Convenios Internacionales y Ambiente: Recomendaciones para una mejor aplicación de los convenios
seleccionados en los países de la iniciativadel Corredor del Pacífico Este Tropical.
Estudio de implementación de 5 convenios ambientalesen Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador
Documento elaborado por:Tania Rodríguez
Edición de estilo y contenido por:María Virginia Cajiao
Con la colaboración de:Juan Sebastian Barco María Cristina Puente
Amparo RamosSharon RomeroMelissa UmañaJessica Young
Fundación MarVivaAbril 2009
• WO
RLD
HERITAGE • PATRIMOIN
E M
ON
DIA
L •
PATR
IMONIO MUNDIAL
Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO
Con el apoyo del
Organizaciónde las Naciones Unidas
para la Educación,la Ciencia y la Cultura
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Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO
Con el apoyo del
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Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO
Con el apoyo del
Organizaciónde las Naciones Unidas
para la Educación,la Ciencia y la Cultura
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Agradecimiento:
Expresamos nuestros sinceros agradecimientos a todos los actores gubernamentales y de la sociedad civil por su buena disposición al momento de participar en el proceso
de investigación y validación.
Sus aportes, experiencia y recomendaciones enriquecieron el presente documento. Esperamos por lo tanto que este
les sea útil y que contribuya a potenciar la aplicación de los convenios ambientales suscritos.
333.75R696c Rodríguez Echavarría,Tania Convenios Internacionales y Ambiente :
recomendaciones para una mejor aplicación de los convenios en los países de la iniciativa del Corredor del Pacífico Este Tropical / Tania Rodríguez Echavarría.
– 1ª. ed. -- San José, C.R. : Fundación Marviva, 2009. 102 p. ; 20 x 15 cm.
ISBN 978-9968-9605-6-4
1. Recursos naturales – Tratados internacionales. 2. Política ambiental- Corredor del Pacífico Este Tro- pical. 3. Control ambiental. I. Título.
3
Indice
Introducción .........................................................................................................5A.Antecedentes del Proyecto .......................................................................8B. Marco legal estudiado ................................................................................12
1. El Corredor Marino de Conservación del Pacífico EsteTropical .............................................................................................................122. Las convenciones: ....................................................................................14
i. Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) .............................14ii. Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadasde Fauna y Flora (CITES) ......................................................................17iii. Convenio para la Protección del Patrimonio Natural y
Cultural de la UNESCO. .....................................................................19iv. Convención sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres (CMS) ..................................21v.SistemadelaComisiónPermanentedelPacíficoSudeste .. 23
3. Principales conclusiones: hallazgos y recomendaciones .......... 25a. Hallazgos ............................................................................................... 25b. Principales recomendaciones por convenio ............................. 32c. Conclusiones y recomendaciones generales ........................... 40
C. Bibliografía ...................................................................................................45D. Entrevistas realizadas ..............................................................................46E. ANEXOS ...........................................................................................................49
Anexo n.1: Análisis comparado con base en las entrevistas ..............50Matriz por convenios: Costa Rica ...........................................................50Matriz por convenios: Panamá.................................................................58Matriz por convenios: Colombia .............................................................66Matriz por convenios: Ecuador ................................................................78
Anexo n.2: Listas de participantes por país en talleres de consultay validación ..........................................................................................................86
Costa Rica .......................................................................................................86Colombia .........................................................................................................87
4
Panamá.............................................................................................................88Ecuador ............................................................................................................89
Anexo n.3: Matriz de conclusiones y recomendaciones por país según convenio ..................................................................................................90
Anexo 4: Cuadro de aportes de los convenios a la iniciativadel Corredor ........................................................................................................99
Anexo 5: Fotografías de los talleres celebrados en cada paísdurante marzo del 2009 ...............................................................................100
5
Introducción
Los convenios internacionales en materia de conservación y am-
biente, se han convertido en un importante instrumento legal que
ha permitido regular desde el Derecho Internacional el uso y apro-
vechamiento sostenible de los recursos naturales compartidos por
uno o más países y la conservación de espacios naturales y especies
consideradas estratégicas a nivel regional. Además ha permitido “ho-
mogenizar” medidas entre Estados que a pesar de ser en muchos
casos vecinos y de compartir importantes áreas protegidas trans-
fronterizas, no cuentan con las mismas prioridades de desarrollo y
tienen generalmente marcos normativos disímiles.
Su acatamiento es obligatorio por parte de los Estados firmantes
desde la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que
data de mayo de 1969, y es el Poder Ejecutivo el responsable de em-
prender acciones para ejecutar las disposiciones del convenio, una
vez, claro está, que este sea ratificado por el Poder Legislativo (Ca-
jiao, 2006).
Es así como los tratados o convenios internacionales se han convertido en
una herramienta de discusión, de negociación, de cooperación y de com-
promiso entre Estados, que ha permitido generar normativa que recupere
las particularidades de las partes para tratar problemáticas globales.
Por otro lado, las diferentes expresiones de la sociedad civil han en-
contrado en ellos un mecanismo de presión que ha mejorado sustan-
cialmente sus capacidades de incidencia, recordándoles a los toma-
dores de decisión la obligatoriedad del cumplimiento de los manda-
tos de estos convenios.
6
Si bien estos convenios asignan compromisos iguales a las partes, su
aplicación en la realidad ha dependido de las capacidades de gestión
y de ejecución de los diferentes gobiernos, capacidades que distan
de ser similares y que han generado diferentes grados de cumpli-
miento dependiendo de la institucionalidad, la voluntad política y los
recursos que cada Estado posee.
Ante esta situación se ha tornado necesario conocer los diferentes
niveles de cumplimiento y por lo tanto el impacto que estos conve-
nios han tenido en los diferentes países objeto de este estudio, así
como que factores determinan el éxito o dificultan su aplicación.
Con el fin de conocer el estado de la aplicación de diferentes con-
venios en materia ambiental, así como recuperar factores que po-
tencian o limitan su ejecución para generar recomendaciones que
puedan mejorar su aplicación y encaminar otras iniciativas como la
del Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical, Con-
servación Internacional (CI) y la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a través de su
Fondo de Patrimonio Mundial, encomendaron a la Fundación Mar-
Viva el Proyecto “Promoviendo la Conservación Marina a través del
Patrimonio Mundial del Pacífico Este Tropical”. Algunos resultados
esperados de este proyecto fueron:
1. La recopilación y organización de la información sobre la le-
gislación nacional, regional e internacional en materia ambien-
tal en especial la relacionada la tema marino en un Manual.
2. El diagnóstico del estado de la aplicación de 5 convenios se-
leccionados en los 4 países relacionados por la iniciativa del
“Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical”
7
que son Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Los conve-
nios seleccionados a ser analizados fueron:
a. Convenio para la Protección de Patrimonio Natural y
Cultural de la UNESCO.
b. Convención sobre el Comercio Internacional de Espe-
cies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES).
c. Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB).
d. Convenio sobre la Conservación de Especies Animales
Silvestres (CMS).
e. Protocolo para la Conservación y Administración de
las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico
Sudeste (CPPS) para el caso de Ecuador, Colombia y
Panamá.
De ahí que el presente documento tiene por objetivo presentar los
resultados generales de este diagnóstico y recuperar las principales
recomendaciones por parte de una gran diversidad de actores que
convergen como puntos focales gubernamentales y como actores
de organizaciones no gubernamentales que conviven en el día a día
de la aplicación de estos convenios.
8
A. Antecedentes del Proyecto
El Proyecto financiado por CI-UNESCO “Promoviendo la Conserva-
ción Marina a través del Patrimonio Mundial del Pacífico Este Tropi-
cal”, es un proyecto que inicia a mediados del 2005 y cuenta con una
duración de tres años finalizando en abril 2009.
El objetivo general del proyecto fue el promocionar el manejo y la
conservación a largo plazo de las áreas marinas protegidas en el Pa-
cífico Este Tropical a través de la recopilación y análisis de legisla-
ción ambiental con énfasis en tema marino en cuatro países: Costa
Rica, Panamá, Colombia y Ecuador.
