AIDESEP RECHAZA LA DECISIÓN DE TRANSFERIR EL CASO DE LA CURVA DEL DIABLO A LIMA Y DENUNCIAMOS QUE ESTA MEDIDA ES INCONSTITUCIONAL El 07 de marzo de 2013, en la ciudad de Bagua Chica y en las instalaciones de la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Amazonas, se realizó la diligencia de control de acusación fiscal por el caso de la “Curva del Diablo”, audiencia que tenía por objeto someter a evaluación los fundamentos del pedido de la Fiscalía Superior de imponer cadena perpetua a los procesados por este hecho. Al día siguiente, la Sala Penal, sin responder o pronunciarse sobre las observaciones y cuestionamientos formulados por los abogados de los acusados, resuelve derivar el caso a la Sala Penal Nacional, con sede en Lima, para que esta se haga cargo del juzgamiento de los acusados. Ante este hecho, AIDESEP expresa lo siguiente: 1. Solicitar la anulación de esta decisión y se proceda continuar con el trámite de la etapa
intermedia del proceso y resolver las observaciones formuladas por la defensa en la audiencia de control de la acusación, pues si el trámite del proceso fue normal y la Sala de Bagua lo asumió en todas sus fases, es muy extraño la forma sorpresiva como lo transfirió; existiendo –para este hecho-‐ dos posibilidades: el primero un profundo desconocimiento de la ley y que constituye una amenaza a los derechos de los procesados; y, que a pesar que se sabe que no hay fundamento, esta decisión obedece a intereses extralegales de quienes pretenden utilizar este tipo de procesos para disciplinar o reprimir a un sector de la población, en este caso a los pueblos indígenas, con la finalidad de erradicar la protesta social.
2. Rechazamos que la Sala Penal Nacional establecida para los delitos criminales como “terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas” incluya como si fuera lo mismo, las justas luchas de los pueblos indígenas para la pervivencia de las comunidades y la humanidad como fue lo ocurrido en la movilización indígena del 2008 – 2009. La base legal de esta decisión es el D. Legislativo 983, norma dada durante el régimen del ex presidente Alan García que modificó las competencias territoriales y que a través de las resoluciones administrativas 136-‐2012, 194-‐2012, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial amplió a los conflictos sociales.
3. Denunciamos que interpretar las normas procesales de manera extensiva vulnerando los derechos de los procesados por conflictos sociales para agravar innecesariamente los procesos penales es una estrategia de los operadores judiciales que buscan profundizar en nuestro país la criminalización y judicialización de la protesta indígena. Este práctica estatal, iniciada por el gobierno racista del “perro del hortelano” de Alan García, en un estado de derecho no debe ser aceptado, ni continuado por el actual gobierno y debe ser corregido a fin de no vulnerar las garantías del debido proceso.
4. Alertamos que para resolver estas demandas de los pueblos se apela a la criminalización y judicialización de la protesta que busca convertir en delitos todo acto de movilización pacífica y en delincuente a quién lo lidera. Ahora, en este estado de derecho, para resolver los sucesos de Bagua, Espinar, Conga se le quita a los jueces el lugar de competencia para juzgar los hechos ocurridos en su jurisdicción y se transfiere a en una Sala Penal Nacional diseñado para juzgar terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, extorsión, trata de personas cometidos por organizaciones criminales con sede en Lima conozca también los procesos penales derivados de los conflictos sociales.
5. Por eso, estamos convencidos en AIDESEP que la ofensiva contra los derechos de los pueblos indígenas continua en la medida que se profundiza el modelo del (mal) desarrollo y que la forma como quieren resolver los conflictos sociales encarcelando dirigentes, juzgándolos en Lima como si fueran peligrosos criminales, es parte de esta tendencia. Y la decisión de transferir el caso a Lima no tiene sustento legal y obedece a intereses de ciertos poderes facticos dentro y fuera del Poder Judicial.
6. Asimismo, en la jurisdicción de la Sala Penal Liquidadora de Bagua no existe en estos momentos ninguna convulsión social, tampoco ha sido declarado en estado de emergencia y mucho menos las labores jurisdiccionales se encuentran interrumpidas por hechos sociales; en tal sentido, la decisión de trasladar la competencia a la Sala Penal Nacional es ilegal y debe ser declarado NULO y proceder al trámite del proceso conforme al estado procesal de la causa.
7. Estamos convencidos de la inocencia de Alberto Pizango Chota y los otros dirigentes acusados de instigadores; no aceptaremos nunca que el Estado los juzgue con acusaciones arbitrarias que pretenden presentar a nuestros dirigentes como responsables de las muertes de la “Curva del Diablo”; no aceptaremos que a los verdaderos responsables como Alan García y Mercedes Cabanillas gocen de impunidad por la muerte de nuestros hermanos indígenas.
8. Frente a esta ofensiva no nos queda más que organizarnos y defender los derechos de los indígenas sometidos a este tipo de persecución penal por lo que anunciamos:
a) Agotar todos los mecanismos legales para que en los procesos penales derivados de
los hechos de Bagua sean visto dentro del marco constitucional. b) Solicitar audiencias con diversas instancias del Estado para rechazar, denunciar y
demostrar las medidas arbitrarias que se está tomando en contra de los líderes indígenas de la amazonia.
c) Denunciar ante la CIDH y la ONU y solicitar audiencias internacionales sobre esta esta forma de persecución penal que constituye una amenaza al estado de derecho.
d) Dialogar con otras organizaciones sociales del país con la finalidad de coordinar esfuerzos para enfrentar esta ofensiva de criminalizar las justas luchas sociales.
Finalmente, AIDESEP responsabiliza a la Sala Penal de Bagua y al Poder Judicial de cualquier hecho que genere abusos suspicacias procesales. Llamamos al ministerio de Justicia, a la Defensoría del Pueblo, al Congreso Nacional a pronunciarse en defensa del debido proceso, reiterando que se juzgue a los verdaderos responsables (Alan García, Mercedes Cabanillas y generales PNP incompetentes) y no avalar por omisión el segundo “Baguazo” de volver a golpear a los pueblos y líderes indígenas con la criminalización de sus justas luchas de sobrevivencia. Llamamos a las organizaciones indígenas y de derechos humanos y opinión pública nacional e internacional a pronunciarse para exigir justicia, paz, dignidad y respeto a los pueblos indígenas dentro del Estado peruano y la proclamada “inclusión social”.
CERRAR Y NO REABRIR LAS HERIDAS DEL BAGUAZO.
Lima, 21 de marzo de 2013.
Consejo Directivo de la Aidesep