Sª de Organización y Comunicación COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL
Noticias en lasque aparece UGT
10 de abril
EFE Algunos de los manifestantes de ayer cerca de la sede del PP en Madrid
L. L. CARO
MADRID
Un dispositivo policial digno de un
campo de batalla evitó ayer que los ac-
tivistas de la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH) llevaran hasta
el cuartel general del PP en la madri-
leña calle Génova sus pancartas con-
cienciadoras — «Si me echas de casa,
dormiré en tu puerta», avisaba una—
y sus cánticos del «si, se puede».
La concentración, tan pacífica como
reducida, sumó en su momento máxi-
mo unas 350 personas, en sintonía con
la escasa repercusión que la convoca-
toria frente a las sedes del PP tuvo en
otras cuarenta ciudades donde el co-
lectivo había llamado a la moviliza-
ción para revindicar la Iniciativa Le-
gislativa Popular (ILP) para la dación
en pago como fuente de la nueva le-
gislación hipotecaria que ayer inició
su trámite parlamentario.
El acto previsto en el corazón de
Madrid acabó convertido en asamblea
muy parecida a las del 15-M en una pla-
za adyacente, desde donde era impo-
sible atisbar siquiera un centímetro
del cuartel del Partido Popular. Moles-
ta por las vallas, los furgones y los con-
troles de acceso, una mujer con la cha-
pa roja del «Stop desahucios» se diri-
gió a los agentes que estaban a la al-
tura del número 6 preguntándoles con
sorna «eh, ¿por qué no os hacéis insu-
misos?», aunque ante su silencio aca-
bó predicando «desobediencia civil»
a voces y defendiendo que ella no era
«una terrorista». «Si tiene alguna que-
ja, a la Delegación del Gobierno», zan-
jó un policía ajeno a las provocacio-
nes.
La de Madrid fue el martes una más
de esas cuarenta «concentraciones-
escraches» convocadas en defensa de
una ILP cuyo debate había quedado
circunscrito ayer por la mañana a la
clausura de una comisión parlamen-
taria —que no al pleno— por decisión
de la mayoría del PP en la Mesa del
Congreso.
La noticia se conocía en el momen-
to en que la portavoz de la PAH, Ada
Colau, ofrecía junto a los líderes sin-
Fracasa la campaña masiva de actos de acoso en las sedes del PP
El número de policías y periodistas superó en la calle Génova de Madrid al de activistas
El PP no logra apoyos para su ley antidesahucios
A. I. S. Las numerosas enmiendas que ha introducido el PP a su proyecto de ley antidesahucios no evitaron ayer el rechazo de toda la oposición y la Platafor-ma de Afectados por la Hipoteca (PAH) al texto. Durante dos horas y media de discusión en el Congreso, los populares escu-charon la crítica unánime de que las medidas son insuficientes y
no contienen las grandes demandas de la Iniciativa Legislativa Popular de la PAH después de que el PP admitiera fusionar ambos textos en uno, ni el grueso de las enmiendas de la oposición. Para rematar, los grupos cargaron contra la decisión de aprobar el proyecto en la Comisión de Economía sin someterse a debate en el Pleno. En vista de la crítica unánime, el PP volvió a abrir el plazo de enmiendas hasta el viernes para intentar alcanzar un acuerdo, aunque ya advirtió de que no lo considera indispensable.
EFE Ada Colau, durante su rueda de prensa de ayer junto a UGT y CC.OO.
dicales una rueda de prensa en el Ate-
neo de Madrid, a escasos metros de la
Cámara Baja, para reprochar que el PP
haya liquidado el texto que firmaron
1,4 millones de españoles hasta redu-
cirla a «una ofensa» y para invocar «en
nombre de la democracia y de los De-
rechos Humanos» que la rectifiquen.
Sin opinión de los ERE Colau, que recibió el respaldo total de
los secretarios generales de CC.OO. y
UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cán-
dido Méndez, dijo estar «escandaliza-
da» por la maniobra del partido que
sostiene al Gobierno y anunció «una
primavera verde» de «presión, por su-
puesto al PP», al que advirtió que van
a «interpelar hasta el final».
La portavoz de la PAH dejó claró
que esa será su estrategia también con
PNV, UPyD y CiU, que no han defini-
do suficientemente su postura ante
las demandas de los activistas antide-
sahucios, pero no así ante el PSOE, al
que Colau reconoció que ha respondi-
do positivamente, «aunque sea tarde».
«Por eso hemos dejado de concentrar
interpelaciones al PSOE», despejó.
También que no irán con sus acciones
informativos a domicilio, como las de-
nominan algunos activistas, a las ca-
sas de los implicados en el fraude de
los ERE de Andalucía, porque según
la portavoz de la PAH, ellos no son un
partido político ni tienen «que ir opi-
nando sobre cualquier cosa».
Los escraches, a los que la Plata-
forma no renuncia, se quedarán, por
tanto, para el PP, aunque Colau quiso
imponer la idea de que la verdadera
víctima es la PAH, que se está viendo
«criminalizada» por una «sonrojan-
te» polémica «artificial» que sobre ella
arroja el Partido Popular.
Seguirá la coacción Colau dice junto a los sindicatos que «vamos a seguir adelante con la presión, por supuesto al PP»
7
Presión sobre los diputados Frente contra el PP
Decidido a no perder comba y a aprovechar
cualquier brecha abierta contra el Gobierno de
Rajoy, el frente sindical escenificó ayer su apoyo a la
estrategia de acoso y derribo callejero que promue-
ve la plataforma de Ada Colau contra los cargos del
PP. La líder de la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca –bien conocida por su firme apuesta por
el orden y el respeto al Estado de Derecho– aseguró
que la propuesta legislativa que defiende el Partido
Popular para frenar el drama de los desahucios es
la «del caos social, económico y judicial». Pocas
horas antes de que las sedes del PP de decenas de
ciudades volvieran a ser objetivo de la ofensiva de
las huestes de Colau, Ignacio Fernández Toxo y
Cándido Méndez secundaron, a cara descubierta,
una campaña de intimidación que la líder de la PAH
calificó de «pacífica». Los que crispan, para Colau,
son los representantes del PP, que como «son los
que tienen la mayoría absoluta» se han convertido
en la diana de la PAH y de los sindicatos. Que este
Ejecutivo haya sido el único dispuesto a modificar
la ley Hipotecaria le importa poco a los seguidores,
como también que la mayoría, por no decir todos,
los desahucios se originasen en la legislatura
anterior. [ESPAÑA]
Los sindicatos también se apuntan al acoso
La PAH se reúne con UGT y CC.OO.
Ignacio Fernández Toxo, Ada Colau y Cándido Méndez, en la rueda de prensa en el Ateneo de Madrid
8
EFE
Bilbao
La portavoz de PAH de Vizcaya, Begoña Barrutia, sale de la sede del PP mientras sus compañeros protestaban ante la puerta
Madrid
Decenas de personas se concentraron frente a la sede del PP para reclamar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular
EFE
VÍCTOR LERENA
Madrid
Un fuerte dispositivo policial fue desplegado
ante la sede del PP en la calle Génova para impedir
incidentes de los miembros de PAH
9
MARÍA ISABEL SERRANO
MADRID
Las cuatro patronales madrileñas
de la enseñanza concertada —EyG,
CECE, Facem y Ucetam— dicen «no»
al sistema de convenios que susti-
tuiría a los conciertos para la FP de
Grado Superior «porque son ende-
bles, se obliga a pagar más a las fa-
milias y pueden conducir a la desa-
parición de este sector», han indi-
cado fuentes empresariales tras la
reunión mantenida ayer en la Con-
sejería de Educación. Los sindica-
tos, por su parte, no descartan nue-
vas movilizaciones.
La Consejería, como se sabe, ha
decidido no renovar los conciertos
para este tramo educativo (orden
297/2013), que sigue sin ser obliga-
torio pero que se lleva subvencio-
nando desde hace años. Los con-
ciertos son para cuatro años. Sin
embargo, los convenios que ofrece
el departamento dirigido por Lucía
Figar se realizarían año a año.
Las mismas fuentes patronales
advierten que, en dos o tres años, la
cuantía de la ayuda a la FP de Gra-
do Superior se rebajará entre un 30
y un 40%. Además, las familias de
los alumnos tendrían que poner de
su bolsillo más de 100 euros al mes
en lugar de los 36 que abonan en la
actualidad. En los centros públicos
de FP se pagan 28.
Alta empleabilidad Los conciertos para la FP de Grado
Superior en los centros le cuestan
al Gobierno regional alrededor de
26 millones de euros al año. «Noso-
tros nos prestamos a seguir dialo-
gando para ahorrar porque sabe-
mos que estamos en una fuerte cri-
sis. Otra cosa es que, poco a poco,
se lleven por delante a la FP concer-
tada», añaden los empresarios.
En cuanto al profesorado, Miguel
Muñiz, del sindicato FSIE, asegura
que sin conciertos no habrá «pago
delegado» (la Administración, y no
los titulares de los colegios, abona
los sueldos a los docentes a través
de esta fórmula), «y eso pone en pe-
ligro la subsistencia de 350 aulas y
más de 600 puestos de trabajo».
Los sindicatos del sector (FSIE,
FETE-UGT, CC.OO. y STEM) tienen
una reunión hoy en la Consejería.
«Nos temenos lo peor. Se verán afec-
tados 6.000 alumnos. La apuesta de
la Consejería por la FP Dual no es
la alternativa a la supresión de los
conciertos porque la estructura pro-
ductiva madrileña no se parece a la
de Alemania, el modelo en el que se
fijan. Además, nuestros alumnos
tienen un grado de empleabilidad
del 80%», dicen fuentes sindicales.
«No» rotundo de las patronales a la supresión de los conciertos en FP
EDUCACIÓN
10
ABC
SEVILLA
Los trabajadores del Servicio de
Consumo, Medio Ambiente y Salud
del Ayuntamiento de Sevilla, se ma-
nifestaron ayer, conjuntamente con
el comité de empresa municipal,
ante la portada de la Feria de Abril
contra la postura tomada por la De-
legación de Recursos Humanos que,
al anular la dedicación y no sacar
adelante los calendarios de estos
servicios ha llevado a la falta de ins-
pecciones y actuaciones fuera del
horario ordinario.
El sindicato CC.OO. ha advertido
que esa medida, en la práctica su-
pone que «no se prestará servicio
las horas de mayor afluencia al re-
cinto ferial y no se actuará el miér-
coles por ser festivo, ni el fin de se-
mana completo». Detalla que las ac-
tuaciones que no se realizarán fuera
de este horario ordinario, abarcan
inspecciones en el recinto ferial y
su entorno, de los establecimientos
(eventuales y fijos) incluidas las ca-
setas publicas, que expenden ali-
mentos para su consumo dentro y
fuera del mismo, reclamaciones de
consumidores dentro de la feria, de-
nuncias de consumidores, inspec-
ciones referentes a higiene alimen-
taría o inspección de actividades,
establecimientos públicos y activi-
dades recreativas.
Juguetes peligrosos También, apunta a la intervención
de juguetes peligrosos, en el entor-
no del recinto ferial que puedan
afectar al consumo de bebidas en
el exterior, falta de laceros dentro
y fuera del recinto ferial, durante el
paseo de caballos, desinfección y
desinsectación y desratización de
focos de contaminación, entre otros,
apuntando además «al peligro en
esta época de la proliferación de
abejas». CC. OO. considera que la
situación laboral se vuelve «espe-
cialmente grave» en Feria, ya que
la labor de prevención de estos tra-
bajadores «contribuye a garantizar
la salubridad en las casetas, la se-
guridad en las atracciones infanti-
les y en los quioscos ambulantes».
Por su parte, el secretario gene-
ral de UGT en el Ayuntamiento, San-
tiago de los Reyes, ya explicó que el
hecho de que no trabajen por las
tardes puede ocasionar situaciones
peligrosas para la salud de los visi-
tantes a la Feria.
Así las cosas, el grupo socialista
municipal ha instado a la delegada
de Hacienda, Asunción Fley a que
llegue a acuerdos en la implanta-
ción de los calendarios laborales
para garantizar las inspecciones.
Advierten que la reducción laboral impedirá controles de consumo en Feria
PROTESTA SINDICAL
13
M. D. ALVARADO
SEVILLA
Unas 125 entidades, en-
tre empresas, sindica-
tos, colegios profesio-
nales, asociaciones de
vecinos y otros colecti-
vos sociales, han firma-
do ya el manifiesto que la revitaliza-
da «Plataforma Sevilla por su puerto,
eurovía del Guadalquivir» dio a cono-
cer ayer y en el que se reclama por «el
interés general» la ejecución del dra-
gado de profundización del Guadal-
quivir, incluido en el Plan de mejora
del puerto hispalense puesto en mar-
cha en 2003.
El salón de actividades del puerto,
en la avenida de Las Razas se vio des-
bordado ayer por la cantidad de repre-
sentantes de las entidades sevillanas
que decidieron dar apoyo al proyecto
del dragado en un manifiesto que deja
claro la necesidad del proyecto. El do-
cumento resalta que Sevilla está su-
friendo de forma «especialmente gra-
ve» la crisis económica, con 264.043
desempleados y miles de empresas
destruidas en los últimos años, y como,
por ello, necesita de apuestas econó-
micas claras que reactiven la econo-
mía y generen empleo estable. En ese
sentido, subraya. el Puerto de Sevilla
puede ser uno de los principales mo-
tores económicos del área metropoli-
tana, convertirse en una plataforma
de desarrollo de tejido productivo.
Pese a ello, y a pesar de las actua-
ciones llevadas a cabo, entre ellas la
nueva esclusa, constatan una «paráli-
sis importante por parte de las admi-
nistraciones competentes para desa-
rrollar en su totalidad» el proyecto de
mejora del puerto aprobado por el Plan
Nacional de Infraestructuras 2000-
2006 ya que falta ejecutar el dragado
de profundización. Para los firmantes
del manifiesto «esta actitud pasiva»
de las administraciones pone en peli-
gro las dotaciones presupuestarias
concedidas por la Comisión Europea
para el proyecto, lo que «resulta espe-
cialmente grave en los tiempos actua-
les». «Sevilla no puede permitirse per-
der una inversión de tamaño volumen.
No caben más retrasos, ni más excu-
sas», señalan, y por ello, exigen «vo-
luntad política y cumplimiento de com-
promisos que son indispensables para
el desarrollo industrial, el manteni-
miento de las empresas y la genera-
ción de empleo».
Los promotores de la plataforma,
El dragado del río suma apoyos frente a la desidia de la Administración
Más de 125 entidades apoyan un proyecto sin el cual se pone en duda el futuro de la provincia
RAÚL DOBLADO Alfonso Vidán, Miguel Rus, Francisco Herrero y Juan Antonio Gilabert, tras la presentación del manifiesto en apoyo del dragado
Impulso necesario
La provincia está sufriendo especialmente la crisis. Hay 264.043 desempleados y son miles las empresas destruidas. Son necesarias apuestas económicas que reactiven la economía.
El puerto como motor
El puerto puede ser uno de los principales motores económicos del área metropolitana, generando una plataforma de desarro-llo para sectores claves de nuestro tejido productivo.
Pasividad peligrosa
Hay una parálisis de las administraciones para desarrollar el proyecto de mejora del puerto. Esta actitud pasiva pone en peligro las aportaciones presupuestarias europeas.
Por interés general
El manifiesto resalta el interés general del proyecto y exige voluntad política para cumplir compromisos indispensables para mantener empresas y empleo.
Las claves del manifiesto
14
M. D. A.
SEVILLA
El inicio del dragado de profundiza-
ción de apenas metro y medio en pun-
tos concretos del canal de navega-
ción del Guadalquivir (su zona cen-
tral, por donde pasan los barcos), está
pendiente aún de saltar muchos obs-
táculos antes de conseguir su obje-
tivo: no ya iniciar las obras sino sa-
carlo a licitación antes de que acabe
este año para no perder la financia-
ción europea, el 80% de los 32 millo-
nes en los que se presupuestó el pro-
yecto.
1 El consejo de administración de
la Autoridad Portuaria de Sevilla,
cuyo presidente Manuel Fernández
asistió ayer a la firma y presentación
del Manifiesto, se reúne el próximo
martes, día 16. Tiene previsto tomar
conocimiento del nuevo proyecto de
dragado, que a las actuaciones pre-
vistas ha añadido nuevos estudios
medioambientales para añadir más
garantías sobre la afección del pro-
yecto al estuario del Guadalquivir.
Entre esos nuevos estudios se inclu-
ye una batimetría de los lodos. Pre-
cisamente el retraso en la presenta-
ción de este estudio, debido a que las
fuertes lluvias de este invierno au-
mentaron el nivel de lodos en las
aguas del río y dificultaron su reali-
zación, e imposibilitó cumplir con
este trámite administrativo como es-
taba previsto inicialmente en el con-
sejo de febrero. Aunque el puerto po-
dría haber sacado a licitación direc-
tamente el proyecto y adjudicar la
obra para iniciarla cuanto antes, al
final ha decidido esperar a tener to-
dos los pronunciamientos precepti-
vos para que el proceso no se inte-
rrumpa de nuevo.
2Tras cumplir con ese trámite, la
Autoridad Portuaria remite el pro-
yecto del dragado de profundización
a las partes afectadas, entre ellas el
Patronato de Doñana, por la posible
afección que el dragado pudiera te-
ner en el estuario del Guadalquivir,
y a la Junta de Andalucía, en concre-
to a la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente. Ambas entidades
deben pronunciarse sobre el proyec-
to. Su dictamen es preceptivo pero
no vinculante.
3El proyecto, junto con los infor-
mes del Patronato de Doñana y de
la Junta de Andalucía sobre el mis-
mo, serán remitidos al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, que es el que tiene la últi-
ma palabra, es decir quien debe dar
el visto bueno al dragado. Aquí esta-
rá pues el paso fundamental. Según
señaló ayer el presidente de la Cáma-
ra de Comercio, Francisco Herrero,
desde el ministerio se les ha señala-
do que hay voluntad de agilizar los
trámites.
4Si el Ministerio da el visto bueno
al dragado, el proyecto tendrá que
pasar de nuevo por el consejo de ad-
ministración del puerto para sacar-
lo a licitación. El objetivo es que ese
procedimiento se pueda llevar a cabo
antes de que acabe el año, porque en-
tonces no se perdería el dinero que
la Comisión Europea aprobó para el
proyecto.
5Inicio de las obras. Es la incógni-
ta que sigue abierta. Cuando se
inicie la ejecución en sí del dragado
de profundización, las medidas com-
pensatorias ya están en marcha, ape-
nas durará cuatro meses.
El martes lo aprueba el puerto; luego se remite a Doñana y la Junta. Tras escucharlos, el Ministerio decide
Carrera de obstáculos para un proyecto vital
los sindicatos UGT y CC.OO., la Cáma-
ra de Comercio y la Confederación de
Empresarios de Sevilla (CES) hicieron
especial hincapié en estos hechos. Así
el secretario provincial de CC.OO. Al-
fonso Vidán destacó que el proyecto
de dragado, que es compatible con la
conservación de los valores naturales
del Guadalquivir, es una apuesta por
el futuro del río y del puerto como nodo
logístico y, con ello, para la economía
sevillana y en favor del empleo. Juan
Antonio Gilabert, secretario provin-
cial de UGT, fue más crudo y señaló
que si el dragado no se consigue «esta
provincia lo pasará peor» ya que, re-
cordó, «hay empresas que han anun-
ciado que si no se hace se van, por lo
que nos podremos encontrar con más
paro y desertización industrial y esta-
mos hablando del pan de muchas fa-
milias». En ese sentido, el presidente
de la CES, Miguel Rus, reiteró que pro-
mueven la movilización social por este
proyecto porque de él depende el de-
sarrollo económico de la provincia,
que debe aprovechar la potencialidad
que tiene la eurovía del Guadalquivir.
«Nos jugamos el mañana», aseveró Rus
para quien la plataforma es ejemplo
para los políticos porque aúna volun-
tades para buscar soluciones y no va
contra nadie. De hecho señaló que des-
de la CES también se defiende a quie-
nes dependen del cultivo del arroz,
porque es compatible con el dragado
con una obra que ya está estudiándo-
se.
Por su parte, Francisco Herrero, pre-
sidente de la Cámara de Comercio, re-
chazó que sea necesaria una nueva de-
claración de impacto ambiental ya que
sigue vigente la que se aprobó en 2003
porque era sobre un proyecto conjun-
to del que formaba parte de un draga-
do que, recordó, sólo tocará algunos
puntos del canal de navegación. He-
rrero apuntó que el dragado permiti-
ría duplicar la actividad del puerto, es-
tancado desde hace años en 4,5 millo-
nes de toneladas, y además daría más
sentido a la consideración de eurovía
que le ha dado Europa al incluirla en
la red de transporte continental. Por
ello, reiteró «no caben más retrasos ni
más excusas» para activar un proyec-
to que, además, recordó es reversible
si se ven efectos negativos.
La reunión con las administraciones, el próximo paso
La Plataforma Sevilla por su Puerto ya ha avanzado cual será el próximo paso en su empeño por activar el proyecto del dragado: reunirse con los representantes de las adminis-traciones afectadas. Entre esas administraciones, que ayer no fueron convocadas al acto de
presentación del manifiesto en el que resaltaron la trascenden-cia del proyecto, se encuentran el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía (Consejería de Agricultura y Medio Ambien-te) y el Ministerio de Agricultu-ra, Alimentación y Medio Ambiente. Mientras, los sindica-tos ya dieron la semana pasada un aviso de movilizaciones con la concentración ante la Delega-ción de la Junta en Sevilla para reclamar apoyo al proyecto.
NO hay marcha atrás. El dra-
gado del río es una reivindi-
cación de la ciudad por su futu-
ro económico. Sólo hay que dar
el paso definitivo en los despa-
chos donde no se sabe qué tipo
de fango ha tenido empatanta-
nado el proyecto. Basta de com-
plejos, de miedos innecesarios
después de haber tomado todas
las cautelas. Queda la acción o la
frustración histórica de no saber
acometer los proyectos que son
capaces de cambiar la ciudad
para bien de forma estructural y
para mucho tiempo. Decisiones
históricas para emergencias his-
tóricas. La economía lo es.
A dragar toca
ADRIANO
Sevilla
15
Si hay algún cambio generacional en la UGT ese será el de la abuela
de la fabada Litoral
HAY quien sostiene que algunos acólitos
de la Madre y Maestra son contemporá-
neos de la fundación del Rinconcillo. Yo
no soy tan hiperbólico. Pero sí entiendo
que hay dirigentes sindicales en España que nacie-
ron, año arriba año abajo, casi a la par que Mateo
Alemán siendo algunos de ellos fuentes de inspi-
ración natural para el Guzmán de Alfarache. La me-
dia de edad del directorio ugetista de este país es
para echarlo a pelear con aquella gerontocracia
china que sumaba más años que la primera refle-
xión de Confucio y, como la amarilla, va cogiendo
un tono sepia tan firme que pide a gritos un cam-
bio generacional. Este fin de semana el sindicato
UGT, tan discutido en estos años de hedor, aspira
a elegir nuevos líderes que sepan encontrar un dis-
curso y una actitud acorde con los tiempos que vi-
vimos. Pero vemos que el banquillo de las alterna-
tivas no existe y que lo único que parece existir es
la fuerza vital de la tradición. Una tradición esce-
nificada por la perpetua permanencia de sus cua-
dros directivos, tan irremplazables como los reyes
magos de un Belén, fijos en todas las quinielas y
grapados a los sillones del despacho con el velcro
retro del inmovilismo. Disculpen mi excentricidad:
en la futura directiva de UGT solo echaríamos en
falta a la abuela de Litoral, a la majísima señora
que anuncia las fabadas en la tele.
Lo más curioso de todo esto es que, alguna vez,
muchas veces, desde los púlpitos del sindicalismo
ugetista, se ha clamado por cambios generaciona-
les que ayudaran al atrofiado músculo institucional
a tomar su tono más ágil y moderno. Y llevaban toda
la razón. España, en sus diferentes etapas históri-
cas más recientes, necesitó de jubilaciones antici-
padas en muchas instituciones, demandadas por
un país en vertiginoso cambio y por unas genera-
ciones que no tenían nada que ver con las que hicie-
ron la transición. Para muchos de estos nuevos es-
pañoles el sindicalismo de clase se convirtió en sin-
dicalismo de clase preferente y, como pasó en el
denostado régimen, lo horizontal fue vertical, per-
petuándose los rostros del ugetismo reinante en una
plantilla fija y sin recambio, tan del gusto de los tiem-
pos del franquismo. Fueron sindicalistas de UGT los
que más de una vez clamaron por el cambio nece-
sario en España, por la renovación de las ideas y de
los hombres. Hoy son ellos los que necesitan ese
cambio. Pero a la vista está que en el banquillo no
tienen a nadie que no sea contemporáneo de la fun-
dación de El Rinconcillo. Tómenme en serio: si hu-
biera algún cambio generacional en la UGT, esa pa-
peleta se la lleva la abuela de la fabada Litoral.
¿Por qué no sueltan las riendas? ¿Por qué no se
levantan de las poltronas y con la dignidad exigi-
ble se van a sus casas? ¿Por qué viven del sindica-
lismo cuando el sindicalismo no los necesita ya
para nada? ¿Por qué se empeñan en seguir y jun-
to a ellos la sospecha alargada de la pringue de los
últimos años? No sé si algunos de los que llevan
más de veinte años manejando la cuchara del po-
der sindical se han planteado por qué un sindica-
to aparece hoy ante la opinión pública como un vie-
jo trasto musical incapaz de reproducir un sonido
nuevo, salvo los grabados en viejos formatos pre-
históricos. Algún abuelo ugetista se ha pregunta-
do cómo lo ven y qué grado de confianza en su ges-
tión tiene hoy para un chaval de veintitantos con
un mini job como horizonte laboral. Tienen res-
puestas válidas para el dramático descenso de afi-
liaciones. Son capaces de limpiar la imagen del su-
cursalismo del poder que han alimentado duran-
te años y los ha convertido en comedores oficiales
de los presupuestos de la política. No tienen nin-
guna respuesta. Y es ahora el momento justo de oír
sus mejores recomendaciones históricas: hacer las
maletas e irse. Dejando paso a lo que venga. Que
no sé si viene ni tampoco se si se le espera.
J. FÉLIX MACHUCA
LA ABUELA DE LA FABADA
PÁSALO
16
A. R. VEGA / M. BENÍTEZ
SEVILLA
Los sindicatos cobraron su corres-
pondiente comisión por negociar pó-
lizas de prejubilación financiadas por
la Junta de Andalucía. Así lo ha corro-
borado en un escrito de alegaciones
presentado el pasado 1 de abril a la
juez Mercedes Alaya por José Gonzá-
lez Mata, dueño de Uniter, que, junto
con Vitalia, fue una de las consulto-
ras que intervino en el «negocio» de
los ERE, como lo denominó la instruc-
tora del caso de las prejubilaciones
fraudulentas en sus últimos autos.
El empresario jerezano es el segun-
do intermediario que reconoce que
pagaba a UGT y CC.OO. para favore-
cer la gestión de ERE. En concreto, el
mediador acredita que «Uniter se obli-
gó en su día a satisfacer a CC.OO. y
UGT la suma de 240.000 euros a cada
uno de estos sindicatos, fraccionados
en cuatro pagos anuales de 60.000 eu-
ros documentados mediante factu-
ras legalizadas y de los cuales aún se
mantiene deuda en lo que se refiere
a UGT». Defiende la «necesidad de
esos pagos» como contrapartida a sus
tareas de asesoramiento laboral y la
«legitimidad» de los mismos. Esgri-
me que, en un contexto marcado por
los conflictos laborales que desem-
bocaron en la presentación de ERE,
UGT y CC.OO. «son los dimanantes de
toda movilización sindical». «En base
a ello y en aquel entonces se pactó en-
tre los sindicatos y la mediadora la
necesidad de estos pagos» y fue Uni-
ter la que costeó los honorarios «con
su propio peculio», explicó.
En su escrito González Mata se de-
fiende de «conductas o comporta-
mientos que para nada obedecen a la
realidad» y que «dañan» su situación
como imputado. Ratifica ante la juez
que tanto Atlantis, Correduría y Con-
sultora de Seguros como ITG, bajo las
que se encuentran las siglas de Comi-
siones Obreras y UGT, ejercieron como
«actuarios de seguros».
Trama de sobrecomisiones Tanto el exdirectivo de Vitalia Anto-
nio Albarracín (imputado en prisión
provisional) como el exbanquero del
mismo grupo Eduardo Pascual ya im-
plicó a los sindicatos y a «otras enti-
dades vinculadas a los mismos» en
la trama del cobro de sobrecomisio-
nes de los ERE. La magistrada acre-
ditó que Vitalia pagó casi 4,3 millo-
nes de euros a los sindicatos en co-
misiones para facilitar que fuera esta
consultora de previsión social la que
se hiciera cargo de las pólizas finan-
ciadas con fondos públicos.
El dueño de Uniter lamenta que la
situación de su empresa es «absolu-
tamente paupérrima» a pesar de las
«sobrecomisiones que se le imputan».
Y agrega que «ha sido el erario públi-
co el que se ha beneficiado de las ac-
tuaciones y fondos de las mediado-
ras», toda vez que «pese a su labor
acreditada, no han recibido el bene-
ficio que legalmente les corresponde
y, sin embargo, sí han suplido gastos
públicos que no les pertenecía hacer
con sus propios recursos».
UGT mete presión a Alaya Por su parte, los sindicatos no cejan
en su estrategia de presión a la juez
que investiga el fraude. En una carta
publicada en el blog del sindicato y
replicada en las redes sociales por el
líder regional de UGT, Manuel Pastra-
na, la dirigente ugetista en Granada,
Manuela Martínez, reclama a la juez
Alaya «respeto a la labor sindical» y
le sugiere que se dedique «a instruir
el caso «con celeridad y no alimente
con su manera de proceder la calum-
nia que difunden con avidez desbor-
dada la caverna mediática y los ene-
migos declarados de los sindicatos
de clase». Martínez le exige que «im-
pute a quien tenga que imputar, pero
no lance dardos envenenados en sus
autos basándose en declaraciones de
imputados, en suposiciones o teorías
no contrastadas», según informa Ana Celia Parras.
Otro mediador admite pagos por 240.000 euros a UGT y CC.OO.
El dueño de Uniter alega que los sindicatos cobraban como «actuarios de seguros» para favorecer los ERE
J. M. SERRANO José González Mata, dueño de Uniter
Embargo al edil que donó la sede al PSOE La juez ha embargado varias propiedades a José Antonio García Prieto, exconcejal de Camas (Sevilla) y exsecreta-rio de Política Municipal del PSOE que cobró pólizas de tres empresas donde nunca trabajó para hacer frente a una fianza de 307.086 euros. Y además donó al PSOE sevillano la sede de Camas. Alaya le embarga un Renault Laguna, posibles devolucio-nes del IRPF y sus cuentas.
17
‘Escrache’ alPPLa Plataforma d’Afectats per la Hipoteca va plantar-se ahir davant les seus del PP per
protestar contra el projecte de llei de Rajoy. “Seguirem pressionant”, va afirmar Ada Colau
P 20-21
CÈLIA ATSET
18
HABITATGE
d’impostos– en nom del compli-ment del sagrat objectiu de dèficit,id’algunscasosdesuïcidisdeperso-nes a punt de ser desnonades.
Ara, dosmesos després, malgratque aquest drama social continuaen boca de l’opinió pública, el PP,enfortit per la sevamajoria absolu-ta a les Corts, considera que ha ar-ribat pràcticamental límit: s’hamo-gut ihapresentat iniciatives inima-ginables fa unes setmanes –comquitances retroactives del deute–,peròhaestablertuna líniavermellainfranquejableenel seurebuigage-neralitzar la dació en pagament(saldar el deute entregant el pis) iquetinguicaràcterretroactiu.Tam-poc ha apostat per impulsar les al-tres dues demandes de la ILP: unamoratòria general dels desnona-ments i promocionar molt més ellloguersocial.L’argumentésquecalevitar “posar enqüestió” el sistemahipotecari i que lamorositat creixi,tal comva recordar ahir elministred’Economia, Luis de Guindos.
Noves esmenes fins divendresLa posició del PP l’ha deixat com-pletament sol al Congrés, com vaquedar de manifest al migdia des-prés de la ponència sobre la futurallei a la comissió d’economia. Du-rant la trobada, a porta tancada, els
populars van presentar el seu pro-jectequeaglutinaenunúnictext lesdues iniciativesadebat (la lleihipo-tecària i la ILP) i que ha incorporatuna cinquantena d’esmenes del’oposició.Tot iaixí, elsgrupsparla-mentaris van titllar d’“insuficient”i de “decepció” la proposta del PP.
El partit es va comprometre aanalitzar noves esmenes de l’opo-sició, que podrà presentar-les finsdivendres. Tot i així, segons fontsdelPP, esva ferméspermotius tèc-nics, jaque finsdimarts l’esborranydefinitiu no podrà ser votat en unanova reunió de la ponència. Sota elpretext d’agilitzar els tràmits, el PPha imposatque lespropostessiguin
votades, abansd’anaralSenat, en lacomissiód’economia inoalple.UnadecisióqueelPSOEiCiUvandeplo-rar, com també la PAH.
Colau repel suport dels sindicats“Lademocràciaestàsegrestadaidó-na l’esquena als ciutadans”, va criti-carAdaColau enuna roda de prem-sa aMadrid amb els líders dels sin-dicatsUGT iCCOO. La portaveu delaplataformavatornara instarelPPa “rectificar” les seves iniciatives le-gals, perquè, va dir, “no resoldranres” i portaranEspanya “a la ruïna”.Amés,vaadvertirqueel fetdenoac-ceptar les “propostesdemínims”dela ILP portarà Espanya al “caos so-
La PAHredobla laseva pressiócontra el PPLa plataforma protesta a les seusdels populars pel rebuig a la ILP
Crònica
JOAN FAUSMADRID
“Seguirem pressio-nant”. Ada Colauera molt conscientahir al matí que lesprotestes són l’úni-
ca via que li queda a la Plataformad’Afectats per la Hipoteca (PAH)per aconseguir el que a hores d’arasembla del tot impossible: que al-guns dels diputats del PP trenquinladisciplinadevot idoninel seusu-port a la iniciativa legislativa popu-lar (ILP)sobre ladacióenpagamentretroactiva.L’esperançadelcol·lec-tiu ésquede lamateixamaneraqueelpartit conservadorvarectificaralfebreren l’últimminut ivaadmetrea tràmit la iniciativa al Congrés deDiputats, ara torni a fer el mateix ien els pròxims dies doni llum ver-da als principis de la ILP.
Ambaquestobjectiu, laplatafor-ma va celebrar ahir al vespre con-centracions davant les seus del PPenmés de 40 ciutats de l’Estat. Perexemple, a Madrid es van aplegarmés d’un centenar de persones enles immediacionsdel’edificidelcar-rer Génova, que estava completa-ment blindat per la policia.
