2011: 36). El problema en Europa radica en constitucionalizar unas reglas rígidas de equilibrio presupuestario irracionales desde el punto de vista económico, y aplicables a todos por igual y simultáneamente. Para que un sistema de reglas constitucionales pueda sustituir la acción discrecional de los gobiernos, tendrían que haber sido anticipadas las crisis futuras. Así, “dicho recurso a la regla constitucional instituye una incertidumbre suplementaria en cuanto a cómo solucionar la crisis” (Sapir: 2012: 119). Además, limitan el campo de expresión democrática de los Estados al sustraer dichas reglas al control del Parlamento. De hecho, de forma sorprendente, la Directora gerente del FMI apuntaba en la Cumbre anual celebrada en Tokio en octubre de 2012: “El tiempo es esencial, en lugar de cargar duramente al principio con los ajustes, dadas las circunstancias y el hecho de que muchos países están aplicando a la vez las mismas políticas de reducción del déficit, a veces es mejor tener un poco más de tiempo. Eso es lo que preconizamos para Portugal, para España y para Grecia”. “En las actuales circunstancias, y dada la reevaluación de los multiplicadores que hemos realizado, no creo que sea sensato atarse a los objetivos nominales”. Como apuntan Benassy-Quéré, Chevallier y Fortin (2010: 19), la Historia presenta ejemplos de ajustes presupuestarios de amplitud exitosos. Pero se han producido en períodos de crecimiento más sostenido, han sido dilatados en el tiempo y no eran tan

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generalizados y simultáneos. Además, han solido ir acompañados por una rebaja sustancial de los tipos de interés y una depreciación del tipo de cambio. En contra de las tendencias actuales, Europa habría de avanzar en la integración fomentando un instrumento permanente de solidaridad financiera y la comunitarización de la deuda europea. Europa, en lugar de ir creando un gobierno económico europeo, una soberanía europea, limita la de los Estados miembros. Un vacío cuyo beneficiario no es otro que el Leviatán financiero.

Al igual, ha de ser cuestionada por irracional e improcedente la obsesión manifestada para con la desregulación máxima de los mercados de trabajo cuya finalidad no es otra que la de imponer una desindexación radical e intensificar la devaluación salarial interna. Todo lo cual reduce el crecimiento y lastra el desapalancamiento de los agentes privados, tanto más cuanto que el bajo crecimiento de los precios impide la depreciación de la deuda. Siendo ya muy negativos los factores que influyen sobre el crecimiento a más largo plazo, Wolf sostiene (2015: 406) que “los países desarrollados no se pueden permitir años, incluso décadas, de estancamiento innecesario, debido a demandas inadecuadas”. Aboga pues, consciente no obstante de que volver al pleno empleo a través de políticas de estímulo no resuelve los problemas estructurales de largo plazo de las economías centrales, por unas políticas monetarias ultra-acomodaticias en la que los bancos centrales financiarían directamente los déficits, lo que restaría poder a los mercados financieros y dichas políticas habrían de ir acopladas a importantes impulsos públicos. Para Aglietta y Brand (2015:37), que mencionan a Alvin Hansen que acuñó este concepto de “estancamiento secular” en 1938, tras observar como la economía norteamericana retornaba a la recesión después del esfuerzo del New-Deal, el parón de la inversión constituye en la actualidad la expresión más preocupante de dicha tendencia al estancamiento secular y esta debilidad de la inversión tendría como principal causa invocada por los empresarios la debilidad manifestada por la demanda. Así pues, manifiestan que “En este contexto, las políticas económicas habrían de sostener la demanda mediante menos austeridad presupuestaria y unas políticas monetarias muy acomodaticias que rebajaran los tipos de interés reales para rebajar el coste del capital” (Aglietta, Brand, 2015: 25). Pero, al considerar no obstante que las políticas basadas en un repunte coyuntural del consumo tienen escaso recorrido y poca consistencia, recurren a la teoría de Wicksell. La recuperación sostenida y duradera de la acumulación del capital productivo requeriría, más allá de estos estímulos coyunturales, que la inversión se viera apoyada por un tipo de interés real de mercado, lo que constituye la base del coste del capital, inferior a la tasa de beneficio de las nuevas inversiones. Así pues, habrían de ser prorrogadas las políticas que permiten mantener en bajo nivel el coste del capital y elevar la tasa de beneficio. Pero, cuadratura del círculo no resuelta por dichos autores, ¿qué políticas económicas habrían de ser emprendidas para estimular la inversión sin provocar un ciclo financiero adverso de sobreendeudamiento y de sobrevaloración del precio de unos activos que acaban suscitando un “momento Minsky”.

5.Conclusiones

Las políticas de regresión social han logrado socializar el miedo. Se percibe, según símil con una expresión de Annah Arendt, un proceso de banalización del mal social que debilita los fundamentos de la democracia, tanto más cuanto que se está

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acentuando, bajo la égida del capital financiero, una concentración del poder económico que limita la capacidad de actuación de los gobiernos. La idea de Europa como factor de modernización y de progreso tiende a ser sustituida de forma creciente por la de Europa como factor de regresión. Sin embargo, el desarrollo e intensidad adquirida por la crisis económica y financiera han demostrado que había de ser cuestionada la ortodoxia económica. Es más, retorno a una cierta curva de Phillips, se reconoce incluso que puede existir un arbitraje favorable entre una inflación controlada y la mejora del empleo. La salida de la crisis no provendrá de menores salarios sino de una mejora de la productividad lograda mediante más innovación y tecnología. Pero los cambios son lentos al requerir una verdadera revolución cultural y no deja de ser una paradoja que, pese a la insuficiencia de la demanda y a que los agentes privados han de acometer un importante proceso de desendeudamiento, lo que incide negativamente en la inversión, los gobernantes europeos pretendan salir de la crisis imponiendo una mayor restricción salarial y unos duros recortes a las políticas sociales. Pero, como señala Fitoussi (2013: 106), el crecimiento de las desigualdades es el “fruto envenenado de una concepción particular de la “virtud económica” que coloca en el corazón de las políticas públicas a la competencia fiscal y social”.

Las crisis de la zona euro revelan en definitiva que para que la UME gane en credibilidad habría de dotarse de una estructura federal que permitiera ajustes económicos simétricos. Algo improbable por imposible y, mientras tanto, el gran beneficiario de la limitación de la soberanía del Estado-nación no es sino el Leviatán financiero que, en connivencia con los gobernantes de la eurozona e instituciones internacionales, impone enormes costes y sufrimientos a los pueblos de algunos Estados miembros… e impone unas derivas autoritarias poco compatibles con el reforzamiento de los principios democráticos.

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Paraísos fiscales, riqueza offshore y evasión fiscal.

Una estimación para España (1980-2013)

Juan Carlos Peramo Cañaveras

Universidad Complutense de Madrid jperamo@ucm.es

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Paraísos fiscales, riqueza offshore y evasión fiscal. Una estimación para España (1980-2013)3 Juan Carlos Peramo Cañaveras. Universidad Complutense de Madrid. jperamo@ucm.es Resumen: La problemática de los paraísos fiscales es un fenómeno cada vez más relevante en el funcionamiento de la economía mundial y está estrechamente relacionado con las crisis financieras y el aumento de la desigualdad. No obstante, existe escasa literatura que cuantifique el problema. El propósito de este trabajo es el de elaborar una propuesta metodológica que sirva de base para la ampliación del estudio de este tema, tan poco estudiado y del que aún se desconoce demasiado, pese a su importancia y presencia en la actualidad. Para ello se recopila la terminología empleada en la literatura relacionada con los paraísos fiscales y la riqueza offshore así como la metodología empleada en algunas estimaciones que cuantifican el problema. A partir de dicha recopilación se propone una estimación para España en el periodo 1980-2013, de la riqueza radicada en paraísos fiscales (offshore) y su repercusión sobre los ingresos fiscales del país, empleada por Zucman para el caso de Francia. Los resultados arrojan un incremento de la riqueza offshore durante todo el periodo y una pérdida de ingresos tributarios acumulados para el país de 116.000 millones de euros. Palabras clave: paraísos fiscales, globalización financiera, opacidad, fiscalidad, evasión fiscal. Clasificación JEL: F02, F32, H26, H87. Abstract: The problematic of tax havens is an increasingly relevant phenomenon in the functioning of the world economy and is closely related to the financial crisis and rising inequality. However, there is little literature to quantify the problem. The purpose of this work is to develop a methodology as a basis for extending the study of this subject, so little studied and still too unknown, despite its importance and presence nowadays. For this, the terminology used in the literature on tax havens and offshore wealth as well as the methodology used in some estimates that quantify the problem is collected. From this collection an estimate for Spain is proposed for the 1980-2013 period, wealth based in tax havens (offshore) and its impact on tax revenues, applied by Zucman to the case of France. The results show an increase in offshore wealth throughout the period and a loss of tax revenue accumulated for the country of 116.000 million euros. Key Words: tax havens, financial globalization, opacity, taxation, tax evasion. JEL Classification: F02, F32, H26, H87.

3 El presente trabajo se complementa con un apéndice metodológico y otro electrónico disponibles en: https://drive.google.com/open?id=0B5F1oFIq0vVNTGRYVWF1VEgyNnc

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1. Introducción El fenómeno de la globalización, y en especial de la globalización financiera, ha contribuido al desarrollo de la interconexión entre países. Desde las crisis del petróleo de los años setenta y la crisis de la deuda, el consenso neoliberal ha acelerado los procesos de liberalización en la movilidad de capitales, eliminando casi la totalidad de las barreras a su circulación y fomentando la competencia entre países por conseguir su atracción. Esto ha llevado a la pérdida progresiva de control e información sobre los capitales por parte de los Estados. Los agentes han adquirido, sobre todo los que disponen de más recursos, la posibilidad de mover sus activos, más allá de las fronteras de su país de residencia hacia territorios donde pueden ocultarlo a su hacienda pública (convirtiéndolos de esta manera en riqueza offshore), para así evitar en la mayoría de los casos, bien que se descubra la existencia de una actividad ilegal, bien que se graven los rendimientos o el patrimonio provenientes de una actividad legal y se tribute por ella (evasión fiscal). En este contexto surgen los paraísos fiscales, que pese a la ausencia de una definición consensuada, debido a la complejidad del problema que representa, básicamente significan territorios o jurisdicciones especializados en atraer esos activos cuyos poseedores no quieren declarar su procedencia y/o tributar en el país de origen, ya que la opacidad existente en aquellos permite no proveer información a los haciendas públicas del país de procedencia, sin importar el posible origen lícito o ilícito de los mismos. El presente trabajo trata de servir como base metodológica para abordar el estudio de la problemática de los paraísos fiscales desde un enfoque crítico, así como recopilar las distintas estimaciones que tratan de cuantificar el problema con el fin de comparar sus resultados y las metodologías que emplean. A partir de dicha compilación, teniendo en cuenta las fortalezas y las debilidades de cada una, se propone una estimación para cuantificar tanto la riqueza offshore procedente de España, como la evasión fiscal que esta genera para el periodo 1980-2013. El trabajo se encuentra enmarcado en el estudio de la fiscalidad internacional y se concentra en la problemática sobre la acumulación de riqueza por parte de individuos a través de estas plataformas y la evasión fiscal que practican en la mayoría de los casos. La justificación del presente trabajo parte de la consideración de que el paso previo a una actuación de política económica en un asunto tan relevante a nivel internacional y que inmiscuye a tantos actores, es la cuantificación del problema para medir su importancia e impacto, y es que “no hay ningún avance posible sin una estimación calculada de la amplitud del fraude. Sólo basándonos en semejante evaluación, por imperfecta que sea, es posible imponer sanciones y seguir la realidad de los avances en la lucha contra esta lacra” (Zucman, 2013a: 11). Además de cuantificar el fenómeno, este trabajo revisa y analiza las distintas concepciones, acepciones y terminologías utilizadas por los autores especializados para abordar y situar en el contexto las distintas aristas de la temática. Las preguntas de investigación que lo conducen serían las siguientes: ¿Existe literatura estructurada sobre paraísos fiscales y evasión fiscal a través de estos? ¿Son consistentes los intentos de cuantificar aunque sea de manera aproximada la magnitud del problema? ¿Difieren de manera significativa? ¿Los resultados muestran un

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aumento? ¿Qué dimensión tiene la riqueza radicada offshore, en un país como España y qué supone en pérdida de recaudación fiscal? Partimos de la hipótesis de que debido a la opacidad existente en los territorios conocidos como paraísos fiscales y así como por parte de las entidades que operan en ellos, es posible hacer una valoración general del fenómeno offshore, pero resulta imposible poder separar de forma fehaciente las cantidades trasladadas desde cada uno de los países. Consecuencia de las divergencias conceptuales, de la opacidad en las fuentes, el empleo de la metodología para la cuantificación del problema diferirá tanto en los cálculos como en los resultados obtenidos. No obstante, debería poderse observar un aumento sostenido en el tiempo debido al proceso de financiarización de la economía en las últimas décadas. En este sentido, tras este apartado introductorio se situará la problemática de los paraísos fiscales, y se presentarán la terminología y las definiciones que rodean a este fenómeno. A continuación, se analiza más en detalle y se cuantifican los aspectos que centran el presente trabajo, la riqueza offshore (esto es, el traslado de activos fuera del país de origen sin comunicación a las autoridades). Para ello, se comparan distintas estimaciones a escala global de diferentes autores, para conocer de una manera aproximada la magnitud del problema. Después se presenta la estimación propia aplicando una metodología refutada al caso de España para el periodo 1980-2013. Finalmente se exponen las conclusiones. 2. La problemática de los paraísos fiscales

La trascendencia de los paraísos fiscales en la economía internacional no se limita al plano de la evasión tributaria y la delincuencia financiera, sino que además tienen relación directa con la gestación de las crisis financieras al suponer elementos clave en la configuración de la economía mundial financiarizada. Por otra parte, son un fenómeno que agudiza las desigualdades y la pobreza, y distorsionan la realidad de los desequilibrios macroeconómicos realmente existentes a nivel mundial. Además, representan una amenaza para la sostenibilidad de la financiación de los estados desarrollados y dificultan (si no imposibilitan) el establecimiento de sistemas impositivos estables en los países en vías de desarrollo, así como socavan las democracias y ponen en riesgo la justicia social, al permitir y proteger las actividades ilícitas ya sean las relacionadas con la delincuencia financiera o con el blanqueo de dinero de origen criminal. A continuación pondremos en contexto de estos debates la problemática de los paraísos fiscales: 2.1 Elemento clave de la economía financiarizada Los paraísos fiscales suponen una pieza clave en el puzle de las finanzas a nivel mundial, la cual ha experimentado un proceso de financiarización desde los años setenta. Por financiarización entendemos la definición de Lapavitsas (2011: 611-612):

“a systemic transformation of mature capitalist economies that comprises three fundamental elements: first, large non-financial corporations have reduced their

reliance on bank loans and have acquired financial capacities; second, banks have expanded their mediating activities in financial markets as well as lending to

households; third, households have become increasingly involved in the realm of

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finance both as debtors and as asset holders. The crisis of 2007–9 is directly related to these developments.”

