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1. El Tribunal Constitucional, con relación al derecho a la tutela judicial efectiva proclamado en
el artículo 24.1 de la Constitución española, ha ido perfilando qué debe entenderse por tutela
efectiva de Jueces y Tribunales. Dentro de tal doctrina, uno de los siguientes no puede
considerarse como motivo de indefensión:
a) El incumplimiento de las normas reguladoras de los actos de comunicación procesal.
b) La incongruencia procesal.
c) La atribución indebida de un asunto a una jurisdicción especial.
d) La imposibilidad de acceso al proceso y a los recursos.
2. Con respecto al estado de excepción previsto en el artículo 55.1 de la Constitución
española, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) La declaración del estado de excepción y su finalización corresponde siempre al Congreso de los
Diputados.
b) La declaración del estado de excepción corresponde al Congreso de los Diputados y su prórroga y
finalización anticipada al Gobierno.
c) La declaración del estado de excepción corresponde al Gobierno, debiendo autorizar su prórroga,
en caso necesario, el Congreso de los Diputados.
d) La declaración del estado de excepción corresponde al Gobierno, previa autorización del Congreso
de los Diputados, que también debe autorizar, en su caso, su finalización anticipada.
3. ¿Podría ser suspendido el disfrute de una licencia por enfermedad de las contempladas en
el artículo 69 del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado por un órgano
administrativo distinto al que la concedió?
a) Sí, pero se requiere informe, preceptivo y vinculante, del órgano administrativo que la concedió.
b) No, sólo podría revocaría el órgano que la concedió.
c) Sí, por causas justificadas.
d) Sí, pero sólo en el supuesto en que exista un informe médico que ampare la decisión.
4. En el procedimiento que finalmente culmina con la publicación del Real Decreto 1449/2.000,
de 28 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
del Interior, tienen intervención diferentes titulares de Departamentos ministeriales a nivel de
iniciativa, conformidad y propuesta; indique cuáles:
a) Interior, Hacienda y Administraciones Públicas.
b) Interior, Economía y Presidencia.
c) Interior, Hacienda y Presidencia.
d) Interior, Defensa y Administraciones Públicas.
5. El Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en su artículo
123, establece que a los efectos de elaboración de los proyectos, se clasificarán las obras,
según su objeto y naturaleza, en determinados grupos. Uno de los siguientes no está
contemplado en el precepto indicado:
a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación.
b) Obras de prospección y corrección del impacto medioambiental.
c) Obras de conservación y mantenimiento.
d) Obras de demolición.
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6. La Constitución española de 1978 garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos en:
a) El Capítulo 1 del Título 1.
b) El artículo 10, correspondiente al Título 1.
c) El Título Preliminar.
d) El Preámbulo.
7. Solo una de las siguientes funciones está contemplada y atribuida como tal a la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en el Real Decreto 1449/2.000, de 28 de julio, por el que
se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior:
a) La administración y gestión del personal que preste servicios en los centros y servicios
dependientes de la Dirección General.
b) Diseñar, impulsar, coordinar, evaluar y efectuar el seguimiento de programas de prevención de las
drogodependencias y de asistencia y reinserción de los drogodependientes.
c) La vigilancia e investigación de las conductas de los funcionarios, contrarias a la ética profesional.
d) La aprobación de los planes y programas de infraestructuras y material en el ámbito de la
seguridad.
8. En materia de retribuciones de funcionarios públicos, ¿qué órgano administrativo debe
considerarse competente para efectuar una deducción proporcional de retribuciones a un
funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias destinado en un
Establecimiento Penitenciario cuando existe diferencia, en cómputo mensual, entre la jornada
reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada?
a) El Ministro del Interior.
b) El Subdirector General de Personal de Instituciones Penitenciarias.
c) El Subsecretario del Departamento.
d) El Administrador-Habilitado del Centro Penitenciario.
9. Una de las siguientes no puede considerarse que constituya una nota característica del
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación española,
proclamado en el artículo 2 de la Constitución española:
a) La voluntariedad de su ejercicio.
b) La discrecionalidad en su otorgamiento.
c) La igualdad en su contenido.
d) La progresividad en su integración.
10. Los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en situación de
incapacidad temporal por accidente de trabajo, sin hijos a su cargo, desde el cuarto mes de
licencia, percibirán los siguientes derechos económicos:
a) Los previstos en el artículo 69 del texto articulado de la ley de Funcionarios Civiles del Estado.
b) El ochenta por ciento de las retribuciones básicas y complementarias.
c) Las retribuciones complementarias totales y el 75% retribuciones básicas devengadas en el primer
mes de licencia.
d) Las retribuciones básicas y un subsidio por incapacidad temporal cuya cuantía debe ser
determinada en cada caso.
11. El artículo 61.2 del Texto refundido de la Ley General Presupuestaria, establece que podrán
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adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquél
en que se autorice siempre que se encuentren en alguno de los casos que en el propio
precepto se enumeran. Uno de los siguientes no está contemplado entre éstos:
a) Cargas financieras de las Deudas del Estado y de sus Organismos autónomos.
b) Inversiones y transferencias de capital.
c) Pasivos financieros.
d) Transferencias corrientes derivadas de normas con rango de Ley.
12. Para que un funcionario público pueda participar, por tiempo no superior a seis meses, en
programas o misiones de cooperación internacional al servicio de organizaciones
internacionales, entidades o Gobiernos extranjeros en los que conste el interés de la
Administración:
a) Deberá ser declarado en situación de servicios especiales.
b) Deberá acordarse su comisión de servicios.
c) Se le deberá declarar, previa solicitud del interesado, en excedencia voluntaria por servicios en el
sector público.
d) No puede participar de ningún modo en ese tipo de programas o misiones si el periodo no es
superior a seis meses.
13. En los contratos administrativos de obras, ¿el proyecto deberá incluir siempre un estudio
geotécnico de los terrenos sobre los que la obra se va a ejecutar?
a) Si, en todo caso.
b) Sólo en los contratos de primer establecimiento, reforma o gran reparación.
c) Si, salvo que resulte incompatible con la naturaleza de la obra.
d) Sólo en los contratos de concesión de obra pública.
14. El procedimiento de habeas corpus, recogido en el artículo 17.4 de la Constitución
española de 1978:
a) Trata de proteger la inviolabilidad del domicilio como derecho fundamental.
b) Regula la forma en que puede practicarse una detención por particulares.
c) Produce la inmediata puesta de disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.
d) Establece mecanismos para señalar el plazo máximo de duración de las penas privativas de
libertad.
15. Con relación a los documentos contables del Presupuesto de Gastos, para el registro de
los acuerdos de no disponibilidad se utilizará:
a) El Documento RC DC ejercicio corriente.
b) El Documento específico RC-102.
c) El Documento RC de ejercicios posteriores.
d) El Documento O.
16. Es un deber del voluntario, según el artículo 7 de la Ley 6/1996, de 15 de enero:
a) Guardar, en todo momento, confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo
de su actividad voluntaria.
b) Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo
de su actividad voluntaria.
c) Rechazar ser reembolsado por los gastos realizados en el desempeño de sus actividades.
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d) Realizar otras actividades distintas a los compromisos adquiridos con la organización en la que se
integre, siempre que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos marcados.
17. Según lo determinado en su Exposición de Motivos, el objeto de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, se circunscribe a modificar los aspectos más problemáticos de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la opinión de la doctrina y de los aplicadores del derecho.
Señale cuál de los siguientes aspectos no ha sido objeto de reforma:
a) La regulación del silencio administrativo.
b) La incorporación de medios técnicos.
c) La responsabilidad patrimonial.
d) La regulación de la suspensión del acto administrativo.
18. Los plazos establecidos en el Texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas se entenderán:
a) Que son de días hábiles, si no se indica otra cosa.
b) No existen previsiones específicas sobre el cómputo de plazos.
c) Que son de días naturales, si no se indica otra cosa.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
19. El plazo de rendición de cuentas para las cantidades libradas con el carácter de "pagos de
justificar" será de:
a) De un mes y, excepcionalmente, de tres meses, sin posibilidad de ampliación.
b) De tres meses, con ciertas excepciones en las que se admite la rendición en seis meses sin otra
posibilidad de ampliación.
c) De tres meses, con ciertas excepciones en las que se admite la rendición en nueve meses, si bien
estos plazos podrán ser excepcionalmente ampliados a seis y dieciocho meses .
d) De tres meses, con ciertas excepciones en las que se admite la rendición en seis meses, si bien
estos plazos podrán ser excepcionalmente ampliados a seis y doce meses.
20. Si el Director de un Establecimiento Penitenciario, sin más trámite, nombra a un
funcionario del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias como Subdirector de Régimen
del mismo Establecimiento, estaríamos hablando de un acto administrativo:
a) Anulable, porque se ha incurrido en una infracción del ordenamiento jurídico.
b) Que, no obstante su obvia anulabilidad, puede ser convalidado por el órgano competente para el
nombramiento de puestos de libre designación.
c) Nulo de pleno derecho.
d) Anulable, porque se ha incurrido en desviación de poder.