Durante el primer año se puso en práctica un proceso de investi-
gación en los países citados anteriormente con el fin de conocer la
implementación de convenios internacionales y preparar una reco-
pilación de la legislación nacional. Para esto se procedió a contra-
tar consultores, planificar la investigación y reunir el material de los
cuatro países con el fin de editarla. En el segundo año se presentó la
publicación del “Manual de Legislación Ambiental para los países del
Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical”. Este
manual hace un análisis de las diferentes convenciones ambientales
suscritas por estos cuatro países, la legislación nacional sus alcances
y limitaciones, presentado la importancia que cada una tiene para la
puesta en práctica de este Corredor. Uno de sus objetivos fue presen-
tar en una publicación información legal clave para facilitar el trabajo
de los funcionarios responsables de aplicar estos convenios y leyes
para potenciar las acciones de conservación de los sitios declarados
Patrimonio Natural Mundial ubicados en el Pacífico Este Tropical:
9
1. La Isla del Coco en Costa Rica.
2. La Isla Coiba en Panamá.
3. La Isla Malpelo en Colombia.
4. El Archipiélago de las Islas Galápagos en Ecuador.
Este Manual se terminó de imprimir en noviembre del 2006 y en mar-
zo-abril del 2007 se realizó un proceso de difusión y capacitación,
dirigido a usuarios gubernamentales, parlamentarios, sociedad civil
y pescadores. Se realizaron de esta forma una serie de talleres que
trataron de socializar con actores claves las disposiciones legales,
nacionales e internacionales relevantes al tema marino para así mo-
tivar la coordinación en cuanto acciones legales entre instituciones
y países.
Los talleres de capacitación se realizaron en las siguientes fechas:
• Panamá: 5 y 6 de marzo del 2007 con pescadores y agen-
tes de gobierno.
• Costa Rica: 19 y 20 de marzo y 13 de abril con pescadores,
agentes de gobierno y poder judicial.
• Colombia: 23 y 25 de abril del 2007 con pescadores y
agentes de gobierno y otras ONG.
• Ecuador: 3 y 4 de mayo del 2007 con pescadores y agen-
tes de gobierno.
Para el tercer año se consideró necesario, una vez generada la reco-
pilación de legislación existente en el tema ambiental-marino, cono-
cer el estado de la aplicación real y efectiva de 5 convenios interna-
cionales seleccionados por su pertinencia en cuanto a la iniciativa del
Corredor Marino del Pacífico Este.
10
Los convenios seleccionados fueron:
• Convenio para la protección de patrimonio natural y cul-
tural de la UNESCO.
• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES).
• Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB).
• Convenio sobre la Conservación de Especies Animales Sil-
vestres (CMS).
• Protocolo para la Conservación y Administración de las
Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste
(CPPS) para el caso de Ecuador.
Para esto se realizaron entrevistas a los puntos focales técnicos y po-
líticos de los convenios y a otros actores que desde la sociedad civil
participan en los espacios de discusión y aplicación de los convenios
y en las conferencias de las partes propias de los mismos.
Las entrevistas recopilaron información sobre el conocimiento que
los puntos focales tienen sobre los convenios y las acciones que han
sido emprendidas por los Estados para hacerlos efectivos, se evalua-
ron 8 temas fundamentales que fueron:
1. Generación de normativa.
2. Asignación presupuestaria.
3. Conformación de equipos de trabajo.
4. Capacitación a funcionarios.
5. Gestión de cooperación internacional.
6. Investigación y generación de conocimiento.
7. Alianzas estratégicas.
8. Recomendaciones.
11
La información recuperada permitió elaborar un diagnóstico previo
sobre la aplicación de convenios internacionales en estos cuatro paí-
ses y analizar la efectividad de las acciones de los países, el nivel
de consolidación de la democracia y de descentralización en temas
ambientales.
Para validar y enriquecer la información generada por las entrevistas
a profundidad, se convocaron cuatro talleres, en los que participaron
los puntos focales de los convenios, personal de cancillería, directo-
res de áreas de conservación claves, funcionarios de organizaciones
no gubernamentales interesadas como CI y organismos internacio-
nales como UNESCO.
Los talleres se realizaron:
• En San José, Costa Rica el lunes 16 de marzo del 2009.
• En Ciudad Panamá el martes 17 de marzo del 2009.
• En Bogotá, Colombia el miércoles 18 de marzo del 2009.
• En Quito, Ecuador el viernes 19 de marzo del 2009.
En estos talleres se presentaron los principales hallazgos de las en-
trevistas y las similitudes encontradas en los países, además se tra-
bajó en grupos por convenio con el fin de generar recomendaciones
de cómo mejorar la puesta en práctica de dichos convenios.
Los talleres fungieron además como un espacio de intercambio en-
tre diversos actores nacionales con el fin de compartir experiencias,
problemáticas y recomendaciones. Esto permitió que puntos focales
que pocas veces cuentan con un espacio para interactuar, pudieran
conocerse y establecer acuerdos que podrían en un futuro desem-
12
bocar en políticas, alianzas y/o acuerdos de cooperación interinsti-
tucionales.
B. Marco legal estudiado
1. El Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical
La iniciativa del Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este
Tropical (CMAR) tiene su origen en el compromiso expresado por lo
gobiernos en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, celebra-
da en el 2002 en Johannesburgo, Sudáfrica, cuando se presentó la
Iniciativa Isla del Coco-Galápagos y por medio de la cual se acordó
promover un Corredor Marino de Conservación y Desarrollo Sosteni-
ble entre las islas Galápagos, Górgona, Malpelo, Coiba y Cocos. Esta
iniciativa es retomada y formalizada durante la reunión de Ministros
y representantes de ministerios de ambiente en San José Costa Rica
el 2 de abril del 2004 en donde se firma la Declaración de San José.
En esta Declaración se reconoce la importancia de estas áreas para
la protección, conservación y manejo de la biodiversidad, que existe
conectividad entre los ecosistemas y que “la iniciativa del Corredor
Marino constituye una oportunidad para estrechar las relaciones de
cooperación mutua y solidaria entre los Gobiernos de Colombia, Cos-
ta Rica, Ecuador y Panamá” (Declaración de San José, 2004).
Además se presenta la necesidad de generar alianzas estratégicas
entre los gobiernos, los organismos internacionales, organizaciones
no gubernamentales y agencias multilaterales para propiciar un es-
pacio de diálogo permanente y gestión, que desemboque en la im-
plementación de dicha iniciativa.
13
Los gobiernos acuerdan el establecimiento de dicho Corredor para lo
cual determinan algunas acciones:
1. Propiciar el manejo y conservación de la biodiversidad y re-
cursos marinos, dando especial énfasis a los ecosistemas y
especies en peligro.
2. Mejorar y consolidar la protección, el manejo y la gestión.
3. Establecer un marco regional adecuado que facilite el desa-
rrollo y la gestión integral del Corredor.
4. Propiciar la cooperación y el trabajo en conjunto entre los
Gobiernos, ONG, organismos internacionales y agencias in-
volucrados.
5. Identificar y promover mecanismos de financiamiento del Co-
rredor.
6. Orientar cooperación técnica y financiera.
7. Impulsar turismo sostenible.
8. Promover diseminación de información y divulgación de al-
cances.
9. Propiciar la participación de los sectores y actores relacionados.
Para llevar a cabo los objetivos expuestos en la Declaración de San
José, es necesario recuperar en la normativa internacional ambiental
vigente, los convenios y acuerdos que permitan sustentar y dotar de
un marco legal a la estructura de la iniciativa del Corredor.
La primera etapa de este proyecto permitió determinar que los cua-
tro países en cuestión han suscrito una gran diversidad de convenios
que tienen importantes implicaciones en las directrices propuestas
en esta Declaración, por lo que se puede concluir que el marco le-
gal necesario existe, pero que todavía persisten fuertes deficiencias
14
en cuanto a legislación para la protección del recurso marino y las
actividades productivas que de él dependen (pesca, acuicultura, tu-
rismo, etc.).
Ahora bien, aún cuando el marco legal existe, se hallan serias dificul-
tades en la aplicación de los convenios. Ante esto, en una segunda
fase de la investigación se recuperaron 5 convenios que pueden dar
sustento a las actividades específicas del Corredor y a los objetivos
expuestos en la Declaración de San José. De esta forma se trató de
analizar las acciones que los Estados han emprendido para ejecutar-
los, con el fin de recuperar las principales debilidades y fortalezas.
2. Las convenciones
i. Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)
Ratificado:
Costa Rica: Ley n.7416 el 30 de junio de 1994
Panamá: 17 de enero 1995
Colombia: Ley 125 en 1994
Ecuador: 13 de marzo de 1993
Contenido:
Firmada en junio de 1992 en la Cumbre de Río de Janeiro expone la
preocupación de las partes por la diversidad biológica que entienden
como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, inclui-
dos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman
parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las es-
pecies y de los ecosistemas”. Reconoce la importancia de proteger la
diversidad biológica por ser necesaria para el mantenimiento de los
sistemas necesarios para la vida.
15
Este convenio le asigna a los Estados el derecho soberano de aprove-
char sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental
y les asigna la obligación de asegurar que las actividades que se lleven
a cabo dentro de su jurisdicción bajo su control no perjudiquen al me-
dio de otros Estados o zonas situadas fuera de su jurisdicción.”
