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LA COOPERACION PETROLERA DE VENEZUELA Y LOS
PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO.
La forma más importante que asume la Cooperación de la Republica Bolivariana de
Venezuela a Nicaragua es la cooperación petrolera, en el marco del Acuerdo de
Cooperación Energética PETROCARIBE, ratificado el 27 de Marzo de 2007 por la
Asamblea Nacional, a través del "Decreto de aprobación del Acuerdo de Cooperación
Energética PETROCARIBE, entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela".
El Acuerdo de Cooperación Energética PETROCARIBE es un acuerdo muy concreto para
el suministro de crudo, productos refinados y GLP o sus equivalentes energéticos, a
Nicaragua, hasta por una cantidad de aproximadamente 3.65 Millones de barriles al año. En
el Acuerdo se establece que esta cuota estaría sujeta ajustes, según las necesidades del
Gobierno de la Republica de Nicaragua y las disponibilidades del Gobierno de Venezuela.
Sobre esta base, posteriormente el suministro comprometido se ampliaría a 27,000 de
barriles promedio al día, unos 9.85 millones de barriles al año, y desde 2012 se ampliara a
12 millones de barriles. Este suministro se llevara a cabo teniendo como referencia el
precio del mercado internacional.
De manera similar a lo que se establece en los Acuerdos con todos los países integrantes de
PETROCARIBE, este Acuerdo establece que el financiamiento de este suministro
comprenderá dos partes: una parte que se pagara prácticamente al contado, y otra que se
pagara de manera diferida (a crédito). La porción de contado correspondiente a estos
suministros de petróleo, deberá ser cancelada a los 90 días del conocimiento de embarque.
No se pagará interés alguno a los primeros 30 días y se aplicará una tasa de interés del 2%
anual en los 60 días restantes.
La parte de financiamiento diferido (crédito) se pagara en un plazo de 17 años, con
dos de gracia, cuando el precio se mantenga por debajo de los US$ 40 el barril.
Cuando el precio del barril exceda los US$ 40.00 dólares estadounidenses, el período
de pago se extenderá a 23 años, más 2 años de gracia, reduciendo el interés al 1%
anual.
En síntesis, el 50% de este suministro es pagadero en un plazo de 90 días con un interés del
2%. El restante 50% le queda disponible al gobierno, y asume la forma de un crédito
concesional.
Es evidente que este crédito, por su magnitud (la cual en 2011 alcanzo un monto de US$
600 Millones y en 2012 se espera un monto superior), y por el hecho de que puede
asignarse conforme a las prioridades del país, podría abrir una oportunidad decisiva, en
términos de que podría contribuir a financiar, en conjunto con la Cooperación Externa
tradicional, y con el esfuerzo propio de movilización de recursos fiscales, parte significativa
de los considerables requerimientos de inversión que el país enfrenta, en materia de capital
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humano e infraestructura básica, indispensables para que el país pueda aprovechar de
manera mas plena el tiempo que resta del bono demográfico.
LA ¨PRIVATIZACION¨ DE LA COOPERACION PETROLERA DE
VENEZUELA:
Cuando se estaba negociando el actual Programa con el FMI - solicitado por el Gobierno
del Presidente Daniel Ortega -, este organismo solicito la información necesaria para
evaluar las potenciales repercusiones macroeconómicas – en materia de déficit
presupuestario, deuda publica, impacto sobre el nivel de actividad económica, la tasa de
inflación – que esta Cooperación, por su magnitud, podría tener.
Inicialmente el Presidente Daniel Ortega denuncio públicamente al FMI por hacer tal
solicitud. Sin embargo, posteriormente, durante el curso de las negociaciones, el Gobierno
se comprometió a proporcionar al FMI la información necesaria para que este organismo
pudiese monitorear la evolución de este crédito.
Inicialmente también, se le informo al FMI que el suministro de petróleo en realidad no
involucraría crédito alguno, sino que el suministro de petróleo seria pagado plenamente (al
contado) a la empresa estatal venezolana PDVSA, es decir que se trataría de una operación
puramente comercial, y que, a su vez, esta empresa canalizaría parte de ese pago a través de
¨instituciones de desarrollo¨ del ALBA, para efectuar inversiones en Nicaragua.