Màxima pressió al carrer, sensdubtemésqueal febrer.Noobstant,el context i els efectes de les decisi-ons són radicalment diferents. Lla-vors el PP simplement va acceptarque la iniciativa de la PAH es deba-tés a la cambrabaixa. Va ser un gestcap a la plataforma però sobretot,amb olfacte polític, un clar intentd’evitar mostrar-se totalment alièalsproblemesde laciutadaniaenunmoment en què la granmajoria delesmesures que aprova laMoncloavénen dictades per Brussel·les i so-ta l’escrutiniconstantdelsmercats.Cal tenir en compte també el marctemporal del febrer: tot plegat es vaproduirdesprésqueelgovernespa-nyol hagués demanat durant tot el2012 nombrosos sacrificis a la po-blació–enformad’ajustos ipujades
Quan el ‘desnonamentexprés’ era aplaudit
patero –després de substituir Car-me Chacón–, va promoure una lleiper agilitzar els tràmits judicialsquehad’afrontar el propietari d’unimmoble per desnonar inquilinsmorosos i cobrar les rendes pen-dents. El govern socialista, ara en-frontatalPPper la reformatèbiadela llei hipotecària, pretenia llavorsdonar cobertura legal als arrenda-dors i, alhora, incentivar el mercatde lloguer. La crisi havia començata ferestralls,peròeldramadelsdes-nonaments encara no s’albirava.
La llei reduïadedosmesosauneltermini que havia de transcórrerentre el moment en què l’arrenda-dor exigeix per requeriment el pa-
JOAN SERRABARCELONA. “Hi haurà molts méspropietaris que estaran disposats aincloure el seu habitatge en elmer-catde lloguer”.La frase,pronuncia-da el 29 d’octubre del 2009, és del’exministra socialista d’HabitatgeBeatriz Corredor, i feia referènciaa l’aprovació alCongrés de la llei demesuresde foment iagilitzaciópro-cessaldel lloguer i l’eficiènciaener-gèticadelsedificis, lanormativaquefacilitava els anomenats desnona-ments exprés. Corredor, que va serl’última titular del desaparegutmi-nisteri d’Habitatge en la segona le-gislaturadeJoséLuisRodríguezZa-
La portaveu de la PAH, Ada Colau, amb el secretarigeneral d’UGT, CándidoMéndez, ahir aMadrid. EFE
OfensivaEl fiscalgeneralestudiaràsiels ‘escraches’tenenefectespenals
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Unareunió informativaperalsveïnsdelPP
cia la vendad’unpis per 317.000eu-ros. A tocar de l’arbre se situa AdaColau, que ha arribat tard, de Ma-drid,sensefersoroll,discretairepar-tint petons. La perdo de vista quanunnoillatinoamericàagafaelmicrò-fonperexplicarqueestàal’aturiqueLaCaixa vol treure’l del seu pis.
JoséAlmachiésunjoveequatoriàmembrede laPAHquehavingutdel’Hospitalet per secundar la protes-ta.Asseguraqueal’Hospitalets’handesnonatmésdecentpersonesperòque, gràcies a la PAH, s’han aturatencaramésdesnonaments.L’ambi-ent és pacífic però Almachi diu queels desnonaments estan augmen-tant i que la situació acabarà escla-tantsielgovernnoprenlesmesuresoportunes. Davant d’Almachi i elsseuscompanysequatorianshihaunaltre noi llatí, molt alt, que subjectauna pancarta amb la fotografia i elnom imprès d’un home desnonat:“WilmerGualbertoLeón.34anys, al’atur. Desnonat per BMN / CaixaPenedès”. L’home alt no sap qui ésWilmer Gualberto: “Els de la PAHm’han demanat que l’aguanti”.
Els iaioflautes s’identifiquenper-quèportenunesarmillesreflectores.Notenengairesmésanysque lama-joria d’assistents. Hi ha una parellaque també porta armilles, però nosón dels iaioflautes sinó de l’empre-sadeconstruccióLacunzHermanos.
Les tanques de rigor i dues furgo-netes delsMossos separen la seudelPPdelsmanifestants.Elscomentarisdespectius, però també solidaris–“Tu també ets del poble; treu-te lagorraisuma’tanosaltres”–,dedicatsals agents sónun clàssic. Els cànticstambé són compartits respecte d’al-tresgrupssocials:elsmésrepetitssón“El pueblo unido jamás será vencido”i “Nohaypanpara tanto chorizo”. LaPAH, però, en té un de propi: “Boti,boti, boti, banquer qui noboti”.e
CRISTIAN SEGURABARCELONA
Tornopertercercopenunany a la seu del PP delcarrerUrgell, elmanifes-tòdrom de la zona alta deBarcelona.Avui tocama-
nifestació de la Plataforma d’Afec-tatsper laHipoteca(PAH).Patiapersim’haviadetrobarunaturbadera-dicalsproetarres,comhanqualificatalts representats del PP els mem-bresdelaPAH,peròmésaviatsónelcontrari: hi ha pocs joves imolt ciu-tadàdecabellblanc,sobretotgentdemésdequarantaanys,unarepresen-taciónombrosadels iaioflautes i im-migrants. Lamanifestació en reali-tat és “un escrache davant la seu delPartitPopularCriminal”, informaelportaveude la PAHAdriàAlemany.Elsescrachesnosónviolència, reblaAlemany,sónaccions“per informarels veïns dels barris on hi ha repre-sentants del PP sobre la ILP per ladació en pagament”.
Els veïns de la seudel PP ja tenenelculpelatdesentirdemandespopu-lars. Aquestanoésde lesmésmulti-tudinàriesquehanvist,ni tampoc lamés exaltada. Hi ha poca policia il’ambient és tranquil. Fins i tot elspoc més de 400 manifestants quehan secundat la convocatòria acon-segueixenmantenir un silenci qua-si total durant els parlaments. El ra-códeparlar s’instal·la sotaunsemà-for i l’equip de so funciona mitjan-çantungenerador.L’arbrequehihaal punt on se succeeixen els discur-sos téuncartell enganxat queanun-
ContraCrònica
Unes 400 persones es van concentrar ahir a les portes de la seu del PP a Barcelona perdefensar la ILP de la dació en pagament promoguda per la PAH. CÈLIA ATSET
PerfilHihapocsjoves imoltciutadàdecabellblanc,sobretotgentdemésde40
RecurrentElsveïnsdelaseudelPPjatenenelculpelatdeveureprotestesciutadanes
cial, econòmic i judicial”. Les novesprotestesdelaPAHarribenenplenaofensiva del PP contra els escraches–les campanyes depressió de la pla-taforma als domicilis dels diputatsdels populars– i tambéde laFiscaliaGeneraldel’Estat,queestàestudiantsitenenrellevànciapenalipersaber-hohademanatinformacióalesfisca-lies autonòmiques. En preguntar-liper aquest tema, Colau va insistirquelaPAH“nohaamenaçatnihain-sultat” polítics i que l’“única violèn-ciaqueesconeixésladelsbancs”, ivacriticar l’intent del PP de “crimina-litzar” la plataforma per “distreurel’atenció”.LaPAHredoblalapressiócontra el PP.e
EL PP, EN EL PUNTDEMIRAActivistes de la Plataformad’Afectats per la Hipoteca
(PAH) es vanmanifestar ahirdavant de la seu del PPa Barcelona. CÈLIA ATSET
gament dels deutes endarrerits i elmoment en què pot presentar unademanda. Una sentència condem-natòria resultava suficient per exe-cutar el desnonament, mentre queeldemandantpodiacondonar la to-talitatounapartdeldeutesi l’inqui-lí del pis desallotjava l’habitatge demaneravoluntàriaenel terminiquefixava l’arrendador, que no podiaser inferior a 15 dies. S’accelerava,doncs, l’execuciódeldesnonament.
La legislacióesvacompletar l’oc-tubredel 2011 –unmes abansde leseleccionsgeneralsquevanimpulsarel PPal poder– amb l’entrada envi-gor de lamodificació de la llei d’en-judiciament civil que simplificavaels processos per a l’execució dedesnonaments, amb la intenció dedotardemésgarantieselspropieta-ris que llogaven immobles. El 2011,els bancs ja detectaven un degoteigd’impagaments d’hipoteques.e
Andalusia expropiaràels bancs que desnoninsi creen risc d’exclusió
La Junta d’Andalusia va aprovarahir un decret llei que permetràexpropiar a les entitats bancàriesels habitatges que hagin demanatdesnonar quan el desallotjamentsuposi per a l’afectat un risc d’ex-clusió social. Lanova legislació an-dalusa preveu també sancions defins a 9.000 euros per a les perso-nes, bancs o immobiliàries que noposin a lloguer els seus habitatgesbuits. “Ambaquest decret fem jus-tícia i arribem a l’arrel del proble-ma”, va dir ahir la consellera deFoment iHabitatge andalusa, Ele-na Cortés (IU).
La mesura d’expropiació tem-poral als bancs es podrà fer servir,segons el decret llei, quan l’habi-tatge sigui la residència habitualde l’hipotecat i quan el desnona-ment li generi unendeutament so-brevingut i li pugui suposar exclu-sió social. L’entitat bancària ex-propiada rebrà a canvi el 2% delpreu del pis. Des del 2007, a Anda-lusia s’han fet uns 86.000 desno-naments, quan la Junta calculaquehi haunparcde700.000habi-tatges buits; la majoria, però –en-tre 350.000 o 500.000–, perta-nyenapersones jurídiques.Amb lanova norma es considerarà sanciómolt greu, amb 9.000 euros demulta,noposara lloguerunpisquefaci sismesos que està desocupat.
Reaccions
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El TSJMdeclaraimprocedentes los 861
despidos deTelemadrid
CINCO DÍAS Madrid
Ya hay fallo del Tribunal Su-perior de Justicia de Madrid(TSJM) sobre el expediente deregulación de empleo (ERE)de Telemadrid que afectaba aun máximo de 925 emplea-dos. El tribunal ha “estimadoparcialmente” la demanda in-terpuesta por los sindicatoscontra el despido de 861 tra-bajadores de la cadena pú-blica, de un total de 1.161, alconsiderar que no se “ajustaa derecho”.De esta forma, el tribunal
ha decretado improcedenteslos despidos, y nonulos, comodefendían los representantesde los trabajadores. Según re-conoció la cadena tras ha-cerse pública la sentencia,“implica que el tribunal no re-conoce a los trabajadores suderecho a ser readmitidos,sino tan solo a unamayor in-demnización que la legal-mente prevista para este tipode procedimientos”.Los sindicatos CCOO,UGT
y CGT habían presentadodemandas colectivas a prin-cipios de año ante la sala delo social del tribunal madri-leño, exigiendo que el EREfuera anulado o que los des-pidos fueran declarados im-procedentes.
Los abogados de la acusa-ción consideraban que elproceso estaba repleto deirregularidades y que se habíatratado de una decisión polí-tica y no económica. En lasentencia, el juez explica quela situación de pérdidas delente ha resultado “probada”,pero indica que “resulta evi-dente que una situación eco-nómica negativa, cualquier ypor sí misma no basta parajustificar los despidos de 925trabajadores de una plantillatotal de 1.161”.El presidente del Gobierno
madrileño, IgnacioGonzález,había advertido de que si lajusticia declaraba improce-dente el ERE la cadena pú-blicamadrileña se cerraría alno poder afrontarse su coste.Sin embargo, endeclaracionesayer tras conocerse el fallo deltribunal, González ha garan-tizado que Telemadrid segui-rá funcionando ya que el Go-bierno madrileño entiendeque el ERE que se aprobó es“correcto”.“Loquehace la sentencia es
dar la razón al consejo de ad-ministración de Telemadrid,que lo que hizo fue ordenarla rescisiónde contratos de lostrabajadores por las causasalegadas”, ha añadido Gon-zález.
González asegura que la cadenaseguirá funcionando tras el fallo
Trabajadores de Telemadrid celebran la sentencia. EFE
Los sindicatos han cifradoentre 30 y 100 millones deeuros lo que podría supo-ner a Telemadrid el pago deindemnizaciones a los tra-bajadores despedidos si laempresa no les readmite,informa Europa Press.Tras conocer la decisión
del TSJM, los más de 200trabajadores despedidospresentes en los alrededo-res de la Sala de lo Socialhan celebrado esta “victoriaamarga”, con anuncios de ir
al Supremo. “No buscamoslas indemnizaciones sinolos puestos de trabajo”, haexplicado la presidenta delcomité de empresa, TeresaGarcía.Por su parte, el consejero
de Presidencia, Justicia yportavoz del Gobierno re-gional, Salvador Victoria,aseguró tras la decisión que“ninguno de los trabajado-res despedidos volverá o sereintegrará en la plantillade Telemadrid”.
Coste extra de 30 a 100millones para la cadena
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¤
El grupo FCC justificó ayerante los sindicatos su plan deajuste en España, por el queha anunciado 1.143 despidosen la filial FCC Construcción,con estimacionesmás que pe-simistas para su negocio deobra local. La compañía esperauna caída en la produccióndel42% en 2013, desde los 1.900
millones a un entornode 1.100millones. Los representantesde la plantilla creen excesivaesta previsión, exigen una re-ducción en las bajas y amena-zan conparos. La empresa quecontrola Esther Koplowitz lle-gó a rozar los 4.100 millonesde facturación por obra do-méstica en 2007. PÁGINA 3
FCCanticipaa lossindicatosunnuevoderrumbeenobra local
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FCC ha entrado en la fase definiti-va de la negociación del ajusteque afecta a 1.143 trabajadores desu área española de construcción.Dirección y sindicatos retomaronayer las conversaciones despuésde que se pactara el programa dejubilaciones parciales para eludirla nueva legislación. La empresajustifica los despidos por la esti-mación de una caída de 800 millo-nes en la producción por obralocal a lo largo de 2013.
J. F. MAGARIÑO Madrid
FCC está afrontando, entre ayer yhoy, la fase decisiva para sacar ade-lante la reestructuración de la fi-
lial FCC Construcción. Las negociacio-nes se han reanudado con tres puntosesenciales sobre lamesa: las anunciadas1.143 bajas en centros de trabajo quesuman 3.820 personas; el programa dejubilaciones parciales negociado con lossindicatos para sortear la última refor-ma de las jubilaciones anticipada y par-cial, y el plan de viabilidad.Respecto al número de despidos, UGT
y CC OO presionan para rebajarlo no-tablemente. En Cataluña, por ejemplo,la plantilla ha pedido en asamblea que
el ERE que pesasobre 187 emplea-dos, prácticamentela mitad de losefectivos allí, seafrenado, al tiempoque están abiertosa pactar medidaspara reducir costes:desde recolocacio-nes fuera de Espa-ña a bajas tempo-rales.La reivindica-
ción se repite en lasdelegaciones deMadrid (473 despidos),Zona Sur (220) o Comunidad Valencia-na (100 bajas). En todos los casos los des-pidos superan el 40% de la fuerza labo-ral y las asambleas han calentado la ne-gociación planteando posibles movili-zaciones. Estas comenzarían por parosparciales y concentraciones ante los cen-tros de trabajo. El cartucho de la huel-ga no se utilizaría por el momento.En cuanto a las salidas, el grupo que
dirige Juan Béjar ha pactado antes del1 de abril con CC OO y UGT un plan dejubilaciones parciales. Bajo este acuer-do, aúnpor registrar, la compañía podríadejar a buen número de personas tra-bajando un mínimo del 15% de su jor-nada y completar hasta el 100% connuevo personal.En cuanto al desarrollo de las nego-
ciaciones, los representantes de los tra-bajadores recelande los argumentos eco-
Laplantillaamenazaconmovilizacionessinosereducenlas1.143bajas
FCCprevéuna caída del 42%ensuproducciónpor obras enEspaña
Un camión de FCC, del servicio de recogida de basuras, pasa ante el Palacio de Congresos de Madrid.
nómicos que explican la reestructuracióndeFCCConstrucción.Ayer tocabadebatirsobre la caída esperada en la producción.La dirección, asesorada por la con-
sultora CMC en este proceso, espera unnivel de facturación para la filial cons-tructora enEspaña en 2013 de unos 1.100millones, frente a los más de 1.900 mi-llones de euros del pasado ejercicio. Elfrenazo sería de 800millones (42%) de-bido al bajo ritmo de contratación y aque la cartera de obras se ve afectada porreprogramaciones por parte de la Ad-ministración. Desde el frente sindical seaprecia ese cálculo excesivamente pesi-
mista, pese a la situación del mercado,y se protesta por la productividad quese va a exigir al personal que permanezcaen nómina.Hoy se entra más a fondo en la pro-
blemática económica que rodea a FCCConstrucción. Desde la propia empresase destaca el entendimiento que duran-te años ha imperado en la relación conlos sindicatos. De hecho, en ambos fren-tes se cree que habrá acuerdo antes deque concluya elmes. Sin embargo, quedaun largo camino antes de pactar bajasvoluntarias, y temporales, así como lasjubilaciones parciales.
FCC ha detenido el ajusteque pretendía llevar acabo entre la plantilla deunos 1.500 trabajadoresdedicada a recoger la ba-sura en Madrid. La com-pañía presentó a prime-ros de mes un expedien-te de regulación de em-pleo que tocaba a 146trabajadores, el 9,7% delos efectivos.La empresa habló ayer
de gesto de buena volun-tad, mientras fuentes sin-dicales achacan el pasoatrás a la “presión delAyuntamiento madrile-ño”, que ha esgrimido lascondiciones del contrato.
FCC buscaba adecuarla prestación del servicioa las necesidades de reco-gida. La compañía argu-menta una caída del 20%desde 2007 en el volumende residuos gestionadosen Madrid. Pero tras elanuncio de esta reestruc-turación sobrevolaba laamenaza de una huelgaque el consistorio ha tra-tado de evitar a todacosta. Los sindicatos te-nían convocada una huel-ga indefinida a partir deldía 15.La alcaldesa, Ana Bote-
lla, señaló días atrás quela “responsabilidad” de la
empresa en este momen-to era “mantener el nú-mero de trabajadores queconsta en los pliegos decondiciones del contrato”.Por su parte, el delegadodel área de Gobierno yMovilidad, Juan AntonioGómez Angulo, ha mante-nido contactos con los re-presentantes de la planti-lla en los últimos días.Desde CC OO se ha ve-
nido argumentando quelos despidos supondríanun incumplimiento tantodel citado contrato comodel convenio colectivo.Según los datos que ma-neja el sindicato, en 2010
la plantilla ya perdió másde un centenar de pues-tos de trabajo.Ahora se espera la
apertura de negociacionescon el fin de adaptar loscostes que soporta la em-presa al volumen de reco-gida en Madrid. Y es queel grupo que controlaEsther Koplowitz cobraen esta ciudad en funcióndel tonelaje de basurasgestionado.FCC tiene en concesión
la recogida en camiones yparte del servicio de lim-pieza viaria, este últimocontrato compartido conACS, Sacyr y Ferrovial.
Lapresiónmunicipal pone fin al EREen el servicio debasuras deMadrid
personastrabajanparaFCCConstrucciónenEspaña,de lasque3.500formanpartedecentrosafectadosporelajustedepersonal.
LA CIFRA
6.500
Los 1.948millonesfacturadosen 2012podríanbajar en800milloneseste año
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F. Rufo CÁDIZ
Más que posiciones distantes, lasensación después de dos días dehuelga en las empresas del metalde Cádiz es que trabajadores ypatronal viven dos realidadesmuy distintas. De un lado, lossindicatos, en nombre de los10.000 operarios que dependendel convenio del metal, aseguranque la propuesta de Femca (Fe-deración de Empresas del Metalde Cádiz) sólo conseguirá des-truir empleo; de otro lado, Femcaesgrime que son las actuales con-diciones laborales de estos traba-jadores (el segundo conveniomás alto de España, como insistela patronal) el que hace que sedestruya empleo y se alejen lasinversiones.
Tan alejadas están las posicio-nes que, hasta ahora, Femca ysindicatos no han vuelto a hablarpara, al menos, concertar unanueva cita que desbloquee la si-
tuación. Desde CCOO, su secre-tario general de Industria, JesúsSerrano, fue ayer claro: “No va-mos a firmar un documento quediga que se le reduce el sueldo aun trabajador en más de un 30%;si después tenemos que ir empre-sa por empresa firmando conve-nios lo haremos, pero Femca aca-bará desapareciendo. Además,de toda la vida se han consegui-do contratos para las pymes delmetal, lo que prima es el cumpli-miento de los plazos más que elcriterio económico. No vamos aconsentir que esa reducción eco-nómica vaya a favor de los em-presarios”.
Además, Serrano dejó clarootro aspecto: rechazan de formacontundente la propuesta de laJunta de lanzar una línea de sub-venciones dirigidas a las indus-trias auxiliares. “Antes de que lle-guen esas ayudas tenemos quetener firmado el convenio; noqueremos más dinero para la pa-tronal y el trabajador perdiendo
cada vez más dinero”. De hecho,con este argumento, los opera-rios del metal están llamados aotra manifestación el próximodía 18 (la próxima semana habrátres días de huelga, desde el 17 al19) desde la sede de los sindica-tos en Cádiz y hasta la puerta dela Delegación Territorial de Eco-nomía, Innovación, Ciencia yEmpleo, en la plaza Asdrúbal.
Por su parte, Juan Jesús Gar-cía, responsable de Femca, insis-tía ayer en que “estamos dispues-tos a seguir negociando; cuandopasen unos días hablaremos conlos sindicatos porque estamosdispuestos incluso a fijar un ca-lendario de reuniones, perosiempre que sea para hablar deun convenio que no sea como elactual, que no es competitivo ydestruye empleo”.
De todo esto se habló ayer en lamanifestación que discurrió en-tre la Zona Franca y la sede deFemca. Varios cientos de opera-rios, rodeados por un numerosodespliegue policial, corearon le-mas contra los empresarios. A sullegada a la puerta de la Confede-ración de Empresarios de Cádiz(CEC), varios trabajadores inclu-so echaron un pulso a los propiossindicatos. No querían dar porconcluida la protesta, queríandejar claro que “si los sindicatosno pueden hacer más porque laley no se lo permite, nosotros sípodemos, y si hace falta arregla-mos las cosas como hace 30 años,porque no tenemos dinero quellevar a nuestras casas y tenemosel despido sobre nuestras cabe-zas”, aseguraba uno de ellos.
Finalmente, y fruto de la pre-sión de los manifestantes, los di-rigentes sindicales presentes (elpropio Jesús Serrano y su homó-logo en UGT, Diego Peces) acep-taron y comenzaron una sentadafrente a la sede que se alargó has-ta la una de la tarde, hora en laque expiraba el permiso de mani-festación.
Antes de la protesta, se produ-jeron algunos incidentes en el po-lígono industrial del Río San Pe-dro, en los accesos a la Cabezue-la y Navantia. Los clavos que ha-bían sido esparcidos en la carre-tera provocaron numerosos pin-chazos (en algunos casos, de has-ta tres ruedas por vehículo). Entotal se estima que medio cente-nar de coches resultaron afecta-dos por los clavos.
El metal no quiere ayudas de la Juntasi antes no se firma el nuevo convenio
JULIO GONZÁLEZ
Algunos de los trabajadores del metal de Cádiz, en la manifestación de ayer.
● Cientos de trabajadores semanifiestan en Cádiz hasta la sedede los empresarios ● Aún no hayfecha de reunión entre las partes
El subdelegadopidea laJuntaquemedieparasolucionar los conflictos
El subdelegado del Gobierno enCádiz, Javier de Torre, recordóayer a los sindicatos su obliga-ción de que las huelgas del me-tal y ambulancias se desenvuel-van “por la vía pacífica”, al tiem-po que exigió a la delegada terri-torial de Economía, Innovación,Ciencia y Empleo de la Junta,Angelines Ortiz, que ejerza “lascompetencias de mediación quele corresponden”. Así, le instó a
flicto”, habiendo tenido que remi-tirlos a la autoridad competente,que es la Junta. Así, se pregun-tó “dónde está Ortiz”, a la que pi-dió “un esfuerzo” en materia deintermediación de conflictos la-borales. La respuesta de la dele-gada no se hizo esperar. Angeli-nes Ortiz informó al subdelega-do de que ella “no pierde eltiempo haciendo comunicadosde prensa”, sino que ha estado“trabajando desde el primer mo-mento” en intentar solucionarambos conflictos y recordó queya pasaron por el Sercla, depen-diente de su Consejería.
trabajar “día y noche” a fin de evi-tar que estos conflictos sigan “da-ñando económicamente y a laimagen de la provincia”. De Torreconfirmó que varios empresarioshan presentado denuncias por“coacción” ante la Policía Nacio-nal y explicó que empresarios deambulancias y del metal se hanpuesto en contacto con la Subde-legación del Gobierno “a efectosde que intermediemos en el con-
Estamos dispuestos ahablar, pero de unconvenio que seacompetitivo”
Juan Jesús GarcíaResponsable de Femca
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R. A. SEVILLA
El dueño de la aseguradora Uni-ter, una de las dos mediadorasdel caso de los ERE, José Gonzá-lez Mata, mantiene en un escritode alegaciones enviada a la juezMercedes Alaya que es cierto queacordó pagar 240.000 euros aCCOO y UGT, pero que se ha tra-tado de “pagos legítimos”. Delmismo modo, González Mataniega que su empresa haya co-brado sobre comisiones, que és-tas llegasen al 20%, ya que, encualquier caso, se situaban en el0,18%. El resto puede correspon-der, por ejemplo, a los gastos defuncionamiento de las asociacio-nes de trabajadores afectadospor los ERE que, como en el casode Delphi, se ha mantenida acti-va durante años. En un escrito di-rigido al juzgado que investiga elcaso de los ERE, el empresariocomprende que esos pagos a lossindicatos “causen extrañeza”,pero añade que son legítimos y“dimanantes de toda moviliza-ción sindical” por gastos adelan-tados por las centrales a sus mili-tantes y no afiliados. GonzálezMata, en contra del escrito de im-putación de Alaya, indica que noha hecho pagos a ninguna “tra-ma corrupta”, sino que a día dehoy su situación es “paupérrima”y los “continuos impagos” porparte de la Junta le han causadoun “claro perjuicio”.
La queja principal del empre-sario es que, lejos de enriquecer-se en una trama, Uniter ha tenidoque colocar dinero propio antelos retraso de los pagos de la Jun-ta a las aseguradoras. Uniter re-cuerda, en su escrito, que las me-diadoras sólo cobran las comisio-
nes cuando la Junta lebera el di-nero a las aseguradoras encarga-das de las pólizas.
El dueño de Uniter tiene pen-diente declarar como imputadoante la juez Mercedes Alaya en lanueva fase de investigación sobrelos ERE falsos, mientras que suhijo José González Torrent quedó
libre el pasado 22 de marzo trasconfirmar ante Alaya su declara-ción policial de que era un merocomercial de la empresa de su pa-dre. Según Uniter, la mediadorano ha obtenido ningún enrique-cimiento ilícito sino que, por elcontrario, “ha tenido que sopor-tar, y de hecho lo sigue soportan-
do, un claro perjuicio patrimo-nial derivado única y exclusiva-mente de los continuos, reitera-dos y definitivos impagos de laJunta respecto de una gran partede las primas comprometidas”.
Según su escrito, “dada la mag-nitud, reiteración y acumulaciónde los atrasos de los pagos porparte de la Junta, llegó un mo-mento en que las aseguradorasno tuvieron más opción que ad-vertir a los tomadores de la sus-pensión de los pagos de las pres-taciones si no se solucionaba deforma definitiva la actuación in-cumplidora”, lo que motivó queen 2012 se formalizara entre laJunta y Generali un acuerdo pa-ra resolver la financiación de laspólizas. Pero lejos de cumplirlo,y sin previo aviso, la Junta “de-cretó unilateralmente eliminarlas legítimas comisiones deven-gadas”, sin discernir las que eranindebidas o ilegítimas. Este de-creto se aprobó en abril de 2012,y eliminaba las comisiones.
Uniter indica que sus pagos a lossindicatos fueron “legítimos”●Una de las dosmediadoras de losERE alega que sucomisión neta fuesólo del 0,18%
PASCUAL
González Mata entra en la sede de Uniter el día de la Operación Heracles.
Lamediadora explica ala juez que ha sufrido undeterioro patrimonial porlos atrasos de la Junta
“Empecinamientoen lassobrecomisiones”Lejos de admitir alguna respon-sabilidad en el caso de los ERE,la mediadora Uniter se conside-ra víctima de la instrucción y,en el escrito del abogado, secritica “el empecinamiento” dela juez instructora al hablar de“sobrecomisiones”. “Uniter hasido la principal víctima de esteprocedimiento”, añade el letra-do “a pesar de la existencia deesas sobrecomisiones que se leimputan, es absolutamentepaupérrima al día de la fecha”.“Realmente, no podemos expli-carnos el empecinamiento delJuzgado en hablar de sobreco-misiones al referirse a las per-cibidas por Uniter, cuando yahemos demostrado quemicliente ni ha facturado ni hapercibido comisiones”.
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Información: www.navarra.es
Construcción de enlace en los accesos a Murchante
Por ORDEN FORAL 42/2013, de 15 de marzo, del Consejero de Fomento, se resuelve la fase de información pública y se aprueba definitivamente el proyecto de “Construcción de enlace en la carretera N-121C, Tudela-Tarazona, con la NA-6840, acceso a Murchante”.El texto íntegro de la Orden Foral
se puede consultar en el Boletín Oficial de Navarra número 65 de fecha 8 de abril de 2013, en la página web de la Dirección General de Obras Públicas (http://www.cfnavarra.es/obraspublicas/info/publica.htm) y en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Cascante y Murchante.
SEMULTIPLICANLASPROTESTASANTELASSEDESDELPPLaPlataformadeAfectadosporlaHipoteca(PAH)seconcentróayerantelasededelPPenBilbaoyanunció queseguirá convocandoescrachespesea la limitaciónordenadapor laErtzaintzaenprotestas ante losdomiciliosde lospolíticos.Laportavozde laPAHdeVizcaya,BegoñaBarrutia (en la imagen), sequejóde lanotificacióndelaErtzaintzadenohacerescrachesantelosdomiciliosdelospolíticosanoserqueesténamásde300metros.UnfuertedesplieguepolicialevitóqueuncentenardepersonasseacercaranantelasededelPPenMadrid. EFE
AMPARO ESTRADAColpisa.Madrid
En unosmomentos en que crecela desafección de los ciudadanoshacia los políticos y en que se de-bate aprobar listas abiertas enlas elecciones, la iniciativa legis-lativa quemás apoyo popular harecibido saldrá del Congreso sindebatirse ni votarse en el Plenode la Cámara el texto final de laley contra losdesahucios.
Casi unmillón ymedio de fir-mas llevóante elCongresode losDiputados la Iniciativa Legislati-va Popular (ILP) contra los de-sahucios y a favorde ladaciónenpago impulsada por la Platafor-madeAfectadospor laHipoteca.
ElPartidoPopularaceptóenelúltimominuto tramitarla pero loha hecho fusionando esa ILP conel real decreto ley aprobado porelGobiernoenuntextoúnicoqueayer recibió un rotundo rechazopor todos los grupos de la oposi-ción.Hasta tal punto se encontróelPPsinapoyoasu textodurantela reunión de la Ponencia delCongreso que propuso dar unnuevo plazo de una semana parapresentar enmiendas y votarladenuevoelmartespróximo.
Lo que sí ha rechazado el gru-po popular en la Mesa del Con-gresoes lapeticióndelPSOEydeotros grupos parlamentarios pa-ra realizar un debate y votaciónfinal enel PlenodelCongreso so-breel textodefinitivode la leyan-tidesahucios.
Esta decisión se adoptó trasuna serie de empates en el órga-no de gobierno de la Cámara (elPPnodisponíadesumayoríaab-soluta porque le faltaba uno desus integrantes y el diputado deCiU se alineó con los socialistas).Tras varios empates a cuatro vo-tos, se aplicó el reglamento queestablece que, si no hay desem-pate, la iniciativadecae.
De esta manera, el texto finalse aprobará en la Comisión deEconomía, que tiene competen-cia legislativa plena, con el votodel PP y se remitirá directamen-te al Senado sin pasar por el Ple-no.
Rechazo de sindicatosPara la portavoz del Grupo So-cialista, Soraya Rodríguez, hur-tar el debate en pleno es “unatrampa inaceptable” que suponedar un “cierre en falso” y “por lapuerta de atrás” a la iniciativaciudadana que había sido toma-da en consideración por unani-midad.
El secretario general deCCOO, Ignacio Fernández Toxo,se preguntó si el PP temía quehubiera fuga de votos si lo lleva-ban al pleno y el líder de UGT,Cándido Méndez, lo calificó de“filibusterismo”.
La portavoz de la PAH, AdaColau, negó ayer en rueda deprensa que acosen a los diputa-dos del PP o miembros del Go-
bierno cuando se manifiestanante sus casas. Colau calificó de“lamentable” la intervención delfiscal general del Estado en losescrachesyadvirtióquenopara-rán si no se incluyen las exigen-cias mínimas de la ILP en la ley.Para Colau, la propuesta del PPde la ley antidesahucios es “unfracaso anunciado y va a provo-car un caos social, económico yjudicial”.
El proyecto de ley de protec-ción de los deudores hipoteca-rios, de reestructuración de ladeuda y del alquiler social pre-sentado por el PP prevé la sus-
La oposición rechaza eltexto del proyecto de leyy se da un nuevo plazopara presentarenmiendas
La PAH no pararán losescraches y sostiene quela propuesta del PP llevaal “caos social,económico y judicial”
El PP impide que la ley contra losdesahucios se vote en el Congreso
pensión durante dos años de losdesahucios de familias en espe-cial riesgo de exclusión; limitalos interesesdedemoraen lashi-potecas sobre vivienda habituala tresvecesel interés legaldeldi-nero (en estosmomentos supon-dría un interés de demora del
12%); permite al notario suspen-der la venta extrajudicial de la vi-vienda si hay cláusulas abusivas;y elevadel 60%al 70% sobre la ta-sación el porcentaje de adjudica-ción del bien por el banco. Segúneste proyecto, si la adjudicaciónno cubre la totalidadde ladeuda,el desahuciadoquedará liberadosi abona en cinco años el 65% dela cantidad que quedara pen-dienteoel 80%endiez años.
Pero es un proyecto que no haconvencidoalrestode losgruposparlamentarios. A juicio de laportavoz de Vivienda del PSOE,Leire Iglesias, es “insuficiente” y“no da solución a nadie”. El por-tavoz del PP, Vicente MartínezPujalte, afirmóquesugrupobus-ca un “equilibrio” entre dar solu-ción a las familias desahuciadasymantenerunmarcoque faciliteel crédito.
CLAVES
1 Rechazoen laJuntadePortavocesElPPharecha-zadoen laJuntadePortavo-cesqueelproyectode leyquesalgade laComisióndeEconomíasedebatayvoteenPleno,unadecisiónquehasidocriticadaporelPSOEyCiU.Lospopulareshanplan-teado que las formacionesaportennuevasenmiendas.
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CARLOS BENITOColpisa.Madrid
A Lecharunvistazoalosperiódicos del 10 deabril de 1994, sorpren-de quemuchos prota-
gonistasdelaactualidadnacionaleran losmismosqueahora. Justopor esas fechas los socialistas an-daban liados con sus congresosregionales, y en las fotos aparece,por ejemplo, Alfredo Pérez Ru-balcaba, entoncesministro de laPresidencia, con la barba másmorena y la sonrisamás relajadaque hoy. En las hemerotecas dehace 19 años nos topamos conotra barba conocida: aquel 10 deabril eligieron secretario generalde UGT a CándidoMéndez, queestasemanaaspiraarenovarunavezmás en el puesto. El sindicatoinaugurahoyel41CongresoCon-federal bajo el lemaLa unión porel trabajo. Acción y solidaridad.Entre los invitados se encuentraPérezRubalcaba.
Hasta 1994, los columnistassolíandecirqueUGTseregíaporunúnicoprincipio.Algoasí como“Artículo primero: el líder siem-pre tiene razón, y en caso contra-rio se aplicará el artículo prime-ro”. Pero, en 1994, el aval del se-cretario general saliente, elhistórico Nicolás Redondo, no li-bró aMéndez demantener unadura pugna conManuel Fernán-dezLito. Las reelecciones le hanresultadomuchomás cómodas:en 2009, obtuvo el 93% de los vo-tos, y en el congreso confederalque arranca hoy no parece quevaya a haber ninguna opción al-ternativa.
