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I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN
Espacios de investigación y divulgación.
29, 30 y 31 de octubre de 2014
NEES - Facultad de Ciencias Humanas – UNCPBA
Tandil – Argentina
I.I: Políticas universitarias, instituciones y territorios
¿Qué hay y que queda de las acreditaciones universitarias? Indagaciones
preliminares en torno a la construcción de la agenda institucional en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
Duarte Yamila
IdIHCS-UNLP
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Introducción
Las reestructuraciones que tienen lugar en la relación Estado- Universidad a fines de la
década de los 80 y principios de los 90 generan en Latinoamérica, un proceso dinámico en
materia de reformas educativas, no sólo por la dimensión de las transformaciones que se
proponían, sino también por el “peso” que las mismas tuvieron en las agendas políticas de los
gobiernos. El nuevo contrato entre Estado, sociedad y universidad suponía por un lado, la
sustitución del limitado poder de control administrativo del Estado por una relación de
evaluación que direccione a las universidades y por otro, construir una relación mas
diferenciada y compleja, donde las instituciones diversifiquen sus fuentes de ingresos y el
Estado financie en función de objetivos y metas convenidas. Este escenario estuvo supeditado
a las medidas políticas y económicas establecidas en el Consenso de Washington, las cuáles
tendrán como principales ejes de acción: desregulación, descentralización, privatización,
achicamiento de las dotaciones de personal, y tercerización (Oszlak, 1999).
En este contexto, tomará especial envergadura la evaluación de la calidad constituyéndose en
un tema central de las agendas de las políticas públicas de la mayoría de los países y
convirtiéndose en un elemento de rendición de cuentas de la universidad, así como también en
un dispositivo tendiente a potenciar el control y el direccionamiento heterónomo de las
mismas (Krotsch, 2002).
Teniendo en cuenta este marco, se propone realizar un análisis que contemple las
características y dinámicas generales que suponen los procesos de implementación de
políticas públicas en el ámbito universitario -dentro del marco de las transformaciones de los
sistemas de educación de la región- a partir de indagar cómo se procesaron dichos cambios en
instituciones y disciplinas específicas. Se toma como eje de análisis una dimensión
institucional, que ilumine cómo una política pública pensada para responder a ciertos
problemas identificados, se incorpora en el ámbito universitario e impacta en la elaboración
de la agenda institucional.
En el primer apartado se presenta la perspectiva de estudio utilizada; en el segundo se
recupera el contexto que da origen a las políticas de acreditación y su perduración hasta la
actualidad; en el tercer apartado se establece una caracterización del caso seleccionado, la
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Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, y por último se presenta una
primera caracterización de cómo es abordado el tema en las reuniones del Consejo Directivo,
que posiciones se trazan y cuál es el curso de desarrollo que persigue esta política.
Construcción de la agenda: perspectivas de estudio para su abordaje
¿Qué sentidos y prácticas se construyen en torno a la acreditación?, ¿cómo es abordado
institucionalmente el tema?, ¿en qué espacio se discute y como ingresa el tema en la agenda
institucional?, ¿quiénes participan?, ¿de qué forma lo hacen?, ¿qué acciones se despliegan
para dar respuesta a esta política?
Estos interrogantes son los que orientan el proyecto de investigación, del cuál esta ponencia es
una primera aproximación.
El tema de investigación se enmarca en una línea de estudio que se construye en el cruce de
una perspectiva sociopolítica del análisis de políticas públicas, que permite entender los
cursos de decisiones específicas tomadas por las autoridades estatales a partir de una
consideración crítica de la noción de “ciclo de política”, de modo de indagar en la trama
sociohistórica que constituye una cuestión pública; y de la perspectiva organizacional
orientada al análisis del cambio universitario que posibilita comprender las dinámicas,
conflictos y tensiones que atraviesan a esta organización compleja así como también permite
indagar en las estrategias de los actores universitarios (autoridades, académicos y estudiantes).