Posteriormente se le informo a este organismo que el crédito seria canalizado por
ALBANISA - la Empresa Mixta entre PETRONIC y PDVSA que efectúa las importaciones
de petróleo procedentes de Venezuela -, hacia una entidad privada, ALBA-CARUNA, la
cual durante muchos años opero como una simple cooperativa de ahorro y crédito, y que de
un día a otro paso a canalizar cientos de millones de dólares, hasta alcanzar US$ 500
Millones en 2010 y US$ 600 Millones en 2011.
Asimismo, inicialmente se informo que dicho crédito tendría un componente no
rembolsable, pero posteriormente se corrigió dicha información, aclarando que todo el
crédito seria rembolsable, es decir asumiría la forma de deuda.
Es suficientemente conocido el hecho de que el eje principal de las decisiones sobre el uso
del crédito asociado al suministro de petróleo, es el Presidente de la Republica.
El mismo Presidente así lo puso de manifiesto cuando anuncio públicamente, en 2008, que
él había autorizado el otorgamiento de un crédito contra estos recursos a las empresas
generadoras de energía – el cual seria cancelado posteriormente a través del Presupuesto -,
así como cuando anuncio ese mismo año que utilizaría parte de estos recursos para
subsidiar el costo del combustible para el transporte interurbano y selectivo, para poner fin
a la huelga de transporte que paralizo el país durante quince días.
Por lo demás, los Programas impulsados por esta entidad privada, se denominan
¨programas sociales DEL GOBIERNO¨.
Es claro que el hecho de que una entidad jurídica privada aparezca manejando la
enorme masa de recursos representada por el crédito asociado al suministro de
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petróleo, representa una abierta modificación de los términos establecidos en el
Acuerdo Energético del ALBA, según el cual la implementación del mismo
correspondería exclusivamente a entidades publicas de ambos países.
¿Que fue lo que ocurrió?.
Según la información disponible, el Gobierno de Nicaragua solicito al Gobierno de
Venezuela que el crédito no fuese manejado a través del sector público, sino a través de
este mecanismo “ad-hoc”.
Diversos funcionarios han brindado diversas argumentaciones, entre otras cosas, para
justificar esta decisión, ante las propias bases del partido de gobierno. Una ha sido que si se
canalizaba este crédito a través del sector público, ello, de acuerdo con la ley, forzaría a
incluirlo en el Presupuesto, al menos la parte que según el Acuerdo “será asumida por la
Republica de Nicaragua”. Si se incluyese en el Presupuesto, según este argumento, la
oposición representada en la Asamblea Nacional podría desviarlo hacia fines diferentes de
los “fines sociales”.
El 22 de Agosto de 2008, el Nuevo Diario informo de una intervención del Ministro de
Hacienda en una actividad efectuada en la ciudad de Ocotal, que había logrado grabar: "A
renglón seguido dijo que para no dar uso a la potestad constitucional que tienen los
legisladores de aprobar el Presupuesto General de la República y cualquier otra ley de la
República, vino lo de los fondos venezolanos, “...nos querían obligar a ir con una reforma,
porque lo que querían era agarrar todos los „reales‟ de Venezuela... y por eso es que
inventamos el mecanismo para que ningún córdoba (petrodólar) entrara al Presupuesto”,
señaló.” (http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/24748).
Por otra parte, el señor Francisco López, Presidente Ejecutivo de PETRONIC, vice-
presidente de ALBANISA y tesorero del FSLN, expreso que: “Lo que ellos de la derecha
no terminan de alegar allí, el discurso del enemigo, es por qué Venezuela le tiene que dar
esos créditos concesionales a una empresa. ¿Por qué no pasan a través de la Asamblea?
Es que ellos (los diputados de la Asamblea) quieren administrar ese contrato”.
(http://www.tortillaconsal.com/franciscolopez.html).
Otra explicación ha sido que, registrar este crédito en el Presupuesto significaría dejar dicho
crédito a merced de la condicionalidad y las exigencias del FMI.
Estas justificaciones en realidad resultan poco creíbles. La propia Ley de Régimen
Presupuestario establece que los créditos internacionales registrados en el Presupuesto “se
regirán por lo establecido en los respectivos convenios y/o contratos internacionales”, de
manera que una simple enmienda al Acuerdo Energético del ALBA estableciendo que estos
recursos solo podría destinarse a inversiones en infraestructura económica y social, y al
financiamiento de programas y políticas sociales, hubiese bastado para evitar que se
utilizasen para fines diferentes a los “sociales”.