Entre las enmiendas presen-tadas, alguna reclama que se li-mitenlosmandatosenlasecreta-ría general, y lo curioso es queMéndez respalda esa iniciativa ala vez que justifica su permanen-cia: “Vamos a abordar cuatroaños de tránsito en el sindicato–argumenta–. ¿Era adecuado si-multanear el cambio del sindica-to con un cambio en la dirección,enunacoyuntura tandifícil?”.
Cargos públicosElnuevoperiodoal frentedeUGTsupondrá para CándidoMéndezel ingreso en el selecto club de losveinteañeros, las personas quehan superado las dos décadas enelmismo puesto. De diez años esrelativamente fácil pasar -lo con-siguióhastaunpresidentedelGo-bierno, FelipeGonzález, que ocu-pó laMoncloa 13años-, perovein-te suponen mucho tiempocuando el cargo depende de losvotosajenos.Hayámbitosquepa-recenmás proclives a los líderescasi perpetuos, como el deporti-vo. El ejemplo paradigmático esÁngelMaríaVillar, quepreside lafederación española de fútboldesde1988: se fueaMadridcon laintenciónde regresar al PaísVas-co cuatro años después, pero yalleva un cuarto de siglo sin queningúnotrocandidato logreplan-tarlecara.
Pero, en política, 20 años sonpalabras mayores, esa fronteraque equivale a un huecomás re-
El secretario general deUGT,CándidoMéndez, el pasadodía3en lapresentacióndel congreso. EFE
Méndez,el ‘veinteañero’deUGTUGT inicia hoy su 41 Congreso Confederal bajo el lema ‘La unión por el trabajo. Acción y solidaridad’.Cándido Méndez, que lleva ya 19 años al frente del sindicato, revalidará el cargo hasta 2017
Trece delegados deNavarra
Unadelegacióndetrecepersonas,encabezadasporelsecretariogeneralde lacentralenNavarra, JuanGoyen,participaráenel41Congreso Confederal que UGT. Al congreso asisten los cuatromiembros de la comisión ejecutiva regional,ManuelGómez, se-cretariodeOrganización;MartaGonzález, secretariadePolíticaEconómica, Idoia Remírez, secretaria de Empleo y Formación;JoséMejías, responsable de Construcción de la Federación deMetal,ConstrucciónyAfines (MCA),ademásdelpropioJuanGo-yen.Losotrosmiembrosde ladelegaciónsonrepresentantesdedistintas federaciones regionales comoLorenzo Ríos,MarisolVicenteyJoséLuisManías (Metal), PedroCarvajal ySorayaPro-tomártir (Industria yTrabajadoresAgrarios), AmaiaVillanueva(HosteleríayComercio), JesúsBayón (ServiciosPúblicos) e Ima-nol Abárzuza (Transportes). Unos 600 delegados participaránenestacita,quesecelebraenlasededelsindicatoenMadrid,360de ellos en representación de las federaciones y uniones estata-lesy240de lascomunidadesautónomas,entreotros.
Entre las enmiendaspresentadas alcongreso, se plantealimitar los mandatos enla secretaría general
levante en la historia: la supera-ron, al frente de sus respectivasautonomías, Juan Carlos Rodrí-guez Ibarra (llegó a los 25), JordiPujol (23) y José Bono (21). Entrelosactuales jefesdegobiernosre-gionales, dos están a punto de in-corporarse a este grupo: tanto elmurciano RamónLuis Valcárcelcomo el riojano Pedro Sanz, am-bosdelPPalcanzarán los20añosde presidencia al término de susactualesmandatos. Al igual queMéndez, ambos se han converti-do en apuestas incontestables,sin ningún rival que les tosa enlasurnas.
Enlasalcaldíasdelascapitalesde provincia, solo hay ahoramis-mo una integrante del club de losveinteañeros, también del PP. Ri-
taBarberásehizoconelgobiernomunicipal de Valencia en 1991, ylo logróde rebote: solohabía con-seguido nueve de los 33 conceja-les,cuatropordebajodelossocia-listas, pero se impuso gracias alapoyo deUnión Valenciana. Des-de entonces, esta antigua perio-dista especializada en informa-ciónmunicipal ha arrollado a to-dos sus rivales y, en las cuatroúltimas elecciones, se hamante-
nido en la veintena de concejales,unoarriba,unoabajo.Ahoramis-mo, haymás de 170.000 vecinosde Valencia que no han llegado aconocerotroregidor.
Claro que todas estas figuraspolíticaspuedenpasarpordebu-tantes al compararlas con algu-nos de sus colegas de los pue-blos, donde la alcaldía puede de-rivar en un cargo casi vitalicio.Todavía son relativamenteabundantes los alcaldes que sehicieron con el cargo en las pri-meras elecciones municipalesde la democracia, allá por 1979, ytodavía no lo han soltado. Un ca-so bien conocido es el de JuanManuel Sánchez Gordillo, el re-gidordeMarinaleda (Sevilla).Enlos últimos comicios, el dirigen-te del Sindicato Andaluz de Tra-bajadores (SAT) batió su propiorécorddevotantes conun73%.
Noobstante,el títulodealcaldemás veterano le corresponde aJoséLuisSeguí, regidordeAlmu-daina(Alicante),que fuedesigna-do en 1972 por el gobernador ydespués ha ido imponiéndose enlas elecciones, primero conUCD,después conAP y finalmente conel PP. Seguí, de 72 años, tiene unargumento a favor de losmanda-tos largos: “Yonuncaheendeuda-do al Ayuntamiento -explica-, so-lohagoalgosipuedohacerlo.Lospueblos con muchos cambiosacaban endeudados hasta lasorejas,porquecadaunoque llegapretende hacer cosas imposiblesy empeña al Ayuntamiento. To-dosquieren impresionar”.
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Efe.Madrid
El ente público Radio TelevisiónMadrid tendrá que abonar unamayor indemnización a los 861trabajadores despedidos en ene-ro a través de un expediente deregulación de empleo (ERE), se-gún el fallo hecho público ayerporelTribunalSuperiordeJusti-ciadeMadrid (TSJM).
La Sala de lo Social de este tri-bunal considera que la “decisiónextintiva” del ente público no seajusta a derecho al no haberseacreditado la causa legal que seadujo, con lo que estima parcial-mente la demanda interpuestapor los sindicatos UGT, CCOO yCGT.
La decisión del TSJM implica,según los sindicatos, elevar lacuantía de las indemnizacionespordespidoa45díasporaño, pe-ro no la anulación de los despi-dos, lo que valora Telemadrid, alcontrario que los trabajadores,que prevén recurrir ante el Su-premo.
En la sentencia, el juez exponeque la situación de pérdidas delente ha resultado “probada”, pe-ro indica que “resulta evidenteque una situación económica ne-gativa (...) no basta para justificarlos despidos de 925 trabajadoresdeunaplantilla totalde 1.161”.
El fallo agrega que, como “pla-neamiento estratégico” y “deci-sión empresarial”, sería “facti-ble” queTelemadridhiciese “unarevisión general de la contabili-dad y del sistema de producción”debido a la menor asignaciónpresupuestaria que recibirá esteaño.
No obstante, puntualiza queestamenor dotación presupues-taria “no constituye una causa deextinción de despido colectivopara así eludir las consecuenciaslegales que de dicha decisión sederivan”.
Telemadrid indica en un co-municado que la “única” razónpor la que el expediente se consi-dera no ajustado a derecho esque la fundamentación económi-cade losdespidosesconsiderada“estructural” yno “sobrevenida”.
Por ello, según Telemadrid, lasentenciamantienequeel proce-dimiento empleado por el entepara efectuar el despido fue el“correcto” y que la tramitacióndelmismo, así como los criteriospara laseleccióndelosafectados,hasido“ajustadaalasreglasdelabuena fe” ynodiscriminatoria.
Tras conocer el fallo, la presi-denta del comité de empresa deTelemadrid,TeresaGarcía,hadi-cho que la sentencia es “una vic-toria parcial” de los trabajadoresporque les hubiera gustado quese hubiesen declarado nulos losdespidos.
Garcíahacomentadoqueaho-ra los sindicatos vana estudiar lasentencia convistas aun recursode casación ante el Tribunal Su-premo y ha emplazado al presi-dente de la Comunidad de Ma-drid, Ignacio González, a que“despida al equipo directivo” deTelemadrid.
El Tribunal Superior deJusticia de Madridconsidera que harealizado despidosimprocedentes
Los trabajadores valoranel aumento de lasindemnizaciones y laempresa que no seanulen los despidos
Telemadrid tendrá que pagarmása los 861 trabajadores despedidos
LasededeTelemadrid enPozuelodealarcón. EP/ARCHIVO
FSD
El consejero de Presidencia,Justicia y portavoz del Gobier-no regional, Salvador Victoria,ayer que tras la decisión delTSJM“ningún despedidose re-integrará en la plantilla” de Te-lemadrid.
“El TSJMha avalado los des-pidos que en sumomento acor-dó la direccióndel ente públicoRadio TelevisiónMadrid paraajustarse a la Ley audiovisual,ha confirmado esos despidos ypor tanto,ninguno de los traba-jadoresdespedidosvolveráosereintegrará en la plantilla deTelemadrid”, señalóVictoria.
En este sentido, Victoria ha
LaComunidad dice queno readmitirá despedidos
especificado que el Tribunalmadrileño lo que hace es “ele-var las cuantías de las indemni-zaciones de esas personas des-pedidas” y ha añadido que, pre-cisamente, esta cuantía “tieneque ser elevada por la cerrazóny por el boicot que hicieron lossindicatos de Telemadrid al nollegar a ningún tipo de acuer-do”.
Y es que Victoria ha explica-do que aunque la dirección deTelemadrid llegó a ofrecercuantías indemnizatorias “másaltas”, los sindicatos se nega-ron a alcanzar un acuerdo. “Ladirección de Telemadrid ofre-ció, y eso también lo ha valora-do el TSJM, diversas propues-tas de acuerdo y en algunas deellas había la posibilidad deque algunos de los despedidospudieran haberse integrado enla Comunidad deMadrid”, hadestacado.
●El portavozdel gobiernomadrileño reprocha la“cerrazónde los sindicatos alno llegar aningún tipodeacuerdo”
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Delegación vasca alcongreso de UGT
LIDERADA POR CASADO:: El secretario general de UGT -Euskadi, Dámaso Casado, enca-beza la delegación vasca que par-ticipa en el 41 Congreso Confe-deral deUGT, que se celebra des-de hoy y hasta el próximo sába-do en Madrid bajo el lema ‘Launión por el trabajo.Acción y So-lidaridad’. UGT-Euskadi estará re-presentada por 10 miembros, alos que hay que añadir los dele-gados que van en representaciónde las distintas federaciones, has-ta completar un total de 21 dele-gados vascos, de un total de 600.
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El histórico sindicalistaFernández Villa renuncia
:: El histórico dirigente sindical ypolítico José Ángel FernándezVillaanunció ayer su decisión de renun-ciar de manera irrevocable al cargocomo secretario general del SOMA-FITAG-UGT, que ostentaba desde1979, por razones de salud.
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Aseguran que laslimitaciones fijadaspor la Ertzaintza sonuna «coacción»a sus derechos demanifestación
BILBAO. «No podemos quedarnosde brazos cruzados. Si no nos per-miten protestar frente a las casas delos políticos, tendremos que buscarsoluciones alternativas para que es-cuchen nuestras reivindicaciones».Los activistas antidesahucios deEuskadi estudian recurrir a «medi-das más drásticas» para «esquivar»las limitaciones que elDepartamen-to vasco de Seguridad ha estableci-do para las concentraciones convo-cadas frente a los domicilios de po-líticos del PP al entender que supo-nen un ataque «a la integridadmo-ral» de los representantes públicosy sus familias. Entre las «acciones»
que la Plataforma deAfectados porla Hipoteca (PAH) planea para sos-layar la prohibición sobresale unamedida polémica que dará que ha-blar. Si no les permiten ir a sus ca-sas, los activistas esperarán a quelos políticos salgan del perímetrode seguridad fijado por la Ertzaint-za en este tipo de concentraciones–300 metros– para seguirles des-pués por las calles de forma indivi-dual o en grupos reducidos para lle-var hasta allí su protesta. Siempre–insisten– sin «incumplir la ley nilos derechos de nadie». «No vamosa renunciar a los escraches. Y no nosimportará con quién vayan por la
calle. Igual que a ellos no les impor-ta si están nuestros hijos en casacuando vienen a desahuciarnos»,advierte la portavoz de la PAH, Be-goña Barrutia.Losmilitantes antidesahucios con-
sideran que la decisión del directorde la Ertzaintza, Gervasio Gabiron-do, de impedir a los manifestantesacercase amenos de 300metros delas viviendas dedos diputados del PPen San Sebastián y Bilbao –EugenioAzpiroz y Leopoldo Barreda– supo-ne una «coacción» que, a su juicio,«cercena» su derecho demanifesta-ción. La resolución del responsablede la Policía vasca tiene especial im-
portancia en lamedidaenqueha sidoel primer cuerpo policial que ponelímites a los escraches –queesun tér-minoque se acuñóenArgentinaparadenominar a las protestas que se or-ganizan frente a la viviendas y loslugares de trabajo de un personajepúblico para denunciar suposiciona-miento en torno aun temadetermi-nado–, y sientaprecedenteenEuska-di de cara a las futurasmanifestacio-nes de este tipo que se convoquen.El Gobierno vasco entiende que
estas concentraciones suponen unataque «real» a la «integridadmoral»de los políticos ‘seleccionados’ en lamedida en que afecta también «a suentorno familiar y laboral»; dos ám-bitos que son «ajenos» a su actividadpública y quepor tanto sufriríanuna«injustificada injerencia» con tal «ac-titud intimidatoria». La resolucióndeGabirondo concluye que el dere-cho de reunión «no es ilimitado» yaque tiene situadas sus fronteras don-de empiezan los «derechos de los de-más». En este contexto, el Departa-
Los antidesahucios harán seguimientos a lospolíticos al no poder protestar ante sus casas
Varias decenas de personas se manifestaron ayer frente a la sede del PP vasco en Bilbao. :: FERNANDO GÓMEZ
Aitor EstebanPNV
«No se debe abusar dela libertad de expresión»El portavoz del PNV en el Con-greso respaldó la decisión de laconsejería vasca de Seguridad delimitar la distancia a la que sepuede protestar ante las casas delos políticos. «No se puede abu-sar de la libertad de expresiónpara coaccionar a los demás ycasi violar su intimidad».
Patxi LópezPSE
«Nome parece la mejorforma de protestar»El secretario general del PSE se-ñaló que escraches promovidospor las plataformas antidesahu-cios «no son lamejormanera deprotestar». «Están en esa líneaque separan, y a veces la sobre-pasan, los derechos demanifes-tación, de expresión... y otros de-rechos personales básicos».
AntonioBasagoiti PP
«Están en la estrategia oal servicio de Bildu»El presidente del PP vasco acusóa Stop Desahucios Bizkaia de«estar al servicio o en la estrate-gia de Bildu» por haber pedido elvoto para la coalición. «Yo no hedicho nunca que esta gente seatoda ETA, ni que sean terroristaslos de los desahucios, lo que digoes que las formas les pierden».
José Luis Soldevilla EHBildu
«Kutxabank se gana apulso los escraches»El consejero de EH Bildu en laBBK consideró que el presidentede Kutxabank,Mario Fernández,«se está ganando a pulso» los es-craches porque «no hace nadapara solucionar» situacionescomo los desahucios. Soldevilladenunció «la falta de sensibili-dad» de la junta directiva.
RosaDíezUPyD
«No hace faltaque lo diga el fiscal»La líder de UPyD incidió en quepara controlar las protestas antelas casas de los políticos «no hacefalta que lo diga el fiscal generaldel Estado, ni que dé instruccio-nes» a los fiscales, porque «losdelitos se tienen que perseguir»y, por tanto, debería ser suficien-te con esa «obligación legal».
VALORACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS SOBRE LOS ESCRACHES
DAVID S.OLABARRI
El fiscal general pidea Calparsoro queinforme de los casosde acoso a políticos
La Fiscalía General del Estado haremitido un escrito a los 17 fisca-les superiores, entre ellos al delPaísVasco, JuanCalparsoro, solici-tando que le remitan informacio-nes sobre los casos de acoso a re-presentantes políticos en sus res-pectivas comunidades autóno-mas. Por otra parte, el portavoz delaAsociación Profesional de laMa-gistratura (APM), Pablo Llarena,opinó ayer que el escrache no estácontemplado comouna infrac-ción penal, salvo que, en algúncaso concreto, se puedan apreciar«coacciones, lesiones, daños oagresiones». Llanera dijo que elescrache se puede configurarcomouna falta de coaccionescuando la protesta «determina elcomportamiento de la personacontra la que se dirige».
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pretende además dinamizar y cam-biar el mercado de alquiler, forzan-do a bancos y constructoras a queocupen las viviendas vacías duran-te más de seis meses bajo amenazade sancióneconómica dehasta 9.000euros por vivienda con el fin de po-tenciar el alquiler. La medida, pio-nera enEspaña, es uno de los prime-ros logros de IU desde su entradacomo socio en el ejecutivo regional.Este procedimiento se podrá apli-
car a los desahucios instados por los
bancos y sus filiales inmobiliarias oentidadesdegestióndeactivos, siem-pre que se trate de la residencia ha-bitual y permanente o que el desa-lojo pueda generar una situación deexclusión social, acreditada por losservicios sociales de los ayuntamien-to.También se tendrá en cuenta quela hipoteca supongamás de un ter-cio de los ingresos familiares y quelas condiciones económicas de losafectados hayan sufrido «un impor-tantemenoscabo».
Todos los grupos de laoposición rechazan eltexto del proyecto de leypor «insuficiente» pararesolver el problema
:: AMPARO ESTRADAMADRID. En unos momentos enque crece la desafección de los ciu-dadanos hacia los políticos y en quese debate aprobar listas abiertas enlas elecciones, la iniciativa legislati-va popular quemás apoyos ha reci-bido saldrá del Congreso sin debatir-se ni votarse. El Partido Popular fu-sionó la tramitación de la ILP contralos desahucios y el real decreto leyaprobado por elGobierno enun tex-to único que ayer recibió un rotun-do rechazoporpartede todos los gru-pos de la oposición. Hasta tal puntose encontró el PP sin apoyo a su tex-to durante la reuniónde la Ponenciadel Congreso que propuso dar unnuevoplazo para presentar enmien-das y votar de nuevo el martes pró-ximo. Lo que sí ha rechazado el gru-po popular es la petición del PSOEyde otros grupos parlamentarios paravotar enel PlenodelCongresoel tex-to definitivo de la ley antidesahu-cios. De esta manera, el texto finalse aprobará en la Comisión de Eco-nomía, que tiene competencia legis-lativa plena, con el voto del PP y seremitirá directamente al Senado.Para la portavoz del Grupo Socia-
lista, SorayaRodríguez, hurtar el de-bate en pleno es «una trampa ina-ceptable» que supone dar un «cierreen falso» y «por la puerta de atrás»a la iniciativa ciudadana. Mientras,la portavoz de la PlataformadeAfec-tados por laHipoteca (PAH),AdaCo-lau, y los secretarios generales deCCOOyUGT, Ignacio FernándezToxoyCándidoMéndez, respectivamen-te, ofrecíanuna rueda deprensa con-junta enMadrid en la que advertíande que la propuesta del PP es «un fra-caso anunciado y va a provocar uncaos social, económico y judicial».El proyecto de ley de protección
de los deudores hipotecarios, de re-estructuración de la deuda y del al-quiler social presentado por el PPprevé la suspensióndurantedos añosde los desahucios de familias en es-pecial riesgo de exclusión; limita losintereses de demora en las hipote-cas sobre viviendahabitual a tres ve-ces el interés legal del dinero (en es-tosmomentos supondría un interésde demora del 12%); permite al no-tario suspender la venta extrajudi-cial de la vivienda si hay cláusulasabusivas; y eleva del 60% al 70% so-bre la tasación el porcentaje de ad-judicación del bien por el banco. Se-gún este proyecto, si la adjudicaciónno cubre la totalidad de la deuda, eldesahuciado quedará liberado si abo-na en cinco años el 65% de la canti-dad que quedara pendiente o el 80%en diez años.
El PP impide que la leycontra los desalojos sevote en el Congreso
Un miembro del PAH acude a entregar una carta a la sede del PP. :: F. G.
El proyecto del PP es, a juicio dela portavoz de Vivienda del PSOE,Leire Iglesias, «insuficiente» y «noda solución a nadie»; Joan Coscu-biela, de la Izquierda Plural, la con-sideró «cicatera»; para CiU es una«decepción» y el PNV aseguró que«no se ha avanzado nada». A su vez,UPyD reconoció que no resuelvelas deudas impagables. Ante estascríticas, el portavoz del PP, Vicen-te Martínez Pujalte, afirmó que sugrupo busca un «equilibrio» entredar solución a las familias desahu-ciadas y mantener un marco quefacilite el crédito y apuntó que elconsenso «no es un objetivo en símismo».
Expropiaciones a losbancosEnmedio de la polémica,Andalucíadio a conocer ayer su receta para fre-nar el drama social de los desahu-cios: expropiar temporalmente aaquellos bancos o entidades finan-cieras las viviendas que vayan a de-sahuciar a familias en riesgo gravede exclusión social. El nuevo decre-to ley, que entrará en vigor el vier-nes tras su publicación en el Bole-tínOficial de la Junta deAndalucía,
mento de Seguridad emitió ayer unanota para insistir en que la Ertzaint-za «no prohibe ni impide» el dere-cho demanifestación al actuar con-tra estas protestas, sino que actúapara «garantizar el derecho a la pri-vacidad de las personas». El vicecon-sejero de Seguridad, Josu Zubiaga,subrayó que estas limitaciones soniguales ante cualquier tipo de con-centración que pueda vulnerar de-rechos individuales.
El cobradordel fracEnmedio del creciente debate sobrelos límites legales de los escraches,los integrantes del PAH en Euskadiinsisten en que seguirán convocan-do escraches pese a las limitacionesfijadaspor la Policía autonómica. «Pa-rece que si eres de esta plataformaya eres un terrorista, un coacciona-dor o un intimidador», aseguró Ba-rrutia a las puertas de la sede del PPvasco enBilbao, donde se concentra-ronvarias decenas de personas.Des-pués entregaron al juntero ArturoAldecoa un escrito solicitando unaentrevista conLeopoldoBarredaparapedirle que se sume a la IniciativaLegislativa Popular, que contemplala dación en pago de las viviendaspara saldar las deudas con los bancos.«Comoen los últimos seismeses nohan respondido a nuestros correosnos vemos obligados a venir a pre-guntárselo de primeramano», afir-maron.Ayer también se desarrollaron ac-
tos de protesta similares en nume-rosas ciudades españoles, si bien unfuerte despliegue policial impidió laconcentración ante las oficinas cen-trales de lamadrileña calle Génova.EnVitoria,más de cien personas delcolectivoKaleratzeak StopAraba sedieroncita frente a la sededel PPparaentregar una carta dirigida al porta-voz del partido en el Congreso, Al-fonsoAlonso. Lamisiva fue recogi-da por el secretario general de los po-pulares vascos, IñakiOyarzábal, quese comprometió a hacérsela llegar asu compañero de partido, según in-forma Jokin Elizaran.En este contexto, los miembros
de la PAHestán estudiando ya los lí-mites legales permitidos para poderdesarrollar sus escraches alternati-vos porque, segúndijeron, no tienendinero para poder hacer frente a lasmultas. SegúnexplicaBarrutia, quie-ren saber cuál es el número exactode personas que pueden participaren estas «acciones» sin que se consi-dere que están realizandouna «con-centración no autorizada». Toman-do comoejemplo al cobrador del frac,entienden que una o dos personaspodrían seguir al ‘objetivo’ con car-teles por la calle si se respetan unas«distanciasmínimas» yno se vulne-ran susderechos. «La gente estámuycabreada con la prohibiciónde laErt-zaintza.Un compañerohadichoqueseva adesnudarparaprotestar él soloante la casa de Barreda. Nos estánobligandoa tomarmedidasmásdrás-ticas», lanza.
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:: I. AROZAMENASANTANDER. La delegación deCantabria al Congreso Federal deUGT que comienza hoy en Ma-drid tendrá una representacióndestacada ya que la secretaria ge-neral, María Jesús Cedrún, serála vicepresidenta de lamesa. Tre-ce delegados cántabros, de un to-tal de 600, participan en la con-vención que elegirá el sábado ala nueva Comisión EjecutivaConfederal y a los demás órga-nos dedireccióndel sindicato paralos próximos cuatro años. Sólo seha presentado una única candi-datura, la de CándidoMéndez.Al Congreso Federal le segui-
rá, en elmes de junio, el de Can-tabria. Cedrún no ha decidido,por ahora, si se presentará a la re-elección. De camino aMadrid, lasecretaria general deUGTdeCan-tabria señaló a este periódico que«hay que ver» cómo queda la or-ganización interna del sindicato.Está previsto que en el congre-so deMadrid se apruebe una re-ducción de la estructura internadel sindicato «para hacerla máságil y más adaptada a los tiem-pos». De esta forma posiblemen-te merme el número de federa-ciones. En Cantabria hay siete,que agrupan las diferentes áreas,más la asociación de pensionis-tas. Con la reforma, el númerose verá reducido a «tres o cuatro».
Cedrún será lavicepresidentadel congreso deUGT que comienzahoy en Madrid
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Culos debuen asiento
Si el congreso deUGT que arrancahoy sale según loesperado, CándidoMéndez se sumaráal selecto ‘club delos veinteañeros’,el grupo de líderesque alcanzan lasdos décadas enunmismo cargo
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S i echamosunvistazoa los periódicos del 10de abril de 1994, talveznos sorprendacomprobar quemu-chos protagonistas de
la actualidadnacional eran losmis-mos que ahora. Justo por esas fechaslos socialistas andaban liados consus congresos regionales, y en las fo-tos aparece, por ejemplo,AlfredoPérezRubalcaba, entoncesministrode la Presidencia y portavoz delGo-bierno, con la barbamásmorenay lasonrisamás relajada quehoy. Perohasta los que sehanmantenido enprimera fila han experimentadodealgunamanera los embates deltiempoy la política, que les hanhe-cho cambiar de tarea a la vez queiban engullendo a otros conpeorfortuna omenos cintura.Haypocasexcepciones, pero en esos diarios dehace justo 19 añosnos topamos conotra barba conocida: aquel 10 deabril eligieron secretario general deUGTaCándidoMéndez, que esta
semana aspira a repetir unavezmásenel puesto.Hasta aquelmomento, los co-
lumnistas solían decir que el sindi-cato se regía por unúnico principio.Algo así como«Artículo primero: ellíder siempre tiene razón, y en casocontrario se aplicará el artículo pri-mero». Pero, en 1994, el aval del se-cretario general saliente, el históri-coNicolásRedondo, no libró aMén-dez demantener unadura pugnaconManuel Fernández ‘Lito’. Las re-elecciones le han resultadomuchomás cómodas: en 2009, obtuvo el93%de los votos, y en el congresoconfederal que arrancahoynopare-ce quevaya ahaber ningunaopciónalternativa. Entre las enmiendaspresentadas, alguna reclamaque selimiten losmandatos en la secreta-ría general, y lo curioso es queMén-dez respalda esa iniciativa a la vezque justifica supermanencia: «Va-mos a abordar cuatro años de tránsi-to en el sindicato –argumenta–. ¿Eraadecuado simultanear el cambio del
sindicato conun cambio en la direc-ción, enuna coyuntura tandifícil?».El nuevoperiodo al frente de
UGT supondrá paraCándidoMén-dez el ingreso en el selecto ‘club delos veinteañeros’, las personas quehan superado las dos décadas en elmismopuesto.Dediez años es rela-tivamente fácil pasar –lo consiguióhasta unpresidente delGobierno,FelipeGonzález, que ocupóLaMoncloa algomás de trece–, peroveinte suponenmucho tiempocuando el cargo dependede los vo-tos ajenos, tantas veces traidores yvolanderos.Hay ámbitos quepare-cenmásproclives a los líderes casiperpetuos, comoel deportivo. Elejemplo paradigmático esÁngelMaríaVillar, quepreside la federa-ción española de fútbol desde 1988:se fue aMadrid con la intenciónderegresar al PaísVasco cuatro añosdespués, pero ya llevaun cuarto desiglo sin queningúnotro candidatologre plantarle cara, pese a que lascríticas arrecianperiódicamente so-
bre su gestióny supersona. En lasúltimas elecciones, obtuvo 161 vo-tos de los 167 posibles, y supresen-cia en la entidad es conocida yacomoel ‘villarato’. Su equivalenteen la federaciónde atletismoes JoséMaríaOdriozola, que ascendió a lapresidencia solo un añomás tarde.Pero, enpolítica, veinte años son
palabrasmayores, esa frontera sim-bólica que equivale a unhuecomásrelevante en lahistoria: la supera-ron, al frente de sus respectivas au-tonomías, JuanCarlosRodríguezIbarra (llegó a los 25), Jordi Pujol
(23) y JoséBono (21). Entre los ac-tuales jefes de gobiernos regionales,dos están a punto de incorporarse aeste grupo: tanto elmurcianoRa-mónLuisValcárcel comoel riojanoPedro Sanz alcanzarán los veinteaños depresidencia al términodesus actualesmandatos.Ambos sondel Partido Popular –los socialistashanvisto cómoalgunas veteraníasse truncaban en las últimas eleccio-nes– y los dos comparten tambiénun rasgomuyhabitual entre estosgobernantes casi eternos: lejos dedesgastarse, se han convertido enapuestas incontestables, sinningúnrival que les tosa en las urnas. En lasúltimas autonómicas, las de 2011,Valcárcel obtuvo el 58%de los vo-tos, lo que le convirtió en el candi-dato conmayor apoyode todaEspa-ña, y Sanz rondó el 52%.En las alcaldías de las capitales de
provincia, solohay ahoramismouna integrante del ‘club de los vein-teañeros’, tambiéndel Partido Po-pular. Rita Barberá sehizo conel go-
Sus cargosdependende unaselecciones,pero llevanmuchos añosganándolas.En los pueblos,no faltan losalcaldes queestán en elpuesto desdelos ya lejanos 70
«Los pueblosconmuchos
cambios de alcaldeacaban endeudadoshasta las orejas»
CándidoMéndez,secretario general deUGTIngeniero técnico especializadoen química metalúrgica, se afi-lió a UGT y el PSOE con 18años y fue diputado entre 1982y 1986. Le eligieron secretariogeneral de UGT en el congresode abril de 1994, como sucesorde Nicolás Redondo, y revalidóel cargo un año después en uncongreso extraordinario. Tiene61 años y nació en Badajoz.
19años en el cargo
22años en el cargo
RitaBarberá,alcaldesadeValenciaSe licenció en Económicas ysacó la plaza de economistasindical, pero acabó trabajandode periodista, como su padre.En 1976 fue una de las funda-doras del Partido Popular enValencia y en 1983 debutócomo diputada en las Cortesautonómicas, puesto que sigueocupando. Llegó a la alcaldíaen 1991 gracias al apoyo deUnió Valenciana. Tiene 64 años.
18años en el cargo
RamónLuisValcárcel,presidentedeMurciaLicenciado en Filosofía y Le-tras. Ingresó en Alianza Popu-lar en 1982 y fue concejal delAyuntamiento de Murcia du-rante ocho años, antes de pa-sar a la Asamblea Regional yconvertirse en presidente au-tonómico en 1995. Al términode este mandato cumplirá losveinte años al frente del go-bierno regional. Desde el añopasado preside también el Co-mité de las Regiones de laUnión Europea. Tiene 58 años.
:: CARLOSBENITO
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biernomunicipal deValencia en1991, y lo logró de rebote: solohabíaconseguidonuevede los 33 conce-jales, cuatro por debajo de los socia-listas, pero se impuso gracias al apo-yodeUnióValenciana.Desde en-tonces, esta antigua periodista espe-cializada en informaciónmunicipalha arrollado a todos sus rivales y, enlas cuatroúltimas elecciones, se hamantenido en la veintena de conce-jales, uno arriba, uno abajo.Ahoramismo, haymás de 170.000vecinosdeValencia quenohan llegado a co-nocer otro regidor.AEstebanGon-zález Pons, el responsable de comu-nicacióndel Partido Popular, le gus-ta referirse aRita Barberá como«laalcaldesa deEspaña», inclusohaafirmadoque «tienemás importan-cia que cualquier otro cargo políticoal quepudiera aspirar». Ella parecede acuerdo, porque, pese a los ru-mores incesantes sobre supaso a laGeneralitat, yaha confirmado su in-tenciónde competir en lasmunici-pales de dentro de dos años «No sé
hacer otra cosa que ser alcaldesa ymeapasiona», ha explicado. Paracuando lleguen las elecciones de2015, por cierto, yahabrá otros tresalcaldes conveinte años en el sillón:TeófilaMartínez enCádiz, JavierLeónde laRiva enValladolid y Pe-droRodríguez enHuelva.Todos delPP, todos elegidos en 1995.
LosnietosoelpuestoClaro que estas figuras políticaspuedenpasar por debutantes alcompararlas con algunos de sus co-legas de los pueblos, donde la alcal-día puedederivar enun cargo casivitalicio. Son relativamente abun-dantes los alcaldes que sehicieronconel cargo en las primeras eleccio-nesmunicipales de la democracia,allá por 1979, y todavía no lohansoltado.Un caso bien conocido es elde JuanManuel SánchezGordillo,el regidor deMarinaleda (Sevilla),que en los últimos comicios batió supropio récord devotantes conun73%.Otro ejemplo interesante es el
de PilarOtilia López, unamaestradeRamirás (Ourense) que figurabaentre el centenar demujeres elegi-das en 1979 en todaEspaña: en reali-dad, ella ya era alcaldesa de antes,desde 1975, yha revalidado el pues-tohastahoy.Hay carreras tan increíbles como
la deLicinio Prieto, que se estrenóen la alcaldía deCuevas delValle(Ávila) en 1959y lamantiene, aun-que conunpar de paréntesis al finalde la dictadura y en la segunda legis-latura de la democracia.Demaneracontinuada, parece que el título dealcaldemás veterano le correspondea José Luis Seguí, regidor deAlmu-daina (Alicante), que fue designadoen 1972por el gobernador y despuésha ido imponiéndose en las eleccio-nes, primero conUCD, después conAPy finalmente conel PP. Su inten-ciónhaceunos años era retirarsepara «disfrutar de los nietos», peroal final siempre se da cuenta de quequedan cosas por hacer y le sabemaldejarlo. ¿Cuál es la clave deunéxito
tan sostenido? «Llevarse bien con lagente, ser responsable y preocupar-se por todo, porque eres alcaldesiempre: en casa, en elAyunta-miento y en la calle», respondeunconvencido Seguí, que ahora tiene72 años. Su granorgullo es haberrestaurado la torre de la antigua al-quería árabe quedomina el pueblo–«he tenidomuchas batallas coneso, dale que te pego, y ahora vienemucha gente a disfrutar de las vistaspreciosas»– y suquejamás impor-tante, que ahorahaymenos con-fianza ymás burocracia que antes.José Luis Seguí tiene, además, un
argumento a favor de las gestioneslargas, aunqueno está claro que sir-va para todos sus compañeros de es-tas páginas: «Yonuncahe endeuda-do alAyuntamiento –explica–, solohago algo si puedohacerlo. Los pue-blos conmuchos cambios acabanendeudadoshasta las orejas, porquecadaunoque llega pretendehacercosas imposibles. ¡Todos quierenimpresionar!».