Desde el estudio de las políticas, se enfatiza aquellas líneas de investigación que entienden
que el diseño de las mismas responden a un denominado “ciclo de construcción” comprendido
por las siguientes fases: 1-identificación y definición del problema; 2- Formulación de las
alternativas de solución; 3-Adopción de una alternativa; 4-Implantación de la alternativa
seleccionada y 5- Evaluación de los resultados obtenidos (Tamayo Saez, 1997). Esta
estructura de análisis, si bien permite ordenar y sistematizar la información, se encuentra
sujeta a negociaciones, alianzas, conflictos entre los actores que intervienen, incidiendo en el
curso y desarrollo de la misma y provocando, como sostiene Villanueva (2000) dos efectos
negativos: la pluralidad de objetivos y trayectorias de decisión y la aparición de decisiones
inesperadas. Esto requiere necesariamente, atender los cambios estructurales que se han
manifestado en la esfera del Estado, y que han posibilitado que sólo algunas cuestiones sean
"problematizadas", en el sentido de que ciertas organizaciones, grupos o incluso individuos
estratégicamente situados creen que puede y debe hacerse "algo" a su respecto y están en
condiciones de promover su incorporación a la agenda de problemas.
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La importancia de atender el "período de iniciación" que persigue el ciclo de una política
desde su problematización hasta su eventual resolución, permite enriquecer nuestro
conocimiento sobre el poder relativo de diversos actores, sus percepciones e ideología, la
naturaleza de sus recursos, su capacidad de movilización, sus alianzas y conflictos y sus
estrategias de acción política. (Oszlak y O´Donell, 1986; Elder y Cobb, 1993; Tamayo Saez,
1997).
Si este esquema lo trasladamos al sector universitario, es necesario incorporar las
particularidades que asume esta organización y analizar cómo se tramitan estas discusiones
hacia el interior de los espacios formales de discusión y representación política, en este caso,
los espacios colegiados.
Así, y contemplando que el diseño de la agenda conlleva un proceso de negociación que
conlleva establecer prioridades, es necesario destacar sesgos negativos que influyen en la
misma. Por un lado, la inclusión de un tema en la agenda institucional es una condición
necesaria pero no suficiente, para que el problema de lugar a una política que intente
solucionarlo. Esto dependerá centralmente del poder de los grupos interesados, y la influencia
que ejercen para hacer prevalecer sus problemas.
Por otro lado, el peso de la tradición y la tendencia a incluir temas sobre los que pueda
anticiparse el impacto de sus intervenciones, asumiendo que la inclusión de problemas
desconocidos puede generar un alto grado de incertidumbre acerca de los costos de las
acciones para afrontarlo, el compromiso de recursos futuros y los resultados de la
intervención.
Por último, los valores de las personas, entendiendo por ello las actitudes hacia el problema,
la posición ideológica, la especialidad profesional.
Teniendo en cuenta éstos condicionantes, se plantea cómo hipótesis que los procesos de
acreditación no pasan desapercibidos para la institución, incorporándose de manera concreta
en la agenda institucional y generando dinámicas que son re-significadas y, muchas veces
tensionadas, para impulsar el desarrollo de acciones institucionales en determinadas
direcciones. No obstante esto, los intereses que se ponen en juego al momento de definir
temas de relevancia institucional ocasionan negociaciones y tensiones que le imprimen al
proceso un carácter complejo e incierto.
Políticas de acreditación como políticas de estado.
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El conjunto de reformas desarrolladas a mediados de los 90 trajo consecuencias profundas en
el tejido social e institucional, desarticulando crecimiento económico de bienestar social, lo
que llevará a redefinir las funciones del Estado en aquellas áreas que son indelegables, tales
como salud, justicia, educación, seguridad. Mientras la “primera” reforma del Estado estuvo
dominada por el objetivo de la eficiencia económica, las reformas de “segunda generación”
han de ser reequilibradas en términos de “responsabilidad pública (accountability) y seguridad
jurídica, con base a una mayor transparencia en la gestión y la circulación de información, el
fortalecimiento del estado de derecho, y el combate a la corrupción. De este modo eficiencia,
calidad, equidad y responsabilidad pública aparecen como cuatro principios rectores de la
nueva agenda de la reforma estatal” (Camou, 2002:138)
Este conjunto de reformas tendrá su correlato en el nivel educativo, donde se logra construir
consenso en torno a una agenda de temas, impulsada por el Banco Mundial, tendientes a tratar
el problema de la calidad e instalando el concepto de evaluación como elemento asociado a la
rendición de cuentas y como dispositivo que permite intervenir en el direccionamiento
heterónomo de las universidades. La Ley de Educación Superior Nº 24521 será el artificio
legal que formalice y reglamente las prácticas de evaluación y acreditación universitaria. A
partir de aquí se crea, mediante lo dispuesto en el artículo 44, la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), organismo estatal descentralizado,
encargado de llevar adelante tareas de supervisión y control sobre el sistema.