Tiene por objetivo “la conservación de la diversidad biológica, la
utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y
equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los
recursos genéticos, mediante entre otras cosas, un acceso adecuado
a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías per-
tinentes, teniendo en cuanta todos los derechos sobre esos recursos
y a esas tecnologías pertinentes, así como mediante una financiación
apropiada”. Promueve además la generación de estrategias, planes
o programas nacionales para la conservación y el uso sostenible, la
investigación y la generación de conocimiento científico necesario
para darle seguimiento a los componentes de la biodiversidad, así
como identificar los procesos y actividades que tengan efectos per-
judiciales sobre los ecosistemas.
Promueve la conservación in situ a través de la puesta en práctica de
áreas protegidas debidamente financiadas y ex situ siempre y cuan-
do se cuente con las instalaciones adecuadas y la reglamentación
adecuada para la recolección. La convención promueve que la con-
servación ex situ se haga preferiblemente en los mismos países.
La CDB asigna a los Estados signatarios la responsabilidad de:
• Establecer sistemas de áreas protegidas.
• Elaborar directrices para la selección y conservación de
las AP.
16
• Reglamentar o administrar los recursos biológicos impor-
tantes para la conservación de la diversidad biológica.
• Promover la protección de ecosistemas y hábitats naturales.
• Promover el desarrollo ambientalmente adecuado y sos-
tenible en zonas subyacentes a las áreas protegidas.
• Rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados.
• Establecer y mantener medios para regular, administrar
y controlar los riesgos derivados de la utilización y la
liberación de organismos vivos modificados.
• Impedir la introducción de especies exóticas.
• Respetar los conocimientos de los pueblos indígenas.
• Establecer o mantener la legislación y/o disposiciones
que protejan especies y poblaciones amenazadas.
• Cooperar con el suministro de recursos financieros y de
otra naturaleza para la conservación in situ.
• Promueve la investigación y la recolección de recursos
ex situ, y deberá de examinar el estado de los recursos
biológicos sistemáticamente.
Relación con los objetivos de la iniciativa del Corredor:
La CDB coincide con la iniciativa del Corredor en la necesidad de
promover espacios protegidos, ya que el CMAR busca consolidar la
protección y gestión de las áreas protegidas y la CDB busca forta-
lecer los sistemas de áreas protegidas, motivando la generación de
legislación nacional. El Corredor a su vez promueve la generación de
regulaciones desde un marco regional por lo que va más allá que la
CDB en su propuesta de homologación.
17
El énfasis que este Convenio hace sobre la conservación in situ pue-
de enriquecer al Corredor sobre todo en el compromiso que le asigna
a los Estados en cuanto a la búsqueda de financiamiento y de perso-
nal capacitado para mantener los sitios protegidos. Y justamente una
recomendación de este estudio es promover que las áreas marinas
protegidas cuenten con el personal idóneo para su administración y
control y protección.
ii. Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fau-na y Flora (CITES)
Ratificado:
Costa Rica: Ley 5605, 22 de octubre 1974
Panamá: 28 de octubre de 1977
Colombia: Ley 017, 22 de enero de 1981
Ecuador: 3 de marzo de 1973
Contenido:
Firmada en Washington en 1973, reconoce el valor de la fauna y la
flora silvestre, desde lo estético, lo científico, lo cultural, lo recreativo
y lo económico. Parte de la importancia de la fauna y la flora silves-
tres como elementos irremplazables de los sistemas naturales de la
tierra, por lo que deben ser protegidas por los pueblos y Estados,
con apoyo de la cooperación internacional, e insta a tomar medidas
para limitar el comercio de especies. Determina además listados de
especies que según sea el caso requieren de medidas de protección
ante el comercio es decir en cuanto a la exportación, reexportación,
importación. En el Anexo 1 se ubican las especies que están en peli-
gro de extinción y que son afectadas por el comercio por lo que es
prohibido a menos de que se presenten circunstancias excepciona-
18
les. En los apéndices 2 y 3 se encuentran especies amenazadas que
exhortan medidas regulatorias.
Relación con el Corredor:
CITES podría ser utilizado por países miembros del Corredor, si se
concluyera que existe la necesidad de listar o cambiar de apéndice a
una especie marina que se encuentre dentro del espacio geográfico
del Corredor, la cual se considera amenazada por el comercio inter-
nacional. No obstante, esta determinación dependerá de un análisis
respecto a las condiciones biológicas de una especie y su riesgo por
el comercio internacional por lo que se debe establecer espacios de
discusión en el Corredor para tomar este tipo de decisiones, una vez
recolectados los datos necesarios, e incidir en la CITES.
Las especies listadas en los 3 apéndices pueden encontrarse en la
página web de la Convención: www.cites.org.
Además al tratarse de una Convención que busca regular el comer-
cio de especies, puede dotar al Corredor de elementos regulatorios
claves para actividades productivas y comerciales que se dan de
forma transnacional como lo es la pesca. En esta área CITES puede
aportar una base regulatoria y listados de especies que pueden ser
determinantes para armonizar un marco regulatorio regional. Por su
misma naturaleza la iniciativa del Corredor se refiere a especies que
migran y transitan entre los mares y entre las áreas protegidas de los
países que lo conforman. De esta forma convenciones como CITES y
CMS que regulan el comercio y la migración de especies son suma-
mente enriquecedoras para una iniciativa como el Corredor, ya que
dan importantes insumos en cuanto a qué se debe proteger, cómo
19
se puede proteger, cuánto se requiere para proteger estas áreas, con
quiénes se debe coordinar acciones y porqué se debe generar siste-
máticamente conocimiento científico cuando se trata de diversidad
biológica, especies amenazadas y acuerdos internacionales.
iii. Convenio para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural de la UNESCO
Ratificado:
Costa Rica: Ley No. 5980 16 de noviembre 1976
Panamá: 2 de marzo de 1978
Colombia: Ley 45 de 1983
Ecuador: 16 de junio de 1975
Contenido:
El Convenio para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural de
la UNESCO nace en la Conferencia General de la Organización de
las Naciones Unidades para la Educación, la Ciencia y la Cultura en
su 17ª reunión en París el 17 de octubre de 1972. Es el resultado de
la preocupación de la comunidad internacional sobre el patrimonio
cultural y natural que está siendo amenazado por la destrucción no
sólo por deterioro sino también por la evolución de la vida social y
económica. El Convenio establece medidas para inventariar y prote-
ger dos tipos de patrimonio mundial:
1. El patrimonio Cultural expresado en:
• Monumentos (obras arquitectónicas, de escultura o de pintura)
• Conjuntos (grupos de construcciones, aislados o reunidas cuya
arquitectura, unidad e integración con el paisaje le dé un valor
universal excepcional desde la historia, el arte o la ciencia)
• Lugares (Obras del hombre, o del hombre y la naturaleza)
20
2. El Patrimonio Natural:
• Monumentos naturales,
• Formaciones geológicas y fisiográficas que constituyen el há-
bitat de especies animal o vegetal amenazadas.
• Lugares naturales o zonas naturales estrictamente delimitadas.
También cuenta con un importante componente dirigido a la educa-
ción y la sensibilización sobre la importancia de los sitios de patrimo-
nio y valor universal excepcional.
Relación con la iniciativa del Corredor:
En el caso del Corredor, cuatro de los sitios que lo conforman han
sido declarados Sitios Patrimonio Mundial, por lo que ya se rigen por
este Convenio.
Este Convenio además aporta la figura de la “propiedad transnacio-
nal serial” o propiedad transfronteriza” la cual es fundamental para
entender la lógica del Corredor, aportando así consideraciones trans-
fronterizas que pueden enriquecer la coordinación entre países:
• Donde sea posible, las nominaciones transfronterizas deben
ser preparadas y enviadas por los Estados Partes en forma
conjunta de acuerdo con lo establecido por el artículo 11.3 de
la Convención que requiere la necesaria venia del Estado en
que el que se encuentra el área nominada, en este caso de
todas las áreas involucradas.
• Según las directrices, es altamente recomendable que en este
tipo de solicitudes los Estados Partes involucrados establez-
can o designen un Comité conjunto o cualquier órgano similar
21
para hacerse cargo de la administración y manejo del total del
área transfronteriza nominada (parágrafo 135)
• Esta designación ayudaría a los países a tener un acceso a fi-
nanciamiento internacional, cooperación técnica (incluyendo
los casos de Patrimonio en Peligro) y cumplimiento de obli-
gaciones del Convenio relativas a los Sitios por parte de los
países que contribuirían a consolidar el Corredor.
Por otro lado, el artículo 6 de este Convenio plantea que: “cada uno
de los Estados Partes del presente Convenio se obliga a no tomar
deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o
indirectamente, al patrimonio cultural y natural (…) en el territorio
de otros Estados Partes de esa Convención” por lo que se plantea
al momento de desarrollar acciones que pueden afectar al Estado
vecino, investigar previamente los impactos que esto pueda tener.
iv. Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS)
Ratificado:
Costa Rica: 23 de abril del 2007
Panamá: 3 de enero de 1988
Colombia: No aplica
Ecuador: No aplica
Contenido:
La CMS para el caso del Corredor, ha sido solamente ratificada por
Panamá y Costa Rica, trata sobre la conservación y protección de
animales silvestres migratorios que franquean los límites de las ju-
risdicciones nacionales. Por lo que recomienda adoptar medidas de
22
forma conjunta o separada por los Estados que comparten un área
de distribución de especies para así velar por su protección.