21. Los trabajadores de Instituciones Penitenciarías incluidos en el ámbito de aplicación del
Convenio Único para el personal laboral de la Administración del Estado, no tendrán derecho a
la suspensión del contrato con reserva del puesto de trabajo y cómputo del tiempo a efectos
de antigüedad en uno de los siguientes supuestos:
a) Por el cumplimiento de la prestación social.
b) Por el tiempo de privación de libertad, mientras no exista sentencia condenatoria firme.
c) Por nombramiento para alto cargo de un Ayuntamiento.
d) Por estudios en el extranjero por tiempo no superior a tres meses.
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22. En las comisiones de servicios de carácter forzoso que implican cambio de residencia del
funcionario, el cese y la toma de posesión deberán producirse en el plazo de:
a) Tres días desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios.
b) Un mes desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios.
c) Treinta días desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios.
d) Quince días desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios.
23. Dentro de la estructura retributiva de los funcionarios, el complemento de productividad
está destinado a retribuir, entre otras circunstancias, sólo una de las siguientes:
a) El especial rendimiento.
b) La incompatibilidad.
c) Las condiciones particulares de dedicación.
d) La realización de servicios extraordinarios.
24. Con relación a la Constitución española de 1978, indique cual de las siguientes
afirmaciones es falsa:
a) El Capítulo I del Título I trata "De los españoles y los extranjeros".
b) El Capítulo III del Título VIII trata "De las Comunidades Autónomas".
c) El Capítulo IV del Título III trata "De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales".
d) El Capítulo II del Título III trata "De la elaboración de las leyes".
25. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 42.4, establece como obligación de
aquéllas informar a los interesados del plazo máximo normativamente establecido para la
resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el
silencio administrativo, incluyendo dicha mención en la notificación o publicación del acuerdo
de iniciación de oficio o en comunicación que se les dirigirá al efecto dentro:
a) De los quince días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente
para resolver.
b) De los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para
resolver.
c) De los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente
para resolver.
d) Del plazo más breve posible.
26. Sólo una de las siguientes funciones corresponde al Consejo de Ministros:
a) Establecer el programa político del Gobierno, determinar las directrices de la política interior y
exterior y velar por su cumplimiento.
b) Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional.
c) Refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia de su competencia.
d) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios.
27. El Tratado que instituye la Comunidad Económica Europea fue firmado por:
a) Francia, Alemania. Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Italia e Inglaterra en Bruselas el 8 de abril de
1965.
b) Francia, Alemania Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Inglaterra en París el 18 de abril de 1951.
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c) Francia, Alemania, Italia, Bélgica y Luxemburgo en Roma el 25 de marzo de 1957.
d) Los mismos países que habían firmado el Tratado constitutivo de la CECA.
28. No está incluido en el ámbito de aplicación de Convenio Colectivo Unico para el personal
laboral de la Administración del Estado, una de las siguientes categorías laborales que prestan
servicio en la Administración Penitenciaria:
a) Técnico Especialista en Jardín de Infancia.
b) Peón Especialista.
c) Farmacéutico.
d) Fisioterapeuta.
29. No podrán presentar quejas al Defensor del Pueblo:
a) Los internos penados en los Establecimientos Penitenciarios en asuntos que sean competencia del
Juez de Vigilancia Penitenciaria.
b) Los internos extranjeros pendientes de expulsión.
c) Las autoridades administrativas en asuntos de su competencia.
d) Los funcionarios de carrera de las Administraciones autonómicas.
30. Conforme al Real Decreto 1449/2.000, de 28 de julio, por el que se modifica y desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, de la Secretaria de Estado de Seguridad
dependerán los siguientes órganos directivos:
a) Dirección General de la Policía, Dirección General de la Guardia Civil, Dirección General de
Instituciones Penitenciarias y Dirección General de Administración de la Seguridad.
b) Dirección General de la Policía, Dirección General de la Guardia Civil y Dirección General de
Instituciones Penitenciarias.
c) Dirección General de la Policía, Dirección General de la Guardia Civil, Dirección General de la
Administración de la Seguridad y la Subsecretaria de Interior.
d) Dirección General de la Policía, Dirección General de la Guardia Civil y Dirección General de
Infraestructuras y Material de la Seguridad.
31. Los conflictos que surjan entre los voluntarios y las organizaciones. a las que pertenezcan
en el ejercicio de las actividades propias del voluntariado se dirimirán:
a) Siempre por el órgano de la jurisdicción social que resulte competente, de acuerdo con el
procedimiento especial establecido en la legislación laboral.
b) Siempre en un acto de conciliación, sin ulterior trámite.
c) Por la jurisdicción competente, de conformidad con lo establecido por las normas procesales.
d) No están previstas normas para la resolución de conflictos entre los voluntarios y las
organizaciones en que se integran.
32. Con relación a la incorporación de medios técnicos, según lo establecido en el artículo 45.4
de la ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, los programas y aplicaciones electrónicos,
informáticos y telemáticos que vayan a ser utilizados por las Administraciones Públicas para
el ejercicio de sus potestades:
a) Pueden ser empleados sin más.
b) No pueden ser aplicados si no está previsto expresamente en la regulación concreta del
procedimiento en que vayan a ser empleados.
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c) Habrán de ser previamente aprobados por el órgano competente, quien deberá difundir
públicamente sus características.
d) Deben ser previamente homologados por la Unión Europea.
33. Con relación a los actos administrativos, se hace referencia a la "transmisibilidad" cuando:
a) La nulidad o anulabilidad de un acto no implica que produzca los efectos de otro distinto siempre
que contenga los elementos constitutivos de éste.
b) La nulidad o anulabilidad de un acto no implica la de los sucesivos en el procedimiento que sean
independientes de aquél.
c) Se produce la convalidación del acto.
d) Se conservan aquéllos actos y trámites del procedimiento cuyo contenido se hubiese mantenido
igual de no haberse cometido la infracción.
34. En el procedimiento de contratación administrativa, los expedientes de contratación
podrán ser en cuanto a su tramitación:
a) Ordinarios o urgentes.
b) Ordinarios, preferentes o urgentes.
c) Ordinarios, urgentes y de emergencia.
d) Ordinarios y de emergencia.
35. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 124 de la Constitución, uno de los
siguientes no constituye un principio básico en el ejercicio de las funciones del Ministerio
Fiscal:
a) Dependencia jerárquica.
b) Discrecionalidad en el ejercicio de la función.
c) Unidad de actuación.
d) Imparcialidad.
36. Las convocatorias de los concursos para la provisión de puestos de trabajo en la
Administración general del Estado las autorizará:
a) La Secretaría de Estado para la Administración Pública.
b) El Ministerio al que estén adscritos los puestos a cubrir
c) La Subsecretaría del Departamento ministerial al que estén adscritos los puestos a cubrir.
d) La Subdirección General u Órgano encargado de la gestión de personal de la Dirección General al
que estén adscritos los puestos a cubrir.
37. Cuando se incoe un expediente disciplinario a un funcionario que ostente la condición de
Delegado sindical, Delegado de personal o cargo electivo a nivel provincial, autonómico o
estatal en las Organizaciones Sindicales más representativas, deberá notificarse dicha
incoación a la correspondiente Sección Sindical, Junta de Personal o Central Sindical:
a) En todo caso, a fin de que asuman formalmente la defensa del funcionario.
b) En todo caso, a fin de que gestionen la baja provisional como Delegado sindical, Delegado de
personal o cargo electivo.
c) En todo caso, a fin de que puedan ser oídos durante la tramitación del procedimiento.
d) Sólo si el funcionario lo solicita expresamente al Instructor del expediente.
38. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 120.1 de la Constitución, las actuaciones
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judiciales, ¿deben ser públicas?:
a) Siempre, en todo caso y circunstancia.
b) Deben serlo, con las excepciones previstas en las leyes de procedimiento.
c) Nunca.
d) No, excepcionalmente sólo serán públicas cuando lo autorice el Presidente del Tribunal o el Juez
correspondiente.
39. Conforme a lo establecido en el Texto refundido de la Ley General Presupuestaria y con
relación a los Organismos cuyas operaciones son preponderantemente de carácter comercial,
industrial, financiero o análogo, el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, sin
perjuicio de los ajustes necesarios cuando las operaciones a realizar por el Organismo
autónomo estén vinculadas a un ciclo productivo distinto, que no podrá ser superior a:
a) Dieciocho meses.
b) Veinticuatro meses.
c) Doce meses.
d) Nueve meses.
40. El actual Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración
del Estado fue aprobado por:
a) Real Decreto 30/1986, de 2 de agosto.
b) Real Decreto 861/1986, de 25 de abril.
c) Real Decreto 33/1986, de l0 de enero.
d) Real Decreto 97/1986, de 10 de enero.
41. Las sanciones impuestas a funcionarios públicos por la comisión de una falta muy grave
prescribirán a:
a) A los tres años de adquirir firmeza la resolución por la que se impuso la sanción o desde que se
quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiera comenzado.
b) A los dos años de adquirir firmeza la resolución por la que se impuso la sanción o desde que se
quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiera comenzado.
c) A los cuatro años de adquirir firmeza la resolución por la que se impuso la sanción por la que se
impuso la sanción o desde que se quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiera comenzado.
d) A los seis años de adquirir firmeza la resolución por la que se impuso la sanción o desde que se
quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiera comenzado.