Esta triple transformación coincide con el desarrollo de los paraísos fiscales: en primer lugar, las empresas han aumentado su capacidad de localizar de manera ficticia las bases imponibles de sus beneficios en territorios donde tributan menos, bien mediante localización vinculada a exenciones y rebajas fiscales asociadas a fenómenos de deslocalización en paraísos fiscales (profit shifting), explotando las leyes bilaterales entre países (treaty shopping), mediante técnicas de manipulación de los precios de transferencia en las operaciones intrafirma, o bien, mediante préstamos intragrupo. Estas técnicas de elusión fiscal, han proporcionado un crecimiento de los beneficios radicados offshore de manera significativa desde los años ochenta (para un ejemplo de las transnacionales estadounidense véase gráfico 1) y es el objeto de estudio de numerosas investigaciones (Clausing, 2009; Karikari, 2014; Oxfam, 2015; entre otros). Gráfico 1:

Fuente: Zucman, 2014: 128 Por otro lado, la gran banca privada se ha especializado en las actividades de los paraísos fiscales abriendo sucursales en estos territorios, proveyendo servicios de asesoría sobre inversión al igual que los bancos onshore, pero también oportunidades para evadir impuestos (Zucman, 2013b: 1327). Una de las actividades más importantes que la banca privada global lleva a cabo aprovechando la opacidad de los paraísos fiscales son los fondos de cobertura o hedge funds. En 2010, más del 60% de los hedge funds estaban localizados en paraísos fiscales (un 37% en las Islas Caimán y un 27% en Delaware, Estados Unidos). Su falta de regulación y exceso de apalancamiento hacen que sean un instrumento directamente relacionado con la gestación de crisis financieras (Garzón, 2011: 146-147). El secreto bancario es un elemento clave en la opacidad y desregulación que otorga discreción y reserva profesional a los bancos y sus empleados para no revelar el verdadero propietario de las cuentas o activos materiales (ibíd.: 144) lo que permite a las empresas e individuos utilizar los paraísos fiscales sin represalias legales. Y tercero, los individuos con más activos han aumentado su capacidad de trasladarlos hacia paraísos fiscales para ocultarlos y/o evadir impuestos: “The

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system of globalised finance exploiting offshore centres has essentially functioned as a means of low-cost financial intermediation for those fortunate enough to have acces to it.” (Picciotto, 2007: 13). Este último aspecto será el que centre el presente trabajo. Por tanto, los paraísos fiscales son una pieza clave en la configuración de la economía financiarizada y además, “están en el centro de la crisis financiera” (Zucman, 2013a) y son una parte fundamental a la hora de comprender su gestación: “they were one of the most important actors precipitating it" (Palan, Murphy y Chavagneux, 2013: 2). 2.2 Crisis de recaudación en las economías avanzadas La existencia de paraísos fiscales tiene repercusión directa en la desigualdad tanto en el interior de los países como a nivel internacional entre distintas zonas geográficas. En el plano interno de un país, los paraísos “contribuye[n] a que la desigualdad de ingresos se esté disparando y a que los mecanismos de redistribución del Estado pierdan eficacia” y tienen una “importancia vital […] sobre el nivel y calidad de vida de las sociedades modernas” (Garzón, 2011: 149-151). Debido a la libre movilidad de capitales existente desde la desregulación financiera, los Estados temen aumentar la tasación al capital, debido a la potencial fuga masiva de su territorio. Además, los capitales tienen más facilidad para radicarse offshore que las rentas provenientes del trabajo, por lo que la financiación del grueso del Estado recae en estas últimas. De esta manera, la desigualdad ya existente aumenta por vía de la carga fiscal. Vigueras (2005) afirma que de esta manera, los paraísos fiscales “socavan las democracias al ejercer fuerte presión sobre los estados condicionando las políticas fiscales y económicas”. 2.3 Desigualdad y desarrollo En cuanto a la desigualdad a nivel internacional, la evasión fiscal relacionada con paraísos fiscales supone un problema mayor para los países en desarrollo: “Tax havens […] may play an even greater role in shaping the lives of those who live in developing countries.” (Palan et. al., 2013: 172). Por ejemplo, los activos que los residentes de África poseen en Suiza supondrían 120.000 millones de euros, más que los que poseerían los residentes estadounidenses, cuando su PIB es siete veces mayor que el continente africano (Zucman, 2013a: 46). El estudio del autor francés, como veremos más adelante, muestra como el “mundo rico” sería un acreedor neto si se contabilizaran los flujos no registrados relacionados con los paraísos fiscales. Por tanto, la problemática del los paraisos fiscales y la riqueza offshore son elementos muy importantes en los estudios de desarrollo: “This early research led us to notice that – contrary to the basic assumptions of development economics – there were very large gross and net flows from the developing world to OECD countries: not only in the form of demand for reserve assets like currency and gold, but also for ordinary financial assets.” (Henry, 2012: 14). Para los países en desarrollo, la mayor fuente de problemas proviene de la fuga de capitales. Se trata de un problema fundamental para la recaudación de sus haciendas públicas, mayor que para la de los países desarrollados: “Such losses of tax revenues are far from limited to rich OECD countries. Indeed, developing countries suffer far more due to capital flight which is facilitated and encouraged by the offshore system.” (Picciotto,

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2007: 12)4. Cobham (2005) calcula unas pérdidas de recaudación fiscal de 385 mil millones de dólares anuales para el conjunto de países en desarrollo. Por tanto, los paraísos fiscales tienen repercusión directa en los países en desarrollo agravando los problemas de sostenimiento de la deuda, de deterioro de los términos de intercambio y de declive de la ayuda al desarrollo (Oxfam, 2000). 3. Terminología: conceptos y definiciones Los paraísos fiscales son aquellos países en los que los residentes extranjeros, empresas o personas ricas colocan su dinero para evitar pagar impuestos en sus territorios de origen (Chavegnaux y Palan, 2007: 13). El término paraíso fiscal proviene del término “tax heaven” cuya pronunciación es parecida a “tax haven” el cual es utilizado en la literatura anglosajona y cuyo significado en inglés es refugio fiscal. Algunos autores remarcan este fallo en la traducción para incidir en que se trata de “un error de traducción que no es casual, ni irrelevante” ya que se da “una diferencia semántica muy importante. No es lo mismo un refugio, consecuencia de un ataque confiscatorio, que un paraíso. Es importante, porque ese error de traducción ocurre, no por casualidad tampoco, en los países donde triunfan las políticas más intervencionistas” (Lacalle, 2013). Los primeros estudios que utilizan el término “paraíso fiscal” (paradis fiscaux/fiscal) provienen de la literatura francófona de los años setenta, década en la que el término comenzó a extenderse (véase Bouvier, 1972; Meister, 1975; Schuller, 1977; entre otros). No obstante, el término original haven se aplicaba para designar a los puertos seguros del Caribe donde se refugiaban piratas que actuaban al margen de la Ley y otros con patentes de corso soberanas (corsarios) procedentes sobre todo de Gran Bretaña y Holanda y donde evidentemente no se pagaban impuestos (De la Torre, 2014: 162). De hecho, la mayoría de actuales territorios utilizados para pagar menos impuestos a nivel internacional son antiguos territorios de ambos países (Islas Bermudas o Antillas Holandesas respectivamente). Por tanto no es cierto que sea un error de traducción entre haven y heaven, con el fin de justificar una política “intervencionista”. El análisis histórico de ambos términos muestra que se refieren a la misma cosa: territorios de ultramar donde las riquezas no estaban sujetas a cumplir obligaciones con el fisco del lugar de origen. De hecho, Hines y Rice (1990) fueron los primeros en utilizar el término “fiscal paradise” que frecuentemente utilizan los autores de la Tax Justice Network (véase Murphy, 2005). Así, la literatura francófona y también la hispana ha adoptado el término “paraíso fiscal” (véase De la Torre, 2014; Vigueras, 2005, 2013; Gaggero et. al., 2013, 2013; Garzón, 2011; entre otros) quizás por tratarse de un término con una denotación más polémica y por considerarlo más adecuado para describir la problemática del fenómeno. El término reciente para referirse a los paraísos fiscales es centro financiero extraterritorial u offshore: el Banco de Reglamentaciones Internacionales denomina a estos territorios como “centros financieros extraterritoriales” caracterizados porque sus actividades han crecido de manera espontánea y no organizada. Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se trata de una jurisdicción que no grava con impuestos a las rentas del capital o que las grava muy poco y que presenta además una de las tres características siguientes: falta de

4 Para un estudio más amplio del fenómeno véase Hollingshead, 2010; Kar, Cartwright-Smith y Hollingshead, 2010; Gaggero, Rua y Gaggero, 2013; Henry, 2012, apéndice II donde provee un extenso estado del arte acerca de esta cuestión.

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transparencia, la negativa a proporcionar información a las autoridades extranjeras y la posibilidad de crear empresas ficticias. Según el Grupo de Acción Financiera (GAFI), son “países o territorios no cooperativos” sin reglamentación en materia financiera, de cooperación administrativa internacional y de prevención, detección y represión del blanqueo de capitales (en Chavagneux y Palan, 2007: 15). Para el Foro para la Estabilidad Financiera, los centros offshore son “jurisdicciones que atraen un nivel elevado de actividad por parte de no residentes”. Proponen una imposición baja, un régimen poco exigente de inscripción de las empresas, un nivel de confidencialidad de las transacciones excesivo y la imposibilidad, por parte de los residentes, de acceder a las mismas ventajas. Estos centros no buscan que las empresas a las que quieren atraer vayan a instalarse en su territorio (Guarnsey incluso lo desaconseja) (ibid, 16-17). En cuanto al Fondo Monetario Internacional (FMI) denomina a los offshore financial centers como un país o jurisdicción que ofrece servicios financieros a no residentes en una escala que es inconmensurable con el tamaño y la financiación de la economía nacional (Zoromé, 2007: 7). Y es que, “the terms “offshore financial center” and “tax haven” are significantly related, as all tax havens (with the exception of Liberia) are also offshore financial centers, although not all offshore financial centers are tax havens (Hollingshead, 2010: 2). De hecho, algunos estudios no hacen distinción entre “paraíso fiscal” y “centro financiero offshore” (véase Kar et. al., 2010; Zucman, 2013b). Esto se debe a que los paraísos fiscales son en esencia plataformas que sirven para operar financieramente y comercialmente en los mercados mundiales, y no como mero refugio del dinero (Vigueras, 2013). En cuanto a la terminología relacionada con la riqueza offshore, para Palan et. al. (2013: 250) el término offshore significa: “legal space that decouples the real and the legal location of a transaction with an aim to avoid some or all kind of regulation”. Cuando hablemos de riqueza financiera neta, incluimos: “bank deposits, equities, bonds, and insurance contracts, net of debts” Zucman (2013b: 1341). Por tanto, cuando utilicemos “riqueza offshore” nos referiremos a este tipo de activos localizados o registrados en un espacio legal cuyo objetivo es evitar alguna regulación tributaria. Por otra parte, conviene diferenciar la terminología en materia fiscal que suele utilizarse a colación de los paraísos fiscales. En primer lugar, es importante la distinción entre evasión y elusión fiscal (avoidance en inglés):

“Tax evasion is the illegal non-payment of tax to the government of a jurisdiction to which it is owed by a person, company, trust or other organization who should be a

taxpayer in that place. By definition, tax evasion is ilegal – while tax avoidance is by definition does not technically break the law (but also by definition it involves getting

around the spirit of law).” Murphy (2011: 2) Es decir, evasión fiscal supondría el acto de no pagar impuestos (o pagar menos) en una situación en la que si la autoridad pública dispusiera de toda la información, lo sancionaría. Por otro lado, elusión fiscal supone no ocultar la actividad al fisco sino declararla al límite de la legalidad aprovechando sus incoherencias e imperfecciones, sobre todo en el caso de transacciones internacionales, ya que “in a world that has no global tax rules, the opportunities top lay off the taxation law of one state against that of another […] is often difficult to resist” (Palan et. al., 2013). Por último el término economía oculta (shadow economy en inglés, o más popularmente conocido como economía sumergida) incluye:

“those economic activities and the income derived thereof that circumvent or avoid government regulation or taxation. The major component (about two thirds) is

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undeclared work, which refers to the wages that workers and business don't declare to avoid taxes or documentation. The rest is represented by business underreporting

profits to avoid tax regulation.” (Comisión Europea, 2012, Anexo 6: 6).

Es decir, la mayoría son actividades relacionadas con la economía informal en las que bien no se declaran las rentas del trabajo o se reportan menos beneficios de los reales. No obstante, los estudios relacionados con esta cuestión (véase Murphy 2012; Schneider, 2012) sirve de referencia para la Comisión Europea a la hora de proponer iniciativas en materia de lucha contra el fraude fiscal y el secreto bancario (Comisión Europea, 2013).

“Tax havens have several links with the shadow economy, although such links are difficult to demonstrate because of their very nature. It seems at least that without

‘tax havens’ it would be more difficult for undeclared activities and profits to be concealed to the tax authorities of EU MS through opaque legal and corporate

structures.” (Comisión Europea, 2012, Anexo 6: 6).