Sin contar a las familias rea-les, en el mundo hay unoscuantos políticos que ocu-pan puestos de poder desdelos años 70. Es el caso delcamerunés Paul Biya (en lafoto), un hombre educadoen París que en 1975 se con-virtió en primer ministro deCamerún para pasar en 1982a presidente. Tanto la oposi-ción como algunos paísesextranjeros han denunciadoirregularidades en las elec-ciones que le han permitidoseguir en el puesto. Entrelas singularidades de Biyaestá su costumbre de pasarlargas temporadas en Suiza.Angola está gobernada
desde 1975 por José Eduar-do dos Santos, que consi-guió el 72% de los votos enlos comicios del año pasado.Y Teodoro Obiang Nguemalleva desde 1979 al frente deGuinea Ecuatorial, donde,como resume la ONG Free-dom House, «nunca ha habi-do unas elecciones creíbles».
18años en el cargo
PedroSanz,presidentedeLaRiojaEs el otro líder autonómico quealcanzará los veinte años depresidencia en este mandato.Trabajó como maestro de pri-maria en su comunidad y en elPaís Vasco hasta que, en 1989,entró en el Gobierno de La Rio-ja como director general. Espresidente autonómico desde1995 y tiene 59 años.
36años en el cargo
AlfonsoGuerra, eldiputadomásveteranoEl histórico del PSOE, vicepre-sidente del Gobierno entre1982 y 1991 y vicesecretariogeneral del partido durante 18años, es el único diputado queha tenido escaño de maneraininterrumpida durante toda lademocracia. Sevillano, estudióIngeniería Técnica Industrial yFilosofía y Letras. Tiene 72años.
24años en el cargo
JoséMaríaOdriozola,presidentede laFederacióndeAtletismoPontevedrés, doctor en Cien-cias Biológicas y catedrático ju-bilado, fue internacional comoatleta y jugador de rugby. Pre-side la Real Federación Espa-ñola de Atletismo desde 1989.Tiene 73 años.
41años en el cargo
JoséLuis Seguí, alcaldedeAlmudaina (Alicante)El alcalde más veterano de Es-paña gobierna desde 1972 estepueblo del norte de Alicante,con 129 habitantes. Empezópor designación directa del go-bernador y, después, se pre-sentó con las siglas de UCD, APy, finalmente, el PP. Actual-mente su formación acaparalos cinco concejales de la loca-lidad. José Luis, que trabajaba«con la fruta y el campo», estájubilado y tiene 72 años.
25años en el cargo
ÁngelMaríaVillar, pre-sidentede laFederaciónEspañoladeFútbolFue centrocampista del Athle-tic de Bilbao y jugó en 22 oca-siones con la selección españo-la. De manera paralela a su ca-rrera deportiva, se licenció enDerecho. Empezó a trabajar enun bufete, pero le nombraronpresidente de la federación viz-caína de fútbol y, en 1988, dela española. Es vicepresidentede la FIFA y vicepresidente ter-cero de la UEFA. Tiene 63 años.
PERPETUADOSEN EL PODER
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Una dotación se desplazahasta el lugar en el que seprodujo el accidente detren en 9minutos parademostrar que tardanmenos de lo atribuido
:: TEODORO SAN JOSÉSANTANDER. Lejos de enfriarse,cuatro días después del descarrila-miento de un tren de FEVE enGol-bardo los ánimos siguen encendi-dos entre los profesionales de emer-gencias y bomberos de Cantabria.Las críticas arrecian por las decisio-nes y por la gestión operativa de losefectivos llevada el viernes desde el112. E indirectamente contra las de-claraciones de la consejera de Presi-dencia, LeticiaDíaz, que el lunes ca-lificó de impecable el operativo.Ayer,sin embargo, los bomberos deTorre-lavega realizaron un simulacro (unsupuesto servicio de emergenciahasta Golbardo) para intentar reba-tir los tiempos de desplazamientoque les atribuye la Consejería.Por ejemplo, que su presencia en
la zona del accidente hubiera sido
muchomás rápida de lo que estimala consejera. Para ponerlo en evi-dencia, nada mejor que realizar elsimulacro. Una dotación del Cuer-po de Bomberos de Torrelavega loejecutó ayer y tardó sólo nuevemi-nutos en llegar desde su base hastael puente de Golbardo.Ese tiempo de respuesta contras-
ta con las declaraciones de la conse-jera de Presidencia, quien justificóque se llamara antes al Parque deBomberos de Los Corrales porque alos de Torrelavega «sólo en salir delcasco urbano les hubiera llevado en-tre 5 y 7minutos antes de tomar laautovía».Hadebidodeescocer enelCuerpo
de Bomberos deTorrelavega que nose lesmovilizara para intervenir enel siniestro deGolbardo tanto comoque, además, se justificaraesanocon-
vocatoria enque los bomberosdeTo-rrelavegahabrían tardadomás tiem-po en llegar que los de Los Corrales,cuyabase sehallamás alejada del lu-gar del siniestro. Este periódico tratóde contactar con la jefa del ServiciodeBomberosdeTorrelavega,AnaMar-tín, para conocer suopinión, perode-clinó hacer declaraciones.
Jugar con la seguridadQuienes sí las hicieron fueron dis-tintos responsables y representan-tes sindicales de los diferentes cuer-pos de bomberos de la región parareiterar sus críticas sobre cómo seestán gestionando las emergenciasen Cantabria. Y otro tanto para de-nunciar que con las atribuciones quese conceden a algunas agrupacionesde voluntarios de Protección Civil«están jugando con la seguridad ycon las emergencias para hacer ne-gocio, y engañan al ciudadano».Así lo avisa Guillermo Río, dele-
gado sindical de CC OO en el 112:«Estamos a favor de que existan, porsupuesto, pero para que cumplan sumisión, que es tarea de apoyo, y nopara que jueguen a hacer lo que noson», dice. Y lamenta que en algu-
nos casos se echemano de esos efec-tivos «y en su lugar dejen de llamara los cuerpos profesionales».Se refiere Río a la agrupación de
voluntarios de Protección Civil deCamargo –«que tienen poco de vo-luntarios pues cobran dietas», rei-teró–, unmunicipio que, por núme-ro de habitantes, «está obligado atener cobertura de bomberos o a te-nermancomunado ese servicio. Perono les interesa esemodelo». A esterespecto el jefe deBomberos de San-tander, Luis Ángel Teja, señaló que«envez de tener unCuerpo deBom-beros profesional quieren suplirloa través de un sistema de volunta-
rios de Protección Civil, que no sonbomberos, y mantener un parquecon dietas», modelo que podría es-tar repitiéndose en Suances y en al-gúnmunicipiomás.Borja González, delegado deUGT
en los bomberos deTorrelavega, afir-ma que esto «se está alentando des-de arriba, en algún caso desde el pro-pio ayuntamiento o en otros desdeel Gobierno», además de recordarque «los voluntarios deben estar alas órdenes y colaborar con los pro-fesionales. Lo contrario es infringirla ley, y algunas veces lo está incum-pliendo. Es una falta grave. Y habla-mos de vidas y de bienes».
Los bomberos de Torrelavegamontan un simulacro pararebatir la tesis del Gobierno
Imagen de archivo del accidente en Golbardo. :: A. AJA
La consejera argumentóque sólo en salir del cascourbano «les hubierallevado 5-7 minutos»
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:: EFESANTANDER.La trabajadora deUGT despedida tras denunciaracoso de una dirigente sindicalse reincorporó el lunes a su pues-to de trabajo en la Federación deServicios, aunque el sindicato harecurrido al tiempo la sentenciaque declara nulo el despido anteel Tribunal Superior de Justiciade Cantabria (TSJC).Según ha informado el secre-
tario general de la Federación deServicios de UGT en Cantabria,Justo SanMillán, la decisión hasido adoptada por la federaciónestatal, de la que dependía la tra-bajadora. El recurso ya se ha pre-sentado ante la Sala de lo Socialdel TSJC.El Juzgado de lo Social ha de-
clarado nulo el despido de estatrabajadora porque entiende quefue despedida como represaliapor susmanifestaciones sobre lasupuesta persecución laboral, queestá siendo investigada en otrojuzgado.
UGT recurre lasentencia quedeclaró nulo eldespido de una desus trabajadoras
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Delegación vascaal congreso de UGT
SINDICALISMOEl secretario general de UGT-Euskadi, Dámaso Casado, enca-beza la delegación vasca que par-ticipa enel 41CongresoConfede-ral de UGT, que se celebra desdehoyyhasta el próximo sábado enMadrid bajo el lema ‘Launiónporel trabajo. Acción y Solidaridad’.UGT-Euskadi estará representa-dapor 10miembros, a los quehayque añadir los delegados que vanen representaciónde las distintasfederaciones, hasta completar untotal de 21 delegados vascos, deun total de 600.DV
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Adegi y sindicatos alejansus posturas tras retomarayer la negociación ymantienen en el aire lascondiciones laborales de50.000guipuzcoanosa partir de julio
:: MIGUEL ANGEL MATASANSEBASTIÁN.Nohuboelmásmínimo acercamiento, sino todo locontrario. La patronal guipuzcoanaAdegi y los sindicatos ELA, LAB,CC OO y UGT retomaron ayer lanegociación del convenio del Me-tal de Gipuzkoa tras dos meses deestancamiento y el encuentro, le-jos de servir para acercar posturas,estuvo a punto de hacer saltar porlos aires definitivamente las con-versaciones. De hecho, ELA –sin-dicatomás representativo del sec-tor– da por «suspendidas» las reu-niones,mientras que LAB hizo unllamamiento a todos los sindicatosa «acordar ya un calendario demo-vilizaciones conjunto» para presio-nar aAdegi para que flexibilice susplanteamientos.CCOOyUGT, quemodificaron susplataformas enbus-ca de una vía de entendimiento, semostraronespecialmente «sorpren-didas» por la actituddeAdegi y tam-bién se mostraron abiertos a con-vocar protestas, aunque sin cerrarlamesa negociadora.La patronal defiende su oferta,
que consiste en «mantener los sa-lariosmás altos y la jornadamás re-ducida del Estado y aplicar la lega-lidad vigente». RecuerdaAdegi que,por ejemplo, «losmetalúrgicos gui-puzcoanos cobran por convenio un28%más que los deMadrid» y cen-sura a ELA que «en las negociacio-nes a nivel estatal pida para los tra-bajadores del Estado el conveniode Gipuzkoa y aquí este le parezcainsuficiente». «Con esta premisa,en el actual momento económicocrítico y con el serio problema decompetitividad que tienen las com-pañías del territorio, lamejor ofer-ta que forzosamente podemos ha-cer esmantener a los trabajadoressus condiciones actuales. Todo lodemás sería poner en peligro la via-bilidad de nuestras empresas», ad-vierte la patronal.El otro foco de desencuentro es
la reforma laboral. Adegi se man-tiene firme en su rechazo a incor-porar en el convenio cláusulas ‘an-tirreforma’, como piden los sindi-catos, en ámbitos como la posibili-dad de descuelgue del convenio,arbitraje obligatorio en caso de con-flicto o flexibilidad en los calenda-rios de trabajo.La falta de acuerdo y las escasas
perspectivas de alcanzarlo en bre-ve dejan en el aire las condicioneslaborales a partir de julio de los en
torno a 50.000 guipuzcoanos quedependen del convenio delMetal.Y es que el 7 de julio vence el pla-zo que la reforma laboral concedepara la renovación de los conveniosvencidos. Si no hay acuerdo, estanorma desaparecerá y el convenioprovincial dejará de ser el soportelegal de las condiciones de trabajode losmetalúrgicos guipuzcoanos.A partir de entonces, el ‘paraguas’sería el convenio estatal (tambiénsin firmar) o, en su defecto, el Es-tatuto de los Trabajadores.Los sindicatos criticaron con du-
reza la actitud deAdegi y censura-ron que «no solo no semueve, sinoque hoy (por ayer) ha presentadouna propuesta más regresiva quela última». Interpretan que elmo-vimiento obedece a la «intenciónde la asociación empresarial de con-denar las negociaciones al fracasoy dilapidar el convenio provincial».ELA lamentó que la patronal gui-
puzcoana «no acepta ninguna li-mitación a la reforma laboral, quequiere aplicar en toda su dimen-sión» y pretende que «los empre-sarios dispongande234horas anua-les para modificar el calendario ycrear trabajadores a la carta». Porello reiteró su disposición a «inten-tar blindar la reforma en los con-venios de empresa». LAB urgió alresto de sindicatos a acordar un ca-lendario demovilizaciones conjun-to en defensa del convenio.Un guante que fue recogido por
UGT y CC OO, si bien el primeroconsidera preferible «consensuarantes una plataforma conjunta –so-bre todo con LAB y CC OO– dadoque las diferencias entre estos sin-dicatos sonmínimas».TambiénCCOOadvirtió queno
descarta iniciarmovilizaciones endefensa del convenio.
Lasdiscrepancias enelMetalse recrudecena tresmesesdequedesaparezca el convenio
En busca de unacuerdo confederalvasco sin ELA
El presidente de la patronal viz-caínaCebek, JoséMaríaVázquezEguskiza, confirmóayer que lasasociaciones empresariales vas-cas siguenexplorando la posibili-dad de alcanzar un acuerdo con-federal conLAB,CCOOyUGT
queposibilite unas relaciones la-borales «más estables» enEuska-di.VázquezEguskiza recordó queaunqueELA es el sindicatomásrepresentativo, la sumade losotros tres esmayor, por lo que«noharía falta» queELAesté pre-sente para llegar a «unbuenacuerdo confederal» si está LAB.Eguskiza exigió al sindicato quelidera ‘Txiki’Muñoz «actitudesmenos bloqueantes» y le acusódepracticar el «mesianismo».
ADEGI
«En el momento actualnuestra mejor oferta esmantener las mejorescondiciones del Estado»SINDICATOS
«Es incomprensible queAdegi presente ahora unapropuesta que empeorasus anteriores»
LAS FRASES
Protesta sindical por el convenio del Metal de Gipuzkoa. :: USOZ
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Madrid París TokioLondres Francfort Nueva York
Fernández Villa dejael sindicalismo activoEl histórico sindicalista minero JoséÁngel Fernández Villa anunció ayerque renuncia a su cargo como secre-tario general del SOMA-FITAG-UGT–puesto que ostenta desde 1978– porrazones de salud. El Gobierno astu-riano mostró su respeto por la deci-sión de Fernández Villa y reconociósu labor «en defensa de Asturias yde los trabajadores». / EFE
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ROBERTO BENITO / MadridLo llamaron escrache, pero lo quehubo ayer en Madrid, en Barcelonay en otras ciudades españolas fueronlas mismas movilizaciones vistas yaotras veces, en las que las sedes delPartido Popular fueron rodeadas pordecenas de manifestaciones.
Ayer, ahora, las protestas que re-corren esta España de crisis y depre-sión son monotema y están dedica-das a los desahucios. El movimiento15-M aparentemente se ha diluido ysu única manifestación duradera esla Plataforma de Afectados por la Hi-poteca (PAH). Ésta es la organiza-ción que ha conseguido que el Con-greso debata una iniciativa legislati-va popular (ILP) sobre las hipotecas–avalada por un millón y medio defirmas–, la que ha decidido organizarprotestas en los domicilios de diri-gentes populares –los ya famosos es-craches– y la que, ayer, había convo-cado concentraciones ante las sedesdel PP en más de 40 ciudades.
La llamada sonaba a escenas yaantes vividas, en las que los manifes-tantes rodearon los edificios popula-res, ya sea en la infausta jornada del13 de marzo de 2004, en vísperas deelecciones generales tras los atenta-dos del 11-M, o en las movilizacionespostreras del 15-M. Ayer se produje-ron de nuevo, pero lo cierto es quelas concentraciones no fueron ni las40 convocadas ni muy concurridas.
En Madrid, donde la amenaza sevolvía a cernir sobre la sede centraldel PP en la calle Génova, los mani-festantes ni se acercaron. Su objeti-
vo era celebrar una asamblea de laPAH a las puertas del edificio, «paraque los políticos oigan los proble-mas de la gente», pero la apabullan-te presencia policial impidió cual-quier acercamiento.
La hora fijada para la asam-blea/protesta eran las siete de la tar-de, pero para entonces más de 30furgonetas de la Policía y decenasde antidisturbios habían literalmen-
te tomado la calle: cortada desde ini-cio a fin, incluidos los accesos aleda-ños, se impedía el paso tanto a vehí-culos como a peatones. Desde luego,ayer estaba claro que el Gobierno noiba a permitir que se repitiera la ma-nifestación ante la sede central delPP de otras ocasiones.
Visto lo visto, los dos centenaresde personas que se plantaron en losalrededores –con sus carteles contralos desahucios y desafiando al frío
que todavía no se ha marchado deMadrid y al fútbol que comenzabapoco después– decidieron hacer laasamblea lo más cerca que podían,en la plaza de Santa Bárbara, a po-cos metros de las vallas que habíainstalado la Policía y a unos pocosmás de la sede del PP.
Con las propuestas claras y mate-rializadas en la iniciativa legislativa–como se recalca en cada pegatina,son principalmente la dación en pa-go retroactiva, la paralización de to-dos los desahucios y la promociónde alquileres sociales–, las asam-bleas de la PAH son una sucesión detestimonios de afectados por de-sahucios, ya materializados o a pun-to de serlo. En la de ayer en el centrode Madrid intervinieron dos decenasde personas. La mayoría mujeres.La mayoría inmigrantes. Todos conuna historia que contar y muchaspeticiones que hacer.
Todos los carteles y pancartas lle-vaban lemas contra los desahucios yaquellos a los que la PAH señala co-mo culpables: políticos, jueces ybanqueros. Ayer, y a diferencia deotras protestas, ni una bandera re-publicana, ni una hoz con martillo ninada parecido. Y eso que en laasamblea, junto a afectados, habíabastantes militantes de la extremaizquierda.
El acto se celebró de forma pacífi-ca, con una calma sólo rota por al-gún grito del tipo «regalo un piso desiete habitaciones al primero quemate a un banquero». Ahora bien, sedejó claro que seguirán las protestas
ante los domicilios de aquéllos aquienes la plataforma considera cul-pables de los desahucios. Lo quedesde hace un mes se ha venido lla-mando escraches.
Los organizadores de estas protes-tas defienden que se trata de accio-nes pacíficas y que rodear la casa dealguien no es violento, sino el ejerci-cio de la libertad de expresión. Y noestán solos, porque tienen el apoyoexplícito de partidos (IU) y sindica-
tos (CCOO y UGT) y la comprensiónde otros, como el PSOE.
Cargados así de razón, los porta-voces de la PAH afirman que se tra-ta de un asunto de «derechos huma-nos» y que «hay vidas en juego», ypor tanto, todo el que esté en contrade la iniciativa legislativa popular essusceptible de ser escrachado. Lacara más conocida de la organiza-ción, Ada Colau, lo ha explicado ro-tunda: «Como no hay justicia for-
En Madrid, decenasde policías evitaronque se acercaran ala calle Génova
Colau vaticina una«primavera verde»con más protestasante domicilios
Protestas ante sedesdel PP en toda EspañaCientos de personas secundan la convocatoria de la Plataformade Afectados por la Hipoteca, que anuncia nuevos escraches
Protesta ayer ante la sede del PP en Barcelona.
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mal, se organiza una justicia social».La suya, claro.
En otras ciudades, los manifestan-tes sí se plantaron delante de las se-des del PP. En Barcelona, por ejem-plo, 300 personas secundaron la pro-testa, coreando consignas contraMariano Rajoy y a favor de los escra-ches, informa Jordi Ribalaygue.Hoy mismo está convocado unofrente al domicilio del diputado An-tonio Gallego.
Mientras, en Madrid una joven ad-vertía con claridad que «vienen unassemanas que van a ser muy duras enla lucha por la ILP», y otra compañe-ra proclamaba que van a «seguir ha-ciendo escraches, porque es la últi-ma forma de luchar que queda». Co-lau lo llamó ayer «primavera verde».De esperanza, afirma. De momento,ya hay convocatorias para las próxi-mas semanas, y se aproxima el se-gundo aniversario del 15-M.
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El congreso tendrálugar el último fin desemana de abril y, porelmomento, la suyaes la única candidatura:: E. R. COSTILLAVALLADOLID. Castilla y León estárepresentada, desde hoy, por 18 de-legados sindicales en el Congresoconfederal de UGT, que se celebrabajo el lema ‘La unión por el traba-jo. Acción y solidaridad’ y en el queserá elegido, para un sextomanda-to, el actual secretario confederal,CándidoMéndez. No será la únicacandidatura a la reelección de estesindicato ya que, según anunció enlos micrófonos de Castilla y LeónRadio el actual secretario deUGTenCastilla y León, Agustín Prieto, éltambién concurrirá en el congresoautonómico, que se celebrará el úl-timo fin de semana de abril, para se-guir al frente de esta organizaciónpor un tercermandato.Hasta el momento, Prieto es el
único candidato, aunque recuerdaque cualquier afiliado que consigael número de avales necesarios pue-de optar a ser secretario general. Dematerializarsemás candidaturas, ello«demostraría que la organizaciónestá viva» y que «hay compañerosconunavisióndistintade cómoabor-dar los próximos años», señala.Encuanto a la limitaciónenelnú-
mero de años queundirigente debeestar al frente de una organización,
Prieto recuerdaqueenvarios congre-sos de UGT se han debatidomocio-nes en este sentidoyquenuncahansalido adelante.A su juicio, lo impor-tante es que «hayaunaorganizacióndemocrática, que cada cuatro añosrenueva su cúpula dirigente».UGTCastilla y León, afirma Prie-
to, goza de una «magnífica salud afi-liativa» y «estabilidad interna» ydes-tacaundato: acudenal congreso con-federal conun total de 72.000 afilia-dos cotizantes, 5.000más que hacecuatro años, «a pesar de la crisis», loque la convierte en la quinta comu-nidad en número de afiliados.Ante losmicrófonos deCastilla y
León Radio, Prieto también valoróla providencia, que dio a conocer ElNorte deCastilla, delTribunal Supe-rior de Justicia de la comunidad, paraplantear al Tribunal Constitucionalsi la supresión de la paga extraordi-naria de diciembre es conforme a laConstitución. Espera que elAltoTri-bunal se «manifieste en contra» y loconsidera un «toque de atención alos políticos» porque «aquí no todovale y lo primero es la democracia yno loque imponganpersonasnoele-gidas democráticamente, como latroika» (que conforman laComisiónEuropea, el Banco Central Europeoyel FondoMonetario Internacional).
Manifiesto conCCOOEste 23 de abril será el primero sinunmanifiesto conjunto de organi-zaciones y partidos políticos en laCampa deVillalar. Para Prieto, en lasituación actual, el hecho de que tu-
viera que contar con el apoyo de to-das las organizaciones «tanvariopin-tas» obligaba a «renunciar amuchasreivindicaciones» y por ello «lomásprudente» es entender que «la fies-ta es mayor, puede caminar sola y
dejar a cada organización que reivin-dique lo que tenga que reivindicar».En el caso de los dos sindicatosma-yoritarios, nodudadequehabrá uni-dad para presentar un manifiesto«conjunto» que sea «contundente».
Agustín Prieto. :: M. CHACÓN-ICAL
Agustín Prieto optará a la reeleccióncomo secretario regional deUGT
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Los representantessindicales anuncianmedidas de presiónsi la dirección no accedea «minimizar» la cifrainicial de 1.502 afectados
:: Á. BLANCOVALLADOLID.Con el aviso de que«toda la plantilla está potencial-mente afectada por los despidos»quedó ayer constituida la mesa denegociación del ERE de extinciónde 1.502 empleos planteado por Ban-co Ceiss. Los criterios que preten-de seguir la dirección de la entidadpara seleccionar a los trabajadoresque verán extinguidos sus contra-tos de trabajo en Ceiss (antes CajaEspaña-Duero) el desempeño de lalabor en los municipios donde secierra la actividad y se amortiza el
puesto de trabajo; los empleadosafectados por el cierre de oficinasy/o destinados en oficinas recepto-ras del negocio; y los empleados des-tinados en los servicios centrales,que serán redimensionados al nue-vo tamaño de la entidad.
Productividad ypolivalenciaLos directivos de la entidad finan-ciera, que se encuentra a la esperadel visto bueno de la Comisión Eu-ropea para ser absorbida por Uni-caja, dijeron ayer a los representan-tes de los sindicatos UGT, CC OO,CSICA yUEA que también tendránen cuenta «los ratios de producti-vidad por empleado, su especiali-zación o polivalencia; la evaluacióndel desempeño y su idoneidad». Elnúmero de 1.502 despedidos fueimpuesto desde Bruselas despuésde constatar que el banco necesi-taba una ayuda pública de 604mi-
llones o un comprador que pusie-se sobre la mesa dicha cantidad.Según señalaron desde la repre-
sentación de los trabajadores, losnegociadores del banco les hicieronayer entrega de información sobrelos estados financieros y resultadosde la entidad, así como de su pro-yecto de reestructuración con losque justificaron la presentación delERE. El Banco Ceiss sufrió en 2012unas pérdidas de 2.557millones deeuros después de realizar provisio-nes por casi 3.000millones para sa-near sus inversiones inmobiliarias.Fuentes de UGT advirtieron de
que «ante la posición de inmovilis-mo demostrada por parte de la em-presa, si la propuesta que concretenla semana próxima no abre un ca-mino que minimice los despidos»recurrirán «a medidas de presiónque implicarán a todos y cada unode los trabajadores».
BancoCeiss comunica a lossindicatosque«toda la plantilla» essusceptible deentrar en losdespidos
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:: I. G. V.SORIA. La primera reunión en-tre los sindicatos y el consejero deEconomía de la Junta de Castilla yLeón, en relación a la venta dePuertas Norma ya se ha produci-do. Vicente Andrés, de Comisio-nesObreras, y PedroRojas, deUGThicieron un primer análisis, juntoa Tomás Villanueva, de los cincoproyectos industriales que aspirana adquirir la unidad productiva dela factoría soriana de Puertas Nor-ma. «Solo puedo decir que son cin-co los grupos interesados, algunosson nacionales y otros son inter-nacionales, y desde el Gobierno re-gional vamos a apoyar a quien de-
cida comprar la fábrica con lasme-jores condiciones para dar viabili-dad a toda la comarca de Pinares»,afirmó el consejeroAVillanueva le preocupa la so-
bredimensión del sector de lama-dera enEspaña, pero sobre todo enCastilla y León. «He temido que lacomunidad sufriera un ajuste eneste sentido, pero solo lo ha sufri-do la provincia soriana y ente con-texto de ajuste estamos incorpo-rando proyectos y empresa indus-triales internacionales quevandan-do solución y confío en que Nor-ma también tenga solución». Elconsejero se volverá a reunir en lospróximos días con los sindicatos.
Cinco empresas se interesan porla compra de Puertas Norma
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:: EL NORTEVALLADOLID.Los sindicatos FSIE,USO y UGT, que aglutinan al 99%de los trabajadores de la enseñanzaconcertada enCastilla y León, anun-ciaron ayer que no descartan «parosparciales y una jornada de huelgaantes de finalizar el curso» si no se«desbloquea» la negociación de susexto convenio colectivo, una «es-pada deDamocles» que afecta a casi10.000 profesionales del sector enla comunidad, que el día 6 de julioperderán la vigencia de su actualconvenio, informa IcalLas principales reivindicaciones
de estos sindicatos de enseñanza secentran en que la administración«presupueste el coste real de la en-señanza concertada» y que el «reco-nocimiento y derecho» a la paga ex-traordinaria de antigüedad –que seabona a los 25 años de servicio– y alcomplemento por incapacidad tem-poral se establezca en el conveniocolectivo y no «al arbitrio» de las co-munidades.
Los trabajadoresde la concertadacontemplan parossi no se desbloqueala negociación
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Sacyl cierra 74 camas enValladolidmientras deriva1.401 cirugías a la privada
Sacyl ha cerrado 74 camasenValladolid y 307 en todaCastilla y León, además de27 servicios o plantas en lacomunidad, debido a los re-
cortes, segúnun informedeUGT. LaConsejería de Sani-dad asegura que «nohay res-tricciones, sino reunifica-ción de unidades y aprove-chamiento eficiente de losrecursos». Además, y debi-do a la falta de quirófanosdel Clínico, ha concertado1.401 cirugías con los hospi-tales privados, con un de-sembolso de 1,5millones. P2
Sanidad suprime 27servicios y plantaspara «reunificarunidades y mejorarla gestión» regional
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E l diccionario de la RealAcademia define el voca-blo ‘vacilar’ como la ac-ción de «Engañar, tomar
el pelo, burlarse o reírse de al-guien», que resulta más sangrantecuando el vacile se hace de costa-do. El sábado, estando todavía enla piltra, escuché por la radio unanoticia sobre el cierre parcial deuna planta de cirugía del HospitalClínico. Vaya, pensé, otro tijereta-
zo de la autoridad sanitaria; quieraDios que no tenga necesidad dedepender de ella en los próximosquinquenios, porque esto se ha
puestomás que chungo. Resu-miendo: queme resigné. Sin em-bargo, lo que vino a continuación,además de encabronarme, me
hizo pensar que, más allá de los re-cortes, alguien nos estaba vacilan-do de ladillo. Ese alguien era el di-rector gerente del mentado hospi-tal, al que no tengo el gusto de co-nocer, que dijo, sin que le tembla-ra la voz, que el cierre se producía«por unamedida de eficiencia», yaque la cirugía del Clínico no tieneen estos momentos «demanda su-ficiente» de enfermos necesitadosde pasar por un quirófano. ¡Máta-
me, camión! Como estabamediodormido, en un primermomentome alegré de que se hubieran re-ducido las listas de espera hasta elpunto de hacer que sobren camashospitalarias. Pero cuando caí enla cuenta de que las palabras delgestor sanitario eran solo propa-ganda, me pregunté: ¿por qué nosvacilan?Muchomás grave que re-cortar es que nos tomen por bo-bos.
ALGO QUE DECIRFRANCISCO CANTALAPIEDRA
VACILE
Sanidad explica quetrabaja en reagruparunidades, por lo que«no se suprimen», yque clausura plantas enfunción de necesidades
VALLADOLID.A lo largo de pocomás de un año, y en evidente coin-cidencia con los peores momentosde la crisis, la Consejería de Sanidadha ido cerrando de forma paulatinadiversos servicios, unidades, labo-ratorios en ocasiones y plantas dehospitalización en casi toda la co-munidad autónoma. Un informeelaborado por UGT concreta en 307el número de camas que se han vis-to afectadas por la clausura de plan-tas en toda Castilla y León y en 27el de servicios o unidades afectadospor estas restricciones.Y son Zamora, y después Valla-
dolid, las provincias más afectadaspor estas reorganizaciones funcio-nales que, en el caso de las plantasde cirugía, paliativos omedicina in-terna, los ingresos se han concen-trado en otros servicios.Los hospitales de Valladolid su-
man, según dicho trabajo, 74 camasanuladas en este proceso que, has-ta ahora, solo se conocía en las fe-chas estivales justificados tanto porla reducción de las intervencionesprogramadas –la plantilla cerrabaagenda por vacaciones– como poraprovechar tal circunstancia paraobras demantenimiento o adecua-ción de las infraestructuras. Esmás,es el periodo entre enero ymarzo elque tradicionalmente más activi-dad sumaba en los complejos sani-tarios por ser todavía fechas de pa-tologías propias de la época y por seruna temporada de ‘recuperación’ deintervenciones quirúrgicas pospues-tas siempre cada final de año paracerrar listas de espera, contabilidady ejercicios.UGT, explica su secretaria gene-
ral en la comunidad, CarmenAmez,solo encuentra una respuesta a es-tos cierres: el recorte para ahorrar y,comoconsecuencia, la «falta de aten-ción con calidad a los pacientes y elincremento de la demora».Sacyl tiene explicacionesmuy di-
ferentes a la del tijeretazo para lasupresión de servicios o cierres deplantas. Explica el gerente de Saludde Castilla y León, Eduardo GarcíaPrieto, respecto a las camas «que sonmás incluso que las que dice UGT,depende de cada mes. Cada hospi-tal hace unas previsiones mensua-les en función de las intervencio-nes quirúrgicas programadas y delos históricos de ocupación que, aveces se cumplen, en ocasiones sequedan largas y sobran camas y, sise quedan cortas, se ponen en fun-cionamiento las que hagan falta».
Añade el responsable sanitario que«lo que hemos hecho para unama-yor eficiencia de la gestión, y cómono para no gastarmás de lo necesa-rio, es reagrupar ingresos y cerraruna planta en un momento dadoporqueno se va a llenar y sus pacien-tes se pueden llevar a otra y así amor-tizar recursos.EnMedina del Campo están to-
das abiertas; pero en el Río Horte-ga se cerraron 44 tanto en marzocomo en abril y en el Clínico, 68y 22 respectivamente. En toda Cas-tilla y León, de las 7.197 camas ins-
taladas, hay 6.528 funcionantes enmarzo y 6.488 en abril». «En todaslas épocas del año y especialmen-te en verano –asegura– concentra-mos determinado número de ca-mas en ciertas unidades para ajus-tar mejor los recursos y, ahora, elmomento económico lo hace másnecesario que nunca. La media deocupación es del 74%, eso signifi-ca que suelen estar libres el 25% delas camas, planificamos y reorga-nizamos. Nada más».En cuanto a la incoheren-
cia de cerrar una planta en el
El Clínico cierra 37 camas y contrata 1.401cirugías a la privada por falta de quirófanosUn informedeUGTdetecta la supresiónde27 servicios oplantas en seis centros de la región
Familiares de pacientes esperan en los pasillos del Hospital Río Hortega. :: MIGUEL ÁNGEL SANTOS
ANASANTIAGO
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Clínico de Cirugía con 37camas, y a la vez derivar
1.401 operaciones a los hospita-les privados, García Prieto expli-ca que el problema de este hos-pital es «la escasez de quirófanosy si no operas, no ocupas todaslas camas pero a los pacienteshay que atenderlos y, por eso, sederiva».El Clínico pasará de los actua-
les 19 quirófanos a 22 tras lasobras de ampliación; pero los pro-blemas económicos impidenequiparlos y, por lo tanto, utili-zarlos y tal carencia le dificultaabordar la demanda asistencialque tiene el complejo.A este res-pecto, García Prieto destaca que«el Clínico tiene un buen índicede ocupación de quirófanos; peronecesita más y tendremos quehacer un esfuerzo económico...trabajamos en ello, en una tra-mitación anticipada para poderequiparlos».