La continuidad en las políticas de evaluación y la perpetuación de la CONEAU como
institución de referencia, permite demostrar que evaluación y acreditación no sólo ingresan y
ocupan un lugar principal en la agenda de gobierno, sino que logran transformarse en políticas
de estado, es decir, en políticas de más de un gobierno (Chiroleu, 2005)
A partir del 2003, con el inicio de la gestión kirchnerista, comienza a evidenciarse un giro en
el papel del Estado, al recuperar cierta centralidad y protagonismo en algunas de sus
funciones. En lo que respecta al sistema universitario se registra un sostenido aumento de
presupuesto, cuestión que impacta de manera tangible en las áreas de investigación, docencia
y extensión; las unidades académicas comienzan a reactivar ciertos proyectos y propuestas,
producto de los subsidios e incentivos otorgados a docentes e investigadores; por otro lado,
estos cambios se producen en paralelo a la permanencia de una gran cantidad de dispositivos
originados en los años 90 que instalaron prácticas difíciles de remover, como es el caso de las
acreditaciones. Esto requiere que, cuando se discute o se analiza política pública en la
universidad, deben incluirse elementos del estilo de gobierno que las gestiona e impulsa,
identificando continuidades, rupturas o transformaciones en las mismas.
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Es necesario, revisar aquellas configuraciones que surgieron como respuesta institucional y
que posibilitaron el ingreso hacia el interior de las estructuras universitarias. Por otro lado, y
asumiendo que estamos frente a una organización compleja, con una base pesada, amplia y
desarticulada, donde las decisiones se toman de forma aislada, se requiere seguir pensando,
dada la continuidad de éstas políticas, como se ha articulado con políticas institucionales más
amplias en la búsqueda del aseguramiento de la calidad.
Estudio de caso: Facultad de Ingeniería de la UNLP
La vida académica de las Ingenierías se remonta al año 1865, año en que se institucionaliza en
el Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, y en 1897 en la
Universidad Provincial de la Plata, donde el Poder Ejecutivo Provincial decreta la
constitución de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas, conteniendo las carreras de
Ingeniero Civil y Agrimensor.
En 1906, cuando se decreta la fundación de la Universidad Nacional de La Plata, el Consejo
Superior precisa para el Observatorio y la Facultad responsabilidades compartidas, y en este
sentido, se incorpora la carrera de Astrónomo, pasando a denominarse Facultad de Ciencias
Fisicomatemáticas y Astronómicas.
En 1968, la Presidencia de la Universidad resuelve la creación de la Facultad de Ciencias
Exactas, transfiriendo los departamentos de Física y Matemáticas, dando lugar así a la
denominación que continúa hasta la actualidad: Facultad de Ingeniería [1].
Actualmente la Facultad dicta doce carreras de grado, organizadas en nueve departamentos:
Hidráulica; Electrotecnia; Construcciones; Agrimensura; Química; de la Producción;
Mecánica y Ciencias Básicas. En cada uno de ellos tiene asiento una o varias especialidades
de las Carreras de Ingeniería, constituyendo el núcleo básico a partir del cual se gestan las
actividades de Grado, Postgrado, Investigación, Transferencia y Extensión Universitaria.
Esta organización departamental data desde 1926, como resultado de la propuesta que
presenta el decano Ing. Castiñeiras (1925-28) durante su primer mandato. Allí cuestiona
seriamente el modelo de organización de la Facultad por Escuelas y afirma que debe
diferenciarse del modelo de la UBA, para lo cual propone un modelo basado en
departamentos, institutos y gabinetes, aprobado por el Consejo Superior.