Estos estudios arrojan resultados muy altos y mezclan problemas de economía sumergida con riqueza radicada en paraísos fiscales. Pese a que no es el objeto de estudio delimitado al principio del presente trabajo, las alusiones a los paraísos fiscales que se realizan en los informes hacían imprescindible su inclusión para la posterior crítica. Es importante concretar el análisis y realizar la división previamente establecida entre evasión derivada de la riqueza offshore, relacionadas con la elusión fiscal y el profit shifting y de la no declaración de actividades económicas o economía sumergida (véase grafico 2), ya que la mezcla de más de uno de estos fenómenos puede arrojar luz sobre la problemática, pero también llevar a confusión y ambigüedad. Gráfico 2:

Fuente: Cobham, 2005

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En el presente trabajo, se empleará el término paraíso fiscal para designar cualquier territorio en el que las leyes y la tributación existentes, permitan a las personas jurídicas extranjeras evitar pagar la totalidad o una parte de sus obligaciones fiscales en el lugar donde reside o realiza su actividad económica de facto. Por otra parte, cuando se utilicen los términos evasión fiscal, riqueza offshore y riqueza financiera neta nos referiremos a las definiciones de Henry, Palan et. al. y Zucman, anteriormente expuestas. 4. Metodología: estimaciones y métodos utilizados para su cuantificación Previo al análisis más detallado de las estimaciones seleccionadas sobre riqueza offshore, destacaremos brevemente otros datos publicados con anterioridad para comprender la magnitud del problema: Hollingshead (2010) calcula en un informe para Global Finantial Integrity, el total de depósitos privados pertenecientes a no residentes situados en las zonas de secreto bancario del mundo durante los años del periodo 1996-2009 a partir de datos bancarios del FMI y del Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés). El resultado es que estos depósitos representaban un total de 10 billones de dólares en 2009, los cuales han venido creciendo de manera sostenida a una tasa de crecimiento media del 9% anual hasta el año 2008, cuando comienzan a caer debido a la crisis financiera global (véase gráfico 3). Por otro lado los países con mayor tenencia de depósitos son en orden ascendente: Reino Unido, Islas Caimán y Estados Unidos, el cual representa más de 2 billones de dólares en 2009 (véase tabla 1). Gráfico 3:

Fuente: Hollingshead, 2010: 13

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Tabla 1:

Fuente: Hollingshead, 2010: 1 Estos cálculos concuerdan con los ofrecidos por Palan, et. al. (2013) sobre depósitos y préstamos bancarios destinados y originados respectivamente por paraísos fiscales. Según esta estimación, ambos indicadores habrían pasado de representar el 37-38% en 1996 al 42-46% en 2007 del total mundial (véase gráfico 4). Estos autores también ofrecen datos muy significativos sobre el origen de la inversión extranjera directa en China extraídos del Ministerio de Comercio de la República Popular China (MOFCOM). Los datos revelan que entre 2006 y 2007 entre las diez principales jurisdicciones de origen, se encontraban Singapur y las Islas Caimán, y en los dos primeros puestos las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong a significativa distancia de la tercera, Corea del Sur (véase tabla 2). Por otro lado, los autores recogen las estimaciones de hedge funds radicados en lo que titulan de Big Four: Bahamas, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas e Islas Caimán: de un total de 1,5 billones de dólares que representaría la producción industrial mundial anual, solamente en estos cuatro territorios acumularían aproximadamente la mitad de la misma (véase tabla 3). Otras estimaciones como la Merril Lynch/CapGemini estimaban, exclusivamente para high-net worth individuals (HNWI) para el año 1997, 5,8 billones de dólares o las llevadas a cabo por parte del FMI y Oxfam Intermon, que para el año 2000, calculaban 1,7 billones y entre 6 (Henry, 2012: 17-18) y 7 billones de dólares respectivamente (Oxfam, 2000). Debido a la antigüedad de los estudios y la ausencia de detalles en la metodología, su ampliación en el presente trabajo ha sido descartada5. Gráfico 4:

5 En su informe, la ONG afirma: “Recent estimates put the amount held in offshore centres at between US$6 and US$7 trillion, which is approximately equivalent to the annual world trade in goods and services or about one third of total global GDP. Much of this, perhaps between US$3 and US$4 trillion, consists of savings held abroad by wealthy individuals” (Oxfam, 2000: 3), sin embargo no mencionan a qué estudios hacen referencia.

Tabla 1 Depósitos privados de no reisdentes en las principales 10 jurisdicciones con secreto bancarioEn millones de $

Ranking Jurisdicción mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-091 Estados Unidos2.898.534,87$ 2.549.092,88$ 2.404.989,86$ 2.114.545,84$ 2.164.805,09$ 2.182.790,93$ 2 Islas Caimán 1.736.494,86$ 1.515.102,93$ 1.483.148,13$ 1.684.780,21$ 1.457.701,97$ 1.549.753,87$ 3 Reino Unido 2.231.576,78$ 1.795.558,25$ 1.836.245,10$ 1.433.925,61$ 1.459.580,28$ 1.533.574,20$ 4 Luxemburgo 588.157,56$ 587.777,99$ 567.321,25$ 456.132,60$ 379.289,72$ 435.425,86$ 5 Alemania 578.016,37$ 494.497,32$ 472.165,19$ 427.781,91$ 409.710,67$ 425.643,57$ 6 Jersey 512.129,27$ 544.082,58$ 474.577,60$ 367.103,26$ 367.715,64$ 393.221,52$ 7 Países Bajos 436.626,68$ 413.026,92$ 373.464,71$ 347.574,79$ 349.324,10$ 315.947,91$ 8 Irlanda 295.018,56$ 273.390,41$ 263.708,06$ 286.066,87$ 285.165,40$ 276.409,52$ 9 Suiza 311.338,38$ 289.407,31$ 328.829,94$ 235.166,23$ 255.419,23$ 273.973,39$ 10 Hong Kong 329.275,49$ 325.140,86$ 405.018,48$ 315.974,16$ 310.859,98$ 267.993,97$

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Fuente: Palan et. al., 2013: 52

Fuente: Palan et. al., 2013: 54

Fuente: Palan et. al., 2013: 61 Las tres estimaciones seleccionadas para su análisis, debido a su relevancia, profundidad y reciente publicación son las disponibles en Henry, (2012); BCG, (2001~2014) y Zucman, (2013a, 2013b, 2014). En cuanto a los resultados que arrojan, Zucman calcula para 2013 que 7,6 billones de dólares (un 8% de la riqueza financiera mundial) se encuentran en paraísos fiscales. Para ese mismo año, la consultora Boston Consulting Group (BCG) señala que son 8,9 billones de dólares la cantidad que representa la riqueza offshore a nivel mundial (2014), mientras que

Tabla 2 10 principales fuentes de IED en China (en miles de millones de $)Jurisdicción 2006 2007Hong Kong 21,31$ 27,7Islas Vírgenes Británicas 11,68$ 16,55Corea del Sur 3,99$ 3,68Japón 4,76$ 3,58Singapur 2,46$ 3,18Estados Unidos 3,00$ 2,62Islas Caimán 2,13$ 2,57Samoa 1,62$ 2,17Taiwán 2,23$ 1,77Mauricio 1,11$ 1,33Fuente: MOFCOM

Tabla 3 Estimaciones de activos de Hedge Funds por domicilio, finals de 2006 (en millones de $)Domicilio Método I Método II Media de ambos métodosBahamas 24.172$ 24.531$ 24.352$ Bermudas 107.028$ 64.321$ 85.675$ Islas Vírgenes Británicas 129.384$ 171.733$ 150.559$ Islas Caimán 470.450$ 497.977$ 525.503$ Total 731.035$ 761.558$ 746.296$ Fuente: Sullivan, 2007

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Henry (2012) calcula 32 billones6 de dólares en total a partir de cuatro estimaciones complementarias. A continuación analizaremos la metodología utilizada por cada una de estas estimaciones, así como sus resultados: 4.1 Estimación de Henry Henry en su informe de la Tax Justice Network7, enfoca el problema de la riqueza offshore como un “agujero negro” en el cosmos de la riqueza mundial al que, al igual que hacen los astrónomos, hay que acercarse al él con métodos indirectos y precaución, debido a la peligrosidad que confiere a los que se acercan demasiado para observarlos (Henry, 2012: 3). Su objetivo “is not pseudo-precision, much less “really big numbers”, but a plausible “base case” for this otherwise-well hidden sector of the global economy” (ibíd.: 4). El estudio es un verdadero intento de estimar la riqueza oculta a nivel mundial partiendo de datos públicos, en el marco de una investigación de un “caso base”, una estimación al a baja abierta a aportaciones y al escrutinio público. Para estimar la riqueza evadida a nivel mundial, utiliza cuatro estimaciones distintas enfocándolas desde ángulos diferentes a partir de cuatro métodos: un modelo de fuentes y usos de los flujos de capital sin registrar país por país; un modelo de “riqueza acumulada offshore”, estimaciones directas de activos offshore bajo gestión de los cincuenta principales bancos privados del mundo y un modelo de cartera de inversores offshore. Además completa el estudio con evidencia complementaria: la problemática de la alteración de los precios de transferencia; datos de demanda de dinero líquido transfronterizo, plausible de ser trasladado a mercados offshore como reservas de divisas y oro; así como una revisión de investigaciones de mercado por parte de firmas de consultoría sobre el tamaño del mercado de banca privada offshore. No obstante, como hemos señalado anteriormente, estas estimaciones complementarias no forman parte del propósito del presente trabajo. A continuación se explica en detalle cada uno de los métodos empleados y los resultados posteriores: 4.1.1 Flujos de capital sin registrar país por país: fuentes y usos A partir de datos del Banco Mundial y del FMI, el autor calcula la diferencia entre las mediciones de las fuentes de capital extranjero (préstamos extranjeros, inversión extranjera directa neta e inversiones en cartera) con los usos registrados (incluyendo déficit por cuenta corriente y aumento de las reservas) para 139 países de ingreso medio y bajo a lo largo de 40 años (entre 1970 y 2010). De esta manera, las diferencias existentes contabilizarían por 6,1 billones de $ reales del 2000 (véase tabla 4) se atribuirían a salidas netas de capital sin registrar, y los errores se minimizarían al incluirse una muestra tan amplia (Henry, 2012: 27-28). 4.1.2 Riqueza acumulada offshore Por otra parte, a partir de los cálculos existentes sobre fuga de capitales, Henry estima las ganancias generadas offshore entre 1970 y 2010, partiendo de varios supuestos (ibíd.: 29-30). En primer lugar, que entre el 50 y el 75% se trata de riqueza cuyos rendimientos no se repatrían, si no que se mantiene offshore 6 Henry, al igual que el resto de autores utilizan los términos “trillion” y ”billions” para referirse a un millón de millones. En el presente trabajo se utilizará la palabra billón y miles de millones. 7 Se trata de una revisión y ampliación de la estimación realizada en 2005 (TJN, 2005).

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invertidos en una cartera relativamente segura de activos denominados en dólares y euros, y principalmente en depósitos a seis meses al tipo de interés medio anual estadounidense en los certificados de depósito. Esto permitiría establecer una estimación conservadora. Por otro lado, el autor supone que el 100% de las salidas de capital están sin declarar: “otherwise they presumably would not be “unrecorded”. (ibíd.: 30).

Fuente: Henry, 2012 Apéndice III: 54 El autor reconoce una limitación de este modelo: el round-tripping. Es decir, que mucha de esa fuga de capitales se estaría contabilizando doblemente, en el país de origen real, y en el paraíso fiscal que sirve de plataforma. El caso de China y Hong Kong, le sirve para establecer un porcentaje aproximado que anule el efecto de distorsión que genera el round-tripping: para China se calcula 743.000 millones de dólares y para Hong Kong 125.900 millones de dólares. El porcentaje que no contaría para China y el resto de países con paraísos fiscales cerca (como México, Venezuela o Brasil con el caso de las islas del Caribe) sería el 17% aproximadamente (ratio fuga de capitales de Hong Kong entre fuga de capitales de China). Sumando la fuga de capitales y los beneficios offshore que generan, los resultados a nivel global arrojan un total de 9,1 billones de dólares reales del 2000 (véase tabla 4). 4.1.3 Análisis de los activos de la banca privada El tercer método que Henry utiliza para estimar la riqueza offshore consiste en analizar las carteras de activos financieros de los cincuenta principales bancos privados que operan a nivel global. La estimación se realiza mediante un análisis de los activos transfronterizos para el período 2005-2010, extrayendo los datos de los informes anuales de cada compañía y los formularios 10K 8 ; de entrevistas a analistas de inversiones, expertos en banca privada a nivel mundial y observatorios especializados, como “Wealth Briefing News” y “Money Laundering Alert”; así como a partir de un estudio de mercado para la industria.9 Los resultados calculan que para 2010, los cincuenta principales bancos privados globales tienen bajo su gestión un total de 12 billones de dólares de riqueza

8 Se tratan de informes anuales a entregar a la U.S. Securities and Exchange Comission, que ofrecen una visión global de la situación empresarial y financiera de la empresa, e incluye los estados financieros auditados. Fuente: http://www.sec.gov/answers/form10k.htm 9 No sabemos si el autor se refiere al estudio de Euromoney citado anteriormente en el informe, el cual sostenía en 2008 que la industria de la banca privada global tenia activos bajo su gestión por un total de 11,8 billones de dólares:

http://www.euromoney.com/Article/2093990/Private-banking-Methodology.html

Tabla 4 Ganancias acumuladas offshore reales vs fugas de capital reales acumuladas(Por región, 1970-2010) ∑ millones de $ reales del 2000Ganancias offshore Fugas de capitales Ratio

América Latina 1.190,3$ 1.375,5$ 86,5%Antigua URSS/Asia Central 354,1$ 1.509,9$ 23,5%África Subsahariana 354,7$ 361,7$ 98,1%África del Norte y Oriente Próximo1.072,6$ 963,2$ 111,4%Asia Oriental 685,3$ 1.881,7$ 36,4%Sur de Asia 72,7$ 60,7$ 119,7%Todas las regiones 3.729,7$ 6.152,8$ 60,6%

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financiera transfronteriza. Comparado con la estimación de 2005 de la TJN (2005) donde se calculaban 5,4 billones de dólares, podemos observar cómo esta se ha más que duplicado pese a los altibajos de la economía real. Además, según el autor habría que incluir determinados depósitos bancarios y activos de corretaje que no estarían incluidos en los reportes y añadirían un 25% adicional a la estimación, que junto a problemas de registros a la baja y de ausencia de datos serían perfectamente consistentes con la estimación final de entre 21 y 32 de billones de dólares. 4.1.4 Modelo de cartera de inversores offshore El último modelo empleado está basado en una combinación de datos del BIS sobre depósitos transfronterizos y otros activos mantenidos por inversores no bancarios junto con el análisis de un conjunto de supuestos sobre carteras hecha por analistas de la industria del patrimonio, así como entrevistas con bancos privados. Todo esto produce una “cartera tipo” que sirve para producir otra estimación para el tamaño de la riqueza offshore. El modelo es una revisión del método utilizado en la estimación de 2005, el cual consiste en incrementar los datos del BIS sobre los de depósitos offshore de agentes no bancarios multiplicándolos por un ratio de liquidez (todos los activos financieros entre depósitos bancarios), basado en una estimación anual de Merrill Lynch/CapGemini para carteras de alto valor neto. Pero la estimación realizada en 2005 tenía varios errores que el autor considera que subestimaban la magnitud del problema: en primer lugar partía de 2,7 billones de dólares de depósitos offshore según el BIS para 2004 y no de los 4 billones de dólares de los depósitos offshore de agentes no bancarios. Esta cantidad pasaría de 4,7 billones en 2005, a 7,4 billones en 2007 y caería a 7 billones en 2010. En segundo lugar para estimar el total de activos financieros offshore, los autores utilizaron un ratio de liquidez de 3,5 procedente de un informe de la consultora McKinsey. El problema es que incluía depósitos interbancarios y no coincidía con los depósitos de agentes no bancarios mostrados por el BIS. De hecho, el autor señala que Merrill Lynch/CapGemini ha estimado los ratios de liquidez para individuos de alto valor neto con más de un millón de dólares de activos financieros y el valor medio para 1998-2010 fue de 4,6, entre 2004-2005 de 4,9 y solo en los años de crisis financiera como en el 2002 y entre 2008-2009 el ratio bajó a 4. Estos ratios de liquidez fueron cotejados con los reportados por algunos de los bancos más importantes en la gestión de patrimonio transfronteriza (UBS o Credit Suisse) que igualaban o excedían a los anteriores. Por tanto, el autor calcula un ratio conservador de estimación mínima de 3 y una máxima de 4,5 basándose en los reportados por Merrill Lynch/CapGemini (véase tabla 5). Los resultados arrojan un rango de riqueza financiera offshore de entre 21 y 32 billones con un punto medio de 26 billones de dólares. No obstante, según el autor “these estimates for 2010 exclude other non-financial very important forms of offshore wealth like non-residential real estate, “alternative investments,” and collectibles.”10 (Henry, 2012: 36).