ConciertosSacyl ha contratado 605 opera-ciones con el Grupo Recoletas,es decir, el Felipe II y la ClínicaParacelso; otras 555 con el Sagra-do Corazón y 241 con el Ioba conun gasto de 1.544.370 euros y elaño completo como plazo de eje-cución.El informe de UGT recoge el
cierre de 81 camas y ocho plan-tas o servicios en Zamora. Ha de-saparecido, según el mismo, ellaboratorio deAnálisis Clínico yel deAnatomía Patológica, variasplantas de hospitalización, redu-cido Urgencias y, todo ello, haafectado a 180 trabajadores quehan sido reubicados.En Ávila, Sanidad ha comuni-
cado el cierre de las unidades deDesintoxicación y Rehabilita-ción, Convalecencia y una plan-ta deMedicina Interna y ya se hasuprimido el turno de tarde deRadiodiagnóstico. En Salaman-ca, el cierre afecta al laboratoriode Medicina Nuclear y al de losMontalvos además de a cincoplantas con60 camas. León sumauna de 36 camas «que irá desti-nada –destaca el trabajo– a pre-sidiarios» y, en Soria, las restric-ciones han afectado a laborato-rios, Radiología y, en el futuro,se prevé suprimir el Servicio deFarmacia y contratos de turnosde seguridad o mantenimientoademás de «desmantelar Reha-bilitación Física». En cuanto a Se-govia, Palencia o Burgos, hasta lafecha no hay cambios.García Prieto asegura que «no
se puede hablar de cierres sinode reunificación, hay varios la-boratorios en unmismohospitalrepitiendo elmismo tipo de prue-bas, o se enviaban fuera de la co-munidad las que otro hospital dedentro podía hacer. Hemos rees-tructurado servicios y creado ungrupo de trabajo para los labora-torios», asegura.Para Carmen Amez, de UGT,
«es preocupante que mientrasnos venden que aquí no es comoen Madrid, que no nos parece-mos a otras comunidades, crez-can las listas de espera de formadesbordante y digan que puedencerrar camas porque no hay acti-vidad suficiente».
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“No ajustado a derecho”, es de-cir, improcedente. El Expedientede Regulación de Empleo (ERE)llevado a cabo en el ente RadioTelevisión de Madrid que supu-so el despido de 861 trabajado-res (el 74% de la plantilla) a prin-cipios de año no justificó adecua-damente las causas económicasalegadas por la empresa, segúnla sentencia comunicada ayerpor el Tribunal Superior de Justi-cia de Madrid (TSJM). En conse-cuencia, Telemadrid tendrá queelegir entre readmitir a los traba-jadores o pagarles hasta 45 díaspor año trabajado, frente a los20 días que se abonaron con unmáximo de 12 mensualidades, elmínimo que fija la reforma labo-ral. Duplicar las indemnizacio-nes supondría un desembolso deunos 25 millones, calcula Rober-to Tornamira, responsable de lafederación de servicios de UGT yconsejero de Telemadrid, tenien-do en cuenta que se han abona-do ya unos 22 millones.
Unos 300 trabajadores que sehabían congregado a las puertas
del tribunal recibieron ayer lanoticia con aplausos y lágrimasde emoción. El comité de empre-sa, que había reclamado que elERE se declarara nulo (habría su-puesto el reingreso automáticode los trabajadores), va a pedirla readmisión.
Pero el futuro de los emplea-dos no está aún claro. Las cien-tos de demandas individualespresentadas en los tribunales de-penden, en primer lugar, de sihay recurso de casación ante elSupremo, que las partes debendecidir en cinco días. En ese ca-so, seguirían congeladas hastaque este dicte sentencia, alrede-dor de un año. Fuentes jurídicasseñalan como muy probable elrecurso tanto por parte del entecomo de los sindicatos CC OO,UGT y CGT.
El presidente de Madrid, Ig-nacio González, mostró su “sa-tisfacción” por la sentencia por-que “da la razón al Consejo deAdministración de Telemadrid,que ordenó la rescisión de con-tratos de los trabajadores porlas causas alegadas”, informaJosé Marcos.
Pero la sentencia, de la queha sido ponente María del Car-men Prieto Fernández, conside-ra precisamente que la causaeconómica alegada para el des-pido colectivo no es adecuadaya que “una reducción del pre-supuesto, que es insuficiente ycongénito a un servicio públi-co”, no justifica por sí el despi-do colectivo. La cantidad que sedestina de los presupuestos de
la Comunidad de Madrid al en-te público se reduce en un 10%para 2013 respecto al año ante-rior, según la sentencia. Esa re-baja “no justifica la situación dedesequilibrio financiero” de laentidad.
La gestión de las otras fuen-tes de ingresos como publici-dad o gestión de la imagen, y el
necesario control del gasto “nohan sido eficaces”. En definiti-va, la insuficiencia presupuesta-ria del ente es estructural y “seha venido cubriendo con apor-taciones extraordinarias”, demodo que no se le ha obligadoa ajustar los gastos a los ingre-sos hasta junio de 2012. Esmás, la sentencia consideraque “el gasto se ha mantenidosobredimensionado” y que lacaída de las audiencias no im-plicó “una efectiva contencióndel gasto”.
Además, el TSJM consideraque el ERE no se ajusta al princi-pio de proporcionalidad: “El nú-mero de despedidos (...) es tanextenso que afecta mayoritaria-mente al sector de los contratossometidos al convenio colecti-vo” y deja fuera “prácticamentelos contratos de alto valor en elgasto de personal”, es decir, losdirectivos.
Tanto Ignacio Fernández To-xo, secretario general de CC OO,como el de UGT, Cándido Mén-dez, señalaron que los trabajado-res tenían “razón” y pidieron lareadmisión en la empresa.
El Tribunal Superior declaraimprocedente el ERE de Telemadrid� El ente público debe readmitir a 861 despedidos o duplicar las indemnizaciones� Según la sentencia, la cadena no justificó lo suficiente las causas económicas
LARA OTERO, Madrid
La gestión de losingresos y el controldel gasto “nohan sido eficaces”
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Cándido Méndez no aclara tajan-temente si continuará al frente deUGT cuatro añosmás, ya lleva 19.Pero en el XLI Congreso que em-pieza hoy no hay alternativa y élestá dispuesto a continuar hastalos 23 años. Seguirá la tradiciónde un sindicato con dirigentes demandatos largos: Pablo Iglesias(26 años), Largo Caballero (20) oNicolás Redondo (23). Marcadopor la austeridad, el número dedelegados ha bajado de 800 a600, Méndez espera que del Con-greso salga un mandato que lepermita cambiar las estructurasde la organización.
Pregunta.En2012 convocarondos huelgas generales; este añobajan la tensión. ¿Por qué?
Respuesta. Desde 2009, se haproducido un hecho excepcional:ha habido tres huelgas generales,dos el año pasado. ¿Por qué? Porla dureza de las políticas de recor-tes. Este año no sabemos qué va-mos a hacer aún.
P. Sí que han bajado la tensión:hace un mes estuvieron en LaMoncloa por el plan de empleojuvenil, ¿qué ha cambiado?
R. Nada. Tenemos que dosifi-car esfuerzos. Pero no es síntomade cambio. ¿Qué ha ocurrido?He-mos estado en Moncloa por untema relacionado con el empleojuvenil, que el Gobierno tenía queenviar a Bruselas. ¿Ha cambiadola política delGobierno?Enel fon-do, no. En las formas, el Gobiernoha concluido que cuando va a laUE no puede ir, en programas así,sin sindicatos y patronal.
P. Sí han cambiado los protago-nistas de las protesta, ahora sonlos movimientos sociales.
R. No me inquieta. Me da uncierto sentimiento de tranquili-dad porque, en relación con situa-ciones anteriores, los sindicatosno vamos a estar solos en la pro-testa y la vamos a compartir.
P. En el congreso de CC OOToxo dijo que la gente percibeque los sindicatos han hecho algomal, aunque ustedes no lo veanasí. ¿Comparte la frase?
R.Lagente quiere soluciones yse las reclama a los que cree quetienen capacidad de darlas. Es ló-gico. En el sindicato debemos te-ner un contactomás estrecho conlos afiliados. Tenemos 1,160millo-nes de afiliados y en torno a 9.000representantes sindicales y hayque garantizar que les llega la in-formación. Es nuestro epicentro.
P. ¿Tienen problemasde finan-ciación los sindicatos?
R.No puede ser de otra mane-ra en la actualidad. Ahora un 72%de ingresos que provienen de lascuotas, unos 100 millones. Peroen el último año se ha producidoun punto de inflexión, ha bajadoel númerode afiliados por la situa-ción económica: cierre de empre-sas, despidos,… También ha baja-do lo ingresado por cuota básica,11 euros, y subido el número decuotas reducidas, la de parados.En relación con las subvenciones,se confunden subvención, progra-mas y formación continua.
P. Todo es dinero público.R. No, la formación continua
procede deun acuerdo de sindica-tos y patronal en el 91 o 92. Y debede seguir siendo gestionado porsindicatos y patronal. Otra cosason los programas, a los que acce-demos como cualquier organiza-ción. Y luego está la subvenciónsindical que busca resolver la dis-crepancia entre el hecho de que
los sindicatos defendemos los in-tereses generales de todos los tra-bajadores y que cuando tomamosuna decisión o firmamos unacuerdo afecta por igual a todos,afiliados o no. La subvención vie-ne a cubrir esa laguna.
P. ¿Entonces debe aumentar lafinanciación pública?
R. Si hay que plantear ese me-canismo,nodebería haberse redu-cido. Ahora, creo que la percep-ción social lo ve con recelo. Noestaría de más volver a la re-flexiónqueUGTplanteó en los 80:incorporar un canon a abonar porlos trabajadores no afiliados afec-tados por un convenio o un ERE.
P. ¿En este momento?R. En los 80 planteamos una
fórmula de aceptación implícita:un trabajador que no quiera pa-gar tiene que decirlo. Pero eso notiene cabida constitucional. Sien-do así, la subvención pública a laactividad sindical cuando afecta
al interés general de afiliados y noafiliados hay quemantenerla. Sal-vo que se resuelva ese problema,nosotros seríamos partidarios delcanon. Si se eliminan las subven-ciones, hay que buscar una alter-nativa para los trabajadores noafiliados. En Alemania el conve-nio es un contrato privado, entrelas empresas y los sindicatos.Aquí es norma, y así debe seguir.
P. 19 años como secretario ge-neral, ¿seguirá cuatro más?
R. Lo dirán mis compañeros.P.Ha hecho alguna propuesta,
¿dejará que las aplique otro?R.Hay una coincidencia eleva-
do en abordar cambios profun-dos. Y la reflexión planteada es:¿se puede generar un cambio enla dirección con un cambio en laestructura? El sentimiento gene-ral es dar prioridad a los cambiosen la estructura. Estoy en disposi-ción de presentarme.
P. ¿Será la última vez?R.No voy a anticipar lo que va
a pasar dentro de cuatro años.P. ¿Han cobrado UGT y CC OO
4,2 millones de forma ilegal?R.No. Esa cifra, demanera ile-
gal, en ningún caso. Esa es unacifra que el auto define como pre-sumible y la aporta un inculpado.
P. La jueza lo asume.
R. Lo define como presumibley lo escribe en condicional. Enseptiembre de 2003, avisamos ala organización que suspendieranrelaciones con Vitalia.
P. ¿Y se hizo?R. Creo que sí. Para nosotros
esa cifra no tiene fundamento. Nosabemos si se refiere a Andalucíao a toda España.
P. ¿Van a hacer alguna investi-gación interna?
R. Vamos a recopilar la docu-mentación de los expedientes enque hemos participado para dár-sela a la juez si la pide.
P. ¿Y la van a estudiar?R.Lo fundamental es eso: reco-
pilar información y comprobarla.Nuestras entidades sí han trabaja-do en esos expedientes y han co-brado de manera legal. Ahí hayuna discusión: la existencia de so-brecomisiones, en mi organiza-ción no se han cobrado sobreco-misiones. Hay una trama corrup-ta, compuesta por personas sin re-lación con UGT…
P. La tuvieron.R. El que estuvo vinculado
[Juan Lanzas] se desvinculó en2002 y lo que hace no se puedeachacarse al sindicato. ¿Dónde es-tarán las sobrecomisiones? Enesa trama, no en la UGT.
CÁNDIDO MÉNDEZSecretario general de UGT
“Si se acaba lasubvención sindical,falta la financiaciónde los no afiliados”
Cándido Méndez, secretario general de UGT, en la sede del sindicato. / luis sevillano
MANUEL V. GÓMEZMadrid
“Me tranquilizacompartir la protestacon losmovimientossociales”
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“No ajustado a derecho”; es decir,improcedente. El Expediente deRegulación de Empleo (ERE) lle-vado a cabo en el ente Radio Tele-visión de Madrid que supuso eldespido de 861 trabajadores (el74% de la plantilla) a principiosde año no justificó adecuadamen-te las causas económicas alega-das por la empresa, según la sen-tencia comunicada ayer por elTribunal Superior de Justicia deMadrid (TSJM).
En consecuencia, Telemadridtendrá que elegir entre readmitira los trabajadores o pagarles has-ta 45 días por año trabajado, fren-te a los 20 días que se abonaroncon un máximo de 12 mensualida-des, el mínimo que fija la reformalaboral. Duplicar las indemniza-ciones supondría un desembolsode unos 25 millones, calcula Ro-berto Tornamira, responsable dela Federación de Servicios deUGT y consejero de Telemadrid,teniendo en cuenta que se hanabonado ya unos 22 millones.
Unos 300 trabajadores que sehabían congregado a las puertasdel tribunal recibieron a la unade la tarde la noticia con vítores,aplausos y lágrimas de emoción.El comité de empresa —que ha-bía reclamado que el ERE se de-clarara nulo (lo que habría su-puesto el reingreso automáticode los trabajadores a sus pues-tos)— va a pedir la readmisión.
Pero el futuro de los trabajado-res no está aún claro. Las cientos
de demandas individuales presen-tadas en los tribunales dependenen primer lugar de si hay recursode casación ante el Supremo, quelas partes deben decidir en cincodías. En ese caso, seguirían conge-ladas hasta que este dicte senten-cia: alrededor de un año. Fuentesjurídicas señalan como muy pro-bable el recurso tanto por partedel ente como de los sindicatosCC OO, UGT y CGT.
La sentencia, de la que ha sidoponente María del Carmen PrietoFernández, considera que la cau-sa económica alegada para el des-pido colectivo no es adecuada, yaque “una reducción del presu-puesto, que es insuficiente y con-génito a un servicio público”, nojustifica por sí el despido colecti-vo. La cantidad que se destina de
los presupuestos de la Comuni-dad de Madrid al ente público sereduce en un 10% para 2013 res-pecto al año anterior, según lasentencia. Esa rebaja “no justificala situación de desequilibrio fi-nanciero” de la entidad.
La gestión de las otras fuentesde ingresos como publicidad ogestión de la imagen, y el necesa-rio control del gasto “no han sidoeficaces”. En definitiva, la insufi-ciencia presupuestaria del entees estructural y “se ha venido cu-briendo con aportaciones extraor-dinarias”, de modo que no se leha obligado a ajustar los gastos alos ingresos hasta junio de 2012.Es más, la sentencia consideraque “el gasto se ha mantenido so-bredimensionado” y que la dismi-nución de las audiencias en los
últimos años no implicó “unaefectiva contención del gasto”.
Además, el TSJM consideraque el ERE no se ajusta al princi-pio de proporcionalidad: “El nú-mero de despedidos (...) es tan ex-
tenso que afecta mayoritariamen-te al sector de los contratos some-tidos al convenio colectivo” y dejafuera “prácticamente los contra-tos de alto valor en el gasto depersonal”; es decir, los directivos.
La ponente de la sentencia re-coge en varios momentos sus du-das sobre las divergencias en losdatos económicos aportados, queentienden que pueden “deberse ala utilización alternativa de cifrasque corresponden” al ente, a latelevisión o a la radio “de formamuy confusa”. En todo caso, eltexto señala que “la partida queverdaderamente descompensa”el balance del grupo es la deuda,261,38 millones de los que 131,7vencen este año.
“Esos desfases entre lo que sedice, lo que se acredita y lo quehemos constatado, no se nos hanexplicado”, se lee en la sentencia.Pero pese a esas incongruenciasen los datos, no se concede la nuli-dad por defectos en la documenta-ción del ERE tal y como habíanpedido los sindicatos.
Tampoco se admiten el restode causas de nulidad, como la fal-ta de la buena fe en la negocia-ción por la subcontratación a Te-lefónica Broadcast Services parala emisión de la señal de Telema-drid antes del ERE.
Sin embargo, el texto señalaque “no se ha podido constatarfehacientemente” que la diferen-cia entre el coste de la produc-ción externalizada frente al quetendría la producción interna seade 423.000 euros al mes comosostiene la empresa.
El ERE de Telemadrid, improcedenteEl ente público tendrá que readmitir a los 861 trabajadores o pagar 45 días por añotrabajado � El TSJM considera que el número de despidos no es proporcionado
Aunque le obliga a incrementarlas indemnizaciones por despi-do improcedente a los 861 traba-jadores de Telemadrid víctimasdel ERE, pasando de 20 días poraño trabajado a 45, más del do-ble, Ignacio González recibiócon alivio la sentencia delTSJM. “Da la razón al Consejode Administración de Telema-drid”, expresó el presidente dela Comunidad tras conocer el fa-llo, que no le obliga a readmitir
a los despedidos. Si el ERE sehubiera declarado nulo en vezde improcedente, la Comunidadno habría tenido más remedioque hacerlo, lo que, a su enten-der, habría significado el cierrede la cadena. “Telemadrid segui-rá [abierta], ajustada al EREquese aprobó”, recalcó González.
El secretario general delPSM, Tomás Gómez, mostró susatisfacción con la sentencia,“porqueda la razóna los trabaja-dores”, pero instó al Ejecutivo aque les readmita: “Indemnizar-
les supondría unos 40 millonesde euros de todos los madrile-ños”. “UnaAdministraciónpúbli-ca debe ser exquisita con la lega-lidad y debe readmitir a los tra-bajadores. Lo contrario es con-vertir este país enunpaís de cua-treros”, observó Libertad Martí-nez, diputada regional de IU.“Los errores que se han cometi-do van a costar dinero al contri-buyente, y son imputables al Go-bierno regional y a la gerenciade Telemadrid”, criticó el porta-voz de UPyD, Luis de Velasco.
González, satisfecho con la sentencia
Dos trabajadoras afectadas por el ERE se abrazan a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras conocer el fallo. / samuel sánchez
JOSÉ MARCOS, Madrid
LARA OTEROMadrid
La sentencia criticaque el recorteno afecte a loscontratos más altos
“El gasto estuvosobredimensionado”,pese a la caídade audiencia
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La presión del Ayuntamiento deMadrid (PartidoPopular) ha lleva-do a Fomento de Construccionesy Contratas a retirar el expedien-te de regulación de empleo queafectaba a 146 de los 1.580 em-pleados que prestan el servicio derecogida de basuras en la capital.
En consecuencia, los trabaja-dores desconvocarán con todaprobabilidad en las próximas ho-ras la huelga indefinida que debíacomenzar el próximo lunes, se-gún adelantaron los sindicatosUGT y Comisiones Obreras.
La mediación entre la empre-sa y los trabajadores llevada a ca-bo por el delegado municipal deMedio Ambiente, Juan AntonioGómez Angulo, por indicación dela alcaldesa, Ana Botella, ha sidofundamental porque el Ayunta-miento tenía en este caso la sar-tén por el mango. FCC se encargade la recogida de basuras en lacapital desde los años 40. En laactualidad, la empresa tiene loscontratos públicos de recogida enel centro (470 millones de euros)y en la periferia (688millones). Elde centro (dividido en dos lotes)
lo ganó en 2006 por nueve años.El de la periferia, concedido en2002, finalizaba el 1 de enero.
El Ayuntamiento intentó cam-biar el modelo, pero solo recibióuna oferta, precisamente de FCC,por un coste superior al fijado. Elcambio fracasó. El contrato seprorrogó un año.
En las condiciones de los con-tratos de 2002 y 2006 se estipula-baunnúmeromínimode trabaja-dores: solo el de la periferia yarozaba los 1.500. El expediente deregulación de empleo comunica-do por FCC el pasado día 2 redu-cía pues el número de trabajado-res del servicio por debajo de loestipulado en los contratos.
Los nuevos contratos que pre-vé licitar este año el Ayuntamien-to para prestar los serviciosmuni-cipales de limpieza viaria, mante-nimiento, jardinería, etcétera, no
incluyen este tipo de cláusulasmí-nimas de personal. Los represen-tantes de los trabajadores temenasí que las empresas concesiona-rias decidan eliminar empleo pa-ra ahorrar costes, toda vez quelas licitaciones se hacen a un pre-cio muy inferior al de anterioresocasiones.
De hecho, los trabajadores delservicio de basuras ya realizaronuna huelga de tres días el año pa-sado, entre el 17 y el 19 de noviem-bre, por temor a que se produje-ran “cientos de despidos” tras laconcesión del nuevo contrato dela periferia, que caducaba el 31 dediciembre.
ElAyuntamiento deseaba cam-biar el modelo de concesión, eli-minando esas cláusulas mínimasde empleo. En realidad, la refor-madel sistemaesmuchomáspro-funda: en vez de realizar un con-trol cuantitativo (cuántos trabaja-dores o camiones recogen la basu-ra), se adopta uno cualitativo (semide que la basura se recoja ade-cuadamente). Para ello, se impo-nen unos objetivos mesurablestécnicamente, y se aplican sancio-nes de hasta el 30% del pago com-prometido en caso de incumpli-miento.
La empresa de recogidade basuras renuncia al ERELa presión del Ayuntamiento evita que FCC despida al 10% delos trabajadores, lo que facilita la desconvocatoria de huelga
BRUNO GARCÍA GALLOMadrid
Botella eliminala cláusula deplantilla mínima defuturas licitaciones
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El Tribunal Superior de Justi-cia de Madrid (TSJM) ha pedi-do a la Consejería de Educa-ción datos sobre la contrata-ción de 28 profesores extranje-ros anglohablantes en institu-tos bilingües a principios decurso. La fiscalía investiga estacontratación tras una denun-cia de UGT por supuesta preva-ricación contra la consejera deEducación, Lucía Figar, y la ex-presidenta Esperanza Aguirre.
Madrid contrató a docentesde Gran Bretaña e Irlanda enseptiembre para dar clases degimnasia, tecnología y plásti-ca. Todos fueron fichados a de-do, sin un proceso de oposicio-nes, pese a tener interinos es-pañoles en lista de espera. Seincorporaron además a los cen-tros con nociones mínimas (osin ellas) de español. Educa-ción apeló a un convenio inter-no “con universidades ingle-sas” del que no facilitó datos.Cuando ya estaban en los cen-tros, impulsó un cambio nor-mativo en diciembre para in-
cluir en su legislación esta posi-bilidad. El borrador de la LeyOrgánica de Mejora de la Cali-dad Educativa (LOMCE), delMinisterio de Educación, tam-bién prevé este tipo de contra-tos en el futuro.
UGT denunció la contrata-ción de extranjeros en noviem-bre al entender que incumplíalos principios constitucionalesde “igualdad, mérito, capaci-dad y publicidad”. Tras la ac-tuación de la fiscalía, el sindica-to se ha personado como acusa-ción popular penal “para inten-tar probar” que Aguirre y Figar“han actuado fuera de la ley”,según UGT. Por otra parte, cin-co sindicatos (CC OO, ANPE,UGT, CSIF y STEM) han convo-cado una concentración hoyfrente a Educación para protes-tar por el cambio de baremoen el orden de la lista de interi-nos. Los aspirantes deben apro-bar un examen para poder per-manecer en la lista, en la quepesa menos la experiencia. Lascentrales consideran que esuna forma de vaciar las listas“de contratar más profesores adedo”.
La fiscalía investigael fichaje de profesoresanglófonos a dedoUGT se persona como acusaciónpopular tras denunciar a FigarPILAR ÁLVAREZMadrid
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Emergencia social
El PP trata in extremis de no quedarse solo en la ley hipotecaria
Un fallo técnico impidió ayer al PP imponer su rodillo y alargó el debate otra semana
EL PERIÓDICOMADRID
El PP llegó ayer dispuesto a imponer su rodillo en la po-nencia parlamentaria que tramita la ley antidesahu-
cios, pero se topó con un imprevisto. Su propuesta había llegado dema-siado tarde para ser incluida en el or-den del día de la Mesa del Congreso y esta no le dio vía libre (no la califi-có, en el término técnico). Resulta-do: el PP tuvo que ampliar el debate otra semana. Pero los conservadores tratarán de sacar partido de este con-tratiempo: aprovecharán el aplaza-miento para intentar in extremis no quedarse solos con una propuesta que rechazan la oposición y los pro-motores de la ILP de dación en pago. Estos últimos han obtenido, a su vez, siete días adicionales para redoblar su presión en la calle. Decidido a no introducir cambios de importancia, el partido del Go-bierno deseaba cerrar ayer un deba-te que tiene perdido ante la opinión pública. Conscientes de ello, los gru-pos parlamentarios no salían de su asombro cuando el portavoz de Eco-nomía del PP, Vicente Martínez Pu-jalte, les comunicó que el trámite se alargaba una semana más para que ellos pudieran presentar nuevas en-miendas. «La verdad es que no lo en-tendemos, ya hemos presentado to-das las que debíamos presentar», se quejaba la socialista Leire Iglesias.
UN TEXTO «BASTANTE CERRADO» / Si al menos Pujalte les hubiera emplaza-do para negociar o invocado una vo-luntad de consenso lo hubieran en-tendido, pero en la reunión les avan-zó que el PP da el texto por «bastante cerrado», y en declaraciones públi-cas advirtió de que pese a su volun-tad de llegar a acuerdos «el consenso no es un fin en sí mismo». Luego, co-nocieron los motivos reales, confe-sados por fuentes de su grupo a este diario. Estas fuentes sostuvieron que «Pujalte intentará aprovechar el pla-zo adicional para ver a quién puede arrastrar para apoyar el texto». To-das la miradas se dirigen a UPD, el partido de Rosa Díez, porque es el
único que no defiende la dación en pago, pero su portavoz en la ponen-cia, Carlos Martínez Gorriarán, de-jó claro ayer que para obtener su sí el PP debe aceptar la aplicación de la ley concursal a las familias, su pro-puesta estrella. Una especie de da-ción en pago no generalizada al al-cance de familias en quiebra. Pero Gorriarán admitió que no ha recibi-do ninguna señal positiva del PP.
A la misma hora que tenía lugar la ponencia y a escasos metros del Congreso, los promotores de la ILP pedían al partido del Gobierno que «rectifique». A Ada Colau, la porta-voz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la propues-ta conservadora le parece «una bur-la» a los afectados y si se lleva ade-lante seguirán parando desahucios. Cuando leyeron el texto presenta-do el viernes por el PP quedaron «es-candalizados» porque no recogía «ni una de las propuestas de mínimos» de la ILP y lleva al país «al caos judi-cial, económico y social».
RAJOY NO RESPONDE / Colau recordó que los promotores han solicitado en varias ocasiones un encuentro con el presidente del Gobierno, Ma-riano Rajoy, y nunca les ha respondi-do. «Si les preocupara de verdad, ha-brían querido hablar con nosotros», señaló tras recordar que dos presi-dentes de otros países, Rafael Correa (Ecuador) y Evo Morales (Bolívia), han solicitado verse con la PAH para analizar la situación de sus compa-triotas. La líder de las víctimas de los des-ahucios intervino en el Ateneo de Madrid, flanqueada por los secreta-rios generales de UGT y CCOO, sin-dicatos impulsores de la ILP, quie-nes apoyaron también los escraches. Cándido Méndez lo calificó de una «iniciativa democrática que es una infamia confundir con iniciativas violentas». Colau recordó que se tra-ta de recordar «la responsabilidad individual de cada diputado». Una responsabilidad que eludi-rán incluso en el Congreso, porque la Mesa volvió a rechazar que la ley se vote en el plenario. Aunque el PP dispone de mayoría absoluta en la Mesa, la ausencia por enfermedad de la conservadora Celia Villalobos daba una oportunidad a la propues-ta. Pero esta decayó tras registrarse un empate a cuatro en tres votacio-nes consecutivas. «No queremos que se repitan escenas como las de la ad-misión a trámite de la ILP», cuando los activistas de la PAH fueron des-alojados, justificaron fuentes del Grupo Popular. H
Colau, flanqueda por Toxo y Méndez, advierte de que seguirá parando desahucios
1 DACIÓN EN PAGO
2
3
la PAH replica
«La dación en pago ha sido sustituida por un sistema de quitas de imposible cumplimiento», porque, según la PAH, es imposible que personas sin trabajo devuelvan el 65% o el 85% de la deuda en 5 o 10 años como propone el PP.
LA PARALIZACIÓNLa PAH sostiene que la paralización de los desahucios que afectan a viviendas habituales de deudores de buena fe prevista en el texto de los conservadores «deja fuera al grueso de personas afectadas».
ALQUILER SOCIAL«El impulso del alquiler social entre las personas afectadas desaparece. No se contempla ninguna medida relacionada pese a que el título de la propuesta legislativa alude a la necesidad de reforzarlo», sostiene la plataforma.
4 LOS PLAZOSUna vez superadas las demoras por fallos técnicos la ley antidesahucios ya tiene calendario: el próximo martes se aprobará en ponencia y dos días después pasará a la comisión de Economía. De ahí se remitirá al Senado.
La PAH llevó ayer a sedes del PP en toda España su malestar con el par-tido, después de que este demostra-ra por enésima vez en el Congreso que no tiene ninguna intención de apoyar las principales peticiones de la ILP que promovió la entidad: dación en pago, alquiler social y paralización de los desahucios. Y en defensa de esas tres pro-puestas de mínimos, como las defi-
EL PERIÓDICOBARCELONA
nen en la plataforma, acudieron los manifestantes a un escrache que no fue un escrache, porque no implica presión donde vive o trabaja alguien y porque a pocos vecinos habrá que descubrirles que residen junto a se-des del PP. En Barcelona, medio mi-llar de personas se concentraron an-te la oficina de los populares, cerra-da. Empezaron con sus proclamas habituales y al cierre de esta edición preparaban «un videoescrache», se-gún anunció Adrià Alemany, miem-
En defensa del texto caídoProtestas en sedes del PP por la negativa del partido a aprobar en el Congreso los puntos básicos de la ILP
Protesta ante la sede del Partido Popular en Valencia, ayer.
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ra conocer hasta qué punto exis-te un problema. A continuación, se enviará una circular para dicta-minar qué casos pueden ser penal-mente punibles. Ayer fue el minis-tro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallar-dón, quien afirmó que los fiscales deben impedir que «una minoría violenta condicione a la mayoría».
Caso por caso
No faltaron voces discrepantes. El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, advirtió de que no puede es-tablecerse «un patrón general» so-bre la responsabilidad penal de los escraches. Varela abogó por estu-diarlos caso por caso. Esa será tam-bién la doctrina que seguirá la Fis-calía de Barcelo-na, según fuentes del organismo. H
bro de la PAH que ejerció de porta-voz. «Somos más inteligentes que ellos», dijo Alemany, que se dejó el cuello para arengar a los asistentes. Si algo llamaba la atención era la escasísima presencia policial, al me-nos visible. Apenas un par de furgo-netas de los Mossos, algún coche pa-trulla. Todo lo contrario que en Ma-drid, donde las fuerzas de seguridad blindaron el acto. Además de cerrar la calle de Génova, donde se encuen-tra la sede del PP, también se hizo lo propio con las calles adyacentes. Los asistentes, unos 300, montaron una asamblea en la que varios afectados dieron a conocer sus casos. Algo parecido a lo que pasó en Barcelona, donde varios de los asis-tentes explicaron las consecuencias que tuvo para ellos la tragedia de no poder seguir pagando la hipoteca. En otras ciudades hubo actos simi-lares. Unos 50 tarraconenses se con-centraron ante la sede del PP y otros tantos leridanos ante la de su ciu-
dad. En Sevilla un centenar de per-sonas hicieron lo mismo, y en Ali-cante, unas decenas. Como ahora parece que el pro-blema es el escrache y no los des-ahucios, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se ha volcado
Torres-Dulce pide a los fiscales que informen de todos los escraches que se producen
MIGUEL LORENZO / FERRAN NADEU / EL PERIÓDICO
Ciudadanos concentrados ante la oficina del PP en Barcelona.
La protesta celebrada en la sede madrileña de los populares.
Vea un vídeo de esta noticia con el móvil o en e-periodico.es
en lo primero. Por ello ha ordenado al resto de fiscales que informen de los escraches. El aviso, que avanzó El País, llegó a las fiscalías superiores de las comunidades autónomas, que a su vez debían trasladarlas a las fisca-lías provinciales. La iniciativa no in-cluye instrucción alguna por ahora, pero es un movimiento habitual pa-
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EL PERIÓDICO
MADRID
–Llegó al cargo hace 19 años, en la
salida de la crisis de los 90. ¿Qué le
dice su experiencia?
–España está mejor, a pesar de la cri-sis. Ha sido excepcional que en los últimos cuatro años hayamos hecho tres huelgas generales, dos el año pa-sado. En el 94 salimos de una crisis profunda de dos años, pero ahora llevamos cinco y el nivel de reservas económicas y anímicas se está dete-riorando de una forma vertiginosa.
–¿No comparte, pues, el optimismo
de Mariano Rajoy sobre el 2014?
–Creo que confunde sus deseos con la realidad. Ni las instituciones in-ternacionales ni las entidades finan-cieras lo indican. Lo que puede ocu-rrir es que haya una cierta recupera-ción estadística. Como las reservas serán menores, la percepción social será peor y la destrucción de empleo continuará.
–¿Esta crisis tiene suelo?
–No mientras no se cambien en pro-fundidad las políticas. De lo contra-rio, estamos ante una década perdi-da, del 2008-18, como le ha pasado a Japón. Desde mayo del 2010 hemos ido a peor: hemos pasado dos rece-siones, somos un país más endeu-dado, el nivel de paro es creciente y ni siquiera el Gobierno puede decir que cumple con el déficit.
–Proponga una alternativa.
–Invertir las prioridades. El Gobier-no antepone el pago a los acreedo-res, la reducción del déficit y el au-mento del endeudamiento. Pero si el problema dramático es el paro, plan-teemos como prioridad luchar con-tra el desempleo. Conseguiríamos amortiguar el aumento del paro,
crearíamos condiciones para reacti-var la economía y con el aumento de ingresos fiscales por la reactivación, cumpliríamos con las obligaciones europeas, que tampoco cumplimos porque aumenta la deuda.
–¿En qué medida pesa la crisis po-
lítica?
–En España el problema es que ha-ce poco más de un año un partido se presentó a las elecciones con un pro-grama y no lo está cumpliendo. Eso socava la confianza en las institucio-nes democráticas. Y se ve con clari-dad la diferencia entre legalidad y
más de los partidos que están repre-sentados en el Parlamento. Se podría cambiar la Constitución para que, a petición de un determinado porcen-taje de población, se celebren refe-rendos decisorios. Y que haya que ce-lebrarlo sin una decisión previa de las Cortes ni del Gobierno.
–Los sindicatos también han que-
dado tocados por su presencia en
las cajas de ahorro y por los ERE de
Andalucía.
–Tenemos un código ético que po-siblemente se revise en este congre-so para ser más exigentes en el com-portamiento de un cuadro sindical. Nuestra presencia en las cajas de ahorro fue del 2,8%. De ahí a pensar que debemos excluirnos media un abismo. Me preocupa más la muta-ción de las cajas en bancos y que no haya alternativa a su obra social y a unas instituciones que han canali-zado el crédito a las pymes. Arrum-bar los mecanismos sociales de con-trol social o la estructura de repre-sentación democrática, me parece grave. Se da la paradoja de que se pi-de reinventarlo todo, desde la mo-narquía a la última sección sindical. Pero excepto las cajas de ahorro, no he oído una reflexión de que haya que reinventar los bancos; solo he oí-do que hay que darles dinero.
–¿Fueron ingenuos al firmar un
acuerdo con la CEOE?