42. El Fiscal General del Estado es nombrado:
a) Por el Presidente del Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, oído el Consejo General del
Poder Judicial.
b) A propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
c) Por el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Gobierno, oído el
informe de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados.
d) A propuesta del Presidente del Gobierno, oído el Consejo Fiscal.
43. La facultad de proveer todos los puestos de libre designación en el ámbito de la Dirección
General de Instituciones penitenciarias, corresponde:
a) Al Subsecretario del Ministerio del Interior.
b) Al Director General de Instituciones Penitenciarias.
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c) Al Ministro del Interior.
d) A la Subdirección General de Personal e Inspección del Ministerio del Interior
44. Sólo uno de los siguientes se encuentra entre los requisitos que deben reunir las
actividades del voluntariado. Indíquelo:
a) Que, además de solidarias, se lleven a cabo sin recibir contraprestación económica de ningún tipo
por los gastos que el desempeño de la actividad voluntaria ocasione.
b) Que tengan su causa en una obligación personal o deber jurídico.
c) Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin perjuicio del derecho al reembolso de los
gastos que el desempeño de la actividad voluntaria ocasione.
d) Que se traten de actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas o prestadas al margen de
organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, ejecutadas por razones familiares, de amistad
o buena vecindad.
45. Con respecto a la eficacia de los actos administrativos, según lo dispuesto en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el órgano a quien competa resolver el recurso interpuesto contra un acto
administrativo podrá suspender a solicitud del recurrente la ejecución del acto impugnado
cuando concurran determinadas circunstancias. El silencio administrativo sobre tal solicitud,
¿cuándo se producirá?, ¿qué efecto tendrá?:
a) Transcurrido un mes desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente y tendrá
efecto positivo o favorable.
b) Transcurridos treinta días desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente y
tendrá efecto negativo o desfavorable.
c) Transcurrido un mes desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente y tendrá
efecto negativo o desfavorable.
d) Transcurridos treinta días desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente y
tendrá efecto positivo o favorable.
46. Con relación al artículo 2 de la Constitución española, uno de los siguientes no es un
principio fundamental establecido en el mismo:
a) La unidad de la nación española.
b) El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.
c) La diferenciación entre regiones.
d) La solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones.
47. Cuál de las siguiente acciones realizadas por los funcionarios en el ejercicio de sus cargos
se considera falta grave:
a) El abandono de servicio.
b) La falta de asistencia injustificada de un día
c) La tercera falta injustificada de asistencia en un periodo de tres meses, cuando las dos anteriores
hubieren sido objeto de sanción por falta leve.
d) La tercera falta injustificada de asistencia en un periodo de tres meses, siempre que entre las tres
faltas se haya acumulado un incumplimiento de jornada de 10 horas.
48. ¿Cuántas reformas ha sufrido la Constitución española de 1978 desde su entrada en vigor
de conformidad con lo establecido en el artículo 167 del propio texto?:
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a) Ninguna en base al artículo indicado pero una de conformidad con lo establecido en el artículo 168.
b) Tres.
c) Una.
d) Dos.
49. Según el artículo 36.1 del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1.995, de 10 de
marzo, los puestos de trabajo adscritos a funcionarios se proveerán de acuerdo con los
siguientes procedimientos:
a) Concurso, oposición y libre designación.
b) Concurso, oposición y concurso-oposición libre.
c) Concurso y adscripción provisional.
d) Concurso y libre designación.
50. Según el vigente Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, los Planes de Empleo
se aprobarán por:
a) El Ministerio de Economía y Hacienda, oída la Dirección General de la Función Pública
b) El Ministerio u Organismo afectado o, conjuntamente, por los Ministerios para las Administraciones
Públicas y Economía y Hacienda.
c) El Ministerio de Economía y Hacienda, con informe favorable del Secretario de Estado para la
Administración Pública, previa negociación con las Organizaciones Sindicales en los términos
establecidos en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de representación, determinación de las
condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones públicas.
d) El Secretario de Estado para la Administración Pública con informe favorable del Ministerio de
Economía y Hacienda, previa negociación con las Organizaciones Sindicales en los términos
establecidos en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de representación, determinación de las
condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones públicas.
51. Dentro del Titulo XIX del Código Penal, dedicado a los Delitos contra la Administración
Pública, el tráfico de influencias:
a) Está contemplado en el Capítulo-VI.
b) No está contemplado en el Título indicado, sino en el posterior que trata de los Delitos contra la
Administración de Justicia.
c) Ha dejado de estar penado recientemente.
d) Está contemplado en el Capítulo-IV.
52. En el desarrollo histórico de la pena privativa de libertad los nombres de Walter Crofton y
Alexander Maconochie están vinculados al sistema de cumplimiento de la pena privativa de
libertad denominado:
a) Sistema filadélfico.
b) Sistema de Elmira.
c) Sistema progresivo.
d) Sistema de individualización científica.
53. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de
una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal
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comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria,
hostil o humillante, comete un delito de:
a) Coacción sexual.
b) Abuso sexual.
c) Agresión sexual.
d) Acoso sexual.
54. Según el artículo 406 del Código Penal, a la persona que acepte la propuesta,
nombramiento o toma de posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a
cualquier persona sabiendo que carece de los requisitos legales exigibles, se le impondrá una
pena de:
a) Multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a
dos años.
b) Inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.
c) Multa de tres a ocho meses.
d) Suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años y multa de ocho
meses a tres años.
55. La pena contemplada para un funcionario de Instituciones Penitenciarias por la comisión
de un delito de tortura respecto de detenidos, internos o presos que se encuentren bajo su
custodia es la siguiente:
a) Prisión de dos a cuatro años si el atentado no fuera grave e inhabilitación absoluta de ocho a doce
años.
b) Prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave e inhabilitación absoluta de ocho a doce años.
c) Prisión de uno a tres años si el atentado fuera grave e inhabilitación absoluta de ocho a doce años.
d) Prisión de dos a seis años si el atentado no fuera grave e inhabilitación absoluta de ocho a doce
años.
56. Los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro,
induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno, cometen delito de:
a) Defraudación.
b) Extorsión.
c) Estafa.
d) Apropiación indebida.
57. A la autoridad o funcionario público que abandonare su destino con el propósito de
impedir y perseguir cualquiera de los delitos comprendidos en los Títulos XXI, XXII, XXIII y
XXIV del Código Penal:
a) Se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de
uno a tres años.
b) Se la castigará con la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta para empleo o
cargo público por tiempo de seis a dieciocho meses.
c) No se le puede imponer pena alguna.
d) Se le impondrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a
tres años y multa de ocho a doce meses.
58. Contra las resoluciones de los jueces de instrucción podrán ejercitarse los recursos de:
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a) Súplica y queja.
b) Reforma y queja.
c) Casación, reforma y apelación.
d) Reforma, apelación y queja.
59. El denominado Procedimiento Abreviado se aplicará al enjuiciamiento de los delitos
castigados con pena privativa de libertad no superior a:
a) 6 años.
b) 9 años.
c) 6 años y 1 día.
d) 4 años, 2 meses y 1 día.
60. Dentro del desarrollo histórico de la pena privativa de libertad encontramos, como sistema
de cumplimiento de las penas privativas de libertad, el denominado auburniano (1821); una de
los siguientes no es una característica del mismo:
a) Aislamiento nocturno.
b) Regla del silencio.
c) Sentencia indeterminada.
d) Trabajo en común durante el día.
61. Independientemente del delito cometido por el sujeto activo, autoridad o funcionario, la
información obtenida bajo tortura, ¿surtirá efecto como prueba de la comisión de un delito de
asesinato del que, a su vez, se acusa como autor al sujeto pasivo?.
a) Sí, al tratarse de un delito grave contra las personas.
b) No, de ningún modo.
c) Depende de lo que decida, en la libre valoración de la prueba, el Juez o Tribunal, ya que nada dice
al respecto el ordenamiento jurídico.
d) Con los elementos de juicio ofrecidos en la pregunta no puede darse una respuesta terminante.
62. La ley penal es retroactiva:
a) En todos los casos.
b) En ningún caso.
c) Cuando favorezca al reo salvo que al entrar en vigor hubiere recaído sentencia firme y el sujeto
estuviese cumpliendo condena.
d) Siempre que favorezca al reo.
63. El Juez competente para conocer del recurso de reforma es:
a) El juez que hubiere dictado la resolución impugnada.
b) El juez que fije el juzgado decano, que es siempre ante quien se interponen este tipo de recursos.
c) El Tribunal Superior competente.
d) El recurso de reforma es un recurso administrativo y, en consecuencia, no lo conoce ningún juez,
sino la autoridad administrativa competente.
64. De las siguientes afirmaciones sólo una es verdadera, señale cual:
a) Los delitos de agresión sexual pueden cometerse en comisión por omisión, sólo cuando lo prevea
expresamente la ley.
b) Nunca pueden cometerse los delitos de agresión sexual por comisión por omisión porque faltaría el
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concepto mismo de acción.
c) Si existe una persona garante, los delitos de agresión sexual pueden cometerse por comisión por
omisión.
d) En los delitos de agresión sexual siempre es necesaria la presencia de dolo.