10 Según el mismo estudio utilizado para los ratios de liquidez de Merrill Lynch/CapGemini los bienes inmuebles y las inversiones alternativas podrían añadir entre un 25% y un 38% a las carteras de riqueza de alto valor neto (ibíd.).

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Fuente: Henry, 2012 Apéndice III: 61 El informe de la TJN tuvo gran repercusión mundial, y diversos medios de comunicación se hicieron eco de la estimación y utilizaron las cantidades expuestas para completar distintos reportajes sobre la materia11. Pero también recibió algunas críticas: Gordon y Morris (2013: 118) critican el informe por tener un “enfoque de teoría de la conspiración”. Para Zucman (2013: 56-58), la estimación de Henry es exagerada, ya que pese a reconocer la transparencia del método y valorar positivamente que se base en estadísticas accesibles para todos, la cifra de 7 billones en 2010 sobrestima el valor de las cuentas corrientes en paraísos fiscales. Esto se debe a que incluye los depósitos legítimos que una empresa determinada pueda tener en un estado distinto al de origen, simplemente porque en él tenga operaciones. Es decir, los datos extraídos de depósitos offshore del BIS no nos detallan qué parte de los 7 billones de dólares pertenece a potenciales defraudadores. Para superar esta limitación, Zucman propone un método más riguroso cruzando los datos publicados por los bancos centrales, el cual analizaremos más adelante. Bajo mi punto de vista, una de las carencias del estudio es la imposibilidad de acceder a los datos y los cálculos en detalle. Pese a que el autor confirma la transparencia del estudio y que este se encuentra abierto al escrutinio público, la realidad es que la metodología solamente se encuentra detallada en el apéndice con gráficos y tablas. Zucman, por otro lado sí que incorpora un apéndice on-line donde es posible consultar dato por dato el producto de sus investigaciones12. Además, Henry parte de la suposición de que toda la riqueza offshore está sin declarar y la diferencia entre fuga de capitales y riqueza radicada offshore queda difuminada. Por último, el hecho de que presente sus estimaciones en dólares reales del 2000 puede distorsionar la magnitud del problema. No es necesario conocer la cantidad evadida en un año en términos actuales, ya que las cantidades perdidas tienen más sentido si son expresadas en el valor que tenían en el momento de su evasión. 4.2 Estimación de Boston Consulting Group Otra de las estimaciones que ofrecen un cálculo de la riqueza offshore existente a nivel mundial, parte de las datos ofrecidos por la firma de consultoría internacional Boston Consulting Group, que en su base de datos BCG wealth market-sizing recoge la cantidad de riqueza offshore desglosada por países a partir de datos de la contabilidad nacional y de entrevistas a gestores de patrimonio y clientes. No

11 Véase: http://www.bbc.com/news/business-18944097

http://economia.elpais.com/economia/2013/05/27/actualidad/1369618531_171449.html 12 http://gabriel-zucman.eu

Tabla 5 Activos financieros offshore - High net worth individuals2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

BIS Depósitos offshore 2,98$ 4,05$ 4,68$ 5,97$ 7,43$ 6,93$ 6,59$ 7,01$ de agentes no bancariosRatios de liquidezMínimo 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0Máximo (MerryLinch/CapGemini) 3,0 5,0 4,9 4,6 4,5 3,6 3,8 4,5Total Activos financierosMínimo 10,4$ 12,1$ 14,0$ 17,9$ 22,3$ 20,8$ 19,8$ 21,0$ Máximo (MerryLinch/CapGemini) 8,9$ 20,2$ 22,9$ 27,5$ 33,4$ 24,9$ 24,7$ 31,5$ Media estimada 9,7$ 16,2$ 18,5$ 22,7$ 27,9$ 22,9$ 22,2$ 26,3$

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obstante, esta base de datos es privada y no publicable13. Por tanto, los datos que utilizaremos aquí serán extraídos a partir de la información que aparece en los informes públicos anuales “Global Wealth Report” (BCG, 2001-2014), que emite la firma a partir de dicha base de datos. La metodología que utilizan parte de dos iniciativas: la creación de la base de datos ya mencionada, así como un programa de benchmarking y entrevistas con gestores de patrimonio (ibíd., 2003: 28). La base de datos recoge lo que para ellos significa riqueza, denominada activos bajo gestión que incluiría depósitos en efectivo, fondos de mercados de divisas, acciones gestionadas directa o indirectamente, así como activos onshore y offshore. Excluye la riqueza relacionada con los propios negocios de los inversores, bienes inmuebles y de lujo. Por otra parte el concepto de “riqueza global” refleja los activos bajo gestión a lo largo de todos los hogares de los países incluidos en el análisis (ibíd., 2008: 7). El programa de benchmarking pese a variar ligeramente para cada informe anual sigue un método homogéneo. Por citar un ejemplo, en el que se analizaba la riqueza global para 2008 (ibíd., 2009) se cubren 62 mercados de todo el mundo, representando el 98% de la riqueza global. El estudio de benchmarking incluye 124 instituciones gestoras de patrimonio y los participantes manejaban a finales de 2008 un total de 5,9 billones de dólares en activos. Para redondear los resultados, el análisis se complementa con 40 entrevistas con expertos en gestión de patrimonio así como 45 consultores de la propia firma. En cuanto a los resultados a escala global, la primera estimación la encontramos en referencia al año 2003 (ibíd., 2004) cuando la riqueza offshore representaría un total de 5,7 billones de dólares. Tan solo muestran la composición de los países de destino de la riqueza, representando Suiza y Reino Unido casi la mitad de la cantidad total. Para el año 2002 (ibíd., 2003), tan solo se presentaron la composición de origen para la riqueza ubicada en Suiza, diferenciando entre porcentaje de riqueza onshore y de offshore. Debido a la escala y a la desagregación de Europa en varios países en el gráfico, no es posible definir con exactitud las cantidades provenientes de cada zona. Para el año 2004 no se presenta un gráfico donde se muestren las cantidades, pero en el informe de 2005 (ibíd., 2005: 9) la empresa afirma que existen 85,3 billones de dólares en activos bajo gestión de los cuales un 7,5% se encuentra ubicado offshore, es decir 6,4 billones de dólares. Para el año 2005 el informe directamente no trata la cuestión de la riqueza offshore (ibíd., 2006). Según la firma, en el año 2006 se produce un incremento, llegando a un total de 6,7 billones de dólares (ibíd., 2007: 13). En este caso el informe solo diferencia por país o conjunto de países de origen de la riqueza, siendo los países del Golfo Pérsico los que más porcentaje poseen offshore con un 40%, y Japón y Norteamérica los que menos con apenas un 2%. Al igual que para el año 2005, el informe de 2008 no estima ninguna cantidad para el 2007, pero sí que lo hace el del año siguiente (ibíd., 2009: 5). Según este informe, los resultados de 2007 y 2008 arrojan una total de 7,3 y 6,7 billones de dólares respectivamente. Por primera vez, encontramos un gráfico que muestra la riqueza tanto por su origen como por su destino. Destacar el aumento respecto al 2003 de Luxemburgo como región de destino pasando de representar el 11% al 14% 13 Comunicado por e-mail por la firma.

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en detrimento de las Islas del Caribe que pasan de representar el 16% a un 12%. Suiza y Reino Unido (seguramente debido a la inclusión de Dublín en el conjunto) pasan a representar un 51%. Los datos muestran un fuerte crecimiento de la riqueza offshore a nivel global que pasa a representar 7,4 billones de dólares. En general todas las zonas experimentan un aumento significativo destacando Europa, que aumenta su riqueza offshore en 200.000 millones de dólares pasando a representar el 43% (frente al 41% anterior) y África y Oriente Próximo con un aumento de 400.000 dólares pasando a representar un 18% (frente al 13% anterior). En cuanto a las zonas de destino, las que más notan el incremento global son principalmente Suiza, Reino Unido, las Islas del Canal, y Dublín, y Estados Unidos. El resto se mantiene y solo Luxemburgo desciende (100.000 millones de dólares) En 2010 la riqueza offshore global vuelve a incrementarse hasta un total de 7,8 billones de dólares. Europa y Norteamérica se mantienen y el resto de zonas aumentan la cantidad de riqueza poseída offshore. En cuanto a las regiones receptoras, Suiza y Estados Unidos vuelven a aumentar los activos gestionados en su territorio, así como Hong Kong y Singapur. Por otro lado, Luxemburgo sigue cayendo, esta vez 200.000 millones de dólares. Para 2011 la riqueza offshore se mantiene en 7,8 billones de dólares. La participación de Europa cae en detrimento de Asia-Pacífico, Oriente próximo y África. Hong Kong y Singapur siguen aumentado su participación llegando a representar 1 billón y Luxemburgo sigue cayendo, llegando a 500.000 millones de dólares de activos offshore gestionados. Estados Unidos por primera vez cae, volviendo a gestionar 600.000 millones de dólares. En 2012 la riqueza offshore se dispara hasta los 8,5 billones de dólares. Todas las zonas de origen de los activos aumentan su riqueza erradicada offshore, excepto Europa Oriental que se mantiene en 300.000 millones de dólares. Lo mismo sucede con las zonas de destino (destacar el aumento en 200.000 millones de dólares de Hong Kong y Singapur) exceptuando Reino Unido que se mantiene en 900.000 millones de dólares. Por último, en 2013 podemos observar un aumento significativo de nuevo con un total de 8,9 billones de dólares (ibíd., 2014). Europa Occidental vuelve a caer a 2,6 billones de dólares y el resto de zonas aumentan, sobre todo Asia-Pacífico que vuelve a aumentar su riqueza radicada offshore esta vez en 300.000 millones de dólares (respecto a los 200.000 que aumentó el año anterior). En cuanto a las regiones de destino, todas aumentan su recepción (Hong Kong y Singapur en 200.000 millones de dólares) exceptuando Luxemburgo, Estados Unidos y las Islas del Canal junto a Dublín (por primera vez superadas por las Islas del Caribe) que se mantienen. Por tanto, podemos observar un crecimiento constante en el periodo 2003-2013 de la riqueza offshore global. Mientras que las regiones de origen más desarrolladas (Europa y Norteamérica) se mantienen constantes durante el periodo, el resto aumentan significativamente, sobre todo la región de Asia-Pacífico, probablemente debido al crecimiento de China. En cuanto a las zonas de destino, Suiza se mantiene la región más receptora de riqueza, Reino Unido y las Islas del Canal, disparan su crecimiento en la primera mitad del periodo y Hong Kong y Singapur en la segunda mitad, seguramente influenciado por el crecimiento de la región de origen

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Asia-Pacífico. Luxemburgo es la zona que más ve caer su recepción14 (véanse gráficos 5, 6 y 7). Gráfico 5:

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de BCG, 2004~2014. Consúltese las pestaña “BCG - Cálculos” del apéndice electrónico. Gráfico 6:

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de BCG, 2004~2014. Consúltese la pestaña “BCG - Base datos origen-destino” del apéndice electrónico.

14 Para más detalles, consultar la base de datos creada a partir de los gráficos de BCG, en la pestaña “BCG - Base de datos origen-destino” de elaboración propia en el apéndice electrónico complementario al presente trabajo.

55,56

6,57

7,58

8,59

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Riqueza offshore a nivel mundial a partir de Global Wealth Reports de BCG en billones de dólares

Riqueza offshore a nivel mundial

01.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.0008.000.0009.000.00010.000.000

2003 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RiquezaOffshoresegúndestino-BCGSuiza

UK,islasdelcanalyDublín

IslasdelCaribeyPanamáHongKongySingapur

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Gráfico 7:

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de BCG, 2004~2014. Sin datos previos a 2008, exceptuando 2004 que incluye tan solo Europa. Consúltese la pestaña “BCG - Base datos origen-destino” del apéndice electrónico. Según Henry (2012: 17), las estimaciones de BCG (al igual que las realizadas por otras agencias de consultoría) son ad-hoc y las califica de “imprecisas guesstimates” ya que estarían infravaloradas puesto que, aparte de arrojar resultados inferiores a los calculados por él, omite los pertenecientes a residentes de África15 así como todos los activos no financieros en posesión de trusts y fundaciones que suelen ser una parte importante de las carteras de alto valor añadido. No obstante, el problema una vez más es la falta de accesibilidad a la información. La base de datos así como los cálculos y suposiciones que se realizan no son accesibles al escrutinio público, por lo que la credibilidad de los resultados queda supeditada a la confianza del lector en la firma. Por otro lado, la consultora ofrece la siguiente definición de riqueza offshore: “defined as assets booked in a country where the investor has no legal residence or tax domicile” (BCG, 2011: 13) Esta definición denotaría que toda transacción fuera de las fronteras del país de residencia es offshore, y supone una contradicción cuando en sus estimaciones están mostrando resultados en países considerados por la mayoría de listas internacionales paraísos fiscales y excluyendo, evidentemente, los activos que un residente español pueda tener registrados en Francia. 4.3 Estimación de Zucman La estimación de Zucman (2013a, 2013b) sobre riqueza offshore existente a nivel global se trata de una de las más fiables hasta la fecha, debido a la prudencia de sus cálculos, y a que está basada al 100% en datos públicos. Es decir no parte de una base de datos privada y de entrevistas no publicadas con gestores de fondos privados, y se encuentran on-line accesibles al público. El autor calcula que el 8% patrimonio financiero de las familias está guardado en los paraísos fiscales, es decir 5,8 y 5,9 billones de dólares en 2008 y 2013 respectivamente (ibíd., 2013b; 2013a). El porcentaje aumenta hasta el 12% en el caso de los países pertenecientes a la Unión Europea. Además, de ese 8% tres cuartas partes del mismo se encuentra sin

15 Hecho que es cierto para el informe de 2009 (BCG, 2009), pero que en otros sí incluye al continente (ibíd., 2010, 2011).