–Cometeríamos un error si descalifi-cásemos un acuerdo por los incum-plimientos. Hay un juego de equili-brios, y junto a la contención de sa-larios, se hablaba de moderación de beneficios y precios al ser tres facto-res indisociables. Se ha fallado en la segunda parte, de la que son respon-sables la patronal y el Gobierno. Es-te dijo que no iba a subir los impues-tos pero lo ha hecho y se han produ-cido unas alzas en precios regulados en servicios públicos fundamenta-les. La visión de la gran patronal no es la de las pymes, porque asume el discurso del Gobierno, que es el de apostar por las exportaciones y de-valuar los salarios. Pero el peso de las exportaciones es del 30%; el resto, 70%, depende de la demanda inter-na. El sector exportador no dará más de sí mientras siga el euro fuerte. Si se hunden los salarios y el empleo en las pymes, se reducen el consumo y no habrá recuperación. H
«Se pide reinventarlo todo menos los bancos»
«Si se hunden los salarios y el empleo en las pymes, se reduce el consumo y no habrá recuperación»
CÁNDIDO MÉNDEZ Secretario general de UGT
legitimidad. Lo legal no siempre es legitimo. Ahí tiene la ley de desahu-cios que ha sido corregida por Euro-pa. Los políticos deben acomodar las leyes a las demandas de la población para mejorar su calidad de vida, no para agravarla aún más. Ese es un caldo de cultivo peligroso. Si la gen-te percibe que hay una democracia sin leyes, eso es lo que alienta los po-pulismos excluyentes.
–¿Tiene alguna propuesta para
eso?
–La ciudadanía del siglo XXI nece-sita cauces de la participación, ade-
33 Cándido Méndez, durante la entrevista en la sede de UGT.
JUAN MANUEL PRATS
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Gràcies a la reforma labo-ral, que va limitar a unany el temps per negociarun conveni col·lectiu ca-ducat, 350 convenis per-dran la seva vigència al ju-liol a Catalunya –tots elsque van ser denunciatsabans del 7 de juliol del2012–. Progressivaments’hi aniran sumant elsque van ser denunciatsdesprés d’aquesta data,fins a un total de 2.000 se-gons dades del govern.
Els sindicats acusen lapatronal de bloquejar lesnegociacions per interès,ja que, si no hi ha acord,s’aplicarà automàtica-ment el conveni d’àmbitsuperior o, si no n’hi ha,l’Estatut dels Treballa-dors, que fixa condicionsmínimes i, per tant, no re-cull moltes de les milloresque durant anys s’han ne-gociat i s’han inclòs enconvenis de sector i/o
d’empresa. Per evitar laconflictivitat que això su-posaria, la Generalitat es-tà ultimant un pacte ambsindicats i patronals perfer de mediadora quan unconveni col·lectiu estigui apunt de caducar i les partsno es posin d’acord.
Segons el secretarid’Ocupació i Relacions La-borals, Ramon Bonastre,l’objectiu és que el Consellde Relacions Laborals deCatalunya exerceixi d’àr-bitre, però caldrà sempreque tant l’empresa com elsrepresentants dels treba-lladors acceptin tant lamediació com el seu resul-tat, ja que el govern no potimposar ni una cosa nil’altra. Bonastre va apel-lar ahir al sentit comú: “Oregulem amb seny o escrearà una situació deconflictivitat social.” Se-gons la UGT, el 54% delsconvenis d’àmbit provin-cial i català estan actual-ment bloquejats. ■
Laia BrugueraBARCELONA
a El Consell de Relacions Laborals de Catalunya farà demediador a L’acceptació de l’arbitratge i el seu resultatseran voluntaris, ja que la Generalitat no els pot imposar
El govern ultima unacord per desbloquejarels convenis col·lectiusa punt de caducar
Protesta dels treballadors del metall per denunciar el bloqueig del seu conveni ■ EL PUNT AVUI
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ANUNCI:Cementiris de Barcelona, S.A. convoca les persones que es considerin amb algun dret sobre les sepultures referides a continuació (exceptuant la persona que sol·licita latransmissió) perquè compareguin en l’Àrea de Serveis Jurídics, en el termini dels 15 dies hàbils següents a la publicació d’aquest anunci. En cas de no fer-ho prosseguiràla tramitació de l’expedient, sense ulterior citació ni cap altra audiència, i els títols que a l’efecte s’expedeixin ho seran sense perjudici de tercer amb millor dret.1. Fundación Privada Felicia Fuster, duplicat/traspàs per testament, nínxol núm. 1.123, 3r pis departament primer illa primera interior Poble Nou de Felicia Fusté Viladecans2. Pedro Águila Vie, traspàs provisional, nínxol núm. 133, 1r pis departament primer sèrie segona Sant Andreu de Luis Vie Casanovas3. Rosario Alcalá Palma, traspàs provisional, nínxol columbari b núm. 11.926, 3r pis via St. Jaume agrupació onzena Montjuïc d’Antonia Expósito Navarro4. Olga Alhama Olave, duplicat/traspàs per testament, nínxol columbari b núm. 598, 4t pis via St. Antoni agrupació catorzena Montjuïc de Juan Alhama Litrán5. Jordi Alonso Pujol, duplicat/traspàs abintestat, nínxol columbari b núm. 8.763, 5è pis via Sta. Eulàlia agrupació tercera Montjuïc de José María Alonso Marín6. Mariano Andrés Sánchez, duplicat/traspàs abintestat, nínxol columbari b núm. 11.288, 5è pis via Stma. Trinitat agrupació onzena Montjuïc de Mariano Andrés Laerma7. Jaime Armengol Orpinell, traspàs provisional, nínxol especial núm. 22.710, 1r pis agrupació desena Collserola de Maria Roca Font8. María de las Nieves Asensio García, duplicat/traspàs per testament, nínxol columbari b núm. 5.611, 4t pis via St. Amadeu agrupació catorzena Montjuïc de M. Esperan-za García Cots9. Xavier Aspa Arranz, traspàs provisional, tomba especial núm. 57, via St. Joaquim agrupació dotzena Montjuïc de Maria Magriñà Llabera10. Maria Rosa Ballester Salas, traspàs provisional, nínxol especial núm. 29.357, 4t pis agrupació desena Collserola de Salvador Ballester Escriba11. Carlos Baltasar Vivancos, traspàs provisional, nínxol núm. 402, 5è pis departament vuitè Les Corts de Francisco Vivancos Hernández12. Juan Carlos Basi Burón, traspàs provisional, nínxol núm. 7.250, 5è pis departament Tercer Sant Andreu de María Laplana Ferraz13. José Batlle Bassà, traspàs provisional, nínxol columbari b núm. 3.244, 4t pis via St. Antoni agrupació dotzena Montjuïc de José Batlle Olivet14. Maria Teresa Bigas Segalés, traspàs provisional, nínxol núm. 704, 5è pis departament primer sèrie cinquena Sant Andreu de Ramon Segalés Germà15. Maria Teresa Bigas Segalés, traspàs provisional, nínxol núm. 1.065, 4t pis departament primer illa tercera exterior Poble Nou de Ramon Segalés Germà16. Leonor Borràs Monterde, duplicat i traspàs provisional, nínxol núm. 899, 3r pis departament segon sèrie primera Sant Andreu de José Borràs Sacasas17. Augusto César Brillas Nesbitt, traspàs provisional, nínxol columbari b núm. 767, 4t pis via St. Francesc agrupació novena Montjuïc de Trinidad de La Rosa18. Alberto Bullich Puche, traspàs provisional, nínxol columbari b núm. 2.686, 2n pis via St. Joaquim agrupació dotzena Montjuïc de María Puche Torres19. Belén Burgos Fernández, traspàs provisional, nínxol núm. 2.517, 4t pis departament primer illa cerca Poble Nou d’Antonio Burgos Marín20. Salvador Cabús Mallafré, duplicat i traspàs provisional, nínxol columbari b núm. 6.410, 4t pis via Stma.Trinitat agrupació onzena Montjuïc d’Enrique Cabús Campreciós21. Francisco Javier Camps Rodríguez, traspàs provisional, tomba menor núm. 4, via St. Oleguer agrupació cinquena Montjuïc de Valentín Camps Moncunil22. Encarnación Cano Castiella, duplicat/traspàs per testament, nínxol especial núm. 40.790, 2n pis agrupació vuitena Collserola d’Encarnación Castiella Santafé23. Rafael Carbonell Pujol, traspàs provisional, nínxol columbari a núm. 2.238, 3r pis via Stma. Trinitat agrupació dotzena Montjuïc de Teresa Pujol Mas24. Elisabet Carbonell Bonet, duplicat i traspàs provisional, nínxol núm. 441, 1r pis departament primer illa segona interior Poble Nou de Gabriel Carbonell Rich25. Jorge Casamayor Prat, traspàs provisional, nínxol columbari b núm. 5.115, 1r pis via St. Manuel agrupació dotzena Montjuïc de Luisa Prat Masó26. José María Casamor Matheu, duplicat/traspàs per testament, nínxol hipogeu pentagonal núm. 16, 1r pis via St. Francesc agrupació setena Montjuïc de Josefa Matheu Pellin27. Maria Castell Borràs, traspàs provisional, nínxol núm. 9.615, 3r pis departament cinquè Les Corts de germans Manuela, Manuel i Dolores Borràs Garcia 28 Silvia Ceballa Mondéjar traspàs provisional nínxol especial núm 28 573 3r pis agrupació desena Collserola de José Ceballa Guajardo
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El Tribunal Superior de Justí-cia de Madrid va declarar im-procedents els 861 acomiada-ments de l’expedient de regu-lació d’ocupació (ERO) de Te-lemadrid. La decisió no impli-ca l’obligació de readmetreels treballadors, però sí la d’e-levar les indemnitzacions a 45dies per any treballat. El jutgeva comunicar a les parts lasentència sobre la demandacol·lectiva presentada pel sin-dicat UGT a finals de gener,en la qual l’organització sindi-cal al·legava que l’ERO eradesproporcionat i implicava el“desmantellament” de la ca-dena pública madrilenya per
La justícia anul·lal’ERO a Telemadrid
MITJANS PÚBLICS
raons “polítiques”. En la sen-tència, el jutge exposa que lasituació de pèrdues de l’ensha resultat “provada”, peròindica que “resulta evidentque una situació econòmicanegativa (...) no és suficientper justificar els acomiada-ments de 925 treballadorsd’una plantilla total de 1.161”.També puntualitza que el fetde tenir menys pressupost“no constitueix una causa peracomiadament col·lectiu”. Elssindicats de Canal 9 van valo-rar la sentència com un “pre-cedent” per evitar el desman-tellament de les televisionsautonòmiques. ■ REDACCIÓ
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L’aventura de la iniciativalegislativa popular (ILP) dela dació en pagament, queva arribar amb l’aval d’unmilió i mig de firmes, es de-sinfla a cada tràmit queafronta al Congrés. Des-prés que el PP imposés lafusió del text inicial amb lallei que ja tramitava el go-vern espanyol i que li abar-roqués el títol –“llei de me-sures urgents per reforçarla protecció dels deutors hi-potecaris, reestructuraciódel deute i lloguer social”–,ahir el partit que sustentaRajoy va forçar que el pro-jecte no arribi a ser debatutni votat mai al ple del Con-grés tot i la bel·ligerant ne-gativa de l’oposició en bloc.
En la reunió de la juntade portaveus del Congrés,l’òrgan que fixa i ordena elsdebats a la Carrera de SanJerónimo, el PP es va impo-sar als grups i va forçar quesigui la comissió d’Econo-mia –fòrum més discretque l’hemicicle– la queaprovi el text amb compe-tència legislativa plenaabans de ser enviat al Se-nat. Per pal·liar l’enuig, elspopulars obren un nou ter-mini de set dies per esperarles esmenes de l’oposició enel desesperat intent de no
quedar sol. Segons el porta-veu econòmic del PP, Vice-nte Martínez Pujalte, elpartit s’obre a obtenir “elmillor text possible” però,alhora, es vanta que ja hi haincorporat més de 50 es-menes de la resta “en espe-
rit o en part”. “No hi veiemenlloc l’esperit, potser al-gun signe de puntuació”, vareplicar la socialista LeyreIglesias. Per CiU, LourdesCiuró no amagava la “de-cepció” perquè no s’ha re-collit la ILP “ni en l’esperitni en l’ànima” i oferia esme-nes per calcar-hi la sentèn-cia del Tribunal de la UE.Des d’ICV, Joan Coscubieladenunciava que el PP vol“tancar en fals” el dramadels desnonaments i pro-metia mantenir viva la ILPmés enllà de l’actual trami-tació. Pujalte els va respon-dre a tots dient que el con-sens “no és ni un fi ni un
objectiu en si mateix”.En un acte a l’Ateneu de
Madrid, la portaveu de laPAH, Ada Colau, va fer pi-nya amb Cándido Méndez(UGT) i Ignacio FernándezToxo (CCOO) a l’hora de dirque se senten “escandalit-zats” amb “l’ofensa” deltext del PP, que limita l’in-terès de demora però s’opo-sa a la paralització en secdels desnonaments o a ladació retroactiva. Colaupromet que la PAH no de-sistirà en l’intent de frenarels desnonaments. “Si norectifiquen, continuaremfent el que no fa el govern”,va reblar Colau. ■
Rajoy avorta que la ILP esdebati al ple del Congréstot i el rebuig de l’oposicióa Els populars donen set dies més de temps en un últim intent d’acostar-se a la restade grups a Colau i els sindicats fan pinya i prometen continuar frenant desnonaments
David PortabellaMADRID
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Les frases
Toxo, Colau i Méndez, en la roda de premsa sobre la dació en pagament ■ F. ALVARADO / EFE
“Sumem més de 50esmenes en esperit oen part i volem el textmillor. El consens noés un fi en si mateix”
Vicente Martínez PujaltePORTAVEU D’ECONOMIA DEL PP
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El Tribunal Superior de Justí-cia de Madrid va declarar im-procedents els 861 acomiada-ments de l’expedient de regu-lació d’ocupació (ERO) de Te-lemadrid. La decisió no impli-ca l’obligació de readmetreels treballadors, però sí la d’e-levar les indemnitzacions a 45dies per any treballat. El jutgeva comunicar a les parts lasentència sobre la demandacol·lectiva presentada pel sin-dicat UGT a finals de gener,en la qual l’organització sindi-cal al·legava que l’ERO eradesproporcionat i implicava el“desmantellament” de la ca-dena pública madrilenya per
La justícia anul·lal’ERO a Telemadrid
MITJANS PÚBLICS
raons “polítiques”. En la sen-tència, el jutge exposa que lasituació de pèrdues de l’ensha resultat “provada”, peròindica que “resulta evidentque una situació econòmicanegativa (...) no és suficientper justificar els acomiada-ments de 925 treballadorsd’una plantilla total de 1.161”.També puntualitza que el fetde tenir menys pressupost“no constitueix una causa peracomiadament col·lectiu”. Elssindicats de Canal 9 van valo-rar la sentència com un “pre-cedent” per evitar el desman-tellament de les televisionsautonòmiques. ■ REDACCIÓ
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Les protestes de la PAH ales portes del PP s’allarguen
La concentració d’ahir davant la seu del PP a Girona ■ MANEL LLADÓ ECONOMIA, P36-39
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B. BadrinasBARCELONA
cial, com ara els iaioflau-tes, que van voler donarsuport a una concentracióque es va desenvoluparsense cap incident.
A Tarragona, una cin-quantena de persones esvan concentrar davant dela seu del PP a la ramblaNova, tot i que no van fercap intent d’acostar-se al’entrada de la seu del PP,informa Azahara Paloma-res. Durant prop d’una ho-ra van cridar consignes demanera pacífica i sota vigi-lància policial. Els dipu-
En la jornada en què el go-vern del PP havia de pre-sentar la seva proposta de-finitiva sobre la dació enpagament al Congrés, quedesprés el mateix execu-tiu va ajornar fins la set-mana que ve, la Platafor-ma d’Afectats per la Hipo-teca (PAH) va portar la se-va protesta davant lesseus del PP del conjunt del’Estat. Era una manera dedefensar una iniciativa le-gislativa popular (ILP) queaposta per aturar de ma-nera immediata els desno-naments, la implantacióde la dació en pagamentretroactiva i el lloguer so-cial. Tot un conjunt de me-sures que, previsiblement,quedaran lluny de la nor-mativa que prepara un PPamb majoria absoluta.
Així que, per marcarterritori, les diferentsPAH havien convocat ahira la tarda concentracions iprotestes davant les seusdel partit que governa al’Estat, per deixar clarque, al seu parer, és el granculpable de l’actual onadade desnonaments que pa-teixen molts ciutadansque no poden afrontar leslletres hipotecàries. I en-cara que les principals
CONCENTRACIONS La PAH porta laseva protesta davant les seus del partitdel govern espanyol ASSENYALAT Elconsidera el culpable de l’onada dedesnonaments que afecta els ciutadans
‘Escrache’ genera
política”. El portaveu de laPAH a Tarragona, JoanBel, va defensar que l’acteno era més que “un recor-datori” del que s’havia ex-posat en la trobada, i els vaanimar a donar suport a laILP i no seguir les direc-trius del seu partit.
A Lleida, mig centenarde persones, moltes de lesquals afectades directa-ment per procediments dedesnonament, es van ma-nifestar a la tarda davantla seu del PP, a la cèntricaplaça de Sant Joan, infor-
concentracions van tenirlloc a les grans capitals del’Estat, també se’n van ferd’altres més espontànies aciutats mitjanes com araSabadell i Cerdanyola.
La portaveu de la PAH,Ada Colau, va insistir ahira la tarda des de Madrid ademanar al PP que “recti-fiqui”, perquè les propos-tes que vol presentar “noresoldran res i ens porta-
ran a la ruïna”. Colau tam-bé va carregar contra lesentitats financeres i va de-manar al govern espanyolque s’hi “enfronti”, ja que“obeir els seus dictats ensha portat a la ruïna i ha en-fonsat l’economia”.
Prop de mig miler depersones van ser les que esvan concentrar davant laseu del PP del carrer Ur-gell de Barcelona. Abillatsamb la tradicional samar-reta verda del moviment iamb el lema Sí es pot, laprotesta va aplegar tantpersones afectades perdesnonaments com altrescol·lectius de denúncia so-
tats populars per la de-marcació tarragonina,Alejandro Fernández iJoan Bertomeu, que vanrebre recentment els
membres de la PAH, vancriticar ahir l’acció i la vanqualificar d’“instrumentpropagandístic amb claravocació de manipulació
Participants enl’escarni públic deBarcelona. A la dreta,concentració aTarragona ■ ALBERT
SALAMÉ / J.C. LEÓN
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Les protesteses van dur aterme sense captipus d’incident
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La frase
“Obeir els dictats deles entitats financeresens ha portat a laruïna i ha enfonsatl’economia”Ada ColauPORTAVEU DE LA PAH
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La xifra
300persones es van concentrardavant la seu del PP a Barce-lona, cent a Girona, i mig cen-tenar a Tarragona i Lleida.
Sense immutar-seBALANÇ Rajoy continua amb la seva estra-
tègia de governar l’Estat espanyolpensant que és ell el posseïdor dela veritat absoluta i actua en bene-fici del conjunt dels ciutadans, en-cara que una bona part d’aquests
s’hi oposin amb totes les seves for-ces. Tot i el milió i mig de firmantsde la ILP per a la dació en paga-ment i l’alarma social creada perl’allau de desnonaments, el PP in-tenta tramitar al Congrés, sense
cap mena de suport, una reformahipotecària clarament allunyadade les reivindicacions dels col·lec-tius socials. Faria bé el govern es-panyol d’acostar-se a les deman-des ciutadanes... si vol tenir futur.
JoanArmengol
El drama dels desnonaments
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al PP
ments de desnonament, ique la setmana passada esva batre una xifra rècord,amb més de 30.
A Girona, l’escrache vaaplegar un centenar depersones, segons informaImma Bosch. Integrantsd’aquest col·lectiu es vanmostrar disposats a ferconcentracions diàries da-vant la seu del PP i, fins itot, a portar la seva protes-ta davant el domicili parti-cular de les dues regidoresd’aquest partit a la demar-cació de Girona. ■
a David Marín. Van xiu-, van cantar eslògans a
vor de la ILP i van mos-ar pancartes i cartells,servats per un discretspositiu dels MossosEsquadra al portal dedifici d’oficines on té lau el PP. No es van pro-ir incidents.
nou rècordan Zúcar, de la PAH deeida, va explicar queuest any es registren ca-setmana a la ciutat en-
e 12 i 18 nous procedi-
consell de govern de la Jun-d’Andalusia va aprovar ahirdecret llei sobre la funciócial de l’habitatge, que in-u sancions de fins a noueuros a bancs i immobilià-
s que no lloguin les resi-ncies buides. “Per primerp, un govern d’Espanya le-la des de la consideraciól’habitatge com un dret”,destacar ahir la conselleraFoment i Habitatge, Elenartés (IU). A Andalusia hi ha
op de 700.000 habitatges
desocupats, dels quals entre350.000 i 500.000 perta-nyen a persones jurídiques.La nova norma inclou un sis-tema de sancions per a lespersones jurídiques, bancs,immobiliàries o entitats degestió patrimonial que nodestinin al lloguer la seva re-serva residencial. Igualment,la normativa, pendent d’apro-vació al Parlament, incloul’expropiació temporal peraturar desnonaments ambrisc d’exclusió social.
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xpropiació contra desnonaments
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Ajuntament dePratdip
ANUNCILa Junta de Govern Local d’aquest Ajun-tament va prendre en data 21 de febrer de2013 l’acord que segueix:PRIMER. Aprovar inicialment el Pla espe-cial urbanístic per a la implantació d’unhotel en sòl no urbanitzable i presentatper Joan Josep Barceló Vidal i TeresaOtero Salvador.SEGON. Sotmetre el Pla a informació pú-blica per un termini de 30 dies mitjançantanunci al Butlletí Oficial de la Província ai-xí com la publicació al diari El Punt Avui ia la seu electrònica d’aquest ajuntament.TERCER. Sol·licitar els informes corres-ponents als organismes afectats per raóde llurs competències sectorials.QUART. Fer constar que contra el presentacord, en tractar-se d’un acte administra-tiu de tràmit no qualificat, no procedeix lainterposició de cap tipus de recurs.
Pratdip, 04/04/2013L’alcaldeSignat: Josep Montané i Vidal
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Ajuntament deSant Cugat Sesgarrigues
ANUNCI
L’alcaldessa de Sant Cugat Sesgarrigues, en data 29 de gener de 2013, va aprovarmitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 10/2013 la resolució que es transcriu a continua-ció:Primer. Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació del Pla parcial industrial delSUD 7 “Ampliació polígon La Masia” del POUM de Sant Cugat Sesgarrigues.Segon. Sotmetre el document aprovat a informació pública durant el termini legal d’unmes, mitjançant un anunci publicat al BOP de Barcelona, al Diari Oficial de la Generali-tat de Catalunya, en un dels diaris de major divulgació, al tauler d’anuncis de l’Ajunta-ment i al web municipal. Durant aquest termini, que finalitzarà passat un mes comptata partir de la darrera de les publicacions i comunicacions fetes per a cada interessat,es podrà examinar el Projecte de reparcel·lació aprovat, els documents que inclou i elseu expedient administratiu, a les oficines d’aquest Ajuntament, en horari d’atenció pú-blica, a fi i efecte de poder formular les al·legacions que s’estimin convenients.Tercer. Concedir audiència a les persones interessades, amb citació personal.Quart. Fer constar que l’acord d’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació, en trac-tar-se d’un acte tràmit no qualificat, no és susceptible de cap recurs.
Sant Cugat Sesgarrigues, 13 de febrer de 2013.L’alcaldessa,Montserrat Albet i Noya
l drama dels desnonaments
L’aventura de la iniciativalegislativa popular (ILP) dela dació en pagament, queva arribar amb l’aval d’unmilió i mig de firmes, es de-sinfla a cada tràmit queafronta al Congrés. Des-prés que el PP imposés lafusió del text inicial amb lallei que ja tramitava el go-vern espanyol i que li abar-roqués el títol –“llei de me-sures urgents per reforçarla protecció dels deutors hi-potecaris, reestructuraciódel deute i lloguer social”–,ahir el partit que sustentaRajoy va forçar que el pro-jecte no arribi a ser debatutni votat mai al ple del Con-grés tot i la bel·ligerant ne-gativa de l’oposició en bloc.
En la reunió de la juntade portaveus del Congrés,l’òrgan que fixa i ordena elsdebats a la Carrera de SanJerónimo, el PP es va impo-sar als grups i va forçar quesigui la comissió d’Econo-mia –fòrum més discretque l’hemicicle– la queaprovi el text amb compe-tència legislativa plenaabans de ser enviat al Se-nat. Per pal·liar l’enuig, elspopulars obren un nou ter-mini de set dies per esperarles esmenes de l’oposició enel desesperat intent de no
quedar sol. Segons el porta-veu econòmic del PP, Vice-nte Martínez Pujalte, elpartit s’obre a obtenir “elmillor text possible” però,alhora, es vanta que ja hi haincorporat més de 50 es-menes de la resta “en espe-
rit o en part”. “No hi veiemenlloc l’esperit, potser al-gun signe de puntuació”, vareplicar la socialista LeyreIglesias. Per CiU, LourdesCiuró no amagava la “de-cepció” perquè no s’ha re-collit la ILP “ni en l’esperitni en l’ànima” i oferia esme-nes per calcar-hi la sentèn-cia del Tribunal de la UE.Des d’ICV, Joan Coscubieladenunciava que el PP vol“tancar en fals” el dramadels desnonaments i pro-metia mantenir viva la ILPmés enllà de l’actual trami-tació. Pujalte els va respon-dre a tots dient que el con-sens “no és ni un fi ni un
objectiu en si mateix”.En un acte a l’Ateneu de
Madrid, la portaveu de laPAH, Ada Colau, va fer pi-nya amb Cándido Méndez(UGT) i Ignacio FernándezToxo (CCOO) a l’hora de dirque se senten “escandalit-zats” amb “l’ofensa” deltext del PP, que limita l’in-terès de demora però s’opo-sa a la paralització en secdels desnonaments o a ladació retroactiva. Colaupromet que la PAH no de-sistirà en l’intent de frenarels desnonaments. “Si norectifiquen, continuaremfent el que no fa el govern”,va reblar Colau. ■
Rajoy avorta que la ILP esdebati al ple del Congréstot i el rebuig de l’oposicióa Els populars donen set dies més de temps en un últim intent d’acostar-se a la restade grups a Colau i els sindicats fan pinya i prometen continuar frenant desnonaments
David PortabellaMADRID
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Les frases
Toxo, Colau i Méndez, en la roda de premsa sobre la dació en pagament ■ F. ALVARADO / EFE
“Sumem més de 50esmenes en esperit oen part i volem el textmillor. El consens noés un fi en si mateix”
Vicente Martínez PujaltePORTAVEU D’ECONOMIA DEL PP
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El drama dels desnonaments
Francesc Ortega 37 anys. Sindicalista
“La ciutadania tédret a pressionar”Quin és l’objectiud’aquesta concentració?He vingut a fer l’escrachea la seu del Partit Popu-lar de Girona, perquè laciutadania té dret a pres-sionar contra les malespolítiques dels seus diri-gents, i el PP està fentmolt mala política.
Hi ha qui considera l’es-crache un assetjamenti, fins i tot, diuen queés il·legal...Nosaltres ens manifes-tem i no hi ha cap actitud
agressiva. Només és unamanera de pressionar elPartit Popular perquèpermeti una llei hipotecà-ria que arregli els proble-mes que té la gent respec-te als habitatges.
Creu que tot això serviràd’alguna cosa?Hem de fer alguna cosaper pressionar els partitspolítics perquè facin unapolítica coherent, que de-fensi el ciutadà. La pres-sió és la manera que te-nim els ciutadans perquèens escoltin i ens facin casd’una vegada per totes.Estan desprotegint les fa-mílies, i això no ho podempermetre. La plataformafa una bona feina. ■Francesc Ortega ■ M.LL.
Cinta González. 18 anys. Estudiant
“Estan intentantcriminalitzar-nos”Quina opinió té de l’es-crache com a mètodede protesta?Trobo que està molt bé.És una manera d’actuarperquè la població puguiexpressar el que sent da-vant de la gent que el re-presenta, i aprofitar perdir-los el que espera real-ment d’ells.
Molts crítics especulenque pot acabar desembo-cant amb actes violents.Té port que acabi pas-sant això?
No. Confio que la poblacióés responsable i té la cons-ciència necessària per noportar el tema fins aaquest extrem. De mo-ment, tot el que s’estàfent és molt correcte.
Què opina de la pressiópolicial que hi ha sobrel’escrache?Trobo que és un intent decriminalitzar el movi-ment. D’aquesta manera,poden aconseguir desmo-bilitzar la població que en-cara no està tan conscien-ciada i que no hi partici-pa, de moment. No hemd’oblidar que aquest és unmètode que es fa servirquan ja tots els altres re-cursos han fallat. ■Cinta González ■ J.C. LEÓN
Miren Suárez. 35 anys. Interina a l’atur
“Això és unaconcentració en pau”Diria que serveixen d’al-guna cosa, aquestesconcentracions?No sé si tenen una inci-dència directa. Almenysdonen visibilitat a unproblema que afectamolta gent.
Però creu que podenconvèncer el PP i els al-tres partits perquè ac-ceptin les demandes dela plataforma?Ja ho veurem. De mo-ment no s’ha aconseguit
cap resposta, però calinsistir-hi.
N’hi ha que critiquen elsescraches per violènciai assetjament. No hoveu així?Jo, aquí, no hi veig violèn-cia. És una concentracióen pau de gent que es volexpressar pacíficament,que vol que l’escoltin.
Vostè és afectada directaper algun desnonament?No. Però a qualsevol denosaltres ens pot passar.Ho veig al meu entorn,cada vegada hi ha mésgent sense recursos, sen-se casa, sense feina, calreaccionar. ■Miren Suárez ■ D.M.
Dora Barnadas 56 anys. Gerocultora.
“Reclamem el quecreiem just”Quin és l’objectiud’aquesta trobada?Aconseguir que el partitque està al govern i quepot prendre decisions im-portants per a la ciutada-nia ho faci, i que no donil’esquena al ciutadà comho està fent. Reivindi-quem que el PP faci unanormativa clara contraels desnonaments i en fa-vor de la dació en paga-ment.
Vostè creu que serveixd’alguna cosa aquest ti-
pus de pressió?N’estic convençuda, inosaltres, des la Platafor-ma d’Afectats per l’Hipo-teca de Girona continua-rem pressionant, perquèel ciutadà té dret a un ha-bitatge digne. La ciutada-nia s’ha de pronunciar idir prou. S’han d’aturarels desnonaments, i entretots ho aconseguirem.
Vostè creu que els quefan escrache incomplei-xen alguna normativa?No. Si mires la gent que hiha a Girona veuràs quesom molt pacífics. No femmal a ningú, ni ataquem,ni insultem. Ens manifes-tem per reclamar el quecreiem que és just. ■Dora Barnadas ■ M.LL.
Manuel Vázquez. 46 anys. Desocupat
“Violència és treureun nen de casa seva”Per què ha vingut a laconcentració?Perquè el govern del PPno vol acceptar una lleique li reclama el poble. Sifossin demòcrates, res-pectarien el que diu el po-ble, perquè aquest és elsignificat del mot demo-cràcia: govern del poble.
N’hi ha que ho qualifi-quen d’assetjament ide violència.No fem mal a ningú. Elque és violència és treurede casa seva una família
amb un nen de 9 anys.Aquí a Lleida s’han produ-ït casos espectaculars. Ca-da dilluns vaig a les reuni-ons de la plataforma, i ca-da setmana hi entren unadotzena de casos nous.
Vostè és afectat?Directament, no, peròsóc avalador d’un familiarque ara mateix està enprocés d’execució.
Creu que els escrachesserviran d’alguna cosa?El que sí que serveix ésunir-se. Cadascú per sepa-rat no pot fer res, elsbancs i els polítics sónpoderosos. Però unida,la gent pot aconseguirmoltes coses. ■Manuel Vázquez ■ D.M.
Òscar Purqueras. 38 anys. Desocupat.
“Denunciem laviolència de l’Estat”L’escrache és un mètodemés efectiu de protesta?Sí, és efectiu sempre ques’organitzi conjuntamentamb d’altres accions deprotesta, com ara altresmobilitzacions, vagues,recollides de signatures...Cal complementar-hoamb tot això.
Troba que encaixa bé enla lluita contra els desno-naments?Hi encaixa molt bé. Ésuna fórmula per cridar
l’atenció de la societat so-bre un problema real.
Quins han de ser, però,els seus límits?S’ha d’evitar que hi hagiuna agressió a les perso-nes. Es pot protestar sen-se haver d’arribar aaquest tipus d’accions.
Tem que els participantsen aquest tipus d’actesacabin estant implicatsen un delicte?No crec que sigui un delic-te denunciar la violènciade l’Estat contra la socie-tat. Són ells els que en unmoment de crisi estandesprotegint els que notenen res. ■Òscar Purqueras ■ J.C.L.
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Davant de la seu del PartitPopular de Girona s’hi vanconcentrar un centenarde persones que volienmostrar el seu desacordamb la proposta de refor-ma de la llei hipotecària.Però com que van dir queamb la trobada d’ahir non’hi hauria prou, allà ma-teix van decidir que farienconcentracions diàries ino descartaven fer tambéaccions d’escarni (escra-che) a les cases particularsde les dues regidores delPP de Girona: ConcepcióVeray i Cuca Mascort. Elsactivistes de la PAH vanaplaudir la decisió que vaprendre dilluns Carles Pa-lomares de plantar el PP i“de dir clarament que noestà d’acord que no s’ac-cepti la dació en paga-ment”. “Ara només ens enqueden dos per convèn-cer-los que marxind’aquest nefast partit quetrepitja la ciutadania”, vadir ahir la portaveu de la
PAH a Girona, MartaAfuera.
Va ser una trobada pa-cífica, vigilada de prop pertres dotacions de la briga-da mòbil dels Mossos d’Es-quadra –una bloquejaval’entrada a la seu del PP–, ino van ni respondre a les
provocacions d’una via-nant que els va increpar ifins i tot els va fer gestosinsultants aixecant el ditdel mig. Amb crits de “síque es pot”, “què passa,què passa, que no tenimcasa”, “què farem, què fa-rem? Lluitarem, lluita-
rem!” i “no s’entén gentsense casa i cases sensegent”, els seguidors de laPlataforma d’Afectats perla Hipoteca, molts d’ellsvestits amb la samarretaverda, van explicar que“l’escrache a les comar-ques gironines s’ha iniciat
perquè el canal de comuni-cació que fins fa poc hi ha-via hagut, la diputada delPP, Concepció Veray, el vatrencar ella unilateral-ment”. “L’escrache és unamanera de lluita i defensade la ciutadania que con-sisteix a seguir persones
que tenen un càrrec de res-ponsabilitat i que en les se-ves decisions estan girantla cara a la gent amb pro-blemes”, va explicar Afue-ra, que va assegurar quecontinuaran l’escrache,tot i que ahir encara no sa-bien com es faria i coms’havia d’organitzar. Demoment, avui a les set de latarda es tornaran a con-centrar davant la seu delPartit Popular a Girona, alcarrer Migdia.
En la trobada, tots elsassistents que ho van volervan dir-hi la seva. Algunsexplicaven vivències, al-tres donaven suport a lafeina de la PAH i altres cri-ticaven les posicions delspolítics tant locals com delgovern espanyol.
Afuera va explicar pú-blicament que en la darre-ra assemblea que la plata-forma va fer a Girona vantenir coneixement d’onzenous casos de desnona-ments a la demarcació“que s’afegeixen als que jateníem fins ara”. Und’aquests desnonamentsés el que hi ha previst peravui al carrer Montseny.