65. En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo (artículo 71 de la Constitución española), contra las sentencias de ésta,
¿podrá interponerse recurso de casación?:
a) Sí, excepcionalmente, pues se trata de una sentencia dictada en única instancia.
b) No, únicamente puede interponerse recurso de apelación.
c) No, puesto que no procede respecto de las sentencias pronunciadas por el Tribunal Supremo.
d) Si, toda vez que, cuando se ha llegado a esta fase del proceso, ya se ha obtenido autorización
ante el Congreso o el Senado, según se trate de un diputado o un senador.
66. El Título XVIII del Código Penal vigente lleva la siguiente rúbrica:
a) De los delitos contra la seguridad colectiva.
b) De los delitos contra la Administración Pública.
c) De los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
d) De las falsedades.
67. En el artículo 255 del Código Penal, la pena contemplada para el delito de defraudación es
la siguiente:
a) Prisión de seis meses a dos años.
b) Multa de seis a doce meses.
c) Multa de tres a doce meses.
d) Prisión de seis meses a cuatro años.
68. A tenor de lo establecido en el artículo 17 del Código Penal, cuando dos o mas personas se
conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo estamos ante:
a) La proposición para delinquir.
b) La provocación para delinquir.
c) Actos preparatorios para la ejecución del delito, punibles en todo caso.
d) La conspiración para delinquir.
69. La persona que al tiempo de cometer el delito se encuentra en estado de intoxicación plena
como consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas:
a) Se encuentra exento de responsabilidad criminal siempre.
b) Se encuentra exento de responsabilidad criminal siempre que hubiere buscado esa situación para
cometer el delito.
c) Será responsable criminal de su acción siempre que hubiere buscado esa situación para cometer
la infracción penal.
d) Será responsable criminal de su acción siempre que no hubiere buscado esa situación para
cometer la infracción penal.
70. Según la teoría del carácter secundario del Derecho Penal:
a) Esta rama del Derecho no es autónoma con respecto al Derecho Administrativo.
b) Al mismo sólo le corresponde una función valorativa.
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c) Esta rama del Derecho no es autónoma con respecto al Derecho Procesal.
d) Al mismo sólo le corresponde una función sancionadora.
71. El principio de no entrega del nacional forma parte de las limitaciones a la extradición:
a) Por razón del principio de territorialidad.
b) Por razón de la índole de los delitos.
c) Por razón de las penas.
d) Por razón de la índole del delincuente.
72. Será Tribunal competente para conocer del recurso de apelación, contra un auto de un
Juez de Instrucción:
a) La Sala Segunda del Tribunal Supremo.
b) El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se encuentre el
Juzgado que dictó la resolución recurrida.
c) El tribunal a quién correspondiere el conocimiento de la causa en juicio oral.
d) El Tribunal que designe la Sala de Gobierno de la Audiencia Provincial donde se encuentra
ubicado el Juzgado.
73. Según lo establecido en el artículo 410.1 del Código penal, al funcionario público que se
negase abiertamente a dar el debido cumplimiento a una orden de la autoridad superior
porque, desde su particular punto de vista, piensa que constituye una infracción manifiesta,
clara y terminante de una resolución judicial:
a) No se le podría imponer pena alguna porque no incurre en responsabilidad criminal, según lo
establecido en el artículo 410.2 del Código Penal.
b) Se le impondría la pena de multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para
empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
c) Se le impondría la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
d) Se le impondría la pena de multa de tres a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo
o cargo público por tiempo de uno a tres años.
74. Por su naturaleza las penas se clasifican en:
a) Graves, menos graves y leves.
b) Muy graves, graves y leves.
c) Graves y menos graves.
d) Muy graves, graves, menos graves y leves.
75. El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir
un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, comete un delito
de:
a) Extorsión.
b) Robo con violencia o intimidación.
c) Usurpación.
d) Hurto con violencia.
76. El tiempo máximo de cumplimiento efectivo de la pena de prisión en el actual Código Penal
es de :
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a) 15 años.
b) 30 años.
c) 25 años.
d) 20 años.
77. El sistema progresivo diseñado por el Coronel Montesinos en el presidio correccional de
San Agustín de Valencia se dividía en tres períodos: de hierros, de trabajo y
a) de libertad intermediaria.
b) de libertad condicional.
c) de libertad restringida.
d) de circulación libre.
78. En los supuestos de violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional, cometidos a través de actos jurídicos o simple vía de hecho por las
autoridades o funcionarios, una vez agotada la vía judicial procedente, ¿quiénes están
legitimados para interponer el recurso de amparo constitucional?:
a) Únicamente el Defensor del Pueblo.
b) Los que hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, el Defensor del Pueblo y el
Ministerio fiscal.
c) De oficio por los Jueces o Tribunales que hayan dictado las resoluciones procedentes, una vez
agotada la vía judicial, siempre que las partes o el Ministerio Fiscal, lo soliciten.
d) La persona o personas afectadas, previo dictamen favorable del Defensor del Pueblo.
79. La pena prevista para el delito de homicidio es de:
a) Prisión de quince a veinte años.
b) Prisión de diez a quince años.
c) Prisión de cinco a diez años.
d) Prisión de diez a veinte años.
80. El denominado "principio de celeridad" en los procedimientos ante los jueces y tribunales
se recoge en el:
a) Artículo 120.2 de la Constitución.
b) Artículo 120.3 de la Constitución.
c) Articulo 24.2 de la Constitución.
d) Artículo 17.2 de la Constitución.
81. El sobreseimiento, acordado en un procedimiento penal, puede ser:
a) Total o parcial y libre.
b) Libre o provisional y parcial.
c) Total o provisional.
d) Libertad o provisional, total o parcial.
82. Una vez recaída sentencia definitiva y recurrida ésta, el límite máximo de la prisión
provisional se prolongará:
a) Hasta el límite de la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida.
b) En ningún caso se prolongará la situación de prisión provisional más allá de dos años desde que
se dicte sentencia, sea cual fuere la cuantía de la pena impuesta.
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c) No se establecen nuevos límites por el hecho de haber recurrido sentencia definitiva, ya que
prevalece el principio de presunción de inocencia, por lo que habrá de estarse a la cuantía de la pena
que corresponda al presunto delito.
d) En ningún caso podrán superarse los cuatro años.
83. En el Código Penal vigente una de las siguientes no es circunstancia que cualifique el
asesinato:
a) Alevosía.
b) Precio, recompensa o promesa.
c) Premeditación conocida.
d) Ensañamiento.
84. Una de las siguientes competencias no aparece atribuida a la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo, ¿cuál es?.
a) Conocer de los recursos de casación y revisión.
b) Conocer de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno.
c) Del enjuiciamiento de los delitos contra el titular de la Corona.
d) De la instrucción y enjuiciamiento de causas contra los Magistrados de la Audiencia Nacional.
85. En el delito de detención ilegal cometido por particulares, el consentimiento prestado con
anterioridad o simultaneidad al encierro o detención, excluye:
a) La acción.
b) La tipicidad.
c) La antijuricidad.
d) La punibilidad.
86. Un interno que extinga una condena inferior a 10 años de privación de libertad, en condena
impuesta conforme al Código Penal de 1973, ¿podrá ejercer el derecho de sufragio activo en
un eventual proceso electoral con carácter nacional que se lleve a cabo durante el tiempo de
cumplimiento de la condena?.
a) No, toda vez que conforme al Código Penal por el que aparece condenado, la pena impuesta
conlleva la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio activo y pasivo.
b) No, los penados internados en Centros Penitenciarios no pueden votar en elecciones, ni
presentarse a candidatos.
c) Sí, los internos conforme el artículo 3.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria podrán ejercer su
derecho al sufragio en todos los casos.
d) Sí, toda vez que al haber desaparecido en el Código Penal vigente (1995) la pena accesoria de
inhabilitación para el derecho de sufragio activo habría que aplicar la ley más favorable, y en
consecuencia, tendría derecho a votar.
87. Una persona se dirige por escrito al responsable de un Centro Penitenciario, y, después de
identificarse convenientemente, requiere de éste que le suministre, por la misma vía,
información sobre la ubicación de un interno en el Centro Penitenciario que dirige, los datos
de filiación del mismo, el número de causa, el juzgado y el motivo del ingreso, y ello sin aclarar
en qué funda su pretensión, ¿debe el responsable del Centro facilitar estos datos al
requeriente?
a) Sí, pues el requirente se identifica correctamente, y en tanto que administrado tiene derecho a
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obtener la información que solicita.
b) Sí, pero sólo los datos de filiación.
c) No, uno de los derechos que tienen los internos es que su condición sea reservada frente a
terceros.
d) No, porque los internos a estos efectos no dependen de la Administración Penitenciaria, ingresan
por mandamiento judicial, y, en consecuencia, esta persona debería dirigirse para obtener esa
información a la Administración de Justicia.
88. Un interno que extingue condena conforme a los preceptos del Código Penal actual (1995)
y que, en consecuencia, no redime pena por el trabajo ¿tiene obligación de limpiar, si es
requerido para ello por los Funcionarios, el comedor del Departamento donde se encuentra?.
a) No, puesto que no redime.
b) Sí, siempre que a cambio de ello obtenga alguna recompensa.
c) No, sólo tiene obligación de limpiar su celda.
d) Sí, tiene que colaborar obligatoriamente en las tareas de limpieza del Establecimiento, establecidas
al efecto por la Administración Penitenciaria.