Por lo demás, para los partidos opositores, representaría un enorme costo político aparecer
oponiéndose, ante la población empobrecida de Nicaragua, a que dichos recursos se
utilizasen para construir o rehabilitar escuelas y aulas escolares, centros y puestos de salud
y casas maternas, a la construcción de viviendas, al mantenimiento de los caminos rurales o
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la ampliación del acceso a la red de suministro de agua potable y saneamiento, o de energía
eléctrica.
En lo que respecta al “control del FMI”, que supuestamente seria ejercido sobre la parte de
este crédito que debería ser reflejada en el Presupuesto, lo cierto es que este organismo
puede intervenir únicamente en lo que respecta a los límites al endeudamiento público, no a
la forma de utilización del crédito.
Sobre esto vale la pena hacer algunos comentarios. En primer lugar las preocupaciones
sobre el endeudamiento público que representaría este crédito, no tendrían un solido
fundamento: este crédito tiene una tasa de interés del 2%, inferior a la tasa de crecimiento
promedio del PIB, y por tanto no representaría problemas de sostenibilidad a mediano y
largo plazo. En términos de la justificación de este endeudamiento, dada la tasa de interés
del 2%, este crédito estaría más que justificado si el mismo se destinase a inversiones en
infraestructura económica y social y de restructuración productiva, de alta rentabilidad
económica y social.
De hecho, con el FMI no solo se considero la canalización de parte del crédito a través del
sector público, sino que se acordó con este organismo que el techo acordado para el déficit
del sector público se ampliaría automáticamente hasta en un 2 por ciento del PIB, para
acomodar este financiamiento. Es decir, el FMI “abrió la puerta” para que parte del crédito
se registrase en las cuentas del sector público.
Desde nuestro punto de vista, hay otras hipótesis que podrían ser mas plausibles del
porque el gobierno de Nicaragua solicito al Gobierno de Venezuela que este crédito no
fuese canalizado a través del sector publico.
En primer lugar, la canalización de estos recursos a través del Sector Publico forzaría a
establecer, de manera transparente, en el Presupuesto de la Republica, la utilización delos
mismos, y esta quedaría sujeta al escrutinio publico - lo cual, dicho sea de paso, crearía un
fuerte incentivo para que los mismos se destinasen a los fines proclamados: la inversión de
alta rentabilidad social en infraestructura básica económica y social, y el fortalecimiento
productivo de los pequeños y medianos productores.
En realidad, dadas las enormes demandas que tiene el país por este tipo de inversiones,
habría una fuerte presión nacional y social para que estos recursos se invirtieran en este tipo
de necesidades fundamentales, y de hecho el gobierno lograría réditos políticos sumamente
elevados si apareciese registrando de manera transparente estos recursos, y destinándolos
hacia estos propósitos. Por el contrario, si estos recursos se registrasen de manera
transparente en el Presupuesto, y no se destinasen a este tipo de inversiones, el gobierno
pagaría altos costos.
Como lo pone de manifiesto el ejemplo anterior, el registro transparente de estos recursos, y
el escrutinio publico sobre los mismos, evitaría que se utilizasen de manera discrecional, de
acuerdo con las necesidades, urgencias y prioridades políticas (y de otra naturaleza) del
presidente y su partido, en términos de las necesidades de reproducción y ampliación de su
poder (y sus recursos de todo tipo), que no coinciden necesariamente con las prioridades de
inversión de la sociedad como un todo, y con toda probabilidad serán divergentes.
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Por otra parte, el hecho de que los mismos estuviesen sujetos a las regulaciones y
procedimientos financieros del Estado, dificultaría el uso de los mismos para favorecer
intereses de los propios funcionarios: por ejemplo, las contrataciones tendrían que ir a
licitación pública, en vez de ser asignadas a empresas en las cuales los funcionarios
tuviesen intereses. El presidente ha alegado que no solo los oligarcas tienen derecho de ser
millonarios; también los revolucionarios tienen derecho.