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2000000

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RiquezaOffshoresegúnprocedencia-BCG

Europe

NorthAmerica

Asia-PaciOic

LatinAmerica

MiddleEastandAfrica

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declarar (ibíd., 2013a: 11). Por otro lado, el autor aporta valor al realizar un profundo escrutinio de las cuentas radicadas en Suiza, desagregadas por países y zonas geográficas16 (véase gráfico 8). Gráfico 8:

Fuente: Zucman, 2013a Su estimación parte de dos anomalías presentes en las estadísticas mundiales sobre inversión. En primer lugar, según estas los pasivos exceden a los activos. De manera que el mundo aparece como un deudor neto en su conjunto. Además la balanza de pagos global muestra como se paga más intereses procedentes de la inversión de los que se cobran. Para llevar a cabo el cálculo, el autor suma todas las inversiones en cartera (bonos, acciones y depósitos) a nivel mundial registradas como activo en la zona de residencia del comprador y como pasivo en la zona donde se ha emitido el título. La diferencia entre la agregación de los activos y los pasivos es la cantidad estimada de riqueza financiera sin registrar a nivel global (véase gráfico 9). La existencia de este gap se debe a que si un residente en Francia posee acciones en una cuenta en Suiza de una empresa de Estados Unidos, las autoridades de Estados Unidos registrarán un pasivo en sus cuentas oficiales, pero las de Francia no registrarán un activo. En el caso de Suiza al no tratarse de un deudor ni un acreedor doméstico, las autoridades no registrarán nada.

16 De hecho, estos cálculos del origen de las cuentas suizas fueron construidos en un trabajo anterior (Zucman, 2011) y son la piedra angular del resto de su obra de la que parten el resto de estimaciones.

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Gráfico 9:

Fuente: Zucman, 2013b: 1342 La principal fuente utilizada para calcular esta diferencia es la base de datos actualizada y extendida “External Wealth of Nations” construida por Lane y Milesi-Ferretti (2007), a partir de datos de posiciones internacionales de inversión y cubre un total de 178 economías. Después complementa los datos de las zonas no cubiertas con fuentes alternativas y suposiciones17: los países del golfo pérsico, China, Taiwan e Islas Caimán. Por otro lado, Europa y Estados Unidos, así como otros países desarrollados aparecen en los datos oficiales como deudores netos. El autor rechaza la explicación “China owns the world”18 y apunta a los paraísos fiscales como solución al enigma: “international statistics fail to capture most of the assets held by households through tax havens […]. This coverage gap explains many of the longstanding anomalies in global data.” (Zucman 2013b: 1322). El autor francés calcula que el 8% de la riqueza financiera mundial está radicada en paraísos fiscales y tres cuartas partes de la misma sin registrar, de manera que el stock total de activos sin registrar representaría el doble de la deuda neta registrada de los países ricos. Esto tendría implicaciones directas en las conclusiones de los estudios que utilizan modelos donde la variable fundamental es la posición neta exterior de los países: Estados Unidos y Europa requerirían de ajustes menores en sus desequilibrios por cuenta corriente. Por tanto, el problema de los países desarrollados estaría dentro de sus fronteras, con unos niveles de desigualdad entre sus habitantes mayores que los registrados oficialmente. Por otro lado, si la posición neta de los países ricos cambiase, debido a la inclusión de las inversiones en cartera radicadas en paraísos fiscales, se podría llegar a la conclusión de que los países en desarrollo están

17 Para completar la cobertura hasta el 99% utiliza un modelo de posiciones de la cartera a partir de datos provenientes de esos países registrados por Estados Unidos (véase Zucman, 2013b: Tablas A7-A9 del Apéndice). 18 Para una evaluación crítica sobre este debate véase Nolan, 2012.

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repagando sus deudas a las economías más avanzadas (ibíd.: 1356). La estimación solo incluye riqueza financiera, se dejan fuera activos inmuebles, obras de arte y artículos de lujo así como lo que poseen los que residen en paraísos fiscales (ibíd.: 1344). No obstante, la estimación del autor francés parte de dos fuertes supuestos: En primer lugar, su hipótesis de que aproximadamente tres cuartas partes de las fortunas offshore no están declaradas, basándose en que según las autoridades suizas solo el 20% de los fondos están declarados vía retención del 35% por parte de las mismas (ibíd., 2013a: 62)19. En segundo lugar, tras realizar una estimación muy rigurosa de la riqueza offshore en Suiza y en el resto de paraísos fiscales (ibíd., 2011; 2013b) el autor supone que Suiza representa aproximadamente el 30% de la riqueza offshore a nivel mundial. En el caso de los países europeos, estima que esa cantidad es el 50% del total, a partir de datos procedentes del BIS que sugieren que existen la misma cantidad de depósitos bancarios de europeos en Suiza, que en otros paraísos fiscales20. Cruzándolo con los datos presentados por BCG (2004: 18; 2009: 31; 2013: 11)21 podemos encontrar una aproximación a las proporciones presentadas por el autor francés: según BCG en 2003, Suiza representaba un 31% de los activos financieros mundiales radicados offshore, en 2008 un 28% y en 2012 un 26%. Además, las fortunas offshore europeas en Suiza tan solo suponen un 35% respecto al conjunto de paraísos fiscales22. La justificación de esta diferencia con el 50% que calcula Zucman para los activos de los europeos, reside en que como el propio autor afirma, Suiza ha ido modificando su papel en la gestión de activos offshore a nivel mundial, convirtiéndose en vehículo transitorio entre el origen de la riqueza y otros paraísos fiscales (véase gráfico 10). De esta manera tiene sentido que en la base de datos de BCG, Suiza compute tan solo el 35% de los europeos y cada vez menos en el porcentaje total de la riqueza offshore mundial.23

19 No obstante, acudiendo al apéndice estadístico puede observarse como ese 20% esta distorsionado por el supuesto de que en los países del Golfo Pérsico el 100% está declarado, mientras que en el resto del mundo (Europa, Asia América Latina, África, Norteamérica y Rusia) el supuesto es del 10% declarado. Desconozco la justificación de esa diferencia. 20 Confirmado por e-mail por el autor. 21 Véase pestaña “BCG - Suiza” del apéndice electrónico 22 Véase pestaña “BCG - Base de datos origen-destino” del apéndice electrónico. 23 En 2008, de los aproximadamente 8.000 fondos registrados en Suiza, 4.600 estaban constituidos en Luxemburgo y 1.200 en Irlanda (Zucman, 2013b: 1330).

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Gráfico 10:

Fuente: Zucman, 2013b: 1331 Como ha podido observarse en las estimaciones analizadas en el apartado 4, todas ellas calculan un aumento sostenido en el tiempo, tan solo interrumpido debido a la crisis financiera de 2007-2009 24 . Además, las cantidades mostradas difieren significativamente. A continuación se presenta una tabla que recoge todas las estimaciones presentadas en el presente trabajo: Tabla 6:

Autor BCG Zucman Henry FMI Oxfam Intermon

Merril Lynch/CapGemini

Año 2013 2013 2012 2000 2000 2000

Cantidad estimada

(billones de dólares)

8,9 7,6 32 1,7 6-7 5,8

Metodología

Base de datos

propia y entrevistas

Cruce de balanzas de pagos

a nivel mundial

Cuatro modelos complementario

s Desconocida Desconocida

Basada exclusivamente en

HNWI

Pública No Sí Sí (cálculos sin detallar) No No No

Fuente: Elaboración propia 5. Estimación propuesta de riqueza offshore y evasión fiscal en España (1980-2013). La existencia de riqueza offshore significa inevitablemente evasión fiscal para las haciendas de los países de residencia de los poseedores. Si toda la riqueza se encontrase en entidades financieras bajo legislación del mismo Estado del que depende la hacienda pública, la información fluiría de manera prácticamente instantánea. Pero el secreto bancario y el dificultoso intercambio de información, no 24 Véanse gráficos 3, 5, y 9, así como la tabla 5.

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permite a los Estados donde residen los poseedores tener un control 100% eficaz sobre su patrimonio. Si bien los agentes pueden declarar su riqueza a las autoridades fiscales domésticas por propia iniciativa, (lo cual supondría la legalidad de esta posesión), no toda lo está. Según el criterio de cada autor, el porcentaje de riqueza financiera declarada varía: mientas que para Zucman ésta tan sólo representa un 20-25%, para BCG el porcentaje varía entre un 30% y un 50% del total (BCG, 2001: 15). Henry como ya hemos visto, directamente afirma que toda la riqueza offshore que calcula en su informe está sin declarar. Por tanto, la tarea sería cuantificar la cantidad de impuestos que se están dejando de pagar debido a la existencia de paraísos fiscales y del secreto bancario internacional. Para cuantificar la evasión fiscal que supone la existencia de riqueza offshore habría que calcularla en base a la riqueza que no está declarada. No obstante, los autores no incorporan un cálculo sistematizado de la evasión fiscal que supone dicha riqueza offshore. Tan solo Zucman (2013a) incluye en el análisis una estimación de la pérdida fiscal que suponen para las arcas públicas de los países de origen esta riqueza financiera sin declarar. La limitación del análisis para 2013 no permite conocer la cuantía acumulada del problema, ni observar su evolución en el tiempo desde que comenzó en los años setenta como hemos descrito previamente. En el mismo trabajo, el autor incluye una estimación para el caso de Francia y para el periodo 1970-2013 que cuantifica la cantidad de riqueza offshore y además, permite calcular qué ha supuesto en términos de evasión fiscal para el país para un periodo más amplio y que servirá como modelo para cuantificar en el presente trabajo la evasión fiscal para España. Por tanto, tras presentar las estimaciones a nivel mundial de la riqueza evadida, la propuesta de este trabajo consiste en acotar la escala a una zona geográfica menor con el fin de cuantificar el problema de un modo más preciso. Si bien Zucman incluye en sus cálculos para 2013 la evasión fiscal para España, solo lo hace para ese año y no todos los tipos impositivos medios son correctos, al menos en este caso25. La estimación aquí presentada comienza en 1980 debido a que es a partir de 1981 cuando por un lado, Piketty y Zucman (2014) reportan datos anuales de riqueza financiera neta por hogar, puesto que hasta ese año solo una pequeña parte de los residentes tenían que presentar declaraciones de impuestos individuales (Alvaredo y Saez, 2009: 1143), y por otro lado existen estadísticas detalladas sobre el tipo efectivo del impuesto de patrimonio. En el año 1980 se calcula una cantidad “base” que incluiría todo el acumulado hasta la fecha. La metodología empleada, detallada en el apéndice metodológico y en la pestaña “Cálculos España” del apéndice electrónico, arroja los siguientes resultados: un aumento de la riqueza radicada offshore sostenido en el tiempo exceptuando en el período de crisis (2008-2009), que llega a superar los 140.000 millones de euros en 2013 (véase gráfico 11).

25 Si bien el impuesto sobre el patrimonio está exento hasta un mínimo y bonificado en la algunas comunidades autónomas (http://www.abc.es/economia/20150311/abci-andalucia-cataluna-madrid-irpf-201503102020.html) no se tributa un 0% a nivel estatal. Además, el factor que el autor aplica a tipo de impuesto de sucesiones y donaciones no tiene en cuenta la tasa de mortalidad del país, ya que aplica un 3% genérico a todos los países.

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Gráfico 11:

Fuente: elaboración propia Sumando todos los impuestos supuestamente evadidos obtenemos la cantidad total para cada año de evasión fiscal debido al secreto bancario internacional. Así, la evasión fiscal derivada de la riqueza offshore ascendería para el periodo a más de 116.000 millones de euros, es decir más de un 10% del PIB de 2013 (véase gráfico 12). Gráfico 12:

Fuente: elaboración propia Teniendo en cuenta de que el peso de la deuda pública sobre el PIB para ese mismo año es del 94%, eliminando hipotéticamente el secreto bancario relacionado con los paraísos fiscales y calculando los intereses que no se habrían pagado, con el consecuente ahorro, esta se podría haber reducido casi una décima parte. Medidas de consolidación fiscal, como las acontecidas en la mayoría de países de la Unión Europea entre 2008 y 2012 (véase Avram et. al., 2013) podrían haberse reducido significativamente. Esto habría tenido un impacto notable en el poder adquisitivo de

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las familias y empresas, repercutiendo en la actividad económica y en el coste de la deuda pública misma. 6. CONCLUSIONES Por tanto, la información existente relativa a los paraísos fiscales es escasa y heterogénea pese al importante impacto que tienen tanto sobre las economías desarrolladas como las economías en desarrollo, debido a la falta de transparencia e intercambio de información de los agentes económicos residentes. Puede observarse que no existe un consenso a la hora de definir los términos fundamentales para la comprensión del fenómeno y que las fuentes oficiales carecen de estimaciones que cuantifiquen el problema, y si las tienen no son públicas. Tan solo podemos encontrar estimaciones muy dispares tanto en la metodología que emplean como en los resultados que obtienen a la hora de evaluar la cantidad de riqueza radicada en paraísos fiscales. Además la mayoría presentan una falta de transparencia que hace difícil el contraste de su validez. No obstante, sí que se puede conocer de manera aproximada la magnitud del problema y que esta ha ido en aumento en los últimos años. Aplicando la metodología de Zucman, a una zona geográfica concreta y en un periodo acotado es posible estimar la riqueza offshore existente cada año. Complementando la estimación con un conjunto de suposiciones y fuentes alternativas, en este trabajo se calcula de manera aproximada, que el secreto bancario existente en los paraísos fiscales ha producido una pérdida de recaudación fiscal para las haciendas públicas de 116.000 millones de euros. De esta manera, puede conocerse el verdadero impacto que los paraísos fiscales tienen en el funcionamiento de la economía y valorar que supone cuantitativamente para los Estados. La existencia del secreto bancario internacional y la influencia de los paraísos fiscales en las finanzas globales, supone un elemento clave para el desarrollo de la economía mundial. Su eliminación parece una tarea difícil de llevar a cabo debido a la gran influencia que poseen los agentes que se benefician de su funcionamiento. Zucman (2013a) propone un plan de acción en tres fases: la creación de un registro mundial, donde los estados intercambien información de manera automática; el establecimiento de derechos arancelarios y medidas de embargo financiero a los territorios no cooperantes. Para esta parte, es imprescindible la proliferación de nuevas estimaciones que cuantifican el fenómeno, así como la mejora de las ya existentes. Y por último, en una fase más avanzada, el establecimiento de un impuesto global progresivo sobre las fortunas. Solamente mediante la cooperación entre los Estados desarrollados, principalmente Estados Unidos y la Unión Europea, se podría combatir de manera efectiva este problema. BIBLIOGRAFÍA Alvaredo, F., & Saez, E. (2009). “Income and wealth concentration in Spain from a historical and fiscal perspective”. Journal of the European Economic Association, 7(5), 1140-1167. Avram, S., Figari, F., Leventi, C., Levy, H., Navicke, J., Matsaganis, M., & Sutherland, H. (2013). “The distributional effects of fiscal consolidation in nine EU countries” (No. EM2/13). Euromod Working Paper. Boston Consulting Group, The. (2014). Global Wealth Report 2014: Riding a Wave of Growth.