Si bien Ecuador y Colombia no la han ratificado, esta aporta consi-
deraciones necesarias en cuanto a especies que se mueven de forma
natural migran de sitio en sitio y da indicios de cómo manejar las
coordinación interestatal para regular y protegerlas.
Relación con la Iniciativa del Corredor
La CMS promueve igualmente investigaciones y proyectos de con-
servación sobre especies migratorias. Podría ser la base para concer-
tar ulteriormente un acuerdo regional sobre especies migratorias de
interés listadas en los apéndices y para incrementar la cooperación
en materia de investigaciones o proyectos para especies migratorias
del área del Corredor. Da pautas para promover el trabajo coordi-
nado entre gobiernos nacionales y autoridades locales, así como la
necesidad de capacitar a los funcionarios en cuanto a especies mi-
gratorias.
No obstante, otras acciones a ser desarrolladas en el marco de los
tratados internacionales antes indicados, se considera podrían abor-
dar los posibles contenidos de un acuerdo concertado en el marco
de la CMS.
El listado de especies contenidas en los apéndices pueden encon-
trarse en el sitio www.cms.int. Un aporte importante para el Corredor
es que en los Apéndices I y II se enumeran diversos cetáceos, peces
y reptiles. Además, cada Estado conforme va aprobando y ratifican-
do esta convención y ser Estado parte debe aportar en el seno de la
23
convención la actualización de estas listas conforme a las especies
migratorias reportadas en sus territorios.
Se cuenta con poca información explícita sobre los impactos que esta
ha generado en Panamá y los efectos que ya vislumbran en Costa Rica.
v. Sistema de la Comisión Permanente del Pacífico Sudeste
Ratificado:
Costa Rica: No aplica
Panamá: Aplica para el Plan de Acción
Colombia: 28 de julio 1992
Ecuador: 25 de noviembre 1994
Objetivo:
La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) es el Organismo
Regional Marítimo que busca coordinar las políticas marítimas de sus
Estados miembros que son Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Nace el
18 de agosto de 1952 con la ‘Declaración sobre Zona Marítima’ suscri-
ta en Santiago por los Gobiernos de Chile, Ecuador, Perú, y Colombia
que se adhiere el 9 de agosto de 1979.
Es un sistema marítimo regional, una alianza y una opción estratégi-
ca, política y operativa en el pacífico sudeste, para consolidar la pre-
sencia de los países que comparten estos mares para coordinar ac-
ciones de control y conservación. Su órgano coordinador, promotor
y ejecutor es la Secretaría General, que cumple los mandatos emana-
dos de las Reuniones de Cancilleres de la CPPS y de las Asambleas
Ordinarias y Extraordinarias.
24
Herramientas jurídicas de la CPPS:
• Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Cos-
tera del Pacífico Sudeste nace en 1981 y cuenta con el Pro-
tocolo para la conservación y Administración de las Áreas
Marinas y Costeras Protegidas Del Pacífico Sudeste.
• El Acuerdo marco para la conservación de los recursos vivos
marinos en la alta mar del Pacífico Sudeste o ‘“Acuerdo de
Galápagos”, del año 2000.
• Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate
contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocar-
buros y otras Sustancias Nocivas en casos de emergencia.
• Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la
Contaminación Radioactiva, Paipa, Colombia, 21 De Septiem-
bre De 1989.
• Protocolo para Protección del Pacífico Sudeste contra la Con-
taminación Proveniente de Fuentes Terrestres.
• Cuenta además con un Plan de Acción como instrumento téc-
nico que tiene por objetivo principal promover la coopera-
ción regional para la protección del medio marino y las áreas
costeras, promover la preservación de la salud y el bienestar
de las generaciones presentes y futuras. Además, el Plan de
Acción busca proporcionar el marco para el establecimiento
y aplicación de una política adecuada e integral, teniendo en
cuenta las necesidades particulares de la región.
Este sistema es el sustento legal más importante para el Corredor
Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical y establece una
estructura de toma de decisiones y de acuerdos que pueden funda-
mentar muchos de los objetivos y acciones propuestas del Corredor.
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Su aplicación trasciende al Corredor, puesto que junto a Ecuador y
Colombia, Chile y Perú forman parte de este Sistema y no del Corre-
dor. Además un importante limitante es que ni Costa Rica ni Panamá
lo han suscrito.
3. Principales conclusiones: hallazgos y recomendaciones
a. Hallazgos
Si bien los países analizados presentan particularidades en cuanto
a sistemas políticos, niveles de descentralización y capacidades ins-
titucionales, al momento de analizar la aplicación de los convenios
durante el proceso de investigación se logró identificar importan-
tes similitudes. En los cuatro países las entidades responsables de la
aplicación de los convenios son las autoridades ambientales, ya sean
propiamente los ministerios de ambiente, ya sean órganos descen-
tralizados responsables de las áreas protegidas como las comisiones
nacionales de biodiversidad o los sistemas de áreas protegidas.
En el proceso de entrevistas y talleres en los cuatro países se en-
contraron en forma reiterada dentro de las recomendaciones frases
como “mejorar la coordinación, articulación de acciones y de políti-
cas, trabajo conjunto es el ideal, optimizar la coordinación”, ya que
para los entrevistados una de la principales preocupaciones es la fal-
ta de coordinación a lo interno de las instituciones, entre las institu-
ciones y con las demás organizaciones no gubernamentales y de la
sociedad civil que se ven involucradas en el proceso de la aplicación
de los convenios.
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Durante los talleres se expusieron importantes deficiencias en cuanto
a la claridad de las responsabilidades y roles de las diversas institucio-
nes responsables de la aplicación y la negociación de los convenios,
por lo que muchas veces se toman acciones de forma desarticulada
y en reiteradas ocasiones se duplican las acciones. Los participantes
consideraron que esto era una clara consecuencia de la falta de re-
glamentos y de institucionalidad conformada especialmente para los
encargados del seguimiento y aplicación de los convenios.
Las sesiones de los talleres se convirtieron para los participantes en es-
pacios de interacción con otros funcionarios que en ocasiones habían
tenido dificultad de coordinar reuniones y constataron que muchos de
los listados de especies y de sitios se están realizando simultáneamen-
te desde diferentes departamentos por lo que se están duplicando
esfuerzos. Además valoraron el espacio de interacción generado du-
rante los talleres ya que les permitió conocerse, exponer sus preocu-
paciones y proponer conjuntamente soluciones y acciones.
Esta falta de coordinación, responde según las personas entrevista-
das a la carencia de planes, programas o estrategias nacionales que
generen metas comunes en cuanto a la aplicación de dichos conve-
nios y que respondan a un modelo de desarrollo y de gestión de las
áreas protegidas que busque mejorar la convivencia entre conser-
vación, desarrollo local y nacional. Esta disonancia se externa fuera
del gobierno central, ya que no se están coordinando acciones con
los gobiernos locales, ni con las oficinas de las autoridades ambien-
tales ubicadas en los diferentes sitios de conservación. Esto dificulta
el monitoreo, la planificación a corto o mediano plazo y la toma de
decisión oportuna y efectiva.
27
Un hallazgo que se presentó en los cuatro países de forma reitera-
da, fue la deficiente generación de conocimiento científico y técni-
co, anotando que las investigaciones se dan en forma desarticulada
y muchas veces se encuentran dispersas en institutos o centros de
investigación privados. Las entidades estatales responsables de la
aplicación de los convenios no cuentan con los recursos necesarios
para promover estos espacios de coordinación e intercambio, y no
están generando procesos de innovación tecnológica ni de investi-
gación de forma metódica y sistemática. La investigación está siendo
generada desde las universidades públicas y desde centros privados
como las organizaciones no gubernamentales, respondiendo así, y a
los intereses de la cooperación internacional que la financia y a los
intereses propios de los investigadores. Es así como la generación
de conocimiento no está respondiendo a las necesidades de conser-
vación y de protección de especies amenazadas, ni a las preocupa-
ciones de los Estados. La información existente cuenta además con
la deficiencia de estar desactualizada y escrita en lenguajes técnicos
que dificultan su acceso a los diferentes usuarios que la requieren.
Por lo que muchas veces tiene una utilidad reducida, ya que no se
realizan las acciones necesarias para socializarla.