La portaveu de la PAHva advertir a l’alcalde deGirona, Carles Puigde-mont, que si no retira lesparaules “amb què acusa-va la portaveu de la PAH aGirona d’haver amenaçatde mort Veray se li posaràuna demanda”. Els activis-tes van acabar l’acte can-tant L’estaca, de LluísLlach. ■
a No descarten també fer ‘escrache’ davant els domicilis de les dues regidores del PP de Gironaa Un centenar d’activistes es van concentrar ahir davant la seu del Partit Popular de la ciutat
Anuncien concentracionsdiàries de la PAH a Girona
Imma BoschGIRONA
Uns manifestants ahir davant la seu del Partit Popular de Girona cantant ‘L’estaca’, de Lluís Llach ■ MANEL LLADÓ
La pressió de la Platafor-ma d’Afectats per la Hipo-teca (PAH) va aconseguirahir al matí aturar el des-nonament d’una famíliade Flaçà amb dos fills dequatre i set anys. Segonsl’Agència Catalana de No-tícies, des de primera horadel matí els integrants dela plataforma es van con-
centrar davant del domici-li, situat al carrer CarlesRahola, per impedir l’en-trada dels agents judicials.Quatre hores més tard, idesprés que el mateixafectat s’hagués de despla-çar fins als jutjats, els vancomunicar que el desno-nament s’havia ajornat.
Aquest és el tercer copque el banc intentava ferfora de casa la família, ori-ginària de Gàmbia. El pa-re, Abdoulie Trawally, quetreballava en la construc-ció, es va quedar a l’atur el2008 i el deute que li recla-men puja a més de191.000 euros. Trawally
va signar una hipoteca pervalor de 141.900 eurosamb l’aleshores Caja Ma-drid (actualment, Ban-kia). Les quotes mensualsde la hipoteca ascendien auns 1.150 euros. La famí-lia les va poder anar pa-
gant fins al 2008. La PAHassegura que el desnona-ment, a més a més, s’had’aturar perquè el cas estroba als jutjats per estafa.I és que Trawally, junta-ment amb altres, va de-nunciar que Caja Madrid
l’havia ensarronat co-brant-li una comissió in-existent de més de 90.000euros. Per aquest cas i d’al-tres, el 2007 els Mossosd’Esquadra van detenir eldirector d’una sucursal deCaja Madrid. ■
RedaccióFLAÇÀ
La pressió de laPAH atura undesnonamenta Els afectats són unafamília de Flaçà quevan denunciar el bancper estafa
Els integrants de la PAH ahir davant del bloc de pisos on viu la família afectada ■ ACN
La Coordinadora de Movi-ments Socials de la Garrotxaha emès un comunicat enquè dóna “ple suport” a laPlataforma d’Afectats per laHipoteca i al seu “allibera-ment” del bloc de pisos deSalt. Segons la coordinadora,les accions de la PAH, “llunyd’ésser violentes ni intimida-dores, cerquen la manerad’arribar a tota la resta de lapoblació per aconseguird’una vegada per totes que laILP per l’habitatge es porti abon terme”. Dins els actes icomunicats de suport, laPAH i el casal independentis-ta El Forn han organitzat perdivendres una festa solidàriaels beneficis de la qual anirandestinats a la lluita contra elsdesnonaments i pel dret al’habitatge.
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Més mostres desuport al bloc“alliberat”
El drama dels desnonaments
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L’acceptació del’arbitratge que ultimael govern ambsindicats i patronalsserà voluntària
Mediació perdesbloquejarels conveniscol·lectius
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Gràcies a la reforma labo-ral, que va limitar a un anyel temps per negociar unconveni col·lectiu cadu-cat, 350 convenis perdranla seva vigència al juliol aCatalunya –tots els quevan ser denunciats abansdel 7 de juliol del 2012–.Progressivament s’hi ani-ran sumant els que van serdenunciats després d’a-questa data, fins a un totalde 2.000 segons dades delgovern.
Els sindicats acusen lapatronal de bloquejar lesnegociacions per interès,ja que, si no hi ha acord,s’aplicarà automàtica-ment el conveni d’àmbitsuperior o, si no n’hi ha,l’Estatut dels Treballa-dors, que fixa condicionsmínimes i, per tant, no re-cull moltes de les milloresque durant anys s’han ne-gociat i s’han inclòs enconvenis de sector i/o
d’empresa. Per evitar laconflictivitat que això su-posaria, la Generalitat es-tà ultimant un pacte ambsindicats i patronals perfer de mediadora quan unconveni col·lectiu estigui apunt de caducar i les partsno es posin d’acord.
Segons el secretarid’Ocupació i Relacions La-borals, Ramon Bonastre,l’objectiu és que el Consellde Relacions Laborals deCatalunya exerceixi d’àr-bitre, però caldrà sempreque tant l’empresa com elsrepresentants dels treba-lladors acceptin tant lamediació com el seu resul-tat, ja que el govern no potimposar ni una cosa ni l’al-tra. Bonastre va apel·larahir al sentit comú: “O re-gulem amb seny o es crea-rà una situació de conflic-tivitat social.” Segons laUGT, el 54% dels convenisd’àmbit provincial i catalàestan actualment bloque-jats. ■
Laia BrugueraBARCELONA
a El Consell de Relacions Laborals de Catalunya farà demediador a L’acceptació de l’arbitratge i el seu resultatseran voluntaris, ja que la Generalitat no els pot imposar
El govern ultima unacord per desbloquejarels convenis col·lectiusa punt de caducar
Protesta dels treballadors del metall per denunciar el bloqueig del seu conveni ■ EL PUNT AVUI
125555/1072190®
ANUNCI:Cementiris de Barcelona, S.A. convoca les persones que es considerin amb algun dret sobre les sepultures referides a continuació (exceptuant la persona que sol·licita latransmissió) perquè compareguin en l’Àrea de Serveis Jurídics, en el termini dels 15 dies hàbils següents a la publicació d’aquest anunci. En cas de no fer-ho prosseguiràla tramitació de l’expedient, sense ulterior citació ni cap altra audiència, i els títols que a l’efecte s’expedeixin ho seran sense perjudici de tercer amb millor dret.1. Fundación Privada Felicia Fuster, duplicat/traspàs per testament, nínxol núm. 1.123, 3r pis departament primer illa primera interior Poble Nou de Felicia Fusté Viladecans2. Pedro Águila Vie, traspàs provisional, nínxol núm. 133, 1r pis departament primer sèrie segona Sant Andreu de Luis Vie Casanovas3. Rosario Alcalá Palma, traspàs provisional, nínxol columbari b núm. 11.926, 3r pis via St. Jaume agrupació onzena Montjuïc d’Antonia Expósito Navarro4. Olga Alhama Olave, duplicat/traspàs per testament, nínxol columbari b núm. 598, 4t pis via St. Antoni agrupació catorzena Montjuïc de Juan Alhama Litrán5. Jordi Alonso Pujol, duplicat/traspàs abintestat, nínxol columbari b núm. 8.763, 5è pis via Sta. Eulàlia agrupació tercera Montjuïc de José María Alonso Marín6. Mariano Andrés Sánchez, duplicat/traspàs abintestat, nínxol columbari b núm. 11.288, 5è pis via Stma. Trinitat agrupació onzena Montjuïc de Mariano Andrés Laerma7. Jaime Armengol Orpinell, traspàs provisional, nínxol especial núm. 22.710, 1r pis agrupació desena Collserola de Maria Roca Font8. María de las Nieves Asensio García, duplicat/traspàs per testament, nínxol columbari b núm. 5.611, 4t pis via St. Amadeu agrupació catorzena Montjuïc de M. Esperan-za García Cots9. Xavier Aspa Arranz, traspàs provisional, tomba especial núm. 57, via St. Joaquim agrupació dotzena Montjuïc de Maria Magriñà Llabera10. Maria Rosa Ballester Salas, traspàs provisional, nínxol especial núm. 29.357, 4t pis agrupació desena Collserola de Salvador Ballester Escriba11. Carlos Baltasar Vivancos, traspàs provisional, nínxol núm. 402, 5è pis departament vuitè Les Corts de Francisco Vivancos Hernández12. Juan Carlos Basi Burón, traspàs provisional, nínxol núm. 7.250, 5è pis departament Tercer Sant Andreu de María Laplana Ferraz13. José Batlle Bassà, traspàs provisional, nínxol columbari b núm. 3.244, 4t pis via St. Antoni agrupació dotzena Montjuïc de José Batlle Olivet14. Maria Teresa Bigas Segalés, traspàs provisional, nínxol núm. 704, 5è pis departament primer sèrie cinquena Sant Andreu de Ramon Segalés Germà15. Maria Teresa Bigas Segalés, traspàs provisional, nínxol núm. 1.065, 4t pis departament primer illa tercera exterior Poble Nou de Ramon Segalés Germà16. Leonor Borràs Monterde, duplicat i traspàs provisional, nínxol núm. 899, 3r pis departament segon sèrie primera Sant Andreu de José Borràs Sacasas17. Augusto César Brillas Nesbitt, traspàs provisional, nínxol columbari b núm. 767, 4t pis via St. Francesc agrupació novena Montjuïc de Trinidad de La Rosa18. Alberto Bullich Puche, traspàs provisional, nínxol columbari b núm. 2.686, 2n pis via St. Joaquim agrupació dotzena Montjuïc de María Puche Torres19. Belén Burgos Fernández, traspàs provisional, nínxol núm. 2.517, 4t pis departament primer illa cerca Poble Nou d’Antonio Burgos Marín20. Salvador Cabús Mallafré, duplicat i traspàs provisional, nínxol columbari b núm. 6.410, 4t pis via Stma.Trinitat agrupació onzena Montjuïc d’Enrique Cabús Campreciós21. Francisco Javier Camps Rodríguez, traspàs provisional, tomba menor núm. 4, via St. Oleguer agrupació cinquena Montjuïc de Valentín Camps Moncunil22. Encarnación Cano Castiella, duplicat/traspàs per testament, nínxol especial núm. 40.790, 2n pis agrupació vuitena Collserola d’Encarnación Castiella Santafé23. Rafael Carbonell Pujol, traspàs provisional, nínxol columbari a núm. 2.238, 3r pis via Stma. Trinitat agrupació dotzena Montjuïc de Teresa Pujol Mas24. Elisabet Carbonell Bonet, duplicat i traspàs provisional, nínxol núm. 441, 1r pis departament primer illa segona interior Poble Nou de Gabriel Carbonell Rich25. Jorge Casamayor Prat, traspàs provisional, nínxol columbari b núm. 5.115, 1r pis via St. Manuel agrupació dotzena Montjuïc de Luisa Prat Masó26 José María Casamor Matheu duplicat/traspàs per testament nínxol hipogeu pentagonal núm 16 1r pis via St Francesc agrupació setena Montjuïc de Josefa Matheu Pellin
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La Generalitat incorporaráal SOC 160 orientadoresCONTRATOS/ La ampliación de plantilla se produce en plena polémica por el despidode más de 500 técnicos en el último año y tras la privatización del servicio.
A.Z.BarcelonaEl Govern aprobó ayer incor-porara160orientadoreslabo-rales a las oficinas del Serveid’Ocupació de Catalunya(SOC)paramejorar lacapaci-dad de los parados de encon-trarunnuevoempleo.
En los próximos días, sedestinarán al SOC50 funcio-narios, que formaránpartedela estructura del servicio pú-blico de empleo y otros 110técnicos, a quienes se les haráun contrato temporal para elprogramadeorientaciónparala mejora de la ocupabilidad,entreel13próximodemayoyel31dediciembre.
“Esunaapuestapara refor-zar los servicios de orienta-ción utilizados actualmenteenlasoficinasdetrabajo,don-de se identifican las compe-tencias y las potencialidadesdelosparadosysediseñaniti-nerarios formativos para me-jorar suocupabilidad”, asegu-ralaGeneralitat.
CríticassindicalesEstas incorporaciones se pro-ducen cuando la Generalitatha recibido duras críticas delos sindicatos por su políticade empleo. UGT denunciaqueen laactualidadsoloexis-ten 40 orientadores paraatender a todos los parados.La comunidad tiene 664.050parados registrados, un 4%másqueel añopasado. Segúnel INE, existen 885.100 de-sempleados y la tasa de paro
El SOC ganará 160 técnicos para orientar a los parados. / E. R.
SOC otorgará un papel másdestacado a las empresas decolocación, a las que se cede-rán las laboresde intermedia-ciónlaboral.
La Generalitat acusa al Es-tado de esta situación por ha-ber suprimido los programasextraordinariosdeorientado-resparadesempleados.
ConveniosvencidosOtro de los problemas que sele plantean al Govern, a lossindicatos y a las empresas escómoafrontarel vencimientode los convenios colectivoscuando pierden su vigencia,después de que la reforma la-boral eliminase la ultractivi-dad de esos acuerdos. Ahora,centrales, patronales y Gene-ralitat ultiman un acuerdo,que quieren cerrar en abril,paraevitarlaconflictividad.
El secretario de Ocupació iRelacions Laborals, RamonBonastre, semostróayer con-fiado en que será posible po-ner de acuerdo a los agentessociales sobre esta cuestión aescasos tres meses de que de-caigan ya de golpe 350 de los2.000 convenios registradosenCatalunya,informaEfe.
El pacto reconocería el pa-pel de mediador del ConselldeRegulacióLaboral,queele-varía una propuesta de me-diación a las partes en el casodefaltadeacuerdoenempre-sas o en sectores de produc-ción sobre la negociación delosconvenios.
El TC y las declaraciones soberanistasElTribunal Constitucional (TC) pidió ayer al Parlament queaclare cuál de las dos resoluciones aprobadas estos últimosmeses en la Cámara sobre el derecho a decidir prevalece,estoes,si la resolución sobre el derecho a decidir y la consultapactada aprobada el 13 de marzo –presentada por el PSC–sustituye a la declaración de soberacnía –planteada por CiU yERC y apoyada por ICVy cinco diputados del PSC–.La mayoríade los partidos catalanes coincidierona ayer en que ambostextos son“independientes”el uno del otro.CiU mostró superplejidad por el requerimiento delTC,mientras que EsquerraRepublicana calificó de“estrambótica”la petición delConstitucional.El PSC defendió que ambas resoluciones tienenlegitimidad. Incluso el PPreconoció que ambas declaracionesson“independientes una de otra”.
El SOC recibirá50 funcionariosy contratará a 110técnicos de mayoa diciembre
es del 23,84%. Además, enagosto se redujo la plantilladel SOC en unas 300 perso-nas y a finales de marzo no serenovóelcontratoa233técni-cos. Además, la reestructura-ción por la que atraviesa el
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Redacción Madrid
Los sindicatos se unen a la reclamación. Torres-Dulce ha movilizado al Ministerio Público contra los escraches
Colau amenaza con el caos si no hay dación en pago
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, y los secretarios gene-rales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez pidieron ayer al Partido Popular que reconsidere el proyecto de ley que “amenaza con aprobar” y atienda los requisitos básicos de la Iniciati-va Legislativa Popular (ILP) para la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social admitida a trámite en el Congreso. Colau afirmó que la propuesta legal que ha hecho el PP desatien-
de los mínimos básicos que plan-tea la ILP para acabar con los des-ahucios y advirtió de que, de salir adelante, llevará al “caos econó-mico, social y judicial”. La portavoz del PAH aseguró que está “escandalizada” con la propuesta del PP porque la consi-dera “profundamente injusta y una ofensa” a los afectados. “Si se man-tiene como está ahora, es un fraca-so anunciado. Hay pequeñísimas modificaciones, básicamente de maquillaje, que no van a incidir en el problema real”, ha denunciado. Por su parte, tanto Toxo como Méndez defendieron las moviliza-
ciones y protestas democráticas y pacíficas de la Plataforma y han recordado que la idea de estas acciones es la de remover la con-ciencia de los políticos.
Contra los escrachesPor otra parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dul-ce, ha movilizado al Ministerio Público contra los llamados escra-ches o protestas contra cargos políticos en su entorno privado. Les pidió información sobre estos actos y dijo que está estudiando la aplicación de la ley sobre estas protestas.
El pasado 4 de abril, el tenien-te fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía General, José Miguel de la Rosa, les remitió sobre este asunto un oficio al que ha tenido acceso El País. El escrito se diri-ge a los fiscales superiores que, a su vez, lo han hecho llegar a todos los miembros de la carrera. La Fis-
calía empieza por asegurar que “en la actualidad se están produ-ciendo situaciones de acoso al entorno personal de diferentes representantes parlamentarios y otros cargos institucionales, pro-movidos por afectados por proce-dimientos hipotecarios y otros colectivos similares”.
LA CABECILLA. Colau dice que está “escandalizada” con el PP. / EFE
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NACHO OREJAS
Daniel Rodríguez y Ana González.
E. V.La consejera de Educación,
Ana González, rechazó la refor-ma de la enseñanza diseñada porel Gobierno central, durante laconferencia que impartió el lu-nes en la Casa de Cultura deBueño. Bajo el título «¿De quéhablamos cuando hablamos deeducación?», la política y anti-gua profesora de Educación Se-cundaria de Lengua y Literaturacalificó la LOMCE (ley orgáni-ca para la Mejora de la CalidadEducativa) de norma contraria alos intereses de los profesorespor la revisión de plantillas yaseguró que «la ley Wert baja elnivel de aprendizaje de losalumnos».
El secretario general de FE-TE-UGT Asturias, Daniel Ro-dríguez, presentó el acto, quecontó con la presencia de másde sesenta personas en el públi-co. Al final de la charla, los asis-tentes aprovecharon la oportuni-dad para iniciar un coloquio conla Consejera. El futuro laboralde los estudiantes y las peculia-ridades de los actuales planes deenseñanza centraron el debateentre los vecinos de Ribera deArriba y Ana González. El ciclode conferencias de la Casa deCultura de Bueño continúa elviernes, a las siete de la tarde,con una charla de la Guardia Ci-vil de Soto de Ribera sobre lasmedidas de seguridad en el ho-gar y los riesgos de internet.
La consejera de Educaciónrechaza en Bueño lareforma de la enseñanzadel Gobierno central
Ana González:«La ley Wert bajael nivel deaprendizaje delos alumnos»
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Mieres / Langreo,Miguel Á. GUTIÉRREZ
Cuenta la leyenda que entrecuatro paredes de un vetusto edi-ficio de la plaza La Salve de Sa-ma –sede del Sindicato de losObreros Mineros de Asturias(SOMA)– se gestó durante añosel devenir político de Asturias.Allí, bajo los retratos de ManuelLlaneza y Pablo Iglesias, en undespacho poblado por documen-tos y periódicos subrayados, Jo-sé Ángel Fernández Villa, secre-tario general del SOMA-FI-
TAG-UGT, hacía y deshacía,elegía presidentes del Princi-
pado y «designaba» secre-tarios generales de la
FSA. Sea más o menoscierta la imagen, la fi-
gura de «El Tigre»–apodo con el que
le bautizaron suscompañeros por
su fuerte carác-ter– ha sido
una piezaclave para
entenderla evo-
luciónde la
re -
gión en los últimos treinta años.Sólo su delicado estado de saludha podido apartarle de la prime-ra línea sindical y política, en unaetapa clave para la minería.
Líder del SOMA desde 1979,ex senador y ex diputado regio-nal, Fernández Villa formó partede la ejecutiva federal del PSOEdurante 15 años. Inteligente, au-todidacta, astuto negociador, decarácter a veces irascible y calcu-ladamente críptico en el discur-so, Fernández Villa es un domi-nador de las distancias cortas, delcuerpo a cuerpo, y un hábil estra-tega a la hora de utilizar eso quese denomina inteligencia emo-cional. Ha hecho fortuna la anéc-dota contada por un antiguo y es-trecho colaborador: «Se parece aAlfredo Landa, pero es diez ve-ces mejor actor que él».
Fernández Villa nació en elmes de enero de 1943 en la loca-lidad langreana de Tuilla. Mine-ro de profesión, retirado con gra-do de invalidez, su vida ha sidosiempre la política y el sin-dicalismo. Sus padres regenta-ban un bar, Casa Hermógenes,en el que el futuro sindicalistaconoció de primera mano la pro-blemática de los mineros. Con14 años empezó a trabajar en unapequeña empresa de construc-ción y, dos años después, ya en-tró en la mina Santa Eulalia. Du-rante aquellos años de juventud
jugó al fútbol, de interior dere-
cha, y quienes lo recuerdan ates-tiguan que ya «mandaba mucho»en el campo.
En la década de los sesenta yprincipios de los setenta fue to-mando un mayor contacto con elnuevo sindicalismo emergido enla clandestinidad y profundizan-do en su relación con los líderesdel PSOE y la UGT. Fueronunos años convulsos en los queFernández Villa fue sumandotrabajos y despidos por su laborpolítica y sindical. La actividadera intensa. Cuentan sus conoci-dos que Fernández Villa dejó asu mujer, María Jesús, y a sus in-vitados en el banquete de bodapara asistir a una asamblea.
Ingresó en Hunosa gracias auna amnistía decretada en 1976y desde entonces su carrera sin-dical fue meteórica. Formó par-te de la denominada «comisiónde los 16» –una suerte de primercomité de la hullera pública–, en1978 fue elegido delegado delSOMA en el pozo Candín y unaño después se hizo con las rien-das de la secretaría general delsindicato.
Los años ochenta fueron ladécada en la que el líder minero,que siempre mantuvo una granrelación conAlfonso Guerra, do-minó con puño de hierro el so-cialismo asturiano. El choquecon Ferraz llegó cuando FelipeGonzález, presionado por la UEy el ala liberal del partido, deci-
El poder de un despachoen la plaza La Salve
El veterano dirigente, hombre fuerte del socialismoasturiano durante décadas, ha sido una pieza fundamental
en la escena política y sindical de los últimos 30 años
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dió aplicar un traumático ajustea la minería. El desencuentro seescenifica en la Navidad de1991, con el encierro en el pozoBarredo, en Mieres. Las lecturasfueron dispares. La movilizaciónlogró atenuar la reconversión mi-nera –gracias a las políticas dereactivación y prejubilaciones–,pero el sector entró en un lento einexorable declive paralelo al de-creciente protagonismo de Fer-nández Villa en la escena políti-ca asturiana.
El líder minero, no obstante,se resiste a perder influencia. Enjunio de 2000, el villismo jugóun papel trascendental en la lle-gada de Rodríguez Zapatero a lasecretaría general del PSOE. Enel último momento, en la asam-blea federal, Villa recomendó alos suyos votar a Zapatero en de-trimento de Matilde Fernández,para frenar los apoyos a Bono, loque finalmente aupó al políticoleonés. En Asturias, la corrienterenovadora liderada por VicenteÁlvarezAreces choca con el sec-tor guerrista y el desencuentro al-canza su punto culminante en elcongreso de la FSA en otoño de2000. El candidato del villismo,Javier Fernández, gana la elec-ción por un estrecho margen.
La pugna interna con el arecis-mo, tras la victoria socialista enel Principado, recorta el poderdel líder sindical.Desde algu-
nos sectores del PSOE se ve condesconfianza la sintonía alcanza-da con algunas destacadas figu-ras del PP como resultado de lanegociación de los fondos mine-ros. Buena parte de los dirigentessocialistas surgidos al calor de LaSalve, que hoy juegan relevantespuestos en la FSA y el Principa-do, abandona al líder minero y sealinea con el arecismo o el javie-rismo.
La última etapa de la trayecto-ria sindical de Fernández Villa haestado marcada por su delicadoestado de salud (no ha podidoacudir a las últimas fiestas mine-ras de Rodiezmo ni al homenajeanual a Llaneza) y por las des-gracias personales. En un cortoespacio de tiempo perdió a sumadre, a dos hermanos y a un so-brino. Pese a ello, participó acti-vamente en las movilizacionesmineras de los últimos años. Seencerró en el Ministerio, dondeprotagonizó una huelga de ham-bre, y volvió a la barricada.
Ahora, después de 30años al frente del SOMA,Villa se retira. Para algunosera una crónica anunciada.Otros nunca llegaron aimaginarlo. El «Ti-gre» ha dado su últi-mo rugi-do.
Astuto negociador,autodidacta y a vecesirascible, domina comonadie la distancia corta
El villismo tuvo un papeldeterminante en laelección de Zapatero yde Javier Fernández
Su delicada saludle ha ido apartando dela primera línea en unaetapa clave para el carbón
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Ningún dirigente obrero espa-ñol supo aprovechar comoél sus cargos sindicales paraacumular poder político. Jo-
sé Ángel Fernández Villa es el prototi-po, para lo bueno y para lo malo, delpolítico sindicalista español. Hubootros muchos, pero ninguno permane-
El retiro del
Alberto Menéndez
Fernández Villa utilizósu poder en el SOMA paracontrolar el socialismoasturiano durante décadas
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político sindicalista por antonomasiació tanto tiempo como él en primeralínea, ninguno como él pudo o supocompatibilizar durante decenios suslabores al frente de una organiza-ción sindical, el SOMA-UGT, conlas responsabilidades políticas comomiembro destacado del PSOE.
Fernández Villa fue durante mu-chos años una de las personas conmás poder en Asturias. Con la fuer-za que le daba dirigir el sindicato delos mineros tenía el control de lasagrupaciones de las Cuencas y conello, también, el de los órganos dedecisión de la Federación SocialistaAsturiana.Y utilizaba este poder,¡vaya si lo utilizaba! No dejaba pa-sar ni una oportunidad de mostrarsu pujanza, su autoridad en el Parti-do Socialista. Así cuando Felipe
González, a instancias de AlfonsoGuerra, le propuso formar parte dela comisión ejecutiva federal delPSOE no se lo pensó dos veces yaceptó.Y allí permaneció durantecatorce años, desde 1979 a 1993,como único miembro asturiano dela dirección nacional del partido,en los difíciles años de la Transi-ción y luego durante la etapa dora-da del felipismo. Eso sí, siempre ala vera de Guerra.
Sindicalista o político. En Fer-nández Villa la diferenciación sehace realmente complicada, impo-sible durante épocas determinadasde su vida. Que el poder político loatraía más que la actividad sindicales un hecho. No lo podía ocultar.Pero siempre fue muy consciente
de que su influencia en el PSOE es-taba estrechamente ligada a su car-go sindical. Sin él ni hubiera colo-cado a su gente de confianza en losórganos de dirección del partido, nihubiera participado activamente enla elección de los candidatos a laPresidencia del Principado, con to-do lo que ello comportaba.
El hasta ayer líder del SOMA(en lo sindical y en lo político) ga-nó muchas batallas internas en elPSOE a lo largo de su dilatada ca-rrera de casi 35 años, pero proba-blemente la que más satisfacción leprodujo fue la que protagonizó jun-to al actual presidente del Principa-do, Javier Fernández, en el trans-curso del congreso de la FSA delmes de noviembre del año 2000. El
triunfo por la mínima del sectorminero acabó con cualquier posibi-lidad de que su gran enemigo desiempre, Vicente Álvarez Areces,entonces presidente del Gobiernoregional, acabase haciéndose tam-bién con el poder en el partido.Fue, sin duda, una gran victoria pa-ra él, pero también, visto ahora, elcomienzo de su debilitamiento po-lítico. Javier Fernández siempremantuvo unas muy buenas relacio-nes con Villa, pero, sin embargo,por las razones que fueran, éste fuedesligándose de la actividad en elPSOE precisamente cuando el pri-mero se convirtió en líder de laFSA. Las siempre vehementes in-tervenciones de Villa en las ejecuti-vas y los comités regionales del
partido fueron espaciándose cadavez más, hasta casi desaparecer enlos últimos meses.
Villa, el político sindicalista porantonomasia, se va.Y con él, unaforma muy especial de entender lavida pública, en la que un sindicatose llegaba a confundir en algunoscasos con un partido y todo ello re-percutía directa o indirectamenteen la gobernabilidad de una región.Es algo muy difícil de entender pa-ra quien no lo viviera, pero era así.Y si no, que se lo pregunten a Pe-dro de Silva, cuando para verse li-bre de ataduras anunció años antesde acabar su segunda legislaturacomo presidente del Principadoque renunciaba a repetir como can-didato para un tercer mandato.
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MadridEl ente público Radio Televi-
sión Madrid tendrá que abonaruna mayor indemnización a los861 trabajadores despedidos enenero a través de un expedientede regulación de empleo (ERE),según el fallo hecho público ayerpor el Tribunal Superior de Jus-ticia de Madrid (TSJM). La Salade lo social considera que la «de-cisión extintiva» del ente públi-co no se ajusta a derecho al nohaberse acreditado la causa legalque se adujo, con lo que estimaparcialmente la demanda inter-puesta por los sindicatos UGT,CC OO y CGT, según «Efe».
La decisión del TSJM impli-ca, según los sindicatos, elevar lacuantía de las indemnizacionespor despido a 45 días por año,pero no la anulación de los des-pidos, lo que valora Telemadrid,al contrario que los trabajadores,que prevén recurrir ante el Su-premo. En la sentencia, el juezexpone que la situación de pérdi-das del ente ha resultado «proba-da», pero indica que «resulta evi-dente que una situación econó-mica negativa (...) no basta parajustificar los despidos de 925 tra-bajadores de una plantilla totalde 1.161».
El fallo agrega que, como«planeamiento estratégico» y«decisión empresarial», sería«factible» que Telemadrid hicie-se «una revisión general de lacontabilidad y del sistema deproducción» debido a la menorasignación presupuestaria querecibirá este año. Puntualiza queesta menor dotación presupues-taria «no constituye una causa deextinción de despido colectivopara así eludir las consecuenciaslegales que de dicha decisión sederivan».
Telemadrid indica que la«única» razón por la que el expe-diente se considera no ajustado aderecho es que la fundamenta-ción económica de los despidoses considerada «estructural» yno «sobrevenida».
El ente deberá elevarla cuantía de lasindemnizaciones pordespido a 45 días por año
El Supremo obligaa Telemadrid apagar más a los861 despedidospor el ERE
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La Unidad Terapéutica de Villabona, insignia deoro de los premios «Primero de Mayo» de UGT
UGT Asturias ha concedido la in-signia de oro de sus premios «Pri-mero de Mayo» a los trabajadoresde la Unidad Terapéutica y Edu-cativa del Centro Penitenciario deVillabona. Las insignias de platahan sido concedidas a José MaríaFernández (por su militancia y de-dicación), Fernando Martínez (en
la categoría de trabajo sindical debase) y a la sección sindical de laFederación de Transportes Comu-nicaciones y Mar (CTM) deUGT en Feve (galardón a la sec-ción sindical). La entrega de lospremios tendrá lugar en la Sala deCámara del auditorio Príncipe Fe-lipe de Oviedo, el día 26.
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Entre las variadas formas de corrupción que han brotado como una epidemia, tal vez la más dañina y corrosiva para la sociedad es la que, revestida de legalidad, se justifi ca por un «bien superior». Como, por ejemplo, los ERE fraudulentos de Andalucía. Si la trama urdi-da por sindicatos, gobernantes y benefi ciados operó con aburrida normalidad durante una década fue, además de por la cobertura supuestamente legal que la amparaba, por el altruismo que la inspiraba: «preservar la paz social». Es decir, para que las calles no se incendiaran contra la Junta socialista, los sindicatos sofre-naran la inquietud obrera y la izquierda radical no se lanzara a la yugular del PSOE. La fac-tura ascendió a 1.500 millones de euros, entre prestaciones, intereses y comisiones, pero a fe que logró plenamente su objetivo: los liberados sindi-cales callaron sumisos, los de IU se envainaron la dignidad y no hubo escraches contra los desahucios ordenados por las cajas afi nes. Según la juez Alaya, los sobornos directos a UGT y CC OO superaron los 6,5 millones de euros, pero po-drían ascender a mucho más. Nadie espere, sin embargo, que Méndez y Toxo revelen públicamente la cantidad exacta. Sus cuentas son opacas y están veladas a los ciudada-nos. Así es desde hace 35 años, sin que nadie haya protestado airadamente por el secretismo, empezando por los mismos que exigen al Rey luz y taquí-grafos. España es el único país de la UE donde los dos grandes sindicatos, que se fi nancian con dinero público, no remiten al Tribunal de Cuentas una memoria anual, ni publican un informe de actividades eco-nómicas, ni revelan el origen de sus recursos. Si UGT, que empieza hoy su 41º Congreso, y CC OO, que lo celebró hace dos meses, quieren renovar la «ética sindical» deben empe-zar por la transparencia. Y no prestarse a más sobornos a cambio de «paz social».
Sobornosindical
J. A. Gundín
VUELTAS DE
TUERCA
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UGT y CC OO defi enden la
campaña contra el PP porque «nos
llevarán a la ruina»
C. Castro
MADRID- Los líderes sindicales de UGT y CC OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, escenifi caron ayer su respaldo a la Plataforma Antidesahucios que lidera Ada Colau y su campaña de escrache masivo al PP y sus diputados. En una rueda de prensa conjunta en el Ateneo de Madrid, exigieron a los populares que «rectifi quen el proyecto que amenazan con aprobar» e incluyan en el texto los tres puntos de mínimos que plantea la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se tramita en el Congreso. «Estamos escandalizados» con una propuesta que «es una ofensa y nos llevará a la ruina», aseguró la
portavoz de la PAH, que defendió nuevamente la campaña de hostigamiento hacia los diputados del PP, porque son los únicos que rechazan la ILP abiertamente. «Vamos a seguir presionando al PP para que rectifi que» en una auténtica «primavera verde», anunció Colau, al mismo tiempo que lamentó que ni Mariano Rajoy ni ningún miembro del Ejecutivo les haya recibido, al contrario que otros jefes de Gobierno. «Nos hemos reunido con miembros del Gobierno de Rafael Correa y Evo Morales. Tanto Méndez como Toxo defendieron las protestas de la plataforma, porque a su juicio consiguen «remover la conciencia» de los políticos.
Gonzalo Pérez
Los líderes
de UGT y
CC OO,
Cándido
Méndez y
Fernández
Toxo, junto
a la portavoz
de la PAH,
Ada Colau
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:: LA RIOJALOGROÑO. UGT critica la «pri-vatización» del Fogasa despuésde «una deliberada disminuciónde plantilla». El sindicato expli-ca que «ha tenido acceso al PlandeViabilidad de Fogasa, cuyo ob-jeto es que los expedientes ac-tualmente acumulados sean ges-tionados por una empresa priva-da a la vista de una insuficienciade plantilla». «Según este plan–añade el sindicato–, la insufi-ciencia de personal provoca queFogasa sea condenado sistemá-ticamente al pago de prestacio-nes indebidas».Señala que uno de los progra-
mas del Plan es el denominado«Gestión y Resolución de Expe-dientes TemporalmenteAtrasa-dos» que justifica su existenciaen base a la «progresiva disminu-ción de la plantilla, sistema ob-soleto de gestión y aumento ex-ponencial de solicitudes; en estesentido, el Programa partiría con125.100 expedientes, que seríangestionados por una empresa pri-vada». En esta línea, «se privati-zaría el servicio de atención albeneficiario», según informa elsindicato.