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Relación entre exclusión social y la exclusión financiera:

Un estudio sobre colectivos vulnerables en España

Beatriz Fernández Olit

UNED

Juan Diego Paredes Gázquez UNED

Marta de la Cuesta González

UNED

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TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN: “RELACIÓN ENTRE LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y LA EXCLUSIÓN FINANCIERA: UN ESTUDIO SOBRE COLECTIVOS VULNERABLES EN ESPAÑA”. AUTORES: Beatriz Fernández Olit, UNED, beaolit@gmail.com Juan Diego Paredes Gázquez, UNED, juandiegoparedes@cee.uned.es Marta de la Cuesta González, UNED, mcuesta@cee.uned.es PALABRAS CLAVE: Exclusión social; exclusión financiera; servicios bancarios. Clasificación JEL: D14, A13 e I31. RESUMEN: La crisis económica ha aumentado la desigualdad social y la heterogeneidad de las personas en riesgo de exclusión en España, y por tanto, la vulnerabilidad financiera. Este artículo revisa la literatura que estudia los factores determinantes de la no-bancarización y de la infra-bancarización y propone un modelo de análisis bidireccional para la relación entre exclusión financiera y exclusión social. A través de técnicas de análisis multivariante, y utilizando la información de la encuesta anual sobre vulnerabilidad social que realiza Cruz Roja Española, se estudia el impacto de determinados factores (demográficos, pobreza, carencia material, precariedad laboral) en la condición de exclusión y autoexclusión financiera e infra-bancarización, así como las principales dificultades de uso financiero para las personas en situación social vulnerable. Finalmente, se concluye reflexionando sobre el derecho de acceso a los servicios financieros, la pertinencia de la intervención pública para garantizarlo y el papel de la economía colaborativa en su desarrollo, en oposición a la mera consideración de mercado del enfoque neoliberal. Se reafirma la importancia del modelo de la banca social y se valora la utilización de otro tipo de banca colaborativa el promovido por las entidades sociales y los grupos de finanzas comunitarias.

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Introducción

Según Ortiz y Marco (2006) la exclusión social, entendida como la incapacidad de participación en las actividades consideradas normales en una sociedad por razones ajenas al individuo, es una de las cuatro aproximaciones al concepto de pobreza. Siguiendo esta definición podría considerarse que en una sociedad altamente “financiarizada” las dificultades de participación en el mercado bancario, es decir el riesgo de exclusión financiera, suponen un factor de riesgo de pobreza o de exclusión social. Los estudios previos sobre exclusión financiera generalmente han identificado esas dificultades de participación con la dificultad de acceso geográfico a productos y servicios bancarios (Leyshon y Thirft, 1995; Carbó et al, 2005). Sin embargo, la exclusión financiera se basa en tres pilares: las dificultades de acceso a los servicios bancarios (Seaver y Fraser, 1979; Evanoff, 1988; Dymski, 2003), las dificultades de uso y consumo (Kempson et al, 2000; Devlin, 2005; Gloukoviezoff, 2007) y las dificultades de percepción (Hill y Kozup, 2007; De Meza, 2008), siguiendo la tendencia de los modelos definidos en Europa. Pilares que, como se ha puesto de manifiesto con la crisis financiera, han provocado el incremento en la vulnerabilidad financiera de los consumidores, especialmente de los que cuentan con menos recursos materiales y educación. Estos estudios sobre exclusión financiera se han realizado básicamente entre la población en general y raramente se han centrado en colectivos vulnerables.

Este artículo pretende estudiar la conexión entre los conceptos de exclusión social y de exclusión financiera y los factores que condicionan que personas en riesgo de exclusión social estén infra-bancarizadas o no bancarizadas.

Tres circunstancias justifican la oportunidad de este estudio exploratorio: la pérdida de peso del modelo de banca relacional a favor de un modelo transaccional, que busca segmentar a los clientes en función de su rentabilidad (García-Montalvo, 2014); el incremento de la desigualdad provocado por la crisis financiera, y por tanto de vulnerabilidad social, definida como el espacio intermedio entre “la zona de integración” y “la de exclusión”, con el consiguiente riesgo de caer en ésta (Malgesini et al, 2007);y por último, la cada vez mayor necesidad de consumo de productos bancarios26, y la vulnerabilidad creciente de los consumidores frente al uso adecuado de los mismos.

Partiendo del hecho de que en las economías altamente bancarizadas el acceso a los servicios financieros supone una barrera para la inclusión social, nuestro objetivo es ver qué rasgos socioeconómicos y demográficos determinan en mayor medida el incremento de la exclusión financiera en la población más vulnerable. Es decir qué factores condicionan que determinados ciudadanos tengan escasa o nula relación con las entidades bancarias convencionales y les hacen más vulnerables ante otros cauces financieros menos ortodoxos para cubrir sus necesidades básicas, con el riesgo que eso supone27.

26 Como reconoce la Directiva Europea de Cuentas de Pago (Unión Europea, 2014) que garantiza el derecho de todo ciudadano a la apertura de una cuenta corriente, y se desprende de las propuestas para la eliminación del dinero físico en Dinamarca (http://www.theguardian.com/world/2015/may/14/no-wallet-no-worries-denmark-considering-cash-free-shops).[22/06/15] 27 En el entorno anglosajón (fundamentalmente EE.UU. y UK) se considera la utilización de servicios financieros fuera del sistema bancario como una característica intrínseca de la situación de infra-bancarización (véase tabla 1). En España se comienza ya a relacionar la expansión del crédito rápido con las personas en situación de precariedad laboral y vulnerabilidad

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Para ello nos centraremos en España, país fuertemente afectado por la crisis y por la práctica desaparición de la banca social, donde el colectivo objeto de estudio ha aumentado en los últimos años tanto en porcentaje de población como en diversidad de perfiles, considerando que hasta dos tercios de la población española se encuentra en situación de exclusión social o de integración precaria (Fundación Foessa, 2014). El alcance de los servicios a analizar se limita a las entidades bancarias formales (reguladas), pues es el que en España ofrece mayores garantías en cuanto a su regulación y la protección del consumidor, además del mejor binomio prestaciones-coste para el usuario (Comité Económico y Social Europeo, 2015). En el siguiente apartado se revisa la literatura académica para tratar de proponer un marco de estudio y un modelo de análisis apropiado. En el tercer y cuarto apartados se explica la metodología aplicada a una muestra de 1.050 personas en riesgo de exclusión social en España y los principales resultados obtenidos. El trabajo finaliza con un apartado de conclusiones y recomendaciones, en el que se reflexiona sobre el derecho de acceso a los servicios financieros, la pertinencia de la intervención pública para garantizarlo y el papel de la economía colaborativa en su desarrollo, en oposición a la mera consideración de mercado del enfoque neoliberal. 2. Revisión de la literatura y planteamiento del modelo

La vulnerabilidad del consumidor puede definirse por restricciones estructurales y características individuales que constituyen barreras – reales o percibidas- para obtener un valor adecuado en las transacciones de consumo. Un ejemplo es el analfabetismo, que puede disminuir la confianza y capacidad para desenvolverse socialmente cuando las necesidades del consumidor son negadas o amenazadas (Adkins y Ozzane, 2005). Otros ejemplos incluyen factores personales (edad o divorcio reciente), condiciones sociales (que pueden llevar a la discriminación o estigmatización de diferentes grupos) y la vulnerabilidad estructural (cómo se distribuyen los recursos). En el mercado financiero esto puede implicar una falta de control por el usuario y al abuso por parte de la entidad (Quintás-Seoane, 2006), o mayor dificultad para eludir malas prácticas comerciales como el marketing confuso que dificulta la comparativa adecuada entre productos de distintas entidades e induce a la decisión instantánea (Bowman et al, 2014). La investigación sobre consumidores vulnerables en el mercado bancario es escasa. Un estudio, centrado en varios países europeos y en población no-bancarizada e infra-atendida, definida ésta como la que no dispone de medios de pago electrónico (Ipsos Mori, 2013)28, concluye que el principal motivo para la no-bancarización es la falta de dinero suficiente, seguida por la autoexclusión (no querer o necesitar una cuenta), y que, en sustitución, se utilizan cuentas de familiares o amigos para pagar gastos. También es destacable el limitado acceso tecnológico de este colectivo y su desinterés mayoritario (72% de encuestados) por el uso de la banca electrónica.

social, y a evidenciarse sus efectos nocivos. ‘Minicréditos, tan rápidos como peligrosos’. http://economia.elpais.com/economia/2016/01/09/actualidad/1452366349_877182.html [13/01/16] 28 Estos datos se deben tomar con cierta cautela, por su falta de representatividad demográfica, de extrapolación a nivel nacional, y por el potencial conflicto de interés del patrocinador, Master Card. Se realizó a través de 631 encuestas cara-a-cara y 36 entrevistas en profundidad semiestructuradas (estudio etnográfico) en el Reino Unido, Francia, España, Polonia, Rusia e Italia entre junio y julio de 2013.

— 1759 —

La crisis ha puesto de manifiesto con mayor intensidad la vulnerabilidad del consumidor financiero, la cual se ve afectada simultáneamente por factores estáticos de carácter sociodemográfico (por ejemplo, residir en comunidades deprimidas o zonas rurales donde hay poca presencia bancaria), y por factores dinámicos, que pueden materializarse en cambios en el mercado bancario (por ejemplo, disminución de la red de sucursales, y utilización acelerada de nuevas tecnologías), cambios en el mercado laboral (aumento del desempleo) o en la sociedad (aumento de la desigualdad).

La figura 1 muestra una adaptación al mercado bancario del modelo conceptual de Baker y Mason (2012) sobre la teoría de la vulnerabilidad y resiliencia del consumidor. La adaptación realizada ha consistido en aplicar el modelo al consumo de productos financieros en un marco de crisis financiera y económica que deriva en una reestructuración bancaria. Los consumidores experimentan un mayor o menor riesgo de vulnerabilidad, esto es, de obtener un inadecuado valor en sus transacciones de consumo, en base a diferentes factores: individuales – por ejemplo, sus capacidades o su estatus socioeconómico-, familiares - estructura y roles familiares-, comunitarios - lugar de residencia o acceso limitado a bienes y servicios- y macro-fuerzas - regulación o acceso a la tecnología-. El desencadenamiento de un “evento detonante” generalmente un shock en el mercado o su entorno, tendrá un mayor o menor impacto en el consumidor dependiendo de la combinación de los factores anteriores.– Por ejemplo, una crisis económica con aumento del desempleo puede generar que el consumidor experimente más o menos dificultades para el pago de su deuda hipotecaria- su estado de vulnerabilidad financiera-, dependiendo de su situación laboral, de su capacidad para mantener o buscar nuevas fuentes de ingresos, de su apoyo familiar o del nivel de protección que la regulación ofrece a las personas sobre-endeudadas. Los post-impactos –aftershocks- pueden exacerbar las consecuencias de la vulnerabilidad financiera. Éstos comprenden tensiones ideológicas entre los individuos y otros grupos de interés, como el debate sobre quién ha de garantizar la toma de decisiones económicas adecuadas para el consumidor: los hogares o individuos a través de la asunción de mayor responsabilidad y formación financiera, los reguladores endureciendo la supervisión, o las entidades bancarias ofreciendo un asesoramiento adecuado (Baker y Mason, 2012). El impacto de estas tensiones ideológicas condiciona el círculo de resiliencia del consumidor, que se refleja en la parte derecha del gráfico bajo dicho concepto. Así, siguiendo con el ejemplo, si la regulación y la estructura de protección son sólidas, se podrá apoyar en éstas para superar su situación de sobreendeudamiento; si las entidades bancarias le ofrecen flexibilidad para la renegociación de la deuda, podrá apoyarse en este pilar; si sus capacidades personales le hacen superar la situación de desempleo o reducción de ingresos, su factor de resiliencia será el individual. Otros pilares de apoyo pueden ser la financiación familiar, o el recurso a otro tipo de proveedores financieros como entidades sociales o grupos de ahorro y préstamo comunitarios. El modelo puede considerar el apoyo del consumidor en agencias de crédito rápido o prestamistas informales, con el riesgo de que éstas aumenten el estado de vulnerabilidad financiera.

— 1760 —

Figura 5.1. Vulnerabilidad y resiliencia del consumidor en el mercado bancario

Fuente: Adaptación propia del modelo de Baker y Mason (2012) La tabla 1 muestra un resumen de estudios que han identificado factores determinantes de la situación de no-bancarización o infra-bancarización, y que en su mayoría se centran en población general. Como se puede observar, se trata de factores demográficos, económicos, sociales y de percepción que tienen que ver con el nivel educativo, origen, edad, empleo, nivel de ingresos, o educación financiera de la población.