Es importante destacar que los puntos focales son funcionarios pú-
blicos con tareas específicas que asumen la representación de los
convenios, el monitoreo de las acciones que emprende el Estado, así
como la realización de los informes país como una sobrecarga de sus
funciones. No cuentan con recursos para reunirse o movilizarse a los
sitios, tienen poco contacto con los funcionarios ubicados en las áreas
protegidas y muchas veces no pueden dar el seguimiento adecuado
a los convenios ya que no hay herramientas de evaluación periódicas
que permitan recolectar la información necesaria. Muchas veces al
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asumir el rol de puntos focales no se les facilita una línea base que
les permita conocer el estado inicial al momento de suscribir el con-
venio, por lo que les es muy difícil determinar y medir los efectos e
impactos que este tiene. Además los puntos focales no cuentan con
equipos humanos con los cuales apoyarse, muchas veces hacen el
trabajo solos y reclaman espacios de coordinación interinstitucional
con participación de ONG para poder recibir la retroalimentación y el
apoyo político que requieren. Otro factor interesante es que muchas
veces sus puestos cambian conforme cambia el gobierno por lo que
no pueden dar un seguimiento a largo plazo. Cuando un funcionario
que se ha denominado punto focal se retira de su puesto y no se han
generado protocolos o mecanismos de sistematización de su expe-
riencia el conocimiento adquirido tiende a perderse.
Otro hallazgo interesante es que al momento de participar en las
Conferencias de las Partes (CoP), los puntos focales no cuentan con
los recursos necesarios para asistir por lo que muchas veces deben
gestionarlos con la cooperación internacional. En varios de los con-
venios se cuenta con dos puntos focales, uno técnico y otro políti-
co que generalmente está ligado a las cancillerías. Los entrevistados
afirmaron que en muchos casos solo una persona puede asistir a las
CoP y en varias ocasiones el punto focal político ha tenido que dar
su opinión en temas técnicos que no maneja. Esto evidencia la falta
de coordinación interinstitucional que imposibilita el llevar a las CoP
una posición de país debidamente consultada, informada y validada.
Por otro lado, la información que se genera durante la participación
de las delegaciones nacionales en las CoP debe estar expuesta en los
informes de país por los puntos focales, así como el seguimiento a
las acciones del Estado, sin embargo esto no ocurre y mucho menos
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se encuentra reunida toda la información por una oficina estatal, de
ahí que la información está desagregada y es difícil determinar su
ubicación. Las cancillerías desconocen el contenido y la ubicación de
los informes de viaje y de los informes sobre la aplicación de los con-
venios. Esta situación en algunos casos se debe a que el personal en
el tema ambiental de la Oficina de Política Exterior de los ministerios
de relaciones exteriores es escaso y además el análisis de los temas
requiere de conocimientos técnicos específicos que solo el personal
de los ministerios de ambiente puede tener, por lo que se le delega a
este ministerio el seguimiento.
Sin embargo, los ministerios de ambiente por su lado no cuentan
con una oficina cuya responsabilidad sea única y exclusivamente el
seguimiento a la aplicación y cumplimiento de los convenios ambien-
tales, ni a los informes que se producen. Esto evidencia la falta de
claridad en cuanto a las competencias institucionales y la falta de
coordinación interinstitucional, además muestra que no existen en el
caso de los informes, procesos de rendición de cuentas a lo interno
de los ministerios que permitan evaluar la calidad de los informes y
su concordancia con la posición política del país.
Parece que las limitaciones en cuanto a la capacidad del Estado al
momento de generar acciones específicas para la ejecución de estos
convenios es algo generalizado en los cuatro países. La carencia de
presupuesto, de equipos técnicos capacitados, la falta de informa-
ción oportuna, de infraestructura, de tecnología y de materiales hace
que el trabajo de los puntos focales sea muy complejo y cada vez
más reducido.
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Otra preocupación expuesta durante los talleres es que se carece
de personal capacitado en los parques nacionales, en las aduanas y
demás puestos de control fronterizo, y esto hace que se dificulte aún
más la aplicación de los convenios en especial los que establecen
medidas coercitivas ante el tráfico y comercio de especies amena-
zadas.
Además se desprende de esta debilidad de los Estados la falta de
legislación marina, si bien la iniciativa del Corredor demuestra el in-
terés por regular y proteger las áreas marinas protegidas el tema
marino-costero está en un estado muy embrionario ya que la apli-
cación de los convenios ha estado focalizada en las áreas terrestres.
Las regulaciones en cuanto a especies amenazadas marinas y las ac-
tividades productivas y de comercialización que se están dando en
estos mares como la pesca, la acuicultura y el turismo no han sido
debidamente regladas por lo que esto se mantiene como un reto
para los gobiernos, y resulta en una condición necesaria para poner
en práctica un Corredor Marino.
Se pudo evidenciar que las listas relacionadas a sitios y bienes que
pueden ser sujetos al patrimonio natural y cultural no se están actua-
lizando sistemáticamente y no responden a intereses nacionales, sino
más bien a la preocupación de los mismos funcionarios que ejercen
como puntos focales. Esto es preocupante ya que los países deben
invertir recursos que no tienen en los procesos de investigación que
buscan generar la información necesaria para convencer de la impor-
tancia del sitio antes de presentarlo a la Comisión Mundial de Patri-
monio, por lo que los sitios escogidos deberían formar parte de una
estrategia nacional.
31
Si bien se ha incursionado en el tema de las alianzas con universida-
des, organizaciones no gubernamentales y organismos de coopera-
ción para la búsqueda de recursos y asistencia técnica, todavía los
resultados en materia ambiental son escasos ya que se carece de
acuerdos de cooperación formales con responsabilidades y roles
bien determinados. En el caso del conocimiento científico los acuer-
dos con las universidades no son formales, sino más bien respon-
den a contactos personales con docentes y estudiantes que están
realizando sus proyectos de graduación. Para los entrevistados la
cooperación proveniente de organizaciones no gubernamentales
puede ser a la vez una oportunidad como una amenaza, ya que por
un lado los recursos aportados por estas entidades facilitan muchas
veces acciones del Estado que sin esos recursos no se podrían reali-
zar, pero al mismo tiempo esta situación privilegiada le ha atribuido
a estas organizaciones un rol en los espacios de toma de decisión
internacionales que no les corresponde y que es competencia solo
de los representantes de los gobiernos signatarios de la convención.
Al analizar las acciones y las estrategias implementadas por los Esta-
dos, se torna evidente que efectivamente se ha generado institucio-
nalidad, leyes, decretos y reglamentos que se han listado de forma
más detallada en el Anexo n.1, el cual presenta un cuadro con las
acciones generadas por cada Estado en cada uno de los convenios
(leyes, reglamentos, convenios, instituciones responsables, entre
otras). Pero también se puede constatar que si bien se han tomado
medidas, estas siguen siendo todavía iniciales o parciales, y que que-
da aún pendiente la actualización de normas, de listas, la adopción
de convenios, la generación de legislación en el tema marino-costero
(leyes de pesca) y la construcción participativa de estrategias nacio-
nales más integrales.
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b. Principales recomendaciones por convenio
Durante las entrevistas y los talleres se les solicitó a los actores invi-
tados que aportaran desde su experiencia tanto de forma individual
como grupal las principales recomendaciones que ellos consideran
necesarias tomar en cuenta para mejorar la aplicación de los con-
venios y potenciar la puesta en práctica de la iniciativa del Corredor
Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical.
Las recomendaciones planteadas por convenio para cada país resul-
tante de los talleres de devolución pueden observarse en la matriz de
conclusiones y recomendaciones ubicada en el Anexo n.3.
1. Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)
Si bien este es uno de los convenios que más legislación, reglamen-
tos e institucionalidad ha creado, se hace evidente que en la actua-
lidad es necesario fortalecer la capacidad del Estado, en especial de
los ministerios de ambiente y de los sistemas de áreas protegidas al
momento de la ejecución del convenio.
Principales recomendaciones:
• En cuanto a la capacidad del Estado, es necesario fortalecer
presupuestariamente las entidades responsables de la ejecu-
ción de dicho convenio como los son los ministerios de am-
biente y las comisiones encargadas de manejar el tema de
biodiversidad, así como el sistema de áreas protegidas. Mejo-
rar la recolección de recursos (permisos, entradas a parques,
33
etc.). Para esto se propone mejorar la coordinación en dis-
tintos niveles:
i. En las instituciones
ii. Entre instituciones
iii. Entre instituciones y funcionarios de las áreas
protegidas.
iv. Ente el gobiernos y las organizaciones no gu-
bernamentales.
v. Entre los distintos puntos focales de otros con-
venios relacionados con el tema ambiental.
• Otra recomendación relevante es la de crear comisiones o
unidades especializadas que se encarguen de la coordinación
interinstitucional e intersectorial, de la implementación del
convenio y de su monitoreo. Esta comisión deberá fortale-
cer los lazos de cooperación y promover la elaboración de
estrategias nacionales que articulen las acciones hacia metas
comunes. A su vez, estas estrategias deberían desembocar en
planes-programas de trabajo coordinado que clarifiquen las
competencias institucionales y las responsabilidades de los
equipos técnicos.