89. ¿Qué artículo o artículos prevén la obligatoriedad por parte de la Administración de
informar por escrito a los internos de sus derechos y obligaciones?
a) El 49 de la ley Orgánica General Penitenciaria y 52 del Reglamento Penitenciario vigente.
b) Ninguno, puesto que se trata de una norma de funcionamiento interno regulada por Instrucción del
Director General de Instituciones Penitenciarias.
c) El 3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
d) El 4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el 4 del Reglamento Penitenciario vigente.
90. Dentro de la evolución histórica de la legislación penitenciaria en España, una de las
siguientes normas ha sido considerada por la doctrina como la primera ley penitenciaria
española:
a) El Reglamento General de los Presidios peninsulares de 1807.
b) La Ordenanza General de los Presidios civiles del Reino de 1834.
c) El Real Decreto de 3 de junio de 1901.
d) La Ordenanza de los Presidios navales de 20 de mayo de 1804.
91. Según el Reglamento Penitenciario, la desinfección de las instalaciones de los
Establecimientos penitenciarios se realizará:
a) Cada tres meses.
b) Cuando determine el servicio sanitario del centro penitenciario.
c) Cuando lo establezcan los servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de pertenencia.
d) Cada dos meses.
92. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dispone de una base de datos de
todos los internos ingresados en los diferentes Establecimientos de ella dependientes. La
recogida, tratamiento automatizado y cesión de los datos en ella obrantes se efectúa de
acuerdo con la normativa vigente sobre la materia. ¿Puede el responsable de la base de datos
facilitar información obtenida de la misma, sobre las convicciones religiosas de un interno a
su letrado defensor?.
a) No, en ningún caso, estos datos no pueden ser cedidos o difundidos por tratarse de datos
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especialmente protegidos.
b) Sí, si el letrado presenta poder general de representación otorgado por el recluso.
c) Si, si el letrado presenta poder especial y bastante donde conste expresamente el consentimiento
del interno para que éste pueda tener acceso de estos datos.
d) Sí, sin más requisitos que acreditar fehacientemente que es su letrado defensor.
93. El Dr. Federico Olóriz Aguilera, creador del sistema dactiloscópico español, dividió los
dactilogramas en cuatro tipos fundamentales; como base de su sistema tomó la clasificación
establecida por el argentino Juan Vucetich. El tipo dextrodelto del sistema español, ¿a qué
tipo corresponde del sistema argentino de Vucetich?:
a) Arco.
b) Presilla interna.
c) Presilla externa.
d) Verticilo.
94. Los internos pueden solicitar de la Administración Penitenciaria la rectificación de sus
datos de carácter personal contenidos en los ficheros informáticos penitenciarios que resulten
inexactos o incompletos ¿cuál es el plazo máximo para que la Administración informe al
interno de la rectificación efectuada?.
a) Tres meses.
b) No existe plazo establecido.
c) A los diez días de recibirse la solicitud.
d) Dos meses.
95. Los internos pueden solicitar a su costa servicios médicos privados de profesionales
ajenos a Instituciones Penitenciarias, ¿quién aprueba esta solicitud y cuáles pueden ser las
razones que limiten el ejercicio de este derecho?.
a) Autoriza el Director del Centro, y no puede ser limitada, salvo resolución judicial.
b) El Centro Directivo es el que autoriza, y puede ser limitado por razones de seguridad.
c) El Director autoriza previo informe de los Servicios Médicos, que será el que fije o no la
conveniencia de la misma y limitar de la autorización desde el punto de vista médico-sanitario.
d) Sólo las puede autorizar el Centro Directivo, y el límite al ejercicio de este derecho vendrá
establecido por la posibilidad de atender al interno a través de los Servicios Sanitarios Públicos.
96. Según dispone el artículo 3 del Convenio europeo de traslados de personas condenadas
(publicado en el Boletín Oficial del Estado de 10 de junio de 1985), únicamente será posible la
transferencia de reclusos si se cumplen ciertas condiciones. Una de las siguientes no es una
condición de las indicadas en el convenio, señálela:
a) El condenado deberá ser nacional del Estado de cumplimiento.
b) La duración de la condena deberá ser de, al menos, un año de prisión.
c) La sentencia deberá ser firme.
d) Los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena deberán constituir una infracción penal
con arreglo a la ley del Estado de cumplimiento o la constituirían si se cometieran en su territorio.
97. Por regla general, según dispone el artículo 6. 2 del Convenio europeo de traslado de
personas condenadas (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 10 de junio de 1985), en
caso de solicitar un traslado, el Estado de condena deberá facilitar al Estado de cumplimiento
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sólo uno de los siguientes documentos:
a) Documento que contenga la decisión por escrito de aceptar o denegar el traslado.
b) Documento que contenga una declaración sobre el procedimiento de cumplimiento de la condena.
c) Documento que indique la condena ya cumplida.
d) Documento que certifique la nacionalidad del condenado.
98. Un interno que llega de conducción a un Establecimiento Penitenciario, procedente de
otro, en el que estaba participando en una actividad programada de cría de canarios, al ser
registrado en el Departamento de ingresos se le encuentra un canario, ¿se le permitirá a éste
tener en su celda al pájaro?.
a) No, por razones higiénicas no se permite la presencia de animales en las celdas.
b) Sí, toda vez que el animal no crearía problemas de índole higiénico, y, es habitual que los internos
en primavera tengan consigo pájaros.
c) No, toda vez que no se tienen garantías de que el pájaro sea del interno, habiendo podido ser
sustraído de entre los canarios de la actividad programada en la que participaba en el otro Centro
Penitenciario.
d) No, por razones de defensa y protección de los animales.
99. Para facilitar el cese de las medidas restrictivas a los internos que tienen aplicadas las
limitaciones regimentales contempladas en el artículo 75.2 del Reglamento Penitenciario, el
punto 3º del mismo artículo establece que debe solicitarse del Centro Directivo, mediante
acuerdo motivado, el traslado del recluso a otro Centro penitenciario de similares
características. Tratándose de un interno que se encuentra ingresado a disposición de dos
autoridades judiciales, en calidad de preso, en ambos casos ¿qué órgano de la Administración
debe interesar el traslado, y a quién debe comunicarse la realización del mismo?.
a) El Director, en tanto que autoridad que acuerda la aplicación del régimen del artículo 75, dando
cuenta a las autoridades judiciales de quién depende.
b) La Junta de Tratamiento que, según el artículo 31 del Reglamento Penitenciario, es la encargada
de formular las propuestas de traslado, siendo indiferente que se trate de penados o preventivos y
que estén a disposición de una o más autoridades judiciales.
c) El Consejo de Dirección, dando cuenta al Juez de Vigilancia del acuerdo de traslado, al ser este el
encargado de salvaguardar los derechos de los internos.
d) El Consejo de Dirección, dando cuenta del traslado a las autoridades judiciales a cuya disposición
se encuentra el interno.
100. La Resolución de 3 de febrero de 1998 de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias dispone, a la vista del Fallo de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo (Sentencia de 18 de octubre de 1.997) la nulidad del
artículo 213.4 del Reglamento Penitenciario, ¿a qué se refería este artículo?
a) A la responsabilidad de la custodia de cierto tipo de medicamentos.
b) A la responsabilidad de la custodia de internos ingresados en hospitales públicos.
c) Al régimen y modo de visitas de los enfermos infectocontagiosos.
d) A las investigaciones médicas con internos.
101. En el supuesto de un ingreso en un Centro penitenciario mediante orden de detención
procedente de la Policía Judicial, en la misma deberán constar expresamente los siguientes
extremos:
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a) Datos identificativos del detenido, delito imputado, que se halla a disposición judicial, hora y día de
vencimiento del plazo máximo de detención.
b) Delito imputado y que se halla a disposición judicial.
c) Los antecedentes delictivos y fecha de comisión de los hechos.
d) Que se haya a disposición judicial y hora y día de vencimiento del plazo máximo de detención.
102. Las finalidades perseguidas con las denominadas actividades del régimen en los
Establecimientos Penitenciarios son:
a) El logro de una convivencia ordenada y pacífica.
b) La retención y custodia de los reclusos.
c) La retención y custodia de los reclusos y la consecución de una convivencia ordenada y pacífica
que permita alcanzar el ambiente adecuado para la ejecución de los programas de tratamiento e
intervención.
d) Las actividades regimentales se orientan preferentemente a actividades dirigidas a garantizar la
retención v custodia de los internos y se coordinan con las actividades de tratamiento.
103. La estancia de preventivos o penados en el Departamento de ingresos será:
a) La necesaria hasta su traslado a otro Departamento.
b) Como máximo, 72 horas.
c) Como máximo, cinco días y solo podrá prolongarse por motivos de orden sanitario o para preservar
su seguridad.
d) Como máximo, cinco días y no podrá prolongarse en ningún caso.
104. Previa solicitud del interesado, se concederán visitas de convivencia a los internos con
su cónyuge o persona ligada por semejante relación de afectividad e hijos que no superen:
a) Los once años de edad.
b) Los doce años de edad.
c) No figura el requisito de la edad.
d) Los diez años de edad.