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Siguiendo las prioridades establecidas en el entorno europeo (Comisión Europea, 2008; Unión Europea, 2014) el acceso a la cuenta bancaria y a medios de pago es el determinante más importante de la exclusión financiera y de la relación de ésta con la exclusión social. En un segundo estadio de importancia se situaría el acceso a servicios de crédito y seguros, y finalmente el acceso a los servicios de ahorro, más relevantes a medida que se cuestiona la sostenibilidad de los sistemas públicos de previsión social (Braga, 2007). Por tanto, se puede considerar que la población infra-bancarizada es aquélla que accede únicamente a cuenta bancaria y que por tanto no dispone de otros medios de pago o de acceso al crédito. A partir de la adaptación del modelo de Baker y Mason (2012) sobre vulnerabilidad del consumidor financiero, aunque sin abordar la tercera parte (círculo de resiliencia financiera)29, y teniendo en cuenta los estudios generales que se han llevado a cabo sobre los determinantes de la no bancarización o infra-bancarización, proponemos el modelo de relación que se presenta en la figura 2 para el colectivo de personas en riesgo de exclusión social. Fig. 2. Modelo de relaciones entre la exclusión social, la exclusión financiera y la vulnerabilidad del consumidor.

Fuente: elaboración propia.

Para medir la exclusión social se ha elegido el indicador derivado de la Estrategia Europea 2020, AROPE (Eurostat, 2015) por su homogeneidad en el entorno europeo. El indicador AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion), o tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, complementa la medición monetaria de la pobreza a través de factores de renta (pobreza relativa) con la privación material severa y la baja intensidad del trabajo. La exclusión financiera se puede aproximar de dos maneras: el nivel de bancarización de la persona, medido como el número de productos financieros contratados; y la situación de vulnerabilidad financiera, es decir, la pertenencia al grupo no-bancarizado o infra-bancarizado, siguiendo las definiciones de los modelos definidos en Europa, y recogidos en la tabla 1, particularmente el de la Comisión Europea (2008).

29 El modelo construido para este análisis exploratorio se limita a considerar la adaptación del modelo de Baker y Mason (2012) en cuanto a las circunstancias que condicionan el estado de vulnerabilidad financiera. La resiliencia financiera no forma parte de nuestro modelo de análisis, aunque sí se reflexionará sobre la misma en el apartado de conclusiones.

— 1764 —

Nuestro objetivo es conocer qué aspectos de la exclusión social inciden más en tener una relación más o menos estable y profunda con las entidades bancarias y por tanto en ser más o menos vulnerable desde una perspectiva financiera.

El presente trabajo analiza la relación entre riesgo de exclusión social y riesgo de exclusión financiera en el sentido directo del modelo (de izquierda a derecha), aunque consideramos que esta relación se retroalimenta en sentido inverso, generando un círculo vicioso, que planteamos como una futura línea de investigación. 3. Diseño de la investigación 3.1. Unidad de análisis y fuente de datos El entorno español es especialmente adecuado para estudiar el modelo propuesto por la aceleración desde 2008 de dos fenómenos que aumentan el riesgo de exclusión financiera y de exclusión social: el retroceso de los modelos de banca social y banca relacional (Calvo y Martín de Vidales, 20014; García-Montalvo, 2014) y el aumento de la población en situación de vulnerabilidad social, así como de su heterogeneidad (Fundación Foessa, 2014). La población objetivo son personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social (Malgesini et al, 2007). Para el análisis empírico se ha utilizado la base de datos del estudio sobre vulnerabilidad social que Cruz Roja Española ha realizado en la primavera de 2015 a través de encuesta telefónica a 1.050 personas mayores de 18 años que participan en nueve de sus programas sociales. Este estudio tipo panel se viene desarrollando desde 200830, aunque sólo se ha dispuesto de acceso a los datos de la última edición, en la que la sección temática se ha dedicado a las dificultades financieras. La unidad de análisis es el encuestado, aunque para evaluar su situación se contempla también información referente a su entorno familiar.

Cruz Roja Española (Malgesini et al, 2007) define cinco pilares de vulnerabilidad: el económico, que contempla aspectos financieros, laborales y de prestaciones sociales; el social, que engloba factores de educación, discriminación y maltrato; el ambiental y de vivienda, que contempla aspectos como el acceso a servicios mínimos; el familiar, que valora factores de dependencia y conflictos familiares; y el personal, que incluye aspectos de salud, discapacidad o situación legal. 3.2. Variables La base de datos consta de 27 variables sobre servicios financieros, 55 sobre la situación económica, social y laboral, y 22 sobre la situación demográfica y tipo de hogar. Estas variables generales se subdividen, en muchos casos, en variables parciales. En este estudio se recurre a 8 variables distintas del cuestionario de Cruz Roja. 3.2.1. Variables dependientes Teniendo en cuenta el foco en un país altamente bancarizado, como España, se puede afirmar que el aspecto más relevante para el análisis es la infra-

30 Los programas de pertenencia son: Prevención adicciones, Lucha contra la pobreza y la exclusión social, Mujeres en dificultad social, Inmigrantes, Refugiados, Personas mayores, Personas con discapacidad, Infancia y Juventud, y Familiares desaparecidos.

Pueden consultarse las publicaciones relacionadas en http://www.sobrevulnerables.es [primera visita 15/12/2014]

— 1765 —

bancarización. No obstante, también resultará de interés conocer el impacto de la no-bancarización en las personas más desfavorecidas tras la crisis y los factores que determinan dicha situación. Una de las preguntas del cuestionario de Cruz Roja solicita información al encuestado acerca del tipo de productos financieros que tiene contratados. Esta pregunta se puede dividir en dos variables que definen el riesgo de experimentar dificultades de acceso y uso de los productos bancarios: nivel de bancarización y vulnerabilidad financiera. 3.2.2. Variables independientes Los potenciales determinantes de exclusión financiera se pueden dividir en dos grupos: - Aspectos demográficos: sexo, edad y origen de los encuestados. - Factores de riesgo de pobreza y exclusión social: Carencia material, gastos imprevistos, pobreza monetaria y estabilidad laboral. La descripción las variables incluidas en el estudio figura en la Tabla 2.

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— 1767 —

3.3. Análisis de datos En este estudio se recurre a dos métodos distintos para estudiar la bancarización y la vulnerabilidad financiera: la regresión múltiple y la regresión logística multinomial. 3.3.1. Regresión múltiple El efecto de los determinantes en el nivel de bancarización se estudia a través del modelo de regresión múltiple por mínimos cuadrados parciales expuesto en la ecuación (1). El modelo incluye el efecto de interacción entre sexo y edad.

(1)

3.3.2. Regresión logística multinomial La regresión logística multinomial es un tipo de regresión logística en el que se permite que los efectos de las variables independientes difieran en las categorías de la variable dependiente, que es de tipo nominal (Long y Freese, 2001). Por tanto, este método resulta útil para estudiar la variable “vulnerabilidad financiera”. Este método es muy común en campos de estudio como la seguridad vial (Murray-Tuite et al., 2014; Celik y Oktay, 2014) o la ecología (Snedden y Steyer, 2013; Venkataraman y Uddameri, 2012), pero no ha sido empleado con anterioridad en el estudio de la vulnerabilidad financiera. A través de la regresión logística multinomial podemos analizar cuáles son los determinantes de la vulnerabilidad financiera, entendidos éstos como factores de riesgo. La ecuación (2) representa el modelo formulado a partir del planteamiento general de la regresión logística multinomial (McFadden, 1981), donde Zv figura en la ecuación (3):

(2)

(3)

Piv representa la probabilidad de que el individuo i pertenezca a la categoría v del total de categorías W de la variable dependiente, a excepción de la tomada como base. Para la categoría base o de referencia (v=base), que sirve de referencia para interpretar las probabilidades del resto de categorías, se cumple que eZbase = 1. La regresión logística multinomial se estima a través del método de máxima verosimilitud. En este método se escogen los valores estimados de los parámetros β que maximicen la función de verosimilitud, es decir, proporcionen la mayor probabilidad de obtener los datos observados (Schmidt, 2005; Kennedy, 2003).

1

11

v

v

Z

iv WZ

v

ePe

−

=

=+∑

5

1 2 3 41

3

5 6 7 81

*i i i k ik

l i i i i il

bancariza sexo edad sexo edad origen

carencia imprevistos pobreza inestabilidad

α β β β β

β β β β ε

=

=

= + + + + +

+ + + + +

∑

∑

5

1 2 3 41

3

5 6 7 81

*v v v iv v iv v iv iv kv ivk

lv iv v iv v iv v ivl

Z sexo edad sexo edad origen

carencia imprevistos pobreza inestabilidad

α β β β β

β β β β

=

=

= + + + + +

+ + + +

∑

∑

— 1768 —

Los resultados de la regresión logística multinomial se estiman usando Stata 12. Los resultados de este método son difícil de interpretar (Long y Freese, 2001, p.191). Para interpretar la magnitud del efecto de las variables independiente en la variable dependiente se recurre al ratio de riesgo relativo (RRR) y a los efectos marginales. El ratio de riesgo relativo (RRR) de una variable independiente mide la probabilidad de pertenecer a uno de los grupos de esa variable en relación con la categoría de referencia de dicha variable (Rué et al., 2010). Si el RRR es mayor que uno, entonces es menos probable pertenecer a la categoría de referencia; si el RRR es menor que uno, entonces es más probable pertenecer a la categoría de referencia. Los efectos marginales miden el cambio en la probabilidad de una categoría de la variable dependiente cuando la variable independiente cambia en una unidad. Puesto que en el modelo formulado todas las variables independientes son binarias, el efecto marginal se calcula como una pseudoelasticidad directa media de la probabilidad: el porcentaje de cambio en la probabilidad de que se dé una categoría de la variable dependiente cuando una variable independiente cambia de 0 a 1 (Celik y Oktay, 2014). 4. Resultados 4.1. Descriptivos La Tabla 2 resume las frecuencias de los determinantes, tanto en el agregado como desagregando entre las tres categorías de vulnerabilidad financiera. El número de encuestados que no tienen ningún productos financiero (57 encuestados), es pequeño en relación tanto al número de encuestados que sólo disponen de cuenta (256 encuestados) como al número de encuestados que tienen contratados varios productos financieros (737 encuestados). Estas cifras ponen de manifiesto que la no bancarización es un fenómeno marginal en España. Tabla 2. Frecuencias y porcentajes de los determinantes

No-bancarizados

(n=57)

Infra-bancarizados

(n=256)

Multi-bancarizados

(n=737)

Total

(n=1050)

Factores demográficos

sexo

Hombrea 25(6%) 91(22%) 297(72%) 413(39,33%)

Mujer 32(5%) 165(26%) 440(69%) 637(60,67%)

edad

De 18 a 64 añosa 49(8%) 162(25%) 427(67%) 638(60,76%)

65 años o más 8(2%) 94(23%) 310(75%) 412(39,24%)

origen

Españaa 22(3%) 171(24%) 509(73%) 702(66,86%)

Magreb 9(8%) 33(29%) 70(63%) 112(10,67%)

América Latina 14(15%) 15(16%) 65(69%) 94(8,95%)

África Subsahariana 9(11%) 20(25%) 52(64%) 81(7,71%)

Europa del Este 3(6%) 12(25%) 33(69%) 48(4,57%)

Otros 0(0%) 5(38%) 8(62%) 13(1,24%)

— 1769 —

Factores de riesgo

carencia

Tres bienes o servs. a 5(2%) 19(09%) 189(89%) 213(20,29%)

Dos bienes o servs. 21(5%) 113(29%) 252(65%) 386(36,76%)

Un bien o servicio 17(6%) 80(29%) 180(65%) 277(26,38%)

Nada 14(8%) 44(25%) 116(67%) 174(16,57%)

imprevistos

Puede afrontara 7(3%) 43(0,16%) 217(0,81%) 267(25,43%)

No puede afrontar 50(6%) 213(0,27%) 520(0,66%) 783(74,57%)

pobrezab

Encima del umbral pobrezaa 5(3%) 18(1%) 155(87%) 178(20,67%)

Debajo del umbral de pobreza 42(6%) 192(28%) 449(66%) 683(79,33%)

inestabilidad

Con estabilidad laborala 11(2%) 119(22%) 411(76%) 541(51,52%)

Sin estabilidad laboral 46(9%) 137(27%) 326(64%) 509(48,48%)

Porcentajes calculados sobre las frecuencias de filas, a excepción de los porcentajes totales, que están calculados sobre el total de encuestados

a Categoría de referencia

b Para el determinante pobreza ntotal=861

Las categorías de los siete determinantes considerados se definen como variables dicotómicas, a fin de identificar con precisión las diferencias que existen entre sus categorías. La categoría de referencia de los análisis no se ha fijado en la categoría más numerosa, sino en aquella que permitía una interpretación más intuitiva de los resultados. 4.2. Regresión múltiple La Tabla 3 contiene los resultados de la estimación del modelo formulado en la ecuación (1), que es estimado a través de una regresión múltiple.

Tabla 3. Resultados de la regresión múltiple Variable Coeficientea

Factores demográficos

sexo 0,022 (0,190) edad -0,297 (-1,450) sexo*edad -0,351* (-1,660) origen

magreb -0,427***(-2,660) latam -0,301* (-

— 1770 —

1,730) africasub -0,500***(-2,640) euroeste -0,267 (-1,250)

otros 0,240 (0,550) Factores de riesgo

carencia dosbys -0,581*** (-3,74) unbys -0,546*** (-3,14) nobys -0,523*** (-2,74)

imprevistos -0,073 (-0,53) pobreza -0,803*** (-5,98) inestabilidad -0,390*** (-3,30) cons 4,022*** (21,68) R2 0,144 R2 ajustado 0,130 F(13,846) 10,23***

***, ** y * indican significatividad al 1%, 5% y 10% respectivamente

a t-valores entre paréntesis

En lo que respecta al ajuste global del modelo, el coeficiente de determinación asciende a 0,144, lo que indica que el modelo explica el 14,4% de la variabilidad del nivel de bancarización. Respecto a los resultados de los determinantes, hasta tres determinantes del grupo de aspectos demográficos están relacionados significativamente con el nivel de bancarización de los encuestados: “origen” de una forma directa, y “edad” y “sexo” a través de su interacción. Los encuestados procedentes del África Subsahariana (β=-0,500, p<0,01) y del Magreb (β=-0,427, p<0,01), seguidos de los inmigrantes de América Latina (β=-301, p<0,1) contratan menos productos financieros que los españoles. No se han encontrado diferencias significativas entre el número de productos financieros que contratan los inmigrantes de Europa del Este y otros inmigrantes y el que contratan los encuestados españoles. La interacción de los determinantes sexo y edad también muestra una relación significativa con el nivel de bancarización (β=-0,351, p<0,1), lo que evidencia que las mujeres de más de 65 años tienen contratados menos productos financieros que los hombres y que las mujeres de menos de 65 años.