Las actividades de investigación y transferencia ocupan un lugar significativo en la
organización académica, contando con diversos centros, institutos, laboratorios y unidades de
investigación y desarrollo así como también tienen convenios con empresas donde los
alumnos realizan sus prácticas profesionales.
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Respecto a la organización curricular, se registran 5 grandes reformas en los planes de
estudios. En 1949 se reestructuran los planes de estudio y las carreras. En 1951 se aprueban
los nuevos planes por el Consejo de Universidades y entran en vigencia carreras de cuatro
años con un ciclo superior para obtener el título máximo. Este plan será derogado en 1956.
En 1957 se inicia una transición en los planes que perdurará hasta 1965. Al año siguiente se
modifican y tienen vigencia hasta 1976, excepto en la carrera de Calculista Científico. En
1988 se aprueba un nuevo plan de régimen promocional y estructura por cuatrimestres.
El último cambio fue en el año 2002, donde se reformula el Ciclo Básico, se agregan materias
optativas humanísticas y asumen un mayor protagonismo las materias asociadas al desarrollo
de prácticas profesionales. En la actualidad, si bien el plan de estudios establece un período de
cinco años para la obtención del título, la duración real de las carreras de ingeniería de la
UNLP es, en promedio, de ocho años. Esta cantidad ha ido descendiendo con el transcurso del
tiempo, pues la tasa en años de las carreras de ingeniería para el año 1999 era de casi diez,
siendo uno de las mayores de la Universidad.
La consolidación de la ingeniería estuvo vinculada a las necesidades derivadas de la
expansión del Estado. Esa demanda de recursos humanos persiste hoy complejizada por la
intervención de otros factores y variables relacionados con la estrategia de acumulación del
sistema capitalista en su estadio actual. Esta percepción se confirma en la valoración que de la
ingeniería realiza el Estado nacional cuando la define como una “carrera prioritaria” para el
desarrollo económico del país. Así, a partir de esta definición política se estructuran
lineamientos para la evaluación, acreditación y mejora de la calidad de la enseñanza en esta
área.
Respecto a este punto, cabe destacar que la Facultad de Ingeniería registra antecedentes de
mejoras curriculares y discusiones alrededor de la formación del ingeniero. Las mismas
fueron iniciadas por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI), espacio
corporativo que nuclea a los decanos (miembros activos) y ex decanos (miembros adherentes)
de las facultades de ingeniería de la Argentina. Se conforma en 1988 y que, a partir de 1991,
lleva adelante un proyecto de Modernización de la Enseñanza de la Ingeniería en la República
Argentina, contando para ello con el apoyo académico y económico del Gobierno Español,
mediante la Agencia Española de Cooperación Internacional. El resultado del mismo quedó
plasmado en el denominado “Libro Azul” (Unificación Curricular en la Enseñanza de la
Ingeniería en la República Argentina), el cual se transformó en material de consulta
permanente por parte del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación en
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cuestiones relativas a la fijación de estándares curriculares mínimos en planes de estudio de
Ingeniería.
A partir de 1997, y habiéndose sancionada la Ley de Educación Superior (LES), el CONFEDI
comenzó a delinear la definición de estándares para llevar adelante el proceso de acreditación
de carreras, que la LES incorporaba como novedad en la Educación Superior Argentina
(Casajus, R. 2010). En el año 2000 se publica el “Libro Verde”, que contiene “Propuesta de
acreditación de carreras de grado de Ingeniería en la Republica Argentina”.