105. La separación interior de la población reclusa, conforme a los criterios establecidos en el
artículo 16 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, de los internos con asignación de
régimen ordinario, se ajustará a:
a) A las necesidades o exigencias del tratamiento y los programas de intervención que se hayan
establecido.
b) A las condiciones generales del Centro o a las necesidades de tratamiento y los programas de
intervención diseñados.
c) A las condiciones generales del Centro, al número de internos que albergue y la dotación de
profesionales penitenciarios.
d) A los principios de seguridad, orden y disciplina.
106. Un penado que se encuentra clasificado en segundo grado de tratamiento y disfruta
habitualmente de permisos de salida ordinarios, es requerido por una autoridad judicial al
Director del Centro Penitenciario donde se encuentra ingresado, para que asista como testigo
en un juicio oral. La sede del Tribunal se encuentra en diferente provincia, por lo que el
responsable del Establecimiento solicita del Centro Directivo el traslado del interno. ¿Podría el
penado, a la vista de las circunstancias apuntadas, ser autorizado para desplazarse a la sede
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judicial por medios propios y sin custodia policial?.
a) En modo alguno, para garantizar su presencia en el juicio y que este no tenga que suspenderse, la
Administración Penitenciaria lo trasladará al Centro Penitenciario adecuado, y desde este será
excarcelado a la sede judicial.
b) No, esta posibilidad sólo se contempla en los supuestos de penados clasificados en tercer grado.
c) Sí, previas autorizaciones del Juzgado o Tribunal requirente y del Centro Directivo.
d) Sí, siempre que durante la fecha del juicio se encuentre disfrutando de un permiso de salida
ordinaria previamente aprobado por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
107. El respeto a la alimentación, los ritos y días de fiesta de una determinada confesión
religiosa podrá verse limitado, de acuerdo con el artículo 230 del Reglamento Penitenciario,
por:
a) El espacio físico disponible.
b) Las necesidades productivas urgentes.
c) La disponibilidad presupuestaria.
d) La representatividad de creyentes dentro de la población del centro penitenciario.
108. Un concejal se dirige por escrito al responsable de un Establecimiento Penitenciario
solicitando visitar a un interno vecino de su pueblo, con el que no le unen lazos familiares. Si
se presentara sin más al día siguiente en el Departamento de Comunicaciones del Centro, ¿se
le permitiría la comunicación solicitada?.
a) No, la comunicación la debería haber solicitado el interno, y, al tratarse de una persona que no es
familiar, previamente debe ser autorizado por el Director.
b) No, debería haber solicitado la comunicación al Centro Directivo puesto que se trata de un cargo
electo.
c) Sí, siempre que acredite su condición de cargo electo (concejal) y que solicitó la comunicación del
Director.
d) Si, se le autorizará una comunicación con carácter extraordinario.
109. Un interno perteneciente a una banda o grupo terrorista solicita del Director que le
autorice una comunicación con un letrado que no es su abogado defensor. Este letrado se
presenta en el Establecimiento Penitenciario correspondiente portando un documento que lo
acredita como abogado en ejercicio y un volante de su colegio donde consta que ha sido
designado como letrado de oficio en un recurso de apelación que se sigue ante la Audiencia
Provincial, ¿se le debería autorizar a comunicar con el interno?.
a) No, tratándose de internos pertenecientes a bandas armadas, deberá presentar un volante de la
autoridad judicial que conozca de las correspondientes causas.
b) No, pues no presenta autorización de la autoridad judicial correspondiente, si el interno fuera un
preventivo o del Juez de Vigilancia, si se tratase de un penado.
c) Sí, en los locutorios especiales para letrados y procuradores, con sujeción a las normas generales.
d) No, toda vez que no es su abogado defensor, ni acredita con el volante del Colegio que ha sido
expresamente llamado por el interno o sus familiares.
110. La realización de los recuentos ordinarios se fijan a lo largo de la jornada regimental en
horario aprobado por el Consejo de Dirección. ¿Quién ordena la ejecución de los llamados
recuentos extraordinarios?.
a) El Jefe de Servicios, dando cuenta al Director.
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b) El Funcionario encargado del Departamento donde este se lleva a cabo, dando cuenta al Jefe de
Servicios.
c) El Director, a propuesta del Jefe de Servicios, teniendo en cuenta la situación del Centro y el
comportamiento de los reclusos.
d) El Jefe de Servicios, previa comunicación del mismo a las Fuerzas de Seguridad encargadas de la
vigilancia exterior, pues estos recuentos, como su nombre indica, están previstos para evitar
evasiones.
111. En situaciones especificas, mediando motivos de seguridad, existiendo razones
contrastadas de que un interno oculta en su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia
susceptible de causar daño a la salud o integridad física o alterar la normal convivencia, podrá
efectuarse cacheo con desnudo integral, ¿quién autoriza la realización del mismo?
a) El Director, previa solicitud del Jefe de Servicios y dando cuenta al Juez de Vigilancia.
b) El Director, valorando convenientemente la existencia de las circunstancias apuntadas, con
asesoramiento del Subdirector de Seguridad.
c) El Subdirector de Seguridad, como responsable directo de mantenimiento de la seguridad y la
normal convivencia en el interior del Centro.
d) El Jefe de Servicios.
112. Según establece el artículo 246 del Reglamento Penitenciario, se entenderá caducado el
procedimiento disciplinario, excepción hecha del procedimiento para faltas leves, cuando:
a) No se adopte resolución en un plazo máximo de dos meses desde la iniciación del procedimiento
disciplinario.
b) No se practiquen las pruebas propuestas en los tres días siguientes a la presentación de
alegaciones por el interno.
c) Haya transcurrido un año para las faltas muy graves, seis meses para las graves y un mes para las
leves.
d) No se adopte resolución en los treinta días siguientes transcurridos tres meses desde la iniciación
del procedimiento disciplinario.
113. Según establece el Reglamento Penitenciario, las sanciones impuestas a internos en
procedimientos disciplinarios prescribirán:
a) Las impuestas por faltas muy graves a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas
leves al año.
b) Las impuestas por faltas muy graves a los seis años, por graves a los dos años y por leves al mes.
c) Cuando el interno abandone el Centro Penitenciario para ser trasladado a otro por razones
judiciales.
d) Las impuestas por faltas muy graves a los seis meses, por faltas graves a los tres meses y las
impuestas por faltas leves al mes.
114. Las normas relativas a la gestión económico-administrativa de los Centros Penitenciarios,
contenidas en el Título XII del Reglamento Penitenciario, serán aplicables con carácter
supletorio en:
a) Las Comunidades Autónomas que tienen competencia exclusiva en materia penitenciaria.
b) En todo el Estado, pues la competencia es del Ministerio de Hacienda.
c) Únicamente en las Comunidades Autónomas no peninsulares y en Ceuta y Melilla.
d) En las Comunidades Autónomas con competencias en ejecución de la legislación penitenciaria
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estatal.
115. El Servicio de Economato en un Centro Penitenciario no podrá ser gestionado por:
a) La Administración Penitenciaria.
b) El Organismo Autónomo Trabajos y Prestaciones Penitenciarias.
c) Empresas externas por contrato administrativo de servicio.
d) Por una comisión de internos.
116. La comprobación del estado sanitario de los artículos suministrados en el racionado de
los internos, corresponde a:
a) A un ayudante técnico sanitario, con capacitación especial.
b) A una comisión formada por un médico y un ayudante técnico sanitario.
c) A un médico del Establecimiento.
d) A personal sanitario extrapenitenciario dependiente del Departamento correspondiente de la
Comunidad Autónoma donde se encuentre ubicado el Establecimiento.
117. Las normas de organización y funcionamiento de los Establecimientos de régimen abierto
serán:
a) Elaborados por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Consejo de Dirección.
b) Elaborados por la Comisión Disciplinaria y aprobadas por el Consejo de Dirección.
c) Elaboradas por el Consejo de Dirección y aprobadas por el Centro Directivo.
d) Elaboradas por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Centro Directivo.
118. Como norma general ¿qué horario indica el Reglamento Penitenciario vigente respecto a
las salidas fin de semana para internos en régimen abierto?
a) Como máximo, desde las 16 horas del viernes hasta las 8 horas del lunes.
b) No indica nada el Reglamento Penitenciario al respecto, ya que es el Centro Directivo, mediante
Resolución, quien debe regular el horario de las salidas.
c) Como máximo desde las 10 horas del sábado hasta las 8 horas del lunes.
d) Como máximo desde las 18 horas del viernes hasta las 18 horas del domingo.
119. Los medios coercitivos contemplados en el artículo 72.1 del Reglamento Penitenciario a
los efectos del artículo 45.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, ¿podrán ser aplicados a
un interno que se encuentra ingresado en la Enfermería del Centro, convaleciente de una
enfermedad grave?.
a) Sí, si de la actuación de éste pudiera derivarse un inminente peligro para su integridad o para la de
otras personas.
b) Sí, siempre que se den las circunstancias previstas en el artículo 45.1 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria, previa autorización del médico en todos los casos.
c) No, está expresamente prohibido en el párrafo 2º del artículo 72 del Reglamento Penitenciario.
d) No, habría que buscar otros medios diferentes, con asesoramiento de los servicios médicos.