— 1771 —

A excepción del determinante “capacidad de afrontar gastos imprevistos", el resto de determinantes de exclusión social están relacionados significativamente con el nivel de bancarización de los encuestados. En esta categoría, el que muestra una relación más estrecha con el nivel de bancarización es “pobreza monetaria”, observándose una clara relación negativa entre ambos (β =-0,803, p<0,01). Este resultado indica que el factor más importante para el nivel de bancarización es el nivel de ingresos del hogar. 4.3. Regresión logística multinomial Antes de estimar la regresión logística multinomial se efectúan pruebas de asociación. Estas pruebas indican si, al agrupar la variable independiente en las categorías de la variable dependiente, hay diferencias significativas entre grupos. La tabla 4 contiene los resultados de las pruebas de asociación efectuadas sobre las variables independientes. Los resultados del determinante “sexo” no son significativos, por lo que su inclusión en el modelo de regresión logística no sería necesaria en principio. No obstante, la inclusión de este determinante resulta de interés para el estudio de la interacción entre “sexo” y “edad”, así que finalmente no se excluye del modelo. Tabla 4. Pruebas de asociación

χ2 (p-valor) Likelihood ratio χ2

(p-valor)

Grados de

libertad

Factores demográficos

sexo 2,315 (0,314) 2,327 (0,312) 2

edad 18,333 (<0,001) 20,687 (<0,001) 2

origen 36,360 (<0,001) 32,136 (<0,001) 10

Factores de riesgo

carencia 46,345 (<0,001) 52,726 (<0,001) 6

imprevistos 21,520 (<0,001) 23,111 (<0,001) 2

pobreza 30,806 (<0,001) 34,873 (<0,001) 2

inestabilidad 31,614 (<0,001) 33,216 (<0,001) 2

Los coeficientes de la regresión logística multinomial, estimada conforme al modelo formulado en la ecuación (2), se presentan en la Tabla 5. Los coeficientes y los errores estándar se calculan empleando el método de máxima verosimilitud para cada una de las categorías de vulnerabilidad financiera. La categoría de referencia es “multi-bancarizados”, por lo que los coeficientes del modelo han de interpretarse en referencia a ella. Los resultados se analizan recurriendo al RRR (Tabla 5) y a la pseudoelasticidad media (Tabla 6), que permiten establecer comparaciones y observar la consistencia de los resultados. La Tabla 7, que resume el contenido de la Tabla 6, refleja cómo cada uno de los determinantes afecta a las categorías de vulnerabilidad financiera respecto a la pseudoelasticidad directa media.

— 1772 —

Tabla 5. Resultados de la regresión logística multinomial

Coeficientes a Ratio de riesgo relativo (RRR)b

No-banc. Infra-banc. No-banc. Infra-banc.

Factores demográficos

sexo 0,269 (0,78) 0,146 (0,70) 1,309(0,669–2,561) 1,158(0,767–1,747)

edad 0,318 (0,36) -0,253 (-0,59) 1,375(0,241–7,841) 0,777(0,337–1,788)

sexo*edad -1,309 (-1,21) 0,498 (1,15) 0,270(0,032–2,265) 1,645(0,704–3,844)

origen

magreb 0,421 (0,89) 0,037 (0,14) 1,523(0,603–3,845) 1,038(0,61–1,766)

latam 1,099** (2,41) -0,645* (-1,86) 3,000(1,227–7,337) 0,525(0,266–1,034)

africasub 0,956* (1,94) -0,185 (-0,55) 2,601(0,988–6,843) 0,831(0,428–1,612)

euroeste 0,262 (0,39) -0,080 (-0,21) 1,300(0,347–4,866) 0,923(0,443–1,925)

otros -11,683 (-0,02) -0,024 (-0,03) 0(0–0) 0,976(0,239–3,985)

Factores de riesgo

carencia

dosbys 0,287 (0,44) 1,473***(3,90) 1,333(0,367–4,837) 4,365(2,083–9,146)

unbys 0,215 (0,31) 1,391***(3,48) 1,240(0,324–4,474) 4,020(1,835–8,805)

nobys 0,323 (0,45) 1,181***(2,79) 1,381(0,340–5,617) 3,256(1,419–7,468)

imprevistos - 0,202 (-0,37) - 0,078 (-0,30) 0,817(0,276–2,418) 0,924(0,554–1,544)

pobreza 0,026 (0,05) 1,046***(3,57) 1,026(0,322–3,168) 2,847(1,603–5,057)

inestabilidad 1,596***(3,20) 0,219 (1,03) 4,932(1,855–13,11) 1,245(0,821–1,887)

cons -4,140***(-5,27) -3,290***(-7,05)

Número de observaciones 861

Log-likelihood en cero -647,111

Log-likelihood en convergencia -595,321

χ2 (28 d.f.)

103,58***

***, ** y * indican significatividad 1%, 5% y 10% respectivamente a t-valores entre paréntesis

b Intervalo de confianza (IC) con un nivel de confianza del 95% entre paréntesis

4.3.1. Aspectos demográficos Sexo y edad Ni el determinante “sexo”, ni “edad”, ni tampoco la interacción de ambos, están relacionados significativamente con las categorías de vulnerabilidad financiera. Tener una edad de más de 65 años incrementa la probabilidad de no tener ningún producto financiero en un 43,73%. Origen Los resultados son significativos para los encuestados procedentes del África Subsahariana y de América Latina: ser latinoamericano y subsahariano está asociado con una mayor probabilidad de no tener ningún producto financiero contratado. Es 3 veces más probable que un latinoamericano no tenga ningún tipo de producto financiero a que tenga varios productos financieros (RRR=3, IC al 95%=1,227–7,337). Es 2,6 veces más probable que un subsahariano no tenga ningún tipo de

— 1773 —

producto financiero a que tenga varios productos financieros (RRR=2,601, IC al 95%=0,988–6,843). Tal y como se aprecia en la pseudoelasticidad directa media, ser latinoamericano incrementa la probabilidad de no tener contratado ningún producto financiero en un 217,38%, mientras que para para los subsaharianos esa probabilidad se incrementa en un 157,68%.

Tabla 6. Pseudoelasticidad directa media de los determinantes

No-banc. Infra-banc. Multi-banc.

Aspectos demográficos

sexo 25,36% 11,17% -3,98%

edad 43,73% -18,88% 4,47%

origen

magreb 48,68% 1,35% -2,37%

latam 217,38% -44,50% 5,77%

africasub 157,68% -17,61% -0,87%

euroeste 31,19% -6,94% 0,78%

otros

1,81% 4,31%

Factores de riesgo

carencia

dosbys 191,50% -33,04% -11,11%

unbys -16,82% 169,28% -33,04%

nobys -3,85% 126,93% -30,31%

imprevistos -16,25% -5,22% 2,46%

pobreza -14,69% 136,16% -17,07%

inestabilidad 346,15% 12,52% -9,67%

4.3.2. Factores de riesgo de pobreza y exclusión social Carencia material Los resultados obtenidos para el determinante “carencia material” son curiosos. La carencia material se asocia significativamente a disponer sólo de cuenta corriente, asociación que no se da para el caso de aquellos encuestados no bancarizados. Disponer sólo de un bien (alimentación de carne/pescado, calefacción o vacaciones), o de ninguno de ellos, incrementa la probabilidad de estar infra-bancarizado en un 169,28% y en un 126,3% respectivamente. Es más probable que las personas que acceden al menos a dos de estos bienes y servicios no tengan ningún producto financiero, aunque esta relación no resulta estadísticamente significativa. Gastos imprevistos A pesar de que las pruebas de asociación revelaron que existía diferente capacidad para hacer gastos imprevistos a través de los distintos grupos de vulnerabilidad

— 1774 —

financiera, el modelo de regresión logística no indica que el determinante “gastos imprevistos” tenga un efecto significativo en los resultados. Pobreza monetaria Los hogares cuyos ingresos están por debajo del umbral de pobreza tienen más probabilidad de encontrarse infra-bancarizados. Es 2,847 más probable que un hogar con pobreza monetaria tenga contratada sólo una cuenta corriente a que tenga contratados varios productos financieros (RRR=2,847, IC del 95%=1,603–5,057). Estar en una situación de pobreza monetaria incrementa la probabilidad de tener contratada sólo una cuenta corriente en un 136,16%. Inestabilidad laboral Los encuestados que no disponen de un empleo ni están jubilados tienen más probabilidades de encontrarse no-bancarizados. Es casi 5 veces más probable que un encuestado con inestabilidad laboral no tenga contratado ningún producto financiero a que tenga contratados varios (RRR=4,932, IC del 95%=1,855–13,11). No tener trabajo incrementa la probabilidad de no tener contratado ningún producto financiero en 346,15%.

5. Conclusiones y recomendaciones. Los resultados de la regresión múltiple y de la multinomial logística van en la misma dirección y demuestran ser complementarios en el análisis de la relación entre exclusión social y exclusión financiera. Esto confirma su fortaleza y pone de manifiesto que la vulnerabilidad tiene factores de riesgo específicos que no lo son de la bancarización. A tenor de los resultados podemos afirmar que, como planteaba nuestra hipótesis, existe relación positiva entre experimentar mayor riesgo de exclusión social y sufrir exclusión financiera. No obstante, esta relación es moderada y difiere en cuanto a los factores que determinan los grados de vulnerabilidad financiera (no- e infra-bancarización). Así, encontramos perfiles muy distintos:

Las personas en riesgo de exclusión social y no-bancarizadas se caracterizan por la inestabilidad laboral (o bien no tienen trabajo, o bien trabajan en la economía sumergida). Además existe un factor de nacionalidad (latinoamericana, africana) que puede conllevar la opción de rechazar los servicios bancarios por factores culturales y por la experiencia en sus países de origen. No obstante las cifras ponen de manifiesto que la no bancarización es un fenómeno marginal en España, incluso entre población vulnerable. La situación de infra-bancarización queda definida por los bajos ingresos y las situaciones de pobreza material, como la alimentaria o energética. No obstante, el mayor riesgo de infra-bancarización es para personas que al menos sí pueden acceder a uno de estos bienes: se evidencia una cierta resistencia a limitar la calefacción o alimentación entre las personas de este grupo. Aunque no haya una relación significativa de la infra-bancarización con la variable edad, esto podría ser una característica de personas de avanzada edad, que requieren ayuda social, y tienden a un bajo perfil de bancarización, particularmente las mujeres. La multi-bancarización queda asociada a un perfil de menor vulnerabilidad social: Disponer de ingresos que superen el umbral de pobreza monetaria implica aumentar las posibilidades de ahorro o previsión. La estabilidad laboral

— 1775 —

contribuye asimismo a mejorar el perfil para la obtención de préstamos. Proceder de países europeos también contribuye a aumentar el uso de los servicios bancarios.

El modelo explica una parte muy limitada de la variabilidad de productos financieros entre personas en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, podemos suponer la existencia de otros determinantes no observados. Uno de ellos puede ser el paso brusco en el marco de la crisis de una parte notable de la población desde situaciones de plena integración social a necesitar ayuda social, lo que probablemente esté asociado con poseer más productos financieros de los que correspondería según el modelo. Anderloni y Carluccio (2007) analizaron en un momento pre-crisis las dificultades en el uso bancario de personas de bajo nivel de renta en España, en paralelo a otros países europeos, y plantearon algunas recomendaciones concretas: la importancia de acceder a servicios de pago adaptados que permitan pequeños descubiertos y pequeñas penalizaciones; la oferta de ‘paquetes sencillos’, con costes claros y fijos; la mejora en la comunicación respecto a los criterios de concesión de crédito; la protección particular del consumidor en este segmento del mercado, para evitar que durante el uso de los servicios bancarios las necesidades de estos consumidores sean ignoradas, o se complique más su situación; en el caso concreto de los inmigrantes se prima la mejora del acceso al crédito sin historial bancario y el fomento del envío de remesas a través de las entidades bancarias. Estos autores insisten en que las soluciones no pueden extrapolarse de unos países a otros, incluso dentro del marco europeo. Podemos retomar estas recomendaciones como aún más necesarias en el panorama actual, en el que encontramos que la vulnerabilidad del consumidor, en particular en el caso de productos financieros, ha aumentado. Fenómenos como el sobreendeudamiento se han añadido y enquistado para gran parte de la población. La transformación del sector bancario, con la predominancia actual de la banca con ánimo de lucro y la pérdida del modelo de cajas de ahorro, no augura una atención adecuada de las necesidades y dificultades específicas de las personas en riesgo de exclusión social. La Directiva Europea de Cuentas de Pago (Unión Europea, 20014) garantiza el derecho a disponer de una cuenta bancaria básica, pero aún está pendiente su trasposición a la regulación nacional. La banca española ha aceptado puntualmente la dación en pago para saldar deudas hipotecarias de personas en especial situación de vulnerabilidad, y ha aportado viviendas para alquiler solidario, instada por la legislación y siempre bajo una óptica de acción social. Su contribución desde el propio negocio bancario a la resiliencia financiera de las personas en riesgo de exclusión social no ha sido relevante. Más bien al contrario, si consideramos tendencias como la denominada ‘guerra de comisiones en los cajeros’ desencadenada en 2015. El análisis de la información disponible a través de la encuesta en la que se han basado nuestros resultados, siguiendo el modelo propuesto por Baker y Mason (2012), evidencia dos pilares fundamentales para la resiliencia financiera del colectivo estudiado: la familia y las organizaciones sociales. Ambas constituyen la principal referencia a la hora de solicitar apoyo para el pago de las facturas o de los gastos imprevistos, e incluso asesoramiento financiero. El estudio de su relevancia es una línea de investigación que proponemos a futuro y para la que creemos que

— 1776 —

sería especialmente apropiado utilizar entrevistas en profundidad como enfoque metodológico. Las personas en riesgo de exclusión social tampoco pueden confiar en la superación inmediata de su situación en un entorno de desigualdad creciente desde hace dos décadas (Adelantado 2000).La provisión de educación financiera no es una solución para personas que requieren servicios financieros en condiciones adecuadas, y es una medida que ha suscitado numerosas críticas por su traspaso de la responsabilidad al plano individual (Marron, 2013; Willis, 2011). El resurgimiento de la banca social o comunitaria, por ejemplo bajo un modelo de banca ética o de economía colaborativa, y la aplicación de principios casi olvidados, como el subsidio cruzado de costes, se perfilan como soluciones más adecuadas para la lucha contra la exclusión financiera de las personas en situación vulnerable.

BIBLIOGRAFÍA

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