Carlos Pérez Rasetti (2004) señala que la discusión sobre esos parámetros en el ámbito del
CONFEDI había comenzado antes del año 1995 estableciendo distintos acuerdos sobre cuáles
eran los contenidos mínimos que debían enseñarse en Ingeniería y su correspondiente carga
horaria. Finalmente el mencionado organismo produjo los borradores de los estándares que
luego serían aprobados por el Ministerio de Educación y el Consejo de Universidades. Según
esta perspectiva, y en consonancia con lo sostenido por Moler, todo este desarrollo fue
construyendo un consenso entre las instituciones formadoras de ingenieros respecto de la
necesidad del proceso de acreditación. En la misma línea, Araujo y Trotta (2009) sostienen
que el CONFEDI, organismo que se presentó como el articulador de la especialidad del
conocimiento disciplinar-profesional y representación institucional, se constituyó en el
principal sujeto de la determinación del currículum de las ingenierías, pues definió la
clasificación y estratificación de los conocimientos que estuvieron en la base de la
acreditación de las carreras de grado.
En el caso de la carrera de Ingeniería en la UNLP, la elaboración de estándares se hace
durante el segundo mandato de Albina (1999-2001), y en el 2001 se aprueban para la
evaluación de trece especialidades de Ingeniería: Ingeniero Aeronáutico, en Alimentos,
Ambiental, Civil, Electricista, Electromecánico, Electrónico, en Materiales, Mecánico, en
Minas, Nuclear, en Petróleo y Químico. Se establece que deberán ser aprobados los
contenidos curriculares básicos, la carga horaria mínima, los criterios de intensidad de la
formación práctica y los estándares para la acreditación de las carreras correspondientes a los
títulos consignados, así como la nómina de actividades reservadas (Resolución Ministerial Nº
1232/01). Posteriormente, se agregó Ingeniería Hidráulica e Ingeniería en Recursos Hídricos
(Resolución Ministerial Nº 13/04).
La CONEAU organiza los procesos de acreditación de carreras de grado a través de
convocatorias que comprenden las siguientes fases: autoevaluación de la carrera, actuación
de los Comités de Pares y dictamen final emitido por la CONEAU.
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En el caso de las Ingenierías, se realizó una convocatoria voluntaria y una obligatoria pero,
teniendo en cuenta el número de carreras, la convocatoria voluntaria se dividió en tres etapas.
A continuación de estas etapas se llevó a cabo la convocatoria obligatoria.
La Facultad de Ingeniería (FI) se presenta al último llamado, en el 2001, con 9 carreras a ser
evaluadas: Ingeniería Aeronáutica, Hidráulica, Electricista, Electromecánica, Electrónica,
Industrial, Química, Mecánica y en Materiales.
¿Que hay y que queda de las acreditaciones? Indagaciones preliminares en torno a la
construcción de la agenda institucional.
Recuperando el objetivo principal de esta ponencia, centrada en atender la etapa de
configuración de la agenda institucional en el marco de la instauración de sistemas de
evaluación y acreditación universitaria, se propone indagar a través de las reuniones del
Consejo Directivo -entendiendo al mismo como una forma de gobierno tripartito, donde
participan profesores, estudiantes y graduados- las voces, decisiones, conflictos y rupturas, que
permitan reconstruir, detrás de posiciones institucionales formales, una trama interactiva íntima, con
vinculaciones internas y externas.
A los fines de esta ponencia trabajaremos con las Actas Taquigráficas correspondientes a las
reuniones desarrolladas durante el período previo al dictamen de la resolución 1231/01, y los
años 2001 y 2002 para reconstruir el momento en que el tema ingresa a la agenda y las
dinámicas y acciones que promueve.
A partir del relevamiento de datos, puede identificarse que el tratamiento del tema surge como
consecuencia de la autoevaluación institucional que impulsa la Universidad Nacional de La
Plata en el año 2001. El decano informa que se ha presentado un programa de Autoevaluación
institucional, con el objetivo de repensar la propia universidad. Se gestiona la conformación
de una Comisión Central de Autoevaluación integrada por 12 profesores, 4 graduados, 8
estudiantes y 2 invitados no-docentes y representantes de todas las unidades académicas.