• Crear planes y acciones interinstitucionales para la imple-
mentación de convenciones.
• Se consideró además necesario la capacitación continua en
cuanto a la aplicación del convenio de los funcionarios tanto
los que están en el gobierno central como los que se encuen-
tran en zonas rurales.
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• Es preciso asignar recursos a las actividades estipuladas por
el convenio así como mejorar la capacidad de gestión de re-
cursos.
• Mejorar las capacidades estatales en el tema de investigación
científica es fundamental para los procesos de actualización
de los listados de biodiversidad. La información oportuna
puede facilitar la identificación de amenazas. Para esto no
solo se recomienda formalizar convenios de cooperación con
ONG, sino invertir al seno del Estado para que este investigue
según sus necesidades de información.
• Mejorar los mecanismos de monitoreo, evaluación, control y
vigilancia, elaborando herramientas y protocolos similares en
los cuatro países con la finalidad de hacer estudios regionales.
• Generar listados de especies marinas como insumo importan-
te para el Corredor. En este sentido se recomienda establecer
listados por país que puedan ser homologados en los países
de la región y los participantes en la iniciativa del Corredor.
• Preparar a las delegaciones nacionales que representan al
país en las conferencias de las partes con las distintas posi-
ciones de país, tomando en cuenta que estas delegaciones
deben contar con capacidades políticas para la negociación,
así como con criterios técnicos para tomar las mejores deci-
siones.
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2. Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora (CITES) y Convención sobre la Conservación de
Especies Migratorias (CMS)
Debido a las importantes similitudes que la CMS tiene con CITES
y a que la CMS no ha sido firmada ni por Ecuador ni Colombia y
que en el caso de Costa Rica este ha sido de muy reciente ratifi-
cación, los participantes lo analizaron y generaron sus recomen-
daciones conjuntamente con la Convención CITES. Acotando
claro está que es necesario que Colombia y Ecuador suscriban
la CMS, aprueben y ratifiquen, ya que por tratar de migración de
especies silvestres, provee de importantes insumos para las áreas
marinas protegidas compartidas por dos o más Estados, siendo
así un importante insumo para la iniciativa del Corredor.
En cuanto a CITES y CMS se recomienda:
• Mejorar la capacidad del Estado, a través de la coor-
dinación, articulación y comunicación dentro de las
instituciones, y con otras instituciones tales como mi-
nisterios de ambiente, seguridad, guardacostas, fun-
cionarios de aduanas, entre otros. Consideran necesa-
rio establecer acuerdos y convenios de cooperación
interinstitucionales.
• Es necesario gestionar fondos para la aplicación de
ambas convenciones pues se requiere de mucha in-
vestigación y de mucho control transfronterizo.
• Además recomiendan mejorar la comunicación y la
sensibilización con las comunidades que se encuen-
tran en zonas de carácter transfronterizo como cos-
tas, fronteras, ríos o cuencas transfronterizas, islas,
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entre otros con el fin de que conozcan el contenido
de las convenciones, las infracciones y las sanciones
por el comercio y tráfico de especies amenazadas. De
igual forma es necesario informales sobre cuales son
las especies en peligro o amenazadas y los periodos de
veda. Para esto consideran fundamental gestionar fon-
dos para la investigación y la incorporación de especies
marinas a las listas de CITES y CMS así como una am-
plia difusión de estas listas a las autoridades de control.
Importante acá la capacitación a través de guías para
ayudar a los funcionarios de control a la identificación
de las especies objeto del comercio regulado.
• Recomiendan contratar personal si fuera necesario o
capacitar al personal actual para que ejecute el con-
venio en puestos de control de exportaciones e im-
portaciones como aduanas, puertos, aeropuertos y
fronteras. Para esto recomiendan generar protocolos
que incorporen procedimientos y guías con fotogra-
fías que faciliten la identificación del espécimen y las
regulaciones por convenio que se aplican.
• Dotar a los sitios de control de equipos e infraestruc-
tura, así como capacitar y entrenar a los funcionarios.
• Al ser convenciones que tratan de actividades que
trascienden las fronteras nacionales recomiendan
coordinar las acciones entre los Estados involucrados,
con el fin de homologar protocolos, acciones y legis-
laciones. Y someter a la CMS la ampliación de las listas
de los anexos 1 y 2 con base en las especies migrato-
rias identificadas que franquean cíclicamente las fron-
teras del Corredor.
37
• En el caso de Ecuador consideran necesario regla-
mentar el cumplimiento de CITES.
• En el caso del CMS y de CITES, se expuso la necesidad
de actualizar constantemente los listados de especies
e incorporar especies marinas a los mismos.
• Otra recomendación recurrente, es la necesidad de
adoptar medidas legales y marcos jurídicos internos
para reforzar el cumplimiento correctivo de la ley con
miras a prevenir y combatir el tráfico ílicito de recur-
sos biológicos.
3. Convenio para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural
Este es talvez uno de los convenios cuya aplicación es más compleja
ya que trata de sitios y bienes ya sea culturales o naturales con valor
de patrimonio mundial. Por esta particularidad se requiere interac-
tuar con instituciones con criterios muy diferentes, como lo son las
autoridades ambientales, las autoridades culturales y las educativas.
La coordinación debe ser según las partes involucradas tanto a la
interno de las instituciones como entre las instituciones de diferentes
competencias (ambiente, cultura y educación), además se recomien-
da coordinar con los gobiernos locales y con la comisión mundial de
patrimonio. Este convenio no cuenta con conferencias de las partes
por lo que espacios de coordinación nacional son fundamentales. Por
lo tanto se recomienda:
• Promover una estrategia nacional de patrimonio que
incorpore lo cultural (tanto lo intangible como lo tan-
gible) y lo natural, con metas claras, objetivos y res-
ponsables.
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• Crear una comisión interinstitucional por país que ar-
ticule cultura, ambiente y educación para que se cen-
tralice el monitoreo de los sitios patrimonio y se con-
centren los inventarios y posibles nominaciones.
• Generar las listas de sitios de forma más participativa,
acorde a las metas e intereses nacionales y en forma
conjunta con los distintos puntos focales.
• Generar un sistema de monitoreo para evaluar cons-
tantemente el estado de conservación de los sitios de
patrimonio. Los inventarios deben ser elaborados de
forma participativa por lo que se deberían incluir ONG
y las comunidades que viven en los sitios.
• Es necesario dotar a los entes ejecutadores de recursos,
infraestructura y de equipos técnicos especializados.
• Gestionar sistemáticamente fondos y promover la ge-
neración de alianzas estratégicas.
• Mejorar el seguimiento a las candidaturas y al estado
de los sitios declarados es determinante.
• Incentivar de forma conjunta la denominación serial
de las áreas marinas protegidas de Costa Rica, Pana-
má y Colombia.
• Mejorar coordinación binacional en cuanto a los sitios
de Patrimonio Internacional.
4. Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS)
La CPPS aporta un marco legal acorde con los intereses del Corredor
ya que coincide en cobertura geográfica e insta a la coordinación
entre Estados.
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La participación a esta comisión es desigual ya que Costa Rica no
forma parte. Panamá tiene una condición de observadora y suscribió
el Plan de Acción y solo Ecuador y Colombia la han suscrito y parti-
cipan plenamente de sus espacios de discusión.
Ante esto dos de las primeras recomendaciones son:
1. Que Costa Rica evalúe la posibilidad de solicitar la participa-
ción como observadora de la convención y adopte el Plan de
Acción como actualmente lo tiene Panamá.
2. Que Panamá evalúe el Protocolo del Pacífico Sudeste y que la
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) se involucre como
punto focal.
Como recomendaciones generales se plantea:
• Mejorar la coordinación entre instituciones y buscar los recur-
sos necesarios para implementar las acciones propuestas por
el Protocolo.
• Generar conocimientos científicos y estadísticas pesqueras
(especies, cantidades, etc.) en los cuatro países, con el fin de
realizar un diagnóstico del estado de las especies.
• Mejorar la planeación entre instituciones y en coordinación
con los demás países.
• Panamá recomienda coordinar acciones con Costa Rica al
momento de adoptar medidas y posiciones, por lo que deben
revisar el marco legal de los dos países.
• Temas clave para Costa Rica y Panamá: tortugas y tiburones.
• Es necesario realizar campañas periódicas y sistematizar la
información generada.
• Es necesario identificar que otros convenios tienen relación
directa con la CPPS, recomiendan incorporar en las discusio-
40
nes a la Convención Interamericana del Atún Tropical (CIAT),
al Convenio de Protección de las Tortugas Marinas, RAMSAR,
la Convención Ballenera Internacional, la Convención de Gi-
nebra sobre Altamar, Basilea, Estocolmo y Rotterdam. Así
como el Convenio Interamericano de Tortugas Marinas.