En tercer lugar, es plausible que el partido en el gobierno haya sentido la necesidad de
desarrollar un proceso de “acumulación originaria” de capital de suficiente magnitud,
para que en caso de una eventual derrota electoral no vuelva a repetirse el hecho de
dejar el poder y pasar a la oposición sin tener asegurada una base económica
suficientemente grande y solida, que le permitiese, no solo no padecer las angustias de
la sobrevivencia, sino hacerlo en las condiciones que hace posible la riqueza
acumulada y el peso especifico e influencia que proporciona el hecho de detentar un
importante poder económico.
Como algunos funcionarios han alegado, desde hace mucho tiempo (desde que estaban
en la ¨llanura¨) , “se necesita tener poder económico para tener influencia y poder
político”.
En efecto, tras la derrota electoral del FSLN en 1990, la mayor parte de los dirigentes
nacionales e intermedios de ese partido, que habían dedicado gran parte de su vida a la
lucha por derrocar a la dictadura somocista y una década a tareas de dirección en el partido
o el gobierno en los 80, se vieron arrojados súbitamente a enfrentar la necesidad de
sobrevivir en el contexto de una economía de mercado implacable. Algunos lograron
hacerlo con “botes salvavidas”, otros no.
Por su parte, la mayoría de los miembros de base de este partido enfrentaron durísimas
condiciones de sobrevivencia desde entonces – en conjunto con la mayor parte de la
población, para ser claros.
Esta experiencia traumática podría haber cementado el criterio de que contar, bajo
cualquier circunstancia, con una base económica solida – por ejemplo, al contar con
una fuerte presencia en materia de generación (y distribución?) de energía, o de
almacenamiento y distribución de combustible -, la cual además permita ejercer
significativa influencia sobre el conjunto de la vida nacional, como la que tienen los
grandes grupos económicos, debería convertirse en una prioridad de primer orden.
Por otra parte, para diversos grupos de influencia dentro del partido en el poder, registrar
estos recursos en el presupuesto, y someterlos al escrutinio público, limitaría su propia
posibilidad de compartir, siquiera en parte, el acceso y control sobre estos recursos.
¿COMO FUNCIONA LA COOPERACION PETROLERA DE
VENEZUELA? .
Como ya se dijo el suministro de petróleo es valorado a los precios del mercado
internacional. Lo que diferenciaría al suministro de petróleo de Venezuela de cualquier otro
suministro efectuado en términos estrictamente comerciales, es la modalidad o mecanismo
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de financiamiento de dicho suministro. Para comprender porque, vale la pena describir de
manera sintética la manera en que este mecanismo opera.
El petróleo crudo y/o sus derivados provenientes de Venezuela arriban al país, y en su caso
el petróleo crudo es refinado por la Refinería de la ESSO. Posteriormente, los combustibles
son comercializados por ALBANISA-PETRONIC. Se le vende a las empresas generadoras
de energía, las cuales cargan el importe de la compra a sus costos de producción y se los
trasladan a los usuarios a través de la tarifa de la energía eléctrica. O bien son
comercializados a través de las gasolineras de las diversas compañías petroleras, donde son
adquiridos por los usuarios – ya sean transportistas de pasajeros o de carga o por dueños de
vehículos de uso personal. El Gas Licuado se le vende a las empresas distribuidoras de gas
licuado, que le transfieren el costo a los consumidores.
Como puede verse, quienes terminan pagando en último análisis el costo del petróleo
suministrado, incluyendo los márgenes de beneficio brutos, son los usuarios del servicio de
energía eléctrica, y los compradores finales de los combustibles.
Al comercializar internamente los hidrocarburos, vendiéndolos a las empresas generadoras
de energía o a las empresas distribuidoras de combustible y de gas licuado – aunque
quienes finalmente pagan el importe de estas compras son los usuarios o consumidores -,
ALBANISA recupera por esta vía el valor total del suministro de petróleo, mas el margen
bruto de operación de esta Empresa.
El 50% del valor total recuperado de dicho suministro lo pagan al contado a PDVSA de
Venezuela, en un plazo no mayor de 90 días. El otro 50% del monto total recaudado le
queda disponible al gobierno, para pagarlo en 25 años. Ese monto, cuya magnitud puede
apreciarse en los gráficos, y que en 2012 se espera que alcance los US$ 600 Millones o C$
14,000 Millones, se transfiere a ALBA-CARUNA, la entidad privada nicaragüense que
canaliza dichos recursos hacia los usos definidos por el Presidente.