Se registran diversas posiciones por parte de los consejeros. El decano destaca “la necesidad
de que las unidades académicas puedan participar activamente, respetando la autonomía de
cada una de ellas”. El consejero representante de graduados expresa: “que votó
negativamente cuando se presentó el proyecto de evaluación en el entendimiento de que la
presentación de la Universidad no incluía un plan claro, no obstante, frente a la decisión
tomada mayoritariamente de dar participación a la facultad, no puede dejar de reconocer
que esta Unidad Académica debe hacer el mejor papel posible”. El claustro de estudiantes se
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pronuncia en contra, por considerar esta iniciativa “en el marco de un proyecto de educación
que no consideran conveniente para el país, que viene impulsado desde afuera”. El consejero
representante de profesores interviene y expresa que “son parte de un cuerpo colegiado y por
lo tanto, el hecho de que algún momento el Consejo tome decisiones contrarias a su posición,
no puede ser motivo para que los estudiantes dejen de participar”. La propuesta se somete a
votación y se registran 7 votos a favor y tres abstenciones. Se aprueba la incorporación de
Ingeniería a las comisiones de evaluación propuestas. (Acta Nº 36/2000)
Este fenómeno, que se da primero a nivel central, en la UNLP, es representativo del nuevo
entramado sociopolítico que atraviesa a las instituciones, donde las prácticas de evaluación y
acreditación asumen un carácter central en la gestión de las instituciones. A su vez, este
antecedente, podría pensarse como una instancia de prueba, que demuestra la importancia
que empieza a cobrar este tema y permite medir el nivel de adhesión o resistencia que hay
entre los actores.
Esta iniciativa será reivindicada por la gestión que asume en el año 2001, donde se plantea,
entre los ejes del programa de gestión, iniciar un relevamiento riguroso de la información
sobre los resultados de la última reforma del plan de estudios de 1988, que sirvan para realizar
un diagnóstico para la realimentación del sistema. Cada carrera deberá hacer un estado de
situación y evaluar si es necesario actualizar planes de estudio y corregir y/u optimizar los
contenidos de las asignaturas. Revaloriza la iniciativa que tuvo la UNLP de realizar una
autoevaluación institucional, representando un insumo valioso a nivel general y aportando
información específica para pensar la facultad. A esto se suman los documentos elaborados
por el CONFEDI con respecto a la elaboración de estándares para la homogeneización
curricular para las carreras de ingeniería, siendo elementos de referencia para las próximas
acreditaciones de carreras de grado, que son requisito indispensable para otorgar el título
habilitante. Convoca a todos a participar en esta tarea, la cual debe ser discutida en todo el
ámbito de la facultad.
En este sentido, el direccionamiento que asumen determinadas acciones, permite dar cuenta
de la incorporación a la cultura institucional, de prácticas tendientes a evaluar, diagnosticar.
Por otro lado, la referencia al CONFEDI, demuestra la capacidad de definición que asume
este organismo en estos espacios colegiados. En este sentido, poder pensar el proceso de
legitimación que fue construyendo la política de acreditación, como un interjuego entre la
coordinación estatal (SPU, CONEAU), los cuerpos intermedios como las Asociaciones de
Decanos (CONFEDI), y el Consejo de Universidades (CU), en la articulación entre agenda
gubernamental, especialización disciplinar y representación institucional (Araujo, Trotta,
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2011) permite complejizar el análisis y pensar el armado de la agenda institucional como un
ensamblaje conflictivo entre estos actores.
En este contexto se destacan dos hechos importantes, que devienen de acuerdos y definiciones
alcanzados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), CONFEDI, CU, y que a través de
los interlocutores que participan en ambos espacios de representación son incorporados a la
agenda institucional: el 14 de Noviembre el CIN desarrolla un plenario donde hay
acuerdo para incluir al régimen del art. 43 de la LES los siguientes títulos: Aeronáutica,
Alimentos, Ambiental, Civil, Electricista. Electromecánica, Electrónica, Materiales,
Mecánica, Minas, Nuclear, Petróleo, Química.
Este tema se incorpora en la 10ª sesión ordinaria del Consejo Directivo correspondiente al año
2001, donde el decano informa que ha asistido a las reuniones del CONFEDI, en
representación de la facultad y que la misma tuvo como eje central la acreditación de las
carreras de ingeniería. Se redactó un documento que fue elevado al CU y de aprobarse las
acreditaciones comenzarían en marzo.