• Ecuador debe definir posición en cuanto a CMAR.
c. Conclusiones y recomendaciones generales:
El proceso de investigación desprendió resultados generales en cuan-
to a la carencia de referencias en los convenios sobre las áreas mari-
nas y sus particularidades. Se hace evidente la falta de acciones y de
legislación dirigidas específicamente a ellas, por lo que es necesario a
nivel nacional generar los marcos jurídicos precisos para su protección
y la regulación de las actividades pesqueras, acuícolas y de turismo
tan comunes en los países pertenecientes a la iniciativa del Corredor.
Es importante rescatar que los puntos focales no deben ser selec-
cionados por decisiones meramente políticas, sino que deben contar
con los conocimientos necesarios y específicos del puesto, por lo
que se recomienda normar los términos de referencia de estos pues-
tos y conformar equipos más integrales.
En términos generales uno de los principales hallazgos de esta inves-
tigación es que el ser punto focal de un Convenio es por lo general un
recargo de un funcionario que está a cargo de muchos otros temas, por
ello se recomienda en general tanto para los cuatro países como para
mejorar la implementación de los convenios seleccionados constituir un
departamento u oficina específico de Convenios Internacionales dentro
de las autoridades de ambiente donde el personal esté dedicado única
41
y exclusivamente al seguimiento y aplicación de los Convenios ambien-
tales para asegurar de esta forma la sinergía entre las distintas conven-
ciones y que las posiciones de país sean acordes y unívocas.
Este departamento técnico multidisciplinario de forma permanente
sería el encargado de concentrar la información adecuada a los con-
venios, así como de recuperar los informes país presentados a nivel
internacional y las memorias de las discusiones que se dan en las
conferencias de las partes, además de elaborar para cada convenio
un portafolio de antecedentes y participaciones con posiciones de
país en cada CoP para que indistintamente del funcionario público
que esté a cargo se pueda asegurar la transmisión del conocimiento
y la línea de posición política del país. Para esto recomiendan elabo-
rar un protocolo que asegure el correcto traslado de la información
entre los funcionarios para así recuperar la memoria histórica.
Este departamento deberá contar con recursos asignados previa-
mente desde el presupuesto de la República, ya que como se ha po-
dido constatar a lo largo de esta investigación, los recursos financie-
ros determinan o no la viabilidad de una iniciativa y esto pasa por la
voluntad política de los mismos gobiernos. Además este contenido
presupuestario aseguraría la participación en las CoP y reuniones de
grupos de trabajo respectivos cuando se requiera.
Importante resulta dentro de esta coordinación interinstitucional la
constante coordinación con la Dirección General de Política exterior
con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y en especial con
la persona engargada de Tratados Internacionales y de temas am-
bientales que usualmente son dos funcionarios distintos. Esta coor-
dinación debe trasladarse al proceso de preparación de la posición
país previo a cada reunión de las partes.
42
Es necesario generar procesos de sistematización de las experien-
cias, así como de sensibilización y divulgación, sobre todo con las
comunidades que conviven con las áreas marinas protegidas y con
los mismos funcionarios de los ministerios que desconocen muchas
veces los convenios, las instancias existentes y los procedimientos.
Para la mayoría de los convenios es necesario presupuestar nacio-
nalmente y gestionar fondos para poder aplicar las acciones con las
que los Estados se comprometieron, para esto recomiendan incenti-
var la generación de alianzas de cooperación y mejorar la captación
de recursos, reinvirtiendo el dinero recuperado por las multas, los
impuestos y el pago de la entrada a los Parques Nacionales en las
mismas áreas protegidas. Esto debería permitir llenar el faltante de
personal y dotar a las áreas protegidas de la infraestructura y de los
implementos necesarios para funcionar y para investigar. El Estado
debe comprometer recursos para cumplir con el mínimo necesario
en cada convenio.
Es necesario incentivar y fortalecer la investigación marina, ya que
esta es una las principales debilidades de los convenios y de los paí-
ses estudiados. La generación de información marina es un requisito
indispensable para la existencia de un Corredor Marino, solo la exis-
tencia de información marina oportuna puede mejorar los procesos
de toma de decisión en las convenciones y de los mismos gobiernos
alrededor de CMAR.
La capacitación y la socialización se tornan fundamentales para que
por un lado los funcionarios hagan el mejor uso posible de los con-
venios y para que las comunidades se conviertan en aliadas en los
procesos de conservación y vigilancia.
43
La participación de las comunidades en las actividades y en los pro-
cesos de toma de decisión es notable por lo que se convierte en un
reto que puede garantizar la legitimidad de los convenios y del que-
hacer del Estado. Se requiere por lo tanto involucrar a los gobiernos
locales, las asociaciones de desarrollo y a los sectores más importan-
tes de la zona (turismo, pesca, transporte, etc.).
La falta de conocimiento científico actualizada de las áreas en cues-
tión está presente con sus variantes en cada uno de los países y en
cada uno de los convenios. Se torna necesario actualizar los listados,
elaborar diagnósticos sobre la biodiversidad existente en las áreas
protegidas que forman parte del Corredor. Esto con el fin de cono-
cer, cuáles son endémicas, cuáles migran, cuáles están amenazadas
y cuáles no. Es necesario actualizar las listas (CITES y CMS), incorpo-
rar categorías de manejo estrictamente marinas, homologar listados
y establecer herramientas de evaluación y monitoreo que permitan
medir el impacto de la aplicación de los convenios.
En cuanto a la iniciativa del Corredor Marino de Conservación del
Pacífico Este Tropical, los convenios analizados aportan importantes
insumos en dos líneas:
1. En cuanto a marco jurídico;
a. Dotan a la iniciativa del Corredor de un conjunto de compro-
misos previos firmados por los Estados que pueden motivar
el trabajo cooperativo entre Estados.
b. Los convenios firmados por los cuatro países dan de esta
forma un marco legal homogéneo que en teoría le asigna a
los Estados los mismos compromisos, pero que en la prácti-
ca su ejecución ha sido diferente y se encuentra inconclusa.
44
c. Proveen de avances en cuanto a listados de especies (CDB y
CITES), categorías de manejo (Patrimonio), acciones de con-
trol, sanción y vigilancia (CITES) y responsabilidades de con-
servación por parte de los Estados (CDB, CITES, CMS y Pa-
trimonio) como lo es la investigación constante, la búsqueda
de fondos, la generación de institucionalidad (Comisiones,
Áreas Protegidas, etc.), la coordinación interinstitucional, la
generación de conocimiento científico, el monitoreo cons-
tante, etc.
d. Aportan además importantes insumos para el trabajo trans-
fronterizo y promueven la instauración de mecanismos de
coordinación y diálogo que pueden potenciar acuerdos en-
tre los Estados, además sancionan el tomar medidas que
puedan lesionar al Estado vecino.
e. Es importante acotar que no todos los países han suscrito
todas las convenciones estudiadas por lo que hay un trabajo
pendiente de incidencia para promover que todos las firmen,
pero también que todos tomen las medidas necesarias para
ejecutarlas efectivamente y cada vez más coordinadamente
con los Estados vecinos.
2. En cuanto a lecciones aprendidas:
a. Una de las principales conclusiones del diagnóstico elabora-
do es que los Estados a pesar de expresar su compromiso al
suscribir un Convenio, carecen de las capacidades financie-
ras y técnicas necesarias para la ejecución de los convenios.
La falta de presupuesto, de infraestructura, de personal y
equipo especializado, así como el no poder innovar ni hacer
uso de tecnologías y la carencia de compromiso político son
las limitantes más importantes que impiden la coordinación
45
interinstitucional, la planificación real, la asignación presu-
puestaria, la generación de capacidades y el fortalecimiento
de los sistemas de áreas protegidas.
b. Las lecciones aprendidas de los convenios suscritos permi-
ten acotar que sin recursos y organigramas claros que asig-
nen responsabilidades y competencias no es posible ejecu-
tar un convenio. Por lo que los compromisos que pueden
ser suscritos con la iniciativa del Corredor deben ir acompa-
ñados de la asignación de recursos necesarios que permita
conformar equipos por país que le den seguimiento a la apli-
cación y cumplimiento.
c. El control y la vigilancia en los puestos fronterizos, las adua-
nas y en los mares territoriales requieren de personal capa-
citado y de infraestructura (barcos, armas, tecnologías, etc.)
sin esto no es viable emprender este tipo de acciones.
d. Para una verdadera aplicación de convenios que incorporan
a varios países, es necesario involucrar a los gobiernos loca-
les y motivar así la descentralización de la aplicación de los
convenios, sólo así estos pueden ser efectivos en las áreas
protegidas.
C. Bibliografía
Cajiao, Maria Virginia (et al), Manual de Legislación Ambiental para los países del Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical, Fundación Marviva, San José, Costa Rica, 2006.