Queda claro que la diferencia fundamental entre el suministro de petróleo efectuado en
términos estrictamente comerciales por un proveedor externo (como la ESSO) y esta
modalidad de suministro, acordada con Venezuela, es que en el primer caso el valor total
del suministro, una vez comercializado, es pagado al contado, en su totalidad, al proveedor
externo. En el segundo caso, la mitad del valor del suministro es pagada al contado al
proveedor externo, mientras la otra mitad queda en el país, en manos de unas entidades
“privadas”, para ser invertida en los fines que estas entidades estimen pertinente; esa mitad
deberá ser reembolsada en un plazo de 25 años (con 2 de gracia).
Es evidente además que este crédito, por su magnitud, y por el hecho de que puede
asignarse conforme a las prioridades del país, podria abrir una oportunidad decisiva al país,
en términos de que podría contribuir a financiar, en conjunto con la Cooperación Externa
tradicional, y con el esfuerzo propio de movilización de recursos fiscales, parte significativa
de los considerables requerimientos de inversión que el país enfrenta, en materia de capital
humano e infraestructura básica, indispensables para que el país pueda aprovechar de
manera mas plena el tiempo que resta del bono demográfica.
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Por esta razón, la demanda porque esta Cooperación se registre de manera transparente en
el Presupuesto General de la República, conforme el mandato de la Ley, y se asigne con
este propósito, no tiene otra finalidad que asegurar que todos los recursos que la Nación
tiene disponibles, conforme al principio de legalidad, y de transparencia, se orienten de
manera concertada, y bajo el escrutinio y control publico - como corresponde - hacia las
prioridades de inversión que se hayan identificado.
ALBANISA, ALBA-CARUNA Y LAS “ALBITAS”: EMPRESAS
TOTALMENTE PRIVADAS, EMPRESAS MIXTAS, EMPRESAS DE
QUIEN?
Según la información disponible por el público, ALBANISA es una Empresa Mixta,
integrada la Empresa Estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y la
Empresa Estatal nicaragüense Petróleos de Nicaragua (PETRONIC). En esta sociedad,
PDVSA tendía una participación accionaria de 51%, mientras que la participación
accionaria de PETRONIC seria del 49%.
A pesar de tratarse de una empresa en donde el Estado nicaragüense, a través de
PETRONIC – la cual según la Ley de competencias del Poder Ejecutivo depende del
Presidente, a través del Ministerio de Energía y Minas – tiene una participación accionaria
del 49%, los funcionarios públicos aseguran que el Estado no tiene absolutamente nada que
ver con las operaciones de ALBANISA, porque se trata de una “empresa privada”.
Mas allá de eso, según se ha llegado a conocer gracias a la investigación periodística,
ALBANISA no solo esta relacionada con las operaciones de suministro de petróleo de
Venezuela a Nicaragua, sino que, bajo su alero, trabajaban públicamente un importante
grupo de empresas. Este grupo controla ya un porcentaje importante de la capacidad de
generación de energía eléctrica, la capacidad de almacenar todo el petróleo que importa el
país, y la mayor red de gasolineras, así como el monopolio de las exportación de alimentos
a Venezuela, la explotación de la madera derribada por el huracán Félix, hoteles y canales
de televisión. No esta claro como esta estructurado este grupo de empresas, si bajo la figura
de un holding de empresas o cual, y cual es la participación del Estado nicaragüense en
cada una de ellas. Por la magnitud de los activos, recursos y operaciones que manejan, este
grupo de empresas parece destinado a convertirse en el más grande y poderoso del país.
Como ya se ha dicho, la Contraloría General de la Republica ha negado tener competencias
para auditar ALBANISA, al menos en lo que respecta a la participación accionaria de
Nicaragua. Pero existen ejemplos de sociedades anónimas en las que participa el Estado y
en los que la Contraloría ha ejercido sus funciones, entre ellos las auditorías por medio de
las cuales sancionaron en más de una ocasión a varios directivos de la Cementera, aun
cuando se trataba de una sociedad anónima con participación estatal.
¿QUE SE SABE SOBRE LA UTILIZACION DE ESTE CREDITO?