Es interesante ver como estos temas ingresan a la agenda en calidad de Informe de decanato,
donde no se registran intervenciones de parte de los consejeros, demostrando ser parte de la
presentación y dinámica que construye este organismo en torno a los temas.
Estas distintas instancias de la construcción de la política de acreditación, como se puede ver,
tuvo lugar en niveles supra institucionales, donde la representación de la comunidad
universitaria se centró en la participación de los decanos de las facultades en las diferentes
asociaciones y de las universidades en el CU, lo que no implicó necesariamente instancias de
participación para los diferentes claustros, entre ellos el estudiantil. (Atairo, Trotta, 2012)
Otro de los hechos resulta de la Resolución 1232/ del MCE del 21 de Diciembre, que
aprueba la inclusión de estas carreras bajo el reg. del art. 43 de la LES. El resto de las
carreras deberán ser incluidas previo acuerdo del Consejo de Universidades sobre la
base de la homogeneización curricular implementado para las incluidas.
El tema ingresa en el tratamiento de tablas en la 11ª. Sesión como “Acreditación de las
carreras de ingeniería” donde el Decano informa estas cuestiones, aclarando que este “primer
llamado no involucra la totalidad de las carreras de nuestra facultad”. El dictamen del CU
establece un llamado de acreditación voluntario e inmediato y un llamado obligatorio, con un
año de plazo.
Este hecho es retomado en la 15ª sesión (11 marzo del año 2002), donde el decano solicita
que se altere el orden del día pasando a considerar la creación de la Unidad Operativa para la
adecuación curricular.
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“El Consejo Académico resuelve a partir de considerar la resolución 1232/01, la creación
de una unidad operativa para la adecuación curricular y los procedimientos de gestión,
en el marco del Decanato, considerando que las tareas que demanda la acreditación requieren
compromiso institucional y dedicación y que resulta apropiado y conveniente aprovechar esta
experiencia y capacidad de gestión con vistas a la posibilidad de acreditar voluntariamente las
carreras no incluidas en la resolución”.
Se postula la constitución de una Comisión Central, presidida por el decano y constituida por
el Secretario Académico, dos profesores, un graduado y un alumno, contando con la
participación del personal no docente en los aspectos de su competencia para la adecuación de
los procedimientos de gestión.
En diciembre se emite la resolución 413/02 de CONEAU con la convocatoria y cronograma
para la acreditación obligatoria de carreras de ingeniería.
En la primera sesión del año 2003 se somete a consideración del cuerpo colegiado el llamado
a acreditación obligatoria. El consejero representante por la mayoría del claustro estudiantil
manifiesta “que está de acuerdo con que la facultad realice actividades académicas para
elevar su nivel pero está en desacuerdo con la acreditación y los intereses con los que está
ligada. Propongo iniciar un debate profundo pero negándose a que se desarrolle bajo esas
condiciones”. El representante de graduados manifiesta que “apoya la necesidad de que la
universidad se debe un debate profundo y que aún no ha logrado generar las bases para la
discusión por la falta de articulación”.
El representante por el claustro de profesores de la mayoría se pronuncia a favor y destaca qué
“como integrantes de una institución pública dedicada a la docencia, deben educar con los
hechos, no solamente con los dichos, por lo que es imprescindible que den cumplimiento a las
leyes que están en vigencia. La facultad hace muchos años se viene trabajando en la
elaboración de los estándares que hoy están planteados a través de la CONEAU, indicando
que hay constancias de las reuniones de adecuación curricular donde varios profesores
representaron a la facultad”.
El consejero de profesores por la minoría agrega “el tiempo de discutir ya pasó y que ahora
hay que acreditar”. Se somete a votación y se registran ocho votos a favor y cuatro en contra.
Se resuelve presentarse al proceso de acreditación obligatoria.
En la siguiente sesión se crea la Comisión Central de Acreditación, la cuál tiene como
función, coordinar el proceso y articular con las comisiones de cada departamento afín de
organizar la información requerida. En el marco de las tareas que impulsa, elabora un
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instructivo para la elevación de los planes de estudio, con la intención de homogeneizar las
presentaciones y adecuarlas a la Ordenanza 80 de la Universidad [2].