120. Durante el disfrute de un permiso de salida, un interno penado clasificado en tercer grado
es detenido por la comisión de un presunto delito ingresando, más tarde, preso a disposición
de un Juzgado de Instrucción, en el Centro Penitenciario donde se encontraba cumpliendo
condena, ¿Cuál será el tipo de régimen que se le aplicará en el Centro?.
a) Continuará en régimen de semilibertad, pues debe prevalecer el principio constitucional de
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presunción de inocencia.
b) Se le asignará, con carácter provisional y hasta tanto sea aprobado por el Centro Directivo, el
régimen cerrado, pues al cometer un nuevo delito ha denotado una manifiesta inadaptación al
régimen común.
c) Se pedirá al Tribunal Sentenciador que deje en suspenso la ejecución de la pena, por lo que será
considerado preventivo a todos los efectos, aplicándosele un régimen donde prime el principio de
presunción de inocencia.
d) Se le asignará el régimen ordinario.
121. La impresión producida por las yemas de los dedos cuando se ponen en contacto con
una superficie lisa o pulimentada, es un dactilograma:
a) Natural.
b) Latente.
c) Artificial.
d) Digital.
122. Los dactilogramas y cualesquiera otros dibujos formados por las crestas papilares que
aparece en las yemas de los dedos de las manos no se modifican a lo largo de la vida del
sujeto, ¿qué nombre recibe esta cualidad?
a) Perennabilidad.
b) Inmutabilidad.
c) Diversidad.
d) Durabilidad.
123. A un interno penado, clasificado en 2º grado, ¿podrá el Director aplicarle las limitaciones
regimentales previstas en el artículo 75 del Reglamento Penitenciario, cuando aprecie una
evolución muy negativa en relación a la conducta de éste, que se manifieste en la comisión
reiterada y sostenida en el tiempo de faltas muy graves?.
a) No, tratándose de un penado clasificado en 2º grado, lo que procedería es proponer la regresión al
Centro Directivo.
b) No, las circunstancias del artículo 75 del Reglamento Penitenciario sólo están previstas para
salvaguardar la vida o integridad física del recluso.
c) Si, mediante acuerdo motivado para garantizar la seguridad y el orden del Establecimiento, dando
cuenta al Juez de Vigilancia.
d) No, ante lo gravoso de la limitación, sólo cabe solicitar traslado a otro Establecimiento.
124. La actividad penitenciaría en régimen abierto tiene por objeto, conforme establece el
articulo 83 del Reglamento Penitenciario.
a) Potenciar las capacidades de inserción social positiva de los penados clasificados en tercer grado.
b) La atenuación de las medidas de control dentro y fuera del Establecimiento.
c) Facilitar su participación plena en la vida familiar, social y laboral, a través de la normalización
social e integración.
d) Ayudar y orientar a los internos para utilizar los servicios de organización e instituciones para
conseguir su integración social.
125. Un interno clasificado en primer grado de tratamiento, es trasladado a otro
Establecimiento Penitenciario, dotado de dependencias para garantizar una adecuada
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clasificación interior de los internos. Es ubicado, a pesar de su clasificación, en un
Departamento destinado a albergar internos en régimen de vida ordinario, donde se le asigna,
por no quedar celdas libres, una celda que compartirá con otro interno. Conforme a la
normativa vigente, ¿serían correctas estas actuaciones?.
a) Sí, la ley permite cuando hay insuficiencia de alojamientos recurrir a dependencias colectivas.
b) Sí, si los profesionales que lo visitan y entrevistan en el Departamento de Ingresos, formulan
propuestas de inclusión en un grupo de internos en régimen ordinario, el destino es correcto.
c) No, debería haber sido destinado a un Departamento de régimen cerrado y debería habérsele
asignado una celda individual.
d) No, es correcto que pueda ser ubicado en un Departamento destinado a albergar internos con
asignación de régimen de vida ordinaria, pero debería ocupar celda individual.
126. El Consejo de Administración del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias deberá reunirse, como mínimo,
a) Una vez al semestre.
b) Una vez al año.
c) Tres veces al año.
d) Dos veces al año.
127. La relación laboral penitenciaria está incluida entre las relaciones laborales de carácter
especial, en virtud de lo dispuesto en:
a) La Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.
b) El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del
Estatuto de los Trabajadores.
c) El Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
d) El Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1.201/1981, de 8 de mayo.
128. Las infracciones y sanciones laborales de los trabajadores penitenciarios encuadrados en
la relación laboral especial penitenciaria se regirán por lo dispuesto en:
a) El Titulo X del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
b) Los artículos 108 a 111 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1.201/1981.
c) El artículo 58 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en lo que resulte
aplicable a dicha relación laboral especial.
d) El Real Decreto 326/1995, por el que se regula el Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias.
129. Los sujetos de la relación laboral especial penitenciaria son:
a) El Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano autonómico competente,
de un lado, y el empresario exterior que suministra el trabajo, del otro.
b) La Dirección General de Instituciones Penitenciarias u órgano autonómico competente, de un lado,
y el empresario exterior que suministra el trabajo, de otro.
c) La Dirección General de Instituciones Penitenciarias u órgano autonómico competente, de un lado,
y los internos trabajadores, de otro.
d) El Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano autonómico competente,
de un lado, y los internos trabajadores, de otro.
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130. La reasignación de modalidades de vida en el régimen cerrado se acuerda por:
a) La Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo Técnico, con autorización del Centro Directivo.
b) La Junta de Tratamiento, con información de los Jefes de Servicios y funcionarios que desarrollan
habitualmente sus tareas en el Departamento de régimen cerrado.
c) La Junta de Tratamiento, con autorización del Juez de Vigilancia que debe conocer de los traslados
e ingresos de los internos de régimen cerrado en los diferentes Centros Penitenciarios.
d) Lo acuerda el Centro Directivo, a propuesta de la Junta de Tratamiento.
131. En un Centro Penitenciario se recibe a través del Servicio de Correos una carta dirigida a
un interno que tiene las comunicaciones escritas intervenidas. En el remite del sobre se hace
constar que éste procede del Adjunto del Sindic de Greuges de Catalunya. El funcionario
encargado de la Unidad del servicio de comunicaciones y visitas, al tener el interno
intervenidas las comunicaciones, procede a abrir el sobre y conocer el contenido del escrito,
¿es correcta esta forma de actuar?.
a) Sí, en los supuestos de intervención de comunicaciones escritas, las únicas que no pueden ser
objeto de esta medida son las que se mantengan con autoridades judiciales, miembros del Ministerio
Fiscal y sus abogados defensores.
b) No, la carta debería haberse abierto en presencia del interno destinatario.
c) No, está expresamente prohibida cualquier tipo de intervención de las comunicaciones de los
reclusos con los Adjuntos de los Defensores del Pueblo de las Comunidades Autónomas.
d) Sí, aunque teniendo en cuenta que el idioma utilizado en el sobre no es castellano y pudiera
plantear dudas, debería haberse remitido para su traducción al Centro Directivo.
132. La Junta de Tratamiento de un Centro Penitenciario propone al Centro Directivo la
regresión de segundo grado a primer grado de un interno del Centro que quebrantó condena
al no reingresar de un permiso de salida ordinario de cuatro días, autorizado por el Juzgado de
Vigilancia, que ha ingresado nuevamente, sin que conste que haya cometido nuevos delitos.
En función de las variables y factores que deben tenerse en cuenta para clasificar a un interno
en primer grado, ¿podría ser atendida la propuesta de regresión por el Centro Directivo?.
a) Sí, quebrantar condena denota una evolución negativa en el pronóstico de integración social, y ello
debe ser suficiente para acordar la regresión.
b) Sí, ya que el quebrantamiento puede ser considerado una falta muy grave del artículo 108 del R.P.
aprobado por Real Decreto 1201/81, vigente conforme a la Disposición Derogatoria del actual
Reglamento y, en consecuencia, procederá la regresión.
c) No, no reingresar de un permiso penitenciario puede constituir un delito de los contemplados en el
capítulo VIII del Titulo XX del Código Penal y, en consecuencia y teniendo en cuenta el principio de
presunción de inocencia, hasta que no recaiga sentencia no podrá plantearse la regresión de grado.
d) No, ya que esta circunstancia no se contempla entre las variables a tener en cuenta para
determinar la peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave que han de ponderarse para la
clasificación en primer grado.
133. La recomendación (87) 3 adoptada por el Comité de Ministros de los Estados miembros
del Consejo de Europa el 12 de febrero de 1987, se refiere a:
a) Prestaciones sanitarias a los reclusos
b) Normas destinadas a reclusos extranjeros.
c) Las Reglas mínimas penitenciarias europeas.
d) Desarrollo de unidades destinadas a madres con hijos en los Establecimientos Penitenciarios.
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134. El plazo máximo establecido en el Reglamento Penitenciario para que el Centro Directivo
se pronuncie sobre el mantenimiento o cambio de grado cuando la Junta de Tratamiento no
había considerado oportuno proponer cambio alguno en la clasificación y el interno ha
solicitado la remisión del informe correspondiente es de:
a) Dos meses desde su recepción.
b) Hasta cuatro meses, si se acuerda ampliar el plazo para la mejor observación de la conducta.
c) El Reglamento no contempla la existencia de plazo en estos supuestos.
d) Dos meses desde que se notifica el acuerdo al interno.
135. ¿Puede una Comunidad Autónoma con competencias ejecutivas en materia penitenciaria,
crear o suprimir órganos colegiados fuera de los contemplados en el artículo 265 del
Reglamento Penitenciario?
a) No, este precepto tiene carácter imperativo.
b) No, sólo es posible en aquellas Comunidades Autónomas que tengan competencias legislativas y
ejecutivas en materia penitenciaria.
c) Sólo en relación con los órganos colegiados relacionados con la gestión económica.
d) En virtud de su potestad de autoorganización está previsto que éstas puedan establecer los
órganos colegiados que consideren convenientes en los Centros Penitenciarios que dependan de las
mismas.
136. Las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos fueron redactadas:
a) En el Primer Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente, celebrado en Ginebra en 1950.
b) Por el Congreso de Naciones Unidas, en la Resolución 2076 (LXII) de 1977.
c) En el Primer Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955.
d) Por el Consejo de Naciones Unidas, en su Resolución 663 CI (XXIV) de 1957.
137. No es una función asignada al Consejo de Dirección:
a) Elaborar las normas de régimen interior de los Departamentos de Régimen Cerrado.
b) Fijar los horarios de los recuentos ordinarios.
c) Adoptar cuantas medidas resulten necesarias en los casos de alteración del orden del Centro,
dando cuenta inmediata al Centro Directivo.
d) Adoptar las medidas regimentales urgentes para resolver cualquier alteración individual o colectiva
del orden en el Centro.
138. Adoptar con carácter provisional en relación con los servicios del área de vigilancia, las
medidas indispensables para mantener el orden en el Centro, corresponde a:
a) El Director.
b) El Jefe de Servicios.
c) El Subdirector de Seguridad.
d) El Consejo de Dirección.
139. Los internos podrán ser autorizados a disponer de ordenador personal, cuando:
a) Lo hagan aconsejable o necesario razones de carácter educativo o cultural.
b) Cuando lo apruebe la Junta de Tratamiento a propuesta del profesor o tutor.
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c) No está permitido a los internos, por razones de seguridad, poseer ordenadores personales, sólo
podrán acceder a éstos cuando ejecuten actividades formativas de este orden en el Centro.
d) Únicamente en aquellos Centros donde las normas de régimen interior así lo establezcan.
140. La posición doctrinal dominante en nuestro país considera que el Derecho Penitenciario:
a) Se encuentra subordinado al Derecho Procesal Penal.
b) Debe considerarse como una rama subsidiaria del Derecho Administrativo.
c) Goza de un elevado grado de autonomía respecto a otras ramas del Derecho.
d) Es claramente dependiente de la Penología y la Criminología.
141. El tratamiento penitenciario en el Reglamento Penitenciario de 1996, a diferencia del
Reglamento de 1981:
a) Se configura como un deber y un derecho del interno.
b) Adopta una concepción más amplia y omnicomprensiva.
c) Es entendido como el fin exclusivo de la actividad penitenciaria.
d) Se destina básicamente a los internos penados.
142. Las Unidades Dependientes a las que hace referencia el artículo 165 del Reglamento
Penitenciario:
a) Deben ubicarse lo más próximo que resulte posible al Centro Penitenciario del que dependan.
b) Las normas de funcionamiento las aprueba la Junta de tratamiento del Centro Penitenciario del que
dependen.
c) Su funcionamiento es ajeno, administrativa y funcionalmente de cualquier Centro Penitenciario.
d) Administrativamente, dependen siempre de un Centro Penitenciario.
143. El principio de flexibilidad introducido en el Reglamento Penitenciario de 1996 se refiere
a:
a) La combinación de aspectos característicos de los diferentes grados de clasificación dentro del
programa individualizado de tratamiento.
b) El desarrollo de departamentos mixtos que intenten paliar la desestructuración de grupos
familiares.
c) La redefinición del régimen cerrado estableciendo dos modalidades de vida.
d) La regulación de los mecanismos de aplazamiento, suspensión de la efectividad y reducción o
revocación de sanciones impuestas.
144. Los derechos de los internos podrán ser suspendidos parcial y temporalmente:
a) Nunca, tal y como ordena el art. 25.2 de la Constitución española.
b) Por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
c) En casos de alteraciones graves del orden en un centro que haya obligado a la autoridad
penitenciaria a requerir la intervención de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
d) Por un plazo no superior a 72 horas.
145. ¿Cuántas horas diarias de salida al patio disfrutarán los internos destinados en un
Departamento Especial?
a) Como mínimo, cuatro horas diarias, que podrá aumentarse hasta tres horas más para la
realización de actividades programadas.
b) Como máximo, cuatro horas diarias.
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c) Como mínimo, tres horas diarias, que podrá ampliarse hasta tres horas más para la realización de
actividades programadas
d) Como mínimo, dos horas diarias.
146. La Ley Orgánica General Penitenciaria dedica al tratamiento su Título III, definiéndolo
como: "el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y
reinserción social de los penados", en su artículo:
a) Artículo 62.
b) Artículo 72.
c) Artículo 59.
d) Artículo 69.
147. Según la norma 5ª del art. 46 del Reglamento Penitenciario, cuando por razones de
seguridad, buen orden del Establecimiento o del interés del tratamiento, el Director acuerde la
intervención de las comunicaciones escritas, esta decisión se comunicará:
a) Al interno afectado.
b) Al Centro Directivo y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
c) Al interno afectado y a la Autoridad Judicial de que dependa si se trata de un detenido o preso, o al
Juez de Vigilancia si se trata de un penado.
d) A la Autoridad Judicial de que dependa si se trata de detenidos o presos, o al Juez de Vigilancia si
se trata de penados, no siendo necesario comunicar la decisión a los internos afectados porque se
frutarían los objetivos de la intervención.
148. La utilización de los medios coercitivos será previamente autorizada por:
a) El Consejo de Dirección, salvo que razones de urgencia no lo permitan.
b) El Director, salvo que razones de urgencia no lo permitan, en cuyo caso se pondrá en su
conocimiento inmediatamente.
c) El Jefe de Servicios, dando cuenta inmediata al Subdirector de Seguridad.
d) La Comisión Disciplinaria, salvo que razones de urgencia no lo permitan.
149. La creación de nuevas Unidades Dependientes se llevará a cabo:
a) Mediante firma de un Convenio de colaboración entre la Administración Penitenciaria y
asociaciones u organismos no penitenciarios.
b) Por Orden Ministerial o resolución autonómica equivalente.
c) Por acuerdo del Consejo de Dirección del Establecimiento del que vayan a depender, a petición de
la organización colaboradora, previo informe de la Junta de Tratamiento.
d) Mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros.
150. La asistencia de un penado clasificado en tercer grado a un Centro de deshabituación de
consumo de drogas lo autorizará:
a) El Consejo de Dirección.
b) El Centro Directivo.
c) El Juez de Vigilancia.
d) La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario.
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RESPUESTAS
1. (c)
2. (c)
3. (c)
4. (d)
5. (b)
6. (c)
7. (a)
8. (a)
9. (b)
10. (d)
11. (c)
12. (b)
13. (c)
14. (c)
15. (b)
16. (b)
17. (b)
18. (c)
19. (d)
20. (c)
21. (d)
22. (c)
23. (a)
24. (c)
25. (b)
26. (b)
27. (d)
28. (c)
29. (c)
30. (d)
31. (c)
32. (c)
33. (b)
34. (c)
35. (b)
36. (a)
37. (c)
38. (b)
39. (c)
40. (c)
41. (d)
42. (b)
43. (c)
44. (c)
45. (d)
46. (c)
47. (c)
48. (c)
49. (d)
50. (d)
51. (a)
52. (c)
53. (d)
54. (c)
55. (b)
56. (c)
57. (c)
58. (d)
59. (b)
60. (c)
61. (b)
62. (d)
63. (a)
64. ANULADA
65. (c)
66. (d)
67. (c)
68. (d)
69. (c)
70. (d)
71. (d)
72. (c)
73. (c)
74. (a)
75. (a)
76. (d)
77. (a)
78. (b)
79. (b)
80. (c)
81. (d)
82. (a)
83. (c)
84. (c)
85. (b)
86. (d)
87. (c)
88. (d)
89. (a)
90. (d)
91. (b)
92. (c)
93. (b)
94. (d)
95. (b)
96. (b)
97. (c)
98. (a)
99. (d)
100. (a)
101. (a)
102. (c)
103. (c)
104. (d)
105. ANULADA
106. (c)
107. (c)
108. (a)
109. (c)
110. (a)
111. (d)
112. (d)
113. (a)
114. (d)
115. (d)
116. (c)
117. (d)
118. (a)
119. (a)
120. (d)
121. (b)
122. (b)
123. (c)
124. (a)
125. (c)
126. (d)
127. (b)
128. (c)
129. (d)
130. (a)
131. (c)
132. (d)
133. (c)
134. (c)
135. (d)
136. (c)
137. (d)
138. (b)
139. (a)
140. (c)
141. (b)
142. (d)
143. (a)
144. (c)
145. (c)
146. (c)
147. (c)
148. (b)
149. (b)
150. (b)
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