UGT critica la«privatización»del Fogasa trasel «deliberado»recorte de plantilla
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ANA MACPHERSONBarcelona
E l hospital de SantPau se pone enmanos de Justí-cia. El presidentede la fundacióngestora del hospi-
tal, Xavier Pomés, comunicó el lu-nes al Protectorat de Fundacionsdel Departament de Justícia –elorganismo del que dependen to-das las fundaciones, como la delhospital de Sant Pau– su solici-tud de que a partir de ahora ac-túen jurídicamente en el centrosanitario. De forma temporal, pe-ro sin fecha final.Así lo comunicó el doctor Po-
més a los 200 cargos del hospitalayer por la tarde. Esa decisiónsupone entregar la autonomía degestión. A partir de este mo-mento, cada decisión que se to-me en el hospital deberá estaravalada y fiscalizada por el pro-tectorado, así como por la direc-ción general de Dret i d’EntitatsJurídiques. Esta intervención vamucho más allá de la vigilancia
económica que decidió hacer elDepartament de Salut hace unaño ante el incumplimiento delos presupuestos del centro. Lapetición a Justícia ha sido discu-tida previamente con los departa-mentos de Salut y Economia iFinances, así como con secreta-ría de Presidència.Los motivos de esta interven-
ción temporal del hospital –pro-piedadde la Generalitat, del arzo-bispado de Barcelona y del Ayun-tamiento, pero regido por otrafundación de gestión dirigida porun patronato en el que haymayo-ría de la Generalitat– residen enparte en ese galimatías de defini-ción de la entidad. Ese ha sido el
caballo de batalla de los emplea-dos y el desencadenante de laparálisis actual. Según anuncióPomés a los doscientos mandos,el hospital está a punto de la másabsoluta inviabilidad económicay resulta imposible de gobernar.La inviabilidad económica
actual tiene su último episodio–como gota que colma el vaso, nocomo causa principal– en una po-sible reclamación por parte de lainspección de trabajo de oncemi-llones de euros. Esa amenaza desanción se basa en que las horasde guardia de los profesionalespueden ser consideradas comohoras extra, lo que exige una coti-zación en la Seguridad Social di-ferente a las horas ordinarias(aunque no supone diferencia enel salario de quienes las reali-zan). “Esa sanción se llevaría pordelante todo el esfuerzo económi-co del 2012 para reducir el déficitde 19 millones de euros anuales”,señalan fuentes del hospital.Como volver a la casilla de sa-
lida de un agujero económicoque casi alcanza los 50 millonesde euros. Las actuaciones de lanueva gerencia del centro (Xa-vier Corbella es gerente desdemayo pasado tras varios mesessin dirección por el cese del ante-rior gerente, Jordi Varela) hanfrenado el déficit y han permiti-do terminar el año con menos 6millones, en lugar de los menos19 previstos.
LOS MOTIVOS
Un alud de demandasconvierten el hospitalen “inviablee ingobernable”
Asamblea en la entrada del nuevo hospital de Sant Pau el pasadomarzo
La condición para recupe-rar la autonomía de gestiónes volver al equilibrio eco-nómico y que se puedan so-lucionar los múltiples con-flictos que envenenan lasrelaciones en un hospitalen la cuerda floja
LA ÚLTIMA
Una posible sanciónde la Seguridad Socialllevaría al centroa la insolvencia
Crisis en la sanidad
XAVIER CERVERA
Algunas claves
wEl hospital deberárealizar más actividadasistencial sin creceren personal, para au-mentar así sus ingresossin incrementar a lavez los gastos.
wImpulsar servicios ytécnicas en los que elhospital destaque. Setrata de definir la exce-lencia que le es propiay que ahora es apenasvisible.
MÉDICOS IMPLICADOS
NO HABRÁ ERE
SantPaupideserINTERVENIDOLa dirección solicita a Justícia que avale cada decisión del centro
wEl ajuste de plantilladel hospital no se harámediante un ERE. Sefomentarán las jubila-ciones y se aplicará laregla pública de no re-poner el 50% de bajas.
MÁS ACTIVIDAD
wUna de las posibilida-des que se barajan esabrirse a alguna activi-dad privada, a extranje-ros o que no esté en lacartera de servicios dela sanidad pública.
LA PROPIA EXCELENCIA
wLa dirección de SantPau pretende que losmédicos conozcan elpresupuesto de su servi-cio y se impliquen enlas soluciones de futu-ro del hospital.
ABRIRSE A LA PRIVADA
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Sant Pau es un compendio de tres fundaciones: lade gestión, la patrimonial y la científica. El hospitales propiedad de la patrimonial, pero la actividad ylos trabajadores están en la de gestión
La Generalitat ya ha rescatado un par deveces en las últimas décadas el hospital,pero el centro pierde cada año entre18 y 20 millones de euros
Al año se opera a 40.000 pacientes, sevisita a 350.000 y se atienden 140.000urgencias. Trabajan 500 médicos y 1.300de enfermería, y 500 no sanitarios
Esa posible sanción tiene tam-bién temblando al resto de hos-pitales de la XHUP, la red hospi-talaria de utilización pública queengloba al 80% de los hospitalesque trabajan para el Servei Ca-talà de la Salut y que, como SantPau, tributan a la SeguridadSocial las horas de guardia comoordinarias.“La multa nos coloca en una
situación de riesgo absoluto, abo-cados a la insolvencia. Hastaahora se ha ido haciendo frente,sobre todo, pagando más tarde alos proveedores. Si traspasamoseste límite, no nos servirán”, ex-plican fuentes de la dirección delhospital.La segunda razón aducida pa-
ra entregar la responsabilidad dela gestión alDepartament de Jus-tícia es la ingobernabilidad. Enlos últimos diez meses, en losque se pretendía acometer gran-des cambios para arreglar el hos-pital, sólo se ha conseguido unacuerdo con el comité de empre-sa. En su lugar, un enjambre dedemandas, que empezaron poruna denuncia por delito societa-rio, malversación y estafa proce-sal, con la que se persigue, entreotras cosas, que se reconozca alhospital como una entidad priva-da y no pública. De ese modo, nose debería imponer a los trabaja-dores del hospital los recortes sa-lariales (la extra de Navidad) yde servicios (guardería, come-
dor) que se han aplicado a la fun-ción pública.¿Y después? “Esta es la última
oportunidad”, advirtió el presi-dente del patronato a los mandosdel hospital reunidos. Desde elpunto de vista de la dirección, esposible que después de este epi-sodio de excepción se recuperetotalmente la autonomía de ges-tión, pero creen que si no se con-sigue la total reestructuracióndel centro “se abrirá la puerta acualquier otra cosa”.Los directivos están pidiendo,
básicamente, que sus médicos semojen y cambien su actitud. “Apesar de la situación, el año secerró con una buena actividadasistencial y sin perder calidad”,aseguran. Y apelan a esa mayoríade profesionales.Y se cita de vez en cuando al
hospital Clínic, también a la espe-ra de una definición empresarialy aún, también, bajo la presiden-cia del doctor Pomés. En el Clí-nic esperan la presentación delos presupuestos de la Generali-tat para saber cómo van a quedarorganizados. Según una carta dela gerencia a sus trabajadores, lasclaves de esa reordenación seránconvertirse en una fundacióncon participación de los profesio-nales del centro y seguir siendoun centro absolutamente públi-co. En este hospital, estructuradohasta ahora en torno a varios ins-titutos con una importante auto-
nomía de gestión, los médicosasumieron un papel mucho másdecisivo en la actividad. Cada ins-tituto tiene un presupuesto adju-dicado y elige a uno de sus médi-cos para dirigirlo. Cada equipoconoce el dinero con el que cuen-ta para ese año y decide cómo seva a invertir para llevar a cabo laactividad que tiene encomenda-da y la que se propone avanzar ointensificar.Ese modelo de implicación de
losmédicos se intenta extender alos responsables de enfermería.Por eso, enfermería y facultati-vos son los principales posiblessocios de la nueva fundación, quepodría crearse para dirigir el Clí-nic. Pero quedanmuchos flecos ylos representantes de ambos esta-mentos se quejan de no saber na-da concreto.c
A. MACPHERSON Barcelona
L a discusión sobre sies un hospital públi-co o privado planeadesde hace más de
dos años sobre todo lo que ocu-rre en este hospital de altacomplejidad. Fue el primerode la ciudad durante años, fuepionero en trasplantes y estre-nó hace cuatro años un nuevoedificiomoderno y amplio quele debía permitir revivir cientí-fica y clínicamente, además deabandonar el bello corsé de lospabellones modernistas.Y esa discusión se ha torna-
do en un agrio pulso judicial.En apenas un año, se han pre-sentado catorce demandas la-borales –aunque alguna englo-ba 424 demandas individualesy cuatro penales–. Están pre-sentadas por los principalesestamentos del hospital, repre-sentados por laAssociació Pro-fessional d’Infermeria (API),l’Associació Professional delCos Facultatiu (APCF, los mé-dicos), UGT, CC.OO. y elcomité de empresa. Pero tam-bién a título individual por laactual presidenta del comitéde empresa y otras personas.Algunas de las demandas la-
borales se refieren al descuen-to del 5% del salario que seaplicó en el 2010 por ser em-presa pública. La del comitéde empresa obtuvo una senten-cia en contra, porque recono-cía como ajustada a derecho ladecisión del recorte, ya queconsidera al hospital entidaddel sector público. Está recu-rrida. También se refiere al5%otra presentada por losmé-dicos –424 demandas indivi-duales– que también tienesentencia, pero en sentido con-trario. Considera el juez quehan de devolverles el dinero(más de tres millones deeuros) porque el hospital noes una entidad pública.Otro conflicto es el de una
denuncia presentada por va-rios trabajadores a raíz delERE (suspendido) del 2011 enla que se reclamaba que lashoras de guardia fueran con-sideradas extra y, por lo tanto,pagaran a la Seguridad Socialsin tener en cuenta los topesque sí tienen las horas or-dinarias. Esa reclamación está
ahora en periodo de alegacio-nes, pero, si no se llegara aotro acuerdo, el hospital ten-dría que pagar 11 millones a laSeguridad Social.Otras dos demandas inter-
puestas por los facultativos (laAPCF) reclamaban aumentossalariales en estos años de re-cortes por considerar que noeran empresa pública.Las querellas, los casos pe-
nales, se refieren a la defini-ción de las fundaciones y su ca-rácter público o privado, lasobligaciones de la fundaciónpatrimonial en el déficit delhospital, el pago de indemniza-ciones y pagos a determinadosex altos cargos sanitarios. To-do eso se lleva en el juzgado22 de Barcelona. Y en la listade querellados están directi-vos del hospital, incluido elactual presidente, Xavier Po-més. También hay una quere-
lla por injurias contra el geren-te y otra por apropiación inde-bida –al gerente y al jefe derecursos humanos– por no ha-berles pagado la extra deNavi-dad. Cuatro querellas en total.El vestíbulo del hospital ha
estado durantemeses conpan-cartas, asambleas y tiendas decampaña en una larga luchacontra la privatizaciónde la sa-nidad, siguiendo la estela de lamarea blanca de Madrid.Ese es el escenario en el que
directivos y profesionalestienenque afrontar la reestruc-turación del hospital, interve-nidos por Justícia. La ope-ración pasará por aumentaractividad, cambiar horarios,reducir sueldos y fomentar ju-bilaciones. “No habrá ningúnERE”, aseguran.cDAVID AIROB
ADVERTENCIA
“Esta es la últimaoportunidad”, dijoXavier Pomésa los mandos
CONTRADICTORIAS
Una sentenciaconsidera aSant Pau públicoy otra, privado
LOS PLAZOS
La intervención deJustícia no tienefecha; puede durarseis meses o un año
LA INSTITUCIÓNEN CIFRAS
LLAMAMIENTO
Los directivos apelana los profesionalespara que se impliquenen salvar el centro
Losúltimospacientes dejan losbloques antiguos
Su población
MEDIDAS
El plan de viabilidadplantea elfomento delas jubilaciones
Deuda constante
Renovación. Fachadadel nuevo hospital deSant Pau, que ya estáen funcionamiento
]Los últimos pacientesdel antiguo hospital deSant Pau que todavíaestaban hospitalizados enlos antiguos edificios delrecinto, los enfermos delservicio de psiquiatría,fueron trasladados elpasado lunes al nuevoedificio, por lo que lospabellones modernistasya no albergan pacientes.Las unidades de hospitali-zación y de corta estan-cia del servicio de psi-quiatría se ubican en lasegunda planta del blo-que B, mientras que lasurgencias de psiquiatríaestán en el subterráneo-1, compartiendo accesoy circuitos con el serviciode urgencias generales.Las nuevas instalaciones,que ofrecen más conforty seguridad a los pacien-tes psiquiátricos, dispo-nen de tecnología de altacomplejidad para el diag-nóstico y tratamiento ydisponen de 32 camas en16 habitaciones.
Tres fundaciones
Unaluddedemandasyquerellas lastralas relacionesLa reestructuración del hospitalno prevé ningún ERE
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ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZMadrid
El Tribunal Superior de Justiciade Madrid (TSJM) declaró ayer“no ajustado a derecho” el expe-diente de regulación de empleo(ERE) demás del 75% de la plan-tilla de Telemadrid. La senten-cia, conocida ayer, considera des-proporcionado el despido colecti-vo presentado por la dirección dela radio y televisión pública deMadrid.“Resulta evidente que una si-
tuación económica negativa, cual-quiera y por sí misma, no bastapara justificar los despidos de925 trabajadores de una plantilla[al final, fueron despedidos 861]total de 1.161”, señala la sentenciadel TSJM, que permite interpo-ner recurso de casación enunpla-
zo de cinco días. El tribunal insis-te en que “no es suficiente” justifi-car el despido colectivo acometi-do por Telemadrid con una re-ducción entre el 5% y el 10% desu presupuesto, una dotación“que es insuficiente y congénita aun servicio público”. “No existeuna insuficiencia presupuestariasobrevenida, sino una insuficien-cia estructural que se ha venidocubriendo con aportaciones ex-traordinarias”, recuerda elTSJM.Una vez conocido el fallo, que
da parcialmente la razón a los tra-bajadores del canal autonómico,representados por UGT, CC.OO.y CGT, estos sindicatos pidieronla readmisión de la plantilla des-pedida. Sin embargo, desde el en-te, aseguraron que la sentenciasólo conlleva la obligación de au-mentar la indemnización a losdespedidos. Así, los trabajadoresafectados por el ERE, en lugar decobrar una compensación de 20días por año trabajado –como es-tablece la última reforma labo-ral– deberían recibir 45 días poraño trabajado, con unmáximo de42mensualidades. Según estima-ciones de CC.OO., esta decisiónacarreará al ente un desembolsoglobal por las indemnizacionesde unos 100 millones de euros.El portavoz del gobierno de
Madrid, Salvador Victoria, opinóayer que el fallo del tribunal “ava-la el despido colectivo y eleva lasindemnizaciones”.Telemadridtiene una deuda de más de 250millones de euros. En octubre, elpresidente madrileño, IgnacioGonzález, amenazó con cerrar elcanal si no lograba sacar adelanteun ERE que redujese “demaneraimportante” la plantilla y permi-tiese mantener el servicio me-diante externalizaciones. c
Los sindicatos pidenla readmisión de losdespedidos; el canalsólo admite elevarlas indemnizaciones
La justiciatumbaelEREa861trabajadoresdeTelemadrid
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Representantes sindicales, ayer, frente a la Consejería de Educación. :: N. GARGÍA / AGM
Los sindicatos semanifiestan frente a laConsejería para trasladarsu «preocupación» porel estancamiento en eldiálogo con la patronal
:: EPMURCIA.Más de un centenar dedelegados de personal de los distin-tos sectores de actividad de UGT yCCOO se concentraron ayer en lapuerta de la Consejería de Educa-ción, Formación y Empleo con elobjetivo de trasladarle al consejeroConstantino Sotoca su «preocupa-ción por la situación actual de es-tancamiento de la negociación co-lectiva, con el riesgo de pérdida devigencia de los convenios».Esto, explicaron los sindicatos,
«nos llevaría con toda seguridadaunasituación de conflictividad que en
nada beneficiaría a las empresas dela Región ni a sus trabajadores».De no avanzar significativamen-
te en los próximos meses, CC OOy UGT no descartan la convocato-ria de un día de huelga en todos lossectores que hasta la fecha no hancerrado la negociación de su conve-nio colectivo.Por su parte, el consejero de Edu-
cación , FormaciónyEmpleo, Cons-tantino Sotoca, semostró «sorpren-dido»por lamanifestacióna las puer-tas de su departamento. «Si hay unbloqueoy las partes quenegocian losconvenios colectivos son empresa-rios y trabajadores,me sorprendeesaconcentración ante la Administra-ción regional», señaló.Sotoca aseguró que estará «en-
cantado» de recibir a los sindicatos,pero que «seguirá utilizando las he-rramientas que tenemos en nues-tramano, que es animarles a que si-gan negociando y cerrando conve-
nios colectivos por el bien y el futu-ro de los trabajadores deMurcia».«Hay un principio básico en el or-
denamiento jurídico laboral, de res-peto a la autonomía de la voluntadde las partes y las partes implicadasen un convenio colectivo», recordó.Por ello, señaló que «quien tiene lascompetencias para regular las con-diciones de trabajo de los sectoresproductivos de la Región son los re-presentantes de los trabajadores yde los empresarios en cada sectorproductivo».«Poco puedehacer laAdministra-
ción regional, que no es parte enunconvenio colectivo, ya que si el Go-biernomurciano regulara las condi-ciones de trabajo o firmara los con-venios colectivos, además de no te-ner competencia y de ser ilegal, nosacusarían de una intromisión en loque es competencia tanto de empre-sarios comode representantesde tra-bajadores», concluyó.
Sotoca insta a buscar un pactoen la negociación colectiva
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Cerrar o no cerrar Telemadrid. El desafío lanzado por el presi-dente de la comunidad autóno-ma, Ignacio González, cuando aseguró que echaría el canda-do al ente público autonómico en el caso de que una sentencia judicial desfavorable le obligase a readmitir a los 861 trabajado-res despedidos en enero se to-pó ayer con la realidad del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que declaró el ERE improcedente «por no ajustar-se a derecho».
¿A quién da la razón la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?Ante la demanda colectiva pre-sentada por el sindicato UGT en enero, y a la que se suma-ron CC.OO. y CGT, alegando que el ERE era desproporcio-nado e implicaba el «desmante-lamiento» del ente, el dictamen considera «no ajustado a dere-cho» el Expediente de Regula-ción de Empleo. Entiende que la empresa deberá elevar la cuan-tía de las indemnizaciones a 45 días por año trabajado para los 861 despedidos, aunque no obli-ga a readmitirlos. La reducción del presupuesto asignado al en-te «no constituye una causa de extinción de despido colectivo para así eludir las consecuen-cias legales que de dicha deci-sión se derivan», estima el fallo.
¿Qué opinan las partes implicadas?
Ambas partes se mostraron ayer parcialmente satisfechas con el dictamen judicial. El presiden-te de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, aclaró que el
fallo conlleva mayores indemni-zaciones que las otorgadas ini-cialmente, pero no implica la readmisión. El director general de Telemadrid se pronunció en la misma línea, y destacó que el tribunal considera viable el des-pido. Por su parte, la presiden-ta del comité de empresa de Te-lemadrid, Teresa García, señaló que la sentencia es «una victo-ria parcial» de los trabajadores porque les hubiera gustado que se hubiesen declarado nulos los despidos.
¿Qué futuro le espera a Telemadrid?
Ignacio González recalcó ayer que Telemadrid continuará fun-cionando al no tener que read-mitir a los trabajadores. Exper-tos del sector audiovisual con-sideran que esta afirmación fue un órdago del presidente de la comunidad, que ahora tiene que hacer frente a varias opciones: «Puede hacer un nuevo plan de negocio una vez que se haya in-
demnizado a los trabajadores in-cursos en el ERE o puede read-mitirlos y despedir de nuevo a un menor número de trabajado-res, explica el especialista del sector Jorge del Corral.
¿Qué supone para las arcas públicas subir las indemnizaciones?Según Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños, pa-gar a los trabajadores 45 días por año en lugar de los 20 que les fueron abonados en un prin-cipio supondrá abonar a mayo-res unos 40 de millones de eu-ros de los fondos públicos. «Es un enorme contratiempo para las arcas de la comunidad de Madrid y Telemadrid, lo cual me lleva a pensar que la única manera de que sobreviva la te-levisión pública en España es que tenga una financiación su-ficiente y sostenible, es decir, un canon. España es el único país de la Unión Europea que no lo tiene», explica Jorge del Corral.
«El problema de Telemadrid es que cuesta mucho dinero, por-que está sobredimensionada y no hay dinero para pagarla de-bido a la reducción presupues-taria y a los menores ingresos publicitarios —añade—. El ca-non es impopular, los políticos no quieren adoptarlo, pero es la única opción para la super-vivencia de la televisión públi-ca en España»
¿Qué pasos se darán a partir de ahora?
Empresa y trabajadores tienen ahora un plazo de cinco días (desde ayer) para estudiar si presentan o no un recurso al fa-llo del tribunal. Telemadrid va-lora afrontar el coste de las in-demnizaciones añadidas, mien-tras que los trabajadores pidie-ron a Ignacio González que despida al equipo directivo del ente público y anunciaron que tienen previsto presentar un re-curso de casación ante el Tribu-nal Supremo.
El incierto futuro de TelemadridEl ente pagará 45 días a los 861 despedidos, pero no los readmitirá
BEATRIZ PALLASREDACCIÓN / LA VOZ
Trabajadores de Telemadrid celebran el fallo a la salida del tribunal. EFE
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Santa Bárbara pide a Feijoo que ayude a evitar el cierreLos empleados asumen el ERE, pero piden tiempo para salvar la fábrica
«¡Temos que seguir aí, aguan-tar!», gritaba Xosé Carrillo a los cabizbajos trabajadores de la fábrica de armas concentrados frente a la planta. El vicepresi-dente del comité intentaba com-batir el desánimo de una plan-tilla que cumple su horario a pesar de que la propietaria, la multinacional estadounidense General Dynamics (GD), pare-ce dispuesta a echarles a todos, los 172 trabajadores, a la calle.
El tiempo se acaba. El viernes termina el plazo para acogerse a la oferta de bajas y prejubila-
ciones. Luego vendrán los des-pidos forzosos. GD ha confirma-do que la planta cerrará en julio.
La empresa rechazó ayer reci-bir a los sindicatos. La reunión había sido auspiciada por el Mi-nisterio de Defensa, que evitó pronunciarse sobre lo ocurri-do por escrito y por teléfono.
José Luis Gacio, secretario fe-deral de MCA-UGT, iba a ser uno de los asistentes. Calificó de «desagradable sorpresa» la negativa de GD a hablar. Insistió en que apoyarían que «Defensa otorgue los programas de arma-mento pendientes» y que están dispuestos a asumir el ERE con dos condiciones: bajar un año la
edad de las prejubilaciones, de 56 a 55 años, y que la actividad se mantenga hasta final de año, para que otra empresa se haga cargo de la fábrica de armas.
Gacio y el presidente del co-mité de A Coruña, Roberto Tei-jeiro, elogiaron el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña, desde el alcalde —que dignifi-
ca a la clase política, dijo Tei-jeiro— hasta la oposición, pe-ro lamentó la «falta de impli-cación» de Núñez Feijoo. Cree que su intervención, como la de los presidentes de Castilla y León y Murcia, podría lograr ese plazo hasta diciembre. Pe-ro Teijeiro criticó que «parece que o presidente ignora o sufri-mento» y añadió que «se non vai facer nada para que Galicia teña o mesmo trato que Murcia debería dimitir». No descartó que las protestas se endurezcan.
PSOE e EU, que acudieron a la concentración frente a la planta, exigieron también que el presi-dente de la Xunta se implique.
XOSÉ V. GAGOA CORUÑA / LA VOZ
Los trabajadores se concentraron ayer frente a la factoría y hoy marcharán hasta la rotonda de Alcampo en protesta por el cierre. CÉSAR QUIAN
Defensa calla tras el plante de GD a la reunión que el ministerio pactó con los sindicatos
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Ford presenta la nuevaversión de la furgonetaque se fabricará enAlmussafes con laprevisón de aumentarlas ventas un 50%
:: JULIÁN LARRAZVALENCIA. Ford presentó ayeren el Salón Internacional delVehí-culo Comercial de Birmingham(Reino Unido) su nueva gama devehículos comerciales entre los quese encuentra la Transit Connect,cuya nueva versión fabrica la fac-toría de Almussafes en exclusivapara Europa. Las previsiones de pro-ducción se elevanhasta las 230.000unidades al año, lo que supone unacifra superior a los Kuga y C-Maxque se van a montar durante esteaño en la planta valenciana.El tirón de las ventas del Kuga
hahecho elevar la previsión de pro-ducción hasta las 100.000 unida-des al año, mientras que el C-Maxse quedará por debajo de las 130.000unidades, una cifra que previsible-mente bajará en 2014 al perderseel efecto novedad del modelo.
De este modo, y la espera de laconfirmación oficial del trasladodel Mondeo, S-Max y Galaxy deGenk (Bélgica) a Almussafes, en2014 el peso de los vehículos co-merciales serámayor que el de losturismos en la planta deAlmussa-fes.Ford, que se encuentra en un
proceso de renovación de toda sugama de vehículos siguiendo la es-trategia ‘OneWorld’ (todos los Fordson iguales en todo elmundo), es-cenificó ayer en Birmingham suapuesta inequívoca por los vehícu-los comerciales. Barb Samardzich,vicepresidente de desarrollo de pro-ducto en Ford Europa, aseguró ayerque con toda la gamaTransit remo-delada «esperamos un crecimien-to en las ventas dehasta las 400.000unidades por año en 2016,muyporencima del 50%más de lo que ven-demos actualmente».El modelo más vendido es el
Transit Connectmientras que Fordque la gama de furgonetas la com-pleta la Transit, la Transit Customy la Transit Courier, que ayer fuepresentada como primicia mun-dial. Los cuatro modelos fueronpresentados ayer.
Ford ha invertido 582millonesde euros enAlmussafes para la pro-ducción de laTransit Connect. Estenuevo modelo está disponible enversiones de batalla corta y larga,con volúmenes de carga de 3 y 3,7metros cúbicos, respectivamente.El vehículo se puede configurarpara cinco o siete ocupantes asícomo optar por una gran variedadde sistemas de puertas. Esta enor-me complejidad, propia de los vehí-culos comerciales y poco habitualen los turismos, supone un enor-me reto para la factoría valencianaque durante el año que viene ten-drámás carga de trabajo de laTran-sit Connect que de Kuga y C-Maxquemonta en serie actualmente.Mientras se sigue avanzando en
el lanzamiento de la nueva furgo-neta enAlmussafes, la dirección dela planta y la dirección de empre-sa se reunió ayer para avanzar enel acuerdo de competitividad queha presentado la oferta. Ford anun-ció ayer que cede a firmar un acuer-do a cinco años, tal y como pedíanUGT y Comisiones Obreras. Tam-bién anunció cinco sábados de pro-ducción extra enmayo paramon-tar el Kuga.
La producción de la TransitConnect superará la delKuga y el C-Max juntos
Nueva Transit Connect, que se fabricará en Almussafes. :: LP
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La Junta de Andalucía aprobóayer el decreto-ley sobre la funciónsocial de la vivienda, que aspira aconvertirse en un «plan de cho-que» para frenar la «sangría social»de los desahucios, y que incluyesanciones de hasta . euros abancos e inmobiliarias que no al-quilen las viviendas vacías. El plantambién incluye medidas como laexpropiación temporal por un pla-zo de tres años del uso de las vi-
viendas «en inminencia» de des-ahucio «en caso de riesgo de ex-clusión social o amenaza para lasalud física o psíquica de las per-sonas». «Por primera vez, un go-bierno de España legisla desde laconsideración de la vivienda comoun derecho», ha destacado la con-sejera de Fomento y Vivienda, Ele-na Cortés (IU), en la rueda de pren-sa.
Por otra parte, la oposición enbloque, la Plataforma de Afectadospor la Hipoteca (PAH) y los sindi-catos rechazaron ayer la propues-ta del PP para modificar la legisla-ción hipotecaria y abordar los des-ahucios, que aglutina en un solotexto los dos proyectos de ley sobreeste asunto que se tramitan en el
Congreso. El PP rechazó en la Jun-ta de Portavoces que el proyecto deley que finalmente salga de la Co-misión de Economía se debata yvote en Pleno, una decisión que hasido criticada por el PSOE y CiU.
Los populares plantearon du-rante el debate en comisión la po-sibilidad de que las formacionesaporten nuevas enmiendas al pro-yecto esta semana para intentar lle-gar a acuerdos, según afirmó suportavoz de Economía, VicenteMartínez Pujalte. Será la próximasemana cuando se reunirá de nue-vo la ponencia encargada de ela-borar el nuevo texto. La portavoz deVivienda del PSOE, Leire Iglesias, hadicho que el borrador es «clarísi-mamente insuficiente», «no da so-
luciones a nadie» y ha pedido al Go-bierno que paralice los procedi-mientos de ejecución hipotecariaen marcha mientras se elabora lanueva ley.
Por la Izquierda Plural, JoanCoscubiela ha comentado que elGobierno y el PP quieren «cerrar enfalso» el problema de los desahu-cios y ha anunciado que si no se ad-miten los postulados de la ILP, sugrupo la mantendrá viva median-te nuevas propuestas legales.
Por su parte, la PAH, CC OO yUGT se han mostrado «escandali-zados» con la propuesta del PP y lahan considerado una «ofensa» ha-cia los ciudadanos, que conllevará«el caos». La portavoz de la PAH,Ada Colau, ha manifestado que laPAH seguirá «presionando» al PPpara que acepte, al menos, los mí-nimos de la ILP.
La Fiscalía estudiará los escrachesAdemás Colau ha defendido los es-
craches por ser pacíficos y ha rei-terado que son para interpelar ydialogar con los políticos del PP. Sinembargo, el portavoz del grupo po-pular en el Congreso, AlfonsoAlonso, ha considerado «misera-ble» la actitud de IU y de los dipu-tados de Izquierda Plural por aus-piciar la coacción y el acoso a di-putados del PP.
La Fiscalía General del Estado vaa analizar el fenómeno de los es-craches a parlamentarios que se es-tán sucediendo para estudiar sitienen relevancia penal y, en sucaso, dar respuesta a estas protes-tas que se registran ante los domi-cilios de los políticos. Para ello, la se-cretaría técnica de la Fiscalía Ge-neral del Estado ha remitido el deabril un escrito a los fiscalessuperiores en el que les solicitaque le remitan «informaciones so-bre el acoso a representantes par-lamentarios en el ámbito de su co-munidad autónoma».
AGENCIAS SEVILLA/MADRID
Andalucía multará a bancos e inmobiliariasque no alquilen las viviendas vacías
La Junta aprueba laexpropiación temporal del uso de las casas para evitardesahucios en casos de riesgo
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La Federació de Treballadors del’Ensenyament (FETE) del sindica-to UGT asegura que la supresión de plazas de maestro de Infantil yPrimaria prevista en el arreglo es-colar que ha aprobado la Conselle-ria de Educación para el próximocurso -, y la consiguienteeliminación de unidades o au-las, supondrá un nuevo recorte a laescuela pública «valorado en millones de euros anuales».
El concepto arreglo escolar sirvepara definir el ajuste, entre la crea-ción y supresión de unidades, quetodos los años realiza la conselleriaen función de las previsiones de ma-triculación y de la ratio en cada co-legio público. «Si al incremento delas ratios, número de alumnos porclase, en un (hasta alumnospor aula) le añadimos la bajada dela natalidad y el descenso del alum-nado inmigrante, ya tenemos par-te del cóctel del recorte servido»,alertan fuentes de FETE
Este sindicato detalla que en elarreglo se suprimen . plazas demaestro, pero se crean otras .,lo que arroja un saldo negativo de docentes menos. Además aña-de que, tras descontar las jubila-ciones de maestros cuyos puestosse amortizan, quedarán unos .funcionarios «suprimidos» que ten-drán que pedir destino provisionalen julio y participar obligatoria-mente en el Concurso General deTraslados. Las plazas menosson vacantes que pierden los aspi-rantes de las bolsas de interinos.
R. MONTANER VALENCIA
La supresión de638 maestros en elarreglo escolarsupone un recortede 40 millones
FETE alerta de que 1.200funcionarios cuyos puestos sehan eliminado deberán pedirdestino en otros colegios
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La Sala de lo Social del TribunalSuperior de Justicia de Madrid(TSJM) considera «no ajustado aderecho» el Expediente de Regu-lación de Empleo ejecutado en elpasado enero en el ente públicoRTM (Telemadrid), que supuso eldespido de trabajadores de lacompañía. Esta decisión era muyesperada en Valencia porquemarca un precedente en un casosimilar como son las denunciasde los sindicatos contra el ERE deRTVV en el que han sido despedi-dos casi . empleados.
El juez madrileño comunicó alas partes la sentencia sobre la de-manda colectiva presentada porel sindicato UGT a finales de ene-ro y a la que se sumaron los sindi-catos CCOO y CGT, en la que la or-ganización sindical alegaba que elERE era desproporcionado e im-plicaba el «desmantelamiento»del ente por razones «políticas».
Este fallo no implica, sin em-bargo, la obligación de la empre-sa de readmitir a los trabajadores,según explicaron fuentes sindica-les, que indicaron que la empresadeberá elevar la cuantía de las in-demnizaciones por despido a días por año.
En la sentencia, el juez exponeque la situación de pérdidas del
EFE/LEVANTE-EMV MADRID/VALENCIA
ente ha resultado «probada», peroindica que «resulta evidente queuna situación económica negati-va, cualquier y por sí misma nobasta para justificar los despidos
de trabajadores de una plan-tilla total de .».
El fallo agrega que la menordotación presupuestaria «noconstituye una causa de extinción
de despido colectivo para así elu-dir las consecuencias legales quede dicha decisión se derivan».
Indica que la propuesta de laempresa no ha «acreditado» quela «reducción de plantilla ade-cuada a la situación negativa seala que se ha propuesto y que llevaal resultado» examinado por el tri-bunal, así como que la reducciónen el presupuesto.
Los jueces tumban el ERE de Telemadridpero no exigen readmitir a los despedidos
El tribunal obliga aindemnizar a los trabajadoresincluidos en el expediente con45 días por año trabajado
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El comité de empresa de Radio-televisión Valenciana (RTVV) mani-festó ayer que la sentencia del TSJMque considera «improcedente» elERE de Telemadrid marca un «pre-cedente» para evitar el desmante-lamiento de las radiotelevisionespúblicas por parte del PP. Los re-presentantes de los trabajadoresaseguraron que esta sentencia «de-muestra que ni tan solo cambiandola legislación laboral a su arbitrioha conseguido el PP acabar con losderechos de los trabajadores». «Esun precedente muy importantepara evitar el desmantelamiento yel intento de privatización de las ra-diotelevisiones públicas que el go-bierno del PP intenta», apuntaron.El portavoz del PP en las Corts, Jor-ge Bellver, defendió que el ERE deTelemadrid «no tiene nada que ver»con el de RTVV porque está «deacuerdo a la legalidad y con el másexquisito de los respetos a toda lanormativa». EUROPA PRESS VALENCIA
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REACCIONES
Los trabajadores de RTVVven un «precedente» y elPP niega que sean iguales
CAMBIOS EN RTVV PRECEDENTES A LOS DESPIDOS�
FUNDAMENTOS JURÍDICOSEl juez considera que las perdidas nose ajustan al volumen de despidos
«La propuesta de la empresa noha acreditado que la reducción deplantilla adecuada a la situación ne-gativa sea la que se ha ejecutado»
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LAS CLAVES
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AdiósComisiones
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Los sindicatos CC OO, UGT yCIG han convocado a los trabaja-dores de los puertos públicos aprotagonizar encierros en sus ins-talaciones desde hoy y hasta elpróximo viernes por el bloqueo desu convenio colectivo, que recha-za Hacienda. LEVANTE-EMV VALENCIA
Los puertos inician losencierros por el convenio
LABORAL
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