Conclusiones preliminares
Estas primeras aproximaciones, si bien asumen un carácter exploratorio, por el estado
incipiente de la investigación, permiten conocer a través del análisis de las Actas
Taquigráficas, los debates entre sus miembros, en torno a las cuestiones relacionadas con las
políticas de acreditación. Si bien los temas que demandan cursos de acción en una institución
pueden ser muchos, los que llegan a la máxima instancia decisoria son aquellos que, por su
significación, conflictividad o potencial impacto sobre la institución o sus integrantes, exigen
la atención de las máximas autoridades institucionales.
Teniendo en cuenta esto, puede identificarse el “peso” que asume la revisión curricular en la
agenda institucional, en contextos donde a su vez comienza a discutirse, en espacios
suprauniversitarios, la posibilidad de acreditar las carreras de ingeniería. Esta relación y/o
asociación que se construye entre adecuación curricular y acreditación puede pensarse como
una estrategia política orientada a construir acuerdos y consensos entre los diferentes actores,
ya que la comunidad de ingenieros, tal como lo plantea una de las voces registradas, ha
participado activamente en la discusión de los estándares, lo cual lleva a plantear esta política
como una instancia de discusión y autoevaluación interna respecto a esos estándares.
A su vez, y considerando que estamos frente a una organización compleja, con una base
pesada, amplia y desarticulada, donde las decisiones tiende a tomarse de forma aislada en las
bases del sistema, puede considerarse la creación de la Unidad Operativa para la adecuación
curricular y los procedimientos de gestión, como una “fórmula institucional” para instalar
prácticas que tiendan a la cohesión y articulación entre los diversos departamentos, y de esta
forma evitar que surjan conflictos que desestabilicen los acuerdos construidos.
Por último, y entendiendo que la construcción de la agenda deviene de un proceso donde se
ensamblan diversos intereses y se representan determinados grupos, es necesario incorporar
aquellas discusiones y acciones que se construyen en diálogo con actores externos a la
institución y que le imprimen otra dirección o sentido a la misma.
Bibliografía consultada
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14
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- Krotsch, P. (2002), “El proceso de formación e implementación de las políticas de evaluación
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Ediciones Al Margen, La Plata.
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- Tamayo Sáez, M. (1997) “El análisis de las políticas públicas”, en Bañón, Rafael & Ernesto
Carrillo (comps.), La Nueva Administración Pública, Madrid, Alianza.
Documentos oficiales
-Acta taquigráfica N° 36 correspondiente a la Sesión Ordinaria del 25 de febrero de 2000.
Facultad de Ingeniería.UNLP.
-Acta taquigráfica N° 58 correspondiente a la Sesión Ordinaria del 23 de marzo de 2001.
Facultad de Ingeniería.UNLP.
-Acta taquigráfica N° 4 correspondiente a la Sesión Extraordinaria del 10 de mayo de 2001.
Facultad de Ingeniería.UNLP. Motivo: Elección Decano.
.Acta taquigráfica N° 8 correspondiente a la Sesión Ordinaria del 28 de septiembre de 2001.
Facultad de Ingeniería.UNLP.
-Acta taquigráfica N° 10 correspondiente a la Sesión Ordinaria del 6 de noviembre de 2001.
Facultad de Ingeniería.UNLP.
-Acta taquigráfica N° 10 correspondiente a la Sesión Ordinaria del 18 de febrero de 2002.
Facultad de Ingeniería.UNLP.
-Resolución CONEAU N° 1232/01 (www.coneau.edu.ar)
Notas
[1] Estos datos fueron extraídos del libro “TRANSFERIR 100”, producción editada por la
“Fundación de la Facultad de Ingeniería para la transferencia de Tecnología y la Promoción
de Empresas de bienes y servicios” en conmemoración del Centenario de la Facultad de
Ingeniería. 1997. Argentina.
[2] Esta Ordenanza contiene los requisitos necesarios para solicitar cambio de plan de
estudios, argumentando la estructura que propone, el perfil del graduado, el alcance del título
y competencia profesional.
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