Texto convenios:
• Convenio para la protección de patrimonio natural y cultural
de la UNESCO, 1972.
46
• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), 1973.
• Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), 1992.
• Convención sobre la Conservación de Especies Animales Sil-
vestres (CMS), 1979.
• Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas
Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste (CPPS)
para el caso de Ecuador, Colombia y Panamá, 1981.
• Declaración de San José, 2004.
D. Entrevistas RealizadasConvenios Internacionales y ambiente:
D. Entrevistas realizadas: Costa Rica
CMS/C
Convenio Responsable Institución
ITES José Joaquín Calvo Domingo
Ministerio del Ambiente y Energía. Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC),Punto Focal.
Patrimonio Natural
Gustavo Induni Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. SINAC, Punto Focal.
Patrimonio Cultural
Sandra Quirós Directora del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Programa: Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. Punto Focal.
CDB Lesbia Sevilla Estrada
Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE). Coordinadora de Cooperación y Proyectos SINAC.
Cancillería Linyi Baidal
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Encargada de Medio Ambiente. Departamento de Política Exterior.
Patrimonio Cultural
Francisco Corrales Punto Focal Patrimonio exDirector del Museo Nacional. Abogada de
AIDA Gladys Martínez AIDA Experta en Convenios Internacionales en
Materia Ambiental. Ecuador
CDB Antonio Matamoros Ministerio del Ambiente, Subsecretaría de Patrimonio Natural, Dirección Nacional de Biodiversidad.
CITES Patricia Galiano Ministerio del Ambiente, Subsecretaría de Patrimonio Natural, Dirección Nacional de Biodiversidad.
CMS Gabriela Montoya Ministerio del Ambiente, Subsecretaría de Patrimonio Natural, Dirección Nacional de Biodiversidad.
UNESCO Evelyn Zapata Ministerio del Ambiente, Subsecretaría de Planificación Ambiental.
s
CPPS Jorge Pérez Ministerio de Relaciones Exteriores / Ministerio deDefensa, Dirección General de Intereses Marítimo(DIGEIM).
Convenio Responsable Institución
Colombia
CPPS Capitán del Navío Julian Augusto Reyna Moreno
Comisión Colombiana del Océano (CCO) Secretaría Ejecutiva.
CDB/ CITES Ximena Sanclemente
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Dirección Ecosistemas.
UNESCO María Claudia López
Ministerio de Cultura. Directora de Patrimonio.
Convenio Responsable Institución
Costa Rica
47
Convenios Internacionales y ambiente:
D. Entrevistas realizadas: Costa Rica
CMS/C
Convenio Responsable Institución
ITES José Joaquín Calvo Domingo
Ministerio del Ambiente y Energía. Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC),Punto Focal.
Patrimonio Natural
Gustavo Induni Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. SINAC, Punto Focal.
Patrimonio Cultural
Sandra Quirós Directora del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Programa: Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. Punto Focal.
CDB Lesbia Sevilla Estrada
Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE). Coordinadora de Cooperación y Proyectos SINAC.
Cancillería Linyi Baidal
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Encargada de Medio Ambiente. Departamento de Política Exterior.
Patrimonio Cultural
Francisco Corrales Punto Focal Patrimonio exDirector del Museo Nacional. Abogada de
AIDA Gladys Martínez AIDA Experta en Convenios Internacionales en
Materia Ambiental. Ecuador
CDB Antonio Matamoros Ministerio del Ambiente, Subsecretaría de Patrimonio Natural, Dirección Nacional de Biodiversidad.
CITES Patricia Galiano Ministerio del Ambiente, Subsecretaría de Patrimonio Natural, Dirección Nacional de Biodiversidad.
CMS Gabriela Montoya Ministerio del Ambiente, Subsecretaría de Patrimonio Natural, Dirección Nacional de Biodiversidad.
UNESCO Evelyn Zapata Ministerio del Ambiente, Subsecretaría de Planificación Ambiental.
s
CPPS Jorge Pérez Ministerio de Relaciones Exteriores / Ministerio deDefensa, Dirección General de Intereses Marítimo(DIGEIM).
Convenio Responsable Institución
Colombia
CPPS Capitán del Navío Julian Augusto Reyna Moreno
Comisión Colombiana del Océano (CCO) Secretaría Ejecutiva.
CDB/ CITES Ximena Sanclemente
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Dirección Ecosistemas.
UNESCO María Claudia López
Ministerio de Cultura. Directora de Patrimonio.
Convenio Responsable Institución
Ecuador
Convenios Internacionales y ambiente:
D. Entrevistas realizadas: Costa Rica
CMS/C
Convenio Responsable Institución
ITES José Joaquín Calvo Domingo
Ministerio del Ambiente y Energía. Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC),Punto Focal.
Patrimonio Natural
Gustavo Induni Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. SINAC, Punto Focal.
Patrimonio Cultural
Sandra Quirós Directora del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Programa: Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. Punto Focal.
CDB Lesbia Sevilla Estrada
Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE). Coordinadora de Cooperación y Proyectos SINAC.
Cancillería Linyi Baidal
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Encargada de Medio Ambiente. Departamento de Política Exterior.
Patrimonio Cultural
Francisco Corrales Punto Focal Patrimonio exDirector del Museo Nacional. Abogada de
AIDA Gladys Martínez AIDA Experta en Convenios Internacionales en
Materia Ambiental. Ecuador
CDB Antonio Matamoros Ministerio del Ambiente, Subsecretaría de Patrimonio Natural, Dirección Nacional de Biodiversidad.
CITES Patricia Galiano Ministerio del Ambiente, Subsecretaría de Patrimonio Natural, Dirección Nacional de Biodiversidad.
CMS Gabriela Montoya Ministerio del Ambiente, Subsecretaría de Patrimonio Natural, Dirección Nacional de Biodiversidad.
UNESCO Evelyn Zapata Ministerio del Ambiente, Subsecretaría de Planificación Ambiental.
s
CPPS Jorge Pérez Ministerio de Relaciones Exteriores / Ministerio deDefensa, Dirección General de Intereses Marítimo(DIGEIM).
Convenio Responsable Institución
Colombia
CPPS Capitán del Navío Julian Augusto Reyna Moreno
Comisión Colombiana del Océano (CCO) Secretaría Ejecutiva.
CDB/ CITES Ximena Sanclemente
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Dirección Ecosistemas.
UNESCO María Claudia López
Ministerio de Cultura. Directora de Patrimonio.
Convenio Responsable Institución
Colombia
Recomendaciones para una mRecomendaciones para una mejor aplicación de los convenios ejor aplicación de los convenios seleccionados en los países de la iniciativa delseleccionados en los países de la iniciativa del Corredor Corredor del del Pacífico Este Pacífico Este
TropicalTropical
2
Panamá
CITES/CMS
Ibelice Añino Jefa del Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Unidad de Acceso a Recursos Genéticos (UNARGEN), Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
CMS
Darío Luque Técnico del Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Unidad de Acceso a Recursos Genéticos (UNARGEN), Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
UNESCO
Bedsy González, Marta Moreno e Israel Tejada
Técnicos de la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
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Panamá
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100
Recomendaciones para una mejor aplicación de los convenios seleccionados en los países de la iniciativa del Corredor
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Anexo 5: fotografías de los talleres celebrados en cada país durante marzo del 2009
101
Recomendaciones para una mejor aplicación de los convenios seleccionados en los países de la iniciativa del Corredor
del Pacífico Este Tropical 49
Anexo 5: fotografías de los talleres celebrados en cada país durante marzo del 2009
102
MarViva es una organización regional, no gubernamental y sin fines de lucro, que trabaja para la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos y costeros mediante la protección y apoyo a la ges-tión de las Áreas Marinas Protegidas (AMPs).
Desde su creación en el año 2002, MarViva se destaca como la orga-nización de la sociedad civil que lidera el cambio en los enfoques de conservación y uso sostenible de los recursos marinos y costeros de Costa Rica, Panamá y Colombia.
Con una sólida base científica y logística, las acciones de MarViva para la protección y conservación del medio ambiente marino pre-tenden alcanzar tres objetivos fundamentales:
1. Promover la creación y ampliación de áreas marinas protegidas en el Pacífico Este Tropical, desde una perspectiva de ecosiste-mas funcionales.
2. Impulsar el uso sostenible de los recursos marinos y costeros, mediante campañas de comunicación, la promoción de prácticas de pesca sustentables y el desarrollo de alternativas económicas para las comunidades costeras.
3. Colaborar con los gobiernos de la región en la protección y ges-tión de las AMPs, a través del control, la vigilancia y la creación o modificación de normativa y políticas públicas ambientales.
MarViva desarrolla su estrategia a través de cuatro programas cla-ve: Control y Vigilancia, Incidencia Política, Ciencia y Comunidades y Comunicación.
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