Pero esa es solo una posibilidad. Vayamos a la realidad. Comencemos revisando la
información que tenemos disponible sobre el destino de la Cooperación Petrolera
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venezolana, que consiste en el crédito asociado al suministro de petróleo por parte de
Venezuela a Nicaragua, y que equivale al 50% de la factura petrolera.
En primer lugar, por la información proporcionada por el Gobierno al FMI y según informa
el staff de este organismo en el documento de la V y VI Revisión del Programa con
Nicaragua - sabemos que la mitad de este crédito, ALBA-CARUNA - la entidad que
administra dicho crédito - lo utiliza supuestamente para financiar los denominados
programas sociales, y la otra mitad los destina a invertirlos ¨for profit¨ (es decir, con animo
de lucro).
Pero además sabemos que, de ambas partes, una fracción muy importante – equivalente a
alrededor del 3.5% del PIB - se mantiene como depósitos en los bancos - principalmente en
2 de ellos -, con el beneficio adicional de que ALBA-CARUNA no para impuesto sobre la
renta sobre los intereses devengados por estos depósitos, porque es una cooperativa.
Estos depósitos han adquirido un monto muy importante, y se encuentran concentrados en
unos pocos bancos. El FMI ha venido ejerciendo un estrecho seguimiento sobre estos
depósitos, porque su retiro súbito podría desestabilizar a los bancos en que se mantienen.
Concentrémonos ahora en los recursos que se utilizan para financiar programas sociales. El
grafico siguiente compara lo que ALBA-CARUNA utilizo en 2010 para financiar los
denominados Programas Sociales con el monto de sobre-recaudación esperado para 2011.
Como puede apreciarse, la sobre-recaudación fiscal ha alcanzado niveles tales que le
permitirían cubrir plenamente dichos programas. Para el próximo año, puede esperarse
también una importante recaudación por encima del monto que esta registrado en el
Proyecto de Presupuesto General de la Republica para 2012.
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Por otra parte, como lo muestran los gráficos que se insertan mas abajo, el incremento de la
recaudación fiscal del Sector Publico ha alcanzado un nivel tal que, aun si la Cooperación
Petrolera eventualmente cesase de existir, el Sector Publico Nicaraguense todavía
dispondría de recursos, entre ingresos fiscales y cooperación tradicional, que serian un
53.5% superiores a los que tuvo disponibles en 2007.
Como hemos visto, los incrementos en el nivel de recaudación permitirían que el gobierno
asumiese estos programas, a partir de 2012, a través del Presupuesto Nacional, de manera
que los mismos no tendrían necesariamente que desaparecer, en caso de que se suspendiese
la cooperación petrolera.
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¿QUE SABEMOS SOBRE LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS
SOCIALES DEL GOBIERNO?
Según la Nacional de Medición del Nivel de Vida (EMNV) del año 2009, cuya base de
datos finalmente fue publicada por el INIDE por exigencia del BID, solo el 12.5% de la
población dice haber sido beneficiaria de los programas sociales del gobierno que aquí se
mencionan (vea la lista mas abajo). El 87.5% de la población dice no haber sido
beneficiaria.
Los programas que aquí se mencionan, son por un lado, seis programas ¨insignia¨
financiados sobre todo por ALBA CARUNA (usura cero, hambre cero, calles para el
pueblo, viviendas dignas, operación milagro y operación sonrisa, etc) los cuales, según
la Encuesta, solo habrían beneficiado, entre todos ellos, al 1% de los hogares. Esta baja
cobertura es consistente con el hecho de que, como hemos visto, son programas
relativamente pequeños.
Por otro lado, la mayor parte de la cobertura (el 9.3% de los hogares del 12.5% que dice
haber sido beneficiaria) corresponde fundamentalmente programas tradicionales (que ya
existían desde antes) y que son financiados por el Presupuesto (jornadas de vacunación,
mochila y merienda escolar).
Los hogares beneficiarios están altamente concentrados en las zonas urbanas (61.7%),
sobre todo en Managua (26.4%), y en la población catalogada como no pobre (64.9%). La
menor cobertura se produce en las zonas rurales y en los hogares pobres extremos, de los
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cuales solo el 10% de ellos habría sido beneficiario (los que mas necesitarían apoyo de
estos